Qué Estado

Mayo 2017

Sin fachada de proyecto nacional-popular.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Recordemos a Manuel Belgrano para tener presente qué es un político y diferenciarlo del matrimonio Kirchner que perfeccionó la  politiquería (vigente en los gobiernos constitucionales) al convertirse en multimillonario por aprovechamiento inmoral de su profesión y de sus altos cargos públicos.

 

Manuel Belgrano, un pensador olvidado de la Revolución de Mayo

20 de junio de 2011

Manuel Belgrano, uno de los grandes pensadores de la Revolución de Mayo, a quien siempre se lo recuerda como el creador de la bandera, pero se lo olvida como ideólogo del proceso independentista del Río de la Plata. 

 

Con el firme propósito de llevar adelante su modelo de desarrollo para la región, que fue elaborando desde fines del siglo XVIII, Belgrano pasó de su profusa escritura a combatir con las armas contra España.

"A Belgrano siempre se lo olvida como pensador, no sólo lo olvidan los textos escolares sino también los estudiosos", asegura Alejandro Herrero, historiador e investigador del Conicet y docente universitario.

En este sentido, quien fue comandante del Ejército del Norte en la lucha contra los realistas, "tenía un proyecto para la región, era un reformador ilustrado fisiócrata, y sostenía que las riquezas estaban en el suelo pero había que saber cómo dominarlo", enfatizó el historiador.

 

La no implementación del proyecto de Belgrano de reparto de las tierras, de una reforma agraria a partir de la expropiación de las tierras baldías, generó uno de los grandes problemas que van a atravesar al siglo XIX y quedarán como herencia: la expansión del latifundio.

 

"Belgrano piensa que el Estado tiene que intervenir para que le dé tierras al labrador, y esto lo está planteando durante la colonia, repartir tierras, dar semillas a los labradores, crear escuelas para que los labradores sepan leer y escribir, y a su vez el Estado tiene que hacer caminos para el transporte", señaló Herrero.

En este sentido, afirmó que "Belgrano plantea un Estado intervencionista y al servicio de los más desposeídos", y este proyecto de inclusión es el que lleva a la independencia.

 

No obstante, Herrero destacó que antes de la crisis independentista, Belgrano "venía desarrollando sus ideas en el siglo XVIII y pensaba que estas reformas podían hacerse dentro de la colonia", pero la historia estaba marcando los límites de la política imperial, la que contrastaba con las expectativas de los revolucionarios de Mayo.

Las ideas de Belgrano quedaron plasmadas en sus escritos en el Consulado de Buenos Aires, donde se desempeñó como secretario, en sus artículos en el periódico "Correo de Comercio" y en sus Memorias de la época colonial, que marcaron el inicio de los estudios económicos en el Río de la Plata y significaron una ruptura con las viejas teorías económicas.

 

Belgrano escribió en La Gaceta en 1813 que "se han elevado entre los hombres dos clases muy distintas; la una dispone de los frutos de la tierra, la otra es llamada solamente a ayudar por su trabajo la reproducción anual de estos frutos y riquezas o a desplegar su industria para ofrecer a los propietarios comodidades y objetos de lujo en cambio de lo que les sobra".

 

"El imperio de la propiedad es el que reduce a la mayor parte de los hombres a lo más estrechamente necesario", decía y enfatizaba que en esta división de clases "las unas se someten invariablemente a la mente de los otros".

Belgrano se inscribe, con su pensamiento y acción militar, dentro de la línea revolucionaria que reunió a Mariano Moreno, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo y San Martín, entre otros. 

Primero con sus escritos, reveló ser uno de los intelectuales más lúcidos de su época, y luego con su acción en el campo de batalla, expresó su fuerte sentimiento revolucionario y anticolonial sostenido en una férrea incondicionalidad.

"Deje a mi cuidado el dejar libre de godos al país", le escribió en una carta a Moreno en octubre de 1810.

Y de él había dicho San Martín: "Belgrano es el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural; no tendrá los conocimientos de un Moreau o un Bonaparte en punto a milicia, pero créame usted que es lo mejor que tenemos en América del Sud". 

 

Biografía resumida de Manuel Belgrano 

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Sus padres fueron don Doménico Belgrano y doña María Josefa González. Estudió en el Colegio San Carlos de Buenos Aires y en la Universidad de Salamanca. Al titularse de abogado, en 1794, regresó a Buenos Aires para trabajar como Secretario del Consulado de Comercio. Durante su gestión trató de fomentar la industria impulsando la educación.

Cuando los ingleses invadieron Buenos Aires en 1806, Manuel Belgrano participó en la defensa de la ciudad y poco después se incorporó a las conspiraciones patriotas independentistas. Cuando estalló la Revolución de Mayo de 1810, Belgrano participó activamente en el Cabildo Abierto que derrocó al virrey Hidalgo de Cisneros, y fue elegido vocal de la Primera Junta de Gobierno.

 

Entre 1810 y 1812, encabezó las tropas patriotas que lucharon contra los realistas en Paraguay y la Banda Oriental. En febrero de 1812, creó la Bandera de Argentina. A comienzos de 1812 Manuel Belgrano fue nombrado Jefe del Ejército del Norte para enfrentar a las fuerzas realistas que aún controlaban el Alto Perú, y derrotó a Pío Tristán enlas batallas de Tucumán (24-09-1812) y Salta (20-02-1813). Poco después fue derrotado por Joaquín de Pezuela en las batallas de Vilcapuquio (01-10-1813) y Ayohuma (14-11-1813).

Entre 1814 y 1815, sirvió a su patria como diplomático, gestionando ayuda en Inglaterra. A su retorno hizo propaganda a favor de un régimen monárquico constitucional para las Provincias Unidas del Río de la Plata, proponiendo nombrar como primer Rey a Juan Bautista Túpac Amaru, hermano del inca peruano Túpac Amaru II. En 1816, fue uno de los promotores de la Declaración de Independencia en el Congreso de Tucumán (09-07-1816).

En sus últimos años de vida, Manuel Belgrano combatió en la guerra civil contra los federales, dirigiendo tropas contra las provincias rebeldes de Santa Fe y Santiago de Estero. Pero a mediados de 1819, pidió licencia por enfermedad y se estableció en Buenos Aires. Víctima de una hidropesía, falleció el 20 de junio de 1820.

 Fuente: http://noticiasitati.blogspot.com.ar/2011/06/hace-191-anos-moria-belgrano-un.html

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Manuel Belgrano: Entrega absoluta a la revolución.

24 de mayo de 2010


Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella.”



Dedicó su vida a la lucha por imponer los principios de la Revolución de Mayo y a sostener las fronteras indecisas de la patria. Fue mucho más que el creador de la bandera y por medio de esta entrega buscamos mostrarles a uno de los hombres más leales a su patria y a sus convicciones que habitó este suelo.

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio de 1770, en el seno de una familia acomodada, su padre era comerciante. Estudio en el colegio de San Carlos con la mejor formación que se podía recibir en la época. Viajo a España y se recibió de abogado en la Chancillería de Valladolid.

 

Se perfila como un gran estudioso de los fenómenos económicos, mas que de las leyes, y es influenciado por los ideales de la Revolución Francesa, en su biografía escribió:  

“se apoderaron de mi las ideas de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, y sólo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de los que derechos Dios y la naturaleza le habían concedido.”

En 1794 se crea el Consulado de Buenos Aires, un organismo con funciones económicas y técnicas, relativas al comercio y la producción, y Belgrano asume la Secretaria del mismo, en la sesión de apertura señaló:

"Fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio son los tres importantes objetos que deben ocupar la atención y cuidado de V.S.S.”.

 Por su iniciativa nacen en 1799 la Escuela de Náutica , la Academia de Geometría y Dibujo y la Escuela de Comercio y de Arquitectura.

 

En el periódico de la época, el Correo de Comercio, que dirigía y editaba, publicó sobre la educación:

"¿Cómo, cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus ciudadanos, si no hay enseñanza, y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos? (...) Sin educación, en balde es cansarse, nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos.”

Manuel Belgrano fue uno de los principales referentes de la Revolución de Mayo. Participó en el Cabildo Abierto y votó por el reemplazo del Virrey, expresando en la reunión del 24 de mayo:

"Juro a la patria y a mis compañeros que si a les tres de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza.".

Fue elegido vocal de la Primera Junta de Gobierno. En el Correo de Comercio publicó:
"que no se oiga ya que los ricos devoran a los pobres, y que la justicia es sólo para los ricos.”

A pesar de que no tenía formación militar, fue nombrado general al mando del ejército libertador del paraguay. Resultó derrotado por tropas numéricamente muy superiores en las batallas de Paraguarí y Tacuarí. Ante el fracaso de la expedición, con el núcleo de la revolución de mayo disuelto, Mariano Moreno muerto en alta mar y la primera junta reemplazada, la Junta Grande de Buenos Aires, le inició a Belgrano una causa donde se convocó al pueblo para que declarara contra el general. No solo nadie presento cargos en su contra, si no que los oficiales que habían actuado en la campaña manifestaron en un documento no tener quejas y defendieron su sacrificio patriótico y su heroico valor. Los militares llamados a declarar por el tribunal manifestaron que la conducta de Belgrano fue intachable.

El 13 de noviembre de 1811 fue nombrado jefe del regimiento de patricios en reemplazo de Saavedra que había sido condenado al destierro.

En Rosario, a las orillas del Paraná, el 27 de febrero de 1812 enarbolo por primera vez la bandera argentina, creado por él con los colores de la escarapela, también obra suya. Esta actitud le costo su primer gran enfrentamiento abierto con el gobierno de Buenos Aires, personificado en la figura de Bernardino Rivadavia, de postura netamente a favor de Europa. El triunvirato reaccionó alarmado y desaprobó la creación de la bandera.

A principios de 1812 se pone al mando del ejército del norte. En mayo de ese mismo año traslada sus tropas hasta Jujuy, los realistas avanzan desde el sur y Belgrano recibe del Triunvirato la orden de replegarse, sin presentar batalla. Al observar que era imposible resistir el avance realista, inició el 23 de agosto de 1812 el Exodo Jujeño, ordenando a todos los habitantes de Jujuy y Salta abandonar sus hogares y seguirlo, destruyendo todo aquello que pudiera ser útil para el enemigo. Un pueblo entero se levantó y arrasó con todo a su paso, dejando al enemigo sin víveres para su tropa. Belgrano recibe la orden de retroceder hasta Córdoba, pero desobedece al gobierno de Buenos Aires y se queda en Tucumán. Se libran las batallas de Tucumán y Salta, donde el Ejercito del Norte se alza triunfador, salvaguardando de esta manera, la independencia argentina al contener la ofensiva realista lanzada desde el norte.

Junto a San Martín y Bernardo de Monteagudo, fue uno de los principales promotores de la declaración definitiva de la independencia argentina en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816. Propuso una monarquía casi nominal y un gobierno efectivo del tipo parlamentario, ofreciendo el trono a los descendientes de los incas, el titulo le correspondía al único hermano sobreviviente de Túpac Amaru. El objetivo perseguido era atraer la adhesión de las poblaciones de las actuales zonas andinas de Bolivia, Perú y Ecuador al movimiento emancipador que se gestaba en la Argentina. Esta propuesta contaba con el apoyo de San Martín, sin embargo fue ridiculizada por sus contemporáneos.

Pidió licencia y se trasladó a Buenos Aires ya seriamente enfermo de hidropesía y con su hígado destrozado. Finalmente muere el 20 de junio de 1820, solo y en la pobreza a pesar que el gobierno de Buenos Aires le adeudaba sueldos que jamás le pago. Antes de que Manuel Belgrano se comprometiera con la causa de la independencia, su familia había sido una de las más acaudaladas del Río de la Plata.

 

Valeria Campolongo/ Junta Permanente
 

Fuente: http://desde-los-satelites.blogspot.com.ar/2010/05/manuel-belgrano-entrega-absoluta-la.html

 

Pensemos algunos destapes a los gobiernos K para superar la creencia mayoritaria en otro capitalismo que el de Macri. Precisamos la percepción generalizada entre los diversos de abajo de:

 

 

 

1) Cuál es la verdad de la política K de subsidios para dilucidar que, así como el clientelismo y el asistencialismo no solucionan problemas de,  ni dignifican a,  quienes el sistema subsume en la pobreza. Sólo sirvieron para embaucar de una distribución de ingresos a favor de los pueblos. Los gobiernos K al igual que  deformaron estadísticas sociales de modo patotero (método de tercerización de la represión habitual en los K), desinformaron acerca de a quiénes privilegiaron con los subsidios. Fueron multimillonarios subsidios directos e indirectos no sólo a las privatizadas sino también a las mega mineras, petroleras, agrobiotecnológicas, IIRSA.

 

Consideremos el caso de las petroleras que invaden y ocupan militarmente países para adueñarse de yacimientos hidrocarburíferos. En Argentina es al revés gracias a la democracia fachada del dominio absoluto de corporaciones transnacionales y transnacionalizadas.

 

 

Red Eco  entrevista a Diego Di Risio del Observatorio Petrolero Sur
29 de agosto de 2016

 

(...) Respecto a la “crisis”, Di Risio afirmó que lo que existe es una búsqueda solamente de las situaciones más críticas: “por eso para nosotros era un punto importante discutir qué tipo de solución se iba a buscar y para quién.

Acá hacíamos foco en lo que era la composición y una radiografía del gabinete nacional y las empresas controladas por el estado nacional, como también los subsidios, de los que sólo se discute un tipo y no la totalidad, como los que reciben las empresas petroleras que no son informados”. 

 

La crisis no es de las petroleras.

En su boletín de julio, EJES da cuenta de cómo la devaluación y el precio interno del barril generan millonarias transferencias en favor de las compañías petroleras que representan entre diciembre 2014 y enero 2016 el equivalente al presupuesto 2015 para todas las Universidades Públicas. Así lo explica:

Entre diciembre de 2014 y enero de 2016 existió en Argentina una transferencia por diferencial de precios interno e internacional de petróleo de 4.166,34 millones de dólares (40.527,67 millones de pesos). Esto ocurre ya que el precio internacional comenzó a bajar desde el segundo semestre del año 2014, mientras que la comercialización interna se mantuvo a un precio por encima del internacional.

Cabe destacar que el precio del barril interno se fija en dólares. En consecuencia, la sociedad argentina en su conjunto transfirió recursos a la actividad petrolera en dicho período y llegó a pagar en enero de 2016 un barril de petróleo crudo un 89% más caro que internacionalmente. Los 40 mil millones de pesos equivalen al presupuesto 2015 de todas las Universidades Públicas de Argentina, y más de una vez y media al presupuesto de la Asignación Universal por Hijo.

El shock devaluatorio del 17 de diciembre de 2015 significó una transferencia al sector extractivo de petróleo de 5.277 millones de pesos, un monto equivale a la construcción de 34 hospitales como el de Allen Dr. Ernesto Accame. Ese valor surge de comparar las facturaciones de los meses de noviembre y diciembre del 2015 y enero de 2016 de la actividad petrolera con el tipo de cambio anclado a noviembre de 2015, y las facturaciones más la devaluación.

Cabe destacar que el precio internacional del petróleo cayó en esos meses, por lo tanto si no fuera por la política de sostenimiento de precios en el mercado interno hubiera habido una fuerte caída de la facturación de las petroleras. A su vez como el precio interno acompañó (en una proporción menor) la baja de precio internacional, la facturación de las petroleras debió caer en 1.043 millones de pesos. Pero, por el contrario, debido al shock devaluatorio, las petroleras aumentaron su facturación 2.635 millones de pesos entre noviembre de 2015 y enero de 2016.

El gas no se queda atrás

Las empresas petroleras fueron subsidiadas por la extracción de gas durante 2015 por un importe equivalente al presupuesto de Pro.Cre.Ar, más el Programa ARSAT, más Fútbol para Todos. Así lo explica EJES:

Desde la implementación del “tarifazo” el gobierno de la alianza Cambiemos afirma que las empresas petroleras no reciben suficiente incentivo para aumentar la dotación de energía. Sin embargo, desde 2013 la Argentina subsidia la extracción de gas. Solo en 2015 se destinaron más de 15 mil millones de pesos, es decir que el subsidio representó el 51% de la facturación por extracción de gas natural. Si además sumamos los ingresos por gas natural en boca de pozo, la facturación promedio sería de 3,15 dólares por millón de BTU, superior al precio internacional de 2,62 dólares por millón de BTU. Para alcanzar el monto del subsidio a las petroleras en 2015 tendríamos que sumar el presupuesto de Pro.Cre.Ar (10.000 millones de pesos), más el Programa ARSAT (4.000 millones de pesos), más Fútbol para Todos (1.634 millones de pesos).

Red Eco Alternativo
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2016/08/29/para-leer-y-pensar-sobre-los-hidrocarburos/

 

2) Cómo una enorme ruina del país y su gente se oculta detrás de "Vaca Muerta que ocupa un lugar central en los relatos de la saga Argentina potencia, desplazando al monocultivo de soja transgénica".

 

 

 Fracking

Ocho gravísimos efectos secundarios
9 de septiembre de 2016

Por Ecoportal (Rebelión)

 “Además de la confirmación de varios científicos de todo el mundo, de que el proceso de fractura hidráulica llamada fracking provoca terremotos, existe una lista de efectos secundarios de toda índole, que se acrecienta día a día de manera preocupante.”

 

Es innegable que el proceso genera puestos de trabajo, gas natural, petróleo e ingentes ganancias, por lo cual es defendido por las empresas y apoyados por muchos gobiernos, pero los peligros ambientales, de salud y de seguridad siguen aumentando.

Este es un resumen de los diversos “efectos colaterales” que podría tener la perforación de un agujero en la superficie de la tierra, en el que se inyectan productos químicos tóxicos a una alta presión y luego se bombea el agua residual a gran profundidad.

 

Contaminación del agua

Durante el proceso de fractura hidráulica, una importante cantidad de gas metano y otros productos químicos tóxicos se filtran desde el pozo y contaminan las inmediaciones de las aguas subterráneas, que suelen ser la fuente hídrica para el consumo de las comunidades locales.

Un solo pozo puede producir casi cuatro millones de litros de aguas residuales, que contiene elementos radiactivos como el radio y varios hidrocarburos cancerígenos, como el benceno; las concentraciones de metano son 17 veces mayores en las napas subterráneas cercanas a los sitios de fractura, que en los pozos normales. Sólo entre un 30 y un 50% del fluido de fracturación se recupera; el resto se deja en el suelo y no es biodegradable.

 

Escasez de aguas

Casi el 90 % del agua utilizada en fracking nunca regresa a la superficie. Dado que el agua se retira definitivamente de su ciclo natural, esta es una mala noticia para los afectados por la sequía o la escasez.

La reorientación de los suministros de agua para la industria de la fractura hidráulica, no sólo hace que los precios del agua se encarezcan, sino que también reduce la disponibilidad de la misma para otros usos, como el riego de cultivos.

 

Graves secuelas en la salud

El fluido residual dejado por el proceso de fractura hidráulica se deposita en fosas a cielo abierto para que se evapore, lo que libera peligrosos compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera, contaminando el aire, generando lluvia ácida y aumentando los índices de ozono a nivel del suelo.

La exposición a partículas de sulfuro de hidrógeno e hidrocarburos volátiles puede provocar problemas de salud, como asma, dolores de cabeza, presión arterial alta, anemia, ataques al corazón y cáncer y puede tener un efecto perjudicial sobre los sistemas inmunológico y reproductivo, así como en el desarrollo embrionario.

 

Un gas asesino

Un estudio reciente de la Universidad Johns Hopkins, encontró que los hogares ubicados en zonas suburbanas y rurales cercanos a los sitios de fractura hidráulica, en general tienen una concentración de radón un 39 % más alta, que aquellos ubicados en áreas urbanas sin fracking.

El radón (la segunda causa mundial de cáncer de pulmón después del tabaquismo) es un gas radiactivo natural, inodoro, insípido, invisible y soluble, por lo que algunos restos disueltos pueden aparecer en los pozos de agua y en las napas subterráneas y otros dispersarse por el aire.

 

Partículas mortales

Además de agua y productos químicos tóxicos, el fracking requiere el uso de arena fina o frac, que ha impulsado el auge de la extracción y molienda de la misma, en muchos puntos del planeta.

Estas pequeñas partículas de sílice pueden dificultar la respiración y causar irritación respiratoria, tos, obstrucción de las vías y una mala función pulmonar, pero la exposición crónica o a largo plazo puede provocar inflamación pulmonar, bronquitis, enfisemas y una enfermedad grave conocida como silicosis, una forma de fibrosis pulmonar.

 

Terremotos

Se ha confirmado que el proceso de fractura hidráulica provoca terremotos. En concreto, durante los últimos siete años, ciertas regiones geológicamente estables han experimentado movimientos en las fallas que no se habían movido en millones de años, a causa del fracking. Además, es difícil o imposible predecir dónde ocurrirán los sismos ocasionados por esta práctica.

Está fehacientemente comprobado que el aumento de dicha actividad coincide con la inyección de aguas residuales en pozos diseñados y aprobados para este fin. Tras años de incertidumbres, muchos gobiernos han acabado por darle la razón a los científicos, el de Francia fue uno de los primeros.

 

¿Más “efecto invernadero”?

El gas natural es principalmente metano, un gas de efecto invernadero tan potente, que atrapa 85 veces más calor que el CO2. Debido a las fugas de metano durante el proceso de fractura hidráulica, el fracking puede ser peor que la quema de carbón.

Está comprobado que incluso pequeños escapes en el sistema de producción y distribución del gas natural puede tener un gran impacto a nivel climático, el suficiente como para echar por tierra todo el beneficio de la conmutación de la producción de energía térmica por carbón a gas.

 

¿Quid pro quo?

Por último y no menos importante, detrás del fracking hay muchísimo dinero en juego. Hablamos de cantidades astronómicas que son las que acaban por “convencer” a los gobiernos, que acepten que sus territorios sean hollados de esta manera, aun a sabiendas de las perniciosas consecuencias que este método puede acarrear.

A cambio de unos cuantos puestos de trabajo reales, pero no siempre estables, de tener una fuente de gas natural “en casa” y de apoyos económicos subrepticios, en muchos lugares del mundo, en este instante se está practicando fracking, sin ninguna consideración por la salud de los pobladores cercanos, las terribles consecuencias climáticas y los daños irreparables al medio ambiente.

http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Contaminacion/Fracking-8-gravisimos-efectos-secundarios
Fuente:
 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216482

 

 

3) Porqué el aplaudido crecimiento a tasas chinas o el Consenso de los Commodities  Leer significó maximización de la concentración y transnacionalización económico territorial. Pero para nosotros, los de abajo, implicó desertificación  y genocidios silenciosos e invisibilizados.

 

 

¿Tierra yerma o “Granero del mundo”?

21 de agosto de 2014

 

Por Darío Aranda

Desmontes, desalojos y masivo uso de agroquímicos son algunas de las consecuencias ya conocidas del modelo agropecuario. Otro factor fundamental, reconocido incluso por empresas y gobiernos, es el empobrecimiento de suelos. Con cada buque con soja se exportan 3.500 toneladas de nutrientes. “El exceso de soja en la matriz granaria atenta contra la conservación del suelo”. El cuestionamiento no proviene de una organización socioambiental ni de investigadores críticos al modelo agropecuario (que también advierten lo mismo), sino de un editorial del diario La Nación1, tribuna del agronegocio.

Es un hecho que ya nadie desmiente: los suelos dedicados al agronegocio se están empobreciendo a ritmo muy acelerado, lo que ya impacta en la productividad y marca los límites (y consecuencias) del modelo agroindustrial. Datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) revelan que con cada barco con soja se fugan 3.500 toneladas de nutrientes.

El empobrecimiento de suelos y el modelo agropecuario como actividad minera extractiva significan lo mismo. Más que tierra.

El suelo está compuesto por polvo y minerales, pero al mismo tiempo es un ecosistema vivo y dinámico con miles de seres vivos microscópicos que contribuyen en la retención y proporción de nutrientes que son imprescindibles para que las plantas crezcan. El suelo es también materia orgánica (sustancias que son el resultado de la descomposición de materia animal y vegetal). Toda planta toma nutrientes del suelo, y todo resto de cosecha (organismos muertos que se descomponen) provee de nutrientes a las plantas en crecimiento. La materia orgánica del suelo es importante para evitar la erosión y volverlo más poroso, lo que ayuda a que absorba agua (y así evitar los escurrimientos rápidos, antesala de inundaciones).

Es todo parte de un proceso cíclico de acumulación que lleva miles de años. “La materia orgánica se encuentra sobre todo en la capa superior del suelo (la más fértil). La vida vegetal y la fertilidad del suelo son procesos que se propician mutuamente, y la materia orgánica es el puente”, explica la organización internacional GRAIN en su informe “Extractivismo y agricultura industrial o como convertir suelos fértiles en territorios mineros”. Soja Veinte millones de hectáreas. El 60 por ciento de la superficie cultivada de Argentina. Un sólo producto. La soja es la reina. Y en su crecimiento consume nutrientes. Ejemplo: en una producción de 4000 kilos por hectárea, la soja necesita 320 kilos de nitrógeno, que los toma del aire y del suelo. La soja también consume fósforo, potasio y azufre.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es el organismo oficial más reconocido del agro argentino y fue (y es) el brazo técnico ejecutor de la instalación del agronegocio. Según el propio INTA2, en un barco cargado con 40 mil toneladas de soja se exportan 3.576 toneladas de nutrientes. Si la carga es de trigo, los nutrientes se cuentan por 1.176 toneladas y, en el caso del maíz, 966 toneladas por cada barco.

Para el caso de la soja, las 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y magnesio) se equiparan a 8.700 toneladas de fertilizantes (urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio). Cada tonelada de fertilizante tiene un costo promedio de 450 dólares y, que multiplicado por 8.700, son casi cuatro millones de dólares que se van del suelo argentino con cada barco de soja.

Con una cosecha estimada en 54 millones de toneladas, el costo de los nutrientes extraídos ronda 5.265 millones de dólares. Fortuna que se extrae del suelo argentino. El INTA lo llama el “costo oculto” del agro.

La ingeniera agrónoma Graciela Cordone, del INTA Casilda y una de las autoras del informe, ilustró la fuga de nutrientes: “Necesitaríamos 300 camiones para cargar los fertilizantes que contienen los nutrientes que se exportan en cada barco”. A esto habría que sumar la materia orgánica que se pierde, y que tiene relación directa con la calidad (que se pierde) del suelo. “Se debe tomar conciencia que el suelo se agotará si lo seguimos explotando con el actual sistema productivo. Debemos usarlo de modo sostenible para que nuestros hijos puedan seguir produciendo con buenos rendimientos”, alertó la investigadora del INTA.

El modelo
“Segundo Congreso Nacional de Ecología y Biología de Suelos
 (Conebios II)”, fue el nombre de un encuentro poco común, que reunió durante tres días a científicos preocupados por la crítica situación de las superficies explotadas. Se presentaron 74 trabajos científicos. “Se explota el suelo hasta el agotamiento y existe peligros de una virtual desaparición”, alerta su documento final. Remarcaron que el suelo es un bien social y, como tal, debe estar a disposición y en beneficio de todos.

Realizado en abril de 2011, el congreso fue la antesala de la conformación de la Sociedad Argentina de Biología y Ecología de Suelos, y en sus conclusiones destacó que la aplicación de agroquímicos reduce la abundancia y diversidad de las comunidades de animales del suelo (animales que regulan los procesos ecológicos del suelo y tienen relación con su fertilidad), una proporción considerable de plaguicidas pueden producir efectos dañinos sobre los microorganismos (bacterias y hongos) del suelo, y asegura que los agroquímicos más usados en los actuales sistemas dominantes de producción agropecuaria producen alteraciones en la fijación del nitrógeno.

Los investigadores recordaron que los suelos actuales son el resultado de procesos físicos, químicos y biológicos que han actuado durante miles de años y que su recuperación ante el actual deterioro puede ser extremadamente lenta o inexistente. “El suelo debe considerarse a los fines prácticos como un recurso no renovable”, alerta el documento final del Congreso y afirma que el actual modelo agropecuario dominante “compromete el propio proceso productivo a mediano y largo plazo y afecta negativamente la integridad y funcionalidad del ecosistema del suelo y por lo tanto compromete la sustentabilidad”.

La organización internacional GRAIN tiene veinte años investigando y produciendo materiales sobre el impacto de la producción de alimentos en manos de corporaciones. “Extractivismo y agricultura industrial o cómo convertir suelos fértiles en territorios mineros”, es el nombre de su investigación sobre cómo el modelo agropecuario diezma los suelos. Precisa que en la segunda mitad del Siglo XX se impulsó la llamada “revolución verde”, un modelo de agroempresas (con luz verde de los gobiernos) en base a agroquímicos, semillas bajo control corporativo y monocultivos. “De un plumazo se intentó borrar diez mil años de construcción de saberes para poner a los suelos como sustrato muerto para el desarrollo de plantas con el aporte de nutrientes externos una vez que los del suelo se agotaran”, denuncia.

Analiza información oficial del INTA y precisa números del agro argentino: en la campaña 2006/07 se extrajeron 3.500 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. Traducido en dinero: 1.700 millones de dólares.

En cuanto a la soja, afirma que produce “una intensa degradación”, con una pérdida de entre 19 y 30 toneladas de suelo en función del manejo, la pendiente del suelo y el clima. En la temporada 2006/2007, con una producción de 47 millones de toneladas de soja, se extrajeron 1.149.000 toneladas de nitrógeno, 255.000 toneladas de fósforo, 760.000 toneladas de potasio. “La agricultura industrial es una actividad extractivista porque considera los suelos como un sustrato inerte del que se extraen nutrientes (proteínas y minerales) utilizando tecnología y productos químicos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas, fungicidas)”, afirma GRAIN y la compara con la actividad minera con “la única diferencia que con laminería se extraen minerales en forma directa y con la agricultura industrial es a través un proceso biológico (el crecimiento de plantas que son las que contienen los nutrientes)”.

Y aporta más coincidencias entre agroindustria y minería a cielo abierto: destrucción territorial, devastación de la biodiversidad, contaminación masiva, extracción de volúmenes inmensos de agua y contaminación de las cuencas cercanas, impacto en la salud humana y animal, destrucción de las economías regionales y nula creación de empleos para la población local. Y concluye: “Ambas actividades son insustentables”. Propuesta empresaria

A diferencia de lo que sucede con las consecuencias de los agrotóxicos y de los transgénicos, hay unánime consenso del empobrecimiento de los suelos debido al modelo de agricultura industrial. Incluso los impulsores y sostenedores del modelo (como el INTA y los medios periodísticos del sector) alertan sobre la pérdida de nutrientes.

Lo que sí difiere enormemente es cómo actuar ante la agro-minería. Las empresas proponen redoblar su negocio: vender fertilizantes para intentar recuperar al menos parte de los nutrientes (y parte de la calidad del suelo). Es un círculo vicioso en el que un modelo empresario gubernamental empobrece suelos y, al mismo tiempo, prometen mejorarlos si compran sus productos. Un paralelo posible: las tabacaleras ofreciendo tratamientos para tratar el cáncer. Aún dentro de esa propuesta de solución, el mismo INTA alerta: “La Argentina sólo repone el 37 por ciento de los nutrientes del suelo”3. El diario La Nación hace lo propio: “El agro fertilizó menos y se agravó el déficit de nutrientes del suelo”, tituló en la edición del 4 de abril de 2013. Precisó que de los seis millones de toneladas de “fertilizantes extraídos no repuestos de la cosecha”, dos millones de toneladas corresponden a potasio y los otros cuatro millones a nitrógeno, fósforo y azufre. Lamentó que sólo se repusieron (vendieron) tres millones de toneladas de fertilizantes (15 por ciento menos que en la cosecha anterior). El estudio del INTA “Extracción de nutrientes en la agricultura argentina”, de Gustavo Cruzate y Roberto Casas, detalla que la “reposición” de nutrientes varía entre el 34 y el 41 por ciento en cada cosecha. La organización GRAIN resume la avalancha de críticas a la propuesta empresaria: “La gran paradoja es que el ‘ciclo’ de la agricultura industrial se completa incorporando fertilizantes que a su vez deben ser extraídos del suelo (el fósforo y el potasio por minería directa) o fabricarlos a partir del petróleo (como el nitrógeno). Ninguno de estos productos es renovable y a mediano plazo se agotarán. Pero igual de grave resulta que su uso masivo completa indefectiblemente la destrucción de los suelos”.

GRAIN descarta que una solución sea la aplicación masiva de fertilizantes y propone alimentar los suelos incorporándoles materia orgánica, diversificando cultivos, saliendo del modelo agroindustrial de monocultivos.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzó el 24 de julio un “plan de acción para frenar la creciente degradación del suelo”. La FAO, muchas veces señalada por organizaciones campesinas de incentivar el agronegocio y boicotear la agricultura familiar y agroecológica, aprobó en Roma un cronograma de acciones para “regulaciones claras e inversiones correspondientes (de los Gobiernos) para la gestión sostenible de los suelos”. “El actual ritmo creciente de degradación del suelo amenaza la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus necesidades”, alertó la FAO y precisó que el 33 por ciento de los suelos cultivables del mundo se encuentran afectados por el agotamiento de los nutrientes, acidificación, salinización, compactación y contaminación química. Minería agrícola

La agencia de noticias oficial Telam hizo explícita la crisis del suelo el 26 de mayo pasado4. Tituló: “Impulsan un plan minero para abastecer al agro con minerales para optimizar la calidad del suelo”. El subtítulo reforzó el perfil de noticia como un hecho positivo: “El gobierno nacional impulsa el diseño de un programa destinado a optimizar la calidad y productividad de las tierras, en especial para la zona de la Pampa Húmeda”.

Detalló que la Secretaría de Minería y el Ministerio de Agricultura iniciaron un programa de “abastecimiento para el campo, con minerales que se destinen a optimizar calidades de suelos”.

Jorge Mayoral, secretario de Minería de Nación, señaló a Télam: “El suelo no es un recurso inagotable sino que cuando es utilizado por la agricultura pierde sus mejores micro y macro nutrientes, que son los minerales, y entonces hay que volver a ponerle minerales para que los rendimientos perduren y mejoren”. Aclaró que la iniciativa apunta a que “el país produzca más” y explicó que son necesarias maquinarias agrícolas diseñadas específicamente” para enriquecer suelos.

El artículo de la agencia oficial finaliza con una cita del secretario Mayoral, en tono triunfante: “Un agregado de la cadena de valor de este programa es que somos todos nacionales y populares. El campo, el chacarerismo que no tiene dólares para agroquímicos pero puede acceder a estos minerales que proveen productores locales y le permiten mejorar rendimiento y hacer mejores negocios”.

Como vemos la minería agrícola oficial ya está en marcha. Y el gobierno celebra.

1. http://www.lanacion.com.ar/1492219-sojizacion-de-nuestra-agricultura 2.http://intainforma.inta.gov.ar/?p=12116 3. http://intainforma.inta.gov.ar/?p=12116 4. http://www.telam.com.ar/notas/201405/64684-impulsan-un-plan-minero-paraabast ecer-al-sector-agropecuario-para-optimizar-la-calidad-del-suelo.html

Ecoportal.net

Revista CTA julio-agosto 2014

Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Suelos/Tierra_yerma_o_Granero_del_mundo

 

 

 

3) En qué  consistió el proyecto 'nacional-popular' y porqué coincide con el del gobierno de Mauricio Macri.

 

 

Un iceberg llamado Vaca Muerta

17 de noviembre de 2016

 

Se suele usar Vaca Muerta como sinónimo de Añelo, pero los límites van mucho más allá de la localidad neuquina que se ha transformado en la capital de los hidrocarburos no convencionales. Se suele pensar en fracking cuando se menciona Vaca Muerta, pero es mucho más que eso. Allí radica su carácter extremo.

 

Por Hernán Scandizzo / OPSur

Vaca Muerta es el único proyecto de explotación masiva de gas y petróleo de lutitas que ha alcanzado un desarrollo comercial por fuera de Estados Unidos y Canadá. Enclavado en el norte de la Patagonia argentina, su puesta en marcha despertó la movilización en contra de la fracturación hidráulica, dados los impactos ambientales asociados a esta técnica. Sin embargo, los procesos de transformación del territorio que desencadenan en una vasta región, exceden las problemáticas ligadas a la contaminación del aire, agua y suelo -y sus dimensiones sociales, culturales, sanitarias y económicas. Esto hace necesario extender la mirada para poder mensurar la intensidad del boom del fracking.

 

La explotación masiva de yacimientos no convencionales irrumpió en Argentina a principios de esta década1 en un escenario dominado por la caída en la extracción de gas y petróleo y de creciente importación de combustibles.2 El gobierno nacional, entonces encabezado por Cristina Fernández, y la compañía YPF, todavía controlada por la española Repsol3, los presentaron como única alternativa para el país ante la crisis energética. Desde entonces la formación de lutitas4 Vaca Muerta ocupa un lugar central en los relatos de la saga Argentina potencia, desplazando al monocultivo de soja transgénica.

 

“Según las estimaciones realizadas, las reservas comprobadas en el yacimiento de Vaca Muerta, sumadas a las correspondientes a las cuencas de San Jorge y Austral Magallanes, son del orden de 27.000 millones de barriles de petróleo y 802 TCF (trillón5 de pies cúbicos) de gas, correspondiéndole más del 80% a Vaca Muerta”6, destaca el tercer avance de los Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta, elaborado por el gobierno nacional y equipos técnicos de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública.7 Esto equivaldría a “más de 6 veces las reservas de petróleo explotable en forma convencional y, en el caso del shale gas, más de 27 veces las reservas de gas explotables en forma convencional”, subraya. “De darse las condiciones necesarias y cumplirse las hipótesis indicadas, esta cuantía implicaría no sólo alcanzar el autoabastecimiento, sino que la Argentina se convierta en un país exportador y formador de precios”, concluye el documento publicado en febrero de 2016.

 

En pocas líneas Estudios Estratégicos pasa de las certeras reservas comprobadas a las hipótesis indicadas, sin embargo mantiene un tono propio de cartilla de promoción. “El boom agrícola y ganadero que comenzó a fines del siglo XIX ocupó geográficamente un área mucho más extensa y duró muchos años, pero no tuvo la magnitud que el fenómeno del shale podría presentar. A su vez, el proceso de industrialización de mediados de siglo XX tampoco es comparable, ni por concentración geográfica ni por explosividad inicial [de Vaca Muerta]”.8 Este breve pasaje expresa claramente el lugar que desde el Estado se le adjudica al desarrollo masivo de no convencionales.

 

A un lustro de los primeros anuncios, tanto desde la Casa Rosada, que ahora aloja al empresario Mauricio Macri, como desde los gobiernos provinciales, se mantiene la apuesta,9 más allá de que la caída global del precio del crudo en 2014 haya puesto paños fríos a la fiebre inicial. En los últimos cinco años Vaca Muerta dejó de ser una formación de lutitas de 30.000 km2 y se transformó en una Región que abarca porciones disímiles de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, y también genera condiciones para la explotación de gas y crudo de arenas compactas. Una relevancia que excede el plano energético y que se construye sobre la base de desestimar no sólo las críticas socioambientales10 sino también las advertencias respecto al corto horizonte productivo de estos yacimientos -dada la fuerte caída que sufren los pozos a poco de entrar en producción– y sus costos de extracción.11

 

Enroque geológico

Con Vaca Muerta el subsuelo emergió desde las entrañas de la Tierra, desplazó lo existente -pueblos, culturas, economías, vidas-, se convirtió en la nueva superficie y el paisaje se valora en barriles equivalentes de petróleo. Lo anterior es prehistoria. En el caso de Neuquén fueron condenados al silencio los informes oficiales que documentaban los avanzados procesos de degradación de suelos y aguas derivados de casi un siglo de extracción de hidrocarburos.12 Uno de aquellos estudios, realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2010, alertaba que esa situación podía condicionar seriamente el desarrollo agroindustrial,13 que desde mediados de la década de 1990 es presentado como el eje de diferentes planes provinciales de diversificación de la matriz productiva.

 

En este contexto de enroque geológico los pequeños productores y las economías campesinas e indígenas se debaten entre la resistencia, para conservar la tenencia de la tierra/territorio y formas de vida y producción, y la negociación con la esperanza de participar de la abundancia propagandizada o por lo menos recibir algún tipo de rédito ante un avance que parece ineluctable.14 Lo mismo ocurre con las expectativas laborales, los altos sueldos que se pagan en el petróleo relegan el interés de los trabajadores por las actividades agropecuarias. Sin embargo, tanto las autoridades de Neuquén como de Río Negro15 sostienen que es posible la convivencia entre la actividad productiva y la extractiva, a pesar, también, de los incendios de pozos, derrames y otros episodios registrados en zonas de chacras.16

 

Diego Rodil, técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sostuvo que “la incompatibilidad de actividades se visualiza en la pérdida creciente de suelo productivo y el incremento de montes abandonados, riesgos sanitarios en la fruta por contaminación lumínica, fragmentación del espacio productivo que dificultan los controles sanitarios en bloque (…) y complejiza el mantenimiento del sistema de riego (…); además de riesgos elevados de contaminación de napas y aguas superficiales”. También advirtió que “los estándares de exportación pueden cambiar y ser rechazada la fruta en un futuro17”. “Desde la lógica capitalista de libre mercado, la renta de la tierra para la extracción de hidrocarburos es muy superior al valor para la práctica agropecuaria. En esta ecuación no se tiene en cuenta el costo que representa la pérdida de suelo productivo sistematizado y dotado de infraestructura, la pérdida de capital social que también llevó años construir, y los puestos de trabajos que se pierden”, subrayó. Tales afirmaciones las hizo en el artículo Avance de la frontera hidrocarburífera sobre suelo productivo. Estación Fernández Oro, Alto Valle del Río Negro, que pretendía presentar en las VII Jornadas de Economía Ecológica de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica, realizadas en Neuquén en noviembre de 2015. Sin embargo, a pesar de que su trabajo había sido aceptado por el comité organizador, el INTA no autorizó su intervención.

 

La creciente demanda de suelo urbano, por el proceso de metropolización que vive el Alto Valle del río Negro y Neuquén, también genera un fuerte avance en zonas de chacras, donde florecen loteos y los montes frutales son reemplazados por metros cuadrados de cemento. Si bien esta tendencia es anterior al boom de los no convencionales, la construcción de Vaca Muerta como tierra de la abundancia aceleró el proceso. Según el informe Estudios Estratégicos, entre 2009 y 2013 se perdieron alrededor de 2.300 hectáreas en el Alto Valle del río Negro y Confluencia. “Sin contar las que se puedan haber perdido entre 2013 y 2015, se estima que se perderán otras 2.440 hectáreas productivas aproximadamente solo para urbanizaciones requeridas por el crecimiento poblacional”. Si el sector hidrocarburífero recuperara el nivel de actividad previo a la caída del precio del barril de crudo, en un período no menor a cinco años, se incrementaría la población de la Región Metropolitana del Valle y la Confluencia en 200 mil habitantes, ascendiendo a un millón de habitantes, según estimaciones oficiales. Por ejemplo Añelo, ciudad que hace las veces de plataforma de operaciones de Vaca Muerta, pasó de tener 2500 habitantes en 2010 a 6 mil en 2014, tras el boom, y de haber un nuevo despegue, ascendería a 41 mil en poco más de un lustro, de acuerdo a las estadísticas publicadas en Estudios Estratégicos.

En este punto cabe destacar que si bien la planificación oficial problematiza la pérdida de suelo productivo como consecuencia de la extensión de las urbanizaciones, no hace lo mismo con la apertura de locaciones -que reemplaza la capa fértil con una compactación calcárea de 40 a 50 cm- y las infraestructuras requeridas por proyectos petroleros y gasíferos.

 

Sinergias extractivistas

La explotación masiva de formaciones de lutitas y arenas compactas lleva implícita la ampliación de las fronteras geográfica y tecnológica, pero también, como consecuencia del despliegue de infraestructura y logística que demanda, genera las condiciones para la puesta en marcha de otros emprendimientos. Al respecto, desde el gobierno nacional y las agencias provinciales que participan en la planificación estratégica de la Región Vaca Muerta se especula con que por sinergia se reactive el proyecto de extracción de potasio en el sur de Mendoza, que en 2013 suspendió la minera brasilera Vale18, y se ponga en marcha la construcción del complejo hidroeléctrico Chihuidos, que significaría no sólo generar electricidad sino también tener control sobre las aguas del río -sea para habilitar nuevas zonas bajo riego, evitar crecidas o garantizar el suministro al sector hidrocarburífero.19

En tanto desde el sector empresario, Dow Chemical señaló que un incremento en la oferta de gas, a partir del desarrollo masivo de los yacimientos de la cuenca Neuquina, generaría las condiciones para ampliar sus instalaciones en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires.20 Cabe destacar que la compañía norteamericana se asoció con YPF en 2013 para desarrollar de manera conjunta el área El Orejano, en Neuquén, y asegurarse la provisión de gas para su planta de PBB Polisur21. A fines de la década de 1990 ambas firmas, junto a Petrobras, pusieron en marcha la compañía Mega SA, para abastecer con gas del yacimiento Loma La Lata sus plantas del sur bonaerense.

La onda expansiva de Vaca Muerta es mucho mayor, si se toma en cuenta, por ejemplo, la extracción de arenas silíceas en Dolavon (Chubut), y Aldea Brasilera y Gualeguay (Entre Ríos). Estas arenas son inyectadas durante el proceso de fracturación hidráulica y funcionan como sostén, es decir, mantienen abiertas las grietas producidas en las rocas para permitir el flujo de gas y petróleo. Según estudios realizados por el National Institute for Occupational Safety and Health de EE.UU., quienes están expuestos al polvo de sílice, como los trabajadores de las locaciones petroleras, corren el riesgo de desarrollar silicosis, una enfermedad pulmonar incurable.22 A pesar de ello, 20 camiones diarios salen de Dolavon con su carga que tiene como destino final Añelo.23 En tanto en Entre Ríos, donde existen más de 40 municipios declarados libres de fracking, asambleas socioambientales cuestionaron en octubre que las autoridades impulsen la extracción en canteras de Gualeguay. Hacia mediados de 2015 desde esa provincia se cubría la mitad de la demanda de arena de YPF.24

 

Si bien hasta el momento las obras ejecutadas en la Región Vaca Muerta se relacionan con la mejora y ampliación rutas y la simplificación de los procesos de importación y exportación de insumos y bienes de capital, está en carpeta la recuperación y extensión de tendidos ferroviarios, construcción de acueductos y redes de suministro de gas y electricidad. “Entre los proyectos que comienzan a estar en gestión figura la prolongación del ramal desde Barda del Medio hasta Añelo, en donde se instalaría una planta de clasificación y despacho de arenas provenientes de Dolavon, en Chubut. Se encuentran en suspenso la construcción de un nuevo ramal desde Chichinales hasta Rincón de los Sauces, como parte del proyecto minero del potasio, y el histórico proyecto de prolongar la línea desde Zapala hasta Pino Hachado y articularla con los ferrocarriles chilenos para dar acceso ferroviario a los puertos del Pacífico”, enumera el informe publicado por el gobierno nacional.25

Justamente una de las claves para “sinergizar las infraestructuras, empresas instaladas y dotación que quede en la RVM [Región Vaca Muerta] para direccionar servicios al golfo de San Jorge”, como plantea la Subsecretaría de Planificación Territorial, son los corredores ferroviarios. No solo se proyecta un tendido que agilice el transporte de arenas entre Dolavon y Añelo26, sino ir más allá y comunicar ambas cuencas, lo que “vertebraría una integración operativo/productiva”27. Por otra parte, Vaca Muerta reactualiza el interés de las autoridades por los corredores bioceánicos impulsados en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)28 y el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento. Esto no sólo se manifiesta en la mejora de pasos fronterizos en la Patagonia norte y extensión de redes viales y ferroviarias -como el tren a Chile-, sino también en la creación de nuevas aduanas que apuntan, en principio, a facilitar la importación de insumos29, pero que también funcionan en sentido inverso. Si para Vaca Muerta el Pacífico siempre estuvo cerca, el proyecto es que esté aún más cerca.

El fracking asoma como la punta de un iceberg llamado Vaca Muerta cuya deriva puede transformar profundamente el territorio, aún más de lo que está a la vista con los riesgos de contaminación de agua, aire y suelo asociados a la técnica, o la pérdida de tierras productivas. Una de las condiciones para garantizar la explotación masiva de yacimientos no convencionales es la construcción de corredores de infraestructura que optimicen la circulación de insumos, maquinarias, personas, etc., lo que se traduce en reducción de costos de producción y acorta la distancia-tiempo con los mercados globales.30 Esas condiciones no sólo hacen a la viabilidad de la extracción de hidrocarburos, sino también a la de proyectos mineros o la producción agroindustrial en gran escala. Del cuello de Vaca Muerta cuelga una campana, su tañido convoca a otros proyectos extractivos.

Notas:(...)

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2016/11/17/un-iceberg-llamado-vaca-muerta/

 

En consecuencia, el "Volveremos" implica continuar profundizando el país en función de mega negocios de la alianza de los capitales y estados imperialistas con los locales que, para los de abajo, implica penar cada vez más. Podríamos caracterizar a gobiernos K por el cinismo de discursear satisfaciendo deseos populares o lanzando ideas revestidas de izquierda y hacer lo opuesto. Recordemos como el gobierno CFK nos embaucó con YPF ocultando el proyecto de ese contubernio. Reflexionemos sobre:

 

YPF, Chevron y liberación nacional

20 de diciembre de 2012

 

Por Rolando Astarita

 

Los medios informan que YPF acaba de cerrar un acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron para avanzar de manera conjunta en la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. La inversión inicial será de 1000 millones de dólares, y se perforarán más de 100 pozos en el primer año. Si las cosas marchan como esperan las empresas, podría llegarse a una inversión de 15.000 millones de dólares. 

Por el acuerdo, YPF otorga a Chevron un derecho de exclusividad por cuatro meses para negociar los términos y condiciones finales por las cuales YPF cederá el 50% de la participación en la explotación de las áreas de Loma de la Lata Norte y Loma Campana.

YPF también ha llegado a un acuerdo por 500 millones de dólares con Eduardo Eunerkian para desarrollar la explotación de Vaca Muerta, y estaría cerrando otro con Bridas (una joint venture entre el grupo Bulgheroni y la china Cnooc). Galuccio, presidente de YPF, ha explicado que la empresa piensa invertir 24.700 millones de dólares hasta 2017 de su flujo propio, y obtener fondos externos hasta completar los 40.000 millones. El marco jurídico de todos estos acuerdos está conformado por la ley de inversiones extranjeras, dictada por la dictadura militar, y los decretos de desregulación de la actividad petrolera, que vienen desde el gobierno de Menem.

Las reservas no convencionales de Argentina serían las terceras en el mundo, estimadas en un equivalente a 23.000 millones de barriles de petróleo. Chevron es la segunda empresa petrolera de EEUU. Recordemos también que ha sido condenada por la Justicia de Ecuador a pagar 18.000 millones de dólares de indemnización por haber contaminado durante años la selva amazónica. La explotación de yacimientos no convencionales es cuestionada por muchos expertos, que sostienen que encierra peligros de contaminación ambiental que no han sido debidamente evaluados y estudiados. De hecho, algunos países europeos mantienen la prohibición de este tipo de explotación. Sin embargo, en EEUU la producción no convencional ha tenido un amplio desarrollo, y en Argentina el gobierno intenta seguir ese camino.

El acuerdo firmado con Chevron debe ponerse en un contexto más amplio. El 13 de septiembre, en la celebración del Día del Petróleo, Kicillof dijo que “queremos que las empresas hagan buenos negocios”; y presentó como una señal positiva el aumento a 7,5 dólares por millón de BTU del gas que extraen YPF y otras empresas. El precio estaba en 2,3 dólares, en tanto que el gas importado de Bolivia llegó a pagarse 12 y 13 dólares. Durante mucho tiempo partidos de la oposición y diferentes medios dijeron que esto era irracional, pero los K-defensores respondían que se trataba de argumentos de la derecha. Sin embargo, el creciente el déficit energético (3500 millones de dólares este año en la balanza gasífera) obligó al aumento, anunciado por la presidenta como un gran paso adelante. Poco después, en el encuentro con los petroleros, Kicillof explicaba: “Para llevar a cabo este aumento de producción se debe tener en cuenta la rentabilidad de la inversión en estos costosos proyectos y el tiempo de repago de estas, que en muchos casos exceden los plazos de las concesiones”.

Interpretaciones alternativas

Al producirse la estatización de YPF publiqué una nota (ver aquí) en la que polemizaba con aquellos que interpretaban la medida en términos de la oposición “Estado o mercado”, “Pueblos o corporaciones”, “Liberación nacional o dependencia”, y similares. De acuerdo a esta línea de pensamiento, los acuerdos recientes, o la suba del precio del gas, serian entonces una “claudicación” frente a las fuerzas del capital internacional (aunque el K-progresismo prefiere mirar para otro lado; después de todo, monopolio es Clarín, pero no Chevron).

Mi interpretación, en cambio, es que se trata simplemente de negocios capitalistas, en los cuales diversas fracciones y el Estado discuten por las condiciones de la explotación. La razón de fondo es que YPF, a igual que cualquier empresa, también está sometida, en última instancia, a la lógica de la valorización. Refiriéndome en general a las empresas capitalistas de Estado, en aquella nota sobre la estatización de YPF escribía que de manera creciente “son regidas por directores que se entrenan en las mismas escuelas de negocios que entrenan al personal jerárquico de las privadas. La valorización y los balances son puestos bajo escrutinio de los inversores, que “votan” en las bolsas de valores. Estamos muy lejos del viejo estatismo vinculado a la industrialización por sustitución de importaciones. Los nuevos criterios para definir qué es una ECE, y las ambigüedades que surgen al tratar de establecer los límites entre lo privado y lo estatal, tienen que ver con este giro”.

Y con respecto a las perspectivas inmediatas, agregaba: “Es en este marco en el que debería analizarse a la “estatizada” YPF y sus perspectivas. Naturalmente, en lo inmediato va a haber fuertes tensiones y disputas por el precio a pagar al grupo español (en el cual también está implicada Pemex). Pero por encima de esto, el gobierno intentará renegociar con el capital internacional. La propia burguesía argentina lo está pidiendo”.

 

Los cambios experimentados por YPF a lo largo de las últimas décadas ponían en evidencia que no se trata de una historia de “patriotas contra vendepatrias”, o de “honestos contra coimeros”, sino de actores respondiendo a intereses de clase, o de fracciones de clase. Por eso, no tiene sentido “exigir” que el gobierno K “luche contra las corporaciones”, como pretenden algunos grupos de izquierda. Si el sustento del modo de producción capitalista es la empresa capitalista, y si por las leyes inmanentes a este modo de producción, avanza la concentración del capital, es absurdo exigir que el Estado capitalista se enfrente a las empresas capitalistas que son un resultado de esa evolución. Esos extremos del absurdo son propios del socialismo pequeño burgués, que sueña con un “Estado de todos” y una sociedad de pequeños productores “democráticos y progresistas” (no analicen las bases sociales del Tea Party o la Liga del Norte).

 

En la realidad del sistema capitalista la propiedad privada del capital y la lógica de las ganancias gobiernan, en esencia, la marcha de las cosas. Y el Estado no es neutro, ni está por encima de las clases sociales. Su función, de contenido, es garantizar las condiciones más generales para la explotación del trabajo. Las empresas petroleras no son la excepción. Además, no se pueden desconocer las leyes del mercado sin pagar, en el mediano o largo plazo, las consecuencias. En tanto subsista la propiedad del capital, la lógica del valor y el mercado terminan imponiéndose. Por eso, cuando el gobierno “progre-K” sube el precio del gas, no lo hace porque sea corrupto (sí, es corrupto, pero el problema no es ése), sino porque no puede decidir a voluntad los precios. En este respecto, es hasta divertido ver cómo a algunos “teóricos” de El Capital, hoy puestos a funcionarios del capital, la ley del valor trabajo se les cayó encima de la cabeza. Las discusiones sobre monopolio y mercado, que he planteado en otras notas del blog, se relacionan, lógicamente, con estas cuestiones.

En definitiva, lo que se discute en estos acuerdos son las condiciones en que los capitales nacionales (empresas, inversores en bonos o acciones, y el Estado) y las corporaciones extranjeras participan en la explotación del trabajo. Estas condiciones dependen de la fuerza económica relativa de las partes (acceso a financiamiento, disponibilidad de tecnología, etcétera) y no de alguna suerte de dominación política (colonial o semicolonial). Hay una lógica que está por encima de las acciones de Eternautas, o similares. Puede discutirse algo más o menos de regulación; pero nada que indique diferencias cualitativas con respecto a lo que sucede en otras partes del mundo. En este punto, es significativo el mantenimiento de los decretos petroleros de desregulación menemistas. También las garantías que deben otorgarse a los capitalistas dinerarios que presten a YPF. Esto, que se aplica a la relación entre YPF-Estado argentino y empresas de EEUU, se puede extender a la relación entre los estados de Argentina y China, o a la relación entre el Estado argentino y empresas de China, o cualquier otro país. En definitiva, cuando se estatizó YPF dijimos que no había gesta “nacional liberadora” implicada. Lo ocurrido desde entonces, parece confirmarlo, y con creces.

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YPF, Chevron y liberación nacional

Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2012/12/20/ypf-chevron-y-liberacion-nacional/

 

 

 

Analicemos cómo los intereses oligopólicos del agronegocio fueron promovidos por los gobierno K usando el

presidencialismo dominante sobre el Congreso Nacional y engañando a organizaciones campesinas e indígenas

sobre la posibilidad de coexistencia del sistema global de agronegocios con la agricultura familiar.

 

 

 

NO NOS PATENTEN LA VIDA

Campaña contra la privatización de las semillas en Argentina

4 de septiembre de 2014

 

Una nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses concentrados del agronegocio. Su versión preliminar ya estaría en manos del Poder Ejecutivo para su última revisión, a la espera de ser enviado al Congreso Nacional para su tratamiento.

 

En un contexto mundial marcado por un fuerte embate del neoliberalismo -que incide sobre la producción y el comercio global de alimentos (transformados en commodities)-, la expansión del extractivismo agrario, el aflojamiento de controles ambientales y la desaparición de pequeños agricultores, componen una ofensiva corporativa estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en la ley de semillas forman parte de este conjunto de políticas.

Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han sido ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos gracias al accionar de las resistencias sociales.

A pesar de la crisis económica y del cambio climático, el modelo sojero -paradigma del extractivismo agrario- continúa profundizándose en nuestro país. La devaluación del peso argentino impulsada por el Gobierno nacional a principios de este año permitió que el complejo agroexportador volviera a obtener ganancias exorbitantes. Los productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con soja transgénica superara, por primera vez en la historia, las 20 millones de hectáreas. En tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios especulan con una nueva devaluación para su beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la crisis financiera internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso inflacionario que incide sobre los ingresos de los sectores populares.

Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y ecológicas de los agronegocios también se profundizan. El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo agro-minero-exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para corroborarlo, basta con destacar que durante los últimos años la expansión de la frontera agrícola devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos; las fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones), superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de los suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato). Todo ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando economías regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando formas de vida comunitaria, obligando a millones de personas a migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, lugares en los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de hacinamiento y de miseria.

 

A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la evidencia de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al afianzamiento del modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte de la oposición. Así, la institucionalización progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste en alcanzar una producción de 160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6) años, supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las actuales 34 millones de has. a las 42 millones de has. Las implicancias de una expansión de tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las actuales consecuencias socio-ambientales derivadas de un sistema productivo que se inscribe dentro de los modelos extractivistas imperantes en América Latina.

 

Otros datos dan cuenta de la orientación asumida por el gobierno nacional en aras de profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la aprobación de la soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado -a través de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados por las propias empresas.

 

En este contexto general, luego de aprobar las nuevas semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno nacional estaría buscando una reforma de la ley de semillas para favorecer a las corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse por completo de la producción de los alimentos y del control de las cadenas alimentarias.

 

El anteproyecto para reformar la ley de semillas

 

El gobierno nacional y las corporaciones agro-biotecnológicas buscan armonizar criterios comunes en materia de semillas, patentamientos y cobro de regalías. De esta manera lograron condensar en un anteproyecto las expectativas de los intereses del agronegocio para reformar la antigua Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los parámetros internacionales que regulan la protección de las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los sistemas de propiedad intelectual.

 

En nuestro país contamos con dos sistemas de propiedad intelectual: 1) la protección de la propiedad de las creaciones vegetales mediante el Derecho del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el patentamiento de plantas.

 

Es importante destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican para variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una invención. Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad puede tener derechos sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda su derecho al uso propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva siembra.

 

Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto para modificar la ley de semillas. El uso propio se vería seriamente restringido y además, actividades ancestrales como el libre almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento, preservación e intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en el peor de los casos, criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone la creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se adecuen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento de un poder de policía para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones, inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que otros obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.

Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica que varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos años, iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas. Un ejemplo de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre empresas agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a la sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo directorio se encuentran Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho evento transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de propiedad intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.

Frente a estos escenarios es importante recordar que históricamente, desde que se inventó la agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de las diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal. En efecto, se impulsó la prerrogativa del productor de reproducir su semilla, estableciéndose que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Antes de los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla comercial eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética era realizada por las agencias de los Estados y otras instituciones tales como cooperativas. Las empresas semilleras tenían por finalidad primordial multiplicar y vender las variedades de semillas desarrolladas en el dominio público.

 

En 1936 se establece en nuestro país la primera iniciativa para instituir una protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e inducir a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de la generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una enorme primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de la semilla con la de los agroquímicos producidos por ellos mismos.

 

La “coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar

 

Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma.

 

El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras.

La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una "Mesa de Diálogo" convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas.

Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia de la agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del pasado.

 

Estos mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las instituciones que rodean la problemáticas: Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA, etcétera.

 

A modo de conclusión

De aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de disputas en relación con la agricultura, la alimentación y modos de vida, sino que marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando parar esta iniciativa de privatización de la vida en muchos países.

 

En definitiva, el avance de la frontera sojera representa el correlato territorial de una ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de un modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus variantes: continúa la devastación del corredor andino con la megaminería contaminante; la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria; se multiplican los monocultivos forestales y las papeleras y la industria pesquera sigue depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a contramano de la necesidad imperiosa de construir una matriz energética alternativa -dadas las imprevisibles consecuencias del cambio climático- prioriza irresponsablemente, como respuesta a la crisis energética, la construcción de represas hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron el año pasado.

Afortunadamente, no todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del continente se multiplican las resistencias de los pueblos que optan por la dignidad de la vida y defienden nuestros territorios y bienes comunes de la depredación neocolonial del capitalismo. Las formidables resistencias de las asambleas cordilleranas contra las corporaciones megamineras; las campañas contra las fumigaciones; la resistencia indígena en defensa de sus territorios contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron la radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de nuevas voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco para cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la juventud que lucha por volver a la tierra para construir una nueva ruralidad basada en el arraigo y recuperar la libertad de producir el propio alimento, nos siguen inspirando para continuar resistiendo a pesar de las adversidades, con la esperanza de edificar una nueva sociedad basada en la igualdad y profundamente identificada con la naturaleza.

Por lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos:

 

- No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta.

- No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar la ley de semillas en todas sus versiones.

- No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio”.

- Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y papeleras.

- Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación genética de alimentos. Por el repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos.

- Por encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.

Con espíritu amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas, organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles y políticas que compartan esta lucha para desplegar una intensa movilización y todas las acciones necesarias para impedir el avance del extractivismo capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de discutirse e intentar aprobarse este proyecto de Ley de Semillas.

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2014/09/04/no-nos-patenten-la-vida-campana-contra-la-privatizacion-de-las-semillas-en-argentina/

 

 

 

Examinemos cómo el gobierno CFK "engañó a la opinión pública sobre la realidad y gravedad del problema financiero insoluble de la Deuda Pública en base a tres ideas-eje que son tan falsas como inconsistentes". Lo que prueba que, abajo y a la izquierda, tenemos otro desafío distinto a la batalla de ideas.

 

 

Fallo Griesa y estrategia K

agosto de 2014

Por: Héctor Giuliano (especial para ARGENPRESS.info)

 

La Argentina se encuentra en cesación de pagos independientemente de la cuestión de los Holdouts: la sentencia Griesa es sólo un disparador o detonante del problema de fondo que implica sostener una Deuda Pública impagable, tanto Externa como Interna.

 

Colocado en una gravísima encerrona financiera y legal - producto de sus propias responsabilidades en el manejo de la cuestión del endeudamiento y no sólo de circunstancias heredadas - la administración Kirchner trata ahora desesperadamente de diferir los efectos de la nueva Crisis de Deuda que le estalla este verano del 2014 (antes del rechazo de la apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos del 16.6) pero lo hace sin querer reconocer el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010, que es la verdadera explicación de la crisis que en este momento vive la Argentina.

Ficciones versus realidades.
El gobierno engaña a la opinión pública sobre la realidad y gravedad del problema financiero insoluble de la Deuda Pública en base a tres ideas-eje que son tan falsas como inconsistentes:

1. Que la Argentina se está des-endeudando, cuando el stock de la Deuda viene creciendo a un ritmo promedio superior a los 10.000 Millones de Dólares (MD) por año.

2. Que la Argentina tiene solvencia y liquidez para atender el pago de los servicios de la Deuda, cuando en los hechos todas las cancelaciones de Capital se hacen con nuevas deudas e incluso parte de los intereses se capitaliza por anatocismo, cuando el Estado tiene Déficit fuertemente creciente y Balanza de Pagos negativa (esto es, déficits gemelos); y cuando el Tesoro no dispone de divisas para atender las transferencias al exterior, de modo que la política de pagos de la Deuda externa con Reservas Internacionales (RI) del Banco Central (BCRA) se sostiene con divisas que se compran con Deuda cuasi-fiscal (las Lebac/Nobac).

3. Que - en la formulación textual del gobierno - se dice “Queremos pagar pero no nos dejan” y “Los Fondos Buitre (FB) y el juez Griesa pretenden llevar a la Argentina al default”, cuando la Argentina ya se encuentra en default, que es cesación de pagos, porque las cancelaciones que se realizan se hacen íntegramente con nuevas deudas, en lo que constituye sólo un enmascaramiento del default.

Por ende, si la Argentina tiene cada vez más Deuda Pública, si los servicios de Capital e Intereses por esta Deuda provocan más Gasto y más Déficit Fiscal, y si este déficit se cubre con más deuda, el círculo vicioso de la Deuda Perpetua se cumple. Se cumple como ha venido ocurriendo desde hace 40 años de Historia Financiera Argentina.

Falsas expectativas y frustraciones

Aparentemente el gobierno Kirchner esperaba que después de haber hecho “buena letra” en materia de regularización de pagos externos las cosas le irían mejor este año:

- A fines de 2013 se aceptaron y financiaron con deuda nueva cinco laudos perdidos ante el CIADI (por 600 MD-Millones de Dólares).

- En Febrero de este año se convino una fuerte indemnización a Repsol por YPF pagando también con más deuda de nuevos bonos: 6.000 MD de Capital más 5.000 de Intereses a pagar.

- En Mayo pasado, después de haberse allanado a las exigencias totales del Club de París, la administración Kirchner llegó a un acuerdo sobre plan de pago en cuotas, reconociendo un monto de obligaciones por 9.700 ND que todavía no ha sido claramente explicado.

- Entre Marzo y Junio de este año el gobierno retomó la colocación de títulos públicos locales por 10.000 M$ (Millones de Pesos), pagando una tasa de interés del 28 % anual (BONAR 2017).

- Continuando con su política de pagos de Deuda Externa con reservas del BCRA, el gobierno ha seguido utilizando este mecanismo a través del Fondo de Desendeudamiento Argentino (FDA), que consiste en retirar divisas contra entrega de otros títulos de deuda, que son Letras Intransferibles a 10 años de plazo que no tienen capacidad de pago.

Habiendo dado todos estos pasos, el gobierno confiaba en que contaría con la predisposición favorable de la Corte Suprema de los Estados Unidos en su apelación de la sentencia Griesa, para avanzar en el cumplimiento de la Hoja de Ruta Boudou y volver con ello al Mercado Internacional de Capitales.

Pero el rechazo de la Corte (del 16.6) y el estrangulamiento de los plazos para el pago de los servicios de la deuda del Megacanje Kirchner-Lavagna (30.6) habrían estropeado las esperanzas del gobierno de poder diferir “pacíficamente” el pago a los holdouts hasta el 2015, zafar de los alcances de la cláusula RUFO y trasladar la mayor parte de los compromisos iniciales por nuevas obligaciones al futuro gobierno.

Esta desagradable sorpresa explica el desconcierto que lleva a las improvisaciones, desprolijidades y contradicciones en las acciones y dichos del gobierno, a las declaraciones desubicadas de la presidenta, del jefe de gabinete y del ministro de economía que se vienen haciendo “para la galería” contra los FB, el Juez Griesa y hasta el Gobierno Norteamericano cuando lo único que está en juego aquí es una definición concreta y expresa acerca del cumplimiento o no de un fallo emitido contra la Argentina:

- Si el Estado puede cumplir con la sentencia Griesa sin que la misma empeore aún más su posición jurídica y financiera, el gobierno debiera efectivizarla y listo, es decir, pagarla.

- Pero si el fallo es de cumplimiento imposible para el país - como lo es en realidad dado los efectos de la sentencia sobre el resto de los holdouts y el problema de la cláusula RUFO - entonces el gobierno tendría que notificar formalmente al juez esta situación blanqueando así el Default, como corresponde.

Aceptar un fallo - un fallo ya apelado y perdido en todas las instancias legales que el propio gobierno reconoció ante la justicia norteamericana - y eludir u obstaculizar después su cumplimiento es una contradicción mayúscula porque un fallo se cumple o no se cumple; y no se negocia.

Acciones mal improvisadas.

La “negociación” del fallo - con un mediador nombrado por el juez de por medio - no tiene sentido cuando la forma de pago de la sentencia no cambia el fondo de la cuestión, que es la incapacidad de pago de la Argentina frente al perfil de vencimientos de la Deuda, frente a la avalancha cierta del resto de los holdouts (estimada entre 20 y 30.000 MD) y frente a la apertura de un nuevo frente de tormenta jurídica de los bonistas del canje por la cláusula RUFO (que podrían llegar a reclamar más de 120.000 MD).

Ante esta situación, como agravante, el gobierno Kirchner actúa en sentido también contradictorio:

1. Soslaya el cumplimiento del fallo Griesa, aduciendo que el mismo es de “cumplimiento imposible” - como efectivamente lo es - pero no lo formaliza ante el tribunal, o sea, no le informa al juez dicha imposibilidad de pago (que significa default) como motivo de incumplimiento, sino que persiste en impugnar los términos de la sentencia y en afirmar que el país quiere pagar a los bonistas del canje pero el juez no se lo permite.

2. Como complemento de la inconsistencia anterior, el gobierno acepta la mediación abierta por el juez para negociar la forma de pago de su sentencia cuando la Argentina no tiene nada que negociar ya que el problema no reside en la forma de pago sino en las consecuencias ineludibles del fallo.

3. En lugar de blanquear su posición de manera directa y formal - una situación de default - el gobierno se embarca en una cadena de acciones y declaraciones destinadas a burlar el cumplimiento de la sentencia del juez lo que, con cada nuevo paso, complica y empeora aún más su propia situación de desacato.

El gobierno Kirchner trata así desesperadamente de dilatar de cualquier manera los tiempos del problema pero este comportamiento, cada día que pasa, agrava aún más su situación financiera y jurídica, externa e interna.

Tiempo versus acciones


A los fines de ganar tiempo - un tiempo que, en realidad, no le juega a favor sino en contra - la administración K incurre actualmente en una serie de chicanas que complican y descolocan cada vez más las posiciones oficiales frente a una realidad incontrastable:

a) En lo inmediato, están creciendo en forma exponencial los gastos por intereses a pagar, recargos por acumulación y por punitorios, honorarios directos e indirectos de letrados (no sólo de los abogados propios sino también de los demandantes y del mediador) y gastos administrativos de todo tipo.

b) La avalancha de reclamos del resto de los Holdouts - los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 (hayan hecho o no juicio contra el país) - aumenta paralelamente en forma proporcional, agravada por el hecho que ya existen otras sentencias contrarias en firme (1.600 MD sólo en manos del mismo fondo NML-Elliot, de Paul Singer), estimándose - como dijimos - que el total de estos reclamos sumaria entre 20 y 30.000 MD.

c) Cualquiera sea el resultado que permita dilatar para el 2015 la efectivización de los pagos de la sentencia Griesa, eso no libra a la Argentina de otra tormenta de juicios por parte de bonistas del canje por la mala fe en tratar de esquivar el cumplimiento de las cláusulas RUFO y del Acreedor más Favorecido (MFC).

d) Por la cláusula Cross Default o de “incumplimiento cruzado” - firmada por este gobierno en el 2005 - el país se encuentra expuesto a la aceleración de los pagos de los bonistas del canje debido a que el Default dispara el derecho al reclamo de estos tenedores de bonos.

e) El proyecto de ley de pago local a los bonistas del canje reitera abiertamente la intención ya declarada del gobierno Kirchner de burlar el fallo Griesa, con lo que el país se coloca en una posición fáctica y legal de desacato ante el juez.

f) Después de haberle reconocido la competencia a ese “juez municipal” de Nueva York y de aceptadas todas las instancias legales de la justicia norteamericana, la misma administración Kirchner acomete una desubicada presentación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra el gobierno de los Estados Unidos cuando no se trata de una cuestión entre Estados.

g) La posición política de la administración Kirchner - sostenida esencialmente “para la galería” y desconectada de los reales términos de la grave disputa en curso - no se corresponde con la posición jurídica del estudio Cleary ni con las verdaderas posibilidades legales de torcer los compromisos ya asumidos por el gobierno.

h) La actitud de dilatar y entorpecer las “negociaciones” con el mediador Pollack cuando, en la realidad, no hay nada que negociar sino la forma de pago, ha constituido un burdo intento de soslayar la lógica y necesaria formalización del default, que es la única forma de escapar a los efectos directos e inmediatos de la sentencia Griesa.

i) Convirtiendo a la Argentina - una vez más - en campo de experimentación y especulación extrema, se abre hoy una serie de posibles operaciones combinadas de triangulación por parte de los actores del Club y del Partido de la Deuda, la mayoría de las cuales se hace sobre la base de la variante Gramercy o de tercerización de la obligaciones, por compra de los derechos de la sentencia Griesa para renegociarla luego con el gobierno argentino.

j) El proyecto de ley del Poder Ejecutivo al Congreso, que busca cambiar la jurisdicción de pago y reabrir el canje es tan incompleto como tardío y no soluciona el fondo de la cuestión de la crisis de los holdouts, que es la incapacidad de pago.

En síntesis, la suma de malas improvisaciones de la administración K no sólo no ha conseguido resultados concretos frente a terceros sino que, por el contrario, ha agravado su posición, externa e interna.

Errores en la estrategia K

El gobierno trata de eludir el hecho que el Megacanje Kirchner-Lavagna del 2005-2010 (al que todavía llama “negociación exitosa”) ha fracasado y buscaría por ello dejar la puerta abierta para que sea el juez Griesa quien lo diga y “provoque” entonces el default (aunque el mismo ya ha sido declarado por la ISDA - la Asociación Internacional de Derivados y Swaps - lo que da derecho al reclamo de los seguros de default o CDS).


La sanción de un híbrido “default técnico” por la cuestión de los holdouts sirve de argumento para seguir pagando los servicios de intereses sobre las demás deudas del Estado y como modo de enmascarar el fracaso del Megacanje, presentando las cosas como si el default se derivase de una intervención exógena y no resultado de las propias falencias en el diseño de la reestructuración del 2005 y en su cumplimiento.

Pero el juez Griesa dictó el bloqueo o congelamiento del depósito argentino en el BoNY Mellon más no el embargo, con lo que los 539 MD siguen en un “limbo jurídico”, nuestro país continúa en rebeldía frente al cumplimiento de la sentencia, sigue expuesto al reclamo de bonistas del canje - que pueden invocar la aceleración de pagos por el default - y los tiempos se le acortan adicionalmente a medida que se acerca la fecha del próximo vencimiento de intereses del 30.9 por los Bonos Par.

El gobierno Kirchner oculta la real gravedad de esta situación y trata de taparla con toda una “puesta en escena” de declaraciones públicas y medidas improvisadas para cubrir lo que son, en realidad, sus propios errores en la estrategia legal seguida desde el origen frente a la demanda de los FB en Nueva York:

1. Porque insiste en porfiar que el Megacanje Kirchner-Lavagna fue un éxito cuando sus servicios no se pueden pagar y oculta que la quita efectuada fue compensada con los cupones ligados al PBI.

2. Porque aceptó sin cuestionar la legitimidad de los títulos reclamados pese a que los mismos estaban y siguen estando bajo investigación de la Justicia Argentina (causas Olmos I - con sentencia en firme desde el fallo Ballestero del año 2000) - Olmos II, Megacanje 2001, Olmos Gaona-Marcos y la más reciente de Mario Cafiero-Llorens-Negri sobre inconstitucionalidad de la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros).

3. Porque el Estado Argentino - que estaba y sigue estando bajo la vigencia de la Ley de Emergencia Económica 25.561 y conexas - si hubiera querido desarticular la estrategia de los FB debiera haber planteado el reconocimiento sólo de una Deuda auditada, aceptada como legítima y por el valor de compra de los títulos reclamados, no por el valor nominal de los mismos.

Después de haber cometido todos estos errores jurídicos, financieros y políticos, el mismo gobierno trata de presentarse ahora como campeón de una lucha contra los FB y contra las sentencias supuestamente parciales de un juez después que todas sus instancias de apelación le fueron rechazadas.

La Argentina como experiencia piloto

Estrictamente hablando, no fue Griesa quien torció arbitrariamente el criterio de interpretación del pari passu a favor de los holdouts sino el error del gobierno argentino de haber dictado la Ley Cerrojo 26.017 y sus modificatorias, con lo que le dio el argumento a los FB de haber sido excluidos de toda oferta.

El resultado fáctico de esto es que, en definitiva, el país ha quedado peor y doblemente expuesto en la mira de todos los acreedores: desde los demandantes y el resto de los holdouts a los bonistas que entraron en el Megacanje 2005-2010, y desde el reclamo posible de todo acreedor tercero hasta los eventuales participantes de la “solución Gramercy”.

Todo ello, sin embargo, tendría una explicación final de otro orden, que es que la Argentina está sirviendo hoy - otra vez más - como experiencia piloto de una nueva forma de manejo internacional en materia de Crisis de Deuda Soberana y que, en este sentido, el gobierno Kirchner se encuentra alineado con el Sistema Financiero Internacional (SFI) en la búsqueda de nuevas fórmulas de salida consensuada - no de confrontación o discusión - en el tratamiento de casos particularmente complejos como el nuestro, cuyos lineamientos van siendo definidos experimentalmente (por prueba y error):

1. Buscando encauzar aquellos casos en que los títulos públicos no tengan Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) y requieran, por lo tanto, innovaciones en el manejo de mayorías como sustituto de dicha carencia.

2. Avanzando en la instalación de la idea del híbrido de Default parcial, sectorial o “selectivo”, para mantener la ficción de capacidad de repago y evitar las reestructuraciones totales de Deuda.

3. Experimentando - por aproximaciones sucesivas y en el terreno práctico - la instauración de nuevos mecanismos diseñados por el SFI (con el viejo proyecto Anne Krueger del FMI como modelo) para el encauzamiento de casos rebeldes o complicados como el de la Argentina.

En este contexto, uno de los capítulos centrales es despejar las acciones entorpecedoras de los FB contra países deudores como el nuestro, porque las mismas terminan bloqueando la colocación de nuevas deudas en los Mercados Internacionales de Capital y, más específicamente, de bonos de Países Emergentes en la Bolsa de Nueva York.

El gobierno Kirchner se ubica así - en los hechos y más allá de todas sus declaraciones altisonantes - como estrecho aliado del SFI y en contra de los FB, a través de una lucha de desgaste, en la búsqueda de “soluciones” institucionales para los casos de default y reestructuración de deuda soberana, aunque sin cambiar el sistema de endeudamiento perpetuo que rige en la Argentina y en la mayor parte del mundo.

Después de haber hecho la buena letra antes citada con el acuerdo de los laudos del CIADI, con la indemnización a Repsol por YPF y con el nuevo arreglo con el Club de París, después de haber comenzado a emitir deuda nueva de bonos en pesos (con el Bonar 17), después de haber traspasado la mayor parte de su Deuda Externa con Terceros a Deuda intra-Estado para descongestionar el perfil de vencimientos de su Deuda Total sin bajar su monto sino, por el contrario, aumentándolo; después de todo esto, el país estaría en condiciones de completar la Hoja de Ruta Boudou, que tiene por objeto volver al Mercado Internacional de Capitales, precisamente para tomar más Deuda Externa.

Esto ya se había comenzado a hacer con algunos emprendimientos de obras públicas e infraestructura, a través de diversas provincias (particularmente Buenos Aires y la CABA) y con algunas empresas de capital público (con YPF a la cabeza); y a ello se sumaría la nueva Deuda Externa que, directa o indirectamente, contraiga el BCRA (caso swap de monedas con China), ya que nuevas colocaciones abiertas del Estado Central en el mercado financiero externo no serían factibles a corto plazo.

De allí que para la vuelta a la colocación de deuda externa a más largo plazo se espere, en principio, a la asunción del nuevo gobierno en 2015, que sería el reestructurador de todo el cúmulo de deudas que actualmente se están contrayendo sin capacidad de repago, más las que se agreguen con la actual crisis de los holdouts.

Es la forma en que las estructuras de poder financiero manejan las decisiones del Estado y condicionan el financiamiento de las Políticas Públicas.

En conclusión: Default o más deuda


El default, como reconocimiento de la cesación de pagos, es la única alternativa hoy viable para sustraerse a la encerrona legal y financiera en que la administración Kirchner ha metido a la Argentina: es la forma necesaria de “barajar y dar de nuevo” en el marco de la nueva crisis de deuda que estamos viviendo, porque la otra alternativa es volver a tomar más deuda externa e impagable.

Frente al dilema de ir a un nuevo Default o tomar Deuda Externa, y en lugar de continuar con el enmascaramiento de la Crisis de Deuda, nuestro país debe blanquear su default, debe sincerar su cesación de pagos para poder replantear los términos de una nueva y diferente reestructuración de su Deuda Pública.

La Argentina tiene que blanquear el default porque el país no tiene solvencia ni liquidez fiscal para afrontar los servicios de la Deuda, como no sea tomando nuevas deudas y capitalizando obligaciones por intereses y por juicios perdidos.

Pero el default no es una solución en sí misma porque no es punto de llegada sino punto de partida: producida la suspensión de pagos, debe realizarse una Auditoría integral de las acreencias para determinar su legitimidad y debe establecerse la verdadera capacidad de pago futura del Estado para - recién con estos dos elementos perfectamente definidos - ir a una reestructuración forzosa y no voluntaria de la Deuda Pública.

Es la única manera de enfrentar la encrucijada de las crisis nacionales de Deuda Soberana, por medio de conversiones forzosas de Deuda, a través de la toma de decisiones de un Estado Soberano.


Nota:
- Artículos anteriores del autor sobre este mismo tema: Fallo Griesa y nuevo default argentino (25.7), Holdouts: la Argentina no tiene nada que negociar (4.7), La Argentina tiene que ir al Default (28.6), Holdouts: Default o más Deuda (25.6) y Fallo de la Corte y alternativa de un nuevo Default (18.6), todos del corriente año 2014.

Fuente: http://www.argenpress.info/2014/08/fallo-griesa-y-estrategia-k.html

 

 

Prosigamos desenmascarando al gobierno CFK  usando su poder estatal y mediático: 1) a favor de la gran estafa del Capital contra el Trabajo en una situación del país parecida a la actual; 2) en contra de "la libertad, la dignidad y la soberanía de este país" mintiendo descaradamente que con ellas  "no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie”. Pero, además, estigmatizó a los jubilados y pensionados que reclaman por sus derechos para salir de la miseria en que el gobierno K  hundió a la inmensa mayoría de ellos.

 

 

 

 

1) Deuda y buitres:¿unidad nacional o lucha de clases?

31 de julio de 2014

Por Rolando Astarita

 

En notas anteriores planteé que la contradicción principal y determinante en la actual coyuntura no pasa por la disyuntiva “Patria o buitres”, como pretende la izquierda nacional y popular (PC, Nuevo Encuentro, peronismo de izquierda, Frente Grande, partido Humanista, socialismos nacionales varios y similares), sino por la oposición entre el capital y el trabajo, esto es, entre explotadores y explotados. Contra lo que dice el discurso dominante, aquí no está en juego una lucha por “la segunda independencia”, sino una negociación en curso -con sus tensiones y conflictos- por cómo se reparten los costos del pago de la deuda (ver aquí y aquí). En otros términos, afirmamos que no hay diferencias sustanciales entre los buitres financieros que compran títulos depreciados para exigir su libra de carne (amparándose en los tribunales que pusieron a su disposición los “defensores de la Patria”), y los buitres especulativos que operan los Old Fund, o saquean los fondos públicos con negociados de todo tipo.

 

Pues bien, en un escenario de crecientes conflictos sindicales, estas cuestiones se ponen en el primer plano. Miles de docentes, portuarios y marítimos, mecánicos y metalúrgicos, bancarios, trabajadores de la alimentación y de medios de comunicación, para citar sólo algunos casos, están luchando contra la caída de salarios (vía impuesto a las ganancias o inflación), o contra las suspensiones, despidos y cierres o vaciamientos de empresas. Es que con la recesión y crisis, las mejoras conseguidas durante los años de ascenso económico retroceden por todos lados, y los trabajadores tratan de defender sus posiciones. Es el conflicto en torno a cómo se distribuye  entre el trabajo y los propietarios del capital, el valor que ha generado el trabajo. Siempre y en todo lugar, el capital y los gobiernos de turno responden a la crisis desvalorizando el salario, cerrando empresas, y aumentando la represión. Los palos de las fuerzas de represión contra los trabajadores de Lear, para citar sólo un caso reciente, se inscriben en esta lógica. No hay discurso que pueda ocultar esta realidad de fondo.

 

Se abren así dos estrategias opuestas por el vértice. Por un lado, los que anteponen la unidad nacional. Por el otro, los que ponen el énfasis en la lucha de clases, esto es, en el accionar independiente de los trabajadores en pos de sus reivindicaciones. El gobernador Scioli acaba de expresar la propuesta de unidad nacional: pidió a los trabajadores que “miren la Patria” y hagan un paréntesis en las protestas, ya que “el país atraviesa un momento muy especial que necesita la unidad y el respaldo de todos los argentinos”. Las fuerzas “nacionales y populares”, aunque no lo expresen de manera tan frontal, tienen la misma postura: a lo sumo critican “excesos” de la represión, pero descalifican las luchas, o miran para otro lado, y cargan contra la izquierda que las apoya o conduce. “Es la hora de la unidad nacional frente a los buitres”, vienen a decir.

 

Desde el enfoque que defiendo, se trata de una postura reaccionaria, favorable a los intereses de la clase dominante de conjunto. Sea cual sea el resultado final de las negociaciones con los acreedores internacionales, la situación del trabajo tenderá a empeorar. En última instancia, las salidas “K progresistas” son como el “arreglo” de la deuda con el Club de París. Por eso decimos que no hay salida progresista -esto es, sin costos para el pueblo explotado- de la actual recesión y de la crisis de la deuda. La estrategia y el discurso nac & pop llevan a reforzar el dominio ideológico y político del capital de conjunto. En contraposición, el socialismo científico -esto es, basado en la teoría de la plusvalía y la lucha de clases- sostiene que los trabajadores deberían mantener a toda costa su independencia, y que el camino de la “causa nacional” sólo debilitará sus luchas.

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Deuda y buitres: ¿unidad nacional o lucha de clases?

Fuente: http://rolandoastarita.wordpress.com/2014/07/31/deuda-y-buitres-unidad-nacional-o-lucha-de-clases/

 

 

2) Fondos buitres, “son sólo negocios”

 

31 de diciembre de 2012

 

 22 de octubre, la presidenta Cristina Kirchner dijo: “Mientras yo sea presidenta, se podrán quedar con la Fragata, pero con la libertad, la dignidad y la soberanía de este país, no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie”.
El 31 de octubre Lorenzino fue terminante: “Argentina no va a cambiar de posición: no le vamos a pagar un solo dólar a los fondos buitre. No hay nada que negociar con ellos”.
El 12 de noviembre, en un discurso en Villa Constitución, CK repasó palabras de Néstor Kirchner, en 2004, sobre los fondos buitres, que terminaba con la frase “no vamos a aflojar”. “Y no lo vamos a hacer”, prometió. “Si él hubiera cedido, si él se hubiera inclinado, nada de esto existiría. No habría clase media, no habría nuevas universidades, no habría becas. Es bueno tener memoria, no para refregarle nada a nadie, sino para no volvernos a equivocar más argentinos”.
“No existe margen para recurrir a ajustes ni a endeudamiento. Por eso cuidamos las divisas que necesitamos para las importaciones y para pagar la deuda que otros gobiernos contrajeron”.
“No pagaremos a costa de que cada vez más argentinos vean postergados su acceso a la salud, a la vivienda y a la educación”.
El 27 de noviembre CK pidió que en la Unasur se tratase el “colonialismo judicial”, en referencia al fallo de Thomas Griesa. Junto al presidente de Perú, Ollanta Humala, dijo: “Tendremos que debatir algunas cuestiones, problemas que nos son comunes, problemas que está teniendo la Argentina respecto de cierto colonialismo judicial”.
 

 

“Patria o capital financiero”

¿Qué conclusiones sacó de esto la izquierda “nacional revolucionaria”? Pues que estábamos en presencia de un choque entre la Patria y el capital financiero, entre los caranchos y el pueblo, entre los globalizadores y la América Latina unida, solidaria y anti-imperialista. “Liberación o Dependencia”, “País soberano o fondos buitres”, “Movimiento nacional o colonia judicial de EEUU”, “Monopolios o pueblo”, fueron algunas de las consignas avanzadas.

 

En definitiva, un enfrentamiento bien definido, de un lado el capital financiero, apátrida y buitre, con sus socios locales (en primer lugar, el grupo Clarín) y del otro todo el pueblo, con Cristina a la cabeza. No había lugar a dudas acerca del lugar a ocupar en la trinchera. Lo del colonialismo judicial estaba más que claro. Los menemistas nos habían entregado atados de pies y manos, ya que durante la década de los 90 emitieron bonos de deuda en los que constaba la renuncia irrevocable del Estado a oponer la defensa de la inmunidad soberana. Que los Kirchner hubieran sido menemistas en aquella década, por supuesto, es un detalle. Otro lógico detalle era que Néstor Kirchner también hubiera renunciado a la inmunidad soberana (decreto 319/04) cuando reestructuró la deuda, en 2005. Problemitas irrelevantes, que sólo pueden suscitar los agentes del desánimo y el escepticismo. Lo esencial es que el pueblo estaba unido detrás de las banderas de la liberación.

 

Precisemos que incluso la asociación del término carancho con los fondos buitres era precisa y contundente. Es que en la película Carancho un estudio de abogados busca víctimas de accidentes de tránsito entre gente de bajos recursos, con el objetivo de abrir pleitos con pruebas falsas o plantadas. El estudio está protegido por la policía, y tiene un comportamiento mafioso. De todas maneras, se impone una aclaración: la metáfora vale para los fondos buitres, o para los jubilados que hacen juicios contra el Estado porque no les alcanza la mínima de 1800 pesos. Pero tiene limitaciones: no se considerará “carancho” a los abogados-financistas que en los años 80 se hicieron de muchas propiedades ejecutando hipotecas de gente de bajos recursos. Hay formas y formas de ser “carancho”, como todos sabemos. La burguesía nacional y patriota nunca integrará el lote de “caranchos”.

 

El curso anti-imperialista

Con este enfrentamiento con el capital financiero en desarrollo, rápidamente el gobierno K adoptó temibles medidas anti-imperialistas. Una de las primeras fue pagar a los tenedores de bonos que habían entrado en los canjes. El 2 de noviembre CK explicó la táctica. Ya que la conspiración internacional procuraba que el Estado argentino no pagara, la lucha era por pagar: “El negocio es que no paguemos. Pero, ¿saben qué? Les tengo una muy mala noticia. Vamos a pagar y vamos a pagar con dólares”. ¿Se puede concebir mayor desconcierto y desesperación en las filas del capital financiero internacional? En medios bien informados se comenta que algunos banqueros pensaron en suicidarse después de escuchar el discurso de CK.

 

Por eso, a partir de ese momento los patriotas anti-imperialistas (los verdaderos, los que no se andan con remilgos) pasaron a festejar los pagos de la deuda externa. Incluso aplauden los pagos inflados por el inflado índice de crecimiento del PBI. La idea es que cuanto más paga el Estado, más profunda es la herida que se abre entre los chupasangres financieros internacionales. Sabemos que esto puede sonar un poco raro, pero las lumbreras económicas de La Cámpora, versadas en Keynes y demás yerbas heterodoxas, ya lo van a explicar. Como sea, lo cierto es que CK presentó, el 8 de diciembre, como un gran triunfo del pueblo argentino el último pago del Boden 2012 con reservas del Banco Central.

 

En segundo término, y tal vez más importante, Cristina K estableció, de hecho, una unidad de acción anti-imperialista con la Reserva Federal, el Departamento de Estado y el Tesoro de EEUU, el Grupo de Tenedores de Bonos (Exchange Bonholder Group) liderado por el Gramercy Funds Managements, el fondo estadounidense Fintech, la Compañía Depositaria Fiduciaria y las casas de clearing Clearstream BanKing, Euroclear Bank y el Sistema Euroclear. Todos ellos se presentaron ante el juez Griessa para que no diera la razón a los fondos buitres, y se pronunciara a favor de nuestra querida Patria. A lo que se sumó el Bank of New York Mellon, preocupado por mantener su rol de agente de pago. En este punto podría ser interesante alguna tesis de nuestra intelectualidad K- progre acerca del poder de CK para operar “transformismos”, pero al revés, a favor de la lucha contra la dependencia. La clave es que se mantenga vivo el espíritu de lucha. Nunca debe olvidarse el norte: “Liberación o dependencia”, “Patria o capital financiero”.

 

Y ahora, en el punto más alto de la lucha

Pues bien, así es como hemos llegado a la cumbre de la lucha anti-imperialista: el viernes 28 de diciembre el gobierno argentino presentó en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York un escrito en el que afirmó que si se aplica el fallo del juez Griessa se perjudicarán reestructuraciones futuras de deuda, y se afectarán los intereses de los bonistas que entraron en los canjes (obsérvese el filo anti capital financiero del argumento). Pero además, y aquí vino la estocada maestra, el escrito afirma que si la Justicia fallara en favor del país, el Gobierno sometería a consideración del Congreso la reapertura del canje, en las mismas condiciones que había propuesto en la reestructuración del 2010. Destacados economistas del “establishment” como Daniel Marx, Martín Redrado y Carlos Melconian manifestaron rápidamente que se había avanzado por el camino correcto, De nuevo, en los próximos días seguramente serán de esperar clarificadores escritos del anti-imperialismo militante.

 

Conclusiones sin ironías

La ironía que recorre la nota nace de la incongruencia que existe entre los discursos y las acciones concretas. Después de todo, como explican algunos filósofos, se trata de una estrategia posible del conocimiento. Es cierto que muchos “se la creen”, pero hay que tragarse demasiados “sapos” para ello. En otras notas del blog (la más cercana aquí) he propuesto una interpretación alternativa (y pienso que más realista) de la que pretende el mito de la lucha anti-imperialista. No están en juego “la Patria”, ni la preocupación “por el pueblo argentino”. El asunto es mucho más prosaico y material. Como lo dicen varios personajes de El Padrino, “sólo son negocios”, no están involucradas las emociones ni los sentimientos “elevados”. Se trata simplemente de explotadores discutiendo qué tajada les corresponde del botín.

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Fondos buitres, “son sólo negocios”

 

Fuente: http://rolandoastarita.wordpress.com/2012/12/31/fondos-buitres-son-solo-negocios/

 

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Comprobemos cómo los gobiernos progresistas comparten su involucramiento en la comunidad de negocios de los grandes capitales imperialistas con los locales. También hallamos razones para disentir con Claudio Katz, es decir con parte predominante de la izquierda mirando por el socialismo, cuando sostiene que el extractivismo no es central en el desarrollo de países con esos gobiernos:

 

 

Conflictos y violencia en el modelo extractivista del capitalismo dependiente
4 de septiembre de 2016

Por Raúl Prada Alcoreza

 

La escalada de violencia en el conflicto del “gobierno progresista” con las cooperativas mineras es una lección dura; pero, en todo caso una lección[1]. La muerte de tres mineros cooperativistas y el asesinato del Viceministro de Gobierno, de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, en el conflicto reanudado, después que el gobierno promulga la ley sobre la sindicalización en las cooperativas, son indicadores del desborde de la violencia, tanto del Estado como la de los bloqueadores. Ciertamente el asesinato del viceministro descalifica la demanda de los cooperativistas mineros; es más, convierte a la demanda en objetivo gremial, que se coloca por encima de la vida. El gobierno increpa a los cooperativistas mineros, los acusa de conspirar con la “derecha” contra la autoridad legítimamente constituida, incluso contra el Estado, al estar en connivencia con las empresas trasnacionales; además de tener contratos con las empresas privadas a quienes les entregan los minerales que extraen. Esto último, ¿acaso no lo sabían, cuando fueron los cooperativistas sus aliados, conformando un Pacto de Unidad chuto, sin las organizaciones indígenas, que fueron separadas, incluso destruidas? Por qué recién sacan a luz una evidencia sabida por muchos, por lo menos, por los que se hallan vinculados a la minería, de una u otra manera.

 

Lo que ha cambiado es la coyuntura económica, por así decirlo, bajaron los precios de las materias primas; en el caso de la minería, de una manera estrepitosa, también de los hidrocarburos. En las condiciones de bonanza económica, sólo teniendo en cuenta los altos precios de los minerales, en la coyuntura anterior, había holgura como para poder beneficiarse con los ingresos provenientes de la minería; tanto en la condición de asociados cooperativistas, como en la condición de Estado, debido a las regalías, considerando también a los gobiernos departamentales mineros. Aunque el porcentaje de las regalías es bajo, como en el periodo neoliberal, de todas maneras, los gobiernos departamentales y el gobierno central se sentían satisfechos. A pesar que la mayor parte de la torta se llevan las empresas extractivistas trasnacionales.

En la coyuntura de baja de los precios de la materias primas, coyuntura de crisis económica, la alianza entre gobierno populista y cooperativas mineras entró en conflicto; se fisuró, para llegar hasta quebrarse. Gobierno y cooperativistas mineros están enfrentados en una batalla por el control de los yacimientos minerales. De hecho los cooperativistas controlan el 27% de la explotación minera, en tanto que la empresa pública sólo controla el 3%; en cambio las empresas privadas, principalmente trasnacionales, controlan el 70%. Los cooperativistas ganaron muchas concesiones de parte del gobierno, sobre todo, en espacios fiscales, que eran destinados a COMIBOL; además de excepciones en regalías, tributos e impuestos. Están exentos de muchos de ellos.  Por otra parte, la Ley Minera, a pesar de lo que dicen los cooperativistas, que quieren más, abre la norma a mayores concesiones a las empresas privadas, a las que, efectivamente, en la práctica, pertenecen las denominadas cooperativas mineras. Hay más beneficios, tanto en lo que respecta a su efecto de irradiación respecto a los espacios aledaños a las concesiones, así también como el uso gratuito del agua. Se soslaya en dicha Ley que las llamadas “cooperativas mineras” no lo son, pues se trata de asociados “cooperativos”, que contratan como patrones trabajadores a destajo.

¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué dos aliados rompan, quiebren la alianza? ¿Qué la crisis económica de la baja de los precios los haya llevado a la pugna? ¿Crisis del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente? ¿El desborde de la violencia que ya ha llegado a la forma de asesinato? ¿El desprecio a la vida y poner encima de ella los intereses gremiales y también del Estado? Quizás el problema más preocupante, por no decir, angustiante o desmoralizante, sea que la sociedad no sea capaz de leer los signos de los eventos dramáticos; que se adhiera, por costumbre, a las sandeces que dicen los medios de comunicación, a las tristes y elementales argumentaciones de los políticos, sean oficialistas o de oposición. Que no sea auténtica, que no sea sociedad alterativa, que se encuentre atrapada en la camisa de fuerzas de la sociedad institucionalizada. Que no sea capaz de hacer uso crítico de la razón.

 

El asesinato del viceministro de gobierno y las tres muertes de los mineros cooperativistas, ocasionados por francotiradores de la policía, son síntomas del desborde de violencia a donde ya hemos llegado. Estas muertes, la forma de su acaecimiento, abren la etapa de lo que viene; lo que viene es el despliegue descarnada de violencias más crueles.

La responsabilidad en este asunto, en el desborde de la violencia, corresponde tanto al gobierno como a las cooperativas mineras. El Estado es violencia concentrada y violencia condensada, aunque la denominen, en la teoría crítica, monopolio de la violencia legítima,  no dejan de ser eso, violencia. El tema es que esta violencia ya ha llegado al umbral y ha cruzado el límite, cuando ya se ingresa a otros agenciamientos. Les ocurre a las sociedades institucionalizadas cuando  se dejan llevar por las “ideologías”, en su peor versión, por discursos elementales y miserables, sectoriales o estatales. Lo que pasa es eso, lo que se ha vuelto una constante en las historias políticas de la modernidad. El enemigo, aunque sea circunstancial, es demonizado, convertido en un monstruo, para justificar su asesinato. La política se vuelve una religión, el esquematismo político de amigo/enemigo se convierte en el esquematismo religioso de fiel/infiel.

La particularidad, en este caso, en lo que respecta al conflicto entre el gobierno y las cooperativas mineras, es que lo que antes eran considerados amigos y eran ponderados como tales, ahora se han convertido en enemigos; los que antes eran considerados lealesy aliados del gobierno y del partido oficialista, eran enaltecidos, ahora son considerados monstruos, “traidores”, “conspiradores”, hasta “derechistas”. ¿Alguien puede tomar en serio estos vaivenes? Fuera, claro está, de los consagrados llunk’us.

¿Por qué se da este conflicto, fuera del factor y condicionante de la crisis económica? Cuando los amigos se vuelven enemigos, cuando los aliados se vuelven contrincantes, quiere decir, que lo que compartían se ha vuelto la manzana de la discordia; además, de volverse tan pequeño lo compartido, que lo que se puede repartir no alcanza para los dos. También quiere decir que la crisis múltiple del Estado obliga al gobierno a enfrentarse con los otros partidarios del “proceso de cambio”. No puede negociar, no tanto por que defiende los intereses del Estado, mucho menos de la Constitución, sino porque el mejor postor, comprador o socio de la explotación de la minería, son las empresas trasnacionales. Ya no pueden ser las cooperativas mineras las intermediarias en la transferencia de los minerales que la cooperativa explota. La única mediación que puede darse con las empresas extractivistas trasnacionales es la del Estado, la única referencia empresarial mediadora es la empresa estatal.  En tiempos de crisis económica, debida a la baja de los precios de las materias primas, es una estrategia de sobrevivencia el control monopólico de Estado, no sólo sobre los recursos naturales, sino sobre la explotación y la mediación con los mercados y con el capital de inversión de las empresas extractivistas trasnacionales.

Como hemos dicho, estamos ante un conflicto entre partes, en el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Estado-nación subalterno, en la forma concreta del “gobierno progresista”, por una parte, y cooperativas mineras, además de la empresa privada, grande, mediana y pequeña, siendo la principal de la empresa privada, la empresa trasnacional, por otra parte; ambas partes conforman el modelo extractivista. En las condiciones de la crisis económica, ya no es posible compartir amigablemente la riqueza mineral; se requiere que salgan del negocio algunos. Este parece ser el fondo de la cuestión.

¿Empero, por qué el desborde de la violencia? ¿Por qué llevar a extremos el conflicto? ¿Es una lucha a muerte? Parece ser que es eso lo que piensan los cooperativistas mineros, también el gobierno. Independientemente de lo que piensan, es indispensable tener una percepción propia por parte de la sociedad o una percepción social, que considere la complejidad de la realidad efectiva. En palabras sencillas, una sociedad alterativa que comprenda su relación complementaria en los ecosistemas con el Oikos integral del planeta, del que forma parte. Se lleva al extremo el conflicto, sobre todo, las formas del enfrentamiento, manifestadas en el desborde de la violencia. No se tiene la comprensión de la complejidad, tampoco la comprensión de la pertenencia a la ecología de la biodiversidad. Esto puede parecer una exigencia excesiva para los gobiernos; empero, tampoco se tiene un concepción estratégica; por ejemplo, un proyecto hegemónico.  Si lo tuviera no habría desatado el gobierno una secuencia larga de conflictos; desde el principio de sus gestiones. Coincidentemente, el 2006, el gobierno inicia su primera gestión con un conflicto fratricida entre obreros mineros de la empresa estatal y cooperativistas mineros. Viene después el conflicto con los gobiernos departamentales; le sigue el conflicto entre el gobierno con las organizaciones indígenas-originarias; después, conflictos locales,  como el relativo con las provincias, por ejemplo, Caranavi; siguen conflictos con distintas organizaciones y movimientos sociales provisionales, como con los vendedores de ropa usada; también es citable, el conflicto alargado, por táctica gubernamental, con la movilización de los discapacitados.  En esta secuencia proliferante, se halla el conflicto del modelo extractivista; si hubiera tenido un proyecto estratégico, como el del proyecto hegemónico, no hubiera desatado intermitentemente el conflicto reiterado con las cooperativas mineras. Al no contar con una estrategia, el gobierno improvisa, en la desesperación de mantenerse en el poder. Pareciera que cree que algo parecido a la estrategia es desatar conflictos permanentemente y señalar a los involucrados enemigos comprometidos en distintas “conspiraciones”, como si se necesitara “conspiraciones”, cuando es el propio gobierno el que se entierra solo.

El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente es un modelo limitado; sostiene una economía primario exportadora y un Estado rentista. Podemos hablar que ésta es la matriz de los conflictos y de la crisis en el Estado-nación subalterno. En expresión literaria podemos decir que éste es substrato de nuestras penurias.

NOTAS

[1] Ver Humanidades vulnerables y Oikos despojado.

 http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/humanidades-vulnerables-y-oikos-despojado/.

Fuente: http://www.bolpress.com/2016/09/04/conflictos-y-violencia-en-el-modelo-extractivista-del-capitalismo-dependiente/ 

 

 

Coincidimos con que “no podemos entender América Latina sin la comprensión de lo que realmente sucede en los países andinos, como Ecuador y Bolivia, autodenominados progresistas, y una Colombia catalogada abiertamente neoliberal. Debatir estas realidades y el papel de los movimientos sociales de izquierda contribuye en la conformación de un horizonte emancipatorio”.

 

 

 

Problemáticas comunes

Ecuador, Bolivia y Colombia: Perspectivas ''postneoliberales'' y neoliberal

31 de agosto de 2016

 

Por OCARU

La intervención de Esteban Daza abrió el panel: Políticas estatales de tierras y territorios en Ecuador, Colombia y Bolivia: estudios críticos desde una perspectiva histórica y comparativa. Daza sostuvo que no se puede entender América Latina sin la comprensión de lo que realmente sucede en los países andinos, como Ecuador y Bolivia, autodenominados progresistas, y una Colombia catalogada abiertamente neoliberal. Debatir estas realidades y el papel de los movimientos sociales de izquierda contribuye en la conformación de un horizonte emancipatorio.

Daza describió la línea de tiempo de las relaciones entre el Estado y las organizaciones indígenas y campesinas en el marco de la disputa por lo agrario en los últimos 10 años. La Constitución recoge elementos centrales como la Soberanía Alimentaria y la redistribución de tierras; sin embargo, la aplicación de estos mandatos ya en territorios y, a través de las normativas como tierra y recursos hídricos, han sido causa del conflicto.

El pacto minero-energético, la sustitución de importaciones y la apuesta por el sector agroindustrial han sido las políticas públicas que se han concretizado en los últimos años sobre los territorios indígenas y de campesinos; cada uno de estos proyectos atenta contra la autonomía y los territorios de quienes los habitan.

El pago de la deuda agraria es el ejemplo práctico de la apuesta del presente régimen: tanto la Ley de Recursos Hídricos como la Ley de Tierras parten del principio de la productividad. La productividad entendida como la solución a los problemas de los agricultores; sin embargo, esto desplaza la denuncia por el acceso a la tierra a un reclamo pasado de moda: "repartir tierra en la actualidad es repartir pobreza", eso nos dicen las autoridades públicas.

Para finalizar, Esteban Daza manifestó que en los últimos dos años, el descontento y la pérdida del miedo a manifestarse en las calles dan otro matiz a la lucha por el campo en el Ecuador. Se acaban de reunir organizaciones indígenas, campesinas, obreros y estudiantes para debatir y proponer el Acuerdo Agrario Nacional que busca generar espacios de articulación con quienes luchan por la Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria. (...) Leer

Consideremos cómo los gobiernos progresistas subsumen a los pueblos en la democracia del Capital que es resignarse a ser sometidos por él y ejemplifiquemos mediante el gobierno de Evo Morales-Álvaro García Linera:

La Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”

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 La cumbre agropecuaria sembrando Bolivia convocada por el gobierno abre las puertas a la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz para desaparecer al pequeño productor familiar campesino  y poner en riesgo la seguridad alimentaria del país, con sus demandas ya conocidas como: la ampliación de la frontera agropecuaria, la eliminación de la FES (función económica social de la tierra) para apropiarse de tierras fiscales y de territorios indígenas o profundizar la negociación de tierras, la incorporación de biotecnología en otros productos (transgénicos), y primar la exportación de productos.

Desde la reforma agraria del 1953 se inicia la marcha al Oriente, con el cual tanto allegados al Gobierno de entonces como extranjeros se favorecen de tierras, créditos, y apoyo estatal para desarrollar el sector agropecuario desplazando a indígenas de tierras bajas, en la década de los 80 con la crisis minera, se fortalece a los sectores de producción agroexportadores entre ellos los soyeros.

Ante la marcha de tierra y territorio;  en 1996 surge la ley INRA para proceder al saneamiento y la redistribución de tierras y respeto del derecho propietario demanda de campesinos e indígenas, pero nuevamente esta medida sirve solamente para legalizar grandes y medianas propiedades en manos de una oligarquía legalizando únicamente las TCO que siempre estuvieron en manos de las comunidades y no revirtiendo las tierras de privados para su redistribución por lo que el problema de fondo continua.

La Ley del Fondo de Reactivación Económica (FERE, 2000) reduce impuestos a la empresa agropecuaria a 0,25 %, haciendo que estos sectores se enriquezcan sin contribuir al Estado.

En la década de las 90 épocas de las privatizaciones en nuestro país se consolida y fortalece este sector otorgándole créditos a partir de la banca privada y apoyo en crisis directamente por el Estado, como la apertura a los mercados de la comunidad Andina de Naciones, aranceles preferenciales etc.

 

La nueva CPE del Estado Plurinacional, legaliza el derecho propietario de las grandes haciendas sin límite de tamaño que existían hasta febrero de 2009  y con la ley de reconducción comunitaria no modifica el patrón agroexportador vigente y se continúa fortaleciendo las políticas agropecuarias para favorecer a este sector burgués fuerte económica, política y elitista que no apoya al Estado a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria ni de soberanía alimentaria, tampoco efectúa aportes al Estado, ni es generador de empleo dado a que el sector soyero por ejemplo genera apenas el 5% de empleo de todo el sector agropecuario, por el uso de maquinaria y semilla transgénica que reduce al mínimo la utilización de mano de obra, mas ante el riesgo de uso de glifosato producto altamente tóxico que junto a los transgénicos no tiene procedentes en la afección a la salud de la especie humana así como a la madre tierra; en consecuencia son un sector explotador y extractivo de los recursos naturales y de la mano de obra.

 

Esta práctica aprovecha los relativos bajos precios de la tierra en el país, los controles ambientales absolutamente laxos y una estructura agraria regional que permite la gran propiedad ociosa (en muchos casos, de tierras obtenidas gratuitamente del Estado) y su aprovechamiento especulativo, convirtiéndose en atractivo para empresarios, brasileños y argentinos estén actualmente produciendo el 50% de la producción de soya permitiendo fuga de capitales y poniendo en riesgo la soberanía del país. 

Los agroindustriales efectúan la explotación irracional de los recursos naturales (desforestación), la apropiación de tierras fiscales e indígenas originaria campesinas, destrucción del medio ambiente, la privatización y concentración de la tierra, la dependencia económica de las grandes empresas, el monopolio que exprime a productores campesinos familiares, incrementando la brecha entre ricos y pobres u obligando al campesino a migrar a la ciudad.

 

En tanto que nuestras importaciones crecen marcando en el 2014 récord en importación de alimentos por 812 mil toneladas compradas de países vecinos por un total de 688 millones de dólares, y la migración campo ciudad que según el censo 2012 vuelca la población a las áreas urbanas en un 67.3 urbanos y reduciendo a 32,7 la población rural,  acercándonos cada vez más a una crisis alimentaria.

 

Siendo esta la verdadera problemática del sector y por ende de la dependencia y fragilidad económica del país en el tema productivo si no es la deficiente  producción para autoabastecimiento o consumo interno; pero en lugar de cubrir el mercado interno pensamos no en calmar el hambre del pueblo, sino en exportar para favorecer intereses financieros de empresas transnacionales, se ha posibilitado la introducción de transgénicos a diestra y siniestra, no existe un control del manejo de agroquímicos nocivos para la salud no sólo de los productores sino de toda la población consumidora, como de la madre tierra, propiciando el ingreso de productos de otros países en detrimento de los nuestros.

 

Desde siempre y en todos los gobiernos se ha favorecido al sector agro empresarial del oriente, postergando a los verdaderos proveedores de la canasta familiar como son los productores campesinos, las leyes y todos los mecanismos antes y hoy se orientan para favorecer a este sector, ahora a nombre de seguridad alimentaria pretenden favorecerse nuevamente con políticas gubernamentales, acaso la soya es un producto de primera necesidad en la canasta familiar; las familias pobres prescinden del consumo de carne pero nunca prescinden del consumo del maíz, papa, haba entre algunos, esos productos que llenan la olla de los pobres; pero las medidas nunca están orientadas para favorecer a estos otros productores, solo se los considera para bajar los precios, haciendo que los mismos incidan para la migración campo ciudad.

La cumbre convocada para favorecer al sector empresarial no debe constituirse en un evento de socialización de medidas de políticas públicas a los cuales el campesino refrendara con su asistencia, sino más bien el espacio donde el Gobierno Plurinacional elegido por el pueblo apoye efectivamente al verdadero sujeto responsable de la soberanía y seguridad alimentaria que constituyen las comunidades indígenas- originarias campesinas de Bolivia.

 

Por lo cual las propuestas para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población ante la crisis de caída de los precios del petróleo es favorecer al sector del campesinado por primera vez en la historia de Bolivia en cambiar si, las leyes como lo expreso el Vice Presidente para:

·          Posibilitar el acceso a tierra a los pequeños productores agrícolas campesinos, la eliminación de corrupción en el INRA que posibilita que latifundistas se apropien legalmente de la tierra, a la  verdadera reforma agraria.

·          Garantizar la tierra y territorio indígena y posibilitar mecanismos de sostenibilidad   

·          Acceso al agua, a semillas naturales a créditos a pequeños productores

·          El derecho a definir las políticas públicas agrícolas y agroalimentarias.

·          Precios justos en los mercados agrícolas acordes a los costos de producción

·          Regulación para la producción agroindustrial considerando los derechos de la madre tierra

·          Rechazo a la introducción de biotecnología y transgénicos porque atenta con las semillas y producción local que garantiza la vida de las personas y evita la dependencia económica

·          La implementación de la producción ecológica, como vía para eliminar la dependencia tecnológica y garantizar la vida de productores y consumidores.

·          La protección del mercado interno de las importaciones agrícolas y alimentarias que atentan la producción local.

·          Prioridad a la producción interna diversa para mercado interno frente a la exportación

·          Autorice a los países/uniones a protegerse contra las importaciones a precios demasiado bajos.

·          Gestión y manejo de cuencas y suelos

·          Recuperación del germoplasma nativo de especies existentes en el territorio nacional, establecimiento de banco de germoplasma nativo y la patente del Estado de las semillas  y productos locales

·          Producción de peces en ríos y estanques  de agua por seguridad alimentaria

·          profundización de educación ambiental e implementación de legislación de control del medio ambiente sobre todo en áreas urbanas

·          Monitoreo y evaluación ambiental a todas las empresas productoras y comercializadoras

·          Control riguroso de agroquímicos que se comercializan en el mercado y asistencia técnica en manipulación a productores.

·          Control en fronteras para ingresos de productos de contrabando y fuga de semillas y germoplasma local

·          Generar políticas de incentivos para el campesino productor mediante estudios y orientaciones de mercado por cosechas.

·          Control de toxicidad a los productos y asistencia técnica a los productores para producción sana y prohibición  a la venta libre de productos nocivos a la salud humana y la madre tierra

·          Apoyo a la producción integral de productos estratégicos ancestrales (quinua, maíz, coime, maní, etc.)  para reconstituir las matrices agroalimentarias comunitarias campesinas e indígenas (como la recuperación y certificación de semillas criollas de alimentos nutritivos y valorando los conocimientos locales y prácticas ancestrales) garantizando mercados locales (desayunos escolares)

·          Regulación y control a la circulación de productos importados nocivos a la madre tierra, bolsas plásticas, pesticidas, etc. para evitar la contaminación de suelos, agua y preservar la calidad de vida de los habitantes  y de la madre tierra.

Fuente: http://www.luchadeclases.org.bo/nacional/movimiento-campesino-e-indigena/874-la-cumbre-agropecuaria-sembrando-bolivia.html

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Por qué cuestionamos la "Cumbre Agraria"

Abril 2015

 

 

Los días martes y  miércoles 21 y 22 de abril el gobierno realizará en la ciudad de Santa Cruz la Cumbre Agraria “SEMBRANDO BOLIVIA”. 

Esta Cumbre fue postergada varias veces porque hubieron voces de protesta; voces de mucha preocupación por el tema de los TRANSGENICOS.


Lo que pasa es que el principal cultivo de Bolivia, que es la SOYA, actualmente es totalmente TRANSGENICA.  Un presidente anterior al gobierno de Evo Morales aprobó en el 2005 una Ley que permite la soya transgénica y lamentablemente  en los últimos 9 años NO SE HIZO NADA para cambiar esta ley.

Más al contrario. La Nueva Constitución aprobada en Oruro decía claramente "NO A LOS TRANSGENICOS", pero después cambiaron muchos artículos. Y hoy el artículo 409 de la NCPE dice “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”. Con esta frasecita abrieron las puertas de par en par para luego poder aprobar nuevas leyes que permiten el uso de semillas transgénicas, no solo de soya, sino también de otros productos, como es el maíz, el algodón, el azúcar, hasta el trigo!!

 

Y aunque la Ley No. 300 de la Madre Tierra “obliga al Estado a reducir gradualmente los transgénicos”, en la práctica parece que todo camina al revés y ahora son sobre todo los grandes empresarios del Oriente -de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de ANAPO- que insisten en que de una vez haya más transgénicos. Claro que estos empresarios cuentan con el apoyo de las empresas de alimentos y semillas más grandes y más nefastas para una alimentación sana y soberana a nivel mundial, como es la transnacional MONSANTO.

 

Aunque el gobierno ha dicho en varias oportunidades que “no aceptará la ampliación del uso de semillas transgénicas para la producción de maíz, algodón y caña de azúcar” (18 de marzo, La Razón), en la práctica vemos que este tema será abordado en la cumbre “Sembrando Bolivia”, que se realizará a puerta cerrada con la participación de 50 empresarios del Oriente, 25 dirigentes campesinos de la CSUTCB ligados al MAS y 25 indígenas representantes de organizaciones fieles al MAS. ¡Que tal!

 

Es muy seguro que los resultados de la Cumbre estén más en función de los dueños de grandes tierras y agroindustriales, que de los pequeños agricultores. 

 

Por eso muchas organizaciones, instituciones  y movimientos nos reunimos en diferentes lugares del país para expresar nuestra preocupación y nuestro rechazo a cualquier política a favor de los transgénicos.

 Fuente: http://bolivialibredetransgenicos.blogspot.com.ar/2015/04/cumbre-agraria-sembrando-bolivia.html

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Miguel Urioste: La cumbre agropecuaria va a cambiar el mapa del país

10 de abril de 2015

La Cumbre Agropecuaria ‘Sembrando Bolivia’ (Santa Cruz, 23 y 24 de abril) bien debería servir para poner en debate los grandes problemas de la agropecuaria nacional, sugiere el investigador, y no que sea sólo para discutir el desarrollo agroempresarial. 

Por Iván Bustillos Zamorano 

La Paz

Después de haberse postergado en tres oportunidades, finalmente el 23 y 24 de abril en la ciudad de Santa Cruz tendrá lugar la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”. La cita, según dijo el presidente Evo Morales cuando la convocó (en enero), es para ver “cómo relanzar al sector agropecuario”; además de fijar como objetivo la seguridad y soberanía alimentaria, cuestión de fondo también será la ampliación de la frontera agrícola. Para el investigador en temas agropecuarios Miguel Urioste, es tal la importancia del encuentro que lo que se decida allí literalmente cambiará el mapa del país, en el sentido de modificar la actual estructura agraria y del uso del suelo.

— ¿En qué contexto se puede ubicar a esta cumbre?

— Esta es una cumbre particularmente importante, porque se realiza justo cuando hay una caída del precio del gas y de los minerales y, por tanto, una disminución de los ingresos por exportaciones. El Gobierno, a través de la Agenda 2025, y los productores agropecuarios del oriente están viendo la oportunidad de diversificar las exportaciones de Bolivia, convirtiéndola en un país productor de alimentos. Esta cumbre también viene precedida por anuncios del Vicepresidente sobre la expansión de la frontera agrícola al ritmo de un millón de hectáreas cada año durante los próximos diez años. No olvidemos que hoy Bolivia en la agricultura tiene sólo tres millones de hectáreas, de las que un millón está en el occidente y valles, y dos millones, en el oriente; de esos dos millones, un millón es soya.

— ¿En qué medida pesará el cultivo de la soya en la cumbre?

— Justamente, el objetivo de ampliar la frontera agrícola a diez millones de hectáreas en los próximos diez años tiene como finalidad convertir a Bolivia en uno de los grandes productores de alimentos y particularmente de soya. Brasil tiene aproximadamente 30 millones de hectáreas de soya, ha desplazado a Estados Unidos, que tiene 28, 29 millones; luego está Argentina, con alrededor de 20 millones; en cuarto lugar, Paraguay, con 6 millones; luego viene Bolivia, y después Uruguay. 

— ¿Cómo ubicar el caso boliviano, por lo menos en Sudamérica?

— Nos interesa Paraguay: ahora, cultivando 6 millones de hectáreas de soya, Paraguay hasta hace unos años tenía 8 millones de hectáreas de bosque; ya no los tiene más; en estos últimos diez años, más de un millón de campesinos e indígenas han abandonado el campo y han emigrado a Asunción. El gran desafío, por tanto, es que esta cumbre agropecuaria que va a haber en Santa Cruz no repita el desastroso modelo paraguayo de ampliación indiscriminada de la frontera agrícola, sin control ambiental, sin control ecológico, desplazando a pueblos indígenas y quitándoles las tierras a los campesinos; que ha significado casi una absoluta deforestación.

— Pero el tema de la cumbre es la seguridad o soberanía alimentaria.

— El actual Gobierno empezó su gestión en 2006 prometiendo una radical reforma agraria para eliminar el latifundio, promoviendo un modelo de base campesina, indígena, diversificada, con una producción que permita la seguridad y soberanía alimentaria; pero estamos cada vez más lejos de eso. Hoy en Bolivia se importa el triple de alimentos que hace diez años. Lo que quiere decir que el aumento en el consumo que está viviendo la población boliviana no proviene de la producción local, sino de la importación de alimentos.

— Para la cumbre, se habla mucho de Santa Cruz; el nuevo granero boliviano, el que alimenta al resto del país; pero qué del pequeño productor campesino y su aporte a la seguridad alimentaria. 

— Estamos constatando que la economía agrícola familiar está estancada; no ha habido un aumento significativo ni de la productividad ni de la producción agrícola familiar, salvo excepciones como el caso de la quinua, eventualmente el cultivo del cacao o del café; pero en los alimentos básicos, está estancado, tendiendo a disminuir, y esto se debe, entre otras cosas, al masivo contrabando de alimentos;así, para el productor familiar no es negocio producir, no es rentable. Seguramente en la cumbre los campesinos y los indígenas van a reclamar: queremos efectiva priorización de la agricultura familiar, diversificación productiva, seguridad alimentaria, más sistemas de riego, caminos vecinales, electrificación rural; que el Estado ha hecho en los últimos diez años, pero no en la medida suficiente como para estimular y hacer despegar la agricultura familiar, que hoy está estancada.

— El problema estará en definir bien la agenda de la cumbre…

— Ojalá que los campesinos, indígenas, interculturales, cooperativas agrícolas tengan derecho a la palabra y sean escuchados y sus planteamientos sean recogidos; se trata de una cumbre agropecuaria transcendental que va a cambiar el futuro de la agropecuaria en Bolivia por los próximos 30, 40 años; las decisiones que se van a tomar en Santa Cruz van a cambiar el mapa del país. Si se mantiene la propuesta de la Agenda 2025, de ampliar la superficie agrícola en diez millones de hectáreas, significa que vamos a desmontar, desboscar, tumbar diez millones de hectáreas de bosque, que nunca más van a reponerse. Esto, para mí, no es un buen negocio para el país.

— Desde el lado de los pequeños  productores, ¿cuáles son sus mayores limitaciones, qué sectores se puede impulsar en lo inmediato?

— La ventaja es que Bolivia tiene varios pisos ecológicos, varias zonas productivas; pero tiene una limitante estructural. Y es que en el altiplano y los valles solo entre un 25 y 30% de los productores tienen acceso al riego. Entonces, el gran desafío es cambiar la matriz productiva de la agricultura familiar, pasando de una a secano hacia una a riego. En Bolivia se han hecho esfuerzos, hay el programa Mi Agua, ahora Mi Riego; se ha invertido más de 300 millones de dólares en los últimos diez años, pero no es suficiente. No se ha priorizado el cambio de la matriz productiva de la agricultura familiar, para convertirla de secano a riego. Y eso significa investigación, programas de extensión, sistemas de riego comunales, familiares, provinciales, que deben cambiar la manera de producir; el riego permite dos cultivos por año y genera una dedicación a la agricultura a tiempo completo.

— Para las cumbre, los empresarios adelantaron sus cuatro grandes preocupaciones: seguridad jurídica, uso de biotecnología, liberación de exportaciones e infraestructura caminera...

— Los únicos que tienen una agenda clara son los empresarios, la agroindustria cruceña, y además han tenido un acercamiento notable hacia el Estado y el Gobierno en los últimos dos años, que ha llevado a una suerte de alianza productiva, como la han denominado. Eso no está mal, parece interesante y positivo; en lo que yo no estoy de acuerdo es el uso de transgénicos (biotecnología); es dañino para el consumidor, además no es cierto, como dicen, que aumenta la productividad; el uso de transgénicos sólo disminuye los costos de producción.

— Ahora ¿quiénes deben asistir a la cumbre? ¿Acaso el censo agropecuario, por ejemplo, no debió de servir para esto, para saber quiénes son los actores agrícolas?

— Efectivamente, ojalá que en esta cumbre el INE presente los datos del censo agropecuario de 2013, por lo menos que sirva para eso, para que sea un motivo de presión al INE, que le obligue a actualizar su base de datos. Pero el problema no es tanto cuántos campesinos o indígenas irán a la cumbre, sino con qué criterios o argumentos, y con qué propuestas alternativas. Aquí sí es importante que estos movimientos sociales reflexionen, miren al futuro, no se dejen presionar por las condicionantes políticas de la coyuntura, y tengan una mirada de su sector, de su clase social, de su condición étnica, de pequeños productores familiares; eso es más importante que ser militante del MAS o del proceso de cambio. Aprovecho para hacer un llamamiento a que estos sectores reivindiquen esta su condición en la cumbre agropecuaria.

— Con la introducción de la soya, usted dice (Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia, Tierra, 2011) que buena parte de la propiedad de la tierra en Santa Cruz no está en manos bolivianas.

— La cumbre va a reunir a ciudadanos bolivianos, representantes de todos los sectores, pero los principales productores de soya y de productos agroindustriales en el oriente no son bolivianos, son de diferentes nacionalidades, brasileños, argentinos, menonitas, que no ponen como centro de su preocupación ni a la nación ni al Estado sino el negocio. Entonces, el Gobierno y otros tendrán que saber efectivamente con quién tienen que hablar. Si quieren que Bolivia entre al agronegocio del cono sur, no tienen que hablar con directivos regionales de Santa Cruz, tiene que hablar Monsanto, ADM, Cargil, Dreyfus, Syngenta (grandes empresas soyeras); ahí se deciden las condiciones que van a exigir para que inviertan masivamente en la ampliación de la frontera agrícola. Y van a exigir que no haya control a la extensión de la propiedad, que se siembre con semillas transgénicas, que se use herbicidas, se amplíe la superficie agrícola reduciendo los territorios indígenas recientemente titulados, que están rodeando la mancha soyera en Santa Cruz. Una limitante estructural a la expansión del cultivo de la soya en Santa Cruz es que es un territorio que está rodeado de territorios indígenas; va a ser muy difícil que Bolivia en estas condiciones pueda competir con los países vecinos ofreciendo mejores condiciones a las empresas transnacionales para que inviertan en Bolivia. Van a preferir invertir en Brasil, Argentina y Paraguay, porque aquí tenemos territorios indígenas, movimientos indígenas organizados, que van a reivindicar sus derechos y el mandato de la Constitución, que establece de manera explícita que los indígenas son dueños plenos de los recursos renovables de sus territorios, donde además pueden ejercer el autogobierno.

— Por eso se dice que en verdad se cambiaría el mapa…

— Es muy importante, porque lo que se decida aquí va a afectar los territorios indígenas; van a exigir un nuevo plus, plan de uso de suelo, van a expandir la frontera agrícola, vamos a tener soya en toda la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, en todo el límites de la provincia Chiquitos (con Brasil), que limita con Mato Grosso del Sur (Estado brasileño); es decir, la mancha soyera de Brasil se va a entrar a Bolivia. ¿Queremos eso? Yo como boliviano, no.

— ¿Y el consumo en la cumbre? Porque se tiene que hablar, por ejemplo, de los estándares del consumo...

— El problema es que los consumidores no estamos invitados, ni los investigadores ni estudiosos del tema. Esta es una reunión típicamente corporativa, están participando las corporaciones, que tienen cuotas de poder en el Estado, en el Parlamento y en la torta de la producción de alimentos; pero los consumidores no hemos sido tomados en cuenta.

— Le digo el consumo, en el sentido de ver para qué finalmente se debe producir alimentos…

— El crecimiento de la obesidad en las poblaciones pobres, en El Alto, en las zonas mineras, es notable, lo que es fruto de la comida chatarra y la cantidad de fritos que se consumen diariamente y eso es un grave problema de salud, que tiene directa relación con qué cosas se están produciendo; en lugar de consumir productos nativos originarios estamos consumiendo pollo frito, papa frita, que no son sanos.

Perfil

Nombre: Miguel Urioste Fernández de Córdova

Nació: 6 de septiembre de 1948

Profesión: Economista, investigador en la Fundación Tierra

Vida

Es economista graduado de la Universidad Católica Boliviana (UCB), con estudios de especialización en Desarrollo Rural y Reforma Agraria en Bélgica e Inglaterra. Ha publicado varios libros, ensayos y artículos sobre esos temas. Perteneció al extinto Movimiento Bolivia Libre, del cual fue su candidato presidencial en 1997.  Actualmente es investigador en Fundación Tierra, donde trabaja desde hace 24 años.

Fuente: http://m.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Miguel-Urioste-cumbre-agropecuaria-cambiar_0_2250375088.html

 

Comparemos con Colombia. Sus corrientes de indígenas, negros, campesinos y otros componentes populares en larga trayectoria de lucha social articulan con el objetivo de confrontar a las políticas públicas dirigidas a profundizar el modelo capitalista actual que se expresa en el extractivismo agroexportador. Tienen claro que erradicar el poder del Capital local e imperialista y su impunidad los desafía a asumir la lucha de clases.

 

Miguel Cruz Santos nos advierte: “El Estado oligárquico colombiano ha recurrido, como ningún otro Estado de Nuestra América, ininterrumpidamente desde comienzos del Siglo XX, y con el patrocinio irrestricto del Imperialismo Estadounidense, al uso sistemático e ilimitado de la violencia, la criminalización de la protesta social, el exterminio de los líderes y militantes de las causas democráticas y populares, las masacres en campos y ciudades a plena luz del día por los sicarios de su engendro paramilitar fascista, y la más absoluta impunidad como cobijo de los asesinos".Leer

 

En Argentina, por el contrario, todavía asociamos la impunidad a militares, policías y representantes de la Iglesia Católica y creemos que la democracia del Capital es Estado de derecho. Nos han inculcado la percepción inmediata e influenciada en extremo por nuestros deseos. Nuestros hermanos colombianos sufren al capitalismo tal cual es y lo han desenmascarado del presidente de turno. Aún estamos convencidos que democratizar una institución es que sus funcionarios surjan del voto 'popular' cuando el 'honorable' Senado expresa los poderes semifeudales de las provincias, la misma Cámara de Diputados es un nido de lobbies y el Presidente entrega nuestro destino común al poder real a cambio de enriquecerse.

Colombia y el Paro Agrario:

“El mundo debe comprender que no hay paz posible sin justicia social”

25 de mayo de 2016

 

Por Andrés Figueroa Cornejo

-¿Qué es la Cumbre Agraria? ¿Qué persiguen?

-La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular es un proceso relativamente nuevo donde se articulan corrientes indígenas, de negros, campesinos y populares de una larga trayectoria de historia de lucha social en Colombia. Surgió en las movilizaciones agrarias de 2013 y 2014 que tuvieron como objetivo confrontar a una serie de políticas públicas dirigidas a profundizar el modelo capitalista actual que se expresa en el extractivismo agroexportador. Ese modelo despoja los bienes comunes de la naturaleza en los territorios históricos y ancestrales de nuestras comunidades negras e indígenas. Frente a nuestras movilizaciones, el gobierno de Juan Manuel Santos respondió con una propuesta de ‘pacto agrario’ que, en síntesis, no recogió las demandas planteadas por nuestras comunidades y prosiguió la agenda del saqueo. Esto nos llevó a la necesidad de avanzar de una manera más audaz y decidida en la unión y articulación popular que cuajó en una Cumbre Agraria donde convergen los procesos más importantes y grandes del país.

-¿Cuáles son los principales puntos que construyen la unidad de la Cumbre Agraria?

-Transformar la relación entre el campo y la ciudad en la cual existe una asimetría feroz a favor de las urbes. En nuestro campo sufrimos un atraso estructural en todos los aspectos: en la participación política, en el desarrollo económico, en materia de exclusión social. Esa brecha ha generado graves problemáticas sociales que podrían resumirse en que existe una evidente subordinación del campo a la ciudad. La fórmula extractivista y agroexportadora impuesta por la actual fase capitalista tiene por objeto intentar resolver la disminución de su tasa de ganancia y buscar nuevas fuentes de acumulación de capital. Estamos ante un escenario de expoliación, expropiación y despojo de nuestras tierras y territorios, y de los bienes que contienen, de tal manera que nuestras comunidades se encuentran al borde de la desaparición. Hoy nuestros campos son utilizados para la extracción intensiva de petróleo, carbón, gas, minerales metálicos (oro, níquel, etc.). Para ello el gobierno implanta una infraestructura destinada a la circulación del capital al servicio de la inversión transnacional. Asimismo, se han promulgado leyes que favorecen la extranjerización de las tierras. Incluso se han conculcado aquéllas que la propia legislación agraria, que tiene muy pocas cosas que benefician a nuestras comunidades, nos servían. En la actualidad el campesinado ni siquiera puede acceder a los baldíos de la nación, que eran la única posibilidad que teníamos para usar algunas tierras. Los territorios colectivos de nuestras comunidades afrodescendientes han sido invadidos por el gran capital financiero y agro-industrial. Igual cosa sucede con los resguardos indígenas que, no obstante contar con una mayor protección legal, no han dejado de sufrir el embate neoliberal. Todo ello configura un conflicto que porta causas históricas y culturales que la administración de Santos se niega a reconocer.

EN COLOMBIA EXISTE UN CONFLICTO INTEGRAL”

-El gobierno de Santos habla de paz para Colombia…

-Que la paz es sólo la terminación de la guerra es la idea que el gobierno insiste en vender internacionalmente, cuando el conflicto armado en Colombia tiene orígenes sociales, políticos y económicos.
Nosotros queremos avanzar en la paz con justicia social y ambiental y en un país con una vida digna. Esa es la paz que requerimos desde el mundo social.

-Paz con justicia social, desde Chile por ejemplo, no tiene relación con el relato gubernamental colombiano y el discurso del poder que pareciera dibujar una suerte de larga guerra civil restringida exclusivamente entre el Estado y las insurgencias (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – EP (1) y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (2)), como si no existiera un pueblo y una sociedad organizada distinta a las fuerzas político-militares de las FARC-EP y el ELN…

-Efectivamente, el movimiento social y popular colombiano caracteriza el conflicto en nuestro país como social, político y económico. Esto es, un combate estructural e histórico. Las insurgencias armadas sólo son una expresión de ese conflicto, más allá de que las causas que provocaron las insurgencias sean las mismas que nos movilizan a nosotros/as. A partir de esa consideración profunda, pensamos que el modelo de paz planteado por el gobierno de turno se trata de una paz ideada para crear las condiciones propicias sólo para una superior inversión extranjera y facilitar la depredación de nuestros recursos.

-¿Cómo describe la Cumbre Agraria y el Congreso de los Pueblos a la forma y el contenido del Estado colombiano?

-Como a un Estado corporativo, un Estado al servicio del gran capital y de las gigantes multinacionales que están presentes en el país. En consecuencia, aunque respaldamos las negociaciones y los diálogos entre la insurgencia y el gobierno que se desarrollan en La Habana, Cuba, con las FARC-EP, y con las que se iniciarán en su fase pública en Quito, Ecuador, con el ELN, nosotros consideramos que la paz no es simplemente la terminación de la guerra.

LA FÓRMULA DE LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL DE LOS PUEBLOS

-¿Qué significa la paz para ustedes, entonces?

-Reconocer que en Colombia existe un conflicto integral y que, por tanto, los movimientos sociales y populares somos un sujeto social y político que es preciso tomar en cuenta a la hora de construir una solución política a la crisis. Por eso varias organizaciones de la Cumbre Agraria estamos exigiendo nuestra participación directa, vinculante y decisoria con el gobierno.

-¿Como una tercera mesa de negociación y diálogo con la administración-Santos?

-No nos gusta mucho que se hable de una ‘tercera mesa’, porque pareciera que hubiera una especie de jerarquización. Preferimos hablar de un espacio complementario al de las mesas que se están adelantando entre las insurgencias y el gobierno. Nosotros nos referimos a una complementariedad autónoma respecto de las mesas de diálogo y negociación ya en curso. O sea, esa complementariedad no implica mutua dependencia.

-¿Y cómo han prefigurado ese espacio complementario independiente?

-Como una Mesa Social para la Paz donde se pueda instalar una agenda que permita debatir y arribar a acuerdos en torno a aspectos estructurales.

-¿Qué significa precisamente justicia social para la Cumbre Agraria y el Congreso de los Pueblos?

-Paz con Justicia Social significa que no es posible pensar en una paz por la que hemos luchado siempre, si no hay cambios sustanciales que nos emprendan hacia la democratización del país. Ello quiere decir varias cuestiones. Significa que se reconozca que las comunidades agrarias, campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas podemos tomar y poner en la práctica nuestras propias visiones alternativas al sistema capitalista. En ese sentido, tenemos nuestros propios planes de vida y nuestras propias relaciones sociales, ambientales y económicas en nuestros territorios. Relaciones económicas que hoy están subordinadas al imperio del capital. Significa que abogamos y exigimos una democracia participativa y directa, donde se reconozcan nuestras propias formas de gobierno y nuestras propias autoridades. En la actualidad hay decisiones que se toman a nivel gubernamental que impactan en contra de nuestras comunidades. Por ejemplo, no se respeta el derecho a la consulta previa (Convenio 169 de la OIT) ni los mecanismos de participación ciudadana y consultas populares contemplados en la Constitución.

-¿Qué ocurre con la soberanía alimentaria?

-No obstante, que nuestras economías propias están bastante diezmadas, podrían garantizar la mayoría de los alimentos para el país. O sea que Colombia está en condiciones de auto-alimentarse. Pero del 60 al 80 % de los alimentos son importados en el marco de los tratados de libre comercio. Una de nuestras reivindicaciones fundamentales es la soberanía alimentaria y no solamente la seguridad alimentaria. Al respecto, uno de nuestros objetivos es que los alimentos sean producidos por nuestras propias comunidades. Colombia tiene una geografía y biodiversidad tan ricas, que es capaz no sólo de producir el alimento para todos/as los colombianos, sino que incluso podríamos contribuir en la alimentación de otros países, empezando por los pueblos hermanos de NuestraAmérica. Lo anterior se transforma en una disputa de proyectos de desarrollo en torno a cómo se organiza el territorio. El gobierno privilegia el extractivismo y los agro-negocios, mientras que nosotros postulamos un ordenamiento territorial fundado en la agro-ecología, la protección del medioambiente y de los recursos vitales para la humanidad como el agua. Colombia todavía es uno de los grandes productores de agua y cuenta con cuencas hidrográficas extraordinarias, aunque hoy están en grave riesgo de desaparecer debido a la explotación minera.

EL ESTADO COLOMBIANO EN VEZ DE CAMINAR HACIA LA PAZ, MUY POR EL CONTRARIO, ESTÁ PROFUNDIZANDO LAS CAUSAS DEL CONFLICTO”

-¿Cuáles han sido las respuestas que han recibido por parte del Estado corporativo colombiano respecto de sus demandas centrales?

-Desde el 2014 hemos presentado un pliego y acordado una agenda con el gobierno nacional, en el contexto de una Mesa Étnica Nacional (lugar de interlocución y negociación). Allí también pusimos un punto ligado a la construcción de confianzas alrededor de la financiación de algunas obras de infraestructura y proyectos productivos para el fortalecimiento de nuestras organizaciones, entre otros temas. Se trata de aspectos que si el Gobierno Nacional hubiera tenido la voluntad política, ya se habrían cumplido. Por ejemplo, acordamos la dotación de $1.500 millones de pesos (600 mil dólares) por año desde el 2014, pero al 2016 ni siquiera ha sido aprobado el presupuesto del 2014. Ello ilustra claramente cómo el gobierno incumple sus compromisos. De hecho, nosotros nos movilizamos y paramos desde el 30 de mayo próximo por 8 puntos bien definidos (3), y que consideran temas sustantivos que han sido sistemáticamente no cumplidos.

-He visto las imágenes de la implacable represión policíaco-militar en contra de las movilizaciones que ustedes han desarrollado en los últimos años (4)…

-El gobierno, al igual que lo hace con las insurgencias, ha implementado una estrategia de invasión y desgaste para hacerle el vacío a la Mesa Étnica Nacional. Asimismo, el gobierno no está dispuesto a discutir ninguna de nuestras demandas que toquen siquiera de manera mínima las estructuras del modelo neoliberal. Por ello es que hemos resuelto efectuar el Paro Agrario.

-¿Cuáles son las características del Paro Agrario que se inicia el 30 de mayo?

-Es de carácter indefinido y con fines políticos muy concretos. Queremos reponer nuevamente sobre la mesa las reivindicaciones que llevan incumplidas más de dos años. La administración de Santos lo único que nos ha dicho es que el modelo no va a cambiar hasta que no se cambie el gobierno. Y así pasa que los pocos bienes públicos que quedan ya están en la lista para ser privatizados; la educación dejó de ser un derecho y se convirtió en mercancía. Lo mismo ocurre con la salud y otros derechos sociales y económicos. En consecuencia, el desenvolvimiento del proyecto capitalista del Estado colombiano en vez de caminar hacia la paz, muy por el contrario, está profundizando las causas del conflicto. En general, también perseguimos concitar la solidaridad nacional e internacional con nuestra causa para que la administración de Santos comprenda la urgencia de abrir canales de negociación, diálogo y participación con el movimiento social y popular.

-Y los Derechos Humanos en Colombia…

-Todo arranca desde la concepción ‘por arriba’ de la ausencia de inclusión social, económica, política y ambiental. Los efectos de la exclusión son devastadores en materia de Derechos Humanos en el país. Por abajo hay asesinados, desaparecidos, perseguidos, amenazados, judicializados por ejercer el derecho a la protesta. Muchos dirigentes y dirigentas han sido acusados falsamente de ejercer terrorismo sólo por haber impulsado los paros que realizamos el 2013 y el 2014. En este sentido, la situación de los DDHH en Colombia bajo el gobierno de Santos no es sustancialmente distinta a la que sufrimos durante los 12 años de la administración del ex presidente Álvaro Uribe. Entonces Santos busca desmovilizar la insurgencia no sólo armada, sino también al movimiento social a través de su negación reiterada de acceder a un cese del fuego bilateral solicitada tanto por el pueblo movilizado, como por la insurgencias armadas. Esto contrae un grave problema para nuestras comunidades porque bajo el supuesto del gobierno de combatir a las insurgencias armadas, se viola flagrantemente por el lado de las fuerzas estatales el Derecho Internacional Humanitario. Por eso, en tanto el relato oficial dice que estamos prácticamente al borde de un momento de post-conflicto y de paz en Colombia, desde el 30 de mayo vamos a salir a las carreteras y las calles miles y miles de campesinos y pueblo urbano, demostrando que la realidad es completamente otra. Pondremos de manifiesto la verdad del país: que aquí se violan los DDHH; que se profundiza un modelo que somete a la pobreza estructural a nuestra gente; que se entregan sin mayores requerimientos ni contraprestaciones nuestros recursos básicos al capital extranjero. El gobierno tendrá que entender que la paz no es únicamente el fin de la guerra.

-La lucha del pueblo colombiano se ofrece en medio de una ofensiva brutal del imperialismo norteamericano en contra de otros pueblos de NuestraAmérica, como son los casos de Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Honduras, Ecuador, sólo por nombrar los más trágicamente visibles. ¿Cómo evalúan semejante coyuntura?

-Nuestra suerte como pueblos de Colombia, es la misma suerte de varios países de NuestraAmérica. Sin duda que los gobiernos progresistas y populares del continente están padeciendo una embestida impresionante por parte del capital imperialista. Pero por otra parte y por la misma causa, también la resistencia de los pueblos se multiplica. Sin una pizca de pretensión, los pueblos colombianos estamos en pie de afirmar que hoy podemos aportar en la resistencia popular a escala continental. Por eso solicitamos la solidaridad internacional. Probablemente nuestra lucha y paro serán bloqueados mediáticamente y sólo contaremos con la compañía de los medios alternativos e independientes. Desde ya les aseguramos que la movilización que comienza el 30 de mayo tendrá estatura histórica. Vamos a lograr varios de los objetivos que nos hemos impuesto. El movimiento social y popular colombiano se está reactivando y radicalizando, llegando al punto de poder exigir.

Notas
1. http://www.pazfarc-ep.org/

2. 
http://www.eln-voces.com/
3. 
http://www.resumenlatinoamericano.org/...
4. 
http://kaosenlared.net/...

Fuente: http://anred.org/spip.php?article12106

 

En consecuencia,  "el movimiento social y popular colombiano se está reactivando y radicalizando, llegando al punto de poder exigir".  Nos enseña sobre caminos a ensayar: "en tanto el relato oficial dice que estamos prácticamente al borde de un momento de post-conflicto y de paz en Colombia, desde el 30 de mayo vamos a salir a las carreteras y las calles miles y miles de campesinos y pueblo urbano, demostrando que la realidad es completamente otra. Pondremos de manifiesto la verdad del país: que aquí se violan los DDHH; que se profundiza un modelo que somete a la pobreza estructural a nuestra gente; que se entregan sin mayores requerimientos ni contraprestaciones nuestros recursos básicos al capital extranjero. El gobierno tendrá que entender que la paz no es únicamente el fin de la guerra".

 

En Argentina no se reconoce mayoritariamente que estamos siendo avasallados en nuestros derechos conforme avanza el capitalismo y no es cuestión de sustituir a Macri por CFK. Tampoco se tiene claro que el genocidio de ayer y el generado tanto en la conquista española como en la campaña de Rosas y de Roca, prosigue en el siglo XXI. Ya que la mayoría abajo se queda en la lectura lineal de los hechos aberrantes y distingue a los ejecutores sin escrutar quiénes son los beneficiarios principales y descubrirlo como esencial al bloque dominante para asegurar su acaparamiento de bienes y poder. Nos urge, entonces, generalizar la visión sobre la criminalidad de lesa humanidad de los oligopolios locales e imperialistas en contubernio con el gobierno-Estado de acumular riquezas y poder mediante extractivismos, desmantelamiento de lo público,  el negocio fabuloso de la eterna deuda y otros. El Nunca Más será real y efectivo cuando acabemos con la dictadura del bloque dominante.

 

En los países bajo gobiernos progresistas y por ruptura con ellos comprobamos movimientos resultantes de articular a nivel nacional organizaciones campesinas, productores ecológicos, medios comunitarios de comunicación, grupos universitarios, artistas e intelectuales, consumidores y usuarios.  Es una unidad programática de la diversidad de abajo para confrontar con la contrarreforma agraria del capitalismo y construir la soberanía alimentaria.

 

Bolivia: Transgénicos, agrocombustibles y estrategias en la Cumbre Agropecuaria
4 de mayo de 2015

 

La satisfacción con la que los dirigentes transmitieron que no se había acordado la apertura transgénica, es también un logro del movimiento que se fue articulando a nivel nacional.

 

Por Patricia Molina

Es necesario felicitar a las organizaciones campesinas y a los productores ecológicos por el esfuerzo desplegado en la Cumbre. La información compartida desde allá fue clave para comprender el rumbo diseñado por los organizadores y revertir el balance negativo de fuerzas debido tanto al número de participantes mayoritarios del agronegocio como a la debilidad inicial de las organizaciones campesinas. La satisfacción con la que los dirigentes transmitieron que no se había acordado la apertura transgénica, es también un logro del movimiento que se fue articulando a nivel nacional alimentado por la información difundida a través de los medios, aspecto en que destaca la presencia del CONAMAQ; el trabajo de los artistas y voluntarios en las pancartas, volantes, disfraces y diseños movilizadores; el involucramiento de grupos universitarios, plataformas y otros colectivos. Y desde ya, se complementa con el trabajo sostenido para lograr el reconocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios en los artículos 75 y 76 de la Constitución Política el 2009 y posteriormente la promulgación de la Ley de Derechos de los Consumidores y Usuarios su Reglamento el 2014. Merced a estos nuevos derechos, la demanda de participación de los consumidores fue no sólo ampliamente respaldada sino asumida por analistas, comunicadores y el pueblo en general.

 

De aquí en adelante se viene un trabajo que precisa ser muy preciso, valga la redundancia. Como pudimos ver en la Cumbre, en la defensa de los nuevos derechos de los consumidores, se corre el riesgo de hacer de portavoz de los argumentos de los promotores de transgénicos quienes pretenden por ejemplo, que innovación es igual a transgénico. Entre estos argumentos, se encuentran las aseveraciones de la existencia de maíz transgénico ilegal, que no son sustentadas por ninguna de las detecciones de campo realizadas hasta ahora y que pretenden atribuir a quienes se oponen a los transgénicos. (APIA y el agronegocio en la estrategia del Hecho Consumado: aquí).

 

De la misma manera, el argumento de que el 99% de la soya es transgénica, es del agronegocio. En los Estados Unidos la soya transgénica alcanza al 90%. Revisando el sitio web de Fundacruz, se puede observar que para la Exposoya ofertaron semilla convencional algo que también produce el CIAT: “Fundacruz puso a disposición de los agricultores 21 variedades de soya de las cuales 12 son convencionales y 9 resistentes a glifosato” (www.fundacruz.org.bo). ¿Para qué lo harían si el 99% de la soya cultivada fuese realmente transgénica?)

 

El Decreto 181 (Normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios) de la Ley SAFCO establece en su artículo 80: Contratación de alimentos para desayuno escolar y programas de nutrición:

 

I. “Para la contratación de alimentos destinados al desayuno escolar y programas de nutrición, independientemente del monto de la contratación, se deberá prever que los productos sean elaborados con materias primas de producción nacional, prohibiéndose la compra de alimentos de origen genéticamente modificado (transgénicos).”

 

Además señala:

 

II. “Según lo establecido en la Ley N° 2687, de 13 de mayo de 2004, que eleva a rango de Ley el Decreto Supremo N° 25963, de 21 de octubre de 2000, se deberá incorporar en el desayuno escolar, cereales producidos en el país como: soya, maíz, amaranto, cañahua, quinua, tarwi y otros.

 

III. En el marco de la política de la Soberanía Alimentaría, la MAE deberá promover la amplia participación de los productores locales, incentivando la producción de los alimentos según regiones productivas mediante la adjudicación por ítems o lotes.”

 

Lo cual se adecúa a la Constitución Política del Estado Plurinacional, que en el artículo 256 prohíbe los transgénicos por principio. Posteriormente la Ley Marco de la Madre Tierra lo ratifica y va más allá, al establecer la elaboración de un Plan de recuperación hacia la soya convencional.

 

Los gobiernos municipales tienen la obligación de exigir la certificación de soya convencional en productos que utilicen este insumo en el Desayuno Escolar. Así, el Gobierno Municipal de La Paz exige un análisis laboratorial de transgénicos de la soya ofertada, (no el análisis cualitativo de detección) y corresponde a la instancia de control la verificación de los productos.

 

Nuevamente se ha planteado la coexistencia de soya de acuerdo a la magnitud de los productores, -algo fuera de lugar-, pero que debe ser puntualmente analizado a la luz de la contaminación del maíz en México. Asimismo, es necesario analizar los efectos del bajo precio internacional de la soya; demandar acciones como resultado del estudio de la OMS-IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud) que apunten a la verificación de los niveles de residuos de pesticidas en la soya transgénica, demandar a la CAINCO y ANAPO información específica de los transgénicos que pretenden tratar y las razones puntuales. (¿soya resistente al 2,4-D, maíz, algodón y caña de azúcar resistentes a los herbicidas glifosato, glufosinato, 2,4-D y Dicamba?). Ya quedaron fuera de lugar argumentos inconsistentes como el aumento de rendimiento, para lo cual no fueron diseñados ni la soya, ni el maíz ni la caña transgénica, menos el algodón, pero hay que escuchar su nuevo libreto.

Un tema que no pasó desapercibido en la Cumbre, por haber sido colocado en varias mesas y que está en la raíz de las demandas corporativas de seguridad jurídica, libre exportación y transgénicos, es el de los agrocombustibles. El tratamiento de este tema debe ser abordado con premura y profundidad por las organizaciones o aparecerá pronto alguna norma que obligue a incorporar etanol a la gasolina, convirtiéndola en gasoil, con el rótulo de “ecológico”, aumentando el precio del combustible y desviando productos alimenticios al lucrativo negocio de los agrocombustibles, opuesto a la soberanía alimentaria.

Las organizaciones de la Alianza para el Consumo Responsable y Solidario ACRyS investigamos y promovemos la reflexión crítica sobre la instalación cultural del consumo como sentido de vida. El consumo vertiginoso y las necesidades creadas son la forma en que se resuelven las crisis económicas de producción. La propaganda, el discurso ideológico de la modernidad y las estrategias de marketing son los instrumentos con los que se destruyen las motivaciones trascendentales y el sentido de lo comunitario.

FOBOMADE

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Destaquemos esa unidad programática contra el capitalismo agroindustrial y a favor de la soberanía alimentaria porque donde la democracia del Capital contra el Trabajo resulta de un golpe de estado o de un Estado policial-militar y paramilitar  hay "un ataque planificado contra la población campesina, con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios mediante métodos de terrorismo de Estado".

 

 

Paraguay

Los presos y asesinados del agronegocio

23 de agosto de 2014

 

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

 

Para llegar a la cárcel de Tacumbú,  en Asunción, hay que pasar por una hilera de casas precarias levantadas por los inundados de los Bañados, que debieron dejar sus viviendas ante un nuevo desborde del río Paraguay. El ingreso al penal es rápido, gracias a la solidaridad de personas del Serpaj-Paraguay, BASE-IS, de la organización de mujeres campesinas Conamuri y de otros colectivos que nunca dejaron de apoyar a los presos. Todos campesinos. Todos encerrados bajo la democracia paraguaya.

Rubén Villalba es sobreviviente de la masacre de Curuguaty, el 15 de junio de 2012, una emboscada en la que perdieron la vida 11 campesinos y seis policías y desembocó en el golpe parlamentario que destituyó al presidente Fernando Lugo una semana después. Villalba era dirigente campesino y aún arrastra las secuelas de la bala que impactó en su cabeza, sufre cefaleas, perdió la mayor parte de la visión y no tiene atención médica.

Basiliano Cardozo, Gustavo Espínola, Arístides Vera, Simeón Bordón, Roque Rodríguez y Agustín Acosta llevan más de ocho años presos, imputados inicialmente por omisión de aviso de hecho punible, que luego el Ministerio Público modificó por homicidio, secuestro y asociación criminal, aunque un juez penal rechazó el pedido de prisión preventiva. Todos ellos pertenecieron a movimientos campesinos y a la organización Patria Libre, que fue destruida por la criminalización de gobiernos, justicia y terratenientes.

Nos recibieron en el sótano del penal, donde se torturaba a presos políticos durante la dictadura de Stroessner. Todos manifestaron que no están arrepentidos, que siguen en la lucha, que se sienten víctimas de la política del imperialismo y de un Poder Judicial que ha violado sistemáticamente sus derechos. Los seis campesinos fueron acusados de un secuestro, pero el Ministerio Público cambió los hechos punibles sin darles la oportunidad de de dar su versión para la defensa.

Los organismos de derechos humanos afirman que la sentencia ya se encontraba escrita cuando se llega al juicio oral, que el tribunal dio por probados hechos por los que no fueron acusados, y se violó su derecho a ser juzgados en un plazo razonable, no teniendo aún sentencia firme. Los seis campesinos se habían refugiado en Argentina, donde fueron detenidos en mayo de 2006 y extraditados en diciembre de 2008. La justicia paraguaya desconoce esos dos años y medio que han estado recluidos en Argentina. Ellos se consideran perseguidos por su pertenencia de clase y política.

 

En el caso de Curuguaty hay 12 personas procesadas con arresto domiciliario, entre ellas una adolescente. En ambos procesos se ha mostrado la falta de imparcialidad e independencia de la justicia, como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de Curuguaty.

El informe más reciente de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) destaca que en el país se ha implementado una política de eliminación física de campesinos organizados. Difundido a principios de agosto, el Informe Chokokue 1989-2013 lleva un subtítulo significativo: “El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino”. Denuncia que en casi 25 años de democracia fueron asesinados y desaparecidos 115 dirigentes y militantes de organizaciones campesinas.

El 67 por ciento de los asesinatos fueron perpetrados por bandas parapoliciales, 31 por ciento por policías y militares y 2 por ciento fueron muertos cuando estaban bajo custodia de la fuerza pública. Todos los casos terminaron impunes, en medio de procesos fraudulentos que tuvieron por finalidad evitar que sean investigados todos los responsables, especialmente los autores morales.

Codehupy asegura que el “plan sistemático de ejecuciones” sería inviable sin el apoyo complaciente del Ministerio Público y el Poder Judicial. Agrega que los asesinatos coinciden con los ciclos electorales, con picos hacia la mitad de los mandatos presidenciales y descensos durante las elecciones, lo que “permite establecer conexiones entre la política y el plan de ejecuciones”.

 

La masacre de Curuguaty, señala, es un hecho excepcional por las consecuencias políticas, por la concentración de la mayor cantidad de ejecuciones en un solo evento y porque marca el inicio de una nueva época en la represión a la protesta campesina.

Tres hechos deben ser destacados. Uno, el endurecimiento de las normas penales. Cortar una ruta en una marcha pacífica es susceptible, a partir de 2010, de ser penalizado como si fuera terrorismo. La pena por invadir un inmueble, otra práctica común del campesinado, fue subida de dos a cinco años.

Dos, los hechos que denuncia Codehupy no son casuales ni fruto de desbordes ocasionales de mandos policiales o militares, sino parte de un ataque planificado contra la población campesina, con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios mediante métodos de terrorismo de Estado.

Tres, la impunidad. Paraguay está lejos de ser una democracia, mientras los militantes de los excluidos sociales pueden ser asesinados con la seguridad de que esos crímenes quedarán impunes, concluye el informe.

Los presos políticos, los más de 100 asesinados y los miles desplazados por las inundaciones de los Bañados, son todos víctimas de un modelo de acumulación que necesita de la violencia para seguir prosperando. Los habitantes de los Bañados son campesinos expulsados de sus tierras a lo largo de medio siglo, ocuparon los peores lugares de la ciudad y ahora la especulación inmobiliaria los quiere echar para levantar torres de lujo.

Los asesinatos y desapariciones están destinados a impedir el crecimiento de las organizaciones que luchan por la tierra. Los presos y los muertos son el chantaje del sistema a todos los que se atrevan a desafiarlo. Pese al Estado policial, los movimientos ganaron las calles y cortaron rutas al cumplirse, el 15 de agosto, el primer año del gobierno represivo y golpista de Horacio Cartes.

Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2014/08/22/index.php?section=opinion&article=024a1pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188789

 

 

Observamos que "la praxis política en Latinoamérica se caracteriza por un caudillismo personalista, estrechamente asociado al propósito de conquista, conservación y concentración del poder a toda costa".Dice Arturo D. Villanueva Imaña: "Es una especie de privatización y concentración del poder y la política, que resulta muy similar, equivalente y compatible a la concentración de la riqueza y los medios de producción que detentan y defienden los intereses particulares e individualistas del sistema capitalista predominante". Señala que, en contraposición, los movimientos sociales "cotidiana y sistemáticamente deliberan colectivamente, construyen consensos y adoptan decisiones participativas sobre todos aquellos asuntos y problemas que inciden o afectan su modo de vida, trabajo y las relaciones con el entorno. Es más, desatendidos, olvidados, o marginados por el Estado y la gestión pública de gobierno, inclusive han logrado resolver necesidades y problemas acuciantes, sobre la base de la cooperación, la solidaridad, la autogestión y el trabajo comunitario.

 

Existen ejemplos innumerables de esta capacidad de gestión pública y política tanto en áreas rurales como en centros urbanos, que no han necesitado del rol del Estado, para poder efectivizar la conquista de sus derechos, como la atención y resolución de sus problemas y demandas".

 

 

 

Des-caudillizar el poder y des-apoderar la política

4 de abril de 2017

 

Por Arturo D. Villanueva Imaña

Rompiendo con aquel ciclo de continuidad que los gobiernos llamados progresistas nos habían acostumbrado durante al menos la última década, Latinoamérica y Bolivia en particular vuelven a sacudirse por el surgimiento e impronta de vientos de renovación democrática.

 

Hasta ahora, la ola renovadora ha favorecido el retorno de la derecha y aquel neoliberalismo (hoy cada vez más radical y que a pesar de haber sido expulsado), resulta que está provocando una fuerte interpelación acerca del futuro que queremos construir y las alternativas que se plantean para lograrlo.

En vista de los resultados electorales sucedidos en varios países, aparece cada vez más evidente la restauración de regímenes que están reimplantando políticas neoliberales más agresivas. Las mismas, ahondan y exacerban el carácter enajenador del modelo salvajemente extractivista y desarrollista que implantaron los gobiernos autodenominados de “izquierda”, en favor (claro está), de grandes intereses corporativos y transnacionales que, a su turno, reactualizan y tienden a imponer un colonialismo de nuevo sello.

Sea producto del desencanto sin alternativas, de un gran rechazo y bronca acumuladas, de la indignación y resistencia a la impostura y la traición, o del reciclamiento de la derecha y el neoliberalismo que han sido propiciados bajo el auspicio y la alianza que los propios gobiernos progresistas les brindaron; lo cierto es que la derecha está de retorno. Sucede que nuestros pueblos no tuvieron oportunidad, ni pudieron construir o elegir otra alternativa que no fuese la repetición del modelo económico extractivista que sucedió al neoliberalismo.

Y aunque en el plano del ejercicio gubernamental se pueden distinguir diferencias de matiz por el énfasis estatista o privatizador que impulsan progresistas o neoliberales reciclados; lo que se impone en la práctica y la cotidianidad social actual, es el mismo tipo de sobreexplotación del hombre y la naturaleza, con los graves efectos y daños socio ambientales y climáticos que debe soportar y sufrir el pueblo.

Ahora bien, habida cuenta que la resistencia y rechazo popular todavía no han logrado construir una alternativa política que no sea de derecha, ni articular una propuesta estratégica contra el modelo económico extractivista; es indudable que para retomar y cumplir aquella agenda popular de transformaciones que inclusive se constitucionalizó en países como Bolivia, queda un  importante desafío. Es decir, comenzar por articular los diversos movimientos de protesta, resistencia y denuncia, para convertirlos en una lucha conjunta contra el modelo extractivista y desarrollista que origina los principales problemas de la economía, la sociedad y la naturaleza.

A diferencia de lo que ya ha sucedido electoralmente en otros países en los que se ha cambiado de signo político, pero no de modelo económico, en Bolivia todavía se tiene tiempo y oportunidad para evitar dicho efecto pernicioso. Un efecto cuyo origen y riesgo se explican por la impostura y traición de un gobierno autocalificado como de izquierda, pero que le allanó el camino nada menos que a esa derecha neoliberal que decía combatir, y que ahora se predispone a volver a gobernar.

 

El ámbito del poder y la política.

Sin embargo, la reflexión de los siguientes acápites estará orientada a un plano diferente, aunque conexo. Me refiero al plano del poder y la política y la forma cómo ambos se han ido construyendo y desvirtuando, en tanto más se favorecía la concentración del poder y la caudillización de la política.

Si existe algún fenómeno peculiar que caracterice la praxis política en Latinoamérica, éste no es otro que un caudillismo personalista, estrechamente asociado al propósito de conquista, conservación y concentración del poder a toda costa.

Sea como resultado de la persistencia de prácticas o afinidades monárquicas; sea por la internalización de valores individualistas y competitivos que corresponden a la visión liberal y capitalista que favorece los emprendimientos personales y privados; sea porque se desdeña prácticas colectivas, sociales y comunitarias; o sea porque ha prevalecido un tipo de sociedad patriarcal y machista, donde domina en forma excluyente el varón elegido; lo cierto es que este tipo de ejercicio político contribuye a un proceso de individualización, concentración y caudillización del poder y la política. Es decir, una forma de comportamiento político que al mismo tiempo de desplazar prácticas comunitarias y colectivas de gestión pública y política, donde prevalece el debate y la construcción colectiva de consensos y la participación social;  termina desvirtuando y quitando a la democracia la oportunidad de devolver el poder al pueblo, y concentrarlo cada vez más en caudillos y cúpulas que usurpan la iniciativa popular, para hacer prevalecer dominios y voluntades individualistas, excluyentes y sectarias.

Es una especie de privatización y concentración del poder y la política, que resulta muy similar, equivalente y compatible a la concentración de la riqueza y los medios de producción que detentan y defienden los intereses particulares e individualistas del sistema capitalista predominante. Es tan compatible y equivalente en el plano económico, que resulta muy funcional para ejercer y reproducir poder en el plano político. En fin, se convierte en una potente herramienta para usurpar y enajenar poder en las manos individuales del caudillo y su séquito; provocando que la praxis política tienda a ser reducida a meros actos electorales, y la democracia sea secuestrada en favor de intereses minoritarios y particulares.

 

En otras palabras, se trata de un fenómeno que se encuentra en la antípoda del ideal democrático orientado a constituir un gobierno del pueblo y para el pueblo, donde el ejercicio de la política no esté orientado a escoger caudillos y favorecer intereses individualistas y minoritarios, sino a devolver la capacidad de gestión, decisión y participación social al pueblo. A cambio, la caudillización del poder y la política es mucho más coincidente y funcional a los valores capitalistas, liberales y republicanos, donde prevalece el individualismo, la competencia y la concentración de riqueza y poder en pocas manos.

 

El plano de la democracia.

En el ámbito de la democracia sucede un fenómeno similar, porque desoyendo una histórica tradición de lucha de los pueblos indígenas que insistentemente reivindican la necesidad de reconstituir sus territorios colectivos y su capacidad de autogobierno comunitario, se ha hecho prevalecer el enfoque occidental de fuerte contenido presidencialista e individual. El mismo, favorece la conformación y elección de gobiernos supuestamente representativos, pero que generalmente responden a los intereses minoritarios que concentran la riqueza y los medios de influencia sobre la población. Prevalece un enfoque democrático-representativo ajeno, frente a la reivindicación de una capacidad de autodeterminación y gobierno colectivo, que responde a las prácticas propias de comunidades y ayllus.

 

Como si ello no fuese suficiente, tampoco se toma en cuenta y se termina despreciando las mismas prácticas democráticas de los movimientos sociales. Ellos, cotidiana y sistemáticamente deliberan colectivamente, construyen consensos y adoptan decisiones participativas sobre todos aquellos asuntos y problemas que inciden o afectan su modo de vida, trabajo y las relaciones con el entorno. Es más, desatendidos, olvidados, o marginados por el Estado y la gestión pública de gobierno, inclusive han logrado resolver necesidades y problemas acuciantes, sobre la base de la cooperación, la solidaridad, la autogestión y el trabajo comunitario.

 

Existen ejemplos innumerables de esta capacidad de gestión pública y política tanto en áreas rurales como en centros urbanos, que no han necesitado del rol del Estado, para poder efectivizar la conquista de sus derechos, como la atención y resolución de sus problemas y demandas.

Ello no se traduce únicamente en una mayor capacidad de gestión comunitaria y autogestión pública y política; sino que implica un ejercicio democrático y ciudadano, que va mucho más allá de acudir circunstancial y ocasionalmente a las urnas, para que después otros decidan por todos, a cuenta el voto emitido y la delegación de poder conferida.

 

A contrapelo de estas experiencias prácticas e históricas que indudablemente dan cuenta de un tipo de ejercicio democrático centrado en la iniciativa colectiva y comunitaria del pueblo, y donde la gestión pública y política ya no es un atributo del Estado, los partidos políticos,  o el gobierno; es indudable que responde y se acerca mejor al tipo de democracia y ejercicio político que siempre se ha deseado como la forma de gobierno más cercana al pueblo.

 

Por todo ello, persistir en un modelo democrático tradicional, basado casi exclusivamente en la búsqueda de representatividad electoral, donde su mayor valor consiste en el balotaje de mayorías y minorías; no sólo resulta anacrónico, sino totalmente insuficiente para profundizar la democracia.

Si se trata de responder adecuadamente a las formas cómo se ejerce la política y se constituye un gobierno más cercano al pueblo, pero se insiste en reproducir el modelo democrático tradicional, sólo se contribuirá a perpetuar una forma de democracia elitista y meramente formal. Peor es el resultado, cuando dicha democracia representativa se desvirtúa bajo prácticas pactistas y/o caudillistas, que convierten la política y el ejercicio democrático en una forma de usurpación de la voluntad popular, y un medio de conquista del poder como fin último.

Como consecuencia de lo analizado en ambos planos, y mientras persistan ambos fenómenos distorsionadores de la democracia y la política, puede concluirse la imposibilidad de profundizar la democracia en un sentido popular, así como de impedir la realización de las tareas de transformación democrática que acompañen los cambios en la economía.

Un apunte final en la perspectiva de construir una alternativa de izquierda, hacer política en forma diferente y devolver el poder pueblo. Un proceso de profundización de la democracia y transformación social no será posible, si paralela y simultáneamente no recoge  y pone en práctica el modo de gestión pública y política que la sociedad ya ejercita. No por nada las movilizaciones y la protesta  de los movimientos sociales que se expresan cotidianamente en las calles, repudian la caudillización, partidización y/o aprovechamiento electoralista con que actúan algunos sectores, partidos y gobiernos (incluidos los llamados progresistas).

Fuente: http://www.bolpress.com/2017/04/04/des-caudillizar-el-poder-y-des-apoderar-la-politica

 


 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Convengamos que es fundamental la toma generalizada de conciencia sobre  la impunidad de los poderes establecidos con terrorismo de estado e instituidos como Democracia del Capital contra el Trabajo en la violación de derechos humanos a gran escala.

 

Argentina: La inmutable tragedia
23 de febrero de 2015

Por: Damián Solanas (INFOSUR)



Se cumplen tres años de una de las peores tragedias ferroviarias de la historia argentina y a pesar de los avances del juicio oral penal en el ámbito judicial, pobre se vislumbra la acción reparadora no sólo de las víctimas y familiares sino de una gran porción de ciudadanía que indignada sigue clamando y marchando por vivir con dignidad lejos de la desidia e indiferencia, y más precisamente de la conciencia neoliberal salpicada en toda la sociedad.

En verdad, los miles de millones de dólares que el Gobierno Nacional ha endeudado a la ciudadanía a cambio de vagones y locomotoras nuevas desde China poco servirán para la causa, en tanto los derechos y capacidades locales sigan vapuleados por la misma política, por la misma matriz causal del deterioro del servicio.
 

Por otro lado, el alcance del juicio no se corresponde con la magnitud del desastre administrativo y abandono de los activos físicos ferroviarios. A todas luces se evidencian grandes ausencias en el banquillo de los acusados del juicio. Es decir, ¿acaso el Ministro de Planificación Julio De Vido principal responsable del área de transporte de la nación no tiene nada que responder luego de 10 años de gestión ininterrumpida? ¿acaso los autores intelectuales del modelo privatizador de la década del noventa Carlos Kogan y Edmundo del Valle Soria, entre otros, se consideran ajenos a la dinámica con que los grupos empresarios se han manejado desde el primer momento de las concesiones?


La promocionada “revolución ferroviaria” pregonada por el actual Ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo no deja de consistir en un parche cortoplacista en tanto la actual compra de material ferroviario
ata al país a la inevitable importación de piezas e insumos chinos mientras que no existe ningún plan de industrialización en carpeta para suplir la futura demanda.

Como si fuera poco, salvo la línea Sarmiento, el gobierno ha optado por continuar con el mismo esquema de explotación de los trenes en manos privadas, manteniendo en los servicios de pasajeros metropolitanos una situación precaria fruto del Decreto de Emergencia Ferroviaria de 2002, mientras que, en diciembre pasado, en forma silenciosa renovó y acrecentó el sistema de subsidios a las empresas.

A tres años de tanto dolor, el Gobierno Nacional prosigue impávido en su visión de cómo hacer funcionar los trenes, ahora aún más concentrados que nunca en manos del duopolio Emepa/Metrovías, empresas partícipes y cómplices del vaciamiento del sistema ferroviario argentino, el mismo que llegó a ser, hace más de medio siglo atrás, un ejemplo de desarrollo a nivel mundial.

Damián Solanas es economista y asesor de Proyecto Sur.

Fuente: http://www.argenpress.info/2015/02/argentina-la-inmutable-tragedia.html

 

 

Sumémonos a gritar "la corrupción mata" e indaguemos sobre los ámbitos privilegiados de acumulación o comunidad de fabulosos negocios a costa de la precarización de nuestra cotidianeidad.

 

 

Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad
2009

 

Por Ana Castellani (CONICET/IDAES-UNSAM y FCS-UBA)

 

(…)Nos interesa abordar el tema de la relación entre el Estado y los grandes empresarios, para demostrar la persistencia de una particular modalidad de articulación entre estos dos actores que obstruye las posibilidades de construir un proceso de desarrollo sostenido. Proceso de desarrollo que no sólo acreciente la dotación de capital, sino que además conlleve una mejora sustantiva en la calidad de vida de amplios sectores de la población terriblemente perjudicados por las políticas neoliberales de los años noventa y por la feroz devaluación que siguió a la crisis de la convertibilidad. Según Varesi, el modelo que se fue configurando a partir de 2002 permitió la armonización de las relaciones al interior de la clase dominante, a través de diversas transferencias de ingresos públicos hacia las diversas fracciones del capital. El autor destaca seis políticas iniciales que posibilitaron estas transferencias (devaluación, retenciones a las exportaciones primarias, pesificación asimétrica de las deudas privadas, “salvataje” al sector financiero, cesación de pagos externos y control de las tarifas de los servicios públicos) a las que debería agregársele el vasto plan de obras públicas puesto en marcha desde los inicios de la gestión kirchnerista, la reimplantación de subsidios diversos a la producción de ciertos bienes y servicios, y la intervención directa en las actividades productivas a través de procesos de “reestatización” o de creación de empresas públicas. Como analizaremos más adelante, todas estas políticas permitieron acrecentar los márgenes de beneficios de las grandes empresas locales,pero además facilitaron el crecimiento exponencial de otras que antes ocupaban lugares marginales en la dinámica de acumulación general, en algo que vulgarmente se ha dado en llamar “capitalismo de los amigos”.(…)

 

Estado/empresarios durante la postconvertibilidad: la persistencia de los ámbitos privilegiados de acumulación

A la hora de analizar las intervenciones estatales realizadas durante los primeros años de esta década y el comportamiento y desempeño de los grandes agentes económicos se observan ciertas constantes que ponen en cuestión la ruptura del denominado “modelo postconvertibilidad” y que permiten inferir la permanencia de los ámbitos privilegiados de acumulación como tipo predominante de articulación público-privada. En cuanto a las acciones estatales, las evidencias disponibles muestran que se incrementaron las transferencias públicas destinadas al capital concentrado local a través de diversos mecanismos, entre los que se destacan la obra pública y diferentes subsidios directos e indirectos a ciertas ramas de la industria. En efecto, el gasto público en servicios económicos en general, se incrementó en valores constantes en un 103% entre 2003 y 2006 (cuadro 1). En el sector transporte y en el sector energético estos incrementos fueron aún mucho mayores (188% y 418% respectivamente) para sostener las tarifas de los servicios públicos y para ampliar la infraestructura, en particular en el sector eléctrico.

Estos cuantiosos recursos se canalizaron principalmente a través de Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, uno de los hombres de mayor confianza del ex presidente Kirchner. Los fondos administrados por este ministerio pasaron de representar el 3,8% del PBI en 2003, al 18,7% en 2007. Una parte considerable de los mismos se destinaron a la realización de vastos planes de obra pública, entre los que se destacan el Plan Federal de la Vivienda y el Plan Federal de Transporte Eléctrico. En todos estos planes se vieron involucradas empresas de escasa trayectoria en el sector pero cuyos dueños contaban con gran llegada al Gobierno (Electroingeniería, de Marcelo Mindlin y Gotti SA y Austral Construcciones SA de Lázaro Báez) junto con otras de mayor antigüedad, como Skanska (ex SADE), Techint y Roggio.

Claramente, en un país como éste con un déficit de infraestructura importante, la obra pública constituye una intervención estratégica y necesaria para el desarrollo económico y para mejorar la calidad de vida de la población. El problema es que cuando esa intervención se da en un marco de interrelación entre funcionarios y empresarios proclives a la obtención de ganancias extraordinarias o de “retornos” necesarios para sostener la “caja grande de la política”, se desvirtúa la orientación de esa intervención (y por ende, sus resultados)5 .El escándalo generado en torno del “caso Skanska”, donde se descubrieron pagos de sobornos mediante la utilización de facturas apócrifas en el que se vieron involucrados diversos funcionarios y empresarios afines al Gobierno, es una muestra clara de este tipo de vínculos viciados entre el sector público y el privado. Ahora bien, además de las transferencias derivadas de la inversión pública directa, durante estos años se implementó un régimen de “promoción a la inversión industrial” mediante una serie de desgravaciones impositivas, que terminó favoreciendo a las más grandes empresas extranjeras y nacionales que operan en ramas de la industria que generan escaso valor agregado. Firmas líderes de rubros ampliamente beneficiados por la devaluación de la moneda(commodities y “armaduría automotriz”, por ejemplo), con inserción exportadora, acceso al financiamiento, y posición oligopólica en sus respectivos mercados. Tal como sostienen Ortiz y Schorr:

 

Se trató de una fenomenal transferencia de recursos públicos hacia Aluar, Techint, Aceitera General Deheza, Repsol-YPF y las terminales automotrices, entre otros capitales oligopólicos; es decir, hacia empresas y conglomerados económicos que conforman el núcleo de los grandes ganadores del “modelo de dólar alto” y con capacidad de inversión propia. Ello ha tendido a profundizar un perfil de especialización de escasas potencialidades, limitados efectos difusores y dependiente de las estrategias desplegadas por las transnacionales y, en menor grado, un conjunto selecto de grupos económicos nacionales. (2009a: 18.)

 

A estas transferencias dirigidas al capital concentrado local, se le suman otras facilidades derivadas de la apertura de nuevos negocios (por ejemplo, en torno de la creación de ENARSA o en la adjudicación de licencias para abrir salas de juegos que favoreció al empresario “amigo” Cristóbal López) o de la aplicación de regulaciones que convalidan el amplio grado de concentración de la economía argentina. Por razones de espacio no podemos tampoco detenernos en otro tipo de “negocios” propios de esta época derivados de la “reestatización” y creación de empresas públicas, en donde la compra de Transener por parte de ENARSA y otros socios privados, y el ingreso del empresario Eskenazi (Grupo Petersen) como propietario minoritario de Repsol-YPF de manos del Estado, aparecen como los más relevantes.

Los diversos mecanismos de transferencia de recursos públicos que mencionamos permitieron que la mayor parte de las grandes empresas que operan en el mercado local incrementaran la relación entre sus utilidades y el valor de su producción(especialmente notable en el caso de las industriales) incluso por encima de los niveles alcanzados en la década del noventa (grá- fico 1). Al considerar la evolución de la rentabilidad sobre ventas de las empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores, se corroboran estos indicios de recomposición de las utilidades empresarias, ya que las mismas pasaron del 7% al 13,2% entre 2003 y 2007 (Ortiz y Schorr, 2009b). Esta sustantiva mejora no se tradujo, sin embargo, en un incremento sustantivo del acervo productivo local; por el contrario, gran parte de esos activos líquidos se fugaron progresiva y constantemente hacia el exterior.

 

Esta revitalización del papel del Estado en la economía durante el período no vino acompañada de un aumento en la calidad de sus intervenciones, más bien por el contrario se observa, al igual que en los años noventa, una importante distancia entre cantidad y calidad de la intervención económica estatal, bruscos cambios en la orientación de esas intervenciones, incoherencias e ineficiencias a la hora de diseñar las políticas, y baja calidad a la hora de implementarlas. Estas deficiencias en la calidad de la intervención estatal resultan sumamente funcionales al crecimiento económico no sólo de los empresarios privilegiados por las políticas públicas implementadas, sino también para los principales funcionarios gubernamentales que, más allá de enriquecerse a título personal, con sus acciones contribuyen al armado de “la caja” necesaria para el “financiamiento de la política”. ¿Y qué sucede con las grandes firmas?¿Qué transformaciones se observan en su perfil y desempeño durante estos años? Hay ciertas características que sobresalen y que muestran la persistencia de algunos rasgos propios del modelo anterior. Antes que nada se observa un alto grado de inestabilidad en la composición de la cúpula empresaria, acompañado por varios fenómenos conexos: el crecimiento vertiginoso de ciertas empresas, fuertes cambios en cuanto al origen del capital de las grandes firmas (procesos de extranjerización de la cúpula) y en cuanto a la actividad que desarrollan (progresivo vuelco hacia las actividades primarias). También se mantiene un alto grado de concentración de la economía, especialmente en el sector industrial y en la fracción exportadora de la cúpula empresaria. Tal como señalan Ortiz y Schorr:

“En la posconvertibilidad se profundizaron dos procesos característicos de la década pasada: aumentó la concentración económica en el sector manufacturero: en 2007 las 100 empresas industriales más grandes del país explicaron casi el 44% del PBI industrial, frente a una participación del 38% en 2001 y el 27% en 1993; y se afianzó el grado de extranjerización del sector, con un efecto directo en una aún mayor pérdida de ‘decisión nacional’ en la definición de cuestiones estratégicas para el rumbo socioeconómico del país. En este sentido, se trató en muchos casos de la transferencia de firmas nacionales de primer nivel a manos extranjeras (por ejemplo, la siderúrgica Acindar, la petrolera Perez Companc, la alimentaria Quilmes, la cementera Loma Negra, y el frigorífico Swift Armour, entre otros)”. (2009: 16 y 17.)

 A estas características de tipo perfil estructural hay que sumar otros rasgos preocupantes como la continua salida de capitales desde el sector privado (tanto financiero como no financiero), el incremento de la dotación de los activos líquidos en la cartera de las principales firmas, la existencia de grandes empresarios industriales convertidos en rentistas financieros, inmobiliarios y/o terratenientes, y el importante crecimiento de empresas (y empresarios) estrechamente vinculados con el sector público (por ejemplo el Grupo Petersen, Pampa Holding, Electroingeniería, Cristobal López y el Grupo Sigman) . Pero el tipo de comportamiento desplegado por los grandes capitalistas locales no puede atribuirse a una conducta “irracional” ni a la existencia de un “patrón cultural argentino” poco proclive al riesgo. Por el contrario, la ausencia de un empresariado comprometido con el desarrollo económico del país (burguesía nacional en los términos establecidos por Poulantzas) y la consolidación de un patrón de comportamiento cuasi-rentístico y cortoplacista, es el resultado de un proceso histórico de articulación muy particular entre el Estado y los capitalistas, que se dio en el marco de un deterioro progresivo de los niveles de autonomía relativa del Estado y que permitió mantener el perfil adaptativo del patrón de acumulación generando consecuencias perniciosas (y en varios momentos devastadoras) sobre el conjunto social y sobre el propio aparato estatal. En ese sentido, los rasgos que adquiere un patrón de acumulación en determinado momento histórico, son producto de los condicionamientos ideológicos, políticos y económicos que genera el contexto estructural, pero fundamentalmente, de las múltiples articulaciones que se establecen entre las diferentes fracciones de clases entre sí y entre éstas y el Estado. Es precisamente en el accionar del aparato estatal donde se expresa la correlación de fuerzas existente entre las distintas fracciones y se garantiza a través de un complejo sistema de transferencias, el sostenimiento de los principales resortes de acumulación del capital concentrado local. Es por eso, que al menos en ese punto, no encontramos una verdadera ruptura entre los dos modelos. Cambia la orientación de la intervención, se modifican los actores, se complejizan las prácticas, se diversifican los negocios, pero el tipo de articulación prevaleciente sigue siendo la misma: aquella que permite la difusión de los ámbitos privilegiados de acumulación.

Bibliografía:(..)

Fuente: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4059/pr.4059.pdf

 

 

Nos urge, a las izquierdas revolucionarias de Nuestra América, derrotar  a la modelación masiva de la subjetividad conforme con el capitalismo engañando que el enemigo es el neoliberalismo y el fascismo cuando ambos expresan al sistema en la contemporaneidad global:

[SEMINARIO VIRTUAL] MIRAR LA COYUNTURA LATINOAMERICANA: HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS POLÍTICO

10 de mayo de 2017

 

Por CELAG 

 

PRESENTACIÓN

Los cambios globales, así como los cambios internos producidos estos últimos años en los países de la región, han complejizado los debates políticos y teóricos. La aparición de novedades y nuevas realidades en América Latina han hecho del campo del análisis político un espacio de continuo ajuste, reteorización y recalibramiento. Se vuelve  necesario reflexionar sobre coyunturas nacionales y locales inscritas en complejos procesos globales y de subjetivación. Esta es una propuesta que busca establecer estrategias de articulación entre el análisis general de grandes tendencias y la especialización de temas locales. Para ello, este curso se presenta como un “protocolo” de ajuste de la mirada, de la observación y de la comprensión de la acción política.

OBJETIVO

El objetivo es presentar una caja de herramientas teóricas y analíticas para el análisis político en América Latina. Buscamos proveer un conjunto de recomendaciones y estrategias para amplificar la comprensión de fenómenos políticos.

CONTENIDOS

¿Qué es hacer un análisis de coyuntura y de situación? ¿Cuáles son las dimensiones y estrategias de abordaje? ¿Qué “miramos” de una coyuntura? ¿Qué es un escenario y como construirlo?

Dimensiones o cartografía para estructurar un escenario y sus dimensiones. Estructuras simbólicas. Contextos. Actores. Dinámicas. Discursos. El lugar del conflicto y la pugna.

Entre la coyuntura y la historia. La vinculación entre los procesos históricos y la coyuntura en un determinado espacio/tiempo desde una perspectiva crítica: cómo comprender un proceso concreto como parte de una estructura y su relación con diferentes dimensiones (local y/ nacional, regional, transnacional).

Aspectos metodológicos: la articulación entre pasado-presente; la visualización/invisibilización de un proceso; la validez y triangulación de fuentes.

Las coyunturas políticas y electorales entre las democracias y la globalización. ¿Cómo se articulan las democracias y sus subjetividades actuales con los fenómenos globales?

PERFIL DE LOS Y LAS PARTICIPANTES DEL CURSO

Es requisito para los participantes haber obtenido sus licenciaturas y/o estar realizando estudios de posgrado temáticas afines a este programa y/o participar en instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, sociales, políticas y culturales que requieran expresamente esta formación para algunos de sus miembros. Es necesario poseer ciertas destrezas con plataformas digitales e idiomas como español y portugués.

PROPUESTA CURRICULAR Y METODOLOGÍA DE TRABAJO(…)

APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN

El curso será certificado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. El requisito para obtener dicho certificado es la participación en los encuentros y actividades propuestas por los docentes y la presentación de un trabajo final.(…)

Fuente: http://www.celag.org/seminario-virtual-mirar-la-coyuntura-latinoamericana-herramientas-de-analisis-politico/

 

Nos urge porque el progresismo construye conciliación con  poder económico, estatal y mediático de las transnacionales construyendo consenso mayoritario mediante conceptos lineales -o sin ruptura con el capitalismo- en vez de complejos como exige la actualidad de la humanidad entera. Nos plantea instalar en la agenda pública la discusión, por ejemplo, de porqué la «democracia» no tiene nada que ver con el sentido común dominante,  cómo el vigente Nunca Más encubre la impunidad de siempre del poder económico e imperialista.

 

Comencemos por analizar qué nos propone y luego qué significa la gobernabilidad (progresista o neoliberal) del capitalismo tanto para los derechos humanos abajo como para la autodeterminación de los pueblos.

 

 

1) Pensemos en las contradicciones de: institucionalizar o acomodarse al Estado del Capital contra el Trabajo con la lucha tanto por una sociedad fraterna como por una democracia participativa;  institucionalizar a la última viendo a los gobiernos K como paradigmas con la realidad económico territorial de máxima concentración y transnacionalización que gestionaron a favor de su enorme enriquecimiento y de amigos.

 

El campo popular, la democracia y la gobernabilidad

27 de abril de 2017

 

Por Carlos Mendoza (Tesis 11)

Desde diversos sectores del campo popular se han vertido expresiones contradictorias sobre la actitud a adoptar ante una eventual crisis de gobernabilidad en la que podría caer el gobierno de Cambiemos, si se siguiera agravando la situación socio económica. Algunos consideran necesario contribuir a la continuidad del gobierno hasta las elecciones presidenciales del 2019, donde se podría derrotarlo en las urnas, mientras que otros consideran que cuanto antes se vaya el actual gobierno más limitadas serán las ya de por si gravosas consecuencias de sus políticas para los sectores populares. En esencia esta contradicción se enmarca en el fundamental tema para los sectores populares que es su relación con la democracia y sus expresiones institucionales.

La Democracia como proceso histórico del desarrollo de la sociedad

La democracia puede considerarse como un proceso de institucionalización de crecientes libertades individuales y colectivas y de igualdad social ante la economía, lo cual a su vez requiere del desarrollo de la fraternidad entre los seres humanos. Es una herramienta fundamental en la lucha de los sectores subalternos contra su explotación y por la construcción de una sociedad más justa y por lo tanto de un carácter social cualitativamente cada vez más elevado.

La democracia, como proceso de construcción social, ha pasado por varias etapas donde se han producido saltos cualitativos. Desde sus orígenes en la ciudad estado de Atenas en el siglo V a.C., donde se acuñó su nombre (“demos” – pueblo y “kratos” – gobierno, o “gobierno del pueblo”) los hitos históricos más destacados, por la influencia que tuvieron en el desarrollo posterior, han tal vez sido la Revolución Inglesa de 1642-1689, la Revolución de la Independencia de los EE.UU. de 1775-1783, el Movimiento de la Ilustración desde mediados del siglo XVII y todo el XVIII (Siglo de la Luces) en Europa y, más significativamente, la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Rusa de 1917. No vamos a desarrollar aquí las bases socio-económicas ni la amplitud de objetivos de estos complejos sucesos, pero si señalar sintéticamente que si la Revolución Francesa significó la revolución política por la igualdad de las personas ante la ley, la Revolución Rusa significó la revolución social por la igualdad de las personas ante la economía.

En la época actual de profunda crisis económico-social del capitalismo, de carácter estructural y tendencia permanente, donde la economía está ampliamente globalizada y hegemonizada por los oligopolios y por su parte financiera especulativa, la expresión política institucional del sistema, es decir la democracia liberal representativa, ha caído consecuentemente en deslegitimación y crisis, como consecuencia de estar sus instituciones (poderes ejecutivos, parlamentos, poderes judiciales, medios de difusión e incluso parte de los partidos políticos y sindicatos) penetrados, dominados y corrompidos por el capital oligopólico, financiero y especulativo. Particularmente, las instituciones del Estado ya no representan ni siquiera los intereses de la burguesía en su conjunto, sino esencialmente los de la oligarquía financiera internacional y sus expresiones locales.

Para superar la crisis, cuyas consecuencias las paga amargamente la clase trabajadora y el conjunto de los sectores populares, se requiere de una profundización de la herramienta democrática, superando la democracia liberal representativa y delegataria mediante el desarrollo de la democracia participativa, directa y autogestionaria, en las organizaciones del pueblo y en las instituciones del Estado. Este es el camino para elevar la conciencia mediante la práctica socio-política, desarrollar de esa manera la fraternidad y con ello cambiar la relación de fuerzas en pos de una sociedad de un carácter social cualitativamente más elevado. De lo que se trata, como necesidad para los sectores populares, es de unir y superar las conquistas históricas de la Revolución Francesa de 1789 y de la Revolución Rusa de 1917, construyendo una sociedad de nuevo tipo, donde haya democracia política y democracia social.

La democracia y la situación actual en Argentina

En la situación actual de nuestro país, podemos constatar las consecuencias penosamente graves para los sectores populares de la política neoliberal del gobierno de Cambiemos, con aumento de la desocupación, la pobreza e indigencia, caída de los ingresos fijos (salarios, jubilaciones, asignaciones familiares), mayor déficit fiscal e inflación, auge de la especulación financiera, acelerado endeudamiento externo que sirve para compensar por un lado el déficit fiscal y por otro la fuga de divisas que aumenta la exposición del país ante el capital financiero global y los organismos financieros internacionales. Esto produce una creciente resistencia y lucha de las organizaciones sindicales, sociales, político-culturales y partidos políticos del campo popular. Por lo que hemos visto en nuestra propia historia, de continuar el gobierno con sus políticas es posible que el agravamiento de sus consecuencias lo lleve a una situación de ingobernabilidad. La cuestión que se plantea es qué actitud debería adoptar ante esto el campo popular.

Por un lado la experiencia histórica muestra que cualquier salida que viole la institucionalidad democrática vigente, por imperfecta que sea para el interés popular, en general termina perjudicando trágicamente al pueblo. Pero por otro lado, limitar las luchas populares para ayudar a un gobierno reaccionario a no caer en la ingobernabilidad es garantía de un perjuicio creciente para los sectores populares.

Las organizaciones del campo popular tienen la necesidad y la obligación de acrecentar sus luchas contra un plan de gobierno que claramente favorece a los sectores más concentrados de la economía, particularmente el especulativo financiero, que le hace pagar duramente los costos a los trabajadores, jubilados y demás sectores populares, incluidos vastos sectores de capas medias y de pequeños y medianos empresarios. Si el gobierno cae en la ingobernabilidad, producto de su propia política, el campo popular debe luchar para impulsar una salida en favor del pueblo, por las vías que prevé la institucionalidad vigente y evitar una salida violatoria de la misma que pudieran intentar sectores contrarios al interés popular.

Podemos señalar dos ejemplos históricos sobre posicionamientos correctos de las organizaciones populares ante graves crisis institucionales en nuestro país:

- Ante los levantamientos militares del sector denominado “Cara Pintada”, de 1987 y 1988 contra el gobierno de Alfonsín y de 1990 contra el de Menem, los sectores populares se movilizaron en defensa del orden constitucional, cualquiera fuera la opinión que tuvieran sobre las políticas de esos gobiernos o sobre las limitaciones de la democracia liberal representativa.

- Ante la crisis de gobernabilidad en que cayó el gobierno de de la Rua en el 2001, los sectores populares continuaron luchando por sus derechos e impulsando simultáneamente una solución dentro del marco constitucional, lo que terminó con la llegada al gobierno de Nestor Kirchner, cuya gestión favoreció a dichos sectores.

Las luchas populares en defensa de sus intereses, por mayor libertad y justicia social, no solo no son destituyentes sino que son el camino auténticamente democrático para no caer en situaciones de ingobernabilidad típicas de gobiernos que contradicen el interés mayoritario y solo defienden el interés elitista de los sectores concentrados del poder económico.

Por otro lado, las organizaciones del campo popular deben luchar por el desarrollo de la democracia participativa y su concreción en la correspondiente institucionalidad, incluidas consecuentes reformas constitucionales. En tal sentido, en los gobiernos Kirchner se produjeron avances significativos, como el creciente reconocimiento a las organizaciones sociales que encuadran a trabajadores desocupados, informales y cooperativizados y, particularmente, mediante la subcontratación a esas organizaciones de trabajos públicos que otrora los hacía el Estado, lo cual aumentó la posibilidad de la autogestión popular en dichas tareas. Son formas de desburocratizar y democratizar funciones estatales, es decir de desarrollar democracia participativa y autogestionaria. No es de extrañar que algunos políticos profesionales, que no viven para la política sino de la política, se indignen ante estos avances de democracia participativa, que objetivamente les limita sus posibilidades de vivir de la democracia liberal, representativa, meramente formal y así más fácilmente cooptable y corrompible por los grupos oligopólicos.

Las organizaciones del campo popular, y los movimientos sociopolíticos en los que eventualmente confluyen, tienen interés objetivo en combinar prácticas de democracia participativa y directa, con la utilización de formas de la democracia representativa y delegataria, en un proceso objetivamente dialéctico de unidad y lucha de contrarios no antagónicos, donde es posible la subsunción gradual de la democracia representativa por la democracia participativa, en la defensa de sus intereses ante gobiernos que, como el actual en Argentina, expresan los intereses oligárquicos. Proceso que debe insertarse en el largo camino de luchas hacia una sociedad de nuevo tipo, superadora de la actual sumida en profunda crisis.

Carlos Mendoza, ingeniero, especializado en temas políticos y económicos, escritor, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225889

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2) Pensemos en la restricción de la política de derechos humanos a los juicios a genocidas directos porque se sigue centrando la democracia vigente en la gobernabilidad del sistema de expoliación creciente de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. En las elecciones los partidos de estado disputan entre sí sólo cuál sabrá gestionar mejor el capitalismo que, en esencia, implica presentarse al poder real como capaces de construir consenso mayoritario. En lo último se distingue el kirchnerismo apropiándose de encarcelar a quienes son criminales de lesa humanidad y estigmatizando a las organizaciones populares que se mantuvieron consecuentes con ese legado histórico luchando por su real y efectivo cumplimiento que los K hicieron todo lo posible por frenar al punto de ser cómplices de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Lo último desmiente la afirmación de las investigadores obsecuentes de que los gobiernos K no tuvieron nada que ver con el: "terrorismo de Estado (neoliberal) en el que se perpetraron las atrocidades más inhumanas e injustas de la historia del país". Y por supuesto ambas niegan que los gobiernos constitucionales hicieron viable la incesante acumulación oligopólica por desposesión total y totalitaria a la diversidad de abajo. Nos quieren convencer que nuestra multitudinaria e histórica marcha contra el 2 por 1 a los genocidas es lo máximo a aspirar porque: "La reivindicación del «Nunca Más» y la gestión de juzgamiento a los delitos perpetrados durante el terrorismo de Estado constituyen un núcleo fundante de la democracia argentina". Propician el Volveremos cuando es persistir en el exterminio de nosotros, los de abajo y en la ruina irreversible del país.

 

Derechos humanos en Argentina

Del nunca más al 2×1

11 de mayo de 2017

 

Por Gisela Brito y Silvina Romano (CELAG)

En Argentina un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso en vigencia la derogada Ley 24.390 (conocida como “ley del 2×1”) que regulaba los plazos de prisión preventiva beneficiando a los detenidos sin sentencia firme con la reducción del cómputo de los días en prisión a la mitad. Se trata de una ley “más benigna”, sancionada en el contexto de una crisis penitenciaria y legislada para delitos comunes, que ahora podría aplicarse a los crímenes de lesa humanidad. Ello constituye un fuerte retroceso en materia de derechos humanos en Argentina, un país cuyas políticas de Memoria, Verdad y Justicia sustentaron un proceso inédito de juzgamiento de los crímenes perpetrados durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) que alcanzó un fuerte prestigio a nivel internacional. 

 

I 

Aspectos claves y consecuencias inmediatas del 2×1

·          El fallo de la Corte que benefició al represor Luis Muiña [1] con el 2×1 contó con el voto afirmativo de tres de los cinco miembros de tribunal. Entre los que votaron a favor están Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los dos jueces que en el quinto día de gobierno de Macri fueron designados irregularmente por decreto presidencial. Solo después de que la opinión pública rechazara esta medida, Macri convocó a sesiones extraordinarias del Senado donde los pliegos fueron aprobados aun con la oposición de los senadores kirchneristas. También votó a favor Elena Highton de Nolasco, quien se encuentra cercana a alcanzar el límite de edad (75 años) contemplado en la Constitución para ejercer como jueza. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el juez Juan Carlos Maqueda, votaron en disidencia.

·         El fallo contradice los postulados que la propia Corte estableció previamente entre los que se incluye la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y de aquellos que constituyeran graves violaciones a los derechos humanos, y va a contramano de la jurisprudencia asentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales incorporados a la legislación nacional tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

·         Si bien se trata de un fallo no vinculante jurídicamente (los jueces de instancias inferiores pueden o no acatarlo) el pronunciamiento de la Corte sienta jurisprudencia, aparte de constituir un gesto político importante contrario a la reivindicación histórica del “Nunca Más” y la lucha de los organismos de derechos humanos.

·         En consonancia con este fallo, en la misma semana la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) llamó a iniciar un “itinerario de reflexión” y “reconciliación” entre las víctimas y los victimarios. Ello abona el terreno simbólico que permita reponer el discurso de la “teoría de los dos demonios”, que equipara el terrorismo de Estado y el plan sistemático de represión y exterminio implementado por la última dictadura cívico-militar con la insurgencia armada de parte de grupos civiles.

·         La ley 24.390, en la cual se ampara el fallo de la Corte Suprema, estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada. Fue sancionada en respuesta al colapso del sistema judicial por la dilación de los procesos que derivó en una crisis penitenciaria. Los juicios a los represores que ahora podrían ser beneficiados por esa ley se realizaron posteriormente a la derogación de la misma.

·         Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, el beneficio de este fallo alcanzaría al menos a 278 represores que ahora podrían obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena. Esa cifra representa el 52% de los condenados bajo arresto. Algunos de los genocidas condenados que ya han solicitado el mismo beneficio aplicado por la corte a Luis Muiña son:

o        Arnoldo “Chubi” López, ex agente civil de inteligencia del ejército argentino que fue condenado en 2016 por 281 homicidios calificados y 383 secuestros cometidos en el marco de su actuación como torturador en el campo de exterminio conocido como La Perla.

o        Jorge Luis Magnacco, obstetra que actuó en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA, condenado por el robo de bebés.

o        Christian Von Wernich, capellán de la policía de la Provincia de Buenos Aires, condenado a reclusión perpetua por ser hallado culpable de haber participado en 65 casos de secuestros y torturas y 7 homicidios calificados.

o        Miguel Etchecolaz, ex policía que tuvo a su cargo 21 centros clandestinos de detención condenado a reclusión perpetua en 2006 por delitos de lesa humanidad y sospechado por la desaparición en el mismo año del testigo clave Jorge Julio López.

II

Repercusiones del fallo

·         El fallo suscitó un fuerte repudio generalizado en la opinión pública que alcanza a partidos de todo el arco político. Los organismos de derechos humanos convocaron a una movilización para el miércoles 10 en la histórica Plaza de Mayo en rechazo a la medida con la consigna “Señores jueces: Nunca Más”. Según una encuesta sobre el posicionamiento social tras el fallo de la Corte realizada por la empresa Analogías en la provincia de Buenos Aires, el 85,7% de los consultados se declaró en desacuerdo con la decisión, mientras que el 74% de los encuestados dijeron estar enterados del fallo, lo cual indica el nivel de estado público que ha tomado la noticia. A su vez, el 60,8% dijo tener una imagen negativa de la Corte Suprema de Justicia.

·         Los tres jueces que avalaron el fallo fueron denunciados penalmente por prevaricato, un delito que consiste en que una autoridad dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta. La denuncia fue radicada por el abogado Marcelo Parrilli. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia al Estado argentino por “violación del derecho de las víctimas” del terrorismo de Estado. El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, instó a la Corte argentina a tener en cuenta los “estándares internacionales de derechos humanos” y a “cumplir los compromisos asumidos”, a la vez que recordó que los delitos de lesa humanidad no pueden ser tratados como delitos comunes.

·         Apenas conocido el pronunciamiento de la Corte, el posicionamiento del gobierno fue de respaldo al fallo. El secretario de DDHH y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, sostuvo que estaba de acuerdo con el fallo del 2×1 y pidió respetarlo. No obstante, cuando el asunto tomó estado público y comenzó a suscitar un rechazo generalizado el mismo funcionario se desdijo en consonancia con otros voceros del gobierno que lo repudiaron. Tal como sucedió con otras decisiones polémicas (como el propio nombramiento por decreto de los jueces Rosenkrantz y Rosatti o el intento de hacer movible el feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), el gobierno retrocedió en su posicionamiento inicial buscando “plegarse” a la opinión mayoritaria de la ciudadanía.

·          En consonancia con el retroceso oficial, el bloque legislativo de Cambiemos presentó en la Cámara de Senadores un proyecto de ley que busca frenar la previsible catarata de pedidos de aplicación del beneficio por parte de otros acusados y condenados por delitos de lesa humanidad. El mismo reduce la aplicación del beneficio del 2×1 contemplado en la Ley 24.390 “solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante su vigencia” [2], es decir entre 1994 y 2001. No obstante, el proyecto de ley ratifica que tal beneficio de la derogada ley pueda alcanzar a condenados por delitos de lesa humanidad, desconociendo el espíritu del legislador cuando la sancionó.

·         Las bancadas opositoras también llevaron al Congreso proyectos de ley contra la aplicación del 2×1 en delitos de lesa humanidad y pedidos de juicio político para los tres jueces de la Corte Suprema que avalaron el fallo. En la cámara de diputados todos los bloques, incluido el oficialista, acordaron unificar los proyectos para que el cómputo de las penas establecido en la ley 24.390 no sea aplicable a los condenados por “delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional”.

III

Los derechos humanos en la era Macri

El actual gobierno de Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri, ha tomado decisiones y medidas que van en detrimento de los avances realizados en la última década en materia de derechos humanos. No se trata solamente de una cuestión “jurídica” sino que muestra los objetivos de este proyecto de país a nivel político, cultural y de destrucción de la memoria colectiva. Algo que Macri sintetizaba en una frase: “No sé si son 9 mil o 30 mil, no tengo idea y me parece que es una discusión que no tiene sentido”.

Desde el inicio de la actual gestión del PRO, 50 condenados por cometer delitos de lesa humanidad (50 represores) fueron pasados de cárceles comunes a prisión domiciliaria. También se ampliaron los beneficios de estos criminales, al permitir que sean atendidos en hospitales militares. Todo en el marco de una merma casi absoluta en las sentencias dictadas por delitos por lesa humanidad, que pasaron de 25 sentencias anuales en 2012 y 2013, a solo 9 sentencias en 2016 [3]. Se trata de medidas coherentes con las posturas de funcionarios del actual gobierno, que desde un comienzo pusieron en duda la cifra simbólica de “30 mil desaparecidos” durante la última dictadura militar en Argentina, argumentando cínicamente que “se infló la cifra para obtener subsidios” [4].

Otros de los actos más controversiales en materia de derechos humanos desde la llegada de Macri a la presidencia son:

·         El 16 de enero de 2015 queda detenida en forma irregular la diputada del Parlasur y líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

·          El 17 de febrero de 2016 el Consejo de Seguridad Interior aprobó el “Protocolo de Actuación de la Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, con el objetivo de “ordenar” las protestas e impedir que dificulten la libre circulación de los automovilistas y de personas. Esta restricción/anulación del derecho a la protesta se ampara en argumentos de especialistas como Carlos Rosenkrantz, quien argumenta desde la doctrina, que el “piquete se trataría de una conducta expresiva pero no de las protegidas por la libertad de expresión” [5] –Rosenkrantz fue uno de los jueces que Macri intentó incorporar por decreto-.

·         Desde el inicio de la actual gestión, funcionarios de gobierno mantienen reuniones institucionales con los familiares de represores y abogados del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (que, como vemos, ha redituado en importantes logros para este sector de ultra derecha).

·         El Estado deja de ser el querellante en causas que involucran delitos de lesa humanidad, tal como se refleja en el caso de Saiegh, donde se investigan delitos perpetrados por represores de la Policía Federal en connivencia de civiles y funcionarios del Banco Central de la República Argentina. En dicha causa, el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj firmó un escrito desistiendo de cumplir el rol de querellante.

·         Según denuncian organismos de derechos humanos, el gobierno nacional desde 2016 desfinancia áreas clave y programas abocados a la temática se redujo drásticamente. Por ejemplo, la propia Secretaría de DDHH redujo su presupuesto en 35%.

La reivindicación del “Nunca Más” y la gestión de juzgamiento a los delitos perpetrados durante el terrorismo de Estado constituyen un núcleo fundante de la democracia argentina. La etapa democrática actual, que se inició con el histórico “juicio a las juntas” realizado durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), tuvo una etapa de impunidad y retroceso jurídico durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y un claro impulso que elevó la defensa de los derechos humanos a política de Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). El giro dado en esta materia por el gobierno de Cambiemos no es únicamente una provocación a los avances realizados en la última década, sino que se trata de un discurso que en apariencias busca la “reconciliación social” (en oposición al conflicto que caracteriza a lo político), pero que tiene como base la profunda pugna de los grupos empresariales en el poder por despolitizar todo lo vinculado al Estado, incluida la memoria.

De este modo se (re)construye y legitima la cosmovisión neoliberal, en la que el gobierno y el Estado son gestores ahistóricos y apolíticos, desvinculados por lo tanto de las necesidades del pueblo y de su historia. El ejemplo más acabado es el desprecio de Macri por los desaparecidos, al declarar que no tenía “ni idea” de si eran 9 mil o 30 mil. Ello se inscribe en un clima de opinión que se intenta instalar que transforma a las víctimas en simples números, borrando el escenario de terrorismo de Estado (neoliberal) en el que se perpetraron las atrocidades más inhumanas e injustas de la historia del país.

Notas

[1] Luis Muiña estaba condenado por delitos de lesa humanidad por los hechos que se registraron en el Hospital Posadas en 1976. En 2011, fue condenado a 13 años de prisión por secuestro y torturas efectuadas a cinco personas.

[2] http://www.lanacion.com.ar/2021951-el-gobierno-impulsa-una-ley-para-limitar-los-alcances-del-dos-por-uno

[3] http://www.eldestapeweb.com/todos-los-retrocesos-las-politicas-derechos-humanos-que-asumio-macri-n19820

[4] http://www.eldestapeweb.com/los-diez-retrocesos-derechos-humanos-la-gestion-macri-n23259

[5] Rosenkrantz, Carlos (2003) “La pobreza, le ley y la constitución”. El derecho como objeto de transformación. Buenos Aires: Editorial del Puerto, p. 10

Silvina Romano y Gisela Brito / Investigadoras CELAG

Artículo publicado en: http://www.celag.org/del-nunca-mas-al-2x1-los-ddhh-en-argentina/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226496

 

 

Hagamos posible la toma generalizada de conciencia sobre:

 

 

Las consecuencias inevitables de un modelo genocida y ecocida

16 July 2009 | Biodiversidad - Jul 2009

GRAIN

Trece años de soja en Argentina. La amplia experiencia adquirida en Argentina después de trece años de imposición del cultivo de soja transgénica resistente al glifosato dan la oportunidad al resto del mundo de aprender la lección y no repetir los errores ni permitir las imposiciones que hicieron posible que Argentina se convirtiera en apenas una década en una “republiqueta sojera”. 

En 1996 y de manera absolutamente solapada y antidemocrática se permitió la introducción de la soja transgénica de Monsanto en nuestros campos. Sin estudios de impacto ambiental independientes, sin ningún tipo de consulta pública, sin ninguna discusión parlamentaria ni legislación que la avale. Una simple disposición de la Secretaría de Agricultura creó en 1991 la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que a partir de allí y con amplia participación de las corporaciones “asesoró” a la secretaría sobre la aprobación de OGM.

Ahora, mes con mes, vivimos en Argentina la emergencia de un nuevo problema socioambiental debido a la invasión territorial producida por la imposición del monocultivo de soja transgénica de mano de Monsanto y de un puñado de terratenientes y asociaciones empresariales de siembra.

Los impactos de las fumigaciones, el desmonte, el desplazamiento de campesinos, la falta de alimentos, las inundaciones y sequías, las nuevas enfermedades, son moneda corriente en las noticias pero solamente desde algunos medios alternativos aparece relacionada con la “sojización”.

Todo esto viene de la mano de la instalación de una visión fragmentada de los problemas en que se ocultan las causas profundas de los mismos para analizarlos o mostrarlos, muchas veces de manera sensacionalista, pero siempre aislados y producidos casi como “fenómenos naturales”.

Por eso lo primero y fundamental es recuperar la mirada integral de la problemática. Únicamente mirando y analizando la totalidad y la complejidad de la situación se podrá llegar a alguna conclusión útil para avanzar en alguna dirección y salir de la rueda destructiva en la que el modelo de agronegocio-soja-transgénicos nos ha metido.

Después de trece años de expansión del cultivo de la soja transgénica en Argentina las consecuencias socioambientales son una verdadera catástrofe. Presentamos un breve repaso por los datos concretos que hablan de la tragedia de la soja en el Cono Sur.

En Argentina se sembrarán en la próxima temporada 18 millones de hectáreas de soja transgénica bajo la técnica de siembra directa.

Esta superficie representa más del 50% de la superficie agrícola del país.

Prácticamente 100% de la soja que se cultivará es soja transgénica resistente al herbicida glifosato (SOJA RR).
La SOJA RR es propiedad de Monsanto, la mayor empresa semillera del mundo y también creadora del glifosato, el herbicida que se debe utilizar para sembrar la SOJA RR. Monsanto controla 90% de las semillas transgénicas que se comercializan a nivel mundial.

Monsanto declaró que las ganancias generales aumentaron un 44% en 2007 con respecto al año anterior y un 120% en el 2008 en relación con el 2007.

Este año se aplicarán más de 200 millones de litros de glifosato sobre toda la superficie cultivada con soja en Argentina mientras en el año 1996 se utilizaban 13 millones 900 mil litros.

El producto comercial cuyo principio activo es el glifosato (Roundup) contiene además una serie de coadyuvantes que aumentan notablemente su toxicidad, fundamentalmente el surfactante poea (polioxietil amina) cuya toxicidad aguda es 3 a 5 veces mayor que la del glifosato.

Por supuesto que este uso intensivo de glifosato ya ha provocado el surgimiento de muchísimas malezas resistentes al glifosato. Algunas de las ya informadas son: Hybanthus parviflorus (Violetilla), Parietaria debilis (Yerba Fresca), Viola arvensis (Violeta Silvestre), Petunia axillaris (Petunia), Verbena litoralis (Verbena), Commelina erecta (Flor de Santa Lucía), Convulvulus arvensis (Correhuela), Ipomoea purpurea (Bejuco), Iresine difusa (Iresine) y recientemente el Sorghum halepense (Sorgo de alepo) que por ser una maleza muy difícil de controlar ha despertado gran alarma.
Luego de pasar más de una década negando el surgimiento de malezas resistentes, Monsanto a través de su vicepresidente admitió este hecho y propuso una solución: reemplazar a toda la soja resistente al glifosato por una nueva soja resistente a un nuevo herbicida: el dicamba —de hecho aún más tóxico que el glifosato.

Además se utilizarán otros herbicidas  y agrotóxicos para controlar malezas y plagas del monocultivo de soja ya que la siembra directa requiere de la aplicación de otros herbicidas antes de la siembra de la soja: entre 20 y 25 millones de litros de 2-4-D, otros seis millones de litros de atrazina y unos seis millones de litros de endosulfán.

Esta lluvia de agrotóxicos produce tremendos impactos sobre la salud de la población, animales domésticos, cultivos alimenticios y contamina suelos, cursos de agua y el aire en toda la extensión del cultivo de soja. Suman cientos los casos denunciados por distintas organizaciones e investigadores en los cuales está perfectamente documentado el impacto de los agrotóxicos en las comunidades y sus producciones.

La difusión pública de estas denuncias ha llevado a que recientemente la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas solicitara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la prohibición de la fumigación con glifosato.
Este avance desenfrenado de la soja se ha producido a pesar de que según recientes investigaciones de la Universidad de Kansas la soja rr produce entre un 6 y un 10% menos que la soja convencional.

El monocultivo de soja repetido año tras años en los campos produce una intensa degradación de los suelos con una pérdida de entre 19 y 30 toneladas de suelo en función del manejo, la pendiente del suelo o el clima.

Cada cosecha de soja extrae año a año miles de toneladas de nutrientes de nuestro suelo que se exportan. Sólo como ejemplo podemos citar que cada año se van con la soja un millón de toneladas de nitrógeno y 160 mil toneladas de fósforo. 
También cada cosecha de soja que se exporta se lleva unos 42500 millones de metros cúbicos de agua cada año (datos de la temporada 2004/2005) correspondiendo 28190 millones a la pampa húmeda.

Cada año se deforestan en Argentina más de 200 mil hectáreas de monte nativo por el avance de la frontera agrícola debido fundamentalmente a la expansión del monocultivo de soja.

Considerando que cada 500 hectáreas de soja requieren de un trabajador rural es evidente la expulsión de trabajadores rurales y campesinos de los territorios donde se cultiva.

Los grandes productores sojeros están obteniendo ganancias extraordinarias. El Grupo Los Grobo que declara cultivar 150 mil hectáreas en Argentina y en todo el Cono Sur (Paraguay, Brasil y Uruguay) apuesta a controlar 750 mil hectáreas.

El modelo sojero produce una enorme concentración de la tierra en pocas manos ya sea por la adquisición de la tierra por grandes productores o por su arrendamiento por los “Pooles de Siembra”.  Como consecuencia en los últimos 10 años se han perdido más del 20% de los establecimientos productivos.

La obvia consecuencia de esta concentración es que ha disminuido de manera dramática la producción de alimentos básicos para nuestro pueblo. Por citar sólo un ejemplo: el número de explotaciones lácteas disminuyó 50 por ciento entre 1988 y 2003, pasando de 30 mil a 15 mil.

En el caso del algodón su producción disminuyó en un 40% en la provincia de Chaco y un 78% en la provincia de Formosa como consecuencia del avance de la soja.

Miles de campesinos son expulsados violentamente de sus tierras para imponer este modelo y son criminalizados por resistir los desalojos y el avance de la soja. El Mocase-vc y el Movimiento Nacional Campesino Indígena permanentemente denuncian la persecución de campesinos del movimiento a causa de resistir la expulsión de sus tierras en forma violenta para imponer el cultivo de soja.

Finalmente es fundamental tener presente que la introducción de la soja transgénica en Argentina fue el mecanismo elegido por Monsanto para inundar de transgénicos el Cono Sur ya que fue desde Argentina desde donde se comercializó de manera ilegal la soja transgénica a Brasil, Paraguay y Bolivia (países en los que el cultivo de los transgénicos estaba prohibido), inundando estos países de transgénicos e imponiendo así, a partir de la contaminación, la República Unida de la Soja que poco tiempo después publicitaba Syngenta.

 

¿Quién gobierna la República Unida de la Soja? Los tibios intentos de las frágiles democracias latinoamericanas por poner algún límite al poder económico dominante generado por dos décadas de globalización y neoliberalización económica han encontrado en los últimos meses un topetazo contundente en la perversa alianza de grandes terratenientes con las corporaciones del agronegocio que están actuando de manera brutal en todos los países del Cono Sur.

No se trata aquí de hacer un juicio sobre los gobiernos democráticos de la región, ni de evaluar su capacidad de transformación de la realidad o su compromiso con los pueblos latinoamericanos. Dejamos esto para los pueblos que desde sus propios procesos van respondiendo y creando espacios para responder y construir nuevas realidades.
Sin embargo creemos que no es posible pasar por alto algunos hechos, unos notoriamente públicos y otros que apenas ocupan algunas columnas en los medios; todos aparentemente desconectados entre sí pero profundamente ligados en una raíz común que es la de someter a los pueblos, controlar su agricultura y su alimentación ocupando y destruyendo sus territorios.

Un hilo común atraviesa todas estas noticias y se fortalece como metáfora aleccionadora de las pretensiones de estos sectores: la soja [soya] transgénica y su invasión de territorios en el Cono Sur intenta ser, de hecho, la “República Unida de la Soja”.

Así, el lock-out patronal de los terratenientes sojeros de la Argentina que ocurrió en 2008 mostró la senda de lo que luego en Bolivia se convirtió en una feroz agresión cargada de odio, desprecio por la vida humana y racismo contra los pueblos originarios.

Allí aparece en escena como uno de los principales dirigentes de la “Media Luna” el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, que “casualmente” resulta ser uno de los grandes productores de soja de la región.
En los días de pleno recambio democrático que llenó de esperanzas al pueblo paraguayo, el país se vio también brutalmente conmocionado por la represión contra campesinos que incluso llevó a la muerte al campesino Bienvenido Melgarejo y con los grandes terratenientes anunciando que van a recurrir a las armas para defender sus latifundios.
En Uruguay y en medio de suaves presiones gubernamentales para establecer restricciones sobre el incremento de las áreas para el cultivo de soja con la creación de un Plan de Producción Agrícola también los grandes sojeros hicieron oír su voz y sembraron de amenazas los grandes medios.

Desde sus autoridades, Brasil ya se rindió a los transgénicos y ha convertido a la ctnBio en una puerta de aprobación automática de todo lo que las corporaciones desean.

Uruguay levantó la moratoria a la aprobación de nuevos transgénicos y abrió así las puertas para el ingreso de las “nuevas” mercancías transgénicas de Monsanto. No es casual que la soja transgénica aparezca en muchas noticias: es simplemente un instrumento del control corporativo de la agricultura y el control territorial que llega de la mano de las agroempresas y sus patrones, los grandes productores y las corporaciones transnacionales.

Por supuesto que cada uno de estos actores tiene mecanismos de acción diferenciados: las corporaciones permanecen silenciosas y hacen sus negocios mientras invierten enormes sumas en publicidad en los medios masivos de comunicación de manera de tenerlos siempre a su favor y que nunca se publiquen en ellos los cuestionamientos públicos que reciben. También son quienes logran los apoyos de Estados Unidos en aquellos casos en que se necesita la intervención política directa o bajo las sombras.

En cambio, los grandes productores sojeros son los que hacen el trabajo sucio con distinto grado de brutalidad, pero siempre brutalmente demuestran su desprecio por la vida y la dignidad humana para consagrarse al único dios que conocen: el Dios Dinero. Entonces ellos sí pueden cortar rutas, desabastecer ciudades, asesinar campesinos o dividir un país.

La República Unida de la Soja permanece con sus murallas altas y su reino de especulación y muerte en el poder. Puede ser que detrás de la caída del muro financiero del capitalismo global también empiecen a caer las murallas de esta República. Los pueblos están listos para seguir haciéndose cargo de sus vidas y su alimentación.

Fuente: https://www.grain.org/article/entries/1232-las-consecuencias-inevitables-de-un-modelo-genocida-y-ecocida  

En consecuencia, abajo y a la izquierda, necesitamos el viraje generalizado de la mirada desde gobiernos e intelectuales hasta atender a qué están planteando las autoorganizaciones ciudadanas para saber hacia dónde rumbear nuestro destino común y erradicar la impunidad del bloque dominante no sólo económico e imperialista sino también de los políticos, científicos, intelectuales y artistas que han hecho posible volver las espaldas a los pueblos que están siendo sacrificados por el progreso capitalista ahora pues más tarde todos seremos los condenados a muerte.

 

Bloqueo a las corporaciones del saqueo fuera Chevron, Monsanto y Barrick Gold de la Argentina: Manifiesto por la autodeterminación de los pueblos y soberanía alimentaria

8 de octubre de 2013

 

Las organizaciones abajo firmantes estamos realizando un bloqueo a las corporaciones para exigir el cese inmediato del saqueo de nuestros territorios y sus riquezas naturales. Nuestro país está siendo arrasado por un modelo neocolonial de despojo y contaminación, impulsado por el capital transnacional y los gobiernos cómplices para satisfacer intereses privados y extranjeros, sacrificando vidas, poblaciones y culturas en nombre de un supuesto progreso y desarrollo.

 

Este modelo se funda en el dominio, la extracción y la exportación de nuestros bienes comunes, y se expresa a través de los agronegocios y la megaminería; los monocultivos forestales y las papeleras; las represas y centrales nucleares; la explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales y la depredación de nuestros mares por la industria pesquera. El rol asignado históricamente a nuestro continente, como reservorio de riquezas naturales y mano de obra barata o esclava para el imperio, permanece prácticamente inalterado. Como ejemplos, podemos mencionar:

La explotación de hidrocarburos no convencionales mediante el método de hidrofractura o fracking utiliza químicos de alto impacto en la salud -con efectos mutagénicos, cancerígenos, afecciones al sistema nervioso central, entre otros- y puede provocar la contaminación irreparable de cursos de agua superficiales y subterráneos. Este método de extracción ha sido prohibido en numerosos países de Europa y en varios estados de EEUU. Sin embargo, con el reciente acuerdo entre YPF y la transnacional Chevron para la explotación conjunta de gas y petróleo en Vaca Muerta-Neuquén, el gobierno nacional apuesta a la profundización del modelo. Cabe recordar que Chevron fue condenada en Ecuador por gravísimos delitos ambientales. Un reporte del Dpto. de Energía de los EE.UU. dice que Argentina es la tercera reserva mundial de hidrocarburos no convencionales. Sin dudas el acuerdo YPF-Chevron es la puerta de entrada a futuros acuerdos con otras corporaciones, como Dow, para explotar este tipo de hidrocarburos tanto en Neuquén como en otras partes del país.

Los Agronegocios que se extienden a través de unas 34 millones de hectáreas dentro del territorio Argentino. Aproximadamente, el 70% son ocupadas exclusivamente por granos de soja y maíz de empresas como Monsanto. Esta superficie destinada a los cultivos transgénicos es equivalente a un millón de veces la superficie total de la Capital Federal. Estas cosechas son exportadas a través de las empresas que controlan el comercio exterior de Granos y su destino final es la alimentación de animales o la producción de agrocombustibles. Este sistema productivo requiere que seamos fumigados con unos 300 millones de litros de agrotóxicos y que nuestras tierras sean despojadas de los nutrientes que deberían alimentar a las generaciones venideras. Durante los últimos años, informes oficiales revelan que se han devastado más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos para el avance de la frontera agropecuaria, y el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 del gobierno nacional requiere destruir unas 10 millones de hectáreas más, en un contexto nacional y mundial de crecientes catástrofes climáticas. Asimismo, la concentración de tierras en pocas manos profundiza los violentos desalojos, las persecuciones y los asesinatos de las comunidades campesinas y originarias que actualmente se encuentran en lucha por el territorio. No conforme con ello, el gobierno nacional, luego de aprobarse nuevas semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, busca imponer una modificación de la "ley de semillas" que favorecerá a las corporaciones biotecnológicas para apoderarse por completo del primer eslabón de la producción de nuestros alimentos.

 

La megaminería a cielo abierto se ha instalado en nuestro país como el método más rentable para explotar los codiciados yacimientos metalíferos (oro, plata, cobre, etc.) que se extienden por el 60% de nuestro territorio nacional. Este nuevo tipo de explotación –absolutamente más depredador y contaminante que el tradición- se caracteriza por la utilización intensiva de territorio, agua, energía, explosivos y tecnología de punta, que permite realizar la extracción y concentración de los metales a bajo costo para las empresas transnacionales. De esta manera, se vuelan montañas enteras con toneladas de dinamita, para luego exponer la roca a un compuesto de sustancias químicas altamente tóxicas (como el cianuro y el mercurio) que se disuelven en gigantescas cantidades (hasta 100 millones de litros por día), que inevitablemente drenan sobre la tierra contaminando las fuentes de agua. Barrick Gold en San Juan y Minera Bajo la Alumbrera en Catamarca, por ejemplo, se llevan millones de dólares sin control del Estado nacional (a simple declaración jurada) y pagando a las provincias regalías irrisorias.

La destrucción de las economías locales y regionales, la emergencia sanitaria y el agravamiento de la pobreza estructural que sufren las poblaciones aledañas a los megaproyectos constituyen la contracara de una cordillera subastada y ocupada por 74 corporaciones mineras y 165 emprendimientos en etapa exploratoria. La mayoría de estos proyectos se instalaron a partir del 2003 durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, quién aplicó las leyes mineras del menemismo y profundizó los incentivos para el saqueo de nuestra cordillera.

Las consecuencias de este modelo se expresan a través del despojo, la devastación y la pobreza. Niños y niñas que padecen enfermedades respiratorias y malformaciones por las fumigaciones con agrotóxicos; desestructuración de economías regionales y locales; destrucción de culturas ancestrales y formas de vida comunitaria; campesinos e indígenas desalojados y asesinados por el modelo sojero; bosques arrasados por los monocultivos; montañas, glaciares y cursos de agua destruidos y contaminados por la megaminería a cielo abierto y la explotación de hidrocarburos.

Expulsados por la apropiación de sus territorios, este modelo obliga a millones de personas a tener que migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, donde pasan a engrosar los cordones periurbanos de pobreza, lugar donde las mafias y los aparatos represivos urden una trama criminal de negociados basada en la explotación de mano de obra barata, esclava o infantil, como el narcotráfico y la trata de personas.

Por todo esto, hoy bloqueamos el centro de las corporaciones y le decimos NO a la megaminería a cielo abierto, No al acuerdo YPF-Chevron, NO al modelo de agronegocios y la modificación de la ley de semillas o “ley Monsanto”.

Luchamos por un modelo de país que se centre en las necesidades y decisiones del pueblo y no en los intereses de las corporaciones y los gobiernos de turno. Un país que respete el medio ambiente en pos de la vida y salud de las generaciones futuras, que priorice la soberanía alimentaria y el desarrollo de una matriz energética alternativa.

Desde acá acompañamos la incansable lucha de los cientos de pueblos que resisten en todo el país contra las corporaciones del saqueo y junto a ellos decimos:

¡Fuera Chevron, Monsanto y Barrick Gold de la Argentina!

¡Basta de saqueo!

¡Por soberanía sobre nuestros territorios! ¡Por la autodeterminación de los pueblos!

 

CONVOCAN

Movimiento Popular La Dignidad en el Frente Nacional Pueblo Unido, Colectivo desde El Pie, Corriente Unidad Sur, Observatorio Petrolero Sur, Colectivo Alegre Rebeldía, COB La Brecha, Grupo de Reflexión Rural, Movimiento 138, Pañuelos en Rebeldía, Bandera Negra, Colectivo Weichan, Marea Popular, Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Espacio Chico Mendes, Millones contra Monsanto, Juventud del Pueblo por la Liberación, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Colectivo por la Igualdad en el Partido Social, Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina.

 

ADHIEREN

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, Multisectorial en contra de la Fractura Hidráulica de Neuquén, Foro Permanente por el Medio Ambiente–Neuquén, Asociación Civil Árbol de Pie, Bariloche, Ecosur-Patagonia Norte, Confederación Mapuche de Neuquén, Instrumento electoral por la unidad popular-Neuquén, Proyecto Sur Neuquén, Proyecto Sur Buenos Aires, Proyecto Sur Río Negro, La Usina Cultural Proyecto Sur, Diputado Nacional Proyecto Sur Jorge Cardelli, AUKAN-Asamblea ambiental del Sur-Bahía Blanca, Asamblea del Parque Centenario, Organización Popular Fogoneros, CPS 29 de Mayo, Organización Libres del Pueblo, Red de Solidaridad con Chiapas-Buenos Aires, Delegado ATE Pablo Oviedo-Gral. Rodríguez, Colectivo por la Igualdad, Asamblea Ciudadanos por la vida de Chilecito-La Rioja, Programa de Extensión "Por una nueva economía, humana y sustentable"-Carrera de Comunicación Social-UNER, Diputado CABA Pablo Bergel y equipo legislativo VerdealSur, PRO-ECO Grupo Ecologista-Tucumán, CTA-Tucumán, Guardianes del Iberá-Corrientes, Programa de Extensión "Por una nueva economía, humana y sustentable"- Facultad de Ciencias de la Educación-UNER, Foro Ambientalista Santiago del Estero-Capital, Ojo de Lata-Taller Nómade de Fotografía Estenopeika, FM La Tribu 88.7, Radio Manicomio FM 92.5, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Espacio CuCoCo- Huerta de Saavedra, Investigadores Populares sobre la Problemática Minera, Revista Corriendo La Voz, Acción por la Biodiversidad-Argentina, Asamblea Permanente por el Agua de Zapala, Radio Comunitaria La Colectiva Chapal Zapala, Comunidad Mapuche Gelay Ko-Neuquén.

Rebelión

Leer

 

 

Preguntémonos y estimemos respuesta:

"¿Qué nos queda después del dictamen del Tribunal a Monsanto?

- Muchísimo, primeramente el camino andado, de llegar hasta acá. Estos tribunales, si bien no son judiciales y no tienen competencia a nivel vinculante de su sentencia, sí son opiniones mundiales de la sociedad civil, que tiene la necesidad de salir a cubrir una falencia dentro de los Estados por connivencia o por omisión, sobre cuestiones que son fundamentales en la vida de los Derechos Humanos. Esto es insoslayable.

Argentina había tenido un tribunal en el año 2010 contra las multinacionales y transnacionales, dentro del esquema del Estado. Eso fue presentado en el TIM como prueba de lo que habíamos decidido éticamente en Argentina en su momento.

Por otro lado, muchas vicisitudes acerca de cuál es límite que hay que poner con respecto al límite de las transnacionales sobre los derechos humanos y sobre el ambiente, establece que el derecho al ambiente es fundamental y sostenedor para que se cumplan todos los otros derechos. No hay vida sin un ambiente sano, no hay desarrollo ni dignidad sin salud, sin ambiente y demás. Así que plasma esas cualidades que ya estaban en el Convenio Estocolmo en 1972, pero las vuelve a declarar.

Desde lo jurídico nos deja fuertes antecedentes, y principalmente, el poder que tenemos que tener los ciudadanos ejerciendo la democracia, como construcción indivisible, que le está diciendo a la comunidad mundial que hay que poner un límite con respecto a las empresas transnacionales, a los derechos de las transnacionales, los derechos empresarios no pueden ir en contra del derecho a la vida, a la salud y al ambiente, porque iríamos en un camino de -autodestrucción –en el que estamos, precisamente- y que es preciso salir con responsabilidad y con conciencia, apuntamos a eso y creo que es fundamental el Tribunal Monsanto".

 

 

Ecocidio o la destrucción sistemática de la vida

3 de mayo de 2017

¿Hasta cuándo el poder de las transnacionales se llevará puesta la vida, el medio ambiente y la cultura de los pueblos?; ¿Cómo frenar este plan sistemático de destrucción regido sólo por la desenfrenada acumulación?

El Primer Juicio Civil Internacional a la multinacional biotecnológica Monsanto, dejó a la vista la significativa organización social existente en los 5 continentes para frenar este desquiciado modelo productivo y cambiar de paradigma. En diálogo con enREDando la abogada y activista Victoria Dunda, que participó del juicio, explica qué significa la figura de “Ecocidio” como un crimen de lesa humanidad y el juicio histórico realizado en La Haya, donde Argentina tuvo una protagónica participación.

Duele tener que hablar de ecocidio.

Duele su magnitud y la necesidad mundial de tipificar este delito de lesa humanidad, no tan nuevo pero globalizado, que ha llevado a la destrucción de nuestro propio hábitat, de la casa común que nos cobija indistintamente.

Duele porque a través de esta figura jurídica queda a la vista el histórico desprecio al perfecto sistema que posibilita la vida del ser humano, entre otras millones de especies, dentro del planeta.

Desde una perspectiva latinoamericana, vale recordar que desde que los conquistadores españoles comenzaron a expoliar nuestro continente, “Abya Yala” para los primeros pueblos de estas tierras, los ecosistemas no han tenido respiro, el mentado “desarrollo” se ha sostenido sobre una misma matriz de saqueo y desguace de la Madre Tierra.

Al día de hoy nuestros países siguen exportando naturaleza, seguimos proveyendo materias primas a los países del “primer mundo”, somos campeones en la exportación de commodities. Se llama commodities o materias primas a los bienes transables en el mercado de valores: los hay de carácter energético (petróleo, carbón, gas natural), de metales y de alimentos o insumos (soja, trigo, maíz).

Pero los pueblos también saben decir basta.

Como ha sucedido a lo largo de la historia, los avances y transformaciones reales en materia de derechos y defensa de la vida, se entretejen desde abajo. Es a fuerza de la obstinada lucha de las comunidades que logran frenarse megaproyectos extractivos y la permanente depredación de los bienes comunes. Son las víctimas del actual sistema económico productivo (extractivista / agroindustrial) quienes están poniendo en agenda este tema urgente e insoslayable.

Y fue por impulso de la sociedad civil organizada, que por primera vez en la historia a través del El Tribunal Internacional a Monsanto (TIM), logró denunciarse pública y mundialmente la obscena brecha entre la legislación internacional de derechos humanos y ambientales, y la legislación internacional de comercio e inversión.

El TIM, constituido como tribunal de opinión (sin competencia jurídica), fue creado para “aclarar las obligaciones legales y consecuencias de algunas de las actividades de la compañía Monsanto”. Entre las referentes mundiales más visibles de esta iniciativa que tuvo lugar en los tribunales de La Haya en octubre de 2016, se encuentran la investigadora y periodista francesa Marie-Monique Robin y la filósofa y escritora india, pionera del movimiento ecofeminista, Vandana Shiva.

En el marco del juicio, el Tribunal integrado por 5 prestigiosos jueces, entre ellos, la argentina Eleonora Lamm, subdirectora de derechos humanos de la Suprema Corte de Mendoza, escuchó las denuncias de 30 testigos de todo el mundo y se comprometió a evaluar los hechos que se recriminan a la empresa Monsanto y juzgar los daños causados por la multinacional en virtud del derecho internacional vigente.

El dictamen de los jueces se dio a conocer el 18 de abril, entre las conclusiones más relevantes se dictaminó que la multinacional es responsable de violar derechos en salud, ambiente y propiedad, y de entorpecer la libre investigación científica de estos temas. Uno de los reclamos prioritarios fue la introducción del delito de “ecocidio” dentro de la jurisprudencia internacional, para litigar en función de este crimen de lesa humanidad.En diálogo con enREDando, la abogada y activista Victoria Dunda, referente de la Red de Pueblos Fumigados que estuvo en La Haya, nos ayuda a comprender qué significa la figura de “Ecocidio” como un crimen de lesa humanidad y el juicio histórico realizado en La Haya:

- Desde el Tribunal se pidió incorporar el delito de ecocidio dentro del Estatuto de Roma, el concepto tiene que ver con todas aquellas destrucciones que se hagan sobre el ambiente en forma general, o se desequilibren los efectos o beneficios ambientales que generan los ecosistemas, que sea en forma masiva.

- El concepto ha tenido varias transformaciones, por un lado el primer biólogo que habla de esto, que es el creador de alguna manera del agente naranja, termina diciendo que es imprescindible legislar sobre el delito de ecocidio por la masividad de las cosas que se estaban poniendo en el mercado, y de la magnitud que contenían y el tema de la guerra química aplicada en Vietnam. Plantea esta destrucción masiva sobre los ambientes y todo tipo de vida, tanto humana como no humana. Pero implicaba a quien tuviera intención de hacer ese daño.

Hoy el concepto se amplía, haya o no intención, los efectos masivos que se pueden producir en el ambiente prolongadamente, ya genera un delito de ecocidio y tendría que estar planteado así. La opinión del Tribunal Internacional Monsanto es con respecto a que se incorpore esta figura penal dentro del derecho penal internacional. El Estatuto de Roma tiene tipificado el delito de genocidio, el delito de lesa humanidad y el delito de guerra. Entonces, estamos pidiendo que se incorpore en esa nominación de delitos, el de ecocidio.

- ¿Qué nos queda después del dictamen del Tribunal?

- Muchísimo, primeramente el camino andado, de llegar hasta acá. Estos tribunales, si bien no son judiciales y no tienen competencia a nivel vinculante de su sentencia, sí son opiniones mundiales de la sociedad civil, que tiene la necesidad de salir a cubrir una falencia dentro de los Estados por connivencia o por omisión, sobre cuestiones que son fundamentales en la vida de los Derechos Humanos. Esto es insoslayable.

Argentina había tenido un tribunal en el año 2010 contra las multinacionales y transnacionales, dentro del esquema del Estado. Eso fue presentado en el TIM como prueba de lo que habíamos decidido éticamente en Argentina en su momento.

Por otro lado, muchas vicisitudes acerca de cuál es límite que hay que poner con respecto al límite de las transnacionales sobre los derechos humanos y sobre el ambiente, establece que el derecho al ambiente es fundamental y sostenedor para que se cumplan todos los otros derechos. No hay vida sin un ambiente sano, no hay desarrollo ni dignidad sin salud, sin ambiente y demás. Así que plasma esas cualidades que ya estaban en el Convenio Estocolmo en 1972, pero las vuelve a declarar.

Desde lo jurídico nos deja fuertes antecedentes, y principalmente, el poder que tenemos que tener los ciudadanos ejerciendo la democracia, como construcción indivisible, que le está diciendo a la comunidad mundial que hay que poner un límite con respecto a las empresas transnacionales, a los derechos de las transnacionales, los derechos empresarios no pueden ir en contra del derecho a la vida, a la salud y al ambiente, porque iríamos en un camino de -autodestrucción –en el que estamos, precisamente- y que es preciso salir con responsabilidad y con conciencia, apuntamos a eso y creo que es fundamental el Tribunal Monsanto.

- Además de la presentación de los testimonios, nuestro país presentó un informe/ documento elaborado por organizaciones y profesionales de distintos puntos del país…

- Sí, Argentina participó con 6 testimonios orales, 4 dentro del Tribunal y 2 en la Asamblea de los Pueblos, con testimonios presenciales. Asimismo, nuestro país presentó un documento que fue elaborado por las organizaciones sociales, que presentaron todos los testimonios con todo lo que se viene diciendo sobre los efectos que tiene este modelo para la Argentina, tanto en la salud como del ambiente. Una recopilación que se hizo con todos los estudios científicos, tiene un anexo específico sobre el glifosato, mayoritariamente son estudios de la UNL, de la Universidad de Rio Cuarto, de la UBA, que reflejan la realidad de nuestros pueblos y de nuestros ecosistemas.

Los testimonios de Andrés Carrasco, de Damián Marino, de las escuelas fumigadas, de los niños a través de sus dibujos, de las maestros. Presentamos un informe muy interesante que como material jurídico también es importante, donde las comunidades y organizaciones argentinas también se hicieron voz a través de ese escrito. Así que fuimos con muy buena representación, por un lado está bueno y por otro, es triste tener que replicar tantas cosas para que entiendan los propios y los ajenos qué estamos viviendo con este modelo.

- ¿Qué es lo que más te llamó la atención al escuchar los testimonios?

- Que se replicara este modelo en todas las partes del mundo que se expresaron ahí, cada continente tenía representantes que demostraban cómo Monsanto sistemática y estratégicamente iba actuando. Eso fue muy impresionante para mí, porque uno lo ve acá pero no cree que sea tan grande, pero lo es y está pensado y es sistemático.

La vulnerabilidad de los pueblos en cuanto a la destrucción del ambiente, y una gran responsabilidad social y civil para seguir adelante en esto, que implica cambiar sujetos, cambiar sociedades, formas de vida y estructuras. En este camino en que estamos todos de alguna manera.

También, la calidad de la gente, los científicos que han sido atacados, como les costaba en esta dualidad de estar por un lado convencidos de lo que hacen y prueban en sus laboratorios, y por otro no poder decirlo o comprometerse abiertamente porque son perseguidos, sobornados, cuestionados gravemente. El proceder de las multinacionales dentro de la comunidad científica.

Y por otro lado me llenó de satisfacción confirmar que desde la sociedad civil tenemos herramientas, que nos han dado anteriormente otras luchas, y que eso lo podemos seguir llevando adelante y poner en la opinión pública lo que nos pasa en este sentido.

EnREDando

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Ecocidio_o_la_destruccion_sistematica_de_la_vida

 

 

Valoremos  cómo, desde las luchas de la diversidad de abajo sin fronteras, se están construyendo izquierdas consecuentes con los imprescindibles rumbos emancipatorios. Esta brega empieza al tratar de instalar en la agenda pública que la contradicción básica del Capital con el Trabajo en nuestra época se subordina a la del Capital con la Madre Tierra. Examinemos qué nos dice al respecto Carlos Walter Porto Gonçalves sobre esa criminalidad de lesa humanidad e irracionalidad ecológica, humanista:

  • Estamos en un proceso acelerado de pérdida de biodiversidad, estrés hídrico, contaminación, lluvias fuera de temporada, inundaciones de gran amplitud. Ya no es un problema local de Argentina, de Colombia, de Perú. Es un proceso global gravísimo, enmarcado en una enorme presión sobre los recursos en el marco de una sociedad regida por la obsolescencia programada. Y en esto me parece central resaltar que el problema no es ‘malthusiano’, porque se prevé una estabilización de la población para el 2050 en 9.000 millones de habitantes.
     

  • Veamos qué pasa con la agricultura industrial que tenemos, que avanza en sitios como la Amazonía. Allí encontramos que el bosque siempre ofreció alimentos, que fue un gran refugio para comunidades esclavizadas que escapaban y sitio de diversos pueblos indígenas, porque esa naturaleza permite un grado de libertad notable a partir de productividad biológica. Ese océano verde, de 800 hectáreas, genera en algunas zonas entre 40 y 70 toneladas de biomasa por hectáreas/año. Y esa misma parcela, cuando se la desmonta para producir soja genera tres toneladas anuales. En el medio perdemos una gran diversidad biológica clave en la dinámica metabólica global del planeta. Asimismo, tenemos hoy dentro de la Amazonía 26.000 proyectos mineros en explotación, y otros 26.000 en exploración para los próximos cinco años. Ese bosque que asimila la energía solar y la transforma en vida, que irriga agua, se convierte ahora en suelo desnudo, donde el sol refleja directamente, una señal de ruptura metabólica asustadora.
     

  • Y es una crisis que va mucho más allá, que tiene que ver con estos procesos de desarrollo, donde colapsan las ciudades, donde no alcanza el agua, donde se saturan las zonas suburbanas, como problemas derivados de todo ese despojo de las áreas rurales que ensanchan la brecha metabólica y eso ya no tiene cómo continuar.

 

Arraiguemos nuestra emancipación del capitalismo en:

 

 

Entrevista al intelectual brasileño Carlos Walter Porto Gonçalves

“La lucha por la vida, la dignidad y

el territorio nos marca otro horizonte de sentido político”

29 de abril de 2017

 

Por Leonardo Rossi (La Tinta/ Argentina)

 

Carlos Walter Porto Gonçalves analiza en esta entrevista la crisis ecológica, los modelos de desarrollo, el rol de las comunidades indígenas, y el escenario político regional

Géografo, militante teórico-político, compañero de ‘Chico Mendes’, discípulo y par de ‘Milton Santos’ son algunas de las tantas definiciones que pueden perfilar a Carlos Walter Porto Gonçalves. Cuando lo presentan y destacan sus pergaminos, como el premio Casa de las Américas por su libro ‘La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la globalización’ (2008), agradece pero agrega: “siempre digo que falta decir en mi currículum ‘hijo de obrera y obrero’, eso me marcó más que nada’”.

Este referente intelectual latinoamericano ha desarrollado una vasta producción teórica siempre anclada en el calor de las luchas territoriales. Cuestiones como ‘ruptura metabólica de la naturaleza’, la r-e(x)sistencia de las comunidades campesinas indígenas, la crítica al eurocentrismo, y la crisis cultural, política, productiva del actual sistema de poder han estado entre sus temas de abordaje. Invitado a dictar un seminario al Doctorado en Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca dejó espacio para un intercambio en el que habló de temas que van desde el “monocultivo como modelo de poder” hasta el “nuevo horizonte de sentido político” que marcan las comunidades indígenas frente a “ciclos electorales perversos”.

Leonardo Rossi.- Usted explica que el monocultivo, hoy tan extendido a escala global, tiene una profundidad mucho mayor que la mera cuestión técnica ¿podría ampliar esa idea?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- En la historia de la humanidad las grandes áreas de monocultivo empiezan en la colonia, no tengo noticias antes. Toda la cultura agraria era de múltiples cultivos. En Brasil el monocultivo de caña empieza en el siglo XVI, y se obliga a producir en grandes áreas una sola cosa para extraer. Nadie hacía eso de manera espontánea, se hizo a fuerza de trabajo esclavo. ¿Cómo va producir alguien eso que no es para sí? Eso se impuso. Mientras que los indígenas, que conocían los territorios, escapaban, los esclavos eran más susceptibles ante esa situación. Entiendo entonces que el monocultivo no es sólo una técnica de producción, es una técnica de poder. El monocultivo se fundó en el trabajo esclavo.

Leonardo Rossi.- ¿En qué marco económico-político se asienta ese modelo?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Es importante ver ahí que todos los libros de economía y de historia han instalado que los latinoamericanos somos históricamente exportadores de materias primas. Y esto no es así. Brasil, Haití y Cuba en siglo XVI no exportaban materia prima, exportaban azúcar, un producto manufacturado. Eso es importante explicarlo, porque aquí empiezan las primeras técnicas de industrialización, durante la colonia. Esas prácticas que incipientemente se desarrollan en Cabo Verde explotan acá. Eso nos muestra que la modernidad tecnológica no necesariamente fue liberadora y emancipadora, si no que en este caso fue la condición de la opresión.

Aquí, somos ‘modernos’ hace 500 años, cuando aún no había desarrollo de industria en Europa. Esa condición tecnológica, el ‘agronegocios’, para nosotros tiene 500 años. El ingenio de azúcar en el siglo XVI no fue otra cosa que una tecnología de punta. Eso es importante ponerlo de relieve porque tenemos una ideología tecno-céntrica que sostiene que la tecnología es libertad. Hoy continuamos prisioneros de una lógica desarrollista, tecno-céntrica.

Leonardo Rossi.- ¿Cómo analiza la actual expansión del agronegocio y los monocultivos en la región?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Me parece que estamos ante un proceso muy acelerado de expansión. Desde los años setenta para acá un 25 por ciento del territorio brasileño fue arrasado por el agronegocios. Con el soporte del Estado, con las investigaciones que se financian, se apunta actualmente por ejemplo a la tropicalización de la soja. Por caso, no pasaba a esas regiones tropicales y hoy avanza en esas áreas en Brasil, en Bolivia y en otros países de la región. Al igual que con lo que ocurrió antes, vuelvo a destacar que ninguna comunidad que realiza agricultura para alimentarse produce monocultivos. Eso nunca existió. Y ahí también se expone que el monocultivo es una técnica de poder.

Leonardo Rossi.- ¿Qué fenómenos está observando con más atención en torno a estos modelos productivos en sus aspectos ecológicos y sociales?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Lo que más preocupa es que hace cincuenta años teníamos 1.200 millones de personas en áreas urbanas y que hoy tengamos 3.600 millones, y que la población rural era de 1.800 millones y hoy es de 3.400. En ese sentido, me gusta destacar que tenemos una visión tan urbano-céntrica, que analizamos que la urbanización es el vaciamiento del campo. ¿Qué pasó en realidad? Nunca hubo tantos campesinos a pesar de que nunca hubo tanta expulsión de comunidades campesinas e indígenas. Entonces no se puede analizar esa dinámica con la mirada europea.

A partir de eso, me planteo cómo se va a alimentar esa gente de la ciudad, mientras también crece el número de gente en el campo. ¿Vamos a seguir despojando? ¿Qué va a pasar con la huella ecológica ante una demanda impresionante en materia de energía? La gente del campo de Asia y África que va a ser despojada a dónde va a ir. Estamos frente a un proceso de des-ruralización que tiende a la sub-urbanización. Las personas se asientan mayormente en sitios donde hay violencia, miseria, fractura social. No hay tal ‘ciudad luz’ prometida.

Leonardo Rossi.- Uno de los temas que viene desarrollando relacionado a estos procesos es el de la ‘ruptura metabólica’ de la naturaleza ¿qué apuntes puede brindarnos sobre este aspecto?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Estamos en un proceso acelerado de pérdida de biodiversidad, estrés hídrico, contaminación, lluvias fuera de temporada, inundaciones de gran amplitud. Ya no es un problema local de Argentina, de Colombia, de Perú. Es un proceso global gravísimo, enmarcado en una enorme presión sobre los recursos en el marco de una sociedad regida por la obsolescencia programada. Y en esto me parece central resaltar que el problema no es ‘malthusiano’, porque se prevé una estabilización de la población para el 2050 en 9.000 millones de habitantes.

Por ejemplo, veamos qué pasa con la agricultura industrial que tenemos, que avanza en sitios como la Amazonía. Allí encontramos que el bosque siempre ofreció alimentos, que fue un gran refugio para comunidades esclavizadas que escapaban y sitio de diversos pueblos indígenas, porque esa naturaleza permite un grado de libertad notable a partir de productividad biológica. Ese océano verde, de 800 hectáreas, genera en algunas zonas entre 40 y 70 toneladas de biomasa por hectáreas/año. Y esa misma parcela, cuando se la desmonta para producir soja genera tres toneladas anuales. En el medio perdemos una gran diversidad biológica clave en la dinámica metabólica global del planeta. Asimismo, tenemos hoy dentro de la Amazonía 26.000 proyectos mineros en explotación, y otros 26.000 en exploración para los próximos cinco años. Ese bosque que asimila la energía solar y la transforma en vida, que irriga agua, se convierte ahora en suelo desnudo, donde el sol refleja directamente, una señal de ruptura metabólica asustadora.

Leonardo Rossi.- ¿Cómo califica el accionar de las diversas expresiones políticas dominantes (progresistas, nacionales-populares, neoliberales) en torno de estas cuestiones?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- El Ciclo Progresista, como dice (Maristella) Svampa, reflejó el ‘consenso de las comoditties’, el modelo desarrollista con avance de los monocultivos, de la gran minería más allá de los matices gubernamentales que había. Y ahí hay un dilema en el que todos estamos metidos. Existe una condición de miseria en la ciudad que es muy susceptible al cortoplacismo, a las demandas inmediatas, a vivir de las ‘migajas’ de estos modelos productivos, y la gente acepta eso y es entendible que lo acepte. No tenemos un horizonte político claro para salir de inmediato de eso. No es fácil.

Veamos la elección de Ecuador, que se decidió dentro de dos referencias de la misma lógica de explotación minera, petrolera. Uno de los candidatos con la máquina del Estado (Lenin Moreno) y el otro un banquero (Guillermo Lasso). Pero vemos también que más de un cinco por ciento votó Pachakuti (Acuerdo Nacional por el Cambio), que tiene que ver con pensar estas ideas que estamos planteando.

Frente a esa maquinaria sacar cinco por ciento, con estas ideas es fantástico. Ahora visto desde lo electoral es poco. Pero creo que más de fondo existe una crisis de estos ciclos electorales perversos, que producen dependencia, cooptación. Y es una crisis que va mucho más allá, que tiene que ver con estos procesos de desarrollo, donde colapsan las ciudades, donde no alcanza el agua, donde se saturan las zonas suburbanas, como problemas derivados de todo ese despojo de las áreas rurales que ensanchan la brecha metabólica y eso ya no tiene cómo continuar.

Leonardo Rossi.- ¿Qué rol juegan las comunidades, organizaciones y colectivos indígenas en este escenario?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Desde la Caída del Muro, la crisis de la izquierda abrió espacios a referenciar la lucha por la tierra desde otros léxicos teóricos, ya no desde una perspectiva sindical campesina clásica, sino desde lucha por la vida, por la dignidad y por el territorio. Esa fue una de las consignas de grandes movimientos que irrumpen desde finales de los ochenta. Y ese es otro horizonte teórico-político por fuera de las grandes estructuras partidarias, y lo marcan los movimientos indígenas y campesinos.

Leonardo Rossi.- ¿Qué espacios pueden pensarse a partir de esos horizontes?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Primero entiendo importante entender que atravesamos un ‘caos sistémico’, como dice (Immanuel) Wallerstein, y una ‘crisis de un patrón de saber-poder’ moderno, colonial, capitalista, patriarcal que tiene 500 años, como planta Aníbal Quijano. Si entendemos que es una crisis de larga duración no tenemos horizonte de largo plazo.

Hay que apoyar, por ejemplo, las experiencias urbanas de ayuda mutua, las mingas, las ferias, otras formas de economía que están disponibles y que mucha gente desarrolla para vivir. Todo ese repertorio de prácticas, que suele ser parte de una memoria indígena, nos sirve de referencia para fundar otro horizonte de sentido político.

Leonardo Rossi.- Un texto suyo reciente destaca que ‘se han formado muchos líderes pero pocas comunidades’ ¿cómo incorpora esa definición en este planteo de fundar nuevos horizontes políticos-epistémicos?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Fue una frase de un afro de Maranhao (Brasil), durante un congreso de la Comisión Pastoral de la Tierra (CTP), y realmente me conmovió. Justamente plantea eso, que durante las últimas décadas la formación política se centró en formar grandes líderes, que finalmente terminaron abasteciendo partidos y sindicatos pero no se construyeron lazos en las comunidades. Creo que es una gran verdad, porque la formación política también está en crisis y necesita un cambio en los procesos, en valorar las experiencias prácticas comunitarias. Pero me parece también que esa lucha emancipadora existe y avanza en varios lugares.

En México, el zapatismo es una referencia, pero existen a lo largo de ese país muchas otras, lo mismo en Colombia, y otros países con comunidades afro, indígenas, campesinas. Hoy, por ejemplo en Brasil, la CTP habla de territorio, más que nunca, y es una organización con extensión en todo el país. Se está trabajando en la recuperación de territorios, en pensar las cualidades territoriales locales y es importante ver cómo vamos conectando estas experiencias. Entonces frente a toda esa esquizofrenia política que mencionaba antes, donde estamos acabando el mundo, tenemos procesos locales muy ricos que me permiten tener esperanza.

http://latinta.com.ar/2017/04/la-lucha-por-la-vida-por-la-dignidad-y-por-el-territorio-nos-marca-otro-horizonte-de-sentido-politico/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226011

 

 

 

Descubramos ayudados por  Sebastián Henríquez que:

  • Las culturas ancestrales desarrollaron un concepto de vida reflexionando de manera concreta sobre la realidad en la cual existían, es decir, fue su retroalimentación con el medio natural y social lo que les permitió construir su organización social y una cosmovisión que la sustentara en el plano de las ideas.

  • La dominación, en su actual etapa capitalista, interrumpe los nexos entre el sujeto, la colectividad y el medio en el cual desenvuelve su vida, impidiendo de esa manera la reflexión y resolución consciente de las personas y los pueblos, estableciendo con ello, de manera violenta, una forma de existencia en base a patrones e ideas que resulten más convenientes a quienes detentan el poder en sus manos para su privilegio.

La democracia debe plantearse como el prisma sobre el que construir una alternativa. Ello se refiere a cómo levantamos en conjunto espacios donde las personas puedan desarrollar de manera colectiva las formas y maneras de crear, apoyar y fomentar procesos amplios de reflexión permanente sobre nuestra realidad, de manera tal de dotarse las comunidades y el pueblo de las armas ideológicas y materiales para re-construir nuestras vidas según las propias necesidades, anhelos y esperanzas.

 

Es decir, a diferencia del progresismo y de vanguardias revolucionarias,  partamos de las disputas por territorios con el capitalismo y de multiplicar espacios en común de deliberación y toma de decisiones sobre el destino común sin fronteras pero liberados de la expoliación.

 

 

Democracia, liberación, autogobierno: Apuntes para el renacer político de los pueblos
3 de septiembre de 2016

Por Sebastián Henríquez (Rebelión)

El we tripantu, en la cosmovisión mapuche, es la renovación de las energías vivas en la naturaleza, lo cual significa, para nosotros y nosotras, un nuevo comienzo en el andar incesante de las comunidades, quienes están en constante relación con las otras fuerzas que existen en el mundo, vinculados como entes únicos, independientes, pero también fuertemente ligados en su actuar y destino con otras expresiones de vida en el tiempo. Es un momento de transformación, de renacimiento, de revolución. Luego de la noche más larga, habrá una nueva salida del sol.

El actual momento que vive la sociedad chilena en este punto de su historia invita a la reflexión profunda y sincera respecto a qué somos y, por tanto, qué queremos. En ese proceso, intentamos responder a la necesidad de crear un imaginario del cual sentirnos parte y por el cual poder luchar día a día, enfrentándonos a esta realidad que nos es tan ajena y parece asfixiarnos si es que no aceptamos el individualismo, la ansiedad y la angustia social a la que nos ata con la dependencia a la tecnología y el culto al dinero como verdades absolutas que justifican, rentabilizando cada una de nuestras acciones (desde amar o sentir hasta trabajar o educarnos), la violencia y la explotación.

Indiferentes aún a lo señalado, las culturas ancestrales desarrollaron un concepto de vida reflexionando de manera concreta sobre la realidad en la cual existían, es decir, fue su retroalimentación con el medio natural y social lo que les permitió construir su organización social y una cosmovisión que la sustentara en el plano de las ideas. No es, como pretenden muchos científicos y filósofos, un plano anterior en el desarrollo y evolución del intelecto humano, y no existe, por tanto, una relación temporal entre su cultura y la nuestra, por lo que, en definitiva, no es posible establecer una relación de superioridad entre una y otra. Lo que sí existe es una diferencia clara en el proceso de construcción del individuo enmarcado en la realidad de la que forma parte, lo que tiene su expresión política, religiosa, económica, ecológica y social, lo que va desde la conformación de familias y comunidades hasta la extracción de recursos o las formas de gobierno, educación y salud, por poner ejemplos.

La dominación, en su actual etapa capitalista, interrumpe los nexos entre el sujeto, la colectividad y el medio en el cual desenvuelve su vida, impidiendo de esa manera la reflexión y resolución consciente de las personas y los pueblos, estableciendo con ello, de manera violenta, una forma de existencia en base a patrones e ideas que resulten más convenientes a quienes detentan el poder en sus manos para su privilegio. Esto explica, por ejemplo, los programas educativos con parámetros uniformes y mercantilizados en las escuelas o universidades, la elección de métodos de salud y prevención occidentales por sobre los conocimientos ancestrales, la extracción indiscriminada de recursos naturales y la consecuente destrucción del medio ambiente, o la comercialización del arte como producto y no como expresión espontánea y sincera de un sentir.

En este contexto de imposición, la democracia debe plantearse como el prisma sobre el que construir una alternativa. Ello se refiere a cómo levantamos en conjunto espacios donde las personas puedan desarrollar de manera colectiva las formas y maneras de crear, apoyar y fomentar procesos amplios de reflexión permanente sobre nuestra realidad, de manera tal de dotarse las comunidades y el pueblo de las armas ideológicas y materiales para re-construir nuestras vidas según las propias necesidades, anhelos y esperanzas, abandonando el mercado como espacio válido de decisión política, permitiendo la apertura de los espacios a todas y todos, independiente de cuan lleno de dinero esté sus bolsillos o sus manos. La democratización de nuestras comunidades implica verdaderas oportunidades para cada una de las personas, un modo de vida en que nadie quede excluido y en el que todas y todos podamos empoderar nuestra existencia, permitiendo un desarrollo colectivo igualitario, solidario y consciente, tanto entre nosotros y nosotras, como con la naturaleza, sea en nuestras familias, sea en un sindicato, una junta de vecinos, una comunidad indígena o un centro de estudiantes, todos los espacios deben re-estructurarse sobre la base de la democracia real para los pueblos.

Para ello, la liberación debe ser el mayor anhelo que nos guíe. De manera individual o colectiva, es necesario romper tajantemente con las ideas dominantes que hoy propugnan la explotación y la violencia como eje sobre el cual realizar nuestras vidas. Sin esto, la democracia carece de sentido y no sería más que otra forma de organización política de los espacios comunes.

 Por ello, es importante re-conocernos como individuos, valorizar la pequeña existencia que significa nuestro actuar o sentir y entender la existencia de la misma complejidad en quienes nos relacionamos, quebrando de forma concreta el individualismo que se expresa en incluso quienes creen, a partir de su propia reflexión, tener las respuestas correctas. Urge ser sobre todo empáticos y solidarios, caminar en conjunto y nunca pretender imponer nuestras ideas, por más justas y necesarias que las creamos. Avanzamos todas y todos, no hay forma más correcta de hacerlo. Nuestra construcción es desde la sinceridad del sentimiento por una mejor existencia para todas y todos, jamás deberá haber espacio para la disputa y la intransigencia, salvo contra quienes oprimen y reprimen nuestra libertad. En esto, la liberación de la mujer y el fin del patriarcado deben ser objetivos primeros.

Dichas ideas de democracia y liberación nos llevan, especialmente en lo colectivo, a reivindicar el autogobierno como forma de organizar nuestras comunidades. Son los pueblos, conformados por personas libres, iguales y con sentido democrático, los llamados a responder las decisiones que como sociedad debamos tomar en nuestro presente y para nuestro futuro. Cómo crecen las localidades, cómo se educa a los niños y niñas, cómo se provee económicamente para la subsistencia, son algunas de las cuestiones en que es urgente plantear una alternativa real al actual sistema injusto, desigual y violento que nos gobierna. Las luchas estudiantiles, las problemáticas territoriales en el sur, la lucha de los pueblos originarios, las organizaciones de trabajadores, son ejemplo de apuestas de conflicto parcial que se hace necesario retroalimentar con otras fuerzas vivas y con los pueblos que aún despiertan del yugo bajo el que se les ha dormido. Unir esfuerzos, solidarizar, emprender la larga tarea de educar y organizar para sacar a puño y fuego a ladrones, avaros y corruptos.

Sebastián Henríquez, Movimiento Capucha de Lana - Quellón, Chiloé, Chile

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216198