Qué Estado

Noviembre 2016

Con democratización por reforma agraria yendo contra feudos, presidencialismo, casta política, cgts y sus transnacionalizaciones.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Recordemos a Emiliano Díaz Carnero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su explicación de cómo el acaparamiento o concentración de tierras por grandes capitales va más allá de simples toma de posesión y despojo, de ahí el papel relevante en el arraigo de la soberanía popular de:

 

La lucha entre territorialidades

La lógica socioterritorial del capital, al irse expandiendo y al ir subsumiendo de manera formal y real territorios y formaciones sociales, va destruyendo instituciones sociales y formas de organización del trabajo de las formaciones sociales en las que se impone; al mismo tiempo que modifica las estructuras espaciales de cada territorio al imponer la territorialidad capitalista del patrón de reproducción de ese contexto histórico geográfico específico. La expansión e intensificación de la subsunción formal y real del capital modifica la producción socioterritorial de cada formación social que va destruyendo a su paso. Lo que es más evidente al momento de estudiar la estructura agraria o de propiedad de cada país, que hace referencia a los conflictos agrarios; así como las relaciones sociales, las instituciones sociales y las estructuras espaciales de cada formación social, que hace referencia a los conflictos socioterritoriales y que presupone e incluye los conflictos agrarios. Sin embargo, la expansión de la lógica socioterritorial del capital y las territorialidades que cada patrón de reproducción de capital va produciendo y reproduciendo no se imponen de manera pacífica en los territorios de las diversas formaciones sociales. Se impone a través de la violencia, a través del “hierro y la sangre” diría Marx.

 

Por lo que es muy importante analizar la resistencia al despojo, a la explotación, a la subordinación, al dominio y al control que impone el capital. Es importante analizar las luchas de resistencia, los sujetos que las realizan, las formas y modos como las formaciones sociales (movimientos sociales, campesinos, pueblos indios, etc.) se oponen y se niegan a ser subordinados, dominados y controlados por el capital. Por lo anterior, el análisis socioterritorial estudia la lucha entre territorialidades, entre las territorialidades de cada patrón de reproducción de capital y las múltiples territorialidades de las diversas formaciones sociales que el capital busca subordinar .(…)

Fuente: http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2014/Emiliano%20Diaz%20Carnero.pdf

 

 

Conozcamos y discutamos sobre la actualidad e historia de resistencia de los pueblos originarios tanto en el país como en Nuestra América. Resistencia que debemos percibirla nuestra para ir construyendo el Nunca Más al poder económico e imperialista y a su Estado.

 

 

Está la memoria, falta la justicia
27 de octubre de 2016

La comunidad Oñedie fue en estos días escenario de la memoria. Territorio recuperado luego de ser usurpado durante años por Gendarmería Nacional tras la masacre de Rincón Bomba, los 69 años que se recordaron en octubre recorrieron como mil sombras ese escenario de memoria que montó la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá. 

 

Por Mariano González para Agencia de noticias Pelota de Trapo

Promediaba 1945 y Juan Domingo Perón sembraba promesas de reforma agraria que se llevaría la lluvia. Los “socialistas” como Alfredo Palacios apoyaban la llegada a la presidencia de Robustiano Patrón Costas, quien signado por su nombre era el dueño de las vidas y las muertes de la mano de obra esclavizada de los ingenios del Norte argentino y uno de los artífices del despojo de los kollas. Ya en 1946, los kollas del malón de la paz, tras caminar dos mil kilómetros durante casi tres meses, renaciendo y renombrando los pasos de Tupac Katari, llegaron a Buenos Aires. Fueron recibidos por el General Perón, ya investido de presidencia.

Tras las sonrisas protocolares fueron “alojados” en el hotel de inmigrantes, revistiendo a la indiada de ese simbolismo de extranjeridad que perdura en las pieles.

Bajo un cruel silencio fueron semanas después obligados a subir a un vagón que los arrojaría al olvido en Abra Pampa. sin tierras, sin reforma agraria, sin justicia, precediendo, de alguna manera, la masacre de Rincón Bomba, que un año después se desataría a orillas del Madrejón.

Antes de que las balas de la Gendarmería Nacional, acribillaran el pecho indio, el cacique Pablito (Oñedie) había sido invitado a Buenos Aires a entrevistarse con Perón. Su madre soñó la tragedia esa noche y advirtió a su hijo, Oñedie, que no viajara porque no volvería.

El 10 de octubre a las seis de la tarde la Gendarmería Nacional, por orden del Ministerio de Guerra, vomitó balas sobre los Pilagá congregados en la cercanía del río Madrejón, convocados por Luciano Córdoba (Tonkiet), líder espiritual y sanador. Los cantos se iban acumulando a medida que más y más personas llegaban en busca de la palabra de Tonkiet. En ese entonces, la Constitución Nacional aún rezaba que había que “conservar un trato pacífico con los indios y promover su conversión al catolicismo”, a la vez que existía un régimen de colonias al que eran sometidos los Pueblos Originarios y luego trasladadas a la zafra como mano de obra semi-esclava, disciplinando los cuerpos e introduciendo a los ´salvajes´ a los márgenes del sistema. Los Pilagá estaban fuera de esas colonias, convocándose y expresándose.

Los dueños del poder, temerosos de una rebelión, catalogaron a la celebración política-espiritual de los Pilagá como un Malón que saquearía el pueblo de Las Lomitas.

No fue un error, sino una acción premeditada de buscar el temor y el consenso previo a la matanza. Con la estigmatización y el terror infundido, la masacre encuentra costas donde desembarcar, mientras la población civil hace la vista gorda y los medios de la época guardan un silencio indeleble que duraría años. Pero los ancianos sobrevivientes han sabido cuidar la brasa de una memoria oral que revive con los vientos de la palabra.

La persecución duró varias semanas, incluyendo el bombardeo, seis días después, de un avión Junker, proveniente de Buenos Aires desde el que llovieron balas y la decisión política de matar.

Masacraron a varios centenares de personas, violaron niñas y mujeres, mutilaron cuerpos indefensos, desarmados; quemaron vidas aún con el último hilo de vitalidad en la garganta.

Se los oye tras el primer suspiro de la tarde. Hombres, niños y mujeres caminan la lengua del silencio. Sin patrones, ni estancieros ni el sutil puntero preñado de vanguardia.

Adelante las mujeres cuecen unos ojos duros y un paso que parece de otro tiempo, detrás los ancianos murmuran recuerdos inaudibles, de un pasado cada vez más hondo, como recitando memorias que un persistente viento del norte llevará lejos. Custodian su paso los muertos de ayer y de hoy, los acribillados por las balas uniformadas, los que dejaron sus pieles y sus huesos en hoyos sin nombre, los que sangraron el pecado de ser indios, los que aguardan todavía ser desenterrados del fondo de la historia.

En la escena de la memoria estaban los que nunca faltan. Nora Cortiña, Madre Línea Fundadora. Pablo Pimentel, APDH Matanza. Solano Caballero es uno de los dos sobrevivientes querellantes de la causa penal que permanecen con vida. Habló en idioma Pilagá y desovilló sus recuerdos sobre aquel 10 de octubre de 1947, lejos de la lealtad y lejos de la justicia social. Cerca del sistemático genocidio indígena sobre el que se fue edificando el Estado Nacional y la “argentinidad”. Recordó que siendo un niño, con 13 años en sus bolsillos, aquella tarde eligió no huir, no correr ante la balacera, sino esconderse detrás de un quebracho colorado, al resguardo de las balas. Sus ojos inciertos de futuro veían cómo sus hermanos caían, derramando sangre y lágrimas.

Ahora ya anciano, Solano, apoyándose sobre un bastón de palo mataco de fuerte simbología entre los Qom y Pilagá, revivió con un suspiro ahogado años de búsqueda de justicia a tientas. El naranja del cielo se demoraba un poco más entreverado con la tormentosa palabra del dolor y amansándose tras la primera negrura del ocaso. Después, la voz de los máximos dirigentes de la Federación: Bartolo Fernández, Presidente; Noole (Cipriana Palomo), Presidenta del Consejo de Mujeres y Ángel Navarrete, Presidente del Consejo de Ancianos.

Noole recordó el dolor de los ancianos “que durmieron con la esperanza de ver la justicia que no llegó”. Reafirmó que la organización seguirá adelante con la búsqueda de justicia e impulsando un proyecto de ley para que se reconozca la matanza de Rincón Bomba como un hecho visible, que forme parte de la historia argentina en la educación y en los diferentes ámbitos del Estado, esperando ver la justicia tan esperada.

Aunque el camino de acceso sea muy largo, tan largo, sobre todo para los pobres.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article13073

 

 

Apreciemos la conclusión a que se llega desde la resistencia campesina al despojo capitalista e imperialista y que no surgió abajo como frente contra

la concentración económica política:

 

 

 

“Nunca va a haber justicia social mientras la tierra esté en pocas manos.”
27 de octubre de 2016

Conversación con Benigno López y Héctor Agüero del Frente Nacional Campesino. "La característica principal es que los que integran el FNC son muy productores, muy campesinos, muy de campo adentro del territorio, de profesión productor trabajador rural. Somos en su gran mayoría lo que se denomina criollos (o sea el productor nativo del interior) y pueblos originarios, o sea que es diverso, con distintas culturas lógicamente, pero mayoritariamente bajo la denominación campesina", afirma Benigno. 

Por Huerquen Comunicación en Colectivo

- ¿Cómo se arma el Frente?

Benigno López: El Frente Nacional Campesino (FNC) tiene varias vertientes. Se conforma en el 2008, cuando hicimos una asamblea de organizaciones en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo donde diferentes organizaciones de distintas provincias decidimos conformar lo que denominamos Frente Nacional Campesino. Había organizaciones de Formosa, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy, San Juan, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Neuquén. Es una organización de organizaciones de hecho, otros son grupos, o asociaciones otras son cooperativas, o sea es muy heterogéneo.

La característica principal es que los que integran el FNC son muy productores, muy campesinos, muy de campo adentro del territorio, de profesión productor trabajador rural.
Somos en su gran mayoría lo que se denomina criollos (o sea el productor nativo del interior) y pueblos originarios, o sea que es diverso, con distintas culturas lógicamente, pero mayoritariamente bajo la denominación campesina.

Creo que al Frente lo que lo identifica es que es diverso en cultura, en geografía, en producción y con una posición política ideológica tirando a lo homogéneo. Es decir, la gente que está en esta organización pelea por la tierra, por las semillas, por el acceso al agua, pelean por mejorar las condiciones de vida de donde viven, por el arraigo, contra los desalojos, pelean por proteger el monte, se pelea por los precios para la producción, porque la producción nuestra sea de calidad, sana y a su vez beneficie a los consumidores.

Estamos participando de lo que hoy es el Consejo de la Agricultura Familiar Campesina Indígena en el Ministerio de Agroindustria, fuimos parte de la construcción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, estamos en el proceso de reglamentación, y estamos haciendo un trabajo de difusión. Ahora también estamos involucrados en que salgamos lo mejor parados posible como sector en esta pelea por la modificación de la ley de semillas que propone el ejecutivo. Tenemos una ley antigua, de la época de la dictadura pero lo que se propone es peor. Tratamos de aportar nuestro granito de arena para que salgamos de esto lo mejor posible: si se pudiera, lograr que no se modifique y si no, que sea lo más favorable posible.

El desafío del FNC es el desafío que tiene el sector en general. Estamos en momentos muy críticos. Es necesario acordar con la mayoría de las organizaciones por lo menos algunas cuestiones elementales y pelearla. Uno es que se concrete la reglamentación de la Ley (de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar) que creemos que se va a dar en septiembre, y que salga lo más parecido a lo queremos. Hay que pelar porque la ley tenga presupuesto, que exista una secretaría por lo menos y que exista presupuesto. Que esos programas y proyectos lleguen a los productores y a su vez existan espacios de participación en cada provincia.

Héctor Agüero: Para agregar a lo que decía Benigno, el Frente está constituido por organizaciones que tienen vida propia de treinta y pico de años antes o más. Digo esto como dato concreto, porque se ha puesto de moda después de lo de la 125, que han aparecido muchas organizaciones campesinas de productores y demás, con Personería Jurídica, pero bueno nosotros después de mucho camino llegamos a la conclusión de articularnos y darnos una representación nacional en lo político y en lo legal.

Benigno: Otra característica también es que nosotros nos hacemos cargo de la historia de este sector, porque no todos se quieren hacer cargo. O sea yo soy hijo de gente que estuvo en las Ligas Agrarias, a su vez fuimos expulsados en época democrática de los primeros gremios rurales y conformamos el MOCAFOR (Movimiento Campesino de Formosa) y asumimos toda esa historia y rescatamos todas esas reivindicaciones de las ligas agrarias y nos hacemos cargo de los aciertos y de los errores.

- ¿Cuál es la situación actual del sector?

Benigno: Es una situación crítica. A pesar de que somos muy diversos a todos nos toca una situación muy crítica, tanto en la Patagonia como en las regiones del NOA, de Cuyo, del Centro, del NEA. El sector está en pleno retroceso en lo económico, en lo productivo, en lo social e incluso en lo cultural y sin perspectiva alentadora. ¿Por qué? Porque rige un sistema político y económico neoliberal en la Argentina y en ese marco nuestro sector es débil, existe mucha fragmentación y a pesar que estamos trabajando para que crezca la articulación entre las organizaciones, tenemos una Secretaria de Agricultura Familiar que es un espacio del Estado que no tiene presupuesto, que no tiene programas y proyectos para el sector, y a su vez, el sector se enfrenta con las importaciones, con el aumento de los insumos, con una serie de problemas que genera este modelo liberal de apertura de libre mercado.

Para darles un ejemplo, los criadores de cerdos tienen muy alto el costo de los productos de la alimentación del cerdo y a su vez se importa cerdo y eso es insostenible. Por otro lado, los tamberos están destruidos, del pequeño algodonero de Chaco, Formosa, algo de Santa fe y Santiago del Estero muy poco queda, y los Gobiernos impulsan el paquete de tecnología “Monsanto”, entonces el pequeño productor recibe la semilla, usa agro tóxicos, descuida los otros cultivos de subsistencia y de renta y cuando hace los números en realidad siempre se
encuentra con deudas. Muchísimos pequeños productores están vendiendo su pequeña parcela de tierra. Así pasó con el pequeño cañero en Tucumán, así pasa con los citricultores de Entre Ríos y Corrientes, así pasa con los horticultores de distintas provincias, con los productores de manzana y pera en Río Negro y así pasa con los pequeños ganaderos en todos lados. Estamos en una encrucijada terrible por diferentes factores y también para empeorar las cosas, está el factor climático. En la región del gran Chaco venimos de superar cuatro años de sequía donde hubo una mortandad de animales y una perdida fenomenal. Y el Estado no asistió. Existe una Ley de Emergencia Agropecuaria, pero en un año los fondos se devolvieron por no haber sido utilizados a tiempo. El productor queda muy debilitado.

Ahora vinieron lluvias y la zona del Chaco seco se está recuperando, pero con menos
ganado, con la sanidad descuidada, y en la zona de lo que es el gran Chaco húmedo hubo muchísima lluvia entonces el pequeño ganadero y el pequeño productor horticultor y maicero perdió su cultivo y su ganadería, y la asistencia del Estado es clientelar, solamente para los amigos. Esa es la situación, ahora bien ¿Se puede revertir? Si, algo se puede hacer pero es imprescindible la unidad de las organizaciones e incluso hay que pensar de ver ciertos acuerdos tácticos con los medianos porque también están desapareciendo. Y tener una articulación y tomar posturas comunes frente a las Instituciones del Estado. Hacen falta
políticas públicas para el sector. Debemos frenar la Ley Monsanto de Semillas juntos. Y más que antes es necesario que la ciudadanía, la población urbana, conozca de que se trata el otro campo. El campo no es solo lo que te muestra TN u otros canales de televisión. El campo es mucho más amplio. Si se entiende esto se va a comprometer. Yo tengo esa esperanza. Porque buena parte de los argentinos quieren consumir alimentos sanos (si supieran lo que consumen yo creo que no lo harían) y después pelear por otros modelos, otros paradigmas.

Por supuesto que esto involucra otro modelo de país.

Yo creo que la ciudadanía debería saber que consume. De donde viene y como se produce lo que consume, y que la única garantía para cambiar ese modelo de alimentación es la agricultura familiar, campesina e indígena. Pero para eso hace falta presencia del Estado pero el Estado está ausente o cuando está presente es para reprimir, nunca esta para ayudar.

Héctor: Este es un modelo que favorece a los grandes en perjuicio de los chicos, de la diversidad y que esta poniendo en riesgo la salud. Está la necesidad de articular con lo urbano donde alguna gente puede tener una mirada economicista y dice la ciudad es todo asfalto, no hay tierra, no hay donde sembrar y son consumidores de lo que yo siembro acá, pero está la otra mirada que en el medio hay una intermediación que es la que se queda con la ganancia, y por lo que el consumidor paga un alto costo que no le llega al productor y hay gente que está viviendo de una producción que no le costó nada. Y por otro lado, en el camino cuando una leche, un tomate, se envasa, ya tienen colorantes, conservantes, estamos
hablando de la incorporación de productos químicos al alimento.

Y una cuestión que desde el Frente planteamos es que las perspectivas de salir de esto son positivas en la medida en que empecemos a discutir con agenda propia los productores, la ciudadanía. Que quiero decir con esto: si empezamos a mirar que los alimentos son constructores de la salud, vamos a tomar conciencia qué estamos pagando, a quien estamos dando nuestra plata, qué estoy poniéndole a mi cuerpo, qué es un producto fresco… empezar a diferenciar ese tipo de producción, dejando de lado también a los vivos que te dicen que porque es orgánico te lo vendo más caro. Tampoco es así.

Y otra cosa que planteamos desde el Frente es la necesidad de discutir un modelo agropecuario en Argentina. Acá nunca hubo un plan. Hasta la 125 no había un Ministerio de Agricultura, era una Secretaria. Esa es una cosa positiva que dejó la 125, que se recategorice, se de valor y tengamos un Ministerio de Agricultura con una Subsecretaria de Agricultura Familiar adentro que después fue Secretaria. Estamos hablando de 200 años de Estado.

El sector del cual son parte Uds. siempre estuvo caracterizado como un sector chico, pobre y como que la política que había era de contención social, no son considerados como un sector productivo…

Héctor: Si, esa es la mirada del Estado. Para el Estado, ¿Somos un sujeto de asistencialismo o un sujeto para el desarrollo? Pero la cuestión es que nunca hubo un plan agropecuario, un modelo de desarrollo para este país. Cuando convenía hacer vacas, hicieron vacas, cuando convenía hacer miel, hicieron miel. Por eso lo de granero del mundo. Vamos a exportar lo que se pague, lo que se venda. Pero modelo propio nunca tuvimos.

Esto está en el debe de todas las organizaciones. Empezar a hablar de un modelo productivo, de un modelo de desarrollo.

- Uds. decían que estamos en crisis en lo económico, en lo político y también en lo cultural. ¿Pueden desarrollar por qué es una crisis desde lo cultural?

Benigno: Creo que nada es casual. Ser del campo, de este campo que nosotros hablamos, tiene su identidad cultural y tiene raíces históricas. A su vez el modelo capitalista trata de convencerte que lo más importante de vos es que sos un individuo consumidor, y te convierte en un robot donde tenes que pensar de una manera, hablar de una manera, vestirte, escuchar música como ellos te dicen y comer la comida que se estandariza.

Terminas siendo un objeto, no un sujeto. Esto afecta a toda la sociedad, en el campo también.

No creo que nadie pueda ser libre si no está orgulloso de su pasado, de su identidad, de su historia. Si la sociedad no está orgullosa de ser lo que es, no existe posibilidad de liberación y terminas siendo esclavo del sistema Capitalista en sus distintas versiones que nos reduce a un objeto de consumo. Y esto al campo afecta mucho. Por ejemplo, te aplican paquetes tecnológicos, te rompe toda tu cultura milenaria de producción, de consumo, de subsistencia y te convierte en un esclavo de ese paquete, con lo cual perdes toda posibilidad de ser libre e independiente.

- Y esto de “lo atrasado”, lo pasado, “lo que debemos superar”, ¿No se juega en relación al agronegocio también?

Benigno: Si, porque producen algún transgénico, alguna soja, o sea, se vendió bien que este paquete tecnológico es el progreso y que el resto es el atraso total y sos un bárbaro si seguís en ese modelo. Eso te lo imponen a través de Instituciones Públicas, a través de los medios de comunicación. Incluso en el mercado, o sea, vos queres producir un zapallo en el nordeste para vender en la región central del país, tenes que caer en las manos de estas tecnologías, y si no, no te compran. Es más, al consumidor también se le dijo qué es lo que tiene que comprar en productos agropecuarios.
Por ejemplo, nuestro zapallo criollo es más rico que el zapallo negro, híbrido, japonés, pero la televisión te muestra ese, y la gente compra el japonés híbrido, que ni siquiera se puede reproducir. También, pasa con el maíz y con la
sandía por ejemplo. No es el más rico en realidad, es el que la televisión te vende. Y eso es el progreso, estar en onda y lo otro es estar en el pasado, en el salvajismo.

Héctor: Esto es un elemento fuerte que el mercado usa y va a volver a usar con esto de la Ley de Semillas para decir que esta semilla es mejor que la nativa y criolla. “La sandía pesa cinco kilos más, la cebollas pesa doscientos gramos más y son todas parejitas con una medida estándar”…nos vienen con eso, que lo de afuera es mejor, y eso ha hecho carne en buena parte de la sociedad.

Uds. como dirigentes del frente, de ese campo profundo, ¿Cómo ven este momento endonde el Presidente habla constantemente del campo como el motor de desarrollo?

Benigno: Él se refiere y se congracia con las corporaciones patronales del campo. Estas grandes empresas agropecuarias que conforman la oligarquía nacional. El cuándo habla se refiere a ellos, a la oligarquía, a los poderosos, a los que concentran la tierra y la riqueza, no se refiere a la gran mayoría de los pequeños y medianos productores que existen en el país y que la están pasando mal.

Tienen un pacto con ellos. Quieren una Argentina agroexportadora solamente. Hoy manejan la economía del país, porque este gobierno es un capataz de las corporaciones nacionales y extranjeras, y entre esas corporaciones están estos grupos de grandes estancieros.

¿Y cómo lo vemos? Y mal, porque es profundizar la desigualdad, la inequidad, la injusticia social. Y es lo que están haciendo en desmedro de la gran mayoría e incluso de la gente de la ciudad, principalmente contra la gente de la ciudad.

Ahora, te muestran como dato de que el sector más dinámico de la economía es el campo, porque el auto más vendido son las camionetas 4x4 y que se venden cosechadoras a lo loco, etc.

Benigno: Yo creo que hay mucha mentira en eso también porque están bastante equipados ya, no necesitan seguir comprando mucho. Las camionetas si, las cambian cada seis meses, y cada hijo tiene una camioneta. Pero respecto a las maquinas, no se están comprando muchas.

Pero gran parte de la sociedad urbana compra ese cuento. Incluso nosotros tenemos
problemas de ese tipo en muchos pueblos chiquitos, donde compran ese cuento también.

Esto es una batalla cultural.

Héctor: otro elemento a tener en cuenta es el rol que han jugado las Universidades, la educación, la formación.
La 125 para nosotros fue una bisagra realmente. Ahí vimos quienes somos, cuánto somos, dónde estamos.

Por fortuna algo se ha recuperado del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). En una época el fundamentalismo de las tecnologías hizo que se despreciaran los controles biológicos, entonces los Ingenieros del INTA te salían a vender la gran máquina, la gran semilla con tal producto químico para combatir al picudo por ejemplo (plaga del algodón). Y el picudo le ganó la batalla a los químicos, a todo, y el resultado es pequeños productores endeudados por comprar máquinas grandes para unidades pequeñas que ellos tenían, y en donde no era la tecnología apropiada, pero se la vendió el INTA y terminó hipotecando su vida, su familia, su tierra por cuarenta o cincuenta años y ganó Monsanto.

- ¿Antes había un INTA que hubiera fomentado otras formas de combate al picudo siguiendo con tu ejemplo?

Héctor: Claro. Antes estaban los técnicos del INTA que hablaban de preparar la tierra con dos meses de anticipación, el control biológico de los bichos, que el tero, que el ñandú, bichos que comen insectos etc. Había toda una corriente ecologista que siempre fue despreciada por la ciencia. Ese es el gran problema: el fundamentalismo tecnológico de los científicos. Es decir, te enveneno todo, el agua, la napa contaminada, después ponele dos gotas de lavandina al agua para no tener cólera, estamos locos!

Y todo eso sostenido desde nuestras Universidades que pagamos todos. ¿Quién dice, quien fundamentó que un pequeño productor que tiene cuatro o diez hectáreas es viable o no?

Fueron los técnicos del INTA. Entonces, el desarrollo de toda la maquinaria tecnológica está hecho para un tipo que tienen diez mil o más hectáreas.

Ahora si vos tenés una zona apta para producir alimentos, produzcamos alimentos no comida para chanchos o combustibles para la industria.

El sector campesino no tiene su propio sector de intelectuales por decirlo de alguna forma.

Benigno: Hay muy poca gente comprometida, militando para el sector con seriedad y rentado hay muy poco también, que tendría que ser la gente de Pro-huerta, INTA, INTI, etc.

Pero a la hora de los bifes o se van de un lado o se van para el otro, porque algunos quieren que salgas a sembrar con el palito de vuelta y tampoco se trata de eso. Porque hay que ser eficientes a esta altura. Ya no somos mil millones de habitantes en el plantea.

- Ese es un debate que mete Monsanto mucho: que en el 2050 vamos a ser 9 mil millones de habitantes y “¿Cómo vamos a hacer para darle de comer a todos?”, entonces te dicen que la única vía es la biotecnología.

Benigno: Ellos se aprovechan de la desinformación, del desconocimiento para seguir haciendo su negocio. Pero si, lógicamente tiene que haber otra salida. Hay algunos científicos, profesionales que demuestran que se puede pero no tienen los micrófonos, los espacios institucionales, no tiene el amparo de nadie para socializar esto. Rusia dice no al transgénico y que van a ser el principal exportador de productos orgánicos para el 2020 y no creo que Rusia se suicide.

Ese discurso lo hicieron siempre, antes era la soja para combatir el hambre y con la soja no se combatió el hambre, al contrario, aumentó la pobreza y el hambre.
Donde hay una diversidad de producción, de distintas estaciones, no hay hambre. Y donde los dueños de la tierra y de la producción son pequeños y medianos productores te garantiza combatir el hambre realmente.

Si en Argentina la tierra estuviera bien distribuida y existiera diversidad de producción, alimento sobraría, y exportar una gran diversidad de alimentos. Y tampoco existirían desocupados. Si existiera equidad en la distribución de la tierra, de la producción y el trabajo, no existiría la desocupación en Argentina. Ahora, con la concentración de la tierra, el monocultivo y lo transgénico si acarrea desocupación, expulsión y disminución total de la diversidad de la producción de alimentos. Y a su vez eso hace que las corporaciones locales monopolicen la gestión y la comercialización de los alimentos. Mientras el otro modelo permitiría algo mucho más simple, más justo y más barato.

Héctor: Es clara la intención de estos tipos. Es seguir ocupando territorio y controlar el alimento. El que controle la comida va a controlar todo.
Pero hay esbozos de otra cosa. Esto que plantea Evo Morales del Buen Vivir por ejemplo. A ver qué pasa si subdividimos los campos. Dividamos la tierra, vamos a tres o cinco cuadras por familia, uso social de la tierra produciendo alimento, manéjense con su cultura y vamos a cambiar el concepto, vamos a empezar a ver que es vivir bien, que es consumir sano, y vamos a ver que no necesitamos el 90% de las cosas que estos ñatos nos quieren vender, pero claro, ahí está la batalla es cultural y es política y no es sencillo.

- Empezamos hablando de la comida, de Monsanto, de la semilla y terminamos hablando de la tierra.

Benigno: Yo soy medio fundamentalista. La tierra es la base de todo no? Más si estamos hablando de campo. Esto de la diversidad cultural, geográfica etc, todo hay que tenerlo en cuenta pero a la hora de la decisión, esta es política.

Desde el Frente estamos claramente en contra de todo lo que sea la concentración de la tierra.

Porque hay organizaciones que putean contra la extranjerización pero si combatimos la concentración, la extranjerización no es un problema. Acá el problema es que poca gente es dueña de la mayor parte de las tierras del país y otros millones no tienen tierra.

Nunca va a haber justicia social, ni equidad, ni liberación, ni muchos cantitos al pedo, si no se toca el tema de la tierra. Tendríamos que estar en contra de cualquier tipo de concentración de la tierra, del agua, de los recursos naturales.

¿Cómo va a haber justicia social con el estanciero que tiene 100.000 hectáreas y se ríe de todo el mundo, que tiene peones de esclavos, y está metido en el narcotráfico y digita quien va a ser el Gobernador? Es así la vida real. Estos terratenientes son oligarcas, vengan de donde vengan. Nos amenazan, matan gente, porque el terrateniente se siente dueño de la vida de todos, en su naturaleza está el ser dueño.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article13074

En consecuencia, plantearse la «reforma agraria integral» como base-motor de la democracia real y efectiva exige ante todo interpelar a una creciente mayoría de nosotros, los de abajo, a sentirse parte de territorios y del hermanamiento con campesinos e indígenas. Tratemos de esclarecernos sobre porqué superar nuestro percibirnos cada cual como individuo actuando en distintos medios cotidianamente en vez de reconocernos siendo en comunidad. También precisamos dejar atrás nuestro prejuzgar a campesinos e indígenas sin darnos cuenta cuánto compartimos con ellos.

 

En cierto modo, todos los de abajo somos menospreciados por la alianza de los poderes imperialistas con los locales en el capitalismo periférico y así el Estado se constituye para garantizar mantenernos como "resaca" al decir del senador Pichetto refiriéndose a inmigrantes bolivianos y peruanos. Por supuesto, en esta meritocracia fundada en los privilegios de participar de las actividades delictivas a gran escala e impunidades correspondientes, quienes sufren la mayor violencia de esas opresión y segregación social son los campesinos e indígenas pero más que víctimas son quienes, al ser consecuentes con sus necesidades y aspiraciones, van abriendo caminos emancipatorios de Nuestra América.

 

La lucha por la tierra es la lucha por el territorio:

una perspectiva decolonial de la lucha campesina, indígena y originaria en América latina

Carlos Vacaflores Rivero-JAINA/UNESP Presidente Prudente

vacaflores.carlos67@gmail.com

Resumen

La reivindicación fundamental de los movimientos campesinos en Latinoamérica fue usualmente caracterizada como la conquista de la tierra, entendida ésta como la parcela agrícola familiar; pero los movimientos campesinos contemporáneos manejan ahora un discurso que hace evidente su concepción de lucha por un territorio, ya sea éste en la perspectiva del territorio con cualidad política del estado plurinacional, o bien como el territorio campesino en la disputa con el territorio del agronegocio. En todo caso, ya no se trata de sólo una reivindicación de parcelas agrícolas familiares, sino que las mismas deben estar articuladas a una condición diferente de reconocimiento de derechos colectivos en el seno del estado-nación. Este aparente tránsito de la lucha campesina por la tierra a la lucha por el territorio, suele ser interpretado como una construcción intelectual reciente de los movimientos campesinos, en una suerte de tránsito de una movilización pre-política hacia otra más propiamente política.

Sin embargo, en este artículo argumentamos que la lucha por el territorio es una condición inherente a todos los Estados-nación modernos, cuya naturaleza de origen colonial nunca fue superada, y cuyos criterios de estratificación social en base a jerarquías construidas a partir de la diferencia étnica siguen operando para la territorialización de la diferencia con fines de dominación, ocultando la imposición de la territorialidad del estado-nación por sobre las territorialidades diversas de la sociedad nacional.

1. La lucha por la tierra en nuestros estados coloniales

La disputa por la tierra ha tomado una notoria especificidad en América Latina en las últimas dos décadas, pues de reivindicar la tierra como parcela para trabajarla, los movimientos campesinos e indígenas han pasado a reivindicar un territorio, con todas las implicaciones conceptuales y políticas que este tránsito discursivo impone. Por ejemplo, para el caso de Brasil, Oliveira caracteriza la lucha contemporánea por la tierra como una lucha contra la apropiación privada de la misma, en la perspectiva de un paso hacia la posesión colectiva de los medios de producción, y cuya práctica demuestra que “no basta apenas la propiedad colectiva, es preciso el control, pose y administración colectiva de esos medios de producción; en una palabra: toda la soberanía a las asambleas de los trabajadores” (OLIVEIRA, 1991:15). Esta parece ser una diferenciación conceptual entre tierra y territorio. Sin embargo, si bien aparenta ser una novedad de estos tiempos, no lo es, ya que el reclamo de un espacio territorial es una reivindicación tan antigua como el proceso de conquista y colonización del continente americano, pero que en el transcurso de la historia de formación de los actuales países latinoamericanos este hecho se oculta detrás de la consolidación del Estado-nación moderno, naturalizando así la destrucción y negación de la diversidad identitaria y territorial que es intrínseca a la población, y las necesidades de expresión política de estas estructuras identitarias diferenciadas que se fueron ocultando bajo mecanismos modernos y liberales de adscripción al Estado, es decir, a partir de la ciudadanía individual y de la propiedad privada, desprovistas de cualquier connotación política que significase un desafío a la concepción dominante de organización política y territorial de la sociedad moderna.

¿Pero por qué es pertinente considerar la necesidad de expresión territorial de las estructuras identitarias diferenciadas?, ¿acaso el Estado-nación y su estructura territorial no es marco suficiente para resolver la cuestión de la ciudadanía y la representación política? Porque los movimientos campesinos e indígenas de Latinoamérica plantean en las últimas décadas sus reivindicaciones con una perspectiva explícita de territorio; y no podemos olvidar que el origen del campesino latinoamericano está directamente ligado a los pueblos indígenas, cuya condición de pueblos implica una identidad cultural, organizativa y territorial que no pudo ser destruida por la colonia ni la república, por un lado; y por otro lado a los esclavos negros, cuya resistencia histórica produjo la figura de los territorio libres, como los quilombos y asentamientos de campesinos sin tierra (FERNANDES, 2000). Este origen nos remite, también, a la división del trabajo a partir de criterios raciales, siendo los indios y esclavos los trabajadores brutos del campo, de las minas, de las plantaciones; y los europeos eran los dueños de las tierras, capataces y autoridades, naturalizando así un orden social que luego en la república fue sancionado con la existencia de ciudadanos de primera y segunda, siendo los indios y los esclavos los que forman el contingente de dudosa ciudadanía de segunda. Aquí cabe aclarar que en este artículo usamos el concepto de campesino como una categoría que reconoce el proceso colonial de formación del campesinado, y a lo que hoy llamamos campesino es fruto de un largo y penoso transitar histórico de transformación de pueblos a indios, de pueblos a esclavos, de indio a campesino, o de esclavo a campesino, de campesino a indígena y originario, o a agricultor familiar, pequeño productor, etc. en un permanente juego de nuevas designaciones desde el discurso dominante para ocultar una y otra vez la potencia política de las masas dominadas . Con el paso del tiempo estos trabajadores de la tierra, indios y esclavos, y posteriormente migrantes pobres de Europa y Asia, se convirtieron en los campesinos de la modernidad, pero manteniendo sus formas de vida como pueblos, o bien reconstituyendo identidades colectivas comunitarias y sus experiencias de lucha a pesar de los esfuerzos de homogenización cultural y desarticulación de la identidad étnica del proyecto ciudadanizador del Estado-nación.

Por eso la lucha campesina reivindicó siempre la noción del territorio, pues se trata del territorio indio usurpado por el invasor o la posibilidad de erigir un territorio libre del régimen colonial esclavista. Este reclamo fue siempre re-interpretado por la clase dominante bajo la más conveniente noción de tierra como parcela de producción agropecuaria, nada mas, ya que al excluir la posibilidad política que implica el territorio, se mantienen las condiciones que permiten la dominación colonial de las clases señoriales. La lucha por la tierra es una característica central de las sociedades de clases, en las que la cuestión agraria se caracteriza por una tendencia a la concentración de la tierra y su consiguiente dinámica de desigualdad y/o inequidad en su acceso: algunos tienen mucha tierra, y muchos no la tienen o la tienen de forma insuficiente como para satisfacer sus necesidades de reproducción socioeconómica. Recurro aquí a la noción de inequidad porque la lucha se da en el seno del Estado-nación, donde los ciudadanos, en tanto miembros de una misma comunidad política nacional, tienen supuestamente derechos y obligaciones iguales, por lo tanto, el acceso a la tierra debería estar regulado por el Estado de tal manera que no quepa lugar a inequidades entre ciudadanos a la hora de su acceso. Más esto no ocurre así en la realidad, y después de algunos siglos de haberse impuesto el Estado-nación como vehículo privilegiado para llevar adelante el proyecto de la modernidad, (SANTOS, 1997), éste no ha logrado construir, mucho menos llevar a la práctica, un sistema razonable de igualdades entre sus ciudadanos, y más bien a nombre de una equidad e igualdad formal y enunciativa, se ha naturalizado la desigualdad y la inequidad entre clases, estamentos, castas, regiones, etc. (GONZÁLES, 2006).

Para nuestros países de origen colonial, la explicación de la sociedad de clases del tipo burgués-proletario pareciera insuficiente cuando se constata una alta correlación entre condición de clase y condición étnica-cultural; lo cual es evidente al observar la lucha social, particularmente la lucha por la tierra, que se establece entre los descendientes del conquistador europeo y los descendientes de los indios y esclavos. Los migrantes pobres europeos que llegan tardíamente a las colonias, tienen otras posibilidades de desarrollo debido precisamente a su condición étnico-cultural que los predispone hacia una asimilación relativamente más fácil hacia el estamento dominante, en el que no requieren de un proceso violento de mestizaje cultural ni biológico como mecanismo de ascenso social, de manera que no es extraño encontrar historias de suceso vinculadas a los antiguos migrantes pobres de origen europeo transformados en los nuevos capitalistas de nuestros países, lo cual sería bastante más extraño para el caso de los descendientes de indios y esclavos negros, a no ser que se sometan a la enajenación y rechazo de su origen étnico-cultural. Para el caso del Brasil, por ejemplo, Darcy Ribeiro (2008:212) hace notar a partir del análisis del censo de 1950 las condiciones diferenciadas de ascenso social entre los negros descendientes de los esclavos y blancos estrangeiros, “…e visível que esses estrangeiros, vinculados ao Brasil nas últimas décadas como imigrantes, encontraram condicoes de ascensao social muito máis rápida que o conjunto da populacao existente, porém enormemente mais intensa que o grupo negro”.

Esta situación provee pautas sobre la condición diferenciada de formación de clases en nuestros países de origen colonizado, y donde el uso de las categorías de colonialismo, colonialismo interno y colonialidad revierte una enorme potencia explicativa a la hora de su comprensión, como veremos más adelante en relación a la colonialidad. La comprensión de la inequidad en el acceso a la tierra en nuestros países implica además considerar la violencia con que ésta se acompaña, completamente naturalizada además cuando se aplica contra los indios y campesinos sin tierra, tanto en el despojo sin consideraciones como en la política explícita de los gobiernos para evitar la aplicación de estrategias de redistribución de tierras para resolver el problema de las poblaciones campesinas y sus necesidades de apoyo público para el desarrollo económico. No se trata sólo de una condición concentradora inherente al desarrollo del capitalismo en una perspectiva de “competencia leal bajo reglas del mercado”, es además una condición psicológica naturalizada que permite operar la violencia explícita y legitimada contra las identidades colonizadas y subalternas en la dinámica estructurante de la sociedad. En el continente americano, nuestros países se disputan el liderazgo a la hora de establecer los índices más altos de inequidad en el acceso a la tierra (FERNANDES, 2000), situación que se arrastra desde su creación como Estadonación a principios del siglo XIX, y que es heredada a su vez de la experiencia colonial del continente.

Precisamente es el hecho colonial que deviene en el hecho constitutivo y fundante de nuestras sociedades y Estados contemporáneos (RIVERA,1993; GARCIA, 2005; URQUIDI, 1990), y es en este proceso violento que se establecen los mecanismos y dinámicas iniciales que conforman las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de diferenciación de clases, castas y estamentos sociales, bajo criterios de superioridad e inferioridad, que orientan la forma en que opera la lucha por la tierra en los actuales Estados-nación del Abya Yala , llamado también América.

El objetivo de este artículo es bosquejar un recorrido por ese camino de disputa del sentido de la lucha social en el campo agrario de Latinoamérica. Para eso, nuestra metodología se basa en revisar referencial teórico sobre lucha campesina y colonialidad producido para el contexto de Bolivia y Brasil, con autores como S.Rivera, P.Gonzales Cassanova, A.Quijano, D.Riveiro, A.U.de Oliveira, y otros; complementadas con algunas obras que describen una perspectiva latinoamericana, como Piñeiro y Chonchol, por ejemplo, y otros autores que trabajan la perspectiva geográfica, como B.M.Fernandes, C.Raffestin, ó M.Santos; para con esas referencias construir un argumento desde la perspectiva geográfica y decolonial que explique la lucha campesina e indígena contemporánea en Latinoamérica.

2. Sobre el origen colonial de las concepciones raciales de superioridad e inferioridad
La conquista y colonización europea del continente americano sirvió para arrebatar la tierra y sus recursos a los pueblos indígenas que habitaban estos lugares, y para poder hacerlo, fue preciso construir un dispositivo ideológico capaz de justificar semejante barbarie en la conciencia y en el ordenamiento jurídico impuesto por los usurpadores. Tal es así que los españoles y portugueses justifican su “derecho natural” para despojar la tierra a los nativos y apropiarse de la misma a partir de inventar la noción, hasta entonces inexistente, de “raza” (QUIJANO, 2003), con la que se explicita objetivamente la diferencia entre europeos e indios para clarificar quien es el conquistador y quien el conquistado, quien es el civilizador y quien debe ser civilizado, inaugurando así un ciclo de identificación de castas sociales asociadas a las características fenotípicas de la población, asignándole una supuesta superioridad a los europeos blancos respecto de una supuesta inferioridad de los nativos indios (RIVERA, 1993), cuyas repercusiones en el orden social, económico, territorial, político y cultural se proyectan hasta los tiempos actuales (GARCÍA, 2005). Desde esta construcción ideológica colonial se procedió a efectivizar la conquista, por la vía del genocidio y limpieza del territorio, en unos casos; o bien por la vía del sometimiento violento de la población nativa y apropiación de su espacio territorial, conocimiento productivo, organización y fuerza laboral, en otros casos. Así, el continente americano se puede diferenciar por una estructura básica que proviene de estas dos modalidades de conquista y colonia.

Estas modalidades de colonización dieron lugar a sistemas de producción también diferentes, emblemáticamente expresados en los sistema de plantaciones, chacras y en el de haciendas (PIÑEIRO,2004) cuyas características diferenciadas radican en el mantenimiento o no de la población nativa con sus estructuras comunitarias para su explotación como mano de obra forzada, como ocurrió en el caso de las haciendas (provenientes de las titulaciones, repartimientos y encomiendas) (URQUIDI,1990) característica de las zonas montañosas del continente; o bien en la incorporación de mano de obra esclava en las grandes propiedades limpiadas de indígenas, como es el caso de las plantaciones y chacras característica de las grandes planicies de Sudamérica (FERNANDES, 2000; MORISAWA, 2006; PIÑEIRO, 2005).

La independencia de los nuevos Estados-nación americanos en el siglo XIX no cambia esta estructura básica, ya que la rebelión que da lugar a la llamada Guerra de la Independencia no es de la población indígena sometida, sino de los criollos y mestizos que le disputaban a su metrópoli el derecho a los privilegios coloniales hasta entonces reservados solo para los peninsulares. Es más, un par de décadas antes de la guerra de la independencia de las colonias españolas, los españoles, criollos y mestizos se unieron para derrotar militarmente las rebeliones indias de Tupac Amaru y de Tupac Katari en los Andes, que exigían un nuevo sistema de igualdades y convivencia respetuosa entre indios y blancos, afectando, claro está, los principios que sustenta el régimen de explotación y desigualdad que permite a los españoles, criollos y en menor medida los mestizos acceder a riqueza a costa de la explotación del indio4 (VALENCIA, 1960). Estas rebeliones canalizaron el reclamo y la violencia del indio, haciendo tambalear el poder español en la colonia, aunque luego fueron reprimidas duramente por la coalición de españoles, criollos, y mestizos, dando lugar a masacres ejemplarizadoras de los indios levantados, marcando así la imposibilidad de resolver el problema de la dominación por vía de la concertación o de la convivencia de las “dos repúblicas” (RIVERA, 1993), estableciendo un patrón de comportamiento repetitivo a lo largo de la historia de nuestros países con sucesivas y permanentes rebeliones y respectivas represiones, de manera que no sorprende que la conformación de los nuevos Estados se haya hecho sobre la continuidad de la diferenciación negativa y explotadora entre blancos y los indios y negros.

3. De la tierra al territorio
Los conceptos son espacios de disputa política y su significado es construido en el forcejeo de las relaciones sociales mediadas por el poder, donde los sujetos sociales se posicionan a partir de su propia experiencia histórica. En el contexto de la lucha de clases, los sujetos sociales disputan el poder asignarle significado a la realidad desde su propia intencionalidad contrapuesta, con evidentes ventajas para las clases dominantes, siendo así que el dotar de significación a los conceptos que se imponen en lo cotidiano es un ejercicio del poder: el poder de significar, de interpretar y de imponer (FERNANDES, 2008). La evolución histórica de la lucha campesina en Latinoamérica es descrita por algunos autores como una suerte de complejización de su sentido político (PIÑEIRO, 2004), partiendo desde una condición pré-política hacia otra más propiamente política, en una comprensión de la evolución y articulación de las demandas campesinas desde aspectos simples y elementales de la convivencia colonial hacia contenidos más complejos de reivindicación política en su articulación colectiva al Estado-nación en épocas recientes.

Siguiendo esta lógica de comprensión lineal moderna, corremos el riesgo de percibir a las sociedades campesinas como transitando desde una condición intelectual de simplicidad hacia otra de complejidad en su capacidad de comprensión de la realidad, como podría interpretarse la evolución discursiva de la demanda campesina que antes exigía tierra y ahora exige territorio, y que de hecho se impone como explicación dominante desde el discurso de la política pública, sugiriendo por ejemplo, que la reforma agraria consiste solamente en la dotación de tierra para la producción agropecuaria. Por suerte Piñeiro (2004) nos advierte ya en su obra que la lucha campesina se da en un contexto sociopolítico muy adverso, que en la época colonial y principios de la republicana prácticamente no contaba con espacios para manifestarse si no era a través de las revueltas y sublevaciones, que más temprano o más tarde terminaron con la derrota militar, sellando la extrema dificultad de poder posicionar su proyecto político.

No es sino hasta que los procesos de reforma agraria de la segunda mitad del siglo XX, con el auge de la tractorización e introducción de las semillas mejoradas de la revolución verde, que se consolida la conquista de algunos derechos ciudadanos individuales que permite la ilusión de una mayor articulación de los campesinos al Estado y al mercado, vía la ciudadanización del indio convertido en campesino, con lo cual la lucha por la tierra toma un carácter de acceso individual a la parcela agrícola. El desencanto de este modelo sobreviene rápidamente después de los primeros años de implantadas las reformas agrarias, ya que las promesas del desarrollo del campesino vía la revolución verde y la articulación al mercado no tuvieron los efectos esperados, principalmente porque los campesinos no tenían ningún control sobre las políticas públicas de desarrollo, y a partir de esta limitación el Estado y todo su aparataje no podía ser usado para el desarrollo de los campesinos; aunque sí era usado por la clase dominante para beneficiarse como sector agroempresarial con créditos, apoyo técnico y políticas favorables.

Desde la óptica de los campesinos, era evidente que la inclusión ciudadana vía el dispositivo de los derechos ciudadanos individuales y la vinculación al mercado no era suficiente, ya que de alguna manera seguía funcionando la estructura de exclusión y dominación en el seno del Estado, exigiendo replantear la comprensión de la naturaleza del problema del atraso del campesino, con lo que se reposiciona la lectura de la naturaleza colonial de las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales del Estado, en un retorno a la perspectiva de la lucha por el territorio, cuyas manifestaciones más evidentes fueron las movilizaciones de los pueblos indígenas en las décadas del 80 y 90, reclamando al Estado el reconocimiento al derecho a un espacio territorial donde puedan reproducirse como pueblos.

La comprensión campesina de esta lucha, en Bolivia por ejemplo, fue expresada bajo la bandera de tierra-territorio en la década de los 80 y 90, que luego evoluciona hacia la idea del Estado plurinacional comunitario con autonomías campesinas e indígenas en los 2000. Lo que se pone en cuestión con esto, es el conjunto de supuestos sobre los cuales se erigen los Estados-nación en nuestro continente. El concepto tradicional de Estado, en tanto entidad política, define al mismo como una entidad compuesta por una población, un gobierno y un territorio (SCELLE en GOTTMANN, 1973:14; RAFFESTIN, 1993). El supuesto es que la población de un país correspondería a una sola comunidad política, es decir a una nación, armonizada por la estructura de representación política que le provee la condición de ciudadanía, a partir de una lógica de organización jerárquica del territorio nacional que provee los niveles territoriales correspondientes de representación política para conformar un gobierno con participación de los representantes de todas las unidades territoriales subnacionales. A su vez, la condición ciudadana garantiza la participación de todos los ciudadanos de cada unidad territorial subnacional en el gobierno nacional a través de las estructuras de representación política vía partidos políticos.

Al estar resuelto el problema de la adscripción del individuo a la comunidad política nacional a través de la ciudadanía, la consolidación del territorio nacional en la lógica del Estado es suficiente y absoluta. El territorio, según esta concepción, es sólo la “porción del espacio definido por las leyes y la unidad de gobierno” de un Estado (GOTTMANN, 1973), y por tanto no es posible aceptar otro territorio dentro del territorio nacional, porque eso sería violar la soberanía del Estado. Bajo este entendido, y en el supuesto de que todos los habitantes del territorio gozan de iguales derechos ciudadanos individuales que garantizan su adscripción a la nación, el territorio nacional es suficiente, absoluto, único e incontestatable, y es dentro de este territorio nacional que se organizan las propiedades de tierra bajo la normativa que produce el gobierno nacional que representa a todos los ciudadanos. Esta concepción de territorio, estrechamente ligada a la concepción hegemónica de organización política de la sociedad, condiciona una comprensión dominante del acceso a la tierra en tanto propiedad privada, solo tierra para trabajar, donde el problema se reduce a hacer más eficiente la redistribución de la misma entre los ciudadanos, y claro, lo que se discute es la propiedad individual de la tierra, no el territorio, porque eso estaría resuelto indubitablemente en el nivel del Estado-nación. Esta condición explica en principio el manejo dominante del concepto de “tierra” sólo como parcela de trabajo o propiedad agrícola. Sin embargo, la realidad de la composición social y el origen colonial de nuestros países no pueden ser ignorados, ésta sigue estructuralmente allí, y como en cada ciclo histórico de encantamiento de la dominación, este llega a un punto de crisis que no permite mantener más los principios hegemónicos y surgen nuevamente los atavismos de nuestra historia social y política.

Silvia Rivera (1993) se preguntará sobre la razón de que las reivindicaciones de corte indigenista resurgen cada vez con la misma renovada vitalidad de antaño, a pesar de haberse sentenciado innumeras veces su desaparición con la implantación de modelos novedosos de homogenización cultural y política. Igualmente se preguntarán angustiados los convencidos de la primacía capitalista el por qué de la persistencia del campesinado en estos tiempos donde esta incomoda clase se tendría que haber acabado. El convencimiento de la clase dominante de su derecho legítimo de propiedad sobre el territorio conquistado, construido en la conquista y colonia del continente, sigue plenamente vigente en la idiosincrasia contemporánea de nuestras sociedades latinoamericanas, y la implicación de esta creencia es absolutamente marcante en la configuración social y política actual de nuestros países. Para la clase dominante, el territorio nacional es de su propiedad por derecho de conquista, así de sencillo, en la misma lógica feudal pero reubicada a tiempos modernos con un discurso democrático. No fueron los campesinos sin tierra, de origen plebeyo, indio, o esclavo, los que invirtieron fortuna en conquistar y colonizar el territorio. Esta comprensión es necesaria para mantener el orden colonial, sólo que debe ser impuesta como sentido común para orientar un devenir fluido de la sociedad y del Estado. Pero este sentido común empieza a resquebrajarse en la década de los 90 a partir de las limitaciones que muestra el modelo neoliberal impuesto a nuestros países en la década de los 80 como la receta de continuidad del modelo desarrollista de las décadas de los 50, 60 y 70 para lograr el desarrollo nacional. (...)

Referencias

Fuente: http://www.uff.br/vsinga/trabalhos/Trabalhos%20Completos/Carlos%20Alfredo%20Vacaflores%20Rivero.pdf

 

 

Estimemos la desfetichización del Estado que logran pueblos originarios como el Mapuche en Argentina al resistir e historiar esa lucha.

 

 

 

Atropello, alambrado, violencia y un Estado que sigue violentando al pueblo mapuche
3 de noviembre de 2016

 

Los conflictos territoriales entre terratenientes, el Estado provincial y las comunidades mapuche “siempre es un tema central desde la creación del Estado argentino, algunas veces tiene tiempos más tranquilos y otras veces más álgidos, pero es un conflicto que no termina, ni terminará en tanto el Estado no genere condiciones reales de diálogo y definiciones políticas”, afirmó Maiten Cañicul, kona wiliche (joven mapuche del sur). En los últimos días desde el Lof Linares comunicaron que luego de tres semanas no hay respuesta a la nota presentada al Ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge Lara. 

Por 8300

A principios del mes de octubre, el capataz y el administrador de la estancia “Los Remolinos SRL”, intentaron ingresar a la comunidad (ubicada a unos 65 kilómetros de Junín de los Andes) para alambrar los “límites” y arrancaron una tranquera de los caminos internos del lugar. La nota presentada al ministro Lara, exige la responsabilidad sobre los hechos ocurridos y además piden que se cumpla con la ley de relevamiento territorial que realizaron las comunidades, aunque no todas.

El Lof Linares, fue la primera comunidad de la zona sur del Neuquén en presentar el relevamiento. “Sin embargo, todo el trabajo que realizamos está trabado de manera burocrática y a propósito por las nuevas gestiones del Estado nacional y provincial, dejándonos a las comunidades en el medio de su falta de responsabilidad, de claridad política y de su complicidad con los estancieros por intereses políticos y económicos”, denunciaron en el comunicado. “La propiedad de Los Remolinos SRL, viene intentando avanzar sobre el territorio comunitario alambrando nuestros territorios de invernada y veranada, utilizando nuestros caminos comunitarios, intentando sobornarnos y mandando punteros del MPN a operar mediante llamadas e invitaciones a reuniones a domicilios particulares a quienes pertenecemos a la comisión directiva”, aseguraron desde la comunidad.

Ante la situación relatada, exigen la “urgente firma y devolución de las carpetas de relevamiento a nuestra comunidad y a todas las comunidades de la provincia ya relevadas” (la firma del convenio que permite dar continuidad al relevamiento territorial de las comunidades), responsabilidad política del gobierno provincial e investigación a quienes “compran” la tierra rural y avanzan sobre los territorios comunitarios.

“La clave de este conflicto, es la definición política de los Estados, que por un lado fingen un diálogo, un reconocimiento, pero que al momento de concretar las políticas públicas a las que se comprometieron y de respetar la legislación vigente – en materia de derechos de los pueblos indígenas – elige el silencio”, explicó Cañicul. “El silencio como complicidad que legitima que los terratenientes propios y extranjeros sigan avanzando en el arrebato de la tierra, que en otro tiempo de la historia no les servía pero que hoy alberga riquezas como el agua, el oro, la plata, el cobre, el petróleo”, sintetizó la comunicadora mapuche.

“Por eso kochiko (agua dulce) hoy debe ser resguardada por el pueblo mapuche”, reivindicó Cañicul y agregó “que se respete el trabajo realizado en el marco del relevamiento territorial, tal y como lo plantean las comunidades es clave para poder frenar – de alguna manera – situaciones como las que hoy se viven en el sur del Neuquén, donde a la falta de salud, educación y políticas públicas que fortalecen a los pueblos se suma la amenaza violenta de los terratenientes que violan a su antojo las leyes del Estado Argentino (Ley de tierra rurales)”.

Finalmente, invitaron a “todo el pueblo mapuche, a las comunidades de la zonal Huiliche en particular, a estar alerta y atentos por la situación de amenaza que vive nuestro territorio y los convocamos a hacerse parte de esta lucha acompañándonos en los territorios de Kochiko. Asimismo agradecemos a quienes nos acompañaron y extendemos la convocatoria a las organizaciones compañeras y hermanas a hacerse parte de nuestra lucha en defensa de las redes de la vida (ixofijmongen) que es lo que dejaremos a las generaciones futuras.”

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article13111

 

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, poner en discusión la creencia mayoritaria en el Estado populista. Tal sentido común olvida la continuidad y profundización de las políticas de estado desde la dictadura genocida (precedida por el gobierno Perón-Perón en su objetivo antisubversivo). Pero sobre todo posiciona en forma subordinada al Estado y explica el pensamiento campesino expresado por Benigno López:

"Estamos participando de lo que hoy es el Consejo de la Agricultura Familiar Campesina Indígena en el Ministerio de Agroindustria, fuimos parte de la construcción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, estamos en el proceso de reglamentación, y estamos haciendo un trabajo de difusión. Ahora también estamos involucrados en que salgamos lo mejor parados posible como sector en esta pelea por la modificación de la ley de semillas que propone el ejecutivo. Tenemos una ley antigua, de la época de la dictadura pero lo que se propone es peor. Tratamos de aportar nuestro granito de arena para que salgamos de esto lo mejor posible: si se pudiera, lograr que no se modifique y si no, que sea lo más favorable posible".

 

Por su inclusión en el Estado, las organizaciones campesinas de Argentina desoyen a sus propias experiencias e historias advirtiéndolas que la agricultura familiar no puede coexistir con la industrial y que el Plan Estratégico Agroalimentario favorece la  expansión de la última. Aún más, eluden que el proyecto de ley de semillas para privatizarlas y convertirlas en pocas variedades transgénicas es una política de estado desde 2012 que consolida el ataque mortal a la agricultura campesina.

 

De ahí la importancia de prestar atención a Víctor Rodrigo Alarcón Muñoz al señalarnos: "Estados-nación modernos, cuya naturaleza de origen colonial nunca fue superada, y cuyos criterios de estratificación social en base a jerarquías construidas a partir de la diferencia étnica siguen operando para la territorialización de la diferencia con fines de dominación, ocultando la imposición de la territorialidad del estado-nación por sobre las territorialidades diversas de la sociedad nacional".

 

Examinemos qué Estado se perfecciona en Nuestra América considerando a Chile por ser paradigma de democracia encubridora de Pinochet y de avance del modelo biopolítico. Leer

 

 

 

Territorialidad, Biopolítica y Estado de excepción:

una aproximación al conflicto del Walmapu como guerra gestional de baja intensidad.

 

Por Víctor Rodrigo Alarcón Muñoz

Resumen

Este trabajo tiene por objetivo explorar la relación entre política y vida que se pone en obra, en medio de la relación histórica que construye el Estado y el régimen gubernamental que se despliega en Chile con el pueblo Mapuche y su territorialidad, interrogando las formas y las técnicas disciplinarias de los dispositivos de gobierno biopolitico y de la lógica centrípeta de la seguridad inmunitaria que hoy despliegan la positividad flexible de un programa gestional empresarial que “captura” el Walmapu (territorio Mapuche) bajo la acción de una guerra de baja intensidad de nuevo orden, la guerra gestional. En esta perspectiva, se observa el conflicto político actual del Walmapu, como una ofensiva para alcanzar la normalización de la población Mapuche ahí afincada y de todo su territorio, a través de lo que aquí denominamos como una guerra gestional. En esta estrategia, la soberanía es ejercida con el objetivo de imponer y restituir el “orden” del capitalismo financiero, lo cual define el ejercicio soberano que se despliega como un ejercicio propiamente económico-gestional y ya no simplemente estatal, toda vez que bajo el neoliberalismo sus dispositivos de seguridad y de circulación financiera que operan sobre los territorios, están crecientemente por sobre el Estado, al desplegar un agenciamiento policial financiero y privado no anclado en una lógica pública.

 

La ideología espacio-corporal biopolítica que da forma a estos dispositivos, está signada por lo que Giorgio Agamben define bajo la categoría de Estado de excepción y como resultado arroja la creciente coincidencia del espacio propio del Pueblo Mapuche con un espacio de excepción, transformando el territorio y los cuerpos que le dan forma, en la topología del fracaso de la democracia chilena.

 

Contexto: Walmapu, Estado chileno e historia del capital.

En una reciente entrevista el premio nacional chileno de historia del año 2012, Jorge Pinto, señaló que el actual conflicto que se sucede en el Walmapu, se orígina a partir de la irrupción del Estado en el territorio Mapuche hacia la segunda mitad del siglo XIX. Sin pretender desplegar una visión historiográfica, para comprender a cabalidad la naturaleza económico-gestional del conflicto, es necesario apuntar que si bien el pueblo Mapuche sostuvo una más que centenaria guerra contra la corona española, hacia fines del período colonial llegó a un cierto acuerdo en la relaciones con ésta, el que fue sostenido y gestionado, aunque sin ausencia de conflicto, a través del sistema diplomático de los parlamentos, cuyo resultado produjo el reconocimiento efectivo de su autonomía política y territorial como pueblo nación y que, en el contexto del asentamiento de la república chilena -aunque con una signatura asimilatoria-, se refrendó con el parlamento de tapihue de 1825 (Telléz, 2011)2 . Sin embargo, el proceso constitutivo del Estado chileno, que desde mitad del s. XIX comienza la prospección del territorio Mapuche, en función de sus potencialidades económicas, devino hacia finales de los 60', en un violento proceso de ocupación y despojo que disolvió los rudimentarios mecanismos de protección logrados con la "diplomacia colonial" y abrió lo que podemos denominar como una guerra genocida, especialmente por sus consecuencias biopolíticas, entendiendo en este sentido no sólo el asesinato racial de decenas de miles de Mapuches, sino la captura de una "población" y de su territorio en relación a la importancia que juegan estos como "recursos" en los ámbitos de la economía y la política (Villalobos-Ruminot, 2006). En su emblemático texto Indios, ejercito y frontera (1983) David Viñas, en medio del extenso abordaje que realiza sobre la forzosa asimilación estatal de los pueblos amerindios, cita un pasaje del texto de Stanley J y Barbara H, "La herencia colonial de América latina", con el objetivo de dar cuenta de la naturaleza capitalista del proceso general de "pacificación", en tanto detrás de la táctica liberal criolla, cifrada bajo la promesa de "igualdad de ciudadanía", estaba la continuación de la violencia militar por medio del aparato jurídico, con el fin de consumar la captura económica del territorio Mapuche y sus "poblaciones": "Los indígenas podrían ahora dividir sus tierras comunalmente poseídas y disponer de ellas a voluntad; no tendrían impuestos o cortes especiales; en teoría participarían como ciudadanos de plenos derechos y responsabilidades políticas. Ya no habría indígenas y no indígenas, únicamente ricos y pobres" (1983).

 

Para el mapuche su vida y su territorio implica una copertenencia entre tierra y comunidad, una articulación profunda entre tiempo, espacio, cosmovisión, técnicas y costumbres. Todo el mundo Mapuche indisolublemente está ligado al territorio, el fundamento que sostiene su cultura, formando un "entramado cósmico" entre hombre y tierra que signa la propia semántica de su nombre, en tanto "gente u hombres de la tierra". En esta perspectiva, en función de romper esta concepción de propiedad que articula el fondo cosmovisional Mapuche y que, al igual que otros pueblos, es de naturaleza comunitaria, la nueva legalidad de los Estados independientes implementa, a través de sus dispositivos jurídios, la puesta en circulación económico-financiera del territorio del Walmapu, proyecto que revela -desde sus inicios- su naturaleza biopolítica, en el efecto que genera la imposición de una nueva y desigual relación con la tierra, en tanto y en cuanto los Mapuches, a partir del despojo de sus derechos ancestrales por medio de las nuevas constituciones, son compelidos al mercado y a "optar", fruto de un patrón de acumulación brutalmente desigual, por abandonar sus comunidades y por incorporarse al sistema como trabajadores asalariados, conveirtiéndose así en un nuevo contigente-cuerpo poblacional económicamente funcional al modelo capitalista (1983).

 

La historia no sólo de la nación chilena, sino de todo el continente Americano, incluso en sus momentos de mayor auge socializante y republicano, se presenta como un dramático desarrollo de acumulación capitalista, cuyo despliegue se sucede en una serie de etapas que pasan primero por el formato imperial, luego por el diseño Estadonacional y, en una tercera fase, por la actualización ejecutada por los flexibles protocolos de la institucionalidad neoliberal, cuya gestión del territorio y las poblaciones ha intensificado la original voluntad de exclusión, sometimiento y eliminación de los habitantes indígenas en el territorio definido en principio como "soberano", pero que hoy es significado estrictamente a partir de su condición productiva (Villabos-Ruminot, 2006). A partir de lo anterior, la actualidad del conflicto Mapuche no se puede comprender si no es dentro de esta larga y soterrada saga biopolítica de segregación, negación, explotación y exterminio de su condición multiétnica (2006).

 

El carácter de excepcionalidad que ha reiterado históricamente el discurso oficial chileno, que sistemáticamente reivindica una ficticia homogneidad racial y política dentro de su territorio, no es otra cosa que la estrategia discursiva construida por el proyecto nacional liberal, con el objetivo de consolidar y perpetuar el estado de excepción permanente sobre el Pueblo Mapuche, víctima de los más amplios mecanismos bio y necropolíticos de control, inmunización, asimilación y negación histórica (2006). Contra todas estas territorializaciones, este trabajo pretende ensayar una exploración por los actuales agenciamientos, tecnologías, cuerpos y políticas de la vida que se ponen en obra, en la violenta relación que se establece entre el Estado chileno y el régimen gubernamental que persiste en Chile con el pueblo Mapuche y su territorialidad, interrogándolos bajo el foco de las técnicas disciplinarias de los dispositivos biopoliticos y de la lógica centrípeta de la seguridad que hoy se despliegan, a través de la positividad flexible del programa empresario-militar que trabaja en función de la “captura” el Walmapu, por medio del dispositivo de lo que aquí denominamos como una guerra de baja intensidad de nuevo orden, la guerra gestional.

En otras palabras, lo que aquí modestamente se pretende articular, es un material reflexivo que esté al servicio de la economía política de la violencia, que el Estado chileno y la gubernamentalidad donde se entrama y opera la totalizante relación política-vida en el Walmapu.(…)

Fuente: http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/7-9%20Ponencia%20biopol%C3%ADtica%20Territorialidad,%20y%20Biopol%C3%ADtica%20Estado%20de%20excepci%C3%B3n.%20(1).pdf

 

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Pensemos que los gobiernos progresistas nos embaucaron mediante la deificación de líderes, la conciliación con capitales y estados ejecutores del extractivismo, la ideología de la sociedad de consumo y el racismo de aceptar las zonas de sacrificio o despojo, expulsión, envenenamiento de comunidades y pueblos de todo nuestro país-continente. Advirtamos que se originaron por rebeliones populares contra el neoliberalismo y su democracia representativa.

 

Para situarnos en cómo los gobiernos progresistas actuaron contra esas rebeliones populares, tomemos en cuenta dos reflexiones de Raquel Gutiérrez Aguilar:

 -Las tramas comunitarias están de por sí. En los lugares en los que el capital ha avanzado tremendamente las tramas se destejen, por supuesto que sí, pero las tramas se regeneran también en otras partes. El problema duro que hay que ver es la despolitización creciente de esas tramas, ese es el verdadero problema, ese el tiro en el pie, la despolitización de esas tramas. Es decir, su cooptación, su sujeción, su enmarcamiento en formatos de decisión ajena, la inhibición de su deliberación, etc. Lo que vimos –que yo te destacaba con mucho gusto porque me tocó vivirlo, por suerte, en América del sur, ese momento en el que se hace evidente esa capacidad política de la gente común, es un momento mágico, es un momento feroz, es un momento fuerte. Entonces, cómo es posible que hayamos regresado al estado de despolitización, es la pregunta que me quita el sueño, y cómo sería posible volver a contribuir a su politización.(...)

 -(...)Creo que en el proceso y en la lucha larga del pueblo venezolano hay muchos más contenidos que los contenidos estadocéntricos que quedan explícitos por lo general, y que son destacados por la prensa internacional, pero a veces también por el propio gobierno, como si ellos fueran el ojo de Dios o los que hacen las cosas. Entonces, ahí mi interés sería más bien tener posibilidad de saber qué más hay, eso me gustaría mucho, entender las fuentes de la fuerza del pueblo venezolano que nutrieron a Chávez, pero que Chávez no es la fuente.

Para aclarar, propongo que leamos:

 

Raquel Gutiérrez A.: “pensar las condiciones de una política no estadocéntrica”
28 de julio de 2014

Por: Emiliano Terán Mantovani

Opinión

Charlar con la socióloga, matemática y luchadora social mexicana, Raquel Gutiérrez Aguilar, empaparse de una visión que se nutre fundamentalmente desde las luchas populares, desde abajo, y confrontarla con las experiencias y saberes producidos en el marco de la «Revolución Bolivariana» venezolana, hace de este, un encuentro más que fructífero y retador. Con Raquel, quien desde 2011 es docente en el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, compartiendo espacio con John Holloway con quien tiene una cercanía teórica, y que además es una investigadora muy poco conocida en Venezuela país que nunca ha visitado, hemos conversado sobre asuntos medulares para América Latina, como las claves para entender los procesos recientes en la región, dónde ubicar y cómo mirar al Estado en las cartografías políticas de análisis, interpretaciones del papel de los gobiernos progresistas en nuestros procesos de transformación, y también algunos planteamientos sobre el chavismo y el zapatismo.

 

ETM: Los procesos de transformación recientes en América Latina han supuesto también, tanto un redimensionamiento de las disputas epistemológicas para comprender nuestros procesos históricos en la región, como la aparición de nuevos problemas, nuevos elementos, nuevos sujetos. ¿Cuáles son las claves que propones para interpretar estos procesos?

 

RGA: Yo leo la historia reciente de América Latina a partir de las luchas que se han protagonizado desde abajo, y que fueron un conjunto de luchas muy potentes, muy decisivas, muy masivas, que se fueron relevando. Podemos empezar justamente desde aquel «Caracazo» inaugural, empezar a ver en los noventas el acuerpamiento y la potencia del movimiento indígena ecuatoriano, que empezó a ocupar tierra, que empezó a disputar decisión política, que empezó a cuestionar formas de exclusión, etc. Pero después, a partir del 2000, vemos una ola enorme de movimientos en América latina, la sucesión de caídas de presidentes. En Buenos Aires, por la lucha bonaerense básicamente, por la lucha piquetera, pero que era una lucha en toda Argentina, y que descarriló el proyecto liberal menemista, obligando y empujando a una reconstitución posterior. Vemos la ola de levantamientos y movilizaciones en Bolivia que desde el 2000 en Cochabamba, después con los continuos cercos a la ciudad de La Paz que estableció el movimiento Aymara, con la insurgencia cocalera de Evo, fue desgastando totalmente el modelo neoliberal en Bolivia hasta su caída y hasta la posterior llegada a la presidencia por Evo Morales, uno de los representantes importantes de esos movimientos que protagonizaban la lucha. Y así podríamos seguir pasando lista. Esos que mencioné son los casos más conocidos, los casos más estridentes.

 

 Yo tengo la impresión de que lo que se acentuó en esos momentos fue una capacidad de veto social, se fue produciendo colectivamente una capacidad de veto. Se llegó un momento en el que no era admisible una forma de ejercicio del gobierno, una forma liberal, absolutamente pro-capitalista, y así fueron cayendo esos gobiernos. Entonces, ese es un primer punto que me parece muy relevante. Es decir, detesto expresarlo con claridad, las lecturas que parten de arriba hacia abajo, que parten de la omnipotencia, omnisciencia y gran sagacidad generalmente de un gran barón, porque esa es una acción de desconocimiento radical de ese protagonismo de quienes ponen el cuerpo en los caminos, en los bloqueos, en las luchas, etc. Hombres y mujeres, niños, ancianos y ancianas, sociedad movilizada, sociedad en movimiento, ¿a partir de qué? A partir de sus heterogéneas y polimorfas tramas asociativas, que llega un momento en que se politizan. Entonces, no estoy desconociendo la relevancia de organizaciones estructuradas de manera más canónica, de las figuras de agregación sindical, frentista, partidaria; estoy al mismo tiempo tratando de plantear una línea para descentrarlas del protagonismo, y ver, tomar interés y darle la importancia a eso, a lo cual no se le da.

 

 En la narrativa del gran sujeto moderno que disputa al otro gran sujeto abstracto que es el capital entendido como relación social, pero de alguna manera inasible , se le contrapone otro gran sujeto mítico en la figura de un caudillo, en la figura de un partido, en la figura de una gran organización sindical, que lo que hace es empañarnos la mirada para entender con mucha mayor claridad y con mayor profundidad este conjunto de actividades cotidianas, sistemáticas, desparramadas, desagregadas por el mismo capital, pero susceptibles de politización y de veto de aquello que no les conviene. Esa es mi clave de interpretación de la realidad latinoamericana, de ahí que yo nunca fui particularmente entusiasta por los gobiernos progresistas, sin estar en contra de ellos. Simplemente, ahí no me parece que está ni lo más interesante, ni lo más creativo, ni lo más capaz de producir novedades políticas que trastoquen y subviertan las relaciones de dominio del capital, me parece que eso está en lo otro. Y me parece también que la subversión de las relaciones del capital, de su domino, de su control, de su continua cadena de despojos e imposiciones, va de la mano con un sujetar políticamente a las personas, a estas tramas comunitarias centradas en la reproducción de la vida, polimorfas y susceptibles de asociación, que intervienen diciendo “no”, pero después, cuando empieza el momento de la positivización, son capturadas por acciones extranacionales. Y eso, siento yo, que es algo que ha pasado sistemáticamente en los propios países con gobiernos progresistas.

 

 El gobierno venezolano, honestamente, no conozco exactamente cómo pasa, pero tanto de los otros dos que son sus “primos chicos", el señor Correa y el señor Morales, y los gobiernos que ellos encabezan, me parece que han concedido demasiado en términos de reconstrucción de formatos y leyes, formatos institucionales y andamiajes legales absolutamente concordantes con el orden de acumulación del capital. Con un orden de acumulación del capital un poco distinto que, por ejemplo en el caso boliviano, limita y se trata de desatar de las corporaciones trasnacionales más poderosas del mundo que anteriormente estaban ahí sujetando, pero que vuelve a atarse a otro tipo de intereses, como los intereses de la oligarquía brasileña.

 

 Finalmente, la lucha potente protagonizada por estas comunidades que se suelen insolentar, que se insubordinan y que pueden abrir caminos de reconstrucción de la posibilidad de convivir de otra manera, no tiene nada que ver con escoger entre modalidades de la acumulación del capital, sin negar que hay algunas más profundamente depredadoras de otras, pero sabiendo al mismo tiempo que a la larga van a ser lo mismo, y van a caminar en el mismo camino. Porque finalmente –otra vez, la relación de los procesos de acumulación del capital se basan en la devastación, se basan en la desposesión y se basan en la explotación. Entonces, partiendo de ahí ya tengo un panorama.

 

 ETM: Creo que en la actualidad tenemos signos muy claros de que estos recientes procesos de cambio de corte progresista en América Latina parecen estar ralentizados o estancados, donde además se han abierto espacios para que diversas fuerzas reemerjan y estén disputándose, con más vehemencia, la hegemonía y el control político en varios de esos países. Dado este escenario, ¿cómo visualizas el panorama de la región, y en especial el de los gobiernos progresistas para los años venideros?

 

 RAG: La cosa es que yo siento que estos gobiernos progresistas en realidad se han dado un tiro en el pie, porque han desconocido la fuerza de donde salieron, y han concentrado sus esfuerzos en los últimos cinco o seis años en conseguir las condiciones organizativas y políticas para cabalgar esos movimientos, para cooptarlos, para capturarlos política y organizativamente, es decir, para limitar su capacidad beligerante y sobre todo su posibilidad de relanzar objetivos políticos. Entonces, lo que ha ocurrido es que ha habido un re-monopolización de la decisión sobre el asunto general que excluye a los protagonistas que produjeron los propios gobiernos, y que se coloca sobre ellos a título de esa cosa abstracta que es “la nación” –que es la unidad ideal para la acumulación de capital, y se ha convertido en una especie de “administrador general” de cosas, en vez de auspiciador de procesos transformativos; y eso colapsa porque tiene un límite.

 

 Los gobiernos progresistas ahora están acosados desde varios lugares, se ven amenazados, están siendo deglutidos por el capital chino en Ecuador el “deglutidos” en sentido literal, y en el caso boliviano están siendo acosados, por ejemplo, por las trasnacionales de la agroexportación, con las que nunca se desataron. Y sí, tienen una creciente capacidad todavía en Bolivia, un poco más fisurada en Ecuador, de establecer términos de control sobre sus propias poblaciones, de generar procesos muy simulados porque son copia y calca de la democracia procedimental que hace diez años estábamos tratando de hacer caer, tratando de habilitar procesos de producción de la decisión política mucho más vastos, mucho más profundos; tienen esa capacidad allí, pero cada vez menos tienen esa capacidad de confrontar ofensivas como la que está atravesando Venezuela, cada vez están más incómodos para eso, cada vez son más vulnerables, porque hay un error sistemático en esta cuestión de dónde viene la fuerza, de quiénes son los protagonistas de la transformación social. Hay una confusión tremenda, y es que los 300 ó 400 años –porque si ponemos una generalización de relaciones tendencialmente liberales y capitalistas a partir de las reformas borbónicas del XVIII, digamos, para contar– hay históricamente una tendencia a ese desconocimiento de la fuerza colectiva, una tendencia hacia una individualización brutal, una tendencia hacia centrar la mirada en estos procesos llamados modernizadores pero que son en realidad acciones brutales de «despojos múltiples», porque son despojos múltiples en términos de riqueza material y despojos de capacidad política.

 

 Entonces, no me extraña que estén desgastándose, viéndose más débiles, teniendo que conceder más cosas, viéndose acorralados por otros intereses, etc. La fuerza no era de ellos, nunca lo ha sido. Ellos fueron fuertes en tanto fueron expresión de ese conjunto de tendencias y de anhelos que se pusieron en juego y no pueden dejar de serlo, pero al mismo tiempo su intención fue tratar de dejar de serlo. Entonces, dan “gato por liebre”, es tremendo porque se expropia la capacidad de producir decisión sobre asuntos generales y se le devuelven bonos focalizados para permitirte consumir un poco más. Eso no es algo que estuviera planteado en el horizonte comunitario popular que yo creo que sí despegó, se hizo visible, audible, perceptible en América Latina en la década pasada.

 

 Y ahora tenemos una revisión de los esfuerzos que ya hemos visto ocurrir, una revisión “trucha” diríamos a lo peruano, una revisión pirata de una película que ya vimos, porque ni siquiera es un esfuerzo por reconstruir unos Estados más o menos parecidos a los tramos de bienestar que tuvimos en otros momentos, con Estados realmente fuertes que emprenden acciones económicas realmente serias. Tenemos una especie de Estados que negocian, que se arrogan en el mundo del mercado que domina al mundo, en calidad de titulares de la posibilidad de negociar lo que no es de ellos a partir de regímenes de concesión, por un lado, igualito que los gobiernos liberales más horribles como el de Colombia y el de México; y por otro lado, tenemos políticas de tutela a partir de programas focalizados. Entonces, concesión y tutela, los dos grandes pilares que, al menos en los países andinos de altura, quisieron destrozar y hacer caer estos movimientos, los ves reinstalados por los gobiernos progresistas que sí, mantienen cierto control y van a ganar las elecciones, con ese procedimiento tramposísimo que es el procedimentalismo electoral, y más si estás ocupando el aparato del Estado. Pero qué de aquellas grandes deliberaciones públicas, qué de aquella apropiación de la capacidad de decidir y de incidir, qué de aquella capacidad que la vimos existir. Bueno, por eso se dieron un tiro en el pie, entonces caminan cojos y a ver hasta dónde llegan, y caminan despacito, en eso va esa ralentización que tú ves, ese debilitamiento, así lo veo yo.

 

 

ETM: Si estos gobiernos son tan funcionales al capital, ¿por qué el ataque imperialista que se ha dado constantemente sobre estos países? ¿Cómo podríamos explicar esa contraposición? Históricamente, uno ve que los sistemas más funcionales han sido más bien sostenidos por los grandes capitales, evitando las conflictividades internas y tratando de mantener justamente el orden. ¿Cómo tratar de entender, si son tan funcionales al capital, que haya ese ataque de diversas formas?

 

 RGA: O sea, los ataca el imperialismo estadounidense, no los ataca el capitalismo ruso reconstruido: es su aliado. No los ataca el capitalismo chino explotador: es su aliado. Entonces, lee a nivel más amplio el conjunto de dinámicas, de confrontación geopolítica que nos tienen al borde de la “N” guerra mundial, que nos tienen en vilo, porque se está amenazando una confrontación muy drástica en momentos de una depresión en el propio corazón del capitalismo industrial, que no acaba de terminar, que no termina, y eso exacerba las contradicciones interimperialistas, como lo dicen los clásicos. Pero es un recorte heredado de una lectura de los años 50, el pensar que el imperialismo capitalista es solamente encarnado por los Estados Unidos, y de lo que yo estoy hablando es de la relación del capital. Estos gobiernos progresistas tienen de donde escoger, y eso es lo que han estado negociando. Han estado negociando con el diablo habiéndose disparado en el pie, pues, por eso es que están “remal”.

 

 ETM: Si hipotéticamente, se abriera en América Latina un nuevo proceso de reconstitución de un bloque popular sobre la base del descontento social, donde se conjugaran los movimientos sociales con los ciudadanos explotados, excluidos e indignados, y se abriera un nuevo camino para la transformación profunda de las sociedades latinoamericanas, o al menos de algunos países, ¿qué papel podría jugar el Estado, tomando en cuenta sus propios límites estructurales, en la configuración de procesos sociales de transición? ¿Qué rol juega no sólo en la dinámica interna de un país determinado o de un bloque, sino en la geopolítica?

 

RGA: Pues, me haces una pregunta que a mí me saca de mis cánones comprensivos. Yo no suelo pensar desde el Estado porque no me interesa, y no es que sea un antiestatalismo furibundo, es que a mí lo que me interesa es la lucha; porque lo que veo es que es en la lucha donde se pone en juego la cosa, la posibilidad misma de producción, la posibilidad misma de que tenga sentido tu pregunta. Entonces, lo que estoy reflexionando desde el año 2009 cuando se empezó a sentir, a percibir ya el aquietamiento de estos ritmos de transformación, se da sobre la base de dos ideas centrales que me dan mucha luz: por un lado, el hecho de tener mayor claridad y de seguir trabajando con una postura política de abajo que sea “no estadocéntrica”, es decir, no estoy diciendo que sea antiestatal, a veces es muy bueno tener un aliado en el Estado, pero ese no puede ser el objetivo nunca. Si nos colamos de chanfle como en Bolivia colamos a Evo, de chanfle absoluto, a la presidencia del gobierno, cuando se deciden las elecciones presidenciales de 2005, las que gana Evo, tenías el país paralizado por bloqueos en todos lados. La gente movilizada fue capaz de poner cercos en La Paz, cercos en Sucre, cuando el congreso se traslada a otra ciudad para poder sesionar y decidir las medidas contra la población. En fin, ahí se desplomó, ahí quedó muy evidente que ya los que estaban gobernando no podían gobernar, que se había quebrado un orden de mando.

 

 Entonces, lo más importante de ese momento, lo que yo he aprendido y eso es a lo que pongo mi esfuerzo, es en pensar las condiciones de una política “no estadocéntrica”, que puede hablar con el Estado, pero me interesa pensar y pulir la política desde lo “no estadocéntrico”, es decir, cómo conservamos el lugar de enunciación y la autonomía material, política y moral para continuar logrando establecer una discusión política de altura con aquel que gobierne, sea quien sea. Y la respuesta que voy encontrando, es que el punto de partida no puede ser la recomposición de la acumulación de capital, o variar los términos de la acumulación de capital, sino que tiene que ser el concentrarnos realmente en entender y analizar el ámbito de la reproducción material de la vida social y establecer desde ahí, desde las necesidades que estén produciéndose ahí, los términos que tienen que guiar la actividad política de los que estén fuera del Estado, y la posibilidad de mandatar a quien ocupa el Estado. Un poco así me estoy imaginando la cosa.

 

 Entonces, a partir de eso, si tú me concedes toda esa premisa, pues yo te trato ahora sí de responder a tu pregunta, pero es totalmente hipotética. ¿Qué cosas sí necesitamos y qué cosas no necesitamos? Eso es algo que tiene que deliberarse socialmente. ¿Qué cosas sí queremos y qué cosas no queremos? ¿Qué cosas podemos proponernos producir, qué cosas no podemos no necesitar, y qué cosas podemos aplicar? Esa discusión social no es una cuestión de expertos decidiendo, esa deliberación general, para ir dando respuestas a esas preguntas, pues, sería la clave que me marcaría el tono de con qué capital y con qué procesos de acumulación negocio y de cuál comienzo zafarme. Así un poco me lo imagino, pero es una perspectiva.

 

 A mí me da la impresión de que la contradicción principal, fundamental, que vivimos en América Latina es entre estas tramas comunitarias cada vez más despojadas de su posibilidad de reproducir su vida material y estos consorcios trasnacionales. Entonces, la cosa es cómo desde esta fuerza los repliegas, cómo te da tiempo y que necesitas tiempo, esto es una cuestión de escala y de ritmo, es una cuestión de tiempo también, cómo empiezas a producir, cómo se empieza a producir colectivamente esta discusión, esta deliberación política sobre el modo que queremos vivir, y de ahí se va mandatando a quien ocupe la figura o lugar del Estado, de qué cosas sí se necesitan y qué cosas no. Así me imagino yo el comunismo de nuestra era, no el Socialismo del siglo XXI, sino eso.

 

 ETM: Tomando en cuenta que cada país latinoamericano tiene sus diferencias, ¿cómo impulsar, desde estos sentidos que analizas, un proyecto emancipatorio en países en los cuales, condiciones de relativa fortaleza de las tramas comunitarias, de relativa organización social, no están dadas en su punto? ¿Cómo hacer cuando estos tejidos comunitarios y las formas de organización popular han sido severamente lesionados y desmembrados por un proceso de destrucción, de despojo largo y prolongado? ¿Cómo podríamos pensar en esos escenarios un poco más complicados?

 

 RGA: Yo creo que estos pensamientos tienen un carácter muy particular y son pensamientos que emergen desde situaciones, que están situados. Porque si te estoy hablando de que yo trato de aprender de las luchas, que mi escalpelo para entender las cosas es desde las luchas, es en medio de las luchas, entonces esto no te lo sabría responder así en frío. Pero lo que yo pienso es que las luchas potentes que ha habido en esos países en los momentos críticos, son los que tienen que poder alumbrar otras posibilidades. Porque el pensamiento que dice que no hay otra posibilidad que la que está siguiéndose es un pensamiento conservador y cobarde. Entonces, esa esterilidad es de la que hay que renunciar. ¿Y dónde están los momentos genuinamente fértiles para abrir las posibilidades? En los momentos de quiebre, como decía Walter Benjamín, los momentos en los que las contradicciones quedan iluminadas, los momentos en los que las posibilidades también se delinean al menos como aspiración.

 

 Bueno, qué pasó en esos países, ¿de cuál hablamos? ¿De Venezuela? Qué pasó en el "Caracazo", qué pasó en la defensa de Chávez durante el golpe de 2002, qué pasó en otros momentos importantes de protagonismo de la población venezolana en su heterogeneidad. No sé si ahí haya o no haya tramas comunitarias, pero lo que sí sé es que tiene que haber algún tipo de forma asociativa, porque la gente no vive sola. Que pueden ser formas asociativas despolitizadas, pero qué hicieron esas personas, esos hombres y mujeres concretos en esos momentos, qué quisieron. Yo lo que haría sería estudiar eso y capaz encuentro que hay lugares donde eso no existe, pero capaz encuentro que sí hay.

 

 ETM: En estos procesos de transformación regionales, en sus diversos grados, donde resalta el bloque diverso que supuso los planteamientos más radicales, más alternativos, como lo fueron Venezuela, Bolivia y Ecuador, y algunas reivindicaciones populares en otros países, finalmente, vemos que todos ellos terminan convergiendo y reinscribiéndose en la máquina capitalista, todos terminan redimensionando los modelos capitalistas/rentistas que son los modelos predominantes en América Latina. ¿Cómo desconectarse de estos proyectos y en qué sentido el proyecto del zapatismo puede ser aún una referencia para las dinámicas políticas emancipatorias de nuestra región?

 

 RGA: Yo sigo sintiendo que el zapatismo es una experiencia tremendamente valiosa, sin que necesariamente tenga que ser referencia. Yo siento que la experiencia zapatista y todos sus esfuerzos, y ahora todos esos esfuerzos desde los últimos diez años de construir un autogobierno, de establecer condiciones, de relanzar siempre su posibilidad de autodeterminación, por supuesto territorialmente asentada y defenderla, lo que son es un ejemplo de perseverancia, y en ese sentido, como ellos mismos dicen siempre, a lo más que pueden llegar es a ser un espejo, no un referente, un espejo para que otros problemas se vean en ellos y decidan como le hacen. Esa es la cosa, otras voces han puesto al zapatismo como modelo, yo siento que los zapatistas no se han puesto ellos mismos de modelo nunca. Ellos lo que hacen es decir que sí y que no, y tratan de lanzar conversaciones con el resto, pero no están tratando de ser una teoría general, no están tratando de pretender que pueden resolver ellos todos los problemas. Toman un lugar bastante más humilde, que yo creo que nos convendría tomar.

 

 ¿Por qué pretendemos desde otro flanco ideológico, ocupar el mismo lugar al que han ambicionado las élites dirigentes del capitalismo a lo largo de los siglos? ¿Por qué tendríamos que ser como ellos? ¿Por qué tendríamos que aspirar a un lugar particular y afirmativo, que es el lugar del Estado? ¿Por qué no mejor ensayamos una lucha tenaz en términos particulares y vemos hasta donde llega, y otra, y otra, y nos preguntamos por los problemas que tienen esas luchas en generalizarse y en producir puentes que les permitan reforzarse mutuamente? A mí esas preguntas me parecen más interesantes que cómo pueda ser el modelo de Estado X, porque eso no lo sé, y porque además en el momento en que haces las preguntas desde ese lugar, ocupas un lugar de enunciación que va a jalar tu propio pensamiento hacia condescender y hacia establecer términos de reconstitución de mando, de desconocimiento de protagonismo, etc., ya ha pasado muchas veces. Entonces, hay que relanzar las preguntas, me parece.

 

 ETM: ¿Cuáles preguntas propondrías tú, por ejemplo?

 

 RGA: La de cómo puede continuar la lucha, desde cómo pueden ser modos más agudos, de cómo pueden haber articulaciones autónomas entre las luchas, de cómo se puede pensar en la transformación a partir de la reproducción social de la vida material –lo cual parece un oxímoron-, de cómo se puede descentrar el asunto de entender la vida a partir de la reproducción del capital. Preguntas políticas, preguntas epistémicas, preguntas de fondo. Esas son las que me gustan, esas son las preguntas de la lucha.

 

 ETM: Cuando uno piensa en la idea de «agrietar el capitalismo» de Holloway, se pudiese decir que reconoce que los proyectos populares emancipatorios se enfrentan a un sistema que está en cierta forma omnipresente o intenta estarlo en la cotidianidad, en la territorialidad. Y esta idea de agrietar el capitalismo pudiésemos llevarla, y disculpa que insista, al carácter de relación social que también tiene el Estado. Si como has dicho, el proyecto no debe ser estadocéntrico, pero reconoce que el estado existe, ¿no habría una posibilidad también de admitir que hay que agrietar al Estado?

 

RGA: Claro que hay que agrietar al Estado, claro, pero el Estado no se agrieta solo. Hay que agrietar el Estado y el Estado se agrieta desde afuera. Y si puedes colar a alguien para que ayude a meter un barreno y haga palanca, pero tienes la fuerza para que cuando te quiera pegar a ti con el barreno tú le dices: “oye, cálmate, te tocaba palanquear para que se cayera lo que había”. Eso es un poco lo que siento. Es que uno siempre está atravesado por la propia relación del capital también, entonces uno siempre está desgarrado entre lanzar el vínculo con el resto de una manera y otra, instrumentalizas o acuerpas, explotas o cooperas, pero puedes hacerlo. Y no estoy tratando de reinstalar una especie de individualismo metodológico porque yo siempre trato de pensar las cosas en términos colectivos, pero lo que quiero decir es que siempre hay amplias matrices de posibilidades, y que la estatal no es la única.

 

 Entonces, vámonos construyendo palabras, términos, categorías analíticas para ir distinguiendo desde afuera del Estado cómo queremos que sean, si alguien tiene que estar ocupando en el mando, en vez de estarles echando porras. Y eso no quiere decir que tú te pongas en una condición de sistemático desafío, de sistemática contraposición, de ninguna manera, pero la fuerza social capaz de protagonizar la transformación social no puede renunciar a pensar con su propia cabeza, a hablar sus propias palabras, porque si no le aventamos una película. Eso siento. ¡Ya está muy rollero esto! (Risas)

 

 ETM: Déjame hacerte un par de preguntas más. ¿Cómo evalúas los procesos de consolidación o germinación de tramas comunitarias en el marco de la última década en América Latina? ¿En los países más tocados por estos procesos de cambio, han crecido, han florecido, o por el contrario se han visto en retroceso?

 

RGA: Mira, las tramas están de por sí. En los lugares en los que el capital ha avanzado tremendamente las tramas se destejen, por supuesto que sí, pero las tramas se regeneran también en otras partes. El problema duro que hay que ver es la despolitización creciente de esas tramas, ese es el verdadero problema, ese el tiro en el pie, la despolitización de esas tramas. Es decir, su cooptación, su sujeción, su enmarcamiento en formatos de decisión ajena, la inhibición de su deliberación, etc. Lo que vimos –que yo te destacaba con mucho gusto porque me tocó vivirlo, por suerte, en América del sur, ese momento en el que se hace evidente esa capacidad política de la gente común, es un momento mágico, es un momento feroz, es un momento fuerte. Entonces, cómo es posible que hayamos regresado al estado de despolitización, es la pregunta que me quita el sueño, y cómo sería posible volver a contribuir a su politización. La tarea que yo tomo para mí es la de ir tratando de tomar esa pregunta desde una especie de razonamiento muy abstracto y tratar de contestarla, y son todas las cosas que te he dicho, eso es lo que veo. Entonces, el entramado comunitario no lo veo desbarajado, lo veo reconstruido, lo veo reconstruyéndose, pero sí lo veo despolitizado, como en el caso mexicano.

 

 ETM: Finalmente. Las luchas contrahegemónicas populares, de la izquierda, antisistémicas –como quisiéramos catalogarlas en Latinoamérica están hermanadas, en el sentido de que todas son producto del sufrimiento de la explotación capitalista, de la discriminación y el despojo, el ataque a sus territorios. Pero uno nota al menos en los últimos 20 años que hay una divergencia marcada. Por ejemplo, por un lado está el zapatismo como una especie de marca, de característica de cómo pensar la lucha; y por el otro está el “chavismo”, entendiéndose como un proceso que está enmarcado primordialmente en torno al Estado. Estas dos corrientes en algunos escenarios parecen confrontarse, parecen contraponerse, no sólo interpelarse, sino a veces hasta chocar y señalarse mutuamente. Si uno parte de la premisa de que es fundamental la articulación de movimientos de lucha, ¿En qué horizontes podemos articular estas dos líneas políticas, que en realidad están hermanadas por las luchas anticapitalistas y antineoliberales que constituyen los movimientos desde sus bases populares, pero que en algunos escenarios aparecen como confrontadas, o satanizándose unas a las otras? Es decir, ¿Cómo podemos rearticular estas dos luchas o estos dos campos en un sentido de lucha a escala regional?

 

 RGA: El zapatismo sí sé que es, el chavismo no me queda muy claro. El chavismo me parece un término demasiado polisémico, porque el chavismo puede ser la decisión de Maduro y su almohada, o la lucha generada de todos los venezolanos sacando y peleando por algo que les compete y deliberando entre sí lo que quieren o no establecer. Entonces, una tarea para el chavismo, me parece, ahora que falta Chávez, es establecer los términos del contenido desde esa expresión. Entonces, bajo el contexto actual me parece que no se puede, no le veo, ¿por qué? Porque de un lado sí veo que está claro y uno puede opinar lo que uno quiera del zapatismo, puede haber una guerra tremenda de posiciones, pero está bastante bien dicho qué cosa hacen y qué cosa no. Y han establecido a lo largo de muchos años su unidad y la han ido desarrollando, han vuelto sobre ella, y la han relanzado. Pero digamos que me resulta más comprensible, quizá porque soy mexicana y porque nunca he ido a Venezuela. Pero la polisemia del término “chavismo” me parece abismal, porque hay que preguntarse desde la pertinencia de una política no estadocéntrica, si esta idea, en una de las acepciones del chavismo, puede ser compatible con uno de los ejemplos contemporáneos más sistemáticos de plantear políticas estadocéntricas. Pues no se puede. Ahora, lo que yo creo es que en el proceso y en la lucha larga del pueblo venezolano hay muchos más contenidos que los contenidos estadocéntricos que quedan explícitos por lo general, y que son destacados por la prensa internacional, pero a veces también por el propio gobierno, como si ellos fueran el ojo de Dios o los que hacen las cosas. Entonces, ahí mi interés sería más bien tener posibilidad de saber qué más hay, eso me gustaría mucho, entender las fuentes de la fuerza del pueblo venezolano que nutrieron a Chávez, pero que Chávez no es la fuente.

 

Puebla, mayo 2014

 

- Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos - CELARG

Fuente: http://www.alainet.org/es/active/75707

 

 

Para inducirnos a luchar por su vuelta o su defensa se instalan como víctimas tanto de los poderes locales e imperialistas como de la población desagradecida.  Pero es prioritario destacar su decadencia política que, en la Argentina, culmina en el balotaje. Raúl Prada Alcoreza escribe: "Compartimos con Giussepe Coco, que estos síntomas de la decadencia política, son los rasgos anunciantes de la clausura de una época. No solamente relativa al periodo de los “gobiernos progresistas”, sino, quizás, de la forma de Estado-nación, de la política de la formalidad liberal, de la democracia institucional, reducida a la representación y a la delegación, sin contar con el autogobierno del pueblo, que es la democracia, en pleno sentido de la palabra. También compartimos que la defensa popular contra las medidas neoliberales, del nuevo ajuste estructural, en la etapa del dominio del capitalismo financiero y extractivista, no pasa ni es la defensa de estos “gobiernos progresistas”, ni de sus partidos, que ya forman parte del establishment".

 

Plantea:

"Si se ha llegado a las magnitudes sorprendentes de la decadencia política, a las intensidades perversas de la degradación manipuladora, al desborde y dominancia de la economía política del chantaje, parece que es el momento de acudir a lo que ha inhibido el poder y liberarlo. Lo que han inhibido los diagramas de poder, las cartografías políticas, las estructuras de dominación; esto es, la potencia social vital y creativa de los pueblos.  No vamos a encontrar este activismo integral en ejemplos en la historia de las revoluciones, ni en el recorrido de sus formas de organización; tampoco en sus tácticas y estrategias.  Es algo que hay que inventar; aprendiendo de las experiencias sociales, tanto dadas como dándose. Pues en la geología de la experiencia social, hay sedimentaciones que o han sido atendidas, que quedaron ahí, como capas del subsuelo; que, incluso, no llegaron a ser seleccionadas por la memoria social. En lo que respecta a la experiencia social reciente, debemos tomar en cuenta que la sociedad institucionalizada, que sostiene al Estado, no abarca la totalidad ni entiende la complejidad de la sociedad alterativa, que es el substrato social, cultural, pragmático, en el sentido lingüístico, de la misma sociedad institucionalizada".

 

Examinemos:

 

 

 

Los pueblos están solos, pero acompañados por su potencia

6 de septiembre de 2016

Por Raúl Prada Alcoreza

 

La historia política de la modernidad, sobre todo, dibujada por las revoluciones políticas y sociales, nos enseña varias lecciones:

Hace poco, hemos asistido a la caída del PT y al impedimento congresal de Dilma Rousseff. El discurso de defensa del PT y el discurso de apoyo acrítico de la “izquierda” reformista, se ha centrado en el supuesto “golpe de Estado congresal”. Giussepe Cocco  de-construye este argumento retórico e improvisado; en una entrevista dice:

Pero no es un golpe: la narrativa del golpe es una narrativa mistificada y que viene de la reelección de Dilma que estuvo cargada con un montón de mentiras y dirigida por los que provocaron la crisis económica que viene desde el 2012. En esa trampa estamos. Dilma fue destituida con un pacto interno de la gobernabilidad y que tiene dos objetivos. El primero consistía en sacarla del gobierno porque era incapaz de hacer nada más en materia económica y así aplicar las reformas neoliberales y de austeridad que ella no ha sido capaz de realizar porque no tenía condiciones políticas, ya que perdió el apoyo parlamentario: ella no hizo estas reformas no porque no quisiera, sino porque no lo lograba. El segundo objetivo es que este gobierno quiere confrontar a los jueces que están investigando la corrupción.

No es un golpe, es la crisis. La crisis interna del bloque del poder. La echaron porque ya no servía más. No lograba proteger a la casta contra los jueces y no lograba hacer las políticas neoliberales.[1]

 

La interpretación de Giussepe Cocco da luces para avanzar en la comprensión del periplo de los “gobiernos progresistas”; de su ascenso y de su regresión, de su encumbramiento y de su decadencia. Así como del sinuoso compromiso con la casta política, contra la que supuestamente se oponen y contrastan. Sobre todo, compromiso con las clases dominantes; en este caso, la oligarquía terrateniente y la burguesía; además de su concomitancia con las grandes empresas trasnacionales del agro-negocio y del extractivismo.

 

Pongámonos, para entender mejor, ante una ilustración figurativa, que, aunque, ficticia, en el sentido de su narrativa, y esquemática, en el sentido de la premura de la tesis determinista implícita, ayuda a ejemplificar la función de las reformas políticas y sociales, de los “gobiernos progresistas” en la genealogía de la reproducción del poder.

Según un joven marxista radical, crítico de los proyectos reformistas y de los “gobiernos progresistas”, crítico también de la versión estalinista de la revolución socialista, los progresistas llegan al poder para salvar al sistema. Lo hacen a un costo; reformas sociales, para contentar a las clases populares; reformas políticas, para contentar a los nacionalistas-populares; y otras reformas institucionales menores, para aparentar cambios estructurales. Una vez hecho esto, cada quien satisfecho, por el momento, retoman la función para lo que están ahí, en el gobierno. No solamente salvan el sistema, sino que buscan hacerlo reaccionar, hacerlo crecer y fortalecerlo[2].

 

Si consideramos esta narrativa ficticia; pero que, de todas maneras, nos entrega una hipótesis política, que tiene consistencia, a no ser por la tesis mecánica del determinismo, podemos – compartamos o no la tesis determinista; nosotros no la compartimos – comprender la trama en la que se encuentran los “gobiernos progresistas”. Se encuentran en las mallas institucionales de un Estado-nación, que ha funcionado – como herencia colonial, conllevando la carga de las dominaciones patriarcales, constituidas por las religiones monoteístas – como maquinaria de poder; es decir, de dominación, en sus múltiples formas.

A pesar de las buenas intenciones, que puede haber habido; al usar esta instrumentalidad de poder, que los desborda, además dentro de la cual están, los efectos de poder no pueden ser otros que los contenidos como direccionalidades, en la lógica y función de estos instrumentos de dominación. Sirven para reproducir el poder y conservar las dominaciones.

 

Descartando ahora la tesis determinista de nuestro personaje ficticio, ¿si no hay un fatalismo, es decir, la causalidad  determinista ineludible, que arrastra a los “gobiernos progresista” a su propia decadencia, qué hay? Vamos a recurrir a las hipótesis interpretativas, que hemos venido desplegando en los análisis críticos del poder, de las formas de poder; entre éstas, de los “gobiernos progresistas”.

Los “gobiernos progresistas” se mueven en los márgenes definidos por el orden mundial, por el imperio, del sistema-mundo capitalista. El espacio de movimiento y de maniobras posibles, dentro de estos márgenes, no afecta al funcionamiento del sistema-mundo, por más discurso retóricamente “antiimperialista”, que se pueda entonar. El problema de los “gobiernos progresistas” radica en que no solamente se mueven en el intervalo de esos márgenes, sino que ese espacio recortado y delimitado, también contrae, por así decirlo, su propia temporalidad. Como el proyecto “progresista”, supuestamente, es distinto al proyecto neoliberal; además, pretensión política no solamente enunciada, sino  corroborada, por lo menos, en un principio, por medidas populares, nacionales y sociales; la capacidad de gobernabilidad se debilita y el gobierno, incluso su coalición, se agota. No sólo una revolución desborda, no para, continúa, de manera permanente, si se quiere; sino también las reformas, pues una vez comenzadas; sino también las reformas. Los pequeños cambios, requieren su continuidad; las reformas deben completarse. Se puede decir, que la gobernabilidad, en este caso, de los “gobiernos progresistas”, sólo es posible, si continúan las reformas. Pero, esto no es lo que ocurre, sino lo contrario. Estos “gobiernos progresistas” se comportan como el termidor de su propia “revolución” reformista.

 

Sacando consecuencias de esta interpretación, podemos deducir que los “gobiernos progresistas” no solamente se encuentran dentro de la vorágine de la crisis, sino que son parte de la crisis. Son como los factores y dispositivos políticos, que heredan la crisis, la administran, calman su intensidad, por lo menos, en un lapso, para después, volverla a desencadenar. Quizás de una manera más intensa. Podríamos decir que éste es el entramado en el que se encuentran atrapados los “gobiernos progresistas”.

 

En el caso de la destitución de Rousseff, que es el desenlace de una trama política, que es la forma como concluye el periodo de un “gobierno progresista”, nos encontramos con características elocuentes de la decadencia y de la crisis singular política brasilera. La corrosión institucional, la espiral de la corrupción, es compartida tanto por oficialistas como por la oposición. La clase política es corruptible. La singularidad política no se encuentra en esto, pues esto es una analogía compartida, no sólo por los “gobiernos progresistas”, sino por todos los gobiernos, sean conservadores, liberales, nacionalistas, neoliberales, incluso, en su caso, socialistas. La singularidad se encuentra en la forma singular de darle cuerpo, por así decirlo, a esta analogía compartida; casi como una regularidad política en la historia política moderna.

 

En el Estado Federativo de Brasil, el poder judicial parece mantener cierta independencia, lo que no ocurre en los otros “gobiernos progresistas”, como en Bolivia y Venezuela. Esto ha llevado a que el poder judicial impulse una operación contra la corrupción, denominada Lava Jato. De acuerdo a Guissepe Cocco, el Congreso trata de detener las investigaciones judiciales de esta operación anticorrupción. Entonces, no solamente estamos ante las consecuencias políticas de una degradación y decadencia política, que se manifiestan en la caída del gobierno, sino ante un enfrentamiento de los poderes del Estado. El poder judicial, al mantener cierta independencia, busca cumplir con sus funciones encomendadas por la Constitución; en tanto que el poder ejecutivo y, en este caso, sobre todo, el poder legislativo, persiguen obstaculizar el cumplimiento de este deber de la justicia. El hecho de este enfrentamiento interestatal, ya habla ilustrativamente de los alcances de la crisis política.

Por otra parte,  cuando se enfrentan abiertamente el poder ejecutivo y el poder legislativo, no estamos, exactamente, como en el caso anterior, ante un enfrentamiento entre un poder que quiere cumplir con sus tareas y poderes que quieren impedírselo; sino ante dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, que buscan desesperadamente encubrir un descomunal escándalo de corrupción, que tiene que ver con el manejo político y administrativo de PETROBRAS. En consecuencia, la crisis múltiple del Estado, ha llegado tan lejos, que la reproducción del poder se ha como reducido a la triste tarea de garantizar la reproducción de la corrosión institucional y la corrupción, que es la forma vigente del poder, en la era de la simulación y en su etapa decadente.

 

Compartimos con Giussepe Coco, que estos síntomas de la decadencia política, son los rasgos anunciantes de la clausura de una época. No solamente relativa al periodo de los “gobiernos progresistas”, sino, quizás, de la forma de Estado-nación, de la política de la formalidad liberal, de la democracia institucional, reducida a la representación y a la delegación, sin contar con el autogobierno del pueblo, que es la democracia, en pleno sentido de la palabra. También compartimos que la defensa popular contra las medidas neoliberales, del nuevo ajuste estructural, en la etapa del dominio del capitalismo financiero y extractivista, no pasa ni es la defensa de estos “gobiernos progresistas”, ni de sus partidos, que ya forman parte del establishment.

 

Ciertamente, el panorama político, sobre todo, en lo que respecta a las alternativas sociales y políticas populares, es, por así decirlo, desolador; sin embargo, parece conveniente salir de nuestras evaluaciones o balances, basados en la ponderación de las organizaciones, de los partidos y de los movimientos visibles. Parece conveniente, abrir el horizonte de visibilidad más allá de las organizaciones constituidas, más allá de los partidos instituidos, más allá de los movimientos y movilizaciones manifestadas. Parece que es indispensable visibilizar los campos de posibilidades, inherentes al acontecimiento, palpar la potencia social, aunque no sea evidente, ni visible, ni elocuente. En otras palabras, sin caer en ningún romanticismo ni vanguardismo, parece que el activismo comprometido, intelectual, grupal y colectivo, debe desatar su propia potencia, para activar la potencia social, contenida en los pueblos.

 

Si se ha llegado a las magnitudes sorprendentes de la decadencia política, a las intensidades perversas de la degradación manipuladora, al desborde y dominancia de la economía política del chantaje, parece que es el momento de acudir a lo que ha inhibido el poder y liberarlo. Lo que han inhibido los diagramas de poder, las cartografías políticas, las estructuras de dominación; esto es, la potencia social vital y creativa de los pueblos.  No vamos a encontrar este activismo integral en ejemplos en la historia de las revoluciones, ni en el recorrido de sus formas de organización; tampoco en sus tácticas y estrategias.  Es algo que hay que inventar; aprendiendo de las experiencias sociales, tanto dadas como dándose. Pues en la geología de la experiencia social, hay sedimentaciones que o han sido atendidas, que quedaron ahí, como capas del subsuelo; que, incluso, no llegaron a ser seleccionadas por la memoria social. En lo que respecta a la experiencia social reciente, debemos tomar en cuenta que la sociedad institucionalizada, que sostiene al Estado, no abarca la totalidad ni entiende la complejidad de la sociedad alterativa, que es el substrato social, cultural, pragmático, en el sentido lingüístico, de la misma sociedad institucionalizada.

 

Es verdad que lo que decimos parece especulativo, aunque no sea romántico ni vanguardista, como enunciación esperanzada; empero, se basa en una conjetura corroborarle. La vida, los ciclos vitales, la potencia de la vida,  están más acá y más allá del alcance del poder, de sus formas de Estado, de sus formas de gubernamentalidad, de sus mallas institucionales, de sus diagramas de fuerza y sus cartografías políticas. Parece que tenemos que aprender cómo hace la vida para ser proliferantemente creativa y resolver constantemente problemas.

 NOTAS

[1] Diagonal; Lola Matamala: https://www.diagonalperiodico.net/global/31304-no-es-golpe-estado-es-la-crisis-dilma-la-echaron-porque-ya-no-servia-mas.html.

[2] Mención a un cuento no escrito ni publicado de Sebastián Isiboro Sécure. Quien escribió y publicó el cuento La ordenhttps://pradaraul.wordpress.com/2012/09/26/la-orden-2/

Leer más: http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/los-pueblos-estan-solos-pero-acompanados-por-su-potencia/

 

Fuente: http://www.bolpress.com/2016/09/06/los-pueblos-estan-solos-pero-acompanados-por-su-potencia/

 

En consecuencia, afirmémonos en que la «reforma agraria integral» estará encaminada a liberar los potenciales sociales, es decir a percibir la complejidad de la construcción de buenos vivires convivires. Con ese objetivo atendamos a Emiliano Terán Mantovani explicando que se trata de reconocer a:

  • "Las diversas y múltiples formas de producción de lo político que se encuentra en las afueras del Estado, las otras formas de hacer que se distinguen de él; que dé cuenta cómo sus objetivos, formas y acciones difieren de la forma de la estatalidad".

  • "La lucha popular territorial como punto de partida, la llevada adelante para reproducir la vida, sin que esto implique, de ninguna manera, el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas municipales, biorregionales, nacionales, continentales o incluso globales".

 

América Latina: tensión neoliberal y territorialización del poder

9 de septiembre de 2015

 

Por: Emiliano Terán Mantovani

            

Presenciamos en la actualidad a escala planetaria, una agudización sin precedentes de las históricas contradicciones sociales y ecológicas del desarrollo capitalista mundial: peligros de una escalada bélica internacional, en sus diferentes modalidades[1]; dramáticas tensiones migratorias[2]; crecientes desajustes en el orden de los ciclos climáticos[3]; ralentización del gran salvador de la economía mundial desde 2008, China, y tendencia a la deflación global[4]; desbordamiento progresivo de las precarias “democracias” contemporáneas y conexión cada vez más fuerte entre la política formal y bandas criminales, narcotráfico, grupos extremistas, entre otros –con mayor énfasis en periferias o el Sur Global–[5]; desgarramiento de los tejidos sociales y reconfiguraciones de los límites del pacto social; entre otras.

 

Cuando el pastel de la riqueza se hace cada vez más pequeño y los apetitos crecen, las ilusiones de progreso se van vaciando, la acumulación capitalista se vuelve aún más salvaje. El neoliberalismo ―como modo de acumulación propio del capitalismo globalizado― se potencia, se reacomoda, busca ocupar espacios y ámbitos que se resisten a su lógica, y así expandir aún más el despojo y la mercantilización de todo. No importa en qué parte del mundo usted se encuentre, no importa si el gobierno de su país es considerado o no “progresista”, esta tensión neoliberal está presente, en diversos grados y formas, en cada proceso de acumulación formal o informal de capital en la actualidad.

 

Pregunta de orden estratégico: ¿quiénes, en este momento en América Latina, son las fuerzas antagónicas capaces de detener el avance de la acumulación por desposesión? ¿Qué actores o sectores sociales y políticos pueden aún encarnar hoy una alternativa, no sólo a este neoliberalismo mutante[6] que ha coexistido versátilmente entre nosotros, sino al propio orden capitalista?

 

Años atrás, parecía evidente que esta alternativa, entendida como “posneoliberal”[7], estaba centrada principalmente en los gobiernos progresistas de la región, y en los líderes que los han guiado. Ya estos gobiernos no serían fundamentalmente dominación, sino representación no sólo de los intereses populares, sino también de la construcción de la vía hacia modelos que podrían estar en un futuro, más allá del capitalismo y la dependencia. A estas alturas, sostener esta idea es más que problemático.

Desde varios meses atrás, venimos presenciando una aceleración de la deriva regresiva en la región, incluyendo claro está a todos los llamados gobiernos progresistas. Cuando baja la marea de las rentas obtenidas por los commodities –un nuevo tiempo de vacas flacas–, todo parece más árido, más tosco, se ve con más claridad la topografía excluyente e insostenible de los modelos extractivistas.

Sumadas a las políticas más conservadoras de la región, que tienen a los gobiernos de México, Colombia y Chile entre sus principales exponentes, resaltan las más claras definiciones a favor del ajuste ortodoxo y flexibilización (Agenda Brasil) en las políticas económicas del gobierno de Dilma Rousseff; en Argentina, se han impulsado reformas como la de la ley de hidrocarburos (oct. 2014), que propone una flexibilización favorable a las compañías petroleras transnacionales –con una de las regalías más bajas de la región[8]para facilitar la extracción de no convencionales; y el nuevo Código Civil y Comercial (ago. 2015), en el cual se produce la pérdida del acceso público a todos los ríos del país –siendo para Viale y Svampa “la mayor privatización de tierras de la historia de nuestro país (…) en manos de la especulación inmobiliaria[9]; sin dejar de tomar en cuenta la proyección aún más a la derecha en los horizontes de la política oficial argentina, dadas las candidaturas favoritas para las próximas elecciones presidenciales a fines de octubre de este año.

 

En Ecuador, además de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (dic. 2014, aún no en vigor), resalta desde 2014 la más agresiva política de endeudamiento de todo el gobierno de Correa –casi 10.000 millones US$, de los 18.000 millones que se han adquirido desde el inicio de su mandato[10]–; el desconocimiento y la omisión de obligación de pago de casi 3.000 millones US$ con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) –afectando el futuro de las jubilaciones[11]–; o la apertura a la participación privada en la prestación de gestiones públicas, a partir del proyecto de Alianzas Público-privadas (APP)[12]; en el marco general de una creciente conflictividad política interna.

 

En Uruguay, sobresale el ingreso en febrero de 2015 (de muy bajo perfil) del Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA) –que el Frente Amplio ha repudiado recientemente[13]–, un acuerdo impulsado por los EEUU y la UE, que supone un TLC con varios países, donde se propone la privatización de prácticamente todos los servicios públicos[14].

 

En Bolivia, se ha abierto el camino a transnacionales para nuevas exploraciones petroleras en áreas protegidas (Decreto 2366, mayo de 2015)[15], en el marco de progresivas flexibilizaciones en los términos de negocios con las mismas, donde destaca el reciente anuncio del gobierno boliviano (ago. 2015) de "incentivos a la exploración" para las petroleras, que implica un enorme subsidio de US$ 3.556 millones para elevar sus ingresos en 64% en los próximos diez años[16]; también destaca el avance de proyectos de legislación para una agresiva ampliación de la frontera agroindustrial –apuntando al "modelo cruceño de desarrollo", Agenda Patriótica 2025[17]–. Todo esto, se desarrolla en un momento político en el cual, el gobierno de Evo Morales ha declarado “irregulares” a 38 ONG, entre ellas al CEDIB[18].

 

Y en Venezuela, ante la crisis del modelo rentista petrolero, y en el marco de una progresiva transformación en las políticas del gobierno nacional, destacan, por un lado, el decreto 1425 de "Ley de Regionalización Integral" (nov. 2014), que plantea la figura de las “Zonas económicas especiales” (ZEE) –tomadas del modelo chino–, las cuales representan una liberalización integral de regiones geográficas del país, para derribar obstáculos al capital (IED) y así “afianzar el desarrollo y enfrentar la pobreza estructural”[19] –la Faja Petrolífera del Orinoco fue declarada como una de las ZEE del país[20] y sería una "vitrina de la Venezuela que se quiere construir"[21]–; y por otro lado, el impulso de la “Operación para la Liberación del Pueblo” (OLP), que implica intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para "combatir el hampa" –al estilo de las operaciones en las favelas brasileñas–, lo cual tiene, y tendrá, bajo este enfoque, serias implicaciones sociales y políticas[22]. Se tratan en ambos casos, y es fundamental decirlo, de territorializaciones de ajuste.

 

Pensar estratégicamente: preguntas para un tiempo de mutaciones

La recurrente idea del ataque exterior, encarnada por el imperialismo estadounidense, en articulación con las derechas tradicionales de los respectivos países, a pesar de tener asidero, pues representa actores importantes que ejercen presión en el avance de esta deriva regresiva en la región, ha servido a algunos para querer explicarlo todo con ella. Pero como lo ha propuesto recientemente el propio François Houtart, “La teoría del complot tiene el peligro de velar las causas profundas del proceso[23]. Nos preguntamos: para convertir la dirección de un Estado en un gobierno de derecha, ¿hace falta cambiar los actuales gobernantes, o también se puede ir configurando su mutación desde adentro (sin “cambio de gobierno”)?

 

¿Es única y obligatoriamente el ajuste, el horizonte próximo de todos los gobiernos de la región? ¿Podrían los gobiernos progresistas tomar una serie de medidas que en teoría habían combatido en sus inicios?

 

Si el consumo se ha convertido en el principal factor de consenso político nacional –primordialmente en las ciudades–, lo cual permite amortiguar el impacto de ciertas políticas de ajuste, ¿hasta cuándo y con qué alcance se podría mantener esta modalidad?

 

También: los trabajadores y trabajadoras de la región, campesinos y pueblos indígenas, ¿prefieren el consenso de Beijing al consenso de Washington? Y de nuevo: ¿quiénes detienen las “restauraciones conservadoras”, o bien las reformulaciones neoconservadoras? En cada vez más ámbitos, los pueblos van contando sólo consigo mismos para defender sus reivindicaciones y territorios.

 

Ante este cambio de época en marcha en América Latina, e incluso ante la reciente y dramática capitulación de Syriza en Grecia, o la vacilante propuesta de Podemos en España, parece conveniente y profundamente estratégico, preguntarnos qué hemos aprendido como pueblos de estos procesos; insistir en un debate vital en torno a la forma Estado, y nuestra relación con esta. ¿Pueden los desencantos recientes potenciar no sólo rabias coyunturales, sino nuevas disposiciones y cosmovisiones sobre la producción de lo político?

 

También parece conveniente insistir en que, ante la agudización de las contradicciones sistémicas mencionadas al principio, y de las manifestaciones de la crisis civilizatoria, podríamos estar ante escenarios en los cuales se estén configurando radicales modificaciones de las estructuras de poder tal y como las conocemos, de las formas de la soberanía, de las modalidades de control territorial –¿apuntamos hacia nuevas feudalizaciones del poder?[24]–. Si esto fuese así, los debates sobre el Estado se complejizan aún más, toman nuevos matices, aparecen nuevos elementos.

 

Fenomenología del Estado y territorialización del poder: un diálogo crítico con Álvaro García Linera

 

Como hemos propuesto, la discusión sobre el Estado, y la idea de la autonomía desde abajo ante el mismo, es profundamente estratégica ante los tiempos actuales. Podemos afirmar que existe en la región toda una línea teórico-política que insiste en la centralidad del Estado como alternativa de transformación social, en la cual el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (AGL), aparece como uno de sus principales exponentes. La relevante propuesta de AGL intenta reactivar una nueva fe sobre lo estatal.

 

Para AGL, el debate «Autonomía o Estado» es un falso debate[25]. Nosotros en cambio, planteamos que la fusión (sic) que propone el autor, de integración de las luchas desde abajo con el Estado, es inconveniente; que una lucha popular de múltiples escalas, no supone necesariamente la integración de sus objetivos, formas y acciones con los de la máquina-Estado, que son claramente diferentes. En este sentido, mantener esta diferenciación es estratégico en la agenda política de las luchas desde abajo, sin que en ningún sentido se lleve adelante una política de aislamiento o una propuesta maniquea. Se trata de pensar, antes que en un «Estado Integral», en un horizonte de territorialización del poder.

 

a.  El Estado omnipresente y la subsunción de lo común en lo público en AGL

 

A partir de lo que AGL llama el principio de incompletitud histórica –propuesto desde el Teorema de Gödel–, el autor propone que la tradición de la dominación[26] del Estado no es ahistórica, que tiene grietas, y que la gente tiene la posibilidad de trascenderla. Siendo esto cierto, la necesaria pregunta subsiguiente es: ¿cuáles son los límites de esta posibilidad de transformar al Estado?

 

Y también: aunque es importante definir al Estado como un “campo de lucha”, como una construcción política en permanente movimiento, o una estructura de relaciones maleables, no es la contradicción en sí, el elemento que lo define. Algo debe darle forma, sentido. Y su especificidad histórica, su sentido de existencia es ser una maquinaria de dominación y conducción política, tomando el propio concepto de AGL[27].

 

Esta modalidad monopólica, centralizadora y abstractalizante de poder, esta forma política de hacer que es el Estado, en AGL es al mismo tiempo materia e idea, es también creencia colectiva[28], lo que permite evidenciar, de manera muy útil, la forma fenomenológica del Estado. Sin embargo, hay una especie de omnipresencia e irresistibilidad que otorga el autor al Estado-idea colectiva: si éste es, por tanto, “las estructuras mentales, los esquemas simbólicos, los sistemas de interpretación del mundo que hacen que cada individuo sea uno con capacidad de operar y desenvolverse en ese mundo”; si las luchas populares, los saberes colectivos, los esquemas de organización del mundo, y las propias identidades sociales no están al margen del Estado, sino que éste los contiene; si éste es “la subalternidad misma en estado institucional y simbólico (…) es la comunidad social, los logros comunes, los bienes colectivos conquistados, aunque bajo una forma fetichizada”; si la “sociedad real (…) ha construido la estatalidad con sus logros y sus desdichas[29], parece pues, que el afuera del Estado es un desierto.

 

Estado no es igual a sociedad. No toda producción molecular de lo político es Estado, o tributa a su constitución, aunque coexista o se articule con él, aunque sufra su dominación. Seguramente la constitución popular de lo político está profundamente permeada por el Estado, pero éste no la configura de manera completa. Las exterioridades del Estado son múltiples, en el espacio, en las creencias, en los cuerpos, aunque puedan ser momentáneas y contingentes.

 

La rebelión no sólo proviene desde la propia experiencia de estatalidad[30] de los sujetos, sino al mismo tiempo de procesos productivos propios y territorializados que están también más allá del Estado. AGL parece incluir todas las contradicciones socio-políticas en el seno estatal.

Es necesario entonces otro tipo de fenomenología del Estado. Una que reconozca las diversas y múltiples formas de producción de lo político que se encuentra en las afueras de éste, las otras formas de hacer que se distinguen de él; que dé cuenta cómo sus objetivos, formas y acciones difieren de la forma de la estatalidad. La clave del cercamiento fenomenológico que propone AGL, y que al mismo tiempo traba el desbordamiento popular de las fronteras estatales, está en la subsunción que hace el autor de lo común en lo público. Dice AGL:

 

El Estado sólo puede producirse en la historia contemporánea si produce (como fruto de las luchas y de las relaciones sociales) bienes comunes, recursos pertenecientes a toda la sociedad, como la legalidad, la educación, la protección, la historia cívica, los aportes económicos para el cuidado de los demás, etc.; pero este común únicamente puede realizarse si al mismo tiempo de producirse, también se inicia el proceso de su monopolización, su concentración y su administración por unos pocos que, al realizar esa monopolización, consagran la existencia misma de los bienes comunes[31].

 

En realidad el Estado sólo produce bienes públicos, no bienes comunes. El ámbito de lo público ha aparecido tradicionalmente en el imaginario político moderno/occidental como el ámbito por excelencia donde se manifiesta y organiza lo popular. Sin embargo, la forma de lo público se reproduce a través de la representación política trascendental del Estado, lo que supone una gestión monopólica y corporativa del poder territorial. Los bienes comunes, como materialidad de la vida, al ser un don de la misma otorgada a todos, preexiste a la apropiación y monopolización que ejerce el Estado, a diferencia de lo planteado por AGL –“los bienes comunes son creados (…) pero solo existen si son a la vez monopolizados”, dice el autor[32]–. Las múltiples formas de lo común se basan en otra valoración de la Vida (si se quiere, de la naturaleza), en otras formas de gestionar los territorios (ecosistemas), en la acción colectiva dirigida a reproducir la vida inmediata –aunque puedan ser frágiles, discontinuas, inestables–, que en cambio son constitutivas de la dinámica social[33].

 

La distinción no es arbitraria ni insignificante. Es en el modo de gestión de los territorios, de la reproducción de la vida, en la forma de su horizonte vital, donde se produce este importante deslinde. No hacemos referencia a una comunalidad inmaculada, a un tipo de pureza, o de formas ideales libres de contradicciones. No hablamos de sujetos impecablemente cooperantes, sino pueblos rurales, semi-rurales y urbanos que apelan persistentemente a gestiones colectivas para posibilitar, en primera instancia, el curso de su vida.

 

Lo que es también importante recalcar, es como la representatividad estatal –siempre fluctuante, y en diversos grados dominante y represiva– impide, en el corto o en el largo plazo, la gestión directa de lo común. Los bienes públicos (como la educación, la vivienda, la salud, etc.) son usufructuados socialmente por la vía de una intermediación, y en numerosas ocasiones, se viven sólo como idea, suspendidos en la promesa de un futuro desarrollo, o una futura mejor gestión. Nuevas posibilidades y horizontes de lo político en la región, pasan por recuperar la centralidad de esta dimensión territorial inmanente de lo común. Producir con el trabajo colectivo y la riqueza inmediata, desde abajo, el experimento político que en algún momento del ciclo progresista quedó abortado.    

 

b. Extractivismo y la entelequia del «Estado Integral»

 

Como ya es sabido, AGL plantea que el extractivismo es una fase temporal para generar condiciones para alcanzar una "futura fase social"[34], y en numerosas ocasiones ha propuesto que los críticos del extractivismo le hacen el juego al imperialismo, como lo ha expresado sobre ONGs como CEDIB (Bolivia) en su reciente carta Sobre el papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Bolivia y su financiamiento. Ya en otros espacios hemos intentado replicar esta idea de que para salir del extractivismo hace falta más extractivismo, y hemos señalado el peligroso camino de la satanización de la crítica.

 

Pero esta prometida fase temporal del extractivismo se sostiene sobre la idea –que suele ser recurrente– de que, ahora sí, hemos alcanzado un escalafón histórico de las luchas políticas, lo cual se traducirá en una alianza progresiva entre el Estado y el pueblo, que construirá el camino para deshacer al extractivismo. Esta alianza es lo que AGL ha llamado el «Estado Integral»[35].

 

Para AGL, a partir de la experiencia boliviana, en este Estado Integral se produce “la presencia directa de representantes de los sectores sociales movilizados en distintos niveles del aparato estatal”, y añade también “la presencia directa de las organizaciones sociales en la definición de las principales políticas públicas[36]. El Estado en AGL es una trama cotidiana en la cual gobernantes y gobernados, con distintos niveles de influencia, intervienen en torno a la definición de lo colectivo[37]. De ahí que el autor afirme que “Socialismo es entonces un largo proceso de transición en el que estado revolucionario y Movimientos Sociales se fusionan para que día a día se democraticen nuevas decisiones; para que día a día más actividades económicas entren a la lógica comunitaria en vez de la lógica del lucro[38].

 

Conviene insistir en lo siguiente: el extractivismo es una modalidad de acumulación capitalista que centraliza tanto el poder como la soberanía sobre el territorio; esto es, estructura un tipo de soberanía (nacional-estatal) que mercantiliza y monopoliza la decisión sobre los llamados “recursos naturales”. Esta racionalidad, esta forma política de hacer particular, esta modalidad de dominación transnacionalizada y corporativa, que se superpone y evita que la gente realice una gestión directa de los bienes comunes, está dotada de sentido por los procesos de acumulación de capital a escala global, por la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza.

 

La entelequia del «Estado integral» intenta fusionar modos de hacer, de producir de lo político, que se contraponen. Por medio de la coacción y la “manufactura de consensos” (de diversas maneras), éste evita o pone límites a la ocupación, recuperación y reapropiación de lo común (sea en espacios urbanos, tierras agrícolas, áreas de reserva natural, etc.), en nombre de la protección de la propiedad privada, de la “soberanía nacional” y del mantenimiento del orden y la estabilidad. El Estado pues, no reconoce otra soberanía que no sea la nacional-estatal –no es casual que, por ejemplo, casi ninguna de las consultas previas en América Latina respecto a proyectos extractivos o desarrollistas sea reconocida por los poderes constituidos[39]–. Adicionalmente, en contextos de aguda crisis como las actuales, el Estado tiende a profundizar mecanismos políticos de acumulación por desposesión como medidas de ajuste, por lo que su conflicto con lo común se intensifica.

 

Pero sobre todo, es importante insistir en cómo, en las esferas más altas del Estado, donde se concentran las decisiones sobre los bienes comunes para la vida ―los llamados “recursos naturales”―, sobre las Fuerzas Armadas nacionales, las grandes finanzas, se evidencia con más claridad y crudeza la estructura jerarquizada, la modalidad corporativa transnacionalizada que posee la gestión de lo público (extracción de naturaleza, infraestructuras urbanas, adquisición de tecnología militar, financiamiento externo, etc.), lo radicalmente excluyente que es respecto a lo común, y lo complejo de delegar estas gestiones a unos cuantos representantes y voceros de movimientos sociales, para replicar los modelos de concentración de poder y manejo centralizado de la riqueza colectiva. Bajo este modelo, estos ámbitos son prácticamente intocables para las bases populares, por lo cual reformas progresistas sobre igualdad de género, aborto, derecho a la ciudad, figuras de participación política formal, entre otras, se convierten en reformas cosméticas sino se produce un proceso social de re-apropiación territorial.

 

 Alternativas, correlación de fuerzas y territorialización del poder: la centralidad de las luchas desde abajo

 

Aunque se puedan producir las condiciones ―que siempre serán temporales― para llevar adelante una gestión política articulada de las formas de lo público, entre el Estado y una masa crítica popular contrahegemónica organizada ―siempre en diferentes grados―; aunque se resalte la importancia de trastocar y transfigurar la forma Estado “desde adentro” de la maquinaria; lo que consideramos fundamental es quitarle centralidad política a la idea de que hay que, en primera instancia, ocupar el Estado.

 

En la medida en la que un movimiento político desde abajo, efervescente, numeroso, potente, otorga centralidad en su lucha a la toma de la esfera estatal, se introduce en un campo asimétrico en el que puede, paradójicamente, ocupar al Estado, mientras que el Estado, lo ocupa a él. Si el Estado es también una relación social (dominante), entonces en sus formas se producen tipos de subjetividades, corporalidades, territorialidades, redes moleculares de poder, las cuales son finalmente funcionales a la reproducción del capital. Se genera pues, algo que pudiésemos llamar una dominación productiva, a partir de sus estructuras de relacionamiento y sus formas de racionalidad.

 

El reconocimiento del Estado como máquina de dominación, no supone un desentendimiento o abandono del mismo, del campo de lo público, cuando se trata de pensar horizontes anti y post extractivistas, rentistas y capitalistas. No sólo porque el Estado no va a desaparecer de la noche a la mañana, sino también porque su función en la escala del sistema interestatal mundial y la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza, puede variar políticamente, es relativamente maleable, dependiendo de diversas luchas domésticas. Es decir, no sólo se configura un duopolio cooperativo entre Estado y Mercado, sino que se pueden desarrollar diferentes niveles de contradicción entre ellos, que podrían ser más o menos favorables a procesos de luchas locales, lo cual puede ser aún más vital y relevante en los débiles Estados-nación periféricos. Se trata de la contradicción planteada por David Harvey entre la lógica del capital y la lógica territorial[40].

 

Pero lo fundamental, con miras a abrir o mantener las posibilidades de reproducción de una política popular de lo común –resistencia y constitución–, es el estado de la correlación de fuerzas en un espacio-tiempo específico, la síntesis que se produce en el completo campo de la política (que puede ser en un país, pero no únicamente), y que está determinada por las fuerzas y probabilidades de cumplir sus objetivos, por parte de los actores que disputan en dicho campo –para lo que nos compete, las subjetividades contrahegemónicas–. A esto lo podemos llamar la composición política.

 

Esta composición política pues, está fundamentalmente determinada por las luchas desde abajo. Todo proceso contrahegemónico de horizonte social emancipatorio, se mueve y produce a partir de la lucha popular ―es su factor constituyente y originario―, la cual puede generar una recomposición que mejore las condiciones de disputa, la gestión común de la vida y las posibilidades de transformación social. Esto aplica en particular para el Estado, que posee “internamente” su propia composición política que lo define, y que puede ser reformulada para que ejerza un rol más favorable al proceso reproductivo de lo común.

 

Es la lucha popular territorial el punto de partida, llevada adelante para reproducir la vida, sin que esto implique, de ninguna manera, el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas municipales, biorregionales, nacionales, continentales o incluso globales. Se trata de la configuración y el ejercicio de otras soberanías, de posibilidades para la autonomía material de pobladores y pobladoras, de producción de narrativas propias, que en primera instancia no admitan límites exteriores y anteriores a su propio despliegue y decisión –como lo ha propuesto Raquel Gutiérrez Aguilar[41]–, y que no detienen su movimiento territorial para esperar una supuesta “resolución histórica” de la contradicción Estado/movimientos sociales, orientada a la conformación de un imaginado «Estado integral».

 

La territorialización del poder se alimenta de esos otros códigos y formas de hacer contrahegemónicos, de las cotidianas deserciones que producen los pueblos desde abajo, presentes en movilizaciones de diversos tipos, como la de los pueblos indígenas bolivianos o las expresiones cooperativas del chavismo popular urbano. Lo importante es pues, mantener el deslinde vital entre lo público y lo común, entre lo que se instituye y lo constituyente.

 

Si las luchas masivas tienden inevitablemente a declinar, a agotarse, después de una ola ascendente y efervescente, y con ello, la composición política se hace más adversa a la producción y reapropiación de lo común, y el Estado se hace más reaccionario y conservador, la única alternativa ante esto es procurar el florecimiento territorial de lo común, de la comunalidad –vista como estabilización de lo común–, que permita que los procesos de lucha social, la configuración de alternativas y transformaciones, se hagan más orgánicas.

 

Si el Estado es también una creencia colectiva, es fundamental construir nuevos sentidos comunes, nuevas creencias sociales que busquen desplazar a la conciencia colectiva de su inevitabilidad, al fetiche del Estado, a su capacidad de abstractalizar el poder, a su esencia trascendente, para en cambio territorializar la posibilidad emancipatoria.

 

Bogotá, septiembre de 2015

 Emiliano Terán Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), autor del libro "El fantasma de la Gran Venezuela", mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015.

Fuentes consultadas

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/172285

 

 

 

Sin embargo, la «reforma agraria integral» como adquisición del poder territorial  de la unión en diversidad de los de abajo para la autodeterminación de los pueblos de Argentina y Nuestra América,  requiere que esa unión enfrente la totalidad presente, futura e histórica del Estado implícito en viabilizar el extractivismo a lo largo y ancho del país-continente.

 

Frente a la situación de colombianos, mexicanos, hondureños, paraguayos y tantos más pueblos hermanos es hora de reflexionar sobre lo que investigó Giorgio Agamben:

 

 (…) En el curso del siglo XX, se ha podido asistir así a un fenómeno paradójico, que ha sido eficazmente definido como una "guerra civil legal" (Schnur, 1983). Tómese el caso del Estado nazi. No bien Hitler toma el poder (o, como se debería decir acaso más exactamente, no bien el poder le es entregado), proclama el 28 de febrero el Decreto para la protección del pueblo y del Estado, que suspende los artículos de la Constitución de Weimar concernientes a las libertades personales. El decreto no fue nunca revocado, de modo que todo el Tercer Reich puede ser considerado, desde el punto de vista jurídico, como un estado de excepción que duró doce años. El totalitarismo moderno puede ser definido, en este sentido, como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político. Desde entonces, la creación voluntaria de un estado de emergencia permanente (aunque eventualmente no declarado en sentido técnico) devino una de las prácticas esenciales de los Estados contemporáneos, aun de aquellos así llamados democráticos. Frente a la imparable progresión de eso que ha sido definido como una "guerra civil mundial", el estado de excepción tiende cada vez más a presentarse como el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea. Esta dislocación de una medida provisoria y excepcional que se vuelve técnica de gobierno amenaza con transformar radicalmente -y de hecho ya ha transformado de modo sensible— la estructura y el sentido de la distinción tradicional de las formas de constitución. El estado de excepción se presenta más bien desde esta perspectiva como un umbral de indeterminación entre democracia y absolutismo. (…)

 

 

1.3 El significado inmediatamente biopolítico del estado de excepción como estructura original en la cual el derecho incluye en sí al viviente a través de su propia suspensión emerge con claridad en el military order emanado del presidente de los Estados Unidos el 13 de noviembre de 2001 , que autoriza la "indefinite detention'y el proceso por parte de "military commissions" (que no hay que confundir con los tribunales 1.3 El significado inmediatamente biopolítico del estado de excepción como estructura original en la cual el derecho incluye en sí al viviente a través de su propia suspensión emerge con claridad en el military order emanado del presidente de los Estados Unidos el 13 de noviembre de 2001 , que autoriza la "indefinite detention'y el proceso por parte de "military commissions" (que no hay que confundir con los tribunales militares previstos por el derecho de guerra) de los no-ciudadanos sospechados de estar implicados en actividades terroristas. (…) Leer

 

A diferencia del estado de excepción en Francia durante el primer semestre de 2016, constatemos qué sucede en Chile:

 

 

 

Territorialidad, Biopolítica y Estado de excepción:

una aproximación al conflicto del Walmapu como guerra gestional de baja intensidad.

 

Por Víctor Rodrigo Alarcón Muñoz

 

(…)Walmapu, territorialidad y Estado de excepción. La actual ofensiva estatal sobre el territorio Mapuche no se produce a través del "tradicional" modelo jurídico soberano, que persigue la restitución o consolidación del orden exclusivamente estatal, sino que es emprendida precipitando la gestión del primero hacia la restitución de un orden jurídico de corte económico-gestional (Karmy, 2013). En este sentido, es que la relación que el Estado proyecta hacia el Walmapu cobra forma "policiaca", en tanto el régimen de policía viene a ser el dispositivo económico moderno fundamental en el ejercicio de gestión de poblaciones. En este sentido, no es que lo que Michel Foucault define como poder soberano, en términos amplios, aquella facultad de disponer de la vida de los individuos, aquel poder que posee el derecho de vida y de muerte de los sujetos, haya sido radicalmente desplazado, sino que a pesar de su desintensificación y apertura a un proceso de cambios hacia el final de la época clásica, no deja de ejercerse hasta el presente (2012). En un clásico pasaje de la Voluntad de Saber indica: «Y quizá haya que referir esa forma jurídica a un tipo histórico de sociedad en donde el poder se ejercía esencialmente como instancia de deducción, mecanismo de sustracción, derecho de apropiarse de una parte de las riquezas, extorsión de productos, de bienes, de servicios, de trabajo y de sangre, impuesto a los súbditos. El poder era ante todo derecho de captación: de las cosas, del tiempo, los cuerpos y finalmente la vida; culminaba con el privilegio de apoderarse de ésta para suprimirla.» (Foucault, 2007).

 

Bajo este prisma, podemos observar, siguiendo la deriva de reflexiones contemporáneas como las de Agamben y Esposito, que tal modelo de soberanía sigue operando, pero ya no enclavada en la forma propiamente política del Estado-nacional, sino en la forma gubernamental de la economía global (Karmy, 2013), donde el poder soberano sigue ampliamente operando, pero dentro de una nueva forma de poder que no establece como única relación con la vida su clausura, sino que se desplaza hacia una administración que se mueve en función de su potencialidad como recurso (2013). El modelo soberano sigue siendo el pilar y la plataforma de despegue de la acumulación basada en la explotación del trabajo humano colectivo, "el punto de cruce a través del cual se despliega inicialmente el capital" (2013). Sin embargo, sostiene este mismo autor, a diferencia de los tiempos clásicos economía y política devienen en un plano de indiferenciación, cuyo resultado es la instalación de la economía como el paradigma político contemporáneo, es decir, la economía viene a constituir "el lugar de la decisión soberana" y, en esta línea, en la potencia definidora del carácter del conflicto político (y por consecuencia de la guerra), antes circunscrito a la dimensión estrictamente interestatal, pero hoy articulada en lo que podemos denominar -siguiendo a Karmy- bajo los términos de guerra gestional, un tipo de guerra redefinida bajo los objetivos de normalización sistemática y continua del cuerpo social y sus espacios, que se ordenan en función de la rearticulación y flexibilización de todos sus límites internos que exige la lógica del capital global, cuya característica principal es una indefinida circulación que operará toda situación y todo conflicto, especialmente todo conflicto territorial, según los ciclos de su "duración" (2013).

 

Bajo este prisma, la acción estatal-empresarial en el conflicto político del Walmapu, se configurará como una larga saga de batallas por la normalización de la población Mapuche, ejecutada a través de lo que aquí hemos llamado como nueva guerra de baja intensidad, una estrategia donde ahora la soberanía es ejercida con el objetivo permanente y sistemático de imponer el “orden” del capitalismo financiero en toda su extensión, territorial, cultural y político, redefiniendo así el ejercicio soberano como un ejercicio propiamente económico-gestional y ya no simplemente estatal, toda vez que bajo el neoliberalismo los dispositivos de seguridad y de circulación financiera que operan sobre los territorios, están crecientemente por sobre el Estado, desplegando un agenciamiento policial no anclado en una lógica pública, regida por una ideología espacio-corporal biopolítica cuyos protocolos y dispositivos de acción están signados por lo que Agamben desarrolla bajo la categoría de Estado de excepción, operación orientada al resultado de una creciente coincidencia del espacio propio del Pueblo Mapuche con un espacio de excepción, cuestión que transforma -parafraseando a Agamben- el territorio y los cuerpos que le dan potencia y forma, en tanto sitio de captura de la vida, en uno de los hechos políticos fundamentales de la contemporaneidad chilena. En los primeros años de la dictadura, la citada marca del "tiempo presente chileno", el Estado desata una profundización de su histórica estrategia de descomposición territorial del pueblo mapuche, interrumpida temporalmente por el Gobierno de la Unidad Popular, a través primero de la brutal represión de las comunidades que habían recuperado en años anteriores sus tierras ancestrales (con una desconocida cifra de asesinados, torturados y desaparecidos) y , como complemento (igualmente una histórica práctica) al imponer una ley de política única de tierras, que terminó de dividir las propiedades comunitarias al convertirlas en propiedades particulares. En este sentido, como rescata Gonzalo Díaz, al acabar con la propiedad colectiva se genera un “mercado de tierras” que produce, como consecuencia, que los descendientes de los propietarios vayan vendiendo sus partes heredadas –principalmente a capitales chilenos–, "con lo que se consolida la desintegración territorial del Wallmapu como tal y su integración al régimen jurídico territorial del Estado de Chile" (Diaz, 2012).

 

Bajo estas consideraciones se aprecia, entonces, que la fase del capitalismo que se abre en Chile con la dictadura, instala un diseño que intensificará la circulación económica de la realidad en su conjunto, cuestión que precipitará especialmente sobre la redefinición de la propiedad de los territorios y a la normativa jurídica de sus recursos (por ejemplo el agua como recurso concecionable a perpetuidad, despojada de su control público), para lo cual recurre a extensivas estrategias de sometimiento y control punitivo (Cortes, 2010).

 

A partir de estos protocolos administrativos, este proyecto económico-gestional impulsa sobre el territorio y el cuerpo Mapuche dos procesos simultáneos, a saber, sobre el territorio, la circulación económica permanente propia de la expansión de la lógica financiera contemporánea y, en segundo lugar, la activación de espacios disciplinarios de control propios de la topología política contemporánea, esto es, el estado de excepción. Ambos procesos constituyen categorías que revelan el nuevo tipo de ideología, en cuyas estrategias fundamentales el territorio se define como objetivo del poder y el poder se define bajo la lógica de la espacialidad dispuesta económico financieramente. La convergencia de estos procesos, constituye la reactualización de la saga colonial en por medio de la expansión forestal e hidroeléctrica, es decir, la "puesta a punto" de la privatización de las tierras comunitarias iniciado a comienzos del siglo XX y, a través de una diversidad de planes gubernamentales de reeducación en torno al “emprendimiento” (turismo étnico, microproyectos de forestación industrial etc.), el proceso de asimilación a través de la reformulación contemporánea de la otrora "educación obligatoria". Como se observa, entonces, el Estado chileno reajusta las “fronteras materiales y simbólicas” con el objetivo de consumar la incorporación, colonización y "civilización” de un pueblo que sigue disponiendo otra relación política y ontológica con su entorno y con su comunidad, con el objetivo de convertir el Walmapu en una especie de “espacio vital” del neoliberalismo en el sur del país, desplazando el territorio fuera de la ley (Montajes jurídicos, testigos sin rostro, asesinatos impúnes, ley antiterrorista) situándolo en un sistemático y continuo estado de excepción, subordinando de esta forma a su gente y su nombre (Mapuche), el nomos de esa tierra, al capitalismo gestional contemporáneo y sus políticas de extracción salvaje de los recursos naturales.

 

Esta "gobernanza" que el Estado proyecta sobre el presente Mapuche, para tales objetivos, dispone un poder-saber que se realiza a través de una positividad elástica, específica y local, que produce procesos generativos que implementan "arquitecturas" económico-policiales concretas, redes de relaciones que apuntan a la captura y control del espacio en que se constituye el Mapuche, en tanto campo de fuerzas identitarias que significan el actual principal obstáculo para el arrasamiento de los recursos naturales que son indispensables para la vida de este pueblo. En este sentido, esta operatoria apunta, sistemáticamente, a asegurar una modulación espacial y discursiva del walmapu que produzca y ajuste campos de reconocimiento de la vida en perspectiva de su total reducción y control (Butler, 2010). En concordancia con estos procedimientos, se observa igualmente el ensamble del relato mediático sobre el Walmapu, articulado mediantes dispositivos comunicacionales ajustados por las retóricas de la seguridad que propone el mercado, que son sumados a la tarea de homogenizar su territorio con toda la espacialidad y territorialidad global bajo la marca de la fragilidad y del terror, de manera que éste carezca de identidad y sus habitantes se adecúen, como señala Agamben, a la “imposibilidad de usar, de habitar, de hacer experiencia.” (Agamben, 2004).

 

Es decir, la situación actual del territorio Mapuche en su relación con el poder, muestra que la planificación espacial, en cuya dinámica los relatos en torno a las políticas seguritarias cobran una centralidad fundamental, convierte el espacio territorial en una arma de punición, en “espacios de excepción” (2004) donde las comunidades quedan en una permanente relación de extrañamiento con su hábitat y excluidas de toda posibilidad autónoma de decisión sobre él, de manera de configurar un nuevo paisaje economizado y sometido a la lógica extractivista y al emprendimiento como una única relación con la tierra, a través de una superposición de proyectos económicos y de circulación productiva, que reemplazan por la disposición ideológica neoliberal de los territorios, la concepción de relación tradicional y ancestral de copertenencia con la tierra que el Pueblo Mapuche concibe en su cosmovisión y filosofía. De esta forma, en medio de esta nueva "geografía" económica impuesta sobre el territorio, el Mapuche comienza a experimentar su tierra como dispuesta meramente hacia la circulación del mercado en tanto ésta, por medio de la acción ecómica-gestional del Estado, sufre la conversión en un medio para el desplazamiento de las políticas económicas neoliberales que obliteran, como se advirtió, el sentido comunitario de la relación con la Mapu en la cual la identidad mapuche se encuentra, reconoce e identifica socialmente. En este sentido, el Pueblo Mapuche en todo su territorio, queda recluido crecientemente en sus comunidades, que comienzan a devenir en verdaderos guettos marginales o marginalizados por los mega proyectos extractivistas, experimentando su propio espacio territorial como una “amenaza concreta de violencia” policiacoempresarial, viendo debilitada su integridad Mapuche, en tanto su disposición dentro del territorio queda marcada sistemáticamente por una planificación orientada a capturar económicamente sus cuerpos y sus tierras.

Bajo estos antecedentes, cuando el pueblo Mapuche y sus organizaciones (como la CAM o las fuerzas de control territorial) activan sus procesos reactivos ante la expansión capitalista en su territorio, instalan un problema que no sólo pone de manifiesto las aberraciones y violaciones jurídicas y medio ambientales de la vorágine neoliberal, sino que también abre una práctica crítica en relación al develamiento de las operaciones micropoliticas del Estado nacional y de los grupos económicos ensamblados en éste, en tanto y en cuanto este proceso -como todo proceso social- no se ha desarrollado sin la expresión de la histórica resistencia Mapuche y sin el correspondiente despliegue represivo que constantemente está activando una acción soberana que instrumentaliza la existencia humana y la destrucción material de los cuerpos (Mbembe, 2011). La forma política que modela la realidad del Walmapu, proyecta por medio de una heterogeneidad ilusoria, un relato que los artificios del poder construyen en torno a la democracia y una "definición participativa" de sus condiciones por medio de la sumatoria de todas las omnipotencias inscritas en el cuerpo social, es decir, a través de un efectivo mecanismo ideológico de encubrimiento de las estrategias que aseguren el despeje de cualquier límite interno al poder. En esta perspectiva, el territorio Mapuche viene a constituir la topología del colapso de la democracia chilena, pues en él se materializa la persistencia del monopolio de la decisión, en una administración que opera desde un adentro/afuera de toda legalidad posible, enunciando en su espacio lo que Agamben (2004) indica como la paradoja de la soberanía, es decir, la constitución material de las formas y los modos de la excepción que "producen y gestionan el territorio" por medio de una indiferencia entre hecho y derecho (Agamben, 2010). Este colapso democrático se evidencia, entonces, en la coincidencia de la democracia con el totalitarismo en el territorio del Walmapu, una antinomia que no desaparece en la indistinción, sino que pierde su carácter sustancial y se transforma en un campo de tensiones del cual, en este modelo de producción, resulta cada vez más difícil encontrar espacios de fuga y autonomía, en tanto crecientemente esa coincidencia se materializa en la fusión entre el diseño económico territorial y la maquinaria policial (Cortes, 2010).

 

En relación a esta indistinción propia de la soberanía moderna y contemporánea, Vicente Serrano en su texto “La herida de Spinoza”, señala que: La diferencia entre lo que se llama un orden totalitario y un sistema democrático está precisamente en que el mecanismo mediante el que se pone en ejercicio la omnipotencia es distinto, pero la tendencia es la misma y el principio de soberanía latente es el mismo. (2011) Es decir, en el contexto concreto del Walmapu, esta especie de indistinción es resultado de una ilimitación total del poder económico-gestional, del desarrollo material y simbólico de un espacio territorial que se procesa mediante un sistema permanente de agregación de lo no incluido, de aquello que está afuera y que siempre es posible para la potencia sin límites y que coincide paradojalmente -como se indicó más arriba- con el espacio del decisionismo total propio del estado de excepción. Nada puede evitar ceder a esta "agregación utilitarista", ningún límite interno puede contener su "expansión", evidenciando que este diseño ideológico del territorio, corresponde a una profunda matriz biopolítica, en tanto la vida queda capturada y subsumida en su totalidad, a través del ya mencionado operativo de la excepción que realiza la soberanía (2011). El territorio del Pueblo Mapuche deviene, entonces, en un sitio totalitario por excelencia, en tanto y en cuanto se activa la facultad de disponer de toda la extensión de la vida del Mapuche, un poder de captación que cubre su base económica, se tiempo, su cuerpo y finalmente la vida (Foucault, 1998)

 

El neoliberalismo concreta a través de esta violencia fundacional, su implacable capacidad -que afanosamente intenta encubrir-, de transformar a los sujetos en productos consumibles (Bauman 2007); en definitiva, el territorio Mapuche deviene hoy en el espacio de su propio reemplazo, pues el flujo extenso e intenso del capitalismo, parece apuntar a obtener el privilegio, sin contención, de apoderarse totalmente de la vida para disponer su supresión cuando el sistema así lo requiera. Bajo este enfoque, la configuración del presente del walmapu supera o radicaliza la acción de la matriz soberana de poder -que se expresaba en la expansión geográfica como dispositivo de consolidación- al quedar permanentemente sometido de manera total al paradigma biopolítico de gestión y control, bajo cuyas definiciones la política se torna en gubernamentalidad, esto es, una administración que vuelca sus potencias y sus formas hacia el ámbito de la vida, en tanto es regida por una razón autolimitada bajo los criterios del mercado, ese espacio no estatal que es el de la libertad económica total (Foucualt, 2010) y que hoy crecientemente permanece fuera de todo ordenamiento normal (Agamben, 1998). De esta manera, todo el Walmapu comienza a coincidir con ese espacio cuya estructura es "todo lo posible", convirtiéndose en la topología de la excepción, es decir, en la coincidencia con lo que podemos denominar sin eufemismos como una gran campo de concentración (Agamben, 1998). Finalmente, es preciso señalar que lo que se pone en juego en este conflicto, más bien, verdadera ofensiva bio-necropolítca del Estado chileno sobre el Walmapu, es la posibilidad del arrasamiento total de todo un mundo de la vida, el Mapuche, a través de una violencia cuya lógica alcanza un predominio no sólo en las fronteras internas del estado chileno, sino que a nivel global.

 

Las interrogantes que nos hagamos frente a este drama territorial, cultural y político, así como otros de esta misma índole (como por ejemplo el drama Palestino) pueden aportar luces en relación a la naturaleza de la matriz biopolítica que nos gobierna y sus procedimientos crecientemente inmunitarios de protección negativa de la vida. En conflictos como el que comentamos y que, padecemos, está la posibilidad de recuperar el coraje del pensamiento y abrirnos a la recuperación de una potencia común capaz de interrumpir ese "humanismo" que nos agobia y que nos deja a todos arrojados a una especie de prescindible nueva categoría: la de "indios contemporáneos". Bibliografía:(...)

 

Fuente: http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/7-9%20Ponencia%20biopol%C3%ADtica%20Territorialidad,%20y%20Biopol%C3%ADtica%20Estado%20de%20excepci%C3%B3n.%20(1).pdf

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Apreciemos qué concluyen Mabel Manzanal, Mariana Arzenoy  Maria Andrea Nardi "Del análisis del caso del nordeste de Misiones, podemos observar que el surgimiento de un proceso organizativo en torno a la lucha por la tierra, podría ser una vía factible que inicie este camino hacia formas alternativas de superación de la desigualdad, de la que es objeto y sujeto esta población postergada históricamente". Conozcamos su estudio publicado en:

Mundo agrario

versión On-line ISSN 1515-5994

 

 

Desarrollo, territorio y desigualdad en la globalización.

Conflictos actuales en la agricultura familiar del nordeste de Misiones, Argentina

Mundo agr. vol.12 no.23 La Plata jul./dic. 2011

Por Mabel Manzanal*; Mariana Arzeno**; Maria Andrea Nardi***

*Programa de Economías Regionales y Estudios Territoriales (PERT) 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA, CONICET 
mabelmanzanal@gmail.com

**PERT, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, CONICET 
mariana_arzeno@yahoo.com

***PERT, Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Copenhague 
anardi@filo.uba.ar
 

 

Resumen 
En el presente trabajo buscamos poner en cuestión la relación entre desarrollo, desigualdad y territorio en el contexto actual de la globalización y en el marco de las políticas públicas dirigidas, supuestamente, a favorecer a los actores sociales de menores recursos. 
Para ello nos centramos en un estudio de caso en el nordeste de la provincia de Misiones, Argentina. Aquí la actividad tabacalera, la forestación y la agricultura familiar (AF) alternativa (orientada a la producción de alimentos) entran en disputa por el territorio, dando lugar a conflictos por la ocupación de tierras privadas. Su análisis y devenir evidencia: (a) Las transformaciones territoriales resultantes de los procesos de avance de la globalización en ámbitos locales. (b) Los modos en que dichas transformaciones condicionan y limitan las propuestas de desarrollo originadas desde la política pública dirigida a paliar la desigualdad social.
Para avanzar en la explicación de estos procesos consideramos necesario:

 

(a) Reconocer las diferentes visiones y modalidades que dan cuenta de la desigualdad social, económica, política e institucional, tanto desde la perspectiva de los actores, como en sus expresiones materiales en el territorio en cuestión.

(b) Identificar las relaciones de poder presentes en dicho ámbito (en particular en relación a la disputa por el uso y apropiación del recurso tierra).

Y (c) examinar los distintos y contradictorios modelos y propuestas de desarrollo que dichas relaciones expresan. 
El estudio se basa en una metodología cualitativa sustentada en un estudio de caso y centrada en entrevistas realizadas durante 2008 y 2009 a los principales actores de un conflicto por la tierra situado en el nordeste de Misiones.


El trabajo muestra las contradicciones de las políticas públicas que postulan crecimiento productivo y desarrollo en un marco legal de liberalización y desregulación a favor del ingreso de grandes inversiones transnacionales, sustentadas en actividades productivas a gran escala, altamente demandantes de tierra y agua. Inversiones que, contrariamente, tienen un débil requerimiento de fuerza de trabajo. 
Esta concepción de desarrollo, implícita en la propuesta de crecimiento económico de los sectores que hegemonizan el poder económico, visualiza la desigualdad social como una "externalidad negativa" que, de algún modo debe ser contenida, asistida; desconociendo, ignorando u ocultando que sólo a partir de cambios estructurales es posible superar aquellas desigualdades. En definitiva, se trata de un marco conceptual, ideológico y pragmático que implica un contexto inviable para la agricultura familiar. 


Por su parte, los pequeños productores y trabajadores rurales que logran alcanzar un mayor grado de comprensión de estos procesos, cuestionan el modelo de desarrollo dominante, así como las alianzas estratégicas que el estado tiene y mantiene con los sectores de poder. Y desde esta perspectiva, luchan por desempeñar un rol en el desarrollo a partir de la producción de alimentos, desde y para su lugar y/o su provincia.

1. Introducción(1)

En el presente trabajo buscamos poner en cuestión la relación entre desarrollo, desigualdad y territorio en el contexto actual de la globalización y en el marco de las políticas públicas dirigidas, supuestamente, a favorecer a los actores sociales de menores recursos.

Para ello nos centramos en un estudio de caso en el nordeste de la provincia de Misiones, Argentina. Aquí empresas tabacaleras, forestales y diversos actores que forman parte de la agricultura familiar (AF) alternativa (orientada a la producción de alimentos) entran en disputa por el territorio, dando lugar a conflictos por la ocupación de tierras privadas. Su análisis y devenir evidencia:

a. Las transformaciones territoriales resultantes de los procesos de avance de la globalización en ámbitos locales.

b. Los modos en que dichas transformaciones condicionan y limitan las propuestas de desarrollo originadas desde la política pública dirigida a paliar la desigualdad social.

Para avanzar en la explicación de estos procesos consideramos necesario:

a. Reconocer las diferentes visiones y modalidades que dan cuenta de la desigualdad social, económica, política e institucional, tanto desde la perspectiva de los actores, como en sus expresiones materiales en el territorio en cuestión.

b. Identificar las relaciones de poder presentes en dicho ámbito (en particular en relación a la disputa por el uso y apropiación del recurso tierra).

c. Examinar los distintos y contradictorios modelos y propuestas de desarrollo que dichas relaciones expresan.

 

Precisamente, es nuestro interés desentrañar este conjunto de problemáticas a partir de una metodología cualitativa: (i) sustentada en un estudio de caso y (ii) centrada en entrevistas realizadas durante 2008 y 2009 a los principales actores de un conflicto por la tierra situado en el nordeste de Misiones.

En este trabajo ponemos el acento en la percepción que los actores poseen y ponen en práctica cuando intentan comprender su realidad, su situación de desigualdad y actuar en consecuencia. Y lo hacemos en el marco de una investigación más general en la que buscamos aportar nueva información, teórica y empírica, sobre las capacidades existentes desde los actores para apropiarse y transformar su territorio y la situación de desigualdad social, económica, cultural que los margina y excluye.

 

2. Perspectiva teórico-metodológica y contexto del caso de estudio

Desde nuestra perspectiva, la desigualdad debe ser analizada y comprendida a partir de un marco de conceptualización más amplio, que incluya la discusión sobre el desarrollo, el territorio y las relaciones de poder. Para los fines del presente análisis, nos interesa destacar que dentro del discurso dominante sobre el desarrollo (2) se vienen elaborando y justificando el diseño de "variadas propuestas políticas con capacidad para intervenir y modificar el desenvolvimiento de los países en su proyección hacia el mediano y largo plazo" (Manzanal, Arqueros, Arzeno y Nardi, 2009, p. 136). En América Latina, desde la década de 1990, se impone la perspectiva del desarrollo endógeno, local o territorial y específicamente en lo que se refiere a los espacios rurales pobres, el enfoque del Desarrollo Territorial Rural (3). Un común denominador de estos diferentes enfoques es su meta por lograr una inserción competitiva de los ámbitos locales en el mercado global, aprovechando cualidades intrínsecas de los respectivos territorios (entre ellas el consenso entre los actores basado en la proximidad y en propósitos compartidos) (4).

 

Sin embargo, ante la persistente concentración económica y desigualdad social que caracteriza la realidad latinoamericana nos preguntamos: el desarrollo ¿puede verse separadamente de la dominación y del poder que implica el control de los territorios en cuestión? (Manzanal, 2010, p. 19).

 

Nuestro marco teórico parte de considerar el desarrollo (la expansión y reproducción del sistema capitalista) como un proceso esencialmente contradictorio y conflictivo, que está determinado por la respectiva estructura de relaciones de poder y dominación, objetivadas a través de normas, leyes y reglamentaciones, que conforman el aparato institucional hegemónico de cierto momento y lugar (Bourdieu, 2006; Quijano, 2000; Manzanal, 2010). Dentro del discurso dominante, el "desarrollo" suele ser presentado como una meta dirigida a alcanzar y garantizar el bienestar general a través del diseño de múltiples políticas públicas. Sin embargo, analizado el "desarrollo" en el marco del devenir histórico y del rol desempeñado por el estado y los sectores de poder en los mismos, aparece que lo que se ha buscado garantizar ha sido, fundamental y repetidamente, la acumulación del capital.

 

En este marco de análisis necesitamos recuperar el rol del estado, por ello precisamos que entendemos al mismo como "el componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada" (O'Donnell, 1977, p. 3) y como garante de las relaciones de producción en el sistema capitalista (ibíd.: p. 9). Y para garantizar dicha relación, el Estado se constituye, en algunas circunstancias, en protector de las clases dominadas, pero no como árbitro neutral, sino para reproducir esa relación social desigual (ibíd.: p. 10).

Pero asimismo, siguiendo a Harvey (2006, p. 85), el estado desempeña el papel de árbitro entre los conflictos de intereses entre fracciones de capital (industrial, mercantil, financiero, etc.).

 

Consecuentemente, entendemos al estado capitalista como un "instrumento de dominación de clase, pues se organiza para sustentar la relación básica entre capital y trabajo" (ibíd., p. 84). Y una de las formas en que esto se materializa es a través del sistema legal:

La garantía del derecho de la propiedad privada de los medios de producción y de la fuerza de trabajo, el cumplimiento de los contratos, la protección de los mecanismos de acumulación, la eliminación de las barreras para la movilidad de capital y de trabajo y la estabilización del sistema monetario (vía el Banco central, por ejemplo) están todos dentro del campo de acción del Estado (ibíd.)

Por su parte, la problematización de la relación entre desarrollo y territorio, requiere poner en discusión el concepto de territorio. En este trabajo partimos de una concepción del territorio como "el espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder" (Lopes de Souza, 1995, p. 78), que van desde el "poder más material de las relaciones económico-políticas al poder más simbólico de las relaciones de orden más estrechamente cultural" (Haesbaert, 2006, p. 79). Esto incluye al estado y al resto de los actores.

La dimensión espacial del desarrollo, en tanto proceso de dominación y ejercicio del poder de unos actores sobre otros, se expresa en diversas formas de uso del territorio, poniendo en evidencia las distintas capacidades de los actores para su apropiación y control y el desigual poder presente entre ellos.

En este contexto de análisis, la desigualdad social no sólo ha estado presente históricamente (como expresión concreta y propia del proceso de expansión capitalista) sino que además ha tendido a profundizarse, especialmente en la etapa actual de globalización. Porque la globalización neoliberal agudiza la dominación a través de la notoria superación de barreras espaciales y temporales que revolucionan y aceleran el ritmo de vida, llevando a una compresión espacio-temporal (Harvey, 1998, p. 268) que potencia las estructuras de poder hegemónicas ya que son estas quienes ponen las reglas del juego y detentan el control de los medios (por ejemplo, de las tecnologías financieras, de comunicación o productivas). Porque, como señala Harvey: "el dominio simultáneo del tiempo y el espacio constituye el elemento sustancial del poder social que no podemos permitirnos pasar por alto" (ibíd., p. 251).

En vinculación con esto, Santos (1996, p. 154) plantea que el orden global, suministrado por los vectores de la hegemonía (organismos internacionales a través de sus propuestas y las grandes empresas a través de sus inversiones) trae desorden localmente, dado que su objetivo es la reorientación de las dinámicas locales (económicas, políticas, ambientales, etc.) hacia el mercado global. Es decir, en los ámbitos locales se promueven cambios funcionales y estructurales, acordes a las necesidades del mercado global. Y ello tiende, frecuentemente, a marginar a los pobladores locales, sus culturas y sus prácticas tradicionales, incrementado la desigualdad y en muchos casos, también la pobreza. Ello refuta las frecuentes y generalizadoras afirmaciones del discurso dominante que sostienen que, en los ámbitos locales, las transformaciones resultantes de la globalización tienden a beneficiar a la mayoría de la población respectiva (a través de la difusión de las prácticas mercantiles, la expansión del mercado y los aumentos de competitividad a nivel local). Cuando, de hecho, observamos la generación de variadas formas de resistencia social en muchos ámbitos locales.

En el caso de las áreas rurales, las distintas formas de respuesta (en cuanto a modos de organización y movilización) a este avance globalizador surgen de pequeños productores y comunidades indígenas, expulsados o amenazados por el avance de grandes empresas promocionadas por el estado. Definimos a estos conflictos como conflictos territoriales (5).

Precisamente, el surgimiento de conflictos territoriales se vincula, en primera instancia, con la disputa por los recursos y su apropiación; pero concomitante y paralelamente, lleva a la construcción de una percepción crítica sobre el modelo dominante y la necesidad de repensarlo. Es decir, determinados grupos y sectores sociales marginales comienzan a percibir que lo que se está discutiendo e implementando conduce, en los hechos, a modelos de desarrollo incompatibles entre sí.

Es por esto último que en nuestra investigación ha sido una decisión metodológica focalizar en un conflicto territorial. Porque en el escenario del mismo no sólo se tornan más explícitas las relaciones de poder que operan en la producción del territorio, sino también las ideas y estrategias que se sostienen o se construyen para: (i) en algunos casos, mantener la posición hegemónica y sostener un modelo de desarrollo acorde a esos intereses; o (ii) superar, desde los sectores dominados, la desigualdad existente e imponer otras reglas de juego u otras alternativas que conduzcan hacia un modelo de desarrollo diferente.

Algunas elaboraciones teóricas, dentro de la perspectiva del "postdesarrollo", proponen recuperar en el análisis "los intentos de la gente de construir mundos más humanos, así como cultural y ecológicamente sostenibles" (Escobar, 2005, p. 20). Ello implica, entre otras cosas, hacer visibles formas alternativas de conocimiento así como las prácticas y resistencias que, a partir de movilizaciones de base, intentan superar las desigualdades que los involucra. Precisamente, coincidimos con Sen (2000) cuando refiere a: (i) la necesidad de conocer la cuestión focal que los actores se plantean en sus luchas en relación con esos temas: "igualdad ¿de qué?" y (ii) la necesidad de contextualizar la igualdad (o la desigualdad) a la que constantemente se apela o se hace referencia, para detenerse en el análisis de las capacidades a las que pueden acceder los individuos de las sociedades para modificar sus destinos.

Por ello, en nuestro estudio de caso buscamos identificar qué piensan los actores respecto a la orientación de sus luchas, qué desarrollo buscan, cuáles son las desigualdades que consideran significativas y que están dispuestos a enfrentar y con quiénes y cómo podrían superarlas. Para acercarnos a ese tema, en nuestro relevamiento, realizado a partir de entrevistas (6), agregamos un apartado final dirigido a que el entrevistado reflexione libremente sobre temas considerados focales (desarrollo, desigualdades y poder). De todos modos estas cuestiones, y en particular la de la desigualdad, también aparecieron en otras instancias de las entrevistas, a veces incluso con mayor claridad. Finalmente, si bien el análisis focaliza en la mirada de los ocupantes también aparece la opinión sobre este tema de otros actores entrevistados (funcionarios de gobierno, empresarios). Ello enriquece el trabajo porque permite mostrar y comparar distintas perspectivas con sus diferentes posiciones de poder.

 

3. Políticas públicas y transformaciones territoriales en Misiones

En este apartado evidenciamos aquellos procesos vinculados con el modelo económico desarrollado en la provincia de Misiones durante la década de 1990 que generaron transformaciones importantes a nivel provincial. En particular, nos referimos a la expansión del tabaco, de la forestación y de las áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad (7).

Estas transformaciones han sido resultado de políticas activas del estado argentino nacional y provincial para desarrollar y/o incentivar nuevos sectores productivos (forestación y tabaco) y para cumplir con acuerdos internacionales sobre cuidado del medio ambiente y preservación de recursos paisajísticos (creación de parques y reservas naturales). En el caso de la expansión productiva se trata de actividades que involucran capitales internacionales y se orientan a la exportación (8).

La llegada de grandes capitales al sector agropecuario asociado con la expansión de la forestación y la presión de algunos sectores provinciales para poner bajo conservación áreas naturales fueron dos procesos concomitantes que limitaron aún más la disponibilidad de tierras. Es decir, ambos tuvieron lugar en un momento histórico caracterizado por el escaso remanente de tierras públicas y el aumento de la demanda de las mismas de parte de las familias de pequeños productores agropecuarias (9).

Como resultado, se observa en la actualidad una acentuación de las desigualdades socio-territoriales en la provincia de Misiones. Esta situación aparece reflejada en la pugna que se da entre diversos sectores económicos y sociales, pertenecientes a distintos ámbitos geográficos (ciudades, municipios) que se disputan el acceso y el uso de recursos públicos, financieros y naturales, así como su puesta en valor. La tierra, en tanto bien escaso y en proceso de valorización monetaria, se encuentra en el centro de estos enfrentamientos.

3.1. Políticas de crecimiento productivo e implicancias territoriales

La consolidación de un modelo neoliberal en Misiones, en particular desde la década de 1990 (orientado por las pautas dadas desde el nivel nacional) significó la promoción, directa o indirecta, de actividades con inserción en el mercado externo. La foresto-industria y el cultivo de tabaco guiaron las principales transformaciones territoriales de las últimas décadas y profundizaron el perfil exportador provincial (10).

La forestación fue objeto de una persistente promoción desde el estado nacional y provincial. Su expansión adquirió nuevas características a partir de 1990 (si bien ya venía creciendo desde décadas anteriores) dado que se instrumentaron las condiciones demandadas y dirigidas a atraer a grandes capitales, generalmente transnacionales. La aplicación de medidas de desregulación fue particularmente notoria en el caso de la explotación maderera, porque ésta estaba experimentando restricciones crecientes para ampliar su explotación en los países centrales.

La promoción estatal condujo a la elaboración de leyes y políticas destinadas a subsidiar y dar estabilidad fiscal a las plantaciones y a las actividades industriales relacionadas (11). Como contraparte de este proceso se dio un creciente ingreso de capitales, en su mayoría extranjeros. Es así que las plantaciones forestales pasaron de 77.793 ha en 1972 a 216.700 ha en 1992 y a 420.700 ha en 2004 (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2008). Es decir, se trata de un crecimiento que se fue acelerando, en tanto en los primeros 20 años la superficie se multiplicó casi 3 veces (a razón de unas 7.000 ha/año promedio) y luego, en 12 años, se multiplicó casi 2 veces (a razón de 17.000 ha/año promedio).

 

El proceso de expansión de la forestación tuvo una serie de consecuencias, entre las que cabe destacar principalmente dos:

a. La revalorización de tierras destinadas a otros usos y frecuentemente ocupadas por pequeños productores. A lo largo de la década de 1990 en el nordeste provincial se dio una creciente demanda de tierras para la forestación que planteó nuevas y tentadoras alternativas para los propietarios de grandes extensiones de tierra, tales como: (i) reconvertirse, pasando de la extracción maderera nativa (actividad tradicional en la zona) a la forestación, aprovechando al mismo tiempo los subsidios del estado; y/o (ii) vender superficies aptas para forestar a inversores extranjeros y nacionales (Kostlin, 2005).

b. La concentración económica de la actividad y de la tierra en las principales zonas productivas de la provincia (la forestación viene expandiéndose en el norte provincial, sobre el río Paraná) asociada a la extranjerización de las inversiones productivas a nivel provincial. El caso más significativo de concentración de tierras es el de la empresa Alto Paraná S.A. (de origen nacional) especialmente a partir de su venta en 1996 a la corporación forestal Arauco, una de las corporaciones más importantes de América Latina (de capitales originalmente chilenos). Arauco pasó de concentrar 30.000 has aproximadamente en 1996 a 256.000 has en la actualidad (2010). Esta superficie representa más del 8% del territorio de la provincia y está dedicada principalmente a pino taeda en un 50%, a conservación del monte nativo en un 44% y el resto a reforestación (12). Todo lo cual trasciende el mero caso de transferencia comercial entre empresas para dar cuenta de la agudización de la concentración de tierras y de capital, conjuntamente con el de extranjerización de la actividad forestal de Misiones. Este proceso no podría haberse realizado en tal magnitud y profundidad si no hubiera sido por el marco de desregulación neoliberal imperante.

La expansión de la actividad tabacalera fue otro proceso que adquirió notoriedad en este período. Si bien se trata de un cultivo con cierta antigüedad en la provincia, a mediados de la década de 1980 comenzó a avanzar significativamente. La creciente demanda de tabaco por parte de las grandes empresas transnacionales condujo a la ampliación del área de producción (Manzanal et al., 2009) (13).

La particularidad de esta producción es que participan pequeños productores al llevarse a cabo a través de un sistema de agricultura de contrato. De este modo, una actividad comandada por grandes empresas se constituye, en este caso particular, en el motor de la agricultura familiar (AF) de las últimas décadas. Esto le otorga a la producción tabacalera una particularidad muy distintiva frente a otros procesos de expansión del capital del presente. Asimismo corresponde mencionar que es la única producción que no fue desregulada durante la puesta en vigencia del modelo neoliberal. Lo cual también explica su avance y penetración en la AF, a través de la incorporación de más y nuevas familias de pequeños productores y la ampliación de sus áreas de influencia.

En la actualidad, la actividad reviste una importancia fundamental en la economía provincial, tanto por los recursos que aporta el Fondo Especial del Tabaco (FET) al estado provincial como por la cantidad de familias involucradas en la producción primaria (14). En varias zonas, el tabaco es el único cultivo que representa un ingreso monetario asegurado y la posibilidad de capitalización de los productores (Freaza, 2002; Baranger, 2007).

Según está pautado por ley un 20% (15) de los recursos del FET se destinan a la reconversión y diversificación agro-productiva de las familias de pequeños productores (Freaza, 2002) y es el gobierno provincial el que los administra (a través del Ministerio del Agro y la Producción). Sin embargo, la distribución geográfica de estos fondos no pareciera estar asociada con la localización de la mayor cantidad de plantadores de tabaco, ni con la mayor productividad del cultivo, situaciones características del nordeste provincial (16). Por el contrario, se observa que la inversión de la mayor parte de estos recursos se da en otras zonas de la provincia (como es el caso de las agro-industrias de la zona centro sur) (17). Por lo cual se supone que con estas inversiones se está persiguiendo un rédito político y/o económico no necesariamente asociado a la reconversión de la mayoría de las familias de productores tabacaleros, ni a la transformación productiva de las principales zonas productoras de tabaco.

Todo lo cual puede explicar por qué la reconversión productiva planteada por el FET no ha mostrado claros signos de llevarse adelante (Freaza, 2002). Más bien, los productores han optado en su mayoría por diversificar su producción antes que reconvertir. Pero aún más, incluso se sostiene que el monocultivo de tabaco ha aumentando (Peirano, 1997 en Freaza, 2002). Y lo peor aún es que generalmente, esto se ha dado a expensas de la producción para el consumo familiar (hortalizas, granos, tubérculos) y de otros cultivos anuales.

Por su parte, desde fines de 1980, se da en Misiones otro proceso territorial de interés vinculado con la puesta bajo conservación de diversas áreas con monte nativo. Ferrero (2005, p. 191) afirma que:

La manifestación más concreta de esta tendencia la constituyen las reservas naturales. La mayor parte de las reservas naturales misioneras fueron creadas en un acelerado proceso, que tuvo lugar entre los años 1987 y 1997, cuando se pasó de dos a doce reservas. En esta década la superficie bajo regímenes de conservación pasó del 2,9% al 7,4%, es decir creció un 151% (18).

Una de las explicaciones que podemos encontrar a esta expansión de las reservas naturales es la mayor conciencia nacional e internacional sobre la importancia de la preservación de la biodiversidad. Sin embargo, consideramos que en el caso de Misiones se suma el rol que juega la naturaleza en el desarrollo del turismo; porque como señalan Rolón y Chébez (1998, p. 16) en esta provincia "no hay turismo sin selva". Entonces, este análisis no puede dejar de lado la importancia que el turismo y el ecoturismo tienen en el modelo de desarrollo impulsado por el estado provincial (19).

De todos modos, también creemos que se debe considerar una cuestión más, que manejamos a modo de hipótesis: la posibilidad que este avance tan notorio de las reservas esté vinculado con el resguardo de enormes extensiones de tierra de los procesos de ocupación espontánea que se vienen dando sobre tierras privadas en las últimas décadas en distintas zonas de la provincia pero en particular en el nordeste.

Por último, en este contexto de expansión forestal, tabacalera y conservacionista, comienzan a implementarse al promediar la década de 1990, diferentes programas de desarrollo rural (PDR) cuya finalidad explícita era retener a la población rural en su medio y mejorar la situación productiva y alimenticia de las familias rurales (PSA, 1996). Esto se vincula con el deterioro experimentado por las familias de pequeños productores a raíz de la desregulación de los cultivos tradicionales de la provincia (yerba mate y té) de los años '90, la recesión del mercado doméstico al promediar dicha década y la desinversión pública en general.

Los PDR se sustentaron mayoritariamente en fondos internacionales y recursos nacionales. Y focalizados en las familias rurales pobres, buscaron crear alternativas o paliativos a la situación de empobrecimiento de los pequeños productores, otorgando microcréditos, subsidios, insumos para la producción, asistencia técnica y apoyo organizativo y a la comercialización.

Estas herramientas (créditos, insumos, asistencia) se dirigieron a la producción de alimentos y a la identificación de nuevos mercados locales, para atender la situación alimenticia de la población rural y disminuir los costos de reproducción familiar (PSA, 1999). Así se buscó aumentar y mejorar la producción de hortalizas, granos, ganado menor, productos de granja, embutidos, panificación, entre otros. Lo cual se dirigía a cubrir las necesidades de autoconsumo en primer lugar y, en segundo lugar, a ubicar los potenciales excedentes en los mercados locales (Schiavoni, Perucca, Schvorer y Otero Correa, 2006).

La propuesta que se dio en Misiones estuvo vinculada con una producción más ecológica, con pautas orgánicas y de manejo sustentable de los recursos naturales (suelo, agua, monte) y con la creación de cadenas cortas de comercialización. Esto se fundamentó en la necesidad de: (i) preservar los recursos de las chacras, altamente deteriorados por la sobreexplotación en un medio subtropical; (ii) disminuir los costos de producción y la dependencia del mercado de insumos; y (iii) aumentar el poder de control de los productores sobre el precio de los productos.

Si bien fue principalmente el gobierno nacional quien promovió, tanto en el discurso como en la práctica, esta política, recientemente el gobierno provincial se sumó, a través del fomento de la soberanía alimentaria, creando algunos programas de apoyo financiero para aumentar la producción de carne vacuna, miel, productos de granja y de la piscicultura.

De todos modos, el apoyo a la producción de alimentos por parte del estado provincial y del nacional, se enfrenta a fuertes limitantes. Quizás el más significativo sea la importancia que el tabaco continúa teniendo para la economía provincial, en general y para los pequeños productores, en particular. Porque el tabaco sigue siendo clave para los ingresos y capitalización de los pequeños productores. Y ello es así aunque la producción de hoja de tabaco sea: (i) altamente deteriorante del suelo; (ii) perjudicial para la salud de los trabajadores por el manejo de agroquímicos; y (iii) frecuentemente vinculada con el trabajo infantil (20).

3.2. Contradicciones de las políticas públicas y desigualdades socio-territoriales

Como vemos el estado nacional y provincial crean las condiciones para facilitar el ingreso de inversiones externas (en forestación y turismo) otorgando subsidios, exenciones fiscales, políticas de preservación del monte nativo -junto con medidas de control para evitar la toma de tierras de parte de productores agrícolas u otros ocupantes sin tierra-, planes y proyectos de promoción turística, inversiones en obras de infraestructura, transporte y comunicaciones y mejoras de servicios públicos (principalmente en zonas urbanas). Entre estascondiciones también deberían incluirse los planes de asistencia para pequeños productores en la medida que funcionen como paliativo, como política social asistencialista que busca controlar el descontento social en el medio rural. Si consideramos que los PDR no han logrado cumplir con sus objetivos explícitos de erradicar la pobreza, que casi regularmente carecen de recursos para atender las necesidades de la población rural pobre (21) y que, por el contrario, existen fondos para subsidiar al gran capital, (22) entonces no es muy difícil concluir que, en los hechos, estos programas facilitan, permiten e, incluso, favorecen el devenir de las grandes transformaciones resultantes de la globalización neoliberal.

En este contexto de análisis resultan evidentes las contradicciones resultantes de las políticas públicas que postulan crecimiento productivo y de desarrollo, pero que no consideran la inviabilidad de la AF en el contexto de liberalización y desregulación dirigido a promover el ingreso de grandes inversiones transnacionales.

Este encuadre acentúa la exclusión o inclusión subordinada de la AF no sólo socialmente sino también territorialmente, porque las inversiones de capital que llegan al país, y a Misiones, con el supuesto que motorizarán la economía, se sustentan en actividades productivas a gran escala, altamente demandante de tierra y agua mientras, y contrariamente, su requerimiento de fuerza de trabajo es débil o altamente subordinado.

Todo lo cual no hace más que favorecer y profundizar los conflictos sociales locales, desenvolviéndose bajo la mirada complaciente, cómplice o desentendida de los políticos y funcionarios públicos. Al respecto y para justificar por qué los grandes capitales y/o capitales internacionales (forestación, tabaco, conservación, turismo) reciben mayor atención de parte del sector público que la AF vale la expresión de un funcionario provincial que al respecto sostiene:

Estamos en un extremo de un minifundista de 25 hectáreas, donde su capacidad de respuesta es muy limitada, su capacidad de inversión es muy limitada, con un extremo de un latifundista cuya capacidad de inversión es terrible, multinacional. Entonces, el administrador del estado lo ve y dice: - '¿qué hago, o me pongo a ayudar a los chiquititos y a poner plata acá, o les digo 'dale, métele, invertí?'-. Para el administrador del estado, nuevamente, es más fácil alentar las grandes inversiones, que empezar a meter plata para que los chiquitos arranquen. Y eso me parece que es un poco el nudo de la cuestión (funcionario público, Ministerio de Ecología, Posadas, 2008).

De esta forma, sin comprometerse con el verdadero "nudo" del problema y justificando la inacción del estado se viene dando paulatinamente una profundización de las desigualdades estructurales en las áreas rurales donde se desarrolla la AF y donde predomina población de escasos recursos. Concretamente, esto se puede observar en: (i) la ausencia de acceso a los recursos naturales (particularmente tierra, pero también agua y árboles) de un sector creciente de la población; (ii) las formas precarias de acceso a la tierra por parte de pequeños productores y comunidades nativas; (iii) el abandono de chacras (unidades productivas) debido a la sobreexplotación del suelo; y (iv) la migración rural-urbana, con el consiguiente aumento de la pobreza urbana (especialmente en la ciudad capital).

 

Por ello, mientras desde el ámbito y los sectores que representan "lo global" se demandan tierras para pino, infraestructura y contemplación de la naturaleza, desde "lo local" se demandan tierras para producir y reproducirse, para la producción de alimentos y para poder vivir y sobrevivir. Para "lo global" el pequeño productor, particularmente aquel ocupante de tierras privadas, se ha convertido en una rémora, que no sólo ocupa tierra apta que podría destinarse a la forestación, sino también que avanza sobre el monte nativo, destruyendo los últimos remantes de biodiversidad, de recursos paisajísticos aptos para ser puestos al servicio del turismo. Esto condice con el marco del modelo de desarrollo neoliberal impuesto en la década de 1990, en el que Misiones se pensaba "pinera y turística", sin lugar para la AF; lo cual explica la ausencia de verdaderos programas de reconversión productiva o de creación de nuevos mercados para este sector productivo.

Lo paradójico es que en la actualidad se considera que se ha superado este modelo, sin embargo la práctica concreta no muestra evidencias notorias al respecto. Porque las políticas centrales del gobierno provincial vienen dirigiéndose a: (i) fomentar la expansión de la forestación; (23) (ii) lograr un millón de hectáreas bajo preservación del monte nativo (discurso del gobernador de la provincia Closs, 2009); y (iii) alcanzar un millón de cabezas de ganado vacuno en el marco del plan ganadero provincial implementado por el ex gobernador Rovira. Si se considera que la superficie total de Misiones es de poco menos de tres millones de hectáreas y si tomamos en consideración que la tierra fiscal ha llegado a su fin -no hay más tierras aptas y/o de buenas condiciones para distribuir- la intención política anterior resulta ser un discurso vacío de contenido real o da cuenta de la ignorancia que desde el gobierno se tiene de la AF. Lo cual, y en definitiva, también explica y permite comprender el origen de los conflictos que se desenvuelven particularmente en el nordeste provincial.

 

4. Los conflictos territoriales: la disputa por la tierra

Es en este contexto de contradicciones y transformaciones territoriales, resultantes de un modelo que prioriza el gran capital como motor del crecimiento económico, que debemos analizar los conflictos territoriales que no sólo involucran a familias de pequeños productores rurales sino también a comunidades aborígenes (guaraníes).

En líneas generales, los conflictos territoriales surgidos a partir de la década de 1990 han sido: (i) sociales, resultantes de la falta de acceso legal a la tierra (por parte de pequeños productores y de familias periurbanas) y al monte nativo (por parte de varias comunidades aborígenes); (ii) económicos, producto de la creciente concentración de tierra y del poder de mercado de las empresas forestales y molinos de yerba mate; y (iii) ambientales, derivados de la construcción de represas (o la elevación del nivel de los embalses) para la generación de energía eléctrica y de la eventual relocalización y desplazamiento de poblaciones enteras de las márgenes del río Paraná.

En su mayoría, o los más visibles, están vinculados con la tierra y el medio rural. En el mapa 1 se presenta la distribución y los tipos de conflictos que se vienen dando en la provincia, algunos desde la década de 1990. Obsérvese que la mayoría de ellos están relacionados con el acceso y tenencia de la tierra.

Con excepción de un caso, todos ellos involucran a pequeños productores y comunidades originarias que exigen la regularización de la tenencia o la restitución de territorios aborígenes ancestrales. Uno de los conflictos por la tierra más importante se localiza en el nordeste de la provincia de Misiones. Y es allí donde se focaliza nuestro caso de estudio, tratado en los apartados que siguen.

4.1. El nordeste de la provincia y el conflicto por la tierra

A partir de 1990 se intensificó el interés económico y la ocupación del nordeste misionero. A esta región de grandes propiedades y de remanentes del bosque nativo explotado por compañías madereras ("madereros") comenzaron a llegar familias de pequeños productores, promovidas en parte por la dinámica tabacalera, que fueron ocupando las tierras fiscales disponibles y avanzando hacia tierras privadas (Schiavoni, 1998).

El nordeste de Misiones es un área marginal de la provincia que no ha sido objeto de una colonización como otras áreas. Hasta hace poco tiempo sólo revestía un interés en términos de riquezas madereras, sujetas a una intensa explotación a lo largo de las décadas. La expansión de la agricultura es relativamente reciente (en comparación con otras áreas de la provincia). Y la visibilidad de la población ocupante junto con sus demandas recién se hace evidente cuando se inicia el conflicto por la tierra.

Por su parte el estado no ha tenido presencia en cuanto a construcción de infraestructura y expansión de los servicios públicos, aún cuando los mayores niveles de pobreza de la provincia se encuentran en esta región (entre un 35% y un 40% de población con necesidades básicas insatisfechas, frente a un promedio provincial de 27% -INDEC, 2001). Por el contrario, con la creación de una reserva natural (de alrededor de 300.000 ha) ha logrado que gran parte de la zona quede excluida de toda intervención.

Las principales actividades económicas del nordeste misionero son: (i) explotación del monte nativo; (ii) forestación, de expansión más reciente en el área; (iii) industrialización de madera, en sus primeras etapas (aserrado y laminado); y (iv) cultivos industriales (tabaco y yerba) y cultivos orientados a la subsistencia familiar, con escasa inserción en el mercado.

Si bien diferentes factores intervinieron en el inicio de los conflictos por la tierra, consideramos que fueron decisivas las nuevas oportunidades económicas que surgieron en torno a la forestación desde el inicio de la década de 1990. Desde entonces comenzó a definirse una estrategia social, política e institucional tendiente a lograr la "desocupación" de las tierras de esta zona.

La ocupación de tierras privadas del nordeste no fue consecuencia de un accionar organizado por parte de ocupantes o pobladores desplazados (como el que se viene dando en Brasil promovido desde el Movimiento de los Sin Tierra (MST). En cambio, fueron un conjunto de procesos, algunos de carácter histórico, de larga data, los que dan cuenta de las circunstancias desencadenantes de esta ocupación (24).

El conflicto se inició en la década de 1990, a partir de la presión ejercida por grandes propietarios para desalojar a los "ocupantes" de las que consideraban "sus" propiedades (25), que además se habían revalorizado en el nuevo contexto de expansión de la forestación.

A la presión por el desalojo de las tierras, se opuso una resistencia organizada que fue ganando fuerza y derivó en el año 2004, luego de 15 años de reclamos y movilizaciones, en la sanción de la Ley 4093 que reconoce los derechos posesorios de los ocupantes (26). A pesar de esta Ley, el conflicto no terminó, debido a la lentitud con que la misma se ha ido implementando -clara expresión de los intereses en juego en torno a los recursos del área, como iremos viendo (27).

Esta situación de incertidumbre y de "latencia" en la puesta en marcha de la ley trae aparejada, asimismo, una mayor desigualdad. En primer lugar, porque desde la sanción de la ley, ha aumentado el número de nuevas familias, provenientes de otras áreas rurales o urbanas de la provincia, que se localizan en esta zona con el ánimo de acceder a una parcela de tierra, entendiendo que el estado provincial iba a proceder a la expropiación de las mismas. Sin embargo, hasta que esto no suceda, la tierra sigue revistiendo el carácter de "propiedad privada". Por ello, las inversiones públicas no han comenzado (con excepción de aquéllas mínimas de períodos electorales). En segundo lugar, porque a medida que la población local aumenta rápidamente, también lo hace su situación de marginalidad social, económica y política, por: (i) la lejanía a centros de salud, policía, juzgados, escuelas secundarias; (ii) las limitadas actividades económicas que pueden hacer los ocupantes sin autorización (acrecentando la precarización laboral y el mercado informal de productos y, aún, de la tierra); y (iii) la imposibilidad de representación política y participación en las elecciones del gobierno local para los que no tienen un domicilio en el sitio (28).

5. La percepción de la desigualdad desde los actores del conflicto

En este apartado nos ocuparemos de la visión que sobre la desigualdad tienen los actores involucrados en el conflicto. Focalizaremos tanto en la comprensión de las familias de productores y ocupantes, como en la perspectiva de funcionarios de gobierno y propietarios.

5.1. La desigualdad desde la mirada de los ocupantes

Los ocupantes de tierras privadas del nordeste de Misiones son, en su gran mayoría, pequeños productores que combinan la producción de alimentos para el autoconsumo y en menor medida para la venta. Asimismo un 30% de los ocupantes en 2004 producían tabaco y un sector son peones rurales que llevan adelante una agricultura de subsistencia. En general, el nivel de capitalización de estas familias es muy bajo y sus condiciones de vida en lo educativo, sanitario y habitacional son de una precariedad extrema (Baranger y Schiavoni, 2005).

El conflicto por la tierra dio origen al surgimiento de distintas organizaciones de ocupantes (29). Estas, en el presente, están exigiendo la implementación de la Ley 4093 y realizando demandas al estado provincial y nacional para garantizar el acceso a diferentes recursos. Un resultado del accionar vinculado con el problema de la tierra, fue la construcción de una visión alternativa sobre el desarrollo rural desde las organizaciones de base y de las ONG de desarrollo que acompañan a los ocupantes. Por ejemplo, se postula la necesidad no sólo de garantizar a los pequeños productores su inserción en los mercados sino, también, que ésta se plasme de un modo más independiente de las agroindustrias.

En este marco de lucha y de búsqueda de una construcción alternativa, distintos dirigentes y ocupantes de organizaciones locales reflexionan sobre el tema de la desigualdad social (30). A partir de ello, en nuestro análisis identificamos tres ejes de desigualdad que son: (i) el uso y distribución de los recursos del estado; (ii) el acceso a los derechos sociales y civiles; y, particularmente, (iii) el acceso a la educación. Recurrentemente, para estos actores la desigualdad se explica y se torna explícita por el accionar diferencial del estado a favor de los otros actores (propietarios y/o empresarios). Por esto en lo que sigue aparece la visión de los ocupantes sobre la desigualdad pero, asimismo, sobre el estado.

5.1.1. La desigualdad en el uso y la distribución de los recursos públicos

La cuestión acerca de cómo el estado usa y distribuye los recursos públicos es una de las manifestaciones de la desigualdad más evidentes desde la visión de los ocupantes.

Numerosas referencias hacen mención a este tipo de desigualdad de recursos materiales (dinero, tierras e infraestructura de servicios básicos) que se manifiesta no sólo en términos de distribución (escasez de recursos en relación con la disponibilidad que tienen otros actores u otras áreas) sino también de calidad, es decir, tipo de ayuda que reciben (planes o programas que crean dependencia, o que son de contención social más que de desarrollo agro-productivo).

El acceso a recursos del estado es un derecho para los ocupantes que antes de la Ley estaba negado. Actualmente algunas familias reciben ciertos beneficios, aunque el hecho de no disponer del título de la tierra sigue siendo un impedimento en la mayoría de los casos. Se trata de "ayudas" que el estado aporta a través de planes sociales, de promoción de la escolaridad, o bien de "planes productivos" que aportan insumos para la producción (alambre, palas, chapas, madera). Pero, de todos modos, por su forma de implementación o por sus características, no contribuyen a mejorar la situación de desigualdad estructural que caracteriza a los ocupantes y a otros productores pequeños o precarizados. Más bien, constituyen una modalidad de asistencia que se instrumenta para evitar conflictos mayores o bien para influir en la votación en épocas de elecciones.

Son numerosas las referencias de los ocupantes al uso discrecional de los recursos públicos por parte del estado en todos sus niveles, especialmente en el provincial y municipal. Uso que se manifiesta, por ejemplo, en subsidios millonarios a las grandes empresas que no condicen con los escasos recursos que llegan a los ocupantes, luego de enormes dificultades (traducidas en innumerables trámites). Al respecto el dirigente de una de las organizaciones expresa que:

Nosotros nos sentimos muy discriminados. (…) nosotros, como movimientos sociales o como organización de pequeños productores, vamos y planteamos al estado finanzas para proyectos productivos, para... qué se yo, fortalecer nuestra producción... y nos niegan. Pero sí a las multinacionales les subsidian para plantar pinos. Acá cerquita nomás tenemos Alto Paraná, que es una... son multiempresas, todas de capital extranjero, y el Estado les subsidia con millones y millones por año en pesos para hacer la forestación (dirigente de organización de ocupantes, 2008).

Otra de las manifestaciones de la desigualdad desde el punto de vista de los ocupantes, se refiere al uso de los recursos públicos para consolidar el ejercicio del poder en el ámbito local por parte de algunos actores. Esto sucede por ejemplo cuando desde las municipalidades se busca desarticular organizaciones de base, desalentar una movilización social o juntar más votos en épocas electorales a través, justamente, de promesas y amenazas de otorgar o quitar ayudas sociales, subsidios a la pobreza, a una u otra organización de ocupantes. Los siguientes relatos son elocuentes en este sentido:

Todos los días estamos viviendo y sufriendo las torturas de la gente del poder, (…) ponele el 10% de la población que son beneficiados con planes sociales, por ejemplo, el Plan Familias y el Jefe de Hogar. Y ahí la gente… que está en el poder, es como que le amenazan con sacarle... (31) Se llama miseria, una chuchería... porque son $150, pero la gente se aferra a eso. Es lamentable decirlo... Y ahí no se animan a salir a organizar o coordinar un plan de lucha. Y ahí es como que nos debilita a todo el mundo... (Dirigente de organización de ocupantes, 2008)

Del Fondo Especial del Tabaco los gobiernos retienen una parte, y después eso tienen que destinarlo a las colonias, a las chacras. Pero resulta que ellos trabajan más con los intendentes, y el intendente a nosotros nunca nos [prestó atención]. (…) En las elecciones el intendente (…) el va a hacer su campaña política en las chacras, en las colonias, y les dice "mirá, si yo gano, lo que consiga te voy a dar". Entonces eso es lo que te digo que... El Intendente, para cumplir su promesa política, les da a algunos, el que estuvo con él o que el más o menos piensa [que estuvo] pero hay otros a los que no llegan los recursos (integrante de organización de ocupantes, 2008).

A pesar que desde la sanción de la Ley 4093 en el nordeste misionero se amplió el campo de intervención del estado nacional y provincial a través de las "ayudas" mencionadas, esta intervención está dando lugar a variados cuestionamientos. Por el tipo y la modalidad de asistencia, las organizaciones de ocupantes sostienen que en realidad contribuyen a reproducir la desigualdad así como a crear dependencia del estado tanto provincial como nacional. Ya que ante la imposibilidad de hacer agricultura, de comercializar sus productos o bien de percibir un ingreso monetario a través del mercado laboral, algunos consideran que es más fácil "no trabajar y esperar que el estado (los) mantenga", cuestión que queda evidenciada en el siguiente comentario:

[…] ahora hay tanto […] hay plan familias, plan de esto, plan de aquello […] Y yo veo que la gente va sólo al banco, trae su plata (…) Y dicen: - 'ah! ¿Para qué vamos a trabajar si el Gobierno nos mantiene?' […] [Es necesario] también que haiga una incentivación hacia los padres, que no vivan sólo de esa dependencia, que genere una fuente de trabajo para que ellos trabajen, y que produzcan […] (Dirigente de organización de ocupantes, 2008).

Paulatinamente, se expande una visión crítica de las intervenciones públicas, afirmando que no se adecuan a la realidad del pequeño productor y en particular a la del productor familiar de la zona. Se sostiene, que los programas específicamente pensados para este tipo de beneficiario son muy limitados y muchos no pueden implementarse por la situación de irregularidad que aún persiste en el área. Un ejemplo interesante es el del Banquito de la Buena Fe, iniciativa del estado nacional para distribución de microcréditos, pero que fue pensado para el sector informal urbano-rural con poca conexión a las necesidades de los productores agropecuarios (32):

La única cosa que viene, que están laburando [algunas organizaciones] es con el Banquito Buena Fe, pero el Banquito Buena Fe para la gente de acá del campo no sirve. […] ¿Por qué? Para nosotros acá un préstamo sirve, pero con un año y dos años para empezar a devolver. Porque nosotros no somos vendedores ambulantes, somos productores, y cuando vos producís tenés que esperar cinco, seis, siete y ocho meses para poder cosechar. Entonces no podés decir yo tengo que devolver esto en 15 días o en el primer mes tengo que empezar a devolver, porque acá […] si vos les haces el Banquito a las familias es un salvavidas de plomo (33) (dirigente de organización de ocupantes, 2008).

Otra cuestión que los actores locales consideran que expresa la desigualdad en la zona es la falta de inversión pública en infraestructura básica y en servicios sociales. Al respecto mencionan la carencia de recursos para facilitar la comunicación y movilidad de las familias de la zona, necesaria tanto para atender situaciones de emergencias como para posibilitar sus tareas y encuentros organizativos. Otras demandas se refieren a la escasez o deterioro de escuelas y centros de salud. El siguiente relato describe un escenario que refleja también la situación de aislamiento en la que se encuentran estas familias en este sector de la provincia y el alto costo de no contar con servicios públicos relativamente próximos:

Acá no hay una ambulancia, acá no hay una salita de primeros auxilios. Vos necesitás por un accidente, por una emergencia […] De Irigoyen estamos a 55 km, y estamos a 60 km de San Pedro, y estamos a 90 km de Eldorado, en donde están los hospitales. Bueno, ¿qué pasa? Que en toda esa zona estamos hablando de mil y pico de familias, que puede surgir una [emergencia. La otra vez pasó:] A las 10 de la noche llamaron unos compañeros y dicen: -'ché, si o si consigan un vehículo porque acá hay una señora que ya está para tener familia'-. Y acá no tenemos vehículo […] Y por menos de 100-150 pesos [ningún remis] te lleva a Irigoyen. […] Entonces esa familia ya quedó endeudada […] (Dirigente de organización de ocupantes, 2008).

De nuestro relevamiento surge que en el nordeste misionero hay una significativa cantidad de familias de los sectores rurales más pobres y/o marginales que conocen en profundidad sus posibilidades y limitaciones, aunque no todos lo verbalizan en cada oportunidad, ni actúan en consecuencia. Muchos de ellos no desconocen ni el abandono, ni la manipulación de la que son objeto, ni el poco poder con que cuentan, ni que el mismo es morigerado aún más por la acción de división y de desmovilización proveniente desde el poder político y económico local. Pero esta conciencia no implica, para muchos, dejar de aceptar o de aprovechar las variadas ofertas que les llegan desde el estado y desde los sectores de poder político. Porque muchos saben que de lo contrario, sufrirían aún más penurias. Ya que las organizaciones que los representan son aún débiles por razones concomitantes a las anteriores (sus integrantes pueden ser cooptados por los poderes públicos, sus recursos monetarios dependen fundamentalmente del estado o deben ser destinados a "casos de emergencia").

Es decir, hay conciencia y fuerza en muchos de los grupos movilizados de la AF pero también hay necesidad y urgencias sociales que quienes detentan el poder saben aprovechar para desmovilizar y dividir. Porque el poder y su construcción son decisivos para avanzar en los procesos de transformación social, resulta una necesidad alcanzar un mayor esclarecimiento de las realidades que se ocultan tras las disputas locales.

5.1.2. La desigualdad de derechos sociales y civiles

Además de las distintas facetas de la desigualdad vinculada con los recursos materiales, los ocupantes del nordeste misionero también identifican otras cuestiones asociadas con la desigualdad en el cumplimiento de sus derechos sociales y civiles. Afirman que su situación de pobreza, su condición de pequeño productor (colono, chacarero) y el hecho de ser ocupante de tierras privadas y no tener un título de las mismas, son aspectos que los convierten en algo que se podría definir como "ciudadanos incompletos" (o lo que diversos autores conceptualizan como ciudadanos de segunda clase). Por ello, afirman: (i) sufren distinto tipo de discriminaciones, injusticias e inequidades y (ii) reciben tratos diferenciales por parte de la autoridad (policía, gendarmes, Ministerio de Ecología), el sector público y el sistema judicial en relación con el cumplimiento de ciertos derechos frente a los cuales todos deberían ser iguales:

La desigualdad viene por la misma pobreza. Vos viste que el pobre, miserable, nunca […], la acomodación […], acá hay una cierta parte de gente que están acomodados, se han acomodado, tienen conocidos, hay un atendimiento mejor. Venís vos que sos pobre, como yo, que nadie te conoce, te tratan […], es una desigualdad, una discriminación, la pobreza, no la tiene, lo atienden último. Llegamos juntos, vos te quedás último, en el hospital público, en ciertas reparticiones públicas, mucha gente, si vos no tenés plata, no podés […] Esa es desigualdad" (ocupante, 2009).

Es muy interesante observar que estos actores asocian la desigualdad con su pobreza, pero a ésta no la visualizan sólo en términos materiales, como falta o ausencia de ingresos sino en sus aspectos "simbólicos" asociados al capital social, que derivan en falta de reconocimiento, carencia de relaciones, dificultades en el acceso a la información. Específicamente en el marco del conflicto por la tierra, los ocupantes señalan que son los empresarios los que tienen los contactos, los que logran que las autoridades accionen a su favor y con rapidez (situación que se verifica especialmente con la extracción de madera nativa, el principal recurso en disputa luego de la sanción de la Ley 4093). Y lo dicen en estos términos:

Nosotros porque somos pobres estamos allí, tenemos que quedar quietitos. Pero ellos tienen relaciones allá, con fama, con éxito, con plata, el administrador tiene aquello […], y con ellos está la autoridad. […] Pero si yo llego allá, digo: -'mirá, yo quiero que tome medidas, me dé una mano, estoy en una situación de esta manera, así y así'-; ellos van a decir: -'sí, nosotros vamos a ver allá, tal día'-. Pero [el administrador de la propiedad] no. El sólo llama por teléfono. Dentro de pocos minutos, la policía, la autoridad, vienen, viene Ecología y están prontos haciendo el operativo […] (ocupante, 2009).

Los ocupantes concluyen a partir de sus experiencias concretas que ser pobre equivale a ser último, marginado, maltratado, no escuchado, sin voz, sin poder. Esta situación se agudiza por su condición de "intruso", aún luego de sancionada la Ley, que es fuente de todo tipo de discriminaciones que acentúan la situación de desigualdad social. Esto es algo que enfrentan en la vida cotidiana y ante distintas circunstancias. Varias referencias aluden a este tipo de desigualdad. Por ejemplo, en lo que hace a la realización de trámites o de asistencia a un centro de salud (como se señala en la primera cita de este apartado).

Pero la desigualdad también se expresa en relación a la legalidad e ilegalidad. No se imparte, ni se recibe igual tratamiento frente a posibles acciones prohibidas o ilegales pero comunes en la zona, como por ejemplo en relación con la explotación de madera del monte nativo (34). Los ocupantes sostienen que si ellos extraen madera individualmente, por su cuenta y no por cuenta de empresarios y administradores como también sucede, son sometidos rápidamente a la acción de la policía, con veloces e ilegales maltratos:

Porque si llego yo a venir saliendo un día, como ahora, un carro de leña, traigo motosierra, ahí ellos tienen radio en el portón, ellos llaman por casualidad, la autoridad baja ahí, me prende el carro, me prende los bueyes, me prende a mí, […] ¿Con orden de quién? Y ahí pone cincuenta pretextos y te llena la cabeza de conversa que usted no sabe qué va a decir. De última, mejor callarse, porque te llaman intruso, te llaman que estás afanando, que estás robando, que estás haciendo esto y aquello (ocupante, 2009).

Sin embargo, los actos ilegales en relación con la extracción de madera suelen ignorarse cuando quienes los realizan son los propietarios. Un ocupante hace referencia a esta acción desigual de las autoridades en los siguientes términos:

Las grandes empresas siguen explotando bosque, se siguen llevando toda la madera, de donde está prohibido sacan y llevan, madera realmente prohibida tumbada en la provincia, que serían el ceibo […] el palo rosa […]. Esa madera es lo que más están llevando hoy. Yo le dije al […] Director de Bosques, el tipo me dice "no, yo no puedo hacer nada porque estoy acá en Posadas, mando la comisión a investigar y no encuentra los troncos", le digo "pero venga, yo te llevo a los troncos donde están". Y hasta hoy no vinieron. Cuando vos le querés demostrar la realidad los tipos no vienen. Entonces, cuando vienen, vienen a quitar la motosierra del campesino que está haciendo limpieza en su chacra, viene a quitar el machete al campesino, pero los grandes camiones, las grandes máquinas que están cargando camiones son privilegiados por la misma Gendarmería, por la misma, por la misma Ecología, por el mismo gobierno (dirigente de organización de ocupantes).

Los ocupantes, con excepción de los dirigentes de las organizaciones que están más informados respecto del estado de avance de la implementación de la Ley y de los derechos que esta garantiza, no tienen herramientas para discutir o enfrentarse con los propietarios, sus empleados, las autoridades. En este sentido, la falta de educación, de información, de vinculaciones, condena a muchas familias a la marginalidad, porque frecuentemente no saben cuáles son sus derechos, ni cómo reclamarlos, ni implementarlos. Desconocen el funcionamiento burocrático administrativo (como por ejemplo cómo iniciar un trámite, qué es una mesa de entrada, cómo llenar un formulario) no tienen acceso a la justicia, ni a profesionales que los asesoren (como abogados, contadores).

Todo este "capital" que no poseen (acceso a información y recursos humanos y monetarios, comprensión acerca del funcionamiento del sector público, etc.) los ubica en una situación de desventaja. Es en definitiva una situación de "poder" desigual, un poder que los ocupantes no tienen pero que sí detentan quienes se enfrentan con ellos por la tierra. De aquí que sean fácilmente sujetos de manipulación, en realidad son sujetos de la dominación ejercida por empresarios, políticos y funcionarios mancomunados bajo el manto de los mismos intereses económicos y políticos.

5.1.3. La desigualdad en el acceso a la educación

El otro eje en el que aparece expresado la visión de la desigualdad también está vinculado al cumplimiento de derechos pero con el acento en el acceso a la educación y al tipo de educación que las familias ocupantes reciben. Existe una visión de la desigualdad que remite al sistema educativo y a la capacitación más directamente vinculada con su rol como pequeños productores y con las posibilidades de pensar en el "desarrollo" del lugar (35).

Desde el punto de vista de los ocupantes, el acceso a la educación y a la capacitación son elementos centrales de una política de estado tendiente a disminuir la desigualdad social. Es decir, para este sector de la población, el acceso a la educación es visto como una necesidad para ser más iguales, para "superarse" y es algo que históricamente les ha sido negado. En este sentido, afirman:

[…] no tuvimos el medio de superarnos en el tiempo, o de ir a una secundaria, o de tener una capacitación más fuerte, de saber […] Entonces nos marca la desigualdad. […] está el que puede, el que tiene más, y el que tiene menos. Y si nosotros, los pequeños, no procuramos, y desde el Estado no hay un apoyo para que, por lo menos […] […] poder superarse cada uno, cada familia, superarse un poco, para que los hijos de esa familia puedan superarse en el tiempo. Para que no 'haiga' tanta desigualdad (dirigente de organización de ocupantes, 2008)

Sin embargo, no sólo se refieren al tema del acceso a la educación, algunos ocupantes pusieron en cuestión al mismo sistema educativo vigente que los mantiene en el lugar de los "dominados". En este sentido, una mirada más compleja en relación con la educación, los lleva a pensar la posibilidad de que sus hijos se formen en un sistema educativo propio, que rescate sus saberes y sus formas de organización.

La manera en que nos educa el estado, el Gobierno, esa manera que tiene para nosotros no está bien. Nosotros pensamos que en el futuro nosotros mismos podamos tener nuestra propia escuela, nosotros mismos educarnos a nuestros hijos […] Pero ya educar en el sistema organizativo. A nosotros no nos sirve mucho el sistema de hoy porque en la escuela, […] lo primero que te enseñan es la competencia, no la solidaridad, nada de […] nada social, porque lo primero que te dicen es que "el que aprende más rápido la poesía […]", y ahí te genera el clima de competencia. […] y eso hay que cambiar. Tenemos que reeducarnos […] (Dirigente de organización de ocupantes, 2008)

De la misma forma existen cuestionamientos en relación con el "encuentro de saberes" entre los productores y los técnicos del estado y de ONG que actúan en la zona. Estos mediadores han tenido un rol significativo en la lucha por la tierra (en particular aquéllos vinculados a las organizaciones de apoyo) (36) aportando herramientas organizativas, pero también facilitando el acceso a recursos materiales y técnicos orientados a fortalecer la producción predial y generar alternativas productivas. Sin embargo, y en la medida que las organizaciones de base se fueron fortaleciendo, este conocimiento experto o "profesional" comienza a chocar con aquel de los productores, llevando a situaciones de conflicto donde, asimismo, aparecen expresadas diferencias de poder:

Desgraciadamente la gente que viene de las academias tiene esa otra manera de ser, vienen y quieren imponer. En el caso ese del ejemplo con [un técnico] que nos quiso imponer a nuestra organización. Él primero nos cuestionó porque nosotros parece que tenemos siempre esa mirada de aprender haciendo en la práctica, y cuando el tipo viene con universidad, él quiso decir yo acá sé todo y hagan así como yo quiero nomás. Y nosotros no aceptamos, le dijimos: '- mirá, nosotros tenemos tantos años de caminar ya y avanzamos, y te damos ese ejemplo'- (dirigente de organización de ocupantes, 2008).

Como vemos, la visión de la desigualdad de parte de los ocupantes es más compleja que lo que se aprecia desde una simple aproximación y desde el conocimiento institucionalizado. Porque no remite sólo a la desigualdad de ingresos (económica) y a sus consecuencias, sino a otras cuestiones que los ocupantes consideran centrales (sociales, simbólicas) porque tienen que ver con su reproducción como sector social y con sus posibilidades de desempeñar un rol en el proceso de desarrollo del lugar y/o de la provincia.

5.2. La desigualdad desde la perspectiva de los sectores de poder político y económico

Analizar la visión sobre la desigualdad social de parte de quienes ejercen, representan o están asociados con el poder dominante de la zona, nos obliga a diferenciar entre las posturas de los actores vinculados a la política y al funcionamiento del sector público (cuyo rol es el de mediar entre los actores en conflicto) y las de los propietarios (que representan la otra parte del conflicto).

5.2.1. Desde los funcionarios políticos

En lo que sigue analizamos la posición de funcionarios gubernamentales que han cumplido un rol directamente vinculado al conflicto (37). Todos los entrevistados han sostenido que tanto la distribución de la tierra como la regularización de su tenencia, tanto en tierras fiscales como en privadas, constituyen un problema central para la provincia en el presente y de cara al futuro.

Desde el estado se realiza una lectura de la "intrusión" (38) de propiedades identificándolo como un problema de larga data que responde a cuatro cuestiones:

a. La desigual distribución de la tierra en la provincia, especialmente en el nordeste.

b. La gran mayoría de los dueños de grandes propiedades no han tenido una presencia activa y continua en el lugar, por lo que no han ejercido suficientes controles. A lo que se suma, según reconocen, que éstos nunca antes habían reclamado por estas tierras que ya estaban ocupadas. Es decir, desde el estado se apunta hacia los propios titulares de este tipo de propiedades como responsables del surgimiento y agudización del problema.

c. La dinámica demográfica particular que se da en la zona caracterizada por la migración interna y la movilidad constante asociada a la búsqueda de nuevas tierras para la producción y para la instalación de los hijos, de parte de los pequeños productores. Y dado que el remanente de tierras fiscales se agotó, se avanza sobre tierras privadas.

Como podemos observar, entonces, existe un reconocimiento de algunos de los problemas estructurales que subyacen a la ocupación de propiedades en la provincia. Pero asimismo se menciona también:

d. La inacción de parte de gobiernos anteriores para frenar el avance de la ocupación, sobre todo durante la década de 1990 cuando este fenómeno se agudizó.

Entonces, toda reflexión desde el Gobierno sobre el problema de la ocupación de tierras privadas parte de la consideración de alguna o varias de estas cuatro cuestiones. De todos modos, creemos que el Gobierno actual se enfrenta a las mismas disyuntivas que sus antecesores y también puede caracterizarse por su "inacción". Ya que una actitud pública activa dirigida a solucionar el problema de la tierra en la provincia implica, antes al igual que ahora, entre otras cuestiones: (i) asumir una política activa de tierras que regularice pero también redistribuya; (ii) controlar a las empresas tabacaleras e implementar políticas que generen opciones productivas viables para los pequeños productores (39); (iii) evitar el avance del proceso de concentración de tierras (como el que se esta operando de la mano de la forestación).

Como vimos en las secciones anteriores, existen contradicciones en la política pública en relación a las actividades económicas y sectores productivos que intentan promocionarse en las últimas décadas. Estas contradicciones dejan dudas respecto a que la situación en relación con la tierra pueda cambiar, más allá del discurso público y de los esfuerzos que el gobierno dice asumir en relación con el tema.

La discusión o la reflexión sobre la desigualdad social, que deviene, entre otras cosas, de la desigual distribución de la tierra, queda subsumida en general, en la cuestión de lo que es "legal" y lo que no lo es. Sobre el problema de la tierra el punto de partida es que la ocupación de propiedades es claramente ilegal y también lo es todo lo que haga el ocupante sobre ellas, como por ejemplo, el uso de la madera. En este sentido, lo "legal" prima por sobre lo "justo". En la práctica esto significa que el pequeño productor que demanda tierras debería quedarse donde está y como está, hasta tanto el estado encuentre la mejor manera de resolver sus problemas de subsistencia, pero en ningún caso debe ocupar tierras porque eso está fuera del orden legal.

Interesa destacar, como ya señalamos más arriba, que la cuestión de la legalidad o ilegalidad opera de diferente modo según el lugar de poder donde está posicionado el actor en cuestión. Es común evaluar en términos de legalidad o ilegalidad el accionar de los ocupantes no así el de los otros actores. Por ejemplo, en el contexto social y productivo de Misiones no hay, en general, una evaluación de la legalidad con la que se manejan ciertas empresas, por ejemplo, en lo que hace a: (i) las condiciones laborales, como las que imperan en la forestación y en los obrajes; o (ii) la explotación del monte nativo, donde se incurren frecuentemente en irregularidades, como la extracción de maderas prohibidas y/o mayores volúmenes que lo permitido. Es decir, pareciera que la "ilegalidad" en la que incurren los pobres es "más ilegal", más pasible de ser sancionada que la de otros sectores de la población. ¿Será porque en este caso se atenta contra la propiedad privada? Mientras que en los otros casos ¿se vinculan más con los derechos humanos y sociales?

En efecto, si bien hay un reconocimiento de la desigual distribución de la tierra, así como también de la necesidad de miles de familias que necesitan tierras para vivir, trabajar, subsistir, la ocupación de tierras privadas se contrapone con la necesidad más importante de garantizar la seguridad jurídica de la provincia. Conjuntamente, a la hora de implementar la Ley, está presente el temor de sentar precedentes que afectarían el desarrollo de la actividad privada:

Expropiar no es muy sencillo porque tenés que tener un montón de elementos que […] no te condicionen, una seguridad jurídica de lo que es desarrollo de la actividad privada. O sea, podes expropiarlo, podes terminarlo, pero que eso después no te genere un antecedente para que cualquier ocupación desemboque en una expropiación. Entonces el trámite y la gestión digamos […] de lo que es la ley de arraigo tiene sus demoras, pero normales y naturales […] (Diputado provincial, 2009)

Por ello frente a la alternativa de la expropiación, el gobierno prefiere promover el "acuerdo de partes". Es decir, busca otros instrumentos legales (40), para solucionar el problema de ocupación de tierras privadas y evitar la expropiación. Sin embargo estas alternativas no han mostrado ser eficientes en el caso de las propiedades en conflicto. De hecho durante la década de 1990, no hubo resultados concretos, dado que ocupantes y propietarios no lograron llegar a acuerdos en cuanto a la superficie a entregar y al precio por hectárea. Estas dificultades para establecer acuerdos fue lo que endureció la postura de los ocupantes exigiendo la expropiación. A lo cual debe agregarse que la alternativa de la expropiación puede resultar, en definitiva, también de interés de los empresarios, que de esa forma tienen la posibilidad de negociar un precio con el estado en lugar de hacerlo de manera individual con los ocupantes.

 

5.2.2. Desde los propietarios

En relación con los propietarios, se evidencian diferentes situaciones en cuanto a la forma y al momento de acceso a la propiedad de las tierras en disputa que influyen en la posición asumida y en la forma de asunción y comprensión del conflicto. En particular estamos considerando tres situaciones distintas:

a. Colonizadora Misionera S.A. En este caso, el inicio del conflicto por la tierra se da en 1991 coincidiendo con el acceso a la titularidad de un lote de Colonizadora Misionera por parte de un ex- administrador de la propiedad. Este con posterioridad se convirtió en socio-presidente de dicha empresa. A partir de ese momento los ocupantes empiezan a recibir presiones para el desalojo de las tierras.

b. Mondorí - Los Cencerros S.A. Aquí se trata de un empresario maderero que es socio de un aserradero de la zona y que accede a la titularidad de 1.400 ha en el año 1998, como parte del pago de deudas. En aquel momento empezaron las presiones para el desalojo de los ocupantes de esta propiedad.

c. Puente Alto S.A. Esta es una sociedad que compró en remate judicial la propiedad Intercontinental de 35.000 ha en el año 2003. Esta compra agudizó un conflicto preexistente. Porque los ocupantes venían movilizándose desde el año 2000, luchando por el acceso legal a estas tierras y esperando que fuera el estado provincial el que las adquiriera para su posterior distribución entre los ocupantes.

Como vemos, en todos los casos se trata de tres propietarios/empresas que adquirieron las tierras ya ocupadas (41). Y precisamente en relación al proceso de ocupación, los mismos consideran que es el estado provincial el principal responsable, porque:

a. No actuó ante las denuncias de intrusión y pedidos de desalojo que ellos fueron haciendo. Y sostienen que esto contribuyó al avance de la ocupación, especialmente en el momento en que este fenómeno comenzaba a hacerse masivo durante la década de 1990.

b. El único interés de los gobiernos de turno es sumar votos, cuestión que ellos relacionan con la inacción del estado (y que según dicen explica la misma sanción de la Ley 4093). Un ejemplo recurrente que al respecto ellos presentan es la extensión del tendido de red eléctrica en las zonas ocupadas que "llamativamente" se efectiviza durante períodos eleccionarios. Como ejemplo opuesto, señalan que a ellos, por el contrario, les exigen títulos de propiedad e impuestos al día para extenderles la red eléctrica en las zonas de "sus" propiedades que no cuentan con este servicio.

Específicamente en relación con la desigualdad social, los propietarios introducen el tema desde una perspectiva que la considera como algo "natural" o vinculado con la "suerte" que cada persona puede tener en la vida:

Hay algunos que tienen 5 hectáreas, otros que tienen 20 y otros que tienen 1000. Hay algunos que plantan 100 hectáreas de soja, otros 500 y otros 10 mil. Entonces, todo es válido. A algunos les tocó más fuerte, a algunos menos fuerte. Algunos fue más eficiente o menos eficiente, pero no se lo puede poner como decía el de la Pastoral […] "Eh, usted tiene mucho, la tierra es para los muchachos" [refiriéndose a los ocupantes]. […] Yo creo en la igualdad social y en todo […] En todo. Y vamos a ser equitativo y todo, pero ese no es el papel del privado (propietario 1, 2008)

Y también como una cuestión "necesaria" en tanto parte de la división social del trabajo ("alguien tiene que trabajar"), asignándole al estado el rol de atender a los más necesitados (por ejemplo, organizando el acceso a la tierra, aunque no en propiedades privadas): "Es decir, siempre tiene que existir alguien... porque... alguien tiene que trabajar también. Pero es TU propiedad. Si ellos quieren hacer un plan social, se tiene que hacer un plan social organizado" (propietario 2, 2008).

Esta visión de la desigualdad, es acompañada por referencias discriminatorias hacia los ocupantes ("intrusos") como forma de deslegitimar sus reclamos. En uno de los casos se hace hincapié en su procedencia, la mayoría de ellos supuestamente brasileños y además marginales:

Estamos invadidos de acá, y lo peor es que vienen echados de allá [de Brasil] y los echados no son buenos, vienen los malos. Si hubiera sido gente buena, agricultores, con un proyecto, algo, es otra cosa (técnico empleado de una propiedad, 2008)

Desde esta perspectiva, el problema de la ocupación de tierras privadas se circunscribe a una cuestión puramente delictiva, de parte de una población que aprovecha las circunstancias y la inacción del estado para apropiarse de lo ajeno. Esta postura justifica la falta de flexibilidad de este sector a la hora de negociar la tasación de las tierras.

Todas las acciones de los ocupantes son puestas en este plano delictivo, desde la actividad tabacalera que muchos ocupantes realizan, hasta la movilidad territorial que los caracteriza y que es planteada en términos de "negocio inmobiliario". En el primer caso se aduce que, en la medida que se trata de un cultivo con inserción en el mercado y que les provee un ingreso, hay un claro interés económico que les permite generar ganancias y sacar ventajas comparativas a partir de la mayor productividad de estas tierras. En el segundo caso, se plantea que el ocupante, una vez en posesión del título de la tierra, la venderá, "tal como es costumbre" (42), pero a un precio de mercado. Es decir que ambas situaciones: la práctica de un cultivo de renta y la movilidad asociada a la dinámica de reproducción familiar, son interpretadas desde la lógica empresarial desconociendo (o ignorando interesadamente) el hecho que se trata del funcionamiento de lógicas económicas diferentes (una, la de los ocupantes, asociada a la subsistencia de la unidad doméstica, la otra, la de los empresarios, vinculada con la generación de ganancia característica del sistema capitalista mercantil).

 

6. Reflexiones finales acerca del poder y la desigualdad

Las prácticas dominantes y presentes en los procesos socioeconómicos globales, favorecidos por políticas públicas permeables a ellos, avanzan y transforman los territorios agudizando las desigualdades socio-territoriales preexistentes. Y en particular en ámbitos rurales del interior del país, mientras algunos pocos actores se benefician con la expansión acelerada de ciertas producciones (como la forestación) muchos otros se perjudican con la pérdida de biodiversidad, la escasez de tierras para agricultura o la expulsión de familias y productores del medio rural.

 

En distintos lugares la presión sobre la tierra resultante de estos procesos, conduce a conflictos, reclamos y movilizaciones, en los que los sectores desposeídos persiguen objetivos que van más allá del recurso en disputa, cuestionando el modelo general que los origina y del que forman parte.

 

De este modo, se construyen nuevas formas de resistencia a las desigualdades socio-territoriales, resultantes de la globalización y de las políticas públicas de promoción de actividades económicas con inserción competitiva en el mercado global. En las mismas, hay cada vez más actores desposeídos, marginados, precarizados, que comprenden con mayor profundidad que la desigualdad social no se genera de manera natural, ni espontánea, sino que resulta del accionar de actores concretos que forman parte de estructuras de poder. Perciben que éstos configuran sus propias normas y logran que se legisle en su beneficio, fortaleciendo de este modo su posición en la dinámica de poder político, económico e institucional local, provincial y nacional. Pero también, muchos referentes de los sectores de menores recursos involucrados en estos conflictos ponen en cuestión el rol del estado como mediador. Frecuentemente consideran que el estado utiliza su recurso discursivo para demorar decisiones, justificar políticas o intervenciones que no contemplan sus necesidades; y, de este modo, postergar la solución real de los problemas que los aquejan. Pero muchos otros van más allá en sus interpretaciones, descubriendo y cuestionando las alianzas estratégicas que el estado tiene y mantiene con los sectores de poder.

Conocer la visión de los actores sobre la desigualdad social, de acuerdo al lugar que ocupan en la estructura de poder, permite entender los sentidos político-ideológicos y materiales de las acciones y políticas que se llevan adelante en los territorios.

De acuerdo a lo analizado, podemos concluir que tanto los sectores de poder económico como el estado, coinciden en una concepción de desarrollo que, independientemente de lo que se afirma, prioriza el crecimiento económico y la seguridad jurídica necesaria para garantizarlo. En contrapartida, la desigualdad social que ese proceso genera es vista como una "externalidad negativa" que, de algún modo debe ser contenida, asistida; sin reconocer que sólo cambios estructurales pueden conducir a superarla.

Por su parte, los ocupantes (que experimentan la desigualdad social desde múltiples dimensiones) cuestionan el modelo de desarrollo imperante, y fundamentalmente el rol del estado en la consolidación de ese modelo y en la permanencia de las desigualdades que genera.

¿Cómo conciliar intereses tan contrapuestos entre actores que disputan el mismo territorio? ¿Cómo superar las profundas desigualdades que devienen de estructuras de poder tan arraigadas en los ámbitos locales? ¿Cómo lograrlo con un estado que no vela por los derechos de la mayoría de los ciudadanos? ¿Cuál es el modo para alcanzar una verdadera transformación social?

- Algunos afirman que esta oportunidad suele estar presente en los momentos más álgidos de determinadas crisis sociales. Como la del año 2001 en Argentina, que devino en saqueos, asambleas populares, reclamo mayoritario de "que se vayan todos" -referido a los políticos-, expulsión de un presidente democrático y constitucional, toque de queda no respetado por la población, en definitiva lo que algunos han llamado "desobediencia civil". Sin embargo, para que estas situaciones sean la puerta de un proceso de transformación, deberían construirse previamente ciertas fortalezas en la sociedad, expresadas a través de la conformación y presencia de actores, sujetos o, en definitiva, de actores y organizaciones sociales con "poder" de dirigir y reorientar dicha crisis en un marco de renovación institucional, político y ético.

- Otros sostienen que ese devenir es resultado de procesos sociales insertos en largos períodos de lucha, enfrentamientos y conformación de actores y organizaciones que, con avances y retrocesos, renuevan o crean nuevas prácticas sociales asociadas con mayor transparencia y a partir de la ética como base del funcionamiento social y político.

Del análisis del caso del nordeste de Misiones, podemos observar que el surgimiento de un proceso organizativo en torno a la lucha por la tierra, podría ser una vía factible que inicie este camino hacia formas alternativas de superación de la desigualdad, de la que es objeto y sujeto esta población históricamente postergada.

Notas:(…) Fuentes consultadas: (…)
Fecha de recibido: 2 de febrero de 2011. 
Fecha de aceptado: 8 se septiembre de 2011. 
Fecha de publicado:12 de diciembre de 2011.
Fuente: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-59942011000200004

 

 

Pero frente a la gran expansión del sistema global de agronegocios (o del modelo de soja transgénica) ocupando Argentina que concretó la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales, la lucha por la tierra precisa generalizarse como democratización de cada lugar de trabajo, de vida y del conjunto de nuestros lugares. Ante todo necesitamos superar nuestras internalizaciones del coloniaje, del racismo, del patriarcado, de la obediencia debida, etc.

 

 

Argentina: “Salir del ‘agronegocio’ implica un cambio de estructuras mentales profundas”

2 de noviembre de 2016

Por Leonardo Rossi

Más de 150 estudiantes de Agronomía y afines de diversas regiones del país se encontraron a pensar en otra agricultura posible, por fuera del agronegocio. Fue justamente en Zavalla, cercanías de Rosario (sede portuaria de las grandes cerealeras) donde se concretó el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes por la Agroecología.

Voces desde el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes por la Agroecología:

Paneles, talleres, visitas a campos sirvieron para sembrar y potenciar una mirada de la producción y consumo de alimentos más humana que la dominante. “Ya no nos alcanza con los estudiantes, los técnicos, los productores, tenemos que llegar a todas las partes de la cadena y crear un gran movimiento por la agroecología”, dejó planteado Antonio Lattuca, coordinador del programa de Agricultura Urbana de Rosario.

El encuentro fue impulsado por el Movimiento Universitario por la Agroecología (Rosario), Movimiento de Base Agronomía (Córdoba), Huerta Estudiantil Agroecológica (La Pampa) y la Juventud de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Esta disciplina con diversas ascendencias apunta a concretar un modelo agropecuario diverso, que reduzca el uso de insumos externos al ciclo ecológico natural, que fomente productos de estación y afines a cada eco-región, con una perspectiva política en diálogo con la soberanía alimentaria, la relación directa entre productor y consumidor, el comercio justo y solidario.

Alimentos, no mercancías:

Durante el panel “Soberanía alimentaria y desarrollos regionales”, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, Lattuca punteó algunos datos de informes internacionales. “Se producen alimentos para 12 mil millones de habitantes y somos 7 mil millones. Sólo un 30 por ciento de los cereales va a consumo humano directo. Está claro que los alimentos son un mero instrumento de negocio.” En esa línea, recordó que “hay un mito que nos dice que la Revolución Verde (cambio de paradigma tecnológico de los años sesenta) vino a alimentar al mundo, cuando en realidad vino a favorecer un modelo de concentración de grandes empresas químicas”. Según datos del ETC Group, tres compañías (Monsanto, DuPont y Syngenta) controlan el 55 por ciento de las ventas de semillas comerciales y otra tríada (Syngenta, BASF y Bayer) hace lo propio con el 51 por ciento de las ventas de químicos para los cultivos.

Respecto al plano político, Lattuca señaló que “el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y las facultades han pensado y funcionado para el modelo de agricultura industrial”. “Hay que dar la pelea ahí pero necesitamos también mucha fuerza afuera de las instituciones porque hay cambios que no pueden esperar cinco años de estudios y validaciones de los organismos técnicos-burocráticos”, completó.

Según la opinión de este técnico, para revertir este escenario, se hace imperioso potenciar a los pequeños productores. “En Rosario hoy sólo nos quedan 25 productores periurbanos. Para que haya soberanía alimentaria, tiene que haber soberanía productiva ”, manifestó. Y puso el foco en la necesidad de transitar hacia modelos agroecológicos, que no sólo dejen de lado el uso de plaguicidas (tal como pueden ser los orgánicos) sino que aporten una mirada más profunda de lo que significa la alimentación desde una perspectiva política.

“La agroecología puede alimentar el mundo y de una forma más sana: los alimentos agroecológicos tienen más proteína, más fibra, menos agua; se conservan por más tiempo, son completos y equilibrados”, detalló. En un sentido más extenso, comparó: “Por algo hoy nos tienen que dar tantos suplementos, que antes lo brindaba el propio alimento sano, por eso decimos que los alimentos agroecológicos son como una medicina natural”.

Campo-ciudad-campo:

Para aprovechar las diversas legislaciones que restringen el uso de plaguicidas en zonas periurbanas, Beatriz Giobellina (INTA-Córdoba), arquitecta especializada en planeamiento de cinturones verdes, indicó que “si aplicáramos la ley que regula el uso de plaguicidas (9.164), liberaríamos 100 mil hectáreas del cinturón verde de Córdoba para la producción sana de alimentos”. Pero remarcó que este cambio no puede sólo depender del voluntarismo de algunos productores. “La transición a la agroecología requiere de políticas públicas decididas a apoyar ese modelo.”

En esa línea de planteos, manifestó que “las manchas urbanas están destruyendo las zonas de producción de alimentos de proximidad, un tema que no estamos estudiando y pensando como Estado”. “Estamos liquidando a los pequeños agricultores y podríamos estar ante un colapso”, enfatizó luego de recordar que buena parte de la fruta y verdura que se consume en Córdoba, llega de otras partes del país. “Eso es irracional”, dijo, por ejemplo respecto a que más de la mitad de la verdura de hoja que consumen los cordobeses no llega de su cinturón verde.

 

“Debemos planificar el territorio con sensibilidad a la producción de alimentos”, fue la idea central de esta técnica, que machacó con la necesidad fomentar los parques agrarios en los alrededores de las ciudades, para alimentar de forma sana a la población local. “Hoy el 94 por ciento de la población argentina vive en las ciudades. Los arquitectos miramos la ciudad y los agrónomos el campo. Nos separaron, no nos hicieron pensar los territorios como tales. Eso tiene que cambiar de forma urgente”. Como análisis dejó en claro que Argentina no puede producir alimentos para 400 millones de personas en el mundo, mientras no cuenta con una oferta básica de frutas y verduras alrededor de Córdoba o Rosario.

Amar la tierra:

Con anclaje en territorio disertó Heber García, del Movimiento de Pequeños Productores de La Plata. El cinturón hortícola platense es el más grande del país, y según expresaron desde el MPP “cuenta con más de seis mil familias productoras, mayoritariamente bolivianas”. Cuenta Heber que cuando llegaron a Argentina estas familias entraron a un sistema de producción “en el que se usa mucho veneno”. Y en ese marco, se formaron en la actividad hortícola.

Pero para poder pensar en alternativas a ese modelo tóxico de producción, explica, deben mejorar su situación económica y social.

Una problemática principal es los altos costos de los alquileres: pagan cerca de 10 mil pesos mensuales, en terrenos (2 a 3 hectáreas) a los que prácticamente no les hacen mejoras, porque no saben hasta cuándo durará el arriendo. “Vivimos en casillas muy precarias, porque no podemos construir si no es para quedarnos ahí. Queremos acceder a la tierra, la queremos pagar, necesitamos un plan del Estado para quedarnos a trabajar la tierra, para producir con mejor calidad; no queremos terminar en una villa.”

Por otra parte, se ven afectados por los bajos precios que reciben por su producción. Explican que venden cajones de verdura de hoja a quince pesos, que no cubren los costos, y luego han llegado a ver que cada kilo (de diez que tiene el cajón) se vende a treinta. “Con el tomate decidimos dejar de venderlo, porque no nos cubría el costo, y se lo ponían en góndola a un precio imposible. Lo empezamos a guardar y a hacer conserva para vendérselo directo al consumidor por otro canal.”

Haberse organizado permitió enfrentar mejor el abuso de quienes acopian la producción para luego llevarla al mercado minorista. “A través del movimiento conseguimos un puesto en el Mercado Central, hacemos bolsones para venta directa a sindicatos y organizaciones sociales, y vendemos en ferias. Tener precio justo por nuestra producción, y que le llegue más barato al consumidor, nos permitió empezar a pensar mejor cómo queremos producir”. Actualmente, en los bolsones de verdura, venden sólo productos de estación y de a poco transitan hacia la agroecología. “Vamos estudiando y probando otras formas”. “Venimos de la cultura de la pachamama, sabemos que si no amamos el mundo, a la tierra, no nos amamos.”

Un cambio de conciencia:

Ante un auditorio colmado, los disertantes dejaron en claro que la batalla por otra forma de producir alimentos es compleja y abarca varios frentes: acceso a la tierra, regulaciones que restrinjan y efectivicen el uso de plaguicidas, apoyo técnico y recursos específicos, canales de comercialización para este sector, entre otros. Pero como cuestión de fondo, Giobellina dejó planteado, que comenzar a abandonar el paradigma del ‘agronegocio’ “no pasa por un cambio tecnológico, es mental, de estructuras profundas, es un verdadero cambio de conciencia”. Para eso, como dijo Lattuca ya no basta sólo con espacio de debate académicos y técnicos, o de grupos de productores con iniciativa, “hace falta llegar a más sectores, de principio a fin de la cadena, y crear un gran movimiento por la agroecología”.

La Tinta

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_Salir_del_agronegocio_implica_un_cambio_de_estructuras_mentales_profundas

 

 

Aún más,  nuestras luchas por democratizar y confraternizar territorios enfrentan la existencia y la multiplicación de "zonas de sacrificio", todas para la acumulación gran capitalista mediante extractivismo (agronegocios, mega emprendimientos mineros e inmobiliarios, explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales, megarrepresas, etc.). Nos convocan a incorporarnos a:

 

 

La lucha contra el fracking

2 de noviembre de 2016

Por Nadia Luna

En las jornadas del Observatorio Petrolero Sur se debate sobre los riesgos del fracking para la salud. La inauguración reunió a especialistas y activistas de la Argentina y Estados Unidos, que relataron sus experiencias y explicaron por qué se oponen a esta práctica.

En el extremo sur del planeta, la comunidad mapuche Campo Maripe resiste el avance del fracking en su territorio. YPF y Chevron quieren explotar esa parte de la formación petrolera Vaca Muerta, a pesar de que un relevamiento territorial comprobó la ocupación ancestral de la comunidad en 11.000 hectáreas de Añelo, en la provincia de Neuquén (ver aquí).

El conflicto no termina en la perforación de los pozos, ya que vecinos del oeste neuquino nucleados en la Comisión Fuera Basureros Petroleros denunciaron que la empresa Comarsa quema residuos tóxicos provenientes del fracking a 200 metros de sus casas. De esta manera, 15.000 familias de barrios humildes que usan leña para cocinar se ven afectadas, paradójicamente, por desechos de la extracción de un gas al que ni siquiera tienen acceso.

Muy lejos de allí, en el extremo norte del planeta, los habitantes de una zona rural del estado de Nueva York, cerca del límite con Pensilvania, en Estados Unidos, se juntan regularmente en el sótano de una iglesia para debatir sobre los riesgos del fracking para la salud. El movimiento creció de la mano de estudios ambientales y, finalmente, se logró prohibir el fracking en el estado de Nueva York. Sin embargo, la lucha sigue: ahora se oponen a la instalación de la compañía Crestwood, que quiere convertir a la región en un centro de almacenamiento y transporte de gas. Ya bloquearon la entrada de la compañía 50 veces, lo que derivó en unas 500 detenciones de ciudadanos. Entre ellos, Colleen Boland, impulsoradel activismo anti-fracking y sargento retirada de la Fuerza Aérea estadounidense, quien asegura: “Estoy orgullosa de mis medallas de honor, incluida la que me dieron por buena conducta. Pero estoy igual de orgullosa por las acusaciones de alterar el orden público que recibí por oponerme al fracking para preservar el lugar donde vivo”.

Boland fue una de las expositoras de la inauguración de las Jornadas Internacionales de Salud, Ambiente e Hidrocarburos no Convencionales, organizadas por el Observatorio Petrolero Sur, que se desarrollarán hasta el 31 de octubre en las provincias de Buenos Aires y Neuquén (ver aquí). La apertura fue una audiencia pública realizada en el auditorio anexo del Congreso de la Nación y la mesa se completó con la activista Natalia Huilipan [Comisión Fuera Basureros del Neuquén], la bióloga Sandra Steingraber [Concerned Health Professionals] y la médica pediatra Kathleen Nolan [Physicians for Social Responsibility].

“Algo que me quedó claro de todos estos años que venimos luchando contra el fracking en Nueva York es que las pruebas científicas sobre los daños a la salud, por muy contundentes que sean, no alcanzan. Es necesario que un movimiento social lleve la evidencia científica hacia el campo político. Creo que esa combinación nos permitió ganar la batalla”, sostuvo Steingraber, quien, al igual que Boland, pasó varios días en la cárcel por bloquear la entrada de Crestwood.

Steingraber y Nolan presentaron la tercera edición del Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking [extracción no convencional de gas y petróleo], una publicación que puede descargarse gratuitamente aquí. Durante la charla, expusieron algunos de esos hallazgos y hablaron de los riesgos que el frackingimplica para la salud de la población que vive en las cercanías de lugares donde se desarrolla la actividad.

 

Steingraber contó, por ejemplo, que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos confirmó casos de contaminación del agua potable porfracking. Además, indicó que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático calcula que, en un período de 20 años, el gas metano puede capturar 86 veces más calor que una cantidad equivalente de dióxido de carbono. Asimismo, sostuvo que, en los últimos meses, varios estudios han confirmado una relación causal entre la inyección de aguas residuales del frackingen pozos de eliminación de desechos y el surgimiento de temblores en la zona. “La evidencia es tan sólida que la Corte Suprema de Oklahoma dictaminó por unanimidad que los propietarios de viviendas pueden demandar a la industria de petróleo y gas por daños en sus propiedades derivados de los temblores”, señaló.

Nolan se refirió al aumento de problemas de salud reportados en poblaciones cercanas al fracking y a los efectos de gases liberados y sustancias químicas usadas en la actividad. Así, indicó que el formaldehído y el sulfuro de hidrógeno irritan los tejidos y que los estudios documentan cada vez más casos de asma; que los químicos que se conocen como BTEX (benceno, tolueno, etileno y xileno) dañan los órganos y son cancerígenos. También, actúan como disruptores endócrinos, lo que derivó en un aumento de nacimientos prematuros y diversos defectos en los recién nacidos.

“En algunos casos, los síntomas pueden eliminarse si se elimina la fuente de exposición, pero eso implica que la gente tiene que dejar de vivir donde vive. La prioridad de los gobiernos debería ser alejar estas actividades en vez de otorgar subsidios a la industria”, sentenció. “Las compañías y países que invierten en fracking están invirtiendo en un legado tóxico. Es muy poco lo que se puede mejorar cambiando regulaciones o implementando un código de buenas prácticas. Los problemas son inherentes al proceso y, por lo tanto, la única mejora puede venir del abandono completo de esta actividad y de la transición hacia un futuro sostenible y renovable”, agregó.

La última expositora fue Natalia Huillipan, en representación de la Comisión Fuera Basureros Petroleros de Neuquén. Se presentó en mapudungun [lengua del pueblo mapuche] y explicó cómo funciona el circuito de los residuos petroleros. La empresa encargada de su tratamiento es Comarsa, que, según Huillipan, utiliza un método de incineración en hornos pirolíticos que “libera al aire contaminantes que respiramos todos los días en nuestros barrios”. Además, dijo que, en una reciente audiencia pública, Comarsa reconoció que la empresa no trata los metales pesados, pero se negó a responder cuál es la disposición final de los mismos.

Huillipan sostuvo que la comisión obtuvo dos logros importantes. El primero fue que el Gobierno provincial firmó un decreto que establece que las empresas que tratan residuos especiales tienen que estar a ocho kilómetros de las zonas pobladas y a cinco de las zonas productivas, aunque dice que, en la práctica, eso no se cumple. El segundo logro radicó en unificar la lucha con los trabajadores de la empresa. “Yo soy mapuche y quiero finalizar con una reflexión desde mi identidad”, dijo Huillipan. “Hay tres elementos que están siendo afectados por este sistema capitalista: agua, aire y suelo. El agua es la sangre que corre por nuestras venas, el aire es lo que nos impulsa y el suelo es nuestro cuerpo. Tenemos que defenderlos y sólo con lucha y organización colectiva vamos a poder conseguirlo. ¡Marici wev! [diez veces venceremos]”.

Universidad San Martín - TSS

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/La_lucha_contra_el_fracking

 

En consecuencia, concretar la «reforma agraria integral» o la expresión plena de todas las territorialidades populares e interrelaciones nos desafía abajo y a la izquierda a unirnos procurando que los pueblos protagonicen su liberación de realidades como la siguiente que se multiplican a lo largo y ancho de nuestro país-continente:

 

Cinco años sin Daniel Solano, cinco años de impunidad
7 de noviembre de 2016

 

El sábado se cumplió un nuevo aniversario de la última vez que vieron con vida a Daniel Solano. La policía lo sacó de un boliche de Choele Choel y nunca más se supo de él. A 5 años, su desaparición permanece impune. 

 

Por ANRed

 

Daniel Solano era miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta; en octubre de 2011 viajó desde su Tartagal (Salta) natal a la zona de Valle Medio de Río Negro para trabajar en forma temporaria en la cosecha de manzanas, a través de la empresa tercerizadora Agrocosecha SRL, en el establecimiento de la multinacional belga Expofrut, ubicado en la localidad de Lamarque. Al cobrar su primer sueldo, un mes más tarde, descubrió que el dinero recibido era menor al acordado y comenzó a organizar un reclamo junto a sus compañeros. En la madrugada del 5 de noviembre fue visto por última vez mientras era sacado por policías del boliche Macuba, en Choele Choel.

La causa, que tiene a siete policías rionegrinos procesados, pero gozando de su libertad y en ejercicio, hoy navega en un mar de burocracia. Se encuentra sin fecha de juicio, y se trata de determinar a quién pertenece la competencia: si a la justicia provincial que proveyó la investigación o a la justicia federal. El juez de la causa Julio Martínez Vivot, y el entonces fiscal, Guillermo Bodrato, entendieron que existió el delito de “desaparición forzada de persona”, lo que remitiría el caso al fuero federal para juzgar a los acusados.

La desaparición de Solano dejó al descubierto muchas irregularidades. De la causa original se desprendieron más de 20 investigaciones paralelas por desaparición de personas, trabajo esclavo, trata de personas, connivencia policial, empresarial, judicial y política, desprecio a comunidades originarias y a inmigrantes.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article13140

 

 

Es prioritario y central constituir el protagonismo de los pueblos en deliberar y decidir sobre su destino común. Contra esto se erigieron tanto el neoliberalismo como el progresismo al privilegiar los planes extractivistas del capitalismo e imperialismos. Estos programas de desposesión y exterminio han alcanzado contundencia en Colombia pero, al mismo tiempo, la lucha de los oprimidos y avasallados ha adquirido una clarividencia  que nos ilumina caminos emancipadores:

 

 

La participación como ejercicio de antagonismo político

8 de noviembre de 2016

Por Felipe Polanía (Rebelión)

 

Reflexiones sobre la participación de la sociedad en la negociación política en Colombia, en particular de la población en situación de migración y exilio

El 27 de octubre debía instalarse la mesa de negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) en la ciudad de Quito, Ecuador. A última hora el gobierno decidió unilateralmente cancelar la instalación argumentando acuerdos incumplidos por el ELN. Por su parte, la organización insurgente ha planteado que el gobierno malinterpreta los compromisos adquiridos y reiteró su decisión de cumplir con lo acordado, pero en los marcos originales del acuerdo.

El gobierno colombiano empezó las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN sobre la base de no negociar el modelo económico del país, ni la institucionalidad política, ni su doctrina e institucionalidad militar, los “inamovibles” se les ha llamado a estos puntos. El gobierno colombiano ve las negociaciones como un proceso de desmovilización, desarme y reincorporación a la vida civil de las fuerzas guerrilleras. La posibilidad de generar procesos de transformación social que mejoren las condiciones de vida de millones de colombian*s1 no está dentro de los planes del gobierno. Por el contrario, el gobierno quiere culminar el desarme de las guerrillas en el mandato político de Juan Manuel Santos, para perpetuar su nombre en los anales de la historia nacional, con premio nobel incluido. De ahí la idea de una negociación expresscon el ELN. El lobby de Juan Manuel Santos lo ha llevado a la realizar la primera visita al reino unido como jefe de estado colombiano, en donde va a ofrecer a Colombia como país seguro para las inversiones de empresari*s británic*s.

La Paz para el gobierno es un problema de lobby, de marketing, de propaganda. En los discursos mediales y políticos la paz ha sido equiparada a la cesación del conflicto armado con los grupos guerrilleros. Los contextos políticos y sociales que han generado la lucha armada han sido invisibilizados y los discursos reducen el conflicto a una confrontación fratricida generada por las guerrillas que ha devastado al país y que debe parar.

Por su parte el ELN entiende la participación de la sociedad como forma fundamental de las negociaciones y así fue fijado en la agenda. En los últimos años en Colombia se vienen construyendo procesos de movilización social y popular, que ahora se preparan para participar en esas negociaciones con voz propia. También en los últimos meses después del triunfo del NO en el plebiscito sobre los acuerdos de la Habana el tema de la participación de la sociedad se ha puesto en el centro del debate y se han generado dinámicas de movilización social exigiendo la implementación de los acuerdos por una parte y por la otra el inicio de las negociaciones con el ELN.

Estas manifestaciones de participación social no son compatibles con el modelo de gobierno de Santos y la oligarquía colombiana, que ya hace largo tiempo han promovido la entrega de las riquezas del país al capital transnacional, han limitado las garantías laborales en beneficio del capital nacional y transnacional y han fortalecido los mecanismos clientelistas y corruptos en el ejercicio de la política institucional. Para los movimientos sociales y político en Colombia el modelo de gobierno de la oligarquía ha representado y sigue representando represión. Baste mirar las prácticas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en el tratamiento a la protesta social, el nuevo código de policía que sigue disminuyendo las garantías de protección para l*s ciudadan*s de a pie y finalmente la impunidad real que sigue acompañando el accionar de los grupos paramilitares.

El gobierno de Juan Manuel Santos está hoy confrontado con la exigencia de participación desde los movimientos sociales y políticos mientras negocia la implementación de los acuerdos de la Habana con otros sectores de la burguesía, incluyendo el sector militarista que encabeza el partido Centro Democrático y la perspectiva conservadora y reaccionaria que representan algún*s pastor*s evangélic*s. Los movimientos sociales y políticos por su parte no paran en su demanda de participación y han venido construyendo espacios propios para el ejercicio de la democracia desde abajo. Es así como por ejemplo el pasado jueves 3 de noviembre se ha instalado la Mesa Nacional para la Paz como un espacio de participación desde las propias reivindicaciones de los movimientos sociales en la solución al conflicto armado en el país.

 

La participación de la sociedad en las negociaciones finalmente se viene consolidando como consenso en la opinión pública. Sin embargo, las perspectivas desde la que se entiende la participación son variadas y diferentes. La participación de las comunidades en el sentido de tener acceso con capacidad vinculante a los espacios de decisiones políticas en la sociedad difiere de la perspectiva del gobierno y la burguesía que ve en la participación una estrategia para fortalecer y extender el consenso político sobre su proyecto de dominación capitalista.

 

La participación en las negociaciones de la Habana fue muchas veces sólo un despliegue publicitario que pretendía legitimar la mesa de negociaciones sin plantearse realmente el problema del monopolio de la palabra por parte del Gobierno y las FARC. Baste recordar que las comunidades y organizaciones indígenas y negras fueron invitadas ya en la recta final de las conversaciones que habían empezado cuatro años atrás y sólo tres meses antes de la firma del acuerdo final. De alguna manera se puede entrever con qué criterios se invitó a estas comunidades a la Habana.

 

En el nuevo proceso de negociación con el ELN como también en la lucha de los sectores sociales y de las iniciativas ciudadanas por la implementación de los Acuerdos de la Habana se vienen gestando otros entendimientos de participación. La participación tiene que dejar de ser la coartada para el ejercicio clientelista de la democracia y debe ser más un proceso de formación y organización política que garanticen el ejercicio de la política de forma sustentable y libre de la violencia de las armas y del terrorismo de Estado. Esta participación sólo se puede dar si las organizaciones y movimientos sociales son escuchados en la definición de políticas que afecten la vida de las comunidades y poblaciones que representan.

 

En las siguientes líneas trataré de plantear una perspectiva para la participación en general a partir del caso concreto de la población colombiana emigrada y en exilio en Europa. Gran parte de estas reflexiones hacen parte de debates que actualmente tienen lugar al interior del Congreso de los Pueblos de Colombia, Capítulo Europa, (CdP_Europa) organización del exilio y la migración colombianas de la cual hago parte.

 

Participación continuada y desde la propia realidad

Creemos que la participación no debe ser reducida a un momento de representación, pues estos momentos pueden ser utilizados como legitimación de una política unilateral y de actores que aboguen para sí mism*s una representación de los movimientos sociales. La tercera asamblea del CdP_Europa en Otxandio plantea en sus conclusiones que, la participación no se concreta en eventos o foros puntuales porque debe mirarse como un proceso a largo plazo que requiere de un esfuerzo sostenido. El Congreso de los Pueblos por sus particularidades mismas no puede pretender representar a la totalidad de las personas migradas, no sería legítimo ni justo abogarnos ése papel. En ese sentido el CdP_Europa promueve una participación pluralizada, es decir una participación que se construya desde las diversas realidades de la migración y el exilio.

Para el CdP_Europa la diáspora colombiana debe participar desde sus especificidades y condiciones en tanto que personas migradas y en condición de exilio y/o refugio. Esta participación debe hacerse con un enfoque diferencial teniendo en cuenta el género, la generación, las diversidades sexuales y étnicas, las razones o causas de la migración y/o exilio, el lugar en donde se vive y el estatus de residencia o trabajo que se tiene . Algunos debates en el CdP reflejan la preocupación por asumir una voz única y homogénea desde la situación de diáspora. El CdP considera que l*s migrantes y exilid*s no pueden caber en una sola definición. Hay muchas razones para salir del país e igualmente hay diferentes marcos legales, sociales y culturales que condicionan la presencia en los países de destino y por lo tanto las subjetividades que se construyen son también diferentes. Por lo tanto hay también distintas necesidades y reivindicaciones desde la población en el exterior y reducir al conjunto de ésta población como víctimas del conflicto y suponer como reparación fundamental el derecho al retorno con garantías. El CdP_Europa considera la migración y el exilio como una multiplicidad de procesos que no puede centrar su participación en los marcos de la definición de víctima, sino que debe buscar la reafirmación de personas migrantes y en exilio como sujetos de derechos y con capacidad de auto-representación, tanto en los marcos del Estado nacional colombiano como en los de los Estados de exilio y migración .

La participación no puede reducirse a un par de eventos con personalidades de la política y la cultura colombianas, sino que debe ser un proceso permanente de organización, formación desde la base que genere una nueva práctica política, refrendada por la movilización popular. EL CdP_Europa en sAsmamblea en Otxandio lo formula de la siguiente forma: Esa participación debe hacerse en todos los espacios y etapas del proceso. En consecuencia, ella debe hacerse en los institucionales que se generen en las negociaciones entre el gobierno y las insurgencias y en aquellos que vaya construyendo la sociedad. No hay un solo interlocutor y debemos construir caminos y prácticas que nos permitan hablarle a todos los grupos sociales y políticos.

Es de resaltar, que desde el CdP se ve la necesidad, que las comunidades participen desde sus espacios propios de organización. No se puede pretender una participación con perspectiva popular, si no es a partir de construir espacios propios, libres de las dinámicas represivas y clientelistas de la política estatal colombiana.

 

Participación desde abajo y antagónica

Los discursos que se construyeron alrededor de los acuerdos de la Habana plantearon a menudo que la paz era el resultado de los acuerdos. La perspectiva de perdón y reconciliación que estructuró los acuerdos hizo que muchas veces se olvidará el carácter de clase del conflicto armado y social en Colombia. Bajo la supuesta urgencia de reconciliar el país, se dejó olvidado que el modelo económico y la institucionalidad militar han golpeado y victimizado grandes sectores de la población colombiana y que por lo tanto no habrá reconciliación posible mientras esto siga siendo asi.

El país medial que se construye en las redes sociales, en los medios de comunicación y en los discursos oficiales ha descontextualizado la exigencia y el clamor de la población por el cese al conflicto armado y por la democratización de las estructuras políticas para que la violencia no determine el ejercicio de la política. La participación se ha entendido desde el Estado como la invitación a las comunidades para que participe en espacios preestablecidos por el mismo gobierno, muchas veces más con carácter de marketing político, que con el interés de abrir un espacio de decisión para las organizaciones sociales.

El CdP-Europa es de la opinión que la participación no se puede ver desde la concepción jerarquizada o jerarquizante en donde un actor institucionalizado nos abre un espacio. El poder busca legitimar sus formas de dominación y debemos estar atent*s a que estos espacios no sean la coartada que les ayude a hacerlo. (…) Un proceso de participación, unos acuerdos o una dinámica puede también ser contraproducente para las personas y el movimiento social. Más que hablar de participación se debe hablar y trabajar para construir poder popular como sinónimos de comunidad que se organiza.(…) Más vocación de pueblo y menos ambición de gobierno. Hacia el pueblo el discurso no debe ser sólo de “participación” sino de “construcción”. Estar en esos espacios sí, pero no perder de vista la construcción de poder desde abajo. Participamos en consecuencia desde una postura antagónica, desde la reivindicación de la rebeldía de los movimientos sociales, desde la protesta, el paro, la minga, con una lectura y práctica de clase, contra el sistema patriarcal, jerarquizante, racista, excluyente e insostenible.

 

Participación a través de una voz plural, decolonial y anti-patriarcal.

La Participación debe recoger la multiplicidad de la Migración y el exilio. Esto significa entonces que no se puede pretender una interlocución única, sino que la interlocución debe permitir a diferentes procesos y formas organizativas de la comunidad en el exterior. De igual manera se debe generar una interlocución desde la perspectiva decolonial, es decir una participación que también indague por las responsabilidades de los estados europeos y el modelo económico global, como también de las empresas y consorcios multinacionales. El discurso por la paz debe también cuestionar y desenmascarar el doble discurso de los estados europeos, que por un lado se muestran como promotores de la paz y la democracia y por el otro persiguen y encierran en centros de detención y deportan a personas por el solo hecho de no tener un permiso de residencia, como también construyen alambradas y destinan ejércitos para impedir el arribo a Europa de l*s refugiad*s.

La Perspectiva decolonial consiste en entender el conflicto colombiano en un contexto de dominación imperialista y neocolonial, que no es más que el desarrollo del modelo colonialista que empezó en 1492 y que ha hecho de Europa el centro de la historia mundial y que ha condenado al sur global a la expoliación de sus recursos y la subordinación de sus culturas y saberes. Como personas emigradas en Europa no podemos olvidar que el racismo que afecta nuestras vidas cotidianas está emparentado con el modelo de dominación que ha llevado a Colombia y el conjunto del sur global al empobrecimiento estructural y a la guerra.

 

La perspectiva anti-patriarcal

Es consenso en el CdP_Europa que el debate sobre la exclusión social y política de las mujeres en el país, debe ser parte fundamental del nuevo modelo de país. No podemos pensar un nuevo país libre del imperativo de la violencia en la política, si no transformamos las estructuras que hacen posible la violencia contra las mujeres en lo cotidiano y en lo institucional. Esas estructuras son el entramado del Patriarcado. La superación de la violencia implica a nuestro parecer necesariamente la superación del sistema patriaracal en la economía, en la educación, en el sistema de justicia y por supuesto en la política. El patriarcado basa su lógica en el desprecio y el sometimiento de todo lo que no represente la figura del hombre heterosexual, racional, pretigioso y rico. Por eso también las personas LGBTI y los hombres que se plantean su identidad de género desde otras perspectivas son igualmente subordinadxs y sometidxs a las dinámicas competitivas, agresivas, intolerantes, antisolidarias y misóginas del patiarcado.

Reivindicar el derecho a ser diferente y divergir de la norma patriarcal es urgente en la construcción de un nuevo país. Frente a los argumentos conservadores de la familia monoparental y heteronormativa que sectores de la derecha fundamentlista religiosa pregonan como voluntad nacional, quienes queremos construir un país incluyente no podemos renunciar a la lucha por la diversidad sexual y de género, no podemos renunciar al derecho de las mujeres a la autodeterminación sobre sus cuerpos, a la lucha por el respeto a las formas autoorganizadas de las mujeres y de la comunidad LGBTI , ni a la lucha contra la violencia de género.

Para finalizar quiero citar el comunicado público de la tercera asamblea del CdP_Europa en Otxandio, en donde a mi parecer se expresa la perspectiva estratégica de la participación desde abajo:

La búsqueda de esa salida concertada no puede llevarnos a olvidar, que los intereses estratégicos de la oligarquía colombiana y del capital transnacional no van resolver nunca las necesidades vitales ni de la población colombiana marginada y empobrecida ni de la clase trabajadora. Entendemos la participación en los procesos de paz como continuidad de la oposición política con una visión de país diferenciada de la visión burguesa, colonialista y patriarcal de la oligarquía colombiana. En este punto afirmamos la necesidad de una participación desde el antagonismo de clase. La participación no puede constituirse en un factor de legitimación del orden dominante burgués y del modelo capitalista, dependiente y extractivista.

Nota:

1  El uso del plural en Sustantivos y adjetivos que supongan el uso del masculino como forma generalizada en la diversidad de géneros será marcado en el presente artículo por un asterisco como forma de rechazar el uso androcéntrico del idioma y la invisibilización de otros géneros.

Felipe Polanía. Refugiado político en Suiza desde 1997. Integrante del Congreso de los Pueblos de Colombia – Capítulo Europa

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=218892

 

 

 

Es fundamental unir todas las luchas abajo reconociéndolas como diferentes maneras de afirmación de  la vida, la justicia social y la dignidad humana. Es descubrimiento de lo compartido y aprecio de diferencias para la convivencia de la sociedad poscapitalista. Es salir del estar defendiéndose y del acostumbrarse, conformarse, resignarse, descreer de la posibilidad de ir subvirtiendo la opresión-

 

 

México: razón de Estado y resistencia de los pueblos
18 de febrero de 2014

Es urgente darle horizonte a todas las luchas indígenas y recuperar la propuesta de autonomía contenida en el gran pacto constitutivo que se expresa en los Acuerdos de San Andrés, como una alternativa para reconstruir territorios.

 

Por Magdalena Gómez

Tras dos décadas de lucha por el reconocimiento de sus derechos, los caminos de la movilización indígena se transformaron: la mayoría de los pueblos hacen del repliegue una estrategia para fortalecer su autonomía. También las demandas sufren reacomodos y redimensionamiento. Hoy está claro que el proceso de juridicidad de los pueblos indígenas se topa con la indisposición de los Estados a optar por su profunda transformación y dar paso plenamente al componente pluricultural históricamente negado; en lugar de ello, algunos optan por apropiarse del discurso para diseñar más que un traje, un disfraz, para decirlo a la manera de Lowenstein.

 

En esta aparente imposibilidad hay un elemento cierto, que es la profundización de las políticas neoliberales que hicieron de los antiguos Estados Nación una mera ficción. Ahí se asienta el necesario redimensionamiento de las luchas sociales: pelean de cara al Estado pero con la mira puesta en las transnacionales, que no requirieron de proceso constituyente alguno -fuera de los aparatos en que se han convertido organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, entre otros. Conceptos como el de Democracia, o lugares comunes como la llamada Reforma del Estado, aparecen en el escenario anunciando transiciones y transformaciones que repiten el síndrome de la exclusión para los pueblos indígenas al trivializar los reconocimientos constitucionales y legales, reduciéndolos a compilaciones de normas cargadas de expresiones huecas.

 

Si nos acercamos a los diversos países de la región y los vemos por la ventana indígena, encontraremos escenarios comunes, independientemente de la ausencia o presencia de normas constitucionales, legales o de derecho internacional. Por ejemplo, paradójicamente la tierra ya no vale tanto por sus fines agropecuarios como por su utilización para megaproyectos. Se impone en los Estados la tendencia a ubicar la vía para superar la crisis económica en la explotación de recursos naturales de los territorios indígenas, por medio de concesiones forestales, mineras, turísticas, hidroeléctricas. Ello sin garantizar siquiera el ejercicio del derecho a la consulta a favor de los pueblos indígenas antes de tomar decisiones que les afecten, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mucho menos aparece viable el ejercicio del derecho al consentimiento libre e informado reconocido por la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas.

 

Si bien aún existen particularidades en los procesos nacionales, éstas se refieren a las maneras en que administran las políticas o a la reacción de las sociedades nacionales o la clase política frente a ellas. En los hechos nos encontramos de cara a las definiciones y programas del BID y del Banco Mundial, que no dejan lugar a dudas sobre su visión acerca del rol actual de los antiguos Estados nacionales -hoy transformados en lógica neoliberal.

 

Ese es el marco que sustituyó a lo que antaño denominamos “el Estado-Nación” o el proyecto emanado de la Revolución mexicana. El Estado nacional, en la nueva lógica, garantiza la preeminencia del capital y legisla a modo para facilitar su inserción en terrenos que ponen en riesgo la supervivencia misma de los pueblos indígenas, pues en los hechos su derecho sobre el territorio se encuentra ausente y ello no se subsana al considerarles retóricamente “preferentes” frente a la competencia con las transnacionales.

 

En ese contexto, observamos el reforzamiento de la privatización mediante la emisión de sucesivas leyes centradas en la biodiversidad. Se perfila paulatinamente la desaparición del espacio propio del derecho público al colocar al Estado como simple promotor y certificador de las operaciones “privadas” de los inversionistas (lo cual no implica la desaparición del Estado, sino el abandono de sus responsabilidades de intervención para garantizar los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, particularmente de las grandes mayorías que han sido marginadas y excluidas).

 

Vale aclarar que no es una ofensiva local. El capitalismo se está recomponiendo a través de esas nuevas maneras de intervenir y ocupar los territorios ancestrales de los pueblos.

Sin embargo, felizmente la realidad tiene otros escenarios, “bolsones de resistencia” como les han llamado los zapatistas mexicanos (porque los hay de otros países). Desde ahí y desde las redes que pacientemente se van tejiendo, se organizan para detener el empuje neoliberal que esta vez ya no sólo busca excluirlos, sino virtualmente eliminarlos. Las comunidades y los pueblos son quienes más han encabezado movimientos de resistencia en México y en el resto del continente.

Hoy más que nunca carecemos de bases para concebir a las luchas indígenas de manera aislada respecto al rumbo que toma el perfil neoliberal, pues sus territorios son asediados ya no para lograr su despojo, sino para conseguir la explotación de los recursos mediante otras vías.

 

A lo largo y ancho del país encontramos pueblos organizados contra las concesiones mineras, que provocan despojos territoriales y promueven el divisionismo en torno al magno engaño del llamado “progreso”. Así, encontramos en Oaxaca al Congreso Autónomo Cuicateco, que intenta resignificar su identidad y rearticularse; a la Asamblea del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, que lucha contra las transnacionales y su mega proyecto eólico del Istmo de Tehuantepec (y que son apoyadas con un discurso oficial en torno a la supuesta mitigación del cambio climático). Se dice a las comunidades que esta energía es una respuesta al agotamiento de mantos petrolíferos, y se enfatiza la importancia de las energías renovables en el contexto del agotamiento de las energías no renovables. Se entrega el territorio sin siquiera consultar a los pueblos –inclusive, actualmente el territorio ya repartió entre las grandes empresas transnacionales de la energía: Iberdrola, Unión Fenosa, Eléctrica de Francia. Coexisten varios pueblos originarios en esos territorios (winizá, mixes, zoques, chontales). Los intermediarios oficiales llegan a las comunidades para convencerlos de la ocupación de sus tierras, señalando que sus tierras no valen nada y que los proyectos son del Estado mexicano y se realizarán aún en contra de su voluntad, por lo que es preferible aceptar “contratos”, sobre sus tierras ejidales y comunales.

 

Por otra parte, el pueblo wirrárika -ubicado en Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas- se mantiene en unidad, pues en esta nueva etapa del despojo se enfrentan a la amenaza de mineras, como la First Majestic Silver, a su territorio espiritual. Para ellos, se amenaza con el exterminio de una cultura resguardada por mucho tiempo. Ahora quieren destruir los cimientos, señalan: “Nuestra raíz como pueblo, la pérdida de una cultura milenaria, la sabiduría está en peligro. Wirikuta es uno de los centros sagrados donde vamos año con año porque así nos mandaron”.

 

Hacia el norte encontramos las batallas del pueblo yaqui contra el Acueducto Independencia y las de los rarámuris de Choreáchi y de Coloradas de la Virgen contra el despojo territorial, sea sobre recursos hídricos o forestales.

 

Al sur está el ejido Tila, en Chiapas, que continúa defendiendo las resoluciones jurídicas favorables que logró tras varias décadas.

 

Toda esta serie de amenazas se ciernen sin consentimiento previo de las comunidades afectadas, y el colmo es que el Estado exige a las víctimas del despojo que demuestren con peritajes en qué medida se afectará la tierra en los próximos 60 años, por qué veneran, por qué es importante el lugar sagrado. El Estado no entiende, denuncian los pueblos. Si entendiera un poco se atrevería a indagar si se puede impunemente destruir esos territorios. Si el Estado ataca a los pueblos, señalan, necesitamos la unidad de todos para detener la devastación contra la madre tierra, pues a todos nos corresponde defender el planeta. Y pese a todo, los pueblos insisten en que apuestan tanto a la movilización como a la lucha legal, pues sus territorios están protegidos por un derecho histórico y se disponen a ofrecer peritajes tradicionales y pruebas antropológicas para probar la importancia de los ritos y de los lugares rituales.

Por otra parte, en Chiapas se impulsa el llamado reordenamiento territorial para el despojo. Antes se llamaba Plan Puebla-Panamá y ahora se llama Mesoamérica. Uno de los mecanismos fue el proyecto del ex gobernador Juan Sabines de las ciudades rurales, que son formas de concentrar a la gente, “urbanizarla” y meterla a la lógica del consumo. Mientras, las Juntas de Buen Gobierno zapatistas resisten frente a la guerra de baja intensidad y la contrainsurgencia: divisionismo promovido igual por los partidos políticos y por los paramilitares, mediante programas y proyectos que no mitigan la pobreza.

 

Y así podemos enumerar despojos como el que entraña la construcción de la presa El Zapotillo, donde la comunidad de Temacapulín ha dado la batalla legal y pese a sus triunfos, la obra continúa, o Santa María Ostula, en Michoacán, con su cauda de víctimas por defender sus tierras . Mientras, en la Montaña de Guerrero pese a su larga y estratégica lucha mediante la Policía Comunitaria, ahora enfrentan -junto a la deforestación- la amenaza minera en sus territorios. Los núcleos agrarios decidieron el rechazo a las concesiones.

 

Hoy existen contados casos que han logrado enfrentar y detener la embestida estatal. De manera destacada se encuentra el proyecto de los Caracoles zapatistas con sus autonomías de hecho, así como la oposición a la construcción de la presa La Parota, en Guerrero; y el municipio autónomo en Cherán, Michoacán, que logró instaurar un gobierno propio y arrancar al Estado su legitimación y reconocimiento, lo que les permitirá consolidar la ruta en defensa de sus bosques -y pese a ello con enorme realismo se preguntan ¿hasta dónde podemos caminar con la ley y hasta donde se tuerce?

 

Por otra parte, las crecientes movilizaciones indígenas en regiones que conjugan extrema pobreza y marginación social y política está generando una tendencia de criminalización muy grave y creciente, que consiste en valorar la problemática indígena bajo un esquema de seguridad nacional, en lugar de proponerse, incluso en lógica de gobernabilidad, el fortalecimiento del Estado de Derecho con la ampliación del marco constitucional que propicie la participación directa de estos pueblos en la definición y ejecución de políticas nacionales. Estamos ciertos que un viraje así es impensable con el actual modelo económico.[1]

 

Relacionado con este asedio a los territorios indígenas encontramos un notorio incremento de migración a zonas urbanas marginales, uniéndose con aquellos igualmente excluidos. Desde esos espacios buscan la reidentificación colectiva dentro de las estrategias de sobrevivencia. En los hechos se forman comunidades fuera de los territorios originales, incluso fuera de sus países, aunque la mayoría de ellas mantiene la vista y el interés puesto en ellos. No hay renuncia, se trata de traslados involuntarios definidos por la necesidad de sobrevivencia.

 

Los pueblos indígenas están dando la batalla jurídica y encuentran que no existen condiciones de justiciabilidad para los derechos adquiridos. En el plano interno hay ausencia de mecanismos para obligar a los Estados a cumplir con sus compromisos internacionales, cuyos organismos tienen mecanismos de control muy débiles o inoperantes, como es el caso de la OIT.

 

Desde sus diversos espacios, estos pueblos han hecho una contribución importante para plantear el reto por la reforma del Estado. Ante todo se requiere romper la lógica vigente que consiste en reconocer derechos a los pueblos indígenas, siempre y cuando no los ejerzan.

 

Por todo ello es urgente darle horizonte a todas estas luchas y recuperar la propuesta de autonomía contenida en el gran pacto constitutivo que se expresa en los Acuerdos de San Andrés, como una alternativa para reconstruir territorios. Urge romper el ciclo de resistencias meramente reactivas y trascender el cerco frente a los otros sectores sociales igualmente afectados como los jóvenes y los trabajadores. Ello entraña superar tanto procesos de autosegregación de los pueblos indígenas como posturas racistas y discriminatorias presentes en sectores sociales que se consideran de izquierda o progresistas.

 

Hoy más que nunca se hace necesario insistir en que no se puede hablar de democracia en este país sin la plena articulación de los pueblos indígenas con el conjunto de los movimientos sociales en el marco de un proyecto nacional contrahegemónico.

 

A 18 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, observamos que han sido la base de las diversas experiencias autonómicas en el país, a contrapelo de la política de Estado que faltó a su palabra y camina en contra para llevar adelante la profundización de su proyecto neoliberal en curso. Estamos conscientes de que no se puede esperar una rectificación de fondo, pues implicaría la renuncia a ese proyecto, lo que no aparece en el horizonte inmediato.

Nota:

[1] Casos planteados en reunión con movimientos indígenas realizada el 30 de noviembre de 2011 en el IIE UNAM.

Desinformémonos

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Mexico_razon_de_Estado_y_resistencia_de_los_pueblos