Qué Mundo

Mayo 2016

Sin despotismo de oligopolios y estados (leer) por trabajo emancipador al okupar los abajo sus respectivos lugares con sentido internacionalista.

 

 

 

 

SITUACIÓN/ CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Analicemos la crisis brasileña para salir de la lectura binaria del progresismo e izquierdismo reformista de Sudamérica de suerte que nos podamos ubicar en la lucha de clases que las elecciones o las paritarias ocultan imponiendo la derrota de los oprimidos que, peor aún, son acusados de legitimar a la derecha:

 

Temor del 1% a los de abajo, causa del impeachment

14 de mayo de 2016

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

La pregunta decisiva, ante la crisis brasileña, debería ser: ¿por qué los grandes empresarios que habían apoyado a Lula y a Dilma rompieron con los gobiernos del PT y lanzaron una potente ofensiva hasta conseguir la destitución? La ofensiva de la derecha brasileña contra la presidenta Dilma Rousseff fue producto de un viraje abrupto, a consecuencia de la intensificación de las luchas de clases, en particular de los pobres, negros y habitantes de las favelas.

Para dilucidar esta hipótesis es necesario reconstruir lo sucedido en los años pasados. Los hechos dicen que el punto de inflexión en la tolerancia de la burguesía sucedió en 2013. Con la distancia del tiempo es posible mostrar la confluencia entre diversos sectores de trabajadores y de jóvenes en una coyuntura que permitió dar un enorme salto cualitativo en la capacidad de movilización de los sectores populares. Para ello veremos tres hechos: las movilizaciones de junio de 2013, el alza notable de las huelgas y la creciente organización de los diversos abajos.

En 2013 se produjo un aumento repentino de las huelgas (aunque en 2012 ya habían crecido), batiendo el récord de la serie histórica de los 30 años pasados. Según el informe del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Económicos, Balance de las huelgas en 2013(http://goo.gl/o35Wi6), ese año hubo 2 mil 50 huelgas. Pero el crecimiento cuantitativo es un dato que no alcanza a mostrar los fuertes cambios registrados en las protestas.

El informe citado destaca que hubo una expansión de las luchas hacia sectores que habitualmente no se movilizan. Sostiene que hubo un desbordede las categorías profesionales más frágiles, tanto desde el punto de vista de las remuneraciones como por las condiciones de trabajo, salud y seguridad. Se refiere, de modo particular, a los trabajadores de la industria de la alimentación y la limpieza urbana.

En la industria frigorífica trabajan 800 mil personas, de las cuales entre 20 y 25 por ciento presentan problemas de salud, ya que realizan entre 70 y 120 movimientos por minuto, cuando se recomienda no superar 35. En 2010, 70 por ciento de los obreros de la multinacional Brasil Foods sufrían dolores por el trabajo, y 14 por ciento pensaron en suicidarse por la presión a que los someten (http://goo.gl/x0Bxfi). Un joven que ingresa a la industria a los 25 años, a los 30 ya tiene lesiones irreversibles.

Los trabajadores de la limpieza urbana de Río de Janeiro realizaron una huelga memorable durante el carnaval de 2014 y consiguieron aumentos de 37 por ciento en sus salarios. Fue una huelga masiva y combativa que se sostuvo con base en la democracia directa, desconociendo al sindicato burocrático (http://goo.gl/zvl58G). La inmensa mayoría son negros y mestizos que viven en las periferias urbanas y en las favelas.

En 2014 irrumpieron las camadas menos calificadas y peor pagadas de la clase trabajadora, alentadas por las movilizaciones de junio de 2013 e impulsa-das por la crisis que se comenzó a sentir en 2012.

En diciembre y enero sucedieron los rolezinhos de miles de jóvenes pobres que se reúnen en los shoppings y desafían, bailando, a la policía. De ahí hubo decenas de reacciones a la brutalidad policial. Los favelados neutralizaron el control y comenzaron a organizar en muchas favelas grupos culturales, de denuncia, de defensa de los derechos humanos, que se conectan con otros grupos de otras favelas. Han perdido el miedo.

Los de abajo relanzaron su lucha por la dignidad y por la vida. Fue la señal de alarma para los de arriba. En uno de los países más desiguales del mundo, donde las clases coinciden con el color de piel, el clasismo y el racismo se expresan con la brutal violencia que caracteriza a las sociedades coloniales. Porque Brasil debe ser analizada como sociedad colonial, donde la acumulación de capital se apoya en la segregación que supone el no reconocimiento de la humanidad de los de abajo.

La crisis ha develado que la democracia es apenas el taparrabo que usan los de arriba para esconder sus vergüenzas: la primera y básica es que no están dispuestos a compartir el pastel con negros y mestizos. Para ellos, sólo las migajas que sobran. Pero el problema es otro: nos creímos el cuento. Unos por conveniencia. Otros por pereza o miedo.

http://www.jornada.unam.mx/2016/05/13/opinion/015a2pol
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212270

 

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda sin fronteras, percibir (conocer y decidir) cómo creímos en la contraposición del neodesarrollismo con el neoliberalismo cuando son expresiones del capitalismo en diferentes contextos de la lucha de clases. Examinemos:

 

 

Dilma y el suicidio del “progresismo”

14 de mayo de 2016

Por Carlos Carcione (Rebelión)

 

Lamentablemente ocurrió. Luego de unos pasos de tragicomedia del presidente de reemplazo en la Cámara de Diputados, el Senado brasilero aprobó el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. La salida del PT del gobierno, después de 13 años, plantea preguntas necesarias que merecen respuestas urgentes.

No se trata solamente de la maniobra de una casta política corrupta sin sustento de legitimidad, que lo es. Tampoco es estrictamente un golpe de estado, tal como los entendemos en América latina. Que el enemigo es perverso es una lección básica que se debería haber aprendido hace tiempo, por eso, no se trata simplemente de lo que hicieron los enemigos o los “traidores”. Se trata, sobre todo, de entender qué hizo mal, o mejor dicho qué es lo que dejó de hacer de lo que debía el partido de Lula.

La trampa fue orquestada desde las cúpulas del capital, los grandes medios y los partidos más conservadores y de derecha pero el PMDB, partido aliado de Dilma en el gobierno, fue la carta de triunfo. Una maniobra que Michel Temer dirigente de ese partido y por 6 años vicepresidente de Rousseff, facilitó y ayudó a construir. Fue realizada a plena luz del día. Estuvo frente a las cámaras y en las portadas de los periódicos por meses. Desde lejos se pudo apreciar como la conspiración se desarrollaba, cómo el artificio destituyente crecía. Y cómo el PT, el icono del llamado pos neoliberalismo en nuestro continente, dejaba ver su proceso de adaptación a un régimen corrupto y elitista, al decidir confiar más en la negociación con los bandidos, antes que apelar a la participación soberana del pueblo para romper la maniobra. Pero: ni la maniobra fue inesperada, ni ocurrió de “golpe”.

Hoy, desde los sectores afines al “progresismo”, se habla del desprecio de los parlamentarios que habilitaron el juicio político por los 54 millones de votos que reeligieron a Dilma en 2014, lo que es cierto. Pero nada se dice que la diferencia con la que ganó Dilma fue la más pequeña en una elección presidencial desde la salida de la Dictadura, apenas 3 millones de votos más que el derechista Aecio Neves que obtuvo algo más de 50 millones. Y menos se señala que el registro electoral habilitaba a 146 millones de ciudadanos a votar. Es bueno recordar que la diferencia fue menor todavía que la que obtuvo Collor de Melo sobre Lula en 1989, y también que Collor fue destituido de la misma forma que lo está siendo Dilma, tampoco se le comprobó delito.

Pero si vemos estos números como una fotografía, el hecho que parece saltar a la vista, es que esta crisis política y la maniobra con la que la clase dominante de Brasil intenta resolverla, se está desarrollando bajo la mirada indiferente de más de un tercio de la población brasileña por la suerte que corran sus “dirigentes” políticos. Y hace evidente el desgaste y la pérdida de base de la experiencia del PT.

Dilma, Lula y el PT recibieron una alerta temprana del deterioro y el malestar de la población con su gobierno y la desoyeron, ratificando el rumbo que esa alerta cuestionaba. En el movimiento conocido como las jornadas de junio, en el 2013, millones ganaron las calles reclamando que el transporte público, la salud, la educación, la vivienda, en fin las necesidades populares postergadas, tuvieran el mismo trato que tuvo la inversión pública para el Mundial de Futbol. Querían para sus necesidades “Padrao FIFA”, y frente a este reclamo, el gobierno prometió pero no cumplió. El movimiento de junio, quedó registrado como el despertar de la indignación popular. Nada fue igual en la relación del PT con su base social desde entonces.

Se cuestiona también el carácter corrupto de los que impulsan la destitución, lo que es verdad. Pero se omite la complicidad estructural del PT con ese flagelo. La promiscuidad entre el gran capital privado, los negocios públicos y los dirigentes de los partidos tradicionales, conforman un modelo miserable de hacer política. La investigación conocida como Lava Jato, antecedente judicial de esta crisis, involucra a gran parte de la clase política de todos los partidos, incluido el PT en una trama escandalosa de corrupción. Y es lógico que Michel Temer haya nombrado como ministros, apenas asumir el reemplazo de Dilma, a dirigentes involucrados en esa investigación. Pero este fenómeno no es nuevo: a poco de asumir, Lula su primer mandato estalló otro caso similar conocido como Mensalao, por el cual pagó cárcel uno de los dirigentes históricos del PT y presidente del partido entonces, Joao Dirceu. La corrupción es el sistema. En todo caso, los hechos confirman el fenómeno de adaptación del PT a ese sistema de negociación política que es lubricado con fondos negros del sector privados recompensados por fondos grises de origen público.

Otro cuestionamiento que ha circulado es el carácter antidemocrático del régimen electoral brasilero. Este facilita, por ejemplo, que una parte importante de los diputados puedan serlo casi sin haber obtenido votos. Pero aquí el problema es el mismo, en 13 años de gobierno el “progresismo” no modifico ese mecanismo. Una de las promesas de primer minuto de Dilma en medio de las Jornadas de Junio fue la necesidad de una Constituyente que ampliara el espacio y los procedimientos electorales. Sin embargo el resultado de esta promesa fue que las modificaciones que se introdujeron desde el parlamento, hacen al sistema todavía más antidemocrático y elitista que antes.

Por fin, en el momento de mayor crisis económica de las últimas dos décadas, la dirección del PT prometió antes de la segunda vuelta electoral del 2014 mantener las mejoras de sus gobiernos anteriores y superarlas. Pero una vez asumida, Dilma eligió como ministro de Finanzas al que iba a ser designado por su oponente de derecha, Aecio, y dio inicio a un programa de ajuste neoliberal.

En síntesis, donde hacía falta desmontar la corrupción y desmantelar la relación promiscua entre negocios y política eligió dejar todo como estaba y adaptarse a esa relación. Donde para ampliar la participación de los ciudadanos era necesario modificar el sistema electoral para hacerlo más democrático eligió profundizar el modelo y optó por menos democracia. Frente a la crisis económica, donde la alternativa era entre atender las demandas populares o elegir el camino del ajuste, optó por las clásicas medidas neoliberales. O como señalaron en su momento Pedro Stedile del movimiento de los campesinos sin tierra y o Frei Beto, donde debía apoyarse en los movimientos sociales para buscar las transformaciones necesarias, eligió la conciliación con los sectores del privilegio, facilitando el trabajo de los que hoy impulsan la destitución de Dilma y la salida del PT.

Así, al decidir como lo hicieron frente a cada una de esas opciones y sobre todo, puestos en el brete de optar entre la negociación con sus verdugos o devolverle el poder al pueblo convocando nuevas elecciones, Dilma, Lula y el PT eligieron el camino que lleva al suicidio del “progresismo”.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212267&titular=dilma-y-el-suicidio-del-%93progresismo%94-

En consecuencia, como el balotaje y el triunfo de Macri en Argentina, "la crisis brasileña ha develado que la democracia es apenas el taparrabo que usan los de arriba para esconder sus vergüenzas: la primera y básica es que no están dispuestos a compartir el pastel con negros y mestizos. Para ellos, sólo las migajas que sobran. Pero el problema es otro: nos creímos el cuento. Unos por conveniencia. Otros por pereza o miedo" nos interpela Zibechi para percibir ( conocer y tomar partido) cuál es la realidad compartida. Esta última la constatamos en:

 

Crisis política reimpulsa movimientos sociales

12 de mayo de 2016

Por Mario Osava (IPS)

Los movimientos sociales, activados por la batalla en torno a la inhabilitación de la presidenta Dilma Rousseff, alimentan las esperanzas de la reconstitución del sistema político de Brasil, convertido en tierra arrasada por los escándalos de corrupción.

“El momento es de la sociedad civil”, resumió a IPS el cientista político Breno Bringel, quien investiga el tema como profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y confía en la juventud de las periferias como fuerza renovadora.

Rousseff, acusada de fraudes fiscales en un proceso parlamentario en que ya votaron en su contra 71,5 por ciento de los diputados, difícilmente escapará del juicio político y de la destitución.

También los principales líderes y partidos son acusados por la fiscalía de haber recibido fondos desviados de la empresa petrolera estatal Petrobras y otras grandes compañías.

Las masivas manifestaciones callejeras que se suceden en Brasil desde 2013 destaparon un fuerte rechazo a los políticos. Los activistas a favor de la destitución de la presidenta abuchearon y expulsaron a líderes opositores que buscaban incorporarse a las protestas.

Los actos en defensa de Rousseff no adoptaron la actitud antipolítica, pero buena parte de los presentes puntualizó, con sus pancartas “por la democracia”, que no estaban allí en apoyo al gobierno, sino para rechazar el proceso de inhabilitación, por considerarlo antidemocrático y producto de una ofensiva de la derecha.

“Es el fin de un ciclo”, otro tipo de movilizaciones callejeras deberá predominar luego que Rousseff sea suspendida de la Presidencia, probablemente el 12 de mayo, y asuma un gobierno encabezado por el vicepresidente Michel Temer, vaticinó Bringel.

La presidenta será separada del poder para responder a un juicio ante el Senado, en un proceso que puede prolongarse por hasta 180 días, con investigaciones, testimonios y debates que culminarán en un fallo final sobre su destitución definitiva o absolución.

“Serán manifestaciones más críticas, con participación más diversificada, con más pobres de las periferias urbanas y trabajadores que no estuvieron representados en la polarización (contra y a favor de la inhabilitación presidencial), que no es falsa pero sí simplificadora de la realidad política”, evaluó el investigador.

El centro del nuevo ciclo serán las cuestiones urbanas, como derecho a la ciudad y mejores condiciones salud, educación y vivienda, aunque no se pueda prever qué demandas movilizarán más activistas, matizó.

Su referencia de esa nueva tendencia son las protestas desatadas en junio de 2013 por un grupo de jóvenes que tumultuaron las calles de la sureña metrópoli de São Paulo y de otras ciudades, para combatir el alza de los transportes colectivos locales.

La agitación, que cuestionó la representatividad de los poderes constituidos, se diseminó por el país, incorporó numerosos participantes y demandas, incluyendo el boicoteo contra la Copa Mundial de Fútbol de 2014, degeneró en cruentas confrontaciones callejeras con la policía y se extinguió naturalmente.

La oleada actual de manifestaciones, iniciada en marzo de 2014, volvió al formato tradicional de lucha por el poder, entre los que promueven la destitución de Rousseff, buenas parte sin querer ser confundidos con los partidos opositores, y aquellos que la defienden.

“Ahora la lucha de clases se intensificó nuevamente y tendremos desenlaces incontrolables, con más conciencia social y energías positivas en la sociedad”, evaluó João Pedro Stédile, líder del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), movilizado para defender a Rousseff y combatir al probable gobierno del vicepresidente.

Los “golpistas”, como califica a Temer y a los opositores, “tendrán vida corta porque no tienen un programa para solucionar las crisis económica, política, social y ambiental, ni representan la mayoría de la sociedad brasileña”, sostuvo.

Stédile cree que Brasil vive un momento de “ascenso del movimiento social”, con centenares de actos políticos y manifiestos con millones de firmas en este año.

Antes de 2013 se vivió un largo “descenso”, debido al avance del neoliberalismo, “la derrota ideológica del socialismo a nivel internacional, el envejecimiento de las organizaciones históricas de clase, como los movimientos sindicales y estudiantil”.

La llegada a la Presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva en 2003, paradójicamente no incrementó la movilización popular, que estuvo en el origen de su Partido de los Trabajadores (PT) y contribuyó a su triunfo electoral.

“Fue la experiencia de un gobierno de conciliación de clases, sin formación política de los movimientos y con los medios de comunicación bajo hegemonía burguesa, todo enfriando la lucha”, analizó Stédile en diálogo con IPS.

Un brote de movimientos variados y fortalecimiento sindical se registró en el proceso de redemocratización brasileña, desde fines de los años 70, cuando aún se vivía la fase final de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.

El MST y la Central Única de Trabajadores, principal organización sindical del país, nacieron en la década de los 80, por ejemplo. Mujeres, indígenas, ambientalistas y defensores de derechos humanos lograron incluir disposiciones progresistas en la Constitución de 1988.

Lula conquistó el poder gracias a una alianza de sindicatos y el empresariado industrial, los grandes agricultores y parte intelectualizada de la clase media, “en un claro compromiso de conciliación de intereses para generar más empleos y ampliar el mercado interno”, recordó Cándido Grzybowski, director del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE).

Su reelección en 2006 se respaldó en bases distintas, “su hegemonía electoral se debió al apoyo de los pobres, gracias a los programas sociales”, compensando con creces la pérdida en las capas medias, acotó a IPS.

El más amplio y estelar de esos programas, Bolsa Familia, alcanzó a beneficiar 14 millones de familias en 2015, cerca de una cuarta parte de los 204 millones de habitantes del país.

En esas condiciones, los gobiernos del PT, conducidos por Lula y desde 2011 por Rousseff, “desmovilizaron los movimientos sociales, en parte por la cooptación de sus dirigentes”, como pasó con el sindicalismo, según el director de IBASE, militante del PT en la década de los 80.

Pero ahora, con la crisis y el desempleo, el PT perdió casi todo el apoyo en la región del Nordeste, la más beneficiada por Bolsa Familia, y entre los trabajadores.

Grupos de jóvenes y nuevos movimientos están surgiendo “con mucha imaginación”, pero “falta una agenda unificadora, consignas de pocas palabras que todos entiendan” para movilizarlos, observó Grzybowski.

Con los partidos nacionales, incluso el PT, amenazados de “implosión”, las iniciativas de la sociedad civil “pueden inspirar nuevas fuerzas políticas”, pero “la tendencia es que no florezcan, por falta de líderes”, lamentó.

Su esperanza es que “tenga un fruto interesante el gran aumento de la población universitaria del país en las últimas décadas”, con cuotas para pobres y negros, es decir “con más gente del pueblo”, que a largo plazo debe resultar en creatividad social y política. “La historia es una sorpresa permanente”, concluyó.

http://www.ipsnoticias.net/2016/05/crisis-politica-reimpulsa-movimientos-sociales-en-brasil/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212161&titular=crisis-pol%EDtica-reimpulsa-movimientos-sociales-

 

 

 

Compartimos todos los países asociados con gobiernos progresistas las crisis a las que nos condujeron. En vez de discutir "si es fin de ciclo o no" deliberemos sobre sus responsabilidades resumidas en:

"Brasil vive pues una grave crisis política que se añade a la grave crisis económica, social y medioambiental. Esto se traduce en paro creciente, inflación, congelación salarial, hundimiento de los servicios públicos, desastres y crímenes contra el medio ambiente…, que simbolizan el fracaso de un modelo de desarrollo. El agotamiento del modelo de “crecimiento”, adoptado durante los “períodos” Lula, con la aplicación ahora de una política de ajuste neoliberal y de recesión, ha producido un escenario de estancamiento duradero. Cualquiera que sea el resultado a corto plazo, la suma de crisis a medio plazo se mantendrá con tensiones sociales y políticas".

Consideremos:

 

 

Una situación complicada para la izquierda radical

2 de mayo de 2016

Por Joao Machado y Bea Whitaker (Ensamble)

Brasil vive una profunda crisis institucional. La más importante desde la dictadura. El gobierno de Dilma Roussef ha sido alcanzado en pleno rostro, provocando su parálisis, pero también lo han sido las principales instituciones de la democracia burguesa. Los principales dirigentes del Parlamento están implicados en la Operación Lava Jato/1, entre ellos Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, en tanto que uno de los acusados del proceso. Los dirigentes de los partidos tradicionales, tanto los que forman parte del gobierno como los de la oposición de derechas (incluyendo el PMDB, partido de Cunha y del vicepresidente Michel Temer, que ha abandonado recientemente el gobierno), son objeto de investigaciones.

Una situación así contribuye a un gran caos en el seno de las instituciones con un poder judicial dividido a todos los niveles. A esto se añade una crisis intensa de credibilidad de las instituciones tradicionales y del modus operandi de la democracia burguesa, cuyos primeros signos se expresaron en las calles en 2013/2.

Brasil vive pues una grave crisis política que se añade a la grave crisis económica, social y medioambiental. Esto se traduce en paro creciente, inflación, congelación salarial, hundimiento de los servicios públicos, desastres y crímenes contra el medio ambiente…, que simbolizan el fracaso de un modelo de desarrollo. El agotamiento del modelo de “crecimiento”, adoptado durante los “períodos” Lula, con la aplicación ahora de una política de ajuste neoliberal y de recesión, ha producido un escenario de estancamiento duradero. Cualquiera que sea el resultado a corto plazo, la suma de crisis a medio plazo se mantendrá con tensiones sociales y políticas.

El ciclo “lulopetista” está herido de muerte. Las posibilidades de mantener el modelo de crecimiento “neo-extractivista” y exportador se están agotando. Aunque sobreviviera políticamente, debido a la polarización reciente entre los dos campos en la guerra institucional, la estrategia establecida por el lulismo de favorecer a los empresarios, a la agroindustria y al capital financiero y, al mismo tiempo, hacer algunas concesiones a los más pobres, ya no tiene ninguna posibilidad política y ética de aparecer como una inflexión de izquierdas. Incluso tras haber puesto más de 100 000 personas en la calle en Sao Paolo, Lula continúa rogando a los representantes del capital que confíen en él para ser el garante del pacto social. En este marco, reedita, en términos más humillantes, la “Carta al pueblo brasileño” de 2002. Es el final de un largo ciclo de la izquierda brasileña.

En medio de la polarización política que se ha desarrollado durante estos dos años de gobierno Dilma, en la sociedad brasileña, las ideas y los sentimientos de derechas se desarrollan con la voluntad de castigo penal y de la búsqueda de un Salvador, es decir un Bonaparte, capaz de poner término a la corrupción.

El espectro antipetismo está dividido en dos partes: uno más liberal y otro conservador, con muchos puntos de intersección entre ellas. Algunos movimientos de carácter liberal, por ejemplo Movimiento Brasil Libre (MBL) y “Ven a manifestarte” (Vem para a Rua) y otros más reaccionarios, entre ellos algunos jefes religiosos y algunos partidarios de la vuelta a la dictadura militar, como Bolsonaro, han visto crecer su capacidad de influencia.

En este contexto, se han desarrollado actitudes violentas y discursos de odio contra la izquierda en general. Además, los medios cumplen un papel de incitación al odio y de manipulación de las informaciones, a veces contribuyendo directa o indirectamente a episodios de violencia más o menos graves.

La crisis de la vieja izquierda en el poder que ha realizado políticas impopulares y represivas (en particular en las grandes periferias urbanas, contra los jóvenes y los negros), y la ofensiva de la derecha intolerante e incitadora al odio recaen sobre el conjunto de las ideas de izquierda y socialista. Debería abrirse un período de reorganización del movimiento de masas y la posibilidad de un nuevo ciclo para la reconstrucción de un proyecto de izquierdas.

La juventud vive actualmente la realidad del paro, la violencia, la ausencia de servicios públicos y de derechos democráticos. Además, no se identifica con ninguno de los dos principales polos que están en guerra, lo que explica su escasa participación en las movilizaciones del mes de marzo. Hay que señalar también la presencia de sectores más progresistas de la sociedad y de las “bases obreras” del antiguo bloque histórico, que se han manifestado en masa en defensa de las libertades democráticas con numerosas críticas al gobierno, tanto sobre la política económica impopular como contra la corrupción evidente.

El actual escenario en Brasil es muy difícil de gestionar para la izquierda anticapitalista y socialista. Un gobierno originario del movimiento obrero y popular está siendo derrocado por la derecha, cuyos principales agentes son los poderes judiciales, la oposición del Parlamento y los medios orquestados por el grupo Globe, hegemónico entre éstos.

Este gobierno, en caída libre, no es un gobierno progresista, sino un gobierno que desarrolla una política de ajuste neoliberal que, cuando se ve presionado, va aún más a la derecha: la ley antiterrorista, el anuncio de recortes salariales y de las conquistas de la función pública, la reforma de las pensiones, la perspectiva de suspender los ajustes del salario mínimo.

A pesar de las medidas que favorecen claramente los intereses del capital, los sindicatos patronales, los representantes de las finanzas y de los medios están de acuerdo en la incapacidad de Dilma Roussef para aplicar los planes de ajuste para garantizar su estabilidad. Juzgan por tanto que su reemplazo es necesario.

Las masivas movilizaciones del 13 de marzo (por la destitución de Dilma), del 18 y la del 31 (contra la destitución de Dilma), han sido bastante heterogéneas según las ciudades o regiones. la última, unas 700 mil personas en todo el país, ha visto marchas globalmente contra la destitución de Dilma, por la democracia y contra las medidas antisociales del gobierno. Sin embargo, la gran mayoría dela población está a favor de la retirada de la presidenta y el gobierno ha perdido su base popular mayoritaria.

La posibilidad de un nuevo golpe de Estado, como el que hubo en 1965, no está al orden del día. Sin embargo, el peso de las instituciones fundamentalistas religiosas, la influencia de sectores oligárquicos, de los ligados a la industria belicista y de las fuerzas policiales hace avanzar proyectos retrógrados e intentan suprimir las conquistas populares.

Al inicio de las investigaciones sobre la corrupción fueron encarcelados algunos empresarios, algunas personalidades de derechas, fueran del gobierno o no lo fueran. Pero, gracias a la Operación Lava Jato, la crisis institucional prolongada ha creado un ambiente en el que todo está permitido, con operaciones judiciales aberrantes y antidemocráticas contra los acusados identificados con el gobierno, todo ello coordinado con los grandes medios y la oposición de derechas. La indignación general contra la corrupción y el PT ayuda a las fuerzas mayoritarias representantes del capital a trabajar por el cambio de gobierno, sin ninguna modificación democrática del régimen político.

El período abierto ofrece una transición difícil a causa de la ausencia de una izquierda socialista con influencia suficiente como para convertirse en protagonista de una alternativa a la crisis. El Partido Socialismo y Libertad (PASOL) respetado en las luchas sociales, interviene en sectores de la juventud, de los diferentes sectores oprimidos y moviliza algunos millones de votos en las elecciones. Es el principal partido de la izquierda socialista. Sin embargo, aún no es capaz de presentar una alternativa real a la crisis, aunque se sitúe como oposición de izquierdas, contra las concesiones del gobierno al capital, contra los privilegios de la clase dominante, contra la corrupción. En cualquier caso, no defiende en absoluto las maniobras de la derecha para hacer caer a Dilma Roussef.(...)

Notas

1/ Operación Lava Jato. Se trata de una investigación judicial sobre desvío y blanqueo de dinero en Petrobras (empresa brasileña ligada al petróleo), que implica a muy importantes empresarios y políticos.

2/ En 2013, una inmensa oleada de huelgas, de movilizaciones espontáneas de la juventud, revueltas diversas se ha desarrollado en el país.

Traducción: Faustino Eguberri para VIENTO SUR

https://www.ensemble-fdg.org/content/bresil-une-situation-compliquee-pour-la-gauche-radicale

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=211838&titular=una-situaci%F3n-complicada-para-la-izquierda-radical-

 

 

 

Necesitamos enfocar el «extractivismo» porque:  “Hemos destacado apenas sus problemas ambientales y lo hemos abordado desde la economía y no desde la política. Si de verdad estamos ante una guerra, gestionar algunos aspectos del campo de concentración no es el mejor camino, porque debe ser destruido, ya que no es reformable”.

Atendamos:

 

 

 

Reflexiones al hilo de la crisis brasileña
2 de mayo de 2016

 

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

 

Las clases dominantes del mundo decidieron, hace relativamente poco tiempo, desatar una guerra contra los pueblos para mantenerse en el poder en un periodo de cambios agudos. Decidieron que para desatar esa guerra las democracias son un obstáculo, y necesitan, del modo que sea, neutralizarlas, ponerlas a su servicio, así como a los gobernantes electos. En este punto no admiten la menor fisura.

Para deducir el pensamiento estratégico de los de arriba hay que ponerse en su lugar, ya que no lo suelen formular de forma abierta. Debemos preguntarnos qué haríamos si formáramos parte del uno por ciento que tiene asegurada la dominación.

 

·         La primera respuesta es que hay demasiada gente en el mundo y que el planeta no admite tanta población, si es que todos quisieran vivir, no ya como vive ese 1%, sino, por ejemplo, a nivel del 20-30% de mayores ingresos. El mundo diseñado para el dominio del 1% apenas tolera la mitad de la población actual del planeta. El resto sobra y ya no cuentan siquiera como productores de plusvalor, porque el sistema acumula robando. La cuestión es qué políticas se derivan de esta constatación.

·         La segunda es que el 1% abandonó el Estado de bienestar (o sucedáneos similares como los que tuvimos en América Latina) y no entra en sus planes revivirlo. Por lo tanto, las democracias que conocimos ya no son necesarias ni útiles para el tipo de sistemas políticos funcionales a la acumulación por desposesión/despojo/robo que estamos padeciendo. Su lugar lo ocupa la creciente militarización de las zonas pobres, como las periferias urbanas y todos aquellos espacios que las grandes multinacionales colonizan, desplazando pueblos enteros.

 

Por supuesto, el 1% jura fidelidad a la democracia y a sus valores, porque necesita ilusionar a buena parte de los de abajo sobre la importancia del voto y del sistema de partidos. Pero, por encima de esto, requiere una camada de personas que se desempeñen como representantes y que actúen como intermediarios entre ellos y el resto de la población. Como señala Immanuel Wallerstein, la dominación es estable cuando se asienta en tres partes y es inestable cuando hay sólo dos. Los sectores intermedios son claves para el sistema: desde las clases medias hasta las academias, pasando por los políticos y los grandes medios de comunicación.

En consecuencia, ocupar los escalones superiores del aparato estatal supone gestionar el modelo actual de acumulación/guerra contra los pueblos. De paso, conviene recordar que esta es una de las principales enseñanzas que nos dejan los gobiernos progresistas: dada la relación de fuerzas actual a escala mundial, desde los gobiernos se limitaron a gestionar el extractivismo desviando (en el mejor de los casos) recursos hacia los sectores populares sin tocar las bases del modelo.

 

·         El tercer gran objetivo del 1% es neutralizar todo movimiento de resistencia en su contra, desde los partidos de izquierda y progresistas hasta los movimientos antisistémicos. Aunque en periodos anteriores predominaba la negociación con los sindicatos y se toleraba que las izquierdas socialdemócratas ocuparan los gobiernos, en la nueva etapa que vivimos les parece necesario cerrar filas y evitar desviaciones en sus planes y proyectos de mantener a raya a los de abajo.

 

Cuando llegan al gobierno partidos o personas que –por su trayectoria o por los objetivos declarados– pueden salirse del libreto extractivista, crean las condiciones para neutralizarlos. Esto pasa por dos lugares. Uno es la domesticación, mediante la inserción de los nuevos gobernantes en las élites, algo que no es muy difícil de conseguir, ya que el sistema posee numerosas formas de cooptar/comprar a quienes se le resisten. La otra es la destitución de los gobernantes, en lo posible sin apelar a los clásicos golpes de Estado, sino a modos legales, aunque ilegítimos.

Estos días en Brasil podemos ver una combinación de ambas estrategias. Primero se domesticó, luego se destituye. El PT gobernó doce años aliado a multinacionales brasileñas súper explotadoras (como las grandes constructoras), que financiaron sus campañas electorales, viajes de sus dirigentes y numerosas prebendas.

 

Hacia los movimientos se aplican políticas sociales que buscan amansar a los de abajo con pequeñas transferencias monetarias que impactan en la pobreza, pero no en la desigualdad, y evitan la realización de reformas estructurales. El PT entregó menos tierras a los campesinos que el gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso porque priorizó una alianza con el agronegocio que ocupa ahora el Ministerio de Agricultura.

 

¿Cuáles deberían ser las estrategias de los movimientos antisistémicos en vista de este panorama y a la luz de las experiencias de los últimos 15 años?

 

·         En primer lugar, pensar a largo plazo. Las pocas fuerzas que tenemos deben ser utilizadas con sentido estratégico, no para ganancias momentáneas y puntuales. Si concluimos que sufrimos una guerra contra los de abajo, debemos pensar en cómo desgastar al sistema y evitar que éste nos desgaste. Es evidente que el ciclo progresista no los desgastó a ellos, pero debilitó a los movimientos.

·         Lo segundo es la convicción de que el peor camino que podemos tomar es gestionar las dificultades del sistema. No tengo dudas de que en algún momento habrá que apuntar hacia el Estado (para tomarlo o destruirlo, según las diversas posiciones existentes entre nosotros), pero, mientras el sistema sea fuerte, el gobierno es sinónimo de gestionar la acumulación por desposesión o la guerra contra los pueblos.

 

Creo que la mayor urgencia estratégica estriba en comprender el modelo extractivo de despojo. En ello hemos cometido gruesos errores (empezando por quien escribe), ya que hemos destacado apenas sus problemas ambientales y lo hemos abordado desde la economía y no desde la política. Si de verdad estamos ante una guerra, gestionar algunos aspectos del campo de concentración no es el mejor camino, porque debe ser destruido, ya que no es reformable.

http://www.jornada.unam.mx/2016/04/29/opinion/022a2pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=211815

 

 Crisis civilizatoria

 

Pensemos qué tipo de integración sudamericana desarrolló el progresismo. La verificamos en UNASUR donde fuimos conducidos a aceptar como democracia a lo que sucede en Honduras, en Paraguay y sobre todo Colombia. Porque  "el Plan Colombia desde una óptica diferente, ha sido nefasto no sólo para Colombia sino para los países de la región. Ha significado la militarización creciente de toda la región, la construcción de nuevas bases militares, injerencia de los Estados Unidos, construcción y manejo de radares en zonas estratégicas como el Mar Caribe y la Amazonía; bases militares norteamericanas en territorio colombiano desde donde se puede agredir, controlar y vigilar a todos los territorios de la nación. Esos son algunos de los resultados del Plan Colombia". Reflexionemos sobre:

 

Entrevista a Renán Vega Cantor

Febrero 2016

Hay un vínculo directo entre el Plan Colombia, EE.UU. y 5.500 jóvenes colombianos asesinados

Por Mario Hernández

M.H.: Un momento muy especial para la vida política colombiana, el pasado jueves 4 de febrero se encontraron en Washington los Presidentes Obama y Santos, encuentro en el que también estuvo presente el ex Presidente Pastrana, en la conmemoración de los 15 años del “Plan Colombia”, realizada en la Casa Blanca. ¿Cuál es tu visión respecto del “Plan Colombia”? Tanto Santos como Obama lo dieron como un plan que tuvo resultados positivos. El ex Presidente Andrés Pastrana también, pero fue crítico de los acuerdos de paz a los que luego haremos referencia. Comencemos con el Plan Colombia.

 

R.V.C.: Cuando se analiza un hecho del presente uno tiene que pensar si se habla de resultados favorables o desfavorables, para quién o para quienes. Por supuesto que para Estados Unidos los resultados del Plan Colombia han sido absolutamente favorables y para las clases dominantes de Colombia y el que nosotros llamamos bloque de poder contrainsurgente también. Pero para el grueso de la población no sólo colombiana, sino andino latinoamericana los resultados del Plan son terriblemente negativos. Me atrevería a decir que el Plan Colombia se podría catalogar como plan de muerte, porque en estos 15 años lo que se ha dado es una recolonización de Colombia, se ha convertido en el territorio donde las clases dominantes han feriado todo y se ha iniciado un proceso de convertir a nuestro país en la base más incondicional de los Estados Unidos.

Desde ese punto de vista uno se pregunta qué se puede celebrar.

¿Se puede acaso celebrar la muerte? Y no hablo en términos metafóricos, sino en términos reales fundados en hechos que se han dado recientemente. Tal vez en Argentina, como en otros lugares del mundo, se ha escuchado hablar de un término absolutamente banal pero que oculta muchas cosas, que es el de “falsos positivos”. Ese término significa asesinatos de Estado, que se han cometido durante estos 15 años, en una práctica sistemática que se generalizó durante el Plan Colombia, no nacieron con él pero sí durante su vigencia se convirtieron en una práctica organizada y continua que ha tenido como resultado alrededor de 5.500 asesinatos.

Durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2010, pero principalmente entre el 2002 y el 2008, cuando estalló el escándalo, se recurrió a la práctica de asesinar a jóvenes colombianos que mediante distintos artificios eran engañados y se los llevaba a distintas zonas a donde ellos vivían, se les vestía con traje camuflado, se los asesinaba y se los presentaba como guerrilleros dados de baja.

Esa práctica tiene como resultado la cifra de 5.500 muertos, una cifra que las ONG consideran la más alta de asesinatos políticos en todo el mundo en lo que va del siglo XXI. Son crímenes de Estado que están relacionados con el Plan Colombia. Estamos hablando de que en el gobierno de Uribe Vélez, cuando fue Ministro de Defensa del actual Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, se dieron directivas oficiales, en las que se comienza a poner precio sobre las cabezas de los miembros de la insurgencia, de acuerdo a su importancia dentro de la organización. Por ejemplo, para los mandos superiores, como el Secretariado de las FARC ofrecían 5.000a 10.000 millones de pesos, y de ahí para abajo se empezaba a ofrecer hasta los combatientes rasos. Aparte se daban otro tipo de incentivos, como mandos militares, altos o medios que estuvieran involucrados en el asesinato de insurgentes tenían algunas remuneraciones adicionales como vacaciones, premios económicos o se les ascendía. Eso fue convirtiéndose en un incentivo para matar colombianos. Se trataba además propagandísticamente de decir que el Ejército colombiano estaba matando guerrilleros a diestra y siniestra, cuando en realidad se trataba de jóvenes colombianos humildes que eran engañados y asesinados.

Esos son los “falsos positivos”, es interesante de donde surge ese nombre. En el Ejército colombiano se acostumbra que cuando un oficial da una orden y el subalterno le contesta “positivo”, quiere decir que la orden se acató. En este caso quiere decir que la orden de asesinar colombianos se cumplió. Pero en cuanto la prensa del mundo en vez de sacar un titular que diga “Cinco mil colombianos asesinados por el Ejército”, dicen “Cinco mil falsos positivos asesinados” se atenúa el crimen, y eso es lo que ha sucedido. Esto está relacionado con el Plan Colombia porque hay ONG de EE. UU.y Europa que han hecho investigaciones de la responsabilidad de unidades militares colombianas de altos mandos, en la realización de los llamados “falsos positivos” y la relación con los Estados Unidos, es decir que se ha investigado cuál es la formación de esos militares y dónde tomaron sus cursos. En la mayoría de los lugares donde se llevaron a cabo esos falsos positivos, los comandantes de las unidades militares, fundamentalmente con cargos superiores, en un 80/90% habían recibido instrucción de Estados Unidos  en la Escuela de Las Américas, por ejemplo.

Hay un vínculo directo entre el Plan Colombia, la participación de USA y los asesinatos. Pero este es tan sólo un elemento del Plan Colombia que de por sí ya es escandaloso. Otro elemento es que durante el Plan Colombia se acentúa el uso del glifosato como químico para destruir las matas de hoja de coca, pero eso ha llevado a la destrucción de economías campesinas, indígenas, la enfermedad y muerte de muchos colombianos en zonas campesinas. Un país tan dependiente, tan sometido como Afganistán se negó en un momento determinado a usar este tipo de químicos para fumigar los cultivos de amapola, en cambio, en Colombia esa práctica se ha seguido llevando a cabo hasta el día de hoy, aunque hace unos meses se dijo que se iba a suspender.

 

Un tercer elemento en el que se demuestra que este es un plan de muerte, tiene que ver con el asesinato, en un país en el que no existe la pena de muerte, de altos miembros de la insurgencia con la participación directa de tropas de los Estados Unidos. El crimen de guerra del 1° de marzo del 2008 en Sucumbíos, Ecuador, donde fueron asesinadas 26 personas, entre ellos el segundo comandante de las FARC, Raúl Reyes, 4 estudiantes mexicanos y ciudadanos ecuatorianos. Hace unos dos años un periódico de EE. UU.dio a conocer que ese operativo había corrido por cuenta directa de las fuerzas de USA.

Entonces, cuando se celebran los 15 años de este Plan, están celebrando la muerte, persecución, el exilio y represión de miles de colombianos. Me parece que es cinismo, más cuando estamos hablando de un Presidente que supuestamente está interesado en lograr la paz. Podemos decir que se trata de la paz de los sepulcros la que está celebrando.

Por supuesto, si miramos el Plan Colombia desde una óptica diferente, ha sido nefasto no sólo para Colombia sino para los países de la región. Ha significado la militarización creciente de toda la región, la construcción de nuevas bases militares, injerencia de los Estados Unidos, construcción y manejo de radares en zonas estratégicas como el Mar Caribe y la Amazonía; bases militares norteamericanas en territorio colombiano desde donde se puede agredir, controlar y vigilar a todos los territorios de la nación. Esos son algunos de los resultados del Plan Colombia.

Hay otro elemento que resulta paradójico. El debate por este Plan comenzó en el Senado de los Estados Unidos entre 1999 y el 2001 en un momento en el que había diálogo entre las FARC y el gobierno de Pastrana. En ese momento se dijo que el Plan no era contrainsurgente, sino que era para combatir el narcotráfico. Cuando se rompieron las conversaciones y luego de los atentados de septiembre de 2001, abiertamente se dijo que era un plan contrainsurgente encubierto como un plan antinarcóticos.

En términos de narcóticos el plan es un absoluto fracaso. Colombia no ha dejado de ser proveedor mundial de cocaína, a pesar de que México cumple un papel significativo. No se ha reducido notablemente el número de tierras sembradas, inclusive si se hubiera reducido, la productividad por hectárea es mayor que la que existía hace 15 o 20 años. Por lo tanto, la cantidad de cocaína que sale de Colombia al mercado mundial, incluso ha aumentado. Desde ese punto de vista el Plan ha sido un fracaso, pero obviamente el objetivo del Plan no era ése, siempre fue concebido como plan contrainsurgente.

 

 

El Estado colombiano tuvo que aportar U$S 120.000 millones para el Plan Colombia

 

 

M.H.: He recabado algunos datos de distintas publicaciones que indican que de los U$S 9.000 millones que Estados Unidos entregó como parte del Plan Colombia, el 71% fue destinado a las fuerzas armadas y de policía. Antes te comentaba sobre una entrevista que realiza la revista La Semana a Andrés Pastrana, donde reconoce que las FARC ya no son la guerrilla arrolladora de hace unos años, que han sido fuertemente golpeadas por el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas debido al Plan Colombia. Según el Pentágono, el Plan Colombia redujo el tamaño de las  FARC en 2/3 en 15 años, alejando la guerrilla de los alrededores de las ciudades y carreteras principales. Sin embargo, el ex Presidente Andrés Pastrana, firmante originario del Plan Colombia, refiriéndose a las negociaciones de paz en La Habana, considera que son un triunfo para las FARC. “Lo triste es que una vez en la mesa, la guerrilla logró arrodillar al gobierno por la vía insólita de las concesiones del fuerte al débil. Lo que la guerrilla logró en la mesa es el lavado de su cartel”,dijo Pastrana, y agregó una frase muy fuerte, que me gustaría que pudieras aclararnos: “La guerrilla cambió el Diario del Che por El Padrino”.

 

R.V.C.: Primero tengo que decir que el personaje del cual usted me habla es un personaje absolutamente despreciable, por el nivel de postración frente a los Estados Unidos porque cuando hablamos de este proceso de recolonización, en el cual intervienen las facciones de las clases dominantes y el Estado colombiano, se personifica en individuos. Estamos hablando de un proyecto de clase en el cual hay individuos sobresalientes. Y en ese proceso de entrega, de conversión de Colombia en una nueva colonia de los EE. UU., Pastrana ha cumplido un papel absolutamente nefasto.

Cuando se inicia el Plan Colombia hace 15 años, el gobierno de Pastrana estaba sentado en una mesa de negociación con las FARC y en medio de esto, comienza una ingeniería para fortalecer las Fuerzas Armadas, lo cual significa que nunca estuvo interesado en una solución dialogada del conflicto armado. Mientras hablaba de paz con las FARC, estaba reorganizando el Ejército y las Fuerzas Armadas que habían sufrido durísimos golpes militares durante los ´90. Y lo que se puede ver en la perspectiva que dan los años, es que el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a sentarse en una mesa a negociar para ganar tiempo para rearmarse, pero no estaban interesados realmente en que se avanzara en el proceso de paz.

Mientras se dialogaba, el Estado colombiano firmaba acuerdos con los Estados Unidos, entre esos el Plan Colombia, pero también hubo otros menos conocidos, inclusive acuerdos secretos de intervención directa de los EE. UU. en términos militares. ¿Qué autoridad moral tiene un individuo como éste de dar lecciones si él es un personaje que encarna esa claudicación de las clases dominantes en Colombia, que en lugar de impulsar reformas sustanciales en la estructura social y económica del país, prefiere recurrir a la vía militar pensando que iban a ganar la guerra?

Lo que hemos visto durante estos 15 años es que el Estado no pudo ganar la guerra por la vía militar, aunque haya debilitado a las FARC, no las ha podido destruir y por eso tuvieron que volver a sentarse a dialogar. Porque el Estado apostó a la destrucción total de la insurgencia.

Hay un costo del Plan Colombia, pero está minimizado, la inversión directa de los Estados Unidos fue una cifra de aproximadamente 10.000 millones de dólares, pero los costos reales aproximados, son de 130.000 millones de dólares,es decir, que el Estado colombiano tuvo que aportar 120.000 millones de dólares. ¿De dónde salió este capital? De reformas tributarias, nuevos impuestos, invirtiendo en el presupuesto militar y reduciendo la inversión en el sector social, en educación, en cultura; privatizando y creando todas las condiciones para firmar Tratados de libre comercio. Por lo tanto, hay todo eso detrás del aspecto militar del Plan Colombia, del que no habla Pastrana.

Él hace unas afirmaciones absolutamente nefastas que reproducen la lógica colonial de los Estados Unidos, que considera a las FARC como un cartel de la droga. Ese es un invento norteamericano, de un embajador de los Estados Unidos en Colombia, Lewis Tamp, que acuñó el nombre de “narcoguerrilla” en 1982. Desde ese entonces el término narcoguerrilla se ha venido utilizando para varias cosas, primero para desprestigiar a la insurgencia, para decir que no tiene proyecto político, que es un cartel más; y para legitimar la lucha contrainsurgente del Estado colombiano y plegarse a los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. De allí se desprende que no hay necesidad para ellos de ninguna reforma, ni de ninguna transformación porque para ellos están muy bien, porque estamos hablando de una lucha puramente contra el narcotráfico y no de una lucha contrainsurgente, contra un movimiento que tiene reivindicaciones políticas.

 

Colombia es un país que se precia de ser democrático, pero ni en las peores dictaduras hay registros tan negativos

 

 

M.H.: ¿Cuáles son los daños causados a la población civil por la aplicación del Plan Colombia?

 

R.V.C.: Los daños han sido terribles. Por eso decía que cuando uno habla de los logros o fracasos de cualquier proyecto social, tiene que fijarse quiénes se benefician y quiénes se perjudican. En términos negativos, podríamos nombrar algunos de los efectos más dañinos para la población, un primer elemento profundamente nefasto es la militarización de la sociedad colombiana. El Ejército colombiano en estos últimos años ha tenido un crecimiento espectacular, hasta llegar a ser uno de los 15 ejércitos más grandes del mundo.

 

M.H.: Con 500.000 efectivos.

 

R.V.C.: Sin contar su influencia indirecta. Incide indirectamente en alrededor de 3 millones de personas, hablando de los familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas. La vida cotidiana, el hecho de negarse a reconocer reivindicaciones sociales, militarizar todos los aspectos de la vida, solucionar todos los conflictos por la vía de la represión. Estamos hablando de la expulsión de entre 6 y 7 millones de campesinos de sus tierras, en un proceso que se inició antes del Plan Colombia pero que se radicalizó durante. Hoy por hoy Colombia está entre los primeros países con el más alto índice de expulsión interna. Estamos hablando del acaparamiento de tierras por parte de nuevos y viejos terratenientes. Los campesinos eran echados por la represión y la paramilitarización y esas tierras quedaron en manos de viejos y nuevos terratenientes.

El efecto negativo que ha tenido el uso del glifosato al destruir los cultivos, destruye todo tipo de cultivo y no solo los mal llamados cultivos ilícitos. La represión indiscriminada. Desapariciones y asesinatos de sindicalistas, de defensores de derechos humanos. Es un listado enorme en un país que se precia de ser democrático, pero incluso a veces en las peores dictaduras no hay registros tan negativos como lo que pasa en Colombia.

 

M.H.: ¿Es imaginable un papel diferente de las Fuerzas Armadas colombianas una vez firmados los acuerdos de La Habana?

 

R.V.C.: Este es uno de los elementos centrales de cualquier proceso de desmovilización e incorporación del movimiento insurgente a la vida civil, porque hay que decir que las Fuerzas Armadas colombianas han sido formadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, de la contrainsurgencia y del anticomunismo, mucho antes del comienzo del Plan Colombia. Estamos hablando de unas Fuerzas Armadas que fueron educadas en esa lógica en los últimos 70 años,es decir, que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, desde la alta oficialidad hasta los soldados rasos, han sido formados en la doctrina del enemigo interno.

El enemigo interno no es solamente el miembro armado de la insurgencia que pertenece a éste o a aquél movimiento guerrillero; enemigo interno es lo que aquí se ha llamado, con un término muy negativo, como “guerrilleros desarmados” que son (o somos) los profesores críticos del sistema, investigadores independientes, profesores de cualquier nivel educativo, dirigentes sindicales, dirigentes campesinos, prácticamente cualquier organización no armada que tenga consideraciones en contra del régimen era o es considerado como guerrillero desarmado, a los que se les aplica el mismo tratamiento que a los guerrilleros armados y el Ejército y las Fuerzas Armadas han sido los sujetos más activos de esa práctica contra la población civil.

Si queremos construir otro país es obvio que las Fuerzas Armadas tienen que modificarse en muchísimas cosas, primero tienen que reducir su tamaño, porque actualmente es exagerado y no solo por el número de miembros sino por el gasto económico que significa para el Estado colombiano. En pocos años la carga fiscal de un ejército tan grande, cuyos efectivos se pensionan desde muy jóvenes, desde los 40 años aproximadamente, precisamente por la cuestión de la guerra, va a ser inmanejable.

Desde el punto de vista puramente económico eso tiene que modificarse, pero el otro punto tiene que ver con su función, la necesidad de que vuelvan a sus cuarteles para proteger las fronteras del país y abandonen la idea de que el enemigo está aquí, en cualquier ciudadano que habita en las ciudades o los campos colombianos. Eso requiere de una ingeniería cultural e ideológica que va a necesitar mucho tiempo, porque estas Fuerzas Armadas son terriblemente anticomunistas y cuando hablamos de anticomunismo no es que se persiga solamente a quienes se denominan como tales, sino a cualquier persona que piense diferente. Eso requiere una modificación de esa mentalidad castrense y va a necesitar muchas décadas, no será de un momento a otro.

Por eso mismo es que gran parte de las Fuerzas Armadas no están de acuerdo conque se firme un acuerdo con el movimiento insurgente, porque pierden muchos de sus privilegios, que son muchísimos, por ejemplo, en el manejo del Plan Colombia, una cantidad de manejos corruptos en donde distintos sectores militares se han quedado con millones de dólares, pero resulta que se les facilita porque son un poder independiente sin ningún nivel de control ni auditoría, entonces pueden hacer lo que quieran con esos dineros sin que tenga consecuencias investigativas o penales. Obviamente, que al cambiar la situación se va a producir un cambio en el seno de esa conducta de las Fuerzas Armadas.

 

 ¿Van a poder las FARC hacer política sin armas?

 

 M.H.: En este contexto, cómo podríamos interpretar la afirmación del Comandante Timochenko, que yo pondría entre signos de interrogación: ¿Van a poder las FARC hacer política sin armas?

 

R.V.C.: Ese es uno de los grandes interrogantes porque aparte de ese carácter anticomunista de las Fuerzas Armadas, las clases dominantes de Colombia también son profundamente anticomunistas y contrainsurgentes y lo son para mantener sus privilegios y la desigualdad que caracteriza a la sociedad colombiana, que es una de las más desiguales del mundo y lo dicen las Naciones Unidas, no solo las organizaciones de izquierda. Incluso Piketty, el economista francés, lo señaló hace unos 20 días en una conferencia que dictó en una Universidad de Bogotá, que solamente el 1% de la población concentra el 20% del ingreso, y creo que se quedó corto.

Pero esto lo dice un economista que no conoce nada de la realidad colombiana, que simplemente consultó datos macroeconómicos, los confrontó con la realidad de otros países del capitalismo mundial y llega a la conclusión de que Colombia es un país terriblemente desigual.

Entonces, en realidad la cuestión de la guerra y el asesinato de los oponentes tienen que ver con mantener la desigualdad. Obviamente, los sectores políticos que quieran actuar para contrarrestar esa realidad, van a enfrentarse al hecho o al dilema de si se les va a permitir hacer política en ese sentido, o se los va a matar. Es un dilema que aumenta si uno recuerda algunos hechos históricos de los últimos 60 años en Colombia, donde distintos procesos de amnistía y desmovilización han terminado con el asesinato de guerrilleros. Como sucedió en la década del ´50 y ´60, y como sucedió después de 1984 con la Unión Patriótica. Por lo tanto, es uno de los interrogantes que genera la firma de un posible acuerdo que le ponga fin al conflicto armado.

Y hay que agregarle una cuestión fundamental, qué pasa con el paramilitarismo. Si efectivamente el Estado colombiano va a tomar medidas para desmontarlo, porque es como el brazo parainstitucional no reconocido del Estado y las clases dominantes para hacer las labores sucias que a ellos les quedan más difíciles.

 

M.H.:Días pasados, visitó en La Habana a las FARC una delegación del Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe. ¿Cuál es la posición de Uribe respecto de este proceso de paz que se está llevando adelante en La Habana?

 

R.V.C.: Yo creo que para poder darle un manejo amplio a esa pregunta tendríamos que situarnos en un contexto un poco más amplio que el actual. Tendríamos que situarnos en el año 2002, cuando Uribe Vélez gana las elecciones bajo un programa absolutamente militarista y represivo. Incluso dijo que iba a exterminar a las FARC en dos meses, luego amplía los plazos en la medida que la misma situación de la guerra demuestra que eso no es posible.

Álvaro Uribe representa la línea más militarista, derechista y más plegada al gobierno estadounidense que se ha vivido en la historia de Colombia. Él siempre apostó a la derrota de la insurgencia por la vía militar, pero eso no se logró, a pesar de la terrible inversión económica, compra de armas, modernización de las Fuerzas Armadas y la militarización de la sociedad colombiana. Entonces, aparece como un perdedor de firmarse un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado, porque se demuestra en la práctica que lo que pretendía, que era la derrota de la insurgencia, no se pudo lograr.

Él es el principal opositor de los diálogos que se llevan a cabo en La Habana, recurriendo a todo tipo de mentiras y embustes, inclusive diciendo estupideces como que Juan Manuel Santos es un representante del castro-chavismo en Colombia. O diciendo que el gobierno de Santos ha hecho una entrega del país en todos los terrenos, cosa que no tiene el más mínimo elemento real. Lo que pasa es que se siente sumamente frustrado y representantedeun sector de las clases dominantes, al cual ni siquiera hoy Estados Unidos respalda.

Su momento pasó, ahora estamos hablando de un bloque de poder contrainsurgente remozado con la hegemonía del capital financiero y no de los terratenientes y ganaderos que representaba Uribe, que ven la necesidad de que se termine rápido el conflicto para tener abierto el territorio colombiano para las inversiones de las multinacionales.

A ese mismo proyecto apuntan las dos vías, la de Uribe y la de Santos, lo que pasa es que la vía uribista significaría la continuidad de una tierra arrasada en una guerra prolongada que puede durar otras 4 o 5 décadas. Con un agravante que no lee Uribe Vélez, probablemente por su carácter derechista y reaccionario, que en este momento hay una crisis de la economía colombiana que se puede prolongar durante mucho tiempo, que puede significar que necesariamente se tenga que invertir cada vez menos en la guerra.

El santismo ha comprendido esa situación y considera que es el mejor momento para ponerle fin al conflicto armado. El uribismo logró mantener la guerra durante 8 años porque estábamos en un ciclo ascendente de la economía colombiana, con el aumento de precios de las materias primas, el aumento de las exportaciones de petróleo, carbón y otros minerales permitieron direccionar dinero hacia el aparato de guerra.Hoy ese contexto económico está cambiando.

 

M.H.: Ha quedado por fuera de los acuerdos de paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el pasado 8 de febrero, el Presidente Santos ordenó intensificar operaciones en su contra, tras un ataque de una brigada militar. Y el día posterior se conoció un mensaje difundido por el Obispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, a través del cual el jefe del ELN ofreció abrir una tregua bilateral para iniciar un diálogo de paz. ¿Qué nos podés comentar al respecto?

 

R.V.C.: Evidentemente si se llega a un acuerdo en el cual solamente firmen las FARC y el Estado colombiano, va a ser muy limitado desde el terreno estrictamente militar, de la guerra propiamente dicha, porque para que la guerra interna termine en Colombia es necesario que todas las partes de la insurgencia participen, incluyendo al ELN. Lo que sucede es que por múltiples razones, el Estado ha demorado el comienzo de diálogos de verdad y ha estado solamente en la agenda exploratoria con un objetivo básico y clásico “divide y vencerás”, se trata de dividir al movimiento insurgente y en la medida que pase más el tiempo las condiciones de negociación del ELN van a ser mas difíciles.

En la medida en que se acerque la firma o se firme un acuerdo en La Habana, las negociaciones van a ser más complicadas para el ELN, porque es difícil pensar que el Estado va a abrir una mesa paralela en la cual va a llegar a los mismos acuerdos que con las FARC, es decir, llegar a un acuerdo paralelo de justicia transicional con el ELN que no sea parecido al que firme con las FARC. Es difícil pensar eso. Es difícil pensar que vaya a nombrar una comisión especial para el ELN.

El régimen santista siempre fue claro en dialogar en medio de la guerra, lo ha hecho con las FARC y veo muy difícil que acepte la propuesta de una tregua bilateral, porque el incremento de las acciones militares tiene como objetivo debilitar las condiciones de negociación. Entonces el incremento de la fuerza destinada a reprimir al ELN tiene el objetivo de que los términos del diálogo sean más favorables al régimen y al gobierno.

 

Camilo Torres tiene mucho que decirles a los colombianos de hoy, aunque muchos de ellos no lo conozcan ni sepan quién fue.

 

M.H.: Se cumplen 50 años de la caída en combate de Camilo Torres Restrepo, el cura que había nacido 37 años antes, un 3 de febrero, en el seno de una familia distinguida de Bogotá. Camilo Torres era sociólogo, sacerdote, político, cursó sus estudios en la Universidad de Lovaina donde tuvo la oportunidad de conocer a los curas obreros franceses que inspiraron el Concilio Vaticano II y la Doctrina Social de la Iglesia. De regreso a Colombia conoce a Rolando Fals Borda y juntos fundan el Departamento de Sociología en la Universidad Nacional. En el Ministerio de Educación impulsa el Movimiento de acción comunal que buscaba promover la autogestión y organización comunitaria y en el INCORA impulsó la reforma agraria. ¿Qué significado tiene en la actualidad, a 50 años de su caída en combate, la figura de Camilo Torres?

 

R.V.C.: Camilo Torres es un personaje que ha trascendido las fronteras colombianas. Se podría decir que es patrimonio del movimiento revolucionario y anticapitalista del mundo. En el momento en que muere en combate, hace 50 años, él se anticipa a muchas cosas de su época, vive en los turbulentos años ´60 que tanto transformaron al mundo y que en Colombia también tienen incidencia. Se anticipa a la Teología de la liberación, al diálogo entre marxistas y cristianos, a empuñar las armas como una decisión ejemplar para demostrar cómo se combatía al capitalismo.

Estos son hechos muy importantes, además de toda la agitación social que realiza, porque la decisión que toma de empuñar las armas es casi obligada, es resultado de la persecución a la que se ve sometido cuando se convierte en un agitador muy importante en el año ´65. Moviliza masas en todos los lugares a los que va en Colombia y esto empieza a ser visto con preocupación por las clases dominantes y el Estado que lo empiezan a acosar e incluso a amenazar. Pero también es perseguido por las jerarquías católicas de Colombia que son profundamente retrógradas y en los años ´60 eran uno de los puntales de la dominación.

Cuando muere, demuestra en la práctica lo que él llamaba “amor eficaz”, término que inventó para hacer referencia al compromiso verdadero de un cristiano. Camilo decía que un cristiano no era discursivo ni retórico, sino que era real, participando en las luchas de los pobres, construyendo la solución de sus problemas, señalando las causas de las desigualdades. Entonces, Camilo Torres tiene una agenda muy radical para la década de los ´60 que lo lleva a tomar la decisión que tomó.

Además, es el primer sacerdote que muere en América Latina empuñando las armas y participando en el movimiento guerrillero. De ahí en adelante Camilo se convierte en un símbolo que guía y alimenta luchas populares en Colombia en distintos órdenes y en un referente para el resto del mundo.

Cincuenta años después lo que habría que examinar es el legado y la vigencia del mensaje teórico y práctico de Camilo Torres, cuánto ha cambiado Colombia. Me atrevería a decir que prácticamente nada, hoy la sociedad colombiana en términos estructurales, de desigualdad, injusticia, de polarización entre pobres y ricos, vive en las mismas condiciones que conoció Camilo a mediados de la década del ´60. Tenemos una desigualdad marcada, tenemos el poder de los grandes medios de comunicación que calumniaron y desprestigiaron a Camilo Torres, tenemos las fuerzas represivas del Estado, la organización de grupos paramilitares. Todo eso ya se empezaba a vivir en la época de Camilo Torres. La intolerancia que caracteriza a la sociedad colombiana y a sus clases dominantes, la intolerancia religiosa, todas esas cosas siguen presentes en la sociedad colombiana de hoy, por lo cual podemos decir que el mensaje de Camilo Torres es muy actual, tiene mucho que decirles a los colombianos de hoy, aunque muchos de ellos no lo conozcan ni sepan quién fue Camilo Torres Restrepo.

 

M.H.: Al respecto un tema específico, ¿qué fue el Frente Unido del Pueblo vinculado a la labor política y teórica de Camilo Torres?

 

R.V.C.:El Frente Unido del Pueblo fue una propuesta muy importante y muy original de Camilo Torres. Como dijo usted al principio, Camilo venía de una familia burguesa, estudió en colegios aristocráticos, fue seminarista y luego sacerdote, en una formación ideológica, política y cultural bastante conservadora. Pero Camilo tenía una increíble sensibilidad social y eso lo llevó casi por sus propios medios a relacionarse con otros sectores, y a comprender en la década del ´60 el carácter injusto y antidemocrático del capitalismo existente en Colombia.  A raíz de eso se dio cuenta de que era necesario aglutinar a las fuerzas afectadas por ese capitalismo y esa estructura desigual de la sociedad colombiana y eso lo llevó a proponer la creación del Frente Unido del Pueblo. Con una plataforma mínima pero muy importante, donde decía que debían participar todos los sectores sociales para crear un frente de unidad que enfrentara al boque de poder, al Frente Nacional, como se llamaba a la estructura dominante de Colombia de ese momento donde liberales y conservadores se turnaban en el manejo de la política.

En 1965 hace la propuesta, funda un periódico que lleva ese nombre “Frente Unido del Pueblo” y publica varios números. Genera una movilización sin precedentes en la sociedad colombiana, que solo se puede comparar con lo sucedido en la década del ´40 con Jorge Eliecer Gaitán. Y esto asusta realmente a las clases dominantes de este país, que un sacerdote pudiera tener ese carisma, llegar tan directamente a importantes sectores de la población.

Camilo le habla a todos los sectores sociales, les da un mensaje a los estudiantes, a los comunistas, incluso a las Fuerzas Armadas, a distintos sectores sociales, con la perspectiva de armar un frente unido donde se incorporaran todos los sectores sociales golpeados por el Frente Nacional. Ese proyecto de unidad se dirige principalmente a las izquierdas de esa época y debería ser recogido por las izquierdas de nuestro tiempo, rompiendo con sectarismos para llegar a acuerdos sobre aspectos fundamentales, más allá de diferencias tácticas o coyunturales.

Esta es una oportunidad histórica

 

M.H.: El pasado viernes 21 de enero hubo un encuentro aquí en Bogotá de representantes del Polo Democrático, la Unión Patriótica, el Partido Alianza Verde y progresistas, entre otros, que se reunieron con la idea de construir un frente común de cara a la coyuntura y a las próximas elecciones. ¿Qué opinión te merece este encuentro?

 

R.V.C.: Con independencia de las apreciaciones que algún sector político pueda tener sobre la eventual firma de un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado entre el Estado y las FARC, hay que decir que esta es una oportunidad histórica, no es algo que se presente todos los días y crea nuevas condiciones de lucha política, potencia la acción política alternativa. Pero para que esa potencia se convierta en realidad, es necesario que los sujetos sociales que representan voces alternativas o disidentes, se organicen y aprovechen esa coyuntura. Me parece una oportunidad para que las izquierdas de Colombia dejen de lado muchas diferencias, que suelen ser puramente electorales y ponerse a pensar en la construcción de un programa más de fondo, más sustancial en estas nuevas condiciones.

Uno desearía ser optimista, que las izquierdas históricas existentes aprovecharan esta coyuntura, pero eventos recientes me hacen dudar por las rencillas que se repiten en la mayoría de los casos, son terriblemente limitadas porque son principalmente de tipo electoral. No creo que en una coyuntura como la que se está presentando y las nuevas condiciones que genera, simplemente tengan como objetivo fundamental lo electoral. No digo que lo electoral no pueda ser un instrumento, pero estamos pensando en construir un bloque de poder alternativo que va más allá, que requiere volver a pensar en las reivindicaciones de distintos sectores, volver a pensar en el sindicalismo, en el movimiento campesino, en las luchas de los estudiantes. Que la o las izquierdas tengan mucho que decir frente a eso y participen en esas luchas, porque lo que ha sucedido en Colombia durante los últimos años es una terrible disociación entre lo social y lo político.

 

M.H.: El pasado 2 de febrero se reunieron 46 organizaciones sociales para plantear la iniciativa de un paro nacional, criticando la próxima reforma tributaria y a las privatizaciones, principalmente centrándose en el acueducto de Bogotá, en la situación de la industria petroquímica y en el sector educativo de la capital del país. ¿Es posible que esta iniciativa se concrete en lo inmediato?

 

R.V.C.: Hay condiciones muy favorables para la lucha social en estos momentos en Colombia. Precisamente como decía antes, está cambiando el ritmo de la economía colombiana, en términos macroeconómicos formales, la economía colombiana tuvo muchas divisas provenientes principalmente de su modelo minero exportador. Dado el cambio mundial, por la caída de los precios de esas materias primas, tenemos una situación contraria a lo que hay que agregarle que el gobierno de Santos que tanto habla de paz, en la vida real es una continuación y una radicalización del modelo neoliberal que en Colombia ya lleva un cuarto de siglo.

Esto se da en todos los terrenos, por ejemplo, respecto a las privatizaciones, las del gobierno de Santos son la continuación de lo que ha sucedido en estos últimos años, y la privatización de una empresa como Isagén se inició durante el gobierno de Uribe, no se pudo completar y se culmina durante el de Santos.

Esto sucede en todos los frentes, la neoliberalización de la educación es otro ejemplo, el gobierno de Santos impulsa proyectos que favorecen la educación privada, por ejemplo, de la educación superior universitaria. Hay un proyecto que se llama “Ser pilo paga” que significa la transferencia de recursos del Estado a las universidades privadas en lugar de darle ese dinero a las públicas. Son millones de pesos que serán transferidos a las universidades privadas del país.

Con respecto a las tierras se acaba de firmar un decreto para las llamadas “zonas agroindustriales” para favorecer al capital agrario de las multinacionales y del capital financiero nacional, en contra de los campesinos, pese a que uno de los elementos centrales de cualquier proceso de paz en Colombia es el de la reforma agraria.

Están creadas todas las condiciones objetivas para una movilización, pero también se necesita pensar en las condiciones subjetivas, en los niveles de organización y de movilización de los sectores populares. Y si se llegase a cuajar algo en ese sentido, podría pensarse en la posibilidad de un paro, porque todos los elementos están, desde el punto de vista de la situación económica y social.

 

M.H.: Inclusive un dato estadístico señala que la movilización de los trabajadores colombianos en la actualidad es cuatro veces mayor que hace diez años. Al mismo tiempo esto se vincula a que en días recientes hubo una represión contra trabajadores judiciales en el centro de Bogotá y con otras estadísticas que señalan que desde 1997 se han producido casi 14.000 violaciones a la vida, a la libertad, a la integridad contra sindicalistas y de esas violaciones, 3.089 son homicidios. Al menos esto es lo que se señaló en el Encuentro contra la criminalización de la protesta sindical y social que se realizó en noviembre del año pasado aquí en Bogotá. A lo que se agrega una guerra jurídica en el sentido de la declaración de ilegalidad de las huelgas, de las 1.623 protestas registradas desde 2010 el 41,5%, o sea, 675 han sido entorpecidas por medidas judiciales que las han declarado ilegales. Dicho esto, ¿cuál es la situación actual que atraviesa el movimiento sindical y obrero en Colombia?

 

R.V.C.: Ese movimiento es víctima, como ningún otro, de la represión y el asesinato. Nosotros tenemos el dudoso mérito de ser el primer país del mundo en asesinato a dirigentes sindicales. La cifra que usted señala es producto de investigaciones ligadas a los trabajadores, y es una realidad cotidiana que nosotros vivimos. Ser aquí dirigente sindical es un peligro público para la persona que ejerce esa actividad y se ha convertido casi en sentido común el asesinato de dirigentes sindicales. El modo de ver esto es esa contrainsurgencia de la que hablaba al principio de esta entrevista, y es que no se permite ni se tolera ninguna reivindicación social, cualquiera sea la reivindicación y por limitada que fuese, inmediatamente es calificada como producto de acciones terroristas y desestabilizadoras, incluso hay todo un lenguaje codificado que se utiliza para calificar a todo este tipo de protestas. Eso en el gobierno de Santos, a pesar de que tanto se habla de paz, no ha cambiado.

Tal vez uno de los momentos represivos que más se dio a conocer a nivel internacional fue lo que sucedió en el año 2013, cuando fue brutalmente reprimido el Paro nacional agrario, que incluso Santos llegó a decir en una afirmación cantinflesca que no había paro mientras el país estaba paralizado casi como en ningún otro momento. Aquí hay una política contrainsurgente, de rechazo a la protesta social, de rechazo a los trabajadores y desde el Estado se da desde varios frentes, por un lado, la represión directa y brutal que siempre deja heridos, muertos y personas detenidas; pero también hay una persecución jurídica que consiste en colocarle trabas legales a la protesta.

Prohibir la protesta en los servicios públicos, siendo éstos aquello que se considera vital sin importar la propiedad, entonces un periódico como El Tiempo o un canal de televisión como Caracol, son considerados servicios públicos, por lo tanto, en ellos no podrían haber huelgas, si existieran trabajadores organizados y sindicatos, porque sería calificado por los jueces como una actividad ilegal.

Es bueno para que sea estudiado por sindicatos y abogados laborales en otros países, cómo ha evolucionado de manera negativa la legislación laboral en Colombia. Desde 1918 cuando se presentó una primera oleada de huelgas el Estado colombiano emite los primeros decretos en su contra, y ahí ya aparece la idea del servicio público que en ese momento estaba restringido a los lugares donde se estaban dando huelgas, que eran los puertos, los ferrocarriles, las empresas de transportes. Pero desde ese año hasta el día de hoy, esa idea de servicio público se ha ido generalizando y cubre prácticamente todos los sectores de la actividad económica del país. En la realidad es imposible hacer huelga porque todo es considerado servicio público, así sea de propiedad privada, como sucede con empresas petroleras porque el petróleo es considerado un servicio público esencial. Si ese negocio lo usufructúa una multinacional y los trabajadores hacen paro, lo más seguro es que de manera inmediata se declare prohibida por ser servicio público.

Otro elemento que conspira contra la organización y que hace más difícil la lucha en Colombia es la paramilitarización, no es solamente la represión por parte del Estado, sino las amenazas, el acecho, el acoso y también las acciones criminales por parte de sectores organizados por las empresas, por los terratenientes y comerciantes para impedir la organización de obreros, campesinos y trabajadores. Es tristemente célebre la intervención de empresas como Coca Cola, Nestlé y otras multinacionales directamente responsables en el asesinato de dirigentes sindicales, ellos han financiado y organizado grupos paramilitares para que maten a los trabajadores.

Todo este es un contexto que debe transformarse a la hora de hablar del fin del conflicto armado en Colombia, porque la lucha social debe desenvolverse por muchas causas en donde se rompa con esa lógica represiva del Estado colombiano de prohibir la movilización, aunque formalmente en la ley exista su autorización y se diga que este es un país democrático en el que se respeta la libertad de pensamiento y de organización.

 

M.H.: Al respecto estaba consignando el caso de Húbert de Jesús Ballesteros Gómez, que en agosto de 2013 integraba la comisión de negociación del Paro nacional agrario y popular, la movilización agraria más importante que se ha dado en los últimos 30 años en Colombia y luego fue detenido.

 

R.V.C.: Detenido y está condenado a 15 años de cárcel.

 

Estamos llegando al fin de un ciclo de ficticia prosperidad para la clase media

 

M.H.: Hiciste referencia en dos oportunidades a la situación económica del país. Hay algunos datos preocupantes, la caída del precio del petróleo ha afectado fuertemente la caída del presupuesto fiscal, 5.45 billones de pesos de los cuales el presupuesto en regiones bajará en 3.4 billones, lo que representa un 30.8% del presupuesto asignado.

Otro dato es el descenso de las ventas externas durante 2015 que se ha conocido por estos días, casi un 35%. Frente a lo cual el gobierno prepara una reforma tributaria, entre otros aspectos que han trascendido de esta reforma, se habla del aumento del IVA, e inclusive dentro de esta visita que se hizo a Estados Unidos, donde se reunieron los Presidentes Obama y Santos también hubo reuniones con funcionarios económicos por parte de las principales calificadoras de riesgo, que amenazan con bajar la nota crediticia de Colombia en la medida que el gobierno no equilibre las cuentas fiscales. Este fue el mensaje que dejaron claro en Washington, al Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santa María, las calificadoras de riesgo. ¿Qué podés agregar a estos elementos que tienen que ver con la situación económica que atraviesa Colombia?

 

R.V.C.: Me parece que esa es una exposición bastante completa de los indicadores. Lo que puedo agregar es que esta situación coyuntural es el resultado de una decisión de mediano y largo plazo que se tomó hace ya 25 a 30 años y que significó desindustrializar al país y optar por convertirlo en un país exportador de materias primas.

En términos estructurales de largo plazo, creo que esa es la explicación básica para entender lo que está pasando en el momento actual. Aquí, como ha sucedido en varios países de América Latina, incluso en países con distintos regímenes políticos, se consolidó la venta de materias primas, en nuestro caso principalmente mineras. La balanza comercial de Colombia, encuentra que los productos que más generaban y generan ingresos a la economía son el petróleo y el carbón; el café que durante mucho tiempo fue el principal producto, hoy es el tercero o cuarto en esa balanza comercial.

Ese crecimiento que se presentó entre 2001 y 2010 se debió a los altos precios de las materias primas. Cuando caen los precios de las materias primas, inmediatamente se ve el efecto negativo que produce que un país dependa del sector exportador más tradicional, el primario. El ejemplo del petróleo es crucial, hoy se cotiza a menos de 25 dólares el barril de petróleo colombiano, mientras que en un momento llegó a cotizarse a 90 dólares, estamos hablando de una caída catastrófica que se va a intensificar en las próximas semanas. Gran parte de lo que se había presupuestado para los años por venir, estaba relacionado con el sostenimiento de esos ingresos con un precio del petróleo elevado, pero no solamente sucede con el petróleo, también con el precio del carbón, del níquel, que han caído internacionalmente. Colombia es el principal exportador de carbón de Latinoamérica, los principales compradores son Estados Unidos y Canadá. Entonces, esto va a afectar a la economía colombiana, pero hay un factor adicional que en el listado que usted señala no se nombra y es el de la devaluación.

Resulta que el peso colombiano estuvo revaluado de manera artificial durante casi el mismo período de aparente prosperidad económica que estábamos señalando. Lo que permitió la revaluación del peso colombiano fue que este país se inundara de mercancías y tecnología producida por el capitalismo mundial, lo que incluso permitió darle cierta base social al modelo neoliberal en las ciudades, porque la clase media empezó a tener acceso al automóvil, que era un bien suntuario en otra época, a todo tipo de artefactos electrónicos. Colombia es un país inundado de celulares, es el país de América Latina en el que más celulares hay. Esa mercadería ingresó al país a un relativo bajo precio, un precio artificial que ahora está desapareciendo, entonces ahora todos esos aparatos, automóviles y todo lo que el país compró en el exterior, que es casi todo, porque aquí se compra casi el 90% de los productos agrícolas que se consumen, ahora está llegando encarecido.

Hace un año el precio del dólar era de 2.600 pesos, hoy está a 3.400. Es decir que estamos llegando al fin de un ciclo de ficticia prosperidad para la clase media. Esta clase media, además de no poder comprar más por la suba de precios, está terriblemente endeudada. Este es otro elemento de la coyuntura importante de resaltar, no solo por sus implicaciones económicas, sino porque sabemos que tiene implicaciones políticas, sociales y culturales también. Esa clase media que nunca ha sido fuerte en Colombia, pero que tuvo un momento de despegue en los últimos 12 años, ha llegado a un límite; entonces habrá que ver qué sucede con esos sectores cuando ya no tengan cómo pagar la tarjeta de crédito, la cuota del automóvil, la del departamento o no tengan cómo cambiar de celular, etc. Es un impacto que no se ha estudiado con suficiente énfasis, porque pone en discusión el agotamiento de un modelo que había dado algunas migajas a esa clase media.

 

El ser humano nunca renuncia a la lucha y la esperanza sirve para buscar salidas

  

M.H.: En uno de tus últimos trabajos, de diciembre, publicado en Rebelión.org, te referís a una categoría que entiendo es de tu autoría, que es la de “tecno-fascismo”.

 

R.V.C.: Este término lo he venido usando durante los últimos años en distintas publicaciones, muy preocupado por el impacto que la tecnología tiene en el mundo contemporáneo sobre la gente. Me importa analizar a la tecnología no como una fuerza neutra, como generalmente se suele hacer, sino como un componente más de nuevas formas de dominación. A partir de esa preocupación, me llama la atención que diversas clases sociales se hayan rendido acríticamente a la tecnología, incluyendo a grandes sectores de la izquierda mundial, partiendo de una consideración bastante discutible de las fuerzas productivas, hablando en terminología marxista. Y siendo que las fuerzas productivas nos vayan a conducir finalmente a la liberación y a un desarrollo humano teniendo en cuenta nuevas investigaciones y nuevos productos en el ámbito de la tecnología.

Sin embargo, viendo la realidad uno se encuentra con que hay sectores profundamente retrógrados en términos políticos que utilizan las tecnologías más desarrolladas para sus proyectos. Y en ese sentido es que refuerzo la idea del tecno-fascismo, que supone pensar a ese sector no solo como completamente retrógrado, conservador y reaccionario, que lo es, sin estar desligado del uso de las tecnologías más modernas y sofisticadas, incluso como nuevas formas de control.

Sería importante volver a estudiar el mismo nazismo, porque cuando se lo estudia hay una tendencia que dice que era lo más opuesto a la ciencia y a la modernidad, pero investigaciones contemporáneas muy serias han demostrado que el nazismo ha sido la variante más radical de la modernización capitalista, incluso en el ámbito tecnológico, a punto de que la tecnología se aplicó a la muerte de millones de personas en los campos de concentración, por ejemplo, el trabajo allí era la muerte industrial, la muerte programada. Los hornos crematorios usados para matar personas estaban programados industrialmente. El mismo fascismo supuso una particular utilización de la tecnología, por eso pensadores como Benjamin y su crítica al fascismo, a la socialdemocracia y a distintos sectores de la izquierda de la época que decían que había que romper con ese culto acrítico a las fuerzas productivas, que había que ver a la tecnología como un elemento contradictorio de lucha y de combate.

A mí me llama hoy la atención cómo la tecnología es un dispositivo de control absoluto de la población y vigilancia las 24 horas por medio de distintos mecanismos. Las ciudades están llenas de cámaras de video que registran todos los movimientos de las personas, en el transporte público pasa lo mismo, el teléfono celular es un elemento de control. Así sucesivamente podríamos enumerar muchos ejemplos y por eso digo que la izquierda debe repensar la tecnología.

 

M.H.: ¿Hay lugar para la esperanza?

 

R.V.C.: Digamos que por supuesto, yo creo que el ser humano nunca renuncia a la lucha y creo que eso es lo que nos diferencia de los demás animales, a pesar de tener nuestra parte de animalidad.

La búsqueda de nuevos caminos y soluciones a los problemas tiene que seguir siendo parte del horizonte humano. Recuerdo lo que decía Eduardo Galeano cuando le preguntaban para qué servía la utopía y decía que servía para caminar. Me parece que lo mismo podemos decir de la esperanza, el principio del que tanto hablaba el filósofo Ernst Bloch es que la esperanza, a pesar de las condiciones duras en las que nos encontremos, sirve para buscar salidas. Lo que pasa es que a uno le toca el papel más difícil, que es el de mostrar los problemas, esa es una característica fundamental del pensamiento crítico, pero también bosqueja y postula salidas a pesar de las dificultades.

 

M.H.: ¿Algo para agregar?

 

R.V.C.: Simplemente saludar a los medios con los que usted trabaja y a los lectores y oyentes que lo siguen. Porque me parece muy importante la labor que realiza. Si hay algo que necesitamos hoy es abrir nuevos espacios de pensamiento y de crítica ante el monopolio abrumador que tienen los medios de comunicación mundial y a escala nacional. Este también es un problema que estamos afrontando y vamos a afrontar en Colombia en el futuro inmediato, porque uno de los grandes responsables de la guerra y la tragedia que los colombianos hemos vivido en las últimas décadas, son los grandes monopolios de la información. Ellos se oponen al proceso de paz, viven una diabolización permanente de las voces disidentes, que necesitan poder expresarse si queremos construir un país decente, donde podamos hablar y se nos permita pensar distinto. En esa labor los medios de comunicación alternativos son fundamentales, por eso creo que el papel que usted realiza Mario, en Buenos Aires y en Argentina, tiene mucho valor.

Febrero 2016, Bogotá, Colombia

Fuente: http://www.herramienta.com.ar/content/entrevista-renan-vega-cantor

En consecuencia, resulta contradictorio que: "El presidente de Bolivia, Evo Morales, haya solicitado el sábado 19 de marzo una reunión de emergencia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para debatir la arremetida contra los Gobiernos progresistas y en especial sobre la situación en Brasil". Leer Persiste en la lectura binaria que permite culpar al imperialismo de EE.UU. y a las derechas continentales cuando los gobiernos progresistas no sólo reconocieron como democracias a las surgidas de golpes de estado (Honduras, Paraguay) y se  involucraron en la MINUSTAH ocupando militarmente a Haití.Sobre todo no confrontaron con el Plan Colombia cuyos quince años acaba de celebrar Estados Unidos junto a Santos. Pero también UNASUR ha hecho al despliegue de IIRSA.

 

Interconexión sin integración: 15 años de IIRSA

13 de enero de 2016

 

Por Raúl Zibechi

Han pasado 15 años desde la creación de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y se impone un balance desde la perspectiva de su aporte a la integración.

Una ciudad de Quito arrasada por los efectos del cambio climático, cobijó el Seminario Internacional 15 Años de IIRSA, “Miradas críticas sobre la integración sudamericana”. El día que comenzaba el encuentro, martes 15 de setiembre, gigantescas nubes envolvían la ciudad que sufría 22 incendios forestales, tres de ellos en la ciudad y el resto en el sector rural colindante. La sequía causa estragos y hasta 18 barrios de la ciudad sufren racionamiento de agua [1].

El seminario fue convocado por la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, integrada por distintas organizaciones de varios países [2], que se propuso hacer un balance a la mitad del trayecto de un proyecto que fue pensado para su implementación en 30 años.

En estos 15 años el proyecto inicial sufrió algunas transformaciones. Por un lado, pasó a integrarse en la UNASUR en el consejo denominado COSIPLAN (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento); por otro, el proyecto avanzó sustancialmente y se expandió de forma vertiginosa, lo que hace necesario un nuevo acercamiento al tema[3].

 

Un poco de historia

El 29 de agosto de 2000 llegaron a Brasilia los presidentes sudamericanos convocados por el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Desde un comienzo la IIRSA se planteaba como un vasto proyecto asociado al ALCA, pero con un perfil regionalista.

El propio Cardoso, partidario del ALCA, manifestaba sus diferencias con los países del norte. “Los países más ricos, los más poderosos, que son los que tienen más barreras comerciales que nos afectan, quieren ir muy rápido, sin percibir que nosotros no podemos, porque nos vamos a caer”[4].

En la reunión participaron los doce presidentes sudamericanos y 350 empresarios latinoamericanos. Cardoso sentó las bases del proyecto IIRSA y definió el objetivo de su país de “trabajar juntos”, liderando sin imponer para “resolver nuestros problemas internos, que son muchos”[5].

El geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves sostiene que el origen teórico y político de la IIRSA y del Plan Puebla Panamá se encuentran en dos estudios. El primero fueInfraestructure for Sustainable Development and Integration of South America realizado por Eliézer Batista da Silva en 1996 para la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Vale do Rio Doce, el Business Council for Suastainable Development Latin America, el Bank of America y la Companhia Auxiliar de Empresas de Mineraçâo[6].

El segundo se denominó Estudo sobre Eixos Nacionais de Integraçâo e Desenvolvimento, en 1997, promovido por el BNDES, el ministerio de Planeación, el banco ABN Amro, la multinacional estadounidense Bechtel, Consorcio Brasiliana y Booz Allen & Hamilton do Brasil Consultores. La lectura de quienes financian estos trabajos permite deducir los intereses que encarnan.

El concepto de ejes de integración y desarrollo sustituye al de región como núcleo de la acción gubernamental, privilegiando los flujos por sobre los territorios habitados por pueblos y naciones[7].

La IIRSA es una iniciativa que rompe con la tradición histórica de Latinoamérica como una región con personalidad propia, para situarse en el estrecho marco de América del Sur. El concepto de América Latina había nacido en el siglo XIX en contraposición a la América imperialista, pero ahora asistimos a un paulatino desplazamiento que coloca en el centro del escenario la idea de América del Sur, como destaca con acierto Porto Gonçalves.

Por el contrario, Sudamérica es una espacio geopolítico formulado por los estrategas militares ligados a la dictadura brasileña (1964-1985), como Golbery do Couto e Silva, uno de los principales teóricos de la doctrina de seguridad nacional elaborada en la década de 1950 por la Escuela Superior de Guerra. Fue además creador del Servicio Nacional de Informaciones en 1964, presidió la filial de la multinacional estadounidense Dow Chemical y fue autor del libro “Geopolítica del Brasil”[8].

Con el gobierno Lula, Sudamérica se convierte en “un nuevo espacio de afirmación geopolítica” que coincide con la crisis hegemónica de Estados Unidos [9]. Ese viraje deja de lado el carácter antiimperialista que había generado el concepto de América Latina. El resultado es preocupante: América del Sur es el espacio en el que se expanden las grandes empresas brasileñas financiadas por el BNDES y apoyadas por Brasilia, para la realización de Brasil como potencia regional y global, mientras se acepta de hecho la hegemonía estadounidense en América Central y el Caribe.

 

Cosiplan y expansión de la IIRSA

La derrota del ALCA en 2005 y la llegada al gobierno de fuerzas progresistas y de izquierda impulsó una redefinición de la IIRSA. El COSIPLAN se creó en la cumbre de presidentes de agosto de 2009 en Quito. Desde ese momento, la IIRSA es el Foro Técnico para temas relacionados con la planificación de la integración física de la UNASUR. El Consejo está integrado por las ministras y los ministros de las áreas de infraestructura o planeamiento.

El organismo se ha dotado de un comité coordinador, grupos de trabajo y un foro técnico, designándose presidencias pro témpore rotativas por países. Hasta 2015 se han realizado seis reuniones de ministros del COSIPLAN. El Comité de Coordinación Técnica (CCT) está integrado por funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

Sin embargo, lo más notable es la importante expansión que tuvo la cartera de proyectos en los últimos años: de 335 en 2004 con 37.000 millones de dólares de inversión a 579 proyectos con 163.000 millones de dólares en 2014. La Cartera de Proyectos se amplió en más del 72% y aumentó más de cuatro veces la inversión total estimada[10]. Por otro lado, hay 106 proyectos ya concluidos y 179 en fase de ejecución.

Más de 70% del financiamiento de las obras es público y una parte importante corresponde al brasileño BNDES, aunque la crisis en ese país está disminuyendo ese financiamiento. Casi el 90% de los proyectos son del área de transporte, siendo la mitad en carreteras, que se llevan la mitad de la inversión. Casi un tercio de la inversión total está destinada a energía, en particular usinas hidroeléctricas, que son las obras más criticadas por los pueblos.

El eje con más cantidad de proyectos es Mercosur-Chile con 123 y 55.000 millones de dólares, lo que supone un 25% del total para uno sólo de los nueve ejes multimodales que conectan los océanos Atlántico y Pacífico. Por países, Argentina supera a todos los demás con un total de 180 proyectos que la involucran, seguida de Brasil con 106.

Las obras de la IIRSA generan resistencias ambientales y sociales, como lo manifiestan los conflictos en torno a las represas de Jirau y Santo Antônio en el río Madera en Brasil, las represas sobre el río Inambari en Perú y la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS en Bolivia[11]. Además muestran una nueva geografía de las luchas sociales que tienen como escenarios los corredores de la IIRSA, que desbordan los marcos del Estado-nación para situarse allí donde los flujos del capital afectan pueblos y medio ambiente.

Un relevamiento del Laboratorio de Estudio de Movimiento Sociales y Territorialidades de la Universidad Federal Fluminense, muestra que en los ejes de la IIRSA existen 1.347 poblaciones territorializadas: 664 comunidades indígenas, 247 comunidades campesinas, 146 de afrodescendientes, 139 comunidades de poblaciones tradicionales (pescadores, mariscadores, junqueros), 60 organizaciones sociales (sin techo, desempleados) y 59 organizaciones ambientales[12].

Para esas comunidades la IIRSA es una iniciativa neocolonial, una imposición vertical que nada tiene que ver con sus intereses y que supone una agresión para ellas. Este nuevo colonialismo afecta tanto a comunidades que viven en Brasil como a las que están en otros países de la región y benefician a un bloque de poder financiero e industrial en el cual el empresariado brasileño/paulista ocupa un lugar central.

Balance: más interconexión que integración

El centro del debate en el Seminario Internacional giró en torno a las consecuencias estratégicas del proyecto. En los diez últimos años, además de los ambientales y sociales han ido apareciendo otros focos de interés y crítica respecto a la IIRSA, como el débil impulso hacia integración generado y la falta de estrategias de largo plazo en las que se incluyan el conjunto de obras.

 

Jorge Acosta, coordinador de la UNASUR en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, aceptó lo que plantearon otros participantes del Seminario de que “no existe una estrategia para la integración en la región sudamericana”. Agregó que “la estrategia IIRSA aún no ha fracasado pero va mal, con muy bajos impactos y efectividad”, para concluir que si no se logra llegar a una visión general de la región seguirán imperando los marcos nacionales.

El investigador del instituto Ibase, Gerardo Cerdas, señaló que las obras de la IIRSA “se decantaron por las grandes obras de infraestructura en detrimento de infraestructuras sociales de mayor impacto para la población, evidenciando el carácter centrípeto de estas obras enfocadas hacia el comercio internacional de commodities, que hoy en día es la principal relación sudamericana con el mercado global”.

Recordó que ninguna institución de la región y ningún gobierno realizó actos conmemorativos de la creación de la IIRSA para debatir con los pueblos los avances y dificultades del proyecto. Resaltó la necesidad de “encontrar mecanismos de financiamiento autónomos, soberanos y no comerciales para pensar otro tipo de desarrollo y recuperar el debate sobre la nueva arquitectura financiera de la región”.

En su opinión se trata de una necesidad urgente ante la acelerada penetración de capitales chinos que “ponen nuevos desafíos a la autonomía sudamericana” ante su dependencia histórica de capitales externos.

El académico brasileño Fabio Barbosa dos Santos, destacó que según los números sobre las obras concluidas, en ejecución y proyectadas, la IIRSA va muy bien. Pero, en contraste, la integración no avanza. “Cuando la IIRSA se incorporó al COSIPLAN hubo un cambio al ponerse como objetivos la integración física de los países, las economías de escala y las cadenas productivas”.

Pero la construcción de infraestructura regional forma parte del “proceso de internacionalización de las multinacionales brasileñas, básicamente las grandes constructoras, apoyadas en los préstamos del BNDES que crecieron un 3.000%”.

 

“No debemos confundir interconexión con integración”

 

Cree necesario desmitificar al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, ya que desde el gobierno “neutralizó la ALBA, reproduce el patrón hegemónico en el mundo, no contradice a los Estados Unidos y promueve un desarrollo regional basado en sus empresas”.

Destacó que la IIRSA no promueve la integración regional ya que alimenta a quienes se le oponen, porque la exportación de commodities nunca puede ser la base de la integración sino la complementariedad productiva. Concluyó advirtiendo que “no debemos confundir interconexión con integración”, que los 15 años de IIRSA “corresponden al período en que el Buen Vivir despunta como horizonte civilizatorio alternativo, pero ambos son irreconciliables porque la IIRSA tiene un carácter antipopular que es necesario denunciar y enfrentar”.

Finalmente, se debatió sobre el gran problema que enfrenta un proyecto como la IIRSA: las grandes inversiones en obras de infraestructura, sin definiciones estratégicas, pueden desembocar en “hacer obras por hacerlas”, beneficiando sólo a las grandes empresas y al principal Estado de la región, pero no a los países pequeños ni a los pueblos. La región no debe dejarse arrastrar por los mercados y el capital financiero, ya que corre el riesgo de convertirse apenas en una “periferia de lujo”, como señala el economista José Luis Fiori.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesora a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américascipamericas/org/es

Notas:(...)

Fuente: http://cdes.org.ec/web/interconexion-sin-integracion-15-anos-de-iirsa

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

 

Nos urge, abajo y a la izquierda sin fronteras,  la toma generalizada de conciencia sobre:

 

La Cuarta Guerra Mundial

Por El Subcomandante Marcos
La Realidad, Chiapas, Mexico

Este segmento fue tomado de una plática impartida por el subcomandante Marcos ante la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos en La Realidad, Chiapas, el 20 de noviembre de 1999.

La Reestructuración de La Guerra

Según nuestra concepción, hay varias constantes en las llamadas guerras mundiales, sea la Primera Guerra Mundial, la Segunda o las que nosotros llamamos Tercera y Cuarta.

Una de estas constantes es la conquista de territorios y su reorganización. (...) Leer

 

El extractivismo se inscribe en la guerra del capitalismo contra los pueblos sólo que los gobiernos progresistas y neoliberales legalizan y legitiman esa desterritorialización-reterritorialización a favor de las transnacionales y sus socios locales, comprobemos:

 

El agua, una mercancía más en el capitalismo y

la lucha de las comunidades por ésta como bien común

14 de mayo de 2016

Por Prensa Alternativa Cauca (Rebelión)

 

 “El Proceso Campesino y Popular del municipio de la Vega es un vivo caso de ello, de las luchas campesinas por la vida y contra el desarraigo.”

 

El agua se ha convertido en un recurso estratégico del capital, excluyendo de éste a la población que no puede comprarlo. Pasó de ser el líquido vital de la humanidad a una mercancía más de las grandes corporaciones transnacionales, privatizado y privilegiado, que aumenta las tasas de ganancia de un puñado de compañías.

Mientras la ONU establecía en la declaración del 27 de noviembre de 2002 que “el agua es fundamental para la vida y la salud”, el capital en cambio la estableció como una mercancía que debe ajustarse a las leyes de la competencia, como principio irrestricto de la acumulación, asesinando a millones de personas en el mundo.

Este recurso hídrico fundamental para la vida se ha venido agotando debido al excesivo consumo producto de la configuración del modelo económico capitalista en el globo terráqueo. “El consumo global se ha multiplicado por seis entre 1990 y 1995 mientras que la población lo ha hecho por tres”1, mostrando esta estadística, que la versión neoliberal de que el agua se está acabando por la explosión demográfica es totalmente falsa. Mientras la desigual distribución del agua destina sólo el 10% al consumo humano (sólo el 20% de la población mundial consume el 86% del agua del planeta)2, el 25 % la desvía para las actividades industriales y el 65% a actividades agrícolas3.

Igual que sucede con la concentración de la tierra en pocas manos, el “oro azul” viene sufriendo la misma ley de acumulación donde un puñado de personas se enriquece a costa de la gran mayoría, mientras las corporaciones transnacionales son encubiertas por los medios de comunicación que generan un ambiente de culpabilidad en quienes la consumimos. Mientras estos instrumentos de ideologización de las oligarquías llaman al cuidado del agua, al no gasto de ésta en los hogares familiares, las empresas la arrojan literalmente a la basura mediante la construcción de automóviles, de objetos electrónicos con un tiempo corto de vida, la emplean para la explotación del petróleo vía fracking sin que los medios actúen en torno a esta brutalidad contra el medio ambiente y la humanidad.

Para Colombia la situación no es diferente: solamente se necesita mirar el Cerrejón para ver un gran desierto a consecuencia de la criminal explotación de los recursos naturales. Basta con ir a un río donde estén asentadas las máquinas retroexcavadoras para darse cuenta que así como el “agua es vida”, el agua contaminada es muerte.

La contaminación por mercurio para sacar el oro en un método de extracción mercenaria es un ejemplo palpable, como ocurre en Puerto Saija, en el pacifico colombiano: bajarse de la lancha y observar niños con la cabeza infectada y bebés enfermos porque el agua no es consumible, es una atrocidad que el capitalismo viene implementando de manera sistemática contra las comunidades pobres.

La lucha por el agua demuestra el objetivo del capitalismo por exterminar a los pobres del mundo. Mientras el río Sinú en el departamento de Córdoba, desde el 2001 viene muriendo lentamente por la construcción de la represa de Urra para incrementar ganancias a unos pocos, las poblaciones ancestrales de los Embera Katio se tornan en peligro de extinción.

El departamento del Cauca también sufre esto: la construcción de la represa de la Salvajina en Suárez ha ocasionado un colapso social, o el claro ejemplo del río Sambingo ubicado entre los municipios de Mercaderes, Patía y Remolinos, que desapareció a causa de la minería mercenaria. Otro ejemplo es el agotamiento del caudal del río Palo en el municipio de Caloto, donde según denuncia las comunidades, “está muriendo poco a poco”.

La lucha por el agua ha hecho que las comunidades se vengan organizando en torno a la conservación como bien común del líquido vital. El Proceso Campesino y Popular del municipio de la Vega es un vivo caso de ello, de las luchas campesinas por la vida y contra el desarraigo.

Estas comunidades desde el año 2007 han venido realizando la Convención del agua con el objetivo de denunciar la atrocidad que el modelo económico viene cometiendo a sangre, fuego y sed contra las comunidades, así como de proponer salidas a la crisis hídrica; sintetizando magistralmente la lucha por la vida en el lema que han puesto a su convención: “Si el Macizo vive, vivimos todos”.

No por nada el punto 1 de las negociaciones de la Habana Cuba entre la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno colombiano, estableció de común acuerdo un plan nacional de riego que promueva y facilite la democratización del agua para que la población tenga acceso a ésta, tanto para el consumo como para el riego de sus cultivos, generando condiciones para la vida digna y abriendo la posibilidad de que el preciado líquido pase de ser una mercancía a un bien común.

Notas

1 VEGA, Cantor. Renán: los economistas neoliberales: nuevos criminales de guerra. Pág. 301.

2 Ibíd. Pág. 304.

3 Ibíd. Pág. 301.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212217

 

 

Los gobiernos progresistas expandieron el extractivismo, hasta el de Evo Morales que se encumbra en el mejor defensor de la Pachamama. Reflexionemos sobre porqué defender los derechos de la naturaleza en:

 

 

La minería en Bolivia sigue siendo irresponsable

14 de mayo de 2016

Por Diego Andreucci y Helga Gruberg (Rebelión)

Las actividades mineras conllevan serios impactos sociales y ambientales, que son bien conocidos por las comunidades locales en Bolivia. Es por ello que muchos estaban ilusionados con la adopción de los derechos indígenas y comunitarios, principios de protección ambiental y uso prioritario del agua para la vida, en la nueva Constitución boliviana de 2009. Estas y otras medidas fueron iniciativas del gobierno de Evo Morales que despertaron muchas expectativas entre las comunidades campesinas e indígenas. Pero a pesar de todos los cambios políticos, la gestión de los impactos socio-ambientales de las actividades mineras no ha mejorado.

Tras varios años, ahora es posible analizar el desempeño del sector minero en Bolivia, y con ese fin un caso destacado es observar la situación en las comunidades de la cuenca Uru-Uru Poopó, en el corazón del altiplano. Es una región ahora muy conocida por la desaparición del espejo de agua del Lago Poopó, el segundo de Bolivia y uno de los más grandes de América del Sur, a fines de 2015.

Las comunidades que viven en esa región han denunciado los graves efectos sociales y ambientales de la minería por años, y al día de hoy, a pesar de la centralidad de las temáticas del Vivir Bien, Pacha Mama o el ambiente en los discursos gubernamentales, esos impactos se mantienen. En efecto, el estudio sobre la gestión socio ambiental minera en la cuenca del Lago Poopó que se acaba de divulgar, muestra que si la situación actual es comparada con los anteriores gobiernos de inspiración neoliberal, no se observan grandes avances.

 

Minería insostenible

El lago Poopó lago recibe una carga de metales pesados muy por encima de los límites permisibles: se vierten diariamente 39 kg de cadmio, 3969 kg de zinc, 821 kg de arsénico y 73 kg de plomo, según el reciente reporte publicado en Cochabamba. Estos son valores altísimos.

Los metales pesados en las aguas contaminan las plantas y el ganado, reduciendo la productividad de los cultivos y generando muertes y malformaciones entre los animales. Además, generan problemas de salud para los comunarios y comunarias que usan el agua para cocinar o lavarse. En nuestra investigación, hasta encontramos que niños de una unidad educativa consumían agua del río altamente contaminada.

Aunque algunos de estos problemas son muy conocidos, también se observaron dificultades y retrasos en la implementación de los planes de remediación ambiental. Recordemos que gracias a las movilizaciones sociales, en 2009 se declaró el estado de emergencia ambiental por las afectaciones mineras y se propuso un plan de “remediación integral” de la cuenca del lago (decreto Supremo 0335). Los objetivos de remediación logrados hasta ahora, sin embargo, pertenecen a ámbitos secundarios, y no se han trasladado a mejoras visibles para las comunidades.

Las empresas aprovechan la debilidad de la normativa ambiental y social y la falta de controles rigurosos para reducir sus costos de gestión. Las empresas privadas, que muchos toman como ejemplos de “buena gestión”, por su capacidad de cumplir formalmente con los requerimientos de la normativa ambiental, producen fuertes impactos. En el caso de la mina Bolívar—empresa Sinchi Wayra–Illapa, la transnacional más grande de la zona, por mucho tiempo propiedad de la suiza Glencore, aunque ahora con participación pública—se observan graves incumplimientos reportados por las comunidades y confirmados por encargados estatales.

Pero los problemas se repiten bajo otros regímenes de propiedad. Emprendimientos mineros que son formalmente cooperativas, y por lo tanto se presentan como diferentes a las empresas convencionales, de todos modos actúan sistemáticamente violando las normas socio-ambientales y se resisten activamente a los controles del Estado. Incluso las empresas estatales, como la minera Huanuni, se encuentran entre los principales contaminadores detectados en el estudio.

Se observa que incluso cuando se cumple formalmente con normas ambientales, no se puede asegurar una reducción en los impactos. Es más, en una serie de entrevistas a actores clave, incluyendo expertos en estos temas, todos acuerdan en que no han habido avances significativos con el actual gobierno. Por todas estas razones, la minería en Bolivia, sigue sumida en la irresponsabilidad social y ambiental.

Las razones de la crisis

Es importante explorar las razones por las cuales fallan sean las normas, los controles o las instituciones estatales bolivianas, en poder asegurar una buena gestión social y ambiental de la minería.

En el estudio de la región del Lago Poopó se encontró, en primer lugar, que no se lograron avances significativos en el marco legal para la gestión socio-ambiental de las actividades mineras. La minería sigue siendo regulada, por un lado, por leyes y reglamentos del periodo neoliberal, como la Ley de Medio Ambiente de 1992 y los reglamentos ambientales del Código de Minería de 1997. Por otro lado, la más reciente novedad bajo la administración de Evo Morales, la Ley de Minería y Metalurgia sancionada en 2014, profundiza la marginalización de los actores comunitarios y limita la aplicación de los derechos indígenas.

En segundo lugar, el Estado tiene limitaciones institucionales para llevar a cabo una gestión socio-ambiental efectiva. Los actores estatales admiten que hay problemas y debilidades endémicas en el funcionamiento de la gestión, como la falta de personal, herramientas y recursos económicos para fiscalizar las actividades mineras.

Finalmente, se registra un conflicto de intereses, ya que la minería sigue siendo un sector económico estratégico para Bolivia, y los actores mineros son aliados importantes para el gobierno. Este tipo de factores confluyen en limitar los controles ambientales y la aplicación de los derechos de las comunidades de manera de no amenazar los supuestos beneficios económicos que generaría ese tipo de extractivismo. Un ejemplo destacado es que en la región del lago Poopó, las acciones del gobierno regional de Oruro para sancionar a la minera Huanuni por sus evidentes impactos ambientales, han encontrado resistencias tanto en el gobierno central como en los propios trabajadores mineros.

Las comunidades afectadas perciben que el actual gobierno favorece en diversos aspectos al sector minero en desmedro del ambiente y que sus demandas no son apoyadas ni escuchadas por las instancias del Estado. El gobierno incluso ha actuado sobre las organizaciones campesinas e indígenas, en unos favoreciendo a los grupos que le apoyan, y en otros hostigando a aquellos que denuncian el deterioro social y ambiental. Como resultado, entre otros problemas, se ha dividido a la federación indígena andina (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu - CONAMAQ), y se ha desempoderado a las comunidades locales.

La creciente dependencia de Bolivia de las exportaciones de minerales, que es defendida por muchos actores como promotora del bienestar económico, en realidad ha profundizado el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades rurales y ha aumentado las tensiones entre el sector minero y los pueblos indígenas-campesinos.

¿Remediación o alternativas?

El estudio muestra que las acciones puntuales o las remediaciones son insuficientes. Es urgente replantear los modos de vida y de desarrollo en las áreas donde tradicionalmente actúa la minería. No sólo el sector minero demuestra una crónica incapacidad de mejorar sus impactos socio-ambientales, lo que es exacerbado por las debilidades del Estado, sino que el verdadero aporte de los extractivismos mineros al desarrollo económico y social es también muy limitado.

La coyuntura de la baja de precios de los minerales podría aprovecharse para plantear propuestas y debates para la reconversión de la matriz productiva del altiplano boliviano que permita alejarse de la destructiva dependencia de una minería irresponsable y predatoria. Para avanzar en ese camino es necesario retomar las discusiones sobre alternativas al desarrollo.

Fuentes: “Evaluación de la gestión socio-ambiental del sector minero en Bolivia. El caso de la cuenca del lago Poopó”, por Diego Andreucci y Helga Gruberg Cazón, se publicó en Cochabamba (Bolivia). Se puede descargar en http://ambiental.net/wp-content/uploads/2016/05/AndreucciGruberGestionSocioAmbientalMineraBolivia16.pdf

Diego Andreucci es investigador en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona (España) y miembro de la Red Europea de Ecología Política (www.entitleblog.org).Correo-e: diego.andreucci@gmail.com twitter: @diegoandreucci

Helga Gruberg Cazón es ingeniera ambiental con una maestría en ciencias del desarrollo y la innovación rural de la Universidad de Wageningen, Países Bajos.

Publicado originalmente en Ambiental.net, el portal de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212256&titular=la-miner%EDa-en-bolivia-sigue-siendo-irresponsable-

 

 

Los gobiernos progresistas imponen el extractivismo mediante criminalización de la resistencia al avasallamiento de derechos humanos como en:

 

Ecuador

Reporte sobre la investigación defensorial por la agresión a Defensoras de la Pachamama en protesta contra el proyecto minero Río Blanco: SE ESPERA RESOLUCIÓN

El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama se encuentra a la espera de la resolución de la investigación defensorial CASO-DPE-0101-010101-209-2015-001168-EASU, abierta desde el 10 de noviembre de 2015 por la Defensoría del Pueblo (Zonal 6, Azuay), luego de que se aceptara a trámite la denuncia interpuesta por 8 mujeres de esta organización, debido a que fueron agredidas y detenidas en forma arbitraria, por la policía y agentes de seguridad, para impedir que protesten contra el megaproyecto minero Río Blanco. Este hecho se suscitó el 20 de octubre de 2015 en el Parque Central de Molleturo, durante la visita del Presidente Rafael Correa para inaugurar una obra de Ecuador Estratégico.

En la mencionada protesta pública y pacífica, las Defensoras de la Pachamama trataron de exhibir una pancarta con la consigna “Minería responsable, cuento miserable”, cuando fueron atacadas por la policía y agentes de seguridad política que les arrancharon la pancarta, agrediéndolas física y verbalmente, para luego sacarlas del Parque a la fuerza y detenerlas en una calle aledaña por más de 2 horas, violando así su derecho a la resistencia, libertad de expresión, opinión, reunión, manifestación, participación, integridad física, libre tránsito, entre otros, reconocidos en la Constitución ecuatoriana y tratados internacionales.

Frente a lo denunciado por las Defensoras de la Pachamama, el 20 de noviembre de 2015, el Intendente General de Policía de Azuay Ing. Luis Calle Peñaherrera, elaboró un informe por requerimiento del Gobernador de la provincia, en base al cual se solicitó “se archive el proceso iniciado”. En este informe el Intendente afirma que las manifestantes intentaron romper un supuesto cerco policial que se había instalado para impedir el acceso al Parque de Molleturo, y que más bien, las mujeres agredieron a la policía.

Se ha podido constar que no existe ningún otro documento de lo ocurrido ese día en Molleturo, ni siquiera un parte policial, como se indica en el “Informe Ejecutivo del Operativo de Control y Seguridad durante la Visita del Señor Eco. Rafael Correa Delgado Presidente de la República del Ecuador a la provincia del Azuay el día martes 20 de octubre de 2015”, elaborado el 31 de enero de 2016 por el encargado del operativo Crnl. Rubén Reyes Pacheco. 

Posteriormente, el 16 de marzo de 2016, el Intendente de Policía se presentó a rendir su versión dentro de la investigación, ratificándose en el contenido de su informe, y señalando además que la manifestación no fue pacífica pues las manifestantes procedieron a agredir a la policía intentando ingresar al Parque a “ofender al presidente”. Así mismo afirmó que no hubo detenidos. 

Esta misma versión fue sostenida por los jefes de la policía: Coronel Rubén Reyes Pacheco, Jefe del Distrito Cuenca Sur y jefe del operativo, así como por el Tnte. Coronel Juan Guerra Palacios, encargado del operativo en Molleturo, cuando se presentaron a rendir sus declaraciones el 16 de marzo de 2016.

Sin embargo, la policía no ha presentado ninguna prueba de las acusaciones que hace en contra de las denunciantes, por lo que las Defensoras de la Pachamama han contestado con sendos oficios dirigidos al Coordinador Defensorial Dr. Jorge Valdivieso Durán, señalando entre otras cosas:

“Que en nuestra calidad de Mujeres Defensoras de Derechos desde hace más de una década venimos desarrollando actividades públicas y pacíficas para la defensa y promoción de los Derecho Humanos, Ambientales, de Género y de la Madre Tierra. De igual manera acogiéndonos a lo establecido en la Constitución vigente sobre el derecho a la resistencia, a la libertad de opinión y expresión, de asociación, reunión, manifestación y participación, es pública nuestra oposición a que se desarrollen megaproyectos de minería en las zonas de páramo de Río Blanco y Quimsacocha, por los graves impactos que provoca la minería en los ecosistemas, las poblaciones, particularmente en las mujeres, y en los Derecho Humanos y de la Naturaleza…” 

“Que por nuestra labor como Defensoras de Derechos Humanos hemos sido blanco permanente de criminalización, represión y persecución por parte del Estado y gobiernos de Ecuador, siendo, en varias ocasiones violados nuestros derechos, y habiendo recibido agresión física y verbal por parte de la fuerza pública durante manifestaciones públicas y pacíficas. Es por ello que hemos venido denunciando constantemente esta situación en distintas instancias a nivel nacional, pero nunca hemos encontrado una respuesta positiva a nuestros reclamos, cuando se supone que el Estado y gobierno deben protegernos y dar las facilidades para que desarrollemos nuestra labor, de acuerdo a tratados y convenios internacionales que el país ha firmado y ratificado sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos.” 

“Manifestamos nuestra indignación absoluta y rechazamos rotundamente la contestación dada por la Gobernación del Azuay y el informe presentado por el Intendente de Policía, en donde sí se está faltando a la verdad y tergiversando los hechos…”

“El Intendente nos acusa directamente de realizar acciones violentas, es más, de agredir a la policía, pero no presenta ninguna evidencia que respalde sus declaraciones, quedando dichas acusaciones en simples enunciados carentes de valor jurídico, para lo que Usía Juzga.”

“¿Un grupo de mujeres adultas, la mayoría cercanas o ya de la tercera edad, podría pretender romper un supuesto cerco policial, con qué sabe qué intenciones?, según lo dicho en el informe de la policía. Definitivamente no, sólo que sea un grupo de ancianas privadas de sus facultades mentales, “viejas locas” en palabras de la policía. Esta insinuación implícita en lo señalado por el Intendente en su informe es totalmente inaceptable para nosotras y constituye una agresión más de parte de la policía, ya que es la típica forma de estigmatizarnos y descalificar nuestra labor haciéndonos ver como personas que actúan sin sentido, agresivas y peligrosas. 

¿Puede un grupo de 8 mujeres adultas agredir a un enorme contingente de policías, entre hombres y mujeres, mucho más jóvenes, altas/os, fuertes, preparadas/os físicamente y mentalmente para atacar y defenderse de ataques, que incluso tenían escudos protectores, toletes, cascos, ropa especial de protección? Es realmente una vergüenza que se afirme tal cosa…”

“… el informe del Intendente con una versión totalmente fuera de la realidad, no tiene base legal, ni hace prueba alguna, pues no tiene respaldo, ni legal, ni lógico a la luz de los elementos fácticos acontecidos, lo que le resta total credibilidad.”

“Volvemos a recalcar que las versiones dadas por el Intendente y los oficiales de policía no se apoyan en ninguna evidencia material, ya que no existe ni siquiera un parte policial y no se ha presentado ninguna prueba a lo largo de este proceso de investigación. Nosotras en cambio hemos presentado fotografías, audios y videos que apoyan nuestras declaraciones y la de nuestros testigos, donde no aparece el mencionado cerco policial, pero si se puede ver claramente momentos en que la policía por la fuerza nos quita las pancartas que intentamos exhibir… También está registrado como ante nuestros reclamos por no dejarnos ejercer nuestro derecho a la protesta, fuimos agredidas junto con otros compañeros que nos acompañaban en esa manifestación…” 

“Los actos desplegados en contra de nuestra organización, profundizan la intolerancia al libre ejercicio de nuestros derechos, y sobresale la criminalización de nuestra libertad por ser Defensoras de Derechos, además al afirmarse que nosotras hemos agredido a la policía, lo cual, no es cierto, ni existe prueba de tal acusación, no es más que una calumnia que atenta en contra de nuestro derecho al buen nombre como mujeres organizadas.”

Respecto al informe del Intendente de Policía y las declaraciones de los jefes encargados del operativo, Lina Solano Ortiz, miembro del Directorio del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama dijo: “¿Cómo es posible que Mujeres Defensoras de Derechos seamos agredidas y detenidas en forma ilegal y totalmente injusta, y luego tengamos que soportar que en la investigación el Intendente y los jefes de la policía mientan de la manera más descarada, y lo que es más indignante, que digan que nosotras hemos sido las agresoras, continuado de esa manera las ofensas, estigmatizándonos y criminalizándonos dentro del propio proceso?”.

Por otra parte, dentro de esta investigación se ha podido tener acceso a la ORDEN DE SERVICIO No. 2015-1271-P3-SZA-1, la que contiene las directrices generales bajo las que la policía debía actuar en el operativo el día 20 de octubre de 2015, y respecto al que las Defensoras han presentado un oficio en el que entre otras cosas señalan:

1.      “El operativo preparado por la policía para el 20 de octubre de 2015 con motivo de la visita del Presidente Rafael Correa a Cuenca, según la Orden de Servicio No. 2015-1271-P3-SZA-1, establece en el numeral 2, correspondiente a la misión del operativo: “…mantener el control del orden público y seguridad del Sr. Presidente y de la ciudadanía en general.”, indiscutiblemente un objetivo definido en términos tan generales conlleva un amplio margen de interpretación, lo que a su vez se presta para que cualquier tipo de manifestación -por más pacífica que sea- pueda calificarse como un atentado al “orden público” o la “seguridad del Presidente”, y en base a ello justificar la actuación de la policía. Dado que no se define qué se entiende por “orden público”, consideramos que implícitamente el operativo le confiere a la fuerza pública la potestad de prohibir cualquier tipo de expresión de descontento hacia el gobierno.

Claramente el operativo estuvo diseñado bajo la premisa de que ocurrirían manifestaciones en contra del Presidente, y en tal sentido la policía tenía órdenes de repeler cualquier tipo de protesta, detener a manifestantes y documentar en video y audio pruebas que permitan su judicialización, tal y como lo establece la mencionada Orden de Servicio en el liberal “bb. El parte policial será elaborado por el miembro policial que procede a la aprehensión de las personas que se encuentre dentro de posibles protestas en contra del gobierno de acuerdo al formato establecido, de manera detallada y narrando la infracción si fue cometida en presencia de la Policía y en lo posible adjuntando pruebas o evidencias (fotos).” Y en el literal ”K:  Todas las acciones que articule la policía nacional dentro de todos los servicios involucrados serán documentadas, apoyadas en las operaciones de inteligencia mediante el registro de videos y audios que permitan establecer e identificar actores que trasgredan la ley penal, durante la permanencia del Sr. Presidente de la República” (el resaltado es nuestro).

Esta interpretación nos preocupa por cuanto ni en la Constitución vigente, ni en las leyes ecuatorianas, ni en la legislación internacional, se prohíbe que las ciudadanas y ciudadanos puedan expresar públicamente, en forma pacífica, ante cualquier autoridad (incluido el Presidente), su desacuerdo a políticas, prácticas o proyecto que afecten a la población. Impedir y criminalizar la protesta social y el reclamo, constituyen violaciones a los fundamentos y principios democráticos, los Derechos Humanos y de la Madre Tierra, más en un país que ha reconocido los Derechos de la Naturaleza, y cuyo gobierno se jacta de tener la Constitución más “progresista” del mundo.”

2.      “No hay que olvidar que en este operativo se actuó en forma violenta contra nosotras no sólo con el objetivo de arrebatarnos la pancarta de tela que exhibíamos y sacarnos del Parque y detenernos en una calle aledaña, sino que se vulneró flagrantemente nuestros derechos, pese a que no estábamos realizando actos en contra de la ley. Entonces, presumimos que esta actuación ilegal de la Policía está enmarcada en lo que establece la Orden de Servicio No. 2015-1271-P3-SZA-1, que señala en el literal “g.” “…acción de masa con el carácter netamente preventivo, aplicando el uso progresivo de la fuerza.”.

Nos preguntamos si dar golpes y patadas, lanzar puñetes e insultos a las y los ciudadanos que ejercen sus derechos ¿es “uso progresivo del fuerza” con “carácter netamente preventivo”?

Conjuntamente se señala en la mencionada Orden de Servicio “uso progresivo de la fuerza, siempre y cuando sea estrictamente necesario” (literal “m.”, subrayado por nosotras), y más adelante en el literal “v.” se menciona expresamente que se “…evitarán el plagio de Funcionarios o personas comunes, la toma de instalaciones Públicas, la obstrucción de carreteras, el daño a la propiedad privada o pública.”. 

Entones, se clarifica con absoluta nitidez que nada justifica la actuación de la policía, pues nosotras no estábamos cometiendo ningún delito, ni de los mencionados, ni de ningún otro tipo, simplemente ejercíamos de forma lícita y pacifica nuestro derecho a la resistencia, a la libre expresión y opinión.

3.      “En este sentido, con mayor abundamiento de los propio derechos transgredidos, se vislumbra como voz definitiva que la policía no actuó bajo los principio de “…Derechos Humanos, Legalidad, Ponderación, Proporcionalidad y Responsabilidad…” como se señala en el literal “x.” de la Orden de Servicio No. 2015-1271-P3-SZA-1, sino más bien bajo la vieja política anárquica de impedir cualquier protesta contra el gobierno, por pacífica que ésta sea, lo cual es totalmente inconstitucional, antidemocrático y contrario a los Derechos Humanos y de la Naturaleza, patentizándose más bien los peligrosos niveles de intolerancia que creíamos haber desechado con la Constitución vigente, la cual establece en el Artículo 1 que: EL ECUADOR ES UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA…

El gran número de personal asignado para el operativo del 20 de octubre de 2015 corrobora lo que decimos: un contingente total de 436 efectivos, más 153 aspirantes de las Escuelas de Formación, según consta en la referida Orden de Servicio. Para el caso de Molleturo, alrededor de 100 policías, entre hombres y mujeres, a lo que hay que sumar el contingente militar, los agentes de seguridad y los policías que llegaron con la caravana Presidencial.” 

Con respecto a este documento de la policía, Lina Solano Ortiz acotó: “A ello habría que añadir la realización de sobrevuelos por parte de la unidad Aero-policial dispuesto en la Orden de Servicio, así como el uso de caballos y perros, con lo que Molleturo estaba totalmente militarizado ese día para hacer aparecer como que el Presidente tuvo un gran recibimiento y que todos están felices con el proyecto minero”. 

Por el inquietante contenido de la referida Orden de Servicio, las Defensoras de la Pachamama dirigieron el 2 de mayo un oficio al Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo de Ecuador, para expresarle su más profunda preocupación “por la falta de garantías para el ejercicio de fundamentales derechos reconocidos en la Constitución vigente como son: el derecho a la resistencia, integridad personal, libertad de opinión, de expresión, reunión, manifestación, participación, entre otros…” , si la policía está desarrollando sus operativos de la misma manera en otros lugares del país. 

En esas circunstancias es claro para el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama que lo ocurrido el 20 de octubre de 2015 en Molleturo es una muestra más de los niveles de intolerancia del gobierno actual frente a las expresiones del descontento popular. 

Por ello toma mayor relevancia la resolución que emita la Coordinación Zonal 6 de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, siendo la institución que, por mandato constitucional, tiene que proteger y tutelar los derechos, además de que debería ser un ente activo en la protección de las y los defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza. 

Es necesario que la resolución que adopte la Defensoría del Pueblo en este caso, siente un precedente a favor de las y los defensores de derechos y de la vigencia de la Democracia en el país, caso contrario continuará reinando la prepotencia y el abuso de poder, evidenciándose nuevamente que las y los defensores de los Derechos Humanos se encuentran en total indefensión en Ecuador. 

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Protección del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama

¡POR EL DERECHO A DEFENDER NUESTROS DERECHOS Y A LA MADRE TIERRA!

COMISION DE COMUNICACIÓN DEL FRENTE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA

Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama
Dirección: Luis Cordero 7-23 y Presidente Córdova,

Edificio “Pumapungo”, Tercer Piso, Oficina D1
Teléfono: (593) 7 2 826 876
Celular: (593) 988699363
Skype: Defensoras Pachamama
http://defensoraspachamama.blogspot.com/
Facebook: Defensoras de la Pachamama
Twitter:
@DefensorasPacha
YOUTUBE: DefensorasPachamama
CUENCA – ECUADOR

defensoraspachamama@gmail.com

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2016/05/13/ecuador-reporte-sobre-la-investigacion-defensorial-por-la-agresion-a-defensoras-de-la-pachamama/

 

En consecuencia, urge la ruptura de la conciliación de clases que fomentaran e institucionalizaran los gobiernos progresistas y sus intelectuales obsecuentes.

 

 

Desde Colombia con terrorismo estatal y paraestatal nos abren a caminos emancipatorios:

 

 

“En mayo se viene el paro agrario para presionar al gobierno por no cumplir”

27 de abril de 2016


Por Carlos Aznarez / TeleSur

26 abril 2016.- Entrevista con el dirigente indígena colombiano Feliciano Valencia

(...)-¿Cómo está y qué lugar ocupa el movimiento indígena latinoamericano? ¿Existe alguna plataforma de unidad? 

-El millón trescientos cuarenta y dos mil indígenas aproximadamente que somos en Colombia estamos recogidos en cuatro grandes organizaciones. La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Opiac, reúne todos los pueblos de la Amazonía, la Corporación Indígena Tayrona que agrupa a todos los pueblos indígenas del norte del país, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia que suma a un grupo de pueblos indígenas muy importantes en el país y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, que integra al grueso de los pueblos indígenas organizados en nuestra nación. Estamos agrupados en 6 macro-regionales que recogen y aglutinan todos los procesos en el país. Somos 82 pueblos indígenas organizados. 

La ONIC está alineada en la Coordinadora Ancestral de Organizaciones Indígenas del Continente Americano (Caoi), en esa medida articulamos con pueblos indígenas de Chile, Perú, del Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Venezuela, incluso los pueblos indígenas y aborígenes de las Antillas colombianas. Esa es como la plataforma donde nos agrupamos los pueblos indígenas. Tenemos un fondo indígena al cual los gobiernos de Sudamérica, Centroamérica y América en su conjunto aportan, para que esta coordinadora pueda hacer su ejercicio de articulación política y organizativa. Se vienen desarrollando varios proyectos alrededor de aglutinar a los pueblos indígenas del continente, y venimos despejando una agenda que tiene tres elementos: 

Por un lado, la defensa territorial frente al ejercicio extractivista de las multinacionales que le sirven al modelo. Venimos unidos en términos de librar esa defensa territorial. 

También venimos despejando la idea de tener un modelo económico alternativo que sea capaz de satisfacer las necesidades que hoy tenemos los pueblos indígenas. Y por el otro lado la consolidación desde la conversa permanente, de esa noción de poder alternativo, desde la ancestralidad que nos asiste como pueblos indígenas. 


Esa es la agenda que venimos desarrollando, y eso ha derivado también en términos de participación política para plantear lo que los países en materia constitucional nos han venido entregando. Participar en las corporaciones públicas, en la construcción de políticas públicas, incidir en los planes de desarrollo que los países tienen, y definir una agenda común tal y como está mandatado en uno de los puntos del Congreso de los Pueblos. Esa es la apuesta como pueblos indígenas a nivel del continente. 

Como pueblos indígenas colombianos hemos venido construyendo mandatos en términos de defender el territorio, desarrollando lo que conocemos como liberación de la madre tierra. Estamos avanzando en la consolidación de un movimiento social y político en términos de confrontar el ejercicio de participación en el sistema político nacional. Venimos legislando para que esas conquistas que la movilización ha posibilitado, más concretamente la puesta en marcha de los decretos autonómicos firmados con el gobierno en el año 2013 que nos permite la consolidación de los sistemas de educación, salud y territorios ancestrales, y por el otro lado venimos preparando una agenda de movilización nacional que la vamos a poner a conversar con otros procesos en estos últimos meses.

-¿Marchan hacia una medida de fuerza? 

-La ONIC ha votado fecha de paro nacional el primero de mayo. Se viene adelantando conversas con las centrales obreras, con los movimientos sociales y populares en términos de movilizarnos a partir de mayo. Se habla del cambio de directrices nacionales de las organizaciones en el mes de octubre. Todos los pueblos indígenas agrupados en la ONIC estaremos haciendo presencia en Bogotá para el cambio de los directivos de la organización Nacional Indígena de Colombiana. Y comenzamos a prepararnos internamente para afrontar el tema del posconflicto, el tema de la participación en la refrendación de los acuerdos de paz, y el tema de asumir todos los avances, retos y desafíos que tendrá la implementación de todos los acuerdos en el territorios 

-¿Qué es eso de la liberación de la madre tierra? 

-En el año de 1971 de la mano del movimiento campesino, en ese tiempo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, nació el Concejo Nacional Indígena del Cauca, CRIC, con una firme convicción de recuperar la memoria para generar la conciencia y organizar a los pueblos dispersos en ese tiempo. La bandera de lucha fue la tierra, y la reivindicación de los derechos como pueblos originarios. Esa tarea nos llevó 10 años, en los que logramos consolidar la organización regional y libramos la pelea por la recuperación de la tierra. En ese entonces la lógica era “tierra para la gente”. Habíamos sido expropiados, las tierras de nuestros abuelos fueron arrebatadas por los terratenientes y hacendados, y prácticamente los indios estábamos esclavizados en las tierras que eran de nuestros abuelos. 

Después en la otra fase, 1980, la organización indígena se dio a la tarea de consolidar la autonomía en cabeza de los cabildos, figura organizativa que hoy hace el ejercicio del gobierno al interior de los territorios. Eso nos llevó otra década. De manera alterna íbamos avanzando con los procesos de recuperación de tierras. Esa tarea llegó hasta 1991 cuando se presentó la masacre del Nilo, el asesinato de 20 compañeros aquí en el municipio de Caloto. Fue el momento en que culmina esa fase de recuperación de tierra de los pueblos del departamento del Cauca y del Norte del Cauca. A partir de ahí se da como una transición, porque llega la nueva constitución política de Colombia, donde nos reconocen como sujetos con derechos políticos en igualdad de condiciones al resto de la población colombiana, y empieza una nueva fase. 

Nosotros manejamos el eslogan que pasamos de la protesta a la propuesta, y empezamos a consolidar lo que hoy tenemos como base organizativa del movimiento indígena: la participación política, el acceso a las corporaciones públicas, el acceso a los recursos económicos de la nación, la formación de la dirigencia y las comunidades y el autogobierno. Dejamos un poquito la fase de recuperación de tierras y nos pusimos en la fase de la administración, la construcción de políticas públicas, y la participación en el resto de la sociedad colombiana. Eso nos llevó hasta el año 2005, cuando en el resguardo indígena de Huellas, a raíz del incumplimiento de los gobiernos de los acuerdos pactados con las comunidades indígenas, decidimos nuevamente romper esa mentalidad de construir desde lo que nos da el estado para enarbolar la lucha por la recuperación de la tierra. En ese entonces dimos dos debates. Antes, la recuperación se daba en materia de llegar a la tierra, hacer presencia en la tierra, quedarnos en las tierras que recuperamos, hasta que el Estado nos definiera la legalidad y la propiedad sobre esos territorios ocupados. 

En el año 2005 cambia la estrategia en términos de ocupar las tierras, y apenas llegar el gobierno, ponernos a negociar con él. Esto cambia un poco la mentalidad en términos de volvernos más negociadores que liberadores. Después, pasados tres años, se rompe esa lógica nuevamente y decidimos enarbolar la consigna de Liberación de la Madre Tierra en tres sentidos. 

Por un lado, volver a ocupar las tierras que son de nuestros ancestros. Segundo, quedarnos en esas tierras en una lógica de que el gobierno nos entregue los predios ocupados y por el otro lado motivar, empujar y organizar a las comunidades indígenas para que no solo defiendan esa tierra ocupada en manos de los terratenientes, sino que defiendan todo el territorio. Eso se dio así porque estábamos siendo víctimas de multinacionales madereras, como Smurfit Kappa de Colombia que tiene todo ocupado desde el municipio de Buenos Aires hasta la región del Nasa. También nos estaba ocupando la Anglo Gold Ashanti que llegó a nuestro territorio a extraer el oro, Lo mismo ocurría con las multinacionales del agua, que se asentaron en el macizo colombiano y que tuvieron coberturas hasta estas regiones, y además nos ocuparon multinacionales de producción y extracción cañera. Ante esa situación, la consigna fue, no solo quedarnos en las tierras ocupadas para dárselas a los indígenas, sino defender todo el territorio. Esa tesis se llamó Liberación de la Madre Tierra. No bastaba solo con tener la tierra, sino defender la tierra porque estábamos siendo víctimas de poderosos sectores económicos que venían a hacer negocios con los recursos, las tierras y los territorios. 

Es bien cierto que en el año 2005 cuando iniciamos nosotros la ocupación de predios fuimos acompañados por otros sectores, estudiantiles, sindicales, campesinos, afrocolombianos, o sea la diversidad fue plena en el año 2005. Entonces tiene como tres enfoques: ocupación de tierras, defensa territorial y articulación con otros procesos sociales y populares del país. 


-Con esa experiencia y con esa capacidad organizativa, y con la vinculación de diferentes sectores y la configuración de un movimiento social. ¿Qué le hace falta a este bloque popular para lograr mejores condiciones sociales? 

-Creo que tenemos que despejar varios dilemas. Por un lado, la izquierda colombiana debe lograr una transformación en términos de precisar la ideología, o mejor dicho la trinchera de pensamiento desde donde vamos a construir poder. Aquí hay un dilema que nos tiene un poco enredados. O le apostamos al modelo comunista y entonces cuando hablamos de comunista o el comunismo, muchos se incomodan. O le apostamos al modelo socialista, y cuando hablamos de eso también muchos se timbran. O le apostamos al modelo comunitario que planteamos los pueblos indígenas. Se trata de definir cuál es la trinchera ideológica, la trinchera histórica y la aquella desde donde vamos a librar esa lucha por la consolidación de este poder.

 

Segundo dilema que despejar: ¿nos tomamos el poder actual, ese poder corrupto, ese poder lleno de mañas, ese poder burócrata, solamente cimentado en el devengar? ¿Nos tomamos ese poder copado por las mafias, y hacemos parte de ese sistema político que nunca permitió que la democracia funcione? ¿Nos tomamos ese poder que le hace juego a un modelo económico de atentar contra el territorio? ¿Nos tomamos ese poder que siempre nos ha excluido?. O nos ponemos a construir el nuestro. Si esto es así, tenemos que renunciar a una cantidad de cosas que nos amarran a ese poder. Y profesarnos una autonomía propia, sobre un modelo propio y sobre un esquema o una plataforma donde nos articulemos todos y todas desde nuestros intereses. Entonces, hay que ir despejando esos paradigmas que tenemos cada una de nosotros, tenemos que ponerlos sobre la mesa y superarlos. 

 

Los indios tenemos un pensamiento, los campesinos tienen otro, igual que ocurre con los afros, los urbanos, los estudiantes, las mujeres, los cultores, los grupos minoritarios. Entonces, cómo ponemos esos pensamientos y esas apuestas que tenemos y cómo ponernos a tejer estos dilemas. Desde que trinchera vamos a construir para no caer en una trinchera que impongan otros. Tiene que ser una que construyamos entre todos y todas y que nos identifiquemos con ella. 

Tercero, tenemos que quitarnos muchas mañas o intereses que tenemos en la cabeza. Por ejemplo: los políticos de izquierda tienen que abrir su mentes para que podamos estar nosotros también y entonces no repetir la historia del que el político es el que define y el pueblo va detrás. Aquí tenemos que romper ese esquema. 

El congreso de los Pueblos en eso ha sido muy enfático en decir construyamos desde abajo. Esto no es de vanguardia esto no es de personas importantes aquí todos somos y hay que empujar entre todos. 

 

El otro elemento que tenemos que concretar es como organizamos una plataforma donde pongamos esas ideas y que se vayan volviendo una noción de país, una noción de estado, una noción de poder político y una noción de democracia realmente participativa. O sea, esos son los enormes desafíos que nosotros tenemos para que esta unidad en la diversidad, sobre un propósito común, se vayan planteando. 

 

Y por el otro lado, si tenemos que despejar, al menos como Congreso de los Pueblos, cuál va a ser el modelo económico que vamos a tener de base para que estos procesos puedan empujar. ¿Es lo agrario?, ¿es lo público?, ¿es la empresa?, es el cooperativismo? Cuál es modelo económico que cabe a esta noción de plataforma de proyecto político y de poder, para que se pueda ir concretando en el tiempo. 
Entonces viene el dilema, ¿vamos a seguir haciendo la política como actualmente la hacemos? El afán nuestro es de llegar a los concejos, a la asambleas , a las alcaldías, al Congreso. ¿Ese es nuestro afán político? O nuestro afán político va a ser romper con esos paradigmas y ponernos a construir. Yo creo que nos falta precisar esos asuntos, andarlos mas rápido, concretar y construir, poner en el debate esa noción de país, de poder, de sistema, de economía, de democracia que nosotros profesamos Y mandarlo al debate nacional a ver que va surgiendo, como vamos recogiendo en estos ejercicios, en este esfuerzo de consolidar esa propuesta alternativa que tanto hemos venido hablando. 

El otro movimiento que tenemos que hacer es estar muy pendientes de las conversas que van a iniciar con el ELN y analizar muy bien los acuerdos de La Habana. Conversar con las FARC y todo ese proceso social que ellos tienen. En términos de ponernos de acuerdo sobre esta visión de gobierno, poder y democracia. Conversar con el ELN este mismo asunto, para ver donde podemos articular, donde hay elementos comunes para luego no estar chocando entre nosotros mismos. Por que si esto no se conversa, me preocupe mucho que los acuerdos de La Habana terminen tensionando lo que estamos construyendo los de abajo, o que la implementación de muchos acuerdos terminen deslegitimando algo que venimos haciendo los pueblos indígenas. 

Creo que la conversa tiene que irse poniendo en este escenario, en este talante, en esta idea. Mejor dicho, cómo son capaces nuestros mundos de articularse en una plataforma para empujar todo desde allí. Sin creernos los primeros, los únicos, o los que tenemos la solución pero si empeñados en que no sigamos repitiendo la historia. Los pobres somos más en Colombia pero no nos encontramos. Los alternativos, los que nos pensamos otro país, somos muchos pero no nos podemos encontrar, y las víctimas de este conflicto social somos millones pero no podemos articular, y siempre la derecha, el sistema político y los corruptos se mantienen. 

Eso es lo que tenemos que despejar y empezar a romper. Pienso yo que es un tema que hay que poner en el debate.. 

-Se viene un paro nacional. En ese sentido de converger, ¿cómo piensa que debe ser la expresión de esa movilización nacional, teniendo en cuenta el contexto de “la paz” de Santos, que mientras dialoga, ha seguido reprimiendo y sometiendo al pueblo? 

-Hay una agenda que como movimiento indígena venimos empujando, que tiene que ver con autonomía, que tiene que ver con tierra y territorio, y también con unos acuerdos pactados con el gobierno. Esa es nuestra agenda, que ha logrado confluir en lo que llamamos Cumbre Agraria Étnica Campesina y Popular, sobre una metodología de movilización y negociación. 

Segundo, hay una agenda como Congreso de los Pueblos que nos estamos pensando, además de los puntos que tiene la cumbre la construcción de poder popular desde abajo. 

Tercero, hay un movimiento afrocolombiano que se viene articulando en términos de precisar su escenario organizativo. Y por el otro lado, está la intención de abrir estos escenarios de Cumbre y Congreso de los Pueblos para ir aglutinando muchas fuerzas. Ese esfuerzo de lucha y movilización social bien compaginado con algo que llamamos la Mesa Social para la Paz, ahí hay muchos procesos que están convergiendo, un sector de la iglesia, un sector de la academia, los procesos sociales y populares, los movimientos étnicos y las fuerzas políticas. 

Por el otro lado, está la apuesta del gobierno Santos en términos de construir la paz desde los territorios. Entonces nos a puesto un desafío en términos de cómo convergemos. Pero la jornada de mayo se esta pensando en lo siguiente: uno, presionar al gobierno para que cumpla la palabra empeñada, en el marco de la minga indígena, de la cumbre agraria y del Congreso de los Pueblos. Y también de los sectores afrocolombianos. O sea, cómo la movilización en caliente nos permita articularnos, sentarnos y poner andar esta idea de plataforma de carácter nacional, donde converjamos y pongamos las apuesta sobre la mesa.

www.telesurtv.net/bloggers/En-mayo-se-viene-el-paro-agrario-para-presionar-al...

Fuente: http://argentina.indymedia.org/news/2016/04/890742.php

 

 

Desde Venezuela nos muestran que se trata de "la más firme unidad del movimiento popular, y la más activa movilización" para "enfrentar al golpismo en la calle y en los problemas cotidianos".

 

 

Carabobo: Organizaciones del Poder Popular

convocan a Marcha por un pliego anti-golpe.

6 de mayo de 2016

 

 

Daniel Rodríguez también convocante de la marcha expresó que la crisis que se ha desarrollado en centenares de empresas, en los espacios agrícolas y comunales sólo puede resolverse con la más firme unidad del movimiento popular, y la más activa movilización, por lo que llamó a la colectividad a participar en esta actividad.


Consideran urgente derrotar al golpismo en la calle y en los problemas cotidianos.

Por: Aporrea.org/Prensa CRPP/Yosmary Delgado
Organizaciones del poder popular en rueda de prensa

Valencia 5 de Mayo. En rueda de prensa realizada en las inmediaciones del Ateneo de Valencia, organizaciones del Poder Popular convocaron a una marcha de las comunidades, trabajadores, campesinos y demás sectores por un pliego popular anti-golpe, declararon que el principal objetivo se centra en enfrentar al golpismo en la calle y en los problemas cotidianos. Se plantea que tal movilización se efectúe el jueves 12 de Mayo y que parta desde las inmediaciones de la inspectoría Pipo Arteaga en Valencia y llegue hasta la plaza sucre de la capital carabobeña.

Luis Fernández vocero de las organizaciones convocantes de esta actividad, denunció que los trabajadores se enfrentan a una escalada de terrorismo laboral por parte de los patronos que han adoptado una modalidad de despidos masivos, desconocimiento de los derechos laborales, amenazas, simulaciones de hechos punibles, amedrentamiento entre otros, señaló que es importante revertir las agresiones de las que son víctimas los trabajadores de Amortiguadores Gabriel, Colgate Palmolive, Fundimeca, Polar, metales corrugados, Ford motors entre otras, puesto que tales constituyen un golpe dirigido a la moral de la clase trabajadora.

De igual forma Fernández reiteró que esta marcha además de respaldar al presidente Maduro y al gobernador Ameliach busca construir iniciativas unitarias de todo el movimiento popular para contrarrestar la desestabilización propiciada por la crisis del capitalismo y su progresiva capitalización por parte del golpismo.

Por su parte Daniel Rodríguez también convocante de la marcha expresó que la crisis que se ha desarrollado en centenares de empresas, en los espacios agrícolas y comunales sólo puede resolverse con la más firme unidad del movimiento popular, y la más activa movilización, por lo que llamó a la colectividad a participar en esta actividad.

Rodríguez señaló que los temas que abordará el pliego serán: el transporte, el abastecimiento de alimentos, la violencia delincuencial, los problemas laborales, el agua, la producción agrícola y la salud. Resaltó que la convocatoria a tal actividad la realiza, el Frente de Trabajadores Hugo Chávez, Consejo Regional de Delegados de Prevención, Consejo Revolucionario del Poder Popular, Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, sin embargo extendió el llamado a toda aquella organización revolucionaria que deseara sumarse a esta iniciativa.

Fuente: http://www.dariovive.org/?p=7864

 

 

Desde Francia nos alientan a romper con el sentido común que nos subordina a nuestros opresores. Nos proponen: "Ser razonable, racional, es ser radical".

 

 

Cuando la protesta se reconcilia con el idealismo. Es hora de ir por todo.

15 de mayo de 2016

Por Pierre Rimbert

La convergencia tan deseada entre las clases medias cultivadas, el mundo obrero establecido y los precarizados de los barrios relegados no ha de operarse alrededor de partidos socialdemócratas agonizantes, sino en torno a formaciones que se armen de un proyecto político capaz de hacer brillar de nuevo “el sol del futuro”. La moderación perdió sus virtudes estratégicas. Ser razonable, racional, es ser radical.

En Francia, la oposición a la reforma del Código de Trabajo y la ocupación de las plazas por el movimiento Nuit Debout han convergido en el rechazo de una visión ética de la política: esfumadas las esperanzas colectivas en el agujero negro electoral, se organizan al margen del orden social.

Demandar poco y esperar mucho: dieciocho años después de la creación de la Asociación para una Tasa Tobin de Ayuda a los Ciudadanos (Attac), en junio de 1998, la retención del 0,01% al 0,1% sobre las transacciones financieras inspiradas por el economista James Tobin para “poner un palo en la rueda” a los mercados tarda en hacerse efectiva. La forma edulcorada en que negocian sin entusiasmo los cenáculos europeos reportaría una fracción del monto (más de 100.000 millones de euros) estipulado en un principio. Pero, en realidad, ¿por qué haber exigido tan poco? ¿Por qué haber luchado tanto para introducir una fricción tan leve en la mecánica especulativa? La comodidad de la mirada retrospectiva y la enseñanza de la gran crisis de 2008 sugieren que la prohibición pura y simple de ciertos movimientos de capitales parasitarios se justificaba.

Esta prudencia reivindicativa refleja el estado de ánimo de una época en que el crédito de una organización militante ante un público urbano y cultivado se medía por su moderación. Con la caída de la URSS, el fin de la guerra fría y la proclamación por los neoconservadores estadounidenses del “fin de la historia”, toda oposición frontal al capitalismo de mercado estaba amenazada de ilegitimidad, no sólo a los ojos de la clase dirigente, sino también ante las clases medias ubicadas ahora en el centro del juego político. Para convencer, se creía, había que mostrarse “razonable”.
En verdad, la famosa tasa infradecimal –0,1%– presenta, incluso, en su falta de concreción, una virtud pedagógica incontestable:
si el orden económico se obstina en rechazar un arreglo tan módico es que es irreformable –y, por lo tanto, se debe revolucionar–. Pero para provocar este efecto de revelación, había que jugar el juego y ubicarse en el terreno del adversario, el de la “razón económica”.


El giro liberal
La idea de un orden al que oponerse con moderación se impuso en Francia con mayor evidencia porque la iniciativa política había cambiado de campo. Desde el giro liberal del gobierno de Pierre Mauroy, en marzo de 1983, no sólo la izquierda dejó de hacer propuestas destinadas a “cambiar la vida”, sino que los dirigentes de todas las procedencias políticas hicieron caer sobre el sector asalariado un diluvio de reestructuraciones industriales, contrarreformas sociales, medidas de austeridad presupuestaria, etc. En el espacio de algunos años, la relación con el futuro dio un vuelco. Si el levantamiento de los siderúrgicos de Longwy contra el cierre de fábricas de 1978-1979 dejó, por su inventiva, el esbozo de una contrasociedad obrera (1), la muy masiva de 1984 ya no pudo acariciar el sueño de la transformación social. La hora del combate defensivo llegó a principios de los años 1980 tanto en Francia como en Alemania después de la entrada en razón de la oposición extraparlamentaria y, en el Reino Unido, llegó en 1985, después del fracaso de la gran huelga de los mineros. Se trata desde entonces de hacer un poco menos dura la vida, de retraerse para atenuar el ritmo y el impacto de las desregulaciones, de las privatizaciones, de los acuerdos comerciales, de la corrosión del derecho de trabajo. La salvaguarda de las conquistas sociales, condición indispensable, dicta su urgencia y se impone poco a poco como el horizonte infranqueable de las luchas.
 

En vísperas de la elección presidencial de 1995, aun los partidos identificados con el comunismo se resignaron a defender sólo reivindicaciones como la prohibición de los despidos, el aumento del salario mínimo y la disminución del tiempo de trabajo en un cuadro salarial sin cambios. Conducido por la Confederación General del Trabajo (CGT) y por Solidarios, el movimiento ganador de noviembre-diciembre de 1995 contra la reforma de la Seguridad Social conducida por Alain Juppé mantuvo un tiempo la hipótesis de la necesidad de pasar la posta de una izquierda política exangüe a una izquierda sindical fortalecida. Lo que siguió estuvo marcado sobre todo por el auge de la antiglobalización.


El enfoque internacional de este movimiento, su calendario de convenciones y sus nuevas maneras de militar descansaban sobre un principio diferente a la vez de las confrontaciones ideológicas propias del post-sesenta y ocho, y de las indignaciones morales a la manera de “Restos du coeur”**: una segunda evaluación, apoyada sobre análisis científicos bien hechos para convencer a simpatizantes más familiarizados con las aulas que con las cadenas de montaje. Con sus economistas y sus sociólogos, sus siglas en porcentajes y sus descifrados, sus antimanuales y sus universidades de verano, Attac tenía como misión popularizar una crítica especializada del orden económico. Ante cada decisión gubernamental que debilitaba los servicios públicos, ante todo acuerdo de librecambio urdido en secreto por las instituciones financieras internacionales respondían un conjunto de impecables argumentaciones, decenas de libros y cientos de artículos.
 

Tratándose de inequidades, de política internacional, de racismo, de dominación masculina, de ecología, cada sector protestatario sacó a relucir desde esta época a sus pensadores, sus profesionales, sus investigadores, con la esperanza de dar credibilidad a sus decisiones políticas con el respaldo de una legitimación teórica. Esta crítica, conjugada con la degradación de las condiciones de vida, permitió movilizar a poblaciones políticamente desorganizadas, pero vulnerables a una globalización cuya violencia hasta ese momento estaba concentrada en el mundo obrero.


El movimiento, al que Le Monde diplomatique estuvo estrechamente asociado, probó su seriedad, obtuvo victorias en el mundo intelectual, en los libros, en la prensa y hasta causó sensación en los noticieros. Durante infinito tiempo repitió evidencias mientras que sus adversarios, sin escrúpulo y sin descanso, ponían en práctica sus “reformas”. Como lo sugirió la ola contracultural de los años 1970,
un orden político de derecha se lleva muy bien con los best-sellers de izquierda. Al oponer su buena voluntad inteligente a la mala fe política del adversario su crítica se hizo más audible. Pero no más eficaz, como lo probará la amarga experiencia, en 2015, del ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, cuyos razonamientos académicamente homologados no pesaron frente al encarnizamiento conservador del Eurogrupo (2).


Metas módicas de la izquierda
En el cuadro ideológico que cubre el período 1995-2015, coexisten dos elementos contradictorios. Por un lado, una repolitización trémula al principio y efervescente después, que se tradujo en una sucesión de luchas y de movimientos sociales masivos: 1995, 1996 (indocumentados), 1997-1998 (desocupados), 2000-2003 (cumbre de la ola antimundialización), 2003 (jubilaciones), 2006 (estudiantes precarios), 2010 (reformas de las jubilaciones), 2016 (derecho del trabajo), rechazo de los grandes proyectos inútiles (en particular a partir de 2012). Por otro lado, instituciones contestatarias fragilizadas: fuerzas sindicales contra la pared, movimiento social vuelto –o dado vuelta– hacia la especialidad, partidos de izquierda radical enterrados en las arenas de un juego institucional desacreditado. El aliento, las esperanzas, la imaginación y la cólera de unos no resuenan en los eslóganes, los libros y los programas de los otros.
Todo sucede como si treinta años de batallas defensivas hubieran quitado a las estructuras políticas su capacidad de proponer –aunque fuera desde la adversidad–, una meta de largo plazo deseable y entusiasmante – esos “días felices” que imaginaron los Resistentes franceses a principios del año 1943.
En un contexto infinitamente menos sombrío, muchas organizaciones de militantes se resignaron a no pretender lo imposible, sino a solicitar lo aceptable; a no anticiparse nuevamente sino a desear la detención de los aumentos de la edad jubilatoria. A medida que la izquierda erigía su modestia en estrategia, el plafón de sus esperanzas bajaba hasta el umbral de la depresión. Era necesario enlentecer el ritmo de las regresiones, perspectiva poco alentadora porque hacía parecer el “otro mundo posible” al primero, pero algo degradado. La precariedad, como símbolo de una época, marcó el combate ideológico –“precario”, del latín precarius: “obtenido por la oración”…


Regreso de las grandes ambiciones
¿Asistimos a la culminación de este ciclo? El brote de movimientos observado sobre varios continentes desde principios de los años 2010 hizo surgir una corriente minoritaria pero influyente, cansada de solicitar sólo migajas y de no recoger sino viento. A diferencia de los estudiantes de origen burgués de Mayo de 1968, estos contestatarios conocieron y conocen la precariedad de sus estudios. Y, contrariamente a los procesionarios de los años 1980, no temen la asimilación del radicalismo a los regímenes del bloque del Este o al “gulag”: todos los que, entre ellos, tienen menos de 27 años nacieron después de la caída del muro de Berlín. Esta historia no es la suya. Con frecuencia provenientes de franjas desclasadas de las capas medias producidas en masa por la crisis, ellos y ellas hacen escuchar en las asambleas generales, sobre los sitios Internet disidentes, en las “zonas para defender”, los movimientos de ocupación de lugares, y hasta en los márgenes de las organizaciones políticas y sindicales, una música acallada durante mucho tiempo.


Dicen: “El mundo o nada”; “No queremos a los pobres tranquilizados, queremos la miseria eliminada”, como lo escribió Víctor Hugo; no sólo empleos y salarios, sino controlar la economía, decidir colectivamente lo que se produce, cómo se produce, lo que se entiende por “riqueza”. No la paridad hombre-mujer, sino la igualdad absoluta. No ya el respeto de las minorías y de las diferencias, sino la fraternidad que eleva al rango de igual a quienquiera que adhiera al proyecto político común. Nada de “ecorresponsabilidad”, sino relaciones de cooperación con la naturaleza. No un neocolonialismo económico disfrazado de ayuda humanitaria, sino la emancipación de los pueblos. En suma: “Queremos todo”, ambición que excede tan ampliamente el campo de visión política habitual que muchos lo interpretan como la ausencia de toda reivindicación.


Si subir el nivel de demanda no acrecienta en un centímetro las chances de tener éxito, este desplazamiento presenta un doble interés. Confinado por ahora a los márgenes de la protesta, y hostil por principio a la organización política, el resurgimiento radical influye sobre los partidos por capilaridad, a semejanza del hijo que une al movimiento Occupy Oakland –el más obrero de este tipo en Estados Unidos– con los militantes que hacen campaña por el candidato demócrata Bernie Sanders en el marco muy institucional de la campaña presidencial. Pero, sobre todo, ese aumento refuerza las batallas defensivas cuando los que las conducen en condiciones difíciles pueden de nuevo contar con una meta de largo aliento y, sin un proyecto bien elaborado, con principios de transformación que iluminen el futuro. Pues querer todo, aunque no se pueda obtener nada en lo inmediato, es obligar a definir lo que se desea verdaderamente más que machacar sobre lo que ya no se soporta.

 

Sería un error ver en este vuelco un deslizamiento de la acción reivindicativa hacia un idealismo mágico: restablece en realidad la lucha sobre bases clásicas. Que la izquierda sólo evolucione en formación defensiva resulta una excepción histórica. Desde fines del siglo XVIII, los partidos políticos y más tarde los sindicatos trataron siempre de articular objetivos estratégicos de largo plazo y batallas tácticas inmediatas. En Rusia, los bolcheviques asignaron el primer rol al partido y confiaron las organizaciones de trabajadores al segundo.
En Francia, los anarco-sindicalistas integran “la doble tarea, cotidiana y de futuro”. Por un lado, explica en 1906 la carta de Amiens de la CGT, el sindicalismo persigue “la obra reivindicativa cotidiana (…) por medio de la realización de mejoras inmediatas”. Por el otro, “prepara la emancipación integral, que no puede realizarse sino por la expropiación capitalista”.
Como observaba el historiador Georges Duby, “la huella de un sueño no es menos real que la de una pisada”. En política, el sueño sin la pisada se disipa en el cielo brumoso de las ideas, pero la pisada sin el sueño se estanca. La pisada y el sueño diseñan un camino: un proyecto político. En este aspecto, las ideas empeñadas por la izquierda y reactivadas por los movimientos de estos últimos años prolongan una tradición universal de revueltas igualitarias. En abril, un cartel destinado a recoger las proposiciones de los participantes en la “Noche en pie”, en plaza de la República en París, proclamaba: “Cambio de Constitución”, “Sistema socializado de crédito”, “Revocabilidad de los representantes”, “Salario de por vida”. Pero también: “Cultivemos lo imposible”, “La noche en pie se volverá la vida en pie”, y “Quien tiene hierro tiene pan” –de connotación blanquista.


Más allá de los socialismos europeos, utópicos marxistas o anarquistas, una línea temática une a los radicales contemporáneos con la legión de figuras rebeldes que colman la historia de la lucha de clases, desde la Antigüedad griega hasta los primeros cristianos, de los Qarmates de Arabia (fin del siglo XI ) a los confines de Oriente. Cuando el paisano chino Wang Xiaobo en 993 se pone a la cabeza de una revuelta en Qincheng (Sichuan), declara que está “cansado de la desigualdad que existe entre los ricos y los pobres” y que quiere “nivelarla en beneficio del pueblo”. Los rebeldes aplicaron inmediatamente estos principios. Casi mil años más tarde, la revuelta de los Taiping, entre 1851 y 1864, condujo a la formación temporaria de un Estado chino disidente fundado sobre bases análogas (3). Como en Occidente, estas insurrecciones hicieron confluir a intelectuales utopistas que opusieron nuevas ideas al orden establecido y a pobres rebelados decididos a imponer la igualdad a cuchilladas.
La tarea, en nuestros días, se anuncia aparentemente menos dura. Un siglo y medio de luchas y de críticas sociales definió las posiciones e impuso dentro de las instituciones puntos de apoyo sólidos. La convergencia tan deseada entre las clases medias cultivadas, el mundo obrero establecido y los precarizados de los barrios relegados no ha de operarse alrededor de partidos socialdemócratas agonizantes, sino en torno a formaciones que se armen de un proyecto político capaz de hacer brillar de nuevo “el sol del futuro”. La moderación perdió sus virtudes estratégicas. Ser razonable, racional, es ser radical.

________________________________________
**N. de la T.: “Restaurantes del corazón”, en español, es una fundación francesa cuyo objetivo es la distribución gratuita de alimentos a los más desfavorecidos.
1. Véase Pierre Rimbert y Rafaël Trapet, “La commune de Longwy”, Le Monde diplomatique, octubre de 1997.
2. Véase Yanis Varoufakis, “Lo que me enseñaron las negociaciones”, Le Monde Diplomatique, edición chilena, agosto de 2015.
3. “Les traditions égalitaires et utopiques en Orient”, en Jacques Droz (bajo la dir. de), Histoire générale du socialisme, tomo 1, Presses universitaires de France, París, 1972.
*De la redacción de Le Monde diplomatique, París. Traducción: Florencia Giménez Zapiola

Fuente: http://www.dariovive.org/?p=7877

 

 

 

Desde nuestra responsabilidad por "dejar que el porvenir de las futuras generaciones lo decida un grupo corrompido de empresarios y gobiernos, cuyo único interés es la obtención de grandes ganancias económicas a costa de la explotación irracional de la biodiversidad y demás recursos del medio ambiente; condenándonos, prácticamente, a una extinción total".

 

 

Nuestro derecho a la vida frente a la lógica capitalista

 

7 de mayo de 2016

Por Homar Garcés (Rebelión)

Todos defendemos nuestro derecho a la vida, pero apenas nos preocupamos por comprometernos en acciones orientadas a la protección de nuestra Madre Tierra, dejando que el porvenir de las futuras generaciones lo decida un grupo corrompido de empresarios y gobiernos, cuyo único interés es la obtención de grandes ganancias económicas a costa de la explotación irracional de la biodiversidad y demás recursos del medio ambiente; condenándonos, prácticamente, a una extinción total.

Se ha observado, través de todas las épocas, que los seres humanos sienten una fascinación especial en relación con la naturaleza en general, quizás la afirmación de un lazo atávico que nos hace rememorar los tiempos en que la humanidad era parte de un todo armonioso y no, como sucede en la actualidad, separada y, hasta, aislada del resto de seres vivos con los cuales debiéramos compartir este planeta aún maravilloso.

Sin embargo, nuestra conciencia es silenciada por la búsqueda siempre insatisfecha de un estado de bienestar material impuesto por la lógica capitalista. Así, incrementamos las altas tasas de ganancias de las grandes corporaciones transnacionales que controlan el sistema capitalista mundial, apenas reaccionando en contra de sus acciones depredadoras y destructoras, (tanto de recursos naturales como de los derechos ancestrales de los pueblos originarios); envueltos en un consumismo inducido que nos hace víctimas de una inconsciencia, si se quiere, suicida.

Por ello, haciendo caso a las advertencias proferidas a tiempo por científicos y ecologistas, tendríamos que interrogarnos si nuestro legado a las futuras generaciones será entonces la visión apocalíptica de un paisaje yermo, carente de todo vestigio de vida o, contrariamente, la posibilidad cierta de cambiar de raíz el modelo civilizatorio que nos ha tocado vivir, rescatando (hasta donde sea posible) la armonía perdida con nuestro entorno natural.

Hoy todos los seres humanos sufrimos los embates del cambio climático mientras la mayoría de los gobiernos -sobre todo, de las grandes potencias militares y económicas- sólo se preocupan por mantener y acrecentar su hegemonía, sin importarles las consecuencias de sus acciones. Despliegan arsenales nucleares y de otro tipo que, a la larga, aumentarán la contaminación de nuestros suelos, aguas y aire, aparte de las miles de muertes que causan, buscando reconfigurar el mundo que conocemos a su medida e intereses geopolíticos, instigados por las grandes corporaciones transnacionales.

Frente a esta visión fatalista del planeta en las próximas décadas, de no hacerse algo con sentido de urgencia en favor de la preservación de la vida en general, tendríamos que hacer acopio de fuerzas y armarnos con esa cosmovisión magnífica (y escasamente entendida) de nuestros pueblos originarios, los únicos que han podido entender y defender la naturaleza desde mucho antes del surgimiento, la imposición y la expansión de la llamada "civilización occidental".

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212022

 

 

 

Desde nuestras convicciones e ideales humanistas convocamos:  "Hoy los trabajadores y los pueblos del mundo entero necesitamos un verdadero ideario transformador, una filosofía política de nuevo tipo, unos principios éticos acordes al tiempo, nuevas formas de organización democrática y participativa, y una nueva narrativa libertaria y liberadora".

La crisis sistémica del capitalismo requiere de la construcción de un pensamiento-acción cualitativamente diferente a lo que hemos conocido y aplicado hasta ahora.

 

 

Tesis sobre Colombia para el debate…

Colombia frente al cambio civilizatorio

 

7 de mayo de 2016

 

Por Fernando Dorado (Rebelión)

 

 

La aristocracia financiera, lo mismo en sus métodos de adquisición, que en sus placeres, no es más que el renacimiento del lumpen-proletariado en las cumbres de la sociedad burguesa".

Karl Marx

Frente a los artículos denominados “tesis para el debate” hemos recibido valiosas críticas, comentarios y aportes. Valoramos el ejercicio porque estamos en una búsqueda. Hemos planteado la necesidad de construir una “corriente de pensamiento” de los trabajadores y los pueblos para contribuir al “salto cualitativo de carácter civilizatorio” que requiere la humanidad para garantizar su existencia en la tierra.

Antes de presentar las tesis sobre Colombia es importante reiterar la idea central de estas reflexiones. Hoy los trabajadores y los pueblos del mundo entero necesitamos un verdadero ideario transformador, una filosofía política de nuevo tipo, unos principios éticos acordes al tiempo, nuevas formas de organización democrática y participativa, y una nueva narrativa libertaria y liberadora.

Los contenidos y las formas de la lucha social y política de los trabajadores y los pueblos tienen que adecuarse a las nuevas realidades. Las experiencias adquiridas en América Latina, incluyendo los retrocesos que sufren los gobiernos progresistas de la región, nos muestran que las ilusiones “estatistas”, o sea, concentrar todos nuestros esfuerzos en “gestionar” y administrar el Estado heredado, han conducido al debilitamiento de nuestras fuerzas.

La crisis sistémica del capitalismo requiere de la construcción de un pensamiento-acción cualitativamente diferente a lo que hemos conocido y aplicado hasta ahora.

Tesis para el debate sobre Colombia

·         Colombia nunca ha sido una verdadera República. Tampoco ha existido –ni por asomo–, una República Social. Formalmente hemos sido un país independiente pero en realidad siempre hemos sido una colonia sometida a imperios (España, Reino Unido, EE.UU).

·         La República Social quiso surgir liderada por Jorge Eliécer Gaitán en los años 40s del siglo XX. Fue ahogada en sangre. De allí en adelante el conflicto armado fue instrumentalizado por el gran capital.

·         La clase dominante colombiana nunca ha tenido sentido nacional. Es por esencia entreguista y anti-patria. Las clases y sectores subalternos (trabajadores, campesinos, artesanos, de diversas etnias y regiones), han estado disgregados. Hasta ahora, no hemos logrado construir identidad.

·         Los elementos de identidad indo-afro-ibero-americana están allí presentes, pero no han cuajado por la enorme dispersión territorial, la diversidad cultural y social, y por sobre todo, por la acción divisionista de la oligarquía entreguista e imperial.

·         Hoy es imposible construir por separado una verdadera Nación con autonomía económica. Si no es en unión con toda América Latina y con base en el motor de una profunda revolución social, lograrlo es una ilusión.

·         Incluso, la soberanía política es muy difícil de ejercer como lo estamos observando en diversos países de Sudamérica. El imperio (y los nuevos imperios) siempre se aprovecharán y explotarán nuestras debilidades.

·         Pero además, hoy una República Social tiene que hacer parte de un movimiento global de los trabajadores y los pueblos para preservar la vida humana en la tierra (tarea central).

·         Un nuevo ideario y una nueva narrativa transformadora debe ser construida para poder avanzar por los caminos que exige un “cambio civilizatorio”.

Una nota de coyuntura

Lo más interesante y especial que ha ocurrido con ocasión del llamado “proceso de paz” es que los antiguos terratenientes “uribistas” se han ido deslizando hacia el bloque imperio-santista.

Los grandes dueños de los ingenios cañeros, palmicultores, bananeros y ganaderos ya entendieron que deben ayudar a terminar en forma negociada el conflicto armado. Por eso, el gobierno se da el lujo de disputarle a Uribe y a Lafourie, el control de Fedegan.

Al igual que en toda América Latina, los diversos bloques burgueses no tienen ya diferencias ideológicas. La mayoría de partidos políticos tradicionales representan intereses de mafias y bandas lumpen-burguesas llenas de avaricia con ansias desaforadas de acumulación de riqueza por desposesión y despojo.

A los grandes terratenientes en camino de convertirse en “agro-industriales” y a todos los “inversionistas”, Santos les ofrece condiciones óptimas para explotar la Orinoquía y el Chocó Biogeográfico en alianza con grandes capitales transnacionales. Además, la ofensiva sobre las llamadas zonas francas turísticas y los megaproyectos mineros y energéticos.

Las “peleas” entre liberales, conservadores, los de la “U”, Cambio Radical y Centro Democrático sólo son para ver quién se queda con la mayor parte de la torta burocrática, los contratos y las migajas que les ofrece el gran capital transnacional. Uribe utiliza su “populismo de derecha” pero hace parte del mismo empastre.

Los demócratas pueden y deben desligarse totalmente y con cierta urgencia de ese ambiente degradado y degradante para construir una alternativa política totalmente diferenciada de esa dinámica tanto en contenido (programa) como en las formas (métodos).

En la agenda de los demócratas debe estar –con urgencia– la construcción de un Nuevo Proyecto Político que nos unifique pasando por encima de intereses grupistas y veleidades personales de poca monta.

Lo mejor y poco que va quedando de los partidos políticos, grupos y movimientos sociales que no estén interesados en la “rebatiña” y en la “feria burocrática” del post-conflicto (que ya se configura como la “gran alianza por la paz” para gestionar los “recursos de la paz”), pueden y deben unirse con autonomía e independencia frente al gobierno, al uribismo y a ese entorno artificialmente polarizado.

Y al interior de ese bloque democrático, las fuerzas que se plantean un cambio de carácter civilizatorio, pueden avanzar y cohesionarse. Sólo se necesita tener claro el asunto. Después, humildad, modestia y mucha paciencia estratégica.

E-mail: ferdorado@gmail.com / Twitter: @ferdorado 

Blog del autor: http://aranandoelcieloyarandolatierra.blogspot.com.co/2016/05/colombia-frente-al-cambio-civilizatorio.html#.VyuT6oR97IU

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212035