Qué Mundo

Julio 2017

Con gobiernos y partidos progresistas en contra de los derechos de campesinos e indígenas.

 

 

 

 

SITUACIÓN/ CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Reflexionemos sobre cuán imprescindibles fueron los pueblos originarios de Bolivia y Ecuador para abrir caminos postneoliberales y proyectarnos a todos a avizorar buenos vivires convivires a crear en forma diversa.

 

La marcha indígena del TIPNIS en Bolivia y

su relación con los modelos extractivos de América del Sur

30 de marzo de 2012

Por Sarela Paz, antropóloga

Iniciando la década del 2000, en Cochabamba, la tercera ciudad de Bolivia, se desencadenó una movilización espontánea realizada por los habitantes de la ciudad y sus regiones aledañas, movilización producida ante el intento del gobierno de Sánchez de Lozada de concesionar a una transnacional  las aguas de la cordillera que abastecen al valle interandino que cobija la mencionada ciudad . Dicho episodio conocido como la Guerra del Agua, abrió un ciclo de movilizaciones populares en Bolivia orientadas claramente a pensar cómo es posible desmantelar el armazón institucional neoliberal que logró la capitalización y transnacionalización de varios recursos naturales estratégicos en Bolivia (petróleo/gas/minería). 

La década del 2000, saturada de contradicciones y luchas internas en política boliviana, logró episodios de gran alance que permitieron discutir al ciudadano boliviano el futuro de recursos naturales estratégicos como gas y petróleo, agua y recursos mineralógicos. Movilizaciones y desobediencia civil marcaron el debate. Industrialización, desarrollo productivo que atienda necesidades de la población, salidas económicas más allá del capitalismo, nos hicieron pensar a los bolivianos en la posibilidad de un horizonte distinto al que habíamos ocupado secularmente en términos de la economía global. Además, el advenimiento de un presidente indígena en diciembre del 2005, inédito en la historia nacional, nos invitó a considerar seriamente las posibilidades de un cambio profundo y estructural en la sociedad boliviana.

Una década después se produjo la marcha indígena del TIPNIS, en los meses de agosto, septiembre y octubre del 2011. Dicha marcha mostró los caminos y senderos transitados en relación a los posibles sueños y horizontes de cambio que nos habíamos propuesto los bolivianos en la primera mitad del siglo XXI. La primera contradicción/constatación que nos mostro la mencionada marcha fue los intereses disímiles entre los pueblos indígenas respecto a cómo entender el desarrollo, la segunda contradicción/constatación que develó la marcha fue que el horizonte económico de modelo extractivo primario exportador no sólo que no había cambiado sino que se había ahondado durante la década en que los bolivianos expectábamos avanzar hacia la industrialización de los hidrocarburos, para convertirnos en algo más que un país que ofrece materias primas en el mercado global. La tercera contradicción/constatación que mostro la marcha indígena es que la dimensión política de Estado Plurinacional presenta enormes contradicciones con un modelo extractivo primario exportador, modelo que requiere para sus operaciones productivas fundamentos y bases de un Estado centralista y mono nacionalista. ¿La forma política del Estado Plurinacional puede operar bajo un modelo extractivo en la economía? ¿Es posible que los intereses del modelo extractivo primario exportador puedan coincidir con los intereses de los pueblos indígenas?.

El presente artículo se propone analizar el conflicto acaecido con la marcha indígena del TIPNIS en el 2011, reflexionando acerca de cómo dicha movilización muestra las paradojas que inscriben al Estado Plurinacional de Bolivia, Estado que se plantea funcionar con principios económicos y políticos plurales que quedan limitados por el horizonte de un modelo económico extractivista que hegemoniza las políticas de Estado. Ciertamente, el desafío es poder explicar la relación entre la movilización indígena del TIPNIS y la dimensión del modelo extractivista en Bolivia, lo cual supone describir las características del conflicto, los actores que están inmersos, la relación entre los actores, sus intereses, y los intereses que se ponen en juego cuando el Estado busca expandir un modelo extractivista primario exportador. En la indagación de las mencionadas variables es importante reparar en los proyectos de desarrollo que empujaron las comunidades indígenas del TIPNIS, observando cómo ellos son una salida distinta a la propuesta extractiva que domina las razones de Estado. Con dichas ideas, trazaré algunas conclusiones explicativas de lo que está aconteciendo en relación a las distintas visiones de desarrollo que nos proponen los pueblos indígenas en Bolivia y el rol que está jugando el Estado en relación a esas visiones.

 

Algunos antecedentes sobre el TIPNIS.-

El TIPNIS es un Parque Nacional y Territorio Indígena; esto es, un territorio que por razones de la historia posee una doble condición: ser área protegida y a la vez ser territorio indígena. Como área protegida opera desde el año 1965, mediante el Decreto Ley # 07401 que fue promulgado por el gobierno de René Barrientos Ortuño. Muchos se preguntaran cómo es que fue decretado un Parque Nacional en aquellos años cuando la política pública de la época se caracterizaba por un nacional populismo producto de la revolución agraria de 1952 y la ocupación –colonización– de tierras amazónicas en Bolivia. En realidad, los entretelones de la historia nos muestran a dos personas ligadas a los pueblos indígenas que habitaban en el TIPNIS, un explorador habitante del antiguo Pueblo de Todo Santos (río Chapare) Hans Hoffman y un misionero jesuita llamado padre Erik, ambos mantenían vínculos culturales y religiosos con las comunidades indígenas de la zona y coincidieron en la necesidad de que el Estado delimite un lugar de refugio para las comunidades indígenas amazónicas, puesto que la colonización proyectada en los años 50 y 60 en la zona del Chapare, implicaba la ocupación de territorio de los pueblos indígenas amazónicos.

¿Por qué el Estado boliviano ocupaba tierras de los pueblos amazónicos?. En la lectura constitucional profundamente nacionalista de la época, las tierras de las tribus selvícolas en realidad formaban parte de lo que se consideraba tierra fiscal; es decir, tierra de dominio y propiedad del Estado. Así, éste podía decidir acerca de su destino. Uno de los grandes proyectos estatales implementados después de la revolución de 1952 fue justamente la marcha hacia el oriente boliviano (Soruco 2008), la ocupación de tierras en los llanos amazónicos y chaqueños de Bolivia que buscaba consolidar una agroindustria exportadora en la región de Santa Cruz (caña, algodón, girasol, soya) y, a su vez, implementar planes y programas de colonización a la región de los yungas por parte de sectores campesinos andinos ya que éstos iban a verse expuestos rápidamente a un proceso de parcelación y empobrecimiento de su economía campesina (Laserna 1987). El contingente de campesinos colonizadores a los yungas bolivianos estuvo conformado por quechuas y aymaras que buscaron expandir sus iniciativas agrarias en tierras bajas y el Chapare se convirtió en uno de los lugares de destino. Proyectos camineros como el 1 y 4 programados en la primera mitad de la década del 60 que comunicaban Villa Tunari con Puerto Villarroel y apoyados por USAID, nos muestran ya un programa de penetración caminera al TIPNIS (Ver mapa Ministerio de Economía Nacional 1966)[2]. Esta es una razón fundamental para que las personas arriba mencionadas hayan gestionado la creación del Parque Nacional como un territorio destinado al refugio de las tribus selvícolas.

El TIPNIS como territorio indígena ha sido creado en 1990 mediante Decreto Supremo # 22619 en la gestión del presidente Jaime Paz Zamora. La aceptación de dicho territorio tiene que ver con la primera marcha indígena de tierras bajas en agosto septiembre de 1990. Las comunidades indígenas del TIPNIS, junto con comunidades indígenas de Bosque de Chimanes y comunidades indígenas del pueblo siriono, desarrollaron su demanda de reconocimiento al territorio indígena mediante el mecanismo de la marcha. Fruto de la movilización de los años 90 y la aceptación de la figura jurídica de territorio indígena, el Estado boliviano acepta suscribir el Convenio 169 de la OIT que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales, desarrollando una reforma constitucional donde se introduce la figura de territorio indígena bajo el nombre de Tierra Comunitaria de Origen (TCO), figura de propiedad colectiva sobre la tierra que es reconocida a favor de los pueblos indígenas en la Ley INRA promulgada en 1996. A partir de entonces el TIPNIS es un territorio indígena legalmente constituido (reconocido por el Estado) en beneficio de tres pueblos indígenas amazónicos: los yuracares y chimanes que son pueblos que habitan la selva alta y desarrollan una economía étnica amazónica basada en una relación compleja entre caza, pesca, recolección y agricultura y el pueblo mojeño trinitario que tiene como centro territorial las regiones de bosques y sabanas inundables y que también forma parte de la economía étnica amazónica.

El epicentro del conflicto del TIPNIS y la marcha indígena del 2011 surge por un hecho relativo a los derechos territoriales que los pueblos yuracarés, chimanes y moxeño trinitarios tienen; esto es, el derecho propietario de su territorio que les faculta a ser consultados cuando una medida del Estado les afecte. El gobierno boliviano de Evo Morales decidió hacer una carretera que atraviese el territorio indígena del TIPNIS y que comunique dos centros urbanos intermedios como son Villa Tunari y San Ignacio de Moxos[3]. El proyecto carretero fue aprobado por el gobierno de Evo Morales en el año 2007 sin una negociación o Consulta Previa con los pueblos del territorio en cuestión. A partir de ello se desencadeno un conjunto de hechos que deterioraron profundamente la relación del Poder Ejecutivo con la dirigencia indígena amazónica y fue en el mes de abril del 2011 que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el crédito que otorgaba BNDES[4] para la construcción de la carretera, lo que devenía en el ingreso de la maquinaria de obras a la región inicial del Parque (poblado de Isinuta). En ese contexto los dirigentes indígenas del TIPNIS convocaron a un encuentro territorial, que se constituye la máxima instancia de decisión interna, en la comunidad de San Pablo del Isiboro y sacaron un voto resolutivo que dice claramente que los pueblos indígenas del TIPNIS no se oponen a la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos sino que se oponen a que dicha carretera pase por el centro del territorio y lo parta en dos.

Considerando los elementos expuestos, uno podría creer que se trata expresamente de un conflicto entre el gobierno y las comunidades indígenas del TIPNIS. No obstante, acercándonos a las lógicas productivas del territorio lo que encontramos, en primera instancia, son dos lógicas productivas que nos muestran dos modelos de desarrollo vinculados a actores sociales diferentes y dinámicas económicas de distinta escala y, en segunda instancia, las iniciativas de un Estado que nos propone la construcción de un camino como parte de una propuesta de desarrollo interdepartamental pero sin hablarnos claramente de los vínculos que hay entre sectores que componen las articulaciones de poder dentro del gobierno de Evo Morales y los modelos de desarrollo que se desenvuelven en el TIPNIS, menos aún de cómo la carretera en cuestión forma parte los planes de explotación petrolera que tiene el gobierno boliviano y los planes de desarrollo de infraestructura que están liderizados por el Brasil a través del plan Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA).

 

Lógicas de desarrollo y pueblos indígenas.-

¿Cuáles son las dos lógicas productivas y de desarrollo que se han puesto en juego en el conflicto del TIPNIS y que forman parte de los actores que viven dentro de él? Retomando el Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica que se realizó entre marzo y julio del 2011 por encargo del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas-perteneciente al Vice ministerio de biodiversidad)[5], en el TIPNIS es posible identificar dos lógicas o modelos de desarrollo que expresan visiones indígenas distintas y se vinculan de manera diferente con las propuestas de desarrollo que impulsa el gobierno boliviano de Evo Morales.

Detallemos lo que significa el modelo de desarrollo que se desenvuelve en el seno de las comunidades indígenas amazónicas. La economía étnica que forma la base productiva y reproductiva de las comunidades indígenas yuracares, chimanes y moxejo trinitarias tiene bases en actividades tradicionales de caza, pesca, recolección y agricultura. Los tres pueblos indígenas realizan las cuatro actividades con sus matices. Por ejemplo, las familias indígenas yuracares y chimanes desarrollan agricultura en la selva alta y se caracterizan por sostener una agricultura de carácter agroforestal; en cambio, los mojeño trinitarios han desarrollado más destrezas agrícolas en la región de los bosques inundables, sin manejar demasiadas parcelas agroforestales pero incorporando las regiones de sabana a su sistema productivo. La economía étnica que caracteriza a estas comunidades muestra un acoplamiento muy estrecho a los ritmos biovegetativos de los tres ecosistemas existentes en el TIPNIS[6]. Dicho acoplamiento es optimizado por las familias indígenas bajo un sistema de aprovechamiento de recursos caracterizado por la concentración y dispersión poblacional; esto es, comunidades que concentran familias indígenas donde se desarrolla centralmente agricultura y actividades menores de cacería, recolección, pesca y dispersión poblacional de las familias indígenas en un área de influencia grande comunal e intercomunal para centrarse en actividades de cacería, recolección y pesca.

La economía étnica de la zona responde centralmente a las necesidades de reproducción de las familias indígenas, es un modelo económico que tiene como eje el garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos, por eso muchos la reconocen como una economía de subsistencia. La gran condición para su existencia es que el bosque y sus bienes no sean parcelados ni individualizados. Las bases materiales de su reproducción como sistema económico están en que las áreas comunales e intercomunales a las que acceden las familias indígenas, son de propiedad colectiva, por tanto, su gestión es una gestión compartida entre las distintas comunidades. En el caso de la actividad agrícola, los sistemas agroforestales son de beneficio familiar y se traspasan de una generación a otra en base a lazos consanguíneos. Las familias indígenas respetan el trabajo incorporado en los sistemas agroforestales y por eso el acceso es familiar y consanguíneo. En cambio el resto de las actividades, la cacería, recolección y pesca, se desenvuelven en los bosques comunales e intercomunales del territorio. De ahí el carácter de su propiedad colectiva. Así, el modelo económico que se desenvuelve entre las comunidades indígenas ubica a los bienes del bosque en un sentido de articulación integral. La valoración combinada de los bienes del bosque nos hace ver que la selva alta es tan importante como las parcelas agrícolas, los árboles son tan importantes como la tierra; lo propio, los animales que habitan en el bosque son tan importantes como los frutos de la agricultura o los recursos acuáticos. En ese sentido, la economía étnica antes que responder a las necesidades del mercado responde a las necesidades de las familias indígenas.

Amalgamando con la economía étnica de las familias indígenas, existe una esfera económica que funciona en base a modelos productivos comunitarios y que tiene como fin usar y aprovechar los recursos naturales renovables con destino comercial. Es posible afirmar que estos proyectos de desarrollo comunitario han sido madurados en un dialogo y contrapunteo con los criterios de conservación que se ponen en juego en el TIPNIS como área protegida. El 2001, como parte de una acción concertada entre las organizaciones indígenas y el SERNAP, se inicia la re categorización del Parque Nacional, formulándose nuevas formas de gestionar el área protegida. Desde entonces el TIPNIS está re categorizado en tres zonas: 1º zona núcleo de extrema protección y conservación de la biodiversidad, susceptible de usarse para fines de investigación e ingresos fortuitos de caza y recolección por parte de las familias indígenas, 2º una zona de uso tradicional que permite el desenvolvimiento de la economía étnica y 3º una zona de uso sostenible de recursos que permite proyectar los planes de desarrollo comunitario en base a planes de manejo a) forestal, b) de cuero de saurios, c) turismo ecológico y d)agroforestal con chocolate nativo. La zona de uso sostenible de recursos se ubica en los bosques de galería que acompañan los ríos Sécure, Isiboro e Ichoa y básicamente estamos hablando de las áreas donde se asientan las comunidades. [7]

 

Los planes de desarrollo comunitario que se desenvuelven en la zona 3º están traduciendo una visión que proyecta a las comunidades hacia relaciones mercantiles regionales y globales. En el caso forestal y de saurios los circuitos son regionales, en el caso de turismo ecológico y chocolate nativo los circuitos son nacionales y globales. Lo que interesa resaltar en esta dimensión de desarrollo comunitario e intercomunitario es que el acceso, uso y gestión de los bienes del bosque no han roto con la propiedad colectiva tan presente en la economía étnica, es decir, no han roto con el eje fundamental que caracteriza la relación de las poblaciones indígenas con el bosque. El segundo elemento que interesa resaltar en los planes de desarrollo comunitario es que la dimensión integral de los bienes del bosque forma parte de lo que se está entendiendo como aprovechamiento sostenible de recursos. Usar y aprovechar diversificadamente los bienes del bosque, potenciando sus características y acompañando el beneficio que dan a las comunidades indígenas con planes de manejo para los recursos en cuestión, forma parte de la necesidad de un desarrollo comunitario que no quiere distanciarse del valor global del bosque. En ese sentido, la re categorización del TIPNIS lleva un implícito: se requiere proteger la biodiversidad del área y las iniciativas de desarrollo no pueden ir en contraste a los objetivos planteados en el área protegida. El plan propuesto en el 2001 categóricamente menciona que no puede haber exploración y sísmica petrolera en la zona núcleo o zona 1º (Plan Estratégico de Gestión, Trinidad, SERNAP, 2001).[8]

Ciertamente, los elementos anotados son los que interesa analizar a la luz de la política estatal que busca construir la carretera por el TIPNIS. La lógica de los modelos de desarrollo comunitario buscan precautelar por el bien mayor que es el bosque y su conservación. No obstante, aunque son modelos que vinculan a las familias indígenas con circuitos mercantiles, el esquema productivo basado en la gestión colectiva de los recursos permite a las comunidades indígenas desarrollar un control político sobre el territorio. Justamente, es el control político sobre el territorio lo que en opinión de las comunidades se vería ampliamente afectado con la construcción de la carretera. Ésta atravesaría la zona núcleo poniendo en riesgo el potencial de biodiversidad que alberga, o como dicen las comunidades indígenas “poniendo en riesgo la zona de producción de vida para el territorio; en el corazón del TIPNIS se produce la lluvia, se reproducen los animalitos y nuestros mejores árboles están ahí”. La carretera atravesaría la zona núcleo, la partiría en dos y, peor aún, siendo una zona que no tiene asentamientos indígenas ya que éstos se encuentran ubicados en la zona de uso sostenible de recursos, quedaría desprovista de control y protección territorial que estuvo vigente hasta el presente gracias a su difícil accesibilidad.

 

¿Por qué la carretera propuesta por el gobierno de Evo Morales supone un debilitamiento del control político del territorio? Porque ella trae la colonización, trae al productor andino quechua y aymara, trae la producción de hoja de coca, trae la individualización y parcelación de los bienes del bosque. La experiencia que tienen las comunidades indígenas del TIPNIS en la zona sur (polígono 7) es justamente un debilitamiento constante y sistemático del control político territorial que tuvieron como indígenas y que se revierte a favor del productor de hoja de coca que migro a la zona. Mucho más ahora que, en palabras de los indígenas, tienen un presidente. El riesgo mayor es justamente que la carretera producirá la colonización y ocupación de la zona núcleo del TIPNIS (Pie de Monte), arrinconará a los poblados indígenas y la estructura de economía étnica que integra y articula los planes de desarrollo comunitario que precautelan el bosque como un bien mayor, quedarán en una condición de extrema vulnerabilidad. Como lo registró Sarela Paz en la investigación que desarrollo en el TIPNIS en 1989-1990 “Nosotros los yuracares y trinitarios somos hombres que vivimos en los ríos, hacemos nuestras comunidades cerca a las orillas. En cambio los quechuas siempre están donde hay camino: donde se acaba el camino, ahí se acaban los collas” (Santísima Trinidad-Comunidad moxeño trinitaria. Impresiones de don Silverio Muiba, 1991).

Pasemos a detallar el modelo de desarrollo que se desenvuelve en el seno de los poblados quechuas y aymaras que se encuentran asentados en la región sur del TIPNIS, en el polígono 7, como lo designó el INRA[9]. La presencia del actor social colonizador en territorios amazónicos tiene fuente de explicación en la política pública nacional populista pos 1952, como ya hemos explicado anteladamente[10]. Sectores quechuas y aymaras que se desenvolvieron como campesinos en el marco de un Estado nacional populista, migraron a la región de los yungas tropicales con el fin de ampliar y diversificar su economía. La iniciativa de los colonizadores andinos de ocupar tierras en los yungas tropicales consolidó su participación en el desarrollo del mercado interno en Bolivia a través de productos como frutas, arroz, café, chocolate y por supuesto, el producto privilegiado de los yungas: la hoja de coca. ¿Qué es la característica específica de los colonizadores quechuas y aymaras del TIPNIS respecto de otras zonas de yungas en Bolivia? O respecto de las zonas del Chapare?. El factor fundamental a entender en la dinámica de la colonización de los productores de hoja de coca del TIPNIS es que sus procesos migratorios vienen de los años 1982-1985 y 1986-1989, procesos migratorios que sostienen una estrecha relación con las políticas de ajuste estructural y de desplazamiento del Estado nacionalista hacia un Estado con contenido mucho más neoliberal. Empobrecimiento extremo de la economía campesina en ciertas regiones de los Andes (Norte de Potosí) y relocalización de mineros, producen migraciones masivas a la región sur del TIPNIS. Pero, a diferencia de sus otros pares colonizadores de los yungas de La Paz, Ixiamas o Ivirgarzama en el propio Chapare, en el TIPNIS el sujeto migrante centra su actividad agrícola en la producción de hoja de coca. Los estudios desarrollados por Carlos Hoffman en el polígono 7 nos muestran que el 95% del ingreso de las familias proviene de la hoja de coca (1994). Estamos entonces ante una región mono productora de hoja de coca y que tempranamente fue identificada como Zona Roja por sus vínculos con el narcotráfico.

El modelo de desarrollo impulsado por los productores de hoja de coca de la zona sur del TIPNIS supone una dinámica muy fuerte de apertura de la frontera agrícola que implica deforestación, áreas de bosque tropical que son rápidamente convertibles a parcelas de producción de hoja de coca. En aproximadamente 25 años de avance de la colonización dentro del TIPNIS, el Pie de Monte que se ubica entre el alto Isiboro y el alto Ichoa ha sido ocupado y transformado en áreas agrícolas y centros poblados muy dinámicos que se caracterizan por tener los servicios básicos (agua, luz, sistema de alcantarillado), colegios con bachillerato, antenas repetidoras, terminal de buses y un mundo social conectado a dinámicas globales. Poblados como Aroma, Icoya, Minera A, Villa San Gabriel se han convertido en áreas que tienen un formato más urbano que rural.

El centro de la transformación y de la diferencia como modelo de desarrollo debe identificarse en la característica productiva de las familias de colonizadores andinos y las motivaciones de su migración. José Blanes y Gonzalo Flores (1984) puntualizan en sus investigaciones sobre el Chapare que el campesino andino, quechua o aymara, busca en las nacientes colonias que va ocupar, un desplazamiento económico y social. De campesino se proyecta a desplazarse hacia productor agrícola; ello implica monetarizar, mercantilizar su economía, diversificarla de tal forma que su producción tenga como destino el mercado regional de las ciudades bolivianas, además de una circulación ampliada de la mano de obra campesina. En ese sentido, el uso, acceso y aprovechamiento de los bienes del bosque se desenvuelve en forma individual y se prioriza un bien específico, la tierra. Por eso es que cuando el INRA entro a sanear la propiedad de la tierra dentro el TIPNIS, en la región de los productores de hoja de coca otorgó títulos individuales a solicitud de la decisión que habían tomado las centrales sindicales de productores de hoja de coca que se encuentran dentro del área, demarcando, además, los límites de la línea roja que se constituyen en la frontera a no ser rebasada por la colonización, la frontera entre la colonización y la TCO.

 

Las dos variables de comportamiento económico: característica de la tenencia de los bienes del bosque y destino de la producción agrícola, hacen que en la zona sur del TIPNIS el modelo de desarrollo impulsado por los colonizadores-productores de hoja de coca, sea muy diferente del modelo que compromete a las comunidades indígenas y su formato de economía étnica. Vista en esa dimensión las diferentes dinámicas, es claro que el proyecto de carretera para el modelo de desarrollo que impulsan los productores de hoja de coca, se convierte en un proyecto altamente funcional para sus despegues económicos. La carretera potenciaría las dinámicas mercantiles que manejan las familias cocaleras, pero además la carretera supone también articular, vertebrar todo el eje de Pie de Monte que se encuentra seguidamente a la cordillera oriental de los Andes. Yungas tropicales de los Andes orientales bolivianos que están siendo ocupados por los colonizadores en sus distintas regiones[11] y que de abrirse la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, consolidaría una proyección de control político sobre el territorio por parte de los colonizadores andinos; colonizadores quechuas y aymaras que a diferencia de un pasado donde portaban el registro de control vertical de nichos ecológicos como estrategia andina territorial, hoy día han vinculado la estrategia de ocupar distintos pisos ecológicos como una estrategia de manejar distintos nichos económicos, distintos circuitos mercantiles. El resultado económico es por supuesto sustancialmente distinto a lo que acontecía con el control vertical de nichos ecológicos por parte de los ayllus andinos.

Podría y debería pensarse que los productores de hoja de coca han encontrado en la colonización al Chapare una respuesta, una salida a la pobreza estructural de la economía campesina en los Andes que el Estado boliviano no supo dar. Esto es muy cierto y debe sopesarse a la hora del análisis. No obstante lo mencionado, los resultados de una dinámica económica iniciada hace más de 30 años en Bolivia tiene distintos finales que también deben evaluarse. Los productores de hoja de coca del TIPNIS ya no pueden ser leídos como hace 30 años porque las transformaciones económicas de las que forman parte han cambiado su lugar de desventaja en la estructura social boliviana. Son campesinos productores que forman parte de un enclave económico global, la economía del narcotráfico. El haberse convertido en monoproductores de la hoja de coca en los años 80, los ha puesto en un circuito económico de comercialización que está más allá de las fronteras nacionales. Ya en los primeros años de la década del 90 la zona colonizada del TIPNIS fue declarada por la fuerza de lucha contra el narcotráfico como Zona Roja debido a que su monoproducto tenía un destino de comercialización ligado a las rutas del narcotráfico.

La situación de enclave económico que responde a los ritmos de mercado global, a corredores de comercialización de estupefacientes, no ha cambiado con los años. En el mes de noviembre del 2011 la fuerza de lucha contra el narcotráfico ha encontrado una megafabrica de producción de cocaína en el río Isiboro –localidad de Santa Rosa– que establece vínculos comerciales de la zona con los carteles colombianos. La comercialización de hoja de coca que es derivada a circuitos de consumo no tradicional –acullico y uso medicinal–, significa una presión sobre nuevas áreas agrícolas, avance de la frontera agrícola en desmedro del bosque. En la cadena de eslabonamiento de los enclaves económicos del narcotráfico, los productores de hoja de coca son abastecedores de la materia prima, el meganegocio no está en sus manos pero al formar parte de su dinámica económica se convierten en actores locales que presionan y luchan por obtener tierra para parcelas agrícolas. En los primeros años de la década del 90, los productores de hoja de coca del TIPNIS manejaban entre 10 y 20 hectáreas de hoja de coca. El centro de acopio de hoja de coca de Isinuta era el más importante de todo el Chapare. Hoy día manejan una cantidad mucho menor y se ha establecido una estructura de control social por parte del sindicato cocalero que regula el acelerado crecimiento de las parcelas agrícolas en la región.

La estructura de control social es una respuesta política de los sindicatos cocaleros a un contexto nacional. Las centrales sindicales de productores de hoja de coca del TIPNIS forman parte de las bases de origen del presidente Evo Morales. El control social tiene que ver con un mensaje a la sociedad boliviana: es el intento de desprender al gobierno de Evo Morales del significante que le persigue como gobierno cocalero. Aún así, los procesos de avasallamiento y de crecimiento de la frontera agrícola para producir hoja de coca siguen siendo parte de la dinámica sur del TIPNIS. En 2009 surgió un nuevo conflicto en la frontera de la línea roja, familias de productores de hoja de coca no sindicalizadas, rebasaron los mojones fronterizos del polígono 7 a la altura del río Lojojouta e ingresaron a la TCO para habilitar nuevas parcelas de hoja de coca. Hoy día si visitamos la zona, al frente de la comunidad indígena de Mercedes del Lojojouta, encontraremos un letrero que dice “Coca o Muerte”. Además, el crecimiento de la dinámica agrícola de la hoja de coca ha alcanzado a las comunidades indígenas que se encuentran en la frontera, conviviendo con la colonización. Aproximadamente 10 comunidades indígenas se encuentran dentro del polígono 7 y otras 9 comunidades indígenas reciben la influencia de la economía de hoja de coca, ya sea porque producen hoja de coca o porque cosechan hoja de coca para los colonizadores, siendo un total de 19 comunidades indígenas que han quedado influenciadas por la producción de hoja de coca. En total son 64 comunidades indígenas en el TIPNIS. Las familias indígenas que han empezado a desplazarse a la producción de hoja de coca, se encuentran sindicalizadas, son miembros de los sindicatos cocaleros[12]. Esas comunidades hoy día marchan para que se abrogue la Ley de Protección al TIPNIS (180) y se construya la carretera.

El desarrollo visto desde la gestión de gobierno de Evo Morales.-

¿Cómo se vinculan los modelos de desarrollo que se han puesto en juego dentro del TIPNIS con la política de desarrollo que impulsa el gobierno de Evo Morales? Si bien el gobierno de Evo Morales se desenvolvió en el contexto de la agenda de octubre[13] marcada por los movimientos sociales, lo cual implicaba, además de una convocatoria a la Asamblea Constituyente, el desarrollo de un modelo económico que suponga la industrialización de los hidrocarburos; en los hechos el desencadenamiento del modelo económico que terminó empujando el gobierno boliviano fue más bien de profundizar la tendencia secular y hegemónica del Estado; esto es, incentivar y apostar por salidas económicas que se basan en un modelo extractivista primario exportador. Tal condición en la esfera de la economía tiene varias implicancias. No es que se nieguen otras formas de desarrollo, de hecho el plan de gobierno presentado el 2006 asume una visión plural en cuanto a las formas económicas que el Estado debe apoyar, sin embargo, priorizar como fuente central de producción de riqueza la explotación de los recursos naturales y comercializarlos en su condición de materia prima, implica centralizar la política de Estado alrededor de las iniciativas extractivas. Éstas se vuelven prioritarias y, en muchos casos, razones de Estado. Ciertamente, una estructuración de la política económica en los términos mencionados supone la subordinación de otros modelos de desarrollo, los cuales pueden desenvolverse y hasta recibir incentivo de la política pública, siempre y cuando no afecten los planes centrales de la política económica extractiva. El conflicto del TIPNIS expresa exactamente un hecho de tal naturaleza: poblaciones indígenas que no están de acuerdo con los planes centrales de la política económica extractiva.

Dialogando con el debate de modelos económicos extractivos desarrollado en los últimos años en América del Sur, hoy como en un pasado, las bases y criterios de definición del modelo extractivo no se han modificado demasiado. Se trata de una forma de desarrollo económico que basa la producción de riqueza en la apropiación de la naturaleza, bajo un formato productivo escasamente diversificado, recursos naturales que no son procesados o lo son limitadamente y que de su venta depende la inserción del país productor de materias primas al mercado internacional. La similitud con el pasado nos muestra, sin embargo, algunos elementos nuevos que es necesario destacarlos. El más importante es que en el nuevo contexto el Estado juega un rol más protagónico, de intervención y definición de unas reglas de juego que permite una mejor redistribución de la riqueza. Como detallan los trabajos de Gudynas (2009) y Acosta (2011), la redistribución de la riqueza producida por las iniciativas extractivas en los gobierno progresistas como Bolivia y Ecuador, se desenvuelve mediante programas sociales de atención a poblaciones vulnerables, en muchos casos de gran pobreza y que se convierten en el mayor dispositivo de legitimación de los modelos económicos extractivos y de los gobiernos que los impulsan.

Los datos elocuentes de la CEPAL para el 2009 sobre exportación de bienes primarios en las economías extractivas sudamericanas, muestran la tendencia en países como Bolivia. En Sudamérica, sin ser la mejor situación, Colombia y Brasil muestran una tendencia de menor dependencia de las exportaciones de bienes primarios, en cambio, Venezuela, Bolivia y Ecuador muestran una casi total dependencia de la exportación de bienes primarios respecto de las exportaciones totales de estos países. La exportación de bienes primarios como hidrocarburos y minerales en Venezuela alcanzan al 92.7% de las exportaciones que se dan en dicho país. En el caso de Bolivia la cifra asciende a 91.9% y en el caso de Ecuador el porcentaje es de 91.3% (Gudynas, 2009 con base a los datos de la CEPAL). Según el estudio de Christian Ferreyra, en Bolivia entre el 2004 y el 2007 se ha desarrollado un incremento sostenido de la minería pero entre el 2007 y el 2009 podemos detectar un gran salto en las exportaciones mineras de 1222984 millones de bolivianos a 2100161 millones de bolivianos. El mismo estudio nos muestra que en el caso del gas la producción entre los años 2000 y 2005 pasó de 8.8 MMmcd. a 33.3 MMmcd. y entre el 2006 y el 2008 la producción de gas natural aumentó a 38.7 MMmcd (2011: 11-12)[14].

Podríamos alegar que el crecimiento en las exportaciones de materia prima demuestra no sólo la profundización del modelo extractivo y la ineludible importancia del extractivismo minero e hidrocarburífero en la estructura económica boliviana, sino también las nuevas oportunidades del Estado boliviano para obtener mayores ganancias y lograr inversiones en posibles procesos de industrialización, como plantearon los movimientos sociales en la agenda de octubre. No obstante ello, la tendencia muestra que no hay esfuerzos concretos que caminen en un nuevo tipo de desarrollo, la dependencia del gasto público que proviene de la renta hidrocarburífera se ha ahondado en los últimos años, así como, se han generado condiciones más favorables para la intervención de la Inversión Extranjera Directa en el sector extractivo (Fundación Milenio, 2010). También la base y fundamento de la nacionalización en hidrocarburos muestra sus límites. Si con el Decreto de Nacionalización de mayo del 2006 se aplicó al criterio de renta petrolera que alcanzaba a 50%, un 32% más aplicable a los megacampos de producción de gas, para con ello crear un fondo de capital que permita el desarrollo de la industria petrolera nacional, el 2007, al protocolizar los nuevos contratos con las empresas petroleras, se quitó este 32% volviendo a la situación inicial de antes de la nacionalización (Fernández 2011: 131).

Las políticas del gobierno de Evo Morales muestran mayor interés por abrir nuevas áreas de exploración y explotación hidrocarburífera (gas y petróleo) antes que generar políticas que permitan el desarrollo de una industria energética en Bolivia. Seguramente, de manera similar razonan las transnacionales petroleras que operan en Bolivia. Desde la aprobación de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 en mayo del 2005[15], el gobierno de Evo Morales ha ampliado el número de áreas de interés hidrocarburífero destinadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Lo que interesa resaltar en dicha política no es, por supuesto, que YPFB tenga más áreas de aprovechamiento hidrocarburífero, sino que dichas áreas tradicionales y no tradicionales han empezado a implicar a las áreas protegidas y territorios indígenas; además que dichas áreas que empiezan a ser destinadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, están siendo concesionadas a YPFB pero bajo la figura de sociedad mixta con empresas transnacionales. Por tanto, no son áreas de operación exclusiva de la empresa petrolera boliviana.

 

Basándose en el artículo 34 de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 aprobada el año 2005, el gobierno de Evo Morales mediante Decreto Supremo Nº 29130 de mayo del 2007, propone reservar 21 áreas tradicionales y no tradicionales de interés hidrocarburífero a favor de YPFB y, en el mismo año, mediante Decreto Supremo Nº 29226 promulgado en el mes de agosto, el gobierno de Morales modifica las áreas de interés hidrocarburíferas a favor de YPFB en un número de 33 Bloques que son susceptibles de ser aprovechados bajo la figura de sociedad mixta. Tres años después, en octubre del 2010, el gobierno de Evo Morales promulga el Decreto Supremo Nº 676 donde no solo se amplían las áreas de interés hidrocarburíferas a favor de YPFB en un número de 56 sino que se propone de manera directa permitir excepcionalmente actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas, postulando en el parágrafo II del art. 2 del mencionado Decreto que las áreas reservadas a favor de YPFB, si se encuentran en áreas protegidas, se deberá garantizar el cumplimiento de emplear adecuadas tecnologías que permitan mitigar los daños socioambientales y culturales. En el Decreto Supremo Nº 29130 de mayo 2007 encontramos el Bloque Sécure 19 y 20 como área no tradicional de interés hidrocarburífero reservado para YPFB.

En razón de lo mencionado, el gobierno de Evo Morales tiene una política de desarrollo económico que prioriza los modelos extractivos energéticos, convirtiéndolos en política de Estado, en el eje económico de la política pública. Para el caso concreto del TIPNIS el gobierno de Evo Morales ha otorgado dos concesiones petroleras para exploración y explotación, desconociendo la normativa ambiental que hay en áreas protegidas y violando la decisión construida por miembros del SERNAP y las organizaciones indígenas el año 2001 cuando se re categoriza el TIPNIS y se menciona que no podrá haber actividad petrolera en el territorio indígena y área protegida (Plan Estratégico de Gestión, Trinidad, SERNAP, 2001). Dos concesiones han sido otorgadas: la primera mediante la Ley Nº 3672 de abril del 2007 que aprueba el Contrato de Operaciones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con PETROBRAS BOLIVIA S. A. y la TOTAL E&P BOLIVIE en el área de Río Hondo (bloque Ichoa) y la segunda mediante Ley Nº 3911 de abril del 2008 con su adendum en julio del mismo año que aprueba el contrato de exploración y explotación entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y YPFB PETROANDINA S.A.M. (Evaluación Ambiental Estratégica-SERNAP 2011)[16]. Roberto Fernández (2011) nos hace ver en su estudio sobre los hidrocarburos en Bolivia que la gestión de gobierno de Evo Morales se está acercando a la máxima de “exportar o morir” y por ello está urgido de abrir nuevos bloques a la explotación hidrocarburífera. Es claro que el tramo carretero Villa Tunari San Ignacio de Moxos brindará condiciones para las operaciones petroleras de ambas concesiones. En la comprensión del negocio de hidrocarburos que manejan las transnacionales, las carreteras son ítems de inversión del Estado.

Construir infraestructura para que los modelos extractivo exportadores operen con costos relativamente razonables, forma parte de la lógica de gobiernos y Estados ampliamente comprometidos con los modelos primario exportadores. Y cuando se piensa en los modelos extractivos, no solo debemos referirnos a los que extraen materias primas sino también forman parte de ello, según la propuesta de Gudynas (2009), los modelos agroexportadores que funcionan en base al mono cultivo y la expoliación extrema de la tierra. Proyectando el razonamiento a una dinámica más regional, los circuitos comerciales que garantizan la circulación de bienes primarios entre los que se suman los producidos por la agroindustria, deben ser consolidados en función al mercado global. Los retos no son menores, la década que iniciamos supone una relación muy dinámica de los productos que ofrece América del Sur hacia los mercados de la China. La creciente demanda de productos mineralógicos que tiene dicho país, hace que América del Sur se convierta en un lugar de presiones estratégicas y que el plan de iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) cobre más sentido en función a la comunicación interoceánica que producirá.

Según Mónica Bruckmann desde 1990 la China se ha convertido en un país que produce y demanda gran cantidad de minerales. En la última década la China se ha convertido en el principal productor de un número importante de minerales, aún así, no logra cubrir su demanda interna, registrando cifras muy altas de importación en cobre, hierro y otros minerales. La información organizada por la investigación de Bruckmann nos muestra que en la China el horizonte intensivo de consumo de mineral para consolidar su industria ligera, se proyecta 20 años más y que desde el 2000 la manufactura pesada de dicho país crece sistemáticamente. El primer destino de las exportaciones mineras de Chile y Brasil va hacia la China, el segundo destino de las exportaciones mineras de Perú y Argentina va hacia la China y el primer producto de exportación de Bolivia hacia la China es estaño (2011). En ese contexto, ¿cuál será el destino de productos agroindustriales que se están desenvolviendo en América del Sur?. El circuito comercial a consolidarse muestra desplazamientos de materia prima como mineral y agroproductos como la soya hacia los mercados de la China y el Asia[17]. En otro sentido, la industria manufacturada de estas regiones observa con buenos ojos conquistar plenamente el mercado de Sudamérica. Este es el contexto donde la comunicación interoceánica potenciada por el plan de iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), alza vuelo y despliega sus raíces en función de procesos productivos basados en modelos extractivos.

El reto fundamental de la comunicación interoceánica es justamente atravesar la cordillera de los Andes y para países como Brasil que se ubican plenamente en el Atlántico, resulta hasta estratégico la consolidación de infraestructura caminera que atraviese los Andes. Atravesar los Andes desde el Atlántico, es para un país como el Brasil, atravesar los Andes desde la Amazonía, para lo cual las regiones de selva alta o las regiones de selvas tropicales tienen una doble importancia: 1º geográficamente se rompen fronteras naturales poco asequibles hace 30 años, 2º son regiones que contienen energía fósil. Atravesar con caminos la región de los yungas orientales implica no sólo comunicación interoceánica sino también la posibilidad de obtener energía fósil de la formación Subandina. Este es un proyecto apetecido por Petrobras y, en el horizonte inmediato, países como Perú y Bolivia, adquieren su importancia específica puesto que ambos poseen dos patas en el modelo extractivo primario exportador, minería e hidrocarburos, siendo el rubro petróleo el que puede adquirir un mayor desarrollo en la faja Subandina de estos países, a diferencia de Ecuador que posee iniciativas petroleras ampliamente desarrolladas en la faja Subandina.

La carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos y su importancia estratégica en la región debe entenderse en el contexto arriba mencionado, forma parte de la iniciativa de romper con las fronteras naturales de la selva alta que nos dan acceso a los Andes y luego al Pacífico, pero también forma parte de la faja Subandina donde podemos obtener energía fósil. No por nada las concesiones petroleras a Petroandina y Petrobras. Para el Brasil y sus proyectos energéticos hasta el 2020 donde corre el riesgo de tener un déficit de energía, nuevos campos de exploración petrolera resultan atractivos, mucho más si éstos poseen la infraestructura necesaria para operaciones de exploración y explotación. La comunicación interoceánica sirve también para el creciente desarrollo de la agroindustria que se está desencadenando en estados como Acre, Rondonia o Mato Grosso do Norte, estados frontera con Bolivia y Perú que ven en la vinculación caminera que atraviesa los yungas orientales una oportunidad para bajar costos de operación llegando hacia el Pacífico con sus productos. Ciertamente, en el escenario de los modelos extractivos primario exportadores, no todos los países estamos en las mismas condiciones. Aunque como lo demuestran los estudios de Gudynas (2009), Acosta (2011), Svampa (2009), Verdum (2010), América del Sur está consolidando su condición secular de seguir siendo abastecedora de materias primas al mercado global, internamente hay países como Bolivia que tienen una pequeña estructura industrial respecto de países como Brasil que combinan su estructura primario exportadora con una considerable estructura industrial que favorece a un posicionamiento geopolítico en el flujo de relaciones de modelos extractivos primario exportadores[18]. La condición geopolítica del Brasil permite entender porque BNDES que es un consorcio público/privado que actúa en infraestructura y extracción, es la entidad que otorga el crédito para la carretera y OAS una empresa brasilera que se adjudica la construcción.

Volviendo a nuestra pregunta inicial ¿cómo se vinculan los modelos de desarrollo que se han puesto en juego dentro del TIPNIS con la política de desarrollo del gobierno de Evo Morales y la dinámica económica regional que plantea varios retos geopolíticos en cuanto al desarrollo económico para América del Sur? Es claro que el modelo indígena basado en una economía étnica amazónica y amalgamado a un uso y aprovechamiento sostenible de los recursos expresado en los planes de manejo que impulsaron los indígenas y miembros del SERNAP, entra en coalición con las propuestas de desarrollo del gobierno de Evo Morales. Éste se vuelve cada vez más dependiente en sus ingresos fiscales de los rubros primario exportadores en minería e hidrocarburos y, a la vez, vuelve más dependiente de dichos ingresos los programas sociales que viene llevando a cabo[19]. La segunda gestión del presidente Evo Morales marca claramente el desplazamiento en la política económica, las iniciativas extractivas primario exportadoras se han vuelto razones de Estado, nadie las puede discutir y menos interrumpir en su desenvolvimiento. Los indígenas del TIPNIS al oponerse que la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos pase por el área núcleo del territorio y parta en dos el área protegida, básicamente se han opuesto a los planes de política extractivista que tiene el gobierno y a los planes de creación de infraestructura que reducen costos y tiempo a los modelos extractivos primario exportadores. En ese contexto, los modelos de desarrollo comunitario de los indígenas del TIPNIS se han convertido en propuestas que son perseguidas políticamente. Se han suspendido los proyectos de ecoturismo, forestales y de aprovechamiento de cuero de saurios a título de que el TIPNIS es intangible; sin embargo, las iniciativas de los productores de hoja de coca dentro del TIPNIS no han sido tocadas.

 

Con sustancial diferencia, el modelo de desarrollo de los productores de hoja de coca engrana con las dinámicas extractivas primario exportadoras. De hecho como enclave productor de materia prima para el negocio regional de cocaína, reproduce una buena parte de las características que tiene el negocio de la agroindustria que ha sido tipificado como parte de los modelos extractivos. Primero, es monoproductor del bien a exportarse (hoja de coca-pasta base), segundo, usa intensivamente la tierra en desmedro del bosque, causando daños irreversibles para la composición biovegetativa de la zona sur del TIPNIS, tercero, produce el bien agrícola (hoja de coca) en función exclusiva a las necesidades del mercado global. La única gran diferencia con los modelos extractivos agroindustriales es que la mono producción no está en manos de empresarios que controlan la tierra y el proceso productivo sino más bien en manos de campesinos que buscan optimizar la producción de hoja de coca abriendo cada año nuevas fronteras agrícolas. Para ello, un tramo carretero resulta estratégico en la ampliación de nuevas fronteras agrícolas y, por el comportamiento de los poblados de colonos en la zona, la saturación de las áreas agrícolas con cultivo de hoja de coca está empezando a pronunciarse. En ese contexto, el avasallamiento a nuevas áreas agrícolas sobre el bosque de la TCO del TIPNIS se muestra como una estrategia útil y necesaria para la dinámica de producción y comercialización de la materia prima de la cocaína. Un esquema productivo de tal naturaleza puede convivir con relativa sintonía con la exploración y explotación petrolera.

Lanzando algunas conclusiones.-

Las situaciones de contradicción/constatación que nos muestra el conflicto del TIPNIS nos debe llevar a analizar algunos elementos críticos que está viviendo el proceso boliviano. El primer elemento a considerarse es que los pueblos indígenas en Bolivia no necesariamente comparten la misma visión de desarrollo, la misma comprensión acerca de lo que significa “vivir bien” y, además, no necesariamente los indígenas se distancian social y económicamente de un modelo extractivo primario exportador. El caso del TIPNIS en Bolivia muestra con mucha claridad que los pueblos indígenas portan miradas de desarrollo que son producto de sus procesos histórico estructurales y no así, como lecturas primordialistas lo quieren ver, producto de comprensiones esenciales en el ser indígena. Los pueblos amazónicos en Bolivia han vivido procesos económicos muy distintos de los pueblos quechuas y aymaras, y si bien ambos comparten la experiencia estructural de haber sido colonizados y subalternizados en la dinámica del Estado colonial republicano, lo cierto es que las distintas iniciativas de desarrollo que están empujando dentro del TIPNIS obedece a sus distintos nexos con los circuitos de capital global. Básicamente, la proyección de la política étnica en Bolivia ha encontrado su límite en la proyección de la política económica estructural. Para entender la problemática, por tanto, necesitamos integrar en el análisis las dos variables.

En ese contexto, el Estado vuelve a una condición inicial en el análisis estructural; esto es, no es una institución que está por encima de las clases y los sectores sociales, más bien expresa las luchas internas de las clases y los sectores sociales. En el conflicto del TIPNIS el Estado, mediado por el gobierno de Evo Morales, expresa un posicionamiento que refleja la composición de poder dentro de las nuevas lógicas del Estado boliviano. No es casualidad que los productores de hoja de coca hayan logrado un presidente, es más bien una estrategia de poder construida a lo largo de varios años y que refleja los cambios sociales y económicos que se han venido gestando hace más de 30 años en el conglomerado quechua y aymara que colonizó el TIPNIS. Los sujetos andinos colonizadores de los años 1960, 1970, 1980, hoy en día se ubican en un espacio distinto en la estructura social boliviana. En otras palabras, detrás del conflicto del TIPNIS hay procesos orgánicos de recomposición de clases en Bolivia y los modelos extractivos primario exportadores que se desenvuelven con características seculares en su matriz económica, están intentando reacomodarse en la sísmica social que se viene produciendo en Bolivia.

Esa sísmica social en Bolivia nos muestra que, entre los programas estatales orientados por modelos extractivistas primario exportadores y sectores sociales no tradicionales de la estructura económica boliviana, pueden desarrollarse complicidades que permiten el despegue de ambos, necesarios para el desarrollo del capital, y muy necesarios en sociedades donde la estructura social y económica estuvo profundamente anclada en élites y oligarquías que portan visiones pasadas de la economía y la sociedad. Es muy probable que situaciones similares se estén desarrollando en un país como Brasil donde sectores convencionales de fazendeiros en estados como Rondonia o Acre, se convierten en una traba al flujo de circuitos sociales y económicos que permiten una circulación más ampliada del capital. Visto desde otra perspectiva, los modelos extractivos primario exportadores se están desarrollando, en países como Bolivia, en un contexto de procesos de movimiento y democratización de la estructura social boliviana que terminará cambiando la composición de clases sociales y su relación con el movimiento de capital global. En ese sentido, las características del extractivismo y/o el neo extractivismo de América del Sur tienen que analizarse más allá de la política de redistribución de riquezas que caracteriza a los gobiernos progresistas, porque pueden estar produciendo una estructuración social distinta a la conocida y manejada por la matriz inicial.

El desafío más grande que nos ha puesto el conflicto del TIPNIS en Bolivia es, sin embargo, el referido a la posibilidad de que la forma política del Estado Plurinacional pueda albergar modos y procedimientos del modelo extractivo primario exportador, sin caer en una agotadora contradicción que la puede destinar a su propio destierro. El modus operandis de las iniciativas extractivas requiere no solo de un Estado fuerte sino de un Estado mono nacionalista, o por lo menos, así han operado dichas iniciativas por varios siglos. La condición de plurinacionalidad puede convertirse en su talón de Aquiles puesto que implica discutir decisiones que desde el mono nacionalismo son tratadas como: “asuntos de bien común”, “asuntos de Estado”.

Fuente: http://www.bolpress.com/?Cod=2012033005

 

En consecuencia, como la antropóloga Sarela Paz nos explica:"Es claro que el modelo indígena basado en una economía étnica amazónica y amalgamado a un uso y aprovechamiento sostenible de los recursos expresado en los planes de manejo que impulsaron los indígenas y miembros del SERNAP, entra en coalición con las propuestas de desarrollo del gobierno de Evo Morales. Éste se vuelve cada vez más dependiente en sus ingresos fiscales de los rubros primario exportadores en minería e hidrocarburos y, a la vez, vuelve más dependiente de dichos ingresos los programas sociales que viene llevando a cabo[19]. La segunda gestión del presidente Evo Morales marca claramente el desplazamiento en la política económica, las iniciativas extractivas primario exportadoras se han vuelto razones de Estado, nadie las puede discutir y menos interrumpir en su desenvolvimiento. Los indígenas del TIPNIS al oponerse que la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos pase por el área núcleo del territorio y parta en dos el área protegida, básicamente se han opuesto a los planes de política extractivista que tiene el gobierno y a los planes de creación de infraestructura que reducen costos y tiempo a los modelos extractivos primario exportadores. En ese contexto, los modelos de desarrollo comunitario de los indígenas del TIPNIS se han convertido en propuestas que son perseguidas políticamente. Se han suspendido los proyectos de ecoturismo, forestales y de aprovechamiento de cuero de saurios a título de que el TIPNIS es intangible; sin embargo, las iniciativas de los productores de hoja de coca dentro del TIPNIS no han sido tocadas".

 

Si entendemos por «derecha» a quienes tienen políticas pro capitalistas o en favor de los opresores, comprobemos cómo se ha profundizado la derechización del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera:

 

La Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”

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La cumbre agropecuaria sembrando Bolivia convocada por el gobierno abre las puertas a la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz para desaparecer al pequeño productor familiar campesino  y poner en riesgo la seguridad alimentaria del país, con sus demandas ya conocidas como: la ampliación de la frontera agropecuaria, la eliminación de la FES(función económica social de la tierra) para apropiarse de tierras fiscales y de territorios indígenas o profundizar la negociación de tierras, la incorporación de biotecnología en otros productos(transgénicos), y primar la exportación de productos.

Desde la reforma agraria del 1953 se inicia la marcha al Oriente, con el cual tanto allegados al Gobierno de entonces como extranjeros se favorecen de tierras, créditos, y apoyo estatal para desarrollar el sector agropecuario desplazando a indígenas de tierras bajas, en la década de los 80 con la crisis minera, se fortalece a los sectores de producción agroexportadores entre ellos los soyeros.

Ante la marcha de tierra y territorio;  en 1996 surge la ley INRA para proceder al saneamiento y la redistribución de tierras y respeto del derecho propietario demanda de campesinos e indígenas, pero nuevamente esta medida sirve solamente para legalizar grandes y medianas propiedades en manos de una oligarquía legalizando únicamente las TCO que siempre estuvieron en manos de las comunidades y no revirtiendo las tierras de privados para su redistribución por lo que el problema de fondo continua.

La Ley del Fondo de Reactivación Económica (FERE, 2000) reduce impuestos a la empresa agropecuaria a 0,25 %, haciendo que estos sectores se enriquezcan sin contribuir al Estado.

En la década de las 90 épocas de las privatizaciones en nuestro país se consolida y fortalece este sector otorgándole créditos a partir de la banca privada y apoyo en crisis directamente por el Estado, como la apertura a los mercados de la comunidad Andina de Naciones, aranceles preferenciales etc.

 

La nueva CPE del Estado Plurinacional, legaliza el derecho propietario de las grandes haciendas sin límite de tamaño que existían hasta febrero de 2009  y con la ley de reconducción comunitaria no modifica el patrón agroexportador vigente y se continúa fortaleciendo las políticas agropecuarias para favorecer a este sector burgués fuerte económica, política y elitista que no apoya al Estado a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria ni de soberanía alimentaria, tampoco efectúa aportes al Estado, ni es generador de empleo dado a que el sector soyero por ejemplo genera apenas el 5% de empleo de todo el sector agropecuario, por el uso de maquinaria y semilla transgénica que reduce al mínimo la utilización de mano de obra, mas ante el riesgo de uso de glifosato producto altamente tóxico que junto a los transgénicos no tiene procedentes en la afección a la salud de la especie humana así como a la madre tierra; en consecuencia son un sector explotador y extractivo de los recursos naturales y de la mano de obra.

 

Esta práctica aprovecha los relativos bajos precios de la tierra en el país, los controles ambientales absolutamente laxos y una estructura agraria regional que permite la gran propiedad ociosa (en muchos casos, de tierras obtenidas gratuitamente del Estado) y su aprovechamiento especulativo, convirtiéndose en atractivo para empresarios, brasileños y argentinos estén actualmente produciendo el 50% de la producción de soya permitiendo fuga de capitales y poniendo en riesgo la soberanía del país. 

Los agroindustriales efectúan la explotación irracional de los recursos naturales (deforestación), la apropiación de tierras fiscales e indígenas originaria campesinas, destrucción del medio ambiente, la privatización y concentración de la tierra, la dependencia económica de las grandes empresas, el monopolio que exprime a productores campesinos familiares, incrementando la brecha entre ricos y pobres u obligando al campesino a migrar a la ciudad.

 

En tanto que nuestras importaciones crecen marcando en el 2014 récord en importación de alimentos por 812 mil toneladas compradas de países vecinos por un total de 688 millones de dólares, y la migración campo ciudad que según el censo 2012 vuelca la población a las áreas urbanas en un 67.3 urbanos y reduciendo a 32,7 la población rural,  acercándonos cada vez más a una crisis alimentaria.

 

Siendo esta la verdadera problemática del sector y por ende de la dependencia y fragilidad económica del país en el tema productivo . En lugar de cubrir el mercado interno piensan no en calmar el hambre del pueblo, sino en exportar para favorecer intereses financieros de empresas transnacionales. Por eso se ha posibilitado la introducción de transgénicos a diestra y siniestra, no existe un control del manejo de agroquímicos nocivos para la salud no sólo de los productores sino de toda la población consumidora, como de la madre tierra, propiciando el ingreso de productos de otros países en detrimento de los nuestros.

Desde siempre y en todos los gobiernos se ha favorecido al sector agro empresarial del oriente, postergando a los verdaderos proveedores de la canasta familiar como son los productores campesinos, las leyes y todos los mecanismos antes y hoy se orientan para favorecer a este sector, ahora a nombre de seguridad alimentaria pretenden favorecerse nuevamente con políticas gubernamentales, acaso la soya es un producto de primera necesidad en la canasta familiar; las familias pobres prescinden del consumo de carne pero nunca prescinden del consumo del maíz, papa, haba entre algunos, esos productos que llenan la olla de los pobres; pero las medidas nunca están orientadas para favorecer a estos otros productores, solo se los considera para bajar los precios, haciendo que los mismos incidan para la migración campo ciudad.

La cumbre convocada para favorecer al sector empresarial no debe constituirse en un evento de socialización de medidas de políticas públicas a los cuales el campesino refrendara con su asistencia, sino más bien el espacio donde el Gobierno Plurinacional elegido por el pueblo apoye efectivamente al verdadero sujeto responsable de la soberanía y seguridad alimentaria que constituyen las comunidades indígenas- originarias campesinas de Bolivia.

 

Por lo cual las propuestas para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población ante la crisis de caída de los precios del petróleo es favorecer al sector del campesinado por primera vez en la historia de Bolivia en cambiar si, las leyes como lo expresó el Vice Presidente para:

·          Posibilitar el acceso a tierra a los pequeños productores agrícolas campesinos, la eliminación de corrupción en el INRA que posibilita que latifundistas se apropien legalmente de la tierra, a la  verdadera reforma agraria.

·          Garantizar la tierra y territorio indígena y posibilitar mecanismos de sostenibilidad   

·          Acceso al agua, a semillas naturales a créditos a pequeños productores

·          El derecho a definir las políticas públicas agrícolas y agroalimentarias.

·          Precios justos en los mercados agrícolas acordes a los costos de producción

·          Regulación para la producción agroindustrial considerando los derechos de la madre tierra

·          Rechazo a la introducción de biotecnología y transgénicos porque atenta con las semillas y producción local que garantiza la vida de las personas y evita la dependencia económica

·          La implementación de la producción ecológica, como vía para eliminar la dependencia tecnológica y garantizar la vida de productores y consumidores.

·          La protección del mercado interno de las importaciones agrícolas y alimentarias que atentan la producción local.

·          Prioridad a la producción interna diversa para mercado interno frente a la exportación

·          Autorice a los países/uniones a protegerse contra las importaciones a precios demasiado bajos.

·          Gestión y manejo de cuencas y suelos

·          Recuperación del germoplasma nativo de especies existentes en el territorio nacional, establecimiento de banco de germoplasma nativo y la patente del Estado de las semillas  y productos locales

·          Producción de peces en ríos y estanques  de agua por seguridad alimentaria

·          profundización de educación ambiental e implementación de legislación de control del medio ambiente sobre todo en áreas urbanas

·          Monitoreo y evaluación ambiental a todas las empresas productoras y comercializadoras

·          Control riguroso de agroquímicos que se comercializan en el mercado y asistencia técnica en manipulación a productores.

·          Control en fronteras para ingresos de productos de contrabando y fuga de semillas y germoplasma local

·          Generar políticas de incentivos para el campesino productor mediante estudios y orientaciones de mercado por cosechas.

·          Control de toxicidad a los productos y asistencia técnica a los productores para producción sana y prohibición  a la venta libre de productos nocivos a la salud humana y la madre tierra

·          Apoyo a la producción integral de productos estratégicos ancestrales (quinua, maíz, coime, maní, etc.)  para reconstituir las matrices agroalimentarias comunitarias campesinas e indígenas (como la recuperación y certificación de semillas criollas de alimentos nutritivos y valorando los conocimientos locales y prácticas ancestrales) garantizando mercados locales (desayunos escolares)

·          Regulación y control a la circulación de productos importados nocivos a la madre tierra, bolsas plásticas, pesticidas, etc. para evitar la contaminación de suelos, agua y preservar la calidad de vida de los habitantes  y de la madre tierra.

Fuente: http://www.luchadeclases.org.bo/nacional/movimiento-campesino-e-indigena/874-la-cumbre-agropecuaria-sembrando-bolivia.html

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Por qué cuestionamos la "Cumbre Agraria"

Abril 2015

Los días martes y  miércoles 21 y 22 de abril el gobierno realizará en la ciudad de Santa Cruz la Cumbre Agraria “SEMBRANDO BOLIVIA”. 

Esta Cumbre fue postergada varias veces porque hubieron voces de protesta; voces de mucha preocupación por el tema de los TRANSGENICOS.

 

Lo que pasa es que el principal cultivo de Bolivia, que es la SOYA, actualmente es totalmente TRANSGENICA.  Un presidente anterior al gobierno de Evo Morales aprobó en el 2005 una Ley que permite la soya transgénica y lamentablemente  en los últimos 9 años NO SE HIZO NADA para cambiar esta ley.

Más al contrario. La Nueva Constitución aprobada en Oruro decía claramente "NO A LOS TRANSGENICOS", pero después cambiaron muchos artículos. Y hoy el artículo 409 de la NCPE dice “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”. Con esta frasecita abrieron las puertas de par en par para luego poder aprobar nuevas leyes que permiten el uso de semillas transgénicas, no solo de soya, sino también de otros productos, como es el maíz, el algodón, el azúcar, hasta el trigo!!

 

Y aunque la Ley No. 300 de la Madre Tierra “obliga al Estado a reducir gradualmente los transgénicos”, en la práctica parece que todo camina al revés y ahora son sobre todo los grandes empresarios del Oriente -de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de ANAPO- que insisten en que de una vez haya más transgénicos. Claro que estos empresarios cuentan con el apoyo de las empresas de alimentos y semillas más grandes y más nefastas para una alimentación sana y soberana a nivel mundial, como es la transnacional MONSANTO.

Aunque el gobierno ha dicho en varias oportunidades que “no aceptará la ampliación del uso de semillas transgénicas para la producción de maíz, algodón y caña de azúcar” (18 de marzo, La Razón), en la práctica vemos que este tema será abordado en la cumbre “Sembrando Bolivia”, que se realizará a puerta cerrada con la participación de 50 empresarios del Oriente, 25 dirigentes campesinos de la CSUTCB ligados al MAS y 25 indígenas representantes de organizaciones fieles al MAS. ¡Que tal!

Es muy seguro que los resultados de la Cumbre estén más en función de los dueños de grandes tierras y agroindustriales, que de los pequeños agricultores. 

 

Por eso muchas organizaciones, instituciones  y movimientos nos reunimos en diferentes lugares del país para expresar nuestra preocupación y nuestro rechazo a cualquier política a favor de los transgénicos.

Fuente: http://bolivialibredetransgenicos.blogspot.com.ar/2015/04/cumbre-agraria-sembrando-bolivia.html

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Miguel Urioste: La cumbre agropecuaria va a cambiar el mapa del país

10 de abril de 2015

La Cumbre Agropecuaria ‘Sembrando Bolivia’ (Santa Cruz, 23 y 24 de abril) bien debería servir para poner en debate los grandes problemas de la agropecuaria nacional, sugiere el investigador, y no que sea sólo para discutir el desarrollo agroempresarial. 

 

Por Iván Bustillos Zamorano 

La Paz

Después de haberse postergado en tres oportunidades, finalmente el 23 y 24 de abril en la ciudad de Santa Cruz tendrá lugar la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”. La cita, según dijo el presidente Evo Morales cuando la convocó (en enero), es para ver “cómo relanzar al sector agropecuario”; además de fijar como objetivo la seguridad y soberanía alimentaria, cuestión de fondo también será la ampliación de la frontera agrícola. Para el investigador en temas agropecuarios Miguel Urioste, es tal la importancia del encuentro que lo que se decida allí literalmente cambiará el mapa del país, en el sentido de modificar la actual estructura agraria y del uso del suelo.

 

— ¿En qué contexto se puede ubicar a esta cumbre?

— Esta es una cumbre particularmente importante, porque se realiza justo cuando hay una caída del precio del gas y de los minerales y, por tanto, una disminución de los ingresos por exportaciones. El Gobierno, a través de la Agenda 2025, y los productores agropecuarios del oriente están viendo la oportunidad de diversificar las exportaciones de Bolivia, convirtiéndola en un país productor de alimentos. Esta cumbre también viene precedida por anuncios del Vicepresidente sobre la expansión de la frontera agrícola al ritmo de un millón de hectáreas cada año durante los próximos diez años. No olvidemos que hoy Bolivia en la agricultura tiene sólo tres millones de hectáreas, de las que un millón está en el occidente y valles, y dos millones, en el oriente; de esos dos millones, un millón es soya.

 

— ¿En qué medida pesará el cultivo de la soya en la cumbre?

— Justamente, el objetivo de ampliar la frontera agrícola a diez millones de hectáreas en los próximos diez años tiene como finalidad convertir a Bolivia en uno de los grandes productores de alimentos y particularmente de soya. Brasil tiene aproximadamente 30 millones de hectáreas de soya, ha desplazado a Estados Unidos, que tiene 28, 29 millones; luego está Argentina, con alrededor de 20 millones; en cuarto lugar, Paraguay, con 6 millones; luego viene Bolivia, y después Uruguay. 

 

— ¿Cómo ubicar el caso boliviano, por lo menos en Sudamérica?

— Nos interesa Paraguay: ahora, cultivando 6 millones de hectáreas de soya, Paraguay hasta hace unos años tenía 8 millones de hectáreas de bosque; ya no los tiene más; en estos últimos diez años, más de un millón de campesinos e indígenas han abandonado el campo y han emigrado a Asunción. El gran desafío, por tanto, es que esta cumbre agropecuaria que va a haber en Santa Cruz no repita el desastroso modelo paraguayo de ampliación indiscriminada de la frontera agrícola, sin control ambiental, sin control ecológico, desplazando a pueblos indígenas y quitándoles las tierras a los campesinos; que ha significado casi una absoluta deforestación.

 

— Pero el tema de la cumbre es la seguridad o soberanía alimentaria.

— El actual Gobierno empezó su gestión en 2006 prometiendo una radical reforma agraria para eliminar el latifundio, promoviendo un modelo de base campesina, indígena, diversificada, con una producción que permita la seguridad y soberanía alimentaria; pero estamos cada vez más lejos de eso. Hoy en Bolivia se importa el triple de alimentos que hace diez años. Lo que quiere decir que el aumento en el consumo que está viviendo la población boliviana no proviene de la producción local, sino de la importación de alimentos.

 

— Para la cumbre, se habla mucho de Santa Cruz; el nuevo granero boliviano, el que alimenta al resto del país; pero qué del pequeño productor campesino y su aporte a la seguridad alimentaria. 

— Estamos constatando que la economía agrícola familiar está estancada; no ha habido un aumento significativo ni de la productividad ni de la producción agrícola familiar, salvo excepciones como el caso de la quinua, eventualmente el cultivo del cacao o del café; pero en los alimentos básicos, está estancado, tendiendo a disminuir, y esto se debe, entre otras cosas, al masivo contrabando de alimentos;así, para el productor familiar no es negocio producir, no es rentable. Seguramente en la cumbre los campesinos y los indígenas van a reclamar: queremos efectiva priorización de la agricultura familiar, diversificación productiva, seguridad alimentaria, más sistemas de riego, caminos vecinales, electrificación rural; que el Estado ha hecho en los últimos diez años, pero no en la medida suficiente como para estimular y hacer despegar la agricultura familiar, que hoy está estancada.

 

— El problema estará en definir bien la agenda de la cumbre…

— Ojalá que los campesinos, indígenas, interculturales, cooperativas agrícolas tengan derecho a la palabra y sean escuchados y sus planteamientos sean recogidos; se trata de una cumbre agropecuaria transcendental que va a cambiar el futuro de la agropecuaria en Bolivia por los próximos 30, 40 años; las decisiones que se van a tomar en Santa Cruz van a cambiar el mapa del país. Si se mantiene la propuesta de la Agenda 2025, de ampliar la superficie agrícola en diez millones de hectáreas, significa que vamos a desmontar, desboscar, tumbar diez millones de hectáreas de bosque, que nunca más van a reponerse. Esto, para mí, no es un buen negocio para el país.

 

— Desde el lado de los pequeños  productores, ¿cuáles son sus mayores limitaciones, qué sectores se puede impulsar en lo inmediato?

— La ventaja es que Bolivia tiene varios pisos ecológicos, varias zonas productivas; pero tiene una limitante estructural. Y es que en el altiplano y los valles solo entre un 25 y 30% de los productores tienen acceso al riego. Entonces, el gran desafío es cambiar la matriz productiva de la agricultura familiar, pasando de una a secano hacia una a riego. En Bolivia se han hecho esfuerzos, hay el programa Mi Agua, ahora Mi Riego; se ha invertido más de 300 millones de dólares en los últimos diez años, pero no es suficiente. No se ha priorizado el cambio de la matriz productiva de la agricultura familiar, para convertirla de secano a riego. Y eso significa investigación, programas de extensión, sistemas de riego comunales, familiares, provinciales, que deben cambiar la manera de producir; el riego permite dos cultivos por año y genera una dedicación a la agricultura a tiempo completo.

 

— Para las cumbre, los empresarios adelantaron sus cuatro grandes preocupaciones: seguridad jurídica, uso de biotecnología, liberación de exportaciones e infraestructura caminera...

— Los únicos que tienen una agenda clara son los empresarios, la agroindustria cruceña, y además han tenido un acercamiento notable hacia el Estado y el Gobierno en los últimos dos años, que ha llevado a una suerte de alianza productiva, como la han denominado. Eso no está mal, parece interesante y positivo; en lo que yo no estoy de acuerdo es el uso de transgénicos (biotecnología); es dañino para el consumidor, además no es cierto, como dicen, que aumenta la productividad; el uso de transgénicos sólo disminuye los costos de producción.

 

— Ahora ¿quiénes deben asistir a la cumbre? ¿Acaso el censo agropecuario, por ejemplo, no debió de servir para esto, para saber quiénes son los actores agrícolas?

— Efectivamente, ojalá que en esta cumbre el INE presente los datos del censo agropecuario de 2013, por lo menos que sirva para eso, para que sea un motivo de presión al INE, que le obligue a actualizar su base de datos. Pero el problema no es tanto cuántos campesinos o indígenas irán a la cumbre, sino con qué criterios o argumentos, y con qué propuestas alternativas. Aquí sí es importante que estos movimientos sociales reflexionen, miren al futuro, no se dejen presionar por las condicionantes políticas de la coyuntura, y tengan una mirada de su sector, de su clase social, de su condición étnica, de pequeños productores familiares; eso es más importante que ser militante del MAS o del proceso de cambio. Aprovecho para hacer un llamamiento a que estos sectores reivindiquen esta su condición en la cumbre agropecuaria.

 

— Con la introducción de la soya, usted dice (Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia, Tierra, 2011) que buena parte de la propiedad de la tierra en Santa Cruz no está en manos bolivianas.

— La cumbre va a reunir a ciudadanos bolivianos, representantes de todos los sectores, pero los principales productores de soya y de productos agroindustriales en el oriente no son bolivianos, son de diferentes nacionalidades, brasileños, argentinos, menonitas, que no ponen como centro de su preocupación ni a la nación ni al Estado sino el negocio. Entonces, el Gobierno y otros tendrán que saber efectivamente con quién tienen que hablar. Si quieren que Bolivia entre al agronegocio del cono sur, no tienen que hablar con directivos regionales de Santa Cruz, tiene que hablar Monsanto, ADM, Cargil, Dreyfus, Syngenta (grandes empresas soyeras); ahí se deciden las condiciones que van a exigir para que inviertan masivamente en la ampliación de la frontera agrícola. Y van a exigir que no haya control a la extensión de la propiedad, que se siembre con semillas transgénicas, que se use herbicidas, se amplíe la superficie agrícola reduciendo los territorios indígenas recientemente titulados, que están rodeando la mancha soyera en Santa Cruz. Una limitante estructural a la expansión del cultivo de la soya en Santa Cruz es que es un territorio que está rodeado de territorios indígenas; va a ser muy difícil que Bolivia en estas condiciones pueda competir con los países vecinos ofreciendo mejores condiciones a las empresas transnacionales para que inviertan en Bolivia. Van a preferir invertir en Brasil, Argentina y Paraguay, porque aquí tenemos territorios indígenas, movimientos indígenas organizados, que van a reivindicar sus derechos y el mandato de la Constitución, que establece de manera explícita que los indígenas son dueños plenos de los recursos renovables de sus territorios, donde además pueden ejercer el autogobierno.

 

— Por eso se dice que en verdad se cambiaría el mapa…

— Es muy importante, porque lo que se decida aquí va a afectar los territorios indígenas; van a exigir un nuevo plus, plan de uso de suelo, van a expandir la frontera agrícola, vamos a tener soya en toda la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, en todo el límites de la provincia Chiquitos (con Brasil), que limita con Mato Grosso del Sur (Estado brasileño); es decir, la mancha soyera de Brasil se va a entrar a Bolivia. ¿Queremos eso? Yo como boliviano, no.

 

— ¿Y el consumo en la cumbre? Porque se tiene que hablar, por ejemplo, de los estándares del consumo...

— El problema es que los consumidores no estamos invitados, ni los investigadores ni estudiosos del tema. Esta es una reunión típicamente corporativa, están participando las corporaciones, que tienen cuotas de poder en el Estado, en el Parlamento y en la torta de la producción de alimentos; pero los consumidores no hemos sido tomados en cuenta.

 

— Le digo el consumo, en el sentido de ver para qué finalmente se debe producir alimentos…

— El crecimiento de la obesidad en las poblaciones pobres, en El Alto, en las zonas mineras, es notable, lo que es fruto de la comida chatarra y la cantidad de fritos que se consumen diariamente y eso es un grave problema de salud, que tiene directa relación con qué cosas se están produciendo; en lugar de consumir productos nativos originarios estamos consumiendo pollo frito, papa frita, que no son sanos.

Perfil

Nombre: Miguel Urioste Fernández de Córdova

Nació: 6 de septiembre de 1948

Profesión: Economista, investigador en la Fundación Tierra

Vida

Es economista graduado de la Universidad Católica Boliviana (UCB), con estudios de especialización en Desarrollo Rural y Reforma Agraria en Bélgica e Inglaterra. Ha publicado varios libros, ensayos y artículos sobre esos temas. Perteneció al extinto Movimiento Bolivia Libre, del cual fue su candidato presidencial en 1997.  Actualmente es investigador en Fundación Tierra, donde trabaja desde hace 24 años.

Fuente: http://m.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Miguel-Urioste-cumbre-agropecuaria-cambiar_0_2250375088.html

 

 Crisis civilizatoria

 

Evaluemos cuán intrascendentes somos los de abajo para las consecuencias de las elecciones (por el contrario la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales consigue legitimar la continuidad de sus planes criminales) y tampoco las elecciones inciden en el proceso de destrucción y saqueo tanto bajo gobiernos progresistas como conservadores. En efecto, los proyectos criminales de imperialismos asociados con los poderes locales son políticas de estado en casi toda Nuestra América:

 


20 años de transgénicos, agrotóxicos y devastación ambiental

20 razones para su 
prohibición definitiva

GRAIN | 05 Mayo 2017 | Biodiversidad 92 / 2017-2

GRAIN

La introducción de la soja transgénica en el Cono Sur marcó definitivamente los últimos 20 años de la agricultura iniciando una nueva era de industrialización en áreas rurales, uso de agroquímicos y utilización de semillas transgénicas que no tiene antecedentes en la historia de la agricultura en cuanto a la velocidad de su imposición y a los impactos que ha tenido.

Justo cuando se realiza la cosecha número 20 de la soja transgénica resistente al glifosato en todo el Cono Sur  (unas 175 millones de toneladas) compartimos en este cartel  20 argumentos para su erradicación definitiva.

 

1. Su aprobación en Argentina fue absolutamente ilegítima, siendo autorizada por un organismo (la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria-Conabia) conformado por las mismas corporaciones y su expansión en todo el Cono Sur fue intencionalmente ilegal sin que en ningún momento se haya generado un debate democrático sobre su autorización y cultivo.

2. Su imposición significó la creación de un desierto verde de más de 54 millones de hectáreas que en algún momento las mismas multinacionales bautizaron como La República Unida de la Soja.

3. Con la introducción de la soja transgénica el uso de glifosato (recientemente reclasificado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud) en la región creció a más de 550 millones de litros por año con dramáticas consecuencias sanitarias en todos los territorios.

4. Millones de campesinos fueron desplazados en toda la región y miles de pequeños productores debieron abandonar la producción de alimentos locales ante la imposibilidad de convivir con la soja transgénica.

5. Cientos de campesinos fueron criminalizados, perseguidos y asesinados en su lucha por la tierra como fruto de la expansión del modelo sojero en los intentos de resistir su avance.

6. Se destruyeron más de 8 millones de hectáreas de bosques nativos en todo el Cono Sur por el avance de la frontera agrícola.

7. Monsanto impulsó e impulsa en todos los países modificaciones a las leyes de semillas para poder controlar y monopolizar las semillas.

8. Las enfermedades y muertes a causa del incremento del uso de agrotóxicos se multiplicaron en todos los territorios despertando fuertes reacciones de los “pueblos fumigados”.

9. Los gobiernos que intentaron limitar el avance de la soja y los cultivos transgénicos se vieron agredidos, siendo Paraguay un caso paradigmático en ese sentido.

10. Los suelos se han visto esquilmados por esta agricultura extractivista produciendo una destrucción de los mismos y una pérdida de nutrientes sin precedentes. El agua “virtual” que se exporta con la soja suma miles de millones de litros cada año.

11. La tierra se ha concentrado en cada vez menos manos, siendo otra vez el caso de Paraguay ejemplar ya que un 0.4% de los propietarios acaparan el 56 % de la tierra.

12. La ganadería, antes practicada en rotación con la agricultura, se vio desplazada a otros territorios con ecosistemas mucho más frágiles (Amazonia, Chaco paraguayo, humedales, etcétera) con consecuencias gravísimas sobre los mismos. Al mismo tiempo creció en forma exponencial la producción de carne en feedlots con graves consecuencias sanitarias y ambientales.

13. Se consolidó una alianza entre los grupos corporativos que impulsaron este modelo y los medios masivos de comunicación concentrados que impide cualquier tipo de debate o difusión de los impactos del modelo.

14. Los cultivos resistentes a herbicidas han fracasado desde el punto de vista agronómico con el surgimiento de decenas de malezas resistentes al glifosato y el consecuente crecimiento de su uso y el de otros herbicidas.

15. La ciencia que sostiene el desarrollo de los cultivos transgénicos es profundamente cuestionada por su mecanicismo y simplificación de la complejidad de los sistemas genómicos.

16. La productividad de los cultivos de soja transgénica es inferior a los de los cultivos de soja convencionales tal como se verificó en todas las investigaciones que realizaron estudios comparativos.

17. La seguridad de la soja transgénica en la alimentación nunca ha sido demostrada y las dudas que se presentan ante estudios sesgados por los intereses corporativos aún persisten siendo cada día más difícil de sostener la falacia de la “equivalencia sustancial”.

18. La producción masiva de soja transgénica ha impulsado una expansión de la producción de carne de manera industrial con graves impactos ambientales, sanitarios y en la salud a nivel global.

19. La soja transgénica fue impuesta para su consumo a centenares de millones de consumidores en todo el mundo sin su consentimiento a través de su utilización en la producción de alimentos ultraprocesados.

20. Toda la cadena de producción de soja transgénica tiene un enorme impacto en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero y la agudización de la crisis climática.
 

Más información

1. Darío Aranda, “15 años de soja: La prueba del delito”, 24 de marzo, 2011,http://www.lavaca.org/notas/15-anos-de-soja-la-prueba-del-delito/

2. GRAIN, “La República Unida de la soja recargada”, 2 de junio, 2013,https://www.grain.org/es/article/entries/4739-la-republica-unida-de-la-soja-recargada
Este material será una infografía que sirva de herramienta para la discusión práctica con grupos, comunidades y organizaciones. Su versión completa con bibliografía y referencias, ver www.grain.org
Fuente: https://www.grain.org/article/entries/5706-20-anos-de-soja-transgenica-en-el-cono-sur

 

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Video - ¿Quién nos alimenta?
28 de abril de 2017

 

"¿Quién alimenta al mundo?, ¿quién produce la mayoría de alimentos a nivel mundial? La respuesta sorprende, no es la agricultura industrial, supuestamente tan necesaria, sino la agricultura familiar. Según datos de la FAO (Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) la agricultura familiar produce el 80% de los alimentos que se consumen en el mundo."

Estos días se celebra la Semana de la Lucha Campesina, pero también el Día de la Tierra, un día en el que las reivindicaciones para proteger el medio ambiente están en boca de todo el mundo, sin embargo, poco se oye sobre uno de los sectores que más afectan al cuidado del planeta: la agricultura. Por este motivo, estos días queremos recordar el papel que juega la alimentación para proteger la Tierra. Se nos ha hecho creer durante mucho tiempo que la agricultura industrial es indispensable para alimentar a la población mundial, que es más eficiente, más productiva y que tiene mejores rendimientos. Transgénicos, fertilizantes, maquinaria, monocultivos, herbicidas y pesticidas son los medios de los que dispone la agricultura industrial, pero el hambre persiste en el Siglo XXI en muchas zonas del planeta. Es urgente acabar con esta lacra y para este fin necesitamos saber quién nos alimenta.

Vamos a ello ¿quién alimenta al mundo?, ¿quién produce la mayoría de alimentos a nivel mundial? La respuesta sorprende, no es la agricultura industrial, supuestamente tan necesaria, sino la agricultura familiar. Según datos de la FAO (Agencia de Naciones Unidas para la Agricutura y la Alimentación) la agricultura familiar produce el 80% de los alimentos que se consumen en el mundo.

La agricultura industrial se ha ido constituyendo en el imaginario colectivo como llave y única solución para acabar con el hambre a través de mitos generados y difundidos por la propia industria, pero nada más lejos de la realidad. Es la agricultura familiar la que ya da de comer al mundo, mientras la agricultura industrial solo produce un 20% de los alimentos . Por tanto, no necesitamos la agricultura industrial para alimentarnos. Además, las afirmaciones acerca de su eficiencia también resultan ser falsas. ¿Es la agricultura industrial más eficiente? Y una vez más, la respuesta es inesperada. Los grandes monocultivos intensivos ocupan el 75% de las tierras y usan la mitad de los recursos empleados en la agricultura.

La agricultura industrial acapara los recursos pero no es quien alimenta a las personas.

La agricultura a pequeña escala, respetuosa con el medio ambiente, pese a ser la más numerosa en número de granjas, solo ocupa un 25% de la superficie agrícola del mundo. Son por lo tanto millones de personas en su mayoría mujeres, cultivando una pequeña porción de los recursos naturales disponibles quienes alimentan al mundo.

La agricultura industrial dispone no sólo de la mayoría de la tierra sino también del agua, las semillas, la ciencia y la tecnología ¿por qué sólo produce el 20% de los alimentos del mundo?

La respuesta es tan sencilla que asusta, no lo pretende, no es su objetivo. La agricultura industrial produce mercancías para los mercados, no alimentos para las personas. El cultivo de soja y maíz para la fabricación de piensos o combustibles, la palma aceitera para fabricar champú o chocolatinas, algodón y otras fibras para la enorme industria de la ropa barata, son algunos ejemplos de esto. Por tanto, el objetivo de la agricultura industrial no es alimentar al mundo, sino transformar las tierras de cultivo en una mercancía más.

En la lógica de la agricultura industrial los “brokers” pueden comprar millones de toneladas de trigo en la bolsa, pero millones de personas no se pueden permitirse comprar los alimentos más básicos.

La agricultura industrial destruye el medio ambiente

Tras varias décadas de industrialización desenfrenada de la agricultura la evidencia acerca de los impactos ambientales que genera es abrumadora. La agricultura industrial es responsable del 70% de la deforestación en América Latina, uno de los principales motores de cambio climático, hasta el 40% de las emisiones de GEI provienen de la agricultura industrial. Sólo durante el S. XX se perdió el 75% de las variedades cultivadas y actualmente el 22% de las razas ganaderas está en peligro de extinción. La biodiversidad tiene un valor incalculable, en un contexto de clima cambiante la diversidad cultivada es la clave para producir alimentos en un futuro de clima incierto.

Este es el cuento de la agricultura industrial, un cuento que nos repiten para justificar lo necesaria que es y será para alimentar a una población mayor, mientras, la realidad pone el grito en el cielo haciéndonos saber que el hambre en el mundo no se debe a la falta de alimentos, sino a un reparto poco equitativo de recursos, donde las tierras no se utilizan para producir alimentos, sino para alimentar a accionistas y bancos. La agricultura industrial juega con el sustento de la población más vulnerable y con un planeta cada vez más enfermo.
 Amigos de la Tierra

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Recursos_graficos_y_multimedia/Video/Video_-_Quien_nos_alimenta

 

 

Preguntémonos cómo las autodenominadas izquierdas y que nos quitan esa identidad a nosotr@s justificándose de que nosotr@s estamos al lado de la derecha, nada o poco han dicho (pese a sus constantes viajes) sobre cómo se desarrollaban los países de gestión progresistas  e incluso están silenciosos después del triunfo electoral en Ecuador al que le otorgaron rango de la "batalla de Stalingrado"!!  y peor es como si  la política para ellos fuese un partido de fútbol. Preguntémonos: ¿tiene sentido ganar elecciones para quedarse en el fango criminal? No han previsto tampoco respecto a Venezuela. No han criticado tratando de abrir debates orientadores de los cambios imprescindibles. En Ecuador sucede lo que está llegando a máximas expresiones de decadencia en el capitalismo:

 

 

Corrupción, crisis e incertidumbre

¿Una bomba de tiempo?

8 de junio de 2017

Por Alberto Acosta y John Cajas Guijarro (Rebelión)

 

 “A culpar a todos esos que hoy se mueren de risa y que en lugar de estar presos llevaron la plata a Suiza ” -Carlos Portela, La Bronca   

El Ecuador vive momentos políticos muy particulares, y eso que recién inicia el gobierno de Lenín Moreno. Quizá los hechos más notorios son los múltiples casos de corrupción que han salpicado a funcionarios del gobierno del hoy expresidente Rafael Correa, a la cúpula de los organismos de control del régimen correista (p.ej. contralor, fiscal ), a familiares de miembros del anterior y del actual gobierno (p.ej. tío del vicepresidente Jorge Glas ) e incluso con menciones al propio Correa ( que inmediatamente respondió ). Una serie de revelaciones de corrupción ya venía sacudiendo a la sociedad en los últimos años del gobierno de Correa. Entre esos casos podemos mencionar, como ejemplo, a la corrupción en el sector petrolero (p.ej. Petroecuador ) y demás sectores estratégicos (p.ej. Caminosca ). En un océano de casos de corrupción, lo de Odebrecht es solo un caso adicional, pero quizá de los más sonados.

A tal punto ha llegado la indignación frente a la corrupción, que ya suenan voces exigiendo que a Jorge Glas se le retiren funciones e incluso querenuncie . Sin embargo, al momento el gobierno de Moreno no da respuesta a dichas exigencias. ¿Qué hubiera hecho el correísmo si alguien de la oposición se veía envuelto en una situación similar a la de Glas (es decir, un familiar envuelto en corrupción)? Probablemente hubiera sido implacable. Pero cuando se trata de uno de los propios, el correísmo ha demorado groseramente los procesos (llegando a retrasar investigaciones hasta por “ falta de traductores ”), he incluso ha salido inmediatamente en defensa de los suyos (p.ej. caso del exministro Mosquera en electricidad
). Para muestra, recordemos cómo en vez de escuchar a la Comisión Nacional Anticorrupción, el correísmo acusó a dicha comisión de calumnias y de daño a la honra de su contralor (quien, como lo vemos hoy, está prácticamente prófugo mientras que es investigado por corrupción y hasta llevado a juicio político por el propio correísmo ).

Además no solo indigna la lentitud y falta de acciones específicas para enfrentar la corrupción en el correísmo, sino que la desproporcionalidad de las condenas es infame. Hay varios casos donde la justicia ha dictaminado penas menores cuando se han generado pérdidas millonarias al país (p.ej. caso de Álex Bravo o la prisión domiciliaria al tío de Glas ). Tales condenas contrastan con las penas excesivas impuestas a delitos menores (tema discutido por propios funcionarios del régimen ), o aquellas penas usadas por el correísmo para criminalizar la protesta social (usando figuras como “terrorismo o sabotaje” y con penas que han llegado hasta los doce años de prisión 
).

La corrupción, la falta de agilidad y la desproporcionalidad de las penas parecen denotar una descomposición del correísmo “hacia afuera”. Pero si a tales situaciones sumamos la confrontación de funcionarios dentro del propio correísmo, la detención de exfuncionarios o de familiares de funcionarios, podríamos pensar que el correísmo también podría estar viviendo una descomposición “hacia adentro”. En otras palabras, el correísmo parece vivir una fuerte crisis política en donde, para colmo, podría estarse dando una “implosión” en donde distintas facciones se están enfrentando entre sí.

Mientras que el correísmo vive problemas internos y externos, Correa todavía intenta ejercer presión. Por ejemplo, apenas pocos días después de que el caso de Odebrecht generó detenidos en el país, el expresidente Correa - en un comunicado difundido por los medios oficialistas - declaró que: Creer que las detenciones y allanamientos de la madrugada del 2 de junio, son fruto de poco más de una semana de trabajo -con feriado incluido-, es ingenuidad extrema o abierta mala fe. […] se mantuvo bajo vigilancia a los sospechosos y se ubicaron sus domicilios y oficinas, para poder actuar inmediatamente con las detenciones y allanamientos. Si molesta y ofende la falta de mención de todo este trabajo de meses, haciéndole el juego a la oposición sobre que se quiso ocultar algo. Prometimos una revolución ética y cumplimos . Argumentar que se tenía “bajo vigilancia” a los sospechosos es realmente vergonzoso, peor cuando, en el caso del contralor, éste había sido posesionado por la Asamblea Nacional apenas dos meses antes de que se lo involucre en el caso de Odebrecht . En términos más amplios, la declaración de Correa es una mera cortina de humo que, a la desesperada, desea oscurecer las cosas para evitar la discusión sobre el manejo irresponsable de la mayor cantidad de recursos que tuvo gobierno alguno en la historia del Ecuador (más de 300 mil millones de dólares en manos del sector público no financiero entre 2007-2016). Recursos que fueron despilfarrados, en gran medida, por más de diez años en los que no hubo fiscalización y control alguno.

Ante semejante escenario complejo de descomposición del correísmo, vale la pena preguntarnos cuáles son las alternativas. En particular, ¿hacia dónde va el país? Si bien los casos de corrupción indignan, no debemos olvidar que el Ecuador no solo vive una crisis política sino, sobre todo, una drástica crisis económica. Si queremos hacernos una idea del rumbo del país en semejante situación, a nuestro criterio, debemos ir más allá del campo de la política o la economía aisladas. Debemos entrar en la economía política del correísmo en crisis.

Empecemos por los discursos. Faltando apenas dos días para que Lenín Moreno se posesione como Presidente de la República, el 22 de mayo de 2017 Correa dijo que dejaba “una economía en crecimiento y estabilizada”. Es más, a criterio del caudillo,
 la historia sabrá reconocer que cuando mejor gobernamos fue en esos dos últimos años [2015-2016] ”.
 

Pues bien, la realidad indica todo lo contrario: resulta ser que en la última década no sólo se dieron despilfarros -y hasta “robos”- millonarios (que según nuestras estimaciones tendrían un impacto de, al menos, 11 mil millones de dólares), sino que además se dejó a la economía del país en la cuerda floja. Es decir, más allá de cualquier discurso correísta, vivimos una crisis económica sostenida. Algunas breves evidencias en el campo de la producción y el empleo son:

- Desaceleración y hasta contracción del PIB en 2015 (0.2%) y 2016 (-1,5%), golpeando a las ramas de actividad que otorgan la mayor cantidad de empleo (agricultura, manufactura, comercio, construcción).

- Caída del peso de la inversión en el total de la economía (de 27% a 23,2% del PIB entre 2013-2016).

- Deterioro drástico del empleo, al punto que a marzo de 2017 un 61,5% de trabajadores estuvieron desempleados o empleados de forma inadecuada (deterioro más alto de la década, y que golpea sobre todo a empresas pequeñas de 1 a 9 trabajadores).

- Caída de la demanda de fuerza de trabajo, al punto que hasta el número de horas promedio trabajadas a la semana se ha reducido de 40 a 37 entre diciembre de 2013 y diciembre de 2016.

- Ingresos estancados, pues tanto a diciembre de 2015 como a marzo de 2017 la mitad de la población vivió con apenas 5 dólares o menos al día.

- Curiosamente, mientras los sectores débiles están siendo golpeados, los salarios en el sector público se han sostenido, en promedio, como los más altos de todos los ingresos laborales; asimismo, incluso en 2016 -año de contracción- apenas 30 compañías obtuvieron utilidades que sumaron más de 1.461 millones de dólares (equivalentes a 1,5% del PIB).

Aparte de estos problemas, una tendencia preocupante que vive el país es el agresivo endeudamiento externo visto especialmente desde finales del gobierno de Correa e inicios del gobierno de Moreno. El caso más drástico se encuentra en las emisiones de bonos realizadas a un ritmo vertiginoso entre fines de 2016 e inicios de 2017: - Dos emisiones de bonos soberanos 2026, una por 750 y otra por 1.000 millones de dólares a 10 años plazo y tasa nominal de 9,65%; la primera emisión anunciada a inicios de diciembre de 2016, la segunda a inicios de enero de 2017 . - Emisión de bonos de Petroamazonas por 670 millones de dólares por tramos de 2 a 3 años y tasas de 2% y 4,625% respectivamente; emisión anunciada a mediados de febrero de 2017 y que habría servido para “pagar deudas a proveedores” . - Dos emisiones de bonos soberanos de 1.000 millones cada una, la primera a 6 años plazo y tasa de 8,75%, la segunda a 10 años plazo y tasa de 9,625%; emisión anunciada a fines de mayo de este año. Estas fueron las primeras emisiones de bonos en el Gobierno de Moreno, apenas seis días después de estar en funciones. 
 

A estos montos se suma el incremento de la deuda del Gobierno central con el Banco Central del Ecuador que entre diciembre de 2016 y abril de 2017 (último dato confiable disponible) aumentó en 1.553 millones de dólares. Solo sumando estas emisiones de bonos y la deuda con el Banco Central vemos que, en apenas 6 meses (diciembre a mayo), el correísmo inyectó liquidez a la economía por casi 6 mil millones de dólares (decimos esto pues todos estos créditos llegan al país como dinero contante y sonante). Para dimensionar semejante endeudamiento alegre de casi mil millones por mes, tomemos en cuenta que cada mes el sector público no financiero requiere alrededor de 850 millones de dólares para cubrir exclusivamente su gasto en remuneraciones; además que cada mil millones, grosso modo, representan 1 punto porcentual del PIB…

Para completar el escenario complejo en el cual se encuentra la economía ecuatoriana debemos tomar en cuenta que, desde junio de 2017, se eliminaron tanto las salvaguardias a la vez que se redujo el IVA del 14% al 12%. En el caso de la adopción de salvaguardias, si recordamos que tal medida -casi desesperada- se justificó en reducir la salida de dólares vía importaciones, entonces su eliminación daría a entender que ese riesgo de salida de dólares se ha apaciguado. Pero si ese riesgo sigue vigente, es muy probable que el retiro de las salvaguardias nuevamente genere presiones en balanza comercial, aunque también cabe tomar en cuenta que la demanda agregada se encuentra deprimida, de modo que el resultado final aún se encuentra en la incertidumbre. 

En el caso del IVA, el hecho de que éste se haya reducido del 14% al 12% no garantiza que los precios vuelvan a los niveles previos a la medida temporal adoptada con el pretexto de contar con recursos para enfrentar el terremoto del 16 de abril. Decimos esto porque las empresas que hayan podido lucrar con el IVA al 14% y una economía en contracción, de hecho ganarán más si baja el IVA al 12% pero sostienen el mismo nivel de precios. Quizá la medida beneficie más a los pequeños negocios que se han deteriorado drásticamente en los últimos meses y que, a fin de estimular sus ventas, de hecho ya han bajado sus precios incluso con el aumento del IVA, aunque en un contexto de demanda debilitada tal opción no parece muy probable. Por lo mismo el escenario no es claro, y más bien resulta preocupante (como -paradójicamente- ha reconocido el propio Rafael Correa ). Ojalá el gobierno haya hecho los estudios necesarios para tener una idea del efecto concreto que tales medidas tendrían en una economía en estado crítico (admitimos que decimos esto de forma irónica).

Finalmente, debemos mencionar en este escenario grave la situación de las reservas internacionales: desde marzo y abril de 2017 tales reservas ya no son capaces de dar cobertura al 100% de los depósitos que la banca privada posee en el Banco Central. Es decir que, si por cualquier urgencia la banca privada tuviera que retirar sus depósitos del Banco Central, este último ya no tendría la posibilidad de responder con dinero en efectivo. Nos parece que es urgente la necesidad de que se haga un análisis más detallado del tema, pues si las tendencias económicas no cambian ( y no se abre el debate sobre temas cruciales como la rigidez cambiaria ), aquí podría estar un factor crucial que pone a la dolarización en incertidumbre…

En definitiva, el gobierno de Correa ha dejado crisis, corrupción e incertidumbre, no una economía “en crecimiento y estabilizada”, menos aún una democracia fortalecida. Se necesitan cambios urgentes tanto en lo económico y en lo político (elementos que siempre van de la mano). Si no llegan a tiempo esos cambios, el gobierno de Moreno puede vivir un verdadero colapso, donde quienes van a perder no serán los grandes grupos económicos sino las clases populares.

Penosamente, las señales del nuevo gobierno son decepcionantes. En un inicio Moreno llamó a una revisión de los datos económicos del país, lo cual sonaba como algo favorable. Sin embargo, en los hecho su gobierno no sabe (¿o no quiere?) aprovechar el momento político de golpe a la corrupción para aceptar la crisis y denunciar la herencia económica de Correa. Más bien el gobierno de Moreno -a través de su ministro de Finanzas- ha empezado a “santificar” los resultados económicos de su predecesor, y hasta ha empezado a repetir el mensaje del caudillo: “ hay recuperación económica 
. Si ni siquiera se acepta la crisis, ¿cómo se la va a enfrentar? ¿O es que al interior del gobierno se sabe que hay crisis, pero no se la quiere aceptar para no golpear la imagen de Correa?

El caso es que no basta con cambios menores: la crisis se afronta con hechos y de la mano con las clases populares, no de la mano con los grandes grupos económicos. En este punto el gobierno de Moreno parece una “agudización” de la dominación burguesa correísta: una parte importante de su gabinete está compuesta por representantes directos de los grandes grupos económicos que lucraron en la década gobernada por Correa 
.

Por todo esto, y juntando el tema político con el económico, consideramos que la renuncia del vicepresidente Glas es apenas el primer paso: ¡hay que superar el correísmo pues es una bomba de tiempo! Si el actual gobierno no es capaz de hacerlo, y no es capaz de romper con los grupos económicos en favor de las clases populares, quizá sea hora de recuperar un grito que en su momento marcó historia: ¡que se vayan todos! 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227641

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, el desafío es generalizar la toma de conciencia sobre que:

-el capitalismo amenaza de extinción a la vida planetaria y por ende, conduce al exterminio de la humanidad;

-los gobiernos progresistas hicieron posible que el sistema-mundo pudiera profundizar su saqueo y nuestra pobreza; y

-las izquierdas estamos en crisis.

Sin embargo, observamos "la creciente potencia, organización y movilización de los de abajo, de los pueblos indios y negros, de los sectores populares urbanos y los campesinos, de los jóvenes y las mujeres"

 

 

La era de la ingobernabilidad en América Latina

29 de abril de 2017

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

 

La desarticulación  geopolítica global se traduce en nuestro continente latinoamericano en una creciente ingobernabilidad que afecta a los gobiernos de todas las corrientes políticas. No existen fuerzas capaces de poner orden en cada país, ni a escala regional ni global, algo que afecta desde las Naciones Unidas hasta los gobiernos de los países más estables.

Uno de los problemas que se observan sobre todo en los medios, es que cuando fallan los análisis al uso se apela a simplificaciones del estilo: Trump está loco, o conjeturas similares, o se lo tacha de fascista (que no es una simple conjetura). Apenas adjetivos que eluden análisis de fondo. Bien sabemos que la locura de Hitler nunca existió y que representaba los intereses de las grandes corporaciones alemanas, ultra racionales en su afán de dominar los mercados globales.

Del lado del pensamiento crítico sucede algo similar. Todos los problemas que afrontan los gobiernos progresistas son culpa del imperialismo, las derechas, la OEA y los medios. No hay voluntad para asumir los problemas creados por ellos mismos, ni la menor mención a la corrupción que ha alcanzado niveles escandalosos.

Pero el dato central del periodo es la ingobernabilidad. Lo que viene sucediendo en Argentina (la resistencia tozuda de los sectores populares a las políticas de robo y despojo del gobierno de Mauricio Macri) es una muestra de que las derechas no consiguen paz social, ni la tendrán por lo menos en el corto/mediano plazos.

Los trabajadores argentinos tienen una larga y rica experiencia de más de un siglo de resistencia a los poderosos, de modo que saben cómo desgastarlos, hasta derribarlos por las más diversas vías: desde insurrecciones como la del 17 de octubre de 1945 y la del 19 y 20 de diciembre de 2001, hasta levantamientos armados como el Cordobazo y varias decenas de motines populares.

En Brasil la derecha pilotada por Michel Temer tiene enormes dificultades para imponer las reformas del sistema de pensiones y laboral, no sólo por la resistencia sindical y popular sino por el quiebre interno que sufre el sistema político. La deslegitimación de las instituciones es quizá la más alta que se recuerda en la historia.

El economista Carlos Lessa, presidente del BNDES con el primer gobierno de Lula, señala que Brasil ya no puede mirarse al espejo y reconocerse como lo que es, perdido el horizonte en el marasmo de la globalización (goo.gl/owd24y). El aserto de este destacado pensador brasileño puede aplicarse a los demás países de le región, que no pueden sino naufragar cuando las tormentas sistémicas acechan. En los hechos, Brasil atraviesa una fase de descomposición de la clase política tradicional, algo que pocos parecen estar comprendiendo. Lava Jato es un tsunami que no dejará nada en su sitio.

El panorama que ofrece Venezuela es idéntico, aunque los actores ensayen discursos opuestos. De paso, decir que atender a los discursos en plena descomposición sistémica tiene escasa utilidad, ya que sólo buscan eludir responsabilidades.

Decir que la ingobernabilidad venezolana se debe sólo a la desestabilización de la derecha y el imperio, es olvidarse que en la prolongada erosión del proceso bolivariano participan también los sectores populares, mediante prácticas a escala micro que desorganizan la producción y la vida cotidiana. ¿O acaso alguien puede ignorar que el bachaqueo (contrabando hormiga) es una práctica extendida entre los sectores populares, incluso entre los que se dicen chavistas?

El sociólogo Emiliano Terán Mantovani lo dice sin vueltas: caos, corrupción, desgarro del tejido social y fragmentación del pueblo, potenciados por la crisis terminal del rentismo petrolero (goo.gl/DW8wkQ). Cuando predomina la cultura política del individualismo más feroz, es imposible conducir ningún proceso de cambios hacia algún destino medianamente positivo.

En suma, el panorama que presenta la región –aunque menciono tres países el análisis puede, con matices, extenderse al resto– es de creciente ingobernabilidad, más allá del signo de los gobiernos, con fuertes tendencias hacia el caos, expansión de la corrupción y dificultades extremas para encontrar salidas.

Tres razones de fondo están en la base de esta situación crítica.

  • La primera es la creciente potencia, organización y movilización de los de abajo, de los pueblos indios y negros, de los sectores populares urbanos y los campesinos, de los jóvenes y las mujeres. Ni el genocidio mexicano contra los de abajo ha conseguido paralizar al campo popular, aunque es innegable que afronta serias dificultades para seguir organizando y creando mundos nuevos.

  • La segunda es la aceleración de la crisis sistémica global y la desarticulación geopolítica, que pegó un salto adelante con el Brexit, la elección de Donald Trump, la persistencia de la alianza Rusia-China para frenar a Estados Unidos y la evaporación de la Unión Europea que deambula sin rumbo. Los conflictos se expanden sin cesar hasta bordear la guerra nuclear, sin que nadie pueda imponer cierto orden (aún injusto como el orden de posguerra desde 1945).

  • La tercera consiste en la incapacidad de las élites regionales de encontrar alguna salida de largo aliento, como fue el proceso de sustitución de importaciones, la edificación de un mínimo estado del bienestar capaz de integrar a algunos sectores de los trabajadores y cierta soberanía nacional. Sobre este trípode se estableció la alianza entre empresarios, trabajadores y Estado que pudo proyectar, durante algunas décadas, un proyecto nacional creíble aunque poco consistente.

La combinación de estos tres aspectos representa la tormenta perfecta en el sistema-mundo y en cada rincón de nuestro continente. Los de arriba, como dijo días atrás el subcomandante insurgente Moisés, quieren convertir el mundo en una finca amurallada. Probablemente, porque nos hemos vuelto ingobernables. Tenemos que organizarnos en esas difíciles condiciones. No para cambiar de finquero, por cierto.

http://www.jornada.unam.mx/2017/04/28/opinion/018a1pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225992

 

 

Es hora de adoptar "una táctica que recoge la experiencia revolucionaria del siglo XX para enfrentar la tormenta actual, no usando las armas que nos presta el sistema (las urnas y los votos), sino con armas propias, como la organización de los de abajo". Porque es patente cómo CFK y Unidad Ciudadana procuran seguir induciendo a la creencia en que son nuestros salvadores y no la confianza de los trabajadores y el pueblo en que los cambios urgentes e imprescindibles serán obra de ellos mismos. Ni siquiera CFK y Unidad Ciudadana los propone, se restringe al fin del ajuste que el poder fáctico no permite.

 

 

 

Elecciones y poderes de abajo
10 de junio de 2017

 

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

 

 

En las recientes  décadas la cultura política de izquierda convirtió las elecciones en el principal barómetro de su éxito o fracaso, de avances o retrocesos. En los hechos, la concurrencia electoral se convirtió en el eje de la acción política de las izquierdas, en casi todo el mundo.

Una realidad política nueva, ya que en tiempos no lejanos la cuestión electoral ocupaba una parte de las energías y se considerada un complemento de la tarea central, que giraba en torno a la organización de los sectores populares.

Lo cierto es que la participación electoral fue articulada como el primer paso en la integración en las instituciones (de clase) del sistema político (capitalista). Ese proceso destruyó la organización popular, debilitando hasta el extremo la capacidad de los de abajo para resistir directamente (no mediante sus representantes) la opresión sistémica.

Con los años la política de abajo empezó a girar en torno a lo que decidían y hacían los dirigentes. Un pequeño grupo de diputados y senadores, asistidos por decenas de funcionarios pagados con dineros públicos, fueron desplazando la participación de los militantes de base.

En mi país, Uruguay, el Frente Amplio llegó a tener antes del golpe de Estado de 1973 más de 500 comités de base sólo en Montevideo. Allí se agrupaban militantes de los diversos partidos que integran la coalición, pero también independientes y vecinos. En las primeras elecciones en las que participó (1971), uno de cada tres o cuatro votantes estaba organizado en aquellos comités.

Hoy la realidad muestra que casi no existen comités de base y todo se decide en las cúpulas, integradas por personas que han hecho carrera en instituciones estatales. Sólo un puñado de comités se reactivan durante la campaña electoral, para sumergirse luego en una larga siesta hasta las siguientes elecciones.

En paralelo, la institucionalización de las izquierdas y de los movimientos populares –sumada a la centralidad de la participación electoral– terminaron por dispersar los poderes populares que los de abajo habían erigido con tanto empeño y que fueron la clave de bóveda de las resistencias.

En el debate sobre las elecciones creo que es necesario distinguir tres actitudes, o estrategias, completamente diferentes.

La primera es la que defiende desde hace cierto tiempo Immanuel Wallerstein: los sectores populares deben protegerse durante la tormenta sistémica para lograr sobrevivir. En ese sentido, plantea que llegar al gobierno por la vía legal, así como las políticas sociales progresistas, pueden ayudar al campo popular tanto para acotar los daños producto de las ofensivas conservadoras como para evitar que fuerzas de ultraderecha se hagan con el poder estatal.

Este punto de vista parece razonable, aunque no acuerdo, ya que considero las políticas sociales vinculadas al combate a la pobreza como formas de contrainsurgencia, con base en la experiencia que vivimos en el Cono Sur del continente. En paralelo, llegar al gobierno casi siempre implica administrar las políticas del FMI y el Banco Mundial. ¿Quién recuerda hoy la experiencia de la griega Syriza? ¿Qué consecuencias sacamos de un gobierno que prometía lo contrario?

Es evidente que focalizarse en que tal o cual dirigente cometieron traición, lleva el debate a un callejón sin salida, salvo que se crea que con otros dirigentes las cosas hubieran ido por otro camino. No se trata sólo de errores; es el sistema.

La segunda actitud es la hegemónica entre las izquierdas globales. La estrategia sería más o menos así: no hay bases sociales organizadas, los movimientos son muy débiles y casi inexistentes, de modo que el único camino para modificar la llamada relación de fuerzas es intentar llegar al gobierno. Esta situación ha mostrado ser fatal, incluso en el caso de que las izquierdas consigan ganar, como sucedió en Grecia y en Italia (si es que a los restos del Partido Comunista se les puede llamar izquierda).

 

Diferente es el caso de países como Venezuela y Bolivia. Cuando Evo Morales y Hugo Chávez llegaron al gobierno por la vía electoral, existían movimientos potentes, organizados y movilizados, sobre todo en el primer caso. Sin embargo, una vez en el gobierno decidieron fortalecer el aparato estatal y, por tanto, emprendieron acciones para debilitar a los movimientos.

Siendo las experiencias estatales más avanzadas, hoy no existen en ninguno de ambos países movimientos antisistémicos autónomos que sostengan a esos gobiernos. Quienes los apoyan, salvo excepciones, son organizaciones sociales cooptadas o creadas desde arriba. En este punto propongo distinguir entre movimientos (anclados en la militancia de base) y organizaciones (burocracias financiadas por los estados).

 

Una variante de esta actitud son aquellos movimientos que, en cierto momento, deciden incursionar en el terreno electoral. Las más de las veces, y creo que México aporta una larga experiencia en esta dirección, al cabo de los años las bases de los movimientos se debilitan, mientras los dirigentes terminan incrustados en el aparato estatal.

La tercera orientación es la que impulsa el Concejo Indígena de Gobierno, que a mi modo de ver consiste en aprovechar la instancia electoral para conectar con los sectores populares, con el objetivo de impulsar su autoorganización. Lo han dicho: no se trata de votos, menos aún de cargos, sino de profundizar los trabajos para cambiar el mundo.

Me parece evidente que no se trata de un giro electoral, ni que el zapatismo haya hecho un viraje electoralista. Es una propuesta –así la entiendo y puedo estar equivocado– que pretende seguir construyendo en una situación de guerra interna, de genocidio contra los de abajo, como la que vive México desde hace casi una década.

Se trata de una táctica que recoge la experiencia revolucionaria del siglo XX para enfrentar la tormenta actual, no usando las armas que nos presta el sistema (las urnas y los votos), sino con armas propias, como la organización de los de abajo.

http://www.jornada.unam.mx/2017/06/09/opinion/020a2pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227744

 

 

 

Son tiempos decisivos y es crucial generalizar la conciencia de que los gobiernos progresistas "nunca rompieron con los esquemas, dinámicas, procesos y el sentido mismo que imponía la violencia de la acumulación del capital, más bien los consolidaron Se llega a esta conclusión luego de analizar la forma que asumió la política y la economía durante el período de los «gobiernos progresistas» de la región". En la misma línea "es necesario comprender que América Latina como región ha sido integrada al sistema-mundo capitalista desde una relación asimétrica y desigual que corresponde a las nociones de centro-periferia (Wallerstein, 2004) y que los discursos políticos e ideológicos también forman parte de esa relación centro-periferia". (...) "Estas imposiciones producen en los países de la periferia del sistema-mundo capitalista una dinámica de despojo de territorios, de saqueo de recursos, de destrucción de las solidaridades y reciprocidades existentes, de expoliación a las sociedades y de uso estratégico de la violencia que, de cierta manera, repiten las formas primitivas de violencia que existieron durante la acumulación originaria del capital de los siglos XVIII y XIX."

 

 

 

El posneoliberalismo: Apuntes para una discusión

20 de mayo de 2016

Por Pablo Dávalos

 

El concepto de “posneoliberalismo” ha sido utilizado para calificar a la ruptura con el neoliberalismo que provocaron en su momento los gobiernos autodenominados “progresistas” en América Latina; sin embargo considero pertinente problematizar este concepto, porque ello quizá nos permita comprender el rol histórico que cumplieron esos gobiernos “progresistas” al interior de las dinámicas de la acumulación del capitalismo. Para el efecto, quizá sea conveniente establecer una línea teórica demarcatoria con el concepto de “neoliberalismo”.

El concepto de “neoliberalismo” está relacionado con Friedrich Hayek, Milton Friedman, F. Knight, Ludwig Von Mises, entre otros, y la “Sociedad del Monte Peregrino”. Este concepto nace en Europa luego de la segunda guerra mundial como una necesidad de renovar al discurso del liberalismo clásico y ponerlo a tono en un contexto en el cual el Estado liberal asume el formato de “Estado de Bienestar” y la existencia de economías socialistas centralmente planificadas1. La discusión teórica sobre el concepto “neoliberalismo” es abundante y se ha convertido, de hecho, en el mainstream del pensamiento económico, político, ideológico y social de la globalización. Las críticas al neoliberalismo son, asimismo, prolíficas.

 

El concepto de “posneoliberalismo”, por el contrario y hasta el momento, sólo tiene sentido y significación en el debate político latinoamericano. En efecto, esta noción nace desde América Latina y como una necesidad de caracterizar el tiempo histórico de los gobiernos latinoamericanos que surgieron desde las luchas sociales en contra del neoliberalismo y que configuraron los denominados “gobiernos progresistas” en referencia a Hugo Chávez y la “Revolución Bolivariana” en Venezuela; Evo Morales y el “Movimiento Al Socialismo” (MAS) en Bolivia; Rafael Correa y la “Revolución Ciudadana” en Ecuador; Néstor y Cristina Kirchner en Argentina; Lula Da Silva y Dilma Roussef y el “Partido de los Trabajadores”, en Brasil; Tabaré Vásquez y José Mujica y el “Frente Amplio” en Uruguay, principalmente.

 

Fue una expresión utilizada por Emir Sader, Atilio Borón2, Carlos Figueroa Ibarra, entre otros3, para marcar una distancia con aquellos gobiernos neoliberales adscritos a la agenda del Consenso de Washington. Con el concepto de “posneoliberalismo” se trataba de ubicar en la nueva geopolítica a los regímenes latinoamericanos que surgían en disputa con EEUU y fuertemente críticos con el modelo neoliberal. Estos gobiernos cambiaron el sentido de las políticas públicas hacia políticas más inclusivas y con mayor sensibilidad social, preocupándose por la inversión social y la lucha contra la pobreza. En un inicio, algunos de estos gobiernos latinoamericanos incluso acudieron a la ideología del socialismo para legitimarse4.

Sin embargo, las derivas extractivistas de estos gobiernos y su creciente separación con los movimientos sociales hasta llegar al punto de la confrontación abierta, entre otras señales, ameritan una reflexión adicional sobre la significación real del “posneoliberalismo”. ¿Se trata de una nueva categoría ecónomica y política que rompe radicalmente con la tradición del neoliberalismo en América Latina o más bien es una continuación de este? y, además, ¿Por qué llamarlo posneoliberalismo? ¿Qué sentido tiene añadir una preposición a un prefijo?

Para Carlos Figueroa y Blanca Cordero, por ejemplo, en “el posneoliberalismo, el Estado vuelve a adquirir la dimensión de agente rector de la vida social y lo público se coloca encima de lo privado” (Figueroa Ibarra y Cordero, Blanca, 2011: 13) pero no se problematiza sobre el retorno del Estado ni tampoco sobre el sentido que tiene “lo público”. Es decir, se asume que toda recuperación del Estado es ya una ruptura fuerte con el neoliberalismo. Se asumen las formas que asume la política como criterios determinantes para calificar el tiempo político de los “gobiernos progresistas”.

 

Empero, más allá de las formas que puede asumir el Estado, sobre todo con referencia a los “gobiernos progresistas” latinoamericanos, pienso que es necesario darle un mayor contenido analítico y espesor epistemológico al concepto de “posneoliberalismo”, porque este concepto corre el riesgo de convertirse en un tópico ideológico destinado a encubrir y legitimar prácticas gubernamentales que lesionan los derechos de los trabajadores, destruyen el tejido social, cooptan a las organizaciones sociales en el interior del aparato del gobierno, expanden la frontera extractiva, criminalizan las disidencias, entre otros fenómenos, y que son invisibilizados porque provienen desde los “gobiernos progresistas”. La discusión sobre el significado del “posneoliberalismo” no es académica sino política. La delimitación y aclaración de este concepto puede ayudar a visibilizar y comprender de mejor manera las resistencias de los movimientos sociales de la región.

 

Para el efecto, es necesario comprender que América Latina como región ha sido integrada al sistema-mundo capitalista desde una relación asimétrica y desigual que corresponde a las nociones de centro-periferia (Wallerstein, 2004) y que los discursos políticos e ideológicos también forman parte de esa relación centro-periferia. Los países capitalistas más avanzados conforman el centro del sistema-mundo e imponen sus condiciones a la periferia por medio de diferentes mecanismos, entre ellos, el intercambio desigual, o la colonización económica y monetaria del cual fue garante y condición el FMI, por la vía de los programas de ajuste económico (Dávalos, 2011), pero también crean las ideas, los conceptos y los marcos teóricos que definen y estructuran la comprensión de Lo Real. Como en esos países no consta entre sus prioridades el debate teórico sobre el “posneoliberalismo” entonces este debate no existe. Es necesario, en consecuencia, visibilizar ese debate, descolonizarlo de las relaciones de poder/saber centro-periferia y vincularlo con los procesos recientes del capitalismo como sistema-mundo desde aquello que Boaventura de Souza Santos denomina las “Epistemologías del Sur” (De Souza Santos, 2013).

 

Posneoliberalismo, financiarización y gestión de riesgo en el sistema-mundo

Existen importantes mutaciones del capitalismo del siglo XXI que es necesario advertir y que marcan transiciones importantes en la regulación del sistema capitalista. La emergencia del discurso del neoliberalismo, de hecho, está asociada a los cambios en los patrones de la acumulación del sistema-mundo, desde la industrialización hacia la financiarización y la especulación. El discurso del neoliberalismo y su apelación a la liberalización de los mercados de capitales y la flexibilización de los mercados de trabajo correspondía, precisamente, a esa transición del capitalismo desde la industrialización hacia la financiarización. El neoliberalismo era el discurso que encubría y legitimaba las formas de ganancia especulativa financiera y la desarticulación del poder de los sindicatos por restablecer la capacidad adquisitiva de los salarios. Esa transición está caracterizada por las nuevas formas de propiedad y de gestión de las grandes corporaciones transnacionales (Aglietta, M. y Rebérioux, A., 2004).

 

Empero, la caída del muro de Berlín y la implosión de los países socialistas significó la emergencia de un capitalismo global que no tenía como límites sino a sí mismo. El capitalismo de financiarización, en esta coyuntura, produce un pliegue sobre sí mismo y pasa a gestionar el riesgo de la especulación y la financiarización como dinámica global en el sistema-mundo. Aquello que irrumpe es una situación de riesgo sistémico asociado a la financiarización y centralización del capital a escala mundial en un contexto de debilidad política de los sindicatos, pérdida de sentido emancipatorio para los partidos de izquierda y movimientos sociales en busca de marcos interpretativos más amplios.

El capitalismo del siglo XXI apuesta al riesgo, lo produce, lo genera y lo establece como condición de posibilidad de la economía mundial, porque la gestión de riesgo le permite crear niveles de rentabilidad jamás imaginados y que superan incluso la rentabilidad de la especulación financiera. Para que se tenga una idea, en el mes de diciembre del año 2015 la especulación en productos financieros derivados alcanzó los 493 billones de USD, una cantidad casi ocho veces más importante que toda la riqueza mundial medida en términos de P.I.B.5. De estos instrumentos, aquellos dedicados específicamente a provocar las crisis financieras y monetarias, y que se conocen con el nombre de Credit Default Swaps (CDS), en junio de 2015 fueron de 24.47 billones de USD, el doble del P.I.B. de la Unión Europea en su conjunto para el mismo año6.

Toda la política monetaria de EEUU, Canadá, la Unión Europea y Japón, entre las economías más importantes del sistema-mundo, están condicionadas y definidas desde la dinámica de la especulación financiera y la gestión del riesgo de esa misma especulación. Los bancos centrales del mundo se han convertido en prestamistas de última instancia y garantes del juego de casino del capitalismo financiero en donde, paradójicamente y gracias a los instrumentos financieros complejos como los derivados, ahora es más lucrativo provocar una crisis que resolverla.

 

En la gestión y administración del riesgo financiero-especulativo ya no es la capacidad productiva de una sociedad la que se integra a los circuitos de la especulación y financiarización sino el conjunto de la sociedad en cuanto sociedad. Aspectos que antes estaban por fuera del mercado y de la especulación ahora pertenecen a él. El mercado financiero-especulativo integra en sus propios circuitos al conjunto de la sociedad más allá de cualquier referencia a la producción, la distribución o el consumo.

 

El marco teórico del neoliberalismo clásico resulta insuficiente para comprender esa mercantilización e incorporación de toda la vida social a los circuitos financiero-especulativos y de gestión del riesgo de esa especulación, porque su episteme está acotada a los mecanismos monetarios y mercantiles de la circulación y la producción. Es un marco teórico muy restringido para las derivas que asume la especulación financiera internacional. Es necesario, por tanto, un marco teórico más comprehensivo, más inter y transdisciplinario y que surja desde la misma episteme neoliberal, porque aquello que se integra a los circuitos especulativos del mercado mundial es el conjunto de la vida social.

 

El plexo social se pliega en los circuitos financieros y de gestión de riesgo especulativo en su totalidad y la forma por la cual el nuevo discurso económico comprende este pliegue de la vida social en la financiarización es a partir de las instituciones. Las instituciones son la respuesta teórica creada desde la episteme neoliberal para ampliar su propio marco teórico, pero no por cuestiones académicas sino por razones pragmáticas. No se trata de aquellas instituciones que fueron estudiadas por Castoriadis (2010), por poner un ejemplo, y en la cual subyace la complejidad de las sociedades; en absoluto, se trata de la visión liberal de las sociedades en las cuales las instituciones representan las reglas de juego de actores individuales que tienden a maximizar su egoísmo. En consecuencia, el marco teórico que emerge en la financiarización y administración del riesgo es, precisamente, aquel que toma como referencia a las instituciones como conjunto de la vida social e histórica.

El neoliberalismo tradicional y monetarista se transforma en un “neoliberalismo institucional”. Es decir, en un discurso más complejo, más vasto, más comprehensivo. Un discurso que incluso entra en contradicción y conflicto con la misma teoría tradicional del neoliberalismo. Es una transformación provocada y exigida desde las formas especulativas y financieras de la acumulación del capitalismo que integra a las instituciones de la vida social al juego de casino mundial.

 

Existe, por tanto, una presión desde los circuitos de la especulación y la gestión de riesgo de esa especulación, por involucrar a todas las instituciones sociales en su juego especulativo. Estas transformaciones en la regulación del capitalismo alteran al sistema-mundo de forma importante porque generan presiones a la periferia que nacen desde la regulación por financiarización y la privatización de las instituciones que sostienen y estructuran a la vida social.

Estas imposiciones producen en los países de la periferia del sistema-mundo capitalista una dinámica de despojo de territorios, de saqueo de recursos, de destrucción de las solidaridades y reciprocidades existentes, de expoliación a las sociedades y de uso estratégico de la violencia que, de cierta manera, repiten las formas primitivas de violencia que existieron durante la acumulación originaria del capital de los siglos XVIII y XIX.

 

Es como si esa violencia originaria, y que constituyó al capitalismo históricamente, fuese la condición de posibilidad del capitalismo en su periferia pero en forma permanente y continua. A más desarrollo capitalista en los países del centro, más violencia, más saqueo, más despojo en las regiones de la periferia. Es como si el capitalismo tuviese dos relojes: en el primer reloj las regiones del centro del sistema-mundo tienen un tiempo hacia delante, mientras que en la periferia ese mismo reloj las lleva al pasado. A este proceso que repite las formas primitivas y originarias de violencia de la acumulación capitalista en las regiones de la periferia del sistema-mundo, la economía política lo ha denominado como “acumulación por desposesión”7 y están asociadas a las nuevas formas de regulación por financiarización y gestión de riesgo especulativo a escala global.

 

La trama institucional del posneoliberalismo: hacia el neoliberalismo institucional

Ahora bien, la acumulación por desposesión se inscribe en el interior de una trama institucional que sirve de soporte a la financiarización y la gestión de riesgo del capitalismo especulativo. La trama institucional es clave para ese proceso especulativo porque a partir de ella se crean nuevas oportunidades y nuevas condiciones de posibilidad para la especulación. El eje más importante de esa trama institucional es, definitivamente, el Estado.

 

Sin el Estado no hay soporte para esa trama institucional y sin esa trama la especulación financiera y la gestión de riesgo perderían una de sus principales bazas. Por ejemplo, el mercado de carbono que involucra a los principales bancos del mundo y que generó en el año 2012 instrumentos derivados por cerca de 200 mil millones de USD (Lohmann, 2012), sería imposible sin la existencia del Estado y las regulaciones de cambio climático. De igual manera con toda la industria de los “servicios ambientales”, sería imposible sin la regulación que la codifica, estructura y establece. El “neoliberalismo institucional” necesita del Estado como actor fundamental de la economía global.

 

El retorno del Estado es una necesidad económica de la globalización financiera y la privatización de las instituciones de la vida social. El retorno del Estado fue ya propuesto por el Banco Mundial en su Informe de Desarrollo Humano del año 1997. Para el Banco Mundial, no se trataba de saber si el Estado tenía que formar parte activa de la economía sino la medida de esa participación. Ese informe del Banco Mundial, de hecho, tuvo como consultor principal a Douglass North, premio “Nobel” de economía y teórico importante del “neoliberalismo institucional”.

 

El nuevo marco teórico del “neoliberalismo institucional” articula conceptos y categorías que parecen alejadas del neoliberalismo tradicional pero que, en realidad, lo continúan a otro nivel, como por ejemplo: elecciones y conducta no-racional, costos de transacción, acción colectiva, economía de la información, derechos de propiedad, seguridad jurídica, inversión extranjera directa, externalidades, incertidumbre, contractualidad, organización económica, principal y el agente etc., es decir, el discurso del neoinstitucionalismo económico8.

 

El retorno del Estado a la economía no es una iniciativa de los “gobiernos progresistas” latinoamericanos sino una dinámica que se inscribe en el interior de la acumulación del capitalismo y su necesidad de ampliar la mercantilización y la especulación hacia la trama institucional de la sociedad. La recuperación de la violencia legítima del Estado tenía también por objeto garantizar la transferencia de la soberanía política del Estado hacia las corporaciones transnacionales y hacia la finanza corporativa mundial en el formato de los Acuerdos Internacionales de Inversión que tienen en la Organización Mundial de Comercio (OMC) su instancia más importante.

 

El “neoliberalismo institucional” tiene como centro de gravedad de sus preocupaciones teóricas, precisamente, los derechos de propiedad, y la institución que vigila y protege los derechos de propiedad en el ámbito internacional es, justamente, la OMC. La mayor parte de los Estados-nación en la globalización están articulando y armonizando sus leyes internas en función de lo establecido desde la OMC, a este proceso lo denomino “convergencia normativa”.

 

El Estado y la violencia posneoliberal

La vinculación de la trama institucional a los circuitos de especulación y de gestión de riesgo financiero-especulativo desgarra el tejido social. Produce una violencia que se extiende por todo el sistema-mundo. Ya no se trata solamente de la violencia de la producción mercantil sino la desestructuración de instituciones ancestrales que habían servido de soporte para la vida de las sociedades desde su misma conformación histórica. Un ejemplo de esa tensión provocada desde la especulación y la gestión de riesgo especulativo es la incorporación de los territorios a los circuitos financieros especulativos internacionales. Millones de seres humanos son desalojados de sus territorios ancestrales porque ahora estos territorios son fichas importantes en el juego de casino mundial, el extractivismo es una forma de esa violencia. Para procesar esa violencia el Estado no solo es fundamental sino también estratégico9.

Efectivamente, el rol del Estado es clave porque desde ahí se fundamenta la legitimidad de la violencia de los modelos de dominación política. Se trata, en consecuencia, de otorgar al Estado la suficiente fuerza política que permita absorber a su interior toda la energía social y permitir, de esta forma, la acumulación por desposesión; con esa energía política el Estado puede disciplinar a sus sociedades desde una matriz de violencia sustentada en el discurso de la ley y el orden.

Pero la violencia de la desposesión se invisibiliza. El retorno del Estado se asume como un triunfo político en contra del neoliberalismo tradicional. El posneoliberalismo crea esa invisibilización de la violencia de la desposesión, porque utiliza mecanismos de control social que aparecen como medidas económicas en beneficio de los más pobres, como por ejemplo las políticas de inclusión social de las transferencias monetarias condicionadas, o la política fiscal en salud, educación, o “inclusión social” como la llama el Banco Mundial. Mas, en realidad, son dispositivos estratégicos que encubren la violencia de la desposesión.

 

De todos esos dispositivos quizá el más importante porque al tiempo que encubre la violencia la legitima, es aquel de la “lucha contra la pobreza” y su correlato del “financiamiento al desarrollo”. Los denominados “gobiernos progresistas” fueron los instrumentos, por así decirlo, más idóneos para encubrir la violencia de la desposesión. Su discurso de financiar la lucha contra la pobreza a través del extractivismo fue el argumento legitimante de esa violencia y que se expresó de múltiples formas. Por ello, muchos críticos con el neoliberalismo y que provenían de la izquierda fueron conniventes con la violencia de la desposesión que desplegaron los “gobiernos progresistas” latinoamericanos, porque nunca visibilizaron esa violencia y consideraron que el momento posneoliberal era una ruptura definitiva con la violencia del neoliberalismo10.

 

Ahora bien, la invisibilización de la violencia de la desposesión es un fenómeno más complejo, porque apela a universos simbólicos, imaginarios sociales y mecanismos de control y disciplina a la sociedad que dan cuenta de una estrategia de dominación política con un alto contenido heurístico. Es decir, a medida que la sociedad resiste que su trama institucional sea privatizada y crea nuevas formas de resistencia, la estrategia de dominación política trata de estar siempre un paso por delante de esas resistencias, trata de anticiparlas para anularlas, controlarlas y destruirlas. A esa capacidad política de controlar las resistencias que tienen ahora los Estados que emergen desde la transición del neoliberalismo tradicional hacia el neoliberalismo institucional, la denomino “modelo de dominación política” y son consustanciales del posneoliberalismo.

 

A todos estos procesos que configuran una nueva racionalidad política sustentada en mecanismos liberales de la política, como las elecciones, y que tienen como sustento cambios institucionales profundos con el objetivo de situar la trama institucional de la sociedad en el interior de los circuitos de financiarización y gestión de riesgo especulativo, con Estados fuertes y modelos de dominación social y política que invisibilizan la violencia de la desposesión la denomino posneoliberalismo.

 

Acudo a esta denominación para distinguir el neoliberalismo del Consenso de Washington y la imposición colonial del Fondo Monetario Internacional, en especial durante la década de los años ochenta, de aquellas formas diferentes que asume la política en las etapas posteriores al ajuste del FMI porque, aparentemente, propone una ruptura con las recomendaciones del Consenso de Washington, pero continúa con los cambios institucionales y sociales imprescindibles para garantizar la acumulación en el capitalismo tardío. En consecuencia, me desprendo de la interpretación hecha, entre otros, por Emir Sader o Atilio Borón, que ven en el posneoliberalismo una ruptura con el neoliberalismo clásico.

 

Más bien al contrario, considero al posneoliberalismo como un proceso complejo y que integra varias dimensiones que continúan, profundizan, consolidan y extienden la violencia neoliberal. Las dimensiones que configuran al posneoliberalismo, son las reformas estructurales de tercera generación, la convergencia normativa, los modelos de dominación política, etc.

 

La noción de posneoliberalismo nos permite comprender esa aparente contradicción entre los cambios políticos que se suscitaron en la región, muchos de ellos de la mano de gobiernos críticos con el FMI, con las relaciones de poder que emergen desde la acumulación por desposesión, con la consecuente tensión y conflictividad social que ahora utiliza el recurso de criminalizar a la sociedad para proteger el sentido y la dinámica de la acumulación capitalista. El posneoliberalismo nos permite estar alertas de esa intención de poner a la economía entre paréntesis y provocar cambios políticos sin alterar un milímetro el sentido de la acumulación y las relaciones de poder que le son correlativas.

 

La noción de posneoliberalismo problematiza la tradicional topología de la política entre partidos y organizaciones de “izquierda”, de “derecha” y de “centro”, porque las convierte en meros dispositivos ideológicos de la acumulación del capital en el interior de los modelos de dominación política. En el momento posneoliberal, para la acumulación por desposesión y la violencia que suscita, el hecho de que un gobierno sea de “izquierda” o de “derecha” es irrelevante. Su relevancia proviene de la forma por la cual administra la dialéctica consenso/disenso en el interior de los modelos de dominación política. Fuera de esta dialéctica, su importancia es prácticamente nula.

 

Ahora se puede comprender, por ejemplo, que Alianza País en el Ecuador, o el Partido de los Trabajadores en Brasil, fueron la forma política que asumió la acumulación capitalista en momentos del colapso de una variante del neoliberalismo, aquel del ajuste macrofiscal del FMI. El ajuste fondomonetarista, al menos en América Latina, finalmente se agotó, pero cedió sus posibilidades hacia una variante del neoliberalismo que tiene su interés en las instituciones de la vida social en el sentido más amplio del término y en la disciplina y control a las sociedades. Aquello que está en disputa no es la colonización monetaria y fiscal que realizó el FMI sino la puesta en valor de las instituciones por la vía del extractivismo minero, de las industrias de los servicios ambientales, transgénicos, agrocombustibles, ejes multimodales de transporte, etc. Esta puesta en valor de las instituciones de la vida social implica violencia y criminalización social11.

 

El posneoliberalismo permite comprender varias dinámicas básicas, como por ejemplo, la acumulación por desposesión, el cambio institucional del Estado y del mercado, y los modelos de dominación política, en el interior de un solo proceso histórico signado por la mutación del capitalismo desde la financiarización hacia la gestión del riesgo especulativo. Es cierto que este proceso comprende al Estado de forma diferente al neoliberalismo del Consenso de Washington, pero no significa que implique una ruptura con éste.

 

Se llega a esta conclusión luego de analizar la forma que asumió la política y la economía durante el período de los “gobiernos progresistas” de la región. Estos gobiernos nunca rompieron con los esquemas, dinámicas, procesos y el sentido mismo que imponía la violencia de la acumulación del capital, más bien los consolidaron.

 

Este texto forma parte del primer capítulo del libro: Alianza País o la reinvención del poder. Siete ensayos sobre el posneoliberalismo en Ecuador. Pablo Dávalos, 2014, Ed. Desde Abajo, Bogotá-Colombia

Bibliografía:
Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/177592 

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, generalizar la puesta en discusión del carácter antipopular y a favor del capitalismo e imperialismos de los gobiernos progresistas. En simultáneo es expandir el involucramiento en las disputas de territorios. "La defensa de los territorios indígenas es parte de la lucha descolonizadora. Defender los territorios indígenas de su desterritorialización extractivista, de su despojamiento y desposesión por parte del capitalismo dependiente, es no solamente pieza importante de la lucha anticapitalista, no solamente segmento fundamental de la lucha anticolonial y descolonizadora, sino, sobre todo, es primordial en la defensa de la vida".  

 

Territorios indígenas y descolonización

 19 agosto, 2015 Pueblos en Camino

 

Raúl Prada Alcoreza

“…En este sentido, la defensa de los territorios indígenas es parte de la lucha descolonizadora. Defender los territorios indígenas de su desterritorialización extractivista, de su despojamiento y desposesión por parte del capitalismo dependiente, es no solamente pieza importante de la lucha anticapitalista, no solamente segmento fundamental de la lucha anticolonial y descolonizadora, sino, sobre todo, es primordial en la defensa de la vida.”

 

“…Al final, los lenguajes, los discursos, las teorías, son instrumentos de la vida, para la vida, no solamente para su permanencia y reproducción, sino, sobre todo, para su creación y recreación; la invención y reinvención de la vida. Por eso mismo, dentro de este ámbito, son herramientas de sobrevivencia, no en el sentido elemental, reductivo, sino en el sentido complejo, amplio. Si unos discursos, si unas teorías, ya no sirven para eso, se las desecha y se inventa otras, más adecuadas. Los lenguajes, los discursos, las teorías, no contienen de pos sí sentido alguno, verdades inherentes, esencias o sustancias metafísicas; los sentidos emergen de las prácticas lingüísticas, discursivas, teóricas, de la gente. Lo indispensable es usarlas como herramientas y no convertirlas en el lenguaje de la revelación, en el discurso de la verdad, en la teoría del saber absoluto. Cuando se hace esto, dejan de ser útiles para la vida, convirtiéndose, mas bien, en obstáculos para la vida y la sobrevivencia; convirtiéndose en dispositivos de poder institucionalizados. Lo que los convierte en fines, rebajando la condición humana a ser un medio para preservar la revelación, la verdad y el saber. Cuando ocurre esto, se desprecia la vida de la manera más veleidosa; se asume que matar al infiel, al que se opone a la verdad, al enemigo, al ignorante del saber absoluto, es la tarea principal, a nombre de la revelación, de la verdad, sea esta la revolución, la libertad u otra finalidad, a nombre de la “ideología” o de la ciencia. Esta inversión de valores, usando esta frase para ilustrar mejor, es un genocidio, así como un biocidio, también, en las condiciones del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, es un etnocidio…”

 

Patético exhibicionismo y desesperación extractivista

 

El apego de los llamados gobiernos progresistas al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente es una clara muestra del carácter histórico-político de estos gobiernos. No dejaron de ser Estado-nación subalternos; administradores de la transferencia de los recursos naturales de las periferias a los centros del sistema-mundo capitalista. Entonces son cómplices no sólo de las dominaciones imperialistas, sino de mantenerlo alimentándolo con las concesiones extractivistas a las empresas trasnacionales; manteniendo, de esta manera, al ciclo dominante y hegemónico del capitalismo vigente; extractivista y financiero, inscribiendo la deuda infinita en los cuerpos de los pueblos subyugados.

El exigir que las naciones y pueblos indígenas entreguen sus tierras a la vorágine del capitalismo extractivista es la patética desesperación de comediantes, que fungen de líderes populistas, cuando, en realidad, desarman a los pueblos de su capacidad de lucha, haciendo gala de su demagogia, que se sostiene en redes clientelares. Es una clara muestra de lo distante que se está de la Constitución. Constitución que, además de establecer el carácter plurinacional del Estado, en transición, Estado plurinacional Comunitario y Autonómico, establece los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Por otra parte, deja claro el carácter ecologista de la Organización Económica del Estado, al establecer la condición sustentable del “desarrollo”, definiendo las condiciones no mercantilizables de los recursos naturales, destinados al vivir bien. Este, el dispositivo gubernamental que exige a los pueblos entregar sus recursos naturales, abrir las áreas protegidas, es un gobierno que ha adoptado el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

 

Territorios indígenas

 

En primer lugar, es indispensable definir lo que se entiende por territorios indígenas. Cuando queremos hacer esto, definir el concepto de territorios indígenas, nos encontramos con distintos discursos que lo contienen; en cada discurso la interpretación es distinta. En términos del uso político, territorios indígenas, tiene que ver con las luchas de las naciones y pueblos indígenas por recuperar y reconstituir sus territorios ancestrales. Ciertamente cuando decimos esto, de recuperar y reconstituir, hablamos en el contexto de la geografía política de los Estado-nación. Esto significa que la recuperación y la reconstitución están circunscritas dentro de esta geografía. Generalmente se habla de los territorios donde están asentados los pueblos indígenas. Entonces se trata de la protección de los pueblos indígenas, de la defensa de sus culturas, de sus lenguajes, de sus instituciones, de sus normas y procedimientos propios. Para tal efecto, la lucha de los pueblos indígenas ha buscado el reconocimiento de sus territorios por parte de los Estado-nación. Naciones Unidas ha recogido las reivindicaciones, las demandas, sobre todo las conquistas de los pueblos indígenas, después de décadas de luchas descolonizadoras. Le ha dado un leguaje jurídico y ha extendido como derechos colectivos a todo el orbe planetario. Muchos Estado-nación han firmado convenios internacionales, que establecen universalmente los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, los territorios indígenas son territorios reconocidos internacionalmente y por los estados firmantes de los convenios internacionales.

 

Vulnerar estos derechos adquiridos, asumidos internacionalmente y por los estados firmantes, es violar los derechos humanos, en su extensión colectiva. En otras palabras, es violar las condiciones de posibilidad democrática, tal como han sido constituidas hasta ahora. Es comportarse despóticamente ante estos derechos establecidos. Es esto precisamente lo que pasa cuando se exige abrir las áreas protegidas a concesiones extractivistas de empresas trasnacionales.

 

Cuando se hace esto, violar derechos colectivos, con el desparpajo más grande, acusando, además, a los pueblos indígenas que no quieren hacerlo, de inmorales, se patentiza no solamente el despotismo más desvergonzado, sino que no se ha entendido nada de nada. No se ha entendido la Constitución, no se ha entendido el sentido primordial del llamado proceso de cambio, que es el de la descolonización. Tampoco se ha entendido el significado histórico-político, en el presente, de la democracia, del ejercicio de la democracia, que, de acuerdo con la Constitución, es participativa, directa, comunitaria, pluralista, representativa. Es como creer que basta con pretender ser indígena o parécelo para legitimar cualquier cosa, incluso actos y acciones políticas que van contra los derechos de los pueblos indígenas. Esto no es otra cosa que una desorientación enorme respecto a las emancipaciones y liberaciones en la actualidad. Y lo más grave, esto no es más que la continuación del despojo y la desposesión colonial; primero, en el periodo colonial propiamente dicho; después, en el periodo liberal, con las repúblicas; para prolongarlo con el periodo nacionalista; posteriormente, asombrosamente, para perpetuarlo en el periodo del llamado gobierno progresista, sobre todo con el denominado gobierno indígena.

 

La definición del concepto de territorios indígenas no queda ahí, en el uso político, “ideológico”, jurídico, incluso técnico, en las oficinas de Naciones Unidas, en las ONGs y en las instancias gubernamentales. Se ha desarrollado también como una concepción teórica de territorios indígenas. Se habla, en este sentido, de territorios indígenas, como espesores culturales; como ámbitos de relaciones entre comunidades y ciclos vitales, del agua, del aire, del suelo, de los bosques, de las cuencas. En una de las versiones de esta interpretación filosófica, el concepto de territorio indígena adquiere el carácter de arquetipo, de originariedad; se les atribuye esta connotación territorial a las comunidades originarias. Sin embargo, hay que hacer notar que para los pueblos ancestrales el territorio no es indígena o, mejor dicho, del pueblo indígena, que tampoco se consideraba como tal, sino que se nombraba como gente, como humano, en la lengua propia. El territorio no puede ser de alguien, persona o colectivo; la comunidad es la que forma parte del territorio. Lo común, en este caso, no corresponde solamente a los miembros de la comunidad o de las comunidades con las que se comparte, sino también con los otros seres con los que se convive.

 

Como se puede ver, a pesar de la importancia, la utilidad, “ideológica”, política, jurídica y cultural del concepto, no deja de plantear problemas hermenéuticos la decodificación y la interpretación del concepto. Problemas que hay que asumirlos plenamente, precisamente por la importancia y significación histórica que tienen los pueblos indígenas.

 

Otra semántica del concepto de territorios indígenas tiene que ver con la perspectiva ecológica. Los pueblos indígenas se encuentran en ecosistemas biodiversos vulnerables, forman parte de estos ecosistemas. Claro que también forman parte de los ecosistemas, en general, las ciudades, las poblaciones no indígenas; sin embargo, no hablamos de esta pertenencia ecológica, en general, sino de la vinculación de los pueblos indígenas con ecosistemas vulnerables, de las cuencas, de los bosques, de los territorios todavía no suficientemente afectados por la integración capitalista. En este sentido, territorio indígena adquiere una connotación ecológica. Hay una versión light, por así decirlo, de esta perspectiva ecológica, que es, mas bien, ambientalista; concibe a los territorios indígenas como áreas protegidas.

 

Después de esta breve revisión de parte de la polisemia de territorios indígenas – no podemos extendernos, por el momento -, podemos ver que más que tratarse de un concepto, estamos ante una distribución conceptual heterogénea. Distribución heterogénea que hace a una formación no sólo discursiva, sino política-cultural. Esta formación discursiva-político-cultural se despliega en las sociedades contemporáneas, en los Estados-nación, en el mundo, buscando ocasionar acontecimientos emancipativos y libertarios descolonizadores. Por lo tanto, en este ánimo y activismo, busca ocasionar enunciaciones que hagan inteligible el entramado de relaciones sociales e institucionales, donde se disputan dominaciones y contrapoderes.

 

En consecuencia, la formación discursiva-político-cultural de la que hablamos, que nombraremos como des-colonial – preferimos usar el término que asume Silvia Rivera Cusicanqui, con la explicación del caso, que decolonial -, es una heurística y hermenéutica de contra-poder, de prácticas discursivas-políticas-culturales contra- hegemónicas.

 

En este sentido, la defensa de los territorios indígenas es parte de la lucha descolonizadora. Defender los territorios indígenas de su desterritorialización extractivista, de su despojamiento y desposesión por parte del capitalismo dependiente, es no solamente pieza importante de la lucha anticapitalista, no solamente segmento fundamental de la lucha anticolonial y descolonizadora, sino, sobre todo, es primordial en la defensa de la vida.

 Escritor, docente-investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Demógrafo. Miembro de Comuna, colectivo vinculado a los movimientos sociales antisistémicos y a los movimientos descolonizadores de las naciones y pueblos indígenas. Ex-constituyente y ex-viceministro de planificación estratégica. Asesor de las organizaciones indígenas del CONAMAQ y del CIDOB. Sus últimas publicaciones fueron: Largo Octubre, Horizontes de la Asamblea Constituyente y Subversiones indígenas. Su última publicación colectiva con Comuna es Estado: Campo de batalla.Vamos a hablar ahora de una distribución conceptual, relativa a los territorios indígenas. La importancia de este mapa conceptual tiene que ver con la problemática fundamental de las dominaciones, articuladas en las estrategias capitalistas, asentadas en los diagramas de poder colonial. En este sentido, la importancia radica en la significación histórica-política y cultural de las luchas descolonizadoras y anticapitalistas; en consecuencia, la importancia adquiere una connotación crucial en la defensa de los territorios indígenas.
 El deber

Fuente: http://pueblosencamino.org/?p=1686

 

 

Introduzcámonos en porqué involucrarnos en luchas de los de abajo en vez de apoyar a los gobiernos progresistas.

 

 

Alianza de Mujeres Indígenas de Bolivia se pronuncian en defensa de sus territorios

 

6 de julio de 2017

 

Lideresas, Presidentas, Delegadas y Mama Autoridades de la "Alianza de Mujeres Indígenas de Bolivia", reunidas en Cochabamba, se pronuncian en defensa de sus territ0rios, ante la imposición de megaproyectos que causarán daños irreversibles a los ecosistemas, biodiversidad y poblaciones indígenas.

Ante la intervención de empresas transnacionales hidrocarburíferas y mineras en todo el territorio nacional, que contaminan fuentes de agua y destruyen ecosistemas en tierras altas y en tierras bajas, así como la construcción de hidroeléctricas de El Bala y El Chepete, en el norte Amazónico de La Paz y en Beni, y Rositas en Santa Cruz.

Rechazamos la intervención y la imposición de proyectos de hidroeléctricas en nuestros territorios indígenas, así como la presencia militar… Exigimos el cese de la persecución y amedrentamiento a nuestra comunidades y dirigencias orgánicas…

A continuación, el Pronunciamiento completo:

 

 

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Bolivia: La resistencia a las mega represas sigue creciendo
22 de marzo de 2017

 

"Pablo Solón sostiene que alrededor de 4 000 habitantes de las comunidades indígenas amazónicas (incluyendo Tsimanes, Tacanas, Mosetenes y Uchupiamonas), que han dependido del río Beni y del bosque circundante para subsistir por generaciones, serán desplazados directa o indirectamente".

“En noviembre pasado, representantes de 17 comunidades indígenas realizaron una vigilia en la zona de El Chepete y El Bala, en la región amazónica de Bolivia, donde el presidente Evo Morales planea construir sendas presas; al día de hoy su lucha continua.”

Los manifestantes bloquearon el acceso al sitio a Geodata, la firma italiana contratada por el gobierno para estudiar la viabilidad de las represas. Doce días más tarde, los ingenieros de la empresa retiraron su equipo, anunciando que: "si no hay consenso con la comunidad, no existen condiciones adecuadas para trabajar".

El episodio representa una pequeña pero importante victoria para los grupos indígenas, activistas ambientales y organizaciones de la sociedad civil, que han resistido la construcción de las represas durante varios años.

También plantea al menos un desafío simbólico, al objetivo declarado del presidente Evo Morales, de convertir a Bolivia en la primera potencia energética de América del Sur, principalmente a través de la producción y exportación de hidroelectricidad.

Argumentos del gobierno:

Las dos represas se ubicarían al norte de la capital, La Paz, en el río Beni, que divide los departamentos de La Paz y Beni. Con una capacidad combinada de generar 3700 mw (megavatios) de electricidad, Chepete / El Bala sería la mayor fuente hidroeléctrica de Bolivia y uno de los proyectos más significativos de la región.

Dado que Bolivia ya tiene la capacidad de producir la electricidad que necesita para uso doméstico, la energía generada por las nuevas represas se utilizará casi exclusivamente para la exportación, principalmente a Brasil y Argentina.

Aunque no se ha encargado ningún estudio formal de impacto ambiental, los críticos dicen que el proyecto tendrá consecuencias sociales y ambientales devastadoras. Con la disminución de las reservas de gas y la caída de los precios de los hidrocarburos, el gobierno argumenta que Bolivia debe cambiar su matriz energética, no sólo para generar fuentes de energía más limpias, sino para desarrollar productos de exportación alternativos, con los que asegurar su futuro económico.

En contra:

Pablo Solón, ex embajador en la ONU, negociador del Cambio Climático para el gobierno de Morales y principal oponente al proyecto, dice que las presas inundarán un área mayor que la ciudad de La Paz, creando el segundo lago más grande de Bolivia, después del Titicaca. Solón sostiene que alrededor de 4 000 habitantes de las comunidades indígenas amazónicas (incluyendo Tsimanes, Tacanas, Mosetenes y Uchupiamonas), que han dependido del río Beni y del bosque circundante para subsistir por generaciones, serán desplazados directa o indirectamente.

Además, la zona afectada incluye porciones de los Parques Nacionales Pilón Largas y Madidi, donde viven miles de especies raras de plantas y animales y una de las regiones con mayor índice de biodiversidad del mundo.

Según Solón, la deforestación causada por las presas liberará enormes cantidades de gases de efecto invernadero y metano tóxicos, acelerando los desequilibrios ambientales y los impactos negativos del cambio climático no sólo en Bolivia, sino en toda la región.

Servindi

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Bolivia_La_resistencia_a_las_mega_represas_sigue_creciendo

En consecuencia, es fundamental que desplacemos nuestras miradas desde líderes progresistas hacia las oportunidades e iniciativas populares. Por ejemplo:

Plataforma Contra el Arco Minero del Orinoco

 

Tomando en cuenta la grave situación que atraviesa el país, desde la Plataforma contra el Arco Minero hemos decidido pronunciarnos y tomar postura ante hechos importantes de la realidad:

1. El impacto de la crisis económica, política y social que atraviesa la nación, la profunda ingobernabilidad e inestabilidad, el desprestigio de la institucionalidad estatal, el irrespeto de las leyes por parte de los sectores de poder y la escasa voluntad de los grandes polos (cúpulas: gobierno-MUD) han generado un peligroso escenario de violencia.

2. La crisis es producto del colapso del modelo rentista y presidencialista que se mantiene en Venezuela, lo que requiere de un profundo debate público, transparente, respetuoso y sincero entre todos los sectores y actores sociales que hacen vida en el país por la construcción de otro dialogo distinto. Si no se plantean soluciones a corto, mediano y largo plazo la crisis continuará profundizándose, independientemente de que exista un cambio de gobierno o no.

3. Consideramos que la única salida para enfrentar esta crisis pasa por profundizar la democracia, según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela convocada, elaborada y aprobada por la vía de la participación popular. Cualquier propuesta política por fuera del marco constitucional sólo puede aumentar las tensiones y acrecentar la violencia, empeorando el escenario de crisis que padece el pueblo venezolano y pudiendo deparar en un derramamiento de sangre mayor al que ya ha ocurrido.

4. Rechazamos contundentemente la violencia generada por grupos extremistas afines a los sectores políticos de la polarización, grupos armados irregulares directamente relacionados a sectores del gobierno, y guarimberos-mercenarios relacionados a sectores de la MUD. Sus acciones han ocasionado la muerte de más de 60 venezolanos/as y cientos de heridos, además de acciones de vandalismo y daños al patrimonio público y privado desarrolladas por estos últimos, que no tienen nada que ver con las manifestaciones pacíficas y legítimas que desarrollan otros sectores de la población. Las direcciones políticas de la MUD ni del PSUV se han desmarcado categóricamente de estos sectores, lo que expresa su complicidad con la violencia y su vago interés en buscar soluciones pacíficas y democráticas a la crisis.

5. Rechazamos la represión ejecutada por funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado (PNB, GNB) y el uso de armas letales contra manifestaciones pacíficas, así como los operativos de allanamientos y detenciones sin orden judicial y el juzgamiento de civiles en tribunales militares

6. Ante la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) realizada por el presidente de la república, con bases comiciales que presentan vicios de participación, hay diversas posturas políticas, entre los integrantes de la plataforma, con respecto a la misma. Sin embargo, vemos como determinante que ante dicha iniciativa se lleven a cabo mecanismos de consulta directa al pueblo venezolano mediante la realización de: 1) un Referéndum Consultivo para la ejecución o no de la ANC, 2) Referéndum Aprobatorio o Abrogatorio de la propuesta elaborada por los constituyentistas, en caso de que la población haya aprobado hacer una ANC.

7. A partir del colapso del modelo rentista que atraviesa el país y de la discusión nacional que implicaría un proceso constituyente, que es distinto a una Asamblea Nacional constituyente en cuanto a los mecanismos de participación popular, como plataforma ciudadana, preocupada por la grave situación que estamos atravesando, planteamos una serie de problemas estructurales y propuestas mínimas para abordarlos:

a) Arco Minero del Orinoco: contempla un mega-proyecto minero con 150 empresas transnacionales en una zona que abarca el 12% del territorio nacional. Una zona económica especial, que implica un seccionamiento de la soberanía, en la que se restringen derechos políticos y sociales contemplados en la Constitución, y que pone en riesgo poblaciones indígenas, la fuente hídrica más importante del país, el suministro del 70% de la electricidad a nivel nacional y toda la biodiversidad que contempla la región de Guayana, debido a la amplia destrucción social, cultural y natural que implican las dinámicas extractivistas de las empresas mineras en el Mundo. Proponemos: la derogación del decreto 2248, la protección de Zonas Vírgenes del Sur, un diagnóstico de las empresas metalúrgicas y mineras del estado, y una discusión nacional para debatir planes económicos productivos.

b) Minería Ilegal: flagelo que actualmente involucra, directa e indirectamente, a cientos de miles de personas. Los habitantes de las zonas mineras y personas que migran en búsqueda de un mayor ingreso, están sometidos a un régimen para-estatal administrado por bandas criminales que controlan el desarrollo de la actividad minera a pequeña escala. Esta dinámica ha deparado en síntomas graves de descomposición social (masacres, fosas comunes), en una devastación criminal y contaminación acelerada de los principales ríos del Sur, epidemias nacionales de paludismo y difteria, y condiciones de trabajo esclavo para las decenas de miles de personas que trabajan en las minas a pequeña escala. Proponemos: un debate nacional entre todos los sectores sociales del país y principalmente de la región de Guayana sobre esta realidad y las posibles soluciones, la presencia de las instituciones del estado para controlar los índices de violencia, un plan de reordenamiento territorial y de desmantelamiento de estas bandas garantizando mecanismos de contraloría ciudadana para impedir violaciones de derechos humanos.

c) Contaminación Ambiental: el gobierno mantiene una política de silencio criminal ante desastres ambientales que ocurren continuamente en el país, tanto para aquellos casos en los que el estado es directamente responsable así como otros en los que estaría indirectamente implicado. Las gigantescas montañas de coque en el criogénico Jose Antonio Anzoátegui, los desmanes de la minería ilegal, el caso de la laguna de lodos rojos de Bauxilum y el derrame petrolero en Trinidad y Tobago que actualmente contamina playas de Anzoátegui, Nueva Esparta y Los Roques, son algunos de los cientos de casos que vienen denunciando expertos en el área ambiental. Proponemos: tomar medidas de emergencia inmediatas para detener la contaminación acentuada que se viene desarrollando en el país, considerando las opiniones y propuestas de ambientalistas que vienen luchando; así como acatar lo establecido en la constitución y demás leyes de la república relacionados al tema ambiental.

d) Pago sostenido de la Deuda Externa: en los últimos 3 años se han pagado más 60.000 millones de dólares ($) en Deuda Externa, implicando una reducción de más del 60% de las importaciones (incluye alimentos y medicinas), con respecto al año 2012. Sumado a esto, PDVSA vendió Bonos a Goldman Sachs con un 69% de descuento, recibiendo 865 millones de $ y teniendo que pagar la suma 3556 millones de $ en el año 2022. En otras palabras, el gobierno viene endeudando fraudulentamente al país a costa de que los venezolanos tengan menos alimentos y medicinas. Proponemos: el cese del pago de deuda durante un lapso determinado, y realizar una auditoría pública y ciudadana para certificar que parte de la deuda es real y que parte es ilegítima e ilegal.

Es urgente abordar estos asuntos para detener la crisis y buscar salidas viables al atolladero en que se encuentra el país. Resulta imprescindible que estos y demás puntos de importancia nacional se debatan de manera abierta, pública y respetuosa con todos los sectores de la población venezolana, más allá de las dirigencias de la polarización, lo cual es clave para avanzar en salidas democráticas y pacíficas a la crisis.

Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/n310455.html

 

“Proponemos entonces que el Arco Minero, más allá del pensamiento débil y el malandraje de Estado, sea una ocasión para toda organización de la población trabajadora. A lo mejor cualquiera se juega la vida en esto dadas las situaciones del territorio, pero cuando vale la pena jugársela, la vida misma se convierte en mera circunstancia".

 

 

Potencia del Arco Minero

24 de agosto de 2016

Por Roland Denis (Rebelión)

Mas allá de los despojos puntuales, mas allá de los contratos efectivamente leoninos como lo denuncia Lander (aunque por mí que le regalen Las Cristinas a la Gold Reserve, nuestro problema central no es oro que sólo es renta y renta es Estado, dinero en sí, egoísmo socializado, nuestro problema es territorio, su control y autogobierno, su socialización, su potencial), más allá de la enorme corrupción que ya debe estar avanzando de lo lindo en pago de comisiones de las empresas a ministros, directores, generales, para que le den prioridad en las contrataciones, más allá del charco que relaciona al Estado y el capital transnacional en todo el tejido económico y no sólo el Arco Minero, más allá de los llantos nacionalistas, propios en este caso de un grito impotente que se ubica desde una visión “nacional”, la denuncia de quien se asume representante de una “nación” completamente lejana y abstracta, y no desde la guerra real en este caso por el control efectivo de nuestra tierra y territorios. En fin, mas allá de toda la cantidad de debilidades y peleas controversiales que sólo son choques verbales que nos cruzan, hay que aclarar algunos puntos fundamentales en una lucha que ahora llaman “Arco Minero” pero que constituye una lucha histórica del movimiento minero y una propuesta que nació de su inteligencia y los más de seis congresos hechos desde el 95 hasta ahora.

El Arco Minero más que ser un inmenso territorio en sí con todas las riquezas que sabemos, es una realidad de correlaciones de fuerza fruto de una guerra de clase y de visiones de clase de tres siglos y que nos ha llevado a la insólita realidad que hoy se vive allí. Visto desde esta perspectiva y no de un nacionalismo tan rentista como el denunciado “rentismo” o “extractivismo” (que significa “extractivismo” por cierto?), y que en todo caso le tocaría completar sus denuncias no sólo sobre el “Arco Minero” sino sobre el “Arco Petrolero” de la faja y oriente, el “Arco Gasífero” del mar, ya que se trata del mismo modelo mixto, la misma caterva gansteril del Estado chupando de las contrataciones que se hacen con las transnacionales, el mismo o peor deterioro ambiental, el mismo rentismo, la misma dependencia, estamos hablando de victorias que son siempre parciales ya que falta demasiado para que los pueblos del mundo derriben el modelo global de dominio que reina aquí como en todos los rincones del mundo.

Es la victoria de una potencia social, política, productiva, que va a tener en los próximos meses un poder enorme que si le da la gana y sobretodo si no se queda sola, si es acompañada por un movimiento popular en lucha que en este caso tendría la posibilidad de acompañar cada núcleo minero y los pequeños territorios que contraten con el Estado, (sumarian en las 17 áreas, es decir, del 70% de Arco, en poder de alrededor de diez mil núcleos mineros que existen en la actualidad), para desarrollar cualquier cantidad de proyectos alternativos agrícolas, pisícolas, frutícolas, madereros, de pequeña industria, con recursos que nacen de la renta del subsuelo, del trabajo minero, y no la sumisión a la corrupción de Estado que se los apruebe, dándole futuro a no menos de cien mil jóvenes mas (técnicos, ingenieros, agroecólogos, organizaciones, etc) que en vez de estar llorando por una nación que nunca está en sus manos, que la reclaman como suya, hacen foros y reclamos, pero jamás la TOMAN, asumen la posibilidad en este caso de concretar junto al movimiento minero esta victoria parcial, esta ganancia territorial inmensa y convertirla en una verdadera potencia proletaria, orgánica, productiva.

La fotografía de la minería hoy en día es terrible, allí verdaderamente no se puede hacer nada más que reproducir un orden mafioso y destructivo, donde cada unidad minera, ilegal y al abandono, desde la absoluta precaridad no solo de recursos sino de condiciones de trabajo, lo único que puede hacer es someterse a este orden y trabajar arrinconados un pedacito de tierra que las mafias militares y de bandas armadas le dejan trabajar, por supuesto bajo condición de no menos de la tercera pate de lo que se produzca vaya a sus manos, obligados a utilizar tóxicos como mercurio y cianuro que en muchos casos los termina matando a ellos mismos. Y esto en el mejor de los casos, porque cuando se arman las grandes “Bullas” (se encuentra una zona de alto tenor de mineral) sacan a todo el mundo e imponen situaciones hasta de esclavitud, y de allí las duras confrontaciones que han tenido con los indígenas pemones, los estratagos ambientales que se han causado en la cuenca del Caura y Canaima. Bajo este ahogamiento del ser humano, se impone también un modelo de vida individualista, agresivo, represivo, donde prácticamente toda la renta producida termina en mercados donde cualquier cosa puede costar hasta tres veces más que en las grandes ciudades. Aquí sí que gana el capital más salvaje ligado al Estado, contrabandistas, compradores que jamás reportan los que sacan de allí. Y aún así se producen mas de veinte toneladas de oro anuales que terminan registradas en todo el continente menos en Venezuela.

¿Qué va a pasar si se concretan los elementos planteados para el Arco Minero?. Será una guerra que va a continuar y no va a ser fácil, ya que el orden mafioso querrá seguir imponiéndose, seguir destruyendo selvas e imponer su esclavitud armada, las empresas grandes querrán desplazar a los pequeños y convertirlos en sus trabajadores a sus intereses y condiciones, seguramente encontraran apoyo en el resquicio estatal mafioso, corrupto, que cualquiera que sea el futuro político del orden constituido en los próximos meses, seguirá existiendo, una parte del movimiento minero será también colaboracionista y divisorio. Pero aún así, si se logra una legalización en el próximo año de todas estas unidades de producción, terminan organizándose en el Consejo Popular Minero, que ya al menos existe y en el próximo mes generará una dinámica participativa donde miles de mineros harán parte de la construcción de una propuesta definitiva minera, estamos ante la posibilidad de generar un tejido productivo progresivo, que vaya sumando unidades que a su vez se integren en territorios legitimados por ley, se produzca un recambio tecnológico radical, y comience a desarrollarse algo que es una hipótesis pero perfectamente factible si se rompe la fuente mafiosa y se le pone las condiciones necesarias a las empresas mixtas -Estado-transnacionales- y es que la plusvalía agrícola, y en general todo lo que sea el trabajo sobre tierra, en corto tiempo pueda llegar a ser incluso superior a la renta minera.

Sobre el Arco Minero con buena disposición y planificación, hasta cien mil hectáreas que se utilicen para las actividades agrícolas, pecuarias, pisícolas, frutícolas, madereras, además de las industrias alimentarias que puedan asentarse allí, entre otras, podría terminar de garantizar gran parte de la soberanía alimentaria de este país, e incluso ser exportadores de alimentos para un norte brasileño pobre que incluye a 45 millones de seres. Si cada unidad minera llegase a sembrar la tierras y generar industria propia sobre 10 hectáreas promedio con el apoyo de organizaciones y los últimos polos nobles de gobierno que queden, dándole semillas y apoyo técnico, con el apoyo de miles de jóvenes que pudiesen ir a la zona y articularse con el movimiento minero, estamos hablando entonces de cien mil hectáreas, pudiendo redoblarse en los próximos años, que desplazarías gran parte de la renta mineral del subsuelo hacia la actividad alimentaria a trabajar sobre el suelo por miles de hombres y mujeres que establecerán relaciones de contratación entre iguales, viviendo la divina aventura de la selva el descubrimiento de nueva vida fuera del parasitismo urbano, es decir, aprendiendo a amar realmente el territorio que hemos tomado y expropiado a la lógica colonial que nos ha agobiado siempre. Si además se recambia definitivamente el modo de extracción por tecnologías gravitatorias, la misma agua que se utilizaría para la extracción podría servir para llenar sistemas de riego alimentados por esas mismas aguas, dejando de tener todo sentido aquel apocalipsis del “agua sí, oro no”.

Por supuesto repito esto es un reto a asumir en medio de una guerra territorial donde el capitalismo mafioso y salvaje y su poder enorme sobre el Estado (sobre este gobierno y el que venga de derecha si se da el caso, la misma caterva mafiosa) no va a dejar arrancar al igual que no ha dejado que se produzca ninguna revolución agrícola ni industrial en este país. Decir “absolutamente sí” al Arco Minero no es aplaudir y defender las aberrantes circunstancias que nos ponen a hacer contratos leoninos con transnacionales, profundizar el rentismo, extractivismo, imperialismo, capitalismo, explotación y toda la manada de palabras externas que apodan sobre esto para que nada cambie y continúe la pesadilla opresiva y ecocida de hoy, es asumir la guerra que un pueblo en lucha ha de asumir porque es su derecho, es el derecho real sobre su país y su tierra, consciente que este asunto lo obliga al desarrollo de estrategias asociativas, defensivas, productivas donde verdaderamente construimos identidad de pueblo.

No es denunciando externamente que construiremos esa identidad que algunos llaman “nacional” o “popular de clase”, es en la lucha y la guerra concreta, que en el caso del Arco Minero, y estoy seguro que será así, el movimiento minero más radicalizado tendrá que establecer relaciones de alianza con determinadas transnacionales para enfrentar la realidad mafiosa impuesta, alianzas con sectores militares en contra de otros insertos en el orden mafioso (conscientes de la pequeña guerra civil que ya vivimos aquí). Como toda guerra desarrolla sus circunstancias paradójicas (es el caso por ejemplo de la revolución kurda en el norte de Siria y su actual alianza con los EEUU, es Bolívar y el imperio británico para ser más cercanos) con el fin de derribar a los enemigos inmediatos. Toda guerra propicia su misma paradoja, sus contradicciones, nunca es perfectamente limpia y menos perfecta. Lo importante es que vivamos la experiencia, la asumamos enteramente junto al movimiento minero e indígena, que seamos pueblo protagónico coño de una vez por todas y no simples grupitos de lamento y denuncia externa, o simples extensiones administradas por una fatal burocracia, siempre viviendo de la renta de Estado.

Aquí no estamos hablando para nada de situaciones parecidas a las que se han dado en Ecuador donde efectivamente el gobierno de Correa ha traicionado los compromisos y respeto por la soberanía territorial de cantidad de pueblos indígenas de montaña y amazónicos, imponiendo los intereses de transnacionales y de monopolios nacionales. Nada que ver con la lucha contra el carbón en la Guajira, el Socuy, la zona Yukpa, donde la vocería inquebrantable de hombres como Lusby Portillo, y el movimiento ambiental zuliano indígena y urbano, se ha denunciado el inmenso negociado, lo absurdo, lo ecocida, que detrás de este proyecto que se defiende desde la gobernación del Zulia, cuando el carbón no tiene el más mínimo sentido para población alguna en la zona, ni razones para producirlo y utilizarlo bajo la contaminación terrible de las industrias eléctricas carboníferas; eso sí es rentismo puro. Aquí estamos hablando de una guerra anticolonial histórica donde se abre una ventana de victoria que podría ayudar a transformar un país entero.

Por supuesto que quedan muchas preguntas abiertas:

¿Cuál va a ser la asociación concreta entre Estado y proyectos de minería social e integral?

¿Cuál va a ser la relación de transnacionales, empresas nacionales y unidades de producción minera?

¿Cuál va a ser a relación entre los proyectos que firmen acuerdo de explotación con el Estado y las unidades de trabajo que se establezcan en la zona otorgada; la relación pueblo-pueblo?

¿Cuáles son las instituciones de Estado que van a asumir la dirección por parte del estado de las 17 áreas para la minería integral; se impondrá el caos que pretenden ahora dándole una parte al Ministerio de Minas, otra a la Cominpeg, otra a la Corporación Nacional de Minería, cual feudos a atribuir a cada quien?

¿Cómo se va a acordar el manejo concreto de la renta de Estado producida por esta minería y su propia inversión en la zona, cuál va a ser el papel en ese sentido del Consejo Popular Minero?

Estas es y muchas más preguntas que aún están en el limbo y que nos demuestra la inmensa tensión que se vive al interno del gobierno-Estado por controlar este inmenso proyecto. El llamado en todo caso, y “perdonen lo malo” de todas estas argumentaciones del “absolutamente sí al Arco Minero”, es que nazca al fin una izquierda o movimiento popular que no se vea siempre desde el punto de vista de la impotencia y la externalidad frente al mundo explotador que nos rodea sino que centímetro a centímetro en esta larga guerra, aprenda a parársele de frente, y dar la pelea que hay y se tiene la fuerza para dar. Que vaya mucho más allá de las abstracciones y asuma esta guerra de clases inevitable. Para no quedar años después reducidos al papel de un Juan Uslar que se da cuenta 150 años más tarde que Boves era parte del inicio de una insurrección popular, pero pidiendo una especie de perdón por percatarse tan tarde. Proponemos entonces que el Arco Minero, más allá del pensamiento débil y el malandraje de Estado, sea una ocasión para toda organización de la población trabajadora. A lo mejor cualquiera se juega la vida en esto dadas las situaciones del territorio, pero cuando la vale la pena jugársela, la vida misma se convierte en mera circunstancia.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215875

 

 

"Creemos que el extractivismo en nuestro país, no sólo está presente en la explotación petrolera y minera, también se expresa en otros temas como el de la agrobiodiversidad, porque Ecuador es centro de origen de un sinnúmero de especies de maíz, papas, frutas, y otras variedades vegetales fundamentales para la alimentación nacional y mundial".

 

 

 

Ecuador: Yasunidos frente a la "Ley de semillas"

5 de mayo de 2017

Las diferentes variedades de cultivos con las que contamos actualmente, son producto de los saberes milenarios de agricultores/as ecuatorianos que han “cruzado”, compartido y distribuido sus semillas libremente. Las semillas nativas resultantes de estas prácticas y saberes se han adaptado a los diferentes agroecosistemas locales que existen en Ecuador, contribuyendo así al aumento y conservación de nuestra agrobiodiversidad.

En ese sentido, nos preocupan sobre manera, aspectos como:

En el proyecto de ley, los recursos genéticos son considerados patrimonio del Estado, lo cual en esencia podría sugerir que las semillas son de todos los ecuatorianos. Sin embargo, no se específica ninguna participación diferenciada del control y acceso de estos recursos entre el gobierno y los campesinos.
El petróleo también es un recurso del Estado, pero su manejo ha sido llevado por pequeños grupos sin ningún control ni participación de los pueblos. Esto ha generado que primen los intereses económicos sobre los efectos ambientales y sociales de la explotación petrolera. En el caso de las semillas, la historia podría volverse a repetir, más aún tomando en cuenta que a nivel mundial existe cada vez un mayor control de las semillas por parte de grandes empresas transnacionales [1].

Por otro lado, el proyecto de ley propuesto dificulta el libre acceso y circulación de las semillas nativas, puesto que las instituciones estatales ejercerían un rol casi policial frente a los campesinos y sus semillas. En su art. 54, contempla la creación de “inspectores de semillas”, quienes tendrían libre acceso a las fincas o chacras campesinas, con el fin de “controlar” la calidad y distribución de las semillas.
Estos mecanismos de control impuestos a los campesinos y sus semillas representan una amenaza a la agrobiodiversidad y pueden degenerar en la criminalización de los mismos.

El proyecto, supone además una grave amenaza para la Soberanía Alimentaria, garantizada en el art. 281 de nuestra Constitución, al requerir que tanto las semillas nativas como las comerciales cumplan con normas fitosanitarias elaboradas para su control, lo que implica obligar a los campesinos a que cumplan los mismos estándares que las grandes empresas semilleras, para poder distribuir y circular sus semillas nativas, no especifica normas diferenciadas. No es lo mismo una semilla nativa que una comercial.

En este contexto, consideramos sumamente riesgoso que este proyecto de ley de semillas (que la asamblea pretende aprobar en segundo debate, este jueves 4 de mayo), no tome en consideración las preocupaciones expresadas por movimientos campesinos, indígenas, ecologistas y de consumidores.

Frente a la cada vez más escasa participación de la sociedad civil dentro de los procesos legislativos, nos preguntamos:

  • ¿Son las consultas pre legislativas no vinculantes, una herramienta legítima de participación ciudadana?
  • El proyecto de Ley de Semillas, tal y como está planteado, ¿atenta con repetir los errores de la política extractivista de petróleo y minerales, en un sector fundamental para el país como el sector agrícola?.

Señor Licenciado Lenin Moreno, garantizar el libre acceso y circulación de las semillas nativas en nuestro país y escuchar las opiniones de los/as campesinos/as al respecto, son la base para construir políticas que promuevan y protejan la agrobiodiversidad, la Soberanía Alimentaria y un mejor país.

Nota:

[1] Se puede ver un interesante informe del grupo ETC al respecto, en el siguiente link: Ver aquí
Yasunidos

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Ecuador_Yasunidos_frente_a_la_Ley_de_semillas

 

"Coincidimos en que cuando hablamos de Una Sola Salud, estamos reivindicando la salud para todos y todas, no sólo para nosotros, las y los seres humanos. Estamos reconociendo que somos una pequeña parte de un organismo viviente, una pequeña parte de un universo en que todo está entrelazado, un hilo en el tejido de la vida de este hermoso planeta, participantes todos de un equilibrio ecológico maravillosamente complejo. Estamos reconociendo que la salud humana es un reflejo de la salud de nuestro planeta."

 

 

Declaración del Encuentro Intercontinental Madre Tierra una sola Salud

19 de junio de 2017

 

Encuentro Intercontinental Madre Tierra una sola Salud

IV Congreso Internacional de Salud Socioambiental

Declaración de Rosario

16 de junio de 2017

En el día de la Ciencia Digna y en homenaje a Andrés Carrasco que nos sigue acompañando, enseñando e inspirando

 

Somos colectivos académicos, sociales, ecologistas, de pueblos originarios, artistas, profesionales de la salud humana, animal y vegetal, productores de alimentos, activistas, científicas e investigadoras, creadores de nuevas economías, comunicadores de buenas noticias; que nos hemos encontrado en la semana del 12 al 16 de junio llegando desde Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, India, México, Paraguay, Perú, Suecia y Uruguay para construir espacios para el diálogo, el arte, la ciencia y la poesía, en el marco de los saberes ancestrales y académicos, visibilizando las historias de resistencia necesarias para la defensa de la vida.

 

Hemos llegado a Rosario para compartir la plácida urgencia de unificarnos en la diversidad, de multiplicar los esfuerzos por caminar con armonía evitando el desgaste y el derroche. También para compartir preocupaciones y diversas formas de resistencia y construcción frente a los ataques a la salud de la Madre Tierra y de sus muchas comunidades. Para esperanzarnos en modos de vida, inclusivos y diversos, y celebrar la cosecha de los frutos que hemos sembrado. Hemos buscado encontrarnos para alegrarnos, para soñar, volar, despertar y resistir. Para solidarizarnos, escucharnos y aprender junto al cuidado de las plantas, los animales, la Tierra y nuestras vidas. Para continuar soñando con los sueños del mundo buscando “el Corazón de la Ciencia y la Vida”.

 

Coincidimos en que cuando hablamos de Una Sola Salud, estamos reivindicando la salud para todos y todas, no sólo para nosotros, las y los seres humanos. Estamos reconociendo que somos una pequeña parte de un organismo viviente, una pequeña parte de un universo en que todo está entrelazado, un hilo en el tejido de la vida de este hermoso planeta, participantes todos de un equilibrio ecológico maravillosamente complejo. Estamos reconociendo que la salud humana es un reflejo de la salud de nuestro planeta. Reconociendo que nuestra Casa Grande, la Madre Tierra o Pachamama, es un macroecosistema que alberga millones de ecosistemas interconectados, cada uno con sus particularidades.

 

Durante estos intensos días hemos compartido testimonios y evidencias científicas de la devastación de la Tierra y de las enfermedades que esa destrucción –motivada por el sistema industrial de producción y consumo y su afán de lucro desmedido– provoca a las comunidades, los seres humanos y a otras formas de vida. Hemos visto testimonios de las múltiples interrelaciones entre la salud de la mente, los cuerpos, las estructuras económicas, políticas y los ecosistemas; y hemos intercambiado experiencias y evidencias del buen convivir en la sociedad y la naturaleza, para refrescar nuestros sentidos y retomar el camino de la complementariedad, la solidaridad y la cooperación con todos los seres.

Estamos construyendo una plataforma con todos los saberes para cuidar las semillas, la biodiversidad, la vida microbiana, nuestras economías y culturas, para detener la degradación de los elementos y recuperar la salud de la Madre Tierra y de nuestras comunidades.

Hemos comprobado como globalmente se intenta imponer un modelo de agricultura y alimentación industrial corporativo que conlleva una enorme devastación ambiental y causa hambre, malnutrición y destrucción de los territorios campesinos y de los pueblos indígenas. De la mano de las grandes corporaciones se siguen imponiendo en vastos territorios semillas transgénicas, monocultivos industriales y fumigaciones masivas con agrotóxicos. La concentración corporativa es cada vez mayor, siendo apenas un puñado las corporaciones que controlan los mercados globales de semillas, biotecnología, agrotóxicos, maquinaria agrícola y fertilizantes. Todo el proceso marcha hacia una mayor concentración en muy pocas empresas transnacionales, con el objetivo de convertir a los agricultores en meros esclavos de las empresas. Las leyes de semillas, las normas sanitarias y fitosanitarias, las nuevas tecnologías y la imposición en los mercados de alimentos ultraprocesados son algunas de las herramientas que el capitalismo está usando para imponer este sistema agro-alimentario. Un sistema que está ligado a la mayoría de las enfermedades más frecuentes de las personas, los animales y el planeta.

El extractivismo es otra faceta de este proceso de destrucción y a partir de los relatos concretos de compañeros y compañeras, de campesinos y pueblos indígenas, hemos podido compartir como con la minería a gran escala y a cielo abierto, la extracción de hidrocarburos, la imposición del fracking (fractura hidráulica) y otros megaproyectos se está expulsando a comunidades enteras y se las agrede, violenta y criminaliza frente a la justa resistencia que oponen, único camino que les queda para su supervivencia. Al mismo tiempo las mega-ciudades se han convertido en otro espacio del extractivismo, de la mano de la especulación inmobiliaria, la ocupación irracional del espacio urbano y la brutal utilización de recursos que el modelo de consumo implica.

También hemos podido ver que los llamados “Sistema de salud” son en realidad “Sistemas de enfermedad” donde el foco está puesto en el comercio y la mercantilización y donde el resultado es un sistema que enferma y mata, controlado, también en este caso, por un puñado de corporaciones (muchas de ellas también son corporaciones de agrotóxicos como es el caso de Bayer que hoy está en proceso de adquisición de Monsanto). En ese contexto los medicamentos industriales son, junto a la tecnología médica, una de las principales herramientas para el control de las vidas de nuestros pueblos. Las patentes, la concentración de medicamentos en pocos laboratorios y el uso abusivo de los mismos son todas facetas de una misma problemática.

Un capítulo especial merece el uso indiscriminado de antibióticos tanto en su uso por las personas como en su aplicación en la agricultura y la ganadería que está produciendo el surgimiento de microorganismos resistentes que se están convirtiendo en amenazas cada vez más graves y que muy pronto podrán ser incontrolables en nuestras sociedades.

También hemos podido reconocer en uno de los problemas más graves que afectan a nuestras sociedades, el de la basura, la muestra patente de una sociedad que se ha desentendido de los ciclos vitales y ha perdido el control de su propio metabolismo para convertirse en una generadora de los gérmenes de su propia muerte.

 

¡Nos declaramos en resistencia contra este modelo de muerte!

 

Y por eso las resistencias de los pueblos fumigados, la de los pueblos originarios en sus territorios, el ejemplo de los recicladores, el de las mujeres movilizadas, las luchas contra los transgénicos, contra el fracking y contra la minería son ejemplos que alientan nuestro andar colectivo y solidario.

Pero al mismo tiempo, y porque sabemos hacia donde vamos, hemos compartido una enorme cantidad de saberes, propuestas, búsquedas, ideas, principios y paradigmas que conforman las semillas, diversas y complementarias, del mundo nuevo que está naciendo en nuestro andar.

En ese camino hemos podido reafirmar la necesidad de consolidar como base para nuestro andar la producción de alimentos sanos para pueblos libres. Únicamente la agri-cultura agroecológica de base campesina, diversa, local y en armonía con la naturaleza podrá producir alimentos saludables para nuestros pueblos como lo han venido haciendo a lo largo de los últimos diez mil años. Esos alimentos son los que nos nutren, los que nos vinculan con los otros, los que se enriquecen cada día de la cultura de nuestros ancestros, los que nos sanan, lo que nos hacen comunidad y los que nos permiten seguir dialogando con la naturaleza y generando diversidad.

 

En ese contexto, la Soberanía Alimentaria es la vía, principio y guía para recorrer el camino hacia un mundo sin hambre y que produzca alimentos saludables en armonía con la naturaleza. La Soberanía Alimentaria se expresa en las luchas de todos los pueblos ligados a la tierra que defienden sus territorios, sus bienes naturales, sus semillas y sus sistemas de vida. El único camino es lograr que ese derecho de los pueblos a decidir que cultivar y como hacerlo se instale a nivel global como norma y como práctica irrenunciable.

 

También encontramos en las luchas feministas, en los feminismos populares, en los movimientos contra la violencia contra las mujeres y en el cuestionamiento radical al sistema patriarcal dominante otra de las fuentes de inspiración que nos nutren, nos estimulan a la transformación y nos guían en el camino a una sociedad sin violencias. De estas luchas hemos aprendido que nuestros cuerpos también son nuestros territorios y que defenderlos y cuidarlos es un componente fundamental e integral de los territorios de vida que estamos defendiendo y construyendo. La diversidad es la base de todas las formas de vida y también de las resistencias. Denunciamos y nos solidarizamos contra los feminicidios en todas partes. Vemos como esencial la construcción y la lucha de las mujeres, aprendemos de la sabiduría de las mujeres indígenas y campesinas, reafirmando la necesidad de mantener y fortalecer los cuidados colectivos que todos tenemos que ejercer, de la Tierra y de todos los seres vivos.

 

Así podemos comprender que reparando y sanando los territorios podemos proteger la salud colectiva y garantizar una vida saludable para nuestros pueblos. Y así nos encontramos con la posibilidad concreta de una naturaleza que nos sane, nos nutra y nos permita vivir plenamente. Allí los microorganismos juegan un rol indispensable, por ser los mas viejos y mas numerosos en nuestro planeta, para sostener el balance de la vida promoviendo la diversidad, en su imprescindible contribución a los procesos biológicos esenciales y también en su resistencia a la toxicidad de nuestras medicinas.

 

Muchos de nosotros somos parte de grupos de investigación y educación dentro de universidades y buena parte de estos días los hemos dedicado a debatir sobre nuestro rol, nuestra responsabilidad y nuestros desafíos. A partir de estas conversaciones y nutriéndonos de las luchas por la Reforma Universitaria de Córdoba hace 99 años, nos vemos comprometidos a llegar a los 100 años de esa Reforma asumiendo los desafíos actuales y planteándonos:

- Así como en el año 1918 se planteó que los estudiantes debían tener un rol fundamental en la vida universitaria hoy nos planteamos que el aprendizaje basado y centrado en los pueblos y territorios debe ser el eje que se enarbole y ponga en práctica en la próxima Reforma.

- Nos comprometemos con la Ciencia Digna, ciencia para la vida como camino hacia un modelo de construcción de conocimiento que contemple la diversidad de saberes que habitan en nuestra diversidad de pueblos. Haciendo nuestras las palabras de Andrés Carrasco “Los pueblos latinoamericanos tienen el derecho irrenunciable a desarrollar una ciencia transparente, autónoma y que sirva a sus intereses. Para ello esa ciencia deberá comprometerse con honestidad, teniendo en cuenta que de no hacerlo así, puede violar su compromiso con la verdad, para formar parte de la legitimación que todo desarrollo tecnológico dominante requiere como instrumento de control y colonialismo”.

-Nos comprometemos a continuar investigando los signos y síntomas de la enfermedad que afecta a la Madre Tierra, a profundizar el estudio de los problemas que se presentan local, nacional y regionalmente, a generar evidencias que permitan fortalecer las acciones terapéuticas interactivas con la Madre Tierra, y a la elaboración de la “Guía Terapéutica Interactiva Planetaria”.

-Impulsaremos desde lo local proyectos y acciones de reparación y de sanación que permitan curar las heridas de la Madre Tierra, tales como la propuesta de Ciudades o Pueblos Inteligentes en el Cuidado de los Antibióticos, para cuidar la Vida.

- Frente a la crisis civilizatoria que de modo radical nos interpela en el presente creemos que la Universidad debe asumir un rol activo escuchando a los pueblos y comprometiéndose con los procesos sociales y políticos que ellos han puesto en marcha.

- Como científicas y científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza:

  • Reafirmamos el compromiso de trabajar por una ciencia independiente de las transnacionales, con y para los pueblos, siguiendo el ejemplo de Andrés Carrasco. Denunciamos el intento de los agronegocios por imponer nuevas formas de ingeniería genética, altamente riesgosas, englobadas ahora bajo el nombre de “edición genómica”, con la intención de que éstas lleguen a los mercados sin siquiera pasar por evaluaciones de bioseguridad.

  • Denunciamos el esquema desde empresas y grupos de poder políticos y académico de empujar falsas “soluciones tecnológicas”, para aumentar sus ganancias con su venta y patentamiento, y evitar que se cuestionen las causas de las crisis, sean alimentarias, de salud, ambientales o climáticas.

  • Denunciamos la estrategia de eliminación sistemática de militantes y defensores de nuestros territorios a nivel Global, pero fundamentalmente en América Latina.

  • Denunciamos y rechazamos las estrategias de los Gobiernos al servicio de las corporaciones, que impulsan acciones como el Pacto Minero (en Argentina), las denominadas “Leyes de Semillas” que en realidad son leyes de protección de las corporaciones, la entrega de nuestros territorios al poder económico estableciéndose prácticas de eliminación de pueblos originarios y campesinos.

  • Rechazamos el intento de liberar mosquitos genéticamente manipulados en varios países del continente, así como todas las propuestas de usar, comercializar y liberar animales, insectos y microorganismos manipulados genéticamente. Rechazamos enérgicamente las propuestas de frente a las crisis climáticas, manipular el clima (geoingeniería).

  • Rechazamos el veto a la Ley de Semillas en Ecuador que abre las puertas para la introducción de transgénicos en el país violando la Constitución Nacional que los prohíbe. Exigimos la prohibición total de las fumigaciones con agrotóxicos en todo el continente. Exigimos que las autoridades desistan de mantener políticas que protegen la salud de las corporaciones, a costa de la salud de los pueblos y los territorios.

Todas las tecnologías, y particularmente las nuevas tecnologías, deben ser evaluadas desde la sociedad, con una multiplicidad de visiones y perspectivas, que integren académicos, científicos y otros trabajadores, vecinos y colectivos urbanos y campesinos, ambientalistas, movimientos de mujeres y género, pueblos indígenas, movimientos de salud colectiva y popular y otros. Saludamos la iniciativa de la Red de Evaluación Social de Tecnologías en América Latina, que recoge muchas de las perspectivas de los Congresos Socio Ambientales.

El camino que estamos recorriendo no puede transitarse sin enriquecerse y nutrirse del diálogo con el arte y los saberes ancestrales y es así que los relatos, la música, la danza, el teatro, las experiencias vivenciales nos enriquecen y nutren, son otras formas de expresar las historias de resistencia por la vida; historias de amor, libertad y esperanza que esperan ser contadas.

Vivimos en un mundo, invadido por las Corporaciones… Un mundo en el que sin embargo aún es posible construir resistencias saludables, desde los encuentros y diálogos que nacen del respeto a la diversidad, a los procesos cooperativos, propios de los pueblos que supieron darse el tiempo necesario para cuidar y domesticar las semillas, que permitieron las siembras vitales.

Esas siembras emancipatorias que, habilitaron a los pueblos a encarnar y hacer realidad el sueño de cosechar futuros soberanos para todos, en territorios saludables…

Podemos asumir el desafío de reconstruir nuestros territorios, a partir de recuperar una praxis capaz de reconocer el valor de la Diversidad y el Tiempo como dimensiones esenciales para hacer florecer una nueva Política, de los Encuentros, de lo Colectivo, la Cooperación, la Humildad, la Solidaridad, que ponga freno al extractivismo que se nos impuso, priorizando la Salud de la Madre Tierra por sobre la de las corporaciones.

Durante esta semana nos hemos nutrido de experiencias, vivencias, afectos y compromisos, proyectos y propuestas, salud y alimentos saludables y reafirmamos nuestro compromiso de sanar el planeta para recuperar el flujo de la vida y de seguir caminando con la palabra, la acción, la memoria y el saber de nuestros pueblos y científicos el compromiso con la vida y el Buen vivir construyendo juntos una sociedad justa, solidaria, saludable y esperanzadora.

madretierraunasolasalud@gmail.com

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