Qué Mundo

Diciembre 2017

Con territorios de paz entre los pueblos sintiéndose parte de la MadreTierra vs. guerras a favor de la civilización petrolera.

 

 

 

 

SITUACIÓN/ CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Veamos porqué salir del triunfalismo electoral y reflexionar sobre:

 

La larga crisis terminal del modelo rentista petrolero venezolano

 y la profunda crisis que actualmente enfrenta el país

1 de diciembre de 2017

 

 Por Edgardo Lander (Rebelión)

En este texto no voy a intentar siquiera un somero balance del proceso bolivariano con sus muy importantes logros nacionales y regionales y las numerosas contradicciones, errores y limitaciones que han caracterizado a este intento de una radical transformación anticapitalista. Me referiré fundamentalmente a la intensa crisis que actualmente enfrenta el país. 

Después de más de una década de profundas transformaciones políticas y sociales, Venezuela está viviendo hoy su crisis más grave desde las guerras civiles del siglo XIX. Los importantes logros del proceso bolivariano están en peligro. La economía se derrumba, la pobreza, la desnutrición y las tasas de mortalidad están aumentando. La polarización política y la violencia podrían conducir a una guerra civil. Todo esto está agravado por el creciente aislamiento internacional debido, entre otras cosas, al giro a la derecha de los gobiernos de Brasil y Argentina, y acciones imperialistas como el bloqueo financiero y las amenazas de intervención militar realizadas por Donald Trump.

La crisis venezolana no es nueva. El país ha estado experimentando una profunda crisis económica y política estructural durante las últimas cuatro décadas. Es la crisis terminal del modelo petrolero rentista, estatista y clientelar que ha caracterizado a la sociedad venezolana desde hace muchas décadas. Sin embargo, este modelo rentista extractivo tuvo un nuevo soplo de vida con el liderazgo carismático de Chávez, la legitimidad proporcionada por la Constitución de 1999 y los altos precios del petróleo de los primeros años de este siglo. Una vez más, parecía que los precios del petróleo sólo podían ir hacia arriba. Los ingresos procedentes del petróleo fueron vistos en el corto y mediano plazo, como la fuente de los recursos necesarios para la transformación de la sociedad venezolana. Durante los años del proceso bolivariano no se tomaron medidas significativas de transformación de la estructura productiva del país. Por el contrario, se profundizó el rentismo petrolero hasta que el petróleo alcanzó el 96% del valor total de las exportaciones. Hoy el país es más dependiente que nunca en su historia de las importaciones, incluso de alimentos básicos y suministros médicos.

Las políticas sociales que mejoraron sustancialmente las condiciones de vida de los sectores populares y las importantes iniciativas hacia otros países de América Latina, la cooperación y la solidaridad llevada a cabo por el gobierno venezolano, fueron posibles gracias a un extraordinario auge de la demanda y precio de los commodities generado principalmente por la demanda china. En la medida en que la renta petrolera se dirigió principalmente hacia los sectores excluidos de la población, se produjeron significativas mejoras en sus condiciones de vida. La pobreza y la desigualdad se redujeron notoriamente, el acceso a alimentos, servicios de salud, educación y seguridad social mejoró en términos cualitativos. 

Políticamente se iniciaron profundos cambios en la cultura política popular, se generalizó la organización social de base y se produjeron extraordinarios niveles de participación social y política. Venezuela desempeñó un papel central en el desplazamiento a la izquierda que ocurrió en la mayor parte de América del Sur. Durante años, el gobierno contó con elevados niveles de legitimidad y apoyo electoral. 

Sin embargo, en 2013 y 2014, los dos principales pilares que sostuvieron el proceso bolivariano, el extraordinario liderazgo carismático de Chávez y los elevados precios del petróleo, dejaron de estar presentes. Chávez falleció el 5 de marzo de 2013. Un año más tarde, el precio de las exportaciones de petróleo venezolano se había derrumbado de más de cien dólares el barril a menos de 25 dólares. Así, la profunda crisis terminal del Estado, la economía y la sociedad rentista petrolera que había sido, en cierto sentido, aplazada durante unos años, resurgió con mayor, incluso dramática, intensidad.

1. La situación económica y social 

Para analizar el estado actual de la economía en Venezuela no existe información oficial actualizada disponible.
El gobierno ha decidido no revelar la información estadística que permitiría confirmar la profundidad de la actual crisis económica. Los cálculos que se han difundido por parte de analistas económicos, centros académicos, asociaciones empresariales e instituciones internacionales presentan grandes variaciones. No todos son confiables.

En el año 2016 la economía venezolana registró su peor caída desde el paro petrolero/lock-out empresarial de los años 2002-2003, con una contracción que se ha estimado entre 10% y 18.6%. Se acumularon así tres años consecutivos de disminución del PIB. Según algunas estimaciones, el colapso de la economía venezolana ha sido tal que, en 2017, el PIB per cápita representa un 40% de los niveles del año 2013. Los precios del petróleo se recuperaron de un promedio de 35 dólares por barril en 2016 a 42 dólares por barril en abril de 2017, aún lejos de los precios que oscilaron entre 101 y 88 dólares por barril entre 2011 y 2013. No solo los precios han colapsado, según la OPEP, la producción de petróleo ha caído a un millón 972 mil barriles diarios. Esto es casi un millón de barriles menos de los que se producían en el año 2001. Este descenso se ha atribuido a la ineficiencia, corrupción, falta de inversión, y al hecho de que es mucho más complejo y costoso explotar el crudo pesado y extra pesado que hoy constituye la mayor parte de las reservas venezolanas. Petróleo liviano o gasolina tiene que ser importado para ser mezclado con este petróleo pesado para su transporte y refinación, lo que reduce significativamente los beneficios. De acuerdo a dirigentes sindicales de la industria petrolera, la refinería principal del país, uno de los complejos de refinación más grandes del mundo, está trabajando a menos del 50% de su capacidad instalada debido a la falta de mantenimiento adecuado.

Según los Estados Financieros Consolidados de la empresa petrolera estatal (PDVSA) correspondientes al año 2016, el beneficio neto de ésta se desplomó de más de nueve mil millones de dólares en 2014 a 828 millones de dólares en 2016. Esta empresa, la fuente de la mayor parte de los ingresos del país, al igual que el resto del Venezuela, se encuentra en una profunda crisis.

Diferentes fuentes, tanto nacionales como internacionales, han calculado que la inflación en 2016 se situó entre 500% y 800%9, se esperan niveles más altos para el año 2017. Por tercer año consecutivo se ha producido un grave déficit fiscal. Según algunas estimaciones, el gasto público en 2016 tuvo una reducción de alrededor del 30% en comparación con el nivel del año anterior.

Las reservas internacionales disminuyeron de 35 mil millones de dólares en 2009 a 10.300 millones de dólares en abril de 2017.La formación de capital fijo ha venido disminuyendo desde 2013. La misma tendencia está presente en el consumo privado. 

El total de la deuda consolidada del país (es decir, deudas nacionales y externas pagaderas en dólares, préstamos y bonos emitidos por la República y PDVSA), ascienden a 181 mil millones de dólares. Esto representa más del 80% del PIB, y es casi 18 veces más que el total de las reservas internacionales del país. Todo esto, a pesar del hecho de que durante los 18 años del proceso bolivariano Venezuela experimentó un auge sin precedentes de los precios del petróleo. Durante este período, el país recibió más dólares que los que habían ingresado al país durante las anteriores ocho décadas de exportaciones petroleras. Este enorme endeudamiento externo, como en experiencias anteriores, se produjo precisamente en los años de bonanza, cuando los precios del petróleo eran muy elevados. Parte de esta deuda es una deuda ilícita que sirvió de alimento a la corrupción. Grupos e intelectuales de izquierda han exigido al gobierno la realización de una auditoría pública de esta deuda, como se realizó en Ecuador, y que en el ínterin se lleve a cabo una renegociación que permita una reducción de los pagos.

Incluso ante la realidad de una grave crisis humanitaria, el gobierno venezolano ha dado prioridad al pago de la deuda a tiempo sobre las necesidades urgentes de la población venezolana. De acuerdo al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, “En los últimos 36 meses, Venezuela ha cancelado, por concepto de Capital Reembolsado y de Intereses Pagados, la cantidad de 73 mil 359 millones de dólares”. Al mismo tiempo la organización de caridad de la Iglesia Católica, Cáritas Internacional, el 54% de los niños venezolanos tienen algún grado de desnutrición. Esto es, principalmente, una consecuencia de la drástica disminución de los recursos disponibles para la importación en un país que tiene un nivel tan elevado de dependencia externa para sus alimentos y medicinas. 

Una de las más importantes distorsiones históricas de la economía petrolera venezolana ha sido una moneda sobrevaluada que ha hecho que sea más barato importar la mayoría de las cosas que producirlas internamente. Esto, al mismo tiempo, ha operado como una barrera que dificulta exportar prácticamente nada aparte del petróleo. Esta es la mal llamada enfermedad holandesa. Venezuela la había padecido durante décadas antes del descubrimiento de de los depósitos de gas por parte de Holanda. El país se hizo altamente dependiente de las importaciones, incluso de alimentos básicos. Se trata, propiamente, de una economía de puerto. 

El gobierno bolivariano ni siquiera comenzó a corregir las distorsiones cambiarias. A fin de limitar la fuga de capitales, se crearon a lo largo de estos años varios sistemas de control cambiario que generaron distorsiones aun más severas con la creación de varios tipos de cambio paralelos, tanto legales como ilegales. A veces, hasta cuatro tasas cambiarias operaron en forma simultánea. Mientras la paridad altamente subvencionada con que se importa la mayor parte de los alimentos básicos y medicinas ha permanecido fija durante años en 10 bolívares por dólar, la paridad en el mercado paralelo ilegal, que tiene un impacto significativo en la estructura de precios del país, que osciló entre 10.000 y 18.000 bolívares por dólar en agosto de este año, sobrepasó los 80.000 bolívares a finales de noviembre de 2017.

El deterioro general de la actividad productiva y de las finanzas públicas ha tenido graves repercusiones en las condiciones de vida de la población, especialmente en las áreas de salud, alimentación y la inseguridad personal. Esto constituye una reversión de los más importantes logros sociales del proceso bolivariano. Los niveles de pobreza en términos de ingresos monetarios, que se habían reducido significativamente entre 1999 y 2012, hoy están peor que los niveles que existían antes del inicio del gobierno de Chávez. 

La drástica reducción de las divisas disponibles para financiar las importaciones ha creado una escasez generalizada de medicamentos y complica considerablemente el tratamiento de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diábetes. Ha habido una pérdida en el peso promedio de la población. Son frecuentes las muertes en hospitales, consecuencia directa de la falta de medicamentos y equipamiento médico, así como la desnutrición infantil. Las tasas de mortalidad de las parturientas y los recién nacidos se ha incrementado significativamente en los últimos tres años.15 Hoy en día existe una severa epidemia de malaria que se ha expandido en forma acelerada en los últimos años. Entre los años 2015 y 2016, el número de casos registrados en el país se incrementó en un 76%, pasando de 136.402 a 240.613 casos.16 Las carencias de medicamentos y los desplazamientos poblacionales hacia las zonas de explotación minera del Estado Bolívar, principal foco de la epidemia, agrava la situación. 

Según el Observatorio de la Violencia en Venezuela, en 2016, el país tuvo una tasa de homicidios de 91 homicidios por cada 100.000 habitantes, en segundo lugar después de El Salvador en todo el mundo17 Aunque no hay cifras oficiales, se estima que unas dos millones de personas han abandonado el país en los últimos tres años, especialmente jóvenes, tanto profesionales como trabajadores no calificados, en busca de un futuro mejor en otros lugares.

La decisión económica más importante realizada por el gobierno de Maduro en los últimos años ha sido el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco. Es la apertura de 112 mil kilómetros cuadrados, el 12% del territorio nacional, a grandes empresas mineras transnacionales. Se trata de un área económica especial en la cual quedan suspendidas muchas leyes fundamentales de la República. Frente a la crisis del modelo petrolero rentista, en lugar de promover un debate nacional sobre las alternativas al modelo extractivista depredador que ha caracterizado la economía venezolana durante un siglo, el gobierno ha optado por empujar al país en el camino de un nuevo patrón rentista-extractivista, ahora basado en la minería a gran escala. Este megaproyecto, en caso de llevarse a cabo en la dimensión que ha sido anunciada por el gobierno, profundizaría las dinámicas etnocidas hacia los pueblos indígenas que en la actualidad se producen como consecuencia de la minería ilegal. Tendría devastadoras consecuencias socio-ambientales tanto inmediatas como a largo plazo. Afectaría parte de la foresta amazónica, destruyendo vastas áreas de extraordinaria diversidad biológica, amenazaría las principales fuentes de agua, así como las represas hidroeléctricas que suministran el 70% de la electricidad que se consume en el país. 

2. La pérdida de hegemonía y las tendencias autoritarias 

Cuando Nicolás Maduro llegó a la presidencia, en abril de 2013, lo hizo con un nivel de legitimidad y de apoyo electoral mucho más bajo que el que tuvo Chávez hasta su muerte. Ganó las elecciones con una diferencia de solo 1,5% sobre Henrique Capriles, el candidato de la oposición articulada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). 

 

Una ruptura fundamental en el proceso bolivariano se produjo cuando, con la victoria aplastante en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la oposición alcanzó una mayoría cualificada de dos tercios en la Asamblea Nacional (AN). Esto implicaba un cambio radical en la correlación de fuerzas en el seno del Estado. Con esta mayoría, la oposición en la AN, de acuerdo a la Constitución, podía nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE). Podría aprobar leyes orgánicas sin negociar con los representantes del gobierno. En lugar de reconocer esta severa derrota e iniciar una profunda reflexión autocrítica sobre sus causas, el Gobierno no vio la necesidad de cambios en sus políticas y atribuyó la crisis y la victoria de la oposición exclusivamente a lo que ha denominado la “guerra económica” por parte de la derecha y del imperio. Estos son asuntos reales pero no son, en sí mismos, suficientes para explicar la profunda crisis económica del país o los niveles de descontento en la población. Temas claves como la corrupción generalizada, la ineficiencia de la administración pública o las distorsiones que genera una paridad cambiaria insostenible, fueron una vez más dejados a un lado. En lugar de dar prioridad a la preservación de la experiencia colectiva y el espíritu combativo del mundo popular bolivariano, que representa el más extraordinario logro de este proceso político, optó por permanecer en el control del Estado por cualquier medio necesario. A partir de ese momento, el Gobierno parece reconocer que no podía permanecer en el poder si esto dependía del apoyo electoral de la población, y de acatar la Constitución bolivariana del año 1999. Se han realizado repetidos llamamientos al poder popular y a dicha Constitución, pero, en la práctica, estos se convierten en obstáculos a superar. Por ello, se fueron tomando una serie de decisiones que, en conjunto, apuntan en una forma cada vez más sistemática y coherente en una dirección autoritaria que tiene como prioridad la preservación del control del poder del Estado. 

Las graves violaciones que se han producido a la Constitución de 1999 y a normas legales básicas en los últimos tres años son demasiadas para ser analizadas en detalle. Sin embargo, algunas de estas deben destacarse con el fin de comprender cómo se llegó a la situación actual. A finales de diciembre de 2015, cuando a la mayoría del gobierno en la AN le quedaban pocos días antes de que la nueva mayoría opositora tomara control, dicha mayoría oficialista, dejando de lado algunos procedimientos exigidos por la ley, designó nuevos magistrados del TSJ.
No sólo eran estos nuevos magistrados, sin excepción, aliados incondicionales del gobierno, sino que varios de ellos ni siquiera cumplían los requisitos formales requeridos para ocupar dichos cargos. 

El papel que este tribunal iba a jugar en estas nuevas condiciones del país se hizo evidente poco después. A principios de 2016, basado en una endeble acusación de fraude electoral formulada por algunos miembros del partido de gobierno, este Tribunal decidió anular los resultados de las elecciones en el estado de Amazonas. Decidió que la elección de los cuatro representantes del Estado, en su mayoría indígenas, y que ya habían sido proclamados por el CNE, ya no era válida. Así, los partidos de la oposición dejaron de tener una mayoría cualificada en la AN. 

En vista del hecho de que transcurrieron meses sin que se llevase a cabo una investigación para determinar la veracidad de estas acusaciones ni se programaran nuevas elecciones para ese estado, el estado Amazonas quedó sin representación parlamentaria. Finalmente, la AN decidió incorporar a los parlamentarios cuestionados y el TSJ respondió declarando a la Asamblea en desacato. A partir de este momento, sus atribuciones fueron asumidas por el Poder Ejecutivo y dicho tribunal. Este fue un momento decisivo en la ruptura del orden constitucional, produciendo la concentración de poderes que ha permitido al Gobierno tomar cada uno de los pasos subsiguientes que han definido su deriva autoritaria. 

Una de las principales fortalezas institucionales del proceso bolivariano y un poderoso escudo protector contra los intentos de la derecha nacional e internacional y del gobierno de los Estados Unidos para derrocar al gobierno, fue la legitimidad proporcionada por un sistema electoral totalmente automatizado, transparente, altamente fiable, que contaba con muchos niveles de controles y auditorías.
Durante las múltiples elecciones celebradas hasta 2015, este sistema electoral garantizó que los resultados anunciados por el órgano electoral fueran, sin duda alguna, una expresión exacta de la voluntad de los electores. Sin embargo, después de la derrota sufrida en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, el gobierno optó por sacrificar este escudo protector para mantenerse en el poder. Esto ha tenido enormes consecuencias políticas.

En octubre de 2016, el CNE canceló el referéndum revocatorio del Presidente. Todos los requisitos establecidos por la ley estaban en proceso de cumplirse. El referéndum revocatorio hasta ese momento había sido celebrado como uno de los más importantes logros de la democracia participativa de la Constitución de 1999. Las elecciones para gobernadores que, según la Constitución tenían que ser celebradas en diciembre de 2016, fueron aplazadas indefinidamente.

En marzo de 2017, el TSJ ratificó que la AN estaba en desacato y, entre otras cosas,
autorizó al Presidente a tomar medidas adicionales en la apertura del país a las empresas transnacionales de petróleo y minería en condiciones expresamente prohibidas por la Constitución, por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la legislación ambiental, la referida a los pueblos indígenas y las leyes laborales. 

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, declaró que estas decisiones atentaban contra el modelo de Estado consagrado en la Constitución y que esto representaba una "ruptura del hilo constitucional". Ante el rechazo generalizado de estas decisiones, el TSJ modificó algunos aspectos menores sin alterar sus contenidos fundamentales. 

Desde febrero de 2016, el presidente Maduro ha gobernado mediante decretos de excepción y emergencia económica en condiciones que violan claramente la Constitución. Con este estado de excepción, muchas garantías constitucionales pueden ser suspendidas, y decisiones fundamentales para el futuro del país, como las relativas a la minería en el Arco Minero del Orinoco, pueden ser tomadas por decreto presidencial. El presupuesto nacional correspondiente al año 2017 no fue presentado a la AN como lo exige la Constitución, negando así a esos representantes elegidos el derecho a tener algo que decir sobre la gestión de los recursos públicos y sobre la orientación de las políticas públicas. Esto añade una nueva capa de opacidad en la gestión de los bienes colectivos. 

3. La Asamblea Nacional Constituyente 

El primero de mayo de 2017, el Presidente Maduro anunció que había decidido convocar a una nueva Asamblea Constituyente. En este mismo discurso declaró el fin de la Constitución de 1999, situándola en la categoría de antecedente histórico, una Constitución "pionera". Inmediatamente se generó una gran polémica, dentro y fuera de Venezuela. En ese clima político extremamente polarizado, este debate estuvo lleno de distorsiones y medias verdades. Según el gobierno, el propósito de la Asamblea Constituyente fue el de garantizar la paz en el país después de meses de violentos enfrentamientos callejeros. Sectores de la oposición venezolana denunciaron que el verdadero objetivo era evitar las próximas elecciones (estatales, municipales y presidenciales) y caracterizaron esto como un golpe de Estado. 

Es necesario reconocer que, en la Constitución, las condiciones para la convocatoria de una Asamblea Constituyente no son totalmente explícitas. Según el Artículo 348: "La iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente puede ser tomada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros…" Sin embargo, hay una diferencia entre "convocatoria", que la Constitución atribuye expresamente al "pueblo de Venezuela... depositario del poder constituyente originario" y "tomar la iniciativa de convocar". En consecuencia, aunque el Presidente puede tomar la iniciativa, la convocatoria como tal, debería haberla hecho la ciudadanía a través de un referéndum consultivo, como fue el caso de la Asamblea Constituyente de 1999. 

Es evidente que las principales dificultades que enfrenta el país (escasez, malnutrición, crisis del sistema de salud, inflación, inseguridad, recesión, déficit fiscal y una deuda externa que no puede ser pagada, etc.) no son problemas normativos que pueden resolverse con un nuevo orden jurídico. Los problemas que se plantean en relación con la Constitución de 1999 están en sus violaciones sistemáticas, no en su contenido.

Otra ruptura radical con la Constitución de 1999 y las leyes electorales se produjo con el diseño del proceso electoral para la nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En clara violación de los principios constitucionales de la representación proporcional y la igualdad de los electores, las normas para la participación electoral fueron cuidadosamente diseñadas de tal forma que el gobierno se garantizaba el control completo de esta nueva asamblea, a pesar de que la mayoría de la población no respaldase al gobierno y rechazase la convocatoria de una nueva asamblea constituyente. Esto se hizo mediante la creación de un original régimen de doble representación: territorial y sectorial. Contrariamente a la forma en la que siempre habían sido realizadas las elecciones en el país, antes y durante el gobierno bolivariano, a las zonas rurales o pequeños municipios urbanos, donde el gobierno ha contado con mayor respaldo electoral, les fue otorgada una extraordinaria sobre representación en la asamblea. En algunos casos, a un municipio rural con menos de 3000 habitantes se le asignó el mismo número de representantes que a un municipio urbano con más de 700.000 habitantes: un total de uno. Se definió adicionalmente un mecanismo de representación sectorial en el cual los estudiantes votaron por estudiantes, los trabajadores por trabajadores, etc. Unos cinco millones de votantes fueron excluidos de la participación en la elección de los representantes sectoriales ya que no pertenecían a ninguno de los sectores sociales así definidos. 

Esto creó dos tipos de ciudadanos, unos de primera clase, que podían votar dos veces (un voto territorial y uno sectorial), y otros de segunda clase que sólo podían votar una vez (voto territorial). Como consecuencia del carácter arbitrario e inconstitucional de este proceso, sólo organizaciones que respaldan al gobierno presentaron candidatos y participaron en las elecciones, convirtiéndolas prácticamente en unas elecciones internas del PSUV.

Las elecciones para esta ANC constituyeron un fraude
. Antes de las elecciones, portavoces del gobierno y del PSUV afirmaron en forma pública y reiterada que se llevaría un control estricto de los votantes y que quienes no participasen en estas elecciones perderían su empleo público, o la posibilidad de tener acceso a programas sociales tales como el de alimentación subsidiada (CLAP) y vivienda. Estos anuncios públicos fueron complementados por amenazas personales en los lugares de trabajo y centros de distribución de alimentos. La democracia participativa de los primeros años del proceso bolivariano se había desplazado hacia una relación de control crecientemente autoritaria desde el Estado, basado en chantajes y amenazas.

Las elecciones se realizaron sin testigos independientes o de la oposición y a los medios de comunicación se los mantuvo a unos 500 metros de los centros de votación. Varios de los más importantes mecanismos de control y auditoría que habían hecho que el sistema electoral venezolano fuese altamente confiable fueron eliminados. Incluso con los niveles de participación muy inflados anunciados por el CNE, casi el 60% de la población no votó. 

 

Un nuevo giro del tornillo, que alejó al gobierno de Maduro aun más de la democracia y de la Constitución de 1999, se produjo cuando la nueva ANC fue instalada. Como en los viejos tiempos del socialismo realmente existente, se trata de una asamblea unipartidista, cada uno de sus 545 integrantes es oficialista. El que la Asamblea Nacional Constituyente encargada de redactar una nueva constitución en un país tan profundamente dividido como Venezuela sea absolutamente monocromática no es un buen augurio para el futuro de la democracia o la paz en el país. El proceso constituyente ha revivido parte del apoyo popular menguante al gobierno, ya que fue presentado como una radicalización del proceso, como un enfrentamiento con el imperialismo, y como una solución a los problemas que enfrenta la población. Esto, sin embargo, es probable que tenga poca duración ya que el gobierno carece de la capacidad o los recursos para hacer frente a estos problemas. 

La ANC se ha declarado como un poder absoluto, supra constitucional, que puede no sólo redactar una nueva constitución, sino tomar decisiones sobre cualquier asunto legislativo, ejecutivo o judicial que considere conveniente. Su período de vigencia no ha sido fijado. Declaró que las cinco ramas de Estado existentes deberán subordinarse a sus decisiones. En sus primeras semanas de actividad, sus decisiones fueron tomadas por unanimidad o por aclamación, sin debate alguno. Leyes extraordinariamente autoritarias y represivas han sido anunciadas. En el mes de noviembre se aprobó una ley que establece penas de 10 a 20 años de prisión por "incitación al odio" en los periódicos, la radio, la televisión y las redes sociales, la denominada Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Igualmente amenazantes han sido los anuncios de que dirigentes de la oposición serían acusados de traición a la patria por su apelación a instituciones internacionales como la OEA y la ONU. Estas amenazas están dirigidas no solo hacia la oposición de derecha, sino contra toda oposición al gobierno. Los espacios para el ejercicio de la democracia continúan reduciéndose…

 

4. La escalada de la violencia

En los años del gobierno bolivariano la oposición agrupada en la MUD ha sido muy heterogénea. Incluye desde grupos de extrema derecha que han tenido el apoyo político y financiero externo (básicamente del gobierno de los Estados Unidos y el uribismo en Colombia), hasta sectores más moderados que han buscado alternativas electorales, constitucionales. En la actualidad estas diferencias subsisten a pesar de la apariencia de unidad que se dio entre abril y julio en las masivas movilizaciones de calle en todo el país y el acuerdo casi unánime para participar en las elecciones para gobernadores del mes de octubre de 2017. Esto a pesar del hecho de que el CNE ha abandonado toda pretensión de ser un árbitro neutral y confiable. 

Se produjeron niveles extremos de violencia durante los meses de abril y julio. Al menos 150 personas murieron en enfrentamientos callejeros. Esto fue el resultado tanto de la represión policial/militar, como de la acción de grupos paramilitares armados que operaron en ambos lados de estas confrontaciones. En algunos casos particularmente grotescos, algunos chavistas fueron quemados por turbas de la extrema derecha.
Como era de esperarse en una situación tan polarizada, la cobertura de estos acontecimientos por parte de los medios internacionales fue muy distorsionada. El conflicto venezolano ha sido interpretado a través de los lentes de la Guerra Fría. Las narrativas sesgadas según las cuales las más de un centenar de muertes fueron el producto exclusivo de la represión gubernamental, o la narrativa contraria de acuerdo a la cual estas muertes fueron principalmente el resultado de grupos armados fascistas, simplemente no corresponden a lo ocurrido. La situación es más compleja. Ha habido acciones violentas en ambos lados en estas confrontaciones.

La sociedad venezolana se enfrenta al grave peligro de que la violencia armada y el terrorismo puedan instalarse como la forma normal de procesar las diferencias. El peligro no es sólo que la violencia se desborde a niveles no deseados por los líderes del gobierno y la oposición. En ambos polos de la confrontación actual hay sectores que ven la violencia como única forma de derrotar al enemigo e imponer su agenda. 

Algunos de los más altos funcionarios corruptos del gobierno se dan cuenta de que si fueran obligados a abandonar sus cargos, no sólo perderían sus privilegios, sino que también les resultaría difícil encontrar un lugar en el mundo donde disfrutar de sus fortunas mal habidas y que incluso podrían terminar en la cárcel. 

Lo que algunos sectores de extrema derecha buscan no es simplemente una victoria electoral para sustituir a Maduro, si esto dejase intacta la Constitución de 1999, y se mantuviese vida por lo menos parte de los imaginarios transformadores de los sectores populares chavistas de base. Lo que quieren es un completo aplastamiento de la experiencia chavista, de todos los sueños emancipatorios de la primera década del proceso bolivariano, a fin de imponer una derrota política de larga duración que sirva como una lección y liquide, de una vez por todas, las aspiraciones y el espíritu rebelde subalterno de estos años. Se considera que esto es un requisito básico para que la sociedad regrese a la "normalidad", donde todo el mundo asuma su lugar. Las consecuencias de esto van mucho más allá de Venezuela. Para ello han contado siempre con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. 

5. La corrupción
 

Una adecuada caracterización de los mecanismos y la dimensión de la corrupción durante el proceso bolivariano es una tarea pendiente. En agosto de 2013, Edmée Betancourt fue removida de su cargo como presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV) por denunciar que en ese año más de 20 mil millones de dólares altamente subsidiados fueron entregados por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a “empresas de maletín" para importaciones y actividades productivas que nunca tuvieron lugar. Casi un año más tarde, después de su separación del Ministerio de Planificación, Jorge Giordani, un conocido bastión de los gobiernos del presidente Chávez, divulgó su carta de Testimonio y responsabilidad ante la historia en la cual confirmó y profundizó las denuncias que había formulado Edmée Betancourt.

La grave falta de transparencia en las finanzas públicas hace extremadamente difícil determinar la magnitud de la corrupción. Según diversas estimaciones, el monto global de la corrupción durante la última década supera los 300 mil millones de dólares. Esto cubre una amplia gama de actividades, entre ellas el acceso ilícito a divisas subvencionadas, la especulación con bonos venezolanos (comprados en bolívares, luego vendidos en dólares), sobre-facturación de las importaciones, sobornos y comisiones en contratos de PDVSA y en grandes obras de infraestructura, como fue el caso en las relaciones con la constructora brasileña Odebrecht. 

6. Movimientos y organizaciones populares ante la crisis

Las
reacciones subalternas ante el profundo deterioro de las condiciones de vida que se han producido como consecuencia del aumento de la inseguridad, (debido tanto a la delincuencia como a la represión policial), una inflación desbordada, la escasez de alimentos básicos y medicamentos y el deterioro de los servicios públicos, no ha sido, en términos generales lo que podría haberse esperado. Muchas de las organizaciones de base populares que han involucrado a millones de personas en estos años se habían vuelto tan dependientes de los recursos públicos transferidos por instituciones del Estado que se debilitan cuando estos recursos ya no están disponibles. La crisis ha llevado a un creciente desencanto con el gobierno y la pérdida de expectativas en relación con el futuro del país.
Después de años de procesos de movilización y organización popular, guiados por los valores de la cooperación y la solidaridad, la reacción a la crisis actual se ha caracterizado en buena medida por la competencia y el individualismo. El bachaqueo se ha convertido en un componente importante de la economía venezolana. Se han producido saqueos masivos en varias ciudades de todo el país con diversas combinaciones de activismo militante de grupos de extrema derecha, organizaciones delictivas y protesta popular espontánea debido a la falta de acceso a alimentos y gas para cocinar. El tejido social y moral del país están gravemente desgarrados. Esto tardará muchos años en cicatrizar.

7. La "comunidad internacional " y Venezuela


Los intentos imperiales de debilitar o derrocar el gobierno bolivariano han tomado muchas formas, tales como el apoyo político y financiero a los sectores más radicales de la oposición, el respaldo al golpe de Estado de abril de 2002 y los intentos de aislar al país internacionalmente. Más recientemente, Barack Obama, justo antes de terminar su mandato renovó una orden ejecutiva que declaraba que Venezuela era "una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos".

En un informe presentado al Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos en abril de este año, Kurt W. Tidd, Jefe del Comando Sur, afirmó que:

Venezuela se enfrenta a una significativa inestabilidad en este próximo año debido a la generalizada escasez de alimentos y medicinas, la incertidumbre política y el deterioro de las condiciones económicas. La creciente crisis humanitaria en Venezuela podría eventualmente obligar a una respuesta regional.23 

En agosto de 2017, Donald Trump amenazó a Venezuela con una intervención militar de los Estados Unidos en los siguientes términos:

Tenemos muchas opciones para Venezuela y por cierto, no voy a descartar una opción militar.

Tenemos muchas opciones para Venezuela, este es nuestro vecino… Estamos en todo el mundo y tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que están muy lejos, Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesario.24 

Se dio un paso más el 24 de agosto de 2017, cuando Donald Trump ordenó un bloqueo financiero de Venezuela. Esta amplia gama de prohibiciones incluye la negociación de nuevas deudas públicas y bonos emitidos por el gobierno venezolano, el pago de dividendo u otra distribución de utilidades al Gobierno de Venezuela o a cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada, directa o indirectamente, por el Gobierno de Venezuela, así como la compra, directa o indirectamente, por Estados Unidos o una persona dentro de los Estados Unidos, de títulos o valores emitidos por el gobierno venezolano.25

En contraste con las anteriores sanciones aplicadas directamente a altos funcionarios de gobierno, este bloqueo financiero puede tener un severo impacto sobre el conjunto de la población. En las condiciones actuales de grave crisis que está atravesando el país, incluyendo un considerable déficit del sector externo, el gobierno ha enfrentado enormes dificultades en el acceso a los mercados financieros internacionales. Como consecuencia del mayor "riesgo país" en las Américas, sólo puede obtener nuevos préstamos a tasas de interés muy elevadas. Como se señaló arriba, hoy carece de los recursos para importar los alimentos y medicamentos básicos requeridos por la población. Este bloqueo financiero podría conducir al país a un default y con seguridad haría que el acceso al financiamiento externo sea más restringido y costoso. La coalición de derechas organizada en la MUD emitió un comunicado dando la bienvenida a estas sanciones. La guerra económica que venía denunciando el gobierno venezolano en los últimos años ha llegado con fuerza.

La respuesta del gobierno venezolano a este aumento del aislamiento internacional y regional no ha sido la de tratar de recuperar su legitimidad y aumentar la participación democrática. Por el contrario, ha optado por más control estatal y partidista y por la profundización de sus tendencias autoritarias. 

Los partidos de la derecha internacional, los principales medios globales de derecha (The Miami Herald, El Tiempo de Bogotá, El País de Madrid, CNN, Fox News, incluso periódicos supuestamente liberales como The New York Times y el Washington Post, o medios de comunicación “responsables”, como la BBC, así como muchos gobiernos en todo el continente americano y la Unión Europea, han definido al gobierno venezolano prácticamente como enemigo público número uno, a veces compitiendo con Corea del Norte. Todos ellos pretenden hablar y actuar en nombre de la defensa de la democracia en Venezuela amenazada por un gobierno autoritario. Es indudable que el gobierno venezolano ha tomado un camino que lo aleja sustancialmente de la Constitución democrática de 1999 y de aspectos fundamentales del proyecto político original de Chávez, pero esto de modo alguno explica la histeria de la llamada comunidad internacional en torno a Venezuela. ¿Dónde estaban todos esos defensores de la democracia cuando la derecha brasileña derrocó al gobierno democráticamente elegido de Dilma Ruosseff? ¿Por qué no hay protestas en esta llamada "comunidad internacional" sobre el hecho de que en los últimos decenios, según la ONU, más de 30 mil personas han desaparecido en México. ¿Cuántos titulares periodísticos y sanciones se han producido como respuesta a la sistemática guerra asesina contra los usuarios de drogas por parte del gobierno de Rodrigo Duterte en Filipinas?28 ¿Por qué los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido y España, tan preocupados por la democracia, tienen relaciones tan cordiales con el régimen saudita a pesar de su carácter totalitario y sus continuados ataques genocidas contra la población de Yemen? ¿Serán los enormes y lucrativos negocios de armas parte de la explicación? ¿La geopolítica del petróleo? ¿Por qué estas preocupaciones por la democracia no parecen aplicarse a las autocracias del mundo árabe? ¿Se considera que el apartheid israelí es compatible con la democracia?



Venezuela ha sido construida como parte de un nuevo eje del mal (junto con Irán y Corea del Norte) por otras razones. El proceso bolivariano fue el más radical intento de trascender el capitalismo en el siglo XXI. Esta experiencia no sólo tuvo gran impacto en el llamado giro a la izquierda que se produjo en la mayoría de los países de América del Sur. La experiencia venezolana se convirtió en una referencia, un rayo de esperanza, para gente tan lejos como Palestina, Filipinas y la India. Aunque el actual gobierno venezolano se ha alejado de estos imaginarios de una profunda transformación de la sociedad, a pesar de su corrupción y sus tendencias autoritarias, todavía es visto por muchos en la izquierda y movimientos sociales en todo el mundo como un símbolo o referencia subversiva. Desde la perspectiva de algunas elites globales estos imaginarios deben ser exterminados. Esto obviamente tiene poco que ver con preocupaciones en torno a la democracia. Esta auto-proclamada comunidad internacional está promoviendo un “cambio de régimen” en Venezuela, incluso si esto implica el riesgo de una guerra civil. Esto ha contribuido activamente a que una negociación interna para procesar las profundas divisiones existentes en la sociedad venezolana sea tan difícil. 

La “amenaza autoritaria" representada por el gobierno de Maduro se ha convertido en un instrumento útil en las manos del gobierno conservador de Mariano Rajoy en España para atacar a Podemos, por parte de los conservadores en el Reino Unido para poner en duda las credenciales democráticas de Jeremy Corbin, por Donald Trump, para mostrar a sus seguidores lo macho que es, y por la derecha mexicana en su intento de describir a Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza las encuestas de opinión para las elecciones presidenciales del año próximo, como una radical amenaza chavista. 
Venezuela, con las mayores reservas de hidrocarburos en el planeta y sus extraordinarios bienes minerales e hídricos, se ha convertido en un campo de batalla central de luchas inter-imperiales contemporáneas, tanto entre países, como entre corporaciones globales. Con el giro a la derecha y la geopolítica de re-alineamiento con los Estados Unidos de los gobiernos de Argentina y Brasil, Venezuela quedó aislada políticamente. Se mantiene como el principal territorio latinoamericano de las confrontaciones geopolíticas globales entre los Estados Unidos en defensa de su tradicional patio trasero, y la búsqueda por parte de China y Rusia por convertir al país en una cabeza de playa para sus proyectos globales en este continente. 


Hoy, para las empresas transnacionales, el problema no es que un gobierno izquierdista o nacionalista limite su acceso a las abundantes fuentes de energía del país o sus riquezas minerales. El gobierno ha abierto el país a las inversiones extranjeras en petróleo y minería en condiciones sumamente favorables para estas empresas. Es el caso de la Faja Petrolífera y el Arco Minero del Orinoco. Dado que este tipo de inversión no es rentable en el corto plazo, muchas empresas transnacionales están esperando a tener más seguridad jurídica a fin de proceder con sus anunciadas inversiones. A pesar de que en el mega proyecto del arco Minero del Orinoco se han establecido condiciones extraordinariamente favorables para los inversores extranjeros, estas normas fueron aprobadas por decreto presidencial y constituyen una clara violación de la Constitución y normas jurídicas referidas al ambiente, a los pueblos indígenas y en el ámbito laboral. Estas normas y los nuevos contratos con empresas transnacionales no han sido aprobados por la Asamblea Nacional como lo exige la Constitución. No hay garantía de que vayan a ser reconocidos en el caso de un cambio de gobierno. Según muchos críticos de izquierda, esta es una de las principales razones por las que el gobierno de Maduro decidió convocar a una nueva Asamblea Constituyente: proporcionar el sólido marco jurídico y constitucional necesario para atraer estas inversiones. Una propuesta de ley con este propósito ha sido introducida por Maduro a la ANC. Es poco probable que estos esfuerzos tengan éxito, ya que en las condiciones actuales, la ANC no es vista como legítima ni por la mayoría de la población venezolana ni por la llamada "comunidad internacional". 


Muchos Intelectuales internacionalmente reconocidos, partidos y movimientos sociales identificados con la izquierda no están contribuyendo a la creación de las condiciones de una salida no violenta de la crisis actual. En el mismo marco de Guerra Fría que caracteriza la perspectiva dominante de la derecha, gran parte de la izquierda internacional continúa identificando al gobierno de Maduro como un gobierno democrático, popular y anti-imperialista y tienden a proporcionarle una solidaridad incondicional. Esto a pesar de las políticas ultra liberales de zonas económicas especiales para atraer las inversiones extranjeras; a pesar de la profundización del modelo extractivista depredador que ha dado origen a los mayores problemas que enfrenta el país; a pesar de su negativa a tratar con responsabilidad el cambio climático en su papel como importante productor de petróleo; a pesar de que durante el proceso bolivariano ha habido una consolidación de la inserción histórica del país en la división internacional colonial del trabajo y la naturaleza; a pesar del hecho de que los pueblos indígenas siguen siendo severamente impactados por las políticas neo-desarrollista en sus territorios ancestrales; a pesar de las tendencias anti-democráticas, autoritarias y represivas que caracterizan hoy al gobierno de Maduro. Esta solidaridad incondicional, acrítica, contribuye a bloquear la posibilidad de análisis críticos de los problemas del proceso bolivariano y contribuye activamente a reforzar y legitimar sus rasgos más negativos. Las opiniones tienen consecuencias. Con independencia de las decisiones que tome el gobierno de Maduro, éstas han sido celebradas por parte de sectores de la izquierda internacional como brillantes tácticas anti-imperialistas. Como por arte de magia, las mismas políticas que se denuncian si son llevadas a cabo por gobiernos neoliberales o derechistas, de alguna manera se convierten en aceptables si son llevadas a cabo por gobiernos "progresistas" o de "izquierda".

El extractivismo de la derecha es considerado como una política pro-imperial que tiene graves consecuencias ecológicas y socioeconómicas, como amenazas a las comunidades indígenas y campesinas y como una renuncia a la soberanía nacional en favor de las empresas transnacionales. Los movimientos de resistencia en estas condiciones son celebrados. Por otro lado, cuando esas mismas políticas son llevadas a cabo por gobiernos “amigos” de alguna manera pasan a tener un significado radicalmente diferente y los movimientos de resistencia son acusados de formar parte de una agenda imperial antinacional y antipopular. Con esta construcción maniquea de la realidad, no hay manera de aprender de la experiencia. Las razones para cada problema o error siempre se encuentran en otra parte. 

Todo esto le hace un daño enorme a los movimientos anti-capitalistas y proyectos transformadores alrededor del mundo. Alimenta la propaganda derechista que define toda alternativa anti-capitalista, por su propia naturaleza, como necesariamente estatista, autoritaria y corrupta. Parece que amplios sectores de la izquierda continúan teniendo grandes dificultades para extraer lecciones de las consecuencias a largo plazo que tuvo la incapacidad para criticar a la Unión Soviética, a pesar de su carácter autoritario y represivo, porque se enfrentaba al imperialismo estadounidense.

Venezuela es hoy un campo de batalla decisivo, no sólo en el ámbito geopolítico del las competencias inter-imperiales. Es también un terreno privilegiado de la confrontación de ideas, en debates críticos sobre cómo avanzar en la dirección de una sociedad democrática post-capitalista que supere el patriarcado, el antropocentrismo y el racismo, así como el estado de guerra permanente que caracterizan al sistema mundo contemporáneo. Un debate reflexivo, crítico, del proceso político venezolano es indispensable si esta experiencia ha de contribuir a la construcción de otro mundo posible. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234789

En consecuencia, abajo y a la izquierda, tenemos el desafío de asumir la  «reforma agraria integral» como territorios libres de extractivismos y desde el protagonismo popular en instaurar los derechos de la naturaleza que es garantizar las bases para la vida y también la de la humanidad. El «progresismo» ha hecho cuanto pudo por erradicar las luchas con dichos objetivos. Esto nos exige generalizar balances críticos sobre sus gobiernos. Al respecto Lander nos señala:

 

"Venezuela es hoy un campo de batalla decisivo, no sólo en el ámbito geopolítico del las competencias inter-imperiales. Es también un terreno privilegiado de la confrontación de ideas, en debates críticos sobre cómo avanzar en la dirección de una sociedad democrática post-capitalista que supere el patriarcado, el antropocentrismo y el racismo, así como el estado de guerra permanente que caracterizan al sistema mundo contemporáneo. Un debate reflexivo, crítico, del proceso político venezolano es indispensable si esta experiencia ha de contribuir a la construcción de otro mundo posible". 

 

En fin, debemos superar el posicionamiento triunfalista del progresismo festejando a la IIRSA implícita en el tren bioceánico. Reflexionemos sobre cómo se sigue la lógica del capital al procurar negocios y continuidad del hiperpresidencialismo en las siguientes relaciones:

 

Evo Morales se reúne con Doris Leuthard, presidenta suiza

De los Andes a los Alpes, con el tren bioceánico en la mira

15 de diciembre de 2017

 

Por Sergio Ferrari (Rebelión)

Firma de un protocolo de cooperación

Casi 20 años atrás llegó a Ginebra como dirigente sindical cocalero en busca de la solidaridad internacional. Era entonces un actor clave de una Alianza Mundial de los Pueblos en construcción, en plena etapa de activa confrontación social contra las instituciones financieras internacionales y sus recetas de ajuste estructural. 

Este 14 de diciembre volvió a Suiza en su carácter de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y estadista de referencia para los sectores progresistas de una Latinoamérica contradictoria, donde soplan vientos huracanados de retroceso social. 

Dos décadas después, Evo Morales, no perdió la memoria. Y en la comparecencia de prensa junto a la presidenta suiza Doris Leuthard recordó, antes que nada y con total dignidad, aquel viaje militante y el pedido de solidaridad que hiciera entonces en defensa de sus hermanos campesinos productores de la hoja de coca. 

Pero por la capital suiza no pasó para recordar anécdotas. Como parte de su corto viaje europeo –que incluye Francia, Austria y también el Vaticano-, en su portafolios traía para la firma una propuesta de Memorándum de Entendimiento, elaborada en común con sus pares helvéticas, y que prevé asistencia técnica a lo que podría ser el “proyecto del siglo” del país andino. La construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI), o tren interoceánico, evaluado en más de 10.000 millones de dólares estadounidenses. 

El mega proyecto, que en julio logró ya el apoyo formal de la Cumbre del MERCOSUR realizada en Mendoza, Argentina, implica una logística ferroviaria de 3.755 kilómetros, uniendo el puerto atlántico brasilero de Santos con el de Ilo, en el pacífico peruano. 

El presidente Morales desborda en convicción. “Queremos en el 2018 empezar el proyecto”, enfatizó. Con la mayor experiencia del fino tejido andino, el tren bioceánico ha ido ganando un lugar entre las prioridades regionales. Primero, desplazó a otro proyecto parecido *made in China*, imaginado entre Brasil y Bolivia, y que dejaba de lado a Bolivia. Luego, sumó el apoyo de parte de Perú, Brasil e incluyo Paraguay y Uruguay, para lanzarlo hacia adelante como una opción viable que beneficiará a todos los actores, “por ser más corto y por tener menos consecuencias ecológicas”. Ahora, golpeando la puerta suiza para abrir un flujo de asistencia efectiva de parte del Estado y grupos empresariales helvéticos y alemanes que desde hace algún tiempo ven con simpatía y – cálculos jugosos de rentabilidad- el sueño boliviano. 

Estamos convocando el saber, la experiencia y la asistencia técnica europeas, enfatizó Morales. Importantes para construir el tendido ferroviario de 1.500 kilómetros en suelo brasilero; casi 1.900 en Bolivia y unos 350 kilómetros en Perú. 

Para las economías de las naciones latinoamericanas implicadas, un proyecto de este tipo implicaría ganancia redonda. Para Bolivia, una salida efectiva al mar. Para Brasil, un tránsito acelerado por tierra de sus exportaciones e importaciones sin deber acceder al largo viaje marítimo por el Canal de Panamá o el sureño Cabo de Hornos. Para Perú, poder contar con una de las dos puertas de entrada-salida del proyecto faraónico. Un ramal adicional secundario beneficiaría directamente a Paraguay. 

¿Actitud contradictoria de Evo, con ideales de izquierda y recurriendo al apoyo financiero y experiencia internacionales de países capitalistas, para realizar este megaproyecto?, preguntó casi como provocación un periodista suizo. 

“Cada nación, cada continente, tiene el derecho de encontrar su mejor modelo” y en consulta democrática repitió dos veces para que se escuche bien su propia concepción de la auto-determinación. En todo caso, para nosotros, en Bolivia, el neoliberalismo hizo estragos y fue nefasto, explicó el ex dirigente cocalero hoy convertido en estadista. Y los logros desde que “llegamos al Gobierno”, son tan evidentes como significativos, subrayó apoyándose en una serie de ejemplos especialmente en cuanto al aumento de las exportaciones de diferentes tipos de gas y fertilizantes. 

El sueño boliviano del bioceánico salió reforzado en su tránsito por Suiza. Tiene forma, mapa, apoyos políticos, promesas parciales de financiamiento y una agenda precisa: concluirlo en el 2025 fecha del bicentenario de la independencia de Bolivia.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235375

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El tren bioceánico de integración,

la locomotora de Evo hacia la reelección

15 de diciembre de 2017

 

Por Sullkata M. Quilla (Rebelión)

El presidente Evo Morales Ayma está empeñado en convertir a Bolivia, un país mediterráneo, sin salida al mar, en uno que sea eje de un corredor ferroviario “de integración” de 3.755 kilómetros entre el puerto brasileño de Santos en el Atlántico y el peruano de Ilo en el Pacífico, proyecto valuado en más de 10.000 millones de dólares estadounidenses.

Morales quiere comenzar en 2018, año preelectoral, este proyecto que desplazó a uno chino y sumó las voluntades de Perú, Brasil, Uruguay y Paraguay a “un trazado más corto y con menos consecuencias ecológicas”. En Europa, golpea la puerta suiza para abrir un flujo de recursos de parte del Estado y grupos empresariales helvéticos y alemanes que ven con simpatía y –cálculos de alta rentabilidad- el sueño boliviano.

Estamos convocando el saber, la experiencia y la asistencia técnica europeas, importantes para construir el tendido ferroviario de 1.500 kilómetros en suelo brasileño; casi 1.900 en Bolivia y unos 350 kilómetros en Perú, dijo Morales

En las elecciones generales de Bolivia que se realizaran en 2019, los ciudadanos eligirán presidente y vicepresidente, 130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 integrantes del Senado. El 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Pluricultural falló a favor de las repostulaciones de todo ciudadano lo que posibilita una nueva reelección de Evo Morales Ayma.

Es verdad que la imagen de Evo Morales está golpeada, por operaciones psicológico-mediáticas de la oposición y por errores propios del gobierno, pero de ahí inferir que hay una “caída en picada” del proceso de cambio y de su liderazgo es más un deseo que otra cosa, para un país que ha venido creciendo a un ritmo del 5% interanual con baja inflación, en una región en crisis

La nacionalización de los hidrocarburos en 2006 significó la libertad económica para Bolivia ya que le permitió multiplicar los ingresos nacionales por la exportación de gas de dos mil millones de dólares en 2005 a 31.500 millones de dólares en 2016. Asimismo, generó ingresos por 31 mil 500 millones de dólares en los últimos 10 años, mayor que los 2 mil 500 millones de dólares que se percibieron en un período similar en épocas de privatización del petróleo y el gas. En 2016 los ingresos por la venta de hidrocarburos alcanzaron los 1.746 millones de dólares.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Fondo Monetario Internacional prevén que esta nación liderará la expansión regional. En 2016 el alza del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 4,3% y para 2017 el Ministerio de Economía pronostica 4,7%.

Hoy Evo Morales se sube al tren bioceánico que para Bolivia significará una salida efectiva al mar, más allá del conflicto con Chile; para Brasil, un tránsito acelerado por tierra de sus exportaciones e importaciones sin acceder al largo viaje marítimo por el Canal de Panamá o el sureño Cabo de Hornos, para Perú, poder contar con una de las dos puertas de entrada-salida del proyecto, mientras que un ramal adicional secundario beneficiaría directamente a Paraguay.

El sueño boliviano del bioceánico salió reforzado en su tránsito por Suiza. Tiene forma, mapa, apoyos políticos, promesas parciales de financiamiento y una agenda precisa: concluirlo en el 2025 fecha del bicentenario de la independencia de Bolivia. Y Evo Morales se sube al bioceánico, como locomotora de su cuarta presidencia.

Las criticadas elecciones judiciales del 3 de diciembre ya son historia. Las 96 autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han sido elegidas. A pesar de los gritos de reclamo de la oposición, cuyos núcleos más activos lo conforman los jóvenes organizados y financiados por agencias estadounidenses y ONG europeas, los magistrados electos asumirán sus funciones en enero próximo.

La reiterada y obsesiva intención de la oposición de atribuirle a las elecciones judiciales un carácter de plebiscito no tiene sustento real. La oposición obstaculizó y boicoteó esas elecciones en la necesidad de mantener la justicia como está, no democratizarla.

Mucho ha hecho el Proceso de Cambio en estos 12 años de gobierno, en materia de inclusión social, rescate de la soberanía nacional, conversión a los ciudadanos plurinacionales en sujetos (y no meros objetos) de las políticas, la reorganización política y económico-financiera del país, la estabilidad macroeconómica y social, el alto nivel de las reservas internacionales, el fomento a la producción de alimentos en las zonas oriental y andina y el apoyo real a las cooperativas y comunidades campesinas.

En estos años, se logró la consolidación de un Estado Plurinacional que logró imponer las bases de un imaginario de convivencia e igualdad, en un pais donde reinaba la intolerancia y la exclusión. Sume a ello la nacionalización de los hidrocarburos y la incubación de las plantas de urea y separadoras de líquidos, la entrega de gas a domicilio a la población de menores recursos, la conexión eléctrica y caminera de casi todo el país, los planes para explotar litio y fabricación de baterías de ión litio, y la baja de intereses para la construcción de viviendas para los jóvenes.

Dentro de este esquema no se puede obviar el continuo impulso a una mayor integración económica, política y cultural con los países del Mercosur, Unasur, Celac, CAN y ALBA, además de sumarse al movimiento de los países en desarrollo del Grupo de los G77+China y el Movimiento de Países No Alineados.

Bolivia ha producido grandes cantidades de estaño y cobre de alta pureza (99,99%), se ha acrecentado la potencia eléctrica instalada a 2.000 MW y se espera llegar a 10.000 MW hasta el año 2025, y la producción de alimentos en general alcanzó las 17 millones toneladas/año y se piensa subir a 45 millones en 2025.

Se ha pensado construir la logística necesaria para hacer del país una nación bioceánica (acceso a los dos océanos en forma directa), con la construcción del ferrocarril bioceánico Perú-Bolivia-Brasil; mientras se mejora el acceso al Atlántico mediante la Hidrovía PPP (Paraguay-Paraná-Plata) y la Hidrrovía MMM (Mamoré-Madera-Madeira).

 

Revitalizar los movimientos sociales

Humberto Claros habla del reto fundamental de revitalizar las organizaciones sociales. Estas son el pilar de este Proceso de Cambio, que se nutrió de la acumulación de luchas sociales e indígenas originarias campesinas. Organizaciones de carácter étnico territorial, gremial, obrero, populares, tres de ellas fundadoras del Movimiento al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP): la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB).

La fortaleza de estas organizaciones radica precisamente en que su lucha no se ha fundamentado en cuestiones meramente sociales, sino en aspectos territoriales y estructurales como la tierra y el territorio, los recursos naturales, la soberanía, la autodeterminación, etc. Su estructura organizativa ha permitido una masiva y sistemática movilización; la identidad cultural o territorial de pertenencia a un pueblo indígena es esencial, por cuanto este hecho es determinante a la hora de considerar un sentido de pertenencia histórica.

Pero cuando las organizaciones sociales conquistan el poder, muchos de sus mejores cuadros son cooptados por la estructura del Estado, dejando acéfalos la dirección de los movimientos. En muchos casos, ocupar un cargo en un movimiento social ha sido un escalón para acceder a un cargo electivo o de designación.

Nacido de las luchas de los movimientos sociales, el proceso actual y el mismo gobierno carecen de un partido de cuadros fehacientes experimentados, intachables ante la historia y la sociedad, que marque el rumbo y al que se deban someter todos los dirigentes. El gobierno ha funcionado en gran parte empíricamente, hubo brotes de corrupción en el Fondo y en el Banco Unión (banca pública donde tienen sus cuentas casi todos los bolivianos), indica Ricardo Cardona, autodefinido como político tecno-socialista, quien afirma que con casi 40 mil millones de dólares que ha ingresado al país en los últimos 12 años, ya no se debería tener extrema pobreza.

El 21 febrero de 2016, por primera vez el MAS-IPSP, y el presidente perdieron la mayoría del 51% en la consulta sobre la repostulación de Evo a una nueva elección presidencial en 2019. Las alarmas cundieron cuando los analistas comenzaron a imaginar un reemplazante al presidente Evo, salido del propio MAS-IPSP, o de otros partidos de izquierda del país, para las elecciones del 2019. Pero el Tribunal Constitucional Pluricultural puso las cosas en su lugar y ahora busca su cuarto período presidencial encaramado en la lomotora del tren bioceánico de integración.

Sullkata M. Quilla. Antropóloga y economista boliviana, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235376

 

 

Nos interpelan, los progresistas, desde ideas apreciadas por nosotros como "revitalizar los movimientos sociales" pero  nos ocultan:

 

 

 

Evo Morales,

los derechos de la naturaleza y el TIPNIS

22 de noviembre de 2017

 

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

 

Vergüenza internacional

La comparecencia del gobierno de Evo Morales nada menos que ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que se reunió en Bonn, Alemania, a inicios de este mes de noviembre de 2017, es resultado de su larga como tozuda intención de construir “quieran o no quieran” una carretera por medio del TIPNIS. La ironía es que se produce nada menos que paralelamente a la realización de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23), que el mismo gobierno (en anteriores versiones), contribuyó a que se instalen y definan principios que ahora se vuelcan contra su propio accionar. Es decir, que no se puede argüir que se trate de un boicot o de algún acto de conspiración que el gobierno de Evo Morales suele utilizar como argumento para explicar estas embarazosas situaciones.

El caso ya había adquirido impacto mundial cuando se produjo la represión violenta de la VIII Marcha Nacional de los Pueblos Indígenas en Chaparina el año 2011, y ahora vuelve a poner ante los ojos del mundo una grave situación de vulneración de derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas.

Semejante situación de envergadura mundial, que se ha visto forzada a trasponer los límites del ámbito nacional en vista de la gravedad de los derechos conculcados que se denuncia, ya no representa sólo una bochornosa situación de vergüenza ante los ojos del mundo, sino que posiciona en la agenda internacional una causa y una lucha donde lo que se encuentra en juego es la vida misma (junto a los derechos de los pueblos indígenas conculcados), así como la forma de encarar el relacionamiento que se tiene con la naturaleza y el entorno ecológico y ambiental.

Tratándose de una instancia de jerarquía internacional que el propio gobierno de Evo Morales ayudó a constituir, y que además cuenta con un reconocido renombre mundial por la presencia de connotadas personalidades de intachable solvencia moral, intelectual y científica, dicha comparecencia ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Madre Naturaleza desdice cualquier sospecha de que se trate de algún tipo de conspiración, y además evidencia la más flagrante incongruencia entre el discurso y la práctica, nada menos que en un foro internacional donde el gobierno de Bolivia todavía tenía alguna reputación.

Es más, la demanda internacional emitida para que se adopten medidas precautorias y se declare la moratoria a la construcción de todas las obras en el TIPNIS (que incluye la carretera, los puentes y las actividades exploratorias de hidrocarburos), no sólo tiene un fuerte peso ético y moral que debería ser acatado inmediatamente (si de veras se respeta los derechos de la naturaleza), sino que implica una poderosa llamada de atención para que cumpla y ponga en práctica aquellos principios de respeto, protección y relación armoniosa con la Madre Tierra y los derechos indígenas que el propio gobierno boliviano ayudó a instituir a nivel internacional.

La inmediatez o tardanza con la que el gobierno de Bolivia atienda la demanda para detener todas las obras en el TIPNIS, para que se pueda dar lugar a un clima propicio y favorable mientras se concluye con el proceso de investigación del Tribunal Internacional, estará en directa relación con su voluntad para demostrar que verdaderamente existe un mínimo de congruencia entre los principios que declara y sus prácticas gubernamentales, así como en la intención de demostrar que está dispuesto a acatar y respetar los derechos de la naturaleza que en el pasado ayudó a instituir. 

Los alcances de la denuncia.

En vista de ello, interpretar el hecho como un triunfo meramente político sería una equivocación, porque entraña una gran vergüenza y desazón para el pueblo boliviano y los propios pueblos indígenas que se vieron traicionados por un gobierno que lo entendían como propio. Ambos habían fincado sus esperanzas y convicciones de que Bolivia podía encarar con solvencia la tarea de establecer una relación armónica con la naturaleza, al mismo tiempo de constituirse en un ejemplo y referente mundial en la construcción de una vía postcapitalista, sobre la base del respeto y cumplimiento de los derechos de la naturaleza que inclusive se insertaron en la Constitución Política del Estado.

Ahora el gobierno de Bolivia ya no se encuentra en aquella cómoda posición de constituirse en una punta de lanza (colonizada y sometida) al capitalismo y los intereses corporativos transnacionales, que le habían autoconvencido de abanderar un desarrollismo salvajemente extractivista como supuesta solución y respuesta a los problemas de pobreza y exclusión. No hay que olvidar que el gobierno lee equivocadamente la construcción de la carretera por medio del TIPNIS como si se tratase de un asunto vinculado al crecimiento, el progreso y un tipo de desarrollo occidental y capitalista; pero sin reconocer dos aspectos de fundamental importancia.

  • Primero, que su tozuda intención de construir la carretera en el TIPNIS (que paralelamente también está asociada a megaproyectos como las represas del Bala-Chepete; Rositas, Tariquía, el tren bioceánico, etc.) están vinculadas a lo que se ha dado en llamar los encadenamientos transfronterizos, que implican la expansión y ampliación de las fronteras de explotación y extractivismo a nivel continental.
  • Segundo, que dicha ceguera desarrollista también le ha orillado a rechazar explícitamente y no percibir el derecho que tienen a la autodeterminación, a la consulta, y sobre todo a decidir el tipo de desarrollo y la forma de vida, que los pueblos indígenas desean poner en práctica según su propia cosmovisión, el tipo de relacionamiento con el entorno y su propia cultura.

Ahora se enfrenta a un veredicto (y sentencia) mundial que establecerá si efectivamente cumple y garantiza aquellos derechos de la Madre Tierra que defendía y contribuyó a establecer como referente.

La encrucijada a la que lo ha llevado su tozuda intención de imponer el desarrollismo extractivista como modelo económico y solución a los problemas de pobreza, desigualdad y exclusión (como si se tratasen exclusivamente de problemas vinculados al crecimiento y progreso capitalista), ya no se reduce a la caprichosa intención de construir una carretera, sino de atentar contra aquellos derechos de la naturaleza que el mismo gobierno ayudó a formular, pero que ahora adquieren un nuevo sentido porque también atenta contra la vida y a un medio ambiente sano al que tenemos derecho todos quienes compartimos el planeta. Es decir, trasciende aquel encapsulamiento que quiso ser infundido, de que el caso solo entrañaba un problema de vinculación territorial y desarrollo (en el sentido más prosaicamente entendido como crecimiento), cuando en realidad atañe al conjunto de la vida, el entorno socioambiental y los derechos de la naturaleza.

La resistencia de los pueblos indígenas a partir de esta denuncia internacional, no sólo visibiliza sus derechos conculcados, ni hace patente el grave riesgo de desaparición y etnocidio al que se encuentran en riesgo; sino que expresa una profunda interpelación al modelo extractivista del gobierno de Bolivia, y la intrínseca relación que tiene el mismo modelo con la dependencia y el colonialismo.

Es decir, que la gran vitalidad de los procesos de resistencia social emergentes como el que plantean las comunidades y pueblos indígenas del TIPNIS, no radican en la fuerza, la capacidad de movilización de mucha gente, o la enorme cantidad de población que aglutina y representa (tal como nos ha querido acostumbrar la “lógica” corporativista gubernamental que se asienta en el clientelismo y la cooptación de diversos sectores sociales numérica y demográficamente amplios), sino en el incuestionable razonamiento, la justeza de la causa y la contundencia y autenticidad de la verdad que defienden y por la que luchan. El menosprecio o íntima convicción de que este movimiento de los pueblos indígenas podía ser fácilmente sometido, derrotado o cooptado (tal como ha sucedido con otros sectores como resultado de sus prácticas clientelares), no parece haber tomado en cuenta de que la fortaleza de las causas y las luchas, finalmente radica en la justeza y la razón de los argumentos, más allá de la presión numérica y poblacional que se pueda ejercer. 

La dimensión y profundidad de lo que se encuentra en juego.

El nuevo plano internacional de la controversia sobre la construcción de la carretera por medio del TIPNIS, que el gobierno de Evo Morales ha pretendido llevar como si se tratase únicamente de un problema de vinculación territorial que responde a legítimas aspiraciones de desarrollo de dos departamentos; ahora muestra la verdadera dimensión y profundidad de lo que en verdad se juega. Es decir, que si lo que se quiere es un país altamente dependiente y colonizado por intereses extractivistas, antinacionales y de carácter transnacional; o más bien un país que decide vivir en armonía con la naturaleza, respetando los derechos humanos y de los pueblos indígenas y, un país finalmente, que hará prevalecer su decisión de construir una vía alternativa al capitalismo depredador y el neoliberalismo extractivista.

No está en juego la imagen gubernamental, ni siquiera la estabilidad económica o el supuesto crecimiento y bienestar circunstancial que pueda emerger como resultado de la expansión extractivista y desarrollista que embandera el gobierno; es más bien una decisión acerca del futuro y el tipo de país que queremos, para demostrar que Bolivia está en capacidad y tiene la voluntad de establecer una relación armoniosa con la naturaleza, sentando las bases hacia el postcapitalismo. La contribución del movimiento y la resistencia de los pueblos indígenas en este sentido, no se limita por tanto a una denuncia internacional, y ni siquiera al legítimo derecho que tienen de defenderse contra este nuevo tipo de agresión e intento de sometimiento y etnocidio. En realidad es un desafío al paradigma predominante y una profunda interpelación al modelo desarrollista y extractivista vigente.

El gobierno de Bolivia tiene la palabra, y de la forma cómo responda y reaccione también definirá su propia identidad política, así como en gran medida el propio futuro del país.

 

Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo, boliviano.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234386

 

 

 

Percibamos que la resistencia, rexistencia de los originarios y la visión de todos los de abajo de otros territorios posibles encamina la reforma agraria anticapitalista como arraigo de la vida y la dignidad humana de los pueblos y sus individuos.

 

 Resumamos lo dicho por Arturo D. Villanueva Imaña respecto a Evo Morales:

 

"La encrucijada a la que lo ha llevado su tozuda intención de imponer el desarrollismo extractivista como modelo económico y solución a los problemas de pobreza, desigualdad y exclusión (como si se tratasen exclusivamente de problemas vinculados al crecimiento y progreso capitalista), ya no se reduce a la caprichosa intención de construir una carretera, sino de atentar contra aquellos derechos de la naturaleza que el mismo gobierno ayudó a formular, pero que ahora adquieren un nuevo sentido porque también atenta contra la vida y a un medio ambiente sano al que tenemos derecho todos quienes compartimos el planeta. (...)

La resistencia de los pueblos indígenas a partir de esta denuncia internacional, no sólo visibiliza sus derechos conculcados, ni hace patente el grave riesgo de desaparición y etnocidio al que se encuentran en riesgo; sino que expresa una profunda interpelación al modelo extractivista del gobierno de Bolivia, y la intrínseca relación que tiene el mismo modelo con la dependencia y el colonialismo. (...)

 

No está en juego la imagen gubernamental, ni siquiera la estabilidad económica o el supuesto crecimiento y bienestar circunstancial que pueda emerger como resultado de la expansión extractivista y desarrollista que embandera el gobierno; es más bien una decisión acerca del futuro y el tipo de país que queremos, para demostrar que Bolivia está en capacidad y tiene la voluntad de establecer una relación armoniosa con la naturaleza, sentando las bases hacia el postcapitalismo. La contribución del movimiento y la resistencia de los pueblos indígenas en este sentido,(...)es un desafío al paradigma predominante y una profunda interpelación al modelo desarrollista y extractivista vigente".

 

Valoremos sobre qué nos alerta Vanessa Dourado y cuáles desafíos tenemos de "visibilizar y expandir iniciativas que planteen una forma de vivir que no sea a través del ecocidio y que pueda superar la idea de desarrollo".

 

 

 

Desarrollo: una lógica que no cierra

15 de diciembre de 2017

 

Por Vanessa Dourado (Virginia Bolten)

Los tratados internacionales de inversión son acuerdos entre Estados. Estos tratados son mecanismos que garantizan los derechos de los inversores en los territorios donde desarrollan sus negocios. Estos derechos, sin embargo, buscan proteger las corporaciones en el sentido que estas puedan obtener las ganancias que esperan a partir de sus inversiones. Sin embrago, el punto que no cierra es cómo estos tratados son negociados, para quienes sirven y cuáles son sus consecuencias para el conjunto de las poblaciones.

Es importante tener en cuenta que los inversores pueden demandar a los Gobiernos cuando comprenden que el cambio de las políticas de Estado, de alguna forma, perjudican sus ganancias. Esto significa que, de cierta forma, los gobiernos pasan a ser rehenes de las corporaciones. Pero también acuerdan con ellas, ya que la política y los negocios se mezclan en todas las esferas considerando que los mismos gobernantes son agentes de las corporaciones.

Los TLCs –Tratados de Libre Comercio– surgieron en la Segunda Guerra Mundial y ganaron fuerza a partir de la década de 90 con el fenómeno de la globalización. La, aparentemente, buena idea de concesión de beneficios mutuos entre los Estados para la libre comercialización de mercancías sin fronteras pasó a ser una brutal ofensiva a los países con menos capacidad de negociación en los términos ficcionalmente llamados democráticos. Además de esto, la lógica del desarrollo basado en el crecimiento sin límites trae un conjunto de impactos que implican la propia manutención de un sistema insostenible.

El costo ambiental, ignorado por la lógica economicista, es uno de los más sensibles teniendo en cuanta los límites planetarios que nos hacen llegar a un período de barbarie ambiental sin precedentes. Si por un lado las corporaciones abogan por la maximización de las ganancias en lo que sería el ideal en términos mercadológicos, por otro está la realidad concreta que ya no se puede esconder. La conversión de todo lo que se pueda imaginar en mercancía para el sostén del sistema es un problema que debe ser tratado con responsabilidad, pero no por aquellos quienes son los beneficiados, sino por las mayorías explotadas y que sufren las consecuencias de este modelo.

Lo único que se puede esperar de los de arriba es más explotación. La codicia que siempre fue base del sistema capitalista –además de seguir guardando las mismas lógicas coloniales de desde hace más de 500 años en nuestra territorio– parece haberse profundizado de tal forma que ha transformado cada persona en una legitimadora del sistema. Un cambio cultural es clave para enfrentar los desafíos puestos en este espacio-tiempo.

Pensando en alternativas que puedan incidir sobre el imaginario colectivo, es menester –desde las experiencias alternativas al modelo dominante– visibilizar y expandir iniciativas que planteen una forma de vivir que no sea a través del ecocidio y que pueda superar la idea de desarrollo. Lo que se puede notar es que las aun tímidas –pero no menos potentes– respuestas ya incomodan mucho y son combatidas con vehemencia por parte de quienes desean seguir manteniendo sus privilegios. Desde Virginia Bolten nos preguntamos, ¿se puede esperar del Estado algo distinto al desarrollo?

http://virginiabolten.com.ar/editorial/desarrollo-una-logica-no-cierra/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235369

 

 Crisis civilizatoria

 

Percibamos que la resistencia, rexistencia de los originarios y la visión de todos los de abajo de otros territorios posibles encamina la unidad en diversidad como reforma agraria anticapitalista que arraigue la vida y la dignidad humana de los pueblos y sus individuos. Agreguemos que lo emancipatorio de los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa se debió fundamentalmente a los pueblos originarios. Enmarquemos en esto los análisis siguientes:

La defensa de los derechos de la Madre Tierra en el TIPNIS

15 de agosto de 2011

Por Raúl Prada Alcoreza

La determinación del gobierno de construir la carretera que va de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos ha desatado una polémica en el país y la reacción de las organizaciones indígenas del CIDOB y el CONAMQ, que han resuelto marchar el 15 de agosto para evitar que el trazo de la carretera pase por el núcleo del Parque Isiboro-Sécure, exigiendo además la consulta a los pueblos indígenas, como está establecido en la Constitución Política del Estado.

El Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure está protegido por leyes y la Constitución, además de ser parque, por lo tanto área protegida, es territorio indígena, y exige el respeto establecido constitucionalmente de los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios. Por otra parte el TIPNIS tiene que ver con las Resoluciones de Tiquipaya, con la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), las mismas que prohíben la explotación en bosques, así como plantean claramente la defensa de los ecosistemas y los ciclos vitales integrados.

En esa perspectiva, la Ley Marco de la Madre Tierra, que se encuentra en la agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional, concibe la defensa de los ciclos reproductivos de la vida, los ciclos del agua, por lo tanto de las cuencas, los ciclos del suelo, los ciclos de los bosques, los ciclos del aire, los ciclos de los seres, concebidos como componentes de la Madre Terra. Por todas estas razones es inconcebible, desde el punto de vista de la Constitución y desde la perspectiva del Vivir Bien, además del enfoque de los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, la determinación del gobierno de construir la carretera que atraviese el TIPNIS.

 

El debate ha puesto en la mesa la dirección del proceso, ¿por dónde va? ¿Desarrollismo o Vivir Bien? ¿Extractivismo o alternativa al desarrollo? Discusiones que deberían estar supuestamente resueltas desde la aprobación de la Constitución, no lo están, pues el gobierno y sectores interesados en promover el nombrado “desarrollo” parecen no comprender los contenidos y los alcances de la Constitución y el sentido del proceso constituyente. Una visión nacionalista restaura el Estado-nación, encaminando esta regresión hacia la ampliación del modelo extractivista, fortaleciendo de este modo las cadenas de la dependencia, instaurada por la expansión, consolidación e intensificación del colonialismo, método violento de la expansión capitalista. Este debate debe ser tomado en cuenta plenamente, considerando el momento del proceso, que se encuentra en crisis, el contexto del proceso, su propia genealogía, el despliegue mismo del proceso, con todas sus contradicciones y dinámicas moleculares. Sobre todo el debate debe traer a colación una reflexión profunda sobre los procesos en curso y sus enredos con los mapas institucionales y la arquitectura estatal liberal, buscando evaluar las perspectivas de las emancipaciones y las posibilidades de la descolonización.

La historia legal data de 1965 cuando la Ley 07401 crea el Parque Nacional Isiboro-Sécure. En el texto de la argumentación se habla de la “necesidad de conservar las cuencas hidrográficas, las nacientes de los ríos para la navegación, la riqueza de los recursos naturales y la belleza escénica, que podrían ser afectadas por la construcción de un camino siguiendo el borde del piedemonte y por la colonización”. Después de la Marcha por el Territorio y la Dignidad, el Decreto Supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990 reconoce el Parque como Territorio Indígena, donde se asientan los pueblos Moxeño, Yuracaré y Chimán. Desde entonces se conoce el Parque como TIPNIS; el mismo decreto amplía su superficie a las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure; de este modo se incorporan las comunidades asentadas en las riberas de los ríos, conformando así una franja de amortiguamiento. Este mismo año se reconoce el espacio del TIPNIS con 1.225.347 hectáreas; sin embargo 19 años más tarde, el año 2009, debido a la presión de los colonizadores, el presidente Evo Morales entrega a los pueblos originarios un título ejecutorial sobre el TIPNIS, reduciendo la superficie del territorio indígena y del parque a 1.091.656 hectáreas. Como compensación se define una línea roja que prohíbe nuevos asentamientos. Al respecto no hay que olvidar que el TIPNIS no deja de ser área protegida.

La historia de la carretera tiene que ver con el proyecto de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA); el IIRSA tiene su origen en la primera Cumbre de Presidentes de América del Sur celebrada entre el 30 de agosto y el 1ro de septiembre de 2000 en Brasilia por invitación del entonces presidente Henrique Cardoso. Los jefes de Estado observaron que el impulso de la integración transfronteriza se vigoriza por ser una consecuencia de la proximidad geográfica, de la identidad cultural y de la consolidación de valores comunes.

El IIRSA contempla los corredores transoceánicos que vincularían el Atlántico con el Pacífico, posibilitando el transporte de mercaderías entre ambos océanos. Si bien la justificación del proyecto IIRSA habla de integración entre los países involucrados, desde el comienzo se han hecho sentir voces que acusan al proyecto como parte de la estrategia de dominación de los Estados Unidos de América, también se han hecho escuchar críticas que califican al proyecto también como parte de la expansión de la potencia emergente de Brasil. La carretera que cruza el TIPNIS forma parte de los corredores transoceánicos y por lo tanto también del proyecto IIRSA. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales llegó a un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Luiz Inácio «Lula» da Silva para la construcción de la mentada carretera, comprometiéndose un préstamo por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. Se entiende que por lo complicado de la situación al afectar el área protegida, el parque y el territorio indígena, se decide hacer tres tramos para facilitar la aprobación de la ficha ambiental. El tramo uno y el tramo tres se aprueban rápidamente, tramos que no atraviesan el parque, quedando pendiente el tramo dos que sí atraviesa el parque. Esta maniobra es notoria pues adelanta partes de un trazo comprometido, condicionando la aprobación del tramo II. Sin embargo, ante la inminente construcción de la carretera que atraviese el TIPNIS, los pueblos indígenas, las comunidades indígenas asentadas el territorio en cuestión y las organizaciones indígenas del país, reaccionan exigiendo consulta previa a los pueblos y comunidades, además de un tramo que no atraviese el Parque Isiboro-Sécure.

A pesar de la crónica del anunciado conflicto, en junio de 2011 ante una concentración campesina cocalera en Eterazama (Cochabamba), el presidente Evo Morales dio por iniciada la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La señalada carretera tiene una longitud de 306 kilómetros, la misma que será construida en tres años por la empresa brasileña OAS, observada en Brasil por los conflictos ambientales ocasionados. El presidente en su discurso expresó que esta obra promoverá el desarrollo, la vertebración de Bolivia y la integración del país con Sudamérica. La construcción de esa vía y otras obras complementarias demandarán una inversión de 442 millones de dólares, de los que 332 provienen de un crédito blando otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.

El conflicto está planteado, por un lado el gobierno, con el propósito de construir la carretera que atraviesa el TIPNIS, por otro lado las organizaciones y los pueblos indígenas, que exigen consulta previa y que se haga otro trazo de la carretera para no afectar al ecosistema y a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Este conflicto se muestra como síntoma de una problemática más amplia, compleja y estructural. ¿Cuál es el proyecto del gobierno? ¿Por qué se enfrenta sistemáticamente a los pueblos y organizaciones indígenas? ¿Por qué se aleja del cumplimiento de la Constitución y la perspectiva del Vivir Bien? ¿Por qué se mantiene obsecuentemente en un proyecto desarrollista y extractivista? ¿Por qué no se construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico? ¿Por qué no se hacen las transformaciones institucionales y estructurales que requiere esta construcción? ¿Por qué no se efectúa la transición transformadora y más bien se opta por proyectos que repiten los mismos estereotipos nacionalistas, desarrollistas y extractivistas? El debate compromete la estructura y la dirección misma del proceso. Por eso mismo es indispensable analizar y hacer inteligible lo que está en juego en torno al TIPNIS.

Hipótesis

En el debate se han planteado algunas explicaciones del obsecuente comportamiento del gobierno. El más conocido es el que tiene que ver con la expansión de la frontera agrícola, haciendo entrever también las consecuencias de la desforestación; esta ampliación está directamente conectada con la expansión de los cultivos de coca. Ya se dio antes un avasallamiento del territorio indígena por parte de productores de coca, ocasionando invasión y desforestación; esta expansión ya era conocida el 2004. La contención ante este avance se estableció mediante una línea roja dibujada el 2009, prohibiendo toda nueva expansión. Sin embargo, ante la construcción de la carretera se esperan nuevos avasallamientos, desforestaciones, expansiones de la frontera agrícola y del cultivo de coca. Otra explicación manejada en el debate es la de la supeditación del gobierno boliviano y de su proyecto desarrollista-extractivista al proyecto emergente de la burguesía brasilera, en el momento de la urgencia energética de Brasil como potencia regional. Esta supeditación explicaría el papel condicionante de Petrobras en la explotación hidrocarburífera, la presencia de empresas brasileras constructoras de caminos y de infraestructura, así como la participación de una empresa brasilera en el proyecto de San Buena Aventura.

Por otra parte, este condicionamiento también explicaría ciertas analogías entre los gobiernos “progresistas” de Bolivia y Brasil; estas analogías tienen que ver con combinaciones barrocas de pretensiones de Estado de Bienestar con políticas extractivistas y neo-extractivistas, así como con la permanencia de prácticas monetaristas y hasta neoliberales. La otra hipótesis tiene que ver con las nuevas alianzas del gobierno, con los banqueros, la empresa privada, los agroindustriales de Santa Cruz, los soyeros, es decir la burguesía intermediaria boliviana. Estas alianzas económicas muestran el efectivo proyecto en el que se encamina el gobierno, pasar de la estabilidad económica y la acumulación del ahorro, lo que se habría logrado, a un modelo económico viable asentado en los grupos económicos que supuestamente “saben” producir y pueden “garantizar” la mentada “seguridad alimentaria”, incluso ratificada por los propios agroindustriales.

Estas nuevas alianzas dejan en un segundo plano o, en el peor caso, al margen, a las comunidades campesinas. Estas alianzas económicas pueden explicar un proyecto de poder ventilado a largo plazo, evitando conflictos e incorporando a la burguesía agraria al proyecto gubernamental. Todo esto termina siendo coherente con la restauración del Estado-nación y explica el dejar de lado, como romanticismo, la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. También se ha ventilado la hipótesis de la posible existencia de reservas hidrocarburíferas en el TIPNIS. Es el propio Ministro de Hidrocarburos y Energía el que ha manifestado esta posibilidad. Situación que pone aun en un más grave peligro al TIPNIS. Independientemente de la contrastación de esta hipótesis, lo que se hace evidente es el peso primordial que ha adquirido el modelo extractivista en las estrategias económicas del gobierno. Con lo que nos habríamos alejado definitivamente del Vivir Bien, de la economía social y comunitaria, de la articulación integrada y complementaria de la economía plural, en transición a la economía social-comunitaria y al vivir bien. Ahora bien, ¿por qué estaría pasando todo esto? Todas estas explicaciones requieren de una hipótesis sobre la dinámica contradictoria del proceso.

 

¿Cómo hemos llegado a esta situación en el momento presente? La primera hipótesis al respecto es que no se ha resuelto la cuestión estatal, no se ha destruido el Estado-nación, que es la forma moderna del Estado liberal, que es la forma de legitimación en la periferia del sistema-mundo capitalista del Estado colonial. Se ha mas bien restaurado toda esta maquinaria sedimentada por capas, estratificada por formas administrativas, dándose una acumulación geológica de las reformas institucionales modernas. Lo que hace este Estado al ser restaurado es reproducir sus múltiples formas de dominación y reencaminar la continuidad de las estructuras de poder, de los diagramas de fuerza, que atraviesan los cuerpos induciendo determinados comportamientos funcionales al sistema nacionalista, liberal y colonial. También se reproducen las relaciones de dependencia y de supeditación del Estado-nación subalterno al orden mundial de la dominación global del sistema-mundo capitalista. La pertenencia al sistema financiero, que es el centro de la dominación imperial y capitalista, el sometimiento a sus reglas, el entregar el ahorro nacional a los bancos extranjeros, hablan de este sometimiento de la periferia al centro de la economía-mundo capitalista.

Lo mismo ocurre en lo que respecta a los engranajes y redes de las empresas trasnacionales; por el condicionamiento de sus monopolios tecnológicos, financieros, de mercados, de sus mecanismos, procedimientos y agenciamientos de influencia, terminan imponiendo sus estrategias de enajenación de los recursos naturales y de acumulación ampliada de capital, convirtiéndolas de forma mediatizada en políticas de Estado del gobierno.

Esto es una parte de la reproducción del Estado, su funcionamiento implica otras más; sin necesidad de recaer en una descripción exhaustiva es menester mencionar algunas más más que tienen que ver con agenciamientos vinculados a la economía política del chantaje. Es sabido que los estados, sus instituciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con actividades económicas, se encuentran atravesados por circuitos de influencias, cuoteo, participaciones ilícitas, prebendas, doble información, sobreprecios, lo que llamaremos el mundo de la economía paralela, economía que corroe las propias prácticas administrativas. En otras palabras, el Estado se convierte en un botín para grupos fortuitos de poder. Esta red de relaciones perversas forma parte de los recovecos de una maquinaria estatal que chirria al funcionar. Este diagrama de poder de la corrupción forma parte de la vida cotidiana de los Estado. Cuando no se resuelve la cuestión estatal, cuando no se desmantela esta maquinaria, cuando se deja intacta su arquitectura, también se deja que estas prácticas aviesas vuelvan a articularse y desplegarse, aunque sea con nuevos personajes, una nueva élite en el poder.

 

Obviamente el panorama se complica cuando ampliamos el panorama a los circuitos del narcotráfico. Narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, tráfico de tierras, vienen acompañando a la lógica del enriquecimiento fácil e ilícito. El problema se hace agudo cuando de los márgenes de la economía y los márgenes del Estado estos circuitos se incrustan en los espacios y núcleos de realización de la economía formal, como la banca, cuando terminan incrustándose en las organizaciones mismas de las instituciones. En este caso el Estado se encuentra invadido. Esto pasa en estados vulnerables, pero también llega a pasar en estados no vulnerables, con tradiciones de institucionalización de larga data; esto pasa en modelos liberales y neoliberales, tanto de la periferia como en algunos países del centro de la geografía del sistema-mundo y la economía mundo capitalista. Empero, lo que no deja de ser sorprendente es que esta corrosión termine ocurriendo en gobiernos que tienen la responsabilidad de las transiciones hacia el poscapitalismo.

 

Es esto lo que hay que explicar, es indispensable entender las razones que conducen a un gobierno popular a repetir la increíble y triste historia del otoño del patriarca. En esta perspectiva, en la búsqueda de las condicionantes y los tendencias inherentes a las dinámicas moleculares del proceso, debemos también identificar otras prácticas sintomáticas en esta fabulosa reproducción de a maquinaria estatal. Sobresalen entre estas prácticas las relaciones de subordinación y cooptación de las organizaciones sociales, sobre todo de la dirigencia ejecutiva. No se permite la vida autónoma de las organizaciones, mucho menos la reaparición de movimientos sociales de envergadura, como las que se dieron durante el periodo 2000-2005, no se permite entonces la participación y la construcción colectiva de las decisiones, de la dirección del proceso y de las estrategias políticas. Las organizaciones, sobre todo sus bases, se han convertido en referentes de legitimación de las decisiones cupulares que se toman en el gobierno. Esta relación de subordinación de las organizaciones sociales terminan convirtiéndose en relaciones prebéndales, comprometiendo a la dirigencia ejecutiva en beneficios compartidos y controlados por las instituciones gubernamentales o estatales.

 

Estas prácticas se parecen mucho a las prácticas de gobiernos y partidos populistas con las organizaciones sociales y dirigencias, particularmente, en lo que respecta a Bolivia, se parece mucho a las prácticas del MNR durante los 12 años de gobiernos del nacionalismo revolucionario (1952-1964). Estas prácticas prebéndales muestran un mapa más complejo de las estructuras de poder, las organizaciones sociales, los sindicatos, terminan participando del lucro del poder, aunque lo hagan en una proporción y participación secundaria, marginal, menos estratégica. Lo que cuenta aquí es la extensión de los engranajes y los mecanismos de poder, no sólo para la legitimación sino también como potencia y como aprovechamiento, aunque sólo terminen haciéndolo las dirigencias. De esta manera se trabó y quebrantó la posibilidad de participación y control, de conducción colectiva, por parte de las organizaciones sociales, afectando a las masivas fuerzas sociales, al poder constituyente de los movimientos sociales, que son el sostén y la defensa misma del proceso.

Fuente: http://eju.tv/2011/08/la-defensa-de-los-derechos-de-la-madre-tierra-en-el-tipnis/

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Los comunarios del Tipnis ante la “consulta”

24 de diciembre de 2012

Por Raúl Prada Alcoreza

 

George Bataille usa el concepto metafórico de gasto heroico para referirse a la entrega, al derroche de energía sin esperar nada a cambio, al derroche de vida, a la entrega de la vida, al dar, sin esperar reciprocidad. Este gasto heroico demuele el cálculo de toda economía política, de la economía política circunscrita a la valorización dineraria y de la economía política generalizada, pues se trata del despilfarro sin cálculo, de la apuesta heroica. Este gasto heroico es lo que ocasiona las demoledoras interpelaciones al sentido y al poder.

 

En este ensayo nos referimos al gasto heroico de los comunarios del TIPNIS en su lucha de resistencia contra la “consulta” espuria, contra un gobierno que es el operador del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. El recorrido de la comisión verificadora, conformada por Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, Caritas y dirigentes del TIPNIS, seguramente va arrojar luces sobre la accidentada realización de la “consulta” impuesta por el gobierno.

 

El informe que presente, que esperemos sea pronto, en el curso de las próximas semanas, va a ser muy útil para esclarecer la secuencia de hechos acaecidos en las comunidades visitadas del TIPNIS. Y ciertamente va a ser muy importante como instrumento de información a la opinión pública, a las organizaciones sociales, a los organismos internacionales y al Tribunal Constitucional, sobre todo a las organizaciones indígenas originarias, en su lucha por la defensa de sus territorios y de sus derechos constitucionalizados. Algunas conclusiones, de uno de los recorridos, correspondiente a una de los grupos de la comisión, que abarcó a más de una treintena de comunidades, han salido en los medios. Las observaciones a la “consulta” tienen que ver con una cadena de irregularidades desenvueltas; no haber cumplido con el propio protocolo de la Ley de Consulta, tampoco con la resolución del Tribunal Constitucional. No se consensuó ni acordó con las organizaciones indígenas, con las comunidades del TIPNIS, con sus organizaciones representativas, la realización misma de la “consulta”.

 

Las brigadas que visitaron las comunidades atropellaron, no respetaron las normas y procedimientos propios, es más, dividieron a las familias y las comunidades; por un lado, las que estaban de acuerdo con la “consulta”; por otro lado, las que no estaban de acuerdo con la “consulta”.

 

Efectuaron la “consulta” y preguntaron a las familias que asistieron a la reunión, a las familias que estaban de acuerdo con la “consulta”, puesto que las familias que no estaban de acuerdo preferían quedarse afuera y mantener distancia. La principal pregunta fue sobre la intangibilidad, si querían mantener o no esta condición, establecida en la Ley 180; decían sin estupor que si mantenían la intangibilidad no podría hacer prácticamente nada en el territorio, se cerraban a los proyectos de desarrollo y de asistencia del gobierno; en cambio, si aceptaban suspender la condición de intangibilidad, ingresaban los proyectos de desarrollo y de asistencia.

 

Como se podrá ver, esto no es otra cosa que coerción. Esta pregunta fue mayoritariamente respondida, por las familias que aceptaron la “consulta”, como que preferían suspender la condición de intangibilidad. Cuando se tocó el tema de la carretera, las familias reunidas, que son las que estaban de acuerdo con la “consulta” – esta nota es importante observar -, no estaban de acuerdo con la carretera, pues percibían que no les beneficiaría; decían que quizás si les interese a las comunidades del Alto Sécure, que parecían estar de acuerdo con la carretera, pues aparentemente la misma les beneficiaba a ellas. Como se puede ver, las respuestas de las familias reunidas son duales y polarizadas; no quieren la intangibilidad, tal como la entiende el gobierno, que no tiene una interpretación adecuada al respecto, pues su explicación es tremendamente sesgada y manipuladora, con un tono sospechoso de “metafísica”; en cambio, respecto de la carretera, las comunidades, que no son del Alto Sécure, no quieren la carretera, pues no les beneficia.

 

La carretera está muy lejos de las comunidades, al otro lado, lejos, pasando los ríos, además de que la construcción de la carretera destrozaría el territorio indígena y los bosques. Estas respuestas no sirven a los cometidos del gobierno, que tienen que ver con construir la carretera. No se entiende entonces cómo el gobierno quiere usar los resultados de la “consulta” para construir la carretera. No se puede interpretar que la suspensión de la intangibilidad da un visto bueno para la construcción de la carretera; esto sería una deshonestidad sin límites a las familias que estuvieron de acuerdo con la “consulta”, asistieron y respondieron.

 

La suspensión de la intangibilidad fue aceptada para que ingresen los proyectos de desarrollo y de asistencia, no para la construcción de la carretera. Decir que la suspensión de la intangibilidad implica la construcción de la carretera, tal como lo está haciendo el gobierno, ventilando a los vientos esta su incongruente interpretación, no es otra cosa que continuar con el atropello a las comunidades del TIPNIS, incluso ahora, en contra de las familias que accedieron a la “consulta”. Esta depravación del sentido de las respuestas no sólo es escandalosa sino brutal; expresa el más grande desprecio a los consultados. Devela nuevamente lo único que le interesa al gobierno, ejecutar un plan antelado, la construcción de la carretera, pese a quien pese; la “consulta” es un instrumento para conseguir esto. No interesan las respuestas, lo que interesa es que se haya hecho la “consulta” para usarla como medio de “legitimación” de la carretera, aunque la misma haya sido negada por las propias familias favorables a la “consulta”. Esto es mala fe; no sólo mala fe antes de la realización de la “consulta”, pues no se obtuvo el consentimiento, no fue previa, ni libre, ni informada, sino mala fe después, una vez concluida la “consulta”, cuando el gobierno interpreta a su antojo las respuestas.

Una noticia difundida por ERBOL, después de una entrevista a la jefa de brigada Paola Bolívar, informa que las Brigadas del Gobierno admiten que no consultaron sobre tramo II en el TIPNIS . La brigadista declaró:“El tema del diseño, del trazo; si pasa por arriba o por abajo, no nos correspondía a nosotros, no correspondía a un diseño en esta etapa (…) la única propuesta que se llevó fue la propuesta de la carretera ecológica y se explica cuáles son las características de una carretera ecológica”.La brigadista también dijo que el tema del trazo de la carretera es posterior a la “consulta”:“Posterior del consentimiento de las comunidades, viene el diseño de la carretera, el presupuesto, la gestión de recursos y luego los mecanismos planteados por la Ley de Medio Ambiente para conseguir nuevamente la ficha ambiental para la construcción de este proyecto carretero, pero ese es un proyecto posterior que corresponde a la consulta”.Como se puede ver, ni los brigadistas interpretan que los resultados de la “consulta” son una aprobación de la construcción de la carretera que atravesaría el núcleo del TIPNIS. No se entiende por qué el vicepresidente y el ministro de obras públicas interpretan apresuradamente, atropellando, que se avaló la construcción de la carretera y se debe ahora conseguir el financiamiento para su ejecución.

 

Estas desinteligencias en el Estado develan las incongruencias y la desorganización inherente al propio armado de la “consulta” y a lo que entienden unos y otros por la misma, sus objetivos y sus alcances. Es posible que a los brigadistas se les haya dicho una cosa y que el vicepresidente entienda otra cosa; ciertamente lo que entiende, tal como lo interpreta, se convierte en la línea del ejecutivo, por lo tanto del gobierno. Los que quedan mal parados son los operadores, en este caso, los brigadistas. Estas desinteligencias también muestran el desprecio de los altos funcionarios hacia los operadores; éstos son simplemente “soldados”, no cuentan en las decisiones, sus opiniones, su experiencia en el terreno, no cuentan. La decisión política ya está tomada. Cuando las comunidades no aceptaban la “consulta”, cuando no había familias que se inclinaban por la “consulta”, cuando había unanimidad por no aceptarla, la comunidad era castigada; se le quitaba lo que tenía, por ejemplo, atención de salud, aprobada por el gobierno municipal de San Ignacio de Moxos, que después de conocerse la predisposición negativa de la comunidad de la consulta, quitaba el permiso para el funcionamiento de la posta sanitaria. Esto no sólo es represión, sino venganza. ¿Qué tipo de señal es esta? Los que no están de acuerdo conmigo, con lo que hago, con mi “consulta”, son mis enemigos y tienen que ser tratados como tales, atacados y destruidos. ¿Por qué se recurre a esta pasión, la venganza? ¿Qué nos dice ella del carácter de gobierno en cuestión?

Estamos ante un gobierno que está en una permanente guerra contra los que no están de acuerdo con el gobierno, tengan o no tengan razón; el único que tiene la razón es el gobierno, la razón de Estado; la única razón valedera es ésta, la razón de Estado, la razón del poder. Lo demás no es considerado por el gobierno como razón; es oposición, es conspiración, es obstáculo al desarrollo y al progreso, es atentado a la unidad nacional. Ahora bien, no se puede decir que la venganza sea racional, es una pasión; la venganza no corresponde al orden jurídico ni al orden político del Estado moderno, que se supone está estructurado por la racionalidad instrumental.

Cuando esto ocurre en un Estado moderno, cuando el gobierno se deja llevar por las pasiones, es porque su institucionalidad ha sido absorbida por la densidad subjetiva del carisma y del capricho de los altos funcionarios. El Estado está al servicio de las pasiones. Quizás por esto sean tan desenfrenadas las acciones del gobierno, tan desproporcionadas, inclinándose a mostrar su fuerza demoledora ante el silencio de los inocentes. El conflicto entre el Estado-nación y las comunidades del TIPNIS enfrenta a dos fuerzas diametralmente desiguales; una descomunal, que cuenta con el monopolio de la violencia, todo el aparato represivo y disuasivo, toda la instrumentalidad coercitiva a su alcance; la otra, territorial, comunitaria, que cuenta con las capacidades de sus organizaciones indígenas, con la convicción de la defensa de su territorio y sus derechos. Si hasta ahora las comunidades del TIPNIS se han mantenido en resistencia contra la imposición de la carretera, con sus dos marchas, la VIII y la IX, y la resistencia tenaz a la “consulta”, es porque cuenta con una fuerza que no cuenta el gobierno, la fuerza ética, la fuerza que les otorga su propia dignidad, su propio gasto heroico. 

 

La “consulta” fue usada como instrumento represivo. Las comunidades que no aceptaron la consulta fueron excluidas de los proyectos económicos, sociales y de salud, incluso los proyectos que fueron aprobados, que contaban con el financiamiento, fueron anulados o puestos en suspenso. Las postas sanitarias que funcionaban fueron saboteadas, impidiendo el ingreso de médicos. Durante las visitas de los brigadistas quedó claro que si las comunidades mantenían la condición de intangibilidad no podían acceder a los proyectos de “desarrollo” y de asistencia. Esta es ya una presión y coerción del gobierno, que pervierte el sentido de una “consulta” de por sí ya deformada con antelación. Esto se lo hace como si no se tuviera consciencia de que esta actitud, esta presión, es un vicio de nulidad de la “consulta” misma. ¿Cómo explicar estas incongruencias e incompatibilidades, esta falta de sensatez y compostura, incluso para mantener la apariencia de “consulta”? Hay como una confianza en la fuerza y el dominio que se tiene, hay como una seguridad del control que se tiene sobre la gente, una especie de orgullo de la astucia desenvuelta y una ostentación de los recursos al alcance.

 

La prepotencia campea sin importar las normas ni los derechos, la importancia radica en los resultados logrados, haber impuesto la voluntad del poder. En lo que respecta a la opinión pública, a los organismos internacionales, a las instituciones y organizaciones sociales del país, lo que importa es publicar que se efectúo la “consulta” como expresión de la vocación democrática del gobierno, publicar los resultados para mostrar la supuesta inclinación de las comunidades indígenas con la carretera, avalando entonces el proyecto del gobierno. Lo que importa entonces es la simulación, hacer creer, engatusar, maniobrar y mostrar que se cumple con los requisitos exigidos para la construcción de la carretera. Eso basta para dejar las consciencias tranquilas. Lo demás, si fue o no una consulta con consentimiento, previa, libre e informada, si se respetaron las normas y los procedimientos de la estructura de la consulta, si se respetó a los comunitarios con sus decisiones, si se transcribió lo que efectivamente decían, son bagatelas. El fin justifica los medios. 

 

Este maquiavelismo de baratija, que no tiene nada que ver con la filosofía política y el análisis político de Nicolás Maquiavelo, caracteriza a un gobierno que se considera astuto al engañar a las comunidades indígenas, al pueblo boliviano y a los organismos internacionales. Pero, en realidad, se engañan a sí mismos. Este imaginario de la astucia criolla no es más que una ilusión. La “consulta” fraudulenta no dejará de ser tal por decisión gubernamental, no dejará de ser lo que es, un atropello, por la publicación de resultados favorables. Seguirá siendo lo que es, una violación brutal a los derechos de las naciones y pueblos indígenas. La farsa no sustituye a la estructura normativa y conceptual de la consulta con consentimiento, previa, libre e informada. Lo único que hace es mofarse de los derechos, de la Constitución y de los convenios internacionales. Esta mueca grotesca es una muestra patética del desprecio que tienen los funcionarios hacia la sociedad y las comunidades. La “consulta” es también un instrumento de manipulación. Esto no solo se observa en la distribución de regalos, en la cooptación de dirigentes, en el rapto de familias, en la coerción desplegada, sino también en el uso de las reuniones con las familias que concedieron la consulta. Estas reuniones no sólo se utilizaron para blandir el garrote de la presión, sino también para manipular las misma respuestas, hacer decir a las familias a toda costa que quieren la carretera, agregando alguna condición, a pesar que lo que quedó claro era que las familias consultadas aceptaban suspender la condición de intangibilidad, pero no querían la carretera. Este descaro indecoroso fue manifiesto en muchos expositores y transcriptores brigadistas. Ante evidente manipulación las familias protestaron, se desataba la discusión, empero las aclaraciones no fueron respetadas. Al final los brigadistas se llevaron las firmas e hicieron valer los documentos como aval de aceptación de la carretera. Estas escenas repetidas fueron bochornosas, pero no afectaron a la determinación de los brigadistas, cumplir con el papel asignado, conseguir resultados favorables a como dé lugar. Pero, la “consulta” también sirvió de experiencia, sirvió para develar a las familias que asistieron a la “consulta” de lo que es capaz el gobierno, de la falta de escrúpulos para lograr sus cometidos. Si alguna duda quedaba en estas familias, la misma fue despejada. No se puede confiar en un gobierno que los usa y los manipula, no se puede asistir inocentemente y candorosamente a las convocatorias del gobierno cuando del otro lado hay mala fe.

 

La “consulta” develó, como en una radiografía, los secretos procedimientos del poder, las minuciosas operaciones que despliega, el detalle oculto de las relaciones de los funcionarios con los y las indígenas, el trato colonial al que son sometidos. Los funcionarios los consideran como sujetos menores, como menores de edad, a los que se puede manipular y engañar.

Esta es una muestra patética de que la colonialidad del poder y del saber se conserva y manifiestan con toda la elocuencia de su despliegue dominante. Cuando los comunarios no sólo no aceptaban la “consulta”, sino también impedían la llegada de cualquier comisión, incluyendo al falso dirigente, como es el caso de Carlos Fabricano, que se hacía pasar como presidente de la Subcentral del TIPNIS, ante lo cual lo comunarios se preguntaban cuándo lo habían elegido, en qué Asamblea de Corregidores, sabiendo que no hubo otra Asamblea de Corregidores después de la elección de Fernando Vargas, actual dirigente de la Subcentral del TIPNIS. Algunas comunidades incluso llegaron a amenazar con confiscar los motores de las lanchas y otros implementos si la comisión del gobierno se atrevía a ingresar a la comunidad sin permiso de sus autoridades.

 

Se dio el caso de la llegada de una comisión compuesta por altos funcionarios del gobierno, en la cual se encontraba el ministro de la presidencia, y un equipo de militares, además de otras autoridades municipales de la región; esta delegación fue detenida durante unas horas en el río. Esta comisión no pudo ingresar a la comunidad a pesar de las amenazas de los encargados de dicha comisión; tuvieron que irse estupefactos ante la evidente convicción y determinación de los comunarios. Los argumentos que emplearon estos personeros gubernamentales es que siendo autoridades del Estado plurinacional no requieren permiso de nadie, pues el Estado tiene jurisdicción en todo el territorio del país. Tal parece que estos personeros no han leído o no han entendido la Constitución.

 

El Estado plurinacional no es el Estado-nación; el Estado plurinacional supone el autogobierno, la libre determinación y la autonomía indígena originaria, además de la institucionalización de sus territorios. Fuera de comprender que el Estado plurinacional supone una coordinación de gobiernos que corresponden a las jurisdicciones autonómicas. Entonces, los territorios indígenas son autónomos y responden a su propio gobierno; no se puede ingresar a estos territorios sin contar con el aval de las autoridades indígenas, más si se trata de temas administrativos e institucionales que pueda afectarles, y mucho más si se trata de una “consulta”. Estas autoridades gubernamentales que visitaron el TIPNIS para presionar creen que pueden seguir ejerciendo su autoridad, es decir, su dominio, de la misma manera que lo hacían antes, bajo el amparo de la anterior Constitución, relativa al Estado-nación. 

 

No han comprendido que sus funciones son ahora relativas, que dependen del sistema de gobierno de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, democracia directa, democracia representativa y democracia comunitaria. Que están obligadas a respetar y garantizar que se cumplan los derechos fundamentales, entre ellos los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Sin embargo, nada de esto ocurre; acostumbrados a mandar, a ordenar, a que todo el mundo les obedezca, sólo por el hecho de que son autoridades, creen que ahora también las comunidades deben mantenerse sumisas ante su aterradora presencia. Tampoco esto ha ocurrido; las comunidades, que saben más de la Constitución que estas autoridades, se han mostrado auto-determinantes, con capacidad de resistencia y de hacer respetar su territorio y sus derechos.

 

Como se puede ver, lo que ha ocurrido en el TIPNIS, con estos recorridos accidentados de las brigadas de una “consulta” espuria, está lejos de parecerse a la narrativa gubernamental, de que todo ha ido bien, de que la mayoría de las comunidades aceptaron suspender la intangibilidad y aceptaron la carretera. La narrativa gubernamental no tiene correspondencia con los hechos y los acontecimientos, que fueron ocultados con todo el aparato de desinformación del Estado, incluyendo su sistema de comunicación, que cuenta, además de los medios oficiales, los medios privados comprados. ¿En qué se basa el gobierno como para creer que puede mantener su versión sobre la “consulta”? ¿Qué el pueblo boliviano es ingenuo? ¿Qué basta la versión oficial, plasmada en un informe oficial, en un espacio comunicativo donde se vierten otras versiones, prioritariamente las versiones de las comunidades indígenas y de sus autoridades representativas? Estos personajes, las autoridades gubernamentales, están muy tragados por las atmósferas del poder, los climas de adulación y condescendencia, las brisas del “llunquerío”, las neblinas del filtro de las informaciones; estas autoridades están desconectadas de la realidad, como para darse cuenta que las relaciones con el pueblo, con la comunidades, con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales, se han desplazado. Ya no pueden sostenerse relaciones verticales; la tendencia es a que proliferen las relaciones horizontales.

El pueblo, las naciones y pueblos indígenas, se han rebelado, se han empoderado de los espacios, son conscientes de su protagonismo en el proceso constituyente, e intuyen que son ellos y ellas, hombres y mujeres, las que tienen que empujar las transformaciones estructurales e institucionales. Estamos ante el decurso de una transición compleja; los movimientos sociales anti-sistémicos tienen que enfrentar las resistencias en la transición, resistencias que vienen prioritariamente del aparato estatal intacto, del Estado-nación conservado, resistencias por lo tanto del gobierno y de los órganos de poder. Esta institucionalidad que corresponde al Estado-nación, aunque de nombre usen el membrete de Estado plurinacional, es el mayor obstáculo para la transformación y la realización efectiva de la Constitución. La crisis política actual, este momento de las contradicciones, estaba latente en las anteriores fases del proceso; ahora han estallado en la forma de contradicciones múltiples de las distintas formas de pueblo con el Estado-nación, del que es su operador eficiente el gobiernoEstas contradicciones no deben sorprendernos pues forman parte del proceso político; la aprobación de la Constitución no conduce por arte de magia a la inmediata construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico; los movimientos sociales anti-sistémicos, las naciones y pueblos indígenas originarios, el pueblo boliviano que apostó por el cambio, están obligados a continuar la lucha, a materializar y realizar la Constitución efectuando las transformaciones estructurales e institucionales requeridas. La resistencia más fuerte se dio en Gundonovia, la comunidad más grande del TIPNIS. Es allí donde se bloqueo el río con alambres cruzados, boqueo que impedía el ingreso de las brigadas de la “consulta”, empero que dejaba circular las barcazas de las comunidades, no impedía la llegada de la asistencia de salud, tampoco del desayuno escolar. Sin embargo, el gobierno se vengó también de Gundonovia al suspender el ingreso de los médicos voluntarios y prohibir la llegada del desayuno escolar.

Siendo Gundonovia un ingreso importante por río al TIPNIS, las brigadas se vieron con grandes dificultades para ingresar al territorio y efectuar la “consulta”, el gobierno tuvo que improvisar entradas por otros lugares, en avioneta, y con ingresos desde estancias. Ya antes de la “consulta” en Gundonovia quedó claro que los comunarios no querían ni la “consulta” ni la carretera, se firmo un acta en la que participaron todas las familias. Cuando llegó la comisión del gobierno, se los escuchó, se los dejó exponer, para después volverles a ratificar su determinación a negarse a aceptar la consulta y la construcción de la carretera, además de exponer sus razones. El gobierno insatisfecho, raptó, pues no se puede hablar de otra manera, a algunas familias, las llevó a Trinidad, donde las acuarteló y adoctrinó. Cuando volvieron estas pocas familias, quedó constancia de la división de la comunidad. La comisión del gobierno regresó, pero no a Gundonovia, sino a una estancia cercana, donde se hizo la “consulta” pero sólo a las familias adoctrinadas. Después de esta extravagante consulta en una estancia, la comunidad de Gundonovia se volvió a reunir en asamblea, en la misma quedó ratificada la determinación de la comunidad a negarse a la construcción de la carretera y a la construcción de un cuartel militar, que es eso, entre otras cosas, lo que acordó la comisión del gobierno con las familias adoctrinadas en la “consulta” de la estancia. Este procedimiento del gobierno no solamente es peligroso y atentatorio, sino que es nulo de pleno derecho. Se captura a familias, se las encuartela, se hace la “consulta” en una estancia y no en la comunidad. Es este estilo de procedimientos el que quiere hacer valer el gobierno para legitimar la “consulta” espuria y la construcción de la carretera. Estos procedimientos insólitos llaman la atención no sólo por su brutalidad, sino por su candidez, pues lo que no comprenden los funcionarios es que estos procedimientos anulan la utilidad de su propia “consulta”.

 

Los argumentos que vierten los comunarios son conocidos, fueron escuchados ya en el curso de la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS, volvieron a plantearse en la IX marcha, ahora han sido manifestadas durante la resistencia a la “consulta”. Uno de los argumentos repetidos es que se trata de conservar el territorio para sus descendientes, que el territorio les pertenece desde antes de la llegada de los españoles y no pueden ser cómplices de su destrucción. Otro argumento repetido es que la carretera no les favorece, se encuentra muy distante de las comunidades, que aprovechan mejor el río para llegar a Trinidad y en menos tiempo. Un tercer argumento repetido es que la carretera va a beneficiar a otros, a las petroleras, a los empresarios madereros, a los comerciantes, a los colonizadores y productores de la hoja de coca excedentaria, incluso va a beneficiar al narcotráfico. Un cuarto argumento repetido dice que la carretera abrirá las puertas a la contaminación, a la depredación, a la destrucción del bosque. Las aguas serán contaminadas con toda clase de contaminantes, incluyendo los deshechos de los pozos de maceración de la cocaína, que es lo que ocurre del otro lado, en el polígono siete, la zona de avasallamiento de los colonizadores. A estos argumentos hay que añadirles otros, que si bien no son repetidos, han sido pronunciados. Estos argumentos tienen que ver con la Constitución, donde se encuentran constitucionalizados los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, institucionalizado el territorio indígena, el autogobierno, la libre determinación y la autonomía; se dice entonces, que el gobierno no cumple con la Constitución y que la viola flagrantemente en el conflicto del TIPNIS y con esta “consulta” amañada. Otro argumento es vertido en forma de pregunta: ¿Cómo puede ocurrir que un gobierno que se hace llamar de indígena ataque a los pueblos indígenas y no respete sus derechos? Por último, otro de los argumentos vertidos, en la medida que iba desarrollándose la “consulta”, fue que no se podía aceptar la “consulta” pues el gobierno ya la tomaba inmediatamente como aceptación a la carretera, a pesar que los comunarios expresaron claramente que no querían la carretera, aunque que sí la suspensión de la intangibilidad para acceder a los proyectos económicos, sociales, de salud y de asistencia del gobierno. Por eso, era preferible negarse a la “consulta” pues esta llevaba las firmas de las familias asistentes, que el gobierno toma como si aceptaran la construcción de la carretera.

Como se puede ver, estamos ante el itinerario de un atropello, llevado a cabo sistemáticamente, ante la mueca grotesca de la “consulta”, que parece reírse con sorna y burlarse violentamente de la consulta con consentimiento, previa, libre e informada constitucionalizada, nos encontramos ante el derrotero accidentado de procedimientos inocuos, forzados e inadecuados, que develan la profunda desesperación del gobierno por imponer su voluntad extractivista. Es un cuadro dramático; un presidente que dice que “si o si” se construye la carretera, un vicepresidente que entiende la intangibilidad como condición “metafísica”, un presidente que ante la avalancha de la VIII marcha indígena retrocede y promulga una ley en defensa del TIPNIS, a los pocos días hace campaña para su abrogación, un ministro de obras publica que adelanta los resultados favorables, interpretando que la mayoría de las comunidades quieren la carretera, unos brigadistas empujados a ejercer violencia simbólica en el territorio indígena, induciendo desde un principio las respuestas a las preguntas, todo un aparato estatal optando por el terror, capturando familias, encuartelándolas, aislándolas del resto, realizando la “consulta” con ellos, culminando con un escandaloso festejo por los resultados de la “consulta”, cuando se adelanta la construcción de la carretera y los trámites para su financiamiento. Ya no se trata sólo de evaluar el atropello a las comunidades indígenas y la violación a la consulta con consentimiento, previa, libre e informada, la inconstitucionalidad de toda estas acciones gubernamentales, sino también de evaluar el descalabro del gobierno, su desarticulación y descomposición, su derrumbe moral, su alocada complicidad con estructura de poder regional y mundial, su desesperante soledad y desconexión con la realidad, apabullado por una pluralidad de conflictos desbordantes.

Fuente: http://www.territoriosenresistencia.org/noticias/los-comunarios-del-tipnis-ante-la-consulta-por-raul-prada-alcoreza

En consecuencia, comprobamos que el progresismo como el neoliberalismo al gestionar los extractivismos establecen regímenes antidemocráticos que avasallan a los pueblos para garantizar esos súper negocios de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Emanciparnos de este saqueo y contaminación desafía a posicionarnos junto a quienes defienden los derechos de la naturaleza dándole perspectivas de autogobierno del destino común. Es decir, percibamos que la resistencia/rexistencia de los originarios y la visión abajo de otros territorios posibles encamina la reforma agraria anticapitalista como el modo de responsabilizarnos por el arraigo de la vida y la dignidad humana de los pueblos y sus individuos. Vayamos estableciendo territorios de paz entre los pueblos al apreciar la Madre Tierra e ir bloqueando las variadas guerras que el capitalismo implanta a favor de la civilización petrolera.

 

Ubiquémonos en la causa de fondo del menosprecio tanto progresista como neoliberal sobre:

 

Territorios indígenas y descolonización

21 de agosto de 2015

 

Por Raúl Prada Alcoreza (Bolpress)

 (…)Vamos a hablar ahora de una distribución conceptual, relativa a los territorios indígenas. La importancia de este mapa conceptual tiene que ver con la problemática fundamental de las dominaciones, articuladas en las estrategias capitalistas, asentadas en los diagramas de poder colonial. En este sentido, la importancia radica en la significación histórica-política y cultural de las luchas descolonizadoras y anticapitalistas; en consecuencia, la importancia adquiere una connotación crucial en la defensa de los territorios indígenas.

 

Patético exhibicionismo y desesperación extractivista

El apego de los llamados gobiernos progresistas al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente es una clara muestra del carácter histórico-político de estos gobiernos. No dejaron ser Estado-nación subalternos; administradores de la transferencia de los recursos naturales de las periferias a los centros del sistema-mundo capitalista. Entonces son cómplices no sólo de las dominaciones imperialistas, sino de mantenerlas alimentándolas con las concesiones extractivistas a las empresas trasnacionales; manteniendo, de esta manera, el ciclo dominante y hegemónico del capitalismo vigente; extractivista y financiero, inscribiendo la deuda infinita en los cuerpos de los pueblos subyugados.

 

El exigir que las naciones y pueblos indígenas entreguen sus tierras a la vorágine del capitalismo extractivista es la patética desesperación de comediantes, que fungen de líderes populistas, cuando, en realidad, desarman a los pueblos de su capacidad de lucha, haciendo gala de su demagogia, que se sostiene en redes clientelares. Es una clara muestra de lo distante que se está de la Constitución. Constitución que, además de establecer el carácter plurinacional del Estado, en transición, Estado plurinacional Comunitario y Autonómico, establece los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Por otra parte, deja claro el carácter ecologista de la Organización Económica del Estado, al establecer la condición sustentable del “desarrollo”, definiendo las condiciones no mercantilizables de los recursos naturales, destinados al vivir bien. Este, el dispositivo gubernamental que exige a los pueblos entregar sus recursos naturales y abrir las áreas protegidas, es un gobierno que ha adoptado el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

 

Territorios indígenas

En primer lugar, es indispensable definir lo que se entiende por territorios indígenas. Cuando queremos hacer esto, definir el concepto de territorios indígenas, nos encontramos con distintos discursos que lo contienen; en cada discurso la interpretación es distinta. En términos del uso político, territorios indígenas, tiene que ver con las luchas de las naciones y pueblos indígenas por recuperar y reconstituir sus territorios ancestrales. Ciertamente cuando decimos esto, de recuperar y reconstituir, hablamos en el contexto de la geografía política de los Estado-nación. Esto significa que la recuperación y la reconstitución están circunscritas dentro de esta geografía. Generalmente se habla de los territorios donde están asentados los pueblos indígenas. Entonces se trata de la protección de los pueblos indígenas, de la defensa de sus culturas, de sus lenguajes, de sus instituciones, de sus normas y procedimientos propios. Para tal efecto, la lucha de los pueblos indígenas ha buscado el reconocimiento de sus territorios por parte de los Estado-nación. Naciones Unidas ha recogido las reivindicaciones, las demandas, sobre todo las conquistas de los pueblos indígenas, después de décadas de luchas descolonizadoras. Les ha dado un lenguaje jurídico y las ha extendido como derechos colectivos a todo el orbe planetario. Muchos Estado-nación han firmado convenios internacionales, que establecen universalmente los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, los territorios indígenas son territorios reconocidos internacionalmente y por los estados firmantes de los convenios internacionales.

 

Vulnerar estos derechos adquiridos, asumidos internacionalmente y por los Estados firmantes, es violar los derechos humanos, en su extensión colectiva. En otras palabras, es violar las condiciones de posibilidad democrática, tal como han sido constituidas hasta ahora. Es comportarse despóticamente ante estos derechos establecidos. Es esto precisamente lo que pasa cuando se exige abrir las áreas protegidas a concesiones extractivistas de empresas trasnacionales.

Cuando se hace esto, violar derechos colectivos, con el desparpajo más grande, acusando, además, a los pueblos indígenas que no quieren hacerlo, de inmorales, se patentiza no solamente el despotismo más desvergonzado, sino que no se ha entendido nada de nada. No se ha entendido la Constitución, no se ha entendido el sentido primordial del llamado proceso de cambio, que es el de la descolonización.

 

Tampoco se ha entendido el significado histórico-político, en el presente, de la democracia, del ejercicio de la democracia, que, de acuerdo con la Constitución, es participativa, directa, comunitaria, pluralista, representativa. Es como creer que basta con pretender ser indígena o parecerlo para legitimar cualquier cosa, incluso actos y acciones políticas que van contra los derechos de los pueblos indígenas. Esto no es otra cosa que una desorientación enorme respecto a las emancipaciones y liberaciones en la actualidad. Y lo más grave, esto no es más que la continuación del despojo y la desposesión colonial; primero, en el periodo colonial propiamente dicho; después, en el periodo liberal, con las repúblicas; para prolongarlo con el periodo nacionalista; posteriormente, asombrosamente, para perpetuarlo en el periodo del llamado gobierno progresista, sobre todo con el denominado gobierno indígena.

La definición del concepto de territorios indígenas no queda ahí, en el uso político, “ideológico”, jurídico, incluso técnico, en las oficinas de Naciones Unidas, en las ONG y en las instancias gubernamentales. Se ha desarrollado también como una concepción teórica de territorios indígenas. Se habla, en este sentido, de territorios indígenas, como espesores culturales; como ámbitos de relaciones entre comunidades y ciclos vitales, del agua, del aire, del suelo, de los bosques, de las cuencas. En una de las versiones de esta interpretación filosófica, el concepto de territorio indígena adquiere el carácter de arquetipo, de originariedad; se les atribuye esta connotación territorial a las comunidades originarias. Sin embargo, hay que hacer notar que para los pueblos ancestrales el territorio no es indígena o, mejor dicho, del pueblo indígena, que tampoco se consideraba como tal, sino que se nombraba como gente, como humano, en la lengua propia. El territorio no puede ser de alguien, persona o colectivo; la comunidad es la que forma parte del territorio. Lo común, en este caso, no corresponde solamente a los miembros de la comunidad o de las comunidades con las que se comparte, sino también con los otros seres con los que se convive.

Como se puede ver, a pesar de la importancia, la utilidad, “ideológica”, política, jurídica y cultural del concepto, no deja de plantear problemas hermenéuticos la decodificación y la interpretación del concepto. Problemas que hay que asumirlos plenamente, precisamente por la importancia y significación histórica que tienen los pueblos indígenas.

Otra semántica del concepto de territorios indígenas tiene que ver con la perspectiva ecológica. Los pueblos indígenas se encuentran en ecosistemas biodiversos vulnerables, forman parte de estos ecosistemas. Claro que también forman parte de los ecosistemas, en general, las ciudades, las poblaciones no indígenas; sin embargo, no hablamos de esta pertenencia ecológica, en general, sino de la vinculación de los pueblos indígenas con ecosistemas vulnerables, de las cuencas, de los bosques, de los territorios todavía no suficientemente afectados por la integración capitalista. En este sentido, territorio indígena adquiere una connotación ecológica. Hay una versión light, por así decirlo, de esta perspectiva ecológica, que es, mas bien, ambientalista; concibe a los territorios indígenas como áreas protegidas.

 

Después de esta breve revisión de parte de la polisemia de territorios indígenas –no podemos extendernos, por el momento–, podemos ver que más que tratarse de un concepto, estamos ante una distribución conceptual heterogénea. Distribución heterogénea que hace a una formación no solo discursiva, sino política-cultural. Esta formación discursiva-político-cultural se despliega en las sociedades contemporáneas, en los Estados-nación, en el mundo, buscando ocasionar acontecimientos emancipativos y libertarios descolonizadores. Por lo tanto, en este ánimo y activismo, busca ocasionar enunciaciones que hagan inteligible el entramado de relaciones sociales e institucionales, donde se disputan dominaciones y contrapoderes.

En consecuencia, la formación discursiva-político-cultural de la que hablamos, que nombraremos como des-colonial –preferimos usar el término que asume Silvia Rivera Cusicanqui, con la explicación del caso, que decolonial–, es una heurística y hermenéutica de contra-poder, de prácticas discursivas-políticas-culturales contra- hegemónicas.

En este sentido, la defensa de los territorios indígenas es parte de la lucha descolonizadora. Defender los territorios indígenas de su desterritorialización extractivista, de su despojamiento y desposesión por parte del capitalismo dependiente, es no solamente pieza importante de la lucha anticapitalista, no solamente segmento fundamental de la lucha anticolonial y descolonizadora, sino, sobre todo, es primordial en la defensa de la vida.

 

Raúl Prada Alcoreza es escritor, docente-investigador de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia). Demógrafo. Miembro de Comuna, colectivo vinculado a los movimientos sociales antisistémicos y a los movimientos descolonizadores de las naciones y pueblos indígenas. Ex-constituyente y ex-viceministro de planificación estratégica. Asesor de las organizaciones indígenas del CONAMAQ y del CIDOB.

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2015081709

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202366

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

 

Percibamos que la resistencia, rexistencia de los originarios y la visión abajo de otros territorios posibles encamina la reforma agraria anticapitalista como arraigo de la vida y la dignidad humana de los pueblos y sus individuos. Es multiplicar territorios de paz entre los pueblos al apreciar la Madre Tierra y bloquear las guerras gran capitalistas a favor de la civilización petrolera. Reflexionemos sobre:

 

Declaración de OilWatch 

La civilización petrolera sin límite


El Observatorio Internacional del Petróleo explica las complicaciones de continuar con los proyectos de extracción en todo el mundo. 

COP17, Durban, diciembre 2011 

1. A pesar de las señales económicas, ambientales, sociales sobre la urgencia -ya impostergable- de abandonar la dependencia a los combustibles fósiles, las empresas y países continúan atándose con nuevos proyectos de carácter petrolero, con la ampliación de las fronteras y de explotación de otras formas no convencionales de petróleo con diferentes mecanismos de control (que incluyen el militar y económico) de reservas que incluyen invasiones, ocupaciones y una serie de negocios oscuros. 

2. Con las intervenciones en Libia, la amenaza sobre Siria, la negativa a abandonar el control militar en Afganistán e Iraq, se rebela que continua la estrategia de control militar: "El pueblo americano ha entendido que es mucho más fácil y divertido ir a la guerra del Golfo y sacar a patadas el petróleo de Medio Oriente que hacer sacrificios para limitar el consumo del petróleo importado por los americanos" [1]; "América puede hacer cualquier cosa que se proponga" [2]. 

3. Los países industrializados se han situado en posiciones estratégicas, ya sea con empresas petroleras, una veces estatales y otras privadas, como con inversiones financieras o con industrias vinculadas como la automotriz o la química, para mantener vigente el modelo y lucrar de los negocios petroleros. 

4. Las hegemonías, nuevas como lo es China -que ya representa una potencia mundial-, o las viejas que se han construido sobre el patrón petrolero, dependen de buscar, extraer, ocupar y controlar territorios con combustibles fósiles. 

5. Es muy difícil tener una idea de la importancia y magnitud de los hidrocarburos. El urbanismo moderno es petrolero, depende de él como fuente energética y de transporte, y excreta petróleo en sus más de 1'700.000 de toneladas de basura diarias [3]. La ruralidad moderna es petrolera, consume más de 136 millones de toneladas de agrotóxicos y de fertilizantes, millones de toneladas de insecticidas, fungicidas, y otros químicos y depende además de la maquinaria y transporte de los productos agrícolas. Los sistemas de salud y alimentación, se van haciendo cada vez más petroleros a medida que se abandona la soberanía alimentaria y  la salud. 

6. El consumo primario de energía, creció en un 5.6% en el 2010, siendo el más grande crecimiento en términos de porcentajes desde 1973. El aumento se da en todas las regiones, particularmente en China [4]. La dependencia a los combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) se mantiene. 

7. La relación reservas-producción (R/P) [5] coloca en el escenario de mayores reservas mundiales a América Latina (93.9) y a Medio 0riente (81.9), seguidos por África (35.8) y Asia Pacifico (14.8). Todas esas reservas se convierten artificialmente en reservas comerciales, sobre la base de trasladar a los Estados gran parte de los costos de extracción e ignorar las limitaciones ecológicas. Este método ignora el valor inherente y los derechos de la madre tierra y permite la creación artificial del valor de cambio con el propósito de colocar a la naturaleza en el mercado. 

8. La petro-dependencia, se sostiene con estrategias privadas y estatales que incluyen, ya sea la violencia directa o la indirecta con el bombardeo publicitario, el lavado verde y la corrupción política. Se trata de una estrategia que, a pesar del repudio local, de los impactos ambientales, de las ilegalidades económicas, y a pesar de la crisis general a la que está ligada, se sostiene e incluso se impone como prioritaria. 

El capitalismo petrolero se expande y se recicla 

9. La búsqueda de combustibles fósiles se mantiene como una prioridad nacional bajo premisas del siglo pasado de crecimiento y bienestar ignorando los perjuicios de estas actividades sobre las poblaciones y sobre el patrimonio nacional y planetario. 

10. Bajo el argumento del interés nacional, los Estados ya no sólo permiten estas operaciones sino que se ponen al servicio de la extracción, ya sea otorgando beneficios contractuales, asumiendo el papel de relacionadores comunitarios y construyendo garantías de seguridad para los proyectos extractivos, 

11. Las campañas de búsqueda y extracción de más combustibles fósiles, construyen un escenario en donde el reconocimiento de derechos colectivos y ambientales, entra en franca crisis con las políticas extractivas que requieren de acelerar las formas de ocupación y despojo. 

12. Bajo propuestas de "pago por servicios ambientales" "programas de absorción de emisiones", "programas de conservación de bosques", "repartición de beneficios" [6], "empresas extractivas con participación de indígenas" y una serie de sistemas de endeudamiento encubierto y cooptaciones, se han construido herramientas de ocupación y control de territorios, entre las que están los proyectos REDD, que en muchos casos abren el paso a las industrias extractivas y que se constituyen en estrategias para mantener y expandir el capitalismo, aunque ahora tenga una imagen verde. 

13.
El capitalismo petrolero no sólo se expande y somete a las últimas fronteras, sino que penetra las culturas, con alcoholismo, consumismo, individualismo, se instala en las mentes y los cuerpos para terminar por desechar a las personas, a las relaciones y prácticas comunitarias que le incomodan. 

14. A las comunidades que se oponen o resisten a estos procesos de ocupación se las condena, reprime o criminaliza. Los nuevos, delincuentes, "enemigos del desarrollo" y terroristas, son los indígenas y los defensores de la naturaleza [7]. 

15. Adicionalmente la construcción de la nueva unidad de valor global: "el carbono" ha creado la idea de que el cambio climático es el único problema global relacionado con el consumo energético, desconociendo la destrucción de las redes de la vida, la contaminación, la acumulación de basura, las enfermedades que provoca tanto la extracción como el consumo de derivados y finalmente todos los impactos sociales y económicos, que afectan, cuando no destruyen, la estabilidad ecológica de las sociedades. 

16. El carbono es una nueva "mercancía" que permite no solo alargar la vida del capitalismo petrolizado sino ampliar los territorios bajo su control, sometiendo a los mares, a la atmósfera, a los bosques, a una nueva ocupación: la de convertirlos en "sumideros". 

17. A esto se suman las nuevas propuestas de los llamados servicios ecosistémicos que no dejarán nada fuera del mercado, junto con un profundo proceso de financiarización del agua, la biodiversidad y de todos los componentes, ciclos y funciones de la naturaleza. 

18. Las nuevas tecnologías: geoingenieria, nanotecnología, biología sintética y otras, algunas de las cuales se presentan como herramientas para enfrentar los cambios climáticos, suponen nuevas amenazas y conflictos, y perpetuán la lógica de sobre-consumo y sobre producción y el capitalismo salvaje. 

19. Existe una deliberada y provocada ignorancia con relación a los ciclos energéticos, humillando a los ciclos naturales como es la fotosíntesis -y el sol-, denigrando el trabajo humano, la creatividad, la inventiva y las culturas, promoviendo el conocimiento parcial de los ciclos artificiales basados en la quema de combustibles fósiles. 

Oilwatch propone colocar al petróleo, al gas y al carbón, en el centro de las discusiones nacionales e internacionales 

20. Los países y pueblos que aspiran a romper con la dominación y buscan caminos soberanos, deben enfrentar el hecho de que el petróleo supone un encadenamiento con la dominación. Someter nuevos territorios a la expansión del capitalismo petrolero, supone renunciar a espacios y proyectos de emancipación del capitalismo petrolizado. 

21. Lo países y pueblos que construyen relaciones internacionales de dignidad, deben irrumpir en los escenarios internacionales, desmontando las nuevas estrategias de control y dominación, que incluyendo al ambiente como pretexto, consolidan propuestas antiecológicas, sostienen modos de vida imperiales, y perfeccionan nuevas formas de colonialismo. 

22. La actual agenda energética, continúa creando frenos a las energías limpias, descentralizadas y de bajo impacto, sacrifica la alimentación por los agrocombustibles, apresa a los ríos para beneficiar a un sector de poder, propone el retorno victorioso de la cuestionada energía nuclear, justifica las campañas militares y políticas para ocupar los territorios en donde hay hidrocarburos 

23. Mientras antes enfrentemos el cambio energético, tendremos mejores oportunidades. Se requieren prácticas, tecnologías y actividades que construyan la autonomía energética individual y colectiva, recuperen la relación armónica e interdependiente entre las soberanías alimentaria, energética, lúdica y permitan el salto necesario de un patrón tecnológico destructivo al desarrollo de fuerzas productivas constructivas que resitúen la especie humana dentro de los límites físicos y ecológicos del planeta tierra. 

24. Inscritos en las comunidades hay muchos conocimientos, prácticas y saberes, relacionadas con los ciclos energéticos, que son verdaderos ejercicios de resistencia frente al capitalismo petrolizado. El reto es rescatar esos saberes ancestrales, potenciar la inventiva, recuperar las tecnologías duraderas y desarrollar los espacios vitales de crecimiento cultural y humano. 

25. Hay muchas luchas contra la civilización petrolera: la lucha contra la crisis climática, por las soberanías nacionales, por la paz en contra de la guerra, las luchas contra los agroquímicos, las luchas de resistencia de los pueblos indígenas y campesinos, las luchas contra la acumulación y producción de basura, las luchas por aire limpio en las ciudades, los que promueven el uso de bicicletas en vez de autos, las luchas contra el sistema financiero y tal vez muchas otras luchas de las que no conocemos o no somos conscientes aún. 

26. El mundo no puede seguir fingiendo no saber que el uso de combustibles fósiles en la energía y en otras actividades de producción es la principal causa del calentamiento global. En lugar de rodear el tema con interminables negociaciones que acaban en la entronización de las falsas soluciones, hacemos un llamado a la acción real por frenar esta senda de la civilización. 

Oilwatch como red de resistencia a las actividades petroleras, invita a las organizaciones, sindicatos, pueblos indígenas, campesinos, iglesias, intelectuales y académicos, a reconocernos parte de este proceso de cambio civilizatorio y a compartir experiencias prácticas, luchas de resistencias de distinta índole, y con ellas, dar las puntadas que nos acerquen a un mismo tejido que nos cobije. 

OILWATCH INTERNACIONAL
Nnimmo Bassey
nnimmo@eraction.org 

OILWATCH SUDAMÉRICA
informacion@oilwatchsudamerica.org
http://www.oilwatchsudamerica.org 

Fuente: http://rcci.net/globalizacion/2011/fg1302.htm

En consecuencia, es crucial el cambio civilizatorio y para ello requerimos de otras relaciones sociales en la lucha contra el avasallamiento de derechos humanos por el capitalismo. Solidarizarnos es abrir caminos a otra sociedad y mundo posibles. Porque, por ejemplo, nos involucramos en la resistencia, rexistencia de los originarios desde la visión de nuestros otros territorios posibles o de los vínculos que humanizan nuestra actividad. Y ambas partes nos comprometemos en realizar la reforma agraria anticapitalista como arraigo de la vida y la dignidad humana de los pueblos y sus individuos. También como territorios de paz entre los pueblos compenetrados de su ser-estar en la Madre Tierra y decididos a no ser cómplices de las guerras gran capitalistas a favor de la civilización petrolera. Tengamos en cuenta organizaciones del abajo sin fronteras que crean:

 

 

Autonomías subversivas e impulsoras de transformaciones radicales de las cotidianeidades entre los desposeídos y excluidos por el capitalismo.

 

 

 

20 años del MTST:

un hormiguero contra el neoliberalismo

18 de diciembre de 2017

 

Por Carolina Freitas (Esquerda Online)

 

Un movimiento nacido en el neoliberalismo
Campinas, febrero de 1997. Millares de familias llegadas de Hortolândia afincan con palos y lonas un gran área abandonada por muchos años en el margen de la ciudad. La ocupación es bautizada Parque Oziel, en homenaje a Oziel Alves Pereira, el más joven entre los trabajadores rurales asesinados en la Masacre de Eldorado de Carajás por la policía militar paranaense (NdT: estado de Paraná) un año antes.

En el mismo período en que ocurre la ocupación de ese pedazo de la periferia de la ciudad, es realizada la Marcha Nacional por la Reforma Agraria, Empleo y Justicia, organizada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), mayor movimiento social del continente en aquel momento. Salida de varios estados brasileros, millares y millares de trabajadores a pie, la gran Marcha llegó a Brasilia en abril de 1997, exigiendo justicia por la alta criminalización y asesinatos en el campo.
 

No eran apenas los asesinatos que mataban, a fines de los años 90, a las familias trabajadoras en el medio rural y en la ciudad. Por un lado, el desempleo agudo, la caída brutal del valor de los salarios y la reestructuración de la producción, que debilitó el nivel de empleos industriales en las ciudades e hizo inflar los sectores caracterizados por la informalidad y la precariedad. Por otro, la nueva realidad en las grandes metrópolis brasileras: una explosión de favelas, ocupaciones y el crecimiento feroz de la población viviendo en las periferias de las grandes regiones metropolitanas.

Considerando los problemas estructurales de empleo y vivienda, propios del nuevo régimen que se regimentaba en los planes neoliberales, el MST pasa a reflexionar sobre la importancia de afincar raíces en la ciudades. Surgen, de esa reflexión de parte
de la dirección nacional y paulista del movimiento, el Movimiento de los Trabajadores Desempleados (MTD) y el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST).



Aunque sea heredero directo del MST, el MTST luego de sus primeros años de consolidación, va afirmando su independencia, tanto en la elaboración política como en los métodos de accionar, apropiándose de elementos de la realidad urbana con los cuales el movimiento rural no se familiarizaba hasta entonces y que la práctica de las ocupaciones en las periferias de São Paulo imponía.

Desde el inicio, los documentos de orientación del MTST demuestran su autonomía como valor central, lo que hace que el movimiento se distinga nítidamente de otras iniciativas populares de la lucha por la vivienda en São Paulo, principalmente de sin techos en la región central de la ciudad en aquella época, que eran asociadas a un proceso general de institucionalización (participación en consejos, dependencia política y financiera de las bancadas y de los gabinetes, etc.), propio de las experiencias de gestión municipal del Partido de los Trabajadores (PT) desde el fin de los años 80.

El MTST utiliza la estrategia de rechazo en la adhesión a ese proceso institucional y se basa en una crítica radical a la adaptación, desde aquel tiempo nítida, de movimientos populares. Posiblemente, por esa característica, es brutalmente criminalizado desde rápidamente enemigo especial de los tucanos (NdT: apelativo de los miembros del Partido de la Social Democracia Brasileira-PSDB) de São Pablo.

 

… afirmamos que el MTST no es un movimiento de vivienda. Luchamos por vivienda, pero entendemos que esta lucha es parte de una lucha mayor por condiciones de vida dignas. Es aquí que entra nuestra propuesta de una Reforma Urbana. Defendemos una transformación profunda en el modo como las ciudades están organizadas. Hoy las ciudades sirven para dar lucro y son gerenciadas como una empresa por los gobernantes. Hay gente que gana billones con la expulsión de los trabajadores hacia las periferias y con la precariedad de los servicios públicos. Expulsando los más pobres del centro, los especuladores de tierra y constructoras ven valorizarse cada vez más sus condominios de lujo, predios de oficinas y otras obras. Manteniendo la salud pública precaria, ganan las empresas de planes de salud; manteniendo la educación pública precaria, ganan los dueños de las escuelas privadas; manteniendo el transporte público precario, ganan las grandes empresas de producción de automóviles y así por delante. Así, la bandera de una Reforma Urbana profunda y popular se torna una lucha fundamental contra los intereses del capital”. (Carta de Principios, 2005, p. 4)



De la ocupación Anita Garibaldi en Guarulhos en 2001, pasando por el campamento Carlos Lamarca en Osasco en 2002, duramente reprimido, llegando en la ocupación Santo Dias, en el terreno de la Volkswagen en São Bernardo do Campo, el año en que Lula fue electo por la primera vez presidente de Brasil, son muchas las experiencias que marcarían la trayectoria llena de transformaciones y revaluaciones des esta fase inicial del movimiento.

Las ocupaciones Chico Mendes en Taboão da Serra y João Cândido en la frontera de la zona sur de San Pablo, en 2005 y 2007, son simbólicas de un giro y de una maduración organizativa [1]. Bajo la amenaza de desalojo de la ocupación Chico Mendes, los militantes del movimiento hacen una huelga de hambre en frente al predio de Lula en São Bernardo do Campo, exigiendo que el gobierno federal interviniese en la decisión de la justicia de retirar las familias del terreno. En este momento, la prensa burguesa ya conocía de cerca el movimiento y cubría con gran destaque sus acciones.


Un movimiento nacionalizado en los gobiernos del PT
Es nítido que, en esa década inicial, el MTST se presenta como algo nuevo. No refleja las características de los movimientos urbanos de los años 1970, inspirados en las Comunidades Eclesiales de Base, como el Movimiento Costo de Vida y el Movimiento Popular de Salud, entre otros motivos, por las propias transformaciones en el suelo urbano experimentadas después de ese período; tampoco se inspiraba directamente en el MST o en el movimiento sindical (especialmente la CUT-Central Única de los Trabajadores) de los años 90, por el propio proceso de independencia política que caracterizó su crecimiento.

Sus acciones y resoluciones reflejaban, casi obligatoriamente, sobre el papel de las luchas sociales en el régimen neoliberal y todos los impasses políticos de esa nueva fase de acumulación. Por eso, se tornó un movimiento que cuestionaba, de modo innovador, sobre el papel del Estado en el siglo XXI y las relaciones democrático-institucionales desgastadas, ya experimentadas por los movimientos sociales de la órbita petista.

Durante esa maduración político, el MTST pasó a promover acciones en diversas otras regiones de Brasil por medio de la creación de nuevos grupos de actuación, como en Pará, Roraima, Amazonas, Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Distrito Federal.

Bajo el análisis de que la relación de representación de la clase trabajadora, principalmente no organizada en categoría sindicales, que menguaba la base propia del movimiento, sufría un desgaste como el PT, el MTST pasa a tener más vínculo con iniciativas como la Conlutas, justamente porque el potencial agregado de sectores rompidos con el gobierno reconfiguraban un frente único de trabajadores en Brasil. En 2010, el movimiento ayuda a fundar la Central Popular e Sindical – Coordinación Nacional de Luchas (Conlutas), rompiendo con ella sobre la base de críticas a su dirección dos años después [2].

“… 
Nunca colocar la lucha y el poder político institucional (partidos, elecciones, voto, cargos en el gobierno, etc.) como parte principal del movimiento. No sólo debemos establecer alianzas y apoyos con partidos y políticos que puedan colaborar con el avance de nuestra lucha, sin nunca perder ni subordinar nuestros objetivos y nuestras formas de lucha”. (Cartilla del militante del MTST, 2005).

En la segunda gestión del gobierno Lula, que iniciaba justamente esa fase, Guilherme Boulos, por entonces ya coordinador del movimiento, declara en una entrevista a una corriente del PSOL (Partido Socialismo y Libertad):

No veo ninguna señal de cambio importante en la política del gobierno Lula para el próximo mandato. Pienso que será completamente fiel del primero: más reformas neoliberales, más cortes de inversión, más dinero para los inversores financieros. Las elecciones servirán para mostrar la fuerza que todavía preserva la figura mesiánica de Lula, principalmente cuando es apoyado y financiado por el gran capital. Pero es posible obtener conquistas para el pueblo pobre a través de movilizaciones unitarias de los movimientos populares [3].

Un año después de la reelección, en 2008, el gobierno Lula lanza el Programa Mi Casa, Mi Vida (PMCMV) por medios del Ministerio de las Ciudades. El número creciente de ocupaciones y la nacionalización del movimiento fuerzan al MTST a presionar al gobierno para que asuma el compromiso de incluir a las familias acampadas en el nuevo programa y a crear políticas efectivas de reforma urbana.


Sobre este punto, es preciso decir que es nítido el fracaso de la Reforma Urbana como horizonte presente entre las políticas del gobierno federal petista, algo que las movilizaciones y protestas de Junio de 2013 demostrarían más adelante. La opción por el crecimiento intensivo del sector empresarial de la construcción civil y consecuente incorporación concentrada en las metrópolis, un sistema absolutamente inédito de finaciarización de la producción y del consumo de inmuebles en el país, agravó a niveles decadentes de vida en las grandes ciudades, especialmente para el proletariado.

El PMCMV, lejos de ser una excepción a esa realidad, operó como su alabanza. Un programa diseñado y construido por las empresas constructoras en conjunto con la dirección de la Caja Económica Federal definió como sería, a lo largo de la década de implementación, la fuente unívoca de las políticas habitacionales para la población de baja y media renta.

El Programa contrató 4,2 millones de unidades habitacionales hasta el inicio de 2016, de las cuales 2,7 millones fueron entregadas efectivamente. Se contabiliza que, en los 7 años de implementación, el programa invirtió R$300 mil millones. Es un número que hace, en la proporción del tiempo, lo convierte en el mayor programa habitacional de la historia del Estado brasilero.

A pesar de ser usado como argumento déficit habitacional en Brasil por los gobiernos Lula y Dilma, el PMCMV no respondió, en primer lugar, por la suplencia de la demanda de vivienda de los sectores más pauperizados de la sociedad. Por el contrario, en gran medida fue estimulado como línea de crédito popular para el financiamiento de casas y apartamentos para familias de renta media.

En segundo lugar, fue utilizado como el gran laboratorio de la política neoliberal de transferencia de administración casi integral para el sector privado de una política pública en larga escala, todo bajo la égida de los recursos públicos venidos del fondo de garantía. Para los grandes grupos empresariales que protagonizaron el Programa, los riesgos de entrar en el mercado de la vivienda popular fueron casi cero, con derecho de reapropiarse de los inmuebles en caso de morosidad.

De todos los efectos nefastos de la política neoliberal implementada en esos años, sea por cuenta del PMCMV, sea en razón de la ampliación del crédito inmobiliario, la onda inédita de valorización del suelo urbano a nivel nacional es la más catastrófica, creciendo siempre muy arriba, en todas las ciudades, de los índices de inflación a lo largo de los años.

Las metrópolis brasileras se tornaron más injustas, más fragmentadas y mucho peores para vivir. Las estadísticas habitacionales, el aumento del número de “techos construidos”, no consiguen mapear los verdaderos índices del escenario urbano en Brasil: la peor sensibilidad de calidad de vida en las ciudades, de la mercantilización del espacio y de los servicios en general, arraigados en una nueva supremacía del capital financiero.

La medida política compensatoria vendría con la edición del PMCMV Entidades, una ínfima parcela del programa que, a partir de 2009, fue implementada y dirigida a los movimientos sociales de vivienda. Bajo esa modalidad, el recurso para la construcción de habitaciones pasó a ser gerenciado por las entidades representativas de los movimientos populares, que poseen autonomía para contratar empresas constructoras o promover planes de construcción, aumentando la calidad de las obras (infraestructura y localización de los terreno) con un costo más bajo en comparación a las unidades producidas por la modalidad administrada directamente por las constructoras. Incluso presentando resultados superiores, la modalidad Entidades tiene un ritmo mucho más lento de negociación, contratación y construcción, habiendo relativamente pocas experiencias de entrega de unidades hasta su segundo ciclo en 2015.

Ampliando las regiones y haciendo ocupaciones masivas a lo largo de los años que corren esta segunda década del movimiento (ocupación, Pinheirinho, Nova Palestina etc.), el MTST participa intensamente en el episodio de la reintegración de pose de la ocupación del Pinheirinho, en São José dos Campos.

En el año siguiente, a lo largo del mes de las protestas contra el aumento de la tarifa del transporte público en todo Brasil, el MTST, junto al Movimiento Pase Libre, se ubica como polo dinámico y dirigente de las movilizaciones de masa. No apenas, pero especialmente en San Pablo, el movimiento se pone al frente de la convocatoria de los actos de calle y acciones directas. Organiza la base de las ocupaciones, cuando se estima que al menos 50 mil personas participan con las camisetas y banderas rojas del movimiento rumbo al Palácio dos Bandeirantes (NdT: sede del gobierno estadual de San Pablo).

A partir del mes siguiente a Junio, es impresionante el número de ocupaciones de terrenos en las periferias que comienza a expndirse:

Paraisópolis, Grajaú, Parque Ipê, Jardim Ingá, Parque do Gato, Jardim Ângela, Jardim Pantanal, Sacomã, entre otros. Solamente en la ocupación Vila Nova Palestina, en Jardim Ângela, son más de 8 mil familias. ¿De dónde vino esa masa de millares de trabajadores sin techo? ¿Por qué es que de repente pasaron a ocupar espacios ociosos de la ciudad? La respuesta está en el barril de pólvora que hace años viene creciendo en las grandes metrópolis brasileras. Está cada día más caro vivir en las grandes ciudades, inclusive en sus regiones periféricas. Los índices de valorización de los últimos años son asombrosos[4].

Montado sobre ese escenario, el movimiento es responsable por la continuidad de junio. En 2014, año de la Copa del Mundo, con la bandera “Copa Sin Pueblo, Todos en la Calle de Nuevo”, el MTST ocupa un terreno en Itaquera, al lado del estadio de la ceremonia inaugural del mega-evento, conocido como Ocupación Copa del Pueblo, atento al hecho de que los mega-eventos sólo acelerarían el proceso de expulsión de los pobres de las grandes ciudades. En Itaquera, los alquileres subieron cerca de 300% en los primeros meses de 2014.

Durante semanas y semanas antes comenzar la Copa, el movimiento pone en marcha más de 30 mil personas en las calles, presionando la negociación con la presidencia de la República. En aquel año también estaba siendo formalizado el Nuevo Plan Director de la Ciudad, con directrices de demarcación zonal de área de interés social para la construcción de vivienda popular en la ciudad.

Además del compromiso arrancado a Dilma de que el terreno de la Ocupación Copa del Pueblo tendría como destino la construcción de un conjunto habitacional popular para las familias, el MTST también consiguió algunas conquistas y alteraciones del Plan Director, después de las movilizaciones frente a la Alcaldía en el período. Todavía, en el mismo año, Lula hace cuestión de entregar al movimiento las llaves de las primeras unidades de la historia del PMCMV-Entidades en Taboão da Serra, conquista de las ocupaciones Chico Mendes y João Cândido, de 2005 y 2007.

El MTST tal vez sea el que consiguió consolidarse de forma más unitaria y con mayor visibilidad. Nuestra crítica -y ahí entra la táctica de acumulación de fuerzas del movimiento- va en el siguiente sentido: nosotros tenemos la claridad de que los grandes problemas que vive la mayor parte de la clase trabajadora no serán resueltos en las actuales relaciones sociales, económicas y de poder político. Es preciso tener un cambio estructural en la sociedad para construir una vida digna. En ese sentido, nuestra lucha no es pautada por un avance determinado. Ayer (9 de julio), nosotros conseguimos una gran conquista, muy bien, la gente de la Copa del Pueblo va a tener una vivienda, se fortaleció el “Mía Casa, Mía Vida Entidades”, conseguimos avances hasta para la propia política habitacional en el país. Pero eso no basta, es un paso importante, pero eso es un paso más en la acumulación de fuerzas. Nosotros tenemos que llegar al momento -y es en eso que el movimiento cree, y para eso trabaja- en que la fuerza del poder popular podrá lidiar de igual a igual con la fuerza del capital. Ahí nosotros vamos a obtener conquistas en otro nivel. Sólo que no adelanta tener posiciones radicales sin tener condiciones para acciones radicales, eso es gigante con pies de barro. No adelanta tener ideas muy revolucionarias, muy socialistas, si usted no crea las condiciones en la base, desde el punto de vista de fuerza social, para que eso se efectivice […] El MTST es un movimiento que, en su estrategia, entiende que el capitalismo no va a resolver el problema de los trabajadores, y que es preciso una nueva forma de sociedad, que nosotros no tenemos vergüenza alguna de llamar socialista [5].

Un movimiento sin miedo de luchar contra el golpe
Ya en la segunda elección de Dilma, considerando, por un lado, la estafa electoral del PT que en días disolvió las promesas de campaña para ganarse apoyo popular, con la implementación de una agenda económica al servicio de los intereses del capital financiero, y, por otro, con el fortalecimiento de la organización de la derecha brasilera, con actos de contenido reaccionario y patrocinados por las fuerzas mediáticas hegemónicas, el MTST capitanea el lanzamiento del Frente Pueblo Sin Miedo (FPSM), conformando un campo amplio, desde la CUT y la Intersindical, desde el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) a sectores a la izquierda del PSOL, con el objetivo de consolidar una unidad más sólida en las calles y en las luchas contra los planes de austeridad y el avance conservador. Anticipándose al impeachment en el segundo semestre del año siguiente, el MTST, junto al FPSM, articulan todas las movilizaciones callejeras contra el ajuste fiscal y el 
impeachment.

Además de la pauta más específica del movimiento, contra la paralización de las obras del PMCMV, que genera la ocupación de la Secretaría de la Presidencia de la República en la misma semana que Temer asume efectivamente, el movimiento realiza, por medio del FPSM, actos en todo Brasil el día 4 de setiembre de 2016, cuando es ejecutado el golpe parlamentario, ganando notoriedad no solo por tornarse el mayor movimiento nacional de sin techos en el país, sino también la principal fuerza política contra el 
impeachment.

La continuidad en 2017 de la lucha contra el golpe se revela en las movilizaciones contra la reforma laboral y de la previsión social. El FPSM organiza actos y bloqueos de rutas el día de la Huelga General del 28 de abril, compone una gran marcha en Brasilia frente al Congreso Nacional el 24 de mayo, lanza una campaña por “Directas Ya” con manifestaciones y shows, reuniendo artistas de renombre, en la apuesta de que Temer podría caer en unos días, según la prensa, tras el conocimiento de los audios del grupo frigorífico JBS; además de los días de lucha que se sucedieron contra las reformas hasta el día hoy.

Ante el embate político y económico conservador, Pueblo Sin Miedo lanza en 2017, en São Paulo, la iniciativa Barrios Sin Miedo, una táctica local de enraizamiento del Frente en los territorios periféricos para articular luchas regionales y enfrentar con más fuerza al gobierno municipal de João Dória (NdT: alcalde miembro del PSDB) y sus planes de privatización de la ciudad.

Cuando se piensa que no habría más hechos significativos este año, explota en São Bernardo do Campo la ocupación Pueblo Sin Miedo. Con cerca de 12 mil familias (casi 34 mil personas), es considerada la mayor ocupación territorial urbana del país. Mientras tanto, esperan el veredicto del juez responsable del GAORP (sector del Tribunal de Justicia responsable de los conflictos por la posesión de la tierra), quien decidirá (probablemente el 11 de diciembre) sobre el destino de los destino de los habitantes de la ocupación. Ellos están acampados en la Secretaría Estadual de la Habitación exigiendo del gobierno de Geraldo Alckmin (NdT: miembro del PSDB) un alternativa al desalojo.

Sin-Techos y Trabajadores, dos nombres para un sujeto
Una reciente encuesta articulada entre DIEESE (NdT: Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos) y la CUT, registra números sobre la ocupación Pueblo Sin Miedo de São Bernardo do Campo, dando una muestra importante sobre la característica de la base social del movimiento, desechando mitos y preconceptos. Evidentemente, los datos colectados son ilustrativos para la realidad de San Pablo, debiendo ser relativizados para el análisis de ocupaciones de otras regiones de Brasil.

La base de la ocupación está formada mayoritariamente por mujeres (54%), negras y negros (61%), jóvenes (26% de jóvenes hasta 14 años y 15% de jóvenes de 15 a 24 años) y nordestinos (34% nacieron en la región, fuera de aquellos que son hijos de migrantes). Muchos cursaron la escuela hasta los 14 años, pero a partir de los 15 hay una caída expresiva, mayor de que la media general de la región metropolitana de San Pablo, siendo que apenas 24% de los ocupantes entre 18 y 24 años estudian.

Casi la mitad de las familias tiene como referencia una mujer  (47,7%), que son corresponsables en 61,5% de ellas. Gran parte vive en inmuebles alquilados (69,3%); otras parcelas viven en casas cedidas (21,5%), y muchas familias viven en favelas, en otras ocupaciones y algunas hicieron financiamiento para adquirir casa propia, pero no consiguen pagar los préstamos. El precio de los alquileres cuesta, mayoritariamente, entre $250,00 a R$500,00 (49,2%) y entre R$500,00 y R$750,00 (37,9%).

Importa resaltar el perfil de trabajo encuestado en la ocupación: 73,1% son económicamente activos, contra 62,1% de la tasa de participación de la RMSP (NdT: Región Metropolitana de São Paulo), lo que derrumba el mito de que los sin-techo son vagabundos y no trabajan. La tasa de desempleo es alarmante y representa el doble de la RMSP, cerca del 42%, en comparación con el 18% de la realidad más general. La tasa de asalariados es de 60,4%, en cuanto la de São Paulo es de 68%, lo que significa que más personas en la ocupación tienen trabajo eventual, trabajos domésticos o son autónomas.

Los trabajadores con carta de trabajo firmada son 61% de la población económicamente activa de la ocupación, mientras que en la RMSP este número llega al 88%, lo que refuerza que los trabajos informales y precarios se dan en mayor cantidad entre los sin-techo. La tasa de cobertura previsional es de 65%, en cuanto la de la RMSP es de 73%, aunque muchos ancianos no consiguen jubilarse, así como los enfermos no logran recibir beneficios.

La renta media es de R$1.137,00, versus los R$2000,00 de la media general. Los principales sectores que emplean a esos trabajadores son los servicios 50% (% (contra 59,95% en la RMSP) y el segundo es la industria  (23,8%, mientras el 15% en la RMSP), destruyendo el mito de que la clase obrera fabril (considerando que la región del ABC es un polo industrial) representa siempre los trabajadores con mejores salarios y con mejores condiciones de vida.

De las ocupaciones preguntadas en los cuestionarios, las más frecuentes son, en este orden, la de: diariero, empleada doméstica, ayudante general, auxiliar de limpieza, mozo de bar o restaurante, chofer, auxiliar administrativo, operador de máquinas, operador de telemarketing, peón, portero, vendedor ambulante y vigilante.

Preguntados sobre la razón de estar en la ocupación, la gran mayoría afirma el precio de los alquileres (59,4%), porque viven de agregados en otras viviendas (22%) o porque fueron desalojados. El 30% de las familias reciben Bolsa-Familia; el 25% intentaron, sin éxito, inscribirse en programas habitacionales y el 68% nunca consiguieron acceder a esas políticas, ni se inscribieron.
 

Es curioso notar que, a pesar de expresivo el número de desempleados en la ocupación, incluso los asalariados formales (que no son minoría) sufren la persistencia del problema de la vivienda y del acceso a los derechos sociales en general, como la dificultad del uso del SUS (NdT: Sistema Único de Salud) y de la previsión social. Con el escenario absolutamente defensivo abierto con la reformas que quitan derechos sociales y laborales del pueblo brasilero, es cierto que las dificultades van a aumentar.

Las inestables y precarias relaciones de explotación debilitaron, en estas décadas que pasaron desde la creación del MTST, el proceso de identificación y organización tradicionalmente sindicales del proletariado a partir del ambiente de trabajo. Al mismo tiempo, todo ese proceso de reestructuración también ganó una dimensión espacial nueva, inflando las periferias y haciendo brotar identidades geográficas (pero también raciales y de género) a partir de los locales de reproducción de la vida No es tan fácil, ni tan bonito como puede parecer.

La identidad espacial del proletariado más explotado y oprimido en las grandes metrópolis, la 
condición periférica, no alcanza directamente la contradicción entre capital y trabajo presentes en la producción inmediata. Pero es imposible cerrar los ojos, en toda América Latina, ante las grandes luchas de potencial anticapitalista que se hace a partir de la tierra (sea en el campo, las selvas o en las ciudades), como reacción al movimiento del capital de colonizar el espacio para resolver su crisis de reproducción. Esta crisis del capital se torna, inevitablemente, en crisis de reproducción social.



El MTST, hoy, representa la práctica más radicalizada de defensa de las ciudades, al mismo tiempo en que fue el polo articulador de la unidad de acción contra todos los ataques más recientes que los derechos sociales y laborales sufridos.

Es preciso comprender las experiencias vividas en estos veinte años, apostando en la defensa hecha por el movimiento desde el origen, de un modelo de producción y de vida urbana anticapitalistas, radicalmente diferentes de las experiencias de conciliación con el capital de los años del PT, sin miedo de ser grande y dejar, con eso, de enfrentar implacablemente el empeoramiento de la situación política pos-golpe.

¡Larga vida al MTST, un hormiguero contra el neoliberalismo!

Notas
[1]  El MTST hizo en Encuentro Estadual en 2007 que es decisivo en ese proceso de cambios: la ampliación territorial del movimiento es deliberada y las ocupaciones nuevas pasan a ser extendidas en nuevas ciudades del estado de San Pablo, no necesariamente en la región metropolitana, lo que fuerza una relación de tensión permanente con el gobierno federal. Además de las ocupaciones, muchos trancazos paralizando las principales rutas de circulación de mercaderías en San Pablo, son hechos para impedir la reintegraciones de los terrenos ocupados, es decir, los desalojos. Un año después, el movimiento da un paso adelante y, efectivamente, adquiere un carácter nacional.
[2]  Carta de Salida del MTST de la CSP-Conlutas. Disponible en: 
http://psol50sp.org.br/blog/2012/07/15/carta-do-mtst-de-saida-da-csp-conlutas/
[3]  
https://www.lsr-cit.org/2006/11/01/o-mtst-e-mais-do-que-um-movimento-por-moradia/
[4]  BOULOS, Guilherme. ¿Por qué Ocupamos? Una introducción a la lucha de los sin-techo. Sao Paulo: Scortecci, 2014. p. 75.
[5]  Entrevista de Guilherme Boulos a la Revista Fórum, en 23/06/2014. Disponible en:
https://www.revistaforum.com.br/2014/06/23/guilherme-boulos-nossa-cor-e-cor-vermelha/

Traducción: Ernesto Herrera, para Correspondencia de Prensa.
 
Fuente (original): 
https://esquerdaonline.com.br/2017/12/10/20-anos-do-mtst-um-formigueiro-contra-o-neoliberalismo/
Fuente (de la traducción): 
https://correspondenciadeprensa.wordpress.com/2017/12/15/brasil-20-anos-del-mtst-un-hormiguero-implacable-contra-el-neoliberalismo/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235444

 

 

Espacios en común entre los pueblos planetarios de deliberación y toma de decisiones tanto contra las transnacionales y socios locales como por los derechos humanos de todos los pueblos y sus individuos.

 

 

 

Declaración de la Cumbre de los Pueblos.

“Fuera OMC, construyendo soberanía”

14 de diciembre de 2017

"Reafirmamos nuestro rechazo a las políticas de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC refleja los intereses del capital transnacional más concentrado que pretende eliminar barreras a la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. Se trata de una organización que sólo toma en cuenta las necesidades del capital, ayudando a reproducir las relaciones capitalistas de explotación y saqueo. Estas políticas afectan derechos históricamente conquistados por la lucha de los pueblos del mundo."

 

La Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC, construyendo soberanía” se reunió los días 11, 12 y 13 de diciembre en Buenos Aires, Argentina, frente a la realización de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en esta ciudad.

 

Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de pueblos originarios, de mujeres, territoriales, anti-extractivistas, de derechos humanos, entre otras, de todo el planeta que conformamos la Cumbre de los Pueblos reafirmamos nuestro rechazo a las políticas de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC refleja los intereses del capital transnacional más concentrado que pretende eliminar barreras a la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. Se trata de una organización que sólo toma en cuenta las necesidades del capital, ayudando a reproducir las relaciones capitalistas de explotación y saqueo. Estas políticas afectan derechos históricamente conquistados por la lucha de los pueblos del mundo.

 

Las transnacionales actúan bajo el amparo de la Arquitectura de la Impunidad, la cual incluye al sistema de la Deuda, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y de protección de inversiones y organismos multilaterales como la OMC. Estos generan una globalización en función de su afán de lucro. En este contexto, la Deuda pública se ha configurado en una herramienta privilegiada de la expansión capitalista de concentración, desigualdad y opresión. Subordina el modelo productivo y de consumo a la necesidad de pagar los intereses cada vez mayores. Nos comprometemos a trabajar para develar las repercusiones que la Deuda conlleva en las múltiples resistencias, denunciando su carácter ilegítimo, evidenciando quién realmente debe a quién y construyendo un horizonte de transformación y esperanza, asumiéndonos como Pueblos Acreedores de deudas no únicamente económicas, sino también sociales, históricas, ecológicas, democráticas, de género, entre otras. Necesitamos seguir construyendo desde las luchas de los pueblos para avanzar en este proceso, incluyendo acciones como las auditorías integrales y ciudadanas de la Deuda, tribunales éticos y consultas populares, entre otras estrategias.

 

Frente al poder corporativo, que protagoniza el despojo por parte de las transnacionales en los territorios, nos comprometemos a globalizar las luchas y seguir fortaleciendo los lazos y articulaciones. Debemos seguir peleando por lograr un tratado internacional que vincule las empresas transnacionales al respeto de los derechos humanos. Debemos disputar el espacio legislativo y judicial, denunciando cómo las leyes se violan, se tuercen, se malinterpretan y adaptan ante el interés de las transnacionales. Debemos mantener la autonomía de los movimientos sociales en relación a los gobiernos, señalando nuestra solidaridad con Pueblos, comunidades y organizaciones perseguidas y reprimidas.

La liberalización de los flujos comerciales y financieros impacta en forma diferencial la vida cotidiana de las mujeres y profundiza las desigualdades y la pobreza, ampliando el desempleo, la informalidad y financierizando compulsivamente nuestras vidas, profundizando así todas las formas de violencias patriarcales. Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, gays, no binaries, afroargentinas, afrodescendientes, migrantes, desplazadas, refugiadas, indígenas, negras, campesinas, trabajadoras autogestionadas reunidas en el foro y gran Asamblea Feminista frente al libre comercio estamos afirmando nuestra lucha antipatriarcal, antirracista y anticapitalista.

Por ello expresamos nuestro rechazo a la Declaración de la OMC sobre Libre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, por estar basada en afirmaciones falsas y en una visión reduccionista del empoderamiento económico de las mujeres. La evidencia proporcionada desde la Economía Feminista muestra que los procesos de liberalización comercial han resultado perjudiciales para la mayoría de las mujeres. Las reglas comerciales que promueve la OMC amenazan los medios de vida de las mujeres urbanas, campesinas, indígenas, afro y quilombolas, favorecen la desposesión de sus territorios, restringen el acceso de las mujeres a políticas públicas de acceso al agua, salud, educación y un largo etcétera, limitan el acceso a bienes básicos esenciales como los medicamentos, y promueven formas productivas basadas en la carrera hacia la baja de todos los estándares laborales, salariales y de protección social, lo que nos afecta especialmente. Repudiamos el uso político de nuestras luchas y reivindicaciones para salvar una cumbre fracasada. ¡No en nuestro nombre!

 

Los acuerdos de la OMC impiden el acceso a los derechos de los y las migrantes trabajadores y sus familias. La excluyente prioridad de valorizar el capital fomenta la explotación laboral de los y las migrantes. La búsqueda de más inversión extranjera da pie a la firma de tratados comerciales que impulsan la globalización y los flujos de capitales, mientras que se criminaliza y se pone en tela de juicio la movilidad de las personas en el mundo.

 

El reconocimiento de la migración como un derecho humano (nacional, regional y global), abre el espacio para debatir la libertad de transitar los territorios y la construcción de una ciudadanía universal. Para que este derecho se cumpla, es importante fomentar la participación política y de economías sustentables, solidarias e independientes que conlleven al desarrollo local y regional de las comunidades migrantes.

 

La OMC y los TLC avanzan en la conversión de nuestros alimentos en mercancías. Esto ha provocado la mayor crisis alimentaria que haya sufrido la humanidad. Actualmente más del 50% de los habitantes del mundo sufren hambre, malnutrición o son parte de la epidemia de obesidad y sobre peso que enfrentamos. Al mismo tiempo estas políticas apoyan la destrucción, acaparamiento y contaminación de nuestros territorios y expulsan a comunidades indígenas y campesinos de los mismos, poniendo en riesgo la continuidad cultural. El agronegocio, junto con la extracción indiscriminada de combustibles fósiles, son los principales responsables de las dos crisis socioambientales más importantes que vivimos hoy: la crisis climática y la extinción masiva de la biodiversidad.

Frente a esta situación, impulsamos la Soberanía Alimentaria que va de la mano de la producción agroecológica campesina, donde las semillas son entendidas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Proponemos reformas agrarias integrales y populares, mercados locales y fundamentalmente la voz de las campesinas y campesinos como protagonistas de las políticas que se impulsen.

La OMC y los TLC se esconden detrás de la máscara de “alternativas verdes”, pero en definitiva sólo sostienen el modelo extractivista, con énfasis en la minería y en la extracción de combustibles fósiles. En esta lógica, el agua es considerada una mercancía y no un Derecho Humano. Sabemos que no hay alternativa para la vida en el planeta dentro del capitalismo, que no sólo nos explota sino también contamina y mata. Para poder superar estas contradicciones promovemos las alternativas populares, como el “buen vivir” propuesto por distintos pueblos indígenas; el eco-feminismo; el eco-socialismo; y prácticas concretas como la soberanía energética, la agroecología y la permacultura que pueden transformarse en alternativas sistémicas al capitalismo si son aplicadas no de manera individual, sino como una política general.

 

Estas experiencias enmarcadas en la economía popular, la social y la autogestiva son manifestaciones de la supervivencia de los pueblos pero al mismo tiempo son resistencia a los designios de la racionalidad capitalista. Utilizando los medios de producción a disposición de los trabajadores y trabajadoras, y a su vez reclamando por nuestros derechos es que podemos pensar en construir espacios de poder para disputar el modelo hegemónico. Desde esta perspectiva es que entendemos el rol de las experiencias productivas sin patrones, desde la marginalidad y desde una profunda identificación de clase para construir las alternativas. Depende de nosotras y nosotros continuar en una economía capitalista de pobres o avanzar en la construcción de un proyecto alternativo. No sólo se trata de luchar por el poder para conseguir la sociedad que queremos sino también de ir construyendo los caminos que nos acerquen a ella. Reclamando al Estado lo que es nuestro mientras que consolidamos un poder alternativo basado en una economía desde y para los pueblos.

 

El libre comercio atenta contra el derecho a la salud y precariza los sistemas de salud públicos, provocando graves consecuencias sobre la vida de las personas. La salud y los medicamentos no deberían ser materia regulada por la OMC, ya que la salud es un derecho humano, no un negocio; y los medicamentos son un bien social y no una mercancía. Los acuerdos comerciales de la OMC nunca responderán a las necesidades de salud pública. Este énfasis en los intereses del mercado y en detrimento de la salud pública favorece a los capitales trasnacionales, quienes a través de precios extorsivos e injustificados impuestos por las grandes compañías farmacéuticas desembocan en enfermedad, desesperanza y muerte para los pueblos.

 

Por ello la soberanía sanitaria implica sostener modelos de salud pública que garanticen la primacía del interés público y la justicia social. En ese sentido, exigimos la suspensión del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC) de la OMC para tecnologías de salud; rechazamos toda disposición de acuerdo comercial que afecte negativamente el acceso a medicamentos, como el Tratado entre Unión Europea-Mercosur; discutimos nuevos modelos de I+D (Investigación y Desarrollo) que promuevan tecnologías libres y accesibles para todos los pueblos, independientemente en qué país o región vivan, cuyos resultados (datos, procesos y productos) sean considerados bienes comunes.

 

El libre comercio y la OMC promueven un conjunto de iniciativas que intentan convertir a la educación en un bien comercializable, permeado por diferentes lógicas mercantiles y privatizadoras que presentan mayores o menores grados de visibilidad. Así, los derechos sociales y educativos son amenazados por la lógica del mercado, los derechos de propiedad y del capital y, de este modo, la educación pasa a constituirse en un servicio comercializable.

 

En cambio, la soberanía educativa constituye el derecho que tenemos como pueblos a la autodeterminación de cómo nos queremos educar, con qué valores, de qué manera. En medio de la crisis civilizatoria que atravesamos, proponemos formatos educativos alternativos, formas de participación más horizontales, contenidos y valores que expresan alternativas políticas y sociales.

 

Las políticas de libre comercio no serían posibles sin un fuerte aparato de seguridad y represión que acompaña la implementación de las políticas de austeridad. El aumento de bases militares a nivel global refleja esta situación, así como el uso de la fuerza policial al interior de los Estados nacionales. La militarización implica el genocidio y silenciamiento de pueblos enteros en pos de las necesidades del gran capital. Exigimos el retiro de las tropas de Haití. Exigimos la liberación y descolonización de Palestina, el fin del régimen de Apartheid, adherimos al Movimiento Boicot, Desinversión y Sanción y manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la decisión unilateral de los EEUU de reconocer a Jerusalén como capital del Estado sionista de Israel.

 

La alternativa al militarismo y la guerra perpetua que es el imperialismo en todas sus formas, especialmente en su forma de sionismo, es la resistencia en creciente unidad de los pueblos y los Estados. El imperialismo es una de las principales causas de las guerras del mundo, de la carrera armamentista, del genocidio, la tortura, la mentira de masas, la acción psicológica terrorista, los asesinatos selectivos y las masacres de población civil, la formación y actuación de fuerzas paramilitares terroristas como ISIS.

 

Hacia el 2018, la Cumbre de los Pueblos hace un llamamiento a todos los pueblos del mundo a movilizase contra la Cumbre Presidencial del G-20 que tendrá lugar en Buenos Aires en 2018. El G-20, al igual que la OMC y todos los TLC, sólo refleja la sed de lucro de las empresas y no las necesidades de los pueblos. No es casual que tanto la OMC como el G-20 se realicen en Argentina: este país quiere mostrarse como un líder regional en la liberalización comercial. Por ello, la movilización de nuestros pueblos es crucial. Somos nosotras y nosotros quienes debemos alzar la voz y hacer que nuestras propuestas alternativas a la crisis climática y civilizatoria sean escuchadas.

 

Asimismo, llamamos a construir un paro internacional de mujeres para el próximo 8 de Marzo desde una visión amplia del trabajo que tenga en cuenta nuestras realidades heterogéneas. No habría capitalismo sin el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres.

 

Las organizaciones y movimientos de la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC convocamos a la continuidad de las luchas de resistencia a la presente ofensiva del capital internacional contra los derechos de los pueblos, en la construcción colectiva de la edición del Foro Social Mundial 2018, en Salvador, Bahía, Brasil, del 13 al 17 de marzo. ¡Resistir es crear, resistir es transformar!

La resistencia global se ha hecho ver y escuchar en Buenos Aires. Una vez más, adonde vayan los grandes foros globales, los esperará la resistencia de los pueblos en pie y luchando por sus derechos.

¡Fuera OMC!

¡Fuera G-20!

Asamblea de los Pueblos

Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC,

construyendo soberanía”

13 de diciembre de 2017

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