Qué País

Noviembre 2016

Con territorialidad fruto de la unión entre las comunalidades en lucha contra la gran capitalista.

 

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

Pensemos en noviembre de 2010 y de 2011 cuando Roberto López y Cristian Ferreyra son asesinados por luchar contra la usurpación de tierras. Pero antes de hacer una breve referencia a las realidades de la comunidad quom Primavera y al Mocase respectivamente consideremos otra muerte emblemática:

Marcha para denunciar encubrimiento en el caso Chocobar

Una mañana para pedir justicia
13 de octubre de 2016

 Por Darío Aranda (Página/12)

 

En el séptimo aniversario del asesinato del diaguita Javier Chocobar, y cuando el juicio por el crimen todavía no ha comenzado, el Espacio Justicia por Chocobar convocó una manifestación. Organismos de DD.HH. acudieron a Naciones Unidas por el caso. 

Fue un 12 de octubre cuando asesinaron al comunero diaguita Javier Chocobar en Tucumán. Sucedió en 2009 y hoy, a siete años de ese hecho, aún no hubo juicio y los acusados están en libertad. “2556 días de impunidad, encubrimiento y complicidad del Estado”, denuncia la convocatoria a la marcha que se realizará esta mañana en la capital provincial. Amnistía Internacional y la ONG Andhes (Asociación Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos) presentaron una denuncia ante Naciones Unidas para que se exhorte al Estado a realizar el juicio. Actualmente, en Argentina al menos 183 conflictos territoriales afectan a pueblos indígenas.

El empresario Darío Amín y los ex policías Humberto “El Niño” Gómez y José Valdivieso llegaron el 12 de octubre de 2009 a la comunidad indígena Los Chuschagasta, en el departamento de Trancas, para apoderarse del territorio diaguita, en el que hay un reservorio de piedras lajas de los cerros. La comunidad exigió a los hombres que se retiraran, pero los intrusos dispararon a Javier Chocobar, de 68 años, y lo asesinaron. También hirieron a otros tres comuneros diaguitas, entre ellos, a Andrés Mamaní, actual cacique de Chuschagasta. El momento del asesinato quedó registrado en un video, que está disponible en Internet.

“El ataque que culminó con el asesinato de Javier Chocobar y la grave lesión de tres comuneros no es un hecho aislado, sino otra manifestación de un proceso que debe rastrearse en los intentos por despojar a las comunidades de sus tierras ancestrales, frente a una actitud estatal que desconoce sus obligaciones”, detalló el Espacio Justicia Por Chocobar (EJC).

“A pesar de las numerosas pruebas, todavía no hay fecha de juicio”, cuestiona en un comunicado el EJC, que reúne a comunidades indígenas y organizaciones sociales tras la causa cuyos detalles pueden seguirse en www.juicioporchocobar.com.ar.

Los manifestantes se concentrarán a las 9 en Plaza Urquiza, pasarán por Tribunales y finalizarán en Plaza Independencia. “Nosotros sufrimos y ellos continúan libres. Parece que la justicia no existe para este caso”, afirmó Audolio Chocobar, hijo de Javier.

Andrés Mamaní fue herido de bala ese 12 de octubre y padeció un largo peregrinaje por hospitales y médicos. Hoy, convertido en cacique de la comunidad Los Chuschagasta, reclama: “Necesitamos justicia para nuestra comunidad y para todos los pueblos indígenas”.

Amnistía Internacional y Andhes presentaron una denuncia a Naciones Unidas –ante Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias– para que exhorte a Argentina a llevar adelante “un juicio imparcial e independiente que determine la responsabilidad y condena de los autores por el asesinato”.

“El Estado debe garantizar los derechos de los pueblos originarios y terminar con la impunidad en el caso Chocobar”, titularon el comunicado conjunto Amnistía y Andhes. Los organismos precisaron que el fiscal determinó que los imputados tuvieron “participación activa y premeditada al concurrir fuertemente armados y con total impunidad efectuando disparos”. También especificaron que en 2012 la jueza consideró suficientes las pruebas contra los acusados.

“La impunidad en estos casos transmite un mensaje de tolerancia del Estado respecto a la vida e integridad de los pueblos originarios”, alertó Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.

La organización afirmó que la situación de Chuschagasta es sólo un ejemplo “del largo entramado de apropiación de territorios indígenas”. En un relevamiento online de conflictos –que puede consultarse en www.territorioindigena.com.ar–, lleva contabilizados al menos 183 conflictos, a los que este mes se sumarán otros 50 casos. “Las comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo –entre otras–), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, destaca Amnistía en el mapa de conflictos, de actualización periódica y colaborativa, en la que también participan el Servicio de Paz y Justicia, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Asociación de Abogados Indígenas, la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra.

La de Chocobar no fue la última muerte asociada a la defensa del territorio ancestral. La campesina santiagueña Sandra Ely Juárez y el qom Roberto López en 2010, el campesino santiagueño Cristian Ferreyra en 2011, y su coterráneo Miguel Galván en 2012, ambos del Mocase-VC, padecieron también muertes violentas en ese contexto.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-311554-2016-10-12.html
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217880

----

Narco soja: campesino del MOCASE asesinado por parapoliciales
17 de noviembre de 2011

Cristian Ferreyra, 22 años, murió desangrado tras recibir un escopetazo en la pierna disparado por Javier Juárez, uno de los matones a sueldo de los sojeros de Santiago del Estero. Cristian estaba en su casa del paraje San Antonio con dos de sus compañeros del MOCASE-Vía Campesina, esperando  hacer una asamblea allí mismo en la que la comunidad debía debatir cómo defenderse del avance de topadoras, sojeros, políticos y parapoliciales, que tienen prácticamente sitiada a la comunidad de 25 familias que viven en 2.000 hectáreas e integran el Movimiento Campesino de Santiago del Estero.

 

Movilizacion del Mocase-Via Campesina

Allí llegaron Javier y Arturo Juárez, definidos por el MOCASE como “mercenarios contratados por el terrateniente José Ciccioli”.  Resultó herido Darío Godoy, también integrante del MOCASE, y un tercer campesino fue gravemente golpeado. El MOCASE convocó hoy a las 9 de la mañana a una marcha en el centro de Santiago, y a las 11 de la mañana una en el Obelisco de Buenos Aires.

 

En diálogo con lavaca desde Santiago del Estero, Carlos Orellana, vecino de Cristian e integrante del MOCASE explicó: “Estamos defendiendo el lugar donde vivimos. Viene gente de los empresarios, matones, y ahora están contratando también a campesinos que se prestan para que haya estas cosas que ocurren: muertes, violaciones. Nos tenemos que organizar para que haya justicia.  Es nuestra tierra ancestral. El gobierno está con este capitalismo, con los terratenientes”.  Orellana se refiere al gobierno provincial del radical  kirchnerista Gerardo Zamora, y al nacional. “No nos respetan, por eso nos hacen la guerra, para quedarse con la tierra y destruirla”.

La comunidad San Antonio está a 60 kilómetros de Monte Quemado, y forma parte de la Central Campesina Copo Alberdi (CCCOPAL) donde está también el pueblo indígena Lule Vilela. Son 816 familias que se autoabastecen y crían ganado en un territorio de 75.000 hectáreas pretendido por gobierno y terratenientes para ampliar el desierto sojero.

 

Guerra declarada, 1 año después

En agosto José Cuellar –cuñado de Cristian- había sido detenido sin causa por la policía de Monte Quemado, el municipio más cercano (a 60 kilómetros). En septiembre, la radio Pajsachama (del MOCASE) había sido atacada y destruida con bombas molotov. La quema de ranchos y pertenencias, denunciada por el MOCASE, se venía convirtiendo en costumbre cotidiana.

El problema no es estrictamente santiagueño, a poco que se recuerde que se está por cumplir un año, el 23 de noviembre, de la represión y quema de 16 ranchos de los qom en Formosa, episodio en el que la policía mató al qom Roberto López. La semana pasada los indígenas de la comunidad La Primavera volvieron a ser agredidos: un hijo y un nieto de Félix Díaz fueron baleados, con menos puntería.

Tampoco se trata de una casualidad, sino de algo sistemático. El MOCASE viene plantándose hace 21 años como organización campesina, sufriendo toda clase de represiones en toda clase de gobiernos. (Ver nota relacionada: La peste soja. Viaje al corazón del MOCASE) (…)

 Fuente:  http://www.lavaca.org/notas/narco-soja-campesino-del-mocase-asesinado-por-parapoliciales/

 

Enmarquemos esas realidades en el extractivismo contemporáneo. Comprobamos que las disputas por territorios implica no sólo a campesinos e indígenas. Además es prioritario tener en cuenta que centrar el enemigo en la Mesa de Enlace es desviarse del verdadero rumbo emancipatorio o del desalambrar. Los terratenientes locales (no Benetton) están subordinados a  "capitales no exclusivamente agrarios, sino que muchos de estos nuevos inversionistas vienen de la agroindustria, de la industria forestal, de la industria del procesamiento de la caña de azúcar, de la palma africana. O incluso, en el caso de capitales extranjeros, de capitales mineros o financieros; y capital comercial, incluso hay supermercados que invierten. Entonces, ya no es solamente un capital agrario, sino un capital que se origina de varias fuentes, que controla la cadena productiva. Es como toda una cadena de valor que está totalmente integrada y controlada por ese capital corporativo, que tiene tremendo poder, porque conoce el mercado internacional, tiene acceso a las últimas técnicas productivas, tiene la capacidad de financiar maquinaria, cosechadoras e industrias procesadoras".

 

 

Acaparamiento de tierras en América Latina

4 de noviembre de 2013

 

Por Sally Burch

El acaparamiento de grandes extensiones de tierras, conocido en inglés como land-grabbing, fenómeno que surgió principalmente en la última década y que se acentuó a partir de la crisis alimentaria del 2008, está transformando radicalmente la estructura agraria en el mundo, desplazando al campesinado y reforzando la agroindustria. Lo que se propone es la sindicalización de los movimientos agrarios de resistencia y al mismo tiempos, su universalidad.

 

Entrevista con Cristobal Kay - En África y Asia, este fenómeno corresponde principalmente a acuerdos entre Estados, donde un gobierno acuerda la compra o arriendo de grandes extensiones –cien, doscientas mil hectáreas o más-, en otro país, para producir alimentos bajo su propio control y exportarlos, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de su población.

En América Latina, sin embargo, el proceso ha asumido una característica distinta, según explica Cristóbal Kay, especialista en desarrollo y reforma agraria. Y es que en nuestro continente, no son otros Estados sino principalmente las grandes empresas translatinas las que están invirtiendo en países vecinos. En entrevista con ALAI, Kay advirtió que, cuanto más avanza este proceso, más complejo se vuelve pensar en una reforma agraria en los países afectados.

Académico especializado en teoría del desarrollo, que estudió primero en Chile e Inglaterra, y hoy es profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Cristóbal Kay nos recordó que en América Latina este fenómeno tiene sus raíces en la llamada década perdida de los años 80, con las políticas neoliberales. Cuando los Estados disminuyeron sus políticas de crédito y asistencia técnica al campesinado y bajaron los aranceles a la importación de alimentos, la economía campesina quedó marginada y muchos campesinos tuvieron que buscar otras formas de ingreso, cuando no acudir a la migración. En cambio los sectores rurales que salieron beneficiados fueron aquellos productores agrícolas capitalistas que tenían acceso a las inversiones y los conocimientos necesarios para entrar en los nuevos mercados de exportación, con nuevos productos como el brócoli, hortalizas, frutas, palma africana aceitera.

Este hecho, relata Kay, “cambió totalmente la estructura agraria, llevando hacía un proceso de concentración de tierras y, también, hacía un proceso de capitalización del agro… Se expandieron estas empresas agrarias, muchas veces incorporando a tierras campesinas, o deforestando la amazonia, llegando a nuevas fronteras agrícolas, creando también una serie de efectos negativos para la ecología de esos países”. Esta nueva estructura agraria funciona con mano de obra temporal, sin estabilidad laboral y con salarios muy bajos, o donde hay cultivos muy mecanizados, como la soya, crea muy poco empleo. “En medio siglo, desde 1960 hasta 2010, el cultivo de la soya pasó de 260 mil hectáreas a más de 42 millones. O sea, se multiplicó varios cientos de veces”, señala el investigador.

Sigue nuestra conversación sobre estos temas, en la cual Kay nos contó cómo en América Latina el actual proceso de acaparamiento de tierras sigue parámetros novedosos a nivel mundial, puesto que se trata esencialmente de empresas latinoamericanas de un país que invierten en otro país latinoamericano.

 

CK: Son grandes compañías que ya controlan cincuenta mil hectáreas, o cien mil hectáreas, por ejemplo de Argentina; que hacen después inversiones en Paraguay, o Uruguay, especialmente para soja, o para pasto y ganadería. Y Brasil hace lo mismo: hay muchos empresarios agrícolas brasileños que ya hace como tres o cuatro décadas atrás, han comprado tierras en la parte oriental de Bolivia, en Santa Cruz, en las tierras bajas de Bolivia, y hoy en día controlan quizás un tercio de las tierras del Oriente boliviano. Controlan como el 40 ó 50% de la producción de soja de Bolivia.

Paraguay, es el caso más dramático. En este país, casi dos tercios de toda la producción de soja es controlada por capitales, inversionistas, terratenientes, de origen brasileño -la mayoría-, pero también una parte importante de argentinos. Entonces se plantea allí un problema de soberanía nacional, porque gran parte de esas inversiones de compra de tierra por parte de los brasileños y los argentinos se da en la zona fronteriza con esos países. Y, el cultivo de la soja es el más importante de Paraguay, entonces controlando dos tercios de la producción de soja -no tengo una cifra exacta-, pero es como controlar quizá el 40% de toda la producción agropecuaria de ese país, por parte de esos capitales latinoamericanos.

Ahora, muchos de esos capitales latinoamericanos están asociados con capitales internacionales. Por ejemplo, con el famoso financista George Soros. Soros tiene una empresa que financia las compras de tierras a través de una empresa en Argentina, y hace inversiones a gran escala, con grandes maquinarias.

Entonces, hay algunos capitales extranjeros, pero no es la fuerza motriz de este cambio; la fuerza motriz viene de los propios capitales de algunos países latinoamericanos. Incluso países pequeños como Chile, que tiene cierta ventaja en la industria forestal. Hay un grupo forestal chileno que tiene más de un millón de hectáreas, de las cuales la mitad está fuera de Chile, en Argentina, Brasil y Paraguay. Como ya no hay más tierras para reforestar en Chile, estos capitales chilenos invierten en otros países latinoamericanos, en los que todavía hay cierta abundancia de tierra. Ahora, esto también tiene su impacto ecológico, especialmente con el monocultivo de eucalipto, que absorbe mucha agua, y el pino; y entonces no se puede cultivar después, es muy difícil volver a usar la tierra para otro uso agropecuario.

 

ALAI: Estas inversiones en tierra, ¿están vinculadas también a la especulación del sector financiero?

CK: Sí, porque la ventaja es que la tierra no pierde su valor, es una buena inversión fija, especialmente si los precios agropecuarios siguen subiendo, y es muy probable que los precios agrícolas nunca van a bajar de nuevo a los niveles pre-crisis del año 2008. Pero la especulación viene más bien con estos nuevos cultivos, como decía, la palma aceitera, palma africana, con la soja y también con la caña de azúcar. Estos tres cultivos se pueden llamar ‘cultivos comodín’. Un colega de La Haya, Saturnino Borras, lo llama ‘flexcrops’, que se puede traducir al castellano como ‘cultivo comodín’, porque se los puede dedicar a varios usos, ya sea como aceite, ya sea como comida, o para biocombustible. Y allí viene la ventaja, es decir, depende de los precios de los alimentos: si están bajos, dedican la caña de azúcar o la soja al etanol. Entonces especulan de acuerdo a cómo van los precios internacionales para cada uno de los productos. Eso le da esa flexibilidad al capital, y el capital siempre trata de maximizar la ganancia y la renta, usando los mercados internacionales.

 

ALAI: ¿De toda esta situación que acaba de describir, cómo ve las implicaciones a futuro? ¿De qué hay que preocuparse? ¿Qué alternativas podrían plantearse frente a esa situación?

CK: Estos nuevos capitales que acaparan tierras, extensiones de 100 mil hectáreas, y algunas llegando hasta a 1 millón de hectáreas, son cantidades de tierras inimaginables históricamente, van mucho más allá del antiguo latifundio. La diferencia es que son capitales no exclusivamente agrarios, sino que muchos de estos nuevos inversionistas vienen de la agroindustria, de la industria forestal, de la industria del procesamiento de la caña de azúcar, de la palma africana. O incluso, en el caso de capitales extranjeros, de capitales mineros o financieros; y capital comercial, incluso hay supermercados que invierten. Entonces, ya no es solamente un capital agrario, sino un capital que se origina de varias fuentes, que controla la cadena productiva. Es como toda una cadena de valor que está totalmente integrada y controlada por ese capital corporativo, que tiene tremendo poder, porque conoce el mercado internacional, tiene acceso a las últimas técnicas productivas, tiene la capacidad de financiar maquinaria, cosechadoras e industrias procesadoras.

Frente a eso, a un mercado libre, los gobiernos no tienen la capacidad de negociar o de buscar acuerdos más favorables para los países. Hay quizá algunas restricciones menores.

En cuanto a las implicaciones de este proceso, como ya mencionaba, desplazó a ciertos sectores campesinos, creó conflictos con pueblos indígenas, tal cual lo hacen algunas inversiones mineras, aunque estos casos son menos conocidos. Y es que en muchas de esas zonas que los gobiernos dicen que están vacías, que son tierras estatales, ya había poblaciones locales, indígenas, que estaban radicadas en esas zonas, y que con estas inversiones van siendo desplazadas.

En el tema de qué visión del futuro, pensando especialmente si uno quiere hacer una reforma agraria, yo creo que hoy en día es más complejo realizar una reforma agraria, porque el campesinado ya no enfrenta al antiguo señor feudal con el cual tenía una relación patronal clientelar. Pero había un enemigo claro -por así decirlo- con el cual uno podía realizar su lucha social: contra los patrones, contra los terratenientes que habían estado en esa zona hace siglos ya, desde la colonia, con el antiguo latifundio. Ahora son grupos inversionistas, muchas veces sociedades anónimas. Entonces, ¿cómo tener una política para tratar de expropiar o redistribuir la tierra, frente a un capital que puede vender las tierras fácilmente o moverse a otro lugar?

Además, ahora ya no se trata de expropiar tierra improductiva, no cultivada, como antes con el latifundio. No, estas son empresas capitalistas, con grandes inversiones de alta productividad, de alta tecnología, totalmente integradas al mercado internacional; entonces también los gobiernos son muy reacios a tocar a esas empresas.

Por lo mismo, hoy las reformas agrarias tendrían que ser mucho más participativas, tendrían que tener en mente las necesidades de las comunidades indígenas, tener una opción también de género, de incorporar a las mujeres en el proceso de la reforma agraria, lo que no se hizo en la reforma agraria de las décadas de los 50, 60 y principios de los 70, y también, por supuesto, tener toda una visión ecológica, que en la reforma agraria de los 50 los 60 no existía. Entonces, con toda esta nueva situación, es mucho más complejo tener un programa real, masivo de reforma agraria.

 

Consecuentemente, para enfrentarse a esos grandes conglomerados, como Monsanto, la lucha social ahora tiene que ser de un movimiento también transnacional. Como, por ejemplo, es el caso de la Vía Campesina. Hay que tener un movimiento campesino que esté interconectado e interrelacionado y que se globalice, se transnacionalice, aunando esfuerzos en cada país con esa lucha, más bien global, contra los transgénicos, contra el gran capital financiero y planteando sus propuestas a nivel de la comunidad internacional -a través de las Naciones Unidas, como la FAO, etc., porque es allí donde se mueven las fuerzas políticas.

Y aliándose con los movimientos ecologistas, con los movimientos que quieren mantener la biodiversidad genética, con los movimientos que van contra los supermercados, los movimientos que quieren fortalecer los mercados locales, las culturas locales, por un paisaje que no sea de monocultivo, etc. Allí, aunando esfuerzos entre sectores rurales con sectores sociales urbanos, crear una alianza política transnacional, para lograr cambiar este modelo de monocultivo y depredador. Es una visión, pero por suerte que hay varios pasos intermedios para lograr eso.

Fuente: https://www.cta.org.ar/Acaparamiento-de-tierras-en.html

 

Coincidamos con "Amigos de la Tierra Argentina que junto a otras organizaciones promueve espacios de encuentro y debate sobre la gestión de los bienes comunes y el territorio.   Su informe insiste que la lucha contra este modelo de desarrollo debe ir más allá de la mera resistencia apostando a una articulación de las luchas, una reivindicación de los espacios públicos y comunitarios, fortaleciendo el rol de la sociedad civil. La estrategia extractiva es considerada contraria a los valores de una política democrática y por lo mismo, las movilizaciones deben transitar de la resistencia a la construcción de nuevos paradigmas, por ejemplo, incorporando conceptos como el Buen vivir".

 

 

Acaparamiento de tierras y bienes comunes.

Perspectivas y dimensiones del fenómeno en Argentina - Amigos de la tierra Argentina.
31 de marzo de 2016

 

 

I. Resumen del documento

En la Argentina, la tendencia al acaparamiento de tierras a gran escala y de riquezas naturales es un fenómeno que si bien es difícilmente medible, cada vez genera mayores conflictos sociales y ambientales que contestan fuertemente el modelo de desarrollo extractivista-exportador. El documento divide el acaparamiento de la tierra en diferentes sectores: por agronegocios, plantaciones forestales, por minería a gran escala, para fracking y del espacio urbano, analizando los territorios donde se han producido, las causas y consecuencias de cada uno. Analiza también la existencia de un marco legal que toca directa o transversalmente la cuestión de la tierra, a veces reforzando y otras conteniendo pobremente el avance del acaparamiento.

 

El acaparamiento de tierras se inscribe en un modelo de desarrollo promovido por el Estado, a nivel federal, provincial y local, reforzado por los últimos gobiernos progresistas que todavía le defienden como un motor fundamental del “crecimiento económico” del país y como una “contribución para combatir la pobreza”. Este modelo es cada vez más cuestionado por los impactos sobre las comunidades y el territorio, porque reproduce los mismos procesos productivos, las mismas relaciones de poder y los mismos impactos socio-ambientales. Así, frente al avance de la megaminería, agronegocios, plantaciones forestales y petroleras sobre los territorios rurales argentinos, la resistencia de organizaciones sociales, campesinos e indígenas ha sido fuerte. La respuesta estatal y empresaria ha sido siempre la represión.

 

El texto denuncia la respuesta estatal represiva y la violación a los derechos de las poblaciones, indígenas o no, que resisten las actividades extractivistas y el acaparamiento, cuestionando incluso la gestión de los bienes comunes y el modelo de desarrollo impuesto y su sustentabilidad. Las movilizaciones se inscriben así, en un movimiento no sólo de resistencia sino, de manera más amplia, en la construcción de nuevos paradigmas.

 

2. Elementos factuales y analíticos

El informe sitúa los acaparamientos que ocurren en la Argentina en el marco teórico global del extractivismo latinoamericano. Éste, promovido de diversas formas (reforma normativa, subvención financiera), incluye no sólo a las actividades estrictamente extractivas (sector de minería y petróleo), sino también a otras (como agronegocios y biocombustibles) que fomentan la lógica extractivista al consolidar el monocultivo.

Por una parte, frente a las tensiones sobre los mercados, el crecimiento de la población mundial y el cambio climático, algunos Estados con recursos limitados para satisfacer las necesidades de su población buscan asegurar su soberanía alimentaria y energética. Por otra parte, los actores del mundo financiero ven en los recursos naturales una fuente de inversiones. Esto es especialmente importante en la Argentina desde la crisis financiera de 2001. A las nuevas tecnologías y nuevos actores se suma también la financierización de la naturaleza como elemento determinante. Es decir, el poder creciente del sector financiero sobre el control de los bienes naturales comunes. En consecuencia, se reduce todavía más la responsabilidad de las empresas, aumenta las injusticias sociales, fragmenta la compleja unidad sobre la que reposa un ecosistema y acentúa la crisis ecológica. En Argentina, el acaparamiento por agronegocios–basado principalmente en el cultivo de la soja transgénica – es particularmente preocupante ya que se expande a través del desalojo y la expropiación de las mejores tierras, configurando un campo sin agricultores, sin ganaderos, sin gente. “El 2% de las empresas agropecuarias controla el 50% de la tierra en el país, en tanto que el 57% de las explotaciones agropecuarias controla el 3% de la tierra” (Sili M y Soumoulou L, 2011). Aunque esta cifra abarca situaciones muy diferentes según las regiones en las que ocurre, refleja la alta inequidad de la división de las tierras en el país.

 

El nuevo modelo agrícola argentino, totalmente ligado a los mercados internacionales, se funda en la concentración de tierras en las manos de unos pocos grandes empresarios, lo que lleva a la desaparición de pequeños y medianos productores. Eso va acompañado de una extensión de las tierras cultivadas para estos fines, especialmente de la soja, en lugar de los espacios de ganadería y otros cultivos alimentarios o plantaciones forestales, avanzando también sobre monte nativo, humedales y áreas peri-urbanas como manifiestan los casos mencionados en el informe.

 

Aparece también la relación entre el acaparamiento de territorio urbano y el medio rural, mediante el excelente rendimiento de la soja transgénica, que permite se vuelquen fondos a otros activos como los inmuebles. La extracción minera y más recientemente el boom de los hidrocarburos no convencionales no escapan a esta lógica de apropiación de los recursos naturales, que va en contra de la gestión democrática de las comunidades sobre éstos.

Los actores corporativos reproducen así la misma lógica en cualquier sitio. Siempre se trata de ordenar el territorio según intereses del poder económico, en pos de un modelo expulsivo, extractivista y desarrollista; el cual resulta profundamente insustentable. Al analizar la legislación vigente, el informe señala que existen vacíos en materia de derecho ambiental en la legislación del país, y que si bien, existe reglamentación con vocación de proteger a las poblaciones y a los territorios susceptibles de acaparamiento, las normas muchas veces se tornan difusas, contradictorias y escasas. Por otro lado, la falta de voluntad política para resguardar los bienes comunes y el derecho a la tierra, da lugar a una ineficiente sujeción al marco legal, con aplicaciones parciales, tardías o directamente inexistentes. Un hecho constante en los proyectos de acaparamiento es la ausencia de consulta a las poblaciones evitando la legislación sobre las consultas obligatorias. A propósito, los autores consideran que insistir en el reconocimiento de un marco de derechos humanos, derechos ambientales y específicamente de derechos de los pueblos originarios es fundamental para contrarrestar esa relación asimétrica de poder. La movilización de la sociedad civil frente al acaparamiento está siendo fundamental para el reconocimiento de derechos y para defender a su comunidad, a su tierra y a su ambiente y para reivindicar “la democratización del control de los bienes y recursos naturales”. Algunos ejemplos demuestran la importancia de la movilización social, como en el caso de las prohibiciones, proyectos de ley y moratoria contra el fracking.

 

3. Opinión sobre el posicionamiento del autor

Amigos de la Tierra Argentina junto a otras organizaciones promueve espacios de encuentro y debate sobre la gestión de los bienes comunes y el territorio. De esta forma, el informe insiste que la lucha contra este modelo de desarrollo debe ir más allá de la mera resistencia apostando a una articulación de las luchas, una reivindicación de los espacios públicos y comunitarios, fortaleciendo el rol de la sociedad civil. La estrategia extractiva es considerada contraria a los valores de una política democrática y por lo mismo, las movilizaciones deben transitar de la resistencia a la construcción de nuevos paradigmas, por ejemplo, incorporando conceptos como el Buen vivir, un modo de vida en armonía y diversidad con la Pachamama, concepciones incorporadas en el último tiempo en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Resulta indispensable incorporar éstos y otros aportes y saberes ancestrales de los pueblos originarios para construir una sociedad basada sobre la solidaridad, el respeto por el territorio y la participación en la construcción de una sociedad mejor. No obstante, no se trata solamente de recuperar lo ancestral, sino de ser creativos al re-crearnos como habitantes del siglo XXI en los nuevos desafíos que nos representa la supervivencia en el planeta Tierra.

Fuente: http://www.landaccessforum.org/wp-content/uploads/2016/03/Amigos-de-la-Tierra-Argentina.pdf

En consecuencia, los pueblos conseguirán «soberanía» articulando las luchas para erradicar el avasallamiento de derechos humanos a la diversidad de abajo que lleva a cabo el:

 

Extractivismo en América Latina. El Consenso de los Commodities

11 de septiembre de 2016

Por: Maristella Svampa 

 

El Consenso de los Commodities cerró la etapa del mero ajuste neoliberal y abrió a otro ciclo económico en América Latina

En los últimos años, América Latina realizó el pasaje del Consenso de Washington (CW), asentado sobre la valorización financiera, al Consenso de los Commodities (CC), basado en la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros), productos alimenticios (maíz, soja y trigo)y biocombustibles (1).

En términos de consecuencias, el Consenso de los Commodities es sin duda un proceso complejo, vertiginoso y de carácter recursivo, que debe ser leído desde una perspectiva múltiple. Así, desde el punto de vista económico, se traduce por un proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar su reorientación hacia actividades primario-extractivas o maquilas, con escaso valor agregado. Según la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), en 2011 las materias primas agrícolas, mineras y commodities derivados representaron el 76% de las exportaciones de la Unasur, contra sólo el 34% del total mundial. Las manufacturas de alta tecnología, en cambio, representaron el 7% y el 25%, respectivamente (2). A su vez, el efecto de reprimarización se ve agravado por el ingreso de China, país que de modo acelerado va imponiéndose como socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región (3).

 

Desde el punto de vista social, el CC conlleva la profundización de la dinámica de desposesión –según la expresión popularizada por el geógrafo David Harvey– esto es, el despojo y la concentración de tierras, recursos y territorios, que tienen a las grandes corporaciones, en una alianza multiescalar con los diferentes gobiernos, como actores principales. No es casual que la literatura crítica de América Latina considere que estos procesos apuntan a la consolidación de un estilo de desarrollo neoextractivista (4), el cual suele ser definido como aquel patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras del capital hacia territorios antes considerados como improductivos.

El neoextractivismo desarrollista instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios, y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, expulsando o desplazando comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana. La megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética (que incluye también la explotación de gas no convencional o shale gas, con la tan cuestionada metodología de la fractura hidráulica o fracking), la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, en fin, la generalización del modelo de agronegocios (soja y biocombustibles), constituyen sus figuras emblemáticas.

Un rasgo decisivo del neoextractivismo desarrollista es la gran escala de los emprendimientos, lo cual nos advierte también sobre la envergadura de las inversiones –se trata de actividades capital-intensivas y no trabajo-intensivas–. Por ejemplo, para el caso de la minería a gran escala, por cada millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos (5). En Perú, país por excelencia de la megaminería transnacional, ésta ocupa apenas el 2% de la Población Económicamente Activa (PEA), contra un 23% en la agricultura, el 16% en comercio y casi el 10% en manufacturas (6).

Por otro lado, la actual etapa puede leerse tanto en términos de rupturas como de continuidades en relación al anterior período del CW. Recordemos que el CW puso en el centro de la agenda la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y privatizaciones, lo cual redefinió al Estado como un agente meta-regulador. Asimismo, operó una suerte de homogeneización política y discursiva en la región. De modo diferente, en la actualidad, el CC coloca en el centro la implementación masiva de proyectos extractivos orientados a la exportación, estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo cual permite el despliegue y la coexistencia entre gobiernos progresistas, que cuestionaron el consenso neoliberal, con aquellos otros gobiernos que continúan profundizando una matriz política conservadora en el marco del neoliberalismo.

Por último, el CC posee una carga político-ideológica, pues alude a la idea de que existiría un acuerdo –tácito o explícito– acerca del carácter irrevocable o irresistible de la actual dinámica extractivista, producto de la creciente demanda global de bienes primarios. Así, tal como sucedía en los años 1990, el discurso dominante es que "no hay otra alternativa”, lo cual apunta a poner coto a las resistencias colectivas, sobre la base de la "sensatez y razonabilidad” que ofrecerían las diferentes versiones del capitalismo progresista, al tiempo que busca suturar la posibilidad de pensar otras opciones de desarrollo, instalando así un nuevo umbral histórico-comprensivo respecto de la producción de alternativas. En consecuencia, todo discurso crítico u oposición radical se inscribiría en el campo de la antimodernidad, de la negación del progreso, del "pachamamismo”, del "ecologismo infantil”, cuando no de un "ambientalismo colonial”, fogoneado siempre por agentes extranjeros.

 

Conflictividad y resistencias

Si bien en un principio el CC tendía a ser tácito y elusivo, al calor de los conflictos fue adoptando una dinámica más explícita y agresiva. En efecto, el CC viene asociado, de manera inherente, a la explosión de conflictos territoriales y socioambientales que enfrentan de modo asimétrico a gobiernos y corporaciones versus comunidades y asociaciones de vecinos. Dichas movilizaciones en defensa del territorio, la biodiversidad y el ambiente ilustran el surgimiento de un nuevo entramado organizacional, de carácter plural, que abarca desde comunidades campesino-indígenas, asambleas de vecinos, multisectoriales, colectivos culturales, hasta ONG ambientalistas y activistas, algunos provenientes del campo profesional y académico.

Un ejemplo emblemático del aumento de la conflictividad es la megaminería a cielo abierto. Actualmente no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados entre las empresas mineras y el gobierno versus las comunidades. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), en 2010 había 120 conflictos mineros, que afectaban a 150 comunidades; en 2012, éstos ya alcanzaban el número de 161, involucrando a 212 comunidades. En mayo de 2013 había 185 conflictos activos, 6 de ellos transfronterizos, que involucran a 268 comunidades a lo largo de la región (7).

Este contexto de conflictividad contribuye a la judicialización de las luchas socio-ambientales y a la violación de derechos que, en no pocos casos, como en Perú, Panamá y México, culmina en asesinatos de activistas. Así, a comienzos de 2012, en Panamá se registraron fuertes episodios de represión que costaron la vida a dos miembros de la comunidad indígena Ngäbe Buglé. En Perú, desde la asunción de Ollanta Humala –julio de 2011–, se produjeron 25 muertos por represión, principalmente en la región de Cajamarca, donde los pobladores se encuentran movilizados contra el Proyecto Conga, un emprendimiento minero que amenaza con la destrucción de importantes fuentes hídricas.

Pero la criminalización y la represión no son prerrogativas exclusivas de los gobiernos conservadores. Por ejemplo, en Argentina, luego de diez años de conflictos en diferentes provincias, invisibilizados por el oficialismo progresista, el levantamiento popular de Famatina, en enero de 2012, logró romper con el encapsulamiento y colocar en la agenda nacional la megaminería. Sin embargo, luego de que el gobierno nacional hiciera explícito su apoyo a dicha actividad, volvió a operarse el re-encapsulamiento de la problemática minera a la lógica criminalizadora de las provincias, seguido de una oleada represiva que tuvo su récord en Catamarca (siete represiones en 2012), e incluyó recientemente –el 11 de mayo pasado– una represión en Famatina. Asimismo, la política de hostigamientos y asesinatos, ligada a la expansión de la frontera sojera y al proceso de acaparamiento de tierras, afecta de modo recurrente a los pueblos originarios, tal como lo ilustra la Comunidad Qom, en Formosa, que contabiliza 6 muertos desde noviembre de 2010.

Otro caso destacable es el del gobierno de Rafael Correa, el cual bajo la figura de "sabotaje y terrorismo” lleva procesadas 213 personas, muchas de ellas ligadas a las resistencias contra la megaminería, habilitada a partir de 2009.

Progresismo y progreso

¿Es la cuestión ambiental todavía un punto ciego para los gobiernos progresistas? ¿O en los últimos tiempos y al calor de los nuevos conflictos es posible afirmar que hubo un cambio de escenario? En realidad, a pesar de que en las últimas décadas las izquierdas –sean socialdemócratas, populistas o anticapitalistas– llevaron a cabo un proceso de revalorización de la matriz comunitario-indígena; pese a las afinidades electivas existentes entre las cosmovisiones de los pueblos originarios y ciertas corrientes del ambientalismo, aquellas continúan adhiriendo a una visión productivista y eficientista del desarrollo, muy vinculada con la ideología del progreso y la confianza en la expansión de las fuerzas productivas.

Por otro lado, todos los gobiernos progresistas buscan justificar el extractivismo afirmando que es la vía que permite generar divisas, que luego son reorientadas a la redistribución del ingreso y al consumo interno, o bien hacia actividades con mayor contenido de valor agregado. Este discurso cuyo alcance real debería ser analizado caso por caso, busca oponer de modo reduccionista la cuestión social (la redistribución) con la cuestión ambiental, al tiempo que deja afuera discusiones complejas y fundamentales que enlazan de modo estratégico las problemáticas del desarrollo, el ambiente y la democracia.

En este sentido, se destacan principalmente cinco cuestiones.

 

En este sentido, uno de los escenarios más paradójicos es Bolivia. Es necesario recordar que en el gobierno de Evo Morales convivían desde el inicio un discurso eco-comunitarista y una vocación neodesarrollista. Dicha tensión remite a las dimensiones presentes en el proyecto de cambio: una, la narrativa indianista, centrada en la creación del Estado Plurinacional y en el reconocimiento de las autonomías indígenas; la otra, la narrativa nacional-popular, marcada por una dimensión estatalista, reguladora y centralista, así como por un modo de concebir la participación, vinculada a un liderazgo personalista. Finalizada la etapa de confrontación con la oligarquía de Santa Cruz, al inicio del segundo mandato (2010), el gobierno boliviano apuntó a profundizar el modelo desarrollista con base extractivista, a través del anuncio de una serie de megaproyectos estratégicos, basados en la expansión de las industrias extractivas, desde la explotación del litio, la megaminería en asociación con corporaciones transnacionales y el agronegocio, hasta, en fin, la construcción de grandes represas hidroeléctricas y carreteras.

Aunque hubo varios episodios que anticiparon una colisión entre la narrativa indigenista y la práctica extractivista, el punto de inflexión fue el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), a raíz de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio. El TIPNIS es desde 1965 una reserva natural y desde 1990 territorio indígena, hábitat de pueblos amazónicos. La cuestión era sin duda compleja, pues si por un lado la carretera respondía a necesidades geopolíticas y territoriales, por otro lado lo central era que los pueblos indígenas involucrados no fueron consultados. Asimismo, resulta inevitable pensar que la carretera será la puerta de entrada de nuevos proyectos extractivos, que traerán consecuencias sociales, culturales y ambientales negativas, con o sin Brasil como aliado estratégico.

La escalada del conflicto incluyó varias marchas desde el TIPNIS hasta La Paz, además de un oscuro episodio represivo y la articulación de un bloque multisectorial entre organizaciones indígenas rurales, sociales y ambientalistas, con el apoyo de ingentes sectores urbanos. Finalmente, en 2012 el gobierno de Evo Morales cedió y decidió llamar a una consulta a las comunidades del TIPNIS. Realizada ésta, el informe oficial señaló que el 80% de las comunidades consultadas aprobaron la construcción de la carretera. Sin embargo, un Informe de la Iglesia Católica, elaborado junto con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Bolivia en abril de 2013, indica que la consulta "no fue libre ni de buena fe, además no se ajustó a los estándares de consulta previa y se la realizó con prebendas” (8).

El conflicto del TIPNIS arroja dos importantes conclusiones que deben ser leídas en clave latinoamericana: en primer lugar, en un marco de escalada del conflicto, en contextos tan virulentos y politizados –donde el carácter recursivo de la acción lleva a que los diferentes actores se involucren en una lucha encarnizada– la posibilidad de realizar una consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios –según establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– se enrarece inevitablemente, y la definición de sus procedimientos, mecanismos y temas, termina siendo muy controversial. En segundo lugar, el conflicto del TIPNIS blanqueó por completo el discurso gubernamental respecto de lo que éste entiende por desarrollo, algo que se encargó de hacer el vicepresidente Álvaro García Linera en su libro Geopolítica de la Amazonía (9).

Para Linera, sin extractivismo no habría cómo sostener las políticas sociales, lo cual significaría el fracaso del gobierno y la inevitable restauración de la derecha. De este modo, queda claro tanto en qué lugar ideológico se ubican las resistencias –los críticos del neoextractivismo son acusados de promover un "ambientalismo colonial”–, como cuál es el tipo de desarrollo asociado al actual programa de descolonización, el que sin duda se sitúa muy lejos de las aspiraciones eco-comunitarias declamadas por Evo Morales durante el primer mandato y muy lejos también de las discusiones filosóficas y políticas acerca del "vivir bien”.

 

Contexto represivo

La deriva hacia una lectura conspirativa de las resistencias no es empero patrimonio exclusivo del gobierno boliviano. En realidad, allí donde hay un conflicto ambiental y territorial, mediatizado y politizado, que pone de relieve los puntos ciegos de los gobiernos progresistas respecto de la dinámica de desposesión, la reacción suele ser la misma. Sucede desde 2009 en Ecuador, sobre todo con la megaminería y, más recientemente, en Brasil, a raíz del conflicto suscitado por la construcción de la megarrepresa de Belo Monte. En ambos casos los distintos oficialismos optan por el lenguaje nacionalista y el escamoteo de la cuestión, negando la legitimidad del reclamo y atribuyéndolo, sea al "ecologismo infantil” (Ecuador), cuando no al accionar de ONG extranjeras (Brasil).

Aunque sin mayores debates (el término mismo de "neoextractivismo” se halla fuera del horizonte retórico del oficialismo), algo similar sucede en Argentina, donde el progresismo selectivo del gobierno no se aplica para el caso de la megaminería ni mucho menos para la soja. Si volvemos, por caso, al levantamiento en Famatina, éste tuvo un efecto paradójico: sea por desconocimiento o por mala fe, lo cierto es que desde las plumas del oficialismo se alentó una lectura que dejaba el conflicto entrampado en los contextos provinciales, cuando no en los esquemas binarios, en la batalla política que el gobierno kirchnerista libra con el multimedios Clarín. Sin embargo, el posterior realineamiento entre poder político y poder económico terminó por blanquear, esta vez de modo explícito y en la voz de la Presidenta, a la megaminería como parte legítima e integral del proyecto oficialista.

En suma, a diferencia de los primeros años, el CC dejó de ser un acuerdo tácito que vincula de modo vergonzante neodesarrollismo liberal con neodesarrollismo progresista. Al calor de los diferentes conflictos territoriales y ambientales y de sus dinámicas recursivas, los diferentes gobiernos progresistas terminaron por asumir un discurso beligerantemente desarrollista, en defensa del extractivismo, acompañado de una práctica criminalizadora de las resistencias, que alienta el contexto represivo. Este sinceramiento entre discurso y práctica que ocurre incluso en aquellos países que más expectativa política de cambio habían despertado –como Bolivia– ilustra la evolución de los gobiernos progresistas hacia modelos de dominación más tradicionales (en mucho, ligados a la clásica huella nacional-estatal), así como obliga al reconocimiento del ingreso inquietante a una nueva fase de retracción de las fronteras de la democracia.

Notas:

1. Utilizamos aquí el concepto de commodities en un sentido amplio, como productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento.
2. 
http://unctadstat.unctad.org/
3. Véase Sergio Cesarin, "China en América Latina”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, número especial "El fin del Primer Mundo”, mayo-junio de 2012.
4. Véase Eduardo Gudynas, "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo”, (autores varios), Extractivismo, política y sociedad, CAAP - CLAES, Quito, 2009. Véase también Héctor Alimonda (coord.), La Naturaleza colonizada. Ecología, política y minería en América Latina, CLACSO-CICCUS, Buenos Aires, 2011, y Gabriela Massuh (editora), Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina, Mardulce, Buenos Aires, 2012.
5. Colectivo Voces de Alerta, 15 mitos y realidades sobre la minería transnacional en Argentina,Editorial El Colectivo-Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 2011.
6. Autores varios, Mitos y realidades de la minería en el Perú. Una guía para desmontar el imaginario extractivista, Programa Democracia y Transformación Global, Lima, 2013.
7. 
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/. Véase también OCMAL, 2011.
8. 
www.paginasiete.bo/2013-04-16/Nacional/Destacados/6Nac00216.aspx
9. Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, La Paz, noviembre de 2012. Disponible en:
www.alames.org/documentos/amazoniaAGL.pdf

 

 

 

En suma, necesitamos percibir (conocer y posicionarnos respecto a)  el extractivismo como la realidad medular del capitalismo periférico que el progresismo facilitó e impulsó. No favorecieron un simple saqueo o vaciamiento y agotamiento de recursos: "El neoextractivismo desarrollista instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios, y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, expulsando o desplazando comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana".

 

Por otra parte, entre los de abajo, observamos que:

"Dichas movilizaciones en defensa del territorio, la biodiversidad y el ambiente ilustran el surgimiento de un nuevo entramado organizacional, de carácter plural, que abarca desde comunidades campesino-indígenas, asambleas de vecinos, multisectoriales, colectivos culturales, hasta ONG ambientalistas y activistas, algunos provenientes del campo profesional y académico".

 

 

 

 

 Crisis civilizatoria

 

Examinemos porqué enfocar nuestra lucha emancipadora como confrontación con las transnacionales asociadas al Estado de nuestro país en sus distintas instancias y a los grandes capitales locales. Pero ante todo percibamos el carácter mundial del ataque capitalista procurando la desaparición forzada de campesinos, pueblos rurales e indígenas y la concentración de la población de cada país en pocas ciudades. Esclarezcámonos sobre:

 

 

El impacto de la acción de las transnacionales para el campesinado
27 de septiembre de 2016

 

"Ni esta declaración ni el importante acervo normativo internacional elaborado sobre los derechos humanos tendrá ninguna eficacia si no se regula de manera vinculante la actividad de las empresas transnacionales y se devuelve la soberanía y autodeterminación a los estados y a los pueblos, así como el respeto de los principios de multilateralidad y supremacía de los derechos humanos."

 

Segunda Sesión OEIGWG – Ginebra, Octubre de 2016 - CETIM - LVC

La Via Campesina muestra su compromiso con la elaboración con el Tratado Vinculante. Exposición de Federico Pacheco, SAT- Vía Campesina.

La Vía Campesina, como organización internacional de las personas campesinas y trabajadoras rurales en general, viene defendiendo desde hace más de dos décadas la superveniencia de la agricultura y ganadería campesinas en todo el planeta, así como la pesca artesanal, las comunidades indígenas y la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y energéticos.

Venimos sufriendo desde mediados del siglo pasado una progresiva desaparición de las pequeñas explotaciones agrarias en favor de un sistema agroindustrial basado en la producción y comercialización a gran escala, la contaminación de la naturaleza, el derroche energético y el calentamiento climático, así como la explotación laboral de los trabajadores/as. La desarticulación y destrucción del mundo rural trae aparejado desempleo, miseria, hambre, y desplazamientos y emigración forzada en todo el planeta.

El papel de las Empresas Transnacionales ha sido y es determinante en este proceso. Desde la llamada revolución verde, en que los abonos y pesticidas químicos comenzaron a envenenar las tierras, las aguas y a las personas, a la par que producían enormes beneficios a las grandes compañías internacionales, hasta las más de doscientos millones de hectáreas acaparadas en los últimos años por fondos de pensiones y sociedades multinacionales.

Asistimos también a un proceso de concentración imparable en el que muy pocas corporaciones controlan los mercados mundiales de semillas, plaguicidas y agroquímicos entre otros, así como la determinación de los precios. Los Tratados de Libre Comercio han venido a facilitar aún más su accionar al limitar y anular cualquier política pública que perjudique sus intereses. La imposición de la aperturas de fronteras, paraísos fiscales y tribunales de arbitraje, ha supuesto un entramado jurídico-político que garantiza su impunidad y hace imposible lograr reparaciones frente los desastres medioambientales y sociales que producen.

Aún en esta difícil situación constatamos que la mayor parte de la población mundial vive en el medio rural y que es la agricultura campesina, a través de la distribución local, la que provee la mayor parte de los alimentos a la población, generando empleo y protegiendo la biodiversidad. Desde La Vía Campesina y muchas otras organizaciones, venimos apostando por la primacía de los derechos humanos de los pueblos y de las personas, por sobre los intereses y las ganancias de las grandes empresas. En ese sentido estamos impulsando en el marco de las Naciones Unidas la Declaración de Derechos Campesinos a fin de garantizar, defender y promover los derechos a la soberanía alimentaria, el acceso a los recursos naturales y productivos, a los mercados locales, a ingresos y servicios dignos para productores y trabajadores rurales en general.

Sin embargo, ni esta declaración ni el importante acervo normativo internacional elaborado sobre los derechos humanos tendrá ninguna eficacia si no se regula de manera vinculante la actividad de las empresas transnacionales y se devuelve la soberanía y autodeterminación a los estados y a los pueblos, así como el respeto de los principios de multilateralidad y supremacía de los derechos humanos. Los campesinos y campesinas de todo el mundo estamos sufriendo la impunidad de estas empresas ante la privación y contaminación de nuestras semillas, el desapoderamiento de nuestras tierras, la intoxicación de nuestras poblaciones y la criminalización y asesinato de nuestros dirigentes cuando se enfrentan a las mismas , denuncian sus crímenes o exigen reparaciones.

Y esto es así, porque estas corporaciones, con más poder que muchos estados, utilizan eficazmente mecanismos de todo tipo para evitar el cumplimiento de las leyes e incluso de sentencias judiciales de nivel nacional e internacional. Hemos experimentado también cómo los compromisos sociales y ambientales asumidos por estas grandes empresas de manera voluntaria funcionan como un elemento de marketing y lavado de imagen con el objetivo de evitar pérdidas o ampliar mercados y beneficios.

Necesitamos de manera urgente un instrumento, específico para las empresas transnacionales, vinculante y de obligado cumplimiento, que permita a los estados y a las Naciones Unidas de controlarlas, limitarlas y hacerles respetar los derechos humanos. Desde la Vía Campesina alentamos a los estados a retomar el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y defender los intereses y derechos de sus poblaciones, incluidas las del mundo rural, por sobre las presiones e intereses de las grandes corporaciones.

Vía Campesina

Fuente: www..biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_impacto_de_la_accion_de_las_transnacionales_para_el_campesinado

 

 

Comprobamos que la lucha contra las transnacionales (o por ir emancipando a la humanidad del sistema capitalista que hoy mira, en exclusivo, por esos oligopolios globales) se está construyendo con carácter internacionalista y con el protagonismo de la diversidad de abajo autoorganizada tanto en cada país como mundialmente.

 

 

Avanza el consenso en la ONU sobre tratado vinculante para transnacionales
28 de octubre de 2016

 

Por Sol Trumbo Vila

Alainet

 

 0

Durante esta semana tiene lugar en la sede de Naciones Unidas en Ginebra la segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta para la elaboración de un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, sobre empresas transnacionales (ETNs) y otras empresas de negocios con respecto a los derechos humanos.

Estos trabajos se iniciaron a raíz de la Resolución A/HRC/26/9 de junio de 2014, un logro histórico después de varios intentos fallidos en las últimas cuatro décadas para construir un instrumento jurídico vinculante sobre ETNs en Naciones Unidas.

Un aspecto particular de estas negociaciones, reconocido por los propios Estados participantes, es la fuerte presencia de la sociedad civil, tanto dentro como fuera del Palacio de las Naciones de Ginebra. Siguiendo el éxito del año pasado, la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad (1), una coalición de 200 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y comunidades afectadas por las ETNs, ha organizado una semana de movilización durante esta semana con un exhaustivo programa de actividades.

Esta Campaña Global no sólo ha sido capaz de movilizar decenas de delgados de todo el mundo que hacen llegar las voces de millones de afectados a la sala plenaria donde se está discutiendo el contenido, alcance, naturaleza y forma del futuro instrumento internacional. Por dos días, la Campaña Global ha tenido su propio espacio de trabajo divulgativo y de planificación estratégica en la Plaza de las Naciones, justo en frente del Palacio de las Naciones Unidas.

 

Esta forma de acción de las luchas contra la impunidad, en Ginebra recoge las experiencias de los Foros Sociales Mundiales y la ocupación de las plazas ocurridas desde el año 2011. La acción directa en el espacio público como práctica política que impide ocultar la problemática social, y la creación de espacios auto-gestionados donde desarrollar proyectos comunes independientes. Gracias a ello se han presentado y discutido trabajos sobre la privatización del agua, la industria militar y la misma democracia; examinar los efectos de la industria extractiva; y cómo trabajar de manera conjunta en el futuro en materia de investigación y comunicación.

 

Sin embargo, los miembros de la Campaña no se han limitado a la acción directa en el espacio público, han presentado conjuntamente 6 propuestas para ser incluidas en el tratado en discusión . Y participan de acciones de incidencia y acción ante las delegaciones oficiales junto con el conjunto de ONGs de la Alianza por el Tratado , de la cual también es parte e impulsó su fundación.

 

Las propuestas inciden desde el marco general el enfoque y alcance del Tratado, hasta mecanismos muy concretos para hacer frente a la impunidad existente. En los primeros días de trabajo, los Estados y panelistas invitados han repasado la adecuación de los instrumentos internacionales existentes. La opinión general de los Estados y actores sociales participantes es que los marcos voluntarios sin obligaciones no son suficientes para hacer frente a las violaciones derechos humanos en las que las ETNs son las principales responsables. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha sido un fracaso, como se ha recordado en la sala exponiendo ejemplos paradigmáticos como el de Chevron (antes Texaco) en la Amazonía Ecuatoriana que, entre otros crímenes cometidos durante décadas, han hecho desaparecer a dos pueblos originarios. Otro trágico ejemplo es el desastre de Rana Plaza en Bangladesh, donde resultaron muertas más de mil personas que trabajaban para las mayores transnacionales del sector textil, como la española Zara.

Los modelos de negocio de estas ETNs con complejas cadenas de valor y con múltiples subcontrataciones, constatan la necesidad de legislar las obligaciones extraterritoriales de los gobiernos en relación a las ETNs y los derechos humanos, y la responsabilidad solidaria y mancomunada de las ETNs con sus directores y cadenas de valor, dos de las propuestas concretas de la Campaña Global. Uno de los caballos de batalla de aquellos que se oponen a los instrumentos vinculantes son los Principios Guía de Ruggie, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2011 y en proceso de implementación. Estos principios han sido tan cuestionados como la RSC en Ginebra, al evidenciarse la falta de acceso a la justicia de comunidades afectadas por violaciones cometidas por ETNs que no implementan voluntariamente medidas efectivas. Frente a ello, la Campaña Global propone la creación de un Tribunal Internacional sobre ETNs y derechos humanos.

 

La necesidad de tomar en consideración el rol de Instituciones Financieras Internacionales (como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) no escapa a las propuestas y el análisis de la Campaña Global. El rol de estas instituciones en la financiación de grandes proyectos llevados a cabo en su gran mayoría por ETNs merece una consideración especial, y se propone que estén obligadas a asegurar que los proyectos financiados respeten los derechos humanos, y de no ser así, puedan ser juzgadas de acuerdo a los términos del nuevo tratado.

En las últimas décadas, la actuación de las ETNs ha venido de la mano de un incremento sin precedentes de la firma de Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversión. El mensaje de la Campaña Global es claro, los derechos humanos deben primar sobre los derechos comerciales, conocidos como Lex Mercatoria. Uno de los momentos que ha evidenciado la desconexión con la realidad o falta de argumentos de los opositores al nuevo tratado vino de la mano del representante de los negocios internacionales de empresas estadounidenses, afirmando que los Tratados de Libre Comercio son "una forma de protección de los derechos humanos".

 

Aunque falta varios días para finalizar la sesión, la presencia de más Estados que el año anterior augura un buen futuro a este proceso. No llama la atención la ausencia de estados relevantes como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, cuyo compromiso con opciones que no obliguen a sus transnacionales les impide participar, a pesar de que habría espacio para que se unan al proceso. La entrada de la Unión Europa, aunque presenta grandes reservas y reitera la necesidad de involucrar a los actores empresariales, es también positiva. Especialmente cuando los pueblos afectados por las ETNs, organizados para este proceso, están demostrando su capacidad de marcar la agenda del nuevo Tratado. 

Nota:

1) https://storify.com/StopCorporate/la-resistencia-a-la-impunidad-de-las-transnacional 

Sol Trumbo Vila es investigador en el Transnational Institute (TNI) y activista en varias redes internacionales como la “Campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad".

Video: https://www.youtube.com/watch?v=zDGgFKNDEK4 

http://www.alainet.org/es/articulo/181252
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=218545

 

En consecuencia, los pueblos conseguirán «soberanía» articulando todas las luchas abajo por la vida y la dignidad humana hacia la emancipación del sistema capitalista que hoy sólo procura la seguridad de negocios de las transnacionales y socios locales. En atención al sistema mundo imperante, la unión de los pueblos planetarios ya se está construyendo con carácter internacionalista y con el protagonismo de la diversidad de abajo autoorganizada tanto en cada país como mundialmente.

 

Sobre "América Latina y el capitalismo global: una perspectiva crítica de la globalización", de William I. Robinson

América Latina y el capitalismo global
29 de octubre de 2016

 

 Por Gilberto López y Rivas (La Jornada)

 

 

El libro América Latina y el capitalismo global: una perspectiva crítica de la globalización, de William I. Robinson, se inscribe en los estudios sobre la globalización, específicamente la teoría del capitalismo global, que desarrolla basada en tres elementos: producción trasnacional, clase capitalista trasnacional y Estado trasnacional, la cual aplica para explorar y revelar los cambios trascendentes que ha sufrido América Latina en las últimas décadas. Para el autor, “la globalización es la dinámica subyacente que impulsa los procesos sociales, políticos, económicos, culturales e ideológicos alrededor del mundo del siglo XXI. A medida que cada nación y región es integrada dentro de las estructuras y procesos trasnacionales emergentes, han surgido –en América Latina y otros lugares– nuevas estructuras económicas, políticas y sociales. Hay una nueva configuración del poder global que se manifiesta en cada nación y cuyos tentáculos bajan hasta el nivel de comunidad. Cada individuo, cada nación, cada región están siendo incorporados a los procesos trasnacionales que han socavado las autonomías y provincialismos anteriores. Esto hace que sea imposible abordar temas locales –si no es que incluso cualquier asunto de importancia social, política o intelectual– al margen del contexto global”.

Coincido plenamente con el llamado de Robinson a los intelectuales a ejercer una opción preferencial por la mayoría en la sociedad global. Intelectuales “capaces de proporcionar a las mayorías populares estos conocimientos teóricos como insumos para sus luchas en el mundo real por desarrollar relaciones sociales alternativas y una lógica social alternativa […] En otras palabras, los estudios críticos de la globalización tienen que ser capaces de inspirar la acción emancipadora, de reunir a múltiples corrientes en el desarrollo de programas que integren la teoría y la práctica.

Robinson expone su enfoque particular de la globalización como una etapa cualitativamente nueva en la historia del capitalismo mundial. Para este autor, “la crisis capitalista mundial que comenzó en la década de los 70 es generalmente identificada como el punto de inflexión para la globalización, y […] marca la transición a una nueva etapa trasnacional en el sistema […] Las nuevas élites globales y los capitalistas trasnacionales se dedicaron a desmantelar los distintos modelos asociados con el capitalismo nacional corporativo y a construir un nuevo régimen de acumulación global ‘flexible’. A grandes rasgos, el keynesianismo fue sustituido por las políticas monetaristas, la desregulación y un enfoque de ‘oferta’ […] que incluía una gravación fiscal regresiva y nuevos incentivos al capital. El compromiso de clase fordista fue sustituido por una nueva relación capital-trabajo basada en la desindicalización, el trabajo flexible y la desregulación de las condiciones laborales. Y en la reproducción social, el contrato social del bienestar fue sustituido por la austeridad social y las leyes del mercado.”

Las aportaciones de Robinson para el análisis crítico de esta nueva etapa del capitalismo son tantas que me limito a exponer sólo las que me parecen cruciales para entender su perspectiva; entre éstas, enumerar los cambios fundamentales en el sistema: 1] el aumento del capital verdaderamente trasnacional y un nuevo sistema globalmente integrado de producción y finanzas, 2] la trasnacionalización de las clases y el surgimiento de una clase capitalista trasnacional como clase hegemónica en todo el mundo, 3] el surgimiento de un aparato de estado trasnacional, 4] nuevas relaciones de poder y desigualdad en la sociedad global. Temática fundamental que también aclara Robinson gira en torno a que la globalización no significa el fin del Estado-nación, sino su trasformación en estados nacionales neoliberales, que sirven a la acumulación de capital global sobre la local.

Señala que estos estados realizan tres servicios esenciales: 1] adoptar políticas fiscales y monetarias que garanticen la estabilidad macroeconómica, 2] proporcionar la infraestructura básica necesaria para la actividad económica global (puertos y aeropuertos, redes de comunicación, sistemas educativos, etc.), y 3] proveer el orden social, es decir, estabilidad, lo que requiere de instrumentos que mantengan el control social, aparatos coercitivos e ideológicos. 

Según Robinson, las instituciones trasnacionales intentan coordinar el capitalismo global e imponer la dominación capitalista más allá de las fronteras nacionales. Conceptualiza el aparato de Estado Trasnacional [ETN] como una red informal compuesta por las instituciones políticas y económicas inter y supranacionales, junto con los aparatos de Estados nacionales que han sido penetrados y transformados por las fuerzas trasnacionales, y que todavía no han adquirido (y tal vez nunca lo hagan) una forma centralizada.

La tesis del autor sobre el Estado trasnacional implica un triple argumento: 1] La globalización económica tiene su contraparte en la formación trasnacional de clase y el surgimiento de un ETN que es traído a la existencia para funcionar como autoridad colectiva de una clase dominante global. 2] El Estado-nación no retiene la primacía ni desaparece, pero es transformado y absorbido por esta estructura más grande del ETN. 3] Este ETN emergente institucionaliza la nueva relación de clase entre el capital global y el trabajo global, o las nuevas relaciones de clase y las prácticas sociales del capitalismo global.

Muy importante es la aclaración de que si bien es cierto que el poder y la autonomía del Estado-nación se han reducido en relación con las estructuras de poder trasnacionales, esta imagen es un poco engañosa, ya que estas estructuras de poder trasnacionales están localizadas dentro de cada país, constituidas por fuerzas sociales concretas que son material y políticamente parte del bloque de poder trasnacional emergente. Asimismo, advierte: una de las contradicciones fundamentales del sistema capitalista global es la que se da entre la globalización de la economía y un sistema político basado en el Estado-nación. El aparato de ETN es incipiente e incapaz de regular el capitalismo global o de corregir muchas de sus tendencias a la crisis.

Obra excepcional e imprescindible para conocer la realidad de Nuestra América.

Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2016/10/28/opinion/020a2pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21857028 de octubre de 2016

 

 

 

Frente a tamaña organización del capitalismo e imperialismo contra los pueblos, abajo y a la izquierda, necesitamos tener claro cuál ha sido y es el papel de los gobiernos progresistas. Para ello, reflexionemos sobre el gobierno de Evo Morales que aparece como uno de los más consecuentes con la causa de los pueblos y sobre el potencial de lucha emancipadora de la organización comunal:                                                                   

 

 

Divergencias y compatibilidades entre forma política y acumulación de capital

Lo que el neoliberalismo no pudo, el MAS lo está logrando

26 de septiembre de 2016

 

Por Huascar Salazar Lohman

Durante los últimos años, la política estatal boliviana promovida por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), se ha mostrado cada vez más, y de manera explícita, cercana a intereses de nuevas y viejas élites dominantes. Muchas de las medidas que han permitido esto, a diferencia de la época neoliberal donde la dominación se enfrentó a una amplia resistencia popular, se volvieron viables gracias a las nuevas formas de organización del mando estatal que se erigieron con la llegada de Evo Morales a la presidencia y con las consecuentes transformaciones político-económicas que se suscitaron en los siguientes años. En este breve texto se ensaya una explicación sobre la manera en que la forma política desde la cual se estableció el gobierno de Morales instauró una narrativa y una práctica que penetró y desarticuló las fuerzas que otrora resistieron la política neoliberal, logrando convertir a la estructura socio-económica boliviana más permeable al gran capital.

En el marco del ríspido debate latinoamericano en torno a lo que se ha denominado “gobiernos progresistas”, un piso común de una vertiente crítica que cuestiona seriamente el accionar de estos gobiernos es el carácter anti-popular, anti-comunitario y pro-capital transnacional que éstos han asumido en el transcurso de los últimos años, más allá de los confusos discursos que emanan desde las altas esferas gubernamentales. Sin embargo, todavía no queda claro si estos gobiernos produjeron una vía de continuidad para el neoliberalismo o si más bien se constituyeron en rupturas a dicho proceso.

 

En este trabajo argumento que con la llegada del Movimiento Al Socialismo al gobierno boliviano se frenó la agenda neoliberal, en tanto modelo sociopolítico impulsado desde 1985 por los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a través de los gobiernos de turno. Sin embargo, esto sucedió en la medida en que el neoliberalismo se mostró altamente incompatible con las formas populares –y en gran medida autónomas– de organización de la vida social en el país, las cuales mostrarían su fuerza en el ciclo de insurgencia popular que se inició el año 2000. En este sentido, lo que poco a poco hizo el MAS fue producir y gestionar una nueva síntesis social que asumió varios de los objetivos del gran capital que el neoliberalismo quiso impulsar previamente sin éxito. Para lograrlo, el nuevo gobierno fue asumiendo una retórica, ciertas prácticas y una estética –que fueron apropiadas de los mismos sectores populares de los cuales en algún momento el MAS y su líderes hicieron parte– diametralmente distintas a las neoliberales, pero que permitieron allanar el camino al despliegue del capital en ámbitos sociales que otrora eran profundamente reactivos a las relaciones centradas en el valor de cambio.

A continuación se muestran las dificultades que el neoliberalismo tuvo para imponerse como un modelo sociopolítico en Bolivia, para luego dar cuenta de la manera en que el gobierno del MAS logró impulsar los objetivos capitalistas desde una dinámica sociopolítica totalmente distinta a la neoliberal anterior, para finalmente plantear algunas reflexiones en torno a esta forma presente de la política boliviana.

Lo que el neoliberalismo no pudo…

Desde la implementación del famoso Decreto Supremo 21060, símbolo de la política neoliberal boliviana, hasta los años de rebelión popular (2000-2005), pasaron casi quince años, en los cuales se flexibilizaron las condiciones laborales, se privatizaron las empresas nacionales, se desregularon los mercados; en fin, se puso en funcionamiento todo ese paquete de medidas derivadas del “Consenso de Washington”, que intentaban apuntalar una economía de mercado y reorganizar la institucionalidad estatal con ese objetivo. Era el momento de la embestida del gran capital. Bolivia no fue una excepción en la implementación de la receta de libre mercado promovida por los organismos financieros internacionales; y durante varios años pareció que ese modelo se consolidaría (Fernández 2004; Kohl y Farthing 2007).

 

Sin embargo, en el año 2000, con la denominada “Guerra del Agua”, la propuesta neoliberal entró en una profunda crisis y se inició un ciclo de luchas populares que contendrían su avance. En ese momento se hizo evidente que la consolidación neoliberal en términos macro; es decir, como la estructuración de un mando político que trata de organizar la vida social del país en torno al mercado, había sucedido en paralelo a una reorganización de fuerzas populares que se fueron estableciendo como antagónicas al nuevo modelo.

Vale la pena pensar la reorganización de estas fuerzas sociales a partir de dos dimensiones:

  • La primera es muy evidente en una sociedad altamente abigarrada como la boliviana, donde la estructuración objetiva y subjetiva de la reproducción de la vida social no se sostiene plenamente –y en muchos casos, ni siquiera principalmente– en torno a una racionalidad de la modernidad capitalista. Durante los primeros quince años del neoliberalismo, se fueron articulando, re-articulando, y, primordialmente, potenciando, desde un ethos particular, entramados comunitarios altamente reactivos a la propuesta neoliberal.
     

  • La segunda dimensión –que se complementa con la primera– es aquélla que plantea Verónica Gago: el “neoliberalismo desde abajo”, i.e. aquellas condiciones que el propio neoliberalismo, por su lógica y dinámica pero sin ser su objetivo, habilita y desde donde empieza a operar una “poderosa economía popular que mixtura saberes comunitarios autogestivos e intimidad con el saber-hacer en la crisis como tecnología de una autoempresarialidad de masas” (Gago 2014: 12)[1]. Es decir, si bien los entramados comunitarios urbanos y rurales en Bolivia tienen una larga y potente tradición organizativa más allá del propio neoliberalismo, la puesta en escena de este modelo habilitó ciertos cauces de acción que, a nombre del libre mercado, inmediatamente fueron apropiados por esos entramados, para potenciarse en su hacer y en sus diversas formas de lucha.

Todo ese potenciamiento popular se fue estableciendo en contradicción con la nueva política económica centrada en el mercado, pero también se hizo evidente su incompatibilidad con el “neoliberalismo desde arriba”. La política neoliberal que representa no sólo una lógica, sino también una narrativa, sostenida en el individualismo, en el intento de valorización de todo medio de reproducción de la vida, en la defensa del capital transnacional, etc.; se fue enfrentando, cada vez más, a una política gestada desde abajo, la cual pone en el centro de su hacer la producción de valores de uso, que a su vez sólo es posible gracias al cultivo y cuidado de relaciones colectivas centradas en la reproducción de la vida; léase, por ejemplo, la gestión comunitaria de sistemas de agua en las ciudad de Cochabamba que se intentó expropiar y poner a disposición del capital transnacional, lo que generó una de las movilizaciones más emblemáticas en el mundo contra este modelo de economía de mercado.

Así pues, durante quince años de neoliberalismo no sólo se potenció una fuerza popular para resistir al embate de este modelo, sino que, a partir de esa profunda incompatibilidad entre formas liberales y comunitarias de organización de la vida social y política, se establecieron las bases materiales y simbólicas que permitieron relanzar y desplegar un horizonte comunitario-popular, desde donde se lucharía por la reapropiación colectiva de la riqueza social (Gutiérrez 2015: 32).

Como dice Gutiérrez: “En Bolivia […] miles y miles de hombres y mujeres protagonizaron, entre 2000 y 2005, una oleada de movilizaciones y levantamientos que quebraron la hasta entonces hegemónica trayectoria neoliberal de reorganización de la vida y la producción, estableciendo un enérgico límite a la continuación del despliegue de dicho itinerario” (Gutiérrez 2009: 23). Durante esos seis años, fueron múltiples los levantamientos y movilizaciones que contuvieron y deformaron el avance neoliberal; desde la Guerra del Agua (2000), hasta la caída de Carlos Mesa (2005), pasando por la Guerra del Gas (2003) y otras rebeliones de gran magnitud. Empero, cuando el MAS llegó al gobierno los términos desde donde se había establecido la lucha cambiaron y aparentemente todo se volvió más ambiguo. (Gutiérrez 2009; Salazar 2015).

 

… El MAS lo está logrando

Si entendemos que el neoliberalismo, como forma de organizar la vida en una sociedad, es un medio para maximizar la acumulación ampliada del capital y no un fin en sí mismo; el capitalismo, en tanto lógica, ha demostrado ser profundamente flexible y poco dogmático –en contraposición a gran parte de la intelectualidad que lo defiende– si ese medio no cumple su función. En este sentido, el capitalismo suele relanzarse pragmáticamente en torno al fin de la acumulación ampliada y desmedida de valor de cambio. Lo que también hemos visto es que la forma estatal de la política suele acompañar y, en muchos casos, gestionar esos lanzamientos y relanzamientos que hace el capital de sí mismo. Veamos cómo esto operó en el gobierno de Morales.

El año 2003 y como consecuencia del gran levantamiento popular que posteriormente se conocería como la “Guerra del Gas” y que resultaría en el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada –presidente símbolo del neoliberalismo–, las múltiples voces en torno a la movilización popular establecerían lo que se denominaría la “Agenda de Octubre”. Esta agenda propugnaba la reapropiación de los hidrocarburos y la refundación del país, además de varios otros temas, muchos de ellos relacionados con la producción de una serie de vetos al estado y el despliegue de formas comunitarias de vida, concebidas desde la autonomía política (autonomías, territorios indígenas, etc.). Esa agenda, que se asumió como bandera de reivindicación y eje articulador de la lucha, impediría reestablecer el neoliberalismo como horizonte estatal viable para cualquier gobierno posterior –Carlos Mesa lo intentó de manera moderada, sin embargo su gobierno se vería prontamente interrumpido por la movilización popular–. Por este motivo, cuando Evo Morales accedió a la presidencia, era simplemente impensable la reivindicación de cualquier deriva neoliberal.

Durante los primeros años del gobierno del MAS, las distintas organizaciones comunitarias del país trataron de imponer una serie de límites a la forma estatal de la política y a sus determinantes productoras de jerarquías y dominación. Quizá el esfuerzo más evidente en este sentido fue el que se desplegó antes y durante la Asamblea Constituyente, realizada entre los años 2006 y 2007. Aquellos esfuerzos venidos desde abajo tenían como objetivo plasmar horizontes de lucha propios y en muchos casos no estadocéntricos, aunque esto pudiese implicar poner en riesgo la estabilidad del gobierno[2]. Es decir, los sectores populares en lucha, concibieron al gobierno de Morales como medio necesario pero descartable –de ser el caso– para alcanzar sus propios horizontes: el fin no era la estabilidad del gobierno, ni conceder a éste todos los privilegios y prerrogativas sobre la posibilidad de plasmar esos horizontes (Salazar 2015).

Sin embargo, a medida que el MAS se fue estableciendo en la institucionalidad estatal, si bien en un inicio se vio obligado por la presión popular a asimilar varias de las reivindicaciones de las distintas organizaciones populares, desde la propia convocatoria a la Asamblea Constituyente –en la que el MAS renunció a la posibilidad de que esta instancia no esté regida por la democracia liberal–, el partido de gobierno fue asumiendo como interés primordial su consolidación en la estructura de poder estatal, aunque esto pudiese implicar alejarse tendencialmente de los intereses de los sectores populares. Si se revisan los pormenores que se suscitaron en torno al gobierno boliviano en los primeros años de gobierno del MAS, se produjeron profundas contradicciones y tensiones entre gobernantes y sectores populares, tal como sucedió, como un ejemplo entre muchos más, cuando el gobierno resignó cualquier posibilidad de una Reforma Agraria y constitucionalizó el latifundio en el marco de una negociación post-constituyente con la derecha oligárquica del país.

Así pues, para consolidar el poder estatal, el gobierno de Morales estableció las alianzas necesarias con los viejos y nuevos sectores dominantes interesados en reconstituir un orden de dominación estable pero en torno a sus intereses. Es así que poco a poco el gobierno asumió como propios los horizontes de las grandes transnacionales mineras e hidrocarburíferas, los de la rancia oligarquía terrateniente y los de otras burguesías que fueron asumiendo cada vez más fuerza, como la minera o la cocalera (CEDLA 2009; Díaz 2012; Fernández 2012; Salazar 2015).[3] Pero el MAS no reconstituyó el estado neoliberal, era impensable dada la correlación de fuerzas existente en ese momento. Lo que hizo fue impulsar –y mostrarse indispensable para este fin– una nueva síntesis social centrada en un estado fuerte y con gran capacidad de incidencia en la economía nacional y que, además, fuese capaz de promover los distintos objetivos de las clases dominantes pero esta vez no desde la implementación de un patrón de libre mercado, sino a través de una amplia mediación estatal y  de una gestión directa de buena parte de esos intereses, utilizando para ello una narrativa y una estética producida por los movimientos sociales pero apropiada por el gobierno y traducida a una gramática estatal que permitió legitimar aquellos intereses dominantes.  

Buena parte de esta apropiación de discursos de lucha está sustentada en la equiparación semántica entre “desarrollo capitalista” y “vivir bien”. El gobierno insiste en que aquellos componentes del desarrollo capitalista, como el extractivismo o la construcción de grandes proyectos de infraestructura para el flujo de mercancías y capital global, es una condición deseable y necesaria para impulsar un proyecto comunitario como el “vivir bien”. Un ejemplo de ello fue la retórica de la “Nacionalización” de los hidrocarburos producida por el gobierno, reivindicación histórica del pueblo boliviano reafirmada en la Agenda de Octubre, aunque esa nacionalización del MAS no hizo más que beneficiar al gran capital transnacional (Fernández 2012). Esas narrativas y prácticas, sumadas a un acentuamiento  del ejercicio represivo del gobierno contra las organizaciones populares que defendían sus horizontes de lucha, permitieron neutralizar la fuerza social –cosa que el neoliberalismo no había logrado– y desplegar una política estatal óptima, dadas las condiciones bolivianas, para el gran capital

Del neoliberalismo a la forma grotesca de la política

La nueva dinámica estatal que se configuró en torno al MAS no sólo es una que promueve la expansión del capitalismo en el país, sino que lo hace desde un lugar muy particular. A diferencia del neoliberalismo de las décadas pasadas, que buscaba amplificar la capacidad de acumulación ampliada de valor a partir de una serie de principios y lógicas de libre mercado, pero profundamente incompatibles con las abigarradas estructuras sociales bolivianas –además de haber sido torpemente implementadas–, el nuevo gobierno ha logrado producir una forma política de ejercicio del poder que permite que el capitalismo permeé efectivamente distintos niveles de la vida social boliviana –como las tramas comunitarias–, de una manera en que ni el neoliberalismo ni los anteriores “modelos de desarrollo” lo habían logrado. En síntesis, lo que el gobierno del MAS promueve no es un modelo neoliberal clásico, sino, más bien, un modelo de capitalismo de Estado que tiene la particularidad de asumir como objetivo la producción de condiciones para la expansión del capital de una manera que el neoliberalismo no pudo hacerlo.

Esto ha sido posible gracias a una estrategia estatal de desactivación de las luchas a partir de una retórica y una trama simbólica que, podríamos decir, estatizó las reivindicaciones populares y las neutralizó bajo el manto de la política pública, a lo que se suma la puesta en escena de una política paternalista sostenida en subvenciones, pero siempre desde lenguajes similares a los que anteriormente permitieron la construcción de sentido subversivo en torno a los horizontes de deseo de distintos sectores populares.

 

Es a esto a lo que denomino como forma grotesca de la política. En términos conceptuales, lo grotesco es recuperado por Armando Bartra del trabajo de Bajtin para hacer referencia a una estrategia del pueblo llano para subvertir la dominación “mediante la apropiación paródica de los usos, instituciones, símbolos y valores del orden dominantes” (Bartra 2011). En Bolivia vivimos lo grotesco invertido, un grotesco como estrategia estatal de apropiación de discursos y símbolos populares para reconstituir un orden hegemónico y legitimado de la dominación, en torno a la expansión de las relaciones capitalistas. La prioridad del MAS no es reproducir los discursos y la lógica neoliberal tal como la conocimos antes, su preocupación está puesta en conservar y profundizar su poder a partir de una política que consolide sus alianzas con las clases dominantes para estabilizarse en el gobierno, y si para esto tiene que tener un discurso marxista, indigenista o friedmaniano, da lo mismo.

Bibliografía (...)

Este artículo fue publicado inicialmente en la revista South Atlantic Quarterly (Volumen 115, Número 3, Julio de 2016), como parte del Dossier “Against the Day” coordinado por Verónica Gago y Diego Sztulwark, a quienes se agradece la invitación y todas las sugerencias.

NOTAS

[1] Considero muy útil esta diferenciación que hace Gago (2014) de un “neoliberalismo desde arriba” y un “neoliberalismo desde abajo”. Por lo general se suele priorizar el primero desde una visión de totalidad, mientras que no se suele dar cuenta de lo que las personas empiezan a hacer para resistir y reproducir la vida en ese contexto de dominación. Para el caso de Bolivia sería muy interesante entender más ampliamente lo que sucedió en el periodo neoliberal desde esta perspectiva.

[2] La Asamblea Constituyente fue un momento en el que el antagonismo social se hizo cristalino, por un lado se encontraba el Pacto de Unidad que aglutinaba a las principales organizaciones indígenas y campesinas del país, por el otro lado estaba una derecha oligárquica y en el medio el MAS, quien finalmente operó para que los intereses de esa derecha quedaran plasmados en la nueva Constitución Política del Estado (Valencia y Égido 2010; Salazar 2015). Para una profundización amplia sobre la Asamblea Constituyente, sugiero consultar el trabajo de Salvador Schavelzon (2012): El nacimiento del Estado plurinacional en Bolivia. Etnografía de una Asamblea Constituyente.[3] Al respecto sugiero consultar, entre muchos trabajos, el texto de Jeffery Webber (2011): From Rebellion to Reform in Bolivia. También: La MAScarada del poder (Almaraz et al., 2011). Fuente: http://www.bolpress.com/2016/09/26/lo-que-el-neoliberalismo-no-pudo-el-mas-lo-esta-logrando

 

 

 

Después de más de una década tenemos, los de abajo y a la izquierda, suficientes pruebas de cómo los gobiernos progresistas recompusieron las posibilidades de extraordinaria acumulación gran capitalista. Tal comprobación nos interpela a generalizar la ruptura con el culto a líderes y generalizar el aprecio a quiénes fueron los verdaderos autores de los cambios democráticos de ese período sudamericano. Reflexionemos sobre cómo el neoliberalismo es derrotado en, por ejemplo, Bolivia:

"Todo ese potenciamiento popular se fue estableciendo en contradicción con la nueva política económica centrada en el mercado, pero también se hizo evidente su incompatibilidad con el “neoliberalismo desde arriba”. La política neoliberal que representa no sólo una lógica, sino también una narrativa, sostenida en el individualismo, en el intento de valorización de todo medio de reproducción de la vida, en la defensa del capital transnacional, etc.; se fue enfrentando, cada vez más, a una política gestada desde abajo, la cual pone en el centro de su hacer la producción de valores de uso, que a su vez sólo es posible gracias al cultivo y cuidado de relaciones colectivas centradas en la reproducción de la vida; léase, por ejemplo, la gestión comunitaria de sistemas de agua en las ciudad de Cochabamba que se intentó expropiar y poner a disposición del capital transnacional, lo que generó una de las movilizaciones más emblemáticas en el mundo contra este modelo de economía de mercado.

 

Así pues, durante quince años de neoliberalismo no sólo se potenció una fuerza popular para resistir al embate de este modelo, sino que, a partir de esa profunda incompatibilidad entre formas liberales y comunitarias de organización de la vida social y política, se establecieron las bases materiales y simbólicas que permitieron relanzar y desplegar un horizonte comunitario-popular, desde donde se lucharía por la reapropiación colectiva de la riqueza social (Gutiérrez 2015: 32)".

 

 

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, generalizar la convicción en que los pueblos pueden adueñarse de sus destinos. Ilustremos esa posibilidad en México bajo terrorismo de estado y narcoestado hacia donde tiende el capitalismo periférico en Nuestra América. Hagamos a la comprensión de cómo compartimos todos los pueblos hermanos una rebelión silenciosa en reacción a la crisis civilizatoria del capitalismo mundializado.

 

La crisis de la modernidad requiere

de una transformación civilizatoria

1 de noviembre de 2016

 

Víctor M. Toledo*

 

Nota: La tesis central postulada por el autor y otros muchos pensadores desde hace más de dos décadas, es que el mundo se enfrenta no a una crisis social, económica, tecnológica, ecológica y/o moral, sino a una crisis civilizatoria que exige no sólo nuevas miradas sino transformaciones hasta ahora inimaginables en todos los ámbitos. Estos tres ensayos, publicados previamente en La Jornada ofrecen una apretada síntesis del pensamiento del autor sobre ese tema, e ilustran además lo que viene a ser un análisis formulado desde una perspectiva ecológico política. (...)

 

(III) México, la rebelión silenciosa ya comenzó

 

Ya es tiempo de hacerle justicia a lo posible. En medio, a un lado o por fuera de la tremenda crisis, otros mundos se están construyendo de manera silenciosa y a contracorriente de los modelos dominantes. Estos mundos no son visibles a los reflectores de la dominación, ni a las elites intelectuales, ni a los ojos que se mantienen aferrados a los lentes de siempre. Aún los más calificados de los “anteojos emancipadores” siguen aferrados a dogmas, algunos que se remontan al siglo XIX, tesis anacrónicas, percepciones que ya no corresponden al mundo de hoy.  El primer hecho a aceptar, la premisa primera a reconocer, es la de que el mundo se enfrenta a una crisis de civilización y que por lo tanto se requiere de una transformación civilizatoria. Ello supone un cuestionamiento radical y profundo de los principales bastiones de la civilización moderna e industrial: el petróleo, el capitalismo, la ciencia, los partidos políticos, los bancos, las corporaciones, la democracia representativa, el consumismo. Dos frases parpadean como estrellas en el firmamento de un nuevo pensamiento crítico: una de Albert Einstein: “We cannot solve the problems we have created with the same thinking that created them” (“no se pueden resolver los problemas con el mismo pensamiento con el que fueron creados”); la otra de Boaventura de Sousa Santos: “No hay solución moderna a la crisis de la modernidad”.

               

Una segunda premisa, que muy pocos aceptan, es la que afirma que el clásico dilema de la transformación social: “reforma o revolución”, “voto o balas” “vía electoral o vía violenta” ha dejado de tener sentido y se ha convertido en un mito. La razón: en su fase actual, la de la mayor concentración de riqueza en la historia de la humanidad, el capital ha terminado por devorarse al Estado y a sus mansos, edulcorados, y burocratizados partidos políticos. Hoy los límites entre el poder económico y el poder político se han diluido o se han borrado. Se ha vuelto entonces imposible, mediante la vía electoral, lograr los cambios profundos que el mundo requiere con urgencia y que deben superar dos limitantes supremas de la modernidad: la mayor desigualdad social de que se tenga memoria, y el mayor desequilibrio ecológico a escala planetaria. Los ciudadanos, su poder, han quedado anulados. La sociedad moderna ha perdido su capacidad de auto-transformación y con ello sus mecanismos de auto-corrección en un contexto donde la crisis ecológica amenaza ya la supervivencia humana en el futuro inmediato. La democracia (representativa, formal, institucional) , principal aportación de Occidente, se ha convertido en una mera ilusión.

 

¿Cuál es entonces el camino para una transformación social a la altura de las circunstancias? La vía, que gana cada vez más adeptos en todo el mundo, es la construcción del poder social o ciudadano, mediante la organización, en territorios concretos. Esto significa tomar el control de los procesos económicos, ecológicos, políticos, financieros, educativos, de vigilancia y de comunicación, en escalas adonde sea posible. Y esto puede ser un hogar, un conjunto de hogares, una comunidad rural, una manzana o barrio urbano, un edificio, un municipio entero, una región o una colonia. En esta nueva perspectiva la posibilidad de cambio por la vía electoral, si se observa potencialmente benéfica, se visualiza como complementaria o accesoria a la vía del poder social en los territorios, nunca como el objetivo central ni el único.

 

A todo esto se le comienza a llamar pensamiento impolítico, y que A. Galindo-Hervás (2015) desde Europa ubica en filósofos como G. Agamben, R. Esposito, Jean Luc Nancy y A. Badiou, pero que en realidad se nutre de anteriores pensadores iconoclastas como Ivan Illich, André Gorz o Morris Berman, y especialmente de una sinfonía de autores latinoamericanos: Orlando Fals-Borda, Leonardo Boff, A. A. Maya, Enrique Leff,  Arturo Escobar, Enrique Dussel, el Sub Marcos, y de los nuevos seguidores de la ecología política. ¿Por qué América Latina? Por la sencilla razón de que en esa región del mundo ocurren los experimentos societarios más avanzados del planeta, buena parte inducidos por las recientes rebeliones indígenas y su vigor demográfico, de tal suerte que el pensamiento es reflejo de inéditos procesos civilizatorios y éstos se nutren a su vez de originales reflexiones teóricas. Por eso Latinoamérica es la región más esperanzadora del mundo.

 

México es un país privilegiado en el contexto arriba descrito, porque su territorio es ya un laboratorio de innumerables experimentos socio-ambientales. No solamente existen en el país múltiples bastiones de reflexión teórica en las universidades públicas y privadas, y una feroz resistencia ciudadana como la de los maestros democráticos y las de las comunidades que se oponen a los proyectos depredadores en 300 puntos del territorio, sino que durante las últimas tres o cuatro décadas se han venido construyendo innovadores proyectos locales y regionales en sus zonas rurales. Nuestras propias investigaciones han levantado un inventario de más de mil proyectos novedosos en solo cinco estados (Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Puebla y Michoacán) (ver: “México, regiones que caminan hacia la sustentabilidad:  http://www.iberopuebla.mx/i3ma/libros.asp), incluyendo los Caracoles Zapatistas, las numerosas cooperativas indígenas de café orgánico y múltiples casos de autogestión comunitaria. Todos estos proyectos se fincan en el poder ciudadano sobre los territorios y en los procesos de producción y comercialización, pero también en la democracia participativa,  la autogestión y autodefensa, la creación de bancos locales y regionales, las radios comunitarias, la dignificación de las mujeres, y últimamente en la reconversión hacia fuentes alternativas de energía solar. Con diferentes grados de integralidad y de éxito,  y abarcando diversas escalas, estos proyectos de alteridad civilizatoria avanzan construyendo en regiones y territorios, un mundo sin capitalismo, partidos políticos, bancos, empresas y poniendo en práctica una ciencia que respeta y dialoga con sus propios saberes. Son las islas o burbujas de una nueva civilización. Las expresiones de una transformación silenciosa.

 

*Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, campus Morelia.

 

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/La_crisis_de_la_modernidad_requiere_de_una_transformacion_civilizatoria

 

 

 

Atendamos la centralidad de las disputas por territorios a lo largo y ancho del país-continente.

 

 

Despojo y resistencia, autonomía y violencia en el conflicto socioterritorial

de Santa María Ostula, Michoacán, México

 

Por Emiliano Díaz Carnero Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM

XIII Coloquio Internacional de Geocrítica El control del espacio y los espacios de control Barcelona, 5-10 de mayo de 2014

 

(…)La lógica socioterritorial del capital

El geógrafo anglosajón David Harvey (2001), apoyado en la teoría marxista, sostiene que el capitalismo necesita intensificarse y expandirse para seguir acumulando capital. Para aportar a la tesis de Harvey y para ser más preciso en el análisis particular, propongo retomar las categorías de subsunción formal y real propuestas por Marx (2009), así como la categoría patrón de reproducción del capital propuesta por Osorio (2004) para afirmar que: el capitalismo necesita subsumir territorios y formaciones sociales para reproducirse como sistema, como modo de producción y como modo de reproducción social orientado única y exclusivamente a acumular capital. Se proponen las categorías de subsunción formal y de subsunción real como herramientas para analizar y explicar la reproducción del capitalismo y la reproducción de capital en términos generales, así como las formas específicas que adopta en cada territorio y formación social en particular según las necesidades específicas de cada patrón de reproducción de capital.

 

El capitalismo como primera condición necesita imponer en cada territorio y formación social la subsunción formal, es decir, imponer por la vía de la violencia las condiciones materiales objetivas del modo de producción específicamente capitalistas. Es decir, la “la escisión entre los trabajadores y la propiedad sobre las condiciones de realización del trabajo” (Marx, 2000, p. 892). Y su consecuente conversión en asalariados. Por eso es formal, porque sólo es un cambio de forma en la explotación. Este planteamiento enriquece lo que Marx y Engels ya habían señalado en el Manifiesto “Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes” (1970, p. 26 y 27). Argumentos que sirven de premisas para lo que denomino expansión de la lógica socioterritorial del capital. Son las condiciones materiales objetivas del modo de producción específicamente capitalista, que impulsan (y presuponen) el despojo o la llamada acumulación originaria por un lado, y por el otro, la relación monetaria, salarial, entre una clase con medios y herramientas de producción y otra clase sin éstos, lo que en este trabajo se denomina lógica socioterritorial del capital.

 

Lógica que genera territorialidades específicas de capitalismo según las necesidades de cada patrón de reproducción. Ya una vez establecidas las condiciones materiales objetivas del capital, es decir, la subsunción formal o la lógica socioterritorial del capital según el análisis socioterritorial, el capital comienza el proceso de subsunción real del trabajo y la tierra. Proceso que consiste según el argumento que aquí se expone, en modificar las estructuras espaciales e instituciones sociales de cada formación social según las necesidades de cada patrón de reproducción de capital. Modificando la organización de la producción, transformando todas las relaciones de producción y por tanto, la territorialidad de cada formación social, lo que incluye todas las relaciones sociales al interior de cada formación social. Lo cual se logra a través de la introducción de las innovaciones tecnológicas del desarrollo de las fuerzas productivas que le permitan incrementar la productividad e intensificar la producción, al mismo tiempo que posibilitan el aprovechamiento de recursos naturales que anteriormente no eran tecnológicamente explotables o que eran utilizados de una forma limitada o solamente diferente.

 

Proceso que tienen efectos determinantes en la división territorial e internacional del trabajo. A estos múltiples procesos responde lo que Harvey llama, de manera muy general, intensificarse y que para este autor, es la territorialidad específica de cada patrón de reproducción de capital Ahora bien, la categoría de patrón de reproducción de capital es desarrollada por Jaime Osorio y “apunta a dar cuenta de las formas cómo el capital se reproduce en periodos históricos específicos y en espacios económico-geográficos y sociales determinados, sean regiones o formaciones económicas sociales” (Osorio, 2004, p. 36). En ese sentido, dicha categoría “permite establecer mediaciones entre los niveles más generales de análisis y niveles menos abstractos o históricos concretos”6 . Al mismo tiempo que “permite historizar el movimiento de la economía a luz de las modalidades que asume la reproducción en diferentes momentos históricos, sea en el mundo imperial o en el dependiente, en el marco de sus interrelaciones”. En este trabajo abordamos la territorialidad del patrón de reproducción de capital neoliberal, o en otras palabras, la territorialidad neoliberal. Que caracterizaremos más adelante.

 

En síntesis, la lógica socioterritorial del capital responde en términos generales a la concreción de la subsunción formal. Y la territorialidad de cada patrón de reproducción de capital responde a las formas particulares que cada patrón de reproducción adopta según las características histórico-geográficas y culturales de cada formación social y el desarrollo de las fuerzas productivas. En otras palabras, la territorialidad de cada patrón de reproducción representa el esfuerzo del capital de concretar la subsunción real al modificar todo el orden social y las relaciones de producción de cada formación social. Lo que incluye: la relación social determinante (ya sea la tierra, el trabajo o el capital), la naturaleza y toda la base material que produce estructuras espaciales e instituciones sociales. Elementos que en conjunto constituyen las relaciones de producción material y de reproducción social de cada formación social.

 

La territorialidad social

Ahora bien, desde el punto de vista del análisis socioterritorial aquí propuesto, la «territorialidad» es algo que nos permite entretejer las relaciones entre la tierra, el poder, la economía, lo político, lo cultural y lo jurídico con la soberanía, la justicia, el conflicto, la violencia, la producción social del espacio y la organización socioterritorial de cada formación social; y que por lo mismo condiciona y determina la reproducción social. Lo anterior, constituyen los elementos que alimentan la definición aquí expuesta de «territorialidad»  La cual se entiende como “el conjunto de prácticas y acciones sociales de una formación social específica que producen material y simbólicamente el espacio. Dándole significaciones particulares a la tierra, construyendo una relación social determinada y determinante que establece un orden social que produce estructuras espaciales e instituciones sociales que regulan la vida social en el espacio bajo control de la formación social que realiza dichas prácticas y acciones. Protegiendo y defendiendo las condiciones materiales que permitan la reproducción de dichas prácticas y acciones que definen y caracterizan específicamente a esa formación social”. Espacio bajo control de una formación social definido como territorio y que es entendido como “la base y condición material y simbólica que determina la reproducción social”.

 

Esta definición larga puede ser sintetizada como el conjunto de prácticas y acciones de una formación social que produce estructuras espaciales e instituciones sociales y que denomino territorialidad social. Y es una territorialidad social porque es específica de cada formación social y no intrínseca de la especia humana como lo plantea Sack (1986). Y si la «territorialidad social» es producida por cada formación social, dicha producción está determinada no sólo por su historia y el desarrollo de sus fuerzas productivas, sino por las concepciones ontológicas que tengan del mundo dichas formaciones sociales. Las fuerzas productivas condicionan la producción material y su reproducción. Condicionan lo material, lo objetivo: la economía política; el derecho, la norma y su aplicación. La concepción ontológica de la realidad condiciona la producción simbólica y su reproducción social. Condiciona la cosmovisión, la estética, lo subjetivo que socialmente se hace objetivo y que se manifiesta como cultura. Esta concepción ontológica que se manifiesta en la cultura de los pueblos, determina su concepción teleológica del mundo y los objetos. Determina el porqué y el para qué de su quehacer social, de su práctica. En conjunto, las fuerzas productivas como la concepción ontológica del mundo, condicionan la ideología y las prácticas sociales de dichas formaciones sociales. Por lo anterior, la «territorialidad social» es parte de la producción social del espacio que la geografía estudia a través del análisis socioterritorial. La categoría socioterritorial es una herramienta de análisis, que nos permite dar cuenta de estas dos dimensiones: la social y la espacial. La dimensión social se ve reflejada en las instituciones sociales y las relaciones sociales históricas que están detrás de dichas instituciones. Y la dimensión espacial se ve reflejada en lo territorial, que implica la producción social histórica de las estructuras espaciales según la cultura y economía política de cada formación social.

 

La lucha entre territorialidades

La lógica socioterritorial del capital, al irse expandiendo y al ir subsumiendo de manera formal y real territorios y formaciones sociales, va destruyendo instituciones sociales y formas de organización del trabajo de las formaciones sociales en las que se impone; al mismo tiempo que modifica las estructuras espaciales de cada territorio al imponer la territorialidad capitalista del patrón de reproducción de ese contexto históricogeográfico específico. La expansión e intensificación de la subsunción formal y real del capital modifica la producción socioterritorial de cada formación social que va destruyendo a su paso. Lo que es más evidente al momento de estudiar la estructura agraria o de propiedad de cada país, que hace referencia a los conflictos agrarios; así como las relaciones sociales, las instituciones sociales y las estructuras espaciales de cada formación social, que hace referencia a los conflictos socioterritoriales y que presupone e incluye los conflictos agrarios. Sin embargo, la expansión de la lógica socioterritorial del capital y las territorialidades que cada patrón de reproducción de capital va produciendo y reproduciendo no se imponen de manera pacífica en los territorios de las diversas formaciones sociales. Se impone a través de la violencia, a través del “hierro y la sangre” diría Marx.

 

Por lo que es muy importante analizar la resistencia al despojo, a la explotación, a la subordinación, al dominio y al control que impone el capital. Es importante analizar las luchas de resistencia, los sujetos que las realizan, las formas y modos como las formaciones sociales (movimientos sociales, campesinos, pueblos indios, etc.) se oponen y se niegan a ser subordinados, dominados y controlados por el capital. Por lo anterior, el análisis socioterritorial estudia la lucha entre territorialidades, entre las territorialidades de cada patrón de reproducción de capital y las múltiples territorialidades de las diversas formaciones sociales que el capital busca subordinar . Analicémoslo desde el campo mexicano y la costa Nahua de Michoacán.

 

El campo mexicano

En México, el despojo y explotación de la expansión de la lógica socioterritorial del capital o del modo de producción específicamente capitalista se comenzó a configurar tras la guerra de Independencia y la Constitución de 1824; y se materializó a mediados del siglo XIX tras la llamada “época de Reforma” y sus leyes, en especial la llamada “Ley de Desamortización”. Marco jurídico, político y social que respondían a las necesidades específicas del patrón de reproducción de capital agro exportador que iniciaba en el México independiente y que se articuló con el comercio internacional del sistema capitalista; por lo que tenía que transformar las estructuras espaciales e instituciones sociales del mercantilismo económico colonial que existía para adaptarse a los avances tecnológicos de comunicación, transporte e infraestructura de la época. Patrón agro exportador que permitió la inserción de México al mercado mundial ya en esa época específicamente capitalista, al mismo tiempo que impulsó el despojo de las tierras comunales y la posterior concentración de la misma en pocas manos, generando grandes latifundios que comúnmente son conocidos como las grandes haciendas porfiristas. Configurando lo que denomino “la territorialidad de la hacienda capitalista”. Haciendas que tenían en su propiedad y control el 85.15% del territorio nacional según el censo de 1910. Las cuales incluían comunidades enteras dentro de sus inventarios. Comunidades que eran obligadas a trabajar bajo diferentes formas de explotación para el patrón, para el hacendado -el dueño de los destinos de los miembros de dichas comunidades. Una de esas formas era el peonaje, el cual lo realizaba el llamado peón acasillado que se veía permanentemente endeudado con el patrón a través de la tienda de raya.

 

En síntesis, fue el interés de intensificar la relación con el mercado mundial a través del patrón agro exportador el que impulsó el despojo masivo y la territorialidad de la hacienda capitalista. Proceso concretado a través de la violencia liberal de la época que fue disfrazada como progreso y modernidad por el sistema político y jurídico del liberalismo mexicano que tenía a Díaz como su máximo representante. Lo que evidencia y reafirma la relación economía-violencia-política señalada por la economía política (Engels, 1979). Pero este proceso fue detenido por la Revolución mexicana, la cual puso en marcha una reforma agraria. Reforma que tiene muchas aristas que necesitan ser analizadas.

 

Las raíces de los actuales conflictos sociales en el campo mexicano: la indefinición pendiente de la reforma agraria impulsada tras la revolución mexicana. La lucha de los pueblos originarios y los peones acasillados que pelearon junto a Zapata en la Revolución mexicana obstaculizaron el proceso de expansión de la lógica socioterritorial del capital y de la territorialidad de la hacienda capitalista. La recuperación de las tierras y territorios comunales, así como la reforma agraria impulsada desde el zapatismo tenía como objetivo la restitución de las tierras y territorios a las comunidades indígenas y la creación de municipios realmente democráticos. Buscaba hacer efectiva la exigencia de “tierra y libertad” del campesino pobre y de los pueblos originarios. Tierras y territorios, en conjunto, ya que incluye los montes, bosques y aguas. Visión claramente expresada en el punto seis del Plan de Ayala, que a la letra dice: “…los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en las manos, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derechos a ellos, lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución.” Este punto central del Plan de Ayala del Ejército Libertador del Sur (ELS) de 1911 manifiesta no sólo la visión integral que se tiene del territorio que se remonta a la antigua concepción nahua y mesoamericana del Altepetl, el calpulli y el Tlalicalli. Sino que hace referencia a esa resistencia histórica de larga duración de los pueblos originarios y que los campesinos surgidos de la destrucción de las haciendas porfiristas hacen suya hasta nuestros días. Tierras, montes y ríos, elementos materiales y simbólicos que los y las integrantes de los ejidos y comunidades del país siguen defendiendo “con las armas en las manos”, como dice el Plan de Ayala. (…)

 

A manera de cierre o conclusión

En México, más del 50 por ciento del territorio nacional es propiedad de ejidos y comunidades. Configuración socioterritorial producto de más de 500 años de luchas de campesinos e indígenas que van desde la resistencia a la conquista europea, pasando por la Revolución mexicana hasta los actuales movimientos sociales que luchan por la autonomía indígena (el Congreso Nacional Indígena, los neo zapatista, entre otros). En estos territorios se concentran el 80 por ciento de las selvas y bosques, así como los recursos naturales que las empresas trasnacionales desean.

El actual patrón de reproducción de capital neoliberal en México está centrado en actividades extractivas como la minería; la urbanización y especulación inmobiliaria; en el turismo; y en la construcción de infraestructura de comunicaciones, trasporte, energía y comercio; entre otras. Patrón de reproducción de capital neoliberal que produce su propia territorialidad, la cual denomino territorialidad neoliberal y que es impulsada por el dominio de clase del Estado mexicano y la lógica socioterritorial del capital. Territorialidad neoliberal que produce y reproduce sus propias instituciones sociales y estructuras espaciales que le permiten controlar territorios y ejercer su dominio social. Pero que choca y entra en conflicto con múltiples territorialidades de ejidos y comunidades indígenas que tienen sus propias instituciones sociales y estructuras espaciales, generando lo que denomino “lucha entre territorialidades”. El conflicto social de Ostula responde a un nuevo tipo de conflicto social que denomino “conflicto socioterritorial”. Conflicto socioterritorial que es producto de la imposición violenta de la territorialidad neoliberal en el campo mexicano de manera general y en la costa Nahua de Michoacán en particular. Conflicto que tiene un origen agrario, pero que está indisolublemente ligado al ejercicio del poder y la autonomía. Conflicto que busca poner en práctica la antigua exigencia zapatista de “tierra y libertad” y que hoy las comunidades indígenas traducen como “territorio y autonomía”. Tierras y territorios que defienden junto con su modo de vida comunal y su legítimo derecho a la autonomía.

Conflicto que necesita ser estudiado a profundidad para conocer no sólo los actores que lo impulsan, sino los discursos y mecanismos concretos que utilizan para producir el espacio y ejercer el poder. Elementos que darán respuesta a las interrogantes ¿de quién es la tierra?, ¿quién detenta el poder?, ¿cómo ejerce el poder quien lo detenta? y la más importante para el análisis socioterritorial ¿cómo produce el espacio quien tiene la tierra y quien detenta el poder? Respuestas que no podré exponer acá por falta de tiempo, pero que son objeto del análisis socioterritorial de la lucha entre territorialidades que realizo en mi investigación de doctorado. Muchas gracias. Bibliografía:(…)

Fuente: http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2014/Emiliano%20Diaz%20Carnero.pdf

En consecuencia, abajo y a la izquierda, es prioritario generalizar la percepción de las disputas entre territorialidades y no sólo la del Nunca Más al extractivismo sino también la que advierte: "no hay fórmula post-extractivista que valga, por más deslumbrante que sea la promesa, si se niega a reconocer la soberanía popular-territorial, si se rehúsa a privilegiar la riqueza ontológica de la vida, los procesos ecológicos de producción de valor. En este sentido, el proyecto ético-político que constituye la crítica al extractivismo, se centra en la defensa y reproducción de los comunes, de lo común. (...)

 

El ámbito y la producción de los comunes, claramente diferente del ámbito histórico de lo público y lo privado, no sólo se define a partir de la acción colectiva, constitución de comunidad, y/o tejidos cooperativos (estables o no) entre sujetos, sino en la manera sinérgica y armónica en la cual interactúan con sus ecosistemas para reproducir la vida inmediata. Los bienes comunes, la riqueza común del mundo material e inmaterial (agua, biodiversidad, saberes, etc.), son comunizados en la gestión social colectiva, mediante acuerdos intersubjetivos para garantizar la subsistencia, sin agredir a cualquier otra experiencia de comunes. Es en este sentido, que hablamos de un concepto biopolítico de lo común: los bienes para la vida son componentes de un ecosistema, al igual que los humanos y las interacciones sociales. Se trata de un concepto ecológico cualitativo[4] para la reproducción de la vida".

 

El sentido comunal de la crítica al extractivismo

20 de mayo de 2015

Por: Emiliano Terán Mantovani

Como los conquistadores del Far West americano, el capitalismo avanza hacia el desierto”.

José Natanson

 

Como si fueran equivalentes Estado, Gobierno y Administración. Como si el Estado fuera el mismo, como si tuviera las mismas funciones de hace 20, 40, 100 años. Como si el sistema fuera también el mismo y mismas las formas de sometimiento, de destrucción. O, para ponerlo en términos de la Sexta: las mismas formas de explotación, represión, discriminación y despojo. Como si allá arriba el Poder hubiera mantenido invariable su funcionamiento. Como si la hidra no hubiera regenerado sus múltiples cabezas.

Subcomandante Galeano (EZLN), abril 2015

 

Como lo han planteado recientemente los zapatistas, esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera o una tormenta? Los crecientes rasgos de caos sistémico que se desarrollan ante nuestros ojos, interpelan con fuerza, una y otra vez, el sentido de los debates políticos sobre transformaciones y resistencias a la incesante expansión del capital; impactan sus dinámicas, crean constantemente encrucijadas, dilemas éticos; hacen que sean cada vez menos útiles algunos análisis centrados en los aspectos formales y regulares de los sistemas.

El movimiento salvaje del capital ha convertido al sistema capitalista contemporáneo en una especie de Frankenstein. Se trata en efecto, de un régimen de biopoder global muy asimétrico, pero que se despliega en un sistema de altísima complejidad e incertidumbre, con crecientes manifestaciones caóticas, de múltiples bifurcaciones, inestabilidades, fragmentaciones y volatilidades, sin precedentes en su historia; un proceso que recuerda también la metáfora de Marx en el Manifiesto Comunista, aún más pertinente para nuestros tiempos, del brujo que se vuelve impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. Bajo los pies de todo el juego geopolítico actual, de la guerra mundial por los recursos, de todas las pugnas territoriales de poder que hoy se desarrollan, se reproduce un orden metabólico incontrolable, como lo ha planteado István Mészáros.

En este sentido, y con respecto a los sistemas extractivistas latinoamericanos, ¿qué impacto tendrá para éstos, sus pobladores, sus territorios, el desarrollo de esta crisis civilizatoria, en relación a los distintos niveles de vulnerabilidad de la región? ¿Cómo leer las mutaciones regresivas del «ciclo progresista» en los últimos años, a la luz de la dinámica de caos sistémico global? ¿Cómo se vincula esto, con los notables cambios en los órdenes metabólicos de nuestros países de la última década, que en diversos casos, como el venezolano, hace manifiesto los límites y el agotamiento de sus modelos de “desarrollo”?

 

De esta compleja coyuntura histórica, se desprenden también otra serie de preguntas fundamentales, ¿cuáles son pues, los horizontes positivos, programáticos, éticos, políticos de la crítica al extractivismo? ¿Hacia dónde apunta? ¿La crítica al extractivismo debería servir para apuntar al “desarrollo” de una “economía nacional” industrializada? ¿El centro de los objetivos es mejorar la producción, la productividad, y engordar el sector secundario? Ante las crecientes manifestaciones de caos sistémico, ¿hacia dónde se dirige la crítica?, ¿quiénes gestionan en los países o territorios de América Latina, las transformaciones y paliativos ante el agravamiento de la crisis global? ¿Qué podrán ser capaces de ofrecer los Estados extractivistas (periféricos) ante esta situación?

La “primavera” progresista, viva y movida en la década pasada en muchos países de la región, que avivó los debates sobre el neoextractivismo, se ve cada vez más lejos en el retrovisor, y es opacada por los nubarrones visibles en el horizonte. Las cosas van cambiando a un ritmo sostenido.

Los anhelados Estados de bienestar, parecen formas políticas coyunturales de un momento del desarrollo histórico capitalista, de una serie de condiciones, que no parecen poder repetirse en la actualidad. ¿Cómo se conjuga la soñada industrialización, con los límites de la expansión de los procesos de reproducción ampliada de capital, a escala planetaria?, ¿cómo queda el afán de “desarrollo nacional” ante el hipotético «fin de los ciclos Kondratieff»[1]?, ¿a cuánto tiempo, y en qué escalas geográficas va a ser posible planificar?, ¿cuál es nuestra capacidad para atenuar los notables grados de vulnerabilidad sistémica que posee la región, ante situaciones difíciles?, ¿qué formas van tomando las disputas territoriales y qué capacidad puede mantener el Estado para monopolizar su poder en territorio nacional? Y en este sentido, ¿qué papel político pueden jugar las diversas formas de extractivismo delincuencial[2] que operan en América Latina?

Ante semejantes amenazas, incluso a la propia posibilidad de vida humana en el planeta, el sentido ético-político de la crítica al extractivismo centra su mirada en la reproducción de la vida y sus ciclos, en el más amplio sentido de la palabra ―no solo vida humana―. Se trata de una moneda con sus dos caras: una que busca desnudar al extractivismo mostrando sus límites y consecuencias, poniendo en evidencia sus narrativas y aspectos programáticos, y la falsa idea de que “no hay alternativas”; la otra, intenta visibilizar que no hay fórmula post-extractivista que valga, por más deslumbrante que sea la promesa, si se niega a reconocer la soberanía popular-territorial, si se rehúsa a privilegiar la riqueza ontológica de la vida, los procesos ecológicos de producción de valor. En este sentido, el proyecto ético-político que constituye la crítica al extractivismo, se centra en la defensa y reproducción de los comunes, de lo común.

 

Caos sistémico y territorios en resistencia: la biopolítica de los comunes

El desafío a los capitalismos extractivos, al ser éstos órdenes metabólicos transterritoriales[3], son no sólo horizontes políticos del campo rural, campesino o indígena, sino también urbano. El ámbito y la producción de los comunes, claramente diferente del ámbito histórico de lo público y lo privado, no sólo se define a partir de la acción colectiva, constitución de comunidad, y/o tejidos cooperativos (estables o no) entre sujetos, sino en la manera sinérgica y armónica en la cual interactúan con sus ecosistemas para reproducir la vida inmediata. Los bienes comunes, la riqueza común del mundo material e inmaterial (agua, biodiversidad, saberes, etc.), son comunizados en la gestión social colectiva, mediante acuerdos intersubjetivos para garantizar la subsistencia, sin agredir a cualquier otra experiencia de comunes. Es en este sentido, que hablamos de un concepto biopolítico de lo común: los bienes para la vida son componentes de un ecosistema, al igual que los humanos y las interacciones sociales. Se trata de un concepto ecológico cualitativo[4] para la reproducción de la vida.

 

Esta noción potenciadora de la crítica al extractivismo tiene importantes implicaciones políticas que es necesario resaltar.

  • En primer lugar, ante escenarios de caos sistémico, de gran complejidad y alta incertidumbre, en los cuales los entornos pueden cambiar rápidamente (en términos políticos, sociales, climáticos, etc.), el principio de orden es la comunidad y lo comunitario. Si los sistemas se caotizan, son las fuerzas sociales territoriales las que tienen principalmente el alcance y la capacidad de resistir y/o transformar las múltiples perturbaciones que afectan la reproducción de su vida cotidiana. Es en lo molecular donde lo común puede luchar contra los estragos del caos capitalista.
     

  • En segundo lugar, si el capital penetra todos los espacios y ámbitos de la vida humana ― por esta razón es un sistema “totalitario” para Mészáros ―, esto implica que en primera instancia, es en ellos donde las formas de lo común no sólo producen sus resistencias territoriales, sino también germinan las formas futuras del cambio histórico en desarrollo. Mientras que las corrientes hegemónicas de la política en América Latina acotan todo el discurso en plantear cuál es el mejor balance entre Estado y Mercado, los comunes, con su diversidad de potencialidades y situaciones, trazan sus propios libretos e intentan defender y ejercer su soberanía territorial, y conformar mejores balanzas de poder con los gobiernos instituidos, sobre la premisa de un mandar obedeciendo o un «poder obediencial» (E. Dussel); esto tanto en los ámbitos rurales o semi-rurales (por ejemplo, las resistencias actuales contra el proyecto minero Tía María, Arequipa, Perú), como en los urbanos (por ejemplo, la Asamblea Ciudadana en defensa del parque Alberdi en Santa Fe, Argentina, o los campamentos de pioneros en Caracas, Venezuela). En todos los casos, el horizonte anti y post-extractivista desde lo común, recentra la producción de lo político en la vida inmediata colectiva de los y las pobladoras, sin que eso implique el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas biorregionales, nacionales, continentales o globales.
     

  • En tercer lugar, una noción biopolítica de lo común resalta el carácter biocéntrico de su proyecto emancipatorio –biocéntrico por estar centrado en la Vida, en el más amplio sentido de la palabra (no solo vida humana), sin por esto borrar al ser humano–. Esta idea invita a preguntarse, ¿dónde está la riqueza?, ¿dónde está la energía?, ¿dónde se produce el valor?

 

La lógica de expansión geográfica, de crecimiento geométrico y fractal del sistema capitalista, no se da sólo en la superficie del campo social, ni únicamente por medio de la intervención del trabajo vivo humano, como se ha planteado generalmente desde las teorías antropocéntricas del valor; sino se desarrolla fundamentalmente a partir de la búsqueda permanente de dominación de la propia reproducción de la Vida y sus ciclos. Aparte de la dominación sobre el trabajo vivo humano, la captura energética que produce el movimiento del capital y sus circuitos de acumulación se obtiene también de la producción de vida de los demás componentes de un ecosistema. Incluso el trabajo vivo humano se alimenta de éstos. Es imposible abstraer el plusvalor de la vida ecológica.

Estas omisiones son reflejo de la concepción de la economía humana como un meta-sistema, en vez de considerarlo como continuación del proceso reproductivo de la Vida. La centralidad del trabajo humano objetivado, ha dejado de lado otros productos no humanos constitutivos de la vida social –no sólo los residuos, sino los diversos procesos de transformación de energía que alimentan a otros componentes–, los cuales se subsumen al primero.

El sistema capitalista pues, antes que un orden metabólico “social”, es primero un orden metabólico territorial. Produce sus propios ecosistemas, en los cuales instituye, de manera simultánea, formas de dominación sobre los humanos y sobre la naturaleza. Aliena la riqueza ontológica de la vida[5] para hegemonizar la forma dinero.

 

Hay una relación muy estrecha (pero invisibilizada, o muy poco atendida) entre energía y valor –valor definido ahora, en su amplio sentido ecológico–. Las omisiones tradicionales sobre dónde está la energía, la riqueza, o dónde se produce el valor, no sólo están muy vinculadas con las causas de la crisis ecológica global, sino que la visibilización de estas formas bio-económicas, tiene relación con las posibilidades de potenciar formas de autonomía material para pueblos, en la medida en la que se recuperan, rescatan o expanden formas de producción, aprovechamiento y uso de energías de escalas moleculares, descentralizadas, provenientes de la riqueza propia de los ecosistemas que constituyen la vida social.

 

La energía pues, no está sólo en los macro-procesos energéticos –aunque estos son los hegemónicos–, no sólo es la que aparece reflejada en las estadísticas de los informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), de la OPEP, de la BP, o de los ministerios de energía de nuestros países. Hay múltiples procesos moleculares de producción de energía en numerosas formas de la vida cotidiana, muchas de las cuales están íntimamente vinculadas con diversas formas de resistencia (directas o indirectas) a la dominación capitalista, con tramas comunales y cooperativas, y/o con prácticas ecologistas que buscan revertir los procesos depredadores del sistema moderno.

 

En este sentido, podemos hablar de energías insurgentes o disidentes, en la medida en la que su producción biopolítica crea y posibilita prácticas sociales más allá del capital[6]. Son una especie de lógicas populares de «permacultura» que, con variados alcances, ofrecen vías para la producción de lo común, y referentes materiales para enfrentar las consecuencias de la crisis civilizatoria y el caos global.

 

 

Cinco principios de la biopolítica de los comunes

A partir de lo antes expuesto, proponemos cinco principios fundamentales en relación a energía, caos sistémico y producción de lo común:

a. Tenemos que apropiarnos de nuevas escalas de valor y nuevos conceptos de riqueza: nuevos parámetros en la representación del valor, que tengan un carácter biocéntrico, que permitan no sólo desmantelar el aparato argumental que justifica al extractivismo, sino reformular nuestros patrones de vida cotidiana, nuestros horizontes políticos, nuestros procesos de producción de subjetividad, y nuestras capacidades materiales de autogestión, en la medida en la que desarrollamos nuevas relaciones ecosistémicas, que sean ecológicamente productivas, y que se potencian a partir de la gestión cooperativa.

 

b. Comunismo resiliente: la producción de lo común es imperiosa ante el caos sistémico. Junto con la conciencia de la crisis civilizatoria, y de sus posibles consecuencias socioterritoriales, está el concepto de resiliencia, que nos remite a la capacidad de una comunidad/ecosistema, de soportar y recuperarse ante perturbaciones significativas del mismo. En este sentido, es fundamental recuperar los procesos que hacen posible la reproducción de la vida social y mantenerlos cerca de nuestros territorios, como lo propone Rob Hopkins[7]. Difícilmente se puedan pensar procesos de transformación y resistencias sociales más allá del concepto de resiliencia.

 

c. Otras soberanías: comunizar, ocupar y reapropiar: reconocer que los ecosistemas básicamente funcionan de manera cooperativa y no jerarquizada, y que los bienes comunes para la vida no pertenecen exclusivamente a nadie, no basta para producir lo común. El tipo de relación y gestión común que se produce entre los sujetos, y su relación con los ecosistemas debe ser ejercido. De esta forma, si se trata de un open source, de una empresa de propiedad mixta, de una okupa, o de una comuna venezolana legalizada por el Estado socialista, es secundario. No interesan primordialmente los aspectos formales o nominales de estas gestiones, sino la potencialidad política popular de ejercer la soberanía y lo común sobre el territorio y los bienes para la vida, sea por vías de acción directa o bien por negociaciones vistas desde el «poder obediencial».

 

d. Comunizar a partir de la reproducción de la vida: como lo ha reconocido Silvia Federici, la centralidad de la política y la economía, ha girado en torno al campo de los medios de producción, dejando de lado lo que ha denominado los «medios de reproducción de la vida», un campo que no sólo ha sido llevado fundamentalmente por la mujer, sino que también ha sido el ámbito de la vida social donde suelen reproducirse las formas de lo común[8]. Es por tanto esencial, recuperar la reproducción de la vida como elemento central de la política.

 

e.  Las diversas tradiciones de lucha, las diversas formas de lo común: cada territorio, cada nación, tiene tejidos y formas cooperativas y comunitarias diversas, con cosmovisiones, parámetros y complexiones diferentes. Pueden tener viejas tradiciones ancestrales o ser más contemporáneas y fragmentadas como los grandes ámbitos urbanos. Son estas las características ecosistémicas que definen cada una de estas luchas, sus puntos de partida, y no así lo es un libreto pre-establecido, aunque es importante compartir algunos horizontes ético-políticos de lucha. Hemos insistido, por ejemplo, para el caso venezolano, que la subjetividad contrahegemónica más potente y masiva de la historia del capitalismo rentístico es el «chavismo», y que esta es una fuerza que se constituye ontológicamente de abajo hacia arriba, aunque esto haya sido presentado generalmente al revés[9], y aunque diversas tramas corporativas intenten capturar su potencia popular-insurgente. Como lo han reconocido Negri y Hardt, “uno de los escenarios decisivos de la acción política hoy implica la lucha en torno al control o la autonomía de la producción de subjetividad[10]. Cada experiencia de producción de lo común, se enfrenta no sólo a la conflictividad geopolítica, a la crisis civilizatoria, sino también a la micropolítica de agresión sobre estos procesos contrahegemónicos de subjetividad, de corporalidad, de creación de nuevos sentidos comunes. He ahí uno de los grandes desafíos para estos procesos de transformación, en todas sus escalas, que se vive con enorme intensidad en la Revolución Bolivariana.

 

Caracas, mayo de 2015

Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG).

Referencias bibliográficas:(...)

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/169743