Qué Economía

Mayo 2017

Sin asesinatos ni condenas a perpetua de quienes defienden la dignidad de los trabajadores.

 

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Indaguemos porqué enfocar la unidad indisoluble del poder económico e imperialista con el Estado represor y mafioso que desarrolló ante todo el Partido Justicialista cuya mayoría se propagandiza estigmatizando a las izquierdas marxistas revolucionarias y legitima con las elecciones. Pensemos cómo se derechizó la burocracia política y la sindical del PJ dirigiendo el Estado represor desde el gobierno Perón-Perón hasta hoy.

 

Neoliberalismo en Argentina: De la dictadura a la democracia

21 de marzo de 2016

 

Por Pablo Wahren y Daniel Dveksler

Con la última dictadura se inició una larga etapa histórica de Argentina marcada por las transformaciones económicas, políticas y sociales debidas a la aplicación de las políticas neoliberales. En la actualidad, el macrismo retoma el impulso para profundizar esa línea.   

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 tuvo, en lo económico, un objetivo muy claro: instaurar a sangre y fuego el neoliberalismo en la Argentina. Para ello, desplegó un conjunto de medidas –en línea con lo propuesto por los principales organismos internacionales– que reconfiguraron la economía local y su inserción en la economía internacional. A su vez, dieron paso a una brutal transferencia del ingreso de los sectores asalariados a los capitalistas a través de la represión estatal más violenta de la historia argentina, en complicidad con algunas de las empresas más importantes del país.

Neoliberalismo a sangre y fuego


La dictadura cívico-militar no fue simplemente un cambio en el régimen político en Argentina. 
 El gobierno de facto vino a impulsar un profundo proceso de transferencia de ingresos y a quebrar el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones que imperaba en el país para reemplazarlo por un esquema donde las finanzas tomaron un rol preponderante.

En relación a la distribución del ingreso, se observa que los salarios reales se retrajeron un 52 por ciento entre 1976 y 1983, es decir, perdieron la mitad de su poder de compra. De esta manera, se redujo la participación de los trabajadores en el ingreso de 47,5 por ciento en 1976 a tan solo 33,2 por ciento en 1983. Esta brutal transferencia de ingresos no hubiera sido posible sin la desarticulación y censura total del movimiento obrero, que presentaba altos niveles de organización y sindicalización. Para ello, el gobierno de facto recurrió a la prohibición de los sindicatos, a la brutal represión y desaparición de personas y al desmantelamiento de las industrias. Justamente en el sector industrial se encontraban los sindicatos más fuertes (ver entrevista a Victoria Basualdo en la página 8 de este mismo número).

En línea con los preceptos del neoliberalismo, la dictadura retrajo la intervención del Estado en el comercio exterior y en el mercado financiero, impulsando así un nuevo modelo económico. Asistimos a una liberalización de las importaciones a partir de la rebaja de aranceles que permitió el ingreso de productos de manera indiscriminada.

Resulta interesante ver la propaganda de la época que muestra que los productos nacionales que se vendían en el país eran de mala calidad y que, una vez liberadas las importaciones, la competencia haría que la producción nacional mejorara. Lo cierto es que los productos extranjeros desplazaron a los locales y, como resultado, la participación de la industria en la producción total del país se redujo del 21,8 por ciento en 1976 al 13,2 por ciento en 1983. A su vez, se eliminaron regulaciones y subsidios a las exportaciones luego de una fuerte campaña contra la intervención estatal. De este modo, se observó una caída en la participación de las exportaciones industriales: de 20,8 por ciento al inicio de la dictadura, a 13,3 por ciento al finalizar.

En este marco, las empresas transnacionales se vieron beneficiadas por la nueva Ley de Inversiones Extranjeras que estipulaba la igualdad de derechos y obligaciones entre el capital nacional y el internacional y, entre otras cosas, eliminaba la posibilidad de que el Estado oriente el capital extranjero a determinadas actividades.

Al mismo tiempo que la industria perdía protagonismo en la economía, las finanzas se convertían en el foco central. En febrero de 1977, se aprobó la Ley de Entidades Financieras que sentaba las bases institucionales para el proceso de apertura financiera y posterior endeudamiento. Para dimensionar la magnitud de este movimiento, entre 1978 y 1979 se autorizó la apertura de mil 197 sucursales financieras. Hasta mayo de 1977, la cantidad de bancos y entidades de esta índole apenas superaban las 100 en todo el país.

El gobierno de facto generó un modelo en el que las tasas de interés locales eran muy altas y las internacionales, bajas. Esto gestó una afluencia de fondos especulativos hacia la plaza financiera argentina, proceso conocido como “bicicleta financiera”: las empresas nacionales y extranjeras se endeudaban barato en dólares en el exterior, ingresaban el dinero en la plaza financiera local para ganar con tasas de interés más altas que las extranjeras, y luego compraban nuevamente dólares y giraban la plata al exterior. Como la plata que salía en el mediano plazo era mayor que la que ingresaba, de alguna manera fue necesario garantizar los dólares para este proceso.

Opinión: Unidad para resistir

Así fue que la deuda externa cumplió el rol de garantizar que esta dinámica se pueda llevar adelante. Si en 1976 la deuda externa argentina era de 8 mil 200 millones de dólares, para 1983 se había quintuplicado a 45 mil millones. Esta deuda no fue solamente generada por préstamos internacionales otorgados por organismos de crédito a Argentina.

Mucha de esta deuda se originó producto de la intención deliberada del gobierno militar de beneficiar a diferentes grupos económicos. Por ejemplo, en 1981 se comenzaron a aplicar seguros de cambio donde el gobierno le aseguraba a las empresas cubrir la diferencia del tipo de cambio que pudiera surgir entre determinados periodos. Esto generó un aumento del endeudamiento externo, tan solo en 1981, del 32 por ciento.

A su vez, muchas de las empresas que se endeudaron en esos años no devolvieron los préstamos que solicitaron en el exterior. Así fue que hacia el fin de la dictadura, y bajo el argumento de que si esas empresas quebraban el país iba a entrar en crisis, el gobierno de facto (Cavallo) decide nacionalizar esas deudas y hacerse cargo de ellas. Se estima que el Estado argentino se hizo cargo de 23 mil millones de dólares de empresas privadas que declararon no poder afrontar los pagos que tenían que hacer, entre ellas Socma y Sevel, firmas pertenecientes a Franco Macri, padre del actual presidente.

De la coerción al consenso


Mientras en la década del 70 la instauración del neoliberalismo se dio a la fuerza, en los 20 años posteriores se intentó crear un consenso en torno al nuevo sistema económico, tarea que en Argentina la dictadura cívico-militar había allanado al desaparecer a una generación entera de personas que resistían estas políticas.

Para dar legitimidad a estas ideas, un grupo de economistas y pensadores en la década del 50, entre los que se destacan los de la Universidad de Chicago, creó diversas instituciones, revistas académicas y premios, entre ellos el Nobel de economía, donde desarrollaban y premiaban sus ideas. La caída del muro de Berlín, sumado a la derrota de los principales intentos revolucionarios y movimientos de resistencia de las últimas décadas, contribuyó a instaurar la idea de que el capitalismo había triunfado irremediablemente. Como se proclamó en ese entonces, era “el fin de la historia”.

 

Opinión: La gira de Obama busca una nueva subordinación a Estados Unidos

Por eso, no es casual que el decálogo de políticas neoliberales impulsado por los Estados Unidos para llevar adelante en todo el mundo esta ideología económica se haya denominado “Consenso de Washington”. De repente, el neoliberalismo era un sistema de “consenso” que se aplicó desde el Chile de Pinochet a los países de la ex Unión Soviética.  

Lo cierto es que el nuevo esquema de producción mundial, basado en la globalización y la deslocalización de la producción, requería el fortalecimiento de las medidas de desregulación de la economía. La liberalización financiera era necesaria para poder desplazar los capitales de un país a otro y la reducción de las barreras aduaneras para deslocalizar la producción en distintos países hasta ensamblar los productos: el Estado no debía intervenir en estas decisiones.

Este nuevo esquema de producción, sustentado en las políticas neoliberales, dio lugar a una transferencia de ingreso regresiva (es decir, en detrimento de los que menos tienen), no sólo en la Argentina, sino en el mundo entero. Como plantea el reconocido economista Thomas Piketty, mientras que durante la década del 40 el 10 por ciento más rico de la población se apropiaba 35 por ciento del ingreso, hoy se queda con 50%.

 

El consenso de la deuda


A partir de las crisis que azotaron nuestra región a principios del siglo XXI, Latinoamérica registró un quiebre en la tendencia y se registró una mejora en la distribución del ingreso, a contramano de lo que seguía sucediendo en Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, actualmente en Argentina estamos asistiendo otra vez a una redistribución regresiva del ingreso. Como demostró un reciente trabajo del CITRA-CONICET, las medidas tomadas por el gobierno de Macri afectaron principalmente a los más pobres. Tras la suba de precios que implicó la devaluación, la quita de retenciones, la suba de la luz y el aumento de los alquileres, el 10 por ciento más pobre de la población vio reducido su poder adquisitivo en un 24 por ciento, siendo la franja de la población más afectada. Asimismo, la inflación se ubica actualmente en torno al 35 por ciento anual en un contexto en el que el gobierno nacional manifestó su intención de cerrar las paritarias en 25 por ciento, lo que generará disputas a lo largo de todo el año.  

La dictadura cívico-militar marcó el quiebre de una serie de políticas proteccionistas y el final de un Estado de tipo benefactor, dando paso a una ideología y a un sistema económico que se mantiene al día de hoy. A pesar de que el kirchnerismo desafió algunas de estas tendencias y postulados, las continuidades son claras: siguen vigentes las leyes de Entidades Financieras y de Inversiones Extranjeras Directas y la estructura productiva heredada de ese entonces. En este continuum, las instituciones económicas internacionales cumplen un rol preponderante y determinante ya que exigen ciertas políticas que no pueden ser modificadas a gusto de cada país si quiere permanecer en los mercados internacionales. Un ejemplo de esto son los límites que impone la Organización Mundial del Comercio al manejo de la política comercial.

Actualmente, el PRO busca “reinsertar” a Argentina en el mundo a partir del acuerdo multimillonario con los fondos buitres para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Esto sería la plena reinserción de Argentina a un mundo donde perduran las reglas del Consenso de Washington. Un mundo donde la soberanía nacional debe abandonarse para dar paso a las reglas internacionales dictadas por los organismos internacionales y las grandes potencias. Un mundo donde la deuda opera como mecanismo de dominación y transferencia de rentas de los países pobres a los ricos.

Los planteos ideológicos del PRO justifican que la apertura de Argentina en el mundo será beneficiosa, el sentido común instaurado durante décadas por un mundo neoliberal lleva a que esta idea no suene descabellada a pesar de que la historia ha demostrado lo contrario.
Fuente: http://www.telesurtv.net/news/Neoliberalismo-en-Argentina-De-la-dictadura-a-la-democracia-20160321-0058.html

 

 

Advirtamos el protagonismo de Domingo Cavallo en la conversión de la deuda privada en pública, en el plan de Convertibilidad o implementación del Consenso de Washington y la  implantación del corralito a fines de 2001. Este artífice de una Argentina subsumida en el sistema de la deuda eterna pudo pasar de ser alto funcionario de la dictadura genocida a Ministro de Economía por Menem-PJ y por el progresista Carlos "Chacho" Álvarez.

 

Precisemos que el modelo de dólar alto que inició Lavagna-Duhalde en 2002  recompuso el poder gran capitalista de crecer con alta rentabilidad a expensas de beneficiarse de la gran transferencia de ingresos desde los trabajadores o pesificación asimétrica. Pese a rentabilidad mayor que en los 90, el salario real fue más bajo como continuidad de caída desde el gobierno Perón-Perón.

 

Esa injusta distribución económico social se agrava y consolida mediante el extractivismo cuya expansión durante más de una deKada generó maximización de la concentración y transnacionalización económico territorial con la consecuente extensión y profundización de la pobreza estructural y de la desigualdad social.

 

Veamos cómo los gobiernos constitucionales cumplieron los objetivos de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales

de ir aumentando la expoliación y represión de los trabajadores.

 

 

El salario en las últimas décadas: en los ’90 era más alto que en la era K

11 de enero de 2015

 

Si bien a partir de 2003 el salario se recompuso, lo hizo a partir de un piso muy bajo. En la última década del siglo XX el salario promedio era de $ 6.126 y entre 2003 y 2014 fue de $ 5.368.

 

Por Nicolás Villanova - Especial para Los Andes - Dr. en Historia, miembro del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales.

 

En la última década, la recomposición salarial de los trabajadores argentinos no llega a los niveles promedio que rigieron durante los años '90. Mucho menos si se lo compara con los años previos a la última dictadura militar. En este sentido, la escasa recomposición del salario se ha constituido como condición del “modelo” de crecimiento kirchnerista.

En efecto, el relanzamiento del ciclo económico a partir del año 2003 tiene como base el salario más bajo de los últimos 70 años de historia argentina, sumado al elevado precio de la soja. Luego, la propia dinámica económica llevó a una mayor demanda de empleo, las remuneraciones aumentaron y la actividad tendió a incrementarse.

No obstante, a seis años de dicho crecimiento, la economía comenzó a estancarse y, junto con ella, el salario y la tasa de empleo. A partir del año 2012, el ciclo de descenso salarial y su disminución en la capacidad de compra comenzó a manifestarse nuevamente. ¿Por qué asistimos otra vez en esta fase de caída salarial? ¿Cómo evolucionó el salario históricamente?

El salario argentino en el siglo XX

El salario constituye la principal fuente de ingreso de la población en Argentina. En los últimos 40 años, el promedio de la población asalariada en relación al total de ocupados es del 70%, cifra que se incrementó en los últimos años al 75%.

Si a eso se suma que un elevado porcentaje de quienes aparecen contabilizados en las estadísticas como cuentapropistas son trabajadores cuyo salario aparece bajo la forma del monotributismo o del trabajo a destajo, la cifra es aún mayor. En este sentido, el peso de quienes viven del salario se ha mantenido a lo largo de las últimas décadas, incluso ha crecido. Esto no significa que no haya habido profundas transformaciones en el mercado de trabajo.

El hecho más destacado es la caída del poder de compra del salario (aunque se mejore la diversidad de bienes que se pueden adquirir por los cambios tecnológicos). Desde 1974 hasta la actualidad la caída del salario real es cercana al 40%.

Si repasamos brevemente la historia del salario argentino observarnos que en las primeras décadas del siglo XX los trabajadores tenían un elevado nivel salarial que se acercaba al de los trabajadores de Estados Unidos o Inglaterra, pero con grandes oscilaciones marcadas por subas y caídas muy profundas. El salario va a estar determinado según las características de los capitales que empleen esa fuerza de trabajo.

En el período previo a 1920, la demanda de fuerza de trabajo se caracterizó en un primer momento por la necesidad de atraer inmigración en un contexto de escasez de asalariados. Hacia finales de la década de 1910 y principios de 1920 estos elevados niveles salariales alcanzados comenzaron a deteriorarse, dando inicio a un ciclo de conflictividad obrera.

Con posterioridad, se produjo una recuperación salarial con la expansión económica previa a la crisis del '30 motorizada por una breve pero fuerte suba de la renta diferencial de la tierra agrícola, para luego volver a caer a niveles bajos. Un siguiente momento estará marcado por la expansión de la industria mercado-internista sostenida gracias a la transferencia de la renta de la tierra durante el gobierno peronista.

En 1943, impulsado por movilizaciones obreras y de la mano de las políticas desarrolladas por Perón, desde la Secretaría de Trabajo y luego desde su gobierno, el poder de compra de los asalariados se elevó alcanzando, en términos de su poder adquisitivo, los niveles históricamente más altos y marcando los siguientes 30 años.

¿Qué permitió esta suba? Principalmente, la fuerte expansión de la actividad industrial como consecuencia del incremento en la renta diferencial de la tierra gracias al denominado "boom" de demanda de productos agropecuarios durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la posguerra.

La ineficiencia de la economía argentina se debe a la escasa productividad del trabajo y a la baja escala de producción en relación al resto del mundo. No obstante, dicha ineficiencia ha sido compensada entre los años 1950 y 1974 por subas salariales por detrás de países como los Estados Unidos (es decir un abaratamiento relativo en términos internacionales) y, a partir de 1974, con bajas absolutas del salario real.

A partir del Rodrigazo en 1975 y el golpe de Videla en 1976, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, aunque importante, no marca una tendencia novedosa, sino que profundiza una perspectiva que ya estaba instalada (ver infografía).

Por otra parte, la fuente de transferencia de renta diferencial destinada al proteccionismo industrial comenzó a achicarse en función de la magnitud del capital que se acumulaba en el país. Es decir, al crecer la economía las transferencias de renta a la industria representaban un menor porcentaje. Frente a esta pérdida de la renta, el conjunto de los empresarios buscó aumentar sus ganancias a costa de los obreros.

Por esta razón, el poder de compra de los obreros argentinos empezó a retroceder en forma sostenida en relación a sus pares de otros países y comenzó a constituir una fuente de ganancia extraordinaria para los capitalistas radicados en el país, sobre todo a partir de inicios de la década de 1950. Sin embargo, para este período todavía no se expresa en una gran pérdida absoluta del nivel de vida alcanzado durante el peronismo. Algo que sí veremos a partir de 1975.

 

Una caída escalonada y profunda

En Argentina, el mecanismo más frecuente de baja salarial es la inflación. Existen escasos períodos en la historia donde se produzcan caídas nominales del salario (‘95, ‘96, ‘99, 2000 y 2002). El Rodrigazo marca el inicio del descenso absoluto del salario en la medida en que los precios de los productos crecen a un ritmo más elevado que las remuneraciones. 

Si tomamos como referencia el salario real, es decir, extrayéndole la variación de los precios y tomando como base el valor del peso en el año 2013 (o sea, el salario nominal deflactado), se observa que el año con mayor poder adquisitivo fue en 1974 ($ 9.717,05). La dictadura militar instaurada en 1976 marca una caída salarial de más del 36% para el conjunto de la economía ($ 5.987,38). En 1982, la caída salarial nuevamente se profundiza respecto del año anterior y disminuye un 18% (de $ 6.926,11 a $ 5.687,34 -siempre en pesos de 2013-).

No obstante, en las décadas posteriores hay momentos en los cuales el salario se recompone aunque no se sostiene en el tiempo (ascenso en el período 1983-1984, descenso hasta la híper del ‘89; ascenso entre 1990 y 1994, caída hasta la crisis de 2001). En valores constantes, en los años 1983 y 1984 el salario real del conjunto de los trabajadores argentinos fue de $ 7.544,75 y $ 8.388,42, aunque posteriormente el poder de compra descendió hasta llegar a los $ 4.857,04 en el año 1989. En general, la disminución salarial ha sido acompañada por elevados niveles de desempleo, sobre todo a fines de los ‘90.

A partir de la crisis de 2001, la economía se recompuso pero sobre bases endebles. Sin modificar la estructura económica que dio lugar a la pérdida de poder adquisitivo en las décadas previas, el ciclo económico post crisis tiene un carácter relativo. Si bien el salario se recompuso en el período post crisis, el piso salarial desde el cual parte dicha recomposición fue el más bajo de los últimos 70 años de historia: en el año 2003, el salario real (a pesos de 2013) fue de $ 4.111,40.

Además, durante la última década, el salario no llega a los niveles que rigió durante el menemismo: entre 2003 y 2014, el promedio salarial ($ 5.368,45) representa el 88% respecto del nivel salarial que rigió durante el período 1991-1999 ($ 6.126,42).

A su vez, el crecimiento del empleo en el sector registrado se efectuó en las ramas con peores salarios, las cuales constituyen el 61% del total de trabajadores en blanco. Se trata, sobre todo, del empleo en el comercio, construcción, hoteles y restaurantes. En los últimos años, incluso, la no actualización del mínimo no imponible operó como un freno a la paritaria y un tope al incremento salarial (situación que ha dado lugar a la ruptura del moyanismo con el gobierno kirchnerista).

Por otra parte, la consolidación del empleo no registrado (que desde 2010 se estancó en un 33% y que en el segundo trimestre de 2014 se compuso de 4 millones de asalariados) también actúa como mecanismo de baja salarial. El salario de los empleados no registrados constituye en promedio la mitad de lo que se obtiene en blanco.

La evasión en el pago de las cargas sociales y aportes jubilatorios crea ganancias extraordinarias para los empresarios que no registran a sus empleados. Si multiplicamos la cantidad de trabajadores no registrados por el porcentaje de cargas sociales que se ahorran los empresarios que contratan "en negro", el resultado da un ahorro que, sólo en el año 2013, constituyó más de 10.500 millones de dólares.

A su vez, durante la última década, un porcentaje cada vez más elevado de asalariados es empleado por el Estado. El mayor peso se concentra en las administraciones provinciales y municipales. El Estado, al igual que los empresarios que emplean "en negro", también se nutre de una de las capas de la población asalariada peor paga. Se estima que en el año 2013 el 12,2% de los empleados públicos en el país no se encontraban registrados. Este fenómeno tiene un impacto en la tendencia a la baja salarial y la escasa capacidad de compra comienza a afectar el consumo.

Por último, también se consolida una transformación del gasto social. Como expresión del salario indirecto (es decir, aquella parte de la reproducción de los trabajadores que paga el Estado), el cambio se muestra en la contracción en términos relativos del gasto destinado a salud, educación y vivienda, para dar lugar al crecimiento del componente asistencial de la política social. Por lo tanto, al tener una peor calidad en la atención en salud y en educación, el salario, de forma indirecta, se empeora.

En síntesis, el modelo de crecimiento económico del kirchnerismo reproduce tendencias de largo plazo en la Argentina. En este sentido, con los mismos mecanismos que operaron en los años '75, '82, '89 y 2001, es decir, la devaluación seguida de la inflación, el Gobierno Nacional avanza en su intento por sostener un modelo sobre la base del ajuste, la precarización laboral, el empobrecimiento y el ataque a las condiciones de vida de los trabajadores.

La pérdida del poder adquisitivo en los últimos dos años es expresión de este proceso que, como vimos, lleva décadas. No se trata tanto de un problema de gestión política de los diferentes gobiernos de turno. El problema salarial hay que buscarlo en el corazón de la estructura económica argentina.

Los que se plantean suceder al gobierno con mayores chances electorales no proponen un camino alternativo, ya que se apoyan en quienes necesitan de la baja salarial para crecer. Los únicos que pueden transformar aquello que los empuja a la precariedad absoluta son los trabajadores, quienes deben confiar en sus propias fuerzas para cambiar el curso de la historia.

 

 1974

El año con mayor poder adquisitivo. Si tomamos como referencia el salario real, es decir, extrayéndole la variación de los precios y tomando como base el valor del peso en el año 2013 (o sea, el salario nominal deflactado), se observa que el año con mayor poder adquisitivo fue 1974 ($ 9.717,05).

60%
Más empleo en sectores con peores salarios. 

El crecimiento del empleo en el sector registrado entre 2003 y 2011 se efectuó en las ramas con peores salarios, las cuales constituyen el 61% del total de trabajadores en blanco. Se trata, sobre todo, del empleo en el comercio, construcción, hoteles y restaurantes.

88%

Promedio salarial. Entre 2003 y 2014, el promedio salarial ($ 5.368,45) representa el 88% respecto del nivel salarial que rigió durante el período 1991-1999 ($ 6.126,42).

Cuesta abajo. Si multiplicamos la cantidad de trabajadores no registrados por el porcentaje de cargas sociales que se ahorran los empresarios que contratan “en negro”, el resultado da un ahorro que, sólo en el año 2013, constituyó más de 10.500 millones de dólares.
Además, desde 1974 hasta la actualidad la caída del salario real es cercana al 40%.

40%

Peor salario indirecto. Como expresión del salario indirecto, el cambio se muestra en la contracción en términos relativos del gasto destinado a salud, educación y vivienda; así entonces, el salario, de forma indirecta, se empeora.

Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/el-salario-en-las-ultimas-decadas-en-los-90-era-mas-alto-que-en-la-era-k

 

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Tercerización laboral en Argentina y América Latina:

debates y desafíos para una agenda de investigación

Por Victoria Basualdo[1]

El presente artículo tiene por objetivo principal abordar un fenómeno de gran importancia en la Argentina, en América Latina y a nivel internacional: la expansión de la tercerización laboral en las últimas décadas. Sintetiza algunos de los resultados principales disponibles hasta el momento, marcando al mismo tiempo las asignaturas pendientes. En primer lugar, aborda aspectos de la definición del fenómeno de la tercerización laboral y los desafíos para lograr, al mismo tiempo, recuperar sus rasgos específicos y abordar sus distintas formas y expresiones. En segundo lugar, sintetiza los hallazgos provenientes de una serie de investigaciones recientes sobre el impacto de esta problemática en distintas actividades económicas en el caso argentino, así como aspectos significativos de su marco legal. En tercer lugar, se centra en los análisis sobre el papel del movimiento sindical y las distintas formas de organización de los trabajadores respecto a esta problemática. Por último, propone un diálogo preliminar del caso argentino con otros de América Latina, y en particular los de Brasil y Uruguay, con el objetivo de señalar algunas de las líneas de trabajo e investigación que se abren hacia adelante.

 

Aportes y debates sobre la conceptualización básica de la tercerización laboral

Un primer campo objeto de numerosos debates y aportes cruzados se vincula con la definición del fenómeno de la tercerización laboral (Ermida Uriarte y Colotuzzo, 2009). Existe acuerdo entre la mayor parte de los investigadores especializados en la temática en afirmar que en las últimas décadas, a partir de la crisis del modelo fordista de mediados de los años setenta,  debido al impulso de la globalización, el cambio tecnológico y al calor del avance del neoliberalismo, se produjeron importantes modificaciones en las estructuras empresariales que profundizaron la desprotección de los trabajadores en general, y en particular, de grupos específicos dentro de este sector. En el contexto de transformaciones del capitalismo global, las elites empresarias sostuvieron que debían adaptar su gestión a un escenario cada vez más inestable y competitivo, y así propiciaron la adopción de formas de organización basadas en la segmentación de los procesos de producción y la colaboración entre organizaciones empresariales supuestamente independientes unas de otras. La tercerización laboral es una de las principales estrategias empresariales aplicadas. Este fenómeno no es nuevo sino que fue “redescubierto” entre las modalidades en otro momento marginales, y fue adquiriendo un papel cada vez más central.

 

La tercerización laboral implica centralmente una modificación de la relación dual entre empleadores de una empresa principal, claramente identificada, y un colectivo laboral relativamente homogéneo y organizado en torno a un sindicato por rama de actividad, que había sido predominante en la segunda posguerra, en un contexto fuertemente marcado por la Guerra Fría. Aunque claramente esta relación laboral dual no se aplicaba al mercado de trabajo en su conjunto, resultaba hasta mediados de los años 70 un paradigma articulador no sólo en los países centrales, sino también en diversos países en desarrollo. La tercerización modifica esta relación entre un empleador y un colectivo laboral, introduciendo un tercero en la ecuación, a quien se le delega parte de las tareas antes a cargo de la empresa principal. La tercerización puede asumir distintas formas, entre las que se incluyen (Ermida Uriarte y Colotuzzo, 2009):

 

 

Existen discusiones y posiciones diversas sobre la inclusión de las cuatro actividades como formas de la tercerización. Al tiempo que una parte de la producción académica trabaja única o predominantemente sobre el fenómeno de la subcontratación, otros objetan la inclusión dentro del concepto de tercerización de los trabajadores autónomos, considerando que el “tercero” debe ser una persona jurídica y no una persona física. En investigaciones recientes hemos abogado por la consideración de las cuatro modalidades, que permiten contemplar especificidades y tipos distintos, a la vez que considerar rasgos centrales en común.

 

En estas nuevas formas de organización empresarial pueden identificarse tres rasgos principales: la fragmentación y externalización de una serie de actividades que, en principio, formaban parte de un mismo proceso de producción; la utilización de terceros, en su forma más recurrente empresas especializadas, para su ejecución; y la coordinación de todos ellos por parte de la firma principal, que, a pesar de la disgregación del ciclo productivo, mantiene así el control de todo el proceso.

 

Esta transformación de los paradigmas organizativos empresariales fomentó un efecto de disociación entre, por un lado, la configuración jurídica de la parte empleadora –que aparece desdibujada ante la existencia de varios sujetos dotados cada uno de personalidad jurídica independiente– y, por otro lado, su articulación económica, que aún continúa respondiendo a un proyecto económico unitario. Entre las consecuencias más importantes en el ámbito laboral es que se desdibuja la figura del empleador, al tiempo que se fragmenta y divide el colectivo de trabajadores.

 

Un tema clave en la conceptualización de la tercerización es la distinción que trajo aparejada entre las denominadas actividades secundarias, subsidiarias, accesorias, periféricas, también conocidas como actividades medio,  y las actividades principales, normales, específicas, o también denominadas actividades fin. Aunque esta distinción fue aceptada ampliamente, en realidad una de las mayores dificultades radica en la especificación del límite entre la tarea principal de la empresa, es decir el núcleo de su actividad, y las tareas periféricas o secundarias, que en general incluyen tareas como limpieza, vigilancia, portería, mensajería, alimentación (comedor, carritos), entre otras.

Por otra parte, también se distingue habitualmente entre tercerización interna y externa, para diferenciar si es realizada dentro o fuera de la empresa principal. La externa puede ser, a su vez, nacional o internacional. En este segundo caso, se utiliza la expresión tercerización offshore (a veces denominado offshoring), reflejando la tendencia a la formación de cadenas productivas globales, con efecto en términos de aumento de las relaciones internacionales entre empresas, países y regiones. Finalmente, cuando se produce una cadena de contratos o subcontratos, fenómeno también denominado subcontratación en cadena, se utiliza la expresión cuarterización, y en general se considera al establecido primero como contrato principal o padre/madre.

 

Estas distinciones son indispensables como herramientas mínimas para comprender aportes y discusiones sobre el fenómeno de la tercerización tal y como están planteadas en la actualidad. Sin embargo, constituye sin dudas una asignatura pendiente su debate en profundidad, ya que derivan en la formulación de la tercerización desde la visión empresarial, que prioriza la flexibilización de la gestión para nuevos requerimientos del negocio y ofertas de productos; la concentración de esfuerzos en los objetivos del negocio, focalizando los recursos en las actividades esenciales (core business); la transformación de los costos fijos en variables; la obtención de mejores niveles de negocios y el fortalecimiento de la posición competitiva; incremento de la calidad del servicio y la productividad de procesos; adquisición de mayor flexibilidad operativa e incremento de la velocidad de reacción; la reducción de la estructura; el acceso a recursos de tecnología de avanzada; la obtención de la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios del entorno; acceso a servicios de primera categoría y mantenimiento actualizado (Strada, 2016).

 

Desde la perspectiva empresarial, es por razones de productividad y para avanzar en todos estos objetivos, que la empresa debe concentrarse en aquellas tareas vinculadas con el núcleo central de su actividad, y para las cuales tiene un conocimiento acumulado, una experiencia y capacidad diferencial, dejando a otras empresas las tareas secundarias para las cuales ellas estarían mejor preparadas. La aceptación acrítica de estas premisas deja sin señalar varias cuestiones. Por un lado el límite muchas veces impreciso y arbitrario de esta distinción, cuyo sentido es debatible. ¿En qué sentido tareas como la limpieza, la seguridad o la alimentación serían secundarias cuando sin su desarrollo las actividades “centrales” no podrían realizarse, ni el establecimiento podría siquiera abrir sus puertas? Por otro lado, esta distinción, que legitimó el desarrollo original de la tercerización argumentando que se extendería a las actividades secundarias, no responde a lo que sucedió realmente en el caso argentino y en otros también, en la que se verifica un avance incuestionable de la tercerización a todas las actividades, tanto “periféricas” como “centrales.”

 

Tercerización laboral en la Argentina

Los estudios disponibles muestran que en la Argentina, así como en otros países de América Latina, la expansión de la tercerización se produjo en la década de 1990, en un contexto de crecimiento exponencial de la desocupación y de fuerte ofensiva contra los derechos de los trabajadores, que retomó y profundizó el legado represivo de la última dictadura militar (1976-1983). En el marco de los preceptos del Consenso de Washington, el crecimiento de la tercerización  de las reformas laborales, que promovieron una profunda flexibilización y precarización de las condiciones de trabajo, y con el proceso de reestructuración laboral que promovió la privatización de las empresas públicas. Una serie de contribuciones recientes destacan, además, que se produjo una expansión y consolidación de la tercerización laboral como estrategia también en la última década, en un contexto de crecimiento económico sostenido y generación de empleo en Argentina y otros países de América Latina, y subrayan la importancia de analizar las articulaciones de la tercerización con otras problemáticas fundamentales como el trabajo no registrado (que aún en un contexto de reducción sigue alcanzando en el caso argentino a un tercio del mercado de trabajo) y los procesos de concentración y extranjerización en la economía (particularmente con la presencia de empresas multinacionales) (Basualdo, 2012).

En un marco de análisis de la tercerización a nivel global y regional, los trabajos de Basualdo y Morales (2014) y de Basualdo, Esponda, Gianibelli y Morales (2015) apuntaron a contribuir a un diagnóstico básico sobre la presencia de la tercerización laboral en el caso argentino, sobre el que había una gran cantidad de producción académica muy relevante, aunque concentrada en actividades específicas sin ofrecer una mirada global para el conjunto de la economía. Para lograr avanzar en ese sentido se llevó adelante un proceso de trabajo coordinado desde el Área de Economía y Tecnología de FLACSO y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con grupos de investigadores, trabajadores, sindicalistas, y abogados laboralistas en el marco de un seminario de trabajo sobre tercerización, que permitió un abordaje desde distintas perspectivas para lograr la sistematización de fuentes y una interpretación que pudiera reconstruir aspectos difícilmente plasmados en documentos de archivo, dada la actualidad del tema, las dificultades conceptuales y empíricas y la precariedad de los archivos sindicales que habrían resultado de gran utilidad para una reconstrucción sistemática.

Un primer análisis de la presencia de la tercerización en distintas actividades económicas, que sin pretender agotar los casos existentes permitió avanzar en la elaboración de un diagnóstico, demostró que esta estrategia empresarial ha sido implementada en la Argentina en un amplio arco de actividades económicas, tanto en el sector privado como en el público. Se trató además, de reconstruir una trama que, aunque parcial e incompleta, terminó por confirmar claramente su relevancia e importancia en la industria, los servicios y la producción primaria (Basualdo, Esponda, Gianibelli y Morales, 2015)[1].

La evidencia disponible sobre el sector industrial permite demostrar que la tercerización aparece firmemente establecida como estrategia no sólo en actividades predominantemente orientadas al mercado interno y caracterizadas por elevados niveles de precarización e informalidad, como la industria textil, sino también en ramas de muy alta rentabilidad y alta competitividad internacional, caracterizadas por la presencia de grandes firmas, muchas de ellas transnacionales y con predominancia de formas registradas de empleo, como la siderurgia, la industria aceitera o la industria del neumático, entre otras.

Un primer caso es el de la actividad siderúrgica, una industria estratégica, de alta rentabilidad y caracterizada por la presencia de empresas multinacionales. Para este sector existieron varias contribuciones recientes sobre Acindar, Propulsora Siderúrgica-Siderar, Siderar San Nicolás y SIAT – Grupo Techint en Valentín Alsina. Aunque existe una gran dificultad en general por cuantificar la tercerización, en el caso de Acindar se logró, a partir del trabajo con fuentes muy precisas, determinar que los trabajadores tercerizados llegaron a superar en 2014 el 50% del personal total de la planta. Esas cifras resultan coherentes con la información tentativa para el caso de Siderar -Grupo Techint-: sus 6 plantas sumarían unos 5.000 empleados directos y 3.100 indirectos. Por su parte, las fuentes sindicales de Siderar San Nicolás indican que la incidencia de los tercerizados podría ascender al 50% del grupo. Asimismo, en la Planta de Siderar Ensenada (ex Propulsora Siderúrgica) vemos la aparición durante los 90 de gran cantidad de empresas cooperativas conformadas por ex trabajadores de la firma principal, luego de masivos despidos en pos de la reconversión. Estas empresas constatan una dependencia productiva, en un 80% o 90% respecto de la ex Propulsora Siderúrgica o firma principal, que da cuenta de su formación a instancias de la misma. También en SIAT Valentín Alsina predominó otra forma de tercerización: en los 90 comenzó a expandirse la contratación eventual en la planta y recién hacia el año 2010 consiguieron que se terminara con ese tipo de contratos, pero allí comenzó una constante suspensión de personal que actualmente persiste como eje de la conflictividad gremial. En suma, puede afirmarse que la tercerización constituye una estrategia sostenida por los dos grupos predominantes: el Grupo Techint (Siderar y SIAT) y Acindar, hoy Arcelor Mittal.

 

En la industria del neumático al igual que en la siderurgia, persiste una importante concentración en tres empresas: Pirelli de capital italiano, Bridgestone de capital japonés y Fate de capital local. En este sector se produjo desde mediados de la década del 80 un proceso de reorganización de la producción, que alteró significativamente la homogeneidad del colectivo laboral, aunque se había logrado mantener en el mismo convenio tanto a los trabajadores de tareas centrales (fundamentalmente operarios) como periféricas (choferes, limpieza, vigilancia). Esto se modificó a instancias de la reestructuración de inicios de los 90, cuando se firmó un convenio que expresamente excluía a los segundos. Además de la diferenciación en el convenio se avanzó en la tercerización de actividades, no sólo en sectores periféricos sino también en logística, mantenimiento y producción. Con este esquema, hacia el año 2004 existían en Fate cerca de 300 trabajadores tercerizados. En dicho año, con el retorno de las convenciones colectivas de trabajo, se impulsó una estrategia de inclusión de los trabajadores tercerizados en el Convenio Colectivo N° 486/07, el cual permitió revertir la fragmentación de los 90 y avanzar en la unificación del colectivo laboral, aunque sin lograr la incorporación de los trabajadores de tareas periféricas como limpieza, vigilancia y comedores, entre otros.

 

También en la industria aceitera, actividad con gran crecimiento por la mejora en los términos de intercambio para la exportación de aceites en la etapa posterior a la crisis, se verificó en una primera instancia una expansión importante de la tercerización. En el cordón industrial del sur de Santa Fe la actividad creció muy significativamente desde mediados de los 90, con la desregulación portuaria y la realización de obras de dragado del Río Paraná. En esta rama industrial, las principales firmas aceiteras se encuentran en Rosario, San Lorenzo y Puerto General San Martín, y los trabajadores se aglutinan tanto en el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (SOEAR) como en SOEA del departamento San Lorenzo. En el caso del SOEAR se consiguió hacia el año 2005 la firma de un convenio colectivo (CCT 420/05) en el cual se eliminó la diferenciación entre el ámbito de aplicación de las empresas intervinientes, ya sean principales o subsidiarias. En este sentido, se logró la inclusión de los tercerizados bajo el convenio de la actividad aceitera logrando una decisiva igualación de condiciones de trabajo y salarios, que se complementó con una limitación de la tercerización indiscriminada. Posteriormente, un acta acuerdo firmada en 2011 por parte de Molinos Rio de la Plata, Cargill y SOEAR ratificó esta cláusula del CCT de la actividad aceitera. Los avances logrados son muy destacados y se plasmaron además en la incorporación a planta de trabajadores en varias empresas, quedando como meta la eliminación total de la tercerización en tareas extraordinarias en las distintas empresas aceiteras encuadradas en el sindicato de Rosario.

 

En el caso del sindicato de aceiteros del departamento San Lorenzo, por su parte, se experimentó un importante proceso de crecimiento en la afiliación sindical (de 300 en 2003 afiliados se pasó a cerca de 3.000 en 2013), de la mano de la firma de un convenio con el Ministerio de Trabajo de Nación en 2004 que permitió encuadrar a los trabajadores aceiteros de la zona (CCT 391/04). La serie de conflictos desencadenada en 2010 permitió, a su vez, mejorar la situación de los tercerizados, consiguiendo el pase a planta permanente de la totalidad en el año 2011. Para los delegados del complejo de San Lorenzo, ello “permitió lograr una sola clase de trabajadores aceiteros, como antes de los años 90, cuando surgió la tercerización” (SOEA, 2013, citado por Basualdo et. al. 2015).

 

Esta situación muestra un fuerte contraste con lo experimentado en la industria textil y de la confección, donde aparecen una serie de variables combinadas: una importante fragmentación productiva, la presencia de inmigrantes de países vecinos que trabajan en el sector, la extensión de la informalidad en la cadena del empleo textil y la persistencia de un mercado local que convive –en función de la protección- con estructuras de confección transnacionales y deslocalizadas que plantean una amenaza constante en términos de competitividad. La fundación Pro-Tejer estima que entre 2002 y 2009 en esta industria se generaron unos 233 mil puestos de trabajo, contabilizando un total de 456 mil empleos en el conjunto nacional, lo que significa el 10,4% del empleo nacional total. En base a fuentes sindicales y otras investigaciones, existirían cerca de 10.000 talleres textiles en el país, 5.000 de ellos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. En los talleres se ha constatado -a partir de fallos judiciales- la existencia no sólo de prácticas violatorias de los derechos laborales, sino además de delitos penales, como la reducción a la servidumbre y el reclutamiento de  personas a través de redes de trata, situaciones de trabajo infantil, movilidad reducida y peligro de muerte. Si bien existe un marco jurídico de protección del trabajo en el sector textil, vinculado a la ley de Trabajo a Domicilio 12.713 sancionada en la década del 40, que establece un vínculo solidario entre el taller y la marca con mayores niveles de protección laboral, el mismo es aplicado parcialmente, existiendo como común denominador la replicación de talleres con empleo sin registrar. La tercerización laboral en este sector, entonces, ocurre con un ocultamiento y extensión de la cadena productiva que se efectiviza en talleres desvinculados de las marcas comerciales, las cuales desempeñan un rol de comando económico en la cadena: detallan los procedimientos, brindan los diseños de confección, supervisan el proceso y proveen los cortes y telas para la elaboración del producto final.

 

Al mismo tiempo, el análisis en algunas de las actividades de servicios permite afirmar que esta estrategia aparece en muchos casos, como en los de actividades de transporte –ferrocarriles y subterráneos–, y también en otras de comunicación –telefonía–, fuertemente asociada al proceso de privatizaciones y de reforma del Estado a partir de inicios de la década del 90. Por otra parte, permitió también ilustrar su desarrollo no sólo en actividades con predominancia o exclusividad del sector privado, como las relacionadas con comercio, sino también en el empleo estatal, incluyendo un amplio arco de actividades que van desde la administración pública, hasta bancarias, entre otras.

En el sector público, la expansión de la tercerización estuvo asociada con las reformas del Estado de primera y segunda generación, que supusieron la reducción del empleo estatal a través de despidos masivos, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas (en las empresas estatales, de 242 mil trabajadores en 1991 se redujeron a 50 mil en 1995 y en la administración nacional pasaron de 534 mil a 467 mil) (Basualdo et. al., 2015: 45). Posteriormente el Decreto 92/95 incorporó el contrato transitorio de profesionales y técnicos como trabajadores autónomos, habilitó las horas cátedra y las pasantías universitarias y se instrumentaron convenios compartidos con organismos multilaterales. Sumado a ello, la figura del monotributo se sustanció con la Ley 24.977 y dio lugar a mecanismos de deslaboralización. Como reflejo de estos procesos pueden verse casos como los de tercerización en dependencias estatales, incluyendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como en otras empresas estatales, como el Banco Nación de la República Argentina, en el que se encontraron diversas formas de tercerización laboral.

Otra actividad de servicios con gran presencia de la tercerización fue la ferroviaria, cuya privatización se llevó adelante en 1989 y estuvo sujeta a una fuerte racionalización, que significó no sólo la reducción de personal sino que a través de la oferta de subsidios estatales, intentó atraer empresas del sector privado para que operaran el servicio. Como resultado, vía tercerización y flexibilización laboral, los trabajadores ferroviarios pasaron de ser 90 mil a sólo 9 mil. Este proceso tuvo la participación del sindicalismo empresario (encabezado por José Pedraza), que creó desde la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria la Cooperativa Unión del Mercosur para recibir subsidios, lo que implicó la contratación de trabajadores en forma tercerizada, con niveles salariales de alrededor de la mitad de los de planta, y condiciones de trabajo deficientes y riesgosas, sin derechos básicos como vacaciones o cobertura de salud. En este contexto, el asesinato en 2010 del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra en el marco de una protesta de trabajadores tercerizados, que luchaban por su pase a planta y denunciaban la precariedad laboral a la que se encontraban sometidos por las cooperativas gestionadas desde el gremio, desencadenó una investigación y luego un proceso judicial penal que condenó por este homicidio a una serie de dirigentes sindicales del gremio, incluyendo a José Pedraza, así como a personal policial por su papel en el hecho.

En lo que se refiere al caso de subterráneos, el inicio del proceso tuvo lugar en 1994 con la privatización del servicio, y se plasmó en la firma de un convenio regresivo para los trabajadores ese mismo año, por la Unión Tranviaria Automotor (UTA). En ese marco, la empresa Metrovías inició desprendimientos de áreas consideradas accesorias y efectuó contrataciones a empresas terceras para desempeñar esas actividades, tales como limpieza, auxilio de emergencias, seguridad, sereno, chofer, telefonista, mantenimiento de infraestructura, entre otras. Resulta importante destacar que la subcontratación se efectuó al interior del mismo grupo Roggio (al cual pertenece Metrovías), con la presencia de prácticas como cambios de razones sociales y aplicación de diferenciales salariales entre trabajadores del mismo grupo. La organización de los trabajadores, al margen de la dirigencia al frente de la UTA, permitió conquistas para los tercerizados, entre ellas la promulgación de la insalubridad y la obtención de una resolución del Ministerio de Trabajo de Nación que consecuentemente estableció una jornada de 6 horas. Hacia el año 2005 los trabajadores tercerizados en el subterráneo de Buenos Aires ascendían a 900, sobre un total de 2900. La conflictividad gremial permitió la incorporación paulatina de estos trabajadores a la planta permanente de Metrovías y el encuadramiento en el mismo convenio colectivo, que primero se efectivizó para los trabajadores de limpieza, luego avanzó con los trabajadores auxiliares de estación, recontadores y el cuerpo de intervención rápida, finalmente incorporando a los trabajadores de seguridad en el año 2010. La conformación de un sindicato específico fue el resultante de estos procesos de organización, al crearse la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en 2008.

El caso de los telefónicos refleja en su historia el sostenido avance de la tercerización laboral. El inicio se remonta a las privatizaciones periféricas que tuvieron lugar durante la última dictadura militar en los 70, las cuales significaron la contratación por parte de Entel de empresas terceras para la realización de obras como la extensión de tendidos de redes. En un segundo momento, con la privatización de Entel y la división del servicio entre Telecom y Telefónica, este proceso se extendió con mayor fuerza: el plantel se redujo desde 47 mil a 27 mil trabajadores a través de despidos, retiros voluntarios y también de tercerización.

 

La expansión de la tercerización en el sector a través de call centers ha sido la más conocida y estudiada, aunque las actividades sujetas a esta modalidad contractual son más amplias, como el tendido y extensión de redes y la atención y arreglos domiciliarios, entre otros. En general, la situación de los tercerizados en el sector de telefonía es de mayor precariedad, con jornadas laborales extensas y tareas de elevada peligrosidad –sin elementos de seguridad necesarios-. Los trabajadores tercerizados se encuentran fundamentalmente bajo el convenio de UOCRA (dado que se trata de un convenio con menor nivel salarial que Telefónicos), y son obligados a trabajar a riesgo de despidos con menores protecciones frente a la eventual desvinculación en la relación laboral. En este marco, a partir del año 2006 FOETRA planteó la necesidad de incorporar tercerizados al Convenio Colectivo FOETRA y este proceso que tuvo lugar en los últimos años permitió mejorar significativamente las condiciones laborales, aun manteniendo la figura de empleados por empresas terceras.

Otro sector donde la tercerización ha tenido un gran desarrollo es el supermercadista. Investigaciones muy interesantes dan cuenta de un proceso de modificación organizativa en los 90, con la tercerización de la logística, distribución y reposición, centrándose particularmente en la cadena de supermercados Walmart en su tercerización a través de Manpower. Otra actividad que ilustra el avance de la tercerización es el servicio de mensajería, que experimentó un crecimiento exponencial en la década de 1990, cuando muchas empresas redujeron su planta de personal y los costos que su mantenimiento requería, delegando esas tareas en otras firmas.

Finalmente, los aportes recientes sobre el impacto de la tercerización en el agro, teniendo como una fuente central los informes que produjo el RENATEA desde su paso a la órbita estatal en el marco de los cambios producidos por la Ley 26.727 de Régimen de Trabajo Agrario sancionada en 2011, permiten mostrar la gran incidencia y extensión de la tercerización como estrategia patronal. Se destaca la prevalencia de formas de intermediación pero con la combinación y presencia de otras relaciones laborales que, a pesar de sus particularidades y especificidades, comparten con otras actividades el efecto de disminuir las responsabilidad de los empleadores a partir de la intermediación, que además dificulta la visibilización de las relaciones laborales, y obstaculiza los procesos de organización y movilización unitaria de los trabajadores, ya de por sí fuertemente condicionados por la estacionalidad, la dispersión territorial y la importancia de las migraciones y desplazamientos en los procesos productivos. Al mismo tiempo, los desarrollos legales muestran la factibilidad de implementar regulaciones que puedan transformar los parámetros laborales actuales, introduciendo cambios progresivos que sin embargo se encuentran en la actualidad, en retroceso.

 

En conjunto, la revisión de estos aportes permitió sintetizar algunas de las líneas de análisis de la evolución histórica más general del fenómeno, confirmando que, como se había ya señalado en contribuciones previas (Basualdo y Morales, 2014), el desarrollo de la tercerización formó parte entonces de un proceso de ofensiva contra las formas de organización y representación de base de los trabajadores, que habían sido además, en el caso argentino, un rasgo particularmente destacado de su estructura sindical.

Al mismo tiempo, a partir del análisis de normas legislativas, antecedentes de jurisprudencia y proyectos de ley en danza, Diego Morales y Guillermo Gianibelli (2014 y 2015) lograron proveer elementos importantes para una síntesis de las formas de regulación existentes que sostienen el desarrollo de la tercerización ya analizado. En este sentido, sugieren que las normas que resultaron esenciales para habilitar la tercerización fueron, no sólo las modificaciones que se operaron en la Ley de Contrato de Trabajo, sino también los ajustes interpretativos que introdujo la Corte Suprema de Justicia a lo largo de dos décadas a través de su jurisprudencia, con relación al alcance de las obligaciones de las empresas principales ante reclamos de trabajadores de empresas tercerizadas.

 

En suma, las visiones de conjunto que se han podido construir señalan, no sólo que la tercerización se consolidó como estrategia empresarial en la década del 90, sino también, que se produjo una importante expansión de este fenómeno en la etapa de la posconvertibilidad, caracterizada por altos niveles de crecimiento económico, la creación de cerca de cinco millones de puestos de trabajo, y reactivación y expansión de la negociación colectiva, así como del conflicto laboral en distintos niveles. Dada la centralidad del fenómeno, en un contexto de cambio profundo de las políticas económicas y laborales, parece central conservar el foco en esta estrategia en una etapa de profundos cambios económicos y laborales en Argentina y América Latina.

 

Movimiento sindical, clase trabajadora y tercerización

Aunque teóricamente no hay una asociación necesaria entre tercerización y precarización laboral, entendiendo por esta última a los niveles sub-estándares que se presentan en el trabajo asalariado, dependiente, o por cuenta ajena, en términos de distintos indicadores (inestabilidad, remuneración menor a la de categorías similares, remuneración que no incluye los beneficios sociales habituales, duración de la jornada anormalmente pequeña o elevada, y el debilitamiento de la representación colectivas que suele ser también el vehículo para la precarización de las relaciones laborales), la revisión de estos casos muestra que existe una muy fuerte correlación entre tercerización y precarización laboral.

En una mayoría abrumadora de los casos analizados, se verifica en el caso de los trabajadores tercerizados una ausencia de protección adecuada, en comparación con los trabajadores de planta. A causa de las ambigüedades que existen en la definición de la naturaleza jurídica del empleo en régimen de subcontratación, las personas sujetas a él se encuentran con frecuencia ante un completo vacío legal, desprovistas de la protección que proporciona la legislación laboral o, en el mejor de los casos, incluidas en un régimen de menores derechos. En materia salarial, la remuneración percibida por los trabajadores en régimen de subcontratación es, en casi todos los casos, inferior a la de los trabajadores permanentes. Es más, generalmente, la reglamentación sobre salarios mínimos –cuando existe– puede no ser aplicable cuando se entiende que se trata de trabajadores por cuenta propia. Por otra parte, el empleo de los subcontratados es menos seguro y estable que el de aquellos que pertenecen a la planta de personal de la empresa madre. Las jornadas suelen ser más largas para quienes desempeñan funciones en régimen de subcontratación debido a que su remuneración se basa en lo que producen y generalmente está vinculada a labores específicas. Asimismo, suelen estar excluidos del ámbito de aplicación de las normas que conceden los distintos beneficios laborales.

La ambigüedad de las responsabilidades en el cumplimiento de las condiciones laborales, sumada a la presión del trabajo y a la ausencia de políticas activas de formación, en muchos casos convierte al régimen de subcontratación en una zona de alto riesgo en términos de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Además, por la propia naturaleza de la relación, las tasas de sindicalización entre los trabajadores subcontratados son a menudo mucho más bajas que las verificadas entre los permanentes.

Finalmente, cabe destacar que el fenómeno de la tercerización tiene consecuencias no sólo sobre quienes resultan directamente afectados por este tipo de régimen laboral, sino también sobre el conjunto de la clase trabajadora. La segmentación y el fraccionamiento de este colectivo entre un núcleo duro privilegiado y otro en inferioridad de condiciones debilitan la fuerza y las posibilidades de organización del conjunto de los trabajadores en las empresas, las ramas de actividad y la economía en su conjunto. Esta fragmentación promueve situaciones en las cuales o bien cada grupo cuenta con diferentes representaciones sindicales (incluso en el caso de tener el mismo sindicato los tercerizados frecuentemente no están alcanzados por una serie de cláusulas adicionales que benefician a los de planta), y en otras ocasiones –el peor de los marcos– algunos se encuentran sindicalizados y otros no. Con frecuencia, cuando se contrata a trabajadores por agencia, estos suelen pasar de sindicato en sindicato en sus diferentes trabajos, o directamente no están protegidos por ninguna organización, durante parte o en la totalidad de su inserción laboral. Estas diferentes formas de subcontratación también implican una transferencia de riesgos de las empresas a los trabajadores, y profundizan la precarización de sus condiciones de trabajo y de vida.

 

En este contexto de fuerte correlación de un avance de la tercerización con un retroceso en los derechos laborales en muchos campos, estos casos analizados permiten mostrar que si la tercerización ha sido una estrategia privilegiada de sectores significativos de la elite empresarial para transformar las relaciones laborales, los trabajadores y las organizaciones sindicales no fueron sujetos pasivos en esta historia.

·         En primer lugar, algunas organizaciones sindicales y sus dirigentes aparecieron fuertemente vinculados al proceso de consolidación de la tercerización, que en ocasiones se convirtió, además, en un negocio no sólo para las empresas y/o su personal jerárquico, sino también para algunos funcionarios y dirigentes sindicales, desarrollando un complejo entramado que sin dudas merece mucho más estudio y análisis que el que existe actualmente. Un caso emblemático para analizar esta línea de acción es el ya mencionado del sindicato Unión Ferroviaria, que no sólo avaló el proceso de privatizaciones sino que obtuvo una serie de beneficios del mismo a partir de sus relaciones con las empresas y el estado, llegando incluso a conformar cooperativas y a emplear a trabajadores tercerizados, y sus dirigentes a impulsar procesos represivos contra los trabajadores que reclamaban su ingreso a planta, que en algunos casos, como el sucedido el 20 de octubre de 2010 que terminó con el asesinato de Mariano Ferreyra y con otros militantes y trabajadores heridos de gravedad.

·        En segundo lugar, otro conjunto de sindicatos, dirigentes y militantes desarrollaron un amplio arco de respuestas, en muchos casos creativos y valiosos para enfrentar este fenómeno. Casos como los de los trabajadores aceiteros, de subterráneos y telefónicos  son muestras claras de procesos de organización desde las propias organizaciones sindicales, con apoyo de las direcciones. En estos casos se destaca la estrategia de la inclusión de los trabajadores tercerizados dentro del mismo convenio, para luego disputar su contratación como trabajadores de planta. Existen otros procesos de organización sindical por parte de seccionales metalúrgicas, como la de Villa Constitución, caso en el que los tercerizados se encuentran ya encuadrados en el mismo sindicato de la UOM y se dieron sucesivas disputas por garantizar derechos e instancias efectivas de organización que permitieran romper con la fragmentación. En estos casos, sin embargo, se observa la persistencia de muy altos niveles de tercerización, que alcanzan a la mitad de los trabajadores totales en planta.

·         En tercer lugar, aun cuando la tercerización dificulta enormemente la organización sindical, fragmentando el colectivo de los trabajadores y consolidando divisiones y diferencias entre pares con profundos impactos identitarios y subjetivos, existieron procesos de movilización y organización por parte tanto de los trabajadores como de algunas organizaciones, que en diversas ocasiones enfrentaron no sólo a los empresarios y a las distintas instancias estatales, sino también a sus propios sindicatos. Este es el caso de los trabajadores textiles y de la confección de distintas plantas y talleres que, enfrentándose a la AOT y SOIVA lograron llevar adelante procesos de organización en los lugares de trabajo, así como los metalúrgicos, que se organizaron desde los establecimientos cuestionando la dirección de seccionales como la de la UOM Avellaneda con una proximidad innegable con las direcciones empresariales, los trabajadores de distintos establecimientos de actividades de comercio, que enfrentaron los intentos de desmovilización del sindicato de Comercio y lograron articular procesos propios, o un amplio rango de trabajadores estatales que no encontraron muchas veces en sus direcciones sindicales una respuesta y articularon formas de organización alternativas, en algunas ocasiones logrando conquistar las estructuras oficiales.

 

Hacia una agenda de investigación considerando dimensiones regionales y mundiales

La tercerización laboral ha tenido un impacto global que carece en la actualidad de mediciones y cuantificación exhaustiva, aunque se han concretado algunas aproximaciones a través de estudios parciales. Pochmann (2008) recupera los relevamientos de distintos organismos como OIT y Ciett (International Confederation of Private Employment Agencies), con apoyo de OCDE, ONU, UNCTAD y CEPAL, entre otras instituciones, y a partir de un trabajo que cubre a 145 países encuentra que el 25,55% del total de la mano de obra se ubica en actividades laborales tercerizadas y el 11,2% de esos tercerizados son empleados por la tercerización transnacional (Basualdo y Morales, 2014:33). Entre las mayores empresas tercerizadoras en el año 2005 se encontraban Randstad, Vedior, Kelly Services, Adecco, Manpower y Crystal, entre otras. Muchos otros autores han abordado la problemática de la tercerización global, enfatizando la expansión del offshore outsourcing y de la tercerización dentro de las fronteras nacionales, aunque aún no disponemos de estimaciones confiables y sólidas sobre el alcance de este fenómeno a nivel internacional.

Adicionalmente, la actualidad de esta problemática en América Latina y en el Cono Sur es indiscutible. En el caso de Brasil, existe gran preocupación en torno al proyecto de Ley 4.330, que abre las puertas para que las empresas puedan subcontratar todos sus servicios. En la actualidad, solamente está permitido por la legislación que puedan tercerizarse las actividades secundarias, como la limpieza, la seguridad, o el comedor. Debido a la enorme preocupación de las organizaciones sindicales, jueces del trabajo, fiscales y auditores, se conformó una agrupación de sectores bajo el nombre de Forum, con el objetivo principal de difundir la importancia de este cambio y encontrar formas de organización para combatirlo. En el caso de Uruguay, se conformó en 2013 una Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT, que no sólo está a cargo de coordinar las luchas por las reivindicaciones de los tercerizados, sino que elaboró un proyecto de ley que propone la eliminación de la tercerización. El rasgo distintivo del Uruguay es la muy alta presencia de la tercerización en el empleo estatal, en el que parece haber sido un vehículo de privatización en un país que había frenado por consulta popular esta política.

En este marco, los desafíos para el estudio de la problemática requieren la constitución de redes y equipos interdisciplinarios que permitan abordar, en un marco analítico que preste especial atención a las grandes transformaciones de la estructura económica y social a nivel mundial y regional, varios aspectos. En primer lugar, es necesario retomar los debates sobre la conceptualización, alcances y formas del fenómeno; en segundo lugar, existe una necesidad urgente de instrumentos de medición y cuantificación a nivel de actividad, nacional y regional de esta estrategia y sus impactos; en tercer lugar, se requiere una ampliación del estudio de los impactos subjetivos y sociales de la tercerización, y las distintas estrategias sindicales y las formas de organización de los trabajadores; en cuarto lugar, sería muy útil profundizar el análisis comparativo de las normas legales existentes y de los proyectos hacia adelante, y finalmente, aparece como indispensable el estudio de las dinámicas de interacción de los cambios productivos, las estructuras empresariales y las cadenas globales y las políticas laborales, los cambios en las condiciones de vida, de trabajo y de organización de los trabajadores. Sería además particularmente útil disponer de análisis que permitan iluminar mejor la lógica detrás de la tercerización desde el punto de vista del sector empresarial, los costos de esta estrategia (las vinculaciones y relaciones con prácticas de corrupción y beneficios de sectores específicos en la elite empresarial y sindical) y los cálculos que implica. Esta agenda, que no pretende agotarse aquí, permitiría entonces disponer de herramientas para comprender cabalmente el fenómeno y analizar vías para transformarlo.

Referencias bibliográficas(...)
Fuente: http://revistaepocas.com.ar/tercerizacion-laboral-en-argentina-y-america-latina-debates-y-desafios-para-una-agenda-de-investigacion/

 

Percibamos cómo CFK defendió el orden de las petroleras o sea cómo impuso la tercerización laboral, el impuesto al salario y la ausencia de pueblada ni de jornadas solidarias.

 

Respuesta a la Presidenta por sus dichos sobre los presos de Las Heras

2 de marzo de 2014

 

En su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1º de Marzo, Cristina Fernández de Kirchner hizo alusión a la protesta social como un problema de tránsito, y en particular se refirió al amplio abanico social y político que respalda el pedido de absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras condenados recientemente. Sobre esto último, reconstruyó desde su punto de vista el proceso que devino en el juicio contra los trabajadores. Allí desconoció lo dicho por varios referentes de la lucha por los Derechos Humanos en nuestro país sobre el fallo y reprodujo la "versión oficial" de los hechos. A continuación reproducimos el comunicado del Comité de Apoyo por la Absolución de los Presos de Las Heras.

 

ANRed difunde:

Buenos Aires, 2 de marzo de 2014

 

La Presidenta miente para proteger a las petroleras. Los compañeros de Las Heras son inocentes

En el discurso de apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso, la Presidenta acaba de manifestarse en contra de la amplísima, exitosa y unitaria jornada de lucha nacional por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, que tuvo lugar durante el día 27/2 a través de decenas de cortes de avenidas, paros laborales, marchas e infinidad de acciones de lucha. En la misma hubo detenidos que fueron golpeados, y hoy como ayer se les “arma” una causa, en este caso por el robo del celular de un comisario.

Esta exigencia ha sido tomada por una cantidad enorme de organizaciones y personalidades nacionales e internacionales, como Osvaldo Bayer, Hugo Moyano, Hugo Yaski, Pablo Micheli , el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, varios diputados nacionales, legisladores , y muchos otros que han cuestionado el fallo del tribunal de Caleta Olivia que condenó a los petroleros. Hasta el Papa Bergoglio se ha pronunciado y le contestó una carta a uno de los condenados.

Cristina Fernández de Kirchner defendió este veredicto, dictado por un tribunal apañado por las grandes petroleras internacionales, que pretenden ejemplificar a sus trabajadores para que no salgan nunca más a pelear contra el impuesto a los salarios y la precarización laboral. Apoya un fallo infame, impuesto a través de pruebas y testimonios inventados o arrancados mediante torturas, según confirma el propio Fiscal Candia en el juicio, que condena a cadena perpetua a cuatro trabajadores de Las Heras. Tampoco mencionó el disparo por la espalda que recibió el policía Sayago, un "olvido" muy oportuno, pues existe la sospecha que el balazo provino de sus propios compañeros de Fuerza.

El ataque de la presidenta a la jornada del 27 de febrero y a los condenados, pone en evidencia su influencia en un fallo que pretende condenar a trabajadores a los cuales no se les ha probado ni su participación en el crimen ni en delito alguno.

Néstor Kirchner condenó a los trabajadores petroleros cuando avaló el terrorismo de estado sufrido por toda la ciudad de Las Heras, que fue militarizada y ocupada por la gendarmería, antes, durante y después de la pueblada y los reclamos laborales.

Los trabajadores y cientos de organizaciones venimos reclamando la nulidad de esta imputación desde el 2006, año en que se realizó una pueblada que fue interceptada con una brutal represión, y en esa brutalidad y caos originado por las fuerzas policiales murió el policía Sayago.

No existen pruebas sobre la culpabilidad de los trabajadores, y si el tribunal que los condenó fuera independiente del poder político y los intereses de las petroleras, ese juicio y las condenas jamás hubieran avanzado, dos pedidos de nulidad avalan esto que proclamamos.

Se realizaron decenas de marchas y reclamos judiciales, ya ante la evidencia de esta complicidad judicial y política, que condenó a 4 trabajadores a cadena perpetua y a seis a cinco años de prisión por coacción agravada, con la seguridad de su inocencia con respecto a la muerte de Sayago, pero culpables de ser parte de reclamos contra la precarización laboral y el impuesto a las ganancias, las organizaciones obreras, políticas y de derechos humanos recurrieron a la herramienta de lucha legítima de cortes de ruta y accesos para conseguir ser escuchados y que no se consume esta condena aberrante, que desde lo judicial solo encubrirá a los verdaderos asesinos y en lo político será un ejemplo para amedrentar los reclamos laborales a favor de la precarización laboral de las petroleras y el resto de los intereses de las patronales.

La Jefa de Gobierno condena la Jornada de lucha por la absolución de los petroleros de Las Heras, y en forma paralela encarcela, en estos momentos, a 5 trabajadores petroleros de la empresa Bacssa que estaban reclamando, cierra el acuerdo con REPSOL para indemnizarla con 5.000 millones de dólares (en bonos de deuda externa) como pago por la estatización parcial de una YPF vaciada; acuerda con la multinacional Chevron (ex Texaco) el manejo del Yacimiento Vaca Muerta con cláusulas secretas, y en el mismo momento en que los efectos de la devaluación y del crecimiento de la inflación se hacen sentir sobre los trabajadores y los sectores populares en nuestro país. Lo hace para garantizar la continuidad del saqueo de los recursos naturales a las multinacionales como los minerales a la Barrick Gold, el campo a Monsanto y como mencionamos arriba a las empresas petroleras, para poder terminar de implementar el plan de ajuste y sobre todo sentar un precedente nacional, de manera de amedrentar al conjunto de los trabajadores que están peleando, a los que se comienzan a organizar o se preparan para hacerlo, para resistir los despidos, las suspensiones, el violento ataque al salario y a las condiciones de vida y de trabajo

Desde el Comité de Apoyo a los petroleros de Las Heras, decimos que:

¡Cristina miente! ¡Los compañeros de Las Heras son inocentes!

Vamos a intensificar las acciones de lucha y la unidad lograda para conquistar la absolución y la libertad definitiva de los obreros petroleros condenados y derrotar el ajuste y la represión del gobierno kirchnerista, la oposición patronal y los gobernadores e intendentes.

Comité de apoyo por la absolución de los petroleros de Las Heras

Contactos:

Gustavo Lerer delegado del Htal. Garrahan 1555993310

Silvia Zapata CD ATE sur L. de Zamora 1168998852

Karina Almirón Htal Posadas 1134317427

Susana Ancarola CD ATE sur 1536055576

Mariela Pozzi Delegada Telefónica 1159613194

Fuente: http://anred.org/spip.php?article7357

 

 

 

Preguntémonos cómo podemos hablar de "gobierno de los derechos humanos" cuando prefirió convertirnos en país pagador serial de los estafadores y lo hizo desmantelando tanto al sector público como a ANSES. Cuando consolidó la tercerización o superexplotación laboral y es cómplice del asesinato de Mariano Ferreyra.

Es hora de articular todas las luchas abajo en afirmación de derechos humanos:

 

 

Desapariciones de ayer y de hoy
22 de marzo de 2009

El pasado viernes 20 de marzo se realizó en el estacionamiento recuperado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires una actividad que propuso como eje del debate las desapariciones tanto en dictadura, como en democracia. Desde las 17, con una instalación de fotos, collages y teatro comenzó a prepararse la muestra "1976- Desapariciones hoy como ayer- 2009". Luego, a las 20, comenzó la charla en la que las disertantes fueron Vanesa Arruga, hermana de Luciano, desaparecido por la policía hace más de 40 días, Maria del Carmen Verdú de CORREPI, Alejandra Oberti, docente de la UBA, miembro de Memoria Abierta, Fabiana Tuñez, de la Asociación Civil La Casa Encuentro y Victoria Freire por Socialismo Libertario.

"Queremos recalcar que esta actividad se está llevando a cabo en el estacionamiento de esta Facultad de Sociales (sede Marcelo T. de Alvear), que llevó al movimiento estudiantil a estar desde comienzos del año aquí plantados, peleando en contra de una orden de desalojo que bajó de Rubén Eduardo Hallú, el rector de la Universidad.

Los estudiantes estuvimos acá firmes, defendiendo un espacio recuperado como un espacio al servicio de los estudiantes y de la comunidad universitaria en general, el espíritu de todas las fuerzas de esta facultad y de los estudiantes es que este espacio se llene de contenido político, cultural, social de solidaridad, y por eso desde la organización de esta actividad decidimos que la misma se desarrolle en este espacio."

De esta forma comenzaba una estudiante la presentación de la charla debate con diferentes panelistas, en el marco de la proximidad del 24 de marzo, cuando se cumple el 33º aniversario del golpe militar. 

Pero antes, en la actividad denominada "1976- Desapariciones hoy como ayer- 2009", desde las 17 estaba preparada una instalación artística y una pequeña puesta en escena de una obra que simulaba el secuestro y desaparición de una chica.

El genocidio de la década del 70, las mujeres desaparecidas por las redes de prostitución ilegales en la actualidad y los diferentes casos de gatillo fácil y represión institucional y policial fueron los ejes de la charla. Aquí, lo más destacado de las diferentes intervenciones de las expositoras.

Vanesa, hermana de Luciano

Creo que la mejor manera de empezar esta charla es contando la primer experiencia que tiene mi hermano con el destacamento de Lomas del Mirador. El 21 de septiembre a mi hermano lo paran a las 9 de la mañana, lo llevan al destacamento y le pegan brutalmente. Lo amenazan con llevarlo a una comisaría de la calle Quintana, el destacamento depende de esta comisaría y lo amenazan con llevarlo ahí, donde hay violadores. Le dicen que va a terminar en un zanjón. A mi hermano, siendo menor lo largan a las 8 de la noche, estaba desde las 9 de la mañana detenido. Cuando está saliendo lo primero que le dice mi hermano a mi mamá es que le habían pegado. Mi mamá pide nombre y apellido de las personas que estaban en ese momento en el destacamento, se niegan a darle sus identidades y después de eso, ese mismo día nos acercamos al policlínico de San Justo. Mi hermano tenía golpes, tenía dolores en el cuerpo.

Al otro día comenzaron las persecuciones a Luciano, no podía caminar por ningún lugar lo paraban siempre, lo amenazaban, le pusieron un arma a la altura del pecho y le dijeron que se lo iban a volar. Cuando mi hermano desaparece el 31 de enero lo primero que hacemos es ir a buscarlo cuatro veces seguidas al destacamento, las sospechas estaban precisamente sobre la policía de ese lugar. 35 días duró la incertidumbre de mi familia, porque no sabíamos absolutamente nada de Lu, a pesar de que muchos vecinos habían escuchado en una plaza muy cerca de su casa que mi hermano gritaba que no iba a agarrar algo que ellos estaban obligándolo a agarrar. Después de eso vinieron los golpes, lo subieron entre dos policías arriba del patrullero, se lo llevaron al destacamento donde una persona lo vio. Esa persona pudo tener contacto con alguien que se acercó hasta la fiscalía para poder declarar esto, o sea a mi hermano lo habrían golpeado brutalmente, lo habían matado a golpes y hasta el día de hoy no sabemos que fue lo que sucedió después de haber sacado a mi hermano de ese lugar, si mi hermano esta hoy vivo, si está muerto.

Después de eso, nos dimos cuenta de todas las irregularidades que había detrás de lo que fue la detención de mi hermano. Al primer pedido de habeas corpus que presentamos, el destacamento no informa de la detención de mi hermano y en el libro de allí no consta su ingreso. Ahora la causa la está llevando una nueva fiscal, porque durante 35 días la causa estuvo totalmente parada. Las primeras informaciones que aparecen en relación a dónde podría estar mi hermano apuntan a desviar la investigación, a mi hermano se lo buscaba suponiendo que podía estar con alguien o que se trataba de un secuestro extorsivo, cuando nosotros ya sabíamos que a mi hermano seguramente lo habían detenido estos tipos. Afortunadamente sale el dato de esta persona, que nos da la posibilidad de poder encarar la investigación como realmente se tendría que haber encarado de entrada, que es poniendo toda la atención en ese maldito destacamento que fue puesto hace un año a pedido de los Vecinos en Alerta (VALOMI) y cuyo representante, Gabriel Lombardo, cuando esto empieza a tomar cierta difusión, sale a decir a los medios que mi hermano era un villerito que tenía diez mil causas.

Cuando mi mamá realiza la denuncia (lo primero que hace es hacer la denuncia sin saber que en el mismo lugar habían detenido a su hijo) le pregunta al policía que la atiende en ese momento si tenía que llevarse una copia, esta persona le dice que no, mi mamá se retira, y cuando yo me acerco a la noche a retirar la denuncia habían agregado una serie de cosas, como por ejemplo que mi hermano era adicto a la marihuana y tenía antecedentes de robo. Por eso a los que preguntaban por la causa de mi hermano les decían que tuvieran en cuenta que este pibe tenía antecedentes y era adicto, como para que no se investigara lo que había ocurrido con Luciano.

Ahora la causa se está moviendo un poquito más, se está investigando. Lo que necesitamos nosotros es que esto cobre difusión, porque desde el momento que tenemos el dato de que mi hermano estuvo detenido comenzaron a aparecer los aprietes de cobardes que no dan la cara, amigos míos fueron perseguidos por autos, les hacen gestos, a mí me han seguido en una oportunidad también. Hoy me acabo de enterar de un dato de otro chico que estuvo detenido en el destacamento también. Lo habrían golpeado, le preguntaron si conocía a Luciano, el chico respondió que no y le dijeron que averiguara lo que pasó con Lu, que él iba a terminar de la misma manera. Hoy lo que hacen es presionar a todos los chicos del barrio, los quieren detener por cualquier pavada que se les ocurra, los pibes son de un barrio humilde, tienen miedo, están muy solos la gente del barrio está muy desprotegida, necesitamos protegernos mi familia y amigos que nos están acompañando, para que estos tipos no sigan manejándose con esta impunidad, tratando de meternos miedo, queremos encontrar a Luciano y ésta es la mejor manera, difundiéndolo y tratar de lo que le pasó a mi hermano no vuelva a pasar con ningún otro pibe de barrio.

Victoria Freire

La primer pregunta de mi intervención es ¿dónde está Luciano Arruga? Ya lleva 40 días desaparecido, sabemos que la policía está implicada, que fue golpeado y también sabemos que estuvo en esta delegación creada hace sólo un año en Lomas del Mirador.
Hay una característica de los medios, que es la misma en dictadura que en democracia que es ser selectivos y manipular la información es importante destacarlo, por el rol que nos compete a nosotros la difusión de este caso, poder difundirlo, colaborar con su comunicación.

Es un caso entre cientos de pibes y pibas de barrios humildes cuyas desapariciones no se conocen. Son casos que no toman relevancia, no son importantes para la agenda política ni para la agenda de los medios de comunicación. Estamos en un contexto de la mediatización de este reclamo por la inseguridad, de mano dura, de pena de muerte incluso que está acechándonos en las pantallas y en los diarios. Yo quería preguntarme qué es la inseguridad. Qué es la inseguridad para Luciano, que fue desaparecido por la policía, golpeado por la policía. Para Luciano la inseguridad es la policía, es el aparato represivo. Qué es la inseguridad para Marita Verón, que hace siete años está desaparecida, cuya causa ha sufrido numerosos obstáculos por el rol de la policía, con el amparo de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Qué es la inseguridad para Julio López, la inseguridad es el aparato represivo de la dictadura que sigue aún operando, que lo hizo desaparecer una vez y lo hace desaparecer de nuevo por declarar contra el genocida Etchecolatz. Qué es la inseguridad para Otoño Uriarte, se sabe a través de las escuchas telefónicas que están implicados en su desaparición para las redes de prostitución el oficial César Cayumil y el subcomisario Moisés Rodríguez. En las escuchas se habla sobre la venta, la selección de Otoño. La inseguridad para ella son las redes de trata, las redes de proxenetas que existen y que hicieron que a sus 15 años ella fuera secuestrada y asesinada. Su cuerpo apareció en una localidad del Sur, en una zanja. Qué es la inseguridad para Andrea López, la inseguridad es su pareja, Víctor Purreta, entregador, proxeneta, golpeador. Y la policía también, que no ha tomado ni una de sus denuncias antes de sudesaparición para las redes de prostitución. 

La policía tiene el nefasto mérito de aparecer en todos los casos de desapariciones y ésta es la primera vinculación que yo quiero señalar respecto de las desapariciones de ayer y las desapariciones de hoy. Que es el aparato represivo del estado que continúa vigente y por la impunidad se mantiene vigente y se materializa en los secuestros, en los negocios, en la tortura, en la violencia y en las complicidades. Ayer ese aparato represivo del estado hacía desaparecer a los militantes sociales y políticos, a los trabajadores y trabajadoras, a los estudiantes, hoy hace desaparecer a otras personas con los mismos métodos, con el secuestro, con las violaciones, con el silencio, no es una banalidad decir que en democracia hay desaparecidos al igual que en la dictadura, el miedo y el silencio ocultan esa trágica verdad y proponen a la sociedad un autismo político y social. Entonces cómo es posible que en el país del Nunca Más y de los escraches a los genocidas esto salga a la luz y no pase nada, cómo es posible que todo esto siga sucediendo en el país de las madres y las abuelas de plaza de mayo, en el país que condenó la expropiación de bebés y pidió que sean crímenes que jamás prescriban.

Cómo es posible ligar las desapariciones políticas de la dictadura o la misma desapariciónde Julio López, con los casos de mujeres desaparecidas para las redes de prostitución o los casos de gatillo fácil. Quienes organizamos esta actividad estamos convencidos de que es posible relacionar estos casos, no sólo por el nexo que hay entre los métodos utilizados ayer y hoy. Sabemos que no es lo mismo un desaparecido político que una chica esclavizada sexualmente, pero tampoco queremos establecer una jerarquía entre todas estas vidas y desapariciones, pero si el poder y los medios de comunicación los presentan como casos aislados, si los dispersan y los esconden debajo de las páginas sobre robos e inseguridad, nosotros queremos que salgan a luz y queremos reunirlos porque nunca los vamos a aceptar como casos aislados, estamos convencidos que deben ser una misma causa.

Maria del Carmen Verdú

Esta charla agrupa una serie de temas que tienen hilos en común, y por sobre todas las cosas tiene protagonistas en común: el aparato represivo del estado. Esto tiene su historia.

Para los jóvenes que por una cuestión generacional han tenido la suerte de no vivir la dictadura, a veces existe una imagen que no es casual que no es inocente sino que está perfectamente premeditada e instalada de que lo que ocurrió en la Argentina entre el 76 y el 83 fue el resultado directo de que acá había una banda de gente espantosa malísima que disfrutaba violando torturando matando secuestrando tirando gente de los aviones, sin ton ni son, y que afortunadamente se fueron en 1983 abriendo paso a la vida democrática en la que también existen el gatillo fácil, las desapariciones la tortura las detenciones arbitrarias, pero que en definitiva también son el resultado o el efecto de algunos malos funcionarios reclutados por error o por algún psicópata que quedado suelto por allí, en fin nada que no se pueda solucionar con una buena purga a fondo, y así poder disfrutar de nuestra vida en libertad y democracia. Esto es una absoluta mentira, en primer lugar porque la política represiva del terrorismo de estado de la dictadura lejos de ser la simple iniciativa de un macabro grupo de personajes que se despertaron una mañana y dijeron vamos a desaparecer 30.000 personas fue simplemente la implementación de una política concreta que era necesaria imprescindible, para poder reponer el estado de cosas garantizar la gobernabilidad por sobre todo neutralizar, aniquilar como decía aquel famoso decreto anterior del año 75, toda posibilidad real de cuestionamiento al sistema y lo cierto es que lo lograron fuimos derrotados, y pudieron asegurar su gobernabilidad y una vez garantizadas las condiciones para seguir y profundizar la explotación quedaba un solo problema pendiente, que era el tema de la legitimidad y eso tampoco fue un invento de un grupo de militares argentinos que un día dijeron bueno, basta de generales borrachos, ahora vamos a traer un señor de traje, educado, que sepa hablar frente a un micrófono, preferentemente abogado, que se recite el preámbulo de la Constitución en cada intervención pública, sino que si ustedes miran lo que pasó a lo largo de todo el continente se darán cuenta de una política sistemáticamente aplicada dirigida desde los centros de poder en ambas etapas, la instalación primero de las dictaduras y su conversión posterior a las democracias restringidas o condicionadas que tenían esa función esencial de recuperar la legitimidad de las instituciones, garantizar el consenso para así profundizar lo que las propias dictaduras no pudieron hacer.

En esa etapa que se llamaba la primavera alfonsinista la primavera democrática por los 80, es más o menos cuando empieza a existir la organización a la que yo pertenezco, la CORREPI, fines de los 80 cuado ya ese sueño de la democracia agonizaba, cuando ya se incrementaba la pobreza, se sucedían los distintos hechos represivos a pesar de la absoluta invisibilidad pública y ahí es cuando empezamos a prestar atención a esos titulares de diarios que solían poner sintéticamente "joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden", siempre igual, siempre en las páginas policiales, jamás en las políticas, y preferentemente de los diarios más amarillos, y que pasaba que cuando apenitas una rascaba la superficie lo único que quedaba como verdad de ese titular, era que efectivamente estábamos frente un joven morocho, pobre, habitante de alguna de las barriadas más vulnerables, oprimidas de los centros urbanos que habían sido fusilados, muertos por personal policial. En aquellas épocas no había como ahora la intervención de otras fuerzas de seguridad ni prefectura ni gendarmería participaban del patrullaje urbano como sí lo hacen desde mediados de los 90.

Lo que empezamos a tratar de entender y reflexionar en aquellos años era cómo vincular este tipo de hechos, donde encontrábamos una cadena de encubrimiento, armas u objetos vinculados a otros delitos plantados para desacreditar y culpabilizar a la victima, pericias fraguadas, etc, todo un armado tendiente a buscar la impunidad, que señalaba que no estábamos ante el hecho aislado, o la manzana podrida, o el loquito suelto, sino una política, y una política de estado porque quien la está implementando era el brazo armado del sistema y ahí empezamos a comprender que aquel recambio de la dictadura por la democracia de la coerción directa del terrorismo de estado por la búsqueda de consenso que incluso está documentado como línea del propio departamento de estado yanki en documentos como Santa Fe I y Santa Fe II donde se pautan los 3 ejes fundamentales a partir de de fines de los 80 y principios de los 90 acerca de la gobernabilidad democrática, por supuesto el libre comercio y la cooperación militar que son el eje central sobre el cual se apoya toda la política exterior norteamericana y se organizan las cumbre de presidentes, de ministros del interior o de seguridad, etc. 
Veíamos que esa reconversión teniendo en cuenta el nivel de confrontación que había alcanzado la lucha de clases en las décadas anteriores que se sintetiza en el titulo de este famoso libro que tanto ha dado vueltas por nuestro país, Nunca Más, nunca más que? Nunca más cuestionar el sistema, dentro del sistema democrático todo, fuera nada.

Y para eso lo que es necesario, cuando falla la imposición de consenso es ejercer el control social el disciplinamiento. Y cómo se logra el control social, precisamente sobre esas grandes mayorías que van a hacer paulatinamente más expoliadas, más explotadas, pues únicamente a través de la imposición de una suerte de terror social pero que no sea percibido como tal porque no hay represión más eficaz que la que no parece represión, la que parece incluso consentida por el propio oprimido.

Alejandra Oberti, docente de la UBA

Invito a pensar entre todos y todas qué tiene este 24 de marzo todavía de vigente. Por qué hablamos en la Argentina de hoy de la memoria del terrorismo de estado, cuando en realidad tenemos una cantidad de problemas que tienen que ver con violaciones a los Derechos Humanos que son actuales y vigentes, y pienso en violaciones ejercidas por las fuerzas represivas, pero también de violaciones a los DD. HH más elementales, como son el derecho a la vivienda, la salud, al trabajo, los problemas de pobreza y de hambre, que vivimos hoy en la Argentina. Entonces es una pregunta que no podemos evitar que surja muchas veces cuando tratamos de rememorar y pensar sobre las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el terrorismo de estado durante esos años en que la Argentina fue gobernada por una de las tantas dictaduras militares, qué nos queda de ello y por qué tenemos que seguir pensando en eso todavía hoy.

Desde una perspectiva más política y más social podríamos preguntarnos en qué medida lo que sucedió durante la dictadura en una sociedad como la argentina puede volver a suceder. Hay una frase que Marx toma de Hegel que es que "la historia se repite", hablando de determinados hechos, "una vez como tragedia y la segunda vez como comedia o como farsa". Yo quisiera tomar la idea general de esa repetición en la historia, para preguntarme con ustedes qué significa la repetición en la Historia, particularmente con esto que nos convoca, que es hablar de violaciones a los DD HH.

Yo me atrevería a decir que las violaciones a los DD HH ocurridas durante la dictadura no se repiten tal cual y ahí esta justamente esta astucia de la Historia de la cual Marx advierte con tanta agudeza y otros autores también. Tiene que ver con que la Historia no se repite del mismo modo, entonces podríamos decir o podríamos suponer que otro 24 de marzo de 1976 con las mismas consideraciones, con un golpe de estado dado del mismo modo por unos militares tomando el poder, unos centros clandestinos de detención que hacen desaparecer personas de una determinada manera, difícilmente volvieran a suceder tal cual. Sin embargo no es ésa yo creo la lección que debiéramos extraer de la memoria de la dictadura, sino precisamente la idea de que la repetición no es la repetición de lo mismo, sino que es la actualización de esa represión, de ese autoritarismo, en otras circunstancias y en otra forma de aparición social. Que cuando hablamos de la represión policial en la democracia esa represión no es lo mismo que lo que sucedió en la dictadura pero sí es una actualización de formas muy arraigadas de autoritarismo y de una cultura política que existe en la Argentina y que habilitó a que pueda suceder el 24 de marzo de 1976 y habilita entonces también que existan estos casos de represión policial.

Una de las expresiones más claras de ese autoritarismo y de esa forma de cultura política que existe en la Argentina es algo que repetimos y decimos permanentemente desde el año 84 en adelante: "El no desmantelamiento del aparato represivo", frase que de tanto repetir puede que suene a una frase vacía. Tiene su actualización día tras día, cada vez que uno de estos hechos que estamos denunciando aquí suceden. Quisiera retomar otra cuestión vinculada a lo que no se desmanteló y no se desarmó durante la dictadura y que provoca otra forma de actualización de esa cultura política autoritaria, que es el aparato judicial. Durante la dictadura no sólo hubo fuerzas represivas que actuaron provocando secuestros y tortura, el asesinato, la desaparición de militantes sociales políticos y de cualquier persona que contestase al sistema de alguna manera. No sólo hubo eso sino que hubo otros sectores sociales que hicieron el golpe, que pidieron el golpe y se comprometieron de alguna manera y hubo una parte del aparato judicial que trabajó legitimando muchas de esas prácticas, o sea, respondía habeas corpus que se presentaban de la misma forma que ahora responde los habeas corpus por los casos de violencia policial. Así como el aparato represivo no se desmanteló, esos jueces tampoco se movieron y podríamos decir que de alguna manera continúan hasta hoy. No porque esos jueces estén en funciones, muchos fueron retirados por casos de corrupción, otros se jubilaron. Sin embargo esos mismos jueces son los que formaron la camada de jueces que vinieron con posterioridad, son muchos de los jueces que están hasta ahora en ejercicio. 

Por otra parte, quienes estamos cercanas al movimiento feminista sabemos que hay problemas que son eminentemente políticos y esto tiene que ver con la posibilidad y la visibilidad de reconocer a la prostitución como un problema social de primer orden. Qué significa la explotación sexual y por qué puede existir una cosa como la que llamamos trata de personas, no podría existir la trata si no existiera la prostitución como problema, y la prostitución no es un problema personal meramente de decisión de algunas mujeres de vender su cuerpo porque no tienen trabajo o no tienen otra oportunidad, sino que es una parte absolutamente indisociable de una estructura social patriarcal, que no está separada de una estructura social de clase, porque la explotación sexual es un negocio económico de primera magnitud.

Este trasfondo patriarcal y entonces por lo tanto autoritario de esta sociedad tiene una expresión muy clara en la justicia a la hora que un juez no pude ver que existe un caso de explotación sexual. El autoritarismo, la violencia de estado, otras formas de violencia social no se repiten en la historia de la misma manera, no vuelven a suceder del mismo modo, pero sí se actualizan en la medida en que las sociedades no son capaces de pensarse a sí mismas de otro modo, de construir otras estructuras sociales y otras formas de cultura política más democráticas.

Fabiana Tuñez, de La Casa del Encuentro

Desde nuestra posición vamos a hablar de por qué las desapariciones de mujeres y niñas en democracia también deben ser consideradas dentro de las luchas de los Derechos Humanos. Estamos viviendo en la Argentina en una sociedad donde más de 4 millones y medio de mujeres son victimas de alguna forma de violencia, en una sociedad donde 200 mujeres han sido asesinadas por la violencia sexista, en una sociedad donde más de 600 mujeres y niñas están desaparecidas por las redes de trata para la prostitución, en una sociedad donde cientos de mujeres son violadas y abusadas a lo largo y ancho del país. Entonces cabe una pregunta básica, indispensable y urgente ¿qué pasa que la violencia hacia las mujeres no es vista ni considerada también como una cuestión política ni de DD HH? Y ahí pasan varias cosas, por un lado lo que expresaban las otras panelistas, parte de este engranaje que produce la violencia estructural del estado hacia toda la sociedad, pero en este caso en particular hacia las mujeres y las niñas. Entonces ahí también surge otro problema: qué nos pasa como sociedad que así como en el 76 que no nos metíamos, y había una parte de la sociedad que era cómplice de las atrocidades y del genocidio que produjo la dictadura militar, ahora nos está pasando exactamente lo mismo. No le damos entidad al tema de la violencia hacia las mujeres, que se expresa de diferentes formas, violencias sutiles específicas, extremas, y en este contexto la trata y la prostitución, así como los femicidios son parte de esa violencia extrema. 

Entonces por qué ligar las desapariciones como por ejemplo la de Julio López, el caso de Luciano, Marita Verón, Florencia Penacchi, Andrea López, cuál es la diferencia entre alguien que tiene una participación política, como la tiene Julio López, y una mujer desaparecida. Y hay una diferencia, que las desapariciones de mujeres no son de ahora, las mujeres que son victimas de la trata de personas con fines de prostitución no solamente están en el marco del sistema democrático, sino que viene desde los siglos de los siglos. Entonces ahí está el nudo del problema. Lo que decía Alejandra, el tema del patriarcado, de qué manera se consideran a las mujeres como objetos, como cosas que están al servicio de un otro, al servicio de una sociedad. Está naturalizado que a la mujer se las pueda violar, desaparecer, asesinar, tratar, porque total es una cosa. Una mujer no tiene derecho humano, o sea los DD HH para las humanas no existen en este país, no de ahora, desde hace mucho tiempo y ahora se supone en un período donde la vigencia de los Derechos Humanos debería estar, en el caso de las mujeres tampoco está como no lo está en la víctimas de gatillo fácil, en el caso de Julio López, en el caso de las atrocidades que suceden en las cárceles de nuestro país, en el hambre, en la pobreza, y en la marginación.

Nosotras, desde nuestra Asociación, tomamos el tema de las mujeres desaparecidas en democracia aquel 24 de marzo de 2007, donde estábamos pidiéndoles a los organismos de DD HH que convocaran a una movilización para este drama que vive nuestro país y no hubo respuesta, ni siquiera una gestualidad. En la organización y la lucha por apelar a la sensibilización de esta sociedad se convocó a la primera marcha el 3 de abril de 2007, cuando se cumplía el quinto aniversario de la desaparición de Marita Verón. Entonces aquí vamos a admitir otro elemento que es importante para el análisis: la trata de personas mueve anualmente en el mundo más de 32 mil millones de dólares, se lleva la vida de más de 4 millones de mujeres y niñas en el mundo. En nuestro país la trata y la prostitución existen por varios motivos, por las redes de complicidad de los poderes políticos, judiciales, policiales y de gendarmería, porque se siguen sosteniendo lavados la cara y responden a una misma estructura, la misma estructura del ordenamiento y del disciplinamiento social a través de la represión, a través de la desaparición, del asesinato y del secuestro. Pero también hay otro elemento a tomar en cuenta, que es que la trata y la prostitución existen porque socialmente hay una legitimación del consumo de cuerpos y vidas de mujeres y entonces para que exista esto existe alguien que va a un burdel que paga cinco pesos, 20 pesos 100 dólares, mil dólares. Paga por violar, por apropiarse del cuerpo de esa mujer de esa niña y hacer valer su preponderancia y su privilegio de ser un varón consumiendo el cuerpo de la vida de una mujer.

Y allí aparece otro análisis, el tema de la trata la prostitución y de la violencia "es un tema de las mujeres, no es un tema nuestro, no es un tema social, no es un tema cultural, no es un tema político". Allí estamos enfrentándonos en el hoy, a lo que vimos en la performance, donde ese cuerpo en este caso representado en la imagen de una niña, pero que no es solamente porque se consuma prostitución de menores de edad, se consume prostitución de todas las edades y de todos los estratos sociales, evidentemente los sectores más vulnerables están más expuestos al secuestro al engaño, a la desaparición, a la forma estructural que está buscando estas redes mafiosas para llevarse la vida de las mujeres.

Entonces cómo planteamos una construcción social diferente, donde se entienda que existen igualdad de derechos y oportunidades y que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Quizás la respuesta estará dada en función de cómo somos capaces varones y mujeres de deconstruir este sistema patriarcal y machista, donde se legitima la violencia y la apropiación de los cuerpos de las vidas y los deseos de las mujeres, para transformarlo en una vida y en una sociedad donde estos elementos ya no estén especificados como una cosa cotidiana en el marco de nuestras vidas. La violencia, la trata la prostitución también figura en las páginas policiales no es considerada una cuestión política por eso es que para nosotras el tema de la desaparición de mujeres y niñas como están involucrados poderes del estado también tiene que ser un delito de lesa humanidad no solamente para que no prescriba sino para darle la entidad política y de DD HH que debe tener y que necesitamos que tenga.

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La Trata de Personas y el capitalismo.
Ponencia en Primer Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de personas

Alberto B. Ilieff

Pertenencia institucional: - Coalición Argentina contra la Trata y el Tráfico de Personas -CATW Ar- - Red NO a la Trata

Correo electrónico: ilieff2000@ yahoo. es

 

Resumen

El capitalismo como institución social básica organiza la vida económica y a partir de ésta la social, en base a un principio fundamental que es la ley del valor, es decir, la de la acumulación. Este principio rector debe ser conjugado con el concepto de mercado, mercadería y consumo. Dentro de esta teoría el dominio y la explotación convertidos en medios, son elementos constituyentes de la misma. En esta lógica, las personas son incluidas dentro del cálculo económico como ganancia o posibilidad de acumulación, ya sea como mercado-cliente, como hacedor de productos o como mercadería misma Esta exposición buscará mostrar a través de un simple análisis de algunas cifras conocidas, como la trata de personas y la prostitución que le es fundante, son consustanciales con el sistema capitalista y como colaboran para su mantenimiento, mostrando como económicamente resulta ser un negocio sumamente provechoso, y como cumple las reglas básicas expuestas: acumulación y conversión del mundo en un sistema de mercado global. En este régimen globalizado mientras que las personas son impedidas en su libre tránsito por el mundo en busca de mejores condiciones de vida, para otras personas convertidas en mercadería no existen fronteras. Salir de este esquema implicará variar la óptica, privilegiando el hecho humano, los vínculos, la sexualidad, por sobre el mercado, la conversión de las personas en mercaderías y la extracción de ganancia. Introducción Este desarrollo parte de algunas preguntas que han surgido de la consideración de diversos documentos oficiales internacionales, de una muy abundante información producida por organismos gubernamentales o por organizaciones no gubernamentales que incluso aparece publicada en los medios de comunicación masiva. Eso me provocó, entre otras, las siguientes preguntas ¿cómo es que con tanta información los países no han comenzado a hacer lo necesario para llegar a una real abolición? ¿cómo es que del tercer negocio ilegal internacional ha pasado al segundo lugar ? ¿qué sucede con las enormes ganancias obtenidas por los tratantes y explotadores? ¿cuál es la relación existente entre el sistema de trata de personas y la explotación consecuente con el capitalismo? Recordé que al año de dictada la Declaración de los Derechos Humanos, recopilando documentos anteriores, Naciones Unidas saca el Convenio contra la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena – ratificado por Argentina., lo cual nos está diciendo que ya desde comienzos del siglo pasado el tema era conocido y de tal importancia que ameritó la intervención de la ONU y fue objeto de uno de sus primeros planteos de derechos humanos. Entonces, ¿por qué durante un siglo los estados no hicieron nada? o, por el contrario, permitieron y facilitaron la trata de personas.

I CIFRAS GENERALIDADES (…)

América Latina

En América Latina se calcula que entre 700 mil y 2 millones de personas son víctimas de trata por año, la que es motivada por demanda interna e internacional. Los centros mas activos de captación están localizados principalmente en Brasil, Surinam, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, República Dominicana y las Antillas, y más recientemente en México, Argentina, Ecuador y Perú. Las regiones de América Central y el Caribe experimentan un creciente tráfico y trata de mujeres, niñas y niños para explotación sexual. Desde estos países son llevadas hacia los centros de distribución ubicados en países ricos como Estados Unidos y del hemisferio norte, principalmente Europa (España, Grecia, Alemania, Bélgica y Holanda), medio oriente (Israel) y Asia (Japón). Se estima que anualmente, cerca de 100 mil mujeres y adolescentes provenientes de estos países son conducidas con engaños y falsas promesas de empleo a Estados Unidos, España, Holanda, Alemania, Bélgica, Israel, Japón y otros países asiáticos. Según cifras de la Dirección General de la Guardia Civil española alrededor del 70 % de las víctimas de trata en ese país son mujeres provenientes de América Latina. En Japón, cada año por lo menos 1.700 mujeres de Latinoamérica y el Caribe son tratadas como esclavas sexuales; incluso, otros estudios mencionan que alrededor de 3.000 mujeres mexicanas ejercen la prostitución en ese país luego de ser reclutadas por redes de tratantes. Otra modalidad que se ha venido evidenciando en la región es la adopción de mujeres y niñas. En 1991, cerca de 1.000 peruanas fueron llevadas a Holanda mediante mecanismos de adopción simulada. La víctima entra legalmente al país, pero su “padre” la somete a condiciones de trabajo abusivas o a explotación sexual. Estas mafias se aprovechan de la vulnerabilidad femenina y la pésima situación económica que viven estas mujeres en sus respectivos países. Entre los países más afectados de Latinoamérica se encuentran Colombia y la República Dominicana: entre 50 mil dominicanas y 70 mil colombianas son explotadas por las redes de Estados Unidos, Europa, Asia y Japón. Chile se presentó en 2006 y 2007 como país de destino para un 40% de mujeres argentinas, 37% mujeres uruguayas, 25% de peruanas, 24% de colombianas, 18% venezolanas, 15% de chinas y un 12% de dominicanas, brasileñas y ecuatorianas. .

 

Argentina es parte de un circuito internacional del crimen organizado. Se traen mujeres paraguayas, y son llevadas argentinas a Chile, Bolivia, Colombia, España Hay rutas internas en la trata de mujeres y niñas destinadas a la prostitución. Salta, Jujuy, Chaco, Catamarca y sobre todo Misiones, son los principales proveedores de menores para la prostitución. Son las provincias donde se captan y reclutan con más facilidad niños y jóvenes, a los que se lleva a diferentes puntos del país. Las rutas más conocidas son: de Misiones a Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y al sur del país; de Tucumán a La Rioja, de Chaco y Santa Fe a Córdoba, de todo el noroeste a Chubut. .

 

Si nos referimos muy brevemente a la esclavitud laboral las cifras son también contundentes. Entre 100 mil y 130 mil personas son victimas de la trata internacional solo en la Republica Argentina, de ellos la mayoría son bolivianos, cuyo destino laboral son las quintas de producción de hortalizas, los cortaderos de ladrillos, los talleres ilegales de costura y las obras en construcción El la provincia de Buenos Aires, descubrieron en un establecimiento avícola, de producción de huevos, a decenas de bolivianos reducidos a esclavitud, los niños desde los cuatro años tenían que trabajar desde las seis de la mañana y cumplir su cuota de recolección de huevos para dejarlos ir a la escuela, a los varones les imponían pesadas tareas que solo podían cumplirse con el concurso de sus esposas e hijas, quienes no cobraban nada; los obligaban a cocinar con los pollos que se morían de enfermedades o aplastados y no podían salir del establecimiento por que habían electrificado la alambrada perimetral. Las jornadas de trabajo superaban las catorce horas por día, trabajo en negro sin ninguna cobertura para la salud ni de la previsión social. Los patrones y capataces hacían de médicos y les suministraban aspirinas para cualquier enfermedad. Trato despótico y poca paga. Hacinados en cuartuchos miserables y sin muebles sufrían los rigores del clima. (…)Debemos entender que en esta etapa de desarrollo el capital se ha vuelto una abstracción una fuerza centrípeta que todo lo atrae y lo convierte en mercadería. La historia ha terminado, salvo la libertad, los valores han caído y con ellos los derechos humanos, aunque también liberales, o por el hecho de ser liberales, se han vuelto relativos. En este juego las personas son constituidas ya sea como consumidores, como productores atados a una línea sin comienzo, o como mercadería misma. La trata de personas es la concreción más clara y extrema de todo esto: la persona es arrancada de su humanidad sociohistórica y es puesta en el mercado, comprada, vendida, alquilada. Su cuerpo ya no es su condición de humanidad, de estar en la tierra, sino una serie de curvas, redondeces y orificios con precio –variable según el cliente o el barrio- dispuestos para quien tenga capacidad económica, o es convertido en pieza desechable ligada a una máquina o un sembradío, cuando no en un recipiente contenedor de órganos que pueden ser vendidos. Al mismo tiempo la trata sirve como forma de contención de las demandas salariales del trabajador no especializado. Los requerimientos de mano de obra pueden ser cubiertos no mediante ofertas salariales o mejores condiciones laborales, sino simplemente con trabajadores esclavizados, a la par que esto baja costos y aumenta el margen de ganancia.

 

En la actualidad también el traslado de personas sigue la misma ruta que las materias primas, de los países o zonas empobrecidas a los enriquecidos. Claramente se ve la globalización en acción, mujeres latinoamericanas pueden ser halladas en europa o asia; africanas en europa, asiáticas también en ese continente o en américa del norte. La trata cumple muy efectivamente su función favorecedora del ingreso de determinados países que ven incrementado el flujo de divisas mediante el turismo sexual. Turistas estos con poder económico que llegan a buscar lo que no obtienen en sus países, ya sea por lo exótico o por la edad. En todos estos simples ejemplos vemos que se mantiene una lógica, que es la de obtención de un producto económico. Si tenemos en cuenta que las cifras estimadas, y seguramente conservadoras, dicen que anualmente esta actividad produce 32 mil millones de dólares, se calcula que cada persona sometida a prostitución puede generar más de mil dólares mensuales, es interesante preguntarnos qué sucede con todo este dinero. Cuál es su destino. Gran parte de este dinero es volcado en sobornos y dádivas, en una corrupción que podríamos llamar estructural porque cabe en la cuenta presupuestaria que hacen los estados para asignar recursos. Esta corrupción no implica menor ganancia ilegal, por el contrario, garantiza el juego y la continuidad de la trata y la explotación. La parte del dinero que no es afectado a la actividad del tratante mismo, es blanqueado a través de negocios legales o derivado para el mantenimiento de otros ilegales. En último término, todos estos caminos terminan en que el dinero es volcado nuevamente al mercado, esta vez legal, produciendo nuevos negocios. Es una cantidad lo suficientemente importante como para ayudar no sólo a la economía de determinados países, sino que provee, sobre todo la explotación prostitucional, un muy rápido e importante ingreso de ganancias. En definitiva, la trata de personas y la explotación que le es inherente, antes que, por su ilegalidad pueda ser entendida como una actividad antisocial y atentatoria al orden económico imperante, debe ser comprendida como totalmente integrada al mismo, como una parte importante del capitalismo neoliberal al que adhiere en su totalidad. No solamente pertenece al mismo por filosofía, política y economía, sino que es un pilar importante para su mantenimiento y actual desarrollo. La prueba es que la trata de personas crece aceleradamente, y se ha constituido en el segundo negocio ilegal del mundo. Es por este motivo que siendo desde hace más de un siglo una actividad conocida los estados han tomado el cuidado suficiente de no interferir en su funcionamiento. Fuente: http://agendadelasmujeres.com.ar/pdf/Ilieff.pdf

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El negocio de la trata en la ruta del petróleo

 21 de abril de 2010

Por OPS.- “ “El sur del país es un enorme prostíbulo”, dice Mercedes Assorati, Coordinadora General del Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro. Inmediatamente añade: “Esto tiene una raíz histórica, tiene que ver con el desarrollo de la industria petrolera y con la presencia de hombres solos que estaban largos períodos de tiempo en lugares donde no había mujeres. Ahora esto cambió un poco pero es como una impronta cultural. De manera que la existencia de prostíbulos en el sur es centenaria y está directamente vinculada a la industria petrolera”.

La afirmación de Assorati puede ser cotejada fácilmente. Un caso paradigmático es el de Plaza Huincul. El primer prostíbulo abierto en la localidad fue habilitado a mediados de la década del 20’ y funcionó bajo la tutela de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF): las mujeres que allí trabajaban eran empleadas del Estado. Según cuenta Roberto Villa en el libro Por los caminos del petróleo, la iniciativa -que funcionó hasta los años ’60-  provino del ingeniero Alberto Landoni. “Los días de franco la gente se iba a Neuquén y no volvía, el éxodo era cada vez más grande y fue por eso que Landoni le llevó un proyecto al ingeniero Enrique Mosconi”, afirma Villa. (1)

“La historia se repite en todas partes, con la llegada del petrolero llegaron los prostíbulos y después el pueblo… Es algo asociado con la ciudad y su gente”, ironizó un integrante del Centro de Derechos del Comahue (CeDHCo). “[Rincón de los Sauces] no escapa a la realidad de todas las comunidades petroleras o mineras del país y del mundo, porque ésta es la realidad, o sea esto hace a nuestra identidad también. Por lo general la industria del petróleo genera este tipo de actividades”, dijo el intendente de esa localidad neuquina al diario Río Negro luego de un mega-operativo que intentó rescatar víctimas de trata. (2)

Este fenómeno no fue exclusivo de la industria petrolera sino que se dio en torno a toda actividad productiva que congregara trabajadores varones. Los prostíbulos también llegaron detrás de las guarniciones militares, como es el caso de General Pico, en La Pampa. Incluso el historiador y periodista Osvaldo Bayer, en su investigación sobre la masacre de peones rurales en Santa Cruz, rescata la valentía de las mujeres del prostíbulo La Catalana, que el 17 de febrero de 1922, en Puerto San Julián, se negaron a ‘atender’ a los uniformados que regresaban de asesinar huelguistas.

Trata y estructura prostibularia

Lejos de cualquier interpretación simplista o abordaje ‘romántico’ de la prostitución, sobre las bases de la centenaria actividad crece la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual. “La trata siempre existió en Argentina, lo que pasa que estaba más relacionada con redes locales que con lo que sucede ahora”, apunta Fabina Tuñez, coordinadora ejecutiva de la asociación civil La Casa del Encuentro, de Buenos Aires. (3) “En el pasado el sistema prostibulario en la Argentina tenía los ‘regentes de prostíbulos’, muchos de los cuales eran dueños [de sus locales] y tenían su negocio en la explotación sexual de mujeres. Hoy la magnitud y la naturaleza de este negocio han cambiado substancialmente. Los prostíbulos siguen gerenciados por las mismas personas que hace 10, 20 años, son las mismas redes de antes, pero ahora el control de las mujeres lo tiene el crimen organizado”, explica Assorati.

“Lo que hizo el crimen organizado no fue venir a la Argentina y encarar una guerra para quedarse con todos los prostíbulos, muy por el contrario, lo que hace es negociar las mujeres en el sistema prostibulario existente. Las mujeres están siendo gerenciadas por la Yakuza, que es la mafia japonesa, y la mafia rusa”, señala Assorati. Según un informe sobre trata publicado en 2007 por Fundación El Otro: “Los tratantes en nuestro país utilizan un sistema de ‘plazas’, es decir, alquilan las mujeres a los burdeles por cortos períodos y luego las rotan, por lo que las víctimas permanecen muy poco tiempo en cada lugar”. (4)

“Un tratante nos dijo que dentro de los prostíbulos existían tres clases de mujeres: las locas sueltas -que eran mujeres que se encontraban en situación de prostitución sin ningún proxeneta, chulo o marido, como se llama en la jerga de los prostíbulos-; existían mujeres que tenían marido -que son las gerenciadas por proxenetas, chulos o sus propios maridos reales-; y las que lloran. Y las que lloran eran las víctimas de trata de personas”, destaca Assorati. “La lógica del mercado indica que no va a haber en los prostíbulos más que las que lloran. Porque si el regente del prostíbulo se rige por el interés pecuniario de ganar dinero, por qué va a pagar 50% de la ganancia a una mujer que está en el prostíbulo si puede no pagarle nada. La lógica del mercado indica que va a haber sólo un tipo de mujer que son las víctimas de trata”, subraya la Coordinadora General del Programa Esclavitud Cero.

“Y esto ha ido en aumento, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se hizo un estudio en 2006 y otro en 2009 que indicaron un crecimiento del número de mujeres en situación de prostitución de 4 mil a 10 mil. ¿Y por qué hay esta explosión de la demanda? Por los mismos sistemas de sujeción: las mujeres son obligadas a trabajar sin protección, a consumir drogas, son maltratadas, sometidas a toda clase de vejaciones y ‘la vida útil’ es muy corta”, indica Assorati. “Tenemos en Chubut mucho reclutamiento a partir de la droga, vuelven drogadictas a niñas de 12 y 13 años y después las insertan al sistema prostibulario. Esas chicas duran nada, mueren de sobredosis, mueren muy jóvenes, con lo cual se necesita un recambio más rápido”, detalla.

“La trata antes operaba con los sectores más vulnerables de las diferentes sociedades: con las mujeres más pobres, las mujeres analfabetas, con las mujeres que eran de otros países y no hablaban la lengua”, agrega Tuñez. “En la medida que el consumo de prostitución se empieza a globalizar se genera toda esta cuestión de la mercantilización de los cuerpos y de las vidas de las mujeres, empiezan a haber otras demandas. No sólo se demandan mujeres en situaciones vulnerables, se demandan mujeres ‘exóticas’, mujeres de clase media, mujeres-niñas de clase alta. La trata hoy opera en función de la demanda y el consumo”, recalca.

“En esta ley de oferta y demanda empiezan a secuestrar mujeres-niñas de otros sectores sociales y ahí empieza a explotar la bomba, se empieza a visibilizar algo que era ‘para las mujeres pobres’. ‘La prostitución son mujeres pobres que no tienen otro trabajo, entonces, bueno, está bien que exista. Porque ‘cumplen’ una función social.’ Eso tiene que ver con esta concepción que tenemos como sociedad, desde una cultura 

patriarcal y machista, de las mujeres como objetos de otro. Pero claro, ¿qué pasó cuando de las mujeres pobres pasó a las otras mujeres? Empezó a saltar este tema de la trata de mujeres y niñas”, enfatiza Tuñez.

Por su parte Assorati encuentra otra explicación al cambio de perfil de mujeres y niñas buscadas por las redes de trata para prostitución. “Desde que se hizo la primera investigación el perfil de las víctimas era: mujeres adolescentes, madres solteras, de lugares rurales, con muy bajo nivel educativo. Después se hicieron campañas, se sensibilizó, se informó y entonces ya fue más difícil la captación mediante ofertas engañosas de empleo. Esto llevó a que aumentara el número de reclutamientos a partir de la inducción a la droga y los secuestros”, aseguró en diálogo con el OPS. “No  teníamos [registros de] mucho reclutamiento en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, casi todas venían de Santiago del Estero y Misiones, ahora tenemos mucho reclutamiento en Ciudad y provincia de Buenos Aires de chicas que sacan de los colegios secundarios. O sea que no son chicas en extrema vulnerabilidad, por el contrario, son chicas que van al colegio, que tienen una familia, que tienen una situación media en cuanto a extracción social”, añadió.

Según la coordinadora de Esclavitud Cero los métodos de estas redes van variando a medida que se modifican los escenarios con la sanción de normas o por las campañas que realizan organizaciones de mujeres y de derechos humanos.

Las rutas del petróleo y la soja

“El modelo sojero no sólo produce la contaminación de nuestro suelo y expulsa a las poblaciones rurales hacia las periferias pobres de las ciudades, también agrava la situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas. Basta con mirar los márgenes de los hegemónicos y famosos ‘caminos de la producción’ para encontrar las postales de miseria y olvido apenas iluminadas con las luces de las whiskerías[,] donde los cuerpos de las mujeres son sometidos, violados y explotados comercialmente no sólo por los varones, sino por todo un sistema ideológico y de negocios naturalizado y validado por la sociedad”, escribe Jorgelina Londero en una crónica del III Encuentro Latinoamericano de Mujeres Urbanas y Rurales por la Soberanía Alimentaria, realizado en 2008 en Santa Fe. (5)

La descripción de Londero se condice también con lo que sucede en los márgenes de la industria petrolera. “Todos los lugares donde hay un movimiento de la economía que le permite generar más ingresos y más dividendos [son objetivos de las redes de trata]. Por eso las organizaciones que trabajamos este tema sabemos que mayoritariamente la ruta del petróleo, la ruta de la soja, la ruta del turismo sexual y la ruta de eventos deportivos internacionales o nacionales [están en la mira de estas redes]”, amplía Tuñez. “En el caso concreto del sur de nuestro país es más un lugar de destino, porque [las mujeres y niñas] son traídas de otras provincias y se las explota en las diferentes épocas. Porque además tienen épocas”, aclara. “Cuando hay mayor movimiento de dinero es cuando se traslada a las mujeres para poder aprovechar al máximo el rendimiento, la explotación de estas mujeres.”

A partir de una investigación de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación (Ufase), encabezada por el fiscal Marcelo Colombo, pudo reconstruirse un circuito de trata que va desde Santa Rosa, capital de La Pampa, a la ciudad de 25 de mayo, en el extremo sudoeste de esa provincia; de allí se extiende a la localidad vecina Catriel (Río Negro) y a las neuquinas Añelo, Cutral Co, Plaza Huincul y Rincón de los Sauces. Todas ciudades petroleras. (6)

“El dinero es lo que produce la demanda y la demanda es lo que hace que de la otra parte esté la oferta”, resume Adriana Domínguez, titular de la delegación Córdoba del Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (Inadi). “¿Cómo es la oferta? Secuestrando niñas para la trata o engañándolas para ir a trabajar a esos lugares”, se responde la funcionaria.

-OPS: ¿Ustedes empezaron a notar una proliferación de estas whiskerías y cabarets cuando se da el boom de la soja?

AD: No, whiskerías siempre han existido, lo que pasa es que ahora cambió, quizás, el cliente o ‘mejoró’ la oferta que hace para ese tipo de cliente.

-¿Pero hubo un incremento con el boom sojero?

No se incrementan los negocios [locales], se incrementa la cantidad de niñas que traen para esos negocios, ese es el incremento. Porque en realidad, ya sea para la ruta de la soja o para la ruta de las mineras, por ejemplo, determinadas características que tienen que tener las niñas hace que, justamente, aumente la trata.

-¿Qué características?

Características físicas, concretamente.

-¿Con el boom de la soja que características se fueron dando?

Las niñas cada vez más jóvenes, eso es lo que hemos notado. De hecho, en un allanamiento que se hace casi por casualidad [en agosto de 2008] se descubre en un prostíbulo, en la ciudad de Oncativo, a unas jovencitas de 14, 15 años. A esas chiquitas las habían traído de Santa Fe y las llevaban a [la exposición agrícola] Agro Activa. (7)

El perfil descripto por Domínguez como característico de la ruta de la soja, Tuñez lo extiende a la región patagónica: “Lamentablemente están llevando al sur muchas menores, muchas mujeres niñas. Por lo menos en el último año estamos viendo que hay un corrimiento de las edades hacia abajo, en todo el país, pero en el sur, específicamente, hay un corrimiento de edades hacia abajo, cada vez más chicas”.

Qué implica la trata. La ideología prostituyente

 

 “Nuestro país hoy está en una grave situación. Primero, tenemos un Estado ausente, que no se hace cargo de la desaparición de mujeres y niñas en democracia; tenemos políticas públicas insuficientes; tenemos una sociedad que prefiere de esto no hablar y mirar para otro lado. Entonces vos ves que en un pueblo o en la ruta la gente pasa y dice: ‘¡Ah, sí! Ahí hay una whiskería, un prostíbulo’, y ni se le pasa por la cabeza que ahí hay una mujer en situación de esclavitud”, dispara Tuñez.

Según la campaña Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución la trata de personas “consiste en contactar, reclutar, alojar, trasladar, secuestrar, hacer desaparecer, recibir, acoger, la promoción o facilitación de cualquiera de esas acciones tanto sea dentro del país como el ingreso o salida del mismo, a una o más personas con fines de explotación, cualquiera sea la edad de las víctimas y aunque haya presentado consentimiento. Los fines perseguidos pueden ser: la explotación de la prostitución ajena, trabajos forzados o serviles, esclavitud o prácticas análogas, servidumbre, explotación de la mendicidad ajena, matrimonio servil, extracción de órganos, producción y distribución de pornografía infantil y adulta, turismo sexual, procreación obligada para venta de niñas/os, extracción obligada de óvulos, venta de niñas/os, o cualquier otra forma de explotación”. (8)

En dicha definición subrayan: “El consentimiento de la víctima nunca se tendrá en cuenta y si el delincuente utilizó algún medio: violencia, amenaza, abuso de una situación de vulnerabilidad, etc. o si la víctima es menor de 18 años deben considerarse agravantes del delito y no constituyentes de las figuras legales o definiciones penales”.

“Entender la trata implica analizar en qué contexto se mueve. En primer lugar la trata [en términos generales] es un negocio que mueve 32 mil millones de dólares anuales en el mundo y se lleva la vida [son incorporadas a las redes] de más de 4 millones de mujeres y niñas”, cuantifica Tuñez. “En Argentina, que no hay estadísticas oficiales, según relevamientos que vamos haciendo las ONG’s, en el último año y medio 627 mujeres y niñas están desaparecidas”. (9) Desde 2008 a la fecha Gendarmería Nacional y la Policía Federal liberaron, cada una, a más de 200 mujeres en poder de las redes de trata de personas, la mayoría eran argentinas, paraguayas y dominicanas. (10)

“Estamos ante una realidad que nos ha convertido en un país de origen, tránsito y destino de mujeres y niñas para la prostitución. Las mujeres son secuestradas o engañadas [con diferentes promesas de redituables trabajos], hay diferentes formas en que operan las redes de trata en nuestro país”, describe Tuñez. A estas operatorias de los circuitos locales de trata se suman las mujeres que son traídas de otros países, como República Dominicana, Paraguay, Bolivia, Brasil y, en menor medida, Uruguay.

El informe 2007 de la Fundación El Otro concluye “que en Argentina existe un predominio de la trata interna sobre la internacional y que todas las provincias Argentinas tienen casos de trata detectados. Algunas como puntos de origen, como Misiones, Tucumán, Jujuy y Santa Fe, y otras como puntos de destino, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz, Río Negro y Chubut. También existen provincias en las que coexisten ambas características. Ejemplo de ello es Entre Ríos, donde se detectaron casos de jóvenes reclutadas para ser trasladadas a la provincia de Buenos Aires. Ésta última también fue identificada como lugar de destino de víctimas captadas en la provincia de Misiones. En cuanto a modalidades del reclutamiento, además del habitual engaño, se constató que la práctica del secuestro es común para captar mujeres, particularmente desde la provincia de Tucumán hacia La Rioja. De hecho, en 2006 se han reportado 400 mujeres y adolescentes “desaparecidas” en todo el país, 70 de ellas en Tucumán”.

¿Es lo mismo trata y prostitución? “Hay una misma raíz. La trata y la prostitución van de la mano, juntas. ¿Por qué? Porque ninguna mujer en condiciones de poder elegir con total libertad, elige la prostitución; hay distintas circunstancias que la llevan a la prostitución”, afirma Tuñez desde una posición abolicionista -hay organizaciones de mujeres que consideran que la prostitución es un trabajo si se ejerce de manera voluntaria y para beneficio propio. “Siempre que hay prostitución hay un proxeneta, hay un fiolo, hay un cafisho, hay alguien que explota lo que esa mujer ‘gana’”, agrega.

“La prostitución se inscribe en las relaciones de opresión patriarcales, que colocan a los varones del lado del dominio y a las mujeres de la sujeción. La pregunta no es, ¿por qué las mujeres ingresan a la prostitución?, sino: ¿por qué tantos varones compran cuerpos de mujeres y niñas para satisfacción de su sexualidad?”, plantea la campaña Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución.  “Las mujeres no ‘se prostituyen’, son prostituidas por clientes y proxenetas protegidos por el Estado, compelidas por la necesidad económica, por presiones de todo tipo, por la violencia material y simbólica, por costumbres e ideas contenidas en los mensajes culturales que consideran que las mujeres de todas las clases sociales somos objetos disponibles para satisfacer supuestas ‘necesidades’ de varones de todas las clases”, afirman en la publicación ‘Una perspectiva abolicionista sobre la prostitución y la trata’. (11)

“Para mí es un negocio como el que hacía antes, como comprar y vender vacas”, declaró Jorge Ullrich, sintetizando como nadie la ideología de la trata. Ullrich es dueño de El Rancho, uno de los cuatro cabarets que funcionan en 25 de Mayo, La Pampa. En junio de 2009 tuvo el dudoso privilegio de ser el primer procesado por violación a la Ley de Trata, sancionada en 2008. En esa causa la fiscal Ana Laura Ruffini pidió también el procesamiento del intendente de la localidad, David Bravo, y de dos funcionarios municipales, por autorizar en funcionamiento del local nocturno. A fines de marzo la Justicia dictó la falta de mérito para el jefe comunal, decisión que fue apelada por Ruffini. (12)

La legislación

1913. Ley 9143 que penaliza el lenocinio (proxenetismo), por iniciativa del diputado socialista Alfredo Palacios.

1937. Ley 12331 de Profilaxis de enfermedades venéreas, en el artículo 17 castiga a quienes sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia

1957. Argentina ratificó, mendiante la Ley 11.925, la Convención para la represión de la Trata de personas y la Explotación de la prostitución ajea, aprobada por la ONU en 1949.

2000. Protocolo para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños (protocolo de Palermo). Ratificado por Argentina en 2002. [Hay críticas a esta norma porque las mujeres mayores de 18 años deben probar que no ejercen voluntariamente la prostitución.]

2008. Ley 26364 “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”. [Críticas porque las mujeres mayores de 18 años deberán probar que no dieron su consentimiento.]

Además de las leyes y convenios mencionados existen otros tratados internacionales de derechos humanos aplicables, como la Convención contra la Esclavitud (1926), la Convención Complementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas (1956), el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Civiles y Políticos (1966) y la Convención contra toda forma de Discriminación de la Mujer (1975).

Sin condenas

En diciembre de 2006 la Organización Internacional de Migraciones (OIM) publicó el Estudio exploratorio sobre la Trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina, Chile y Uruguay. El informe destaca “la escasez de hechos judicializados y que todos ellos se iniciaran a partir de la denuncia efectuada por alguna mujer que ha logrado escapar de un prostíbulo o avisar a alguna persona”. El documento también refirió a la “falta de legislación adecuada”, la inexistencia de estudios, la escasa capacitación y la desidia de los funcionarios que no efectúan investigaciones serias. Además subraya “la connivencia policial y política, que en muchos casos dificulta las investigaciones y los procedimientos”.

Pasaron casi dos años desde la publicación del Estudio hasta la sanción de la Ley de Trata y un lapso similar desde la aprobación de la norma al presente. A fines de marzo el fiscal Marcelo Colombo, en declaraciones a la emisora pampeana Radio Noticias, de Santa Rosa, sostuvo que desde la sanción de laLey de Trata hubo 55 procesamientos firmes por ese delito y dos sentencias condenatorias. (13)  En aquella oportunidad mencionó un juicio oral que se desarrollaba en Comodoro Rivadavia,  finalmente en esa causa dos personas fueron condenadas a 18 años de prisión. (14)

 

Reglamentaciones

En 2007 la legislatura riojana sancionó una ley que ampara los prostíbulos. Según la Procuración General de la Nación, es la única provincia que protege a ese nivel la explotación de la prostitución ajena en locales habilitados, en otras regiones del país el aval político se da a través de ordenanzas municipales. En febrero último el fiscal Colombo pidió al juez federal Daniel Rubén Herrera Piedrabuena que declare la “inconstitucionalidad” de la norma, por violar la ley nacional 12.331 que prohíbe “las casas de tolerancia” en el territorio argentino. También pidió que ordene la clausura y cierre de los prostíbulos registrados en la capital provincial.  (15)

En su presentación, el titular de la Ufase señaló que la ley riojana está en “franca contradicción” con el convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena de 1949, aprobado por Argentina por ley 11.925 del 30 de septiembre de 1957. A pesar de la existencia de diferentes herramientas jurídicas como las citadas, en diferentes ciudades se debate sobre la conveniencia o no de reglamentar  actividades que sirven de pantalla para el funcionamiento de prostíbulos y plataforma para la trata, como sucede actualmente en Neuquén Capital (16) y en Comodoro Rivadavia (17). En el caso de esta última, tras un operativo que incluyó el allanamiento de 7 departamentos VIP’s, el ministro de Gobierno de Chubut, Miguel Castro, dijo al diario El Chubut que, “este fenómeno se está registrando ‘en toda la provincia’” y que “hay que establecer alguna regulación desde el Municipio”. (18)

“Nosotras no queremos que se reglamente la prostitución, en realidad lo que queremos es que la prostitución no sea el camino para las mujeres, queremos que se les den todas las herramientas, igualdad de oportunidades, para que puedan elegir otra forma de proyección de vida”, opinó Tuñez. “Sí creemos que se tienen que cerrar los prostíbulos, si creemos que cuando se cierren los prostíbulos y las whiskerías vamos a encontrar a muchas de las mujeres que hoy están desaparecidas”, destacó la referente de La Casa del Encuentro.

Clasificados

Según la periodista Mariana Carbajal, del diario Página/12, los clasificados ‘hot’ constituyen un “negocio enorme”. En una nota publicada en diciembre pasado, afirmaba que “la mayoría de los diarios que se editan en el país, de alcance nacional, provincial y local, tienen suculentos ingresos por incluir avisos de ese tipo. Alguno llega al millón de pesos por mes.

En Mar del Plata, un policía bonaerense está a punto de ir a juicio oral y público por trata de mujeres y entre las pruebas documentales incorporadas al expediente está el aviso que se publicaba en el diaro La Capital, de Mar del Plata, a través del cual promocionaba el “privado” que regenteaba en esa ciudad y en el que mantenía como esclavas sexuales a jovencitas reclutadas tanto en el país como en Paraguay. (19)

En la sesión del 25 de marzo el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó, en forma unánime, una comunicación del bloque de la Unión Cívica Radical postulando que “los diarios locales arbitren los medios necesarios para evitar la publicación de la oferta de servicios sexuales”. Según el periódico local El Patagónico: “El objetivo del documento es que no se le otorgue validez con tales avisos a las empresas o particulares que se dedican a gerenciar la prostitución y los negocios ilícitos como colaboradores de la trata de personas, en forma indirecta”. (20)

Protección oficial

Si bien el proxenetismo, la explotación sexual de mujeres para beneficio ajeno, está prohibido desde 1913 y los prostíbulos desde 1937, el negocio continuó al amparo de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad. Hoy éste toma la fachada de saunas, whiskerías, night club, VIP… y se promociona tanto en medios de comunicación como en la vía pública. “Estamos hablando de un negocio de mucho dinero, pero también es cierto que para que exista la trata en todos estos lugares hay complicidades del poder político, del poder judicial, del poder policial, de la Gendarmería. Pasar una persona por la frontera de nuestro país sale nada más que 40 dólares. ¡La vida de una persona vale 40 dólares!”, asegura Tuñez.

“La única forma que se puede combatir la trata es a través de una decisión política del Estado, pero eso [la trata] también al Estado le genera dividendos. Entonces siempre está entre el “combate” contra la trata y el negocio de la trata”, afirma Tuñez. “Tenés políticos que cobran coimas, policía que cobra coimas, intendente que cobra coima, curas que miran para otro lado, y toda la sociedad que es cómplice, porque al callar sos cómplice. ¿Cuál es el otro camino? Empezar a concientizar que consumir sexo pago es consumir sexo esclavo”, sentencia. “De esta manera empezamos a entender que en cada prostíbulo, en cada whiskería, en cada ‘privado’, hay negocio, hay mafia y hay mujeres que están secuestradas o engañadas y no pueden salir. Porque salen de dos formas, o porque se escaparon o porque las mataron.”

“En todo el país hay un apoyo de las autoridades a la corrupción policial y la protección policial a los prostíbulos, pero en el sur es absolutamente grotesca”, denuncia Assorati. “El nivel de impunidad y la forma como se manejan los policías y los poderes públicos en relación al tema es realmente grotesco, es directamente la impunidad total y absoluta. Por ahí acá en Capital o en otras provincias se cuidan un poco más en lo que dicen y en lo que hacen, pero en el sur realmente esto no lo vemos”, subraya.

(...)

Chubut y Santa Cruz

Semana a semana la prensa de ambas provincias publican notas sobre allanamientos de whiskerías u otro tipo prostíbulos encubiertos donde se encuentran mujeres y niñas víctimas de trata. Este volumen de información no es más que un reflejo de la magnitud del problema. “Hemos visto, fundamentalmente, aumentar el número de prostíbulos en todos los pueblos, en todos los lugares que tuvimos oportunidad de ir. En Puerto Madryn, que había 5 prostíbulos, ahora hay 20”, señaló Assorati.

Según el informe elaborado por OIM en 2006, existen conexiones entre las whiskerías de Comodoro Rivadavia y las de Caleta Olivia, que en algunos casos son regenteadas por una misma persona. En el documento se menciona el caso de un grupo de jóvenes que en 2004 logró escapar de un prostíbulo comodorense y denunció que las mujeres que allí eran explotadas habían sido traídas tanto de Salta y Jujuy como del exterior. En tanto una investigación más amplia logró establecer que las mujeres procedían de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Entre Ríos y Río Negro. También se probó que en algunas oportunidades los propios regentes de prostíbulos viajaban al NOA para realizar la ‘captación’ y tenían bases de apoyo en Tucumán y Capital Federal. (34) El documento también señala los vínculos de los proxenetas con funcionarios públicos, empleados de empresas de transporte y telefonía móvil y empresarios hoteleros.

En este contexto de trata y como cierre, no podemos dejar de mencionar un hecho ocurrido a principios de este mes. El intendente de la cordillerana localidad de El Calafate se quejó por el fuerte despliegue policial y el mal rato que pasaron quienes se encontraban en el club nocturno allanado sorpresivamente. El jefe comunal reprochó a las autoridades de la provincia no haberle avisado con antelación. El operativo en cuestión tuvo como saldo el rescate de menores en situación de prostitución y la incautación de estupefacientes. (35)

Seguimiento, amenazas y fuerzas de seguridad

“La mayor parte de las organizaciones y defensores de derechos humanos que estamos trabajando en los temas de trata hemos sufrido amenazas, ataques contra nuestras sedes, golpizas, quema de autos, encontramos micrófonos, nos hackearon las computadoras, nos copiaron los discos rígidos”, enumera Assorati. La coordinadora de Esclavitud Cero afirmó que la Asamblea Popular La Alameda, de Capital Federal, ya sufrió 15 atentados, “y son organizaciones que están con protección judicial, porque son testigos en causas”, recalcó.

“Esto nos llevó a la conclusión de que estamos absolutamente desprotegidos y que es necesario tener la solidaridad y el apoyo internacional, por eso estamos lanzando Ca.de.li [Cadena de Liberación]”, afirma. “Esta convocatoria a una serie de acciones anuales, que vamos a hacer en conjunto en forma mundial, y buscar la solidaridad cada vez que haya un ataque a un defensor de derechos humanos que trabaja en el tema de trata, y exigir en conjunto determinadas acciones a los gobiernos”, explica Assorati.

Durante la Segunda jornada sobre la trata de personas realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Assorati denunció que el Programa Esclavitud Cero, que coordina,  recibió “cartas documento y presiones de la Policía de Río Negro y amenazas de efectivos de la Comisaría 38”. También se refirió a las “amenazas y ataques, incluyendo amenazas de muerte” sufridos por Adriana Domínguez, titular del Inadi Córdoba; Mónica Molina, subdirectora de Políticas de Género de Santa Rosa, en La Pampa; Meyi Carrazza, del Centro de Estudios e Investigaciones para la Mujer, en Entre Ríos; Marcelina Antúnez, coordinadora del Programa Luz de Infancia de Puerto Iguazú, en Misiones; y Germán Bernales, del Centro de Derechos Humanos del Comahue, en Río Negro”.

“Tenemos sospechas fundadas, aunque no es posible probarlo, que dichos seguimientos, escuchas telefónicas, plantación de micrófonos en las oficinas, y ataques a las computadoras podrían estar vinculadas a la Policía Federal. Una de las personas que desarrollaron estas actividades de vigilancia sobre la RATT (Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata), el señor Manuel Aldaz, sería ex miembro de la Policía Federal”, concluyó.

Notas:  (...)    Fuente: https://opsur.wordpress.com/2010/04/21/el-negocio-de-la-trata-en-la-ruta-del-petroleo/

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"Las Casitas": cuna de prostíbulos de Santa Cruz en tiempos de Kirchner
9 de septiembre de 2013

 

Por Armando Cabral

La “zona roja” de Río Gallegos se instaló en 1989. La denuncia contra Contreras. La conexión con el caso Verón. En 1989, el intendente Néstor Kirchner cedió terrenos fiscales para la instalacion de prostíbulos, “Las Casitas”. El diputado del FpV de Santa Cruz, Rubén Contreras, volvió a traer el espinoso asunto a la agenda mediática.

 nuncian que Kirchner cedió terrenos fiscales para prostíbulos
El diputado del FpV de Santa Cruz, Rubén Contreras, no sólo alcanzó notoriedad por esto días, sino también un fuerte repudio al afirmar que “sin prostitución habría más violaciones” y destacar los cabarets por “su función social para la juventud”. El legislador trajó así un tema espinoso para la provincia: la comercialización del sexo se expandió allí cuando Néstor asumió como intendente de Río Gallegos, en 1989.

A las semanas de asumir en el cargo, Kirchner y el Concejo Deliberante de Río Gallegos aprobaron la cesión de terrenos fiscales en comodato por 15 años a los empresarios de la noche para la construcción de “locales nocturnos”. El 6 de diciembre de 1989, nació “Las Casitas”, la “zona roja” de la capital provincial.

El mismo diputado Contreras recordó hace sólo un mes las “necesidades que tendrá el hombre que venga a trabajar a las represas, especialmente los solteros”. Por eso abogó por la construcción de más prostíbulos. “En esos lugares necesitan distracción”, justificó.

Vecinos, ONG y opositores reclamaron durante años por el cierre del lugar, por considerar que es un foco de trata de personas y tráfico de drogas, pero los sucesivos intendentes y el Concejo Deliberante -con mayoría del FpV- lo mantuvieron. En 2004, terminó el contrato de comodato y se inició una batalla legislativa y judicial que sigue hasta hoy.

Por una querella de la fundación La Alameda, en mayo de 2009 la jueza federal Ana Álvarez -desplazada este año, luego de un largo enfrentamiento con el Gobierno nacional- ordenó cerrar “Las Casitas” por sus “actividades ilícitas”. Las 300 trabajadoras sexuales salieron a la calle a protestar por sus puestos de trabajo. El titular de La Alameda, Gustavo Vera, dijo más de una vez que “Las Casitas” “es el lugar más tenebroso de trata y tráfico en todo el país”.

La zona roja santacruceña tuvo las persianas bajas hasta junio de 2011, cuando la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia falló a favor de los propietarios de prostíbulos y ordenó reabrirlas. En octubre del año pasado, la Cámara Nacional de Casación penal avaló los prostíbulos.

La Alameda protestó ante la Procuración General y la Corte Suprema, pero “Las Casitas” sigue funcionando. De hecho, hace sólo tres meses la Policía sorprendió en ese lugar al hermano de Rudy Ulloa, el exchofer de Kirchner y actual empresario K de medios.

El viaje de Trimarco. Años atrás, la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco, cruzó el país para encontrar a su hija, Marita Verón, en los prostíbulos de Río Gallegos. Trimarco tenía información precisa de que la red de trata tenía una pata importante en la ciudad.

Durante el juicio por la desaparición de Marita, una testigo hizo expresa mención a “Las Casitas” como uno de los “destinos” para de la prostitución forzada.

Por los últimos dichos del diputado Contreras, Trimarco señaló que el legislador del FpV “no puede desconocer que detrás de la prostitución se esconden la trata de personas, el tráfico de drogas y el abuso de menores entre otras barbaridades”.

Querella contra Contreras. Este viernes, la diputada Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica-ARI) y el titular de la asociación La Alameda, Gustavo Vera, presentaron en la Justicia una denuncia penal contra el legislador provincial por “delitos de acción pública”. En tanto, Mariana Zuvic, titular del ARI en Santa Cruz, presentó la misma denuncia en los juzgados provinciales y pidió la destitución del diputado provincial Contreras por los mismos motivos.

Fuente: perfil.com

 

En consecuencia, es prioritario enfocar que los grandes capitales locales e imperialistas fueron capaces de sostener el genocidio de los setenta para llevar a cabo su constante acaparamiento de bienes comunes (sociales y naturales). Hoy han profundizado su impunidad. Sobre todo por creencia de una mayoría de nosotros en más de una deKada. Los poderes instituidos nos derrotaron física e intelectualmente porque sólo la quiebra moral e intelectual explica la existencia del espacio Carta Abierta. La pérdida de valores, de sensibilidad, de puesta en duda de los discursos incoherentes con la realidad concreta y de pensamiento investigador es fruto de la democracia restringida que se empeñó en conciliarnos con el sistema. Es hora de reconocer la violación de derechos en los silenciados e invisibilizados pero también descubrirnos avasallados en ellos, como ellos y como nosotros para un Nunca Más real y efectivo.

 

 

Daniel Solano, un desaparecido del “modelo”
5 de noviembre de 2015 | Edición del dí

El 5 de noviembre de 2011 el joven trabajador rural salteño fue visto por última vez en Choele Choel (Río Negro). Tras cuatro años de impunidad, presentamos el documental “Daniel Solano, golondrina ausente”.

Daniel Satur

@saturnetroc

“El estado de los obreros en el ingenio es mísero y desastroso, la explotación inicua y el trabajo brutal. (...) El trabajo de la mujer y del niño se explotan con igual intensidad en Cuyo que en el resto de la República, y acaso más en la época de cosecha.” (Juan Bialet Massé, 1904)

“Esta ’década ganada’, para los peones rurales, no existió. Y lo de Daniel Solano viene a pegar un cachetazo, justamente, en este ’relato’ que habla de lo contrario.” (Raúl Godoy, 2015)

Estas dos frases, dichas con más de un siglo de diferencia, sintetizan uno de los dramas latentes y vigentes de la clase trabajadora argentina: la superexplotación de los trabajadores del campo. Los “peones”, los “cuartas”, los “golondrina”. Los últimos orejones del tarro del que se nutren unos pocos para multiplicar sus fortunas a base de la sangre, el sudor y las lágrimas ajenas.

El caso de Daniel Solano es la expresión más extrema de una larga historia de esclavitud legalizada, persecución institucionalizada y muerte planificada. Y también de impunidad.

Este medio le ha dedicado ya muchas notas y artículos al caso de Daniel. Sin embargo nos vimos obligados a ir un poco más allá. El silencio cómplice para con los culpables de parte de los grandes medios de comunicación nos llevó a viajar directamente a Choele Choel, la ciudad donde desapareció Solano en noviembre de 2011.

Como era previsible, allí nos encontramos con mucho más que el relato de la desaparición de una persona. Nos encontramos con la radiografía caliente de un sistema de superexplotación de seres humanos en beneficio de un puñado de empresarios que cuentan, para consumar sus planes, con el encubrimiento y la complicidad de funcionarios políticos, policías, burócratas sindicales, jueces y fiscales.

 

Un silenciado que grita

A Daniel Solano lo estafaron. Durante mucho tiempo le pagaron mucho menos de lo que le habían prometido antes de que emprendiera el viaje desde su Salta natal hacia Río Negro.

A Daniel Solano lo acallaron. Cuando con sus principios y su indignación quiso levantar la voz en nombre de la palabra empeñada y de los derechos de los que se habla en la escuela, en la televisión, en las oficinas de Trabajo.

A Daniel Solano lo emboscaron. Aprovecharon una noche oscura para sacarlo de un boliche y llevarlo a un sitio más oscuro aún.

A Daniel Solano lo desaparecieron. Para que deje de quejarse. Para que no “contagie” a sus pares. Y para que esos pares aprendan, de una buena vez, a bajar la cabeza y laburar sin chistar.

 

Una ciudad que habla

Un equipo de Pateando el Tablero, el proyecto audiovisual de La Izquierda Diario, viajó a Choele Choel a mediados de año. Allí nos encontramos con Gualberto Solano, el padre de Daniel que acampa desde fines de 2011 frente al juzgado local a la espera de justicia y de que le digan qué pasó con su hijo. También dialogamos con Sergio Heredia, el abogado salteño que llegó a Choele a investigar y querellar todo lo que hiciera falta. Y entrevistamos a varias mujeres y hombres rionegrinos, comprometidos con la lucha de Gualberto y hartos de tanta impunidad.

Hasta hablamos con el cura del pueblo, quien al comprender quiénes son los verdaderos “dioses” del lugar terminó asilando en un cuarto de la iglesia a Heredia, quien sufría constantes amenazas y amedrentamientos.

Del conjunto de charlas, entrevistas y documentación analizada, se desprende que el caso de Daniel Solano marcó un antes y un después en Choele Choel y en todo el Valle Medio. Porque Daniel desapareció a pedido de la multinacional belga Expofrut y de la tercerizada cordobesa Agrocosecha. Porque Daniel fue “chupado” de un boliche por policías, pero desde entonces todos los que tuvieron que hacer algo no lo hicieron. Porque desde los dueños del boliche hasta los jueces que pasaron por la causa son siervos domesticados al servicio de Expofrut y Agrocosecha.

Porque entre los cómplices políticos de los empresarios esclavistas hay peronistas, kirchneristas, radicales y macristas.

Pero también porque, desde que aparecieron Gualberto, sus abogados y sus carpas, la gente se dio cuenta de que había que gritar bien fuerte “¡basta!”

 

Un modelo que mata

Cuando se ingresa por primera vez a Choele Choel el impacto es enorme. No es común que en un pueblo tan chico y tradicional el rostro y el nombre de una sola persona se multipliquen en infinidad de paredes, en formato de grafittis, stencils y hasta murales. Es que, justamente, la historia que encierra Daniel Solano se empecina por salirse de lo común. Aunque, como dice una de las entrevistadas en el documental, nadie desconoce que en Choele Choel a “los chicos problema” se los termina llevando el río.

Con el tiempo los ojos de Daniel Solano se transformaron en el ícono interpelador de Choele Choel.

 

“Las paredes son la imprenta de los pueblos”, dijo Rodolfo Walsh, el periodista y escritor desaparecido por la dictadura militar, nacido en Lamarque, el pueblo vecino de Choele. En Lamarque, precisamente, está ubicada la planta de Expofrut para la que trabajan miles de “golondrinas” como Daniel.

El documental Daniel Solano, golondrina ausente demuestra que, pese al relato oficial que habla de derechos recuperados y de “un país con buena gente”, para gran parte de la clase trabajadora argentina las condiciones de superexplotación, las penurias y hasta la forma de morir no han cambiado a lo largo de las décadas. Ni siquiera a lo largo de esta supuesta “década ganada”.

Vale recordar que, al igual que Julio López, Luciano Arruga y tantos otros, el de Daniel Solano no es un nombre que se la haya escuchado pronunciar nunca públicamente a Cristina Fernández de Kirchner. Todo un símbolo.

El equipo de Pateando el Tablero agradece a todos quienes colaboraron para este documental. Y se compromete a seguir levantando el nombre de Daniel Solano como una bandera de lucha.

¡Daniel Solano, presente!

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Daniel-Solano-un-desaparecido-del-modelo

 

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Los petroleros contra el abuso patronal

febrero de 2016

Hace 10 años, el 24 de febrero de 2006, el gobierno de Santa Cruz y la justicia de la provincia detenían por primera vez a un grupo de trabajadores que se habían manifestado pocos días antes. Habían sido brutalmente reprimidos, incluso con armas de fuego. En esa jornada fue herido el policía Sayago, quien luego falleció. De esta muerte se acusó a los manifestantes, fraguando pruebas y testimonios.

La lucha de los trabajadores en los yacimientos petroleros, venía afectando los intereses económicos de las multinacionales. El 25 de enero de 2006 comenzaron una huelga contra el Impuesto a las Ganancias y contra el fraude laboral que significaba que a muchos de ellos los encuadraran en el convenio de la UOCRA. En un hecho completamente antidemocrático e ilegal la justicia decide mandar a detener al soldador Mario Navarro por ser uno de los “cabecillas” del reclamo gremial. El mismo Sergio Acevedo, ex gobernador de Santa Cruz, reconoció que su detención se produjo por pedido de las empresas petroleras.

Esta detención ilegal generó la mayor movilización popular en la historia de la ciudad de Las Heras. La inmensa mayoría del pueblo se dirige pacíficamente a la comisaría a solicitar la libertad del dirigente petrolero.

 

La respuesta de la Policía fue la represión

A partir de ese momento la Justicia y la Policía de Santa Cruz hicieron todo lo posible para que nunca se sepa la verdad y que este hecho sirva de excusa para militarizar a la población y asestarle un duro golpe al tradicional movimiento obrero combativo de la zona.

A pesar de eso, la demanda de aquellos petroleros sigue vigente: eliminación del impuesto al salario y el cese a la criminalización de la protesta.

 

Una enorme campaña nacional por su absolución

Hace dos años, el gobierno de Cristina Kirchner y la Justicia pretendían avanzar en la cárcel efectiva de los petroleros de Las Heras.

En ese entonces, y como respuesta, desde el PTS y la izquierda se definió visibilizar y acompañar la demanda de absolución de los petroleros. Se puso en pie una enorme campaña, impulsada desde los centros de estudiantes dirigidos por la izquierda, los Suteba combativos, las internas de la izquierda como los trabajadores de la ex Donnelley (hoy MadyGraf), decenas de luchadores de los Derechos Humanos como mis compañeras Myriam Bregman -hoy diputada nacional- y Alejandrina Barry, quien viajó a la provincia a presenciar el juicio.

 

Esta campaña contó con el apoyo de personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, Vicente Zito Lema, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), los dirigentes sindicales Hugo Yasky, Hugo Moyano.

Como parte de esta campaña el 27 de febrero de 2014 se realizaron diversos cortes de arterias en el país, la Gendarmería y la Policía reprimieron ferozmente las manifestaciones y dejaron el saldo de detenidos y heridos hospitalizados, como mis compañeros Luis Sucher delegados del Hospital Posadas y Luis Giordano delegado jabonero de Alicorp.

Luego de esa jornada, en la apertura de la sesiones legislativas del Congreso Nacional, Cristina Fernández avaló la nefasta condena con las siguientes palabras: “la Justicia finalmente llegó y los condenaron a los responsables de ese homicidio terrible, alevoso, porque fue sin defensa alguna”.

En ese momento Nicolás del Caño, desde su banca como diputado, repudió la represión y las posteriores declaraciones de Sergio Berni. "Berni defiende un régimen donde quedan impunes los Menem, los De la Rúa y los Boudou y se condena a perpetua a petroleros con una causa armada. No nos va a amedrentar esta persona que de democrática no tiene nada, ya que plantea nuestro desafuero y hasta procesamiento”.

 

Asimismo denunció que “a este Gobierno ya nada le queda de su barniz de nacional y popular y defensor de los derechos humanos. Ahora también están aplicando un ajuste y pretende que los platos rotos de la crisis la paguen los trabajadores”.

 

Ramón Cortés, un imputado que resiste

En su cuenta de Facebook, Ramón Cortés, publicó lo siguiente hace tres días: “Hola se cumplen 10 años de mi condena el gobierno kirchnerista y la patronal de Santa Cruz me acusó de la muerte de un policía y me condenaron a cadena perpetua. Mañana para mí es un día muy duro porque me viene a mi memoria aquel día que me detuvieron y me torturaron. Sólo me queda decirle que mientras escribo se me caen las lágrimas de tanta impotencia porque nunca encontraron ni una prueba en mi contra pero igual me condenaron solo le pido a dios que me siga dando fuerza para seguir luchando y no permitir que quieran reírse de un trabajador sencillo y humilde es que por eso grito absolución. Absolución por mis hijos y por mi familia quiero ser libre, no me olviden, soy un luchador carajo absolución a Ramón Cortes!!”.

Por ello hoy, ante un nuevo gobierno que quiere descargar la crisis en las espaldas de los trabajadores, ajustar y reprimir para derrotar la fuerza que hemos conquistado los trabajadores estos años en lucha por nuestras demandas; es imprescindible levantar bien alto las banderas de unidad de la clase trabajadoras y enfrentar los intentos de criminalizar la protesta, enfrentando el protocolo antipiquete y toda la persecución a los que luchan.

Absolución a los petroleros de Las Heras, absolución de Ramón Cortes y desprocesamiento a los 5000 luchadores.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Diez-anos-del-inicio-de-la-persecucion-a-los-petroleros-de-Las-Heras

 

 

Historiemos la avidez del matrimonio K por acumular riquezas y poder. Hagámoslo para apelar al esfuerzo conjunto de  intentar que el Volveremos sea discutido desde cómo naturalizamos el ser exitoso en  el capitalismo y cómo éste hoy es puesto en evidencia tanto por el gobierno de Mauricio Macri como por los provinciales independientemente de que pertenezcan al FpV o a Cambiemos.

 

 

Cuando Cristina Kirchner impulsó la privatización de YPF

16 de abril de 2012

En virtud del valor histórico que tiene este documento, OPI reedita nuestra nota del 26 de junio de 2007, donde presentamos en exclusiva el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados cuando el 17 de septiembre de 1992, la hora presidenta Cristina Fernández argumentaba la necesidad de privatizar la petrolera estatal y fundamentaba con énfasis porqué era necesario darle lugar a los capitales privados.

Conozca el documento histórico que muestra OPI en exclusividad el 26 de junio de 2007, de la época donde la entonces diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner impulsó en la legislatura provincia la ley de Federalización de los hidrocarburos y la privatización de YPF. Aquí presentamos el Diario de Sesiones del 17 de septiembre de 1992.

Con la presidencia del entonces Vicegobernador Eduardo Arnold, quien por aquel momento en ausencia era subrogado por el entonces diputado Daniel Notaro (hoy funcionario en la Municipalidad de Caleta Olivia), se trató sobre tablas y a mano alzada el proyecto impulsado por la señora Cristina Fernández de Kirchner quien ante la Cámara de Diputados declaró textualmente:

Necesidad de sanción del proyecto de Ley nacional “Ley de Federalización de los Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales ”.

Desde la perspectiva de los intereses provinciales y en cumplimiento de compromisos previamente contraídos institucionalmente, resulta urgentemente necesario el tratamiento legislativo y la definitiva sanción del trámite parlamentario nacional 78-s-1992 “Yacimientos de Hidrocarburos del Estado Nacional, transferencia del dominio público a las provincias en cuyos territorios se encuentran” encomendando a los señores legisladores nacionales cuya elección correspondió a este Distrito que con su presencia posibiliten el tratamiento y con su voto favorable al proyecto que cuenta con la sanción senatorial hagan posible su definitiva sanción ”.

Firman: Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Icazuriaga, Ana Ester Parisari, Argentino Alvarez y Ricardo Omar Braim.

A continuación transcribiremos del mismo diario de sesiones, los fundamentos que expresó la diputada Kirchner ante la Honorable Cámara de Diputados. Dijo expresamente: (…)

Fuente: http://opisantacruz.com.ar/home/2012/04/16/cuando-cristina-kirchner-impulso-la-privatizacion-de-ypf/13968

 

Rescatando de Internet una nota del portal web www.periodicotribuna.com.ar, justamente de esa fecha, escrito por José Picón, Presidente del Centro Jubilados de YPF, se pretende anular esa “amnesia lacunar” que a casi dos años vista, enfermó a todo el kirchnerismo nacional, sus dirigentes, sus militantes rentados de “La Cámpora”, sus legisladores y hasta a la propia Presidente de la nación Cristina Fernández de Kirchner, legisladora nacional por aquellos años de la privatización menemista.

El artículo, sin desperdicio narra a un Kirchner diciendo en el salón sur que, “sabemos el genocidio que pasó nuestra industria petrolera, la increíble privatización (...) si YPF hubiera quedado en manos nuestras estaríamos recaudando (...) entre 20 y 25 y hasta 30.000 millones de dólares por año”. A su lado, Parrilli aplaudía. Ninguno de los dos recordaba al parecer, su participación en eso que (ahora) el presidente llama “genocidio”.

Vale la pena recordar que Menem quería sancionar la ley de privatización de YPF pero no podía, porque no tenía en el Congreso, los votos necesarios: aparte de la abierta negativa de la UCR, enfrentaba resistencias dentro del propio PJ.

 

Pero Néstor Kirchner ofreció la solución. Él había asumido el 21 de agosto, la presidencia de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), que agrupaba a Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz.

“Si la privatización era reclamada de modo unánime por la OFEPHI, argumentó Kirchner, “se vencerían muchas resistencias”. Pero la solución tenía un precio; la Nación debía pagar, acuerdos extrajudiciales mediante, sumas multimillonarias que las provincias de la OFEPHI reclamaban por regalías supuestamente “mal liquidadas”.

Ya el 30 de agosto de 1991, Menem junto con sus ministros Domingo Cavallo y José Luís Manzano, habían suscrito una curiosa “conciliación” con Santa Cruz. Por ella, la Nación “reconocía” una deuda de 480 millones de dólares con la provincia. 

Pero el “reconocimiento” quedaba impúdicamente sujeto a la sanción de la Ley de privatización de YPF. Si no se aprobaba esa ley, el reconocimiento, decía con todas las letras una cláusula del acuerdo, “quedará sin valor y efecto alguno, y no podrá ser invocado como antecedente de ninguna especie”.

El martes 22 de septiembre de 1992, hace casi 10 años, los gobernadores de la OFEPHI se reunieron con Manzano en el Ministerio del Interio, y resolvieron montar un lobby. Acto seguido, Kirchner ofreció una conferencia de prensa en la misma Casa Rosada. 

Desde allí pidió apoyo para la privatización de YPF e instó a que los disidentes al menos, a que dieran quórum.

Al día siguiente Clarín publicó, con foto de Kirchner, la noticia: “Provincias petroleras hacen lobby por la aprobación”. Ese lobby no se limitaría a la exhortación pública; los diputados debieron sortear presiones y tentaciones.

La tarea fue efectiva: esa noche, Diputados aprobó el proyecto de ley.

Parrilli (entonces diputado nacional por Neuquén) fue el miembro informante. Durante el debate sostuvo que, “no pedimos perdón por lo que estamos haciendo (...) esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero presidente [Menem]”.

Un año después, en un libro titulado “Cuatro años en el Congreso de la Nación”, 1989-1993, Parrilli se jactó de haber impulsado la privatización diciendo que, “hoy YPF es la gran empresa petrolera privada nacional, que domina más de la mitad del mercado de los combustibles”.

La venta de YPF tuvo, también, ventajas para el gobernador Kirchner. Dos meses después de sancionada la ley, Cavallo, Manzano, Kirchner y De Vido firmaron el “acta acuerdo” por la cual se fijó la suma que correspondía a Santa Cruz.

En definitiva, la provincia recibió en 1993 US$ 654 millones. Con ellos, adquirió acciones. Las de YPF, le permitieron un gran negocio: las compró en US$ 290 millones y seis años más tarde, las vendió por US$ 670 millones. Hizo, así, una diferencia de unos US$ 380; 654 + 380 = 1.034. Kirchner envió ese millar de dólares a dar la vuelta al mundo.

Nunca hubo restitución plena ni adecuada rendición de cuentas. Sin embargo, la justicia se ha desentendido del tema. Guillermo Montenegro, ex juez federal designado por Kirchner, se declaró incompetente y remitió la causa a la provincia. El 1° de junio de 2005, Santiago María Lozada, juez de instrucción Nº 1 de Río Gallegos, mandó las actuaciones al archivo.

Los “fondos de Santa Cruz” han sido motivo de acusaciones y debates. Pocos conocen, sin embargo, la conexión entre esos fondos y el decisivo apoyo que Kirchner brindó a la privatización de YPF.

 

MÁS HISTORIA “SIN AMNESIA LACUNAR”

Según consta en el Diario de Sesiones, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el plenario del 24 de setiembre de 1992,  aprobó la Ley de Privatización de YPF.

Al verse en minoría, ya que los diputados radicales se retiraron del recinto, el menemismo gobernante logró formar quórum gracias a los legisladores del bloque de la UCEDE presidido por Álvaro Alsogaray, partido al que pertenece el Vicepresidente Amado Boudou.

El proyecto para privatizar YPF había sido enviado originariamente al Senado por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente Carlos Menem. Éste le dio media sanción y lo envió a Diputados para su aprobación definitiva como ley. El presidente Menem había impartido la orden de no permitir ninguna modificación. Virtualmente, debía aprobarse a libro cerrado.

Los miembros informantes de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, que trató ese proyecto del Ejecutivo y recomendó su aprobación sin modificación alguna, fueron los diputados Gualberto Venesia de Santa Fe y Oscar Parrilli de Neuquén. En esa oportunidad, Venesia manifestó tajantemente en su discurso que, “la Comisión no va a aceptar ninguna modificación…”.

Ante la airada protesta de los legisladores de la oposición presentes, el otro miembro informante de la Comisión, diputado Oscar Parrilli, pidió la palabra y dijo textualmente. “Pedimos disculpas y comprensión a todos los señores diputados que nos han acompañado en esta sesión, por la urgencia que nuestro bloque (el menemista) tiene en la aprobación de esta iniciativa, porque hay plazos establecidos para llevar adelante la privatización (de YPF), y la circunstancia de introducirle modificaciones nos exigiría que vuelva al Senado, lo que frente a la finalización del período ordinario de sesiones, nos impediría sancionar este proyecto de ley”.

Pocos minutos después de esas palabras de Parrilli, la Cámara aprobó, sin modificarlo en nada, el proyecto de privatización de YPF enviado por Menem.

 

Pero una semana antes, la entonces diputada provincial de Santa Cruz Cristina Fernández de Kirchner, había denunciado y amenazado públicamente a los diputados nacionales que se negaban a privatizar YPF, diciendo que, “Un conjunto de legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación, cada uno con sus respectivas razones, vienen obstruyendo la posibilidad de que aquella Ley de Federalización de Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tenga siquiera su tratamiento en esa Cámara. Como se comprenderá, ninguna argucia reglamentaria debe estar puesta al servicio de retrasar las soluciones que nuestra provincia necesita. Del dictado de esa ley depende hoy el envío de los U$S 480.000.000 y el pago de nuestra parte en la licitación de las áreas ya concretada”.

 

LA DANZA DE LOS MILLONES

Para completar esta nota, recordemos que esos U$S 480.000.000 de 1992, se transformaron en unos U$S 630.000.000 por la valorización de las acciones de YPF, para desaparecer luego de Santa Cruz “misteriosamente”, durante la gobernación del esposo de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner…

Por su lado, el ex diputado Oscar Parrilli, protagonista central de aquella malhadada privatización promovida por el presidente Carlos Menem y exigida desde Santa Cruz por la diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner, es hoy el secretario general de la Presidencia justamente de esta Presidente “progresista”.

Por supuesto que ahora, el senador nacional Carlos Menem vota religiosamente los proyectos de ley que envía al Senado Cristina Kirchner. Como contraprestación, Carlos Menem fue elegido nuevamente senador nacional por La Rioja.

Otro de los que festejaba pero desde un palco preferencial era José Estenssoro, padre de la Senadora de la Coalición Cívica), presidente de YPF, quien sostuvo que “la privatización, que reportará alrededor de 8,000 M U$S”.

Fuente: http://www.tiemposur.com.ar/nota/37704-ypf---lo-que-el-kirchnerismo-se-olvida

 

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Indignante enriquecimiento de Néstor y Cristina Kirchner

16 de marzo de 2009

 

 

 

OPI/Santa Cruz - Compradas a 50 mil dólares y vendidas a casi 2 millones y medio de dólares, el ex presidente hizo un negocio de alto vuelo con los terrenos del viejo aeropuerto. Estos son los terrenos que producen el gran negocio de la familia presidencial. Un dato: el valor de las casi 200 hectáreas que Méndez le “vendió” al poder de Santa Cruz, ronda en valores actualizados, al 70% de los fondos por regalías que la provincia tiene en el exterior.

El Calafate, por estos días objeto de la enorme crisis financiera que preocupa a todo el mundo, no muestra el acostumbrado movimiento turístico de otros años y será por ello tal vez que los terrenos comprados por el ex presidente Néstor Kirchner a $ 7,50 en el aeropuerto viejo, luzcan más amplios que lo que en realidad son; lo cierto es que estas 2 hectáreas que muestran nuestras fotografías y la ubicación geográfica de la Manzana 820 que detallamos, le generaron al ex mandatario una ganancia de 2 millones 300 mil dólares, teniendo en cuenta que lo compró en unos 50 mil y los vendió para un emprendimiento privado en 2 millones 400 mil de la moneda estadounidense.

Hoy en el Departamento de Tierras de la Municipalidad de El Calafate hay un cartelito que dice “Suspendidas las adjudicaciones” y todo se debe al enorme escándalo que se armó a partir de la difusión, durante el 2007, de los irrisorios precios a los que el ex Intendente Néstor Méndez había “regalado” las tierras del ejido urbano de la villa turística que a criterio de las fuentes consultadas hoy “están agotadas, no hay lugar para sacar tierras, a menos que se parcelen terrenos sobre dominios de las estancias lindantes”, aseguran los pobladores.

 

“En El Calafate agotaron la entrega de tierras a los amigos del poder y vendiéndola a un precio de oferta cortaron las posibilidades de que la gente común pueda tener un terreno”, nos decía el Dr Álvaro de Lamadrid esta mañana cuando lo consultamos sobre la paradójica muestra de incongruencia jurídica donde aparece la Fiscal Natalia Mercado siendo juez y parte en un proceso a todas luces incompatible con su función toda vez que por un lado sobre ella recae la causa interpuesta por Lamadrid y ella misma es adquirente de un terreno a precio vil y forma parte de la troupe del poder que se vio favorecida por el vendaval de terrenos repartidos por el inefable Méndez, hoy diputado provincial en Santa Cruz.

Lo llamativo de todo esto es que el valor total de las
aproximadamente 200 hectáreas que mal vendió Méndez, si se actualiza el valor al precio que el ex presidente vendió recientemente la hectárea de los terrenos del aeropuerto viejo, arroja una suma cercana a los 300 millones de dólares, un 70% aproximadamente de lo que la provincia tiene en el exterior como producto del pago de regalías mal liquidadas y que se han convertido en los últimos años en un elemento clave de crítica y cuestionamiento.

Otro dato no menos curioso es que el total de las tierras vendidas por Néstor Méndez durante sus tres mandatos, de acuerdo a lo declarado oficialmente, suma aproximadamente 3 millones de dólares (unos 9 millones y medio de pesos) y sólo las 2 hectáreas que vendió Kirchner al grupo chileno Cencosud se hizo por un valor inmobiliario de plaza de 2 millones 400 mil dólares.

Hoy el Intendente Javier Belloni de El Calafate ha suspendido formalmente la entrega de terrenos y ha recuperado algunas tierras fiscales que 
previo a dejar el cargo Néstor Méndez (ex Intendente), había otorgado mediante Decreto “En reserva” un conjunto de tierras que serían entregadas “oficialmente” por Julián Osorio (su virtual sucesor) cuando se hiciera cargo de la Municipalidad, dado que era el número puesto de Méndez para ganar las elecciones.

Osorio perdió y los terrenos “en reserva” volvieron al patrimonio municipal, dado que en este marco era inocultable el escándalo que se generaría si esas tierras eran adjudicadas tal como se habían comprometido las autoridades municipales que durante tanto tiempo facilitaron el tráfico de influencia y el negocio inmobiliario del matrimonio presidencial y todos sus amigos, a costa del erario público.

Fuente: http://www.avizora.com/atajo/informes/argentina_textos/textos_02/0011_indignante_enriquecimiento_de_los_kirchner.htm

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¿Qué hacia Kirchner durante la dictadura?

A qué se dedicaba el Presidente mientras los que él hoy reivindica luchaban contra la dictadura. El método Martínez de Hoz para acumular 21 propiedades. Su polémica relación con funcionarios del Proceso.
Por Franco Lidner

Los Kirchner no siempre fueron tan "progres". Hace treinta años, cuando otros "desaparecían" por culpa de la dictadura o debían refugiarse en el extranjero, ellos se fueron de La Plata a Río Gallegos. No tuvieron que esconderse, sino que enseguida empezaron a ganar buen dinero.

Pusieron un estudio de abogados. Y en apenas cinco años, entre 1977 y 1982, lograron la hazaña de multiplicar su patrimonio y de comprar 21 propiedades.

¿Cómo hicieron Néstor y Cristina para prosperar en medio del terror imperante?¿No era que habían pertenecido a la camada de jóvenes revolucionarios que por esos tiempos se jugaban la vida?

La verdad es tan sombría que el Presidente nunca quiso referirse a ella. Pero resulta necesario saber qué hizo durante la dictadura militar un hombre que se muestra tan obsesionado por reparar las injusticias de esa época.

Cobrador. El joven matrimonio se instaló en Santa Cruz algunos meses después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Se habían conocido en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y llevaban un año de casados.

En la esquina ventosa de 25 de Mayo y Maipú, en el centro de Río Gallegos, abrieron el Estudio Kirchner e incursionaron en un rubro para el que se necesita un estómago fuerte: cobranzas y recupero.

Tan eficiente se mostró Néstor en esos menesteres que los clientes se multiplicaron: entre otros, Automotores de Dios, Casa Sancho, de artículos para el campo, y el comercio de electrodomésticos Bercon.

Cuando algún comprador no pagaba la cuota mensual del artículo adquirido, allí aparecía Kirchner tocando a la puerta de su casa para llevarse el bien en cuestión, con la misma vehemencia con que hoy castiga a opositores, empresarios y periodistas. Pero sus mejores empleadores de entonces eran los bancos Cabildo y Patagónico, y las financieras Sic, de Bahía Blanca, y Finsud.

Cuando empezó a manejar esas cuentas, Kirchner vislumbró las enormes posibilidades que ofrecía la especulación financiera. Eran los tiempos de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura que hoy es satanizado por el Presidente.

Pero allá por 1977, cuando Martínez de Hoz liberó la tasa de interés, sin saberlo le hizo un gran favor al abogado Kirchner. Las disposiciones del ministro permitían indexar las deudas de dinero según la inflación.

El golpe de gracia para los deudores llegó con la circular 1050 del Banco Central en 1980, que terminó hundiendo a miles de ahorristas (ver recuadro). Como la inflación llegaba al 100 por ciento anual, las cuotas mensuales –indexadas según esa cifra– les resultaban imposibles de pagar a muchos deudores, a quienes en consecuencia se les remataban las propiedades dadas en garantía.

En ese contexto de desgracia ajena, el abogado Kirchner compró 21 de los inmuebles que hoy relucen en su impresionante declaración jurada: una en el '77, cinco en el '78, cuatro en el '79, tres en el '80, cinco en el '81 y tres en el '82, por un total actual de 227.702 pesos de valor fiscal, aunque no real.

¿Cómo hizo? La clave está en su asesoramiento legal a la financiera Finsud, lo cual le permitía contar con información privilegiada sobre quiénes dejaban de pagar sus cuotas.

Varias fuentes que frecuentaban a Kirchner por esos años, incluso una que colaboró en su estudio, confirman el modus operandi empleado por el abogado para adquirir la gran mayoría de esas propiedades a precios ínfimos. Hablan de unas quince del total de 21, entre casas, departamentos y lotes.

Cuando la financiera le avisaba a Kirchner que algún deudor había dejado de pagar la cuota mensual del crédito que le habían otorgado, él se reunía con el moroso en cuestión y le explicaba sus pocas opciones: podía resignarse a que le remataran la propiedad y así perder casi todo el valor del inmueble, o también podía venderla a un precio bastante menor al que tenía en realidad.

El comprador era el propio Kirchner. De ese modo, el deudor en aprietos al menos se quedaba con algo de dinero. Y el abogado sumaba metros y más metros cuadrados, eludía el trámite del remate y luego renegociaba la deuda del inmueble con sus patrones de Finsud. Era una práctica cuestionable, pero no penada por la legislación provincial de ese entonces.

¿Qué hubiera sido de la actual fortuna de Kirchner sin el esquema financiero implantado por Martínez de Hoz?

Allá por 1980, el joven Néstor iba a ejecutar la casa de una deudora de Finsud que no quiso llegar a un arreglo. La mujer, Ana Victoria, viuda de un diputado provincial, Olaf Aaset, demandó a Kirchner por supuesta subversión económica.

La causa se tramitó en el juzgado federal de Río Gallegos, a cargo de Federico Pinto Kramer, el mismo que muchos años después defendería como abogado a Lino Oviedo, el colorido líder y golpista paraguayo.

Victoria aseguraba que el 30 por ciento de intereses mensuales que la financiera le cobraba por una deuda contraída era demasiado, y argumentaba que ya había pagado una parte, aunque no encontraba el comprobante.

Pinto Kramer parecía indignado y el caso incluso amenazaba con llegar a las páginas del diario La Opinión Austral, el más importante de la provincia. Pero el padre de Kirchner, quien también se llamaba Néstor, logró convencer al director de ese medio, Alberto Raúl Segovia, para que no incinerara al joven cobrador.

El juez también terminó apiadándose y cerró el caso, así como la deudora salvó su casa. El abogado de ella era Rafael Flores, quien se destacaría luego como el principal adversario de Kirchner en la provincia.

Lo curioso de la historia es que el hijo de doña Ana Victoria no es otro que Henry Olaf Aaset, alias "Pilo", un ex opositor del todopoderoso gobernador Kirchner que terminó siendo su abogado, y que hoy milita en las filas de Compromiso K, la corriente de "ultras" que impulsa la reelección del Presidente.

"Eso es mentira, no hubo ninguna demanda contra Kirchner", dice Aaset.

NOTICIAS: Pero nos lo confirmó el abogado que llevó adelante esa causa… 
Aaset: Ah, hablaron con Rafael Flores.
NOTICIAS: ¿Cómo? ¿Usted dice que no existió la causa, pero sabe quién fue el abogado?
Aaset: No sé de lo que hablan. ¡Lo desmiento!
NOTICIAS: ¿Es verdad que usted lo llamaba "Robin Hood trucho" a Kirchner, porque decía que les sacaba a los pobres para darles a los ricos?
Aaset: Bueno… Alguna cosa así habré dicho en algún momento.

Rafael Flores aún conserva copia de aquel viejo expediente contra Kirchner, a la que tuvo acceso esta revista.

La Reina.
En la división de tareas, Néstor se ocupaba de adquirir casas a precio de remate y Cristina estaba concentrada en deudores de otros rubros.

Todas las tardes, casi sin falta, la joven abogada con aires de diva iba al juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Río Gallegos, que abría a partir de las 13 y estaba a cargo de Augusto Fernández Bibot.

Allí revisaba los expedientes de los morosos para ver cómo evolucionaban los juicios ejecutivos que los Kirchner les habían iniciado en nombre de sus clientes.

Cristina pasaba horas allí adentro y ya parecía parte del decorado. Llegaba con una extensa lista de deudores –hasta 150 en las mejores épocas– y abandonaba el juzgado al atardecer con los nombres de sus próximas presas: en un buen día podían salir unas diez o quince órdenes de embargo.

Con esa información de último momento, el cobrador Kirchner iba a reclamar el bien embargado: una heladera, una bicicleta, a veces algún auto. Lo acompañaba su chofer Rudy Ulloa Igor, hoy convertido en millonario y jefe de Compromiso K.

Siempre salían airosos. Los vecinos de Río Gallegos ya los miraban con cierto temor.

Allá por 1981, un vengador anónimo le arrojó una bomba molotov al Estudio Kirchner, al que el matrimonio ya había asociado a un abogado de prestigio como Domingo "Chacho" Ortiz de Zárate.

La bomba no produjo destrozos, pero puso en guardia a los Kirchner. Les gustaba explicar que se había tratado de una atentado político por razones insondables, pero la verdad era otra: el autor, un militante en la izquierda del peronismo, estaba entre los perjudicados por los juicios ejecutivos y los embargos de Néstor y Cristina.

Horas después del fallido golpe, el hombre se sinceró con sus amigos: "Me acabo de mandar una cagada". Su hija hoy trabaja en la agencia oficial Télam.

Otra advertencia había ocurrido un año antes, en 1980, cuando los Kirchner se toparon con un explosivo que por fortuna no llegó a activarse en su estudio.

Ellos sospechaban de dónde venía el mensaje. En esa época, Surco, una constructora que tenía la licitación para varias obras provinciales, había entrado en una zona de riesgo financiero. Lo que se estilaba en esos casos era una especie de convocatoria privada, donde todos salieran beneficiados sin necesidad de acudir a la Justicia.

Uno de los acreedores de la constructora era el Banco Patagónico, para el que trabajaban los Kirchner. El joven Néstor, desconociendo ese preacuerdo, se adelantó a todos y pidió la quiebra de la empresa, y así provocó que cayera Surco y también los contratos que había firmado con Santa Cruz.

Fue un desastre. A su socio Ortiz de Zárate y a su mujer Cristina les juró que la quiebra de esa constructora había sido acordada por todos los bancos acreedores.

Además de comprar propiedades y perseguir a los deudores que creaba el sistema financiero de Martínez de Hoz, el Estudio Kirchner protagonizó un caso atípico. Defendió a un jefe de la Policía Federal en Río Gallegos, de apellido Gómez Ruoco. Se lo acusaba de varias violaciones de menores.

El que tomó el caso no fue Néstor, sino su socio Ortiz de Zárate. Y el fiscal fue el joven Rafael Flores, el mismo que poco antes había representado a la deudora que denunció a Kirchner por subversión económica.

Pidió 20 años de prisión para el policía y le dieron 18, a pesar de la curiosa defensa ejercida por el estudio del hoy Presidente, que consideró que el sexo oral al que fue forzado una de las mujeres abusadas en realidad no podía calificarse de violación.

Por entonces corría 1981 y el actual abanderado de los derechos humanos defendía a un policía de la dictadura. Es cierto que cualquier hombre tiene derecho a la defensa, pero el propio Presidente contrarió ese principio cuando echó a Carlos Sánchez Herrera, su ex procurador del Tesoro, porque se descubrió que alguna vez había sido el abogado de un represor.

Los contactos. Los Kirchner no sólo hacían buenos negocios asociados a bancos y financieras, sino que mantenían excelentes vínculos con el poder militar de la provincia. Néstor era amigo del intendente de Río Gallegos, Pablo Sancho, impuesto por los generales del Proceso.

Además trabajaba como abogado de Casa Sancho y perseguía a los morosos que le debían plata a ese comercio, así como su hijo Máximo hoy está asociado con el vástago del ex intendente, Carlos Sancho, en la inmobiliaria que se ocupa de cobrar los alquileres de la veintena de casas familiares en el sur.

Sancho hijo, desmejorado de salud, es vicegobernador de Santa Cruz y le debe su entrada al mundo K a la relación de su padre, el ex intendente de la dictadura, con el joven Néstor.

Otro contacto que le acercaba negocios al estudio de Kirchner era Armando "Bombón" Mercado, por entonces su cuñado. El marido de la hermana Alicia manejaba el Sindicato Unido Petroleros del Estado (SUPE) en Santa Cruz, enrolado en la ortodoxia anti izquierdista del peronismo.

Y desde allí no sólo le acercó inquilinos de la empresa YPF a la flamante veintena de propiedades de Néstor, sino que los contrató a él y a Cristina como abogados del gremio.

En la lista de amistades políticas también se destacan el fallecido tío de Kirchner, Manuel López Lestón, un ex funcionario del gobierno de facto del general Alejandro Lanusse, y Hugo Muratore, ex secretario general de la gobernación de Santa Cruz en tiempos de la dictadura de 1976.

Muratore luego fue jefe de los diputados oficialistas del gobernador Kirchner, antes de que el patagónico se reconvirtiera en "progre".

La militancia setentista de Néstor, al menos en los papeles, se limita a un año en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional (FURN), antes de que asumiera Perón en 1973 y ese grupo se uniera a la Juventud Universitaria Peronista
(JUP).

Por esos lejanos tiempos debe haber sido el único militante que compraba dólares y se divertía calculando día a día las ganancias que le dejaban.

Es verdad que estuvo preso en Río Gallegos a comienzos de la dictadura del '76: estuvo demorado algunas horas y lo trataron bien. El militar que lo interrogaba conocía a su familia y a la del otro preso express, Rafael Flores.

Papá Kirchner era acomodador de cine y empleado del correo, y el abuelo Carlos había sido prestamista y uno de los enemigos de los obreros de la Patagonia Rebelde (ver recuadro). A él también lo habían llamado usurero.

Las postrimerías de la dictadura tampoco encontraron a los Kirchner dentro del sector más "progre" del peronismo. Néstor y Cristina recibieron al precandidato Ítalo Luder en Río Gallegos al grito de "Isabel conducción, lo demás es traición".

Empujados por el cuñado K, "Bombón" Mercado, además promovieron un polémico acto de desagravio al sindicalista "Fito" Ponce, un emblema de la derecha del movimiento al que el candidato Alfonsín acababa de acusar de participar de un supuesto "pacto sindical-militar" para impedir que el radical llegara al poder.

A Ponce además se lo acusaba de haber integrado la temible Triple A de los tiempos de López Rega, que masacraba a los grupos de la izquierda peronista. De ese acto en Río Gallegos, y de la participación de los Kirchner, aún quedan evidencias en los
archivos periodísticos de Santa Cruz.

Preguntas. ¿Por qué el Presidente más revisionista de la historia argentina presume de tener un pasado que no se parece en nada al real? ¿Acaso lo hace para acomodar sus antecedentes al discurso que exhibe hoy?

Lo cierto es que Néstor y Cristina lograron prosperar en los tiempos más oscuros de la Argentina, cuando otros militantes se exiliaban o se escondían.

Esta es la verdadera historia del hombre que vive obsesionado con los años setenta y que le pregunta a todos qué hicieron durante la dictadura. Ahora se sabe con más detalle lo que hizo él.

Noticias

Fuente: http://www.webconferencia.net/actualidad/que-hacia-kirchner-durante-la-dictadura-477954.html

 

 

 Crisis civilizatoria

 

Tratemos de facilitar la indignación ante la desposesión total y totalitaria del capitalismo que conduce a:

Aumento del suicidio y cultos de violencia

El avance de la precarización laboral y el desamparo juvenil en México
12 de agosto de 2016

 

Por Ramón César González Ortiz (Rebelión)

 

 

Introducción

Tal como durante la década de los 70’ del siglo pasado, bajo la dictadura en Brasil, en Rio de Janeiro crecieron las “misas negras”, en la misma medida en que crecía la población marginal1. Hoy conforme avanza en distintos países como España, Grecia, Portugal y gran parte de los países de América Latina, la desregulación laboral, su flexibilización, la informalidad, la precariedad, la inestabilidad y la pérdida de derechos sociales. También ha venido avanzando el suicidio de jóvenes y niños, así como los cultos que hacen referencia a la violencia como la Santa Muerte o la Santeria, de la mano del avance del narco-paramilitarismo, particularmente en países como México y Colombia.

En ausencia de una fuerte y activa organización de la clase obrera, que haya sido capaz de resistir los procesos de restructuración, segmentación y flexibilización del trabajo. La categoría social más afectada de la población, por la crisis, la precariedad laboral, salarial y existencial a nivel mundial viene siendo la juventud. Según algunos datos, en 2011, 74.8 millones de jóvenes en una edad de entre los 15 y los 24 años, se encontraban desempleados, 4 millones más que en 2007.

 

Dentro de tal tendencia, a escala mundial, los jóvenes tienen casi tres veces más probabilidades de estar desempleados que los adultos. Estimándose que 6.4 millones de jóvenes han perdido las esperanzas de encontrar trabajo y se han apartado del mercado de trabajo por completo. Mientras que los que tienen empleo, en dichos trabajos se encuentran en tiempo parcial y con un contrato temporal2.

Pero es en los países dependientes, donde existe una excesiva proporción de jóvenes que se encuentran como trabajadores pobres. De forma que en 2013 en América Latina se registraron 108 millones de jóvenes de ambos sexos, entre los 15 y los 24 años de edad cuya inserción en los mercados laborales es mayoritariamente precaria, de alrededor de 60%, y donde 55.6% labora en el sector informal con bajos ingresos, inestabilidad laboral, desprotección y violación de sus derechos laborales. De tal suerte en México, de acuerdo con algunos datos, en 2014 del total de la población, 24.9%, o 29.9 millones, son jóvenes de entre 15 y 29 años de edad y la tasa de desempleo en este sector de la población alcanza un 9.8%, mientras que la correspondiente a los sectores entre 20 y 24 años es de 9.7%3.

 

A tal situación, se le suman los trabajadores del campo, jornaleros de entidades como San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Zacatecas, Morelos, Nayarit y Colima. Mismos que son reclutados con la promesa de un pago diario de cien pesos, tres alimentos al día, hospedaje, escuela y guardería para sus hijos. Pero siendo engañados, son maltratados física, emocional y laboralmente.

Viéndose obligados ante la pobreza existente en sus comunidades de origen, familias enteras migran temporalmente a campos agrícolas en comunidades remotas, en un intento por atenuar aunque sea ligeramente la miseria en la que viven. Pero lejos de casa tienen que enfrentarse a condiciones infrahumanas de trabajo: pasan más de ocho diarias bajo el sol expuestos a pesticidas, viviendo en barrancas insalubres y teniendo que compartir una letrina con al menos una decena de familias De acuerdo con la Encuesta Nacional Jornalera (Enjo 2009) en el país hay cerca de dos millones de jornaleros temporales, de una población jornalera de 9.2 millones en el territorio nacional4.

 

Dentro de tal espectro, de los más de tres millones de niños, niñas y adolescentes que se estima trabajan en México, 30% se encuentra ocupado en actividades del campo. Así existen cientos de niños y niñas que pasan su infancia entre cultivos de chile, melón, tomate rojo, tomate verde, uva, calabaza, caña, café, manzana, durazno, y otros productos del campo, en lugar de acudir a estudiar en un aula escolar. Y bajo tales condiciones, de acuerdo con la Sedesol, 50% de las niñas y niños menores de 14 años miembros de familias jornaleras no asisten a la escuela5.

A tales hechos se le suma la siembra de amapola, así como muchas otras actividades consideradas como un delito, vienen resultando ser un “opción”, ante tal situación. De acuerdo con cifras del 2014 proporcionadas la Evaluación de la Amenaza Nacional de Drogas de la DEA, en México se produce un 42% de la heroína que se traslada hacia los Estados Unidos, y es el estado de Guerrero el señalado como el principal productor6.

 

Aumento de suicido en niños y adolescentes.

En un escenario donde, de acuerdo con el informe El estado mundial de la infancia 2016, elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en México, cerca de 21 millones de niños y adolescentes de menos de 17 años viven en la pobreza; mientras que, 23 por ciento de las mujeres menores de edad se casan, de forma que cuatro de cada mil niñas de entre 10 y 14 años ya tienen al menos un hijo. Principalmente en los estados de la república como Chiapas, Guerrero y Oaxaca7.

También se viene escenificando de manera dramática un aumento en el número de suicidios, de acuerdo con el INEGI, en 2012 se registraron cinco mil 549 suicidios, de los cuales 80.6 por ciento fueron consumados por hombres y 19.4 por ciento por mujeres, lo que significa que ocurren cuatro suicidios de hombres por cada suicidio de una mujer. Indicando además que también desde 2012 se han registrado 826 suicidios entre adolescentes de 15 a 19 años, lo que representa una tasa de 7.4 muertes por cada 100 mil adolescentes. Fenómeno que se ha incrementado con rapidez entre los adolescentes, hasta constituir una de las primeras causas de muerte en este sector.

De suerte que, en los últimos 30 años, el índice de personas que se quitaron la vida aumentó en un 300 por ciento. En 38 años, de 1970 a 2008 la tasa de suicidios se mantuvo con un incremento anual de 16.5% en promedio. Pero dicha cifra de disparó a 33% a mediados de 2009, estimándose que tal tendencia se ha mantenido8.

Todo lo cual tiene una indiscutible relación con un contexto mundial de quiebra económica, marginación social, así como ataques físicos o abuso sexual, maltrato físico, verbal o psicológico a los que son sometidos cientos de niños y adolecentes al laborar en condiciones precarias. De forma que en México, unido a factores como la pobreza, la explotación laboral o el desempleo, se ha incrementando la depresión y con ella el suicidio de jóvenes principalmente en los estados de Yucatán, Tabasco, Campeche y Guanajuato.

En este mismo sentido, El Informe sobre la adolescencia 2009, de la UNICEF, hizo énfasis en las precarias condiciones de la población juvenil en México. Indicando que dicho sector juvenil durante ese año, sumaba 12.8 millones de 2 a 17 años de edad, de los cuales 6.3% eran mujeres y 6.5% hombres. Y de ese total, 55.2% era pobre, de manera que de cada 5 adolescentes, sólo uno podía contar con ingresos familiares y personales que le permitían acceder a una alimentación adecuada9.

Dentro de tal panorama, la OMS colocó a México en el 2010 en el lugar número 78 por incidencia de suicidios. Ocupando los primeros lugares de tal problemática países como Lituania, Bielorrusia, Rusia, Kazajastán, Eslovenia y Hungría, todos ellos antiguos países socialistas10. Y que tienen en común con México ser países periféricos o dependientes, hecho que se configura en esos países en el curso de la década de los ochenta y noventa del siglo pasado.

En Europa, fueron incorporados los países de Europa Oriental desde 1980 a la producción y explotación del capitalismo occidental, como “nuevas periferias”. Proporcionándoles grandes oportunidades a las empresas de los países capitalistas hegemónicos de la Unión Europea, quienes aprovecharon las “ventajas competitivas” que ofrecieron dichos países. Tales como, menores salarios, nula o débil organización sindical, altos niveles de calificación de la fuerza de trabajo y cercanía geográfica, lo que les garantiza una mayor fluidez en los flujos de materias primas e inversiones.

De manera que países como Lituania, Bielorrusia, Rusia, Kazajastán, Eslovenia y Hungría, una vez desarticulados, representaron una alternativa para el gran capital en su finalidad de abaratar sus costos de producción, presionar el aumento de las tasas de explotación del trabajo y desempeñar un importante papel en la presión que ejercen estas nuevas periferias en la disminución de los salarios en los países desarrollados, con el objetivo de aumentar su “competitividad” y posibilitar la elevación de las tasas de ganancia11.

Ante tal situación, se vienen suscitando cada vez más hechos dramáticos como los suicidios. En México ejemplifica tal acontecer el suicidio de Ángel Villada Moreno de 41 años de edad. Quien luego de haber asesinado a sus tres hijas y a su esposa de disparo en la cabeza, dejando entrever en una carta póstuma que los motivos para llevar a cabo tal decisión fueron graves problemas económicos por los que atravesaba la familia12.

Y mientras tal desastre económico y social ocurre, la primera dama mexicana, Angélica Rivera, usa una lujosa propiedad en Florida comprada por una empresa que compite por contratos con el Gobierno de México, el Grupo Pierdant. Éste pelea por el desarrollo de puertos marítimos en el país y con el beneplácito de dicha compañía, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, utiliza dicho departamento, valuado en 2.05 millones de dólares, ubicado en Key Biscayne, al sur de Miami Beach. Eventos a los cuales se le suma la compra de una mansión de 7 millones de dólares en la Ciudad de México a otro contratista del Gobierno, el grupo Higa de Juan Armando Hinojosa Cantú, que ha sido conocido como el escándalo de la “Casa Blanca", suscitado en 201413.

 

La religión de los malditos.

Las crisis financieras, el consumismo, el hecho de que una educación superior no garantice empleo, cada vez más han marcado un entorno en nuestro país en el que impera la desesperanza y la noción de un futuro seguro. De suerte que quienes en la actualidad son mayores de 45 años tienen una mayor certeza incluso en el ámbito espiritual, debido a que la religión católica, impuesta desde el nacimiento se conservó como su brújula. Mientras que las personas entre 24 y 44 años, han tendido a no contraer nupcias, ni firmar un documento civil, prefiriendo las uniones consensuales, además de encontrar respuesta a la desesperanza en otras creencias14, como los Cristianos, Pentecostales, Testigos de Jehová y donde se llegan a incluir creencias relacionadas con brujos y magia, como el Vudú, La Santería y la Santa Muerte.

De tal manera, desde 2009 ya hay quienes ofician ceremonias Vudú en la capital mexicana aunque sea en templos improvisados. Doctrina basada en la creencia de que las cosas y los elementos naturales están animados por vida y alma. El vudú en Haití es religión oficial desde 2003, siendo una especie de diccionario moral y un sistema importante en casi todos los aspectos de la vida de la isla caribeña, representando un complejo entramado de arbitraje y organización social. No obstante lo cual, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía lo clasifica como religión ocultista y en las 696 páginas del Directorio de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, disponible en línea, no aparece una sola que aluda al vudú15.

Mientras que la santería, regla lucumi o regla de ocha es una religión que tiene sus orígenes en la tribu africana Yoruba: un pueblo proveniente de Dahomey, hoy conocida como Benin, así como también de Nigeria a lo largo del río Níger. Los Yoruba creen en un dios llamado Olorun u Oludumare, para ellos la fuente del ashe (la energía espiritual de la que se compone el universo, todo lo vivo y todas las cosas materiales). La estructura de esta religion se encuentra en un panteón religioso de divinidades como Shangó, Obatalá, Oggún, Yemaya, Oshún, Babalu aye, entre otros.

La santería ha tenido un auge muy importante en México, específicamente en la zona de los tuxtlas (Catemaco, Veracruz). A partir de la Revolución Cubana, en 1959, más de un millón de personas, entre ellos santeros, emigraron para establecerse en las principales costas del litoral mexicano (Yucatán, Campeche y Veracruz), así como en otras ciudades de los Estados Unidos (New Jersey y Miami). En Catemaco, Veracruz, dicha religión afrocubana se ha mezclado en el panteón religioso católico y a través de dicho sincretismo la santería se ha desarrollado, de forma que algunos brujos han adoptado ciertas tendencias religiosas como rituales, oraciones, algunos dioses, incluso identidades que aluden a la santería en general16.

Después de lo cual, en los noventa se observa un boom y una mayor popularización de la santería cubana en México, no sólo en la capital y sus zonas urbanas, sino también en otras ciudades del interior del país. Por lo que hoy en día en México la santería cubana y sus trabajos rituales de magia han tenido una gran expansión.

Mientras que respecto al culto contemporáneo a la Santa Muerte, este apareció en Hidalgo, en 1965. Hasta encontrar arraigo inicialmente en el estado de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Morelos y el Distrito Federal. Y posteriormente en Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. Cobrando así el culto a la Santa Muerte en México vuelo y encumbrándose al lado de la Virgen sagrada de Guadalupe.

Acudiendo las personas a ella para pedirle milagros o favores relacionados con el amor, la salud o el trabajo. Pero también se le pide por fines violentos, tales como la venganza y la muerte de otros. Además de que inicialmente su devoción era exclusiva de criminales, contrabandistas, pandilleros, ladrones y prostitutas, quienes le hacen peticiones, tales como el librarles de las balas de la policía o de cualquier otro mal, como por ejemplo, la cárcel. Extendiéndose la veneración a esta deidad por varias regiones del territorio mexicano, siendo narcotraficantes y otros delincuentes sus más fervientes creyentes. En la región del norte del país, el culto a la Santa Muerte se ha visto acompañado con la veneración a Jesús Malverde, el “Santo de los Narcos”, cuyas imágenes aparecen continuamente en los domicilios que catean las autoridades cuando detiene a grupos por tráfico de drogas17.

Pero conforme ha pasado el tiempo, se le han sumado devotos entre militares y policías, quienes piden una bendición para su pistola y sus balas. E incluso, la devoción a "La Flaca" se ha convertido en algo popular dentro de la elite política y empresarial. Aquellos que acuden a su altar la veneran como si fuese una santa, persignándose y rezándole para que se cumplan sus peticiones.

Aunque la Iglesia Católica condena esta veneración, denominándola como "pecaminosa", algunos asocian esta práctica con la Iglesia. Por lo que a la mayoría de sus seguidores parece no importarle la contradicción entre su religión y el culto pagano a "La Santa". Organizando rituales similares a los cristianos, incluyendo procesiones y oraciones con el fin de ganar su favor. Erigiendo su propio altar en su hogar, oficina o negocio para sentirse protegidos por ella. Dicho altar suele consistir de una estatuilla cuyas medidas va de 15 centímetros a tamaño humano, rodeada de distintas ofrendas, entre las cuales se encuentran arreglos florales, frutas, inciensos, vinos, monedas, dulces y golosinas, además de velas, cuyo color varía de acuerdo a la petición.

Por lo que a pesar de que la Iglesia de Roma siempre ha repudiado esta práctica, se han creado 15 parroquias en Los Ángeles, California, y una en México. De manera que el culto pagano a la Santa Muerte, que recientemente ha cobrado popularidad, cuenta con dos millones de creyentes en México, venerada particularmente en el barrio de Tepito, en el centro de la capital mexicana. Sus simpatizantes suelen identificarse al portar algún dije o escapulario de su imagen, mientras que otros optan por llevar su figura de manera indeleble, al tatuársela en la piel. Como elementos indispensables se exigen los puros, los cuales deben estar constantemente encendidos y un imprescindible pedazo de pan18.

En momentos en que nuestro país atraviesa por marcadas desigualdades sociales, donde los jóvenes son los prioritariamente excluidos, es común ver a cientos de adolescentes, cargar figuras mortuorias para ser bendecidas. Siendo hoy en día Ecatepec la cuna de la Santa Muerte, lugar conurbado de la ciudad de México donde la gente tiene una gran necesidad de creer en algo. Municipio que, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, acumuló en el año 2015 un total de 354 de muertes por homicidios dolosos. 

Así, la gente ha venido llamando de cariño a la Santa Muerte, “la Virgen de los Olvidados”. Desde Ecatepec, punto neurálgico donde empieza y termina todo un “corredor de la Santa Muerte”, a través de la Línea 2 del Metro hasta el municipio del Estado de México, atravesando múltiples colonias donde destaca la marginalidad de la Ciudad de México, el culto también está muy arraigado. En lugares como la Morelos, Peralvillo, Santa Julia, o el barrio de Tepito, otro de los bastiones de la Santa Muerte. Lugares donde hay personas que ya se cansaron de pedirle a otras corrientes religiosas. Cansados de hacer plegarias que se olvidan y no son atendidas, por lo cual cada vez más están acudiendo a la “Niña Blanca”19.

Pero lo preocupante de la proliferación de dichos cultos, en un contexto de exacerbación de crisis social, política y económica. Es que ha llevado a casos extremos como el hecho de que una mujer le sacara los ojos a su hijo, de sólo cinco años, en represalia porque no los cerró para orar durante un ritual que celebraban siete personas, quienes aseguraban que el jueves 24 de mayo de 2012 ocurriría la llegada Dios y se acabaría el mundo.

Tragedia ocurrida en la colonia San Agustín Atlapulco, el barrio más marginado en el municipio de Ciudad Nezahualcoyotl, ubicado al oriente del estado de México. Después de que siete personas, cinco de las cuales pertenecían a la misma familia del niño que fue agredido (la madre y cuatro hermanos) llevarán cuatro días orando porque, según ellos, la mañana de ese jueves iba a venir Dios y se acabaría el mundo. Dichas personas, de acuerdo con Samuel Cuevas Monroy, subdirector de la policía de Nezahualcóyotl en ese momento, profesan la religión cristiana. Añadiendo además, que de acuerdo a declaraciones de la abuela del niño, la madre del mismo, le sacó los ojos porque no quiso cerrarlos. Pero como no los cerró, se los sacaron para limpiárselos porque presenció la oración20.

 

Bibliografía.

Galeano Eduardo H. “Violencia y enajenación”. Editorial nuestro tiempo, 1971.

Sotelo Valencia Adrián. “El precariado ¿Nueva clase social? UNAM, Porrúa. 2015.

Sotelo Valencia Adrián. Los rumbos del trabajo. Superexplotación y precariedad social en el siglo XXI. UNAM, FCPyS, Porrúa, 2012.

 

Hemerografía.

Periódico El Universal. Lunes 13 de octubre de 2014.

 

Notas

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215456

 

 

 

Sintamos la violencia cotidiana para los pobres que se intensifica con el Estado represor y cómo el último perfecciona su función de aterrorizar. A raíz de la presencia cada vez más contundente de Estados terroristas con fachada democrática cuestionemos UNASUR y

la CELAC por ocultarlos e integrarlos y también por subordinación a China.

 

“En México tenemos una acción represiva del Estado, que se traduce en delito de lesa humanidad”

11 de agosto de 2016

¿Qué dejó la visita de Peña Nieto a la Argentina? Fundamentalmente visibilizar y repudiar la situación de Derechos Humanos en México pero también líneas de análisis para entender lo que viene por nuestras tierras en el marco de la lucha contra el Narcotráfico, Comercio Internacional y Reformas Neoliberales. Para ahondar sobre este contexto, entrevistamos a Arsinoé Orihuela, miembro de la "Asamblea de Mexicanxs en Argentina". 

Por Paula Daporta, Facundo Di Cuollo y Macarena Sanchez Volpe | Lo Menos Pensado.

Culminado el mes de julio, el presidente Mauricio Macri recibió a su par mexicano Enrique Peña Nieto. En un contexto de reordenamiento estratégico de la Argentina en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, la visita puede leerse como parte del proceso que articula la política internacional con la doméstica.

En las calles se hizo oír el repudio al primer mandatario mexicano frente a las denuncias sobre violación de Derechos Humanos, que se han visibilizado notablemente tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

En este marco, charlamos con Arsinoé Orihuela de la Asamblea de Mexicanxs en Argentina, quien nos ofrece preocupantes líneas de análisis comparado de la situación de su país y algunos indicadores que han comenzado a intensificarse por nuestras tierras.

-La mayoría de los organismos de DDHH a nivel internacional lo están señalando a Enrique Peña Nieto como el responsable de delitos de Terrorismo de Estado en México. ¿Qué es lo que justifica esta definición?

-Sí, bueno, aquí la conceptualización es importante. Tenemos que decir, por un lado, delitos de lesa humanidad y, por otro, Terrorismo de Estado. Yo escucho que a menudo se usan los dos conceptos indistintamente. Y lo que tenemos es básicamente una acción represiva delEstado, que se traduce en delito de lesa humanidad. Porque es el Estado, o agentes al servicio del Estado, o grupos paraestatales, o parapoliciales al servicio del Estado los que reprimen a las movilizaciones sociales en particular, y a la sociedad civil en general. Pero, como bien señalas, la situación en México ahora es de crisis y básicamente toda la crítica que hemos visto alrededor del gobierno de Enrique Peña Nieto y del Estado Mexicano se desenvuelve en espacios internacionales. Porque la situación en México es delicada, es altamente delicada. Hay una persecución, un hostigamiento, un amedrentamiento contra miembros de la sociedad organizada y contra la generalidad de la población. Pero todos saben bien que muchos de los delitos que se cometen en México y -en cierto sentido- la tragedia humanitaria que atraviesa el país, es atribuible al Estado, o bien a instituciones delEstado.

-¿Lo que decías recién da a entender que se está hablando por fuera, a nivel internacional, pero que en México los medios de comunicación no se están haciendo eco de lo que está sucediendo?

-Claro, habría que hacer una distinción ahí entre lo que es la prensa tradicional (monopólica o duopólica) y lo que es medios libres y autónomos, o medios alternativos. Felizmente ha proliferado el número de medios autónomos y alternativos. Pero a la par, ha crecido larepresión y la persecución contra esos medios libres. Y por otro lado, insisto, tienes a la prensa tradicional con los medios monopólicos que lo que han hecho es satanizar todo gesto de protesta social o popular. Y la cuestión es que en esa satanización se incuba el germen de la represión, porque allana el terreno para justificar cualquier acto de represión de Estado. Lo vimos claramente hace unas semanas, en Nochistlan Guajaca. Si hay un gremio en Méxicoque ha sido sistemáticamente satanizado, es el magisterio, los maestros. Reprimieron una movilización, como bien se ha documentado en la prensa internacional en Nochistlan Guajaca. Hay diversas estimaciones, pero según gente de la comunidad, cerca de trece personas perdieron la vida ese día. Uno de ellos era maestro, profesor, y el resto, civiles simpatizantes con la protesta magisterial.

-Lamentablemente, el mundo comienza a hacerse eco de todo lo que está pasando en México a partir de septiembre de 2014, con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. A partir de ello nos interiorizamos sobre la lucha contra una reforma educativa. ¿De qué consta esta reforma educativa?

-En realidad la lucha, y ahí está justamente el valor de la lucha magisterial, es contra las reformas estructurales. Hubo un primer ciclo de reformas neoliberales o neoliberalizadoras entre el ‘88 y el ‘94. Después hubo una especie de intervalo de dos años, en que avanzó paulatinamente, progresivamente, la neoliberalización. Y luego recobra fuerza otra vez en 2012, con la llegada al poder de Enrique Peña Nieto. Y eso es lo que algunos analistas señalan como un “segundo ciclo de reformas neoliberales”. Bueno, en ese contexto del segundo ciclo de reformas neoliberales, hay dos que son claves: la reforma energética, que pasó Fastrack Express con poca oposición (fueron muy eficaces en todo el proceso de aprobación de la reforma), y una segunda reforma que es la educacional. La cuestión con la reforma educacional es que allí han tenido serios problemas para conseguir hacerla avanzar porque encontraron una fuerte oposición. Encontraron una fuerte oposición principalmente en la coordinadora nacional de trabajadores de la educación, que es históricamente uno de los sindicatos o de las facciones disidentes dentro del sindicalismo magisterial. Entonces, aquí se abre un ciclo de protesta importante con los maestros, que consigue reunir, aglutinar, la indignación popular, la indignación de la generalidad de la población; y crece, arrecia la protesta. El Estado decide reprimir como primer recurso para “dirimir” el conflicto, recurre a la represión sin agotar otras instancias institucionales. Y esto se debe a que el tema acá no es sólo conseguir implementar la reforma educacional, sino eliminar a ese actor político dentro de la sociedad organizada que resiste a este segundo ciclo de reformas neoliberales. Acaso por allí junto con los zapatistas, y algún otro movimiento o colectivo u organización de menor rango. Pero es importante el sindicato, es importante la movilización magisterial porque evidencia la indignación y el descontento generalizado que hay en México.

-Sabemos que cuando hablamos de reformas neoliberales, siempre viene acompañado de estas cuestiones represivas. Un poco para asustar, un poco para lo que se denomina “eliminar base”. En función de Ayotzinapa, ¿cómo está la opinión pública respecto de esta situación? ¿Se están llevando a cabo algunas investigaciones?

-Bueno, el de Ayotzinapa sigue siendo un crimen impune. Desde un primer momento sabíamos que lo que iba a hacer el gobierno era -como bien decimos en algunos lugares- “patear la lata”, es decir, tratar de desplazar el problema y evitar que tenga un costo político. Y sigue en ese tenor. El Gobierno Federal perdió la elección intermedia y temen perder la elección presidencial en dos años. Sin duda que el tema de Ayotzinapa es un problema que sigue siendo profundamente incómodo para el poder.
Si le preguntas a la población civil sobre algún hecho agraviante o vejatorio que ellos puedan identificar en la política actual o contemporánea en México, unánimemente te van a responder que Ayotzinapa; hay una indignación profunda que persiste por la situación de Ayotzinapa, por la impunidad persistente y un gobierno que advierte que eso en su tiempo ha de ser un eje estructurante de la movilización social, y por consiguiente sigue ceñido a la agenda originaria, que es la de negar la participación de agentes del Estado en la comisión de ese delito. Cuando sabemos bien que la evidencia empírica sugiere que en la operación participaron policías municipales, policías estatales, efectivos militares en conjunto con grupos del crimen organizado. Entonces es demasiado escandalosa e inconfesable esa verdad política. Por consiguiente, ellos van a seguir adheridos a eso que ellos llaman la “verdad histórica”, que es una mentira histórica flagrante. Y el costo político que eso pueda traer consigo es el progresivo aumento de la indignación social. Pero es una herida que sigue abierta. Y la apuesta es la misma apuesta que la del ‘68, la de la masacre de Tlatelolco: dejar que se olvide o dejar que por lo menos transcurran unos años, para ir por ahí publicando más información sobre el asunto. Pero siempre desde la lógica del poder, naturalmente, evitando el costo político en el corto y mediano plazo.

-Hoy leía un dato que la verdad me asombró, que es que en México desaparecen trece personas por día. Y que, de esas trece personas, el 40% están en el rango de edad de los 15 a los 29 años. Me preguntaba qué estrategias de resistencia o de visibilización están llevando a cabo, o si se está dando algún movimiento también de exilio…

-El primer movimiento que visibiliza la situación de desapariciones forzadas en México, es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia. Fue en el 2010 o 2011, después del asesinato de su hijo, en el Estado de Morelos. Él arranca un movimiento que de hecho cobró notoriedad nacional e internacional, que consiguió reunir a muchas de las familias que tenían parientes o hijos desaparecidos. Hasta ese año (2010/2011) se visibiliza internamente y al exterior la situación de crisis en materia de violación a los DDHH en general, y específicamente en materia de desaparición forzada. Después de eso, hubo una caravana que llamaron “Caravana por la Paz”, con la que recorrieron la totalidad de la geografía nacional. En su recorrido consiguieron ayudar a articular otros colectivos adheridos al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pero autónomos, y cuya operatividad se da más en un contexto local. Hay organizaciones en todos los Estados que responden a esa primera iniciativa del Movimiento por la Paz, y que siguen vigentes, siguen operativamente actuando en esos Estados. Lo que han hecho es básicamente reemplazar a las autoridades públicas. En esos colectivos se concentran las familias de los desaparecidos y algunos otros activistas o defensores de los DDHH; que se dedican a buscar a los familiares perdidos en las fosas comunes, a acompañar a las familias a los ministerios públicos para denunciar casos de desaparición forzada y a exigir directamente a la autoridad pública que cumpla con su tarea. Ya casi como una mera formalidad, porque sabemos perfectamente bien que en México el narco es el patrón del Estado,y por consiguiente los funcionarios públicos, los políticos y la clase política en su conjunto no puede atender ese problema, porque estructuralmente está acoplada al crimen organizado y a la delincuencia.

 

-Te hago una pregunta como para trazar alguna línea entre lo que viene pasando hace un tiempo en México y lo que está pasando ahora en Argentina. Aquí, desde que asumió el presidente neoliberal Mauricio Macri, también existe –aunque en otro nivel- cierta persecución sobre todo hacia gente del ámbito periodístico. Hubo polémica por una medida que se anunció hace poco, que es la creación de un “observatorio de redes” para observar las redes del cuerpo docente de la Provincia de Buenos Aires. Quería preguntarte cuál es el rol que tienen, o que han tenido en su momento, las redes sociales en toda esta persecución y hostigamiento que sufren los periodistas y la gente de la comunidad educativa en México.

-Como señalaba al principio, en México la información está controlada, “acordonada” por el duopolio mediático, por la prensa tradicional. En cierto sentido, las redes sociales y los medios digitales han contribuido a romper ese cerco. Lo han conseguido parcialmente, porque a final de cuentas la presencia de los grandes medios de comunicación y algunos grandes conglomerados mediáticos que operan en México, consiguen “secuestrar” la información y generar un entorno de desconocimiento. Y en ese sentido, sí, claro, las redes sociales han tenido un papel fundamental, incluso en la alianza o en la comunicación con otros grupos internacionales que apoyan o que simpatizan con las luchas en México. Eso ha sido clave para poder transferir o hacer circular cierta información que está, insisto, “acordonada” o “secuestrada” por la prensa tradicional.

 

-Claro, pero me refería más bien a cuando las redes se convierten en una suerte de “arma de doble filo”. Porque, por un lado, te permiten como vos bien decías romper el cerco mediático. Pero, por otro, también te exponen. Aquí, como te decía, las redes sociales están siendo utilizadas para el espionaje, para la Inteligencia de Estado…

-Bueno, si hay un caso sintomático de esa dualidad de las redes sociales, es el de la primavera árabe. La primavera árabe tenía eso. Por allí circuló la información que movilizó a esas poblaciones, pero por otro lado también ese fue el instrumento que usaron esos gobiernos para perseguir a la disidencia política. La situación no es muy diferente en México o Argentina. Pero eso es algo que está más allá de la posibilidad de tener una incidencia en los movimientos sociales y en los colectivos. Finalmente siguen siendo canales que están abiertos, aun cuando estén sujetos a escrutinio y vigilancia. Pero sí, es cierto. Eso es una dicotomía que, no sé, por lo menos en el corto plazo, yo no veo que se pueda dirimir.

 

-Es innegable que hay una simpatía política, del posicionamiento donde están Macri y Peña Nieto, una clara derecha neoliberal. Los dichos de Macri esta semana, cuando le preguntaban por la situación de DDHH en México, fue que “no le constaba lo que le estaban diciendo”.

-Sí, usó una expresión, “cantinflesca”, me parece que “no me consta”.

-Sí, y tiró de vuelta balas para el lado de Venezuela, haciendo oídos sordos de todo lo que le decían.

-Sí, de hecho nosotros denunciamos eso. Nosotros dijimos “que el presidente Mauricio Macri exija el respeto a los DDHH en México, como sí hace reiteradamente en Venezuela”. En el caso de Venezuela, oportunistamente.

-Más allá de la cercanía política y de los gestos que hubo durante toda la visita de Peña Nieto, hay una clave que tiene que ver con la economía y con la apertura y la inclusión de Argentina en el Tratado del Pacífico, ¿qué lectura hacen ustedes de esto?

-Bueno, ese es el punto programático fundamental de la visita, sin duda. Nosotros alcanzamos a advertir dos puntos programáticos: uno, Peña Nieto en calidad de emisor de Estados Unidos venir a impulsar esa agenda, impulsar política y diplomáticamente la agenda de la Alianza Transpacífico; y dos, la agenda de la seguridad de Estados Unidos. Esa es una fórmula con dos contenidos, uno el de seguridad y otro el económico.
El de seguridad, responde a la necesidad de neutralizar a las sociedades organizadas con el propósito de impulsar esas reformas económicas. Entonces es un “paquete” que viene, en cierto sentido, a avalar o a profundizar Enrique Peña Nieto en su visita con Mauricio Macri. Lo que nosotros hemos comentado, insisto, dentro de la Asamblea es eso: que a todas luces el propósito es impulsar la agenda del Transpacífico, en detrimento de la integración del Mercosur, claramente; y dos, impulsar la agenda de seguridad que es crucial, porque sin la configuración de un escenario de alta conflictividad social es imposible impulsar esas reformas neoliberales. Esa es la situación que tú tienes en México ahora, primero provocas ese estado de guerra artificialmente, y después impulsas el ciclo de reformas neoliberalizadoras. Nosotros podemos identificar algunos elementos de la realidad argentina en el presente, que remiten inevitablemente a esos antecedentes en México de la guerra contra el narcotráfico. Un indicador de que Argentina está siguiendo más o menos el mismo curso de México, insisto, es el de anunciar públicamente que se va a perseguir al narcotráfico, como un punto programático definitorio de la agenda. Esa consigna de “narcotráfico cero”. Dos, la desactivación del control civil sobre las fuerzas armadas, lo cual abre la posibilidad de que se militarice o policialice el país. Y tres, un trabajo mediático escrupuloso que es el de inflar el tema de la inseguridad, la violencia y el narcotráfico en el país (que no es que no existan o tengan una presencia esos problemas en la Argentina, pero la cuestión es que esto es claramente sobredimensionado). Y un cuarto indicador, es la presencia de generales colombianos en el gabinete de Mauricio Macri. Nosotros podemos identificar esos cuatro elementos en México antes de la declaratoria formal de la guerra contra el narcotráfico. Y ahora, tristemente, se los digo yo a nuestros hermanos argentinos, yo alcanzo a ver esos elementos también operando coordinadamente acá en Argentina.

-Arsinoé, te agradecemos muchísimo. Muy esclarecedor respecto de la situación mexicana. Triste el diagnóstico que nos tirás para estas tierras, pero resistiremos por este lado también.

-Les agradezco la invitación. Y sí, bueno, muy penosamente tenemos que seguir la situación de México. Y yo lo que sugiero es que sigamos también muy atentamente la situación en Argentina, porque desafortunadamente está siguiendo más o menos el mismo curso en materia de políticas de Economía y de Seguridad que acarreó a México a este escenario de tragedia humanitaria. Y, definitivamente, no queremos que nuestros hermanos argentinos atraviesen una situación como la que estamos atravesando ahora en México.

Entrevista realizada para el programa radial "Lo Menos Pensado"
(Lunes de 21 a 24 hs. por
 www.radiobarbarie.com.ar)

Entrevistan Paula Daporta, Facundo Di Cuollo y Macarena Sanchez Volpe.

La entrevista completa puede escucharse en https://ar.ivoox.com/es/entrevista-a-arsinoe-asamblea-mexicanxs-argentina-audios-mp3_rf_12445320_1.html

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12595

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Las desapariciones forzadas y la llamada “democracia colombiana”

4 de junio de 2011

Durante la última semana de mayo se celebró en Colombia la “Semana contra la Desaparición Forzada”. El evento reunió en Bogotá a varias organizaciones sociales del pueblo colombiano, a representantes de organismos internacionales, a periodistas y, por supuesto, a familiares de víctimas. Colombia es trágico ’record’ en el crimen de Estado de la desaparición forzada: del informe de Medicina legal y del de la Fiscalía se deduce un promedio de 13.000 desaparecidos al año, perpetrados entre fuerza pública y herramienta paramilitar. 

 

Por Azalea Robles

El crimen de Estado de la desaparición forzada de la "democracia" colombiana rebasa las dramáticas cifras de las dictaduras del Cono Sur

En la “Semana contra la Desaparición Forzada” estuvieron presentes el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Asfaddes (Asociación de familiares de detenidos desaparecidos), las Madres de la Candelaria, las Madres de Soacha, y muchos más. El encuentro contó con exposiciones, Galerías de la Memoria, conferencias, talleres, testimonios, intervenciones de funcionarios internacionales, representaciones artísticas, etc.

Durante los testimonios, las ponencias y los talleres quedó evidenciada esta terrible realidad: el Crimen de Estado de la desaparición forzada de la "democracia" en Colombia rebasa las dramáticas cifras de las dictaduras chilena y argentina. La cifra del informe de Medicina Legal de 38.255 desaparecidos en 3 años (1) evidenció una realidad que no se puede seguir esquivando: Colombia es trágico ’record’ en el Crimen de Estado de la desaparición forzada.

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia (2), lo que es un reconocimiento por años esperado, aunque obviamente no refleja la amplitud del drama y se presuponen muchos más desaparecidos, como el mismo comisionado lo reconoció. No obstante, la cifra de La ONU de 57.200 desaparecidos permite darle un reconocimiento internacional a las víctimas; aunque evidentemente la estimación se queda corta, a la luz incluso de los informes de las propias entidades estatales que permiten una estimación muy superior; y se queda corta con relación a las víctimas, que buscan centenares de miles de desaparecidos. Más adelante en este texto ahondaremos en la cuestión de las cifras y la dificultad que enfrentan las víctimas de obtener reconocimiento.

Salazar señaló que los hechos involucran a "agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos" y agregó "por décadas, miembros de la fuerza pública cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas" (Ibíd.). El informe de mayo 2011 del CINEP revela que los asesinatos de civiles a manos de militares, los mal llamados “ejecuciones extrajudiciales” o “falsos positivos”, lejos de disminuir bajo la presidencia de Santos, han aumentado: el genocidio de intensifica (3).

Uno de los momentos más estremecedores de la reivindicación de la “Semana contra la Desaparición Forzada” fue la caminata de los familiares, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y varias organizaciones sociales que reclamaron a los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín: las víctimas de la Operación Orión. Orión fue una acción de muerte, tortura y desapariciones perpetrada por la combinación de militares y la herramienta paramilitar. Los familiares y organizaciones caminaron por la comuna 13 pese a las amenazas paramilitares: con flores, recitando poemas y exponiendo la realidad, invitaron a la vecindad a sumarse a la caminata. Algunos de los poemas y reivindicaciones declamados fueron:"Te quieren borrón en la memoria... una vieja sabia de la aldea enseña a deletrear alfabetos de justicia y solidaridad mientras escarbamos en escombreras, en fosas, debajo de las piedras de la infamia... En la roca de la historia vamos a grabar sus nombres".

"¡Somos familiares de desaparecidos y asesinados en la Comuna 13: Escarbando la Verdad, desenterrando la Justicia!”. "Durante el 2002, la Operación Orión contó con más de MIL hombres de la fuerza pública, que permitieron la conquista definitiva de Medellín por los paramilitares y la imposición del miedo y el terror (4).

Las Galerías de la Memoria fueron expuestas en lugares como la Universidad pedagógica de Bogotá, generando interacción con el estudiantado de un país muy golpeado por la censura y manipulación mediática, la invisibilización de las víctimas y la persecución al pensamiento crítico. Varios estudiantes y profesores han sido víctimas de desaparición forzada, asesinatos o encarcelamientos para callar sus denuncias. El Colectivo Semillas de Dignidad y Memoria invita a las exposiciones de las galerías de la Memoria, con este poema: “Son tantos día a día los que simplemente no aparecen, que un día no cabrán en el suelo y brotarán y cubrirán todo este territorio. Y en un macabro recorrido exhibirán el verdadero rostro de la patria”.

Los desaparecidos son invisibilizados por un estado que quiere perpetuar el mecanismo genocida de acumulación de capital en pocas manos, bajo el manto de la impunidad. Un estado que pretende perpetuar la práctica del genocidio como viabilización del saqueo de los recursos, mediante constantes desapariciones de personas: estudiantes, campesinos, indígenas, sindicalistas, maestros, periodistas, artistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos... todo aquel o aquella que reivindique contra la aberración que constituye que siendo Colombia unos de los países más ricos del mundo, su población sufra hambre. Arriesga su libertad y su vida aquel o aquella que alce su voz contra la injusticia social que arroja que 20.000 niños menores de cinco años mueren anualmente por desnutrición y carencia de acceso al agua potable en el 4to país con más riqueza hídrica del mundo. Colombia tiene índices de desigualdad social (coeficiente GINI) que la sitúan entre los países más desiguales del mundo, según datos de Naciones Unidas. Según Samuel Azout, alto consejero para la Prosperidad, Colombia sería hoy el cuarto país del mundo en desigualdad , con un índice Gini de 0,58. (5)

La desaparición forzada en Colombia: Crimen de Estado que satura el alma

 1. Cifras y suspiros: entre el esfuerzo estatal de borrar a los desaparecidos y el clamor de los familiares, la ONU reconoce al menos 57.200 personas desaparecidas

El crimen de Estado de desaparición forzada de la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de las dictaduras de Argentina y Chile reunidas: sólo en 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas, según un informe de Medicina legal. Para una estimación total en los últimos 20 años de 250.000 personas desaparecidas, según lo denunció Piedad Córdoba (6). Las estimaciones de desaparición forzada son obviamente minimizadas desde el Estado; sin embargo ha debido reconocer la existencia de al menos 51.000 desaparecidos: “Al mes de noviembre de 2010, las estadísticas oficiales del gobierno de Colombia registran más de 51.000 Desapariciones” señala un reporte de 2011 de la US office on Colombia (7). En enero 2011 la Fiscalía publicó un informe (8): tiene documentados 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 por la herramienta paramilitar. El informe de enero 2011 confirma las estimaciones de Piedad Córdoba de al menos 250.000 personas desaparecidas. Del informe de Medicina legal y del de la Fiscalía se deduce unpromedio de 13.000 desaparecidos al año, perpetrados entre fuerza pública y herramienta paramilitar.

El lunes 23 de mayo 2011 el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia, declaraciones dadas durante la celebración de la conferencia sobre desapariciones forzadas (ver 2).

 2. Asesinatos de civiles a manos de militares en los macabros “falsos positivos” aumentan, arroja estudio de mayo 2011

El asesinato de civiles a manos de militares ha rebasado todo límite del horror en la figura de los “falsos positivos”: asesinatos de civiles perpetrados por militares que luego disfrazan sus cadáveres de “guerrilleros abatidos en combate”, ya hay 3.000 casos documentados de estos asesinatos que son impulsados por las recompensas que reciben los militares por cadáver presentado como una forma de incentivar el manejo de la barbarie y de aumentar las “victorias de guerra” por parte del estado colombiano (9). En mayo 2011 el CINEP publicó un informe en el que evidencia que los asesinatos de civiles a manos de militares, lejos de disminuir, han aumentado bajo la presidencia de Santos (10). Las Madres de Soachason, Madres de niños y jóvenes asesinados por los militares en los montajes macabros de los “falsos positivos” que gracias a su tenacidad por encontrar a sus hijos desaparecidos y por denunciar estos crímenes de estado, han logrado hacer oír sus voces traspasando el muro de censura mediática nacional e internacional: varios de sus familiares han sido asesinados como represalia por sus denuncias, en un intento estatal de silenciar las voces de estas madres que no callan y siguen clamando justicia en medio de los atentados y del miedo. Claman justicia por sus hijos, y para que no se sigan produciendo estos asesinatos de civiles, que lastimosamente continúan incrementándose, ante la complicidad silenciosa de la comunidad internacional.

 3. Las mayores fosas comunes del continente, la asesoría estadounidense y la reingeniería de la herramienta paramilitar

En Colombia, en la Macarena, departamento del Meta, se encontró en diciembre 2009 lamayor fosa común del continente americano, con 2000 cadáveres de desaparecidos: la gigantesca fosa se encuentra detrás del batallón de la fuerza Omega del Plan Colombia, que goza de estrecha asesoría estadounidense (11).

Es gracias a la tenacidad de los familiares y testigos que denunciaron durante años el genocidio, que se ha logrado hacer conocer esta realidad. La cantidad de víctimas arrojadas sin contemplación a la pretensión de olvido y desaparición llegó a ser tal, que la putrefacción de los miles de cadáveres se filtraba incluso al agua de beber, en medio de la impunidad y el silencio. Gracias a la visita de una delegación de parlamentarios y observadores británicos, el pedido de auxilio de los familiares de desaparecidos fue por fin escuchado.Las autoridades negaron la fosa en un principio; los mass-media silenciaron las denuncias. Pero gracias a la delegación, la Fosa se dio a conocer internacionalmente; el estado entonces intentó decir que los cadáveres eran de “guerrilleros abatidos en combate”, pero los familiares de desaparecidos desmintieron esa versión. En el 2010 se produjo la Audiencia a Testigos y familiares de desaparecidos de la región: fueron miles las denuncias de familiares y testigos evidenciando las desapariciones perpetradas por el ejército en connivencia con paramilitares. El estado por su parte procedió a acallar a los denunciantes: varios denunciantes fueron asesinados, entre ellos Norma Irene Pérez y Jhonny Hurtado (12), otros denunciantes han sido encarcelados bajo montajes judiciales, como es el caso de Marisela Uribe García, quién perdió sus bebés por torturas estando embarazada (13).

Posteriormente, finalizando el año 2010, se encontró otra fosa gigantesca con más 1500 cuerpos de desaparecidos:“Denuncian el hallazgo de al menos 1.505 cuerpos más en fosas comunes en Colombia, en el Meta, en la misma región que la mayor fosa común del continente (...) cuyos cadáveres son cuerpos de desaparecidos y asesinados por el ejército, como quedó evidenciado en las Audiencias públicas a testigos y familiares de desaparecidos”. (14)

La barbarie se sigue intensificando día a día, y la fuerza pública y la herramienta paramilitar continúan asesinado, desapareciendo y masacrando, como lo denuncia el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo (...) En la Política de Prosperidad Democrática la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. (...) Continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, de la violencia sexual, del control militar de la vida y del pensamiento crítico” (15).

 4. Los hornos crematorios de la “democracia” colombiana: Desaparecer y salvaguardar apariencia democrática

La desaparición forzada cumple una función central en la estrategia de “disuasión de la reivindicación”, a la sociedad se le envía el siguiente mensaje: “el que persista en reclamar derechos sociales, económicos, políticos, correrá la misma suerte”. Este mensaje busca someter mediante el terror y viene acompañado del mensaje de la plenipotencia del estadoque está en capacidad de desaparecer en plena impunidad. La desaparición forzada evidencia la impotencia que representa el encontrarse permanentemente vulnerable ante el poderío de un estado omnipotente en todas las instancias: la militar, la paramilitar, la legal, la administrativa. A la angustia por los sufrimientos del ser querido desaparecido se suma la impotencia de no obtener verdad ante entidades estatales. Son innumerables las trabas que encuentran los familiares de desaparecidos por parte del estado, para que sea reconocida oficialmente la desaparición de su familiar, en un intento estatal evidente de desaparecer no solo al desaparecido, sino al hecho de la desaparición en sí. La sociedad se ve triplemente vulnerada: es privada de un ser humano y sus ideas, es vulnerada en los procesos organizativos que constituyen el progreso histórico de las sociedades y es sometida a constatar la plenipotencia e impunidad de los victimarios. Familiares, testigos, abogados y en general denunciantes de desaparición forzada son sistemáticamente víctimas de amenazas, torturas, cuando no de asesinatos o víctimas ellos mismos de desaparición forzada: la fuerza pública y su herramienta paramilitar activan cualquier mecanismo para conseguir impunidad (16).

La desaparición cumple además la funcionalidad “practica” para los estados represores de reducir las cifras de asesinatos. En Colombia varios jefes Paramilitares han confesado cómo desde los altos mandos militares y políticos ha sido enviada la orden de que desaparecieran “de cualquier manera” a las víctimas para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crezcan de manera desproporcionada en las zonas urbanas. Varios miembros de la Estrategia paramilitar han confesado que implementaron la utilización de criaderos de caimanes y de hornos crematorios para quemar a las víctimas, a veces vivas: “(...) Lo echaron vivo ahí (...) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”, confesó un paramilitar (17).

 5. El encuentro de mayo 2011 y el reconocimiento de la desaparición forzada en Colombia

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia; dado que en el Registro Nacional de Desaparecidos figuran inscritas 57.200 personas. Estas declaraciones fueron dadas durante la celebración de la conferencia sobre desapariciones forzadas, en Bogotá, el lunes 23 de mayo 2011 (18). Salazar señaló que buena parte de los hechos involucran a "agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos" y agregó "por décadas, miembros de la fuerza pública cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas" (Ibíd.). Para al menos 15.600 desaparecidos del total de 57mil 200 personas desaparecidas inscritas en el Registro, se conocería que los autores son agentes de la fuerza pública en connivencia con el paramilitarismo: la autoría de los demás casos no ha sido precisada; dada la inoperancia de las investigaciones sobre desapariciones forzadas. Varios paramilitares han confesado a la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía al menos 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos en el escaso lapso de 5 años: entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010, como consta en el informe que la Fiscalía hizo público en enero 2011 (ver 8). Hay una impunidad flagrante, y los familiares aún esperan las confesiones de varios jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos, con la esperanza de conocer el paradero de sus seres queridos.

Según cifras reveladas por Organizaciones No Gubernamentales que participaron al evento de mayo 2011 sobre desaparición forzada en Colombia, entre las víctimas han registrado a más de tres mil mujeres y más de tres mil menores de 20 años.

En el encuentro se recalcó la gravedad de que sólo entre los años 2007 y 2009 se registraron más de 38.000 desapariciones según un informe ofrecido por Medicina Legal, organismo que coincide con Salazar en cuanto a la participación de agentes estatales y grupos paramilitares en la ejecución de estos delitos (18).

En Colombia durante 2009 se reportaron 18.236 casos de personas desaparecidas, cifra que evidenció un incremento de estos casos, puesto que para el 2008 la cantidad fue de 15.696 personas, 11.000 más que el año inmediatamente anterior, cuando se contabilizaron 4.323 desaparecidos. Este reporte sólo refleja la cifra de denuncias presentadas ante este departamento, por lo que el ente presume que la cantidad real de los casos sea superior.

 

Representantes de distintas ONG en ese país aseguran que las desapariciones superan las 100.000 víctimas actualmente. Cabe tener presente la documentación presentada por la Fiscalía e n enero 2011: en el informe (ver 8) en revela que tiene documentados 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 por la herramienta paramilitar (estas desapariciones deben ser tomadas en consideración).

Christian Salazar, portavoz de la ONU, expuso que la desaparición forzada "es una de las violaciones de los derechos humanos más graves" y Colombia "es uno de los países en América Latina y en el mundo con más desaparecidos". Comentó que "décadas de conflicto y de persecución estatal" han dejado "miles y miles de desaparecidos y con ello un sufrimiento prolongado de sus familias" (18). Precisó que "la lucha contra la impunidad no ha tenido un progreso (...) hay obligaciones pendientes de cumplir por parte del Ejecutivo, y en especial, por parte de la fuerza pública" (Ibíd.).

El funcionario de la ONU recordó que "Colombia adoptó la figura penal de la desaparición forzada en el año 2000 y ratificó el Estatuto de Roma, por el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI), en 2002 con aplicación integral desde noviembre de 2009" (el estadocolombiano firmó pidiendo un tiempo de no aplicabilidad por violaciones a DDHH).

Salazar lamentó la poca receptividad de parte del Ministerio de Defensa y del Ejército a las recomendaciones hechas por su Oficina para que ayuden a identificar a los desaparecidos y colaboren con la justicia. “Sobre ambas recomendaciones no vemos progreso”, acotó (19), al tiempo que destacó la labor de los familiares de los desaparecidos para avanzar en la lucha contra ese crimen. El representante subrayó que en el 2005 Colombia ratificó la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada y, actualmente, el legislativo estudia la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

No obstante la ratificación y estudio de ratificación de convenios internacionales, el crimen deestado de la desaparición forzada en Colombia sigue en dramático aumento: cabe resaltar el informe de mayo 2011 del CINEP que arroja que los asesinatos de civiles a manos de militares bajo la modalidad de “falsos positivos” (muchos de los cuales conllevan desaparición forzada), han aumentado bajo la presidencia de Juan Manuel Santos (ver 3).

 6. Crimen de Estado: veredicto del TIO

El reconocimiento de la ONU de las "décadas de persecución estatal" es un paso importante para las víctimas, siendo la desaparición forzada un crimen tipificado como Crimen de Estadode Lesa Humanidad que se ensaña particularmente contra los civiles, más específicamente contra los opositores políticos: un crimen de estado que se inscribe dentro de una lógica del terror, como se desprende del veredicto del TIO, Tribunal Internacional de Opinión: “LA DESAPARICION FORZADA UN CRIMEN DE ESTADO” , Veredicto. Senado del Congreso de la República. Bogotá 24, 25 y 26 de Abril de 2008 (20). El Veredicto del TIO condena por desaparición forzada al estado colombiano, al paramilitarismo, a los terratenientes y transnacionales y al gobierno de EEUU, así lo expresa:

“Sobre la base de todo lo considerado, en la parte motiva y en las pruebas recogidas (...) el Tribunal condena:

1. Al Estado colombiano y sus representantes por el incumplimiento de su mandato constitucional de garantizar la protección y el respeto de los derechos y libertades fundamentales a los ciudadanos y ciudadanas, tanto por omisión, permisión y acción directa. Por utilizar la desaparición forzada como arma política para eliminar al contradictor incurriéndose así en actos de terrorismo de Estado. Por los actos criminales y terroristas consideramos como crímenes de lesa humanidad cometidos en la detención y desaparición forzada por el ejercito, la policía y el DAS. Por su participación en la creación, e impulso de grupos paramilitares y por la complicidad en las acciones realizadas por estos grupos. Por establecer leyes que aseguran la impunidad de autores de las detenciones y desapariciones. Por la violación directa de las normas del Derecho Internacional en materia de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

2. A los paramilitares directamente implicados en las desapariciones forzadas y por imponer un estado de terror contra la población civil.

3. A los terratenientes, grupos empresariales y las transnacionales por apoyar y financiar los grupos paramilitares responsables en la detención y desaparición forzada.

4. Al gobierno de los Estados Unidos por el apoyo a políticas estatales violatorias a los derechos humanos vía Plan Colombia y Plan Patriota; igualmente por financiar las escuelas y programas a militares implicados en desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad.”

Notas:(..)
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article4228

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, nos urge instalar en la agenda pública significados e implicancias del progreso capitalista como:

 

Economías ilegales y territorialidad en Latinoamérica
25 de agosto de 2014

 

 

Por Fernando Carrión M. (Barómetro Internacional

Muy poca importancia se le ha asignado a los mercados ilegales dentro de la economía, quizás debido a la invisibilidad que producen sus metodologías, indicadores y fuentes, pero también a las implicaciones morales, legales, políticas y culturales nacidas en el marco de la política de la “guerra a las drogas”.

Lo cierto es que existe una importante masa monetaria proveniente de los mercados ilícitos. Los datos a la mano nos muestran que en 1998 Michel Camdessus (Director del Fondo Monetario Internacional - FMI) estimó entre el 2% y el 5% de la economía mundial, mientras Moisés Naim estableció para el año 2004 un volumen del 10%. Esto significa que en 6 años se duplicó, lo cual evidencia una significativa tendencia alcista. Si este ritmo de crecimiento se mantiene hasta ahora ¿cuál sería en este momento el aporte de los mercados ilegales a la economía mundial?

En América Latina se calculaba para el año 2002 una participación del 6,3% del PIB (alrededor de 75 mil millones de dólares). En un estudio que estamos llevando a cabo con el patrocinio del IDRC hemos detectado que la cifra regional debe ser superior a los 120 mil millones de dólares, una cantidad similar a los 137 mil millones de inversión externa que recibió la región en 2013 (CEPAL).

¿Dónde están estos recursos?

En América Latina no existen investigaciones que muestren donde se encuentran estos recursos; sin embargo, si seguimos los estudios de Forgione en Italia (2009), podemos afirmar que entre el 40% y el 50% sirven para reproducir el ilícito y dinamizar este segmento del mercado (corrupción, tecnología, armas, sueldos, sicariato); y entre el 60% y el 50% para ser blanqueado en la economía legal.

La economía se dinamiza con el dinero destinado a reproducir el ilícito y con el que se invierte en los mercados legales menos regulados, con rápida liquidez y son funcionales a la reproducción de los ilícitos. Los enlaces con las áreas formales de la economía son evidentes, tanto que los límites entre los mercados legales y los ilegales son imperceptibles.

Los sectores de la economía donde tienden a ubicarse estos capitales son muy variados, según la sociedad que se trate, aunque la mayoría de ellos son de base urbana. Por ejemplo, el sector inmobiliario es una actividad económica donde tiene mucha incidencia; en la actualidad en las ciudades más grandes de América Latina hay un crecimiento del sector que tiende a ser explicado como si existiera una burbuja, una sobre oferta o un boom inmobiliario. El sector comercial, automotor y de turismo son otros sectores atractivos para el lavado de activos provenientes de las economías ilegales.

En la sociedad se desarrollan nuevas culturas vinculadas a la ganancia rápida y fácil, a las nuevas formas de consumo, a los contenidos de las narco novelas y de la música (narcocorridos) y, también, a la nueva capacidad de generación de empleo y de entrega de beneficios –que son buenos amortiguadores sociales– para contar con grupos de apoyo para sus fechorías.

La reproducción de los ilícitos requiere de recursos económicos que financien el control de los territorios estratégicos, como son los lugares de producción o de traslado de narcóticos; así como también el financiamiento del mantenimiento de las fuerzas militares irregulares.

Adicionalmente, la ilegalidad necesita dinero para enquistarse en las estructuras estatales de tal manera de hacerlas permisivas al delito mediante las modalidades de “plata” (corrupción), “plomo” (intimidación) y “democracia” (elecciones), con lo cual las políticas pierden eficacia y las instituciones se deslegitiman. De esta forma las instituciones estatales son minadas por la corrupción y por la creación de estructuras paralelas al poder constituido conduciendo, por un lado, a su debilitamiento para el control de estas actividades y, por otro lado, a la expresión de “Estado fallido”, que no es otra cosa que la “certificación” propia de la política de “guerra a las drogas”.

Los territorios se modifican

La producción social del espacio se transforma profundamente, según la nueva lógica de las economías legales e ilegales. En palabras de Sassen (1999): “los cambios en la geografía y en la composición de la economía global produjeron una compleja dualidad: una organización de la actividad económica espacialmente dispersa, pero a la vez globalmente integrada”.

Esta economía se sustenta en la descomposición mundial de los procesos productivos, no sólo en el territorio (espacios dispersos) sino también en las fases del proceso general. Los lugares de excepción son parte de un sistema organizacional compuesto por redes y nodos, que son articulados a nivel mundial por un comando central tipo holding (cártel de Sinaloa, N´drangueta). Esta estructura tiene una cualidad única: cuando las partes son atacadas el todo no se contamina ni se afecta, porque en los lugares dispersos actúan la tercerización y la franquicia, mientras en el contexto global lo hace el holding. De esta manera se cuenta con una estructura eficiente en lo administrativo e inmune frente a las acciones del sistema penal, porque la tercerización o la franquicia operan como válvulas o fusibles que saltan al momento de un embate policial. Cuando la policía desarticula una banda o una organización criminal, el propio holding lo reemplaza inmediatamente con otro grupo o con fracciones del mismo, gracias a su alta flexibilidad.

Obviamente esta estructura tiene su contraparte en la territorialidad, que se expresa en tres lugares estratégicos: primero, las fronteras, que son el espacio donde las economías ilegales tienen un nivel de crecimiento asombroso, donde las tasas de homicidios son más altas que los promedios nacionales y donde existe una atracción-proyección desde-hacia el mundo (plataformas o hubo).

A partir de principios de este siglo, las regiones fronterizas se convierten en espacios estratégicos de los mercados ilegales más rentables: narcóticos, armas, trata de personas, precursores químicos y contrabando. Desde este momento, las fronteras se convierten en “sistemas globales” que cumplen funciones similares a las de un nodo de integración por donde ingresan y salen –en tiempo real– productos (narcóticos), insumos (precursores químicos) o servicios (salud, santuario) que vienen/van, desde/hacia distintos lugares del planeta.

En segundo lugar están las ciudades, que son lugares preferidos para la nueva economía, en tanto son proclives a los negocios, producen riqueza, atraen inversión externa, concentran alta densidad de infraestructuras y servicios, son espacios de innovación y tienen una masa de consumidores concentrada. La vinculación de las economías ilegales con las legales encuentra en las ciudades el escenario perfecto, tal como se puede observar en los sectores inmobiliario o comercial que sirven para el lavado: pero también las ilegales se expresan directamente en el jogo de bicho en Brasil para el micro tráfico de drogas, las oficinas de cobro en Colombia para la venta de servicios de ajustes de cuentas o los múltiples mercados de venta de productos robados en la mayoría de las ciudades de la región. Por eso, en mercados como los que hemos visto, con alta presencia de ilegalidad, no es nada difícil que estos dineros formen parte de la economía urbana.

También se debe destacar que las ciudades de frontera se convierten en nodos estructuradores de las regiones transfronterizas; tanto porque los mercados y los delitos conexos tienden a concentrarse en ellas, como porque asumen la función de plataformas universales.

Y en tercer lugar, los paraísos fiscales que son el gran espacio donde los mercados ilegales y legales se encuentran, gracias al predominio de la lógica offshore (extraterritorialidad) que fortalece los beneficios y los servicios prestados por los paraísos fiscales. La OCDE estima en 7 billones de dólares el monto de dinero que mueven los 74 paraísos fiscales, de los cuales 1.6 billones proceden de los mercados ilegales.

Fuente original: http://barometrointernacional.bligoo.com.ve/fernando-carrion-m-economias-ilegales-y-territorialidad-en-latinoamerica

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188817

 

 

Cuestionemos al sistema usando sus personificaciones más notables como punto de partida para escrutar su funcionamiento integral cada vez más contrario a buenos vivires convivires abajo.

 

 

La evolución de las especies: De la mafia tradicional al sistema criminal

Las nuevas caras del capitalismo mafioso

19 de abril de 2011

 

Por Roberto Scarpinato (Antimafiaduemila.com)

 

Ponencia del Dr. Roberto Scarpinato, Procurador General de la Corte de Apelaciones de Caltanissetta, presentada en Bruselas los días 29 y 30 de marzo durante los debates del Parlamento Europeo, titulada: «Hacia una estrategia europea para combatir el crimen organizado trasnacional». Traducido para Rebelión por Jorge Aldao y revisado por Caty R.

Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de una estrategia eficaz contra la propagación de la criminalidad organizada a nivel mundial está constituido por los prejuicios culturales que continúan dominando a la opinión pública y a los políticos de muchos países.

El primer prejuicio cultural es creer que el crimen organizado, aunque constituye un peligro a tener en cuenta, todavía es algo propio de pequeñas minorías de individuos que trabajan en los sórdidos submundos de la mala vida, en un mundo separado, diferente de aquel en el que nosotros, honestos ciudadanos, vivimos todos los días.

Se cree, por lo tanto, que la sociedad civil de los países europeos con democracia desarrollada tiene ya los anticuerpos adecuados para prevenir la propagación de la mafia.

También es un concepto generalizado la equivocada opinión de que las mafias son un fenómeno en los países del mundo donde están históricamente arraigadas, y que para evitar el peligro de la propagación de sus actividades delictivas en otros países, es suficiente con una adecuada supervisión represiva y la mejora de la calidad de la cooperación internacional entre las autoridades judiciales y policiales.

Por desgracia, la realidad es muy distinta.

El mundo de la delincuencia transnacional y el mundo de la gente normal son dos caras de una misma moneda; es más, se alimentan mutuamente.

Aquello que creemos combatir fuera de nosotros se encuentra dentro de nosotros, en nuestra vida cotidiana, aunque no seamos conscientes de ello.

Para entender esta circunstancia elemental, basta con considerar que el crimen organizado ofrece una variedad de bienes y servicios ilegales a los consumidores que lo consienten.

En cuanto a los bienes, proporciona drogas, seres humanos para la prostitución, la esclavitud y la explotación laboral, las armas y la pornografía infantil.

En el sector de los servicios proporciona capital de inversión, gestión de residuos tóxicos ilegales y nocivos para el medio ambiente, facturación falsa para evadir impuestos y facilita, usando la violencia o la corrupción, la obtención de licencias y concesiones por parte de la autoridad pública.

Los señalados sólo son algunos ejemplos entre los muchos sectores del extenso mercado de las actividades ilegales en todo el mundo.

El suministro de estos bienes y servicios ilegales es la resultante de la existencia de una fuerte demanda por parte de la sociedad civil

Los delincuentes existen y prosperan porque millones de ciudadanos quieren comprar bienes y servicios ilegales. Ellos son el espejo que refleja los vicios secretos de muchas personas comunes en los países más diversos del mundo.

De esta manera, la mayor parte de la actividad criminal se puede calificar como un fenómeno de mercado regido por las leyes de la oferta y la demanda.

La demanda de bienes y servicios ofrecidos por la mafia ha tomado dimensiones macroeconómicas, que ya no se pueden controlar con las herramientas del derecho penal, como consecuencia de la globalización económica que ha ampliado extraordinariamente el número de consumidores finales de los productos ofrecidos.

A propósito de las relaciones estructurales entre la dinámica del mercado global y el incremento de la delincuencia trasnacional, me limitaré a señalar dos ejemplos que atañen al mercado de las drogas y de la prostitución.

A finales de los años ochenta el mercado mundial de cocaína estaba limitado sólo a los países occidentales y ya estaba saturado, tanto que los precios de la droga se había reducido para ponerla al alcance de nuevos consumidores en los segmentos más pobres de la población.

Ahora la situación ha cambiado por completo, como resultado de la globalización al abrirse nuevos mercados con un gran potencial de consumidores.

El nacimiento en China de una nueva clase media acomodada con más de 250 millones de personas que aspiran a un tipo de consumo al estilo occidental y el crecimiento progresivo de la renta media en la población de Europa del Este y en los países emergentes, han sentado las bases para el desarrollo de un nuevo mercado global de consumidores de drogas, que se estima que llegará a un 15% de la población mundial en las próximas dos décadas.

La expansión global y en tan poco tiempo del mercado de estupefacientes en todo el mundo, volvería impotentes las estructuras penales represivas a pesar de todos los esfuerzos de la cooperación internacional, habida cuenta de que todas las políticas de erradicación de las plantaciones han sido ineficaces.

Los ingresos derivados del mercado mundial de las drogas experimentarán un salto tan grande que darán a las organizaciones delictivas transnacionales una porción enorme de riqueza, y por lo tanto de poder global, mayor que la de los Estados y las multinacionales más grandes.

La consiguiente transformación en términos políticos de semejante poder económico supondría la construcción de una nueva jerarquía, de facto, entre las potencias del mundo.

Por esta razón, algunos predicen que la política de liberalización de las drogas será, tarde o temprano, un resultado inevitable impuesto por la desproporción de fuerzas.

Este primer ejemplo ayuda a entender que las estrategias para enfrentar a la delincuencia transnacional deberían articularse en varios niveles, dependiendo de la evolución de las dinámicas macroeconómicas y macropolíticas, de manera realista y teniendo en cuenta que la delincuencia transnacional se ha convertido en uno de los actores del gran juego del poder en el mundo.

Un segundo ejemplo es el mercado de la prostitución

Hasta finales de los años ochenta, la oferta de mujeres para la prostitución se limitaba al mercado nacional aprovechando los recursos locales, por lo que esta área no la gestionaba el crimen organizado sino, principalmente, delincuentes individuales o pequeñas organizaciones que operaban en pequeñas porciones de territorio.

En los años noventa, la repentina entrada en el mercado ilegal de la prostitución de cientos de miles de mujeres de Rusia y de Europa del Este, reducidas a la pobreza por el repentino colapso del imperio soviético -que en el pasado garantizaba el trabajo femenino para el 80% de las mujeres-, así como de las mujeres de los países africanos, ha provocado una revolución en este segmento del mercado que ha dado lugar a un cambio radical en los protagonistas del crimen y en su producción ilegal.

El aumento de la oferta se ha visto acompañado por un incremento cada vez más importante de la demanda en los países occidentales, incluso en países como Israel, donde la oferta de prostitutas era muy reducida, siendo suficientes los recursos locales.

La necesidad de administrar el tráfico a escala industrial, en el que están implicados diferentes países -aquéllos donde se reclutan las mujeres, los de tránsito y los de destino final- ha dado lugar a una división internacional del trabajo entre las mafias de varios países que corresponden a las diferentes etapas del proceso de producción y de valor añadido.

Así las mafias rusas, búlgaras y rumanas se dedican a la contratación de mujeres en los países de origen.

La delincuencia de los Balcanes está especializada en el tránsito y el transporte hacia varios países occidentales.

En países como Italia, donde existen mafias locales que controlan el territorio, se llega a acuerdos económicos y de intercambio entre las mafias locales y las extranjeras

La ‘Ndrangheta (1) calabresa se ha especializado en ofrecer un servicio a las mafias extranjeras que consiste en el blanqueo del dinero producto de la prostitución y reteniendo un porcentaje de ese dinero blanqueado.

A raíz de esta reestructuración extraordinaria del mercado de la prostitución, los criminales comunes que antes manejaban la prostitución local con métodos artesanales fueron desplazados por las poderosas mafias internacionales y utilizados como mano de obra barata.

Este fenómeno es interesante porque muestra que incluso el mercado ilegal está dominado por «la misma dura selección darwiniana» que caracteriza a la competencia en el mercado legal.

Como es sabido, en los sectores más lucrativos de la economía legal el mercado ha sido conquistado, y por lo tanto dominado, por oligopolios económicos cada vez más poderosos que han engullido e incorporado a las empresas más pequeñas.

De la misma manera, en el mercado ilegal las mafias transnacionales -que pueden compararse con grandes oligopolios criminales- van fagocitando progresivamente e incorporando la delincuencia común expulsada por la fuerza de los sectores más rentables.

Esa «selección evolutiva de las especies» sugiere que el crimen organizado está destinado a convertirse poco a poco en la forma criminal estable y dominante del tercer milenio en todos los países del mundo.

Los ejemplos básicos señalados hasta aquí demuestran cuán lejos de la realidad están los prejuicios culturales que he mencionado al principio de mi informe, ya que esos prejuicios reducen las mafias a simples fenómenos locales derivados de peculiares condiciones ambientales.

Esta tendencia histórica inevitable está determinando una revolución en el universo del crimen que gira menos en torno al individuo y cada vez más en torno a las organizaciones, insensibles a la suerte de sus componentes individuales y a la apropiación de pequeñas porciones de la facturación ilegal global.

El viejo derecho penal de la gente parece destinado a convertirse en un derecho de la pre-modernidad, reservado sólo a las formas tradicionales de la delincuencia, mientras que el nuevo derecho penal de las sociedades, todavía en lenta gestación, aparece sólo como una de las palancas de una estrategia global en múltiples niveles que, para abordar los fenómenos descritos, deberá operar simultáneamente en diferentes planos, actuando en el nivel macropolítico y macroinstitucional.

Sobre este punto volveré en la parte final de mi informe.

Los ejemplos presentados hasta ahora conciernen a las relaciones de mercado, al intercambio consensuado entre los miembros de la delincuencia organizada y los millones de ciudadanos «normales» que son los consumidores de bienes y servicios ilegales.

Mucho más complejas son las relaciones y la colusión de intereses entre la mafia y las empresas que operan en el mercado legal y que han dado lugar no sólo a relaciones de intercambio, sino también a la creación de un capitalismo mixto, constituido por la fusión de capitales legales e ilegales, que se está convirtiendo en un componente estructural importante del capitalismo mundial.

En este sentido, la experiencia italiana ha puesto de manifiesto que el fenómeno no es exclusivo de Italia, aunque allí se muestra la vanguardia de una tendencia internacional.

Hasta hace unos años, en Italia había una difundida aunque equivocada idea de que la comunidad empresarial era la víctima, con pocas excepciones, de la delincuencia organizada que exigía, por medio de la violencia y la intimidación, el pago de sobornos, el empleo de mano de obra y la concesión de subcontratos.

Los empresarios acusados de complicidad se defendían admitiendo que se vieron obligados a ceder a las exigencias de la mafia para salvarse a sí mismos y a sus empresas.

Pero las revelaciones de muchos antiguos mafiosos convertidos en colaboradores de la justicia y la evidencia recogida por medio de escuchas telefónicas y ambientales han sacado a la luz en los últimos veinte años una realidad del mundo empresarial mucho más compleja.

Junto a la categoría de víctimas, también hay un montón de empresarios que aplicaron los métodos mafiosos para ganar posiciones de dominio en el mercado.

En particular en diversos procesos relacionados con la mafia siciliana, se ha encontrado que en sectores líderes de la comunidad empresarial, cuyos exponentes a menudo han desempeñado también un papel de liderazgo en las diversos asociaciones de empleadores, han utilizado sus relaciones políticas y sus relaciones con la mafia tradicional para convertirse en reguladores de amplios sectores del mercado de acuerdo con la lógica del oligopolio.

En esos sectores han formado cárteles de empresas que gestionan toda la cadena productiva.

La dirección de estos cárteles que operan en diferentes partes del territorio y en los diversos sectores del mercado, de acuerdo con una división de esferas de influencia, es asumida por los empresarios que tienen la función de fungir como «hombres bisagra» entre los políticos y la mafia, dictando las normas de ingreso, fijando los precios, imponiendo condiciones a la mano de obra, señalando a los proveedores, etc.

La mayoría de los empleadores han aceptado estas estructuras por varias razones:

En primer lugar, porque las numerosas empresas que participaron en los cárteles se han convertido en parte de un sistema sustancialmente proteccionista que elimina los costos y riesgos de la competencia, asegurándose el reparto del mercado y el beneficio de acuerdo con un sistema de rotación interna.

En segundo lugar, porque rebelarse contra los líderes de los cárteles es exponerse a una doble venganza: la política y la mafiosa.

La venganza política consiste en el ostracismo para las empresas díscolas a las que se excluye de la posibilidad de obtener financiación pública del Estado o del gobierno europeo, dirigido por los políticos, y en ser sancionadas de diversas maneras por las burocracias administrativas que niegan la autorización de los pagos o los retrasan hasta llevar a determinadas empresas al riesgo de quiebra.

La represalia mafiosa consiste en el uso de la violencia física contra los pocos que se atrevieron a rebelarse, algunos de los cuales han sido asesinados y otros han sufrido graves daños.

La mezcla de intimidación política y mafiosa ha asegurado a unos pocos empresarios posiciones dominantes.

Estos cárteles se definen como «estructuras criminales» porque son una compleja red ilegal a la que pertenecen sujetos de mundos diferentes -políticos, empresarios, profesionales, mafiosos tradicionales– que se comunican mediante los «hombres bisagra».

Los diferentes elementos de la estructura criminal desarrollan tareas distintas en función de las competencias específicas y de los recursos disponibles para ello.

Los políticos controlan el flujo de gasto público y de las aprobaciones administrativas. Los empresarios manejan el acceso al mercado, los mafiosos lavan capitales ilegales, participan en los negocios y proporcionan la fuerza física para eliminar los obstáculos que no se pueden eliminar con métodos incruentos.

La participación concertada de los diferentes recursos -políticos, económicos y militares- crea poderosas estructuras sociales que pueden condicionar a sectores enteros de la vida pública y controlar grandes sectores del mercado.

Hasta principios de los Noventa, las estructuras criminales habían operado principalmente en la construcción y la contratación pública, acaparando cerca del 90% de los contratos y encareciendo enormemente el costo de las obras públicas.

La eliminación de la competencia en la forma indicada anteriormente garantizaba a las empresas la consecución de las licitaciones públicas con un mínimo de rebajas: hasta un 1% o 2%. La complicidad del mundo político y administrativo también permitía lograr significativos aumentos en los precios, aprobando continuas variaciones de costos de obra o ejecutando dichas obras con materiales de mala calidad o de calidad inferior a la prevista en el contrato.

Los beneficios adicionales así obtenidos se dividían según porcentajes preestablecidos -determinados entre los diferentes participantes- entre los políticos, los profesionales, los empresarios y los mafiosos.

Como resultado de recortes de gastos impuestos por el Tratado de Maastricht, el gran negocio de los contratos públicos se fue reduciendo más y más. Al mismo tiempo, los riesgos penales habían aumentado porque una parte del empresariado -aunque todavía es una minoría- tomó posiciones contra los miembros de los grandes oligopolios y la acción del poder judicial se ha vuelto más eficaz. Además, se aprobaron recientemente leyes que establecen controles estrictos a las empresas que obtienen contratos de obras públicas: Todos los pagos deben hacerse sólo a través de cuentas bancarias dedicadas y marcadas.

Pero la economía, tanto la legal como la ilegal, ha seguido evolucionando a un ritmo muy por encima de la ley.

Así, a principios del tercer milenio, mientras que la acción del poder legislativo y del poder judicial comenzó a centrarse en este sector, el capitalismo mafioso ya había tomado otros caminos, la inversión en nuevos sectores de la economía virtual y en el mundo financiero.

La necesidad de resumir me impide hacer un inventario de las múltiples nuevas áreas de inversión, como las energías alternativas, las redes de supermercados, la medicina privada de alta tecnología y el tratamiento de los residuos.

Lo que es interesante a la luz de investigaciones más recientes, es que las estructuras criminales no han desaparecido sino que, como en una especie de «selección de las especies», han evolucionado adoptando técnicas de inmersión y ocultamiento que las hacen menos visibles.

El componente político-administrativo sigue desempeñando un papel esencial en la disposición de los fondos públicos reservados para las empresas pertenecientes a las diferentes estructuras criminales y en la creación de posiciones de oligopolio mediante una gestión racional de las licencias administrativas necesarias para iniciar actividades comerciales en muchas áreas, como por ejemplo la producción de energía alternativa.

Recientes investigaciones judiciales han permitido comprobar que, en Sicilia, esos sectores están controlados directa o indirectamente por unos pocos contratistas que trabajan ocultos detrás de una multitud de empresas.

En junio de 2010 se decomisaron activos por valor de casi 1,5 millones de euros a una de estas personas perteneciente a grupos de oligopolios que, según la fiscalía, actuaba como enlace entre la mafia y el lobby financiero internacional que gestionan, además de capitales legales, la obtención de inversiones de la mafia italiana, de los grupos japoneses Yakuza y de la mafia rusa en el sector energético italiano.

Es interesante señalar, con el fin de comprender la prolongación de la actividad delictiva a través del tiempo, que ya en 1995 esta misma persona fue declarada culpable de haber pagado sobornos por valor de tres mil millones de liras a los Consejeros de la Región de Sicilia y a los burócratas. Esos sobornos representaban el 10% de un contrato de treinta mil millones de liras de fondos públicos para la instalación de sistemas fotovoltaicos.

También, para demostrar la continuidad en el tiempo de las estructuras criminales, cabe señalar que en marzo de 2011 fue detenido un diputado de la Región de Sicilia, miembro de la Comisión de Actividades Productivas, mientras estaba recibiendo un soborno de un contratista de la industria fotovoltaica para eliminar una serie de obstáculos burocráticos creados artificialmente con el propósito de impedir las actividades de la empresa.

Las investigaciones en otras regiones italianas han revelado la existencia de otras estructuras criminales que operan de forma similar y a las que pertenecen empleados jerarquizados que incluyen a hombres conectados con las organizaciones mafiosas.

Las estructuras criminales son la señal de una peligrosa y progresiva conexión entre el mundo empresarial y el mundo de la corrupción, llenos de gente sin escrúpulos interesada en la obtención del máximo beneficio personal de los cargos públicos que ocupan, y el mundo de la mafia de cuello blanco, integrado por personas altamente educadas.

La combinación del abuso del poder público y el abuso del poder privado de las mafias es la nueva fórmula ganadora.

En Italia el fenómeno se ha agravado cada vez más en los últimos veinte años porque en muchos aspectos se ha ampliado la discrecionalidad política-administrativa, exenta de controles por parte de los organismos superiores, y convertida en impenetrable para el poder judicial.

Así, se ha creado un área muy amplia de opacidad en el sector público, que ofrece una amplia cobertura para el crecimiento vertiginoso de la ilegalidad.

La Sindicatura de Cuentas ha estimado que el volumen de negocios anual de la corrupción en Italia ha alcanzado la cifra de sesenta mil millones de euros.

Debido a la impenetrable conspiración de silencio que domina el mundo de los trabajadores de cuello blanco, el poder judicial ha sido capaz de sacar a la luz muchas historias de corrupción casi siempre gracias a las escuchas telefónicas y ambientales.

En resumen, la corrupción se ha convertido en la principal zona de penetración de la mafia en las instituciones y en la economía, así como el lugar principal en el que construir las alianzas entre políticos, funcionarios, empresarios y mafiosos de élite que dan vida a las estructuras criminales.

En el panorama italiano, desde el norte hasta el sur, las estructuras criminales se están convirtiendo en los nuevos actores emergentes en la escena del crimen nacional, sustituyendo progresivamente a la mafia tradicional en el segmento superior del mercado ilegal, cuya gestión requiere diferentes habilidades en múltiples niveles.

Dejan a las mafias tradicionales aquellas áreas de mayor riesgo penal como el tráfico de estupefacientes, la exacción violenta de recursos por la extorsión, así como sectores del mercado de baja tecnología o en vías de extinción como la construcción.

Por supuesto esto es dibujar a grandes trazos las líneas generales del fenómeno, porque la realidad del mismo tiene una tipología muy variada.

Particularmente interesante, porque refleja una evolución no sólo italiana sino europea e internacional, es la proliferación en las regiones del norte de Italia del fenómeno de la fusión entre el capitalismo legal y el capitalismo mafioso, así como la expansión de la estructura criminal.

Durante muchos años se creyó que la mafia era un fenómeno exclusivo de las regiones del sur, y que las tradiciones cívicas y la cultura de mercado de las regiones del triángulo industrial del país eran buenos anticuerpos contra la propagación de la mafia en esas zonas.

Esta creencia se basaba en el prejuicio cultural -muy extendido en los medios de comunicación- de que la mafia estaba formada sólo por individuos groseros e ignorantes que realizaban actividades predatorias por medios violentos.

En realidad, el nuevo capitalismo mafioso se presenta con el aspecto tranquilizador de administradores y empleados de oficina que ofrecen a las empresas una variedad de servicios ilegales muy atractivos, ya que permiten concretar una serie de grandes ahorros sobre los costos de producción y obtener beneficios adicionales.

Para limitarnos sólo a unos pocos ejemplos, basta pensar que las empresas mafiosas ofrecen la eliminación de residuos a precios reducidos hasta un 50% en comparación con los precios de mercado, porque funcionan con métodos ilegales de vertidos prohibidos y dañinos para el medio ambiente

Consideremos el caso de que deba derribarse un edificio de diez plantas que contiene una gran cantidad de amianto para construir un nuevo rascacielos en su lugar.

La empresa mafiosa ofrece una reducción de costos a la mitad para derribar el edificio porque eliminará los materiales resultantes, incluido el amianto, de manera ilegal.

Además las empresas mafiosas, cabezas de cientos de empresas que operan también en el extranjero, trabajan como «cárteles» ofreciendo a las empresas legales facturas por transacciones inexistentes que permiten la evasión de impuestos por montos muy elevados, a veces millones de euros. Los beneficios así obtenidos se reinvierten en parte en las empresas y en parte para crear fondos negros para la corrupción tanto a nivel nacional como internacional.

En una investigación de febrero de 2010, que terminó con la detención de cincuenta y seis personas, se encontró que una estructura criminal compuesta por directivos de multinacionales de telecomunicaciones que cotizan en bolsa y hombres de negocios vinculados a la ‘Ndrangheta, habían realizado entre 2003 y 2006 un complejo fraude fiscal administrando 2.200 millones de euros y perjudicando al fisco por 370 millones de euros.

Parte de este dinero había acabado en manos de la 'Ndrangheta, que había falsificado miles de votos consiguiendo que se eligiera en el Parlamento a un senador dispuesto a cuidar los intereses de la organización a nivel estatal. De esta estructura criminal también formaban parte miembros de las fuerzas policiales que proporcionaban información confidencial y obstaculizaban la investigación.

Entre otros servicios ofrecidos por el negocio de la mafia, también está la reducción de los costes laborales, ya que los empleados se ven obligados a devolver hasta el 30% del importe de su salario.

En los procesos penales de julio de 2010 se comprobó que una gran empresa con capital mixto –legal y mafioso- durante muchos años había obligado a sus 1.500 empleados a devolver cada mes el 30% de sus salarios, acumulando así, gracias a la complicidad del mundo de la banca, varias decenas de millones de euros transferidos al extranjero.

En otro caso en 2010 se estableció que los gerentes de una empresa que forma parte de un holding multinacional, que cotiza en la Bolsa y opera en el sector de la construcción, había firmado estrechos acuerdos con la mafia, incorporando a su propio plantel de dirigentes a líderes mafiosos y elaboró sus marcos de gestión contando también con líderes de la mafia. Con esos acuerdos se pretendía lograr un progresivo control del mercado en la región y la empresa había obtenido muchísimos beneficios al proveer grandes cantidades de hormigón debilitado (es decir, sin la cantidad de cemento mínima de 30 Kg. por m3) para la ejecución de obras públicas. Una porción de las ganancias se entregó a la mafia siciliana a través de un sistema de facturas falsas.

También hay que tener en cuenta que las mafias ofrecen el aporte de capital que permiten a las empresas legales efectuar nuevas inversiones sin gastos, accediendo a liquidez sin costes bancarios, capitales especialmente atractivos especialmente en un momento de crisis económica y de fuerte competencia internacional.

La mezcla de capitales legales e ilegales se basa en un beneficio mutuo y sin maneras agresivas.

En los territorios del Centro-Norte, los miembros de la delincuencia organizada a menudo se limitan sólo a la adquisición de acciones como participación minoritaria.

Lo que importa es reciclar el dinero, propagar el capital de la mafia en un gran número de empresas en el territorio y crear una tupida red de complicidad entre los involucrados de diferentes maneras en los negocios ilegales.

Esto creará un clima general de conspiración para mantener el secreto sobre la colonización encubierta de áreas enteras del territorio por los mafiosos.

Secreto que llega al punto de cubrir la clásica extorsión aplicada en perjuicio de las pequeñas empresas que operan en esos mismos territorios.

En un proceso penal, que en marzo de 2011 condujo a la detención de treinta y cinco miembros de la 'Ndrangheta en Lombardía, el juez del Tribunal de Milán que emitió la orden de prisión preventiva en la cárcel, escribió literalmente, «La empresa mafiosa ha alcanzado un preocupante nivel de aceptación social» en el sentido de que «las ventajas de las que gozan esas empresas mafiosas no son (casi) nunca estigmatizadas por las empresas sanas, que prefieren sufrir en silencio o hacer negocios con los acusados a presentar una queja».

Un empresario que ha trabajado durante varios años en Lombardía me dijo que el silencio de muchas empresas no significa actuar en connivencia con la mafia, sino que también se deriva de la conciencia de no estar en regla con la ley en varios aspectos: por la evasión fiscal, el incumplimiento de la normativa laboral, violaciones de las normas de seguridad laboral, etc.

Estas empresas que trabajan fuera de la ley se convierten en carne de chantaje de las organizaciones mafiosas que, por tal motivo, saben que puede contar con su silencio.

El ley del silencio de la mafia que parecía ser una característica cultural de Sicilia y otras regiones del sur, se extiende así también en el norte del país, alimentándose en parte de algunas de las ventajas económicas que he señalado, en parte de una subestimación cultural de un público que sigue creyendo que la mafia es sólo aquella que dispara y que los incidentes de violencia que a veces salen a la luz son hechos aislados.

Y también, en parte, preocupa revelar la realidad de la presencia de la mafia en esos territorios porque es negativo en términos de marketing local.

En una reciente investigación periodística de la primera red de TV del Estado, sobre la difusión de la mafia en el norte, los periodistas han tenido serias dificultades para encontrar empresarios de esa área dispuestos a dejarse entrevistar sobre esta cuestión.

El Presidente de la Cámara de Comercio de Reggio Emilia, una ciudad que se encuentra en una de las regiones más ricas del país, dijo a la prensa que durante un decenio había tratado en vano de convencer a los políticos y funcionarios de que en esa zona las empresas mafiosas estaban conquistando varios sectores del mercado como el transporte, la construcción y la eliminación de residuos, ofreciendo precios competitivos fuera del mercado que ponían de rodillas a las empresas legales.

Y los políticos y los funcionarios le respondieron que los propietarios de esas empresas eran administradores bien educados, que estaban ofreciendo servicios y contratos con costos bajos beneficiando a la comunidad y que eran muy sensibles a las necesidades de la ciudad, ya que financian exposiciones de arte y otros eventos culturales.

Pero el aspecto más preocupante que se desprende de las investigaciones en las regiones Centro-Norte del país, es la relación triangular entre los ejecutivos de la mafia, los empresarios y los políticos y funcionarios locales.

Son crecientes las investigaciones que demuestran el crecimiento y la propagación en aquellas zonas de la estructura criminal nacida de la unión estable de intereses entre el mundo de la corrupción política-administrativa, el empresariado y la mafia.

Los medios de comunicación utilizan diferentes expresiones para definir este nuevo fenómeno criminal: bandas, P3, P4, juntas de negocios, etc.

Pero más allá de la variedad de términos y eventos, el elemento estructural constante es la presencia simultánea en cada una de estas estructuras criminales de políticos, funcionarios públicos, empresarios y comerciantes vinculados a la mafia, todos de acuerdo en utilizar la influencia política y administrativa junto a capitales legales y capitales ilegales de origen mafioso para enriquecerse en diversos ámbitos, distorsionando las reglas del mercado y de la administración pública.

Así que hoy ya no estamos en condiciones de determinar si la verdadera emergencia nacional está constituida por la mafia, por la corrupción o por una mezcla letal de ambas.

La corrupción se ha convertido en el caldo de cultivo de cualquier ilegalidad, incluidas las de tipo mafioso, debido a una serie de reformas y de leyes promulgadas en Italia en los últimos años que han contribuido a aumentar el grado de impunidad en este ámbito.

Se trata de leyes que han quitado a los jueces penales la posibilidad de controlar el mal uso del poder público, de leyes que han reducido los plazos de prescripción de muchos delitos de cuello blanco y que, por lo tanto, se declaran extinguidos antes de que se pueda lograr una sentencia definitiva de condena, e incluso de leyes que han perdonado las penas por delitos graves, incluido el delito de tráfico electoral político-mafioso previsto en el Artículo 616 de Código Penal.

Además, el Estado italiano no ha puesto en marcha la Convención del Consejo de Europa sobre la corrupción después de haberla firmado en 1999. Por tal motivo muchos comportamientos ilegales, como el tráfico de influencias, no son objeto de persecución penal.

También hay que señalar que se aprobaron leyes que han permitido la regularización fiscal (N.deT: blanqueo) de capitales de origen ilegal exportados al extranjero con garantías de anonimato y de secreto, para evitar que los jueces y las fuerzas policiales puedan determinar si alguno esos capitales así regularizados eran también capitales mafiosos.

Por último, la candidatura al Parlamento y la designación para importantes cargos de gobierno de personajes ya condenados o investigados por corrupción o por delitos mafiosos constituye un hecho gravemente desmoralizador que, sin duda, no ayuda al crecimiento de la cultura de la legalidad en la sociedad civil.

Como suelde decirse en Francia, los niños no se educan con palabras, sino con el ejemplo. Lo mismo vale en la relación entre gobernantes y gobernados. Es difícil pretender en los gobernados una tasa de moralidad pública superior a la de los gobernantes.

Por lo tanto, si no se pone freno a la corrupción, la guerra contra la mafia está perdida antes de empezar y la detención de cientos de miembros de la mafia y la confiscación de grandes propiedades sólo cumplirá una mera función de contención.

Sería un error creer que los fenómenos que he descrito pertenecen sólo a la realidad italiana.

En Italia estos fenómenos salieron a la luz porque, gracias a la Constitución de 1948, hay un poder judicial que ahora goza de independencia y de autonomía con respecto al poder político y que, además, puede contar con una policía altamente profesional y herramientas de investigación muy penetrantes como las interceptaciones.

En otros países donde estas condiciones no existen, totalmente o en parte, el mismo fenómeno se propaga de una manera oculta.

Por ejemplo ahora se reconoce universalmente que el capitalismo soviético es un capitalismo mafioso en un porcentaje que equivale a entre sesenta y setenta por ciento.

De hecho, fuentes del gobierno ruso afirman que alrededor del 40% de las empresas privadas, el 60% del Estado, el 85% de los bancos rusos y el 70% de las actividades comerciales están sujetos a infiltraciones o bajo la influencia de organizaciones criminales, y que casi todas las empresas comerciales en las principales ciudades están controladas directa o indirectamente por los grupos delictivos.

Y con las últimas elecciones esta situación ha empeorado.

Muchos mafiosos se han convertido en asistentes parlamentarios, previo pago de una suma de dinero. Y ahora, en Rusia, los 450 diputados de la Duma tienen unos quince mil asistentes, algunos de los cuales han sido asesinados a causa de los conflictos entre los grupos criminales locales.

Ahora la mafia rusa se sienta en el corazón de las finanzas internacionales y se ha convertido en uno de los componentes estructurales del capitalismo global, de un nuevo poder privado capaz de influir en el orden económico y geopolítico internacional.

La compenetración entre el capitalismo legal y el capitalismo mafioso, así como el crecimiento turbulento de la estructura criminal también es una trágica realidad en algunos países europeos nacidos a partir del colapso del imperio soviético, en los que la fusión entre los representantes de la «nomenklatura» y las mafias en el poder es tan fuerte que algunos estudiosos para definir a estos países utilizan los términos «regímenes criminocráticos« y «Estados de la mafia».

Situaciones similares se encuentran en varios países de África y de América Latina.

Por último, en el corazón de Europa el blanqueo de los capitales mafiosos que se invierten en los más diversos sectores es un fenómeno creciente y el riesgo de una invisible colonización económico-mafiosa en áreas cada vez mayores del territorio europeo no debe subestimarse.

La lección que cabe extraer de la propagación de las mafias en las regiones del norte de Italia que se consideraban inmunizadas, es una señal de alarma que no sólo suena en Italia, sino también en toda Europa, especialmente en un período histórico como el actual, en el que la hegemonía mundial de un turbo-capitalismo mundial, refractario a todas las reglas y controles, ha creado grandes áreas de anomia y desregulación que constituyen un terreno fértil para la expansión tanto de la denominada «economía canalla» como de la economía mafiosa.

Todas las razones mencionadas ayudan a entender por qué, como he mencionado antes, la acción penal es sólo una parte de una estrategia de defensa y respuesta contra la economía criminal que, para ser eficaz, debe pasar a un nivel global y sistémico

El espacio de este informe no me permite referirme a esta cuestión esencial que requiere un desarrollo articulado y de extrema complejidad.

Me limitaré a mencionar un solo ejemplo entre muchos.

La construcción progresiva de un derecho penal comunitario contra la delincuencia organizada internacional, que prevea un listado homogéneo de delitos, de instrumentos de investigación y de incautación de bienes, es un objetivo clave a mediano plazo.

Pero este objetivo es probable que sea totalmente inútil si dentro de los países no existen, o no se mantienen vigentes, normativas estatales que garanticen la independencia y la autonomía de los jueces y fiscales ante el peligro de condicionamientos por parte de centros de poder externos.

Los tribunales italianos no habrían podido lograr resultados significativos contra la mafia y la corrupción concretados en las últimas dos décadas, si su independencia no estuviera garantizada por la Constitución de 1948 aprobada después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del fascismo.

Son muchos los jueces italianos, entre ellos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados por la mafia con sus guardaespaldas en 1992, que han debido sufrir graves ataques del mundo político porque con sus investigaciones ponían en peligro los intereses de las estructuras criminales que actuaban en diversas partes del país, o por parte de hombres muy poderosos.

En los últimos años los ataques contra la justicia italiana se han vuelto cada vez más violentos y prepotentes.

Están en el orden del día una serie de proyectos de ley que proponen enmiendas a la Constitución y a las leyes ordinarias, pero con una sustancia constitucional, que pretenden llevar al poder judicial bajo el control del poder político y a quitar al ministerio público la posibilidad de investigar delitos, reservando esta facultad sólo a las fuerzas policiales subordinadas jerárquicamente al poder ejecutivo y, por lo tanto, al poder político.

También están en discusión proyectos de ley que pretenden limitar la utilización de instrumentos de investigación esenciales como las escuchas telefónicas.

Teniendo en cuenta la compleja realidad que hemos descrito, es comprensible que las reformas de esta naturaleza no se limitarían a afectar únicamente a algunas estructuras internas de la legislación italiana, sino que podrían llevar a una severa reducción de la capacidad global de respuesta del Estado italiano en su lucha contra la corrupción, contra las estructuras criminales, contra los líderes mafiosos y contra el crimen con fines de lucro, creando en el corazón de Europa un peligroso foco de infección.

Nota del traductor:

(1) La 'Ndrangheta es una organización criminal de Italia cuya zona de actuación predominante es Calabria. A pesar de que no es tan conocida internacionalmente como la Cosa Nostra siciliana y de que se considera más rural en comparación con la Camorra napolitana o la Sacra Corona Unita de Apulia, la 'Ndrangheta se ha convertido en el elemento criminal más poderoso de Italia desde los años 90. Aunque en ocasiones se la asocia incorrectamente a la mafia siciliana, la 'Ndrangheta opera de modo independiente de los sicilianos, si bien existen contactos entre ambas dada la proximidad geográfica entre Calabria y Sicilia.

http://www.antimafiaduemila.com/content/view/33652/78/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=12669

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Situémonos, abajo y a la izquierda, en que nos urge promover la toma generalizada de conciencia sobre nuestro desafío de organizarnos contra el capitalismo en vez de restringirnos a luchar contra la derecha desenmascarada y el fascismo.

Argentina: Pasados por agua. ¿Cambio climático o modelo productivo?

12 de mayo de 2017

 

Las continuas inundaciones en Argentina alertan sobre el cambio climático, pero sus efectos indican causas locales: desmontes, avance del agronegocio y pérdida de la capacidad de absorción de las napas. Las consecuencias de un modelo que desborda.

 

Por Darío Aranda

Misiones, Corrientes y Entre Ríos en 2015. Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires en 2016. La Pampa, Buenos Aires y Córdoba (otra vez), Tucumán, Catamarca, Formosa y Salta en 2017. Argentina sufre cada vez más inundaciones y desde el poder (empresario y político) se responsabiliza al clima y a la falta de obras hidráulicas. “Sembramos soja hasta en las macetas y eso nos está afectando”, sinceró Ricardo Alessandro, intendente de Salto, parte de la Pampa Húmeda bonaerense que quedó bajo el agua. El desmonte, el agronegocio y el cambio del uso del suelo. Y el gobierno que propone más transgénicos y subsidia a los productores de soja.

Descargue el documento (PDF) a continuación:

PASADOS POR AGUA (496,84 kB)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_Pasados_por_agua._Cambio_climatico_o_modelo_productivo

 

Enfoquemos cómo las externalidades para la economía capitalista significan e implican imposibilitar la vida y el trabajo.

 

 

Leonardo Boff: "Estamos destruyendo las bases que sostienen nuestro planeta,

y eso no aparece en los periódicos"

14 de mayo de 2017

 Por Juan Pablo Olsson

 El teólogo e intelectual brasileño Leonardo Boff, que viene hace ya muchos años difundiendo el trabajo planteado por el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’, llamó la atención este jueves (11) para una de las peores problemáticas enfrentadas por la humanidad en la actualidad: la crisis ambiental y sus consecuencias sociales.

La Aula Magna organizada por 350.org Argentina y la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, también contó con la presencia del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. En el evento se debatió el cuidado de los recursos naturales estratégicos, y más específicamente los casos del Acuífero Guaraní, la Antártida y la Amazonia.

"El diagnóstico de los principales científicos del mundo señala que estamos viviendo un momento muy preocupante para el planeta, y esos son datos que no aparecen en los periódicos, pues van contra el sistema, impiden la acumulación, impiden que las empresas sigan su lógica de irrespeto a la Tierra. De hecho vivimos una época de grandes contradicciones", afirmó Leonardo Boff durante el encuentro. "Debemos respetar no sólo los aspectos físico-químicos de los ecosistemas de cada región, sino también el aspecto humano de las poblaciones que los habitan. Las culturas, costumbres, religiones, organizaciones sociales, toda esa compleja realidad que forma los biomas", dijo el intelectual.

Los cambios climáticos producen sequías, inundaciones, inseguridad alimentaria y aumento en la incidencia de enfermedades tropicales, afectando con más intensidad justamente a las personas y regiones del mundo que menos contribuyeron para agravar la situación que hoy se enfrenta. La crisis climática es resultado de la quema indiscriminada de combustibles fósiles y de la explotación irracional de recursos ambientales, llevada a cabo principalmente por los países más ricos del Norte.


En América Latina pueden observarse los evidentes efectos del cambio climático, con devastadoras inundaciones, inéditas en su magnitud, que nos están demostrando la urgente necesidad de un cambio de modelo económico. Actualmente, las regiones más afectadas por las inundaciones en Argentina son Comodoro Rivadavia (Chubut), La Pampa, Tucumán, Catamarca, Provincia de Buenos Aires, San Luís y Córdoba.

"La humanidad necesita de un gran cambio de conciencia. Estamos en un momento planetario que nos plantea el dilema: o cambiamos nuestros ritmos y modos de producción y consumo, nuestra manera de habitar el planeta, o vamos hacia el encuentro de lo peor", completó Leonardo Boff. El intelectual ha sintetizado todos estos temas en su nuevo libro "Sustentabilidad: la urgencia ante el grito de la tierra", lanzado este miércoles (10) en la Feria del Libro, en evento junto a Juan Pablo Olsson y Gustavo Escobar, de la Editorial Santa María.

La presentación del libro coincidió con la gran movilización convocada por los organismos de Derechos Humanos en contra de la Ley de 2 x 1. Todos los expositores presentes adhirieron a la consigna, reclamando por Memoria, Verdad y Justicia. Boff señaló que es una gran injusticia y atrocidad pretender beneficiar a quienes cometieron crímenes aberrantes. Juan Pablo comunicó la posición de 350.org de repudiar una ley que pretende otorgarle el beneficio de libertad a los genocidas argentinos que cometieron delitos de lesa humanidad.

"Los aportes de Boff al pensamiento latinoamericano tienen profundo valor y es un honor acompañarlo en su disertación. Su gran figura y su visión representan un faro para los movimientos sociales y ambientales de los países latinoamericanos, en sintonía con la tarea que el Papa Francisco está realizando a nivel mundial", señaló Juan Pablo Olsson, Coordinador de Campañas Climáticas de 350.org Argentina.

Por su vez, Adolfo Pérez Esquivel ha recientemente declarado su apoyo a la campaña global por la desinversión en los combustibles fósiles (ver aquí). Para él, la temática de la crisis climática está fuertemente conectada con la justicia social, una vez que centenas de personas en todo el mundo son forzadas a dejar sus casas todos los días en razón de eventos climáticos extremos.

La Movilización Global por la Desinversión que se está llevando adelante en los seis continentes apunta a quitarle licencia social a la Industria de los fósiles contaminantes, afirmando la necesidad de realizar una transición hacia 100% de energías renovables.

Cero Fósiles

Leer

 

Pongamos en discusión la lógica del Capital y de economistas de izquierda, como Claudio Katz, que menosprecian las consecuencias del extractivismo.

No hay economía sin ecología
1 de septiembre de 2016

Por Economistas frente a la crisis

 

Es urgente y posible asumir los límites ambientales

Nuestra generación es la primera con conocimiento suficiente para entender la urgencia de que la actividad económica tenga en cuenta los denominados “limites planetarios”, de acuerdo con el análisis más reciente sobre las restricciones de naturaleza ecológica.

En particular, los efectos ya evidentes del cambio climático obligan a reorientar la política energética (para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero); pero también la política del agua, la política agrícola, de ordenación del territorio. Y, en general, el enfoque de cualquier regulación pública, para aumentar la resiliencia ante fenómenos adversos cada vez más severos y frecuentes, provocados por el calentamiento global.

Nuestra generación es, también, la primera que dispone de soluciones tecnológicas capaces de garantizar el bienestar y el progreso para un número creciente de ciudadanos, utilizando menos recursos naturales, reduciendo la contaminación y el impacto sobre los ecosistemas.

La no consideración de los efectos de la contaminación, del agotamiento de los recursos naturales y de la alteración de equilibrios ecológicos, comporta costes económicos y sociales crecientes, en particular para los ciudadanos más pobres y para los países menos desarrollados.

Por tanto, para garantizar un progreso duradero y equitativo, una propuesta progresista de política económica debe incorporar como condicionantes las exigencias ecológicas, erróneamente consideradas, por parte de la mayoría de los economistas, como obstáculos al crecimiento económico. Existe ya amplia evidencia de la viabilidad de una economía baja en carbono y con menor impacto ambiental.

El PIB no sirve para medir el progreso social

El PIB no refleja la evolución de las desigualdades, de la calidad de la educación o de la sanidad; tampoco sirve para medir la evolución de los principales desafíos ambientales. Hay que cambiar el enfoque “cuantitativo” -que otorga prioridad a “cuanto” aumenta la producción (PIB), a la hora de evaluar el éxito de la política económica- por un enfoque “cualitativo”, que se focalice en “qué” se produce y “cómo” se produce, por sus importantes consecuencias sociales, ambientales y económicas.

Solo podemos actuar sobre aquello que podemos medir; por tanto, tal como proponen varias resoluciones de Naciones Unidas, es preciso agregar varios indicadores -de carácter social, ambiental, de buen gobierno…- para mejorar la medición del progreso, más allá de la información incompleta que suministra el PIB.

Una primera propuesta concreta sería, por tanto, anunciar el uso de un indicador agregado para evaluar la efectividad de la política económica sobre el progreso de España, de forma complementaria al tradicional uso del PIB.

El paradigma vigente se basa en una “economía lineal”, a partir de la extracción creciente de materias primas (sin tener en cuenta su tasa de reposición en el caso de recursos renovables); el sistema productivo genera grandes volúmenes de residuos (buena parte de ellos de difícil gestión y peligrosos para la salud).

La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa sobre “Economía circular: hacia residuo cero”, como guía para que los países miembros reconduzcan sus modelos de producción y de consumo, con objeto de reducir drásticamente la generación de residuos, así como el consumo de materias primas, incentivando la reutilización y el reciclado, así como el diseño de productos duraderos y reparables.

El “desacoplamiento” entre, por un lado, el crecimiento económico y la creación de empleo, y por otro, el consumo de materias primas y la contaminación, no es en absoluto una utopía: se ha producido ya para el conjunto de la Unión Europea, donde, a lo largo del periodo 1990-2012, se ha registrado un aumento del 45% del PIB mientras las emisiones de CO2 se han reducido en un 17%. En el caso concreto de Dinamarca, desde hace diez años su PIB aumenta mientras disminuyen el consumo de energía y las emisiones de CO2, como resultado de un esfuerzo sostenido en materia de ahorro y eficiencia energética así como de fomento de las energías renovables.

Abordar con éxito una transición económica con exigencias de sostenibilidad ambiental

Ello requiere una apuesta seria por parte del futuro Gobierno, que deberá, entre otras cosas:

Derogar numerosas modificaciones legislativas aprobadas durante esta legislatura -la mayor parte de ellas con el único respaldo parlamentario del PP- que suponen un retroceso significativo en materia ambiental (energías renovables, Ley de Costas, Ley de Montes…).

Llevar a cabo el desarrollo normativo, todavía pendiente, de la ley sobre responsabilidad por daños ambientales y de la ley que regula el acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental. Se reforzaría así el papel de los ciudadanos como agentes activos de la transición económica que proponemos.

Potenciar la política tributaria como una herramienta imprescindible para combatir el despilfarro en el uso de recursos naturales, así como el deterioro de los ecosistemas. Porque, como han señalado reiteradamente la Comisión Europea y la OCDE, España está a la cola de los países desarrollados en cuanto a la utilización de la fiscalidad para garantizar objetivos ambientales.

Abordar una profunda reorientación en el ámbito de las políticas de ordenación del territorio y urbanismo, para garantizar un uso racional y sostenible del suelo; y en el de la política del agua, en la que siguen sin incorporarse las exigencias ambientales y de racionalidad económica a las que obligan las directivas europeas.

Todos los informes existentes (Comisión Europea, OCDE, OIT…) confirman la importante capacidad de creación de empleo en España asociada a una transición económica como la propuesta, que involucraría a todos los sectores, tradicionales y “nuevos”, reforzando nuestra competitividad a partir de una mayor incorporación de la innovación tecnológica en todos ellos.

http://economistasfrentealacrisis.com/ii-no-hay-economia-sin-ecologia/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=216100

 

 

 

Involucrémonos en la lucha de los pueblos originarios para tener economías mirando a necesidades de convivires en la diversidad humana y ecológica. Es defender las biodiversidades y distintas culturas que el capitalismo arrasa en su acaparamiento sin límites.

Criminalización y cárcel a dirigentes indígenas en Formosa
15 de mayo de 2017

Ayer se cumplió un mes de la detención sin fundamento del dirigente Wichí, Agustín Santillan. Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y comunidades originarias decidieron emitir una carta para alertar sobre las detenciones arbitrarias de referentes indígenas. ANRed/Reproducimos

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, que acompañamos la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos, repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad del hermano indígena wichí Agustín Santillán, que se encuentra detenido en Las Lomitas (Formosa) desde el 14 de abril, simplemente por demandar el goce de sus derechos.

Junto con Agustín Santillán se encuentran otros hermanos indígenas detenidos (Bautista Macedonio y Roberto Frías) y otros que son sometidos a causas judiciales en una muestra inusual de persecución política, que echa un manto de duda sobre el rol de un Estado de derecho, que no sólo incumple el contenido elemental de la normativa internacional y de la Constitución Nacional, sino que estigmatiza, criminaliza y persigue a aquellos que sólo intentan gozar de sus derechos más elementales.

En palabras de Agustín Santillán desde la cárcel: "Quiero pedir ayuda y seguir difundiendo lo que el gobierno de Formosa me hizo. Me meten preso solo por difundir y reclamar la verdad. Me meten preso porque ellos quieren ocultar la pobreza".Hacemos pública esta situación, y quedamos comprometidos a dar seguimiento a éste y otros casos para tomar las medidas pertinentes, entre otras la denuncia a organismos internacionales para poner en evidencia situaciones graves y extremas que debilitan nuestra democracia.

Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI

Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) - Equipo de Pueblos Originarios

Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa)

Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf)

Centro de Políticas Públicas para el Socialismo / Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra (Ceppas / Gajat)

Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta (UNSA)

Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas

Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera - Formosa)

Resistencia Qom

Comunidad Winkul Newen (Neuquén).

Movimiento de Profesionales para los Pueblos

Confederación Mapuche de Neuquén- Zonal Xawvn Ko

Convergencia de las Culturas

Red de Solidaridad con Chiapas en Buenos Aires

Punta Querandí

Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena

APDH La Matanza

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

Asociación Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes)

Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH)

Junta Unida de Misiones (JUM) - Programa de Ciudadanía, Pueblos Indígenas y Acceso a la Justicia

Asociación Civil por los Derechos de los Pueblos Indígenas (ADEPI)

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article14198

 

 

Pueblos indígenas entre la muerte y la muerte

12 de mayo de 2017

 

"Asistimos a la macabra repetición de actos criminales cometidos hace cincuenta años, quinientos años, los criminales son los mismos, sólo cambian los nombres de las víctimas. Los genocidas de los pueblos indígenas hoy, son los continuadores del genocidio que iniciaron los invasores españoles ayer."

 

Lo escribe José Hilario López Rincón, en artículo publicado por Sur y reproducido por Alai, 05-05-2017.

Vea el artículo aquí.

El asesinato de Gerson Acosta, líder indígena del Cabildo Kite Kiwe en Timbío Cauca, el pasado 19 de abril, a manos de un sicario, eleva a seis el número de miembros de pueblos indígenas asesinados en escasos cuatro días de la tercera semana de abril y pone en serio entredicho la implementación de los acuerdos de paz.

Pedro Nel Pai Pascal, Jhonny Marcelo Cuajiboy Pascal y Ever Goyes, del pueblo Awá, fueron asesinados el 16 de abril en el departamento de Nariño, apenas con algunas horas de diferencia y en lugares diferentes pero no por ello deben tenerse como casos aislados.

Pedro Nel Pai Pascal, 35 años de edad, perteneciente al resguardo Gran Rosario fue asesinado a las 10:15 de la mañana en cercanías del corregimiento La Guayacana del municipio de Tumaco; dos sicarios le propinaron dos disparos en la cabeza.

Ever Goyes, 35 años, miembro del resguardo de Pulgande Tronqueria Palicito del municipio de Barbacoas (Nariño) fue asesinado de tres balazos a las 2 de la tarde en el municipio de Ricaurte (Nariño).

Jhonny Marcelo Cuajiboy Pascal, 33 años, perteneciente al resguardo Piedra Sellada, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras se encontraba en el corregimiento Llorente del municipio de Tumaco, a las 5 de la tarde.

El mismo 16 de abril, en el Litoral de San Juan, sur del departamento de Chocó en límites con el departamento del Valle del Cauca, fueron secuestrados los indígenas Wounaan, hermanos Anselmo y Dalmiro Cárdenas Victoria, quienes fueron hallados sin vida el 20 de abril.

Para la Asociación de Autoridades y Cabildos Tradicionales Indígenas Awá y la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA “da tristeza ver, como el proceso de paz que para nosotros significó la posibilidad de volver a vivir en armonía, en la práctica, ha significado el incremento al exterminio físico, cultural y espiritual de nuestro pueblo”. Pero de igual manera causa alarma, como lo expresan en el comunicado, “que todos hayan sido realizados bajo la modalidad del sicariato, lo que demuestra una acción sistemática por parte de actores criminales” en contra del pueblo Awá, a la vez que resaltan “que estos hechos ocurren en lugares donde la presencia de la fuerza pública es permanente”[1].

Los múltiples asesinatos han generado el repudio y la voz de alerta de Amnistía Internacional. En comunicado del 21 de abril señala que la “Ola de asesinatos de indígenas resalta fallas de implementación del Proceso de Paz”. De acuerdo con Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional: “La situación de riesgo que atraviesan las comunidades indígenas en Colombia es alarmante. Estos crímenes dejan en relieve uno de los principales retos de la implementación del proceso de paz, el de proteger a las comunidades que viven en algunas de las zonas que más han sufrido el conflicto armado y garantizar que estos lamentables hechos no queden en la impunidad”. Critica igualmente la “ineficacia de las medidas implementadas por las autoridades colombianas para asegurar la vida e integridad de líderes y miembros de comunidades indígenas”[2], toda vez que Gerson Acosta había recibido amenazas y contaba con medidas de protección de laUnidad Nacional de Protección.

Los ataques contra miembros de los pueblos indígenas no son recientes y demuestran, sin lugar a duda, que el Estado colombiano está amañado en el cumplimiento retórico de sus deberes; que de poco sirven las órdenes que imparte la Corte Constitucional[3] y que el principal escollo del conflicto armado que aqueja a Colombia no es lograr la firma de Acuerdos con los grupos insurgentes, sino la consolidación de un ambiente propicio, el cual no se podrá lograr si el Estado no está en capacidad de cumplir los mandatos de la Constitución Política o no tiene la voluntad de hacerlo: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (art. 2º); “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (art. 7º); “El derecho a la vida es inviolable” (art. 11); “Se garantiza la libertad de conciencia” (art. 18), etc.

Los ataques contra el pueblo Awá revisten sistematicidad aún desde antes de la firma de los Acuerdos con las FARC. El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas realizó visita oficial a Colombia entre el 5 y el 9 de julio de 2010; su propósito era “observar la situación de los pueblos indígenas que son víctimas de abusos relacionados con el conflicto armado y que se encuentran en peligro de extinción y la situación del pueblo Awá”.

En el informe de su misión, el organismo concluyó en esa época que “Los pueblos indígenas han enfrentado graves abusos a sus derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno, como la discriminación y la marginación. La situación crítica de los pueblos indígenas ha sido bien documentada. El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas realizó visitas a Colombia en 2004 y 2009. En 2009, el Relator Especial concluyó que la situación de los pueblos indígenas continua siendo sumamente grave, crítica y profundamente preocupante”.

En el documento, presentado en New York en las sesiones de Naciones Unidas del 16 al 27 de mayo de 2011, se dijo además: “Según datos de la ONIC, entre 2002 y 2009, más de 1.400 hombres, mujeres y niños indígenas fueron asesinados. La violencia se ha incrementado, en 2008 y 2009 se documentaron 111 y 176 asesinatos respectivamente. […] Los líderes indígenas han sido frecuentemente objeto de asesinatos y amenazas por las partes en conflicto que han invadido sus territorios. Durante los tres meses posteriores a la visita del Foro, se registraron los asesinatos de 4 líderes indígenas, incluyendo el de una líder que estaba embarazada. La esposa de otro líder también fue secuestrada junto con su marido y posteriormente asesinada”.

Desde la visión de los observadores internacionales, encontraban entonces que “Las raíces del conflicto se encuentran en problemas estructurales del país tales como la pobreza y la desigualdad, la discriminación contra grupos vulnerables, los abusos a los derechos humanos y el control sobre la tierra. El conflicto está alimentado por la violencia relacionada con el tráfico de droga, el crimen organizado y las tensiones con los países vecinos, que han sido acusados de apoyar a grupos rebeldes. Los pueblos indígenas se han mantenido neutrales ante el conflicto, sin embargo han sido objeto de graves abusos tales como asesinatos, masacres, desplazamiento forzado, infracciones alDerecho Internacional Humanitario, entre otros y son la causa principal de riesgo de su extinción”.

En 2011 el Foro reiteró el llamado a la “búsqueda de una paz auténtica y duradera mediante una salida negociada al conflicto armado que está afectando severamente a los pueblos indígenas” (Negrilla fuera de texto). Tal vez allí radica el problema esencial en la consolidación del fin de la guerra. En que el gobierno colombiano está empeñado en lograr una paz estable pero no auténtica. Y es que no puede construirse una paz auténtica, ni estable ni duradera, sobre la base de los viejos privilegios de los grandes terratenientes y grupos económicos; sobre los escombros de las rancias castas políticas y sobre las estructuras malolientes de un Estado que hiede a corrupción, impunidad, inmoralidad, inequidad, nepotismo, concentración de poder y de riqueza, centralismo, paraestatalismo, paramilitarismo y un interminable etc.

De ahí que los asesinatos de indígenas y líderes sociales, los desplazamientos de pobladores como el ocurrido en la localidad de Peña Azul en el Alto Baudó (Chocó) y los ataques de diversa índole contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, perpetrados por parte de bandas paramilitares con posterioridad a la firma de los llamados Acuerdos de Paz, continúen a pesar de tales Acuerdos y a pesar de la negativa del gobierno a reconocer la existencia de los grupos paramilitares de ayer y de hoy. Asistimos a la macabra repetición de actos criminales cometidos hace cincuenta años, quinientos años, los criminales son los mismos, solo cambian los nombres de las víctimas. Los genocidas de los pueblos indígenas hoy, son los continuadores del genocidio que iniciaron los invasores españoles ayer.


Notas

[1] Comunicado 004-2017 a la comunidad nacional e internacional. 

[2] Amnesty

[3] La Corte Constitucional ordenó en el Auto 004 de 2009 implementar un Plan de Salvaguarda Étnico en relación con el Pueblo Awá. Dicho Plan fue entregado en el año 2010 por el Pueblo Awá al gobierno nacional sin que a la fecha se haya adoptado.

Fonte: IHU

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Pueblos_indigenas_entre_la_muerte_y_la_muerte

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Honduras: 220 años de resistencia y la sobrevivencia del pueblo Garífuna

11 de mayo de 2017

 

 OFRANEH

 

"La familia extensa Garífuna prevalece, no obstante los esfuerzos realizados por la cultura dominante, y el proceso migratorio que se intensificó a partir de mediados del siglo pasado, contribuyendo ésto en cierta medida a fortalecer la condición matrifocal de nuestro pueblo, la que tiene raíces entre las culturas de la yuca amarga provenientes del río Orinoco y pueblos indígenas de África."

 

Una vez más, el 12 de abril se conmemoró el arribo del pueblo Garífuna a Honduras, tras haber sido expulsado de la isla San Vicente (Antillas menores), y librado dos guerras consecutivas contra los Británicos, los que finalmente se apoderaron del último bastión de los Caribes Arawak.

En Honduras durante los últimos años, el Estado se apropia de la fecha para efectuar sus rituales de poder, al mismo tiempo que incrementa su estrategia de despojo del pueblo Garífuna, la que inició en los albores del siglo XX; cuando entregó el destino de la costa norte a las compañías bananeras, pretendiendo en el siglo XXI expulsar a nuestro pueblo y comunidades a través de las “ciudades modelo” (ZEDE) y otros proyectos de industrias extractivistas.

La etnogénesis del pueblo Garífuna se remonta a mediados del siglo XVII, cuando náufragos africanos fueron acogidos por indígenas Arawak Caribe, de los cuales heredamos nuestro idioma, religión y costumbres. En la actualidad nuestro pueblo preserva el idioma Garifuna de origen arawak maipure norteño Kalinagu de las Antillas Menores.

La familia extensa Garífuna prevalece, no obstante los esfuerzos realizados por la cultura dominante, y el proceso migratorio que se intensificó a partir de mediados del siglo pasado, contribuyendo ésto en cierta medida a fortalecer la condición matrifocal de nuestro pueblo, la que tiene raíces entre las culturas de la yuca amarga provenientes del río Orinoco y pueblos indígenas de África.

La matrifocalidad del pueblo Garífuna ha sido ignorada y hasta soterrada por la cultura dominante de índole patriarcal, la que simplemente desconoce su existencia y alienta la sustitución de las redes de mujeres en nuestras comunidades, promoviendo la organización social de corte occidental, que nos convierte en simples estadísticas y podemos decir que hasta en mercancía.

La matrifocalidad del pueblo Garífuna fue señalada en las investigaciones realizadas por Nancy Gonzales, la que en su libro “Peregrinos del Caribe”, resaltó la importancia que juegan las mujeres en las ceremonias relacionados con el culto ancestral, el cual gira alrededor de las abuelas (nagoto) a las que se les rinde tributo en el Dügü, religión animista que hasta la fecha sobrevive entre nuestro pueblo a pesar de las influencias exógenas, especialmente de las sectas evangelistas que rechazan la posibilidad de cualquier tipo de sincretismo.

Ademas de Nancy Gonzales, las antropólogas Virginia Kerns y Keri Brondo han hecho énfasis en la matrifocalidad Garífuna. Brondo además ha escrito sobre el rol que jugamos las mujeres en la defensa del territorio ancestral, el que se ve asediado por una oleada de apropiaciones y despojos que cuentan con el apoyo del estado.

Sí bien hasta la fecha logramos conservar la matrifocalidad, no obstante; las políticas de homogeneización cultural promovidas por el Estado y organismos financieros internacionales desconocen su existencia e incluso promueven la disolución de la propiedad comunitaria como un impedimento para el “desarrollo” de corte occidental, el que promueven con un enorme ahínco.

Desafortunadamente la herencia matrilineal (alagận) ha venido siendo sustituida por el concepto de herencia patriarcal predominante entre cultura mestiza. La aparición de procesos de “legalización” y titulación de tierras promovidos por el Estado, han servido para despojar al pueblo Garífuna, y desconocer la herencia matrilineal.

La herencia tradicional Garífuna contemplaba a las mujeres como las herederas, siendo sustituido nuestro alagận por la visión occidental donde se le confiere al hombre, especialmente a los mayores el derecho a la herencia. La mayoría de las ventas de tierras que han sido desmembradas de forma ilegal de los títulos comunitarios, recaen en los hombres, especialmente los que retornan tras haber emigrado a los Estados Unidos.

La influencia de los meriganas -término que se usa en Garífuna para los que habitan o han retornado de los Estados Unidos- es impactante, ya que además de poseer un presunto capital financiero, muchos han adquirido usos y costumbres ajenos a la cultura Garífuna, especialmente relacionados con el concepto de propiedad privada.

Las redes de mujeres Garífunas en las comunidades cuentan con organizaciones centenarias, como lo son los denominados clubes de danza, los cuales mantienen vivas las tradiciones orales entre nuestro pueblo, además de propulsar grupos de apoyo social de dimensiones insoslayables.

Sí bien pudimos conservar en cierta medida hasta la fecha nuestra matrifocalidad, la pérdida del alagận implica la paulatina desaparición de nuestro territorio el cual es apetecido por empresarios del turismo, palma africana y extractivos; apropiándose del territorio por pedazos, contando con el apoyo de municipalidades, Instituto de la propiedad y la complicidad del Ministerio Público que como de costumbre se niega a intervenir en los despojos.

 

La sobrevivencia del pueblo Garífuna es un desafío ante la desaparición del territorio y la pérdida del idioma y cultural a través de la influencia de los medios de comunicación manejados por la cultura dominante además del fracaso de la educación bilingue intercultural.

Los retos son enormes, pero con la protección y la guía de las deidades ancestrales, así como la resolución en la defensa de nuestra herencia cultural y territorial lograremos sobrevivir como cultura diferenciada, para garantizar los bienes comunes de la naturaleza a las futuras generaciones.

Servindi, vía OFRANEH

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Honduras_220_anos_de_resistencia_y_la_sobrevivencia_del_pueblo_Garifuna

En consecuencia, coincidamos con Raúl Prada Alcoreza en que "la defensa de los territorios indígenas es parte de la lucha descolonizadora. Defender los territorios indígenas de su desterritorialización extractivista, de su despojamiento y desposesión por parte del capitalismo dependiente, es no solamente pieza importante de la lucha anticapitalista, no solamente segmento fundamental de la lucha anticolonial y descolonizadora, sino, sobre todo, es primordial en la defensa de la vida".

Territorios indígenas y descolonización

19 agosto, 2015 Pueblos en Camino

 

Raúl Prada Alcoreza

 

“…En este sentido, la defensa de los territorios indígenas es parte de la lucha descolonizadora. Defender los territorios indígenas de su desterritorialización extractivista, de su despojamiento y desposesión por parte del capitalismo dependiente, es no solamente pieza importante de la lucha anticapitalista, no solamente segmento fundamental de la lucha anticolonial y descolonizadora, sino, sobre todo, es primordial en la defensa de la vida.”

 

“…Al final, los lenguajes, los discursos, las teorías, son instrumentos de la vida, para la vida, no solamente para su permanencia y reproducción, sino, sobre todo, para su creación y recreación; la invención y reinvención de la vida. Por eso mismo, dentro de este ámbito, son herramientas de sobrevivencia, no en el sentido elemental, reductivo, sino en el sentido complejo, amplio. Si unos discursos, si unas teorías, ya no sirven para eso, se las desecha y se inventa otras, más adecuadas. Los lenguajes, los discursos, las teorías, no contienen de pos sí sentido alguno, verdades inherentes, esencias o sustancias metafísicas; los sentidos emergen de las prácticas lingüísticas, discursivas, teóricas, de la gente. Lo indispensable es usarlas como herramientas y no convertirlas en el lenguaje de la revelación, en el discurso de la verdad, en la teoría del saber absoluto. Cuando se hace esto, dejan de ser útiles para la vida, convirtiéndose, mas bien, en obstáculos para la vida y la sobrevivencia; convirtiéndose en dispositivos de poder institucionalizados. Lo que los convierte en fines, rebajando la condición humana a ser un medio para preservar la revelación, la verdad y el saber. Cuando ocurre esto, se desprecia la vida de la manera más veleidosa; se asume que matar al infiel, al que se opone a la verdad, al enemigo, al ignorante del saber absoluto, es la tarea principal, a nombre de la revelación, de la verdad, sea esta la revolución, la libertad u otra finalidad, a nombre de la “ideología” o de la ciencia. Esta inversión de valores, usando esta frase para ilustrar mejor, es un genocidio, así como un biocidio, también, en las condiciones del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, es un etnocidio…”

 

Patético exhibicionismo y desesperación extractivista

El apego de los llamados gobiernos progresistas al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente es una clara muestra del carácter histórico-político de estos gobiernos. No dejaron ser Estado-nación subalternos; administradores de la transferencia de los recursos naturales de las periferias a los centros del sistema-mundo capitalista. Entonces son cómplices no solo de las dominaciones imperialistas, sino de mantenerlo alimentándolo con las concesiones extractivistas a las empresas trasnacionales; manteniendo, de esta manera, al ciclo dominante y hegemónico del capitalismo vigente; extractivista y financiero, inscribiendo la deuda infinita en los cuerpos de los pueblos subyugados.

El exigir que las naciones y pueblos indígenas entreguen sus tierras a la vorágine del capitalismo extractivista es la patética desesperación de comediantes, que fungen de líderes populistas, cuando, en realidad, desarman a los pueblos de su capacidad de lucha, haciendo gala de su demagogia, que se sostiene en redes clientelares. Es una clara muestra de lo distante que se está de la Constitución. Constitución que, además de establecer el carácter plurinacional del Estado, en transición, Estado plurinacional Comunitario y Autonómico, establece los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Por otra parte, deja claro el carácter ecologista de la Organización Económica del Estado, al establecer la condición sustentable del “desarrollo”, definiendo las condiciones no mercantilizables de los recursos naturales, destinados al vivir bien. Este, el dispositivo gubernamental que exige a los pueblos entregar sus recursos naturales, abrir las áreas protegidas, es un gobierno que ha adoptado el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

Territorios indígenas

En primer lugar, es indispensable definir lo que se entiende por territorios indígenas. Cuando queremos hacer esto, definir el concepto de territorios indígenas, nos encontramos con distintos discursos que lo contienen; en cada discurso la interpretación es distinta. En términos del uso político, territorios indígenas, tiene que ver con las luchas de las naciones y pueblos indígenas por recuperar y reconstituir sus territorios ancestrales. Ciertamente cuando decimos esto, de recuperar y reconstituir, hablamos en el contexto de la geografía política de los Estado-nación. Esto significa que la recuperación y la reconstitución están circunscritas dentro de esta geografía. Generalmente se habla de los territorios donde están asentados los pueblos indígenas. Entonces se trata de la protección de los pueblos indígenas, de la defensa de sus culturas, de sus lenguajes, de sus instituciones, de sus normas y procedimientos propios. Para tal efecto, la lucha de los pueblos indígenas ha buscado el reconocimiento de sus territorios por parte de los Estado-nación. Naciones Unidas ha recogido las reivindicaciones, las demandas, sobre todo las conquistas de los pueblos indígenas, después de décadas de luchas descolonizadoras. Le ha dado un leguaje jurídico y ha extendido como derechos colectivos a todo el orbe planetario. Muchos Estado-nación han firmado convenios internacionales, que establecen universalmente los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, los territorios indígenas son territorios reconocidos internacionalmente y por los estados firmantes de los convenios internacionales.

 

Vulnerar estos derechos adquiridos, asumidos internacionalmente y por los estados firmantes, es violar los derechos humanos, en su extensión colectiva. En otras palabras, es violar las condiciones de posibilidad democrática, tal como han sido constituidas hasta ahora. Es comportarse despóticamente ante estos derechos establecidos. Es esto precisamente lo que pasa cuando se exige abrir las áreas protegidas a concesiones extractivistas de empresas trasnacionales.

 

Cuando se hace esto, violar derechos colectivos, con el desparpajo más grande, acusando, además, a los pueblos indígenas que no quieren hacerlo, de inmorales, se patentiza no solamente el despotismo más desvergonzado, sino que no se ha entendido nada de nada. No se ha entendido la Constitución, no se ha entendido el sentido primordial del llamado proceso de cambio, que es el de la descolonización. Tampoco se ha entendido el significado histórico-político, en el presente, de la democracia, del ejercicio de la democracia, que, de acuerdo con la Constitución, es participativa, directa, comunitaria, pluralista, representativa. Es como creer que basta con pretender ser indígena o parécelo para legitimar cualquier cosa, incluso actos y acciones políticas que van contra los derechos de los pueblos indígenas. Esto no es otra cosa que una desorientación enorme respecto a las emancipaciones y liberaciones en la actualidad. Y lo más grave, esto no es más que la continuación del despojo y la desposesión colonial; primero, en el periodo colonial propiamente dicho; después, en el periodo liberal, con las repúblicas; para prolongarlo con el periodo nacionalista; posteriormente, asombrosamente, para perpetuarlo en el periodo del llamado gobierno progresista, sobre todo con el denominado gobierno indígena.

 

La definición del concepto de territorios indígenas no queda ahí, en el uso político, “ideológico”, jurídico, incluso técnico, en las oficinas de Naciones Unidas, en las ONGs y en las instancias gubernamentales. Se ha desarrollado también como una concepción teórica de territorios indígenas. Se habla, en este sentido, de territorios indígenas, como espesores culturales; como ámbitos de relaciones entre comunidades y ciclos vitales, del agua, del aire, del suelo, de los bosques, de las cuencas. En una de las versiones de esta interpretación filosófica, el concepto de territorio indígena adquiere el carácter de arquetipo, de originariedad; se les atribuye esta connotación territorial a las comunidades originarias. Sin embargo, hay que hacer notar que para los pueblos ancestrales el territorio no es indígena o, mejor dicho, del pueblo indígena, que tampoco se consideraba como tal, sino que se nombraba como gente, como humano, en la lengua propia. El territorio no puede ser de alguien, persona o colectivo; la comunidad es la que forma parte del territorio. Lo común, en este caso, no corresponde solamente a los miembros de la comunidad o de las comunidades con las que se comparte, sino también con los otros seres con los que se convive.

 

Como se puede ver, a pesar de la importancia, la utilidad, “ideológica”, política, jurídica y cultural del concepto, no deja de plantear problemas hermenéuticos la decodificación y la interpretación del concepto. Problemas que hay que asumirlos plenamente, precisamente por la importancia y significación histórica que tienen los pueblos indígenas.

 

Otra semántica del concepto de territorios indígenas tiene que ver con la perspectiva ecológica. Los pueblos indígenas se encuentran en ecosistemas biodiversos vulnerables, forman parte de estos ecosistemas. Claro que también forman parte de los ecosistemas, en general, las ciudades, las poblaciones no indígenas; sin embargo, no hablamos de esta pertenencia ecológica, en general, sino de la vinculación de los pueblos indígenas con ecosistemas vulnerables, de las cuencas, de los bosques, de los territorios todavía no suficientemente afectados por la integración capitalista. En este sentido, territorio indígena adquiere una connotación ecológica. Hay una versión light, por así decirlo, de esta perspectiva ecológica, que es, mas bien, ambientalista; concibe a los territorios indígenas como áreas protegidas.

 

Después de esta breve revisión de parte de la polisemia de territorios indígenas – no podemos extendernos, por el momento -, podemos ver que más que tratarse de un concepto, estamos ante una distribución conceptual heterogénea. Distribución heterogénea que hace a una formación no solo discursiva, sino política-cultural. Esta formación discursiva-político-cultural se despliega en las sociedades contemporáneas, en los Estados-nación, en el mundo, buscando ocasionar acontecimientos emancipativos y libertarios descolonizadores. Por lo tanto, en este ánimo y activismo, busca ocasionar enunciaciones que hagan inteligible el entramado de relaciones sociales e institucionales, donde se disputan dominaciones y contrapoderes.

 

En consecuencia, la formación discursiva-político-cultural de la que hablamos, que nombraremos como des-colonial – preferimos usar el término que asume Silvia Rivera Cusicanqui, con la explicación del caso, que decolonial -, es una heurística y hermenéutica de contra-poder, de prácticas discursivas-políticas-culturales contra- hegemónicas.

 

En este sentido, la defensa de los territorios indígenas es parte de la lucha descolonizadora. Defender los territorios indígenas de su desterritorialización extractivista, de su despojamiento y desposesión por parte del capitalismo dependiente, es no solamente pieza importante de la lucha anticapitalista, no solamente segmento fundamental de la lucha anticolonial y descolonizadora, sino, sobre todo, es primordial en la defensa de la vida.

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Escritor, docente-investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Demógrafo. Miembro de Comuna, colectivo vinculado a los movimientos sociales antisistémicos y a los movimientos descolonizadores de las naciones y pueblos indígenas. Ex-constituyente y ex-viceministro de planificación estratégica. Asesor de las organizaciones indígenas del CONAMAQ y del CIDOB. Sus últimas publicaciones fueron: Largo Octubre, Horizontes de la Asamblea Constituyente y Subversiones indígenas. Su última publicación colectiva con Comuna es Estado: Campo de batalla.Vamos a hablar ahora de una distribución conceptual, relativa a los territorios indígenas. La importancia de este mapa conceptual tiene que ver con la problemática fundamental de las dominaciones, articuladas en las estrategias capitalistas, asentadas en los diagramas de poder colonial. En este sentido, la importancia radica en la significación histórica-política y cultural de las luchas descolonizadoras y anticapitalistas; en consecuencia, la importancia adquiere una connotación crucial en la defensa de los territorios indígenas.
El deber

Fuente: http://pueblosencamino.org/?p=1686

 

 

 

Nos urge organizar, abajo y a la izquierda, nuestra unión en diversidad según la deliberación conjunta de problemas fundamentales a ir creando buenos vivires e ir erradicando el privilegio de negocios gran capitalista por sobre necesidades e intereses populares. Porque la desterritorialización-reterritorialización a favor de la alta rentabilidad de oligopolios va contra los subsistemas de la naturaleza que posibilitan la vida y el trabajo. El fracking en un lugar supone unos cien pozos cuyo rendimiento es de unos cinco años, destruye acuífero y suelo, desposee a comunidades, las envenena... es política de tierra arrasada para nosotros pero para los poderes instituidos es proyecto expropiador del territorio de Argentina en acuerdo a su acumulación de riquezas y poder.

 

La actividad petrolera que se ha incorporado a la vida cotidiana de miles de personas como un peligroso agente invasivo, que modifica el entorno en zonas urbanas, áreas naturales protegidas, tierras comunitarias mapuche, zonas de densidad productiva no petrolera y puntos críticos de riesgo sobre fuentes hídricas como ríos, lagos o acuíferos”.

 

 

 

Argentina: Vaca Muerta, un megaproyecto que se extiende

27 de abril de 2017

Vaca Muerta es la principal formación de shale oil y shale gas de Argentina y una de las más “atractivas” del mundo. Se ha repetido hasta el cansancio que tiene una superficie de 30 mil km2, es decir 145 veces la Ciudad de Buenos Aires, o el 30% de la superficie total de Neuquén. Sin embargo, sus tentáculos se expanden mucho más allá de esos claros límites  geológicos y la vinculan directamente con Entre Ríos y Gaiman (Chubut), con Buenos Aires, Luxemburgo y China.

Según la Administración de Información Energética de EE.UU. Vaca Muerta es el proyecto de hidrocarburos no convencionales de mayor potencial a nivel global por fuera de norteamerica. Más allá de los recursos hidrocarburíferos, esa oficina valora positivamente la cercanía a importantes cursos de agua y la infraestructura ya existente. Así bienes subterráneos y superficiales se complementan con la historia local por que la instituciones e infraestructuras son necesarias para lograr extraer los hidrocarburos desde la formación geológica. Así entendida Vaca Muerta se compone también de una red de infraestructura existente y en proceso de instalación. Sus límites, entonces, lejos de ser claros, como supone la idea de los 30 mil km2, se difuminan en amplias regiones. Caminos, rutas, ductos y transferencias bancarias constituyen lo que llamamos los tentáculos.

En ese extenso territorio se instalan otros procesos necesarios de la producción hidrocarburífera como, por ejemplo, la extracción y traslado de las arenas, y el traslado por ductos y procesamiento –en refinerías o polos petroquímicos– de los hidrocarburos. Pero, además, todas esas actividades comparten el suelo con otras producciones –como la de los crianceros de ganado menor o la frutihortícola– y con otros usos: centralmente las ciudades, áreas naturales protegidas, comunidades mapuche. Como se ve los límites son imprecisos y la diversidad en torno a los usos del suelo donde se asienta el megaproyecto es notable.

 

Si bien para Vaca Muerta se produce nueva infraestructura, en la mayoría de los casos ésta se asienta sobre inversiones anteriores. Así, por ejemplo, se multiplican las transformaciones en rutas y vías férreas ya existentes. Ninguna de esas instalaciones por sí es una obra de muy grandes dimensiones, como puede haber sido la construcción de las grandes represas, como El Chocón, a fines de la década de 1960. Sin embargo, la suma de esas modificaciones convierte a Vaca Muerta en un megaproyecto, en un pulpo que supera en mucho los límites de la formación geológica.

 

La superficie de Vaca Muerta se subdivide en 200 áreas hidrocarburíferas, que han sido concesionadas a distintas compañías para su puesta en producción. La parcialmente estatizada YPF es la que mayor superficie tiene y la más importante en Argentina en términos de extracción de gas y petróleo. Pero hay también otro sinnúmero de operadoras y de compañías de servicios, diferentes estados, fundaciones y consultoras que tienen intervención en la definición de este megaproyecto.

 

En los lugares donde se expande la extracción hidrocarburífera se constatan una serie de problemáticas sociales, sobre todo generadas por la presencia de muchos hombres solos y con disponibilidad de dinero. Alcoholismo, trata de personas, consumo de drogas y narcotráfico, se conjugan con la suba indiscriminada del valor de las propiedades y alquileres son algunas de las problemáticas que los hidrocarburos generan en los lugares donde se extrae. Pero además, ante las expectativas que los anuncios oficiales generan, se hace necesaria la adaptación de las ciudades para absorber el crecimiento desmesurado. Según prevén desde el gobierno, “la capital nacional del shale”, Añelo, pasará de 6.000 habitantes en 2015, a 41 mil en 2019, es decir su población prácticamente se multiplicaría por seis en cuatro años.

Finalmente, ya más allá de las infraestructuras tradicionales, este tipo de explotación generan infraestructuras financieras y jurídicas, que rozan lo ilegítimo. Esas instituciones permiten, como las empresas off shore (asentadas en paraísos fiscales como Delaware e Islas Caiman, entre otros), por un lado, gestionar la financiación necesaria para la explotación y, por otro, liberar a las corporaciones de las obligaciones en caso de demandas posteriores. Al mismo tiempo, la juridicidad internacional y sus cortes intervienen en las disputas situadas dentro de las fronteras estatales, como establecen los acuerdos arribados con las compañías trasnacionales.

De este modo, Vaca Muerta se convierte en un territorio que excede en mucho los ya extensos 30 mil km2 de la formación que le dio nombre.

 

Infraestructura del fracking en el Cono Sur

Las rutas

En la zona el automotor es el principal medio de transporte. Calculan que tres mil camiones se mueven diariamente por la cuenca hidrocarburífera neuquina. Por las limitaciones que existen o prevén, desde las oficinas gubernamentales trabajan para extender la ampliación de la ruta provincial 7 con cuatro carriles desde Centenario a Añelo. Para favorecer el mismo recorrido, invertirán cuantiosas sumas en mejorar las rutas provinciales 51 y 151, cuyo recorrido es paralelo a la ruta 7. En el mismo sentido avanza la autovía sobre ruta 22 que une Villa Regina con la ciudad de Neuquén y se prevé ampliarla hasta Arroyito.

 

Los trenes

Las recomendaciones oficiales indican la necesaria reactivación de los servicios ferroviarios. Mencionan los mejoramientos y puesta en funcionamiento del ramal Buenos Aires-Bahía Blanca-Neuquén- Contralmirante Cordero. También se proyecta la prolongación del ramal desde Barda del Medio hasta Añelo, un nuevo ramal desde Chichinales hasta Rincón de los Sauces y la extensión de la línea desde Zapala hasta el paso internacional Pino Hachado. Se anunció, además, la intalación de una vía desde Trelew hasta Choele Choel para garantizar el transporte de arenas para fracking.

 

Procesamiento y basureros

Las refinerías, los polos petroquímicos y los basureros petroleros son inherentes a este tipo de explotación. Lo extraído en la region se vincula con las refinerías y los polos petroquímicos ubicados en Plaza Huincul (Neuquén), Luján de Cuyo (Mendoza), Ensenada, Bahía Blanca y Dock Sud (en Buenos Aires). Además, la extracción de no convencional es un proceso que genera cuantiosos residuos, por eso existen cuatro plantas de tratamiento en Neuquén a metros de la población. Por los reclamos, el gobierno las obligó a radicarse a ocho kilómetros de zonas urbanas y a cinco de áreas productivas. Comarsa junto a una nueva ompañía, Servicios Ambientales de Neuquén, se están instalando en las afueras de Añelo. Indarsa y Treater están “mudándose” al parque industrial de esa localidad, que no cumple con la normativa. Sobre el traslado de Real Work (Plaza Huincul) no hay novedades.

 

Gasoductos

Los gasoductos Neuba I y II que vinculan los yacimientos de la cuenca con Bahía Blanca y la zona Metropolitana de Buenos Aires utilizan actualmente a la mitad de su capacidad operativa. Así que no sería necesario ampliarlos en lo inmediato. El poliducto Mega, una empresa compuesta por YPF, Pampa Energía y Dow Argentina, también une la zona con Bahía Blanca. Una de las inversiones más destacadas para YPF ha sido la realizada en el área Estación Fernández Oro (Allen) para trasladar el gas extraído a los troncales y anunció que ampliará esa conexión. Este es otro paso en la brutal transformación que ha sufrido la localidad desde el boom del fracking. Otro gasoducto de relevancia es el Centro Oeste que vincula la zona con la región de Cuyo y posteriormente con Santa Fe. Dos gasoductos vinculan la región con Chile: el denominado Pacífico que une Loma la Lata con el puerto de Concepción (puerto de GNL), y GasAndes que vincula Mendoza con Santiago de Chile y Bahía Quintero (puerto de GNL). Pueden ser utilizados para exportar, como para importar gas.

 

Los oleoductos

En relación a oleoductos, la compañía Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval), mantiene los 1700 kms desde Rincón de Los Sauces y Challacó (ambas en Neuquén) hasta Bahía Blanca, por donde se transporta más el 80% del petróleo de la cuenca. Otro oleoducto de relevancia une el área de Puesto Hernández (Neuquén) con la refinería de Luján de Cuyo.

 

La arena del fracking

El agente sostén es un insumo fundamental para el fracking. La arena de sílice, causante de una enfermedad pulmonar llamada silicosis, es uno de los principales componentes usados con ese objetivo. Este insumo hoy se importa desde China, Brasil y EE.UU. A nivel local se extrae de Entre Ríos y Chubut. YPF adquirió campos en el departamento de Gaiman, a 120 kilómetros de Trelew, para convertirlos en yacimientos de esa preciada arena. Una compañía local comenzó a extraer, lavar y fraccionar la arena allí y la transporta en camiones hacía Vaca Muerta. En tanto, YPF, cuyo proyecto en Chubut permanece frenado, ya instaló una planta de procesamiento de arenas en Añelo.

 

Pasos fronterizos y aduanas

Vaca Muerta está fuertemente integrada hacia el Atlantico, la planificación pública persigue vincularla también con el mercado del Pacífico. Esto se manifiesta en las modificaciones de las políticas aduaneras que apuntan en esa dirección, pero también en los proyectos de mejora de los pasos fronterizos. En este sentido, están intentado darle mayor relevancia al paso internacional Pichachen por el norte de Neuquén. El Paso de Pino Hachado es transitable todo el año y vincula los puertos atlánticos de Bahía Blanca y San Antonio Oeste con los puertos de Concepción, San Vicente y Talcahuano en Chile. A su vez, se complementa con el Polo Logístico de Zapala, zona primaria aduanera y punta de rieles del ferrocarril hacia Bahía Blanca.

 

Infraestructuras parainstitucionales

El acuerdo entre Chevron e YPF permitió conocer que la creación de sociedad “offshore” es un modus operandi. Para llevar adelante ese convenio se creó un complejo entramado de compañías radicadas en paraísos fiscales de Delaware (EE.UU.) y en las Islas Bermudas. Algo similar sucede en otros contratos. Así las empresas esquivan controles fiscales y regulatorios, y evitan posibles imputaciones judiciales. Otro de los elementos que emerge del contrato es que el marco jurídico aplicable es el del Estado de Nueva York y que el arbitraje internacional se radica en la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.

 

Las zonas de preservación

El avance extractivista se desarrolla mediante políticas públicas impulsadas por los gobiernos involucrados, permitiendo la exploración, explotación y las actividades conexas hidrocarburíferas. Como resultado, la actividad petrolera se ha incorporado a la vida cotidiana de miles de personas como un peligroso agente invasivo, que modifica el entorno en zonas urbanas, áreas naturales protegidas, tierras comunitarias mapuche, zonas de densidad productiva no petrolera y puntos críticos de riesgo sobre fuentes hídricas como ríos, lagos o acuíferos.

 

En la norpatagonia, más específicamente en las provincias de Neuquén y Río Negro, epicentro de la actividad de Vaca Muerta en la actualidad, hay factores que cimentan la expansión permitiendo que se dé sin ningún tipo de límites ni condicionantes. Así, el extractivismo sustenta su avance en: una tradición petrolera, una idea de progreso y hegemonía, un Estado rentista, y las mejoras de costos y subsidios para la extracción.

 

El avance de las fronteras extractivas se torna dinámico, sin límites y con pocos condicionantes. Los distintos gobiernos ven en la extracción la posibilidad de acceder a dinero inmediato para sortear las crisis recurrentes. En ese camino, la coparticipación petrolera en el caso de los municipios, las regalías en las arcas provinciales y las inversiones en las nacionales hacen que el disciplinamiento al capital internacional sea una norma.

En este contexto, creemos que más allá de la necesaria discusión más general sobre la necesidad de una transición hacia otras fuentes de energía, es urgente reclamar el establecimiento de zonas de preservación como forma propositiva en la búsqueda de un futuro mejor. En este sentido, encontramos cinco zonas de preservación prioritarias: zonas urbanas, fuentes hídricas, zonas de densidad productiva, territorios comunitarios indígenas, y las áreas naturales protegidas.

OPSur

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_Vaca_Muerta_un_megaproyecto_que_se_extiende