Qué Mundo

Mayo 2017

Sin la conciliación con el capitalismo que modelan progresistas e izquierdistas menospreciando las disputas de territorios.

 

 

 

 

SITUACIÓN/ CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Recordemos que Evo Morales y Álvaro García Linera pertenecen a un partido de izquierda y gobiernan por la lucha de abajo, sobre todo, pueblos originarios contra el neoliberalismo. Sin embargo:

 

 

Evo y los empresarios pactan una "alianza productiva" para alimentar al pueblo

El giro agroindustrial del “proceso de cambio”
 

10 de febrero de 2011

SENA-Fobomade *

 El gobierno boliviano y el empresariado agroindustrial consolidaron una “alianza productiva” y comenzaron a diseñar un plan estratégico conjunto para garantizar el abastecimiento de alimentos en el mercado interno, y al mismo tiempo aumentar las exportaciones agrícolas, en un intento de aprovechar la crisis alimentaria global como una “oportunidad” de negocio.

Al cumplir su primer año de gestión como Presidente del Estado Plurinacional el 22 de enero de 2010, Evo Morales propuso articular una alianza con todos los productores del país con el objetivo de tomar medidas frente a las inundaciones, sequías y otros efectos del cambio climático, y delinear una estrategia que garantice la seguridad alimentaria nacional.

“Hay culpables (las naciones ricas), cómplices y víctimas de la crisis alimentaria”, comentó el Presidente Morales, pero afirmó que su gobierno no esperará a que los países industrializados cambien sus políticas de desarrollo sino que fomentará la producción local de alimentos.

La nueva Constitución Política del Estado establece que los medianos y pequeños productores son el sostén de la seguridad y soberanía alimentaria del país, pero Morales prefirió pactar la alianza productiva con el empresariado agroindustrial.

El Presidente se reunió primero con los agroindustriales de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Santa Cruz (Cainco), y con ellos comenzó a organizar la alianza productiva el 19 de enero en Palacio Quemado, relegando a los pequeños cultivadores indígenas y campesinos a un segundo plano.

Morales escuchó las sugerencias de productores de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y de la Confederación Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu (Conamaq), pero poco tiempo después conformó con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) el primer “Consejo Consultivo” público-privado encargado de “fortalecer” las políticas de desarrollo económico y resolver los problemas alimentarios.

“Se ha creado un consejo que va a empezar a resolver los problemas del día a día, como el de la planificación, para evitar problemas como la escasez de azúcar y otro tipo de problemas que eventualmente se podrían presentar… Estamos construyendo soluciones, estamos generando temas de inversión para que podamos generar más empleo”, informó el presidente de la CEPB Daniel Sánchez luego de reunirse con el Presidente, junto a una veintena de empresarios.

El dirigente del gremio patronal aseguró que los empresarios de la Cainco, de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), y la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) “están también con el Presidente tratando de solucionar los problemas” que afectan a la población boliviana. Según los empresarios, Morales está muy preocupado por la crisis alimentaria y por el cada vez mayor peso de las importaciones agrícolas.

Las importaciones agroindustriales se incrementaron durante los últimos años hasta alcanzar las 871.328 toneladas en 2007, cifra que casi se compara con el nivel más alto de los tiempos neoliberales de Hugo Banzer Suárez (2000), cuando se importaron 893.218 toneladas. Es tal la carencia de alimentos que el gobierno se vio obligado a comprar 90 mil toneladas de carne al régimen golpista hondureño, y comenzó a importar azúcar de Brasil y Colombia.

Morales se declaró satisfecho por la “sinceridad y confianza” expresadas por los empresarios y anticipó que los objetivos prioritarios de la alianza productiva son asegurar respaldo financiero y revisar la legislación agraria, especialmente los alcances de la Función Económica Social (FES) de la tierra. De esta forma, el Presidente dejó en manos de los sectores privados la seguridad alimentaria del país y dio un giro a la política agraria de su gobierno.

Uno de los objetivos de la Revolución Agropecuaria y Forestal impulsada por el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente desde 2007 era construir un patrón de desarrollo agrario con base en la “soberanía alimentaria” y asentada en sistemas de producción agrícola comunitario, asociativo e individual, para que Bolivia deje de depender de las importaciones y más bien fortalezca “el rol de la agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base comunitaria”.

El Artículo 406 de la Constitución indica que “El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables”. Añade que “El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva”.

La flamante ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural Ana Teresa Morales reconoció que los pequeños productores fueron los menos favorecidos por el Estado. “El equilibrio en los eslabones es básico para desarrollar las cadenas productivas, porque no puede ser que se impulse solamente los eslabones grandes y los pequeños sigan sometidos a los mayores índices de pobreza; no puede haber crecimiento productivo sin equidad, ese es un principio de nuestro Gobierno”, comentó y prometió diseñar una estrategia de “salvataje” de la economía popular, optimizando los incentivos estatales en el aparato productivo de alimentos, fundamentalmente del pequeño productor urbano y/o rural.

Pero, ¿quiénes controlan la producción alimentaria en el país? Un reciente informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla-“Soberanía Alimentaria en Bolivia entre el discurso y la realidad”, noviembre 2010) revela que en la gestión 2008/2009 la producción capitalista en Bolivia incrementó la concentración de superficie cultivada para llegar a 82,5% y los volúmenes de producción hasta 82,3%. Este incremento, si bien obedece a una modificación en los hábitos alimenticios de los bolivianos, refleja una cada vez menor importancia de la producción campesina.

A fines del siglo XX, las pequeñas unidades agrícolas aportaban el 80% en la provisión de alimentos. Los campesinos sostenían el 50% de la producción no industrial de trigo, arroz y maíz, pero estos niveles fueron disminuyendo en el gobierno indígena de Evo Morales. Con estos datos se infiere que la convocatoria a conformar una alianza estratégica no se dirige a los pequeños cultivadores, sino a los grandes productores capitalistas, más propiamente al poderoso sector agroindustrial de Santa Cruz que concentra la producción agrícola, y que controla, junto a la burguesía de Beni, más del 80% de la producción de carne bovina.

La propuesta del agronegocio

Los empresarios afirman que la escasez y la especulación es la factura que paga el Presidente por haber confrontado al sector productivo y a los inversionistas privados. El presidente de Anapo Demetrio Pérez recordó que en este último tiempo no hubo comunicación con su gremio, “no sabemos las razones del porqué; según nos dijeron, tenían otra agenda u otra prioridad”.

El vicepresidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) Cristian Satori criticó la falta de apoyo del gobierno, alertó que los productores nacionales están desincentivados por la inseguridad jurídica, y dijo que a consecuencia de los fenómenos naturales la oferta de carne se verá reducida, sin descartar un incremento de precios en los próximos meses. El consumo interno de carne es de aproximadamente 180 mil toneladas y la oferta para 2011 será de 170 mil toneladas.

En un Foro celebrado en 2008 en La Paz, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) advirtió sobre las serias consecuencias de una crisis alimentaria a nivel mundial que afectaría a Bolivia, y aconsejó al gobierno que no tome decisiones “reactivas” y “cortoplacistas” (prohibiciones de exportación, establecimiento de cupos, licencias previas y control de precios internos), sino medidas inteligentes y “proactivas” que no solo garanticen el abastecimiento interno, sino que generen saldos exportables.

El IBCE, un “tanque de ideas” que defiende los intereses de la burguesía agroindustrial, señala que desde 2007 el gobierno aprobó más de 13 decretos supremos para restringir las exportaciones de carne de pollo, aceite de soya y girasol, maíz, trigo y otros productos.

El representante de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) en Bolivia Gonzalo Flores comentó que las restricciones a las exportaciones, el control de precios y la intromisión del Estado en la producción de aceite “generaron un efecto boomerang” que desincentivó la producción de alimentos en el país.

“Los productores de maíz, de arroz y otros granos fueron desincentivados porque plantaban con una expectativa de rentabilidad, sabían que podían exportar una parte de lo que producían, pero al no poder exportar hacen un uso alternativo de su dinero y lo colocan en otros rubros, principalmente construcción de bienes inmuebles”, declaró Flores al diario La Razón.

El IBCE identificó tres condiciones clave para fomentar la producción de alimentos en el país: a) Seguridad jurídica para la tierra y las inversiones en el agro; b) Eliminar las fijaciones de precios y las restricciones a la exportación; c) Mecanización, riego y uso de la biotecnología para enfrentar de mejor forma el cambio climático y aumentar la productividad.

Los agricultores empresariales dicen que limitaron sus inversiones debido a la inseguridad jurídica que existe en el país, como por ejemplo el cumplimiento de la FES para las tierras productivas, condicionalidad establecida por la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). “La FES está aprobada por dos años, pero un financiamiento se produce para entre ocho y diez años”, argumentaron.

Los industriales están presionando para que se modifique la legislación agraria. El Presidente de Anapo pidió al gobierno que “flexibilice” la normativa de reversión de tierras por causal de desmontes ilegales, y permita la expansión de la frontera agrícola. “Algunos productores desmontaron áreas para sembrar más pero han sido declarados ilegales; nosotros pedimos flexibilizar las normas para, de alguna manera, regularizar ese desmonte y no recortar la producción”. Pérez aclaró que no se trata de “deforestar”, sino de aprovechar racionalmente el suelo para cultivar alimentos.

Según el dirigente empresarial, antes de aplicar la letra muerta de la ley que manda revertir propiedades y concesiones forestales cambiadas a usos agrícolas sin consentimiento legal, primero se debería realizar un estudio técnico y científico, y distinguir zonas con alto potencial para el cultivo de alimentos.

En Bolivia hay 15 millones de hectáreas aptas para cultivos agrícolas, pero se cultivan menos de 3 millones; deberíamos aprovechar la nueva realidad mundial y dedicarnos a producir más alimentos (oleaginosas, cereales, carnes) no solo para garantizar su propio abastecimiento, sino para generar saldos exportables y con ello crear empleos, ingresos y soberanía alimentaria, plantean los empresarios.

“El mundo tiene hambre y Bolivia puede ayudar al mundo a producir más alimentos, generando para sí soberanía alimentaria y más empleos”, fue la principal conclusión del Foro Crisis Alimentaria Mundial: Oportunidades y Desafíos, organizado por el IBCE en 2008, donde se abrió la posibilidad de convertir la “amenaza” de la crisis alimentaria en una “oportunidad” para Bolivia.

El IBCE advirtió que no se podrá resolver la crisis alimentaria sin el uso de biotecnología para mejorar rendimientos, combatir plagas y enfrentar los impactos del cambio climático. Aseguró que para Bolivia es insuficiente el concepto de “seguridad alimentaria”, el cual puede ser una trampa porque puede alentar las donaciones e importaciones, como ocurrió con el trigo y la harina de trigo que convirtieron a Bolivia en un país dependiente del abastecimiento externo.

Evo cumple con los agroindustriales

El incremento del precio de los carburantes fue el anticipo de lo que en realidad quiso decir el Presidente hace cinco años cuando afirmó que “gobernar es hacer buenos negocios”. Con el fallido gasolinazo de Navidad, Evo “cambió” el rumbo del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, y ahora pacta con el agronegocio y desvía el proceso de reconducción comunitaria de la reforma agraria.

“Mandar obedeciendo al pueblo” es la consigna central de las gigantografías oficialistas que proliferan en todas las ciudades capitales del país; mientras el Ejecutivo mima a los empresarios y apuntala en silencio a la agroindustria exportadora. La ministra Morales resaltó que “si alguien merece un reconocimiento importante y serio es el empresariado que logra el propósito de exportar”. Y como muestra de su reconocimiento otorgó el Premio Bolivia Exportadora 2010 a más de 50 exportadores que generan valor agregado, empleos e ingresos para la economía nacional.

El gobierno reconoció a los empresarios que exportaron aparatos para silvicultura y procesamiento de carnes, aspersores y goteros para sistemas de riego, quinua orgánica roja, manjar blanco o dulce de leche, granos aplastados y copos de avena, estevia procesada y vinagres para mesa. Entre las empresas y emprendimientos reconocidos figuran la Empresa Metalúrgica Vinto, Exportadores Bolivianos SRL, Compañía de Productos de Camélidos. (Coproca), Asociación de Productores de Quinua (Apquisa), Creaciones Paola, Boliviana de Aviación (BOA), Albergue Ecoturístico Comunitario Pampalarama, entre otros. También destacan la Empresa Boliviana de Almendras y Derivados (EBA) e Insumos Bolivia, ambas pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

“Las políticas públicas de nuestro gobierno aunque no hayan sido ideales, se han esforzado seriamente en el proceso de promover las exportaciones. Si en ese afán no hemos sido perfectos aquí estamos para servirles y para perfeccionar cualquier mecanismo de política pública, porque el exportador debe ser un actor privilegiado en nuestra economía”, proclamó Morales luego de destacar el esfuerzo quijotesco de los exportadores.

La ministra Morales presentó además una “Guía para la Exportación” que facilita el desarrollo de actividades productivo-exportadoras proporcionado conceptos, normas y regímenes en la materia, requisitos y procedimientos de exportación, condiciones y preferencias en cuanto a desgravación arancelaria en los mercados externos y otra información necesaria.

La vieja consigna neoliberal de “exportar o morir” empieza a sonar fuerte en Palacio de Gobierno. Hace exactamente un año Evo prohibía la exportación de alimentos básicos; hoy su gobierno acelera la construcción de caminos, puentes y corredores biocéanicos contemplados por la IIRSA con el fin de fomentar las exportaciones agroindustriales y petroleras.

El gobernante indígena tiene un nuevo lema: “Tenemos que buscar los caminos más adecuados para superar la crisis alimentaria que abate al mundo, y que puede convertirse en una oportunidad para Bolivia y otras naciones poseedoras de recursos naturales para que se conviertan en abastecedoras de alimentos”.

 

El gobierno coincide plenamente con los empresarios que piden ampliar la frontera agrícola para “garantizar alimentos para el pueblo”. “Hay que producir más de lo que se produce ahora, en este momento la capacidad productora del sector privado solamente satisface los lujos temporales de la población y no sirve para la acumulación y el almacenamiento de alimentos”, dijo el ministro de Economía Luis Arce

 

Para incentivar la producción agrícola, el Estado comprará arroz, maíz y trigo pagando 10% más que el precio de mercado y garantizará el seguro agrícola para todos los sectores productivos, incluidos los grandes empresarios del agronegocio.

El gobierno parece dispuesto, inclusive, a autorizar el cultivo de transgénicos resistentes a plagas, enfermedades y anomalías climáticas. “El hecho de que el gobierno haya expresado su disposición a considerar y analizar el tema de la biotecnología para su aplicación al proceso productivo es un avance importante”, destacó el presidente de la Cainco Eduardo Paz.

La Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en 2007 señalaba claramente en su Artículo 408 que “se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos”, pero la Carta Magna aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el presidente Evo Morales en 2009 abre la posibilidad de que en el país se pueda recurrir a los transgénicos. El Artículo 409 señala: “la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”.

 

En síntesis, el nuevo plan gubernamental ya no es garantizar la soberanía alimentaria sino la “seguridad” alimentaria; promocionar las exportaciones y los transgénicos; y sobre todo asegurar líneas de crédito diferenciado del Estado y de la banca privada. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) abrió la posibilidad de otorgar hasta 4 mil millones de dólares en créditos de fomento a varios proyectos productivos estatales y privados, entre ellos los enclaves agroexportadores.

 

El Vicepresidente García Linera se reunió esta semana con dirigentes de la CEPB en La Paz, y prometió un retorno “rápido y seguro” y una alta rentabilidad a los empresarios que inviertan en agricultura, hidrocarburos, minería, electricidad y carreteras.

 

García Linera reveló que el Estado tiene previsto invertir 5.000 millones de dólares hasta 2013, y “esto tiene que ser aprovechado como una gran oportunidad para el sector privado mediado, pequeño, grande”. Propuso a la CEPB conformar un “ensamblaje virtuoso entre Estado e inversión privada boliviana para transformar industriosamente nuestra economía”, y subrayó que la Constitución garantiza una convivencia armónica entre el Estado y el capital privado nacional y extranjero.

El giro pro empresarial del “gobierno del cambio” ha sido criticado por antiguos colaboradores de Evo, entre ellos el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, quien acusó al régimen de otorgar millonarios beneficios a las transnacionales petroleras.

“Lo grave es no haber salido del capitalismo dependiente, de un Estado periférico subordinado, de una economía extractivista destinada a satisfacer la demanda del mercado internacional; estamos lejos, muy lejos, de ingresar a un modelo productivo y producente de un modelo alternativo; estamos lejos de una articulación integrada de la economía plural, que se encamine a la economía social y comunitaria…”, observó el ex viceministro de Planificación e ideólogo del proceso de cambio Raúl Prada.

El ex vocero presidencial Alex Contreras dijo que el Presidente gobierna obedeciendo a los agroindustriales, a las transnacionales y a los contrabandistas que lucran con los alimentos básicos. “Gobernar obedeciendo al pueblo es un simple eslogan que nadie ya cree porque el gobierno perdió credibilidad”, lamentó.

Para muchos economistas está claro que en el país continúan imperando el neoliberalismo y los privilegios de los grandes empresarios que vivieron su mayor auge en el período “neoliberal” iniciado en 1985, cuando el presidente Víctor Paz Estenssoro dijo con voz cansada “Bolivia se nos muere”.

En una entrevista con la red Erbol, el jefe de Investigaciones del CEDLA Enrique Ormachea comentó que “si el gobierno no cambia la política neoliberal, los empresarios van a hacer lo que quieren (y) van a querer ajustar sus precios al mercado internacional; no hay capitalistas que quieran ganar menos; no producen por patriotismo, sino para ganar plata…”.

* Boletín N. 89 del Servicio de Noticias Ambientales (SENA) del Fobomade.

 Fuente: http://www.bolpress.com/?Cod=2011021004

 

 

 

Observemos porqué, como los otros gobiernos progresistas, confronta con los movimientos sociales que le dieron origen.

 

 

 

Bolivia: La resistencia a las mega represas sigue creciendo
22 de marzo de 2017

 

"Pablo Solón sostiene que alrededor de 4 000 habitantes de las comunidades indígenas amazónicas (incluyendo Tsimanes, Tacanas, Mosetenes y Uchupiamonas), que han dependido del río Beni y del bosque circundante para subsistir por generaciones, serán desplazados directa o indirectamente".

“En noviembre pasado, representantes de 17 comunidades indígenas realizaron una vigilia en la zona de El Chepete y El Bala, en la región amazónica de Bolivia, donde el presidente Evo Morales planea construir sendas presas; al día de hoy su lucha continua.”

Los manifestantes bloquearon el acceso al sitio a Geodata, la firma italiana contratada por el gobierno para estudiar la viabilidad de las represas. Doce días más tarde, los ingenieros de la empresa retiraron su equipo, anunciando que: "si no hay consenso con la comunidad, no existen condiciones adecuadas para trabajar".

El episodio representa una pequeña pero importante victoria para los grupos indígenas, activistas ambientales y organizaciones de la sociedad civil, que han resistido la construcción de las represas durante varios años.

También plantea al menos un desafío simbólico, al objetivo declarado del presidente Evo Morales, de convertir a Bolivia en la primera potencia energética de América del Sur, principalmente a través de la producción y exportación de hidroelectricidad.

Argumentos del gobierno:

Las dos represas se ubicarían al norte de la capital, La Paz, en el río Beni, que divide los departamentos de La Paz y Beni. Con una capacidad combinada de generar 3700 mw (megavatios) de electricidad, Chepete / El Bala sería la mayor fuente hidroeléctrica de Bolivia y uno de los proyectos más significativos de la región.

Dado que Bolivia ya tiene la capacidad de producir la electricidad que necesita para uso doméstico, la energía generada por las nuevas represas se utilizará casi exclusivamente para la exportación, principalmente a Brasil y Argentina.

Aunque no se ha encargado ningún estudio formal de impacto ambiental, los críticos dicen que el proyecto tendrá consecuencias sociales y ambientales devastadoras. Con la disminución de las reservas de gas y la caída de los precios de los hidrocarburos, el gobierno argumenta que Bolivia debe cambiar su matriz energética, no sólo para generar fuentes de energía más limpias, sino para desarrollar productos de exportación alternativos, con los que asegurar su futuro económico.

En contra:

Pablo Solón, ex embajador en la ONU, negociador del Cambio Climático para el gobierno de Morales y principal oponente al proyecto, dice que las presas inundarán un área mayor que la ciudad de La Paz, creando el segundo lago más grande de Bolivia, después del Titicaca. Solón sostiene que alrededor de 4 000 habitantes de las comunidades indígenas amazónicas (incluyendo Tsimanes, Tacanas, Mosetenes y Uchupiamonas), que han dependido del río Beni y del bosque circundante para subsistir por generaciones, serán desplazados directa o indirectamente.

Además, la zona afectada incluye porciones de los Parques Nacionales Pilón Largas y Madidi, donde viven miles de especies raras de plantas y animales y una de las regiones con mayor índice de biodiversidad del mundo.

Según Solón, la deforestación causada por las presas liberará enormes cantidades de gases de efecto invernadero y metano tóxicos, acelerando los desequilibrios ambientales y los impactos negativos del cambio climático no sólo en Bolivia, sino en toda la región.

Servindi

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Bolivia_La_resistencia_a_las_mega_represas_sigue_creciendo

En consecuencia, las luchas abajo siguen consecuentes contra el avasallamiento de derechos y en defensa de la Madre Tierra porque una de las consecuencias gravísimas es:

 

La enfermedad como sistema

27 de abril de 2017

No son enfermedades “individuales”, aunque para cada persona o familia que las sufre, es una tragedia personal, que se agrega a otras formas de violencia que sufrimos. Pero son en realidad temas de salud pública, son los impactos de un modelo económico y político que conlleva la devastación ambiental impune, para mantener las ganancias de unas cuantas transnacionales, sean de agronegocios, mineras, petroleras u otras."

“No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública… cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva”. Es una frase de Andrés Carrasco, médico e investigador argentino (fallecido en 2014). Con esta frase comenzó su charla, ahora retomándolo, Damián Verzeñassi, médico y docente de la Universidad de Rosario, Argentina.

 

Carrasco estuvo en la cumbre de la carrera como investigador y académico, llegó incluso a ser presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en su país, pero optó por no servir al poder ni al orden establecido y desde allí empezaron a acosarlo. No comenzó como revolucionario, sencillamente se dio cuenta que los niños, hombres y mujeres a las orillas de los campos de soya transgénica sufrían mucho más enfermedades y muertes por cáncer, abortos espontáneos, bebés con deformaciones de nacimiento. Se puso a investigar y en el Laboratorio de Embriología de la Universidad de Buenos Aires que dirigía, demostró que el glifosato, componente principal del agrotóxico al que es tolerante la soya transgénica de Monsanto, provocaba deformaciones en invertebrados, incluso en dosis bajas, a disoluciones muy altas. Cuando su equipo y él tuvieron suficiente evidencia de la gravedad del veneno, salió a compartir la información con la gente más afectada y a denunciarlo en la prensa. No se lo perdonaron. Fue el único “error” que le pudieron endilgar. No haber publicado primero sus datos en una revista científica arbitrada, que supuestamente les daría validez. La publicación científica con sus datos ocurrió, pero después. Carrasco no podía ni quería esperar, se debía a la gente. En 2015 la Organización Mundial de la Salud, declaró que el glifosato es cancerígeno.

 

Damián Verzeñassi, médico y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, Argentina, recogió el ejemplo de Carrasco, así como lo hicieron también otros médicos que ahora se llaman “Médicos de pueblos fumigados” en la Argentina. Igualmente a Damián lo persiguen por hacer bien su trabajo, por conminar a los médicos que se están formando a cumplir un rol social, a ver la salud en la integralidad del sistema socio-económico en que está inmersa.

 

En noviembre de 2016, Damián estaba invitado a participar en varias actividades en México, pero tuvo que suspender su viaje, porque despidieron a parte de su equipo docente ( a él no pudieron) y le “secuestraron” los miles de archivos de su trabajo, que son una radiografía innegable de los impactos de la siembra de transgénicos en su región. En la conferencia que finalmente pudo dar en la UNAM, comenzó con un panorama de dónde estamos gracias a la devastación ambiental y el impacto en la salud del sistema industrial.

Mientras que las principales causas de muerte a nivel global son enfermedades no trasmisibles –o sea no infecciosas– crece el porcentaje de los habitantes con problemas respiratorios –en ciudades por contaminación y en campo por agrotóxicos- y los millones de muertes prematuras por contaminación aérea. Siete de cada diez mujeres tienen residuos de químicos, principalmente agrotóxicos, en la leche materna. Enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer están entre las primeras causas de muerte (llamadas “no violentas”) en todos los países, y están directamente ligadas al modo de producción y consumo industrial.

No son enfermedades “individuales”, aunque para cada persona o familia que las sufre, es una tragedia personal, que se agrega a otras formas de violencia que sufrimos. Pero son en realidad temas de salud pública, son los impactos de un modelo económico y político que conlleva la devastación ambiental impune, para mantener las ganancias de unas cuantas transnacionales, sean de agronegocios, mineras, petroleras u otras.

Ante esta realidad, Damián Verzeñassi pensó cómo hacer para que los médicos salieran de sus recintos universitarios, que fueran a ver como son de verdad los problemas de la gente y sobre todo, a aprender a trabajar con y para las comunidades. Siendo el responsable del examen final para obtener el título de medicina, organizó el examen en “campamentos sanitarios” en poblaciones de menos de 10,000 habitantes. Allí se trasladan tanto docentes como estudiantes ya al término de su carrera, se instalan en la comunidad durante una semana o más, y caminan preguntando casa por casa qué problemas de salud tienen, en preguntas tanto abiertas como cerradas. También evalúan, con consentimiento parental, a los niños en las escuelas.

Pero no se trata sólo de juntar datos y hacer estadísticas. El desafío es hacer un mapa colectivo con toda la información y devolverla a las familias y a la comunidad, de tal modo que todos y todas, vecinos y docentes, entiendan. Los que allí viven, al ver la frecuencia y patrones de las enfermedades, saben qué las causa, quiénes han estado más expuestos y por qué, etc. Saber que no están solos y poder ver las causas, es una herramienta invaluable para poder actuar y defenderse.

Hace cuatro años que iniciaron y muchos municipios les piden que los campamentos se hagan en sus localidades. Actualmente han realizado 28 campamentos, en 4 provincias, relevando a 96. 874 personas.

 

Se revela entonces algo más: las cuatro provincias en que han trabajado están en uno de los centros de mayor intensidad de siembra de transgénicos, principalmente soya con glifosato. En Argentina, el área de producción agrícola con transgénicos aumentó 50 por ciento, pero en el mismo período, el uso de agrotóxicos aumentó 848 por ciento. Y los datos de los campamentos sanitarios, comprueban lo que señalaba Andrés Carrasco: encontraron una frecuencia de cáncer de casi el doble que la media del resto del país.

Una de las preguntas que le hicieron a Damián en la UNAM fue quiénes se oponían o resistían a estas actividades en la Universidad. Contestó de que antes de que reaccionaran las autoridades de la Universidad de Rosario, seguramente “presionadas” por las trasnacionales de transgénicos para que terminaran los campamentos, los que primero se resistieron fueron los estudiantes, que reclamaban su derecho a hacer examen en un aula, no en el campo ni con la gente común. Y aunque espera que para muchos de esos nuevos médicos la experiencia les haya cambiado la vida, en realidad por ahora son pocos los que han tomado el desafío de seguir haciendo epidemiología popular.

 

Estando en México, también tuvo oportunidad de reunirse y trabajar con más de un centenar de delegadas y delegados del Movimiento Urbano Popular y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), que llegaron de la ciudad de México y varias otras partes a escuchar la experiencia y trasmitir la situación que viven. La devastación ambiental y los impactos en la salud en México son de una vastedad y alcance, que el intercambio apenas comenzó y ya abrió nuevas profundidades. Pero seguirá, tanto con la ANAA, como con la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Red de Evaluación de Social de Tecnologías en América Latina (Red TECLA, quienes lo invitaron).

 

Junto a los campamentos sanitarios, Damián también inició otro evento que ha ido creciendo y trascendiendo fronteras: los Congresos Socioambientales, que han sido un punto de encuentro nacional y regional de luchas ambientales, sociales y por la salud. Este año, junto con organizaciones nacionales e internacionales, convocan el Encuentro Madre Tierra, una sola salud del 12 al 16 de junio en Rosario, Argentina. Será otro momento de seguir entendiendo lo que nos enferma y construyendo salud para la resistencia.

+Periodista y activista uruguaya, directora para América Latina del Grupo ETC, con sede en México.

Desinformémonos

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/La_enfermedad_como_sistema

 

 

 

Analicemos qué Javier Biardeau nos propone para:

 

 

 

Reconstruir el legado político-ideológico de

Hugo Chávez en el marco del debate sobre el postprogresismo.
PARTE – I

 

Javier Biardeau R.
-
¿Y por qué escribes artículos tan largos? –Amigos y amigas, porqué el hábito de la lectura es la única estrategia para dejar atrás a la “tierra del no-pensamiento”.
Anónimo
Quien dice unión económica, dice unión política. El pueblo que compra manda, el pueblo que vende sirve; hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad; el pueblo que quiere morir, vende a un solo pueblo, y el que quiere salvarse vende a más de uno. El influjo excesivo de un país con el comercio de otro se convierte en influjo político. La política es obra de los hombres, que rinden sus sentimientos al interés, o sacrifican al
interés una parte de esos sentimientos. Cuando un pueblo fuerte da de comer a otro se hace servir de él. Cuando un pueblo fuerte quiere dar batalla a otro, compele a la alianza y al servicio a los que necesitan de él. El pueblo que quiera ser libre, sea libre en negocios. Distribuya sus negocios entre otros países igualmente fuertes. Si ha de preferir a alguno, prefiera al que lo necesite menos. Ni uniones de América contra Europa ni con Europa contra un pueblo de América. El caso geográfico de vivir juntos en América no obliga sino en la mente de algún candidato o algún bachiller a unión política. El comercio va por las vertientes de tierra y agua y detrás de quien tiene algo que cambiar por él, sea monarquía o república. La unión con el mundo, y no con una parte de él; no con una parte de él contra otra. Si algún oficio tiene la familia de repúblicas de América, no es el de ir de arria de una de ellas contra las repúblicas futuras”.

José Martí


1.- INTRODUCCIÓN:
Llama poderosamente la atención la superficialidad con que se vienen despachando los debates sobre el “legado político-ideológico” de Chávez.
Más aún si existe un intenso debate sobre el post-progresismo en Nuestra América, que está afectando los dispositivos de enunciación del campo de las izquierdas.

La premisa para no profundizar en tal debate, es que no tendría relación directa o inmediata con cuestiones estratégicas, tácticas, métodos de dirección del gobierno y de los partidos, con políticas públicas subsumidas tanto al llamado Plan de la Patria así como con las reflexiones auto-críticas de Chávez en el llamado “Golpe de Timón”. Por supuesto, es más fácil enterrar la complejidad de un debate abierto y truncado sobre el horizonte socialista en el siglo XXI, dado el fallecimiento de su principal promotor, que asumir cada una de las inquietantes cuestiones que fueron abiertas por Hugo Chávez. Entre estas cuestiones quisiéramos plantear una que en particular ha animado nuestras indagaciones más recientes. Para Chávez el imaginario socialista:

 

“No puede ser el tipo de Socialismo que vimos en la Unión Soviética, sino el
que emergerá al desarrollar nuevos sistemas construidos sobre la base de
la cooperación, no de la competencia”. (Foro social Mundial-2005)
“Debemos superar el capitalismo. Pero no podemos recurrir al capitalismo
de estado, porque caeríamos en la misma perversión de la Unión Soviética.
Debemos reclamar el socialismo como una tesis, un proyecto, un sendero,
pero un nuevo tipo de socialismo, humanista, que sitúe a los humanos y no
a las máquinas o al Estado en la cabeza de todo”.

 

Nuestra tesis es que “des-dibujar” el legado ideológico-político de Chávez explica el “extravío” de la visión del desarrollo humano y de la estrategia para alcanzarlo en los últimos cuatro años (y no sólo por el declive de los precios del petróleo, por el sabotaje económico, o por el tiempo de las “vacas flacas”).
Más que ocaso del “chavismo” tenemos un “chavismo” desorientado, como un barco a la deriva, que rehúye la pertinencia de la “práctica y profundización teórica” como momento inherente al despliegue de su praxis política.
Insistimos. Se ha perdido la brújula y el rumbo se ha extraviado bajo múltiples pretextos de coyuntura (y bajo la generalizada actitud del empirismo y el pragmatismo), en especial se ha abusado del expediente de la “guerra económica”, pretexto que ha invadido tóxicamente la capacidad de pensar “crítica y creativamente” en profundidad sobre las causas y condiciones (estructurales, coyunturales y situacionales) de una auténtica crisis orgánica con diferente intensidad, duración y profundidad en cada una de las esferas y campos de la vida social del país.

2.- CUESTIONES DE METODO SOBRE LA CRISIS SOCIO-ECONÓMICA:
Sobre este último aspecto, quisiéramos señalar de modo muy sintético y aproximado que la actual crisis en la dinámica económica venezolana no puede explicarse unilateralmente desde variables de coyuntura nacional, atribuidas exclusivamente a las acciones de presión o sabotaje económico
de las fuerzas adversarias del proceso bolivariano, sino que remite a la superposición-combinación de varios ordenes de determinación y condicionamiento.
Los analistas implicados en el proceso bolivariano podrían revisar en el citado texto de Carlos Altamirano “Dialéctica de una Derrota” (caso de Chile
(1970-1973)), en particular su capítulo once (11): “Los problemas económicos de la transición al Socialismo”, para pasar a comprender
metodológicamente las razones por las cuales una situación análoga no puede explicarse unilateralmente por el expediente de acciones de:
1) La “Guerra Económica”, cuya responsabilidad recaería en las fuerzas
2) El “fracaso del modelo de Chávez” o los “errores de política del gobierno”,
cuya responsabilidad recaería en la conducción del gobierno y del PSUV.
Ambas explicaciones pecan de unilateralidad y constituyen aspectos parciales de una explicación que requiere ser mucho más comprehensiva.Se trata de una trama de condiciones y determinaciones mucho más densas que responden a la historicidad propia de la formación socioeconómica venezolana, a sus patrones de dependencia y sus marcos de regulación político-institucional:

 

1) En primer lugar, la no superación de un patrón de acumulación rentista, de una estructura económica marcada por malformaciones heredadas de larga data, con su correspondiente modo de articulación internacional completamente dependiente de los centros dominantes de la economía mundial capitalista, auténtico obstáculo a un modelo de desarrollo nacional basado en un proyecto de “autoafirmación soberana” y de “liberación social”, reseñando por diversos economistas críticos a lo largo del proceso de modernización refleja, trunco y dependiente venezolano, desde mucho antes que se imaginara la existencia del movimiento liderado por Hugo Chávez;

2) En segundo lugar, una nueva coyuntura internacional que emerge desde el año 2009 aproximadamente, denominada genéricamente como “crisis del capitalismo”, de declive del crecimiento de las economías de los países centrales, así como de las llamadas economías emergentes, que ha replanteado la significación del potencial de crecimiento (y del desarrollo) para los países de América Latina y el Caribe, en particular, para una Venezuela basada prioritariamente en la exportación de energía, es decir, de “comodities” en función de captar divisas, e intentar apalancar desde éstas las funciones de producción, la diversificación e integración productiva, el aumento de los niveles de actividad económica y
productividad, el empleo, el ingreso y el consumo en el mercado interno (esto puede analizarse en diversos documentos, por ejemplo, de la CEPAL).

 

3) En tercer lugar, una conjunto de medidas de presión internacional, de sabotaje y contrabando económico que conforman el cuadro de lo que ha dado en llamarse como “guerra económica”, que también responden a la naturaleza de la dirección de la economía venezolana y de la función de hegemonía concentrada en sectores oligopólicos nacionales, conjuntamente con la gravitación del capital internacional sobre nuestra política y sus centros de decisión, en el contexto, reiteramos, de la lucha por la hegemonía económica entre grupos, sectores, fracciones y clases organizados social y políticamente en “bloques de fuerzas y de poder”.

4) En cuarto lugar, los errores de política económica, conjuntamente con la consolidación de una trama de “intereses creados” que obtienen ventajas políticas y plusvalías extraordinarias con el mantenimiento del actual cuadro de política.
Este cuarto aspecto trata tanto de: a) la débil gobernabilidad del área económica y social del país; como de b) la captura de privilegios y plusvalías extraordinarias vía apropiación de la renta petrolera y de circuitos enteros del presupuesto público.
Por otra parte, en las actuales circunstancias ya no existe posibilidad alguna de desarticular los temas de política económica de los temas de la política social sin graves consecuencias, o intentar desarticular la política económica de una auténtica “planificación nacional para el desarrollo humano” o comprender las estrechas relaciones entre grupos de poder económico y la luchas por la hegemonía política.

 

A pesar de la variedad de interpretaciones sobre los errores de conducción económica de los diferentes gabinetes del actual gobierno de Maduro, existe un consenso mínimo de que se trata de una combinación de mala praxis económica, junto con un diseño de políticas/instrumentos que son funcionales a los intereses de fracciones capitalistas mercantiles o financiero-especulativas: fracciones importadoras, mafias cambiarias y contratistas privilegiados, anidados en la captura de porciones significativas de la renta petrolera en complicidad con agentes pertenecientes a los
esferas de decisión del Estado, incluyendo a una “burguesía emergente de corte patrimonialista” coaligada a los agentes que ocupan altos cargos de la administración pública o de la tecno-burocracia de Estado en materia de finanzas, Tesorería nacional, Banca pública, BCV y producción económicasectorial. De este modo la política económica no tiene que ver ni con la estabilidad macroeconómica, ni con la “planificación del desarrollo económico para el desarrollo humano”, y menos con generar las condiciones mínimas necesarias para un “tránsito al socialismo” (basado en una nueva economía mixta que combinase el sector privado con al sector de propiedad social directa e indirecta), modelo referido en el Primer Plan Socialista de la Nación y en el Plan de la Patria, jurídicamente viables de acuerdo al flexible sistema socioeconómico establecido en el ordenamiento constitucional.

 

Se trata en cambio de una lucha entre “grupos de poder” que representan el conflicto entre diversas fracciones de clase capitalistas o pertenecientes al patronato, proyectada en la escena del teatro cotidiano como una lucha entre un movimiento poli-clasista de signo nacional-popular-progresista ante los ataques de la derecha tradicional venezolana y sus aliados internacionales. Este trasfondo principal no supone que no existan en el seno del movimiento popular bolivariano verdaderos intentos para crear espacios de acumulación de fuerzas para sectores de izquierda anti-neoliberales y antiimperialistas, pero en la práctica han sido cooptados, acorralados o combatidos para mantener vigentes los intereses crematísticos dominantes.

En lo fundamental, el conflicto más que expresar los contornos precisos de la lucha vertical de clases (bloques dominantes/dominados), expresa una lucha inter-clasista entre grupos económicos (viejos y nuevos), que siguen utilizando a los sectores medios y las clases subalternas como “grupos auxiliares” y “masas de maniobra” para conquistar y conservar las alturas del poder.
Hasta ahora no existe un movimiento popular orgánicamente articulado a una estrategia de acumulación de fuerzas en una dirección revolucionaria y anti-capitalista. La iniciativa la tiene el llamado “progresismo poli-clasista de orientación nacionalista”, de corte redistributivo, asistencialista y bajo una exaltada retórica anti-imperialista que logra una síntesis defensiva desde el campo popular, capaz de vivir una doble agenda de pactos-transacciones en nombre del realismo político, con la defensa retórica de la “revolución socialista” cuando sus adversarios no aceptan las condiciones o beneficios compartidos ofertados en el pacto tácito.

La fiel representación de tal situación se traduce en la “compulsión a la repetición” de búsqueda de negociaciones, acuerdos y sinergias entre la actual conducción del “Gobierno popular” con fracciones de la burguesía nacional e internacional, para impulsar la “recuperación del crecimiento económico” en nombre de un “Proyecto Socialista”, cuando en realidad se están reactivando las figuras ya conocidas del “capitalismo con rostro humano”, quizás bajo un “estilo de desarrollo nacional autónomo”; es decir, el “desarrollismo social” que ha caracterizado en términos generales al
llamado “progresismo latinoamericano” de vieja y reciente data. En otros tiempos a este tipo de movimientos, regímenes o estados se les denominaba simplemente “reformistas”.

Ya hemos señalado que en el aspecto programático, la profundización de la hegemonía popular-democrática implica deslastrarse de dos caminos errados:
a) El “reformismo-desarrollismo” de ciertas agendas “oficialistas” que no trasciendan la defensa del “Capitalismo de Estado”;
b) El “radicalismo socialista revolucionario” que plantee una agenda vanguardista, correspondiente al espíritu de aventura de micro-fracciones
doctrinarias que pueden ser funcionales a los objetivos de desestabilización de la derecha.
Se hace preciso en esta encrucijada crítica, reinventar a la izquierda en el siglo XXI.

 

De tal manera, que en el terreno socio-económico existe una mixtura de órdenes de causalidad y condicionamiento que están gravitando negativamente sobre la actual situación, factores que se han entrelazado con planos que corresponden a políticas urgentes (de plazo perentorio), políticas de coyuntura y políticas de mediano plazo. Ciertamente, éstas últimas pudieran afectar por efecto de sedimentación acumulativa y con un adecuado programa direccional las variables estructurales de la dependencia, el subdesarrollo venezolano o incluso las reglas estructurales del capitalismo (se acepten o no tales términos de referencia). Esto último implicaría no sólo la existencia de un auténtico Sistema Nacional de Planificación para la transición al Socialismo (para enfrentar las condiciones aún existentes de subdesarrollo y dependencia), es decir, hacer efectiva las acciones de la planificación estratégica y democrática a partir de un nuevo Proyecto Nacional, sino además, la participación protagónica de la organización política del bloque social de los explotados, oprimidos y excluidos para superar a la propia civilización del capital. Esto último sigue siendo embrionario, cuando no precario y utópico.

 

Obviamente hay una superposición de planos en la actual crisis nacional, desde pretensiones maximalistas de largo plazo asociadas al horizonte socialista proyectado por Chávez, hasta la exigencia de las medidas de rectificación inmediatas para recomponer un mínimo de estabilidad macroeconómica, con cierto control de ámbitos de gobernabilidad por parte de los actores políticos, lo que remite a enfocarse en abordar los puntos (3) y (4) confrontando la red de intereses creados en ambas dimensiones. La tarea inmediata es entonces de recuperación de la racionalidad económica mínima para evitar que los “diablos sueltos de la macroeconomía” vuelvan a devorar conquistas sociales alcanzadas en los años de bonanza petrolera del proceso bolivariano. Pero también es la recuperación del rumbo de una institucionalidad política
que se aproxime a las exigencias de democratización del poder, actualmente bloqueadas por una reedición de la partidocracia en clave de polarización política.

 

Si se quiere reencontrar la senda del proyecto bolivariano, una coalición de fuerzas sociales y políticas debe presionar “contra viento y marea” por un bloque popular revolucionario a favor de la democratización del poder económico, político, social y cultural. Ante este cuadro, el “Modelo Alternativo de Desarrollo Socialista” prefigurado por Chávez en sus reflexiones sobre el eco-socialismo en el punto quinto (5) del Plan de la Patria ha quedado completamente evaporado, por más campañas publicitarias y propagandísticas que se realicen en su nombre. La agenda que se ha impuesto es la del desarrollismo-reformista, a contravía de los planteamientos y decisiones de Chávez a favor de un nuevo socialismo, reiteramos como desarrollo humano, como socialización económica y como alternativa al sistema destructivo del capitalismo.

Por ejemplo, la iniciativa del “Arco Minero” o cualesquiera de los “Polos de Crecimiento” de carácter extractivo que se manejan, o las vías de estímulo a las exportaciones no tradicionales a favor del sectores capitalistas, serían
parte de las manchas que se superponen a tal idea de “Modelo Alternativo de Desarrollo Socialista” (MADS).

El presunto carácter anti-neoliberal, anti-imperialista y anti-capitalista de iniciativas como el “Arco Minero”, u otros “Polos de crecimiento”, como las Zonas Económicas Especiales, no resisten el menor análisis a favor de una línea de acumulación de fuerzas en favor del bloque de izquierdas. Adicionalmente, debates sobre aspectos unilaterales de la política
económica como la política cambiaria, la política monetaria, la política antiinflacionaria, la política fiscal, la regulación de capitales o la política de inversiones extranjeras, sin comprender simultáneamente un cuadro general de la concepción de la estabilidad, crecimiento económico y desarrollo que presuponen cada una de ellas, constituyen en sus dimensiones unilaterales, un debate estéril que no conduce sino a reproducir soluciones intentadas y fallidas, pues de fondo está operando un debate sobre el “Modelo de Crecimiento y Desarrollo” condicionado por correlaciones de fuerzas
sociales y políticas.
 

No se trata sólo de repetir: ¡Es la economía, estúpido!, sino de abordar este dictado en el marco del Modelo de Desarrollo que el Proyecto Bolivariano contempló para avanzar en la vía del despliegue de nuevas formas de organización y ejercicio del protagonismo popular. Es allí donde apareció la figura del Socialismo del siglo XXI, hoy desdibujado en nombre de compulsión a la repetición de las “alianzas productivas” con “sectores progresistas” de la “burguesía nacional” e
internacional.
Confesión ésta última, de que la hegemonía económica sigue estando en manos de variadas personificaciones del Capital.
 

De modo que el proceso asume un tono regresivo: ¡Qué viva entonces J. F.
Kennedy, la “Alianza para el Progreso” y la Conferencia del Punta del
Este!
Vale la pena que los sesudos funcionarios del gobierno se vean en el espejo
del Che en aquella intervención del año 1962.

¿Dijo usted Socialismo Indo-americano? La respuesta con el mejor gesto del “ojo pelao” es: ¡Mí!

Fuente: http://www.dariovive.org/?p=8064

 

 

 

 

 Crisis civilizatoria

 

Sepamos porqué no podemos conciliar con el capitalismo:

 

Se cumple el 'sueño americano': tropas de EEUU en la Amazonia

13 de mayo de 2017

 

Por Raúl Zibechi (Russia Today)

Por primera vez en la historia tropas de Estados Unidos participarán en un ejercicio militar en el corazón de la Amazonia. Se trata del AmazonLog que se desarrollará entre el 6 y el 13 de noviembre en la brasileña Tabatinga, ciudad situada en la orilla izquierda del río Solimoes, en la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia.

Los ejercicios militares no tienen precedentes en América Latina. La propuesta tomó como referencia la operación de la OTAN realizada en Hungría en 2015, que desplegó 1.700 militares en una simulación de ayuda logística. Los objetivos consisten en el control de la migración ilegal, la asistencia humanitaria en grandes eventos, operaciones de paz en regiones remotas, acciones contra el tráfico de drogas y los llamados 'delitos ambientales'.

"El lugar elegido fue Tabatinga porque queremos mostrar al mundo las dificultades de nuestra Amazonia", dijo el general del Ejército de Brasil, Guilherme Cals Theophilo. No dijo que mostrarán también los secretos mejor guardados de la región considerada el pulmón del planeta, la más rica en agua y biodiversidad. Agregó que se trata a la vez de enseñar cómo los bosques tropicales son útiles para "un debate científico y tecnológico" relacionado tanto con la paz como con la guerra.

© AFP 2017/ DAVID FURST


Ni Siria ni Corea del Norte: ya hay otro 'candidato ideal' para ser atacado por EEUU
 

Han sido invitadas las fuerzas armadas de Colombia, Argentina,
Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Panamá y Canadá. Entre los países con Gobiernos de izquierda ha sido Bolivia el primero en confirmar su participación. También ha sido invitado el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), perteneciente a la Unasur, así como la Junta Interamericana de Defensa situada en la órbita del Pentágono.

La realización de estos ejercicios supone tres cambios importantes, dos de ellos afectan directamente a Brasil y el tercero a toda la región.
El primero es que Brasil había sido hasta ahora muy celosa en la custodia de la Amazonia. Un mensaje que circula entre militares dice: "Invitar a las Fuerzas Armadas de EEUU para hacer ejercicios conjuntos con nuestras Fuerzas Armadas, en la Amazonia, es como un crimen de lesa patria. Enseñar al enemigo cómo combatirnos en la selva amazónica es alta traición", según divulgó el periódico Zero Hora.

© REUTERS/ UESLEI MARCELINO 

Militares de EEUU entrenarán con el ejército de Brasil en la Amazonia
 

Nelson Düring, director de la página militar Defesnet.com.br, señala que los ejercicios son "un retroceso que confunde la inserción brasileña en asuntos internacionales". El experto en temas militares recuerda que "hasta ahora no eran aceptados militares extranjeros en el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva (CIGS). Ahora ya tenemos norteamericanos, europeos y hasta chinos". Concluye en sintonía con las voces críticas: "Brasil debe preservar sus secretos" (goo.gl/UTyr4r). Los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas temen que la base multinacional temporal que se establezca en Tabatinga, pueda convertirse en permanente, como sucedió en Hungría en 2015.

Lea más: Brasil "todavía" no negocia para que militares de EEUU operen en su territorio

© AFP 2017/ YASIL AKGUL 


"EEUU busca crear en América Latina situación similar a la de Medio Oriente"
 

En segundo lugar, AmazonLog 2017 refleja una inflexión en las relaciones militares entre Brasil y Estados Unidos. En 1952 se firmó un acuerdo militar entre Brasil y Estados Unidos, rubricado por los presidentes Harry Truman y Getulio Vargas, para el intercambio de armamento por minerales estratégicos como uranio. Era un momento de fuertes presiones de Washington sobre Brasilia para impedir el desarrollo de tecnología nuclear propia.
El 11 de marzo de 1977 el presidente militar Ernesto Geisel denunció el tratado, ya que el Gobierno de Jimmy Carter interfirió en los asuntos internos con el argumento de la defensa de los derechos humanos. En 1989 esa distancia se incrementó.

Joao Roberto Martins Filho, expresidente de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa, señala que "desde el fin de la guerra fría Brasil se separó de EEUU, que era un aliado estratégico y de repente comenzó a actuar como superpotencia única. Eso provocó una reacción de hiperdefensa de la Amazonia".

Con la llegada de Donald Trump y de Michel Temer a la presidencia de EEUU y Brasil, las relaciones están cambiando. Los ejercicios conjuntos de noviembre son apenas la parte más visible de un acercamiento en el área de defensa. En marzo el jefe del Comando Sur, Clarence K. K. Chinn, fue condecorado en Brasilia con la Medalla al Mérito Militar y visitó las instalaciones del Comando Militar de la Amazonia donde se realizarán los ejercicios AmazonLog.

La crisis en Brasil responde a un plan coordinado y dirigido por EEUU 

La principal empresa brasileña de defensa, Embraer, cerró un acuerdo en abril con la estadounidense Rockwell Collins en el área aeroespacial y el Comando de Ingeniería, Desarrollo e Investigación del Ejército de EEUU abrió una oficina en Sao Paulo, para profundizar en las relaciones de investigación e innovación de tecnologías de defensa. El 3 de abril el Ministerio de Defensa de Brasil anunció que está desarrollando un "proyecto de defensa" conjunto con EEUU, según informó CNN.

Por último, se registra un paso atrás en el proceso de integración regional. En el marco de la Unasur, espacio sudamericano en el que no participa Estados Unidos, se creó en 2008 el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) con el objetivo de consolidar una zona de paz suramericana, construir una visión común en materia de defensa y articular posiciones regionales en foros multilaterales.

Lea también: "EEUU ha ganado terreno en América Latina"

© FLICKR/ ANTHONY


"EEUU tiene voluntad de regresar a América Latina" 

El CDS apuntaba hacia la autonomía regional en materia de defensa y consolidaba la ruptura con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) creado en 1947, que refleja la dominación de EEUU sobre el continente. El TIAR se deslegitimó durante la guerra de las Malvinas (1982) ya que EEUU apoyó a Inglaterra. Con los años, varios países se salieron del TIAR: Perú, México, Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador.

Ahora el nuevo Gobierno de Brasil invita a los ejercicios AamazonLog tanto al CDS como a la Junta Interamericana de Defensa que pertenece a la OEA. De ese modo, se legitiman los espacios en los que participa el Pentágono y se diluyen los espacios propios de la región sudamericana. Un juego nada sutil en momentos críticos en que la región necesita establecer distancias con Washington y afirmar su identidad.

http://mundo.sputniknews.com/firmas/201705101069057983-america-latina-washington-militares/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226569

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Demarcación territorial y mutilación corporal

10 de mayo de 2017

 

Por Ricardo Orozco (Rebelión)

Pese a sus catastróficas consecuencias, la violencia en el mundo es un tema que, en los múltiples imaginarios colectivos, suele cobrar relevancia sólo cuando su ejercicio se lleva a cabo en escalas espaciales y temporales internacionales, cuando el ejecutor de la misma ya ha sido interiorizado por la sociedad como un enemigo que se debe eliminar, o cuando un conjunto amplio de dispositivos mediáticos son dispuestos por los poderes hegemónicos para deslegitimar reivindicaciones sociales, comenzar con el proceso de construcción de otredades y afirmar una posición axial que justifique el avance del proyecto de civilización occidental sobre comunidades ajenas a su lógica.

Por eso, cuando de condenar la violencia se trata, los posicionamientos más recurrentes son aquellos que censuran las guerras declaradas por gobiernos tiránicos, totalitarios —más nunca las emprendidas por las autodenominadas democracias liberales—; aquellos que exigen la erradicación de todo cuanto atenta contra la propia identidad: un grupo aceptado como terrorista, un gobierno populista latinoamericano, o una dictadura musulmana en Oriente Medio; o aquellos que, por completo sumergidos en la interminable tautología del dogmatismo lingüístico, condenan al exterminio a cada comunidad que parezca arcaica, renuente a afirmar las bondades civilizatorias ofrecidas por los valores y principios occidentales.

La cuestión es, no obstante, que detrás de esos macro-eventos de violencia se desenvuelve una serie más profunda y abarcadora de hechos que reflejan la decadencia estructural de Occidente: la continuación de una lógica civilizatoria que, en el momento mismo de colonizar a los no-modernos, a los no-democráticos, a los no-civilizados con el pretexto de introducirlos en el curso del tiempo presente, de extraerlos de su arcaísmo bárbaro y ajustarlos a las formas cortesanas del progreso, esa misma lógica reifica su embrutecimiento, su naturaleza incivilizada.

Se desarrolla, en este sentido, una dinámica de sistemática destrucción de aquellas comunidades que, habiendo sobrevivido a quinientos años de colonización, aún se presentan frente al colonizador como esa amenaza de retorno al salvajismo, como esa posibilidad que agrede al civilizado y al moderno por el simple hecho de haber demostrado que otro tipo de sociedad es posible. Pero más aún, se desdobla una cadena infinita de sucesos que ante el descuartizamiento del indio, se celebra el avance del respeto por los derechos humanos; que ante su despojo territorial, se festeja la acumulación del stock productivo del Estado; que ante la represión militar, se elogia el ejercicio efectivo del Estado de Derecho.

La violencia del mundo perturba a la sociedad con sus grandes acontecimientos: condena la tiranía musulmana legitimando la intervención estadounidense en Egipto, Libia, Túnez, Yemen y Siria; sataniza al populismo latinoamericano afirmando la necesidad de gobernarlos por medio del puño de hierro de sus dictaduras cívico-militares; y consiente la destrucción de sociedades enteras exigiendo la muerte de cada individuo que parezca terrorista. Pero al perturbarse con ese despliegue, esa misma sociedad, no obstante, omite que ya fue cómplice de esos sucesos mucho antes de que estos ocurriesen. En efecto, fue cómplice desde el momento en que absolvió cada una de las guerras presentes y futuras cuando, desde el pasado, cerró los ojos ante la cristianización del indígena, cuando se volvió sorda ante los lamentos que causaban los suplicios a los que comunidades enteras fueron sometidas por no ser conocedoras de las formas civilizadas de convivencia; cuando enmudeció en el momento en que se requería que su propia voz se asumiera como la principal crítica a las consecuencias de su avance indetenible.

De aquí que sea imprescindible mirar de frente al más reciente recordatorio que la comunidad Gamela, en el Estado brasileño de Maranhão, con su sangre y su dolor, le ofrece a América y al mundo para no olvidar eso que sólo en Sierra Leona, durante algún tiempo, fue motivo de primeras planas periodísticas y excelsos análisis antropológicos —pero nunca motivo de un cambio de modelo civilizacional—: las más desgarradoras maneras de mutilar y marcar al cuerpo humano no son producto de una suerte de reminiscencia precolombina, sino el vivo reflejo de cómo la humanidad establece los límites entre su humanidad y la animalidad de los condenados de la tierra.

En efecto, el hecho pasó inadvertido, como ocurre, por regla general, con las cuestiones indígenas: producto del despojo sistemático de tierras que los pueblos indígenas sufren desde su colonización, la comunidad Gamela fue atacada el pasado domingo 30 de Abril por hacendados cuando aquellos intentaron recuperar las tierras que por derecho les corresponden. Así, esa pequeña comunidad —que los parlamentarios brasileños considera pseudoindigena— le recuerda al continente que no sólo en el África negra se mutilan los cuerpos de quienes reivindican su derecho, como comunidad perteneciente a un territorio ancestral, a preservar sus formas políticas y productivo/consuntivas, sino que ésta es una práctica vigente en cada latitud en la cual se despliega el colonialismo.

El caso Gamela, por supuesto, no es excepcional dentro de la regularidad de eventos que azotan a las comunidades indígenas del continente. Por lo contrario, es, más bien, una continuidad de algo que desde hace mucho estos pueblos intentan hacer visible ante los ojos de quienes sólo los observan como el turista observa a quienes sólo le son útiles en tanto producenbellas y exuberantes artesanías con pretensiones de arteLa cuestión de fondo acá —además de la evidente condena de la violencia con la que la comunidad Gamela es sistemáticamente fragmentada—, es la manera en la que sus integrantes fueron despojados de su identidadpor parte de la sociedad brasileña.

Y es que si bien las formas de realizar esta desposesión identitaria son tan variadas como comunidades indígenas existen en el mundo, no por ello se debe abstraer lo específico de cada caso. Así pues, lo primero que debe llamar la atención sobre esta situación es que desde la aprobación de la constitución brasileña, en la década de los ochenta del siglo XX, las comunidades indígenas fueron inscritas dentro de un régimen de autoidentificación no muy popular dentro del conjunto de países americanos de mayoría mestiza. Los pueblos indígenas en Brasil, pues, fueron dotados de la capacidad de ser identificados por la estructura Estatal como tales no por la continuidad lineal que estos acumularan al habitar un territorio, sino por el uso específico que estos cuerpos sociales dieran a aquel.

En este sentido, contrario a la tendencia indigenista que marca que un pueblo indígena es tal siempre y cuando continúen habitando sus tierras ancestrales —con lo cual, por regla se refiere a una inamovilidad de la comunidad desde el periodo colombino—, en Brasil se abrió la posibilidad de que el rasgo identitario, con respecto al territorio, se estableciera no por una línea unidireccional del tiempo habitado, sino por el uso específico que dichas comunidades otorgan al entorno. Por supuesto la garantía constitucional de que esto se llevase a la práctica quedó en la letra, pues de un aproximado de mil ciento y trece territorios indígenas sólo el 58% (654) se encuentran en espera de la aprobación de su condición por parte del Estado brasileño, y de éstos, 53% aún no son, siquiera, considerados para comenzar el proceso correspondiente.

Un segundo punto de preocupación es que las poblaciones aledañas y las propias autoridades gubernamentales despojaron a los Gamela de su identidad recurriendo al encadenamiento de estereotipos que, por irónico que parezca, los identificaban como cualquier otro ciudadano brasileño, producto de las urbes del país. Lo interesante, aquí, es que las poblaciones aledañas son mayoritariamente de una estructura corporal similar a la de los Gamela, lo que da cuenta, de nuevo, que los procesos de racialización siguen priorizando los rasgos fenotípicos de los individuos para realizar su segregación, por un lado; y por el otro, que a pesar de esa marcada tendencia a identificar el cuerpo con la raza, el colonialismo interno se sigue reproduciendo en niveles cada vez mayores, al punto de que el propio indígena renuncie a su identidad como tal con base en su apariencia física.

Por lo anterior, el asunto no es menor, y menos aún si se es consciente de que las formas más atroces de totalitarismo, las formas de violencia más avasallantes y destructoras que la humanidad ha conocido, como bien lo señaló Aimé Césaire en su Discurso sobre el Colonialismo, comienzan por la experiencia de los pueblos colonizados, pese a que su condena social sólo se dé cuando esa misma violencia colonial se aplica por el civilizado blanco sobre otros civilizados blancos.

https://columnamx.blogspot.com.es/2017/05/demarcacion-territorial-y-mutilacion.html
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226424

En consecuencia, apreciemos e involucrémonos en defensa de territorios y por la vida y la dignidad de los pueblos:

Estado criminaliza movimientos de los pueblos

con sistema de impartición de justicia: indígenas en Chiapas

11 de mayo de 2017

 

Varios pueblos indígenas en Chiapas se reunieron el Segundo Encuentro de Pueblos en Resistencia para discutir los problemas que azotan a sus comunidades y pronunciarse contra los megaproyectos que el gobierno busca imponer en sus territorios a costa del despojo, la pobreza y la contaminación.

Ciudad de México | Desinformémonos. Durante el evento, los representantes de las comunidades revelaron las órdenes de aprehensión y otros intentos de criminalización contra los defensores de la tierra en Chiapas que se han opuesto a las intenciones de los tres niveles de gobierno. “Vemos claramente que el Estado usa el sistema de impartición de Justicia para criminalizar nuestros movimientos”, aseguraron.

A continuación el pronunciamiento completo:

PRONUNCIAMIENTO DEL SEGUNDO ENCUENTRO DE PUEBLOS EN RESISTENCIA ANTE LA AMENAZA DE DESPOJO POR LOS MEGAPROYECTOS

Chicomuselo, Chiapas

6 de mayo de 2017

Las mujeres y hombres de los pueblos Tsotziles, Tseltales, Zoques y otros que se reunieron en el Segundo Encuentro de Pueblos en Resistencia, que se llevó a cabo los días 04 al 06 de Mayo en la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas, y acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Servicio International para la Paz (SIPAZ), Comité de para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, bajo el proyecto de Pax Christi Internacional; después de haber escuchado las problemáticas de las distintas comunidades en resistencia y organizaciones coincidimos en que nuestra resistencia y nuestra lucha en defensa de la Madre Tierra nos ha traído como consecuencia la represión, la intimidación, la amenaza, la persecución, el encarcelamiento y el asesinato de defensores y defensoras comunitarias de derechos humanos en Chiapas y Oaxaca.

Quienes hemos decidido defender la vida y la Madre Tierra estamos en un riesgo constante bajo las amenazas de empresarios, de la delincuencia organizada y el Estado en sus tres niveles de gobierno que solo favorecen los caminos de la impunidad, la injusticia, la desigualdad, el despojo, la explotación, el desprecio en contra de nuestros pueblos originarios, comunidades y ejidos. Denunciamos las amenazas perpetradas en nuestra contra y hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional de nuestras luchas.

1.- Nuestros hermanos de Chicoasén, que luchan por detener la construcción de la presa Chicoasen II tienen 10 órdenes de aprehensión contra ejidatarios, caso que se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) para solicitar medidas cautelares, los cuales el Estado mexicano se ha negado hasta el momento a proporcionar información al respecto.

El Presidente del comité ejidal está siendo sujeto a procesos judiciales por una supuesta deuda de $1,200,000 (Un Millón Doscientos Mil Pesos) como medida de presión del gobierno estatal y federal para deslegitimar y desacreditar su digna lucha.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), actualmente está influyendo en el nombramiento de representantes ejidales regalando insumos para el campo, utilizando recursos públicos para imponer un comisariado a favor de sus intereses relacionados con la construcción de represas como es el caso de Chicoasen II.

2.- El Pueblo Zoque por la defensa de su territorio han emprendido una lucha en contra de proyectos mineros y de hidrocarburos. Actualmente tienen 32 órdenes de aprehensión por supuesto delitos de motín, daños y secuestro. Vemos claramente que el Estado usa el sistema de impartición de Justicia para criminalizar nuestros movimientos.

Así mismo intentan imponer el proyecto de hidrocarburos con la imposición y manipulación de la consulta y avanzar con el bloque 10 y 11 de la ronda 2.2 que afectarían los municipios de Ostuacán, Ixtacomitán, Tecpatán, Francisco León, Ixtapangajoya, Pichucalco, Sunuapa y Chapultenango, afectando 84 mil 500 hectáreas, por lo cual la Sectretaría de Energía (SENER) está realizando una consulta para legitimar sus intereses en la región y la ampliación de las presas hidroeléctricas Peñitas y Raudales Malpaso.

3.- En la Región Sierra en los municipios de Motozintla, Chicomuselo y Frontera Comalapa se sigue fortaleciendo la resistencia contra proyectos mineros y esto ha agudizado los actos de hostigamiento y amenazas de muerte en contra de ejidatarios de los ejidos Grecia, Ricardo Flores Magón y Dolores Hidalgo en el municipio de Chicomuselo, provocado por las empresas mineras interesadas en saquear los bienes naturales del municipio. Las empresas están promoviendo un pago de $2000 pesos por firmar el acta en apoyo a las empresas mineras en todas las comunidades, donde además ofrecen proyectos sociales, regalan juguetes y despensas para engañar a la gente, aprovechándose de la pobreza.

4.- En la Región Soconusco en el municipio de Acacoyagua y Escuintla, el Gobierno de Chiapas y los mineros intentan continuar con la extracción de titanio e imenita en los Ejidos Cacaos, Satélite Morelia, Magnolia, La Libertad, Andés de Zapata y Nueva Francia generando división comunitaria y cooptación, ataques en medios de comunicación en contra de nuestra organización y usar el sistema de Justicia para criminalizar y judicializar nuestra lucha a favor de la vida. Por lo que desde hace 7 meses nos hemos mantenido en dos campamentos para impedir la actividad minera en la zona, en donde hemos recibido amenazas, hostigamiento y desprestigio.

5.- En la Región Costa de Chiapas en los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec, el gobierno y las empresas intentan seguir convenciendo a la gente para que ceda sus tierras para la construcción del parque eólico, granjas camaroneras, avícolas, gasoducto, geotérmicas, mini-hidroeléctricas, minería, turismo, monocultivos, implementar el control territorial con retenes militares, retenes de migración, así como la Zona Económica Especial con el discurso de promover el desarrollo y la modernidad en la región.

6.- En San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca la empresa “Cuxcatlan”, de origen canadiense, sigue con el saqueo de los minerales como oro, plata y uranio a pesar de que han ocasionado daños ambientales, a la salud y a los bienes naturales. Por otro lado intentan a toda costa impulsar la construcción de la Presa de Paso de la Reina que solo causará destrucción y muerte a nuestros pueblos, dejándonos enterrados o sepultados bajo tierra y sin poder seguir usando el agua de nuestros ríos.

7.- En Simojovel se mantiene un clima de violencia, de inseguridad, de consumo de alcohol y drogas, delincuencia organizada e impunidad propiciada por el Gobierno local y Estatal.

Exigimos que “Los Gomez” dejen de insistir el diálogo con el Pueblo Creyente de Simojovel y que dejen en paz al pueblo de Simojovel y ya no más ataques al Padre Marcelo. A pesar de que hemos solicitado que las autoridades cumplan con sus funciones, han sido omisos a nuestras exigencias y demandas. Así mismo intentan a toda costa implementar la construcción de la Presa de Itzantún ubicada sobre el río Santa Catarina.

8.- Los pueblos y comunidades en Chiapas y varias partes del país se enfrentan diariamente a cobros excesivos de la energía eléctrica, a cortes masivos de luz, a demandas judiciales, ante la entrada en vigor de la Reforma Energética que la única intención es privatizar el sector energético y convertir la luz, el gas, el petróleo y la gasolina en mercancías. Ante eso, hemos decidido resistir y organizarnos para exigir una Tarifa Justa de Luz, cancelación de los adeudos y que la Energía Eléctrica sea constitucionalmente reconocida como un Derecho Humano.

Saludamos la iniciativa impulsada por los pueblos originarios reunidos en la Casa de Todas y Todos que lleva por nombre Congreso Nacional Indígena (CNI), para conformar un Concejo Indígena de Gobierno y nombrar a que tenga como vocera una mujer indígena, que contienda en las elecciones para la Presidencia de la República al 2018.

Mantenemos viva la memoria de los defensores y defensoras comunitarias que han sido asesinados por defender la vida, la Madre Tierra y la naturaleza como Mariano Abarca y nuestra hermana Berta Cáceres.

Nos solidarizamos con la huelga de hambre que han re-iniciado las enfermeras en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Es por ello que alzamos nuestra voz para exigir al Estado mexicano y a los tres niveles de gobierno que:

Se respete la autonomía y la autodeterminación de los pueblos en Chiapas y Oaxaca fundamentada en el Artículo 2o Constitucional y en convenios internacionales, así como también se garantice la integridad física de quienes defendemos la vida, la Madre Tierra y la naturaleza.

Se cancelen los proyectos de muerte en nuestros territorios que solo traen destrucción, despojo, pobreza, enfermedades, conflictos comunitarios y divisiones.

Que se cancelen las órdenes de aprehensión, denuncias penales, procesos judiciales en contra de los y las defensores de la Tierra y el Territorio como es el caso de los compañeros y compañeras de Acacoyagua, Chicoasén y Tecpatán.

Responsabilizamos al Estado mexicano y a los tres niveles de gobierno de cualquier agresión o ataque en nuestra contra y de nuestros pueblos y comunidades.

Exigimos la presentación con vida de los 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa y todos los desaparecidos del país.

Por último queremos invitar a los pueblos, comunidades, ejidos, organizaciones de base, a los hombres y mujeres de este país, a que mantengan firmen su lucha, su resistencia y que se organicen, que no claudiquen, no se vendan, y no se dejen engañar.

Es importante articular nuestras luchas en cualquier geografía contra este sistema capitalista y sistema de muerte. La tierra es una herencia de nuestros ancestros, y hay que cuidarla y defenderla. Nuestros pueblos y organizaciones hemos decidido firmemente defender la vida, el territorio y el medio ambiente, porque está en riesgo el futuro de nuestro país.

NO A LOS MEGAPROYECTOS EN CHIAPAS

CESE AL HOSTIGAMIENTO JUDICIAL Y CRIMINALIZACIÓN CONTRA NUESTRA LUCHA

CANCELACIÓN DE PERMISOS Y CONCESIONES DE MEGAPROYECTOS

VIVAN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES ORGANIZADAS

VIDA SI, MEGAPROYECTOS NO

Atentamente

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas.

Frente Civico Tonalteco AC.

Unión de Campesinos y Pescadores de la Costa y Sierra de Chiapas.

Frente de Defensa Popular 20 de Junio (Acacoyagua y Escuintla).

Defensores Comunitarios del Territorio Zoque.

Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos, posesionarios y avecindados de Chicoasen.

Representantes del Pueblo Creyente de Simojovel.

Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlan, Oaxaca. (CUPOVO)

Parroquia San Pedro y San Pablo de Chicomuselo

Nueva Constituyente de Motozintla, Chiapas

Autoridades ejidales de Chicomuselo25

Organizaciones acompañantes

Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC

Servicios Internacionales para la Paz SIPAZ

Desinformémonos Leer 

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Comunidades y organizaciones del Centro Sur Amazónico del Ecuador anuncian campaña comunicacional por la defensa de la Amazonía

22 de julio de 2016

 

Las organizaciones del centro sur de la Amazonía Ecuatoriana, que forman parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, se convocaron los días 13 y 14 de julio de 2016 en la ciudad de Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, para el taller de comunicación comunitaria con énfasis en campañas de incidencia, donde se definió la campaña denominada AMAZONÍA ES MI VIDA cuyo lanzamiento oficial tendrá lugar en la ciudad de Quito, el sábado 13 de agosto del presente año en el marco del Festival “Amazonía Indomable”.

 

La campaña nace del consenso entre las organizaciones indígenas y mestizas del centro sur de la Amazonía ecuatoriana por la necesidad de crear consciencia en la población sobre el ciudado y protección de la biodiversidad de esta región comprendida por las provincias de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, que también es territorio ancestral de ocho pueblos y nacionalidades indígenas.

 

Esta región es rica en fuentes de agua que son afluentes de los ríos Napo, Pastaza, Morona y Santiago que alimentan el gran río Amazonas. Se considera que toda la cuenca amazónica tiene el 20% del agua dulce del planeta, y la parte correspondiente al territorio ecuatoriano es la más biodiversa por unidad de área a nivel mundial, ya que contiene alrededor de 20 mil especies de plantas, 480 especies de mamíferos, 1600 especies de aves y muchas otras que todavía se están descubriendo y son únicas de la zona.

 

En esta misma zona megadiversa se busca implantar la explotación petrolera y minera, que ya ha provocado los primeros daños y consecuencias socioambientales: contaminación de fuentes de agua y del aire, pérdida de fauna y flora, además, de conflictos sociales. Es por esto que las organizaciones proponen la defensa conjunta de este territorio e invitan a la ciudadanía en general a unirse a esta causa común.

 

La campaña será lanzada de manera oficial por las comunidades y organizaciones durante el Festival “Amazonía Indomable”, como un espacio importante para posicionar nuestros planteamientos. Además de las presentaciones artísticas se contará con una feria amazónica de exposición de las comunidades en pie de lucha donde se exhibirán productos, artesanías, gastronomía y las propuestas de defensa de las formas de vida de la población.

 

Invitamos a la ciudadanía a acompañarnos durante este evento y a adherirse a nuestra campaña a través de nuestros canales de comunicación en la web y redes sociales.

CONAIE

Leer

 

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

 

Discutamos si tiene mayor validez emancipatoria de Nuestra América apoyar al gobierno de Maduro o ampliar la unión nacional-continental de las organizaciones populares contra la expropiación-expoliación capitalista que es el extractivismo. Veamos cuál es la propuesta que no da relevancia al carácter extractivista de los gobiernos progresistas:

 

“La aplicación de Gramsci a Venezuela implicaría

hoy asumir decisiones revolucionarias”

6 de mayo de 2017

 Por Rebelión

En el marco de las “Jornadas Gramsci y América Latina”, organizadas en Buenos Aires a fines de abril por el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, entrevistamos a Claudio Katz, uno de los conferencistas del encuentro.

¿Cuál es el significado de estas jornadas en la actual coyuntura latinoamericana?

Nos permite evaluar la situación de la región a la luz de algunos conceptos de Gramsci. No cabe duda que el principal dato del momento es la restauración conservadora que presenta tres modalidades. Primero los gobiernos derechistas continuados, que en países como México, Perú o Colombia llevan muchos años aplicando políticas neoliberales de expansión del desempleo, la precarización y la desigualdad.

Segundo los nuevos mandatarios derechistas que lograron cortar el ciclo progresista con sus victorias electorales. Es el caso de Macri que implementa un proyecto reaccionario sin las mediaciones tradicionales. Encabeza la gestión estatal de una Ceocracia embarcada en la demolición de conquistas populares.

Finalmente, en otros países la derecha accedió al gobierno por medio de golpes institucionales. Una banda mixta de parlamentarios corruptos, jueces y dueños de de los medios de comunicación consumaron en Brasil, la misma asonada que en pasado perpetraban los militares. A toda velocidad recortan planes sociales, flexibilizan el empleo y desfinancian las jubilaciones.

Esta modalidad golpista se inició en Honduras en el 2009 y continuó en Paraguay en el 2014. Sigue un modelo de imponer el cambio por la fuerza para convalidarlo luego en los comicios. Introduce además todas las manipulaciones imperantes desde hace décadas, en el sistema político mexicano.

¿Pero qué implicancias tiene ese proceso desde una mirada gramsciana?

Supone un mayor peso de las formas coercitivas de dominación, en comparación a las modalidades persuasivas de hegemonía que utiliza la clase dominante.

En algunos regímenes derechistas simplemente persiste el autoritarismo y el terror. Más de un centenar de luchadores ambientalistas han sido ultimados junto a Berta en Honduras. También supera el centenar el número reciente de militantes sociales asesinados en Colombia y en nueve años se contabilizan 253 muertos en Perú por represión a las protestas.

En México persiste la impunidad. En lugar de esclarecer los crímenes de Ayotzinapa, el gobierno respondió con ocho nuevos muertos a las manifestaciones de los docentes. Con estos modelos en mente Macri tantea acciones represivas apaleando maestros, desalojando piqueteros y adiestrando gendarmes para actuar en las calles. Temer trabaja en la misma dirección.

¿Es factible ese curso represivo en un contexto económico tan adverso?

Lo intentan. La prosperidad de la década pasada quedó atrás y desde el 2012 impera un ciclo recesivo. Brasil padeció en los últimos dos años el peor retroceso económico desde la crisis del 30. Los precios de las materias primas oscilan entre nuevas caídas y leves recuperaciones, sin recuperar el elevado promedio de la década anterior. Las remesas y la inversión externa retroceden y el previsible repunte de la tasa de interés estadounidense disuade la llegada de capitales.

Además, al cabo de un intenso proceso de expansión del agro-negocio retrocede la industria local y crece el desempleo. Como los gobiernos derechistas retoman la ortodoxia neoliberal se agrava la pobreza, la desigualdad y la precarización. Ahora buscan acuerdos de libre-comercio con la Unión Europea y aceptan la agenda china de invasión importadora y saqueo de los recursos naturales. También reactivan las privatizaciones inconclusas o fracasadas de los años 90 e implementan un brutal recorte de los derechos populares, con mayor flexibilización laboral y contra-reformas en el sistema de jubilaciones.

Esa cirugía agrava el escenario social y ahonda la división por arriba. En la nueva reorganización neoliberal se afianza el capital financiero, despuntan problemas en las actividades primarias y la industria se desmorona.

En términos de Gramsci se podría afirmar que la reestructuración por arriba potencia las divisiones en las elites y obstruye la conformación de un bloque estabilizado de las clases dominantes.

¿Por eso pierden legitimidad los gobiernos derechistas?

 Es otro rasgo compartido por regímenes signados por un alto grado de corrupción. En la república de delincuentes que impera en Brasil se acrecienta el número de ministros y congresistas involucrados en malversaciones de fondos. Macri es un presidente off shore, al frente de una cleptocracia de millonarios que se enriquece endeudando al estado. El sistema de coimas organizadas que destapó el caso de Odebrecht ensucia a varios presidentes y ministros de Perú, Colombia y Panamá.

Como la restauración conservadora combina fragilidad económica con ilegitimidad política se afianza un escenario de gran turbulencia. Pero si recordamos las distinciones que establecía Gramsci entre distintos tipos de crisis (corto y largo plazo, dominación, dirección), convendría precisar que el contexto actual es de enorme inestabilidad pero no de crisis orgánicas. No se observa aún el tipo de colapso que conocimos a principio del milenio en Argentina, Bolivia o Ecuador.

Me parece que el dato de la ilegitimidad es clave. Ya no rige el marco de los años 80, cuando Gramsci era leído para explicar la novedad de los sistemas constitucionales pos-dictatoriales. Las discusiones sobre esa forma de dominación de la burguesía han quedado atrás. Las elecciones son habituales y las expectativas en los políticos, el parlamento o las instituciones han decaído al mismo nivel que el resto del mundo.

Sin embargo mencionaste en el seminario que la movilización callejera de la derecha es un nuevo y preocupante dato

Si efectivamente las derechas han comenzado a reinventarse en las calles, con el padrinazgo de los medios de comunicación y un sofisticado manejo de las redes sociales. Construyen su propio imaginario político combinando ideas liberales y antiliberales. Por un lado enaltecen el individualismo y la consiguiente fantasía de actuar por decisión propia sin ningún condicionante. Por otra parte retoman el discurso de hostilidad a la política por la impotencia de esa actividad para resolver el flagelo de la inseguridad o la corrupción.

Los vimos en la marcha del 1 de abril en Argentina. Ponderan la “plaza republicana” y desprecian la “plaza populista”. Despliegan un gran revanchismo y un desenfrenado odio de clase. En un clima de 1955 retoman los mitos del gorilismo tradicional, descalificando a los morochos “arreados” a las marchas por un simple choripán.

Pero a diferencia de los cacerolazos de los últimos años, los derechistas ya no gritan sólo contra Venezuela y Cuba. Ahora insultan a los docentes y exigen represión de los piquetes o prohibición de las huelgas. Repiten un libreto acorde al giro conservador de los intelectuales mediáticos decepcionados con el progresismo que han copado la pantalla.

Un proceso semejante se observó en Brasil en los manifestantes que el año pasado determinaron la caída de Dilma. Ese beligerante grupo social desplegó la bandera de la anti-política y opera como sostén de la cirugía conservadora que motoriza el Juez Moro.

El mismo sentido reaccionario tiene el movimiento de Uribe, que logró el triunfo del No en el plebiscito de Colombia o las fuerzas callejeras, que desde el 2015 gestaron la candidatura de Lasso en Ecuador. La diabolización del chavismo es el guión común de esas campañas reaccionarias.

La presencia callejera de la derecha recién despunta y afronta muchas limitaciones. Se sostiene exclusivamente en las clases medias y altas. En pocos casos logran superar en número a las marchas rivales de la izquierda o el progresismo. Pero configura el dato más peligroso del momento. Si se afianza podría aportar un sostén más consistente a la restauración conservadora.

¿Como el fascismo en la época de Gramsci?

Sólo en cierta medida y primero tienen que ganar. Pero tu analogía nos advierte sobre los casos más extremos. Por ejemplo en Venezuela, el sanguinario elemento pinochetista está muy presente en todo el conglomerado antichavista.

En cualquier caso me parece que las teorías del revolucionario italiano nos permiten entender el enorme peso de la ideología conservadora, en la irrupción callejera de la derecha. Esas creencias reaccionarias retoman el modelo de temor al comunismo que se forjó durante la guerra fría, pero con una inédita incidencia de los medios de comunicación.

Cuando en los 80 las teorías de Gramsci recobraron influencia se debatía intensamente cuál era el canal de transmisión predominante de la ideología burguesa: las ilusiones en el sistema constitucional, la mercantilización de la sociedad o la radio y la televisión. Una respuesta actual sin duda enfatizaría la primacía de los medios.

En tu exposición también subrayaste la centralidad de la resistencia popular. ¿Cuál es la gravitación de esa lucha?

Enorme y decisiva. Hay una batalla social en curso en toda la región con movilizaciones gigantescas en Argentina. En marzo pasado hubo un millón de personas en las manifestaciones de los sindicatos y el paro general tuvo un nivel de efectividad que corroboró la gran capacidad de acción de la clase trabadora.

Lo mismo comienza a observarse en Brasil. Este año no sólo los movimientos sociales sustituyeron a la derecha en la ocupación de las calles. Se realizó la primera huelga general en décadas con un gran acatamiento. En México el gasolinazo marcó un punto de giro, luego de las intensas luchas de los maestros y las víctimas de Ayotzinapa. En Chile la batalla contra los Fondos de Pensión congrega multitudes y en Colombia se acrecientan las protestas de los movimientos sociales.

Es necesario subrayar la gravitación de estas acciones por abajo, si queremos retomar el énfasis asignado por Gramsci a la voluntad y a la subjetividad en la transformación de la sociedad. Ese es el sentido de su filosofía de la praxis, en contraposición al fatalismo o la resignación.

Y también un aliento a la militancia…

Por supuesto. Hay nueva generación luchadores que resiste la restauración conservadora. Participaron activamente en la experiencia política de la década pasada, sin padecer las frustraciones y derrotas que afectaron a sus antecesores de los años 70.

Actúan en un marco también distinto al escenario de entre-guerra que vivió Gramsci. Pero hay ciertas batallas políticas en el contexto latinoamericano que actualizan los planteos del revolucionario italiano. Gramsci trabajó para unir el campo popular en un bloque histórico, forjando alianzas de la clase obrera con los campesinos. Esa misma política supone en la actualidad hermanar a los asalariados con los informales y la clase media.

La derecha sólo puede prevalecer imponiendo una desgarradora guerra de pobres contra pobres. Por eso alienta la hostilidad contra las huelgas. Coloca en toda la región muchas fichas, en la erosión de la solidaridad con los combativos movimientos de la docencia. Frente a situaciones de ese tipo Gramsci sugeriría actuar con radicalidad y audacia.

Pero en el plano político situaste el eje de la resistencia en la batalla de Venezuela. ¿Por qué razón?

Porque ahí se define el resultado de toda la etapa latinoamericana. No cabe la menor duda que hay un golpe reaccionario en marcha, que combina el sabotaje de la economía con la violencia callejera y las provocaciones diplomáticas. En un plazo más prolongado es lo mismo ocurrió con Salvador Allende.

El trasfondo obvio de esa agresión es el petróleo. Venezuela es la principal reserva continental de crudo y provee el 12% del combustible importado por Estados Unidos. Para confiscarlo el Departamento de Estado promueve una situación de caos, tendiente a repetir lo operativos de Irak, Libia o Panamá. Saben que  una vez derrocado el gobierno ya nadie se acordara dónde queda Venezuela.

En ese operativo la hipocresía de los medios no tiene límite. Transmiten en cadena escenarios terminales con denuncias macabras del país, luego de silenciar el golpe de Brasil, Paraguay u Honduras. No le asignan ni cinco minutos a los crímenes en Colombia y México o al fraude electoral de Haití. Legitiman a los golpistas, ocultando que Leopoldo López estaría condenado a perpetua en Estados Unidos por su responsabilidad en las muertes de las guarimbas. Acusan al gobierno de cualquier tropelía, omitiendo que el grueso de los asesinatos afecta a militantes del chavismo.

La derecha ha provocado el desastre actual intentando tumbar una y otra vez al gobierno desde la Asamblea. Cuenta con la descarada complicidad de las clases dominantes de la región. Esos gobiernos se amoldan a Trump conspirando desde la OEA contra Venezuela.

En términos de Gramsci esta batalla presenta un doble significado. En el plano moral definirá un resultado de confianza o resignación en el movimiento popular. Si gana la derecha se creará un escenario de derrota y una sensación de impotencia frente al imperio.

En otro terreno Venezuela sintetiza una lucha antiimperialista, directamente conectada a los anhelos nacionales que subrayaba Gramsci. Es controvertible su interpretación de esa dimensión pero no la centralidad que le asignaba. Hoy Venezuela es la principal trinchera contra Trump. Su programa de avasallar la región empezando por el muro en México, transita por la confiscación del petróleo venezolano.

Igualmente señalarse críticas al gobierno bolivariano

Ciertamente y en varios planos, aunque en el marco de la gran decisión de Maduro de resistir. A diferencia de Dilma o Lugo no se entrega. Esa firmeza explica el odio de los poderosos de la región.

Pero hasta ahora el gobierno ha priorizado el enfrentamiento con la derecha en términos burocráticos de un poder del estado contra otro. El Ejecutivo o Judicial versus el Legislativo. Reacciona por arriba y responde a un golpe de la Asamblea con una acción del Tribunal de Justicia. Apuntala más el sostén del ejército que el respaldo por abajo. Por eso en la durísima confrontación del último año no apeló al poder comunal y en ausencia de ese basamento el pueblo tomará distancia.

Lo más grave es la tolerancia de la corrupción y sobre todo de la fuga de capitales. No expropian a los empresarios que provocan el colapso de la economía con manipulaciones de las divisas y los bienes importados.

Pero estamos en medio de la batalla y no está escrito el resultado final. Hubo una interesante reactivación de los mecanismos para paliar el desabastecimiento y se adoptó la excelente iniciativa de retirar al país de la OEA. La única forma de vencer a la derecha es transformar en hechos el discurso socialista. En las situaciones límites y frente al abismo el proyecto bolivariano puede renacer con un perfil más radical.

La aplicación de Gramsci a Venezuela implicaría hoy asumir decisiones revolucionarias. El líder comunista convocaba a adoptar esas decisiones sin ninguna vacilación. Por eso ponderó la acción de los bolcheviques como una “revolución contra El Capital”, en el sentido de procesos que vulneran todas las prescripciones previas. Subrayó la inexistencia de un curso predeterminado de la historia. Aplastar el sabotaje de los capitalistas con el poder comunal sería el equivalente a la acción de los soviets que reivindicaba Gramsci.

Hay otro tema que discutiste en las jornadas, al conectar el legado del pensador italiano con los debates sobre el ciclo progresista

Si efectivamente es un problema clave. Yo creo que el ciclo progresista en Sudamérica fue un resultado de rebeliones populares que tumbaron gobiernos neoliberales, modificaron las relaciones de fuerza, evitaron los brutales ajustes aplicados en otras regiones y permitieron mejoras sociales o conquistas democráticas.

Pero no fue un periodo pos-liberal. Las transformaciones no tuvieron la solidez requerida para dejar atrás el neoliberalismo. No se alteró la estructura primarizada de las economías y se mantuvieron los privilegios de los grupos dominantes. La restauración conservadora determina el declive de ese período, aunque la derrota de la derecha en Ecuador indica una indefinición. La disputa final se define en Venezuela.

Cualquiera sea el diagnóstico es indiscutible el retroceso del ciclo progresista. Especialmente en Brasil y Argentina ese declive obedece a las inconsistencias económicas de un modelo neo-desarrollista, que renunció a implementar las transformaciones básicas para superar la dependencia de las exportaciones primarias. En el terreno político mantuvieron el viejo sistema de alianzas y corrupción de los grupos dominantes y cuando aparecieron las protestas sociales se asustaron y facilitaron la demagogia de la derecha. Sufrieron el desgaste que sobreviene a la ausencia de radicalización.

En tu presentación contrapusiste este balance con el expuesto por los teóricos del progresismo.

Si. Es un debate importante porque muchos de ellos se auto-definen como marxistas y gramscianos. Pero exponen un balance idílico de Kirchner o Lula, estimando que fueron gobiernos exitosos. A lo sumo destacan la existencia de errores en la connivencia con los bancos, las disputas con los medios de comunicación o la batalla cultural para aproximar a una clase media atada al consumismo.

Yo creo que esa lectura es superficial y elude reconocer que los gobiernos progresistas declinaron por su adaptación a la agenda de las clases dominantes. Esa mirada repite los mismos desaciertos que cometieron los gramscianos socialdemócratas de los 80, cuando presentaban al constitucionalismo burgués como un nuevo camino hacia la emancipación.

Al igual que en ese momento el gramscismo liberal considera indispensable acotar cualquier cambio a los marcos del capitalismo. Se guían por el principio de impedir el desborde de ese sistema y olvidan que una política antiliberal consecuente exige transitar por senderos anticapitalistas. Ese estrecho vínculo entre Gramsci y Lenin es desconocido por los socialdemócratas. 

La consecuencia política de esta postura es la promoción de una estrategia exclusivamente centrada en el retorno electoral a la presidencia en el 2018 y 2019. Ese objetivo tiene total prioridad frente a la resistencia social. Dan por seguro el fracaso de la derecha y suponen que todo puede recomenzar como si nada hubiera ocurrido. Recrean a futuro la misma fantasía de un capitalismo humanitario y redistributivo que propagaron en la última década.

Pero ese no es el único balance del ciclo progresista.

Ciertamente. Hay una interpretación opuesta que niega la existencia de ese proceso o supone que concluyó hace mucho tiempo. Considera que los gobiernos centroizquierdistas o radicales coincidieron con sus pares derechistas en la primarización extractivista y estima que finalmente adoptaron un perfil autoritario y populista.

Esta mirada considera que Lasso y Moreno expresaron en Ecuador dos vertientes complementarias del neoliberalismo y que en Venezuela la burguesía derechista confronta con sus pares chavistas.

Es una errónea simplificación de la realidad latinoamericana. La continuada dependencia de las exportaciones agro-mineras no equipara a gobiernos tan contrapuestos. La centralidad del petróleo, el gas o el litio no asemeja a Maduro, Evo Morales o Raúl Castro con Lula o Correa y menos aún con Peña Nieto o Macri. Es equivocado, además, impugnar a los gobiernos progresistas con los mismos razonamientos de vago republicanismo que utilizan los liberales.

¿Pero no sería acertado observar esos procesos con la óptica de la “revolución pasiva” que estudio Gramsci?

Es una idea interesante pero de dudosa aplicación a lo ocurrido en la última década. El contraste entre jacobinismo y bismarkismo no tiene correspondencia con lo sucedido en Sudamérica y es muy discutible la propia concreción de una modernización conservadora. Esta noción choca con la primacía del agro-negocio y la ausencia de transformaciones económicas significativas. El período estuvo signado además por importantes conquistas populares. Igualmente es un tema abierto y todo depende de la interpretación asignada a la noción de revolución pasiva.

Pero el mayor problema no radica en la aplicación de ese concepto gramsciano, sino en la mirada general de los teóricos autonomistas. Renuevan la estrategia de soslayar la batalla por el manejo del estado. Retoman la idealización de los movimientos sociales y la fascinación con el ámbito defensivo de la territorialidad.

Me parece que la promoción de metas anticapitalistas debe ser complementada con la definición de políticas socialistas para alcanzarlas. Gramsci postulaba esa conexión y por eso compartía la prioridad asignada por Lenin a la transformación de la sociedad mediante la conquista del poder. 

Pero la lectura de Gramsci ha servido para subrayar la complejidad de ese camino que es ignorada por muchas corrientes…

Sin duda. Esa omisión salta a la vista entre quiénes simplemente proclaman que todos los gobiernos de América Latina son indistintamente burgueses. Las consecuencias extremas de esta ceguera se han observado recientemente en Ecuador, entre las vertientes de izquierda que llamaron a votar a Lasso con argumentos insólitos.

Afirmaron que el banquero facilitaría un mayor respeto de la democracia o que sería más fácil desenvolver la lucha por mejoras populares. Hay que remontarse varias décadas para encontrar algún precedente de semejante miopía.

Yo creo que el mayor peligro actual de las posturas sectarias se verifica en Venezuela. Algunos hacen causa común con la derecha en la crítica a Maduro. Repiten las mismas acusaciones de los medios de comunicación hegemónicos o recurren a despistadas comparaciones con Gadafi y Hussein. No exponen sus cuestionamientos desde un terreno de lucha común contra el golpe.

Aquí conviene recordar el rechazo total de Gramsci a teoría del social-fascismo, que en su época equiparaba a Hitler y Mussolini con los adversarios socialdemócratas. Al igual que Trotsky promovía estrategias de frente único contra la derecha, que son vitales en el contexto actual de Venezuela.

A escala regional es el momento de la solidaridad. Tal como ocurrió con Cuba durante el periodo especial hay que poner el hombro en las circunstancias más difíciles de acoso, demostrando que la izquierda se ubica en el campo opuesto de la reacción.

¿El trasfondo de los problemas que señalas no es la atadura al modelo revolucionario de 1917 que Gramsci comenzó a renovar?

Puede ser. Pero yo evitaría cualquier sugerencia de contraposición entre Lenin y Gramsci. Me parece que existe una complementariedad, derivada de la incorporación de temporalidades más largas a la vertiginosa experiencia soviética de doble poder. Hay complementariedad y no antagonismo entre la "guerra de posición" y la "guerra de maniobra". Son momentos sucesivos de una misma estrategia

Los procesos de China, Vietnam o Cuba ya demostraron en condiciones bélicas la preeminencia de períodos revolucionarios prolongados. También los escenarios institucionales vigentes en las últimas décadas obligar a reconsiderar las temporalidades. Exigen replantear la tradición que concibe al gobierno de los trabajadores, la captura del estado y la transformación de la sociedad como procesos simultáneos. Actualmente son válidas las hipótesis de gobiernos populares, estados en disputa y grandes fracturas en la sociedad a lo largo un periodo significativo.

¿Cuál sería entonces el principal legado de Gramsci para la coyuntura latinoamericana actual?

No hay una sola faceta, pero quizás conviene resaltar lo más obvio: la necesidad de forjar identidades políticas propias de la izquierda, con nítidos perfiles anticapitalistas. Como ese cimiento supone la reivindicación abierta de nuestras tradiciones socialistas, antiimperialistas y revolucionarias, una actitud gramsciana actual se contrapone con la fascinación que despierta el Papa Francisco.

Resalto este dato porque Bergoglio fue elogiado primero como eventual sustituto de Chávez y ahora como una alternativa mundial progresista a Trump. Es asombrosa la falta de realismo de esta actitud, que confunde necesidades de supervivencia de los procesos radicales con expectativas favorables hacia la institución más reaccionaria del planeta.

¿Pero cuál es la conexión con Gramsci?

Su crítica frontal al Vaticano. Gramsci fue un militante comunista empeñado en revolucionar la conciencia de los oprimidos para que actuaran al servicio de sus propios intereses. En cambio la Iglesia recluta fieles y no quiere protagonistas. Rechaza a los militantes y disuade la lucha. Busca apaciguar o disciplinar a los rebeldes. Con ese propósito elaboró una doctrina social contra el ideal comunista.

La filosofía de la praxis apunta hacia la dirección opuesta de expandir la conciencia socialista. Actualmente ya no interesa tanto el ámbito elegido por los intelectuales orgánicos para enlazar la teoría con la práctica. Retomar a Gamsci implica priorizar la vigencia y primacía del proyecto socialista.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226296

 

 

 

Pensemos de otra manera la situación actual y en qué el progresismo se diferencia de la izquierda consecuente:

 

 

 

Chavismo o independencia de clase

19 de marzo de 2014

Por Rolando Astarita

Como lo ponen en evidencia los intercambios que he tenido en “Comentarios” a raíz de la nota sobre control bonapartista, mis diferencias con la izquierda chavista son profundas. Alguna gente se sintió ofendida porque planteé que, de hecho, estamos en “veredas opuestas”, ideológica y políticamente, pero no hay otra manera de decirlo. Es que hay dos visiones contrapuestas: una que hace eje en que el movimiento obrero mantenga una actitud autónoma y hostil hacia el conjunto de la clase dominante y el Estado. Y otra que pone el acento en la colaboración con el proyecto del socialismo siglo XXI, dirigido desde el Estado. En esta entrada amplío sobre qué significa un accionar independiente, autónomo, de clase.

 

Carácter irreconciliable del antagonismo

El fundamento último de una estrategia política autónoma de las fuerzas del trabajo es la conciencia de clase. En términos leninistas, conciencia de clase es conciencia del carácter irreconciliable del antagonismo entre el capital, de conjunto, y el trabajo. Es también conciencia de la naturaleza burguesa del Estado, de su rol en el sostenimiento de la relación de explotación, y de la imposibilidad de reformarlo “desde adentro”. Este carácter del Estado no se altera en los países dependientes (ver más abajo).

Por eso la independencia de clase exige una actitud hostil de los explotados hacia la clase dominante de conjunto. Es un criterio general que ordena las orientaciones tácticas y los programas de acción. De ahí el rol de la crítica. La critica hacia toda forma de explotación y sujeción de los trabajadores es la condición indispensable para avanzar en la autonomía de la clase trabajadora. La raíz última de esta crítica es la teoría de la plusvalía de Marx (esto es, la teoría de la explotación del trabajo por el capital). Por esta razón no puede haber política socialista y revolucionaria sin teoría, sin crítica, sin debates y elaboración colectiva.

 

Contradicción de clase en el país dependiente

Precisemos también que la autonomía de clase tiene como fundamento el reconocimiento de que en los países dependientes la relación social fundamental es capitalista. Esta afirmación se enfrenta al discurso “nacional marxista”, o “nacional y popular”, que sostiene que los trabajadores de los países dependientes deberían colaborar con las fracciones “nacionales” de la clase dominante, o de las instituciones estatales, para liberar al país o sostener la independencia nacional. Como he argumentado en otras notas, en prácticamente ningún país de América Latina está pendiente la liberación nacional. Y en particular en Venezuela, hoy no existe ninguna fracción de la clase dominante que tenga como proyecto convertirla en una colonia o semicolonia. Así como el ascenso del chavismo al poder no cambió el carácter dependiente del país, un eventual ascenso de la burguesía opositora no implicará algún cambio significativo del estatus de dependencia. Agrego: hoy no hay ninguna posibilidad de que EEUU lance una operación colonialista sobre Venezuela. No hay, por lo tanto, razón para que el movimiento obrero se plantee alguna forma de “unidad de acción antiimperialista”.

 

Golpes militares o fascistas e independencia de clase

A lo largo de la historia, la independencia de clase no fue impedimento para que los marxistas distinguieran entre diversas formas de regímenes políticos burgueses. Hay una diferencia apreciable entre ir a parar a un centro de detenciones clandestino, a ser detenido con derechos al habeas corpus y abogado defensor. Los socialistas defendemos una democracia burguesa frente a un golpe fascista, o una dictadura militar. Ningún marxista dejó de luchar contra Pinochet o Videla; y la izquierda de conjunto estuvo en contra del intento de golpe militar en Venezuela de 2002. Pero se trata siempre de defensas de la democracia burguesa ante ataques concretos, identificables.

Sin embargo, se plantea una situación muy distinta cuando el gobierno o alguna fracción de la clase dominante agitan el peligro del golpe, o del fascismo, con la única intención de impulsar a la conciliación con la burocracia y el Estado, o reforzar el control sobre las masas populares. Y todo indica que esto es lo que está sucediendo en Venezuela. A diferencia de 2002-3, hoy la línea mayoritaria de la oposición burguesa no es favorable al golpe, y el Ejército está alineado con el proyecto chavista. ¿Quiénes entonces va a dar ese golpe de Estado? Estudiantes haciendo barricadas y tirando bombas molotov no son sinónimo de golpe fascista o militar, por más que pidan el cambio de gobierno.

Tener claridad en este tema es vital para la actitud frente al Estado, y al conjunto de la clase dominante. Tal vez en este punto tiene sentido traer al recuerdo una vieja enseñanza de Lenin. También en Rusia el ala menchevique del partido socialista y los liberales agitaban el peligro de la extrema reacción (los centurianegras) para aconsejar la conciliación de clases. Respondía entonces el dirigente bolchevique que “el partido obrero debe rechazar con desprecio el acostumbrado método liberal de atemorizar al filisteo con el espectro del peligro centurionegrista” (diciembre de 1906). Y en otras notas destacaba que el “cuento del peligro centurionegrista” sólo sirve para proteger a los liberales del peligro de la izquierda, y embota la conciencia de las masas, pues no las impulsa a distinguir las verdaderas líneas de clase. Mutatis mutandi, la idea mantiene su vigencia. Agitando el peligro del fascismo, o del golpe de Estado, la dirección nacional burocrática chavista confunde y paraliza. Los análisis deben basarse en relaciones de las fuerzas sociales y políticas objetivas.

 

Tomar distancia de todas las variantes burguesas

Mucha gente sostiene que aun cuando Capriles no esté hoy por una salida fascista, los socialistas deben alinearse con el chavismo porque éste es progresivo frente al resto de la oposición burguesa. El criterio que defiendo es muy distinto: tratándose de variantes políticas propias de cualquier democracia burguesa, la clase obrera no gana nada sustancial apoyando a una u otra. O como decía el viejo dirigente socialista Wilhem Liebknecht, aun cuando pudiera haber alguna ventaja apoyando “el mal menor contra la reacción y el enemigo común”, el verdadero mal reside en oscurecer los antagonismos de clase, e inducir a la idea de que con falsos “amigos” los obreros pueden avanzar en organización y conciencia socialista.

Es con este criterio que hace un tiempo firmé un manifiesto internacional en apoyo de la candidatura obrera, en Venezuela, de Orlando Chirino, que se presentó como alternativa independiente frente a Chávez y Capriles. La idea central era: ni Chávez ni Capriles, sino una alternativa no subordinada a corriente burguesa alguna. Muchos trabajadores, desilusionados con el chavismo, votaron a Capriles; otros, temerosos de la oposición burguesa, siguieron alineados con Chávez, pero un pequeño grupo obrero, con un programa socialista, se presentó con su propuesta. Sin coincidir totalmente con ese programa (no soy trotskista), lo consideré altamente progresivo. Una pequeña voz que se levanta para decir que no hay que conciliar es fundamental.

¿Significa esto que los marxistas negamos la defensa de conquistas? En absoluto. La clase obrera puede defender conquistas sin embanderarse políticamente detrás de una corriente burguesa, o burocrática estatista. Para dar algunos ejemplos: los socialistas en Argentina defendieron la limitación legal de la jornada de trabajo de 8 horas, sin por ello apoyar políticamente al gobierno de Alvear (que por cierto, era bastante reaccionario); defendemos el pago del aguinaldo, sin adherir al peronismo; y consideramos progresivo el derecho al divorcio, sin por ello apoyar políticamente al gobierno de Alfonsín. De la misma manera, los socialistas en Venezuela pueden defender conquistas -por ejemplo, avances en el cuidado de la salud de los sectores más sumergidos- sin por ello adherir al chavismo. Así como también defender libertades democráticas -por caso, en los sindicatos- cuando son atacadas por el Gobierno, sin adherir a las fuerzas de la oposición burguesa que denuncian esos ataques. Todo esto se resume en una vieja táctica del marxismo, “golpear en unidad de acción por demandas concretas, mantener banderas separadas”. Incluso desde un punto de vista “práctico”, la autonomía de clase potencia la capacidad de defensa de libertades democráticas o reivindicaciones económicas de la clase obrera.

 

Actitud crítica frente al capitalismo de Estado

Uno de los pilares de la autonomía de clase es la postura ante el capitalismo de Estado. En varias notas de este blog me referí al tema, recordando la crítica de Marx y Engels a los socialistas estatistas alemanes. Con las adaptaciones del caso, la crítica se aplica al estatismo venezolano. Hay que llamar a las cosas por su nombre:las estatizaciones y la administración chavista de empresas no mejoraron un ápice la fuerza social ni políticade la clase obrera. De hecho, el país se desindustrializó y la economía se primarizó. Los conflictos de Guayana, donde está ubicada la industria pesada, siderúrgica y aluminio, son expresión del desastre de la administración burocrática; desastre que fue denunciado repetidas veces por los trabajadores. Algo similar ocurre en el sector eléctrico. Incluso la producción de PDVSA (2,8 millones de barriles diarios) está estancada. ¿Qué tiene esto de progresivo para la clase obrera?

Por otra parte, los trabajadores no tienen participación real en la conducción de las empresas estatales. Las conducciones son jerárquicas y burocráticas, y la relación entre la burocracia “socialista” y los obreros es una relación de explotadores y explotados. El burócrata puesto a dirigente estatal no es un “compañero con contradicciones”, sino un enemigo de clase de los productores directos. En donde los conciliadores nacionalistas ven unidad esencial, nosotros vemos antagonismo de clase. Las diferencias en este punto no pueden ser más marcadas.

Hay que agregar que las estatizaciones han sido utilizadas por el chavismo para atacar al movimiento sindical en las empresas. Entre otras cosas, el Gobierno ha planteado que siendo las empresas “propiedad del pueblo”, no tienen sentido las huelgas, ni la acción sindical; y el control del Estado se ha utilizado para perseguir opositores, o discriminar a trabajadores que no adhieren al “socialismo siglo XXI”. Sólo gente que concibe el socialismo “a lo Corea del Norte” puede ver algo progresivo en todo esto.

El manejo estatal de la renta no crea poder obrero

La actitud crítica y hostil hacia el Estado se extiende al manejo de la renta petrolera. A lo largo de estos años Venezuela ha recibido una gigantesca renta petrolera, posibilitada por el aumento de los precios del petróleo. El chavismo ha utilizado una parte importante de esta renta para mejorar las condiciones de vida de amplias masas de la población. Como resultado, en 2011 los hogares por debajo de la línea de pobreza eran el 24,6% del total, contra el 33% en 2001; los hogares de extrema pobreza representaban el 11,4%, contra el 7%. A su vez, el índice Gini, que mide la desigualdad, bajó de 0,486 en 1998 a 0,398 en 2013. Se trata de avances importantes, pero también deben ser relativizados.Hoy la pobreza afecta a casi un cuarto de la población, y la situación está agravándose a raíz de las devaluaciones, la inflación y el desabastecimiento. La desigualdad disminuyó, pero sigue siendo mucho más elevada que la media de los países europeos, por caso, o aproximadamente igual a la que existe en Uruguay. Cuando se ponen las cosas en contexto -en casi toda América Latina mejoraron los índices de desarrollo humano en los 2000- se toma distancia crítica.

Pero además, y por sobre todas las cosas, el reparto de una parte de la renta por el Estado no crea poder obrero, ni es sinónimo de socialismo. En Venezuela la clase obrera no tiene ninguna incidencia en el manejo y destino de la renta. Cuando el Gobierno decide pagar religiosamente los intereses de los bonos de la deuda externa, y como contrapartida suspende los pagos de proveedores de insumos básicos (entre ellos, alimentos y remedios), la clase obrera no tiene arte ni parte en tales decisiones. Y la desindustrialización, el desquiciamiento de la economía, el desabastecimiento, las colas para conseguir lo indispensable y la especulación, no contribuyen en nada a mejorar la relación de fuerzas en favor de los explotados.

 

La unidad del trabajo

Desde las filas de la corriente nacional y popular se sostiene que trabajadores de los sectores salud, educación o periodismo que se manifiestan y protestan son fascistas de las “clases medias” que “defienden sus privilegios”. Sin embargo, desde un análisis materialista, un asalariado de la salud, de la educación, del sector financiero, los medios de comunicación o el comercio, no pertenece a la “clase media”; por el contrario, es explotado y forma parte de la clase obrera. Este enfoque pone el acento en la base material, social, de la unidad obrera: la fuerza productiva del trabajo está conformada por todos los que están subsumidos bajo la relación capitalista y contribuyen, directa o indirectamente, a la generación de plusvalía. La perspectiva del socialismo se basa en esta gigantesca capacidad transformadora de la principal fuerza productiva. Por eso, cuando hablamos de independencia de clase, aludimos a la independencia de todas las fuerzas del trabajo. No es casual el empeño de los ideólogos del campo “nacional” por ocultar y disimular esta cuestión.

Es necesario, además, decir que no existe nada particularmente reaccionario en reclamos contra el desabastecimiento, la falta de insumos en los hospitales, el cierre de periódicos, o a favor de libertades sindicales, que han levantado esos sectores del trabajo. Alguno podrá objetar que las demandas de los docentes, periodistas o trabajadores de la salud son apoyadas por políticos de derecha. Pero eso no las convierte en fascistas y reaccionarias. Después de todo, la inmensa mayoría de las movilizaciones obreras y populares que ocurren en el mundo tienen direcciones burocráticas o burguesas, y a nadie se le ocurre repudiarlas por reaccionarias o fascistas. Exigir el freno de la represión, mejoras en los aprovisionamientos, o protestar contra el cierre de periódicos, en nada perjudica a la clase obrera. Por el contrario, debilita el control burocrático de la sociedad, y quita banderas a la derecha que los socialistas no tienen por qué ceder.

Ataques a la actividad sindical y poder militar

En los últimos años organismos defensores de derechos humanos, sindicatos independientes y partidos de izquierda han denunciado el ataque a las libertades sindicales en Venezuela (ver referencias). Entre otros hechos, se señala la apertura de juicios penales a líderes sindicales por ejercer el derecho a huelga; el dictado de cautelares que prohíben a los sindicalistas acercarse a los lugares de trabajo; las amenazas de despido a trabajadores si participan en asambleas; la prohibición de asambleas en horarios laborales; y los despidos injustificados de sindicalistas. También se denuncia que se somete a sindicalistas a investigaciones penales, se los procesa, y en algunos casos se los encarcela por convocar a manifestaciones; y que desde el Estado se fomenta el “paralelismo sindical”, esto es, la creación de sindicatos paralelos cuando no se domina a los existentes.

Además, sindicalistas y organismos defensores de derechos humanos señalan que el Gobierno tiene una amplia injerencia -establecida por ley- en la organización de elecciones gremiales, lo que ha merecido quejas ante la OIT. También que se ha recortado el derecho de huelga, ya que la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y el Decreto Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios castigan con prisión a quienes paralicen servicios públicos o impidan el traslado de bienes esenciales para la población. Esta normativa ha sido utilizada para perseguir sindicalistas y activistas. A esto se suman los asesinatos de sindicalistas. Sólo entre junio de 2008 y agosto de 2010 se contabilizaron 122 sindicalistas asesinados, pero el presidente Chávez declaró (1/08/10) que no había asesinato de sindicalistas . Y la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación no toman el problema. Todo esto, que ha sido silenciado por el “nacional marxismo”, parece encajar muy bien en la concepción burocrático bonapartista de “construcción socialista”.

Por otro lado, se asiste al aumento del poder e injerencia de las Fuerzas Armadas en el Estado. De los 23 Estados de Venezuela, 12 son gobernados por militares. Los militares también están en alcaldías, ministerios, viceministerios, en la Asamblea Nacional, en consulados y embajadas. Por la ley Orgánica de Seguridad de la Nación, de 2002, se les dio participación en el desarrollo nacional y mantenimiento del orden interno. Lo cual fue reafirmado por una nueva Ley Orgánica en 2005, que contempló también la reincorporación de militares retirados al servicio activo, por decisión presidencial. Los militares conducen las políticas de defensa y seguridad, tienen puestos de responsabilidad política, gran influencia en la dirección de la obra pública. Los ascensos en las Fuerzas Armadas son potestad del Presidente y de los militares. La clase obrera, como clase, por supuesto, no tiene ninguna participación en esta estructura. La izquierda nacional y el nacional marxismo miran para otro lado, en tanto siguen parloteando sobre “la construcción de poder popular”.

Naturalmente, la situación no cambió con la creación, en 2007, de la Milicia Nacional Bolivariana. Ésta constituye un quinto componente de las FFAA venezolanas (Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional), organizado desde el Estado, y cuyos integrantes son, mayoritariamente, afiliados al partido del Gobierno. La MNB no tiene ninguna autonomía práctica; depende del Presidente en todos los aspectos operacionales, a través del Comando Estratégico Operacional, y del Ministerio para la Defensa, en lo que hace a los aspectos organizativos. En cuanto a las Comunas, se trata de entidades locales donde, formalmente, la ciudadanía ejerce el poder popular y autogobierno comunal. Pero en los hechos son organizadas y supervisadas por el Estado, a través del Ministerio de las Comunas.

La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores

Lo desarrollado hasta aquí puede explicar la ausencia casi absoluta de una respuesta de clase, independiente, a la crisis y al desquicio de la economía. Respuesta que permitiría atraer a sectores medios, incluso a muchos estudiantes, que hoy están bajo la influencia de la derecha y no ven salida, como aliados de la clase obrera. Pero manifestaciones más o menos regimentadas de trabajadores estatales no son sinónimo de intervención autónoma de la clase obrera. Alguna vez Lenin escribió que “la fuerza de los combatientes sólo es real cuando es la fuerza de las masas obreras con conciencia de clase”. Sin embargo, no puede haber conciencia de clase cuando se llama a confiar en un “poder efectivo” que está en manos de la burocracia bonapartista militar, autoproclamada “socialista”. Son los resultados prácticos de la “construcción de poder popular desde adentro del movimiento popular, bajo conducción del comandante Chávez”.

 

Como he planteado en otra nota, todo esto fue un fraude ideológico, alimentado y celebrado por muchos intelectuales y militantes de izquierda de todo el mundo que alegremente saltaron al barco del “socialismo siglo XXI”. Algunos llegaron a anunciar que el chavismo había puesto de nuevo en la agenda de la clase obrera mundial la construcción del socialismo. Por supuesto, nada de esto sucedió. El socialismo, en tanto programa liberador, en tanto crítica radical de toda forma de opresión y explotación, sólo podrá reinstalarse en la agenda de la clase obrera mundial desde la autonomía y autodeterminación de los explotados. Jamás podrá regenerarse bajo la conducción de bonapartes “socialistas”, cultos a la personalidad, enriquecimiento del lumpen burgués, milicos en las cumbres del Estado y absurdas mezcolanzas de nacionalismos y socialismos burgueses. Es hora de volver a las concepciones fundantes del comunismo. Y en particular, a la idea rectora de la independencia de clase: la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos.

Referencias sobre situación de libertades sindicales:

http://www.conflictove.org.ve/criminalizacion-de-la-protesta/informe-sobre-el-derecho-a-la-libertad-sindical-en-venezuela-presentado-a-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos.html.

http://desinformemonos.org/2013/10/avanza-el-control-estatal-sobre-los-sindicatos-en-venezuela/).

Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2014/03/19/chavismo-o-independencia-de-clase/

 

En consecuencia, insistamos en la importancia emancipatoria de luchas como las siguientes:

 

 

Pueblos defendarán Amazonía con autodeterminación territorial

2 de mayo de 2017

 

"Lo que está en cuestión en la Amazonía es el modelo de desarrollo y el propio concepto de desarrollo. Se trata de generar un cuestionamiento que supere al desarrollo como concepto y que ha sido aplicado por los gobiernos de todas las tendencias políticas. El autogobierno será el primer paso hacia la consolidación de esa alternativa de economía indígena basada en la reciprocidad, la solidaridad y la colaboración entre las organizaciones y pueblos amazónicos. Todo esto debe realizarse como parte de una política de respeto a nuestro conocimiento ancestral que debe ser considerado y protegido."

 

La Mesa sobre Autogobierno y Descolonialidad del VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA) concluyó su labor en comisiones afirmando una agenda de los pueblos orientada hacia la autodeterminación territorial.

Afirman que la defensa del territorio ancestral es la base de la defensa de la vida en la Amazonía e instan a las organizaciones y aliados de los pueblos a sumarse a una gran campaña para defender y profundizar el autogobierno territorial.

La Mesa fue convocada por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), integrada por organizaciones de nueve países amazónicos, y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

El trabajo de la Mesa contó además con la participación de organizaciones aliadas de la panamazonía.

Autogobierno como primer paso

"El autogobierno será el primer paso hacia la consolidación de esa alternativa de economía indígena basada en la reciprocidad, la solidaridad y la colaboración entre las organizaciones y pueblos amazónicos" indican en las conclusiones.

"Lo que está en cuestión (...) es el modelo de desarrollo y el propio concepto de desarrollo". El propósito es cuestionar y superar el concepto de desarrollo que ha sido aplicado por los gobiernos de todas las tendencias políticas.

Sostienen que la corrupción es "inherente al modelo de explotación de la Amazonía" que las empresas transnacionales y los gobiernos de turno imponen de manera cómplice afectando derechos territoriales.

IX Próximo FOSPA debe realizarse en la Guayana

La Mesa expreso su rechazo a la "condición de colonia" de la Guayana Francesa y que el gobierno francés rehuse reconocer a los pueblos indígenas en su propio territorio.

Em este sentido manifiestan su respaldo al pedido de los representantes indígenas de la Guayana para que el FOSPA IX se realice en su territorio.

Finalmente hacen un llamado a formar una gran alianza para respaldar la agenda política de los pueblos amazónicos y andinos "sin importar las fronteras que nos han impuesto".,

Para tal efecto proponen construir una agenda de trabajo específica para los pueblos fronterizos y así afirmar su condición Panamazónica.

A continuación conozca las conclusiones de la Mesa:

Conclusiones de la Mesa sobre Autogobierno y Descolonialidad realizada en el FOSPA IX, convocada por COICA integrada por AIDESEP, OPIAC, ORPIA, CIDOB, CONFENIAE, COIAB, APA, FOAG, OIS y la CAOI y que contó con la participación de organizaciones aliadas de la panamazonía

1. Lo que está en cuestión en la Amazonía es el modelo de desarrollo y el propio concepto de desarrollo. Se trata de generar un cuestionamiento que supere al desarrollo como concepto y que ha sido aplicado por los gobiernos de todas las tendencias políticas. El autogobierno será el primer paso hacia la consolidación de esa alternativa de economía indígena basada en la reciprocidad, la solidaridad y la colaboración entre las organizaciones y pueblos amazónicos. Todo esto debe realizarse como parte de una política de respeto a nuestro conocimiento ancestral que debe ser considerado y protegido. 

2. Instamos a las organizaciones y aliados de los pueblos a sumarse a una gran campaña de defensa y profundización del autogobierno territorial. 

3. Afirmar como eje de la defensa de la vida en la Amazonia la defensa del territorio ancestral y originario de los PPII y de los habitantes de la amazonia amenazados y despojados por grandes transnacionales y terratenientes. Esta defensa adopta diversas formas:

a) Reconocimiento de territorio integral.
b) Recuperación de tierras tanto ancestrales como las recuperadas a los latifundios.
c) Vigilancia del territorio.
d) Auto-consulta y consulta previa como parte del autogobierno indígena y de las poblaciones de la Amazonía.
e) Economía solidaria, agroecología y economía indígena en convivencia y respeto con la naturaleza

4. Es fundamental que las políticas y normas de cada país se adecuen a los convenios internacionales que reconocen derechos a los PPII y poblaciones de la Amazonia. Y que existan mecanismos que garanticen el cumplimiento efectivo de normas y acuerdos.

5. Denunciar la corrupción inherente al modelo de explotación de la Amazonía, ejercida por las empresas transnacionales y los gobiernos de turno que han sido cómplices de proyectos extractivos y de infraestructura corruptos que han afectado nuestros derechos territoriales.

6. Reconocemos el protagonismo de los PPII y sus organizaciones. Al mismo tiempo consideramos necesaria y urgente una alianza entre PPII y las diversas poblaciones que habitan la Amazonía (comunidades tradicionales, ribereños, campesinos, etc.). Los habitantes de la Amazonía son en su conjunto afectados por el extractivismo.

7. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de la hoy llamada Guayana Francesa. Es inaceptable la existencia en la Amazonía y en el mundo de un territorio en condición de colonia. Es también inaceptable que el gobierno francés no reconozca a los PPII que habitan en ese territorio.

Apoyamos el pedido de los hermanos de Guyana para la realización del FOSPA X en su territorio.

8. Exigimos respeto a la aplicación de la justicia indígena en nuestros territorios. Esto debe ser acatado por los estados. Esto está contemplado en tratados internacionales que nos respaldan.

9. Denunciar la responsabilidad de las fuerzas económicas y sus bancos multilaterales en promover políticas de explotación y despojo. Nuestros estados no deben arrodillarse más ante estos intereses.

10. Instamos a todos a los participantes del Foro a formar una gran alianza en respaldo a la agenda política de los pueblos amazónicos y andinos y sus organizaciones representativas, sin importar las fronteras que nos han impuesto. Debemos buscar una agenda de trabajo específica para los pueblos que habitan las fronteras y así afirmar nuestra condición Panamazónica.

11. Detener la criminalización y la violencia de los estados hacia los pueblos amazónicos. Denunciar las desapariciones, los asesinatos y la violencia en general de parte de los gobiernos de turno y las mafias organizadas que buscan de explotar nuestros territorios.

12. Exigir a los estados que antepongan el cumplimiento de sus compromisos internacionales frente a los intereses económicos y geopolíticos de las fuerzas nacionales e internacionales que nos amenazan.

13. Denunciar la responsabilidad de las fuerzas económicas y sus bancos multilaterales en promover políticas de explotación y despojo. Nuestros estados no deben arrodillarse más ante estos intereses. Sus políticas irresponsables ambientalmente sin transparencia ni acceso a la información son la causa del surgimiento de la gran corrupción que nos afecta.

14. Debemos desarrollar estrategias de descolonialidad dirigida sobre todo a nuestros jóvenes para integrarlos a lo que queremos lograr desde los pueblos en resistencia. Exigimos una educación bilingüe, intercultural y descolonizadora. Que el estado respete la salud tradicional de los pueblos originarios.

15. Exigimos respeten nuestro derecho al consentimiento previo, libre e informado. El proceso no debe imponerse por los gobiernos sino que debe surgir de los pueblos, quienes tienen el derecho de decidir cómo y qué se les debe consultar. A esto se suma el respeto a nuestros planes de vida, la vigilancia y monitoreo ambiental de nuestros territorios y la gestión autónoma de nuestras cuencas sagradas.

16. Propugnamos la defensa de nuestros hermanos en aislamiento y contacto inicial. El estado debe reconocerlos, demarcar y proteger sus territorios, respetar su derecho al aislamiento, además de garantizar su naturaleza transfronteriza.

Esta es la agenda de los pueblos camino a la autodeterminación territorial.

Tarapoto, 30 de abril de 2017.

Servindi

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Colombia: Desde las entrañas de la tierra y junto a los gritos del agua,

Cajamarca dijo NO a la minería

2 de mayo de 2017

"La victoria de las y los habitantes de Cajamarca, que nace de las entrañas de la tierra, de la fuerza del volcán Machín y del grito de las aguas, es la victoria de todas las comunidades rurales y urbanas que durante años han advertido y sufrido en carne propia lo que significa la minería en sus vidas".

El 26 de marzo asistimos a un hecho histórico que se convierte en un hito en la lucha de las comunidades populares colombianas frente a la gran minería del país. La contundente victoria de miles de voces venidas de las veredas y los rincones más recónditos de este municipio, que durante años han resistido el embate de la gran minería de oro y han resguardado su vocación agrícola y campesina, va más allá de un NO rotundo a la minería.

Cajamarca ha dado una lección a Colombia acerca de la participación y la voluntad popular. Participando ha mostrado que la paz se construye desde los territorios con ejercicios concretos y haciendo respetar su voluntad popular, ha desafiado la “dictadura minera” impuesta desde hace años en nuestro país, en donde para el sector y para los últimos gobiernos la gran minería lo justifica todo.

Las consultas populares han pasado por varias estaciones de discusión y disputa. Todos los mecanismos de participación ciudadana están consignados en la Constitución desde 1991 pero repetidamente han sido reversados y restringidos como una manera de favorecer intereses particulares. En el caso de la minería, la participación en todos sus espectros ha sido reducida meramente a un trámite, ni siquiera las consultas previas para las comunidades étnicas han sido realizadas de buena fe y con las disposiciones requeridas. No obstante, las comunidades, en su autonomía han recuperado el valor de estos mecanismos de participación ciudadana como una forma legal y taxativa de exigir que su voluntad sea de obligatorio cumplimiento, y además como un mecanismo de protección de la vocación del suelo y las formas tradicionales de habitar el territorio, que son notablemente amenazadas por las actividades extractivas en el país.

Desconocer la importancia y los efectos vinculantes de las consultas populares, los cabildos abiertos, las iniciativas normativas y legislativas, entre otros, en la política pública colombiana resulta anticonstitucional y antidemocrático, además de terriblemente desafortunado para el momento de post acuerdo que vivimos. No sólo porque desdibuja el derecho a participar, necesario para construir democracia, sino porque además nos sigue hundiendo en el totalitarismo extractivo que no admite voces disidentes y que, en complicidad con los gobiernos de turno, nos sigue imponiendo la muerte como el único camino a un desarrollo, que está lejos del significado de buen vivir que las comunidades rurales y populares defendemos.

Sin duda, la victoria de las y los habitantes de Cajamarca, que nace de las entrañas de la tierra, de la fuerza del volcán Machín y del grito de las aguas, es la victoria de todas las comunidades rurales y urbanas que durante años han advertido y sufrido en carne propia lo que significa la minería en sus vidas. No es necesario irse lejos para constatar que los argumentos de multinacionales como Anglo Gold Ashanti han sido repetidamente desmontados: la Guajira, el Cesar, Montelíbano son los ejemplos más cercanos que tenemos para anticipar lo que podría ser la Colosa y la sentencia de muerte que la gran minería lleva consigo.

Teniendo en perspectiva que los escenarios de relacionamiento entre el sector multinacional y las comunidades han sido extremamente desiguales, la consulta popular de Cajamarca nos muestra que más allá del dinero y el aparataje corrupto asociado al accionar de las empresas, el arraigo, el amor y la resistencia por el territorio prevalece en los corazones de los campesinos y campesinas de nuestro país, quienes son los responsables de abastecer de alimento a las ciudades y además de ser los cuidadores del agua. Estos valores sin precio han superado las artimañas mercantiles que las empresas han utilizado para comprar la dignidad y han mostrado que frente a la gran minería no existen puntos medios, ni “gana – gana”, como fue expresado por la viceministra de Minas y Energía, sino una necesidad imperiosa de desmontar el modelo extractivo trasnacional que sólo nos ha traído pérdidas y afectaciones irreparables e incompensables.

Por estas razones, nos sumamos a las exigencias de las comunidades de respetar a cabalidad y acatar la decisión del pueblo cajamarcuno de declarar su territorio libre de minería, y del reconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana dispuestos constitucionalmente.

El talante democrático de las campesinas y campesinos del municipio y del proceso del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, del que hacen parte organizaciones de Cajamarca como COSAJUCA (Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca), Conciencia Campesina, APACRA (Asociación de productores agroecológicos de Cajamarca), Asociación por la defensa de Chorros Blancos - Asocuencua Chorros Blancos, es una muestra de la autonomía y la soberanía de los pueblos y de la necesidad de una resistencia nacional por la defensa de las aguas.

ANUNCIO: Mientras aquí discutimos si es vinculante o no el resultado de la consulta, en El Salvador dan un paso firme para avanzar hacia el post-extractivismo, con la prohibición de cualquier minería metálica.

 CENSAT - Agua Viva

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Subrayemos que el progresismo, además, no ejerce la autocrítica y nos inculca la polarización falsa, el maniqueísmo. Es hora de debatirlo y derrotarlo:

 

 

La era de la ingobernabilidad en América Latina

29 de abril de 2017

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

 

La desarticulación  geopolítica global se traduce en nuestro continente latinoamericano en una creciente ingobernabilidad que afecta a los gobiernos de todas las corrientes políticas. No existen fuerzas capaces de poner orden en cada país, ni a escala regional ni global, algo que afecta desde las Naciones Unidas hasta los gobiernos de los países más estables.

Uno de los problemas que se observan sobre todo en los medios, es que cuando fallan los análisis al uso se apela a simplificaciones del estilo: Trump está loco, o conjeturas similares, o se lo tacha de fascista (que no es una simple conjetura). Apenas adjetivos que eluden análisis de fondo. Bien sabemos que la locura de Hitler nunca existió y que representaba los intereses de las grandes corporaciones alemanas, ultra racionales en su afán de dominar los mercados globales.

Del lado del pensamiento crítico sucede algo similar. Todos los problemas que afrontan los gobiernos progresistas son culpa del imperialismo, las derechas, la OEA y los medios. No hay voluntad para asumir los problemas creados por ellos mismos, ni la menor mención a la corrupción que ha alcanzado niveles escandalosos.

Pero el dato central del periodo es la ingobernabilidad. Lo que viene sucediendo en Argentina (la resistencia tozuda de los sectores populares a las políticas de robo y despojo del gobierno de Mauricio Macri) es una muestra de que las derechas no consiguen paz social, ni la tendrán por lo menos en el corto/mediano plazos.

Los trabajadores argentinos tienen una larga y rica experiencia de más de un siglo de resistencia a los poderosos, de modo que saben cómo desgastarlos, hasta derribarlos por las más diversas vías: desde insurrecciones como la del 17 de octubre de 1945 y la del 19 y 20 de diciembre de 2001, hasta levantamientos armados como el Cordobazo y varias decenas de motines populares.

En Brasil la derecha pilotada por Michel Temer tiene enormes dificultades para imponer las reformas del sistema de pensiones y laboral, no sólo por la resistencia sindical y popular sino por el quiebre interno que sufre el sistema político. La deslegitimación de las instituciones es quizá la más alta que se recuerda en la historia.

El economista Carlos Lessa, presidente del BNDES con el primer gobierno de Lula, señala que Brasil ya no puede mirarse al espejo y reconocerse como lo que es, perdido el horizonte en el marasmo de la globalización (goo.gl/owd24y). El aserto de este destacado pensador brasileño puede aplicarse a los demás países de le región, que no pueden sino naufragar cuando las tormentas sistémicas acechan. En los hechos, Brasil atraviesa una fase de descomposición de la clase política tradicional, algo que pocos parecen estar comprendiendo. Lava Jato es un tsunami que no dejará nada en su sitio.

El panorama que ofrece Venezuela es idéntico, aunque los actores ensayen discursos opuestos. De paso, decir que atender a los discursos en plena descomposición sistémica tiene escasa utilidad, ya que sólo buscan eludir responsabilidades.

Decir que la ingobernabilidad venezolana se debe sólo a la desestabilización de la derecha y el imperio, es olvidarse que en la prolongada erosión del proceso bolivariano participan también los sectores populares, mediante prácticas a escala micro que desorganizan la producción y la vida cotidiana. ¿O acaso alguien puede ignorar que el bachaqueo (contrabando hormiga) es una práctica extendida entre los sectores populares, incluso entre los que se dicen chavistas?

El sociólogo Emiliano Terán Mantovani lo dice sin vueltas: caos, corrupción, desgarro del tejido social y fragmentación del pueblo, potenciados por la crisis terminal del rentismo petrolero (goo.gl/DW8wkQ). Cuando predomina la cultura política del individualismo más feroz, es imposible conducir ningún proceso de cambios hacia algún destino medianamente positivo.

En suma, el panorama que presenta la región –aunque menciono tres países el análisis puede, con matices, extenderse al resto– es de creciente ingobernabilidad, más allá del signo de los gobiernos, con fuertes tendencias hacia el caos, expansión de la corrupción y dificultades extremas para encontrar salidas.

Tres razones de fondo están en la base de esta situación crítica.

La primera es la creciente potencia, organización y movilización de los de abajo, de los pueblos indios y negros, de los sectores populares urbanos y los campesinos, de los jóvenes y las mujeres. Ni el genocidio mexicano contra los de abajo ha conseguido paralizar al campo popular, aunque es innegable que afronta serias dificultades para seguir organizando y creando mundos nuevos.

La segunda es la aceleración de la crisis sistémica global y la desarticulación geopolítica, que pegó un salto adelante con el Brexit, la elección de Donald Trump, la persistencia de la alianza Rusia-China para frenar a Estados Unidos y la evaporación de la Unión Europea que deambula sin rumbo. Los conflictos se expanden sin cesar hasta bordear la guerra nuclear, sin que nadie pueda imponer cierto orden (aún injusto como el orden de posguerra desde 1945).

La tercera consiste en la incapacidad de las élites regionales de encontrar alguna salida de largo aliento, como fue el proceso de sustitución de importaciones, la edificación de un mínimo estado del bienestar capaz de integrar a algunos sectores de los trabajadores y cierta soberanía nacional. Sobre este trípode se estableció la alianza entre empresarios, trabajadores y Estado que pudo proyectar, durante algunas décadas, un proyecto nacional creíble aunque poco consistente.

La combinación de estos tres aspectos representa la tormenta perfecta en el sistema-mundo y en cada rincón de nuestro continente. Los de arriba, como dijo días atrás el subcomandante insurgente Moisés, quieren convertir el mundo en una finca amurallada. Probablemente, porque nos hemos vuelto ingobernables. Tenemos que organizarnos en esas difíciles condiciones. No para cambiar de finquero, por cierto.

http://www.jornada.unam.mx/2017/04/28/opinion/018a1pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225992

 

 

Nos toca atrevernos asumir el antagonismo irreconciliable con el Capital y su Estado por estar concientes de cuán grave es el extractivismo pero sobre todo por convicción en que ya se abren las alamedas por las luchas abajo y a la izquierda.

 

 

 

Necesidad de una estrategia anticapitalista

29 de abril de 2017

 

Por Paul Walder (Punto Final)

 

Uno de los puntos centrales en el debate político ha vuelto a los orígenes. En Chile, y por cierto en Latinoamérica, todas las tensiones regresan a la función de los mercados. Tras diversas nominaciones e intensidades de las estrategias del gran capital, todas las luchas pasan hoy por esta vieja estructura largamente estudiada. El capitalismo, que en este inicio del siglo ha alcanzado probablemente su fase más extrema y ubicua, enfrenta también después de unas cuantas décadas la certera rebelión de sus súbditos. Esta mutación, que tiene diferentes grados y representaciones en distintas latitudes, tiene en Chile características especiales. Sus actuales estructuras e instituciones son una extensión de un modelo de mercado instalado en los albores de la expansión neoliberal. Vale recordar que el mismo Milton Friedman estuvo en Chile durante la dictadura de Pinochet para conocer la solidez de las bases de un molde vaciado por sus acólitos.

 

El modelo neoliberal, que se hunde y resurge en varios países de esta región, ha tenido en Chile continuidad permanente. Es una afirmación que podemos hacer tras el fracaso de las reformas del actual gobierno de Michelle Bachelet, todas a medio andar y con evidente fecha de caducidad. La profundidad de las bases de este diseño es de tal magnitud y la distorsión del poder político ha alcanzado tan altos niveles, que la continuidad y extensión de los mercados se ha mantenido sin alteraciones desde su fundación en la noche de los tiempos dictatoriales.

 

Un ejemplo del espesor que tienen los mercados, de la enorme capacidad de movilidad del capital para mutar y alterar estrategias, son los resultados empresariales de 2016. Durante este año, el peor en cuanto a crecimiento del PIB en casi una década, las ganancias de las grandes empresas aumentaron 25 por ciento.

Las movilizaciones sociales, con presencia desde finales de la década pasada, han mutado. Es una evolución natural en movimientos políticos con voluntad de ascender y alcanzar el poder como una fuerza que emerge desde abajo tras años de confusión e inercia. El proceso observado en otros países iberoamericanos, España dixit , madura también en Chile.

Es posible que la tardanza en la reacción ciudadana tenga relación con la profundidad y extensión de los mercados, que junto con apretar cuellos y esquilmar a trabajadores y consumidores, ha instalado un único modo de vida. Un paradigma, un imaginario social y cultural que hoy está en el paredón. Porque no es posible, y este gobierno lo ha demostrado, conciliar derechos ciudadanos con la asignada función de consumidores otorgada por las estrategias del capital. En Chile son las corporaciones las que rigen la vida política, económica y social.

 

En esta escena, no parece haber espacio para la conciliación con el capitalismo en su fase totalitaria y neoliberal. Los movimientos sociales encaramados hoy en un vehículo político están obligados a armar una estrategia anticapitalista. No sólo por opción, sino porque hoy queda demostrada de manera palmaria la condición de los Estados como plataformas sobre las que se levanta el orden del gran capital. Con la nación completa, con sus recursos naturales y ciudadanos, convertida en enormes mercados para goce y lucro del gran capital, ya no hay espacio para reformas ni matices. La fuerza de la ciudadanía en la recuperación de sus derechos adquiridos tras largas y dolorosas luchas, tendrá que apuntar a tomar el poder y desarmar el Estado neoliberal. El cientista político brasileño Emir Sader escribió sobre este desafío. Un gobierno antineoliberal no debe ceder al liberalismo tradicional, sino avanzar hacia la “transformación radical de los Estados”. La verdadera contradicción en la era neoliberal se da entre las personas convertidas en consumidores u objetos de mercado y verdaderos ciudadanos, o sujetos de derechos. Aquí está la gran tarea.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 874, 14 de abril 2017.

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Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225676