Qué Mundo

Octubre 2018


Con negación de la crisis civilizatoria a causa de los extractivismos, medulares a ambos países.

 

 

 

 

SITUACIÓN/ CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Coincidimos con Ariel Slipak en que: "Un análisis de los vínculos de América Latina con la nación asiática resulta imprescindible para la discusión sobre el modelo de desarrollo en la región. De allí la importancia de revisar críticamente las retóricas del gigante oriental sobre la equidad en las relaciones y unos vínculos sino-latinoamericanos fundados sobre principios de simetría".

América Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur

o «Consenso de Beijing»?
Marzo - Abril 2014

El incremento de poder económico, financiero y militar de China, junto con su capacidad para ejercer influencia política global, resulta uno de los fenómenos más notables en un sistema de producción y acumulación en transformación. Un análisis de los vínculos de América Latina con la nación asiática resulta imprescindible para la discusión sobre el modelo de desarrollo en la región. De allí la importancia de revisar críticamente las retóricas del gigante oriental sobre la equidad en las relaciones y unos vínculos sino-latinoamericanos fundados sobre principios de simetría.

Por Ariel Slipak

Introducción

La creciente relevancia global de la República Popular China en los planos económico, financiero y militar y su influencia política en diferentes regiones del planeta constituyen, sin dudas, uno de los acontecimientos más relevantes de finales del siglo XX e inicios del XXI. En simultáneo a los cambios en las formas de producción y acumulación global –las cadenas globales de valor se reorganizan desplazando gran parte de las actividades manufactureras hacia la región de Asia-Pacífico–, se produjeron en China reformas económicas y políticas que permitieron la consolidación de este país, hacia inicios de la segunda década del siglo XXI, como la segunda economía del planeta detrás de Estados Unidos, el primer prestamista de la Reserva Federal estadounidense, el principal productor mundial de manufacturas y el quinto emisor global de inversión extranjera directa (IED). No es menos importante agregar que las altas tasas de crecimiento económico han ubicado también al país asiático como el primer consumidor global de energía eléctrica y el segundo de petróleo1.

La creciente necesidad de China de productos básicos provenientes de actividades primario-extractivas ha derivado en notables incrementos de sus vínculos comerciales con América Latina desde la década de 1990, así como también en un importante desembolso de IED en la región a partir de 2009-2010 y en crecientes vínculos diplomáticos. Esto último es analizado por la mayor parte de la bibliografía en términos de «oportunidades y amenazas» u «oportunidades y desafíos» para América Latina. Otro enfoque usual es presentar a China como un nuevo posible hegemón con intenciones de desarrollar vínculos simétricos y cooperativos con nuestra región. Esta situación resultaría, así, en una superación de las tradicionales relaciones asimétricas que se han mantenido con otras potencias hegemónicas. En este artículo intentamos caracterizar cuál es la estrategia de vinculación de China con la región, discutiendo tanto con el enfoque de las «oportunidades y desafíos» como con el que presenta los vínculos sino-latinoamericanos como «simétricos».

La reemergencia de China y su rol global2

Hacia mediados de la década de 1980, la producción y acumulación a escala global se reorganizan. Las grandes empresas transnacionales aceleran la migración de la producción industrial a la región de Asia-Pacífico. Algunas de estas economías se convierten en centros manufactureros para las etapas con reducido contenido de valor agregado, pero en otros casos sobresale la localización de actividades intensivas en conocimiento.

El caso de China es particular. En 1978, Deng Xiaoping –nuevo líder del Partido Comunista Chino (PCCh)– inicia una serie de profundas reformas económicas, sociales y políticas. Marta Bekerman, Federico Dulcich y Nicolás Moncaut afirman que el otorgamiento de mayor autonomía a las unidades productivas y la flexibilización del sistema de determinación de precios han resultado claves para el incremento de los niveles de productividad de la industria en China3. Estos últimos fueron acompañados por una creciente apertura comercial y la creación en 1980 de zonas económicas exclusivas en el este del país4. Las grandes transnacionales globales emitieron importantes flujos de IED hacia estas zonas económicas exclusivas, ya que encontraban conveniente su radicación allí por los bajos costos laborales. El gobierno chino estableció como condicionamiento a las firmas transnacionales que arribaron al país la conformación de joint-ventures con empresas estatales y una gradual transferencia de tecnología hacia grandes empresas de capital local. Estas reformas se vieron igualmente acompañadas por una política de mantenimiento del rol del Estado como un activo planificador de la actividad económica y como orientador del crédito hacia actividades consideradas estratégicas.

Los incrementos de productividad laboral por encima de los salarios durante más de 30 años, en conjunción con abultados superávits comerciales, le han permitido a China mantener elevadas tasas de acumulación. Esto último implicó que el poderío de la República Popular también se extendiera al plano financiero, de manera tal que además de consolidarse como principal acreedor de la Reserva Federal de EEUU, pudo gracias a sus altas tasas de ahorro interno llevar adelante una agresiva política de inversión en diferentes regiones del planeta e incluso ser prestamista de muchos países de África y América Latina.

La creciente relevancia de China en la economía global no solo se tradujo en que el PIB del país sea el segundo del mundo desde 2011 –detrás del de EEUU–, tanto en términos corrientes como en paridad de poder adquisitivo, o en la transformación del país asiático en primer exportador y segundo importador mundial de manufacturas, sino también en el creciente poderío de sus grandes empresas transnacionales, mayoritariamente de propiedad estatal5.

En el plano geopolítico se observa una importante expansión de la actividad diplomática de China, que ha incrementado su presencia en foros y organismos internacionales de diferente índole e impulsado instancias bilaterales de cooperación con una cantidad creciente de países y regiones. Según la retórica del propio país oriental, se sigue una estrategia de «ascenso pacífico» en la jerarquía global, que también se ha dado a conocer como de «poder blando»6. Simultáneamente, China ha pasado a convertirse hacia finales del segundo lustro del siglo XXI en el segundo país con mayores erogaciones militares y ocupa un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)7.

En este contexto, numerosa bibliografía deja de otorgarle a China su tratamiento tradicional de país «emergente» o «en vías de desarrollo» desde diferentes marcos teóricos. Según autores como Luciano Bolinaga, el Estado oriental habría ingresado en un conjunto de países que detentan en el globo una posición de poder oligopólica8. De acuerdo con Rubén Laufer, debemos otorgar a China el estatus de gran potencia9; por su parte, Pablo Rossell sostiene, desde las concepciones del sistema-mundo de Immanuel Wallerstein, que al encontrarse EEUU en declive como hegemón, crece la incidencia global de China10.A partir de estas consideraciones teóricas, estamos en condiciones de afirmar que China no constituye el nuevo hegemón que desplazó o puede desplazar a EEUU como potencia rectora del planeta. Sin embargo, verificamos una creciente relación competitiva por la influencia política y económica en diferentes regiones del globo que nos permite hablar de un nuevo orden global en el que China tiene un rol destacado11. En este nuevo orden, resulta crucial para los países de América Latina comprender las características de sus vínculos con el país oriental a la hora de definir su inserción global y los diferentes proyectos societales en juego en la región.

 

Con el fin de discutir con mayor profundidad cuál es la estrategia de vinculación de la República Popular China con América Latina, debemos tener en cuenta un elemento importante. Tras el significativo crecimiento industrial entre las últimas dos décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI, la nación asiática abandona su posición de productor de manufacturas con contenidos tecnológicos reducidos o medios, para pasar a ser uno de los más importantes proveedores globales de productos industriales con alto contenido de valor agregado e intensivos en conocimiento. Dadas las altas tasas de crecimiento económico –con un promedio de 10% anual entre 1978 y 2011–, en China se incrementa la necesidad de varios productos básicos, tanto minerales e hidrocarburos como alimentos. Asimismo, se verifica una importante expansión de la urbanización y el crecimiento del ingreso per cápita12.

En este marco, el adecuado abastecimiento de energía y de productos básicos que provienen de actividades primario-extractivas resulta una condición necesaria para sostener el vertiginoso ritmo de crecimiento industrial e incluso para permitir gradualmente mayores niveles de consumo a la población asalariada urbana13. Por lo tanto, el gobierno chino pasó a considerar este tópico como un asunto de Estado, y ello influyó en su estrategia a la hora de entablar vínculos con los países de África y América Latina, lo que a su vez impactó en la forma de inserción de estas regiones en el nuevo esquema de producción y acumulación global.

 

China-América Latina y la «cooperación Sur-Sur»

Las relaciones diplomáticas y el intercambio comercial entre América Latina y China no son un fenómeno reciente. Desde la década de 1950 –poco después de la proclamación de la República Popular–, China desplegó una retórica diplomática basada en los denominados «cinco principios de la coexistencia pacífica». Estos incluyen el respeto mutuo por la integridad territorial, la no interferencia en asuntos internos de otras naciones y el trato igualitario entre los países cuyas relaciones deben ser de beneficio mutuo. Durante las décadas de 1960 y 1970, China mantuvo fluidos contactos diplomáticos con Estados de la región que fueron otorgando gradualmente su reconocimiento a la República Popular en detrimento de Taiwán. Este proceso se intensificó a partir de 1971 con el reconocimiento del escaño en la ONU a la China Popular, que desplazó así a la isla disidente. Sin embargo, el ritmo de incremento del comercio exterior se hace mucho más importante con el inicio del siglo XXI.

El cuadro de la página anterior refleja la intensificación de los vínculos comerciales entre China y América Latina. Hacia el año 2000, China no ocupaba un lugar privilegiado como destino de exportaciones u origen de importaciones de los países de la región. Para 2012, China representa, en casi la totalidad de los casos –con excepción de El Salvador–, uno de los tres principales proveedores de los países en cuestión. En cuanto a la creciente relevancia de China como destino de exportaciones, se verifica que la intensificación de los flujos comerciales se experimenta mayoritariamente para los países del Cono Sur, entre los que se destacan Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia y Argentina14.

En la mayoría de los casos, las exportaciones de la región al país oriental se encuentran concentradas en unos pocos rubros: se trata casi exclusivamente de productos provenientes de actividades primario-extractivas o de productos industriales basados en recursos naturales15. En tanto, las importaciones de los países de América Latina desde China se encuentran sumamente diversificadas y constan de productos con alto contenido de valor agregado16.

En el caso de Paraguay, es importante remarcar que sus exportaciones a China son prácticamente inexistentes ya que este país aún reconoce al gobierno instalado en Taiwán como la legítima «República de China». A pesar de que las exportaciones globales de Paraguay se componen de productos altamente demandados por China (porotos y aceite de soja, carne bovina y algunos tipos de maíz), el país sudamericano está vetado como proveedor como represalia por su política exterior. Este caso resulta sumamente ilustrativo sobre el proceder de la República Popular China hacia los países de la región.Un importante hito que aceleró el incremento de los vínculos comerciales entre China y varios países de la región fue la gira del entonces presidente Hu Jintao por Brasil, Argentina y Chile hacia fines de 2004. Como resultado de estas visitas, China firmó un memorándum de entendimiento con cada uno de estos países, en el cual las naciones sudamericanas le reconocen el estatus de economía de mercado. Eduardo Daniel Oviedo17 destaca que el reconocimiento de ese estatus (superior al reconocimiento de China por la Organización Mundial del Comercio [OMC] como «economía en transición» registrado en 2001) implica para los tres países sudamericanos limitar la aplicación de medidas anti-dumping hacia productos originarios de China18. Oviedo explica que, ante la imposibilidad del Mercado Común del Sur (Mercosur) de tratar este asunto a nivel regional19, China ha desplegado una estrategia de negociación bilateral con cada país que acentúa el carácter asimétrico de las relaciones. Indudablemente, el volumen de divisas que representan para estos países sus colocaciones de productos primario-extractivos en China actuó como una importante herramienta de coerción para el reconocimiento del estatus mencionado.

 

En materia comercial, también es relevante agregar que China tiene firmados tres tratados de libre comercio (TLC) con países de la región. Se trata de Chile (en 2005), Perú (en 2008) y Costa Rica (en 2011), y se encontraría próximo a la firma un acuerdo con Colombia. Transcurridos ocho años de firma del TLC entre Chile y China, se observa que las exportaciones del primer país hacia el segundo prácticamente se cuadriplicaron20. Sin embargo, en cuanto a la composición, se profundiza la tendencia a la concentración en productos primarios (cobre y sus derivados, mineral de hierro, madera, frutas y otros minerales). En el caso de Perú, desde la firma del TLC en 2008 el incremento de exportaciones también ha sido notable21. De manera análoga a lo sucedido con Chile, se mantiene la preponderancia de los productos primarios (diferentes minerales y pescado). Es de destacar que China estableció como precondición para entablar las conversaciones con Perú sobre un TLC el reconocimiento del estatus de economía de mercado, y lo mismo requirió de Colombia al inicio de las conversaciones para el estudio de la firma de un TLC en 2012. Solo Costa Rica escapa a estos patrones comerciales, ya que logró establecer cláusulas de protección a sus industrias nacientes y potenciar sus exportaciones de servicios con alto contenido de valor agregado a China. Ante este notable crecimiento de la relación comercial, hacia 2008 el gobierno de China publicó un documento conocido como el Libro Blanco de las Políticas de China hacia América Latina. Allí, las autoridades de la República Popular enuncian que sus vínculos con la región deben basarse en relaciones de equidad y cooperación mutuamente beneficiosas. Desde entonces continúan intensificándose las giras de altos dirigentes de China a la región, y creció la cantidad de memorándums de entendimiento y acuerdos de cooperación en materia científica, intercambios culturales y otras áreas firmados entre Beijing y países latinoamericanos. En estas instancias, China no deja de asumir su nuevo rol global, pero se presenta como un país que, al igual que otros del denominado «Sur» o «Tercer Mundo», procura diferenciarse de los hegemones tradicionales enfatizando la reciprocidad, el mutuo beneficio y la «cooperación Sur-Sur».

 

Con posterioridad a este documento, se inició un importante aluvión de inversiones chinas en varios países del Cono Sur, entre los que se destacan Brasil y Argentina, seguidos por Perú, Venezuela y Ecuador. El principal rubro al cual se orienta la IED china es el hidrocarburífero, seguido por la minería y otras actividades primarias. En un orden menor, pero de gran relevancia, también se observan inversiones en actividades terciarias que sirven de apoyo a las extractivas. Entre ellas, sobresalen las obras de infraestructura y los servicios financieros. Por razones de extensión, no caracterizaremos exhaustivamente los flujos de las inversiones chinas a la región, pero sí resulta importante resaltar algunas características:

- los proyectos de inversión no parecen buscar ganancias rápidas, sino simplemente el reaseguro del abastecimiento de los recursos naturales;- prevalecen la adquisición de firmas ya existentes o los pagos para acceder a licencias para llevar adelante una explotación, por sobre el desembarco de firmas nuevas;- en los reducidos casos en los que se establece una nueva empresa, no se observan transferencias tecnológicas a los países de destino de esas inversiones;- las firmas chinas (estatales) no establecen condicionamientos en materia jurídica o de política económica al país de destino, aunque suelen sugerirse políticas de posicionamiento internacional (por ejemplo, el reconocimiento de la existencia de «una sola China», lo cual implica desconocer el reclamo de Taiwán sobre China continental);- en los casos en que deban realizarse obras de infraestructura, se suele establecer la obligatoriedad de contratar firmas de origen chino para la provisión de insumos y la realización de etapas que implican mayor agregado de valor, como así también la concesión del uso de infraestructura local con exclusividad para sus empresas.

 

Otro fenómeno de gran relevancia es el otorgamiento de préstamos a países de la región a cambio de commodities como garantía, o de que estos puedan ser comprados a precios por debajo de los del mercado22. En líneas generales, mientras que China se presenta como un país con pretensiones de desplegar relaciones basadas en el mutuo beneficio, los vínculos resultan en verdad sumamente asimétricos. Esto se verifica tanto en el plano comercial, mediante una integración creciente basada en ventajas comparativas estáticas tradicionales, como en el desembarco de inversiones directas y en el desembolso de préstamos: aunque no se imponen los tradicionales condicionamientos que establecían EEUU, Europa o los organismos multilaterales, de una manera novedosa se alientan prácticas igualmente coactivas y coercitivas, propias de una relación entre un país periférico y uno central23.

 

¿Del Consenso de Washington al «Consenso de Beijing»?

Si bien no es nuestro objetivo caracterizar exhaustivamente los modelos de desarrollo de cada país de América Latina, seguimos a Maristella Svampa cuando afirma que en la región una importante cantidad de gobiernos construyen sus discursos a partir de una lógica contraria a la del denominado «Consenso de Washington». Las políticas ligadas al Consenso de Washington colocaban en el centro de la agenda la valorización financiera, al tiempo que conllevaban una política de ajustes y privatizaciones que se aplicó de manera homogénea en la región y en la que el Estado actuaba como un agente metarregulador24.

 

Svampa sostiene que en los últimos años la región habría entrado en una nueva etapa: la del «Consenso de los Commodities». En ella, tanto los gobiernos que muestran continuidades con el Consenso de Washington como aquellos que desde lo discursivo, lo político y lo productivo rompen con él, aceptan por igual una inserción en el sistema de producción y acumulación global como proveedores de productos básicos con bajo contenido de valor agregado, aprovechando sus elevados precios internacionales. De esta forma, priorizan el desarrollo y la expansión de megaproyectos extractivos y se constituyen en enclaves de exportación con destino a los centros manufactureros del planeta. En algunos casos, la renta de estas actividades es apropiada por el Estado para el despliegue de políticas progresistas. Sin embargo, todos estos gobiernos –a pesar de sus diferencias– asumen la necesidad de potenciar lo que Svampa denomina un «modelo de desarrollo neoextractivista» como destino inevitable, una verdad irrevocable, el sendero necesario hacia el desarrollo.

De manera análoga, sin importar cuáles sean las diferencias políticas entre sus gobiernos, ya sea que estos empoderen o no a los sectores subalternos, tengan o no una retórica de rechazo a las potencias tradicionales y al Consenso de Washington, todos los países de la región han colocado en el centro de su agenda la ampliación de los vínculos comerciales con China y la apertura a sus inversiones como una importante fuente de divisas. En un contexto internacional en el que EEUU, Europa y Japón están en crisis, la profundización de las relaciones con China se presenta como un destino irrevocable. Ante la nueva configuración global, los países latinoamericanos asumen una actitud adaptativa hacia el país que se presenta como una nueva gran potencia.Así como el «Consenso de los Commodities» reúne a gobiernos que adhieren a una matriz de pensamiento neoliberal ortodoxa junto a otros que la rechazan enfáticamente, lo mismo sucede con los vínculos sino-latinoamericanos. Los gobiernos que aún reivindican recetas neoliberales pueden celebrar TLC y practicar abiertamente una relación comercial basada en ventajas comparativas, mientras que los gobiernos progresistas presentan esta relación como una ruptura con los hegemones tradicionales25.

En un mundo cambiante en cuanto a las formas de producción y acumulación, la República Popular China cumple el rol de «gran potencia». Pero como sostiene Oviedo, al presentarse ante América Latina como un país en vías de desarrollo con el cual se establecerán relaciones mutuamente beneficiosas, el país oriental incurre en una «hipocresía internacional», que se verifica en los múltiples aspectos mencionados: en las negociaciones para entablar TLC, en los condicionamientos para las relaciones comerciales y para el arribo de inversiones y en los mecanismos coactivos y coercitivos para influir en los lineamientos de política internacional, entre otros26.

Por «Consenso de Beijing en América Latina» nos referimos, entonces, a la adhesión a la idea de que el sendero inevitable para el desarrollo de la región es la profundización de estos vínculos con la República Popular China. Vínculos que se presentan como de cooperación entre «países en vías de desarrollo» pero que, detrás de esa retórica, reproducen patrones de subordinación y dependencia característicos de relaciones entre centro y periferia. (…) Fuente: http://nuso.org/articulo/america-latina-y-china-cooperacion-sur-sur-o-consenso-de-beijing/

 

 

Examinemos cómo el gobierno progresista, en apariencia más de izquierda revolucionaria, participa de súper negocios de las transnacionales a expensas de arruinar las condiciones de vida y trabajo sobre todo para las generaciones futuras y aumentar la sumisión de Bolivia al sistema mundo capitalista.

 

 

Extorsión económica

27 de junio de 2018

 

 Por Raúl Prada Alcoreza

Las concesiones en el Salar de Uyuni, es más, la historia de las concesiones en dicho salar, muestran los altos grados de dependencia y subalternización del Estado al monopolio de las empresas trasnacionales. En ensayos anteriores[1] describimos y analizamos las situaciones en las que se repite la increíble y triste historia de la economía basada en el extractivismo, condición exacerbada de la colonialidad heredada y continuada. El caso QUIBORAX alumbra por los niveles de extorsión económica a la que se ha llegado, no sólo en lo que respecta a la empresa comprometida en el asunto, sino con participación de dispositivos internacionales jurídicos que defienden las inversiones. Que la empresa haya invertido solo menos de un millón de U$ o alrededor de este monto, que reclame, en principio, 3 millones de U$, y que después del pleito y el veredicto jurídico internacional tenga que pagar el Estado boliviano un poco más de 42 millones de U$, se hace patente que se trata descarnadamente de una extorsión económica. Sin embargo, el “gobierno progresista” declara que esto se debe a un error técnico jurídico del expresidente Carlos Mesa Gisbert; acatando el fallo, que basa su revisión en un documento fraudulento. Esta respuesta, que acepta un fallo incongruente, que sólo se sostiene en argumentos leguleyos, de parte de un gobierno que se declara “antiimperialista”, es patética; muestra la enorme degradación a la que se ha llegado. A todas luces resalta la complicidad de un gobierno que debería defender los recursos naturales del pueblo boliviano y que administra el Estado con la empresa expoliadora, que ha incumplido con el convenio y el contrato asignado.

En adelante incursionaremos en esta problemática, la de la colonialidad económica y la dependencia, y en el fenómeno de la extorsión económica, tomando como referente el escabroso caso de QUIBORAX. Comenzaremos haciendo una revisión de lo que resalta en los medios de comunicación, es decir, lo que llega a la opinión pública, a través de los filtros mediáticos y políticos, o lo que se hace visible debido al manejo inmediato de la información, sin auscultar mediante periodismo de investigación, que es la falencia del sistema de comunicación en Bolivia.

Perfiles mediáticos del pleito

El conflicto jurídico sobre el caso QUIBORAX, que tiene atareado al “gobierno progresista” y convulsionada a la opinión pública, impacta de distintas maneras en los diferentes planos de los espesores sociales; uno de los impactos, que se hace más notorio por su masiva difusión, es el que se da a través de los medios de comunicación, también en las reacciones políticas al veredicto del CIADI. A propósito de este impacto comunicacional y político, nos detendremos en el mismo, sobre todo atendiendo al trazo que se configura, que llamamos perfil mediático.

El analista Carlos Böhrt Iraola, en un artículo de prensa, se pregunta ¿Quién es responsable del caso Quiborax? Escribe:

“En diciembre de 2003, Carlos Mesa promulgó la Ley 2564 declarando al Salar de Uyuni reserva fiscal y autorizando la realización de auditorías completas sobre las concesiones existentes en el salar, y, en función de los resultados, declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros de las personas que estén incumpliendo las leyes.

En ejecución de esa ley, en junio de 2004, Carlos Mesa emitió el Decreto 27589, disponiendo “la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de la empresa Q-NMM. Decreto este con dos delicados errores jurídicos: el Código de Minería vigente por entonces (Ley 1777) no preveía la revocación como modalidad de finalización de la relación jurídica entre el Estado y los titulares de las concesiones, y no le correspondía al Presidente adoptar semejante decisión. No obstante, en el curso de las siguientes semanas la empresa fue desalojada de sus concesiones.

En octubre de ese año, el Superintendente de Minas, autoridad competente para decidir en la materia, declaró la anulación de las pertenencias mineras de Q-NMM, conforme a los artículos 156 y 158 del Código Minero. Finalmente, en diciembre de 2005, Eduardo Rodríguez Veltzé, al finalizar su mandato, abrogó la errada norma legal de Carlos Mesa mediante el Decreto 28527. La decisión del Estado boliviano se había reencausado legalmente.

Para enervar la acusación en su contra y basado en la documentación publicada por un matutino cruceño, el expresidente denunció la comisión de graves irregularidades por parte de los citados altos funcionarios masistas en este conflicto:

a) En marzo de 2008, Q-NMM ofertó retirar el proceso arbitral ante el CIADI a cambio de tres millones de dólares, transacción rechazada por Héctor Arce Zaconeta, ministro de Defensa Legal del Estado, por la existencia de una deuda impositiva de 9,1 millones de bolivianos, que bien pudieron ser descontados del pago, después de firmar el contrato transaccional,
b) Meses más adelante, en el marco de la acción penal abierta por el Ministerio Público, gracias a la confesión del abogado boliviano David Moscoso, se descubrió que personeros de Q-NMM falsificaron documentos para así cumplir las formalidades exigidas por el CIADI en el inicio de los procesos arbitrales. A pesar de esa confesión, la entonces ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, no fue capaz de proteger los derechos de Bolivia.
c) En agosto de 2016, siendo Procurador General, Héctor Arce, sospechosamente se sostuvo una reunión entre representantes de Q-NMM y la subprocuradora General del Estado, Carmiña Llorenti, en las oficinas de ésta, en la que se acordó cerrar el juicio penal contra los personeros de la empresa y se redactó un proyecto de sentencia de sobreseimiento, confirmando de ese modo la absoluta sumisión de los órganos de justicia al poder político. Por todo ello, sostiene Carlos Mesa, los responsables del pago de 42,6 millones de dólares a Q-NMM son los mencionados miembros del gobierno de Evo Morales.
Conocidos los antecedentes de este delicado caso, todo hace ver que sólo se necesita esclarecer tres hechos:

Que Elizabeth Arismendi, en efecto, no defendió adecuadamente los intereses del Estado;
¿Cuándo y a solicitud de quién se cerró el proceso penal contra los personeros de Q-NMM?
¿A cambio de qué finiquitaron ese juicio? Conclusión final: ¡El Fiscal General está obligado a abrir la investigación criminal contra Héctor Arce, Elizabeth Arismendi, César Navarro y Pablo Menacho!”[2]

La pregunta de ¿Quién es responsable del caso Quiborax? apunta al aspecto jurídico del problema, incluso, ampliando, se irradia al aspecto político del problema; sin embargo, el problema no se circunscribe a estos dos aspectos, pues la cuestión prioritaria a la que hay que responder es ¿qué clase de relaciones económicas y políticas sostienen la concesión mentada? Como dijimos antes, se otorgan estas concesiones en el marco de la concepción extractivista de que los recursos naturales son objetos, objetos que se reducen a la condición de materias primas, incorporándose a las cadenas productivas. Por otra parte, desconociendo la experiencia de la planta de investigación y experimental de la UMSA, que vino trabajando en el Salar de Uyuni durante décadas. Sólo tomando el caso de QUIBORAX, remitiéndonos a los ensayos anteriores para otros incidentes, que consideran un conjunto de casos parecidos o del rubro, en el contexto de la reiterativa política económica extractivista y dependiente, sobresale la dadivosidad del gobierno, de entonces, al hacer la concesión a la empresa cuestionada, que viene acompañada por otras concesiones a la empresa QUIBORAX.

Esta concesión se efectúa en pleno periodo neoliberal, cuyas políticas económicas precisamente se caracterizaban por privatizar e incentivar el capital internacional. La corrección que se busca posteriormente a estas dádivas políticas y económicas, declara la ampliación de las reservas fiscales en el Salar de Uyuni, restringiendo el control del espacio concedido a la empresa, después, interviniendo y suspendiendo la concesión, sobre todo por incumplimiento. Desde el punto de vista económico y de los intereses del Estado, el tema principal no es si hubo errores procedimentales, sino si se actúo correctamente en defensa de los recursos naturales, en ese entonces, del Estado. Aquí tampoco hay donde perderse, la responsabilidad del gobierno nacional era recuperar los recursos naturales del Salar de Uyuni, concedidos dadivosamente a las empresas involucradas.

 

Al respecto, sorprende, entonces, la actitud del “gobierno progresista” y “antiimperialista”, cuando se resguarda señalando un “error procedimental”, olvidando la cuestión principal, la soberanía sobre los recursos naturales. ¿Cómo interpretar la incongruente y contradictoria postura gubernamental?

 

Comencemos por lo que se hace evidente; el “gobierno progresista” no defendió adecuadamente los intereses del Estado boliviano ni los recursos naturales, que son propiedad del pueblo boliviano, tal como establece la Constitución. El veredicto internacional, por más que se sostenga en la jurisprudencia y en argumentos aparentemente legales, es insostenible, pues la diferencia entre la supuesta inversión y el pago a la empresa es de 39 millones de U$, lo que significa que la empresa obtiene 13 veces el monto supuestamente invertido. ¡Una super-ganancia fabulosa! ¿Cómo puede haber ocurrido esto? ¿En que condiciones se obtiene este fabulosa super-ganancia? Estamos en un orden mundial que lo que menos garantiza es la justicia; que funciona, mas bien, como el macro operador de legalización de ilegalidades, el gran garante de la expoliación de naciones y pueblos, el gran legitimador del extractivismo depredador y destructor de los ecosistemas.

Sorprende no solo la actitud del gobierno clientelar, embarcado en su propia decadencia, sino la actitud de los medios de comunicación y “analistas” que obvian, de entrada, los temas de fondo, y se pierden en una discusión leguleya. Teniendo en cuenta esta consideración, ya no es sorprendente la actitud de una “oposición”, que hace de complemento de la vocación de poder del gobierno clientelar; la “oposición” también se pierde en el debate leguleyo. Todos son cómplices de la expoliación económica del orden mundial y de la economía-mundo capitalista, concretamente, en este caso, de la extorsión económica de una empresa sin escrúpulos y de un gobierno secuaz. También sorprende la actitud pusilánime del pueblo, que no atina a responder ante semejante vulneración de su soberanía y atentado extorsionador en contra de sus posesiones y propiedades, las del pueblo boliviano. La pusilanimidad también es una actitud cómplice. Entiéndase, esta cuestión, la del destino de los recursos naturales del Salar de Uyuni, así como la cuestión del pleito jurídico contra el Estado boliviano, abierto por la empresa, no es un tema que compete al debate entre “oficialismo” y “oposición”, aunque sean los actores del espectáculo mediático y político; son cuestiones que atañen al pueblo boliviano, son cuestiones que exigen su responsabilidad.

Volviendo al tema que ocupa a medios de comunicación y a la clase política, en el diario El Deber, se hace una puntualización del asunto:

“El enredo jurídico-político tiene como efecto una oleada de versiones que confunden y pueden obstruir la identificación clara de los responsables del pago de 42,6 millones de dólares del Estado boliviano como indemnización a una empresa chilena que se adjudicó hace años concesiones en el salar de Uyuni.

Son tres los asuntos que generan abundantes sospechas y dudas. El primero interpela a quienes avalaron el contrato con QUIBORAX, que luego fue anulado por el Gobierno de Mesa. Este tema no se aborda, pese a ser medular. El segundo ocupa la centralidad de la confrontación política- jurídica y apunta a responsabilizar al vocero de la demanda marítima boliviana por el millonario daño económico que causó la expulsión de la compañía chilena durante su mandato presidencial. La tercera, igual de central, es la cuestionada actuación de la defensa boliviana durante el Gobierno de Evo Morales en el laudo ante el CIADI, que finalmente perdió Bolivia”[3].

 

Para entender este menjunje debemos retroceder, como se dice, a los inicios de la historia; comenzaremos con breves descripciones de los factores y actores intervinientes en este entramado truculento económico, político y jurídico.

QUIBORAX es una empresa minera chilena, fundada en 1986, cuyas actividades y operaciones se dan en el Salar de Surire, en la I Región. QUIBORAX produce una gama de productos de boro, incluyendo ácido bórico; gránulos de boro – conocidos como granulex -; y fertilizantes e insecticidas, los cuales combinan boro o ácido bórico con sulfato de calcio, boratos de sodio y otras sales. En junio del 2004 el Ministerio de Minería e Hidrocarburos (MMH) de Bolivia tomó la decisión de revertir las concesiones de QUIBORAX para explotar ulexita en el Salar de Uyuni, – ubicado en el departamento boliviano de Potosí – argumentando el incumplimiento de normas ambientales e irregularidades en la entrega de las áreas. QUIBORAX es el controlador chileno de la empresa boliviana Non Metallic Minerals, a través de la cual explotaba ulexita y otros recursos evaporíticos en el Salar de Uyuni[4].

Entonces, QUIBORAX es una empresa chilena que se fundó en 1986 y comenzó su producción recién en 1988. Se encarga de producir ácido bórico y productos agroquímicos. Exporta a través de los puertos de Arica a todo el mundo. La empresa, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA. Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Carlos Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía QUIBORAX en esa región potosina.

En el periódico Los Tiempos se publica un articulo que hace un recuento, titulado Claves para entender el caso QUIBORAX; un juicio en el que Bolivia pierde $us 42,6 millones, donde se describe la situación:

“En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a Bolivia por 66 millones de dólares.

En septiembre de 2015, CIADI falló a favor de QUIBORAX, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, CIADI desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.

En el fallo, un documento de 73 páginas, fechado el pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el CIADI informó su decisión, tomada el 30 de abril pasado, de “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015.

El pasado jueves, el Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó CIADI y pagó 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.

El contrato de transacción fue suscrito ese mismo jueves. La pretensión de la empresa demandante era de 150 millones de dólares, pero el acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado, quedando en los 42,6 millones de dólares señalados”[5].

El expresidente Carlos Mesa Gispert va más lejos, acusa al gobierno de haberse comprometido con la empresa cuestionada. ERBOL publica un artículo titulado Mesa: Procurador pactó caso Quiborax con asesor de Chile, donde se dice que:

“El expresidente Carlos Mesa reveló este martes que la Procuraduría General del Estado, a la cabeza de Pablo Menacho, hizo un acuerdo transaccional por el caso QUIBORAX, con el abogado Andrés Jana, quien es asesor de Chile en el juicio por demanda marítima que se desarrolla en La Haya”[6].

Hasta aquí el perfil mediático del pleito, que, de todas maneras, nos muestra las consecuencias jurídicas y económicas del arbitraje internacional, además de mostrarnos el manejo político del tema, tanto por el “oficialismo” y la “oposición”, así como por los medios de comunicación. Todo esto es ilustrativo de la hegemonía jurídica-política-económica de las empresas trasnacionales en la economía-mundo capitalista y en el orden mundial. Ahora, en lo que sigue, intentaremos adentrarnos a otros perfiles del asunto; el que tomaremos en cuenta en este texto es el relativo a la extorsión económica.

Comenzaremos con una descripción somera del drama de la soberanía de los recursos naturales, drama donde la soberanía tiene que abrirse camino en una maraña de obstáculos, alambres de púas, casamatas, artilugios, que usan las empresas trasnacionales para defenderse, evitando la realización de la soberanía, que queda como atrapada en la telaraña jurídica-política-económica de la economía mundo; llevándose como botín los recursos naturales expoliados a los países, pueblos y Estado-nación subalternos de la periferia del sistema-mundo capitalista.

Perfil económico-político del pleito

Otro plano de intensidad, en el que impactó el conflicto jurídico mentado, es el que podemos definir como el de la crítica, que es sensible ante los síntomas de los eventos y sucesos sociales, políticos, económicos y culturales. La perspectiva crítica busca, mas bien, interpretar los síntomas, efectuar una sintomatología, buscando auscultar lo que pasa en los substratos de las dinámicas sociales. Como aproximación a estos substratos se puede configurar un perfil económico-político. En este escrito haremos anotaciones que ayuden a dibujar este perfil, que aparece como actitud analítica del problema en cuestión.

En Lucha por el territorio de Nor-Lipez de Manuel Gysler se dice que después del conflicto con la LITHCO, las comunidades instalaron una planta de sal yodada, así como que tenían proyectada la instalación de una planta piloto de litio en el salar. Se tardó hasta la promulgación del Decreto supremo 29496, del 1 de abril de 2008, cuando se estableció la creación de una entidad que se encargaría de la instalación de una planta piloto de carbonato de litio. En mayo de 2008 el presidente colocó la piedra fundamental de la planta, contando con una inversión de 5,7 millones de U$, cuya conclusión debería efectuarse en el transcurso de 18 meses. Fuera de este proyecto connotado, existían 68 concesiones en el Salar de Uyuni; del total de estas empresas 46 se tramitaron en la gestión de gobierno de Hugo Banzer Suarez (1997-2001). Después de una evaluación 41 concesiones fueron consideradas como inactivas, 4 habrían finalizado sus trabajos de exploración y solo una concesión habría quedado activa. Se dice en el libro que “bajo estas consideraciones el gobierno de Evo Morales Ayma anuló las concesiones de la empresa boliviana Non Metallic Minerals SA.”, aunque fue el gobierno de Carlos Mesa el que lo hizo. Se puede entender, para lo que compete en la descripción, que el gobierno de Evo Morales consolida dicha anulación. Las concesiones a esta empresa fueron otorgadas en 1998 por la Superintendencia de Minas de Tupiza de una forma ilegal. Fue la misma autoridad la que en el 2004 anuló los trámites por errores procedimentales, mediante Resolución Administrativa. Posteriormente, el 2006, la empresa QUIBORAX presentó una demanda contra el Estado boliviano ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI), argumentando que siendo accionista de la empresa Non Metallic sus inversiones en el Salar de Uyuni quedaban afectadas debido a la anulación de las concesiones. Ante este reclamo el gobierno se comprometió entregar a la empresa demandante 350.000 toneladas de ulexita con el objeto de cubrir el supuesto daño que se causó. De acuerdo al presidente de CIRESU, Daniel Howard, no existía sociedad alguna entre Non Metallic y QUIBORAX, en consecuencia, la empresa demandante no tenia nada que reclamar ni tenia derecho a ninguna indemnización. Por otra parte, los dirigentes del Comité Cívico Potosino (COMCIPO) afirmaron que las inversiones de QUIBORAX no eran de 3 millones de dólares, como había declarado la empresa, sino mucho menos, incluso la cifra pírrica de 500 U$. Comprando las cargas de la empresa boliviana Non Metallic, QUIBORAX no habría sido dueña de la concesión otorgada. El ex presidente del Comité propuso que se debería procesar a la empresa por el saqueo de los recursos naturales[7].

Como se puede ver esta historia económica parece corresponder a uno de los estilos típicos de las relaciones entre empresas trasnacionales y los Estado-nación subalternos, en lo que respecta al tratamiento, por ambos, de los recursos naturales. Empresas trasnacionales y Estados-nación subalternos consideran a los recursos naturales como objetos de extracción, objetos que son catalogados en las cadenas productivas como materias primas. Los monopolios, que conforman estas empresas trasnacionales, controlan las reservas de materias primas; controlan las concentraciones industriales, que pueden también disgregarse, para poder ser congregadas en el armado industrial; controlan los recorridos del transporte y los mercados; de alguna manera, aunque con contingencias, controlan, por lo menos durante ciertos periodos, la determinación de los precios. Dando lugar a relaciones de términos de intercambio en detrimento de los Estado-nación subalternos. En lo que respecta a la explotación y a las inversiones, se dividen o conforman subsidiarias; en su caso, llegan a acuerdos con otras empresas nacionales, con el objeto de controlar mejor las cadenas productivas; en la base de estos procesos, lograr mejores concesiones en los países donde operan sus capitales y sus máquinas económicas. En otras palabras, logran camuflar los controles monopólicos, presentándose de manera separada a las licitaciones, concesiones y contratos.

Cuando hablamos del bórax, de la ulexita, del manganeso y del litio, estamos hablando de minerales que se consideran metálicos y no metálicos, dependiendo. Son usados en los procesos industriales de reciente generación; por ejemplo, en la producción de semiconductores; así como también en la agroindustria. La exportación de ulexita se realiza principalmente para agroindustrias que aprovechan el bórax refinado, del que se obtiene potasio y magnesio como fertilizantes. El manganeso tiene variados usos, para el aumento del octanaje, en las baterías desechables estándar, para producir acero y hierro, en aleación con el aluminio, para oxidar el alcohol bencílico, para verdear el vidrio, en la fabricación de pinturas, en la cerámica. El litio también tiene usos múltiples, dependiendo de las composiciones donde participa; son excelentes secantes y se emplean en bombas de calor, para el tratamiento de la manía; como lubricante, en naves espaciales y submarinos; en la construcción aeronáutica; también en la fabricación de lentes y telescopios; así como tiene aplicaciones nucleares. Entonces, no estamos hablando, por así decirlo, del clásico extractivismo, sino de un extractivismo más sofisticado, que requiere para su extracción de tecnologías avanzadas; también su incorporación a las cadenas productivas se efectúa en industrias de alta tecnología. El mercado de estos minerales metálicos y no metálicos es también especializado. Sus reservas se hallan concentradas en el llamado “triángulo del litio”, que se encuentra entre Argentina, Bolivia y Chile, donde las mayores reservas se ubican en Bolivia.

 

Se puede decir que la historia de las concesiones, así como la defensa de los recursos naturales, en Bolivia, incumbe a una guerra por el control de las reservas. Lo primero que habrían hecho las empresas trasnacionales es lograr el control de las reservas; por eso sus convenios y compromisos resultan tan ambivalentes. En lo que respecta a la soberanía, al parecer, las empresas trasnacionales han boicoteado esta posibilidad, pues, al controlar el mercado, buscan disminuir sus costos en la cadena productiva y obtener super-ganancias; por eso intervienen suspendiendo la soberanía, desconociéndola en la práctica, aunque lo hagan de dientes para afuera, en el discurso. En tercer lugar, en el contexto y la fase de la dominancia del capitalismo financiero y especulativo, las empresas trasnacionales especulan con las concesiones que obtienen, buscando obtener super-ganancias a través de procedimientos especulativos; incluso llegar a extorsionar a los Estado-nación subalternos involucrados.

En este contexto histórico-económico-político no es inverosímil lo que ha pasado en el asunto de QUIBORAX; se puede interpretar el entramado sinuoso de su decurso y sus desenlaces como parte del funcionamiento de las máquinas económicas del sistema-mundo capitalista en la fase del capitalismo financiero y especulativo. Se trata, en este caso, de máquinas económicas más sofisticadas, que logran manipular mediante el monopolio del control de las tecnologías requeridas para explotación y combinar este monopolio con estrategias especulativas y de extorsión.

 

Cuando preguntábamos sobre las condiciones de posibilidad en las que se da la super-ganancia de la empresa en cuestión, a través de un veredicto jurídico internacional, nos abrimos a la gama de factores articulados que acabamos de mencionar; sin pretender abarcarlos todos, vale la pena mencionar uno más, el relativo a la corrosión institucional y a la corrupción. Lo que ha ocurrido, la derrota gubernamental en el conflicto jurídico desatado por la empresa contra el Estado boliviano, la obtención de una super-ganancia, insostenible económicamente, ganada de manera leguleya por la empresa, sólo puede haberse dado en concomitancia con el gobierno clientelar. Se han tenido que hacer partícipes de esta extorsión a altos personeros del gobierno clientelar.

Estamos ante un perfil de la extorsión económica. La extorsión económica es el mecanismo mediante el cual se obtienen super-ganancias, que ya no tienen que ver con el desenvolvimiento corriente de la economía y el mercado, sino con despliegues del lado opaco y el lado oscuro de la economía, así como tienen que ver con el lado oscuro del poder. La ganancia obtenida no es resultado del cálculo costo y beneficio, sino de la extorsión, que funciona en la sinuosa maquinaria de la economía política del chantaje. Por más que se encubra jurídicamente esta extorsión, no resulta del funcionamiento económico propiamente dicho, sino del funcionamiento de las formas paralelas del ejercicio del poder. Se trata de ganancia extraordinaria, lograda por el empleo de la coerción y el chantaje, por el uso de la violencia solapada, encubierta con lenguaje jurídico.

La extorsión económica es un indicativo de a dónde ha llegado la dominación ejercida por las máquinas del poder; también es indicativo de a dónde ha llegado la subalternización, que adquiere la característica de sumisión descarnada; así mismo es indicativo de los elevados niveles de corrosión institucional y de corrupción.

 

Notas

[1] Ver de Raúl Prada Alcoreza Periplos del desarrollismo; también Colonialismo extractivista y dependencia con el litio.

https://pradaraul.wordpress.com/2018/04/06/periplos-del-desarrollismo/.

https://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/colonialismo-extractivista-y-dependencia-con-el-litio/.

[2] Leer ¿Quién es responsable del caso Quiborax? http://www.paginasiete.bo/opinion/2018/6/21/quien-es-responsable-del-caso-quiborax-184289.html.

[3] Leer La politización del caso Quiborax. https://www.eldeber.com.bo/opinion/La-politizacion-del-caso-Quiborax-20180621-9463.html.

El artículo sigue el relato: Aunque la expulsión de QUIBORAX es aprobada prácticamente por unanimidad, la forma en la que se lo hizo habría provocado la millonaria indemnización, según el Gobierno, y es lo que tiene acorralado a Mesa. El exmandatario ha reconocido fallas en los procedimientos de anulación de concesiones, pero asegura que fueron corregidas incluso por su sucesor Eduardo Rodríguez Veltzé. Este es el punto que Mesa debe todavía esclarecer de forma más convincente para quedar libre de sospecha y, sobre todo, de culpa.

Si la verdadera intención del proceso es dar con los responsables del millonario daño, se tiene que considerar con la misma preponderancia las denuncias que alcanzan a funcionarios de Evo Morales que manejaron la defensa del caso QUIBORAX. En la última semana se ha sabido de que los chilenos usaron un acta falsa en el laudo, lo que debió ayudar a frenarlo. Es llamativa también la revelación de que el Gobierno recibió la oferta de cerrar el proceso con el pago de 3 millones de dólares en vez de lo que al final resultó 42,6 millones de dólares. También es delicada la revelación de que se filtró documentación confidencial boliviana a los chilenos durante una negociación.

En consecuencia, la investigación debería transcurrir con igual celeridad para aclarar la actuación de Mesa como la de los ministros y el procurador acusados. De lo contrario, parecerá ser solo el eje de un sistemático plan de eliminación de un potencial rival electoral del oficialismo.

[4] Quiborax S.A. https://www.bnamericas.com/company-profile/es/quiborax-sa-quiborax.

[5] Leer Claves para entender el caso Quiborax; un juicio en el que Bolivia pierde $us 42,6 millones. http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180613/claves-entender-caso-quiborax-juicio-que-bolivia-pierde-us-426-millones.

El artículo continúa con el recuento de las posiciones encontradas:

Gobierno del MAS acusa a Mesa

El pasado 22 de mayo, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Mesa y tres de sus exministros, tras la pérdida del juicio internacional con QUIBORAX.

La Procuraduría dijo que en el Gobierno de Mesa se incumplieron leyes y que incluso el Decreto Supremo 27589 es ilegal.

La denuncia contra Carlos Mesa fue presentada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Sin embargo, el expresidente y actual vocero de la demanda marítima contra Chile, aseguró que los responsables de la derrota boliviana en el juicio ante QUIBORAX son el actual procurador, Pablo Menacho, y sus antecesores, por “la desastrosa negociación” realizada con el consorcio minero entre 2006 y 2018.

Mesa dijo también que el Gobierno incurrió en una contradicción al señalar la ilegalidad del Decreto Supremo 27589 ya que la propia Procuraduría, en el laudo de apelación presentado ante CIADI en 2015, defendió la legalidad de esa norma.

Se señala el nombre de Rodríguez Veltzé

El expresidente dijo que si la Fiscalía lo investiga a él también debería ser incluido el exmandatario, Eduardo Rodríguez Veltzé.

Sin embargo, Rodríguez Veltzé afirmó que no debatirá “insinuaciones de orden político” respecto a las declaraciones realizadas por Mesa.

“Asumo la responsabilidad del (Decreto Supremo 27589) emitido por mi Gobierno y que contó con la aprobación previa del Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE); no debatiré insinuaciones de orden político”, recalcó.

En medio de todo esto, la presidenta de la Comisión que investiga el caso Lava Jato, la diputada Susana Rivero, anunció que se rastrearán las cuentas de Mesa.

Mesa acusa a QUIBORAX de falsificar acta para demandar a Bolivia

El expresidente de Bolivia aseguró ayer que la empresa chilena falsificó un acta para demandar a Bolivia y conseguir una indemnización económica por la reversión de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni.

Mesa dijo que el arbitraje demandado por esa empresa fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad, por lo que presentó ante la Fiscalía las pruebas de estas afirmaciones.

“El Arbitraje en el caso QUIBORAX en contra del Estado de Bolivia es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito de falsificación y uso de documento falsificado, confesado en un proceso penal que concluyó con sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración jurada del propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y representante de la empresa que promovió este proceso arbitral”, expresó en un artículo publicado en su página web.

Ante esta situación, Mesa pidió el rechazo a la acusación presentada por la Procuraduría General del Estado en su contra dentro de este caso.

Gastos y honorarios del Comité; un pago extra

CIADI determinó además que el Estado boliviano tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del CIADI en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.

La entidad internacional determinó que QUIBORAX pague los costos en los que incurrió su defensa (462 mil dólares) y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (1.384.801 dólares).

[6] Leer Mesa: Procurador pactó caso Quiborax con asesor de Chile. http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/12062018/mesa_procurador_pacto_caso_quiborax_con_asesor_de_chile.

El articulo continua el relato de la siguiente manera:

Jana apareció la semana pasada en una conferencia de prensa junto al procurador Pablo Menacho y el ministro de Minería, César Navarro, para anunciar que se había llegado a un acuerdo para pagar a QUIBORAX más de 42 millones de dólares, debido a la indemnización surgida por la expulsión de la empresa chilena de la explotación de ulexita en el Salar de Uyuni.

“El señor Andrés Jana es parte del equipo jurídico privado que apoya a Chile en la demanda que Bolivia tiene en La Haya, o sea llegamos al caso increíble de que el Procurador General del Estado está dándole la mano y firmando una entrega de 42 millones, 50 veces el valor de lo invertido por Quibórax nada menos que al representante de QUIBORAX, que a su vez es parte del equipo jurídico privado que está apoyando a Chile”, dijo Mesa en Sucre.

Reportes de medios chilenos confirman a Jana como asesor de su país ante el proceso en La Haya. En marzo reciente, el jurista afirmó que la demanda boliviana es débil en su sustento jurídico, según La Tercera.

La Procuraduría culpa a Mesa por la indemnización a QUIBORAX y le inició un proceso, bajo el argumento de que un decreto suyo con errores legales fue el causante de que la empresa chilena acuda a la CIADI y logre un pago millonario.

Mesa se presentó este martes ante la Fiscalía General del Estado en Sucre para solicitar de nuevo el rechazo de esa denuncia de la Procuraduría. Esta vez, el expresidente planteó el argumento de que la empresa chilena usó un documento falsificado para llevar adelante el arbitraje ante CIADI.

Explicó que la empresa chilena usó un acta falsificada de poderes para forzar el arbitraje contra el Estado boliviano. Dijo que el fraude en ese documento se confirmó porque en 2009 el accionista de QUIBORAX David Moscoso fue condenado a dos años de cárcel por ese delito.

Dijo entonces que el motivo del arbitraje no es el decreto que él emitió, sino ese documento falsificado. Crítico que la CIADI haya aceptado una falsificación en este proceso que calificó de ilegal.

“Lo que más llama la atención es que la defensa del Estado de Bolivia en el arbitraje, en lugar de reaccionar institucional y procesalmente de manera categórica y contundente, contra ésta abierta parcialización del Tribunal Arbitral, deja pasar esta írrita decisión como si se tratara de una incidencia procesal normal y ordinaria dentro del Arbitraje”, dice el memorial presentado por Mesa.

[7] Leer de Manuel Gysler La lucha por el territorio de Nor- Lipez. Editorial Plural y AGRUCO. La Paz 2011; págs. 77-79.

Fuente: https://www.bolpress.com/2018/06/27/extorsion-economica

En consecuencia, el gobierno de Evo -como todos los del progresismo- ha viabilizado la profundización del capitalismo dependiente y para ello ha bloqueado el potencial de cambio radical de movimientos sociales que le dieron origen. Descubrimos tanto similitudes con la construcción K de hegemonía como:

 

Las dificultades para la producción de sentidos rebeldes en los tiempos del MAS

Bolivia y la necesidad de

una agenda política desde abajo

16 de abril de 2018

 

Por Huascar Salazar Lohman (Rebelión)

A 18 años de la Guerra del Agua –aquel momento histórico que inauguró los tiempos de la Bolivia Rebelde, de las grandes movilizaciones populares que cimbraron el orden neoliberal–, y después de 12 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) –en los que se restituyó un nuevo orden dominante–, en Bolivia nos está costando rearticular luchas fértiles y actualizar perspectivas útiles que nos permitan ver más allá del tan limitado, pobre y sórdido campo político en el que se contrapone el gobierno y las élites racistas de este país.

Como ya es una constatación, el flamante Estado Plurinacional restauró el rol que asume como mediador del capital, continuador –ahora con el camino mucho más libre– de un agresivo modelo económico primario exportador. Para lo cual re-articuló a viejas y nuevas clases dominantes en torno suyo –incluido lo más rancio: la oligarquía terrateniente-agroindustrial del oriente–. Sin embargo, a diferencia del neoliberalismo, este gobierno logró dicho cometido al asumir tendencialmente una función parasitaria, que se fue nutriendo de la fuerza, discurso, experiencia y capacidad política de las luchas que las organizaciones sociales –urbanas y rurales– construyeron durante años en la búsqueda de sus propios y múltiples horizontes de transformación; y lo hizo reactualizando formas brutales de misoginia, represión y tutela.

Entre noviembre de 2017 y enero de 2018, Bolivia se sumergió en un momento particularmente complejo. El 28 de noviembre el Tribunal Constitucional Plurinacional, controlado por el oficialismo, habilitó a Evo Morales para una tercera reelección –por medio de un artificioso recurso jurídico que argumenta que la Constitución Política del Estado violenta los derechos políticos del presidente al no permitir que vuelva a presentarse a una nueva elección presidencial–, desconociendo con ello los resultados del Referendo vinculante del 21 de febrero de 2016 –promovido por el mismo gobierno– en el que ganó la opción del No a la modificación de la carta magna para permitir dicha re-elección. Unos días después, el 3 de diciembre, la indignación frente a dicha habilitación se expresó en las elecciones judiciales, imponiéndose a nivel nacional el voto nulo y blanco frente al voto válido, con porcentajes superiores al 60%.

En este contexto también se objetó la promulgación del nuevo Código Penal impulsado por el ejecutivo. Diversos sectores consideraron esta normativa como atentatoria a algunos intereses civiles y gremiales, desde la tipificación de nuevos crímenes –por ejemplo, en la práctica de algunas profesiones como la medicina o el derecho–, hasta la posibilidad de un ejercicio discrecional –no mediado por la justicia– de los aparatos represivos del Estado en ciertos casos que previamente debían pasar por filtros jurídicos; pasando por el incremento promedio de las penas para la sociedad civil y disminuyendo las condenas para los crímenes cometidos por funcionarios públicos, además de una clara intención de criminalizar la protesta social. Y si bien también era posible encontrar artículos considerados “progresistas” respecto al Código Penal precedente –como los relacionados con la despenalización parcial del aborto–, lo cierto es que frente a la tendencia cada vez más autoritaria del gobierno y al desconocimiento por parte de éste de la CPE, el cuestionamiento al código penal pasó de un debate técnico a una impugnación política en la que ya no importó tanto el contenido mismo del código sino la indignación de la sociedad civil que se expresó en la consigna: “abrogación completa del código penal”, lo que finalmente sucedió a finales de enero.

Ahora bien, la victoria del voto nulo y blanco en las elecciones judiciales y la abrogación del nuevo código penal como resultado de un país movilizado –expresando una legítima indignación por la manera en que el gobierno violentó los límites de la democracia formal que en otros momentos se jacta de promover– tuvo poca densidad orgánica y en buena medida se acopló en torno a sentidos y consignas provenientes de núcleos políticos que normalmente reconocemos como “derecha tradicional” –es decir, la élite política racista y clasista cuyo discurso es distinto al del gobierno, pese a que ambos actores políticos tienen un horizonte económico similar–.

Lo que generalmente en Bolivia reconocemos como una constelación de organizaciones sociales en lucha con horizontes políticos diversos, esta vez se presentó como una “sociedad civil” difusa, es decir, como unas élites políticas productoras de un discurso democrático conservador; unas clases medias ensimismadas, poco creativas y permeadas por ese discurso; mientras que los sectores populares históricamente contestatarios –aquellos que no están subordinados al MAS– aparecieron poco organizados y con escasa o nula capacidad de poner sobre la mesa de debate un horizonte que reivindique la autonomía política, la disputa por el excedente económico o cuestione la relación mando-obediencia que se sostiene en principios clasistas y/o racistas, como históricamente lo han hecho.

En otras palabras, existe una capacidad visible y efectiva de movilización social, pero que se presenta confusa y sin posibilidad de rebasar el discurso de oposición planteado por las élites políticas tradicionales del país –que gira en torno a una idea vacía de democracia formal–. Esta situación es resultado de dos hechos que se conjugan y han sido parte componente de la construcción hegemónica del MAS durante la última década.

Por un lado, la expropiación de sentidos emancipatorios desde el ámbito estatal: el partido de gobierno se presenta como el único sujeto político con capacidad de conducir el “proceso de cambio”, que no es más que una artimaña discursiva para legitimar un nuevo proyecto estatal dominante revestido de ornamentos folclóricos que aluden a lo “popular”. Se ha consolidado, así, un enorme proceso de despojo político abierto después de la Masacre del Porvenir, conexo con la creciente tutela de cualquier sentido político disidente o mínimamente crítico.

Por otro lado, desde hace ya varios años, se ha impulsado una política de desarticulación inducida de las fuerzas sociales contestatarias y de sus diversas formas organizativas autónomas que, por lo general, se mostraron adversas al proyecto político y económico promovido por el MAS. Esto sucedió a través de la subordinación de estas estructuras al partido gobernante y/o a través de la intervención directa –y en algunos casos violenta– de las organizaciones que no se sometieron y disciplinaron, como sucedió con la CIDOB y el CONAMQ.

A efectos prácticos, lo anterior ha significado un desdibujamiento de la capacidad organizativa y prefigurativa de respuesta popular frente a la política estatal. Que a su vez logró aislar, fragmentar y devaluar la lucha de diversos pueblos que, de manera invisibilizada, resisten los embates directos de la política de despojo promovida a través de los mega proyectos extractivistas, energéticos y de comunicación, y que es en estas luchas donde subsisten con mayor fuerza horizontes comunitario-populares que reivindican prerrogativas de decisión autónoma para decidir sobre su vida y sus territorios.

Una estrategia eficaz del gobierno ha consistido en producir un escenario de polarización entre oficialismo y “derecha tradicional”, logrando con esto, por un lado, enmascarar la similar alianza de clases que ambos sectores sostienen; así como invisibilizar los horizontes comunitario-populares y las luchas en contra de estas alianzas y planes que cuestionan el núcleo de la estructura dominante y procapitalista del Estado Plurinacional, catalogándolas como horizontes y luchas “funcionales” o “promovidas por la derecha”.

Es decir, esta polarización, que viene operando como organizadora de la política boliviana en los últimos años, produce una apariencia desde la cual se visibiliza como relevantes a dos contrincantes que se enfrentan en el plano de lo estatal, mientras se encubre al “contrincante principal”, que son todas aquellas organizaciones y luchas que desde abajo, desde las formas organizativas no estatales y cotidianas, impugnaron el orden neoliberal y ahora impugnan el modelo dominante del MAS.

Esta ausencia de sentidos que organicen posibles cursos de acción de lucha popular en esta coyuntura derivó en lo que considero dos posiciones poco fértiles –y que nuevamente nos arrinconan a la artificiosa polarización política–: 1) “frente a la captura por parte de la élite política tradicional racista de la movilización social, el mal menor es el gobierno”; o 2) “no importa cómo, incluso si es a lado de la ‘derecha tradicional’, el gobierno debe ser debilitado para hacer prevalecer la ‘democracia’ y el ‘Estado de Derecho’”. Esta aparente, frustrante y paralizante dualidad se presenta, se promueve y se alimenta como el único horizonte posible en la política Boliviana. Nos enfrentamos, entonces, a un desafío significativo: producir sentidos críticos más allá de los que emanan de los núcleos de poder político.

Nos toca ser creativos en tiempos oscuros y difíciles. Nos toca darnos a la tarea de producir, actualizar y revitalizar sentidos críticos que no caigan en el lugar común de la frustración y despolitización. Nos toca romper con la hegemonía del discurso dominante que intenta dar forma y condicionar nuestro hacer político. Nos toca nombrar claramente a la dominación. Nos toca volver a construir, de a poco pero sin pausa, una agenda política emancipatoria que en adelante nos permita posicionarnos de manera potente frente a lo que sucede. También nos toca reconocer que no tenemos esa agenda en este momento, los pocos sentidos claros de resistencia durante los últimos años se han nutrido fundamentalmente de las luchas de pueblos indígenas frente a los proyectos de despojo, y si bien esas luchas deben ser potenciadas y también debemos trabajar sobre ello, no podemos poner sobre esos pueblos todo el peso de la historia, ni la responsabilidad de la transformación hacia adelante.

Pero para producir y actualizar una agenda de este tipo, que será resultado de un proceso histórico en el que se conjuguen la práctica y las palabras, tenemos que comenzar por resignificar y reinterpretar los códigos de lo que nos sucede, lo que nos amenaza y las dificultades a las cuales nos enfrentamos; no podemos hacerlo sin más desde las mismas claves que nos plantea la dominación.

Este proceso crítico y autocrítico pasa, entonces, por cuestionar una serie de presupuestos que parecen de “sentido común” o incuestionables, y más cuando esta realidad es interpretada desde aquella estéril polarización que abordamos anteriormente. Sin aspiraciones exhaustivas, a continuación reflexiono brevemente sobre algunas suposiciones que considero importante cuestionar en el ánimo de producir nuevas claves para una agenda política emancipatoria desde abajo.

·         Izquierda” y “Derecha” nos dicen poco. Ambos son conceptos históricos que en Bolivia tienen mucho arraigo y tradición. El ser de “izquierda”, por lo menos entre 2000 y 2005, permitía identificar a sujetos políticos (personas, organizaciones y partidos) que se asociaban en torno a horizontes populares, algunos más comunitarios que otros, pero que claramente se confrontaban contra el orden neoliberal establecido. Mientras, por otro lado, la etiqueta “derecha” representaba el poder oligárquico, burgués y su élite política (principalmente blanca). Es cierto que existían varios matices, pero estos conceptos permitían identificar a los aliados –cercanos y lejanos– y a los enemigos de los que luchaban desde abajo.

En el presente estos conceptos han perdido su capacidad de organizar comprensivamente las determinantes del antagonismo social, la muestra de ello es la excesiva adjetivación de los cuales son objeto: “la derecha del MAS”, “la derecha tradicional”, “la derecha reciclada”, “la derecha indígena”, “la izquierda oligárquica”, “la izquierda higiénica”, “la izquierda infantil”, “la izquierda opositora”, “la izquierda estatal”, “la izquierda popular”, etc. Los adjetivos parecen decir más que los sustantivos. Quizá esto tenga que ver con la apropiación y auto-identificación de “izquierda” de un gobierno que recurre a discursos centrados en lo popular pero que promueve un proyecto que históricamente se reconoce como de “derecha”; y, segundo, porque una parte importante de la “izquierda” siempre fue anticomunitaria en su horizonte político estatal –en especial los partidos comunistas más ortodoxos–.

En este contexto es fundamental darnos a la tarea de repensar claves articuladoras frente a la dominación, para lo cual considero que es de vital importancia que estas surjan de haceres compartidos y no –por lo menos de manera primaria– de premisas ideológicas o nacionalistas–. Reconocernos en común frente a la dominación por: trabajar la tierra, trabajar en fábricas, construir proyectos centrados en garantizar la vida, producir resistencias colectivas frente al estado, el capital, el patriarcado, etc. Nuestro reconocimiento frente al otro como aliado o antagónico no debe depender tanto de si se defiende más a un autor o a una idea teórica, sino a la calidad y profundidad de relaciones y haceres que sostienen sentidos disidentes, inconformes y de subversión.

·         El MAS es el menos… malo. Si hay algo que no pudo hacer el neoliberalismo es lo que el MAS si logró durante esta década: quebrar la fuerza popular que frenó el embate de ese modelo socioeconómico, abriendo la senda para un impulso agresivo y sin precedentes del capitalismo en el país. En buena medida esto fue posible gracias a una política sostenida en la prebenda y el asistencialismo, política vigorosa durante varios años gracias a los recursos generados por la exportación de materias primas a precios elevados, lo que, junto al discurso de “izquierda”, permitió contener y desarticular la potencia de lo popular no estatal.

Sin embargo, la frustración política y el propio discurso del MAS nos plantea que el actual gobierno es “lo menos malo” frente al posible retorno, con paso de parada, de una “derecha neoliberal”, es decir, aquellos que están al otro lado de la polarización producida y recreada por el mismo gobierno.

Frente a esta afirmación toca considerar dos cosas: 1) la posibilidad del retorno de esta élite política tiene más que ver con la desarticulación inducida desde el Estado que sufrieron las organizaciones sociales que en otros tiempos impusieron límites al proyecto dominante. En otras palabras, es el propio gobierno, su política cada vez más autoritaria y su modelo económico y prebendal, el que abrió las puertas para un retorno rimbombante de sujetos neoliberales que ya habían sufrido una muerte política… no es la gente confundida o la sociedad en decadencia, como afirman los gobernantes. 2) Así esa vieja élite política no retorne al gobierno y el MAS se mantenga en el poder, los hechos del presente nos demuestran que el horizonte estatal en manos del gobierno actual es cada vez más antipopular y procapitalista, lo que nos permite observar una coincidencia de proyectos entre las élites políticas supuestamente enfrentadas; el horizonte político no es “mejor” ni “menos malo” así el MAS se sostenga en el poder.

En este sentido, considero que una agenda desde abajo, disidente y popular –más que abordar una discusión escolástica sobre si el MAS es el partido “menos malo”– debe concentrarse en desplegar nuestra energía en torno al resguardo de lo que tenemos, no se puede conceder más, debemos cuidar nuestras fuerzas, cuidarnos colectivamente; cuidar nuestras fuentes de subsistencia y su calidad, que no se precaricen más; cuidar nuestra relación con la naturaleza; acuerparnos, producir decisión colectiva autónoma desde donde sea posible, resistir y –como hemos venido diciendo– hacer el esfuerzo por cambiar las claves de lucha a otras renovadas y potentes.

·         Miremos lo pequeño para pensar lo grande. En Bolivia se ha impuesto una deriva “trucha” de la Real Politik –que ya de por sí nos refiere y nos limita a la política estatal como ámbito privilegiado para la toma de decisiones sobre asuntos públicos–. Sin embargo, desde el cinismo patético y el manejo utilitario de los discursos de izquierda, el gobierno boliviano hace muchos años que viene argumentando que toda concesión a –y/o negociación con– los grupos dominantes del país, a la expansión capitalista e, incluso, al enriquecimiento de sus burócratas de alto rango, es parte de una necesidad estratégica coyuntural que se da en el marco de “lo posible”, tachando cualquier crítica de “idealismo”, “izquierdismo deslactosado” y una serie de apelativos –muy demandados por una “izquierda” intelectual mediocre y, por lo general, muy paternalista– que nos plantean un posibilismo estatal ramplón y que no es otra cosa que la justificación de una serie de políticas de despojo, prebendales, antipopulares y procapitalistas que el gobierno trata de justificar como “fatalismo histórico”.

Nuestra agenda debe, por lo menos al inicio, concentrarse en la política seria, es decir, en las formas de autogobierno y decisión colectiva que se producen desde ámbitos cotidianos: gobiernos indígenas y originarios, juntas barriales, sindicatos campesinos comunitarios, colectivos urbanos, cooperativas de agua, etc. Si algo hay en Bolivia es una amplia y polimorfa experiencia y capacidad de producir decisión colectiva no estatal, e históricamente ahí reside la potencia transformadora del país. Se vienen (o se profundizarán) tiempos difíciles y de lo que se trata no es tanto de volcar nuestras energías para interpelar al Estado desde la democracia formal liberal –habrá que hacerlo cuando sea necesario–, sino en (re)construir ámbitos autónomos y autogestivos para reapropiarnos de la decisión y de la riqueza que está siendo despojada.

De ninguna manera digo que se debe dejar de mirar la dominación a escala estatal, pero nuestra fuerza para enfrentarla –y la historia nos lo confirma– no reside en los cánones políticos de la política estatal, sino en nuestra capacidad de darnos forma política más allá del Estado. Desde ahí sabemos, de manera efectiva y contundente, enfrentarlo, cambiar gobiernos de ser necesario y posicionar horizontes de transformación real.

Estos puntos hacen referencia, de manera inacabada, a algunas cuestiones que considero importantes para comenzar a repensar una agenda política desde abajo, desde lo popular, desde lo comunitario, desde donde se vive la agresión del Estado y el capital, desde los márgenes, desde el subsuelo, desde aquellos lugares que la cerrazón estatal invisibilizó, reprimió, despreció y devaluó. Hay muchos temas más, desde la centralidad que ahora ocupa la lucha de las mujeres, hasta la descolonización de nuestra vida, pasando por las luchas socioambientales, son temas que tenemos que ir tejiendo entre todxs. Los ensayos de respuesta que planteo no son, para nada, un intento de zanjar discusiones, sino una búsqueda –compartida con otras personas– de abrir debates contrarios a los que en este momento están en la agenda política dominante.

Recuperemos la capacidad de nombrar lo que nos pasa, compartamos palabras, reflexionemos, debatamos abierta y apasionadamente –como se suele hacer en Bolivia– para significar nuestros horizontes de futuro y desde ahí comencemos a hacer lo necesario; haceres que seguramente –y ojalá sea así– sean múltiples, distintos e, incluso, contradictorios por momentos; no busquemos la homogeneización y unidad (lo “único”), sino, como diría Silvia Rivera Cusicanqui, empecemos por construir los puentes para la articulación de lo diverso.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240393

 

 Crisis civilizatoria

 

Observamos que los extractivismos desplegados por China y los gobiernos progresistas dividen a las izquierdas y dificultan debates para fundamentar porqué implican ecocidios-genocidios. Tengamos en cuenta un solo caso de la analogía de grandes empresas estatales con las de capital privado en hacer súper negocios e imponer sometimiento, pobreza estructural.

 

Soja: China y Río Negro hacen acuerdo ilegal

25 de noviembre de 2010

El Dr. Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) calificó de “ilegales” las negociaciones del gobierno de Río Negro y la corporación china Heilongjiang State Farms para que se plante soja y otros cultivos en terrenos que arrendaría la provincia.

 

La empresa estatal china –en español “Granjas Estatales Heilongjiang”- pertenece al grupo económico Beidahuang que integra, entre otras empresas, a Heilonjiang Agriculture Co., Beidahuang Rice Industry, Wondesun Pharmaceutical Co y Beidahuang Meat Industry. Las Granjas Estatales Heilongjiang manejan 113 establecimientos rurales en el noreste de China, donde ocupan una superficie total de 56.200 kilómetros cuadrados.

 

“Ahora China, que sólo tiene un 14% de su territorio con aptitudes agrícolas, expande sus cultivos a otros países como la Argentina o Filipinas, con poca resistencia gubernamental al colonialismo agrícola”, indicó Montenegro.

 

El gobierno de Miguel Saiz está cerrando acuerdos para que la empresa estatal china “Granjas Estatales de Heilongjiang” plante unas 320.000 hectáreas con soja, colza y otros cultivos industriales en los valles inferior y medio del río Negro y un sector de la costa del río Colorado. La mayor parte de esta superficie está cubierta actualmente por ambiente nativo que sería destruido. Frente a las crecientes críticas de organizaciones e investigadores universitarios contra el acuerdo, el gobernador indicó que se trataba en realidad de un proyecto “agroalimentario” y no solamente un proyecto sojero.

 

El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, recalcó que “disfrazar de proyecto agroalimentario varios cultivos industriales de alto impacto ambiental y sanitario es poco serio”. Agregó que el gobierno de Río Negro “está violando la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental n° 3266 y la Ley Nacional del Ambiente n° 25675″ porque “no se hizo estudio de impacto ambiental ni audiencias públicas”. Sostuvo que Río Negro “abre sus puertas a un nuevo tipo de colonialismo rural en la Patagonia” y que instala arbitrariamente “pools de siembra administrados por el propio gobierno.

 

FUNAM indicó que si continúa el avance de los acuerdos entre Río Negro y China “podría denunciarse penalmente al gobernador Miguel Saiz y a los responsables de las Granjas Estatales de Heilongjiang, en especial a Yue Wang Weng, representante de la provincia de Heilongjiang”. También serían denunciados penalmente otros tres funcionarios del gobierno de Río Negro, Juan Accatino (Ministro de Producción), Horacio Collado (Superintendente del Departamento Provincial de Aguas) y Humberto Iglesias (Subsecretario de Producción y Recursos Naturales) además de la funcionaria nacional María Laura Tanganelli, Secretaria de Relaciones Federales de la Cancillería”.

 

En el caso de los funcionarios públicos de Argentina “todos estarían incumpliendo sus deberes, con lo cual se aplicaría el Artículo 248 del Código Penal. En cuanto a los eventuales contratos que pudieran firmar esos funcionarios con representantes chinos también serían nulos en virtud del Artículo n° 1207 del Código Civil pues todo contrato hecho en país extranjero para violar las leyes de la república no tiene ningún valor”.

 

“Iniciar proyectos faraónicos de irrigación en ambientes semiáridos, ventosos y con recursos hídricos altamente sensibles es un despropósito. Para producir un kilogramo de poroto de soja la planta necesita 1500 a 1800 litros de agua. China pretende absorber la producción de las 320.000 hectáreas pero dejando en Argentina los suelos deteriorados, menos agua y residuos de plaguicidas que contaminarían los ríos Negro y Colorado”, advirtió Montenegro.

 

FUNAM sostuvo que Argentina “ya tiene unas 18,2 millones de hectáreas dedicadas al cultivo de soja transgénica, buena parte de la cual va a China como poroto y aceite. El proyecto que llevan adelante el gobierno de Río Negro y una corporación estatal china agrava el monocultivo de soja y traslada al sur del país los graves problemas ambientales y sanitarios de los cultivos industriales”.

 

China, un país con tormentas de polvo cada vez más frecuentes debido a la erosión de los suelos y las malas prácticas agrícolas.

El Dr. Raúl Montenegro, premio Nóbel Alternativo 2004, indicó que “a nivel mundial China es el país más afectado por la extensión, intensidad e impacto económico de la degradación del suelo. Es difícil creer que en Río Negro no harán lo que estuvieron haciendo mal en su país”. Agregó que China “pierde cada año 5.000 millones de toneladas de suelo por erosión hídrica y eólica” y que “el 90% de sus ambientes de pastizal sufre degradación. Por esta causa son cada vez más frecuentes en China las tormentas de polvo. En dos tormentas registradas en marzo de 2002 unas 56.000 toneladas de arena y polvo se depositaron en Beijing”.

Agregó que “los mismos fenómenos registrados en Córdoba, donde los campos de soja generaron graves tormentas de polvo en octubre y noviembre, también ocurren en China y por la misma causa. ¿Qué sucederá con las 320.000 hectáreas que pretenden cultivarse en Río Negro, donde la frecuencia e intensidad de los vientos son mayores? ¿Cuáles serán los efectos de la irrigación sobre el suelo? ¿Cómo se evitará la contaminación de los ríos con residuos de plaguicidas? El gobierno no puede ignorar que antes de hacer cualquier tipo de acuerdo debió cumplir lo dispuesto por la ley provincial n° 3266 de evaluación de impacto ambiental –cuyo Artículo 3° tiene cuatro incisos aplicables al proyecto- y por la ley nacional de ambiente n° 25675. Si firman acuerdos y compromisos sin hacer antes estudios previos de impacto ambiental y audiencias públicas sus actos serán ilegales. Al violar normas vigentes tanto el gobernador de Río Negro como otros funcionarios públicos estarían incumpliendo sus funciones, un delito castigado por el Código Penal” [Artículo n° 248].

“La soberbia y escasez de conocimientos técnicos que muestran algunos funcionarios de la provincia de Río Negro al momento de decidir es una falta de respeto hacia el resto de la sociedad y las futuras generaciones de rionegrinos. La ley provincial n° 3266 y la ley nacional n° 25675 también valen para el gobernador, otros funcionarios y la nación, y para la empresa china que desea instalarse en suelo argentino”.

 

Para mayor información contactar a:

Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo
Teléfono fijo: 03543-422236
Teléfono celular: 0351-155 125 637
E-mail: raulmontenegro@flash.com.ar

 Encargada de prensa:

Nayla Azzinnari
Teléfono: 011-15 5460 9860
E-mail: nay_azz@hotmail.com

 

 

FUNAM 
Fundación para la defensa del ambiente
Environment Defense Foundation

 

Observatorio Petrolero Sur

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Soja_China_y_Rio_Negro_hacen_acuerdo_ilegal

 

Veamos cómo se defiende el otro capitalismo posible e ilusiona de que los pueblos planetarios tendrán porvenir con el progreso de China.

 

Imperios combatientes

Una guerra contra el proyecto chino

22 de septiembre de 2018

Por Rafael Poch
CTXT

La "Nueva ruta de la seda" es el único proyecto abierto, integrador, universalista y no basado en la lógica de la imposición del más fuerte que existe en el mundo de hoy.

Donald Trump ha lanzado esta semana aranceles por valor de 200.000 millones de dólares contra productos chinos que se suman a anteriores medidas. No tiene que ver con aluminio, ni coches, ni acero, como ocurre con Europa, sino que hay que leerlo como una exigencia de que China renuncie a su ascenso al estatus de gran potencia. Y esa exigencia está respaldada militarmente. Es decir, la guerra comercial que Washington ha declarado tiene grandes posibilidades de ser un prolegómeno de una guerra propiamente dicha, una guerra militar. Veamos por qué.

La política china está ganando peso y prestigio en el mundo desde cualquier punto de vista con su llamada “Nueva ruta de la seda” ( Belt and Road Initiative ). Los desórdenes del presidente broncas colocan a Xi Jinping en el papel de serio y previsible estadista de proyección mundial. Su prudencia y previsibilidad contrastan aún más al lado de la oferta que Estados Unidos viene lanzando al mundo: una oferta basada en la fuerza, mayormente militar, y regida por la fórmula, “o estás conmigo, o estás contra mí”. Al lado de eso, la “Nueva ruta de la seda” es el único proyecto abierto, integrador, universalista y no basado en la lógica de la imposición del más fuerte que existe en el mundo de hoy. ¿Qué significa?

Para China la “Nueva ruta de la seda” es la tercera gran fase desde el establecimiento de la República Popular. La primera fase fue la revolución maoísta que levantó al país del suelo. La segunda, sobre los cimientos de la revolución, fue la modernización económica de Deng Xiaoping y sus sucesores. Esa modernización se hizo en el bien entendido de que China debía ser prudente y humilde en la esfera internacional: no meterse en conflictos ni presentar ambiciones que comprometieran su prioridad de desarrollo interno en una etapa tan delicada. Con Xi Jinping se llega a la tercera gran fase: definir y afirmar el papel de China en el mundo. Tras el impulso económico y modernizador de las últimas décadas, la intervención directa de China en los asuntos mundiales se ha convertido en una condición de la continuidad del ascenso chino. Y eso no solo por la necesidad de estabilizar y garantizar los suministros que alimentan su fábrica global: por una simple cuestión de la escala adquirida por su poderío, la prudente no intervención y discreción internacional pregonada por Deng Xiaoping ha comenzado a quedarse desfasada. Desde el punto de vista de las relaciones entre grandes potencias, China ha iniciado con esta tercera fase el primer movimiento del relevo hacia el papel de superpotencia. Los imperativos del mismo “ascenso chino” que hasta hace poco exigían discreción, exigen ahora una mayor intervención en el mundo.

Lanzada en septiembre de 2013, la nueva ruta de la seda es un gran proyecto de integración económica de Asia, África y Europa mediante colosales inversiones en infraestructuras. Una red de corredores energéticos, vías de comunicación y transporte terrestres y marítimas, e integraciones financieras, destinada a afianzar y expandir la economía global. Con su lanzamiento previsto para el 2021 y una perspectiva hasta el año 2049, ya implica, como proyecto, a una sesentena de países –muchos de ellos sin más cálculo que recibir inversiones chinas– que representan el 70% de la población mundial, el 55% del PIB y el 75% de los recursos energéticos globales conocidos. La iniciativa se basa en tres principios; apertura hacia todos los países, carácter integrador basado en el respeto a la idiosincrasia y opciones de desarrollo de cada uno de ellos, y normas de mercado. El resultado implícito de esta iniciativa es crear un nuevo paradigma geopolítico. En Washington lo ven como un verdadero desafío al dominio de Eurasia y de la economía mundial ejercido por Estados Unidos. Y no están dispuestos a permitirlo. Si todo eso funciona, el ascenso de China solo puede ser detenido por la guerra.

De momento ha comenzado como guerra comercial –ignorando el hecho de que el 40% de la exportación china al resto del mundo procede de multinacionales americanas y europeas instaladas en China–, sin embargo el pivot to Asia (el traslado al entorno de China del grueso de la fuerza aeronaval de Estados Unidos) y los incidentes y tensiones en el Mar de la China meridional avisan de una dinámica militar bien concreta. Eso, y no las simplezas del “segundo Mao” publicadas con tanta frecuencia en nuestros medios de comunicación, es lo que explica los poderes ampliados de los que Xi Jinping ha sido dotado: esperando una fase turbulenta que incluye tensión militar en el mejor de los casos y conflicto abierto en el peor, los dirigentes chinos se han puesto un cinturón de seguridad, algo que no tiene nada que ver con Mao, de la misma forma en que la sociedad china actual no es la de entonces.

Con esas previsiones, el objetivo militar chino a medio plazo no es desafiar el dominio militar global de Estados Unidos, un objetivo que sería irreal, agotador y extremadamente peligroso, sino sembrar dudas entre los generales americanos sobre las posibilidades de una victoria de Estados Unidos en un pulso militar regional en el Mar de China meridional, donde se acumulan las tensiones del pivot to Asia .

La estrategia marina de China se dirige a disolver las alianzas de Estados Unidos en Asia Oriental y el Pacífico occidental. Pekín considera esas alianzas reliquias de la guerra fría y confía en que su peso comercial con los países de la región implicados –que ya es superior al de Estados Unidos– sea determinante en ese proceso de disolución. Al mismo tiempo, China fortalece su potencial aeronaval.

Con Xi Jinping se ha realizado un cambio radical en la estructura de las fuerzas armadas chinas y en la doctrina militar de China, constata el ex primer ministro australiano Kevin Rudd, uno de los raros gobernantes occidentales que habla y lee chino. El objetivo es, “sembrar la duda sobre la capacidad de Estados Unidos de vencer en un conflicto militar con China en la región alrededor de las islas en disputa y en el propósito de defender Taiwan”, dice Rudd. Muy pronto, China podrá desafiar el dominio militar regional (que no global) de Estados Unidos allí. Las primeras salvas de esta guerra están siendo disparadas con munición comercial, pero no hay que engañarse: no tiene que ver con comercio, tiene que ver con dos ofertas para diseñar el futuro.

http://ctxt.es/es/20180919/Politica/21779/Rafael-Poch-politica-asia-intereses-comerciales-EEUU-objetivos-militares-nueva-ruta-de-la-seda.htm

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246817

 

 

Enfoquemos porqué China no abre perspectivas de buenos vivires convivires abajo y al contrario, va contra tanto la vida como la democracia en el planeta.

 

 

El devenir de China como gigante expansivo

29 de agosto de 2018

Entrevista: Maria Eugenia Jeria

(Acción por la Biodiversidad)

 

Entrevista a Ariel Slipak, economista argentino. “El tipo de infraestructura y el tipo de inversión de China externaliza, terceriza o deslocaliza contaminación, emisiones de dióxido de carbono, apropiación de agua, en América Latina —así como deslocaliza precarización laboral en su periferia.”

 

El incremento de poder económico, financiero y militar de China, junto con su capacidad para ejercer influencia política global, resulta uno de los fenómenos más notables en un sistema de producción y acumulación que se transforma. Un análisis de los vínculos de América Latina con ese país resulta imprescindible para la discusión sobre el modelo de desarrollo en la región.

 

Cuál es el rol actual de China en la economia mundial, en especial en la agricultura y la alimentación.

Para entender a China hoy hay que remitirse a las reformas que encabeza en 1978 Deng Xiaoping. China es una economía que hace un pasaje, de ahí en adelante, hacia relaciones cada vez más capitalistas, con un rol activo del Estado, planificando la economía, con planes quinquenales, con un rol activo del Partido Comunista de China. Tenemos que desmitificar entonces que sea un socialismo con características chinas. La explotación de una clase social por otra se ve cada vez de manera más intensa, la explotación de trabajadores y trabajadoras en China y los campesinos en general.

Vemos un tránsito de una economía que cambia su régimen de propiedad y se occidentaliza cada vez más, desde sus formas de producir hasta sus pautas de consumo, con características chinas. Es un capitalismo con características chinas, con retórica socialista; no un socialismo con características chinas. Lo que se dice de China y su rol en la economía mundial fue mutando. Primero: en esa misma época se observa una revolución desde la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones. Cuestiones que a veces se subestiman pero que para el comercio mundial son importantes, como el aumento de la capacidad de loscontenedores, los portes de los barcos, todo lo que tiene que ver con la navegación, la infraestructura, etcétera.

Es la misma época de la Revolución Verde, llamando con ese eufemismo incluso la edición genética y los transgénicos, aunque en ese momento poco tiene que ver China con ésta.

Todas las normativas de la UPOV que —si bien son de la década de 1960—, se expanden al ámbito de los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas.

Los cambios en la economía mundial de ese momento permiten que las grandes transnacionales fragmenten, profundicen la división del trabajo, segmenten cada vez más los procesos productivos.

Es entre las décadas de 1970 y 1980 que comienzan a cobrar relevancia las maquilas. No necesariamente la manufactura está asociada a la generación de valor agregado y alto contenido tecnológico.

 

Desde l980 en adelante China comienza a asumirse como un sitio donde se incorporan al capitalismo cientos de millones de trabajadores como obreros en el proceso productivo mundial. La esperanza de Europa occidental y de EUA era que se incorporaran también como consumidores, lo que finalmente tarda más, pero también pasa. Entonces su rol en la economía es abaratar la canasta de consumo de toda la economía global. Los trabajadores chinos abaratan los precios de las prendas de vestir, de manufacturas de consumo durables o no durables.

 

Algo que no se dice es que en ese momento el rol de China en la economía mundial fue garantizar la tasa de ganancia de los capitalistas a escala global, porque lo que abaratan los trabajadores chinos super-explotados es la canasta de consumo de los trabajadores del mundo. En EUA, la clase media estadounidense puede pagar sus hipotecas en los años de 1980 y consumir más porque su canasta de consumo es más barata, por la sobre-explotación de los trabajadores chinos.

 

Pero sobre China tenemos la idea de que es una industria espuria: te hacen tacitas, camisas, cosas de baja complejidad. Desde inicios del siglo XXI, China manufactura productos con alto contenido tecnológico.

Siempre se dice que son empresas transnacionales. Gran parte sí, pero en gran medida es tecnología comprada por China y, desde los últimos años y en algunos casos, tecnología desarrollada en China. En las décadas de 1980 y 1990 China fue una plataforma de exportación al mundo de manufacturas de baja complejidad que abarataban la canasta de consumo de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, dándoles mayores ganancias a los capitalistas.

 

Pero lo que China supo hacer, al no existir un esquema de inversión extranjera directa, de propiedad privada, fue descolectivizar la tierra, y aceptar la propiedad privada y la mixta.

Y le dice a las grandes transnacionales que creará zonas económicas especiales, en cuatro provincias primero, luego se fue expandiendo, donde las transnacionales pueden venir, tener una plataforma productiva y aprovechar la mano de obra barata, pero obligadas a transferirle tecnología a China, a cambio de aprovechar este paraíso para el capitalista, que es explotar barato.

Son las famosas joint ventures o empresas conjuntas con empresas estatales chinas. Y lo que hacen es irse empoderando tecnológicamente poco a poco. De un modo planificado, paciente. China tuvo desde 1978 hasta 2011 tasas de crecimiento promedio acumuladas anuales del 9.9 % —las famosas tasas chinas. Desde 2011 crece 7 o 6%.

La población urbana en China era 18% en el año 1978 —y esto es fundamental para entender la demanda de alimentos— y ahora representa un 57%. La esperanza de vida se elevó. La explotación de la clase trabajadora es más intensa, no menos intensa. Hoy tenemos un país con cientos de ciudades que superan el millón de personas. Algunas cuentan con mayor población que varios países sudamericanos.

En las décadas de 1980 y el 1990 China tuvo un superávit increíble, una tasa de ahorro interno muy importante, y era un receptor de inversión extranjera directa pero no era emisor de esa inversión.

En 1999 los chinos expresan el famoso China Goes Global, “vamos a salir afuera, a tener una presencia mayor en la economía”. En el año 2000, para darnos una idea, China era el emisor de flujo de inversión extranjera directa número 33 del planeta. Hoy es segundo. Y el tercero, porque estoy contándola aparte, es Hong Kong, que es de propiedad china (por aquello de “un país, dos sistemas”).

 

El impacto de eso es muy importante, porque empiezan a comprar muchas cosas: empresas europeas o estadounidenses, dueñas de patentes, por lo que compran la marca también, y compran algo que es un intangible pero que genera valor y se lo apropia la firma, que es el conocimiento de los trabajadores, formado colectivamente, del que el capitalismo se apropia a través de diversas técnicas.

 

Otro cambio importante es cuando China ingresó como economía en transición a la OMC en el 2001. Si uno mira cualquier cifra de evolución del comercio exterior de cualquier país con China, uno ve saltos muy importantes o quiebres en las series de crecimiento exponencial desde el 2001, 2002 en adelante. China tiene, con base en estos superávit comerciales, una gran tasa de ahorro interno, y en vez de que la explotación de la clase trabajadora esté en manos de empresas privadas que acumulan o gastan en gasto suntuario, acá tenemos al Estado.

 

Hay salarios bajos, que están creciendo mucho a partir del siglo XXI pero para varias ramas crece por debajo de la productividad. Por eso insisto que hay más explotación. Porque el salario real puede subir e incluso el bienestar medido como lo miden los economistas, relacionado con capacidad de consumo también mejora, pero la explotación es mayor si la productividad es mayor. La energía que se deja en la jornada de trabajo es mayor. Urbanización, aumento de la esperanza de vida, una economía planificada, controlada, un sistema de partido único, prácticamente, que controla la vida sindical, y necesita que la gente vaya accediendo a estos consumos occidentales.

 

Hoy China es el primer consumidor mundial de energía, es el segundo comprador mundial de petróleo. Uno de los primeros en mineral de hierro, madera, el primero de carbón, carbonato de litio, soja, bananas, harina de pescado, pescado, cigarrillos. Muchas cosas tienen que ver con la alta población. (2) Muchas otras tienen que ver con el ingreso de los sectores medios. Los multimillonarios en China hacen que su consumo de energía y materias primas sea exponencial.

 

China tiene 22% de la población mundial, tiene 7% de los cursos de agua dulce del planeta, y de su agua dulce se calcula que el 70% está contaminada. Para darnos una idea del impacto de China no sólo en lo económico sino en el metabolismo global (para hablar en términos más de una economía ecológica, no de una economía tradicional), en el año 2000 China producía un 8.2% del acero del mundo. Con datos de 2015, producía un 49.6% del acero mundial.

Esto coloca a China como un país cada vez más emisor de dióxido de carbono. En emisiones per cápita, China está muy abajo de Estados Unidos y otros países, pero en valores absolutos es el primer emisor de dióxido de carbono y de otros gases con efecto de invernadero. Y tiene que ver con la dimensión de la población pero también con el crecimiento industrial, con el crecimiento de la población urbana.

 

La famosa huella ecológica de China cuando aumentan los consumos, necesariamente aumenta, y aumenta a un ritmo cada vez más acelerado. Sí, la huella ecológica per cápita de China es mucho menor que la de EUA o la de Luxemburgo; pero el impacto global del incremento de la huella ecológica en China o de la huella hídrica son realmente significativos.

 

En este contexto los economistas hablan elogiosamente de China como la segunda economía del planeta: es el primer exportador mundial de manufacturas, y el segundo comprador mundial de manufacturas, el primer acreedor del tesoro de los Estados Unidos —lo que le da un gran poder. Es el principal tenedor de reservas internacionales.

De las 500 empresas de mayor facturación global, según el ranking de Fortune, más de 110 son de capitales chinos, muchas de ellas estatales o mixtas. Pero a eso hay que agregarle que sus roles no son nada más productivo y comercial. China tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es la segunda potencia en gasto militar del planeta, está por construir su tercer porta-aviones militar con tecnologia 100% china.

 

El primero se lo compró a Ucrania y era uno que le había sobrado a la antigua URSS. Entonces China se está empoderando desde varias dimensiones: la comercial, la productiva, la militar, la financiera. Porque China es tenedor de reservas internacionales, más de cincuenta bancos centrales del mundo usan el renmimbi o el yuan como moneda de reserva. (Y más allá de que el renmimbi o el yuan sean la octava o novena moneda de reserva a nivel mundial, hasta hace diez años no estaba ni entre las primeras diez.) La moneda china en 2016 entró en la canasta de derechos especiales de giro, que es una moneda compuesta que usa el FMI y eso le da tambien poder como moneda de reserva global. China ha sido el impulsor de dos entidades financieras nuevas. El nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y el Banco asiático de Infraestructura e Inversión. Como financista, China tiene SWAPS (3) firmados con más de 25 países.

 

Como consumidora de materia, energía, agua y alimentos China es sumamente relevante. Busca su seguridad alimentaria y energética. Es pura estrategia geopolítica. La estrategia del China Goes Global está también muy relacionada a esas estrategias de seguridad energética y alimentaria. Lo que no ve la mayoría de los economistas que miran los problemas como problemas de divisas es que los flujos comerciales de China con países como los latinoamericanos en efecto son de materias primas por manufacturas —un intercambio tradicional, basado en ventajas comparativas—, pero con un enorme comercio de agua y energía virtual.

¿Cuánta agua se usa para el café, para la soja, las legumbres que compran en China? Lo que ahorra China es agua virtual en el comercio. Y el otro rol geopolítico que tiene China hoy es que es el gran generador de infraestructura a nivel global.

Una iniciativa como la de la “ruta de la seda” que emprende una serie de puertos, gasoductos, oleoductos, carreteras, ferrocarriles, más la construcción de centrales eléctricas con distintos tipos de fuentes de energía, es una dimensión de expansión de infraestructura a nivel global que genera consenso, con los empresarios por lo pronto. Siemens gana contratos en la ruta de la seda, que es una iniciativa de mega conectividad que incluye a más de 70 países en distintas regiones de Asia, el norte de África y Europa. Es un cambio ecológico, en los ritmos metabólicos a nivel global, muy importantes.

 

Y el criterio de la ruta de la seda y las infraestructuras que promueve China son o están relacionadas con aspectos que hacen a la ecología política y a la geopolítica. Por ejemplo: hoy el petróleo que va de Medio Oriente hacia los puertos del Este de China pasa los dos mares del Océano Índico, después pasa el Estrecho de Málaca —que es donde Estados Unidos tiene bases militares—, y después pasa por el famoso Mar del Sur de China y entra a las costas. Una sola de miles de iniciativas de infraestructura de China en la región es hacer un oleoducto y un gasoducto por Myanmar. Entonces los barcos se ahorran pasar por todo el estrecho de Málaca y el Mar del Sur de China. Eso ahorra energía y también evita que los barcos pasen por el control estadounidense. ¿Pero qué genera en Myanmar? Una clase social que se hace millonaria a costa de cobrar el derecho de paso en el oleoducto y el gasoducto. Entonces genera que la salida productiva para una economía sea la construcción de estas infraestructuras para con eso subsidiar el resto de la economía, o que se enriquezcan las élites locales.

 

China hoy es una potencia desde lo tecnológico. Es el primer generador mundial de energía eólica y fotovoltaica. China se mete en la producción de paneles solares en el 2008 comprando tecnología alemana, trayendo ingenieros alemanes, y entre el 2008 y el 2011 el precio de los paneles solares bajó un 80% por la sola injerencia de China en ese mercado, y hoy China es el primer productor mundial de paneles solares, de reactores eólicos, etcétera. Es un país que está apostando mucho a las nuevas energías, que van a ser la clave de un nuevo tipo de paradigma tecnoproductivo, post-fósil. Así que China también está controlando esos paquetes tecnológicos.

 

Cuál es el rol de China en el Cono Sur, cómo ocurrió su expansión en esta región de América Latina.

China es también el país que está cambiando la infraestructura y la geopolítica del planeta. Y lo hace con unas estrategias que los economistas internacionales llaman “Soft Power” o poder blando. El concepto de Consenso de Beijing para América Latina implica el ejercicio de coacción y coerción por parte de China a los gobiernos, pero está muy basado en la teoría de la dependencia. Esta relación de subordinación que tiene una nación formalmente independiente con respecto a otra es a través de las élites locales, que ganan dinero.

Los pooles de siembra de Argentina se hacen millonarios exportándole la soja a China. ¿Quién arenga las relaciones con China, y lo hizo tanto en el gobierno de Cristina Fernández como lo hace en el de Macri? Gustavo Grobocopatel. Entonces, en una relación de dependencia de una economía con otra, de un país con otro, siempre hay un rol activo de oligarquías o burguesías locales en la relación de subordinación que son las que hacen negocios. No es un país el que sale perdiendo o ganando en una relación, sino que las clases sociales de un país salen perdiendo o ganando.

Esto que parece tan obvio, para los economistas no lo es. La relación se gana o se pierde según saldos de balanzas comerciales. Y eso es terrible. Gana un productor de semillas, de glifosato; gana un pool de siembra, gana una comercializadora de granos y pierde el movimiento campesino indígena, pierde el movimiento de mujeres, pierden los movimientos ambientales, incluso pierden los pequeños productores de distintos productos intensivos en agua porque el uso de agua para los productos que se exportan a China rivaliza con todos estos productos.

China es el gran comprador mundial de energía, de materia y agua; es una gran aspiradora, y no solamente un gran importador y generador de divisas para otros países. Para su seguridad en varios planos, trata de controlar todas las cadenas productivas, desde la extracción de distintos productos hasta la comercialización.

Los granos no son la excepción. Lo que pasa es que ha tenido dificultades para acaparar tierras en algunos continentes, en África no, en América Latina sí, entonces trata de controlar ahora paquetes para lo que es la producción de granos y, por otro lado, las comercializadoras.

 

En el 2000 China sale a comprar firmas europeas de productos con alto contenido tecnológico o que tienen una posición de mercado. Compra la marca, los saberes y compra la posición de mercado. Con América Latina, en realidad, la relación en cuanto a inversiones es tardía. Para el abastecimiento de productos primarios, a principios del siglo XXI, China sale a ser un emisor de flujos de inversión extranjera directa. Van hacia África. Luego avanza con infraestructura. En América Latina, entre 1990 y el 2009, China invirtió según datos de CEPAL, unos 6 mil millones 600 mil dólares en flujos totales. Eso no es nada. En el 2010, esos flujos fueron unos 10 mil millones.

Tan sólo en 2010 se superaron los flujos de inversión extranjera directa china en América Latina de los 20 años anteriores. ¿Cuándo empieza esta presencia? Para cada país de Sudamérica, durante el último lustro, China es entre el primero y tercer destino de exportaciones y origen de importaciones.

 

Es el primer destino de exportaciones brasileras, peruanas, chilenas. Lo que hizo China, desde el inicio del siglo XXI, fue desplazar el comercio —tanto en origen de importaciones como en destino de exportaciones— con Japón, Estados Unidos y la UE.

Por otro lado, durante la primera década del siglo el comercio intra-sudamericano había crecido. Y un fenómeno que empieza más o menos en el 2008, 2009 —se ve más profundo en el 2010, 2011— es que China va desplazando en el comercio de cada país sudamericano a otros socios sudamericanos.

Por ejemplo, desplaza a Brasil como proveedor de Argentina de bienes durables de producción, de maquinaria, equipos. Y va desplazando a la Argentina como proveedor de Brasil. Los economistas acríticos dicen que es un cambio de origen de importaciones. Pero si en los dos países pasa lo mismo, es menos empleo.

Brasil le compraba a Argentina en 2009 un 15% del total de compras de autopartes. En el 2016, esa cuota era de 7.8%. Para los países sudamericanos China es un origen de importaciones y destino de exportaciones cada vez más relevante, y el comercio es en general de dos o tres productos, cuatro con mucha suerte. Concentran entre un 70 y un 90%, según el país sudamericano, de las exportaciones. Para Brasil, entre mineral de hierro, poroto de soja y petróleo crudo, para distintos años eso ha concentrado entre un 75 y un 85% de las exportaciones brasileras a China. Para la Argentina lo mismo, el poroto o frijol de soja, el aceite de soja, y en algún momento el petróleo crudo —alguna vez tuvo un poquito mayor de relevancia el pescado, ahora aumentó la carne—, eso ha concentrado más de un 90% de las exportaciones argentinas a China.

 

Entonces: exportación de productos primarios o manufacturas basadas en recursos naturales, con alta volatilidad en los precios, con bajo contenido de valor agregado y, como contrapartida, importaciones provenientes de China que tienen cada vez una mayor intensidad tecnológica y de conocimiento. No solamente calzado y demás, que también desplaza empleo local, sino más productos con alto contenido tecnológico.

 

Durante los últimos 3 ó 4 años han logrado diversificar su matriz exportadora pero siempre primarizada. En el caso de Argentina —no por políticas del macrismo sino porque durante el final del mandato del kirchnerismo incluso se firmaron protocolos para exportar distintos tipos de carnes o granos, u otras manufacturas basadas en recursos naturales—, Argentina diversificó su matriz exportadora a China, pero siempre primarizada. Hablamos de una reprimarización de la economía argentina a partir de su relación con China pero ahora más diversificada los últimos años. Lo triste y relevante de la relación de estos países con China es el aumento de las inversiones. En 2008 el gobierno chino publica un documento de cinco o seis páginas conocido como El libro blanco de las relaciones de China hacia América Latina y dice básicamente que Argentina y China son economías complementarias, y con base en esa complementariedad debe ser la relación económica. Al gobierno de China le interesa el potencial de recursos naturales de la región y China, que es un actor que se viene empoderando, puede “ayudar” a estos países mediante la cooperación. Desde el 2010, 2011 empiezan los flujos de inversiones.

 

Más que nada se orienta en hidrocarburos en Brasil y en Argentina, también en Venezuela. Luego minería en Perú, más recientemente en Ecuador, en Bolivia. Y China tiene distintas estrategias según el país.

Con Chile, Perú y Costa Rica, que son países propensos a firmar Tratados de Libre Comercio, tiene TLCs, y con Colombia están trabajando en uno. En Argentina, donde siempre se vieron mal los TLCs, son desde el 2004 “socios estratégicos” y, desde el 2014 o 2015, “socios estratégicos integrales”. Es decir, diseña una relación bilateral con cada economía, trata de evitar negociar con la región como bloque y, gracias a las asimetrías de poder económico, militar, y geopolítico que tiene China con los demás países, saca ventaja en las negociaciones.

En el 2004 Hu Xin Tao visitó Argentina, Brasil y Chile, también Cuba, y de esa visita consiguió con los tres primeros países memorándums de entendimiento que reconocían a China no como economía en transición, como la OMC, sino como economía de mercado. Y eso le da ventajas a China para evitarse barreras antidumping en estos países y de alguna manera benefició a la industria china en detrimento de los productos industriales locales. La promesa que le hizo a la Argentina fue en cinco años tal vez comprar más soja. Y la cumplió parcialmente. Y eso lo puede hacer con base en sus asimetrías. Cada vez que China estuvo molesta con Argentina, le dejó de comprar aceite de soja. A estos países sudamericanos les produce un descalabro comercial muy importante.

Este Soft Power no es tan blando en realidad. Algunos analistas de relaciones internacionales hablan de “Poder Inteligente”,Smart Power.

A mí todas esas categorías no me gustan. Yo hablo sí de un ejercicio de una política que aparece como benévola pero que en realidad es coercitiva. No como la de Estados Unidos o la de otrora Gran Bretaña, que amenazaban militarmente —jamás va China a hacer eso, pues amenaza con lo económico.

China tiene una base de exploración del espacio profundo en Bajada del Águila, Neuquén, que implica la sesión territorial de 200 hectáreas, donde rigen las leyes laborales y penales de China.

Y si un ciudadano argentino quiere entrar, tiene que pedir permiso a la embajada china. Y cada vez que alguien puso en cuestión la base de observación aeroespacial, hubo algún tipo de represalia económica.

 

Por qué Consenso de Beijing, entonces. Porque el consenso implica la aceptación de dos partes. No del país sino de las élites dominantes de los países. Países con una retórica neoliberal como Chile, Perú, Colombia en sus distintos momentos, veían a China como socio estratégico incuestionable, y la salida para el desarrollo consistía en la exportación de commodities a gran escala a China. Países con un perfil político más radicalizado, que le han dado importancia al empoderamiento de los sectores populares, como Venezuela, o incluso a los movimientos campesinos indígenas, como Bolivia, no se cuestionan la exportación a gran escala de commodities. A eso Maristella Svampa le llama Consenso de los Commodities.

 

Yo reformulo este concepto y digo que estos países ven en China un socio incuestionable. Quien cuestiona la relación con China es considerado como derechista o como un opositor férreo. Y países con gobiernos de perfil nacional popular con una retórica industrialista basada en el consumo interno, con planes sociales importantes, como el Brasil de Lula y Dilma, o la Argentina en la época de Néstor Kirchner y Cristina Fernández han puesto en consideración a China como socio estratégico de manera incuestionable.

 

Entonces la expansión de productos primarios extractivos y de infraestructura en favor de China va en contra de la propia retórica de estos gobiernos como Brasil y Argentina, porque está comprobado económicamente, con cifras, que desindustrializa las economías de la región, que la importación directa de manufacturas amenaza el empleo local de sectores como calzado, textiles, etcétera, pero además provoca la pérdida de terceros mercados para estos países.

Entonces la relación con China reprimariza las economías locales y se presenta como el sendero único hacia el desarrollo. De hecho, algunos países hasta lo presentan como un actor contra-hegemónico.

El concepto de Consenso de Beijing permite exponer una relación de subordinación diferente de la del Consenso de Washington. Y hoy en día, además de expandirse las inversiones de China en hidrocarburos, minerales, también es la banca. En Argentina opera el ICBC, por ejemplo. Ahora se está expandiendo la infraestructura. En Argentina, ¿por qué participan en la refacción del Belgrano Cargas empresas y entidades estatales chinas? Sencillo.

Pasa por el 70% del territorio nacional, en el cual se siembra y se cosecha soja. Ahora con Macri es el San Martín Cargas. La infraestructura que promueve China en la región es una que abarata el traslado de semillas, minerales, granos a China y reduce la intensidad energética del traslado. China ahorra energía a través de inversiones en infraestructura. Y no es una que integre a los pueblos, pues implica pasar por el medio de territorios de distintas comunidades que no quieren ese tipo de proyectos. Lo que se viene ahora es una infraestructura de la conectividad Atlántico-Pacífico.

 

Así como en el momento de la Corona española o de la hegemonía británica en la región necesitaban estructuras ferroviarias macrocéfalas, que llevaban los productos primarios a los puertos, hoy el negocio para China es la conectividad Atlántico-Pacífico. Cortar el continente con corredores bi-oceánicos por ferrocarril. Se ha hablado de uno que entra a Brasil por el Atlántico brasilero y sale por el Pacífico peruano, y otro incluso que salga por el Pacífico a la altura de Chile pasando por Bolivia. Eso traslada de una manera más segura —para China— y más económica, desde los costos económicos pero también en términos de uso de energía y de agua, los distintos productos primarios. Así como nos preocupan iniciativas como IIRSA o como Cosiplan, también hay proyectos de infraestructura de las clases dominantes sudamericanas con la República Popular de China en la región.

 

En el marco del Foro del G-20 en noviembre de este año, se desarrollan entre China y Argentina reuniones bilaterales preparatorias para el primer encuentro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales durante la presidencia argentina del G-20. Cómo juega esto en relación con “el futuro del trabajo” y la “infraestructura para el desarrollo”. ¿Cuál sería la proyección de China en la región en torno a esos temas?

Hoy el dilema que le presenta China a los países que se quieren industrializar es que ningún país latinoamericano puede competir en ninguna industria con China, en cuanto a productividad. No es un país que compita por bajos salarios. Es un país donde la productividad del trabajo por la tecnificación y la robotización es muy importante. China es un país que se trata de mostrar multilateral, pero siempre deja las cosas para las negociaciones bilaterales. Entonces los gobiernos nuevos de la región —Temer en Brasil, Macri en Argentina— se quieren mostrar abiertos al mundo y como construyen su retórica como antítesis del gobierno anterior, a China la necesitan para generar divisas, como sea, endeudándose con el FMI o con una inversión primario-extractiva o exportando soja.

En ese marco el gobierno argentino dice sí, necesitamos a China pero estamos abiertos al mundo. En ese marco, la política del G-20 o de la OMC el año pasado tienen que ver con mostrarse así. Los funcionarios macristas hablan de “inserción inteligente”.

 

El abaratamiento de costos locales, entre eso lo que ellos llaman eufemísticamente costo laboral, que es precarizar la vida de los trabajadores, básicamente —no pagar horas extras, ir contra la negociación colectiva, etcétera— y además firmar TLCs y demás. El debate es que China está teniendo una política muy activa en cuanto a aspectos jurídicos que ayudan a la regulación de las inversiones. Históricamente EUA y la UE han tratado que se resuelvan las controversias Estado-inversores en el CIADI, pero a veces hemos visto en Tratados Bilaterales de Inversión o en capítulos de inversión de TLCs, que fijan restricciones incluso peores que las del CIADI.

Bueno, China va a tener un rol muy activo en esta Cumbre del G-20 en tratar de conseguir una manera de mostrarse ambivalente —con el ejercicio de un poder blando que le dé seguridad jurídica en sus inversiones en infraestructura, que son claves para China. China además de promover estos corredores bi-oceánicos que yo nombraba, está tratando de promover dos corredores bi-oceánicos entre Argentina y Chile. El famoso Trasandino de Mendoza, que está tratando de reactivar, y otro que uniría Chubut con Aysén. Y lo trata de negociar incluso con los gobiernos provinciales. China buscará en el G20 primero, mostrarse como un defensor muy activo del libre comercio, como la antítesis de Trump, para lograr el alineamiento de estos países que necesitan divisas, según su lógica gubernamental.

Acerca del “futuro del trabajo”, tenemos que pensar que Argentina es un país donde no ven con agrado para sus inversiones que acá haya aguinaldo, y otro tipo de conquistas laborales. Las reformas jubilatorias, previsionales, tributarias, laborales que se ven, sí son para conformar a organismos como el FMI pero también sirven para conformar a China. No tenemos que perder de vista que Sinopec, un gran inversor hidrocarburífero en Argentina, amenazó con irse del país porque un gerente chino se quedó atrapado en una protesta sindical.

Hoy en día proliferan los tratados de nueva generación. La normativa que uno podía ver para el TPP, que potenciaba Estados Unidos, era extender las patentes de los medicamentos, tratar de que la normativa de semillas se ajustara a UPOV 91. Es decir, negociaciones por normativas a favor de diferentes grupos empresariales. O que no se pueda aplicar el Convenio 169 de la OIT. En todo esto China se muestra como un actor no coercitivo, pero que en última instancia va a ser coercitivo. Los chinos son pragmáticos y quieren que se hagan inversiones en infraestructura. Lo que más me preocupa es el tema del agua. A veces hay violaciones de derechos humanos o libertades, o precarización de nuestras vidas que no se ven en una inversión. En Bolivia se recibe con agrado el Proyecto Mutún, donde estaría invirtiendo China, que es de mineral de hierro. Pero lo que no vemos, no calculamos los economistas, los sociólogos, los cientificos sociales, es cómo se incrementan las emisiones de dióxido de carbono en la región por el flujo de inversiones.

 

Hoy China está siendo más observada por la OIT. Entonces ha trasladado todos los procesos espúreos, por ejemplo las maquilas, a Bangladesh, a Laos, a Myanmar, a Camboya, a Vietnam, a su propia periferia. Con sus inversiones China traslada violaciones de derechos humanos, o traslada precariedad laboral. Con las inversiones en América Latina traslada emisiones de dióxido de carbono y uso de agua para este tipo de actividades, y le quita a la población el uso del agua. Entonces más allá de que una empresa determinada pueda respetar el derecho laboral o los derechos humanos, el tipo de infraestructura y el tipo de inversión externaliza o terceriza o deslocaliza contaminación, emisiones de dióxido de carbono, apropiación de agua, en América Latina, así como deslocaliza precarización laboral en su periferia.

Notas:

(1) Economista por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Profesor regular de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) y docente del Ciclo Básico Común de la UBA. Integra la Sociedad de Economía Crítica (SEC), el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) y el Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Naturales del IEALC-UBAA.

(2) China tiene unos mil 380 millones de personas. Hay población china no registrada en los censos, porque hay familias que durante muchos años escondieron a varios hijos o hijas.

(3) Un Swap es un acuerdo entre dos partes para intercambiar flujos de fondos en fechas establecidas y durante un periodo de tiempo en el futuro.

Revista Biodiversidad, sustento y culturas

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/El_devenir_de_China_como_gigante_expansivo

En consecuencia, el desarrollo de China no humaniza la vida social e internacional. Sobre todo destaquemos que es el gran consumidor de materia prima, energía y agua compitiendo con esos derechos esenciales a los pueblos planetarios. Aclaremos, en especial, que como todo capitalismo a la vez imperialista, los despilfarra por basarse en  la gran escala de emprendimientos e infraestructura para exportar gigantescos volúmenes de los que el sistema mundo clasifica como recursos naturales. Por eso, es hora de apreciar la:

 

Entrevista al experto Jason Hickel.

El decrecimiento, un movimiento rupturista

que va sumando adeptos.

16 de octubre de 2018

Por Hernán Álvarez

Mirador provincial

 

El concepto denominado “decrecimiento económico”, que se opone abiertamente a la tradición imperativa de crecer arraigada desde hace siglos, suma adhesiones. Una corriente de pensamiento totalmente rupturista que plantea un rumbo distinto al acostumbrado.

 

Desde la época de la Revolución Industrial que la combinación de palabras “crecimiento económico” tiene una connotación positiva en Occidente. Producir más, invertir más, extraer más de la tierra está bien visto desde el siglo XVIII hasta hoy. Sin embargo, en el XX y en este XXI aún más, comenzó a tomar fuerza una idea totalmente opuesta. Esta concepción nueva considera al progreso y al aumento del PBI (producto bruto interno) de cada país como algo decididamente malo para el planeta y para el hombre en general. 

Se plantea la idea lógica de la finitud de la Tierra y la consecuencia de que ese crecimiento no puede ser eterno debido a los límites que el mundo impone. Uno de los primeros en plantear esta corriente denominada del decrecimiento fue el economista contemporáneo francés Serge Latouche. 

Este movimiento suma más adeptos cada año al observarse los resultados que trae la concepción opuesta de producir cada vez más. Uno de sus defensores es el antropólogo Jason Hickel. Nacido en Suazilandia (Sudáfrica) es miembro de la Royal Society of Arts inglesa, egresado de la Universidad de Londres y profesor de la London School of Economics (facultad de esta casa de estudios). 

 Hickel habló en exclusiva con Mirador Provincial sobre la macroeconomía mundial, argentina y santafesina. 


¿Usted apoya el movimiento del decrecimiento?

— Sí, apoyo el movimiento del decrecimiento. Pero debo ser claro sobre qué significa eso. En la actualidad estamos en una era de exceso ecológico (“ecological overshoot” en inglés). Vemos los efectos en la forma del cambio climático y la extinción masiva de especies, lo cual impone una mayor amenaza para nuestra civilización. La vasta mayoría de ese exceso es producido por naciones ricas. Por ejemplo, una persona promedio en una nación rica consume 28 toneladas de cosas materiales por año. Esto es cuatro veces más del límite ecológico. En otras palabras, si todos en el mundo consumiéramos al nivel de las naciones ricas, necesitaríamos cuatro planetas Tierra para sostenernos. Entonces sabemos que en una escala global necesitamos reducir drásticamente el uso de los recursos y cortar con las emisiones (de efecto invernadero). La pregunta es, ¿es posible hacer esto persiguiendo un crecimiento del PBI? De acuerdo a todos los datos científicos disponibles, la respuesta es “no”. Sí, la innovación tecnológica ayudará, pero no será suficiente por sí misma. Entonces, debemos concluir que la única opción para evitar el colapso ecológico es reducir la actividad económica global agregada. Inclusive países más pobres necesitan empezar a virar hacia un modelo económico que no requiere un crecimiento interminable del PBI. 

¿Cuál es la diferencia entre decrecimiento y postcrecimiento?

— Son partes del mismo movimiento y tiene la misma crítica del crecimiento. La única diferencia es que el decrecimiento tiene el coraje de marcar que no es suficiente con ser agnóstico sobre el crecimiento. Por ejemplo, enfocarse en otras cosas en vez de crecimiento. Tenemos que enfocarnos activamente en hacer decrecer la tasa de producción de materiales y desperdicios en la economía global. 

Si el comunismo fracasó en el siglo XX, ¿cuál es la alternativa al capitalismo?

El problema con el comunismo en el siglo XX es que fue esencialmente sólo capitalismo de Estado. Mire a la URSS, por ejemplo, o China. Ambos son países que estuvieron y están obsesionados con el objetivo de crecimiento exponencial, igual que los países capitalistas lo están. La izquierda y la derecha pueden disentir en cómo distribuir los beneficios del crecimiento, pero en la cuestión del crecimiento en sí misma están unidas. Por eso es que las políticas de izquierda tradicionales no son ya lo suficientemente buenas. Tenemos que evolucionar no sólo por sobre el capitalismo, sino sobre el imperativo del crecimiento. 

— Usted escribió en un artículo que el crecimiento y la ecología no pueden ir juntos. ¿Cómo explica esto?

-El problema es que es imposible desacoplar crecimiento de impactos en el medioambiente. Esto lleva a que las fantasías del crecimiento verde (sostenible) se hagan tan populares recientemente. No hay evidencia de que el crecimiento verde sea factible. Entonces, si queremos retornar a una economía en línea con los principios ecológicos, no puede ser una economía basada en el crecimiento. 



¿Tener menos hijos?

En la actualidad, el mundo tiene más de 7.500 millones de habitantes. ¿El cambio climático fuerza a los padres a tener menos hijos? ¿Cuál es el número límite?

— No es la población en sí misma el problema. Es el consumo excesivo. El exceso ecológico está conducido por consumo excesivo en naciones ricas y por individuos ricos. ¿El crecimiento poblacional incrementa la presión ecológica? Sí, particularmente el crecimiento poblacional entre comunidades ricas con niveles altos de consumo. Pero el precepto principal es simple. En una era de límites ecológicos, no tiene sentido asumir que la gente debe tener el derecho a concebir tantos hijos como quiera. El ejercicio de libre albedrío de una persona a tener muchos hijos tendrá un impacto negativo en las perspectivas de vida de otros... Al significar esto menos “espacio ecológico” para todos. Esto no es moralmente defendible. Si la gente quiere tener hijos, debe adoptar. Si no quieren adoptar, entonces tener un hijo está bien, quizás hasta dos. Pero cualquier número más que dos hijos parece ser inmoral. 

Costa Rica como un caso exitoso

— ¿Es posible que los países periféricos mejoren sacándose de encima la idea del crecimiento que guía sus economías?

— Sí, por supuesto. Pasado un cierto punto, el crecimiento en el PBI no es necesario para niveles alto de bienestar humano. Costa Rica tiene una expectativa de vida más alta que Estados Unidos, excelente educación y uno de los niveles de felicidad más altos del mundo. Y todo con un PBI per cápita de sólo 10.000 dólares. Un quinto del de Estados Unidos y mucho menos que Argentina. ¿Por qué? Porque han invertido en educación pública de alta calidad y salud. El antídoto al crecimiento es encontrar caminos para mejorar el bienestar sin requerir productividad industrial masiva. Invertir en lo que realmente interesa. 

— Argentina tiene un mal año en este 2018 al comenzar una recesión con inflación alta, incluida la pérdida de fuentes laborales. ¿Cómo pueden mejorarse los estándares sociales sin crecimiento económico?

—El capitalismo siempre está generando desempleo. El camino a mejorar la productividad siempre significa que hay menos trabajadores requeridos para producir la misma cantidad de producción. ¿Qué pasa con los trabajadores que sobran? Son descartados. ¿Entonces qué hacemos? La respuesta común es crecer, crear más trabajos. Pero hay otro camino: simplemente acortando la semana laboral. De esa manera, uno redistribuye los requerimientos laborales existentes de manera que todos tengan acceso a un ingreso. La otra alternativa, por supuesto, es el ingreso universal básico asegurándonos que la gente tenga acceso a un sustento sin tener que crear más trabajos para ellos. Un ingreso básico no sólo estimularía las economías locales, también liberaría a la gente a ser más creativa e innovadora, mejorando sus comunidades e involucrándose en políticas 
democráticas. 


— ¿Argentina está condenada al fracaso al ser un país del hemisferio sur?

No, por supuesto que no. Al contrario, el sur global tiene el mayor potencial de reinventar economías y cambiar hacia un futuro mejor. Sabemos que el modelo económico occidental nos está fallando. Está generando inequidad, inestabilidad y destrucción ecológica. Necesitamos algo mejor. El sur debe tomar la oportunidad de romper con el modelo occidental y construir algo mejor, más justo y más ecológico. 

— ¿Piensa que la idea de desarrollo sostenible no es realmente posible?

— Depende en qué entendemos como desarrollo sostenible. ¿Desarrollo sostenible por siempre? ¿O una forma de desarrollo que es ecológica? En la primera, la respuesta es claramente “no”. En la segunda, la respuesta es “sí”. Es posible mejorar el bienestar humano sin crecimientos interminables de PBI. Podemos hacerlo mejorando salarios, etcétera. Redistribuyendo los recursos existentes de manera que no tengamos que perforar la Tierra por más. 

La incidencia ecológica de la soja

Hickel se refirió también a la soja en particular. La oleaginosa es esencial en la economía de nuestra provincia. Consultado sobre el cultivo de este grano y su incidencia ecológica, el antropólogo contestó: “Depende en cómo es usada la soja. Si se usa para consumo humano, da una nutrición excelente con muy poco impacto ecológico. Pero si es usada para alimentar animales, digamos para consumo humano de carne vacuna, entonces es increíblemente ineficiente y ecológicamente destructiva”. 

“También depende de cómo se cultiva la soja. Si es cultivada por grandes corporaciones agrícolas que usan fertilizantes químicos y pesticidas, entonces es destructiva para los suelos, los ríos y el mar, y contribuye significativamente a la extinción de especies y al colapso de la biodiversidad. Si es cultivada de manera orgánica, entonces puede ayudar a edificar la salud del suelo que puede ayudar a capturar dióxido de carbono y enfriar el planeta”, agregó el experto suazi.

http://www.miradorprovincial.com/?m=interior&id_um=180326-el-decrecimiento-un-movimiento-rupturista-que-va-sumando-adeptos-opuesto-a-la-idea-de-progreso-y-crecimiento

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=247793

 

 

Constatemos como, al igual que Esquel o Andalgalá en Argentina, en Bolivia:

"Tariquía[1], en la geografía boliviana parecía un lugar recóndito, alejado de nuestras preocupaciones cotidianas, ni céntrico ni estratégico en los mapas geopolíticos del continente, y de repente emerge, gracias a la lucha de las comunidades que lo habitan, como un nuevo referente de resistencia al extractivismo y al autoritarismo estatal que pretende imponerse en nombre de un interés general, 'nacional' abstracto por sobre la opinión, voluntad y autodeterminación social de quienes allá reproducen sus vidas".

 

 

 

Neocolonización extractivista y resistencia comunitaria en el sur de Bolivia

¿Por qué debe importarnos tanto Tariquía?

18 de abril de 2018

 

Por Pavel López y Gaya Makaran

 

Rebelión

Tariquía[1], en la geografía boliviana parecía un lugar recóndito, alejado de nuestras preocupaciones cotidianas, ni céntrico ni estratégico en los mapas geopolíticos del continente, y de repente emerge, gracias a la lucha de las comunidades que lo habitan, como un nuevo referente de resistencia al extractivismo y al autoritarismo estatal que pretende imponerse en nombre de un interés general, “nacional” abstracto por sobre la opinión, voluntad y autodeterminación social de quienes allá reproducen sus vidas. Los planes estatales de explotación petrolera en esta reserva natural, presentados como “necesarios”, son muy claramente concebidos en el brutal, maquiavélico y ya evidente tablero neocolonial del despojo territorial promovido por un gobierno que hace rato ya se muestra en contubernio y genuflexo ante las fauces de la actual fase de acumulación capitalista con su cara neoextractivista en la región.

 

Pero ¿por qué debería importarnos Tariquía, más allá de una simple solidaridad o identificación con la lucha de los/las comunarios de este territorio otrora área protegida? ¿Qué pertinencia tiene aquel puntito en las cartografías sociopolíticas de Bolivia y de América Latina?

 

Es que Tariquía no es la única, forma parte de una extensa red de resistencias y defensas comunitarias que tienen lugar en Bolivia y en toda Latinoamérica, resistencias ante un enemigo común que, independientemente de las banderas partidarias y los colores ideológicos, acosa a los territorios, pueblos, comunidades y formas de vida, las que, precisamente se resisten a la voracidad de la acumulación capitalista y sus proyectos de muerte.

Podríamos decir, parafraseando a Boaventura de Sousa Santos, que el colonizador retorna, montado en un buldócer, sembrando carreteras, represas y torres petroleras o desquiciadas tuberías para el fracking. Su bandera es la del “progreso”, “desarrollo” y “combate a la pobreza”, su cruz es la del capital transnacional que en alianza con el Estado arremete contra las últimas fronteras que le puso la naturaleza a la acumulación capitalista.

 

Esta nueva conquista, en la última década y media ha sido impulsada por los gobiernos “progresistas” o autodenominados “de izquierda”, los que en nombre del bienestar social y la soberanía nacional han emprendido proyectos de “desarrollo” y “modernización” capitalista, aunque lo que se ha evidenciado haya resultado, en la realidad de sus alcances y bestialidad de sus efectos, en “proyectos de muerte” para los territorios y para sus poblaciones y ecosistemas, en una inocultable reprimarización de modelos económicos con base extractivista, en contra principalmente de comunidades rurales y pueblos indígenas que desde los años 80 han resistido el embate neoliberal y han ido recuperando y resguardando sus territorios y sus modos de vida en un esfuerzo por su r-existencia (Porto Gonçalves) y autodeterminación social.

 

Este retorno del colonizador se inscribe en una larga historia de conquista y colonización de las tierras y poblaciones de América Latina, Abya Yala, que según las épocas, cambiaba de discurso legitimador, pero siempre respondía al proyecto de acumulación originaria del capital unido a la homogeneización cultural que tenía como objetivo asegurar la hegemonía plena de la empresa colonizadora. Se trata de someter la tierra y al ser humano que la habita para que sea “útil” y “productivo”; combatir lo otro y al otro como incompatible con el propósito de un monopolio epistémico planetario del capitalismo en tanto orden civilizatorio; quemar la selva “salvaje” con el fuego de la civilización, puesto que la Tierra no es madre, sino una virgen que hay que poseer, penetrar y domar violentamente; son pautas del ethos del colonizador que ha pervivido hasta nuestros días.

 

La colonización puede ser física y simbólica, violenta y sutil, se lleva contra los territorios y los cuerpos, contra los modos diversos de pensar el mundo y de reproducir la vida, su objetivo es su destrucción o subordinación a las lógicas “modernas” que viabilizan la acumulación del capital.

 

La expropiación del ser humano de su capacidad multidimensional de decidir sobre su vida en colectivo, es una característica de la esclavitud moderna, donde la libertad se vuelve ilusoria: los caminos del colonizador llevan siembre al mismo lugar, no permiten el caminar libre en la selva de senderos comunitarios, clausuran espacios, trazan los límites de líneas rectas que cortan los territorios, liquidan pensamientos, compran conciencias, imponen costumbres. Nos convencen que no hay alternativas, que hay que adaptarse o morir. El espacio-tiempo del capital pretende imponerse sobre espacios-tiempos de los pueblos y comunidades y, por supuesto, a los espacios-tiempos de la naturaleza y sus ciclos bio-reproductivos con una lógica utilitarista y racionalista que de racional tiene muy poco.

 

La nueva empresa colonizadora se presenta hoy, sin embargo, más ambiciosa que las de antaño, puesto que esta vez pretende expandirse más allá de sus lugares tradicionales, que en el contexto latinoamericano corresponden en gran medida con enclaves extractivistas, e imponerse de manera irreversible y definitiva, imposibilitando la disputa por el espacio-tiempo, al subsumir todo el territorio y todas las formas de vida a la lógica del capital y a su espacio-tiempo único. Esta ambición totalizadora del capitalismo actual que trasciende la dimensión meramente económica y permea todos los aspectos de la vida humana, desde la organización política, reproducción cultural, relación con la naturaleza, etc., encuentra todavía resistencias que se “empeñan” a defender sus modos particulares de vida más allá, aunque difícilmente fuera, del binomio Estado-capital, apostando por la comunidad como base de una posible autonomía social.

 

Estas luchas, aunque muchas veces invisibilizadas, criminalizadas y perseguidas por el aparato estatal, siguen siendo una importante señal de la vitalidad de los sujetos comunitarios y marcan al mismo tiempo los límites de la empresa extractivista.

 

El gobierno del Movimiento al Socialismo en Bolivia revela en este y otros tantos casos su apuesta ultra-extractivista que se caracteriza por la continuidad con varias de las apuestas del modelo neoliberal y el reforzamiento de la dependencia del capital transnacional, pero esta vez con un despliegue estatal incuestionable dirigido contra la autonomía social de aquel subsuelo político rebelde que hizo posible su arribo al poder.

 

De hecho, el “Estado Plurinacional” en manos del masismo constituye un muro de contención y un aparato de desarticulación de las resistencias de “los de abajo”, impensable siquiera en la época neoliberal y como tal es una herramienta perfecta de dominación capitalista en servicio de las oligarquías nacionales (viejas y nuevas) y mundiales.

 

En este sentido, la actual tendencia gubernamental/estatal también apunta re-subalternizar a los sujetos políticos autónomos, al dividir y destruir las grandes organizaciones indígenas y populares, expresión de un proyecto político propio, que tanto tiempo y con tanto esfuerzo se han ido articulando en el país. De ese modo, el gobierno del MAS como fuerza política y como fuerza monopólica estatal, a pesar de sus ambiciones de presentarse como representante del proyecto indígena-popular y de una supuesta refundación plurinacional se ubica, más bien, como una fuerza, primero de contención y cooptación, y luego de desmovilización, fragmentación y represión, cuya única ambición parece ser la “modernización” capitalista del país en base a la expansión extractivista proyectada sobre el despojo y la destrucción socioterritorial, a la vez que va acentuando cada vez más sus rasgos estadocéntricos, nacionalistas, caudillistas, patriarcales y autoritarios.

De esta manera, en nombre de un proceso “revolucionario”, hace ya tiempo desmentido y desenmascarado por la contundencia de la realidad, mediante el cual se pretendía supuestamente desactivar las formas coloniales, republicanas y capitalistas del Estado y su modo de relación con la sociedad, desde hace algún tiempo en Bolivia, como vimos, se estaría asistiendo más bien a su antítesis, al afianzar en alianza con las viejas élites el modelo del Estado-nación monopolizador, capitalista, extractivista y neocolonial, que promueve una neocolonización de espacios que históricamente fueron visto como “territorios baldíos” o de conquista, y que en las últimas décadas han venido desarrollado procesos de resistencia frente a las políticas avasalladoras del Estado-capital. Por lo que l a estrategia gubernamental estaría acaso proyectada y desplegada para pacificar a los sujetos rebeldes ya sea a través de cooptación, la fragmentación o la represión, sobre todo de sujetos sociocomunitarios y de base territorial.

En ese sentido, con el conflicto entorno a la defensa comunitaria de Tariquía queda claramente evidenciada la demanda de autodeterminación social como derecho colectivo de decidir y definir la vida en común, a partir, por un lado, de la defensa de sus formas de producción y reproducción social y económica y, por otro lado de las formas comunitarias de relación con su entorno, es decir de eco-territorialidades frente a una asonada extractiva. Nos muestra que un horizonte contra-hegemónico en Bolivia hoy se presentaría básicamente en torno a las manifestaciones de estas resistencias comunitarias, indígenas como en el caso TIPNIS, campesinas como en Tariquía, o articuladas entre ambos actores como vemos en la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Rositas en el Chaco boliviano.

 

Un aspecto central de estas luchas, es que están protagonizadas de manera significativa por las mujeres que destacan por su firmeza y coraje, al posicionarse como referentes de la resistencia, más allá de sus organizaciones tradicionales, ocupando espacios hasta hace poco monopolizados por dirigentes únicamente varones, como sindicatos regionales. ¿Cómo se explica este fenómeno? Ellas mismas lo explican, evocando su papel que desempeñan como mujeres en sus comunidades: son las encargadas de reproducir la vida, de cuidar y alimentar, de asegurar el agua fresca, la leña y los alimentos que les da la naturaleza, incluidos proyectos como la apicultura en Tariquía. Ellas saben que la destrucción del bosque supondrá un peligro directo para el sustento de sus hogares, el futuro de sus hijos y sobre todo su autonomía productiva. Son justo las mujeres que primeras sufren la violencia , tanto directa como estructural del ethos colonizador, derivada del capitalismo, en sí patriarcal, que históricamente ha apuntado tanto a la subordinación de la mujer a través del despojo de los medios de reproducción de vida, de sus conocimientos y del control sobre su cuerpo[2]. Así, las mujeres de Tariquía, del TIPNIS, de Rositas y de otros tantos frentes de lucha y resistencia responden con una “digna rabia”, decididas a defender su dignidad, junto con los territorios donde sustentan y reproducen la vida, a decir de Arturo Escobar los “territorios de vida”, frente a los proyectos de muerte que asedian cada vez con más brutalidad.

 

¿Cuál sería el desenlace de esta tensión entre el proyecto recolonizador del MAS y las resistencias comunitarias? El escenario puede parecer negro: las históricas organizaciones indígenas quedaron fragmentadas y debilitadas, los horizontes emancipatorios estrechados o incluso borrados, los márgenes de la autonomía social se vuelven cada vez menores y la penetración simbólica y física de la modernidad capitalista, por más barroca que sea, en los espacios “otros” es considerable. Sin embargo, el gobierno del MAS, aunque quiera aparentarlo, tampoco es un buldócer arrollador invencible, y actualmente parece más bien el coloso con pies de barro, sumido en una crisis aguda, multidimensional e insostenible, desde la pérdida de legitimidad y credibilidad por las inconsistencias entre la práctica y el discurso, el descontento social por el malfuncionamiento de los servicios básicos como la educación y la salud, el hastío generalizado por los groseros niveles de la corrupción, hasta la protesta contra sus ambiciones de perpetuación en el poder del Estado y sus métodos autoritarios e impositivos que sustituyeron hace tiempo ya la negociación y el diálogo, todo esto con las simultáneas dificultades con mantener el control centralizado y discrecional de excedentes, así como la consecuente red clientelar de apoyos, ante la baja de los ingresos de los commodities.

 

No obstante, de la tierra quemada por el proyecto neocolonizador están brotando nuevas o, más bien, renovadas formas de resistencia comunitaria que con el tiempo podrían crecer y entretejerse para hacerle frente a este panorama gris o un horizonte poco esperanzador que se avecina. Son espinas y piedras en el camino del capital y aunque muchos vean su lucha como condenada al fracaso, allá siguen como las lianas que envuelven y penetran el motor de la locomotora capitalista, frenando cuanto pueden el galopar planetario hacia el precipicio. Nos invitan a retomar el caminar milenario por los senderos inciertos, pero hermosos, donde la reproducción de la vida más allá del Estado-capital no es una utopía, sino una práctica cotidiana y necesaria para defender la vida. ¡Por eso nos debe importar Tariquía, por eso debemos defenderla!

Notas:
 

[1] La Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía se encuentra en la región suroeste de Bolivia, en el departamento de Tarija que forma parte de un corredor ecológico Tariquía-Baritú. Su ecosistema corresponde a la subregión biogeográfica de bosque húmedo montañoso. Consituye una reserva natural de una notable diversidad de recursos biogenéticos y de fuentes de agua para la región. Historicamente ha enfrentado grandes amenazas provenientes principalmente del avance de la frontera agrícola, explotación maderera, la ganadería extensiva, y ahora la explotación petrolera. Está habitada comunidades campesinas dedicadas principalmente a la agricultura de subsistencia, apicultura (mujeres) y aprovechamiento sustentable del bosque. Fue declarada Reserva Natural mediante Ley 1328 en 1992 a petición explícita de sus habitantes. El gobierno de Evo Morales mediante del Decreto Supremo 2366 del 20 de mayo de 2015 legaliza la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas del país, incluida la Reserva de Tariquía, lo que reactivó la movilización de las comunidades en defensa de este territorio. En marzo de 2018 el MAS aprobo leyes para la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas de San Telmo Norte, Astillero que son parte de la Reserva, a cargo de la petrolera Petrobras junto con la estatal YPFB (la inversión del proyecto sería de 700 millones de dólares y abarcaría una superficie de 21.093 ha). A esto se suma lo que el año pasado se conoció por parte de un estudio de CEDIB sobre el proyecto hidroeléctrico Cambarí, que sería construido en el núcleo de la Reserva. En abril de 2018 en el encuentro en Tarija entre el gobierno de Bolivia y los representantes de las petroleras, la empresa estatal YPFB declaró abrirse al fracking. 

[2] Véase Silvia Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Madrid, Traficantes de Sueños, 2010.

Pavel López es Investigador social y activista boliviano. Gaya Makaran es investigadora del CIALC UNAM.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240488

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

 

Nos convencen sobre lo central de derrotar a Macri y para ello unir al Partido Justicialista. Manipulan ‘nuestro’ sentido común y de este modo sostenemos el círculo vicioso del poder tanto en dictadura como en democracia. Es hora de generalizar la necesidad de unión de todas las luchas por las justicia ambiental y social hacia alternativas postcapitalistas. Valoremos la construcción en Chiapas.

 Pronunciamiento final del Encuentro

"¡Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo!"

25 de abril de 2018

 

Rebelión

Los 19 y 20 de abril 2018, organizaciones y comunidades que formamos parte del Grupo de resistencia al modelo extractivo en Chiapas, nos reunimos en las tierras del Frente Popular en Defensa del Soconusco "20 de junio" (FPDS), en el marco del Encuentro "¡Pueblos Vivos! ¡Libres del Extractivismo!", que realizamos en la casa ejidal de Acacoyagua, Chiapas.

Hace años que nos hemos venido encontrando entre hombres y mujeres integrantes del Grupo de resistencia al modelo extractivo en Chiapas. Buscamos tejer nuestras luchas y hacer frente común al avance del extractivismo, es decir la actual fase del capitalismo que extrae un máximo de bienes comunes naturales para la acumulación de riqueza y la exportación de materias primas. Junt@s y unid@s frenaremos este modelo que daña la vida, la naturaleza, los derechos colectivos de los pueblos, el tejido social, el patrimonio biocultural y nuestra espiritualidad.

El FPDS está a punto de cumplir tres años de resistencia contra las 21 concesiones mineras que existen en Acacoyagua y Escuintla. Nos reunimos en su territorio porque su lucha digna y justa en defensa de la vida y de la Madre Tierra es un ejemplo para nosotr@s. Su defensa es esencial para el bienestar de la población y de las futuras generaciones a quienes tenemos que dejar ríos limpios, libres de contaminación minera.

Admiramos la valentía de l@s compañer@s del FPDS quienes llevan año y medio instalad@s en dos campamentos en Acacoyagua http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/2452-video-habitantes-del-soconusco-chiapas-organizados-para-detener-la-mineria para impedir el paso de las maquinarias de la empresa El Puntal S.A. de C.V. hacia la mina de titanio "Casas Viejas". Gracias a esta acción, la mina no está activa, pero seguiremos apoyando al FPDS hasta que las 21 concesiones se cancelen de manera definitiva. Les felicitamos por haber logrado que en septiembre y octubre 2017, el ejido y los Bienes Comunales de Acacoyagua firmaran acuerdos de asamblea en donde se prohíbe la actividad minera http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/2828-defensores-de-acacoyagua-prohiben-la-mineria-en-dos-nucleos-agrarios-y-exigen-que-se-respete-su-decision.

Su lucha es difícil y de muy largo aliento, como la de cada un@ de nosotr@s, pero estamos conscientes del imperativo de seguir luchando. Necesitamos agarrarnos de la mano, porque hoy no sólo debemos enfrentarnos a las minas, sino a un conjunto de megaproyectos, que hacen parte del modelo extractivo, ya que hoy hasta nuestro propio maíz originario está amenazado.

Oficialmente existen 111 concesiones mineras y 98 proyectos hidroeléctricos en la entidad, pero en Pijijiapan, l@scompañer@s del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas ya lograron la suspensión de 4 proyectos de mini hidroeléctricas. En Pijijiapan, l@s compañer@s de las comunidades de Lázaro Cárdenas y comunidades vecinas están intentando también prohibir el proyecto de granja avícola de Bachoco cuyos desechos llenos de agentes tóxicos desembocan en el río Las Pilas afectando la salud las personas que dependen de esa agua. Nos solidarizamos con su lucha contra el despojo agroindustrial.

Nos amenazan también los proyectos de parques eólicos que quieren producir energía eléctrica con el viento, como en el municipio de Arriaga. Están también los proyectos de la economía verde* que buscan sacar provecho de la biodiversidad a través de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y de la militarización, con la implementación de la Gendarmería Ambiental, a la cual resisten los compañeros de "Reddeldía de los Montes Azules" en la Selva Lacandona. En cuanto a la explotación de hidrocarburos, compartimos la digna lucha del pueblo indígena zoque de Chiapas quien la cancelación de los bloques 10 y 11 de la Ronda 2.2. en los cuales se planeaba explotar 12 pozos de hidrocarburos en su territorio, pero seguimos pendiente de cualquier otro ataque a su soberanía.

*La legalización del despojo se traduce por la implementación de nuevas Zonas Económicas Especiales (ZEE)

http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/article/49-25-el-escaramujo/49-el-escaramujo/2305-el-escaramujo-65-las-zonas-economicas-especiales
en el sureste mexicano*, entre ellas la ZEE de Puerto Chiapas http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/article/49-25-el-escaramujo/49-el-escaramujo/2803-el-escaramujo-72-la-zona-economica-especial-de-puerto-chiapas que va a ocupar 8,611 hectáreas en tierras de Tapachula. El gobierno nos hace creer que se trata de un proyecto social que va a sacar a nuestras comunidades de la pobreza, pero bien sabemos que significarán "progreso" y "desarrollo" solo para las empresas, las cuales no pagarán ningún impuesto dentro de la ZEE. A cambio sacarán mucha energía, agua y mano de obra explotada para funcionar, dejándonos solo con más pobreza, más contaminación y menos tierras cultivables.

Además, las ZEE son un atentado a la soberanía de nuestros municipios ya que las van a administrar personas externas que podrán venir del sector privado. Nosotros tenemos otro proyecto de vida más sustentable para nuestras comunidades, basado en el rescate de nuestros usos y costumbres, nuestras semillas originarias y nuestra medicina tradicional.


*Rechazamos la nueva Ley de Seguridad Interior* que otorga el derecho al presidente de la República de activar la presencia de las Fuerzas Armadas en cualquier situación que represente un supuesto riesgo para la seguridad nacional. *El Ejército podrá intervenir hasta en protestas pacíficas*, por lo que condenamos esta nueva ley anticonstitucional, hecha para proteger a las empresas, no a l@s campesin@s. Ya lo vimos en enero de 2018, cuando el Ejército entró en varios ejidos del municipio de Ocosingo 

http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/180-extractivismo/biodiversidad/2824-chiapas-denunciamos-el-hostigamiento-del-ejercito-mexicano-contra-las-comunidades-de-los-montes-azules

en la Selva Lacandona, en el marco de la implementación de la ley.

Denunciamos la implementación de estrategias de control y de programas asistencialistas en el marco de las elecciones de 2018, que generan división en las comunidades e incrementan los niveles de violencia. En el municipio de Cancúc, por ejemplo, se les está pidiendo a las comunidades y policías comunitarias vigilar con armas la entrega del programa Prospera.

Ante este panorama, nos da mucha esperanza encontrarnos en el territorio del FPDS, donde la lucha organizada y pacífica tiene resultados concretos y logra frenar el despojo, en presencia de otras organizaciones y comunidades que también se defienden y derrotan proyectos de muerte. Al resistir de forma organizada al modelo extractivo, reforzamos nuestra defensa territorial y nuestra búsqueda de soberanía, generamos unión y articulación entre los pueblos explotados, y* recuperamos el ejercicio de nuestros derechos colectivos.

Firmamos:

Grupo de resistencia al modelo extractivo en Chiapas
Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
(MAPDER)
Frente Popular en Defensa del Soconusco "20 de junio" (FPDS)
Comisariato de Bienes Comunales de Acacoyagua, Chiapas
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Consejo Cívico Tonalteco
Pescadores y Campesinos de la Costa y Sierra de Chiapas
Resistencia Civil contra las altas tarifas de luz
Movimiento "Reddeldía de los Montes Azules"
La Voz del Pueblo
La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Parroquia de Cancúc
Parroquia Santo Niño de Atocha de Frontera Comalapa
Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) de Ocosingo
Kinal Antsetik A.C.
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.
Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el
Territorio (ZODEVITE)
Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de
Chiapas (COMPITCH)
Colectivo Geocomunes

Nos acompañan:

Movimiento Sueco por la Reconciliación - México (Swefor México)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240773

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La propiedad social agraria:

una herramienta para defender el territorio en México

9 de mayo de 2018

 

Presentación de la abogada jalicense Claudia Gómez Godoy, del equipo jurídico de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), durante el Encuentro "¡Pueblos Vivos! ¡Libres del Extractivismo!" organizado en Acacoyagua, Chiapas, los 19 y 20 de abril 2018.

La génesis de la propiedad social: cómo se crearon los ejidos y las comunidades en México

En México hay una situación particular. Hubo un reparto agrario en donde más del 50% del territorio nacional es propiedad social. Se concentra en dos tipos de propiedad: la propiedad ejidal y la propiedad comunal.

Los ejidos y las comunidades surgen como una respuesta a una demanda popular que se dio con la Revolución. Respondían a una situación concreta que se vivía en muchas partes de América latina. Había muchas comunidades, sobre todo comunidades indígenas, que tenían una forma de organizarse para la protección agrícola o para la tenencia de la tierra, para el cuidado del territorio, que era una forma de propiedad común.

El título de comunidad reconocía que un grupo de personas ya tenía una propiedad común. Otra forma de repartir tierras era reconocer que un grupo de personas había sido despojado en la época de la Colonia de las tierras que ya tenía, por medio de una hacienda por ejemplo, y darles las tierras que antes eran suyas. Por último, se le podía dar tierras a un grupo de personas que no tenía tierras antes de la Colonia para que se organizara como un ejido o una comunidad.

Estos dos tipos de propiedad reconocen fundamentalmente una forma de organización económica aunque también surgen como una forma de organización política y una forma de organización social. Cada ejido y cada comunidad hoy tiene que recuperar toda esta historia de cómo sus abuelos obtuvieron el reconocimiento de la titularidad de las tierras.

Antes del año 1992, las tierras ejidales y comunales eran tierras que se daban a las personas en colectivo y esas personas eran propietarias en colectivo. Ninguna de esas personas era propietaria. En estas dos formas de propiedad, no existía la propiedad privada. Quien tiene la titularidad es el colectivo. Además, esas tierras tenían antes del 1992 una protección especial: no se podían vender (eran inajenables), no se podían embargar (inembargables), y no podían perder vigencia (imprescriptibles).

La destrucción de la propiedad social agraria: cómo Salinas de Gortari facilitó las inversiones y los proyectos extractivos

Cuando llega un inversor minero o alguien que quiere hacer un proyecto de hidrocarburos o una gran plantación y se encuentra con este tipo de propiedad, creen que les gusta o no les gusta? No les gusta porque un minero siempre va a preferir negociar con una o tres personas que con cien personas quienes no pueden decir más que en asamblea. Entonces ese tipo de propiedad se ha visto desde su creación como un obstáculo a las inversiones, a los proyectos de desarrollo, a los proyectos extractivos.

 

En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari reformó el artículo 27 de la Constitución y propuso una nueva Ley Agraria, que es la Ley Agraria actual, quitando a los ejidos la protección especial que tenían. Solo se les deja esa protección especial a las comunidades. Hay una desprotección a los ejidos en ese momento y se crea al mismo tiempo un programa: el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE). Luego se llamó Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), y ahora se llama Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RAJA).

El PROCEDE es una sentencia de muerte al ejido. Es la forma en la que los ejidos van adoptando un tipo de propiedad que va paulatinamente a pasar de ser propiedad social colectiva a propiedad privada. La propiedad privada de los ejidos se llama “dominio pleno”. Es el paso último que se pueda obtener con los programas de titularidad, y se ha vendido como la única manera en que los ejidos pueden tener seguridad jurídica.

Una de las cosas que hacía PROCEDE es que le daba a cada uno de los ejidatarios su certificado de derechos parcelares (o certificado parcelario), que indicaba la proporción del ejido que le tocaba a cada uno. Cada uno decía: "Soy dueño del 1%", "Yo del 2%", "Yo del 3%", "Yo del 4%". Cada uno se iba contento con su certificado. Pero ese papel es un engaño porque mientras no hay dominio pleno, ninguno de los ejidatarios se puede considerar dueño.

Qué sucede hoy? Llegan esos proyectos extractivos y dicen: “La ley nos obliga a firmar los convenios de ocupación temporal, los permisos de cambio de uso de suelo, los convenios de reparto de beneficios. Nosotros vamos a negociar con los 100 ejidatarios (los que tienen sus certificados). El resto de los 400 donde están las mujeres, los jóvenes y el resto de las familias no nos importa".

La defensa de la propiedad social: cómo defender el territorio desde los reglamentos ejidales y comunales

Tenemos que lograr que no se piense que esos 100 titulares pueden decidir sobre los 500 miembros del ejido. Tiene que haber mecanismos para que eso suceda:

Hay que hacer un trabajo también con los ejidos y las comunidades para que no vendan sus tierras ya que la mejor forma de defenderse de esos proyectos es:

En la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) hemos reflexionado mucho sobre cuáles son las estrategias para la defensa desde la propiedad social:

Los derechos colectivos: cómo reconstruir las asambleas en los territorios sin propiedad social

En los lugares donde ya no existe ejido ni comunidad, hay que reconstruir las asambleas, desde la perspectiva de la defensa de los derechos colectivos. Si el pueblo es indígena, se puede reconstruir el tejido social a partir de la identidad indígena. Hay muchas comunidades en todo el país que ya eran propiedad privada pero que rescataron sus formas antiguas de organización política, económica y social. Al remontar a su ser indígena anterior, se dan cuenta de que sí tienen sus autoridades tradicionales, sus fiestas y sus ceremonias.

Cómo se defienden las poblaciones que no son ni ejido ni comunidad ni pueblo indígenas? En estos casos, hay que reconstruir la comunidad. Nuestro colectivo de abogados ha acompañado el caso de Temacapulin (comunidad afectada por la construcción de la presa El Zapatilla en Jalisco), que no es ejido, ni comunidad, ni pueblo indígena. Jamás habían tenido asambleas, ni se habían reunido para reflexionar sobre el territorio y sobre cómo les afectaban los proyectos impuestos desde afuera. Se empezaron a reunir y así se fue reconstruyendo la asamblea.

Que es lo que ganamos en estos procesos? A veces lo único que podemos ganar es tiempo. Tiempo para que la empresa se retire por no poder perder tiempo y dinero, o tiempo para obtener más información y más argumentos en contra del proyecto. Lo importante es lograr organización, que la gente se organice de tal manera que las personas siempre tengan mecanismos para la defensa del territorio, pase lo que pase.

Otros Mundos Chiapas Leer

En consecuencia, desde Chiapa, aprendemos caminos posibles de las luchas antiextractivistas o de las luchas por justicia social y ambiental hacia rupturas con el capitalismo. Prosigamos profundizando en ese avance emancipatorio:

 

 

Pronunciamiento de la segunda asamblea nacional del Congreso Nacional Indígena-

Concejo Indígena de Gobierno.

15 de octubre de 2018

Por Rebelión

 

A las Redes de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A los pueblos de México y el mundo

Hermanas, hermanos:

Desde la Segunda Asamblea Plenaria del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, llevada a cabo del 11 al 14 de octubre en el CIDECI-UNITIERRA, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos dirigimos respetuosamente a las y los compañer@s, que conforman las Redes de Apoyo al CIG, a los pueblos de este país y del mundo para vernos, consultarnos y emprender nuevos pasos para la construcción del nuevo mundo que necesitamos.

 

Lo decimos con urgencia, porque los que somos pueblos originarios, en nuestra lucha en contra de la profunda enfermedad causada por el capitalismo, tejemos la vida, pues es la encomienda que recibimos de nuestros antepasados. Eso, para nosotros es construir la vida y hacerla crecer en cada rincón, con una esperanza que apueste por la memoria y por los tiempos venideros. Nos tejemos en colectivo como pueblo y en ese trabajo nos tejemos también como personas.

 

Somos redes en nuestras localidades donde buscamos en colectivo tener una sola palabra que sea espejo de nuestra madre tierra, de su latido y de su vida. Somos redes de redes en nuestras comunidades y regiones que son colectivos de colectivos, donde encontramos una sola otra palabra, que entre los nuestros, escuchamos con atención porque sigue siendo lo que decidimos libremente ser, eso es nuestra lucha permanente y por eso la respetamos y honramos, haciéndola nuestro gobierno, no ahorita sino siempre, porque de nuestras diferencias surge el acuerdo colectivo. O sea, de nuestro ser diferentes surgimos como uno solo, como los pueblos que somos y es por eso que también honramos nuestras diferencias.

 

Así, cuando por acuerdo del Quinto Congreso Nacional Indígena decidimos conformar un Concejo Indígena de Gobierno, no fue vacilando, ni pretendiendo que todos sean como nosotros, ni queriendo decir a nadie qué hacer, sino para decir al mundo que no es cierto que el gobierno deba ser para destruir, sino para construir. No es cierto que el gobierno deba ser para servirse, sino para servir. Debe ser espejo de lo que somos cuando soñamos decidiendo nuestro destino, y no la mentira que nos suplanta para decir en nuestro nombre que quiere ver muerto todo a su alrededor.

A eso que tejemos, le llamamos organización y es el territorio que defendemos, es la lengua que hablamos y nos negamos a perder, es la identidad que no olvidamos y que engrandecemos con la lucha. Pero resulta que es también lo que los dueños del dinero necesitan para destruir y convertir en más dinero, para hacerlo mercancías con la explotación, con la pobreza, la enfermedad y con la muerte de muchos otros millones de personas que no son de nuestros pueblos y que viven en las ciudades y en el campo. O sea, tampoco es cierto que la muerte, la represión, el despojo y el desprecio sea sólo para nosotras y nosotros los originarios.

Por eso, ejercer la autonomía con nuestras formas ancestrales de caminar preguntándonos, es la única puerta para poder seguir haciendo de la vida, nuestro camino irrenunciable, pues afuera todo se acomodó para afianzar el terror y la ganancia de los poderosos. En ese contexto, aunque nuestra libre determinación sea reconocida en sus leyes viciadas, no hay forma de que se detenga, o siquiera se frene la acumulación capitalista basada en nuestro exterminio. Esto será posible hasta que se desmonte la finca, la hacienda, la fábrica, el campo de concentración o el cementerio, en lo que han convertido nuestro país y nuestro mundo.

 

El Concejo Indígena de Gobierno es la forma de honrar nuestras diferencias, para encontrar ahí la palabra en la que nos reflejemos, y que sea un verdadero gobierno. Lo otro, eso a lo que arriba llaman Estado Mexicano, es sólo una mentira hecha para imponer, reprimir y ocultar la muerte que ya se nos desborda haciendo evidente el engaño. Es decir, no son más que una banda de rateros que fingen ser institución de derecha o de izquierda. En cualquier caso, traen la guerra consigo y por más que la maquillen también se les desborda, porque el patrón es el patrón.

 

Pero abajo, no tenemos más que defender la vida con o sin las mentiras del gobierno que sale, del gobierno que entra, porque las palabras sobran cuando se amenaza a los pueblos Binniza, Chontal, Ikoots, Mixe, Zoque, Nahua y Popoluca del Istmo de Tehuantepec con sus proyectos trasístmicos y la expansión de las Zonas Económicas Especiales, a los pueblos Mayas con su proyecto de tren capitalista que despoja y destruye a su paso la tierra. Las palabras sobran ante la anunciada siembra de un millón de hectáreas con árboles frutales y maderables en el sur del país, ante la ilegal y amañada consulta para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, o ante la oferta para que sigan invirtiendo las empresas mineras que tienen concesionadas grandes extensiones de los territorios indígenas. Las palabras sobran cuando sin consultar a nuestros pueblos el futuro gobierno impone la creación, al estilo del viejo indigenismo, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, comandado por los desertores de nuestra larga lucha de resistencia.

 

Las palabras sobran cuando vemos el cinismo con que son entregados los pueblos de México a los intereses de Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio, mismo que promete ratificar el futuro gobierno de López Obrador, quien en uno de sus primeros discursos no dudó en ratificar la continuidad en la actual política monetaria y fiscal, es decir, continuidad en la política neoliberal, la cual será garantizada con el anuncio de que las corporaciones militares seguirán en las calles y con la pretensión de reclutar 50 mil jóvenes para las filas armadas que han servido para reprimir, despojar y sembrar el terror en toda la nación.

 

Cuando nuestras demandas fueron parar esta guerra y que los derechos de los pueblos indígenas se reconocieran en la constitución mexicana, traducidos en los Acuerdos de San Andrés, fuimos traicionados porque el patrón que no vemos y que es a quien sirven los que dicen gobernar, ordenó tender sobre nosotros muchas leyes que hacen legal robarnos con violencia la tierra, programas para dividirnos y hacernos pelear entre nosotros, sembrar el desprecio y el racismo hacia todas las direcciones. Entonces, las palabras sobran también cuando con cinismo hablan de reconocer en sus leyes profundamente podridas los Acuerdos de San Andrés o nuestra libre determinación, sin siquiera tocar el asesino montaje capitalista que es el Estado Mexicano.

 

De aprobarse los Acuerdos de San Andrés en el actual contexto, estando vigentes las sucesivas reformas al artículo 27 constitucional, que han transformado la tierra en mercancía y han puesto las riquezas del subsuelo en manos de las grandes empresas, sin acabar con los regímenes de concesiones de aguas, minería, bienes nacionales e hidrocarburos, sin imponer límites al poder imperial derogando el actual Tratado de Libre Comercio y limitando severamente a las grandes corporaciones trasnacionales, sin destruir el control que los grandes cárteles de la delincuencia ejercen, apoyados en las corporaciones militares, sobre nuestros territorios, estaremos viviendo, en el mejor de los casos, una burda ilusión, que nos oculta la embestida del dinero contra nuestros pueblos.

 

Nosotros, en el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, no tenemos duda y no seremos parte de ninguna transformación exponencial capitalista, que con sus prácticas viciadas, tiene su mirada puesta en nuestros territorios. No seremos parte de su mentira sedienta de nuestra sangre y nuestro extermino.

 

Es por eso, que acordamos seguir construyendo la organización que se convierta en un gobierno propio, autónomo y rebelde, con compañeras y compañeros de otras geografías, para romper en colectivo la inercia que nos imponen, para ver entre todos por donde viene la tormenta y en medio de ella no dejar de tejer, hasta que nuestro tejido se junte con los otros, que brotan por todos los rincones de México y el mundo para que se hagan concejos, que juntos, seamos concejo de gobierno con las redes del apoyo al CIG. Que se desdoblen con sus propias formas y su propia identidad en el campo y la ciudad sin importar las fronteras.

 

Acordamos consultar en nuestras comunidades, pueblos, naciones, tribus y barrios las formas y modos de construir junto con las redes de redes, chiquitas y grandes, una coordinación que nos enriquezca en el apoyo y la solidaridad, que haga de nuestras diferencias nuestra fuerza, en redes de resistencia y rebeldía con la palabra que nos hace ser uno solo, de manera respetuosa y horizontal.

Y como es de por si nuestro modo, cada paso depende de lo que mero abajo acordemos, por lo que llevaremos a nuestras regiones estos resolutivos para ser consensuados, y que la palabra colectiva que nos hace ser lo que somos, nos marque el ritmo, el modo y la dirección.

Nuestros pasos dependerán también de lo que mero abajo en colectivo decidan los otros y las otras, los maestros, estudiantes, mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, de todos lo que en medio de la guerra capitalista también han decido tejer la organización que eche abajo la muerte y la destrucción en la que los capitalistas solo ven ganancias. Si es su decisión, de abajo y autónoma, les llamamos a que consulten de manera seria y comprometida al interior de sus organizaciones y colectivos si es o no necesario para ustedes conformar su Concejo de Gobierno.

Si así lo deciden, en consecuencia a nuestro llamado para hacer retemblar la tierra con la organización de abajo y a la izquierda, siempre contarán con nuestra palabra compañera, desinteresada y solidaria. Compañer@s no serán pasos fáciles, ni rápidos, pero estamos convencidos de que se nacerán profundas grietas para desmontar el poder de arriba.

En su momento y de acuerdo a la consulta que realicemos en nuestras comunidades, el CNI-CIG discutiremos la incorporación a algo más grande, que sea capaz de incorporar nuestras luchas, pensamientos e identidades. Algo más grande que se haga fuerte con las visiones, modos, formas y tiempos de cada quien.

Hermanas, hermanos es esta nuestra palabra colectiva, que sigue llamando a la organización de abajo para defender la vida, y sanarnos junto con nuestra madre la tierra.

 

Desde CIDECI-UNITIERRA, San Cristóbal de las Casas, Chiapas

A 14 de octubre de 2018

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más Un México Sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Concejo Indígena de Gobierno

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

 

http://www.congresonacionalindigena.org/2018/10/14/pronunciamiento-de-la-segunda-asamblea-nacional-del-congreso-nacional-indigena-concejo-indigena-de-gobierno/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=247771

 

 

Reproduzcamos, según nuestros lenguajes e intercambios situacionales, para entretejer nuestras luchas a: "Los semilleros-conversatorios organizados por el EZLN, como el que tiene lugar esta semana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, constituyen espacios abiertos al pensamiento crítico sobre lo que ocurre en México, –y en el ámbito planetario–, con la imposición de la globalización neoliberal basada en la guerra social, el despojo y la violencia sistémica y cotidiana propios de un proceso de recolonización de nuestros países".

 

 

 

¿Prohibido pensar?

21 de abril de 2018

 Por Gilberto López y Rivas (La Jornada)

Los semilleros-conversatorios organizados   por el EZLN, como el que tiene lugar esta semana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, constituyen espacios abiertos al pensamiento crítico sobre lo que ocurre en México, –y en el ámbito planetario–, con la imposición de la globalización neoliberal basada en la guerra social, el despojo y la violencia sistémica y cotidiana propios de un proceso de recolonización de nuestros países.

 

Recordamos, en esta dirección, una de las tesis sobre las luchas antisistémicas del difunto subcomandanteinsurgente Marcos, que considero necesario asumir en su profundidad y actualidad: “No se puede entender y explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra. Su supervivencia y su crecimiento dependen primordialmente de la guerra y de todo lo que a ella se asocia e implica. Por medio de ella y en ella, el capitalismo despoja, explota, reprime y discrimina. En la etapa de globalización neoliberal, el capitalismo hace la guerra a la humanidad entera. (Escritos sobre la guerra y la economía política. México, Pensamiento Crítico Ediciones, 2017, p. 275)”

El análisis de la coyuntura electoral en curso tiene sentido cuando se fundamenta en este contexto de mundialización capitalista militarizada y criminal, en el que la democracia procedimental se viene abajo y entra en una crisis sin retorno, caracterizada por la pérdida de legitimidad y credibilidad de las entidades responsables de llevar a cabo, vigilar y sancionar la pretendida legalidad de esos procesos electivos.

La entrada de dos conocidos delincuentes electorales como candidatos supuestamente independientes a la Presidencia de la República es una demostración más del palpable deterioro institucional del Estado mexicano, desgastado gravemente por ese conflicto armado no reconocido, esto es, la guerra que inició Felipe Calderón y continuó Enrique Peña Nieto.

Especialmente resulta grotesca, y fuera de toda lógica jurídica, la resolución de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de avalar el registro del Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, en la boleta electoral para la Presidencia, cuando a todas luces sus firmas de apoyo ciudadano fueron obtenidas por medios fraudulentos; muchas eran apócrifas o simuladas; para respaldar otras miles ni siquiera presentó credenciales de elector; además, utilizó para su campaña recursos públicos, otros de procedencia desconocida o sospechosa, de empresas fantasmas; no reportó millones de pesos al INE, y, por si esto fuera poco, participaron en la recolección de firmas funcionarios de su fallida administración estatal. Asimismo, la forma adulterada e ilegal de obtención de apoyo ciudadano, el origen y ejercicio de los recursos monetarios de Margarita Zavala, han sido muy cuestionados, y, es claro, ambos personajes de la picaresca nacional no resisten una investigación judicial, al menos, por presuntos delitos electorales y fiscales.

La campaña de apoyo ciudadano de María de Jesús Patricio Martínez, en el otro polo equidistante, puso en evidencia la calaña moral de la clase política profesional y la de la partidocracia, y demostró una paradoja de los tiempos neoliberales, la izquierda antisistémica es la única capaz de actuar con honestidad y con base en principios éticos, respetando la legalidad y las reglas del juego, mientras las instituciones gubernamentales violentan sus propias leyes y reglamentos, actúan con discrecionalidad, acorde a sus intereses de clase, y son los principales enemigos del sistema de democracia representativa capitalista. El proceso electoral, en consecuencia, estará marcado por lo que ya se vislumbra como elección de Estado, que, en el caso mexicano, se caracteriza por un desvío de poder, esto es, por su carácter delincuencial. Esto significa que los poderes fácticos, los grupos mafiosos dominantes que lo sostienen, serán los que en última instancia decidirán quién puede garantizar la continuidad del sistema de explotación-dominación capitalista imperante y utilizarán los aparatos represivos con los que cuenta el Estado, legales y clandestinos, para tratar de imponer su candidato.

 

Por otra parte, la propuesta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de conformar un Concejo Indígena de Gobierno, cuyo propósito es la reconstitución de los pueblos originarios, el establecimiento de alianzas con los explotados y oprimidos del país, conformando redes territoriales de apoyo y organización, coincide plenamente, con otra de las tesis del fallecido sub Marcos: las grandes transformaciones no empiezan arriba ni con hechos monumentales y épicos, sino con movimientos pequeños en su forma y que aparecen irrelevantes para el político y el analista de arriba. ( Ibíd., p. 276)

 

En esta guerra contra la humanidad, en la que está en juego la sobrevivencia misma de la especie humana, los pueblos originarios de todos los continentes constituyen los sectores socio-étnicos mejor preparados para enfrentarla debido a sus formas de organización y toma de decisiones tendencialmente colectivistas, que, en muchos casos, conlleva la formación de autogobiernos y la adopción de economías redistributivas y autosustentables, y, sobre todo, de cuidado de la Madre Tierra; a sus resistencias en defensa de los territorios asediados por las corporaciones capitalistas, en las que el crimen organizado amenaza directamente no sólo territorios sino también la existencia de la cultura indígena y la vida misma de los integrantes de los pueblos originarios.

 

Particularmente, en América Latina, los pueblos indígenas están en lucha permanente contra los neolatifundistas y sus modernas guardias blancas, ahora, con el uniforme de las compañías de seguridad; contra las consorcios que intentan adueñarse de las semillas e introducir variedades transgénicas; contra las empresas mineras que envenenan con mercurio y cianuro todo el entorno circundante, contaminando ríos y corrientes subterráneas; contra la privatización del agua; contra los megaproyectos carreteros, eólicos, turísticos e hidroeléctricos; en suma, contra todo lo que apoya la clase política que aspira a gobernar en nombre de la democracia y el progreso.

 

La lucha continúa. Hay vida después del primero de julio.

 

http://www.jornada.unam.mx/2018/04/20/opinion/018a2pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240632

 

 

 

Prosigamos desde la desobediencia total a la democracia representativa hacia romper con nuestros corporativismos.  

 

Gilberto López y Rivas explica: "Las organizaciones, comunidades y pueblos que integran el movimiento indígena no han dejado de luchar, cada una en su espacio, modo y tiempos, contra las corporaciones extractivistas que van desde las mineras hasta el crimen organizado, pasando por las eólicas, turísticas, farmacéuticas, acaparadoras y privatizadoras de agua, etcétera, y contra el Estado que las representa. La diferencia es que ahora, con el CIG, se pretende pasar a otro nivel de esa lucha anticapitalista, trascender sus particularidades; establecer nexos que van más allá de lo indígena, lo local, lo regional e, incluso, lo nacional".

 

 

 

El siguiente paso

24 de marzo de 2018

 

Por Gilberto López y Rivas (La Jornada)

Una de las  acepciones del concepto de corporativismo, que desarrolló creativamente el marxista argentino Leopoldo Mármora (El concepto socialista de nación, Colección Pasado y Presente, 1986), refiere a la incapacidad de una fuerza política, partido, sector o clase social, para salir del ámbito de sus propios intereses y problemáticas, y, en consecuencia, la renuncia a extender su hegemonía sobre otros sectores de la sociedad. Precisamente, al situarse en el polo opuesto de la hegemonía, el corporativismo impide observar más allá, que, en forma coloquial, se describiría como dejar de verse el ombligo y tener el arrojo de ampliar las alianzas y articulaciones con sujetos socio-políticos diversos, e, incluso, en naciones multiétnicas como las latinoamericanas, con grupos con identidades étnico nacionales y procesos autonómicos anticapitalistas.

 

Siguiendo a Gramsci, Ana María Rivadeo señala que: “La hegemonía como función de dirección de la sociedad –que implica una función ética, cultural y moral que se despliega en el terreno de la sociedad civil– es ejercida por un grupo social fundamental sobre los grupos subordinados. Se trata, por ende, de un espacio complejo y contradictorio en el que se estructuran, organizan e institucionalizan las relaciones de fuerza entre grupos sociales”. (Lesa Patria. Nación y Globalización, UNAM, 2003) En el desarrollo argumentativo de Gramsci por Rivadeo, ella identifica un quiebre fundamental en su pensamiento: “una clase se produce a sí misma en cuanto que se convierte en sujeto histórico autónomo; es decir, en la medida en que constituye su unidad interna –su homogeneidad, su autoconciencia y su autoorganización– como sujeto político. Pero ello implica, justamente, con su autoproducción como sujeto hegemónico… Esto supone trascender su propio corporativismo, los límites particularistas de su horizonte económico-social-cultural-ideológico inmediato”. (Ibid. P. 69)

 

Así, en la lucha anticapitalista contra-hegemónica, en la que están inmersos quienes hacen propia la propuesta del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), es primordial superar el corporativismo, trascender los límites particularistas. Precisamente, cuando el EZLN propone la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno y el CNI lo acepta, estas organizaciones muestran una vocación hegemónica, que no es para nada vanguardista. Los mayas zapatistas, en particular, han reiterado y lo han demostrado una y otra vez, que no buscan ser vanguardia de nadie, en el antiguo significado negativo de este término.

Las organizaciones, comunidades y pueblos que integran el movimiento indígena no han dejado de luchar, cada una en su espacio, modo y tiempos, contra las corporaciones extractivistas que van desde las mineras hasta el crimen organizado, pasando por las eólicas, turísticas, farmacéuticas, acaparadoras y privatizadoras de agua, etcétera, y contra el Estado que las representa. La diferencia es que ahora, con el CIG, se pretende pasar a otro nivel de esa lucha anticapitalista, trascender sus particularidades; establecer nexos que van más allá de lo indígena, lo local, lo regional e, incluso, lo nacional.

También, en la lucha contrahegemónica, los grupos de poder hacen todo lo que está a su alcance para impedir u obstaculizar la formación o el fortalecimiento de sujetos históricamente autónomos. Cuando éstos surgen, buscan inmediatamente neutralizarlos e, incluso, exterminarlos (por cierto, la historia genocida del Estado mexicano es cada vez más conocida internacionalmente). Para ello, emplean directamente la represión de sus aparatos militares, policiales y de inteligencia, o las acciones clandestinas de sus grupos paramilitares y/o delincuenciales. También, el régimen de partidos de Estado, como el que predomina en México, utiliza la democracia tutelada por los poderes fácticos para cooptar, mediatizar o neutralizar a las organizaciones que manifiestan tendencias autonomistas y rupturistas del sistema hegemónico dominante. Una vía muy socorrida es buscar su fragmentación, su división interna o implosión, ofreciendo presupuestos, ayudas desinteresadas, cargos, o canonjías a sus direcciones políticas, y, claro, en temporadas electorales, las diputaciones federales y locales, las senadurías, las candidaturas para las alcaldías aparecen en las vitrinas del mercado de conciencias, siempre y cuando las dirigencias obtengan el apoyo clientelar de la base. De esta manera, muchas organizaciones con carácter y estructuras nacionales, como democráticas y de izquierda, prefirieron mirar al otro lado, mientras el proceso para lograr el apoyo ciudadano tenía lugar. Asimismo, organizaciones indígenas reconocidas, con prácticas autogestionarias, incluso paradigmáticas, adujeron diversos pretextos para no involucrarse en el esfuerzo de ampliar y vigorizar el CIG y en el apoyo de su vocera como aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de la República. Tampoco se observó la presencia de la Iglesia progresista, como tal, en la campaña de apoyo ciudadano.

 

 

Llegó la hora del florecimiento de los pueblos y el EZLN hicieron pública una convocatoria a las “personas individuales, grupos, colectivos, organizaciones del campo, de la ciudad, indígenas y no indígenas, en México y en otros países… A que hagan análisis y valoraciones… para darle seguimiento a esta lucha que, lo sabemos, apenas empieza… Porque, como lo dijeron una y otra vez el CIG y su vocera Marichuy, nuestro horizonte no termina el primero de julio de 2018 ni se circunscribe sólo a México. La resistencia, la rebeldía y el empeño de construir un mundo donde quepan muchos mundos es internacional y no se limita ni por los calendarios ni por las geografías de quienes allá arriba nos explotan, nos desprecian, nos roban y nos destruyen”.

Bienvenido el semillero "Miradas, Escuchas, Palabras: ¿Prohibido Pensar?".

http://www.jornada.unam.mx/2018/03/23/opinion/028a2pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=239435