Qué País

Marzo 2019

Con destrucción de las condiciones (presentes y futuras) para la vida y el trabajo por los extractivismos.

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

Consideremos, sobre todo cuando CFK se presenta como la alternativa a Macri, en qué se basó su proyecto nac&pop:

 

Inversiones que llegan

 16 de junio de 2012

Monsanto anunció que invertirá 1800 millones de pesos para una nueva planta de maíz que creará 400 puestos de trabajo. De Vido se reunió con las mineras Barrick Gold y Yamana Gold.

 

Por Victoria Ginzberg
Desde Nueva York

 

 

Antes de reunirse con los representantes de 40 empresas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo un encuentro privado con autoridades de Monsanto, quienes le hicieron un anuncio concreto de inversión por 1800 millones de pesos para montar una nueva planta para semillas de maíz y otro de 170 millones de dólares para dos estaciones experimentales de maíz y soja en Córdoba y Tucumán.

“La inversión de Monsanto es importantísima y va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 20-20, como nuestro plan industrial. Me decía su titular que les había impresionado mucho el apoyo que nuestro Gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnología”, dijo luego la Presidenta al informar sobre la novedad en la reunión con empresarios. “Tengan ustedes la certeza –señaló– de que vamos a seguir en la misma línea. Yo estoy convencida de que tres van a ser los vectores que van a decidir el progreso o el retraso de los pueblos y de las naciones en el siglo XXI: la energía, los alimentos y la ciencia y la tecnología. El entrecruzamiento inteligente y virtuoso de estos tres vectores son los que van a permitir hacernos crecer. Y creo que Argentina tiene un futuro y un presente muy promisorio.”

Durante una conferencia de prensa que se realizó luego del evento, la ministra de Industria, Débora Giorgi, agregó que la nueva planta para producción de semillas de maíz implica “400 puestos de trabajo más” y destacó que el lugar de emplazamiento del emprendimiento es el barrio Malvinas Argentinas, en Córdoba, algo que ligó con el hecho de que la Presidenta estuviera en Nueva York debido al discurso que dio ante el Comité de Descolonización de la ONU.

Antes del encuentro de CFK con los empresarios, el ministro de Planificación, Julio De Vido, mantuvo reuniones con Peter Monk, presidente de la operadora minera Barrick Gold, quien le confirmó que la empresa invertirá 6500 millones de pesos, monto previsto para el 2012 destinado al desarrollo del proyecto Pascua-Lama. Según informó el ministerio en un comunicado, “la minera destacó que el cronograma de inversiones para dicho proyecto se viene cumpliendo de acuerdo a lo establecido y que su puesta en funcionamiento está prevista para mediados de 2013”. De Vido estuvo también con el representante de otra empresa minera, en este caso con el vicepresidente de Yamana Gold, Patrick Portmann.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-59379-2012-06-16.html

 

Advirtamos que el verdadero enfrentamiento no fue gobierno K vs. Mesa de Enlace sino de ambos con la lucha y organización de las diversidades de abajo por:

 

 

 

Señalemos, a diferencia de Cristina Fernández que como Presidenta de Argentina se congratuló Escuchar de la expansión de Monsanto, la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida resistió la instalación del oligopolio estadounidense en su localidad.

 

La empresa de semillas transgénicas desmantela una planta en Córdoba

Cuando Monsanto se hizo humo

21 de noviembre de 2016

Las protestas de los asambleístas contra la megaplanta en Malvinas Argentinas lograron su objetivo. 

La empresa Monsanto levantaba su megaplanta en la pequeña localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba. La comunidad protestaba desde 2012 por la instalación. En 2014, la Justicia detuvo la construcción. Ahora, las asambleas de vecinos festejan.

 

Por Darío Aranda 

Malvinas Argentinas, pequeña localidad de Córdoba, logró lo que parecía imposible: echó a la compañía Monsanto. Tras cuatro años de luchas, cortes de camino, acampes, asambleas y de soportar represiones, la intendenta Silvina Gómez confirmó que la empresa vendió el predio donde había comenzado a construir su mayor planta de maíz transgénico. “Es momento de celebrar el gran triunfo de Malvinas, que también es un triunfo para otros pueblos de Argentina y del mundo que luchan contra el extractivismo”, afirmó Vanina Barboza Vaca, de la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida.
Malvinas Argentinas fue noticia nacional el 15 de junio de 2012. La ex Presidenta anunció la construcción de la megaplanta de Monsanto, la mayor empresa del agronegocios, de transgénicos y agroquímicos.
La localidad está ubicada en las afueras de la capital cordobesa. Al enterarse por televisión, los vecinos comenzaron a organizarse. Primero en una casa, luego un salón de fiestas prestado y también en la plaza. Nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida.
Pidieron explicaciones a su vecino y por entonces intendente, Daniel Arzani. La respuesta era promesas de trabajo y cuidado del ambiente. No le creyeron. Y comenzaron a buscar información de quién era Monsanto y el modelo agropecuario que representa.
Fue clave la unión con asambleas de toda Córdoba (en lucha contra la megaminería y el agronegocio), organizaciones de pueblos fumigados y la organización Madres del Barrio Ituzaingó. Vieron documentales, estudiaron libros, se contactaron con investigadores y no les quedó duda de que la propuesta de Monsanto se inscribía en la historia de “espejitos de colores”, grandes empresas (o países) que prometen maravillas, no cumplen y saquean territorios y vidas.
Comenzaron a informar a la población, mediante entrega de folletos y charlas abiertas. Las asambleas comenzaron a ser más concurridas y surgió la propuesta de votar por sí o por no a Monsanto. Ya lo había hecho Esquel (Chubut, 2003) y Loncopué (Neuquén, 2012), contra la megaminería. Desde los tres niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional) se opusieron a la votación.
En septiembre de 2013 la Asamblea organizó un festival en la entrada del predio de la compañía (30 hectáreas sobre la ruta 88). “Primavera sin Monsanto”, fue el título de la convocatoria. Hubo música y discursos. Entre los más recordados estuvo el científico Andrés Carrasco (que en 2009 confirmó los efectos del glifosato, sufrió persecución académica y mediática; y falleció en 2014). “La comunidad científica argentina ejecuta un plan de legitimación cómplice de los transgénicos. Callan la boca sobre las consecuencias médicas y ambientales”, denunció.
Tres universidades nacionales (de Córdoba, Católica y Río Cuarto) se expidieron y rechazaron la instalación de la planta. Por el trabajo de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos y la universidad de la misma ciudad, el Intendente de Río Cuarto firmó un decreto de prohibición de Monsanto (que planificaba una estación experimental en la ciudad).
La militancia se hizo lugar entre vecinos que, en muchos casos, nunca habían participado de organizaciones ni asambleas. La instalación de Monsanto también provocó lo que se denomina “contaminación social”, malestar cotidiano en la comunidad, amigos peleados, familias distanciadas, ruptura del tejido social. También hubo seis órdenes de represión contra los vecinos. Alternaban los palos de la policía de Córdoba y las cadenas y piedras de grupos de choque de la empresa y de la Intendencia.
En enero de 2014, la Sala II de la Cámara del Trabajo detuvo la construcción de la planta solicitada por la Asamblea. El fallo declaró la inconstitucionalidad de los permisos emitidos por la Municipalidad y la provincia. En febrero de 2014, la Secretaría de Ambiente provincial rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias técnicas. En septiembre de 2015, la multinacional Syngenta desistió de su planta en Villa María para evitar “un foco de conflicto”. Las asambleas celebraron.
Malvinas Argentinas comenzó a ser objeto de estudio e interés de investigadores de distintas partes del mundo, que llegaban y preguntaban cómo era la pequeña localidad de América Latina que frenaba a Monsanto. Dos consignas de la Asamblea, que aún son bandera: “Disculpen las molestias, estamos frenando un genocidio” y “Fuera Monsanto de Córdoba y de América Latina”.
El bloqueo al predio se mantuvo durante tres años. En septiembre pasado se realizó el nuevo festival de “primavera sin Monsanto”, y ya se saboreaba la victoria. Se hizo público que Bayer (otro gigante de agroquímicos) adquirió a Monsanto. Y una semana antes comenzaron a trascender versiones sobre la venta del predio. Pero ninguna voz oficial lo confirmaba.
Hasta que la intendenta, Silvina González, habló con el programa Bajo el Mismo Sol (Radio Nacional Córdoba), y confirmó que la empresa AMG Obras Civiles había adquirido el predio de 30 hectáreas. Fue la confirmación oficial que faltaba.

 

Vanina Barboza Vaca, de la Asamblea de Malvinas, nunca pensó que Monsanto iba a desarmar las estructuras de su fábrica, pero ya es una realidad y no queda casi nada en pie. “Siento que es increíble y me permito alegrarme porque es producto de mucha lucha”.
La empresa ya comenzó el desmantelamiento de las pocas columnas que quedaban en el predio. Y el 4 de diciembre habrá celebración en Malvinas Argentinas. Lograron lo que parecía imposible: derrotar a la mayor empresa del agronegocio del mundo.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/4295-cuando-monsanto-se-hizo-humo

 

Multipliquemos el análisis abajo de cómo la expansión del sistema global de agronegocios ocupó económica territorialmente a la República Unida de la Soja. Así bautizó Syngenta a Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Tal expansión se concretó avasallando  derechos humanos esenciales como el derecho a la salud y a un ambiente sano. Sin embargo, pese a su autodenominación de gobierno de los derechos humanos con entusiasta apoyo de Hebe de Bonafini y Estela Carlotto, Cristina Fernández hizo cuanto pudo por promoverla y Mauricio Macri tiende a profundizarla al máximo. Es hora de subversión de este orden de genocidios e injusticias social y ambiental a partir del involucramiento de una creciente mayoría de nosotros.

 

 

El Gobierno y el modelo transgénico

10 de junio de 2012

El juicio por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó Anexo, Córdoba, obliga a poner en tela de juicio también el marco institucional que permite que se avasallen derechos humanos esenciales como el derecho a la salud y a un ambiente sano. El periodista Darío Aranda expone ese marco: la relación del gobierno nacional con el modelo agroexportador de carácter extractivista. 

 

Por Darío Aranda 

Para ComAmbiental

 

Al conocerse el fallo judicial de diciembre de 2008 que limitó las fumigaciones en Ituzaingó Anexo, y con la disputa con la Mesa de Enlace aún fresca (por la fallida resolución 125), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner creó por decreto en enero de 2009 la “Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos”, en el marco del Ministerio de Salud, para investigar los efectos del glifosato.

La Comisión, donde tuvo gran influencia el ministro de Ciencia Lino Barañao (reconocido por su trabajo junto a empresas de biotecnología), nunca llegó a conclusiones claras respecto a los agroquímicos. Elaboró en agosto de 2009 el informe “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente”, firmado por el “Consejo Científico Interdisciplinario” del Conicet y la Comisión Nacional. Seis capítulos y 130 carillas que recopiló estudios y donde fue recurrente una conclusión: la necesidad de investigaciones sobre los efectos del glifosato. No definió si era inocuo o perjudicial.

Y, ante la incertidumbre, el Conicet no cuestionó que se continúe utilizando en el país millones de litros de glifosato al año. Allí radicó la sorpresa, y malestar, de las comunidades afectadas y de científicos: Raúl Horacio Lucero (bioquímico y jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste), Raúl Montenegro (profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba y Premio Nobel Alternativo 2004), Fernando Mañas (investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Río Cuarto, especializado en daño genético producido por glifosato).


 

“El objetivo del informe implica una visión reduccionista y fragmentaria que pretende simplificar una situación compleja, excluyendo al sujeto y parcializando la construcción del conocimiento. El informe es una simple enumeración de bibliografía, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus resultados”, aseguró en 2009 la doctora en ciencias naturales Norma Sánchez, profesora titular de Ecología de Plagas de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora independiente del Conicet.

En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la soja abarcaba doce millones de hectáreas. En la actualidad, llega a 19 millones, el 56 por ciento de la tierra cultivada de Argentina.

En septiembre de 2011, 
la Presidenta presentó en Tecnopolis el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), con objetivos cuantitativos a alcanzar en 2020. En cuanto a producción granaria destaca que el objetivo es aumentar un 60 por ciento la producción (de los 100 millones de toneladas, llegar a 160), con el consiguiente avance sobre nuevos territorios. En la presentación estuvo secundada por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el de Ciencia, Lino Barañao.

Una nueva confirmación de la profundización del modelo agropecuaria sucedió el 28 de febrero pasado. La Presidenta anunció que investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Conicet y la empresa Bioceres habían logrado 
una semilla de soja resistente a la sequía y que lograba “altos rendimientos”, lo que posibilitaría el avance sobre regiones en la actualidad hostiles al monocultivo.

En Bioceres tiene participación accionaria Gustavo Grobocopatel, titular del pool de siembra Los Grobo. En el anuncio presidencial volvió a sobresalir la figura del ministro de Ciencia, Lino Barañao. Organizaciones ambientales y campesinas aportaron la mirada ausente en el acto oficial:
el corrimiento de la frontera agropecuaria, con más desmontes, más poblaciones desalojadas y más uso de agrotóxicos.



Ver el Informe completo:
El modelo agropecuario al banquillo
Las Madres de Ituzaingó y la justicia ambiental
Endosulfán y glifosato: en juicio por las fumigaciones

Fuente: http://www.comambiental.com.ar/2012/06/el-gobierno-y-el-modelo-transgenico.html

 

 

Recapacitemos en espacios comunes de deliberación sobre los embaucamientos K que nos distanciaron de analizar  las resistencias de los diversos de abajo. En efecto, no prestamos atención a: "Enfrente están los sojeros, pero por sobre todo están los gobiernos provinciales y el Nacional, que son cómplices de las multinacionales y cuentan con el apoyo de los grandes medios de comunicación”, alertó Sofía Gatica, de la organización Madres de Ituzaingó, pioneras en la lucha contra las fumigaciones e impulsoras de la denuncia.

 

El pediatra Medardo Avila Vázquez, en 2008, era subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Había concurrido a Ituzaingó Anexo alertado por las Madres. Observó en persona cómo aviones fumigaban sobre las viviendas. De inmediato hizo la denuncia por “envenenamiento”.

 

La denuncia de 2008 se sumó a la otra denuncia (de 2004) de las Madres de Ituzaingó. En 2012 se presentan sólo algunas cifras  en el juicio oral "Cincuenta millones de toneladas, diecinueve millones de hectáreas y, al menos, 190 millones de litros de agrotóxico". Explicitó las consecuencias sanitarias, ambientales y sociales del modelo agropecuario de ese momento bajo gestión de CFK que tiene a la soja transgénica como principal cultivo y hoy el gobierno de Mauricio Macri afianza.

 

Mientras una mayoría de nosotros vivía encandilado por el liderazgo de Cristina Fernández, creyendo en estar cursando una épica emancipatoria a pesar del reconocimiento de que era modelo inclusivo por acceso a la alienante sociedad de consumo del capitalismo imperialista, desde los de abajo silenciados e invisibilizados:

 

 

Las Madres de Ituzaingó y

la justicia ambiental

10 de junio de 2012

 

Esta semana se inicia un juicio por agrotóxicos que será emblemático. Las protagonistas son las Madres de Ituzaingó. Al igual que a las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura militar, a las mujeres del barrio Ituzaingó Anexo, Córdoba, les decían “locas”. Eran simples madres que, alertadas por las enfermedades de sus hijos y vecinos, comenzaron en 2001 a sospechar que algo sucedía. Miraron a su alrededor y no dudaron mucho: estaban rodeadas de campos de soja y las fumigaciones llegaban hasta sus casas.

 

Por Darío Aranda 

Para ComAmbiental

 

Las mujeres se organizaron y fundaron la organización “Madres de Ituzaingó”. En el barrio, en las afueras de la ciudad de Córdoba, vivían cinco mil personas y 200 de ellas padecían cáncer. Detectaron casos de jóvenes de 18 a 25 años con tumores en la cabeza, chicos de 22 y 23 años que ya murieron, más de trece casos de leucemia en niños y jóvenes.

“En todas las cuadras hay mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimioterapia, y niños con barbijo, por la leucemia”, lamentaba en 2007 Sofía Gatica, una de las referentes de la organización, que padeció la muerte de un bebé recién nacido (con una extraña malformación de riñón) y, en la actualidad, su hija de 17 años está en pleno tratamiento de desintoxicación (estudios municipales confirmaron que convive con dos plaguicidas en la sangre).


Las Madres denunciaron numerosos casos de alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de riñón en fetos y embarazadas y problemas de osteogénesis.

En marzo de 2006, la Dirección de Ambiente municipal analizó la sangre de 30 chicos del barrio: en 23 había presencia de pesticidas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también llegó hasta el barrio, convocada por la Municipalidad.

En agosto de 2007 comenzó a analizar los relevamientos existentes, realizó entrevistas y confirmó las denuncias. “Se concluye que el barrio Ituzaingó Anexo puede considerarse como un sitio contaminado. Los contaminantes de mayor importancia son los plaguicidas y el arsénico, fundamentalmente en suelo. La presencia de plaguicidas en tanques de agua posiblemente refleje la intervención de la vía suelo-aire.” Entre las imprescindibles acciones recomienda “incrementar el control sobre fumigaciones clandestinas a distancias menores a las permitidas por ley”.

Fuente: http://www.comambiental.com.ar/2012/06/las-madres-de-ituzaingo-y-la-justicia.html

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El modelo agropecuario al banquillo

10 de junio de 2012

Mañana comienza el primer juicio por fumigaciones con agroquímicos. Dos productores y un fumigador acusados. Y el modelo de agronegocios, de empresas y gobiernos, en la mira.

 

Informe Especial por Darío Aranda

Para ComAmbiental


Cincuenta millones de toneladas, diecinueve millones de hectáreas y, al menos, 190 millones de litros de agrotóxico. Sólo algunas de las cifras que estarán presentes en el juicio oral que explicitará las consecuencias sanitarias, ambientales y sociales del modelo agropecuario actual que tiene a la soja transgénica como principal cultivo. Este lunes comienza en Córdoba el primer juicio que ubicará en el banquillo de los acusados a dos productores y un aeroaplicador que fumigaban a vecinos del barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de la capital provincial.
 

Este juicio crea un precedente para Córdoba y para la Argentina. Tenemos el apoyo de muchas personas que nos acompañan, pero también sabemos que enfrente hay mucha gente que no quiere justicia porque se les pueden arruinar sus negocios. Enfrente están los sojeros, pero por sobre todo están los gobiernos provinciales y el Nacional, que son cómplices de las multinacionales y cuentan con el apoyo de grandes medios de comunicación”, alertó Sofía Gatica, de la organización Madres de Ituzaingó, pioneras en la lucha contra las fumigaciones e impulsoras de la denuncia.


Al banquillo. Medardo Avila Vázquez era, en 2008, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Había concurrido a Ituzaingó Anexo alertado por las Madres. Observó en persona cómo aviones fumigaban sobre las viviendas. De inmediato hizo a denuncia por “envenenamiento”. El fiscal Matheu ordenó estudios en los patios de las viviendas y confirmó la presencia de endosulfán y glifosato. También allanó galpones de chacareros, encontró tambores con los agrotóxicos y (además de poner un límite a las fumigaciones) procesó a los productores sojeros, al dueño del avión fumigador y al aviador.

La denuncia de 2008 se sumó otra denuncia (de 2004) de las Madres de Ituzaingó, y es la que llega a juicio en la Cámara I del Crimen. Tiene su fundamento en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051. El artículo 55 reprime con pena de prisión de tres a diez años al que utilizando productos peligrosos (entre ellos los agroquímicos) "contaminaren" de un modo peligroso para la salud pública, el aire, el agua y el ambiente en general.

Los acusados son los productores Francisco Rafael Parra y Jorge Alberto Gabrielli, y el piloto del avión fumigador Jorge Pancello. El abogado defensor es Carlos Hairabedian, uno de los abogados más reconocidos (y costosos) de Córdoba.

Avila Vázquez, el denunciante, renunció en 2009 a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Médico pediatra, neonatólogo y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, está ansioso.

En pocas horas, y por primera vez en su vida, estará en un juicio oral.
“Las comunidades denuncian a este modelo de agricultura tóxica desde hace más de diez años. Desde la universidad y desde la medicina llegamos tarde, hace cuatro años. Y la Justicia llegó aún más tarde, recién ahora, por primera vez un juicio oral”, lamenta Avila Vázquez, pero también es optimista. “Si se logra una condena, habrá justicia, se estará respetando el derecho a la salud de las poblaciones y forzaremos al poder político a debatir este modelo que, con pruebas científicas de sobra, enferma a las poblaciones”.
 

Darío Avila fue el abogado que inició la denuncia como letrado, en 2008, de la Subsecretaría de Salud de la ciudad de Córdoba y aún hoy asesora a las Madres de Ituzaingó: “No se persigue ningún tipo de indemnización económica, se lucha por justicia, por una condena, ya que la Ley de Residuos Peligrosos es muy clara respecto a la acción de poner en riesgo la salud pública, prevé condenas de tres a diez años, y a lo largo de toda la instrucción se han obtenido muchas pruebas de la contaminación y de las consecuencias en la salud de todo en barrio”.

La lucha de las Madres de Ituzaingó inspiró al jefe del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), Andrés Carrasco, a investigar los efectos del glifosato en embriones anfibios. En abril de 2009 dio el alerta: comprobó que, aún con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras, se producen trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales.

“Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, subrayó Carrasco, e hizo hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus consecuencias en el largo plazo.

Tuvo como respuesta el apoyo de decenas de pueblos y organizaciones que denunciaban desde hacía una década los efectos de los agroquímicos, pero también le valió una campaña de desprestigio que unió al ministro de Ciencia de la Nación, Lino Barañao, a Clarín y La Nación, y a las grandes empresas del sector. Lo acusaban de no haber publicado su investigación en una revista científica.

En agosto de 2010, la investigación de Andrés Carrasco fue publicada en la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología), donde se confirmó que el glifosato produce múltiples malformaciones y, con análisis científicos como prueba, advirtió: “Los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo”.

La investigación de Carrasco marcó un punto de inflexión. Los pueblos fumigados encontraron respuesta científica a tantos años de denuncias. Algunos grandes medios de comunicación comenzaron a dar cuenta del efecto sanitario del modelo agropecuario. Y buena parte del espectro científico nacional quedó en evidencia: los que aportaron pruebas de las consecuencias del modelo y, una gran mayoría, que cerró filas con la ciencia y la técnica al servicio del modelo productivista de agronegocios.

A casi dos años de la publicación científica, y a un día de iniciarse el juicio penal en Córdoba, Carrasco habla con mucho cariño de las Madres de Ituzaingó, recuerda sus primeras charlas y no deja sorprenderse: “El lunes será un paso más en su inmensa lucha por justicia, por la salud para sus hijos, por un modelo de producción que no sume más víctimas”.

“El juicio es fundamental, tiene que marcar un hito, un antes y un después, salga como salga. Instalar este juicio como debate es una bisagra, por primera vez quedará en evidencia en un tribunal que
acciones directas o indirectas de las corporaciones del modelo agropecuario están enfrentadas con las poblaciones locales. Se juega algo muy importante, las transnacionales o los pueblos”, resume Carrasco, investigador principal del Conicet y de la UBA.

El juicio comienza este lunes y podría extenderse hasta la próxima semana. Declararán productores sojeros, empresarios, científicos y muchos vecinos afectados. Concurrirán periodistas y dirigentes sociales de países latinoamericanos donde el modelo agropecuario también suma denuncias.

A las 8 concentrarán organizaciones sociales que apoyan la denuncia de las Madres de Ituzaingó, y las acompañarán hasta las puertas de tribunales. En paralelo al juicio, y frente a los tribunales, se montará una 
carpa de organizaciones ambientales donde transmitirán en vivo las instancias del juicio, habrá actividades artísticas, proyección de documentales, olla popular y charlas informativas de lo que implica el actual modelo agropecuario.

Más allá de la justicia formal. El viernes y sábado se reunirán, en la Universidad Nacional de Córdoba, un centenar de pueblos fumigados de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chaco y Entre Ríos.

Medardo Avila Vázquez, que también integra la Red Universitaria de Médicos de Pueblos Fumigados, sabe que los tres acusados son el “eslabón más débil” del modelo de agronegocios, pero está convencido de que en el juicio se pondrá en debate, y se afectará, a otros actores. “Con la ley en la mano, apuntaremos a los distintos niveles de responsabilidad, donde los máximos responsables son las multinacionales de semillas y agrotóxicos, y los gobiernos que aplican a rajatabla las directrices de las corporaciones. Estos dos actores también estarán en el banquillo, y por eso están preocupados”, afirmó.

Sofía Gatica, de las Madres de Ituzaingó, nunca pensó que llegaría a esta instancia del juicio. Tampoco 
nunca imaginó que ganaría el Premio Goldman(algo así como el Premio Nobel del ambiente, primera vez que una argentina lo recibe). En abril pasado viajó a Estados Unidos y recibió la distinción por su lucha contra las fumigaciones.

No quiere arriesgar cómo finalizará el juicio, sólo reconoce que serán días “muy largos”, de “nervios”.
Entiende ya como una “victoria” que estén frente al juez quienes “echaban veneno sobre familias enteras”, recuerda que vio “morir muchos vecinos, grandes y niños” en los últimos diez años y confiesa que tiene un sueño: “Que haya justicia. De los jueces depende que estos venenos del campo sigan, o no, enfermando y matando personas”.

Ver Informe completo:
Las Madres de Ituzaingó y la justicia ambiental
Endosulfán y glifosato: en juicio por las fumigaciones
El Gobierno y el modelo transgénico

Fuente: http://www.comambiental.com.ar/2012/06/el-modelo-agropecuario-al-banquillo.html

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Endosulfán y glifosato:

en juicio por las fumigaciones

10 de junio de 2012

El juicio por las fumigaciones puede sentar jurisprudencia en la que prime la salud por sobre los agronegocios. Darío Aranda resume brevemente los "antecedentes" de dos sustancias químicas discutidas a nivel mundial y ampliamente difundidas en el territorio nacional: el endosulfán y el glifosato.

 

Por Darío Aranda 

Para ComAmbiental

En diciembre de 2008, y luego de una presentación de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, la Justicia prohibió utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros del barrio Ituzaingó Anexo y, si las fumigaciones eran aéreas, la distancia mínima debía ser de 1500 metros.

“Fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión”, explicó en 2008 el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, que determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. El fallo focalizó en dos agroquímicos: endosulfán y glifosato.

El endosulfán es el insecticida más utilizado de Argentina: 5,5 millones de litros por año para la producción de algodón, maíz y soja, entre otros cultivos. El insecticida ya fue prohibido en 74 países y, en junio de 2011, fue incluido en el Convenio de Estocolmo (espacio internacional auspiciado por la Organización de Naciones Unidas que regula el tratamiento de sustancias tóxicas).

La Red de Acción sobre Plaguicidas (PAN) –integrada por 600 organizaciones de 90 países– afirma que “los efectos del endosulfán incluyen deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas de la piel, vista, oído y vías respiratorias”.


“Consultado el Ministerio de Salud de la Nación sobre la toxicidad del endosulfán, respondió que tiene propiedades carcinogénicas para los seres humanos”, fundamenta la Resolución 101/11 (de junio de 2011) de la Defensoría del Pueblo, que señala al endosulfán como responsable de alteraciones neurológicas, afección visual, efectos adversos sobre el sistema reproductivo masculino, los riñones y el hígado, entre otros efectos negativos.

La Resolución recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al endosulfán como “altamente tóxico”. Sin embargo, el gobierno nacional y los provinciales siempre minimizaron los efectos del insecticida. Recién en agosto de 2011, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) anunció la prohibición del uso del insecticida, pero la limitación regirá recién a partir de julio de 2013.

El glifosato es el agrotóxico más conocido de la Argentina. Se comercializa bajo una decena de marcas comerciales, aunque la más conocida es Roundup, de la multinacional Monsanto. Los productores de soja reconocen la utilización, como mínimo, de diez litros de glifosato por hectárea. En la campaña 2011 la soja abarcó 19 millones de hectáreas y los campos argentinos fueron rociados, en un solo año, con 190 millones de litros del herbicida. Ya cuenta con 
fallos adversos en Formosa, Buenos Aires, Salta, Chaco y Santa Fe.

Ver Informe Especial de Darío Aranda para ComAmbiental: 
El modelo agropecuario al banquillo

Las Madres de Ituzaingó y la justicia ambiental
El Gobierno y el modelo transgénico

Fuente: http://www.comambiental.com.ar/2012/06/endosulfan-y-glifosato-en-juicio-por.html

 

 

Prosigamos aclarando una de las manipulaciones K de relato para nutrir creencia popular de estar ante un proyecto nac&pop y emancipatorio:

 

 

Un pasado de retenciones

18 de mayo de 2008

Por Mario Rapoport

En el último medio siglo que vivió el país, bajo gobiernos civiles y militares, se aplicaron una y otra vez retenciones a las exportaciones agropecuarias que dieron lugar a reacciones de un tenor diferente por parte de las principales entidades rurales. Es cierto que esos impuestos fueron acompañados por devaluaciones y los porcentajes eran menores, pero también lo eran los precios internacionales.

Para empezar, durante la “Revolución Libertadora”, mediante un decreto de octubre de 1955, y acompañando una fuerte devaluación, se establecieron retenciones de hasta el 25% del valor exportado, existiendo una amplia lista de productos involucrados. De nuevo, en diciembre de 1958, bajo el gobierno de Frondizi, se volvió a fijar retenciones para los principales productos agrícolas y ganaderos del orden del 10 al 20% del valor de las exportaciones. En este caso, ya en agosto de ese año se había desdoblado el tipo de cambio y los exportadores de carnes y productos vacunos debían liquidar el producido de sus ventas al exterior en un 65% al tipo de cambio único y en un 35% al tipo de cambio libre, que era mucho mayor, por lo que las divisas que obtenían se veían igualmente mermadas. Además, en enero de 1959 se fijó un impuesto adicional del 15% a las exportaciones de trigo y otros cereales. Debemos recordar que la mayor parte de estas medidas siguieron rigiendo bajo el ministerio de Alvaro Alsogaray, entre junio del ’59 y abril del ’61. En su Memoria Anual de 1961 la Sociedad Rural las criticaba señalando que eran la “demostración evidente de un tratamiento discriminatorio” y la Memoria de 1962 decía abiertamente: “Para incrementar las exportaciones debe reducirse la influencia de los dos factores que las disminuyeron en los últimos veinte años: el consumo interno y las medidas de gobierno que despojaron al campo en beneficio de una industrialización forzada llevada a cabo en forma inorgánica”.

 

Durante la presidencia de Arturo Illia, además de fijarse controles sobre la exportación, por un decreto del 19 de abril de 1965 se puso en vigencia una retención del 13% al valor exportado del trigo, del 9,5% al de las carnes y del 6,5% al del maíz, a pesar de que la SRA en su Memoria de 1963 ya señalaba que esos impuestos constituían “un elemento regresivo para incrementar la producción rural”. Pero la más resonante medida en este sentido la iba a tomar bajo la dictadura de Onganía un economista del establishment, Aldalbert Krieger Vasena, como parte de su plan económico lanzado en marzo de 1967. Krieger realizó una devaluación del 40% del tipo de cambio, al tiempo que estableció un derecho de exportación para los principales productos agropecuarios de un 20 a un 25%. Como afirman Mallon y Sourrouille, fue el primer intento de una devaluación casi plenamente compensada. Junto a una rebaja de cerca del 50% de los derechos de importación se impusieron fuertes retenciones a las exportaciones tradicionales, una forma de “compensar la mayor parte de los efectos de la devaluación sobre los precios internos”.

 

En este caso, en respuesta a las declaraciones públicas del ministro denunciando presiones para que esa medida se revea, la Memoria de la Sociedad Rural de 1968 replicaba con cierta prudencia: “Cuando la SRA, convencida de que una justa política de ingresos requiere la eliminación de los impuestos a la exportación ha expresado sus puntos de vista, que podrán ser o no compartidos, lo ha hecho en un tono mesurado, (...) de ninguna manera ha ejercitado o pretendido ejercitar ‘presiones’”.

Nuevamente, en 1970 y 1971, en forma conjunta la SRA, la FAA, Coninagro y CRA coincidieron en protestar ante los poderes públicos por la vigencia de las retenciones. Pero la respuesta del gobierno militar, en el breve interregno de Levingston y luego con Lanusse, se reveló sorda a esos reclamos. El 16 de noviembre de 1971 se impusieron derechos de exportación de un 11% a aquellos productos que estaban exentos y se aumentaron las retenciones a los que pagaban más de un 20%. Más tarde, el 22 de febrero de 1972, el Poder Ejecutivo fijó derechos especiales móviles a la exportación, con un tope del 15% del valor exportado, a fin de evitar, entre otras cosas, un aumento de los precios internos, y en noviembre de ese año se prohibió la exportación de ganado vacuno en pie para mejorar el abastecimiento de la población. Finalmente, la última dictadura militar, en el ministerio de Roberto Alemann, impuso de nuevo retenciones a la exportación –que habían sido suprimidas– antes aun de la guerra de Malvinas, retenciones que luego fueron aumentadas cuando estalló el conflicto. La Memoria de la SRA de 1982 expresó en esa circunstancia una aceptación condicionada: las retenciones “no entran dentro de nuestra filosofía, pero en el momento difícil que vive el país las aceptamos aunque no compartamos la idea de su conveniencia”.

No obstante, en ninguno de esos episodios tuvieron lugar “paros” agropecuarios. Estos sólo se realizaron con los gobiernos de Isabel Perón y Raúl Alfonsín. En el primer caso, sobre todo, a partir de la creación, en agosto de 1975, de una nueva organización empresaria, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege) con propósitos abiertamente golpistas. En ella se congregaron los miembros de las agrupaciones empresariales más importantes. En sus declaraciones la Apege criticaba duramente el Pacto Social y responsabilizaba a la CGE y a la CGT de la crisis, al tiempo que llamaba a responder a las amenazas planteadas por el “desmedido avance sindical”. En octubre y noviembre de 1975 se organizaron lockouts ganaderos, que hicieron escalar el precio de la carne. La práctica se repetiría en febrero de 1976, en forma aún más extensa, abarcando a todo el sector y con expresos objetivos de desestabilización, que se concretaron con el golpe militar del 24 de marzo de ese año.

 

Este tipo de medidas de fuerza se repitieron durante el gobierno de Alfonsín, en 1987, como respuesta a las retenciones mismas, y en 1988, como consecuencia de un desdoblamiento cambiario. Los presidentes de las organizaciones agropecuarias más importantes del país –la SRA, la Confederación de Productores, la Federación Agraria y Coninagro– coincidieron en que esa política era “confusa y lamentable”. “Nos obligan a rechazarlo en todos sus términos”, decía el representante de una de esas entidades. Los productores agropecuarios advertían que la liquidación de sus exportaciones según el tipo de cambio llamado comercial –que se cotizaba un 20% menos que el denominado financiero– era un “impuesto encubierto”. En esta ocasión también esas acciones contribuyeron a acelerar la caída del gobierno y Alfonsín tuvo que traspasar el mando, en medio de una galopante hiperinflación, antes de terminar su mandato.

Por el contrario, con Martínez de Hoz y un peso notoriamente sobrevaluado, se perjudicó al campo sin fuertes reclamos por parte de las entidades rurales. Y hacia el fin de la vigencia de la convertibilidad, cuando ya se estaba verificando la forma en que esa política afectaba no sólo la rentabilidad sino incluso la supervivencia de las explotaciones agropecuarias, Enrique Crotto, presidente de la SRA, la defendió repetidas veces. Aunque el mismo Crotto, en momentos en que se intentaba salir de la crisis, en su discurso en la exposición rural de 2002, criticó la aplicación de nuevas retenciones al agro.

Como vemos, la problemática de las retenciones tiene una larga historia en las relaciones entre el campo y gobiernos de muy distinto origen e ideologías, que trasciende el conflicto actual y que en ocasiones tomó nítidamente un carácter político que en otras no tuvo. De cualquier modo, si como dice el viejo lema de la SRA “cultivar el suelo es servir a la patria”, se trataría de una patria especial, donde el excedente del sector no tiene que ver con las políticas públicas ni con una distribución más equitativa de las riquezas del país.

Sin embargo, la historia nos muestra también el otro lado de la moneda. Para los intereses rurales la intervención del Estado puede justificarse si en vez de excedentes se tienen pérdidas, como ocurrió en la década de 1930. Entonces, para paliar la crisis que vivía el sector por la baja de los precios internacionales de sus productos, los gobiernos conservadores de aquellos años crearon las Juntas Reguladoras de Granos y de Carnes, que tenían por finalidad compensar esas pérdidas. En este caso se invertían los términos: era “la patria” la que ayudaba a los que cultivaban el suelo. La taba no cae siempre del mismo lado y el campo, o más bien la parte del campo que representan las entidades rurales, debería recordarlo.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-104397-2008-05-18.html

 

Verifiquemos cómo la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales tuvo, desde los setenta hasta hoy, planes contra la soberanía alimentaria y la ciencia-tecnología acorde con esas necesidades e intereses populares. Llevó a cabo su triunfo en la lucha de clases mediante el terrorismo paraestatal de la Triple A (y estatal del Operativo Independencia) durante el gobierno Perón-Perón. También mediante la dictadura genocida desde 1976 a 1983.

 

De ese modo avanzó la colonialidad de saber-poder que se fue perfeccionando hasta hoy. Durante los gobiernos K, el espacio Carta Abierta concreta el ingreso (a participar en la modelación de un consenso muy amplio) de dirigencias políticas, sociales e intelectualidad de las izquierdas adaptadas a nuestro capitalismo dependiente de los imperialismos. Actúan de esa manera sobre todo por su formación tanto en Europa como en EE.UU. y su burocratización.

 

Estimemos cómo se originó y continuó:

 

 

La siembra de la dictadura en el INTA
19 de noviembre de 2015

Hoy a las nueve de la mañana, asumió el ingeniero Héctor Mario Espina como nuevo director del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Anteriormente, era secretario general del Ministerio de Agricultura de la Nación.
En el mes junio del año 2014, ECOS Córdoba reveló que Espina fue integrante del ex Batallón 601. Se trata de los servicios de inteligencia del llamado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), donde participaron del secuestro y desaparición de personas. Desde entonces, ningún funcionario dio una explicación al respecto. 

Por ECOS Córdoba / foto: Comunicación INTA

ANRed reproduce nota del 4 de junio de 2014

 

El otro Milani

Por Lea Ross | ECOS

El caso de César Milani ““ sospechado de haber sido partícipe en crímenes de lesa humanidad- sigue manteniendo un escándalo dentro del ámbito nacional que no tiene un final claro, por ahora. Poca claridad en medio de tanta oscuridad. Y es que los fantasmas del pasado se mantienen pegados a la espalda del actual jefe del ejército. Y lo menos que espera toda la ciudadanía es que haya solo verdad y justicia; dos elementos que iluminaría muchas cosas.

Pero esto no solo le vale para Milani. Ya que otro funcionario del Estado Nacional también va a tener que dar algunas explicaciones.

Estamos hablando de Héctor Mario Espina, actual jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación Argentina, cuyo nombre figura en la lista de los que integraron el Batallón de servicios de inteligencia 601, durante la última dictadura cívico-militar.

Se trata de una de las ramas del Ejército Nacional, hoy extinta, que se encargaba de la búsqueda, obtención y procesamiento de información. Durante una de las épocas más oscura del país, parte de los que integraron el batallón, tuvieron la función de trabajar como infiltrados en determinados sectores de la sociedad, para luego transferir datos y suministrarlos a las fuerzas armadas y, de este modo, perpetrar las operaciones clandestinas de detención y desaparición de personas.

A comienzos del año 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó desclasificar los archivos del viejo Batallón 601. Finalmente, el 5 de febrero de ese mismo año, la ministra de defensa de aquel entonces, Nilda Garré, recibió en sus manos la nómina del personal por parte del propio César Milani, que en aquel entonces era el director de inteligencia de la Nación. En esos archivos, se desglosa una serie de nombres, apellidos y números de documento de quienes realizaron la tarea de “buchones” para el ejército, durante el período 1976-1983.

Un par de años atrás, se generó mucha repercusión cuando en esa lista apareció el nombre de Gerardo Martínez, actual líder sindical de la UOCRA. Se trata de uno de los sindicatos más poderosos del país, responsables de muchos hechos de violencia mediante patotas, entre ellos, los ataques perpetrados contra el acampe de Malvinas Argentinas, instalada frente al predio de Monsanto.

Sin embargo, Martínez no está solo. En la lista del personal civil del Batallón 601 figura el nombre de Héctor Espina, cuyo número de DNI es el 12.643.077.

Luego de que se desclasificaran los archivos, la revista Veintitrés tuvo la exclusiva de brindar la lista completa de los que integraron el mencionado batallón, tanto de la nómina militar como la del civil. En la lista de los militares, figuraba el propio César Milani. Mientras tanto, Espina aparecía como integrante de la nómina civil, cumpliendo la función de analista de información.

Estamos hablando del mismo Héctor Espina que, en estos momentos, ejerce el segundo cargo más importante del ministerio que regula la actividad agropecuaria de nuestro país.

A fines de 2013, el Gobierno Nacional ordenó reformar el gabinete del Ministerio de Agricultura. Es en ese contexto donde asciende Héctor Espina, designado el 21 de noviembre del año pasado, mediante el decreto 2015/2013. Se trata del cargo que está por debajo del actual ministro Carlos Casamiquela, quien anteriormente era el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La aprobación del ascenso de Espina fue firmado por el propio Casamiquela, como así también por parte de la presidenta Cristina Fernández y por el jefe de gabinete Jorge Capitanich. Abajo, un extracto del boletín oficial número 32.778, notificando su ascenso. El DNI de Espina coincide con el de la lista del batallón: 12.643.077.

Héctor Mario Espina nació en la provincia de San Juan y se radicó en Santa Cruz. Es ingeniero agrónomo y se afilió en la Unión Cívica Radical. Fue intendente de una ciudad llamada Gobernador Gregonés, ubicada en el centro de la provincia santacruceña, cargo que ejerció a partir del año 1999. Con la asunción del kirchnerismo a la Nación, en el año 2003, expresó su simpatía por el mismo, metiéndose de lleno en la lista de los vulgarmente llamados “radicales K”. En ese mismo año, ejerció el cargo de Director Nacional de Parques Nacionales, cuya función se extendería por un segundo período a partir de 2006.

En ese mismo año, mediante una investigación conjunta de los periodistas Héctor Barabino, Luciana Geuna, Jorge Lanata y Romina Manguel, se conoció la lista de todos los funcionarios kirchneristas que compraron tierras en El Calafate, con la ayuda de la propia intendencia de la localidad. Se trata de terrenos ubicados en una zona turística, y por ende de alta cotización, que fueron rematados a precios irrisorios, mediante decretos y sin licitación. Entre ellos aparece el propio “Hector Maria Espina” (sic), donde se habría apoderado de unos 1.390 metros cuadrados a tan solo siete pesos y medio por cada metro cuadrado.

Luego de ejercer la Dirección de Parques Nacionales, el ingeniero agrónomo pasaría a trabajar en el INTA, bajo el cargo de la secretaría técnica y legal del organismo. Y de allí, como mano derecha del presidente de aquel entonces: Carlos Casamiquela. Ambos, continuarían su período en el organismo hasta que la propia presidencia les ofrecería los dos puestos más importantes del correspondiente área ministerial. Es así que desde fines del año pasado, Casamiquela y Espina conforman la rama del Estado para asegurar el rendimiento económico del país en materia agropecuaria, asegurando sus lazos con los principales grupos del sector del campo. Eso sí: con la particularidad de que a uno de los dos, lo asecha por encima un fantasma del pasado. Igual que Milani.

Milani no está solo. A Héctor Espina también lo estará persiguiendo su propia sombra. Él también tendrá que explicar por qué.

ECOS Córdoba

Fuente: https://www.anred.org/?p=52652

 

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De ayer a hoy, una verdadera línea de conducta

2 de enero de 2013

Por la denuncia de un sobreviviente y varios familiares de las víctimas en el INTA durante la dictadura, la Justicia investiga el papel jugado en la represión por los empresarios rurales y su decisión de destruir las líneas de trabajo que afectaban sus intereses.

 Por Alejandra Dandan

Antes del golpe de 1976, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tenía unos 5000 trabajadores y al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura. Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos. Todos esos datos comienzan a ser revisados en una nueva causa judicial impulsada por un sobreviviente y familiares de los desaparecidos en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Las víctimas le piden a la Justicia un análisis de lo ocurrido como un “todo” y una revisión de las responsabilidades penales a la luz de la actuación que tuvieron los civiles y en particular la Sociedad Rural Argentina que, desde el Consejo Directivo Nacional del organismo, tuvo un rol determinante en esa depuración.

La Sociedad Rural Argentina integra el INTA desde la creación del organismo, en 1956. Desde entonces forma parte del Consejo Directivo Nacional, junto a las otras organizaciones empresarias del campo, Coninagro, CRA y la Federación Agraria. El Consejo tiene además un presidente y un vicepresidente nombrados por el Poder Ejecutivo y un director nacional elegido por concurso. Con el golpe de Estado de 1976, la dirección del organismo fue intervenida por la marina, pero los delegados de las entidades agropecuarias mantuvieron sus lugares.

Esa intervención cívico-militar fue la encargada de perseguir a los técnicos y científicos que no eran afines a la política agropecuaria de José Alfredo Martínez de Hoz. En el contexto de la nueva causa, cobra relevancia el papel jugado por la SRA y los editoriales del diario La Nación en esa depuración, detrás de la cual aparece la voluntad dictatorial de intensificar el proceso de trasferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados y agroindustiales más concentrados.

 

La denuncia que se presentó en el juzgado de Rafecas tiene el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón. Recoge en un único escrito lo que durante años se tramitó como causas separadas y acaba de ser acompañada por un “amicus curiae” presentado por las autoridades actuales del Instituto que, de este modo, se ponen a disposición de la investigación. El escrito le pide a Rafecas que evalúe responsabilidades por 1) la confección de listados de futuras víctimas dentro de la institución y 2) por el lugar que los acusados ocupaban en lo que definen como “la cadena de mandos”.

 

Entre los nombres, aparecen los dos interventores del INTA ya fallecidos: el capitán Alberto Rafael Heredia y su sucesor, David Arias, un civil del mundo empresario. También se menciona al Ministerio de Economía, encabezado por Martínez de Hoz, y a la Secretaría de Agricultura, de la que dependía directamente el Instituto. Por allí pasaron Mario Cadenas Madariaga, una de las voces de la SRA escuchadas en el conflicto por la 125, que se desempeñó como secretario, y Jorge Zorreguieta, subsecretario a partir de abril de 1976 y secretario desde 1981. Zorreguieta había ocupado un puesto directivo en Coninagro y venía de la Comisión Directiva de la SRA cuando llegó a la subsecretaría impulsado por Martínez de Hoz.

El padre de la princesa Máxima elogió en 1981 en la revista Chacra la actuación de Arias al frente del INTA, aunque siempre aseguró que no sabía lo que sucedía en el organismo que estaba a su cargo. Como la única denuncia que hasta ahora lo alcanzaba era por la desaparición de Marta Sierra, una de las trabajadoras, por un hecho previo a su nombramiento formal, hasta ahora no fue alcanzado por las imputaciones. En este contexto, las víctimas le piden ahora a la Justicia una relectura de su rol tomando en cuenta todo lo ocurrido. El petitorio promueve otras posibles imputaciones entre los representantes de las entidades agropecuarias y otros civiles colocados en puestos estratégicos. Sin nombrarlos, lo advierte en párrafos como el que sigue: “Las entidades patronales tuvieron un rol protagónico en el entramado que derivó en la desestabilización del gobierno constitucional, en el endurecimiento del discurso que las acercó a las pretensiones de represión de las Fuerzas Armadas y, finalmente, en el acuerdo con éstas de llevar adelante el golpe de Estado y la eliminación de dirigentes gremiales, comisiones internas y agentes y empleados que no respondiesen al modelo de organismos que esas entidades pretendían”, indica el escrito. “De allí se deriva la necesidad de esas entidades de acompañar la gestión de la dictadura con algunos de sus hombres en cargos de relevancia, que pudieran llevar adelante el modelo que requerían y dejar a las Fuerzas Armadas el camino libre para su política de persecución y eliminación de opositores políticos. Es por ello que entendemos que la responsabilidad penal en estos casos debe investigarse como un conjunto de características comunes”, indica. “Los secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos del INTA fueron víctimas del accionar ilegal de las FF.AA., como un modo de dejar el camino libre a las políticas que, desde las entidades patronales del campo –que tenían en sus manos la Secretaría de Agricultura y los órganos que de ella dependían– se impulsaban.”

Lo que pasó

Una de las áreas más afectadas del INTA a partir del golpe fue el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria de Castelar, donde funcionaban varios institutos de investigación. De allí son los cuatro desaparecidos: Marta Sierra, Carlos Alberto Costa Rodríguez, Gustavo Rodolfo Giombini Moser y María José Rapela de Mangone, que estaba embarazada. Con la intervención, el predio fue ocupado militarmente. Y con escenas que recuerdan a los secuestros en la Ford, el despliegue de tanquetas por las mil hectáreas del terreno se hizo de la mano de traslados masivos de los trabajadores a un comedor. Hubo interrogatorios, personas vendadas y amenazadas de muerte. Según la denuncia, a continuación decenas de personas fueron detenidas en distintos lugares, aunque sólo está reconocida la comisaría de Hurlingham porque aún faltan datos y testimonios. Otra de las áreas más afectadas fue la Experimental de Pergamino, donde hubo 49 cesanteados y por lo menos seis detenciones ilegales.

Según los testimonios, la depuración en el INTA comenzó en 1974 con el asesinato por parte de la Triple A del extensionista Carlos Llerena Rosas y con el gobierno de Isabel Martínez de Perón empezaron a circular las primeras listas negras. La mayor parte de los cesanteados y perseguidos pertenecían a ATE y a la Asociación Personal del INTA (Apinta). Los archivos de la ex Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense) dan cuenta de la presencia de espías en los puestos de trabajo.

La denuncia reconstruye en términos históricos la actividad del instituto antes el golpe, durante el gobierno de Héctor Cámpora, cuando el INTA estuvo bajo la gestión del secretario de Agricultura Horacio Giberti. Se describe la política impulsada en esa época y el modo en el que las nuevas líneas de desarrollo fueron criticadas una y otra vez por la Sociedad Rural Argentina, que pedía a gritos la intervención militar desde las páginas del diario La Nación, tanto a través de solicitadas como en los propios editoriales publicados en ese diario. O incluso en una reunión con Videla, cuyos detalles escribieron en el libro Memorias y Balances, 1976.

El 13 de octubre de 1975, por ejemplo, el diario La Nación publicó un editorial titulado “La situación en el INTA”. Allí se indicaba que el organismo sufría una declinación de su potencial y tenía problemas de presupuesto por la incorporación de personal. “Pero aun esto tiene trascendencia menor que la infiltración ideológica ocurrida por conducto de los nuevos nombramientos –decía–, entre los cuales se ha denunciado reiteradamente la participación de elementos subversivos de filiación marxista, que no serían ajenos a la inspiración que tuvo el proyecto de ley agraria, luego felizmente desechado.”

Casi un año más tarde, el 29 de octubre de 1976, ya ocurrido el golpe de Estado, otro editorial festejó “La recuperación del INTA”: “En años posteriores el organismo fue sumido en el caos, minado principalmente por una infiltración ideológica, que tuvo como objetivo desarticular el agro”. Las “actuales autoridades”, aseguraba La Nación, debieron llevar adelante la racionalización de personal, que tuvo, entre otros fines, el de recuperar “valores espirituales necesarios para lograr la serenidad creadora de los centros de estudio, de los claustros, de los laboratorios”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-211019-2013-01-02.html

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, estamos urgidos a instalar en la agenda pública el debate sobre la gobernabilidad de la acumulación gran capitalista que hemos  ejemplificado en el agro. Es decir, es perentorio poner en discusión que las elecciones permiten a la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales continuar la destrucción de la vida y el trabajo en el país cualquiera sea la fuerza política triunfante.

 

Se trata de generalizar la toma de conciencia sobre el imperativo de asumir un enfoque continental e internacional de:

 

 

Neoextractivismo y

conflictos ambientales en América Latina

Espiral (Guadalaj.) vol.23 no.66 Guadalajara may./ago. 2016

 

Marco Antonio Merchand Rojas* 

 

Profesor-Investigador del Departamento de Sociedad y Economía del Centro Universitario del Sur (CUSUR), Universidad de Guadalajara, merchandrojas@yahoo.com.mx

Introducción

El capitalismo globalizado territorial, a través de los sucesos de la historia (fordismo y posfordismo), ha construido una división internacional del trabajo y una división territorial de la producción mundial que determinan un rol fundamental para América Latina como proveedora de recursos naturales (agua, suelos, yacimientos minerales e hidrocarburos -recursos estratégicos-).

La apropiación de dichos recursos naturales (materias primas) se caracteriza por un coloniaje formal e informal que impone una lógica de acumulación a través los mecanismos de la compra, el alquiler o la concesión; estos mecanismos logran ser utilizados para dominar los recursos naturales (RN) gracias a dos protagonistas claves: el Estado-nación y el capital, que configuran espacios y lugares para la explotación de los RN.

Este nuevo paradigma de la actual geografía económica propicia una disputa global por los recursos naturales, siendo este suceso uno de los elementos más importantes de la dinámica del capitalismo contemporáneo para reproducir una lógica de acumulación sobre América Latina. Por la dimensión de las reservas de recursos estratégicos que posee América Latina, y por su condición histórica de ser una región exportadora de materias primas (commodities),1 esta región tiene un alto grado de vulnerabilidad y dependencia de importaciones, no sólo de los Estados Unidos, sino, ahora, de la creciente demanda de China, que cobra auge como la mayor potencia comercializadora de commodities. Algunos analistas de la geopolítica ven en China una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos en el ámbito mundial, especialmente en el contexto de la crisis económica más reciente en Estados Unidos y Europa.

En la esfera económica, la reprimarización de las economías latinoamericanas está vinculada al incremento en la demanda de materias primas por el robusto crecimiento económico chino y su peso demográfico. Las empresas chinas han comenzado a invertir fuertemente en las industrias extractivas de América del Sur, y sus bienes manufacturados baratos compiten con los producidos en México y América Central.

En general, las economías latinoamericanas han ampliado su frontera extractiva, donde participan activamente las transnacionales. La ocupación de estos espacios locales o regionales por parte de estas empresas ha afectado profundamente los derechos y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas. Así lo demuestran el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL, 2015) a través de su mapa interactivo, y los informes asociados a cada caso que ha elaborado la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El estilo de desarrollo y el modelo neoextractivista

El estilo de desarrollo y el modelo neoextractivista se corresponden con las propias estrategias macroeconómicas desplegadas por el Gobierno neoliberal que no sólo han sacrificado la economía real de los mexicanos, sino que también estas estrategias de estabilización, auspiciadas por el consenso de Washington, han sido la causa de la explotación de los recursos naturales y de la degradación ambiental de los países en desarrollo, como el caso de México, con un Estado-nación más que nunca dedicado a crear un clima de negocios benigno para la inversión extranjera que explota en forma indiscriminada los recursos naturales sólo con el fin de producir un excedente exportable, y que internaliza las externalidades negativas a cargo de los recursos naturales que sobreexplota.

Esta necesidad de los países en desarrollo de exportar bienes que socavan su patrimonio natural ahonda la deuda ecológica, que no es más que las exportaciones mal pagas que realizan los países en desarrollado a los países desarrollados. Es claro que los precios de estas materias primas exportadas no incluyen diversos costos sociales y ambientales, propios de la explotación irracional que realizan las transnacionales de los países desarrollados.2

Como bien lo explican Martínez-Alier y Jusmet (2001), se propicia un comercio ecológicamente desigual que proviene de dos causas: en primer lugar, falta frecuentemente en el sur la fuerza necesaria para lograr incorporar las externalidades negativas locales en los precios de exportación; y, en segundo lugar, el tiempo natural necesario para producir los bienes exportados desde el sur es frecuentemente más largo que el tiempo necesario para producir los bienes y servicios importados, lo que provoca que en las economías del sur, o economías latinoamericanas, su crecimiento económico, con sus modalidades de la globalización de mercados bajo el esquema neoliberal, representa una seria amenaza para el medio ambiente e imposibilita su desarrollo sustentable.

Aquí se sostiene, al igual que lo hace Veltmeyer (2013), que se registra un impacto negativo del desarrollo de los recursos naturales en la tasa de intercambio en otros sectores -la llamada enfermedad holandesa, por ejemplo-:

  • la volatilidad de los precios de las mercancías en el mercado mundial,

  • la propensión hacia un ciclo de rápidos incrementos y rápida decadencia (boom-bust cycle),

  • la susceptibilidad a la corrupción,

  • la excesiva confianza en la inversión extranjera directa,

  • la estructura de producción de enclave con escasas vinculaciones hacia adelante o hacia atrás con otros sectores de la economía, y

  • una estructura social que inhibe el desarrollo más amplio de las fuerzas productivas de la sociedad y deriva en formas desiguales y exclusivas de crecimiento y en conflictos y guerras por los recursos.

De este modo, desde el estructuralismo latinoamericano y la escuela marxista de la dependencia hasta en los economistas neoclásicos y neoliberales, hay acuerdo en que la extracción de recursos ofrece una vía bastante difícil hacia el desarrollo. Sin embargo, los cambios en la economía mundial en años recientes han dado origen a la noción de que esta vez será diferente, que las modificadas condiciones del mercado mundial permitirían ahora que los países ricos en recursos exploten su ventaja comparativa en recursos naturales y se convierta en una bendición lo que alguna vez fue una maldición.

Los exponentes de esta perspectiva incluyen a varios economistas del Banco Mundial, quienes han publicado una serie de estudios que sugieren que el aumento reciente en la inversión extranjera a gran escala en tierra y en la extracción y explotación de los recursos naturales bajo las actuales condiciones tiene implicaciones positivas para muchos países en desarrollo, permitiéndoles aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece una fuerte demanda de estos recursos en el mercado mundial (Banco Mundial, 2010 y 2011).

Por lo que respecta a las especificidades que cobra el neoextractivismo3 en los países emergentes, éstas se refieren a aquellas actividades económicas que remueven grandes cantidades de recursos que no son procesados (o que lo son limitadamente) y que se destinan a la exportación. Sin embargo, esto no se limita a los minerales, gas o petróleo, sino que engloba materias primas agrarias, forestales e incluso productos pesqueros. Por ello, en la actualidad se plantea que los países de América Latina son exportadores de naturaleza.

La definición que le otorga una especificidad al neoextractivismo es la de la consolidación de un estilo de desarrollo definido como un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como improductivos. El neoextractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad, profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana (Gudynas, 2009).

El llamado "modelo extractivista" fue interrumpido por algunos pocos países latinoamericanos a partir de la crisis mundial de 1929 (Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y Uruguay), y estos iniciaron el camino hacia la industrialización dirigida por el Estado, o industrialización por sustitución de importación (ISI). Los países restantes no lograron superar las estructuras de exportaciones primarias. Sin embargo, se debe aclarar que las exportaciones primarias, si bien perdieron dinamismo, continuaron como principales fuentes de divisas, ya que los productos manufacturados se dirigían al mercado interno y eventualmente al regional. La participación de empresas transnacionales en el mercado local se benefició también del proteccionismo imperante en el mercado local.

Para la década de los años setenta del siglo pasado, la ISI ya no se sostenía, abatida por sus límites estructurales para poder llegar a otras etapas de industrialización más sofisticadas, con lo cual se puso fin al ciclo desarrollista y la regulación del Estado. Durante los años ochenta, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) recomendaron a los países en desarrollo la aplicación de políticas de estabilización, primero, y ajuste estructural después.

Los programas de ajuste estructural (PAE) son la condición impuesta por el FMI y el BM a un país para otorgarle respaldo financiero destinado a afrontar un grave problema de pagos internacionales. Los PAE surgieron a comienzos de los años ochenta como respuesta a la crisis de la deuda externa de los países en desarrollo. Obedecen a una concepción extremadamente ortodoxa de la política económica, que años más tarde sería bautizada por sus propios impulsores como el consenso de Washington.

En efecto, desde los años setenta, y hasta el día de hoy, las economías de los países en desarrollo han estado dominadas por el enfoque neoclásico impuesto por los neoliberales, donde los operadores mundiales de tal modelo son los dos organismos financieros (FMI y BM) que sustentan el liderazgo de los Estados Unidos.

De igual manera, la teoría neoliberal se sustenta primordialmente en dos bases: primero, la defensa de la eficacia del mercado como mecanismo de asignación óptima de los recursos, junto con la crítica a la intervención pública en las actividades económicas en tanto generadora de distorsiones; segundo, la insistencia en las ventajas de una participación plena en el comercio internacional, junto con la crítica al modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el cual muestra un claro sesgo antiexportador (Merchand, 2012).

A partir de las reformas impuestas por el consenso de Washington, se postuló que tendríamos que reaprovechar nuestras ventajas comparativas cifradas en productos cuya producción interna costara menos, así que se reivindicó por los neoliberales apostar de nuevo al modelo extractivista que nos ofrecía una mejor inserción al mercado mundial, sobre todo aprovechando un mercado más diversificado a partir de otros demandantes, como son los países asiáticos, fundamentalmente China, ávidos de invertir y comprar nuestras cotizadas materias primas.4

El Cuadro 1 refleja la importancia que tienen, sobre todo para los países sudamericanos, sus exportaciones de materias primas en el total de su producto interno bruto (PIB).

Como se ha sostenido, en las décadas de 1980 y 1990 se reafirmaron los programas de ajuste y estabilización, consistentes, entre otras cosas, en el acotamiento del papel del Estado (Merchand, 2012). Esto hizo que las empresas mineras o petroleras disfrutaran de un contexto de liberación de flujos de capital, acompañado de flexibilización o reducción de las regulaciones (laborales y ambientales, y de concesión de permisos para explotar nuestros recursos sin ninguna restricción).

En el contexto señalado aquí, el Estado mínimo concede licencias o títulos para acceder a un recurso natural que corresponde a parte de la renta que se genera a través de una red de favores políticos-empresariales, renta que incluye regalías y tributos bajos a los capitales nacionales y extranjeros que apuesten por explotar los recursos mineros, energéticos y agrícolas (Gudynas, 2009, pp. 187-225). Aquí, las empresas transnacionales tienen un rol determinante; el Estado es funcional a esa transnacionalización que dinamiza sectores con ganancias extraordinarias.

Este neoextractivismo se caracteriza por mantener e incluso profundizar la extracción minera y petrolera, sea por un aumento de los rubros clásicos o por la incorporación de nuevos recursos (por ejemplo, países tradicionalmente no mineros que intentan la megaminería, como Uruguay, o países mineros que buscan nuevos rubros, como el litio en el caso de Bolivia). A su vez, el modo extractivista de organizar la producción se expande a otros sectores, en particular el de los monocultivos de exportación, como la soja en Argentina, Brasil y Paraguay.

El Estado juega un papel mucho más activo que en el extractivismo clásico, sea por una participación directa por medio de empresas estatales, como la petrolera venezolana PDVSA, o por medios indirectos: asistencias financieras, subsidios, apoyos en infraestructura, etc. El empresario transnacional reaparece o cobra importancia bajo otros modos de asociación, tales como la migración o los contratos por servicios en el sector petrolero (joint-ventures) para la comercialización, como sucede en Bolivia.

Con el neoextractivismo, el Estado capta, o al menos intenta captar, mayores proporciones del excedente generado por los sectores extractivistas apelando a medidas como regalías o tributos más altos. A su vez, estos Gobiernos que apoyan y defienden estas prácticas sostienen que se permite recaudar más fondos, y que estos son utilizados en programas de lucha contra la pobreza. El hecho sustancial es que todos los Gobiernos progresistas5 defienden ese estilo, y uno de sus argumentos predilectos consiste en ligarlos a los planes contra la pobreza u otros tipos de programas en el campo de la justicia social; de esta manera ganan una legitimación social y política sustantiva.

Sin embargo, se genera un círculo vicioso, donde los planes contra la pobreza requieren de nuevos proyectos extractivistas, y estos a su vez generan nuevos impactos sociales y ambientales que requerirán de futuras compensaciones. De este modo, el Estado busca lograr delicados equilibrios entre sus concesiones al capital y la necesidad de regularlo, entre alentar el extractivismo y amortiguar sus impactos sociales y ambientales.

El Cuadro 2 muestra la expansión del extractivismo en América del Sur.

Este cuadro refleja ejemplos y tendencias de las inversiones llevadas a cabo por los Estados de América del Sur y, como bien lo explica Eduardo Gudynas (2012), la minería, hidrocarburos y monocultivos han recibido grandes inversiones y se han iniciado nuevos emprendimientos en casi todos los países. Se apela a prácticas cada vez más intensivas, a veces utilizando productos tóxicos y peligrosos, muchas veces usando explosivos, y se cubren áreas geográficas mayores, afectando por ejemplo las cuencas hidrográficas. Viejos emprendimientos son reactivados y profundizados, y países que no eran extractivistas ahora están comenzando a serlo.

Este extractivismo también es adjetivado por Svampa (2013), quien retoma las ideas planteadas en el libro compilado por Massuh (2012). La etiqueta empleada para este extractivismo es la de consenso de los commodities, que se define y caracteriza como el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes.

Este orden va consolidando un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas comparativas, visibles en el crecimiento económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales y político-culturales. Tal conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras mismas de la democracia.

El concepto de commodities, en un sentido amplio, se entiende como productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente, o como "productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios internacionales y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento" (Svampa, 2013, p. 32). Ambas definiciones incluyen desde materias primas a granel hasta productos semielaborados o industriales. Para el caso de América Latina, la demanda de commodities está concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros).

Cabe destacar que a partir de datos extraídos de Horacio Machado (2012) es interesante observar cómo, a escala mundial, la geografía de la extracción es muy diferente a la geografía del consumo. Por ejemplo, América Latina produce 26.2% de la bauxita en el mundo, pero sólo consume 2.9%; en cuanto al cobre, produce 45.1% y consume 6.1%; respecto al oro, produce 15.2% del total mundial y consume 3%.

Esta demanda de commodities ha originado un importante proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas al acentuar la reorientación de éstas hacia actividades primarias extractivas o maquilas, con escaso valor agregado. Esta dinámica regresiva se ve agravada por el ingreso de potencias emergentes, como es el caso de China,6 país que de modo acelerado se va imponiendo como un socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región.

Si a este consenso de los commodities se le enfoca desde el punto de vista de la lógica de acumulación, conlleva la profundización de la dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios, y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación. Entre los elementos comunes de esta dinámica podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción o la escasa diversificación económica y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva (Merchand, 2013).

Estas caracterizaciones generales sobre el neoextractivismo operan con la escala de los emprendimientos, que nos advierte también sobre la gran envergadura de las inversiones (se trata de actividades capital-intensivas y no trabajo-intensivas), así como sobre el carácter de los actores involucrados y la concentración económica (grandes corporaciones transnacionales). En razón de ello, y de modo similar al pasado, este tipo de emprendimientos tiende a consolidar enclaves de exportación asociados a una lógica neocolonial que generan escasos encadenamientos productivos endógenos, operan una fuerte fragmentación social y regional, y van configurando espacios socioproductivos dependientes del mercado internacional.

Así, la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética (que incluye también la explotación de gas no convencional, o shale gas, con la tan cuestionada metodología del fracking), la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, la generalización del modelo de agronegocios (soja y biocombustibles), en fin, constituyen las figuras emblemáticas del neoextractivismo desarrollista.

Por último, pese a la tendencia a querer erigirse en discurso único, el consenso de los commodities7 aparece atravesado por una serie de ambivalencias, contradicciones y paradojas, ligadas de manera abierta a la enorme y creciente conflictividad socioambiental que la dinámica extractivista genera, así como también a los múltiples cruces existentes entre dinámica neoliberal, concepción del desarrollo, izquierdas y progresismo populista.

Los escenarios latinoamericanos más paradójicos del consenso de los commodities son los que presentan Bolivia y Ecuador. El tema no es menor, dado que ha sido en estos países donde, en el marco de fuertes procesos participativos, se han ido arreglando nuevos conceptos-horizontes como los de descolonización, Estado plurinacional, autonomías, buen vivir y derechos de la naturaleza.

Sin embargo, y más allá de la exaltación de la visión de los pueblos originarios en relación con la naturaleza (el buen vivir), inscripta en el plano constitucional, en el transcurrir del nuevo siglo, y con la consolidación de estos regímenes, otras cuestiones fueron tomando centralidad, vinculadas a la profundización de un neodesarrollismo extractivista.

Incluso, como lo menciona Gabriela Massuh (2012) en su libro "Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos) desarrollo", el llamado giro a la izquierda acontecido en la última década en América Latina, si por un lado incorpora un discurso marcadamente antineoliberal, por otro continúa haciendo valer un modelo primario, extractivo y exportador, al servicio del interés capitalista, y con consecuencias nefastas para la región en términos ambientales, sociales y culturales, sobre las cuales resulta urgente actuar.

La siguiente cita textual, ilustra con claridad el párrafo anterior:

Este nuevo ciclo de "mineralización" de la América Latina se extiende ya a lo largo de la vasta diversidad biológica y climática de sus territorios, y abarca también los más diversos paisajes ideológicos de los Gobiernos vigentes. Hoy por hoy, el "consenso minero" unifica a todo el espectro variopinto de los oficialismos gobernantes: desde los Gobiernos de "derecha" (de la "moderada" y de la extrema), a los autoproclamados "progresistas" y hasta "revolucionarios"; desde aquellos que abren las puertas a la expansión del militarismo norteamericano, permiten la instalación de nuevas "bases" e impulsan los TLC con las potencias dominantes, a los que adoptan una retórica "antineoliberal", e incluso, a aquellos que modificaron sus constituciones y consagraron los "derechos de la naturaleza" y el "buen vivir". Al unísono con las grandes corporaciones del sector, los Gobiernos latinoamericanos defienden a rajatabla "la minería". El oficialismo prominero se ejerce instalando, día a día, a través de diferentes canales y lenguajes, el mensaje de que "sin minería no se puede vivir" (Machado, 2014, p. 12).

El común denominador de casi todos los Gobiernos latinoamericanos en términos de política económica, sean estos Estados progresistas o conservadores, es que todos se sometieron, como fue en su tiempo, al recetario hegemónico del neoliberalismo más voraz. El consenso de Washington, hoy en día, sigue persistiendo en América Latina, (re)articulado en lo que, en su ensayo, Svampa (2013) denomina consenso de los commodities, el cual responde, conforme a lo anterior, a un modelo que, igualmente integrado dentro del neoliberalismo, se sirve de la lógica extractiva sobre bienes naturales sin valor agregado, su alta rentabilidad para los actores económicos -que no para las comunidades locales-, su abundancia y su tendencia alcista tanto en los precios como en el consumo del mercado internacional.

Este llamado consenso de los commodities, también denominado por Eduardo Gudynas (2012)capitalismo benévolo, se erigiría, pues, desde un extractivismo transversal que afectaría igualmente a los recursos fósiles, a la producción de biocombustibles o al agronegocio de la soja y el maíz, llevando consigo consecuencias más que perjudiciales para la región. Algunas de ellas, aparte de una reprimarización de las economías latinoamericanas -por encima incluso de los niveles de la década de los ochenta-, serían la precarización del empleo rural, la conformación de una pérdida de soberanía alimentaria, la proliferación de prácticas de desposesión de tierra, además de elevadísimas dosis de fragmentación social y regional que, ahondando en las dinámicas socioproductivas del mercado internacional, habrían terminado por generar un escenario sumamente pernicioso para el medioambiente y los derechos humanos.

Para seguir con la tónica de Gudynas, el Estado sudamericano se ajusta al estilo de desarrollo de talante extractivista y a la vez lo reproduce. El éxito actual de los Gobiernos, y en particular sus posturas optimistas frente a la crisis, sólo son posibles en la medida en que se mantenga el flujo de exportaciones de materias primas, sus altos precios y la atracción de inversiones. La caracterización que realiza Gudynas sobre el Estado es el rasgo común de los actuales Estados latinoamericanos, sean estos conservadores o progresistas.

El Estado libera y apoya dinámicas propias de una economía capitalista, permitiendo una intensa apropiación de la naturaleza, pero, por otro lado, intenta regular e intervenir esos ámbitos mercantiles. En efecto, todos los Gobiernos proclaman que su objetivo en el área económica es lograr crecimiento, lo que sería indispensable para generar empleo, captar renta para poder financiarse, etc. Por lo tanto, este Estado liberaliza y protege dinámicas propias del capitalismo contemporáneo, y se abstiene de intervenir cuando se ponen en riesgo esos procesos de acumulación. La promoción se hace con diferentes grados de apoyo y participación, que van desde cobertura jurídica hasta subsidios de diverso tipo, el aliento y protección al ingreso de inversiones, y hasta, en algunos casos, directamente el desarrollo de la actividad por medio de empresas nacionales.

Sin embargo, independiente de qué tipo de Estado se tiene (sesgo ideológico), éste es un actor indispensable para asegurar las altas rentabilidades de una economía extractivista, como la minera, petrolera, forestal y de agronegocios, que tienen múltiples aspectos en común, como lo explican Norma Giarracca y Miguel Teubal:

Fueron impulsadas en el marco del neoliberalismo económico difundido a escala mundial; se vinculan con el interés de grandes corporaciones que las impulsan y que controlan sectores clave del espacio económico donde operan; se remiten a escalas de producción mucho mayores a las tradicionales y desplazan multiplicidad de actividades preexistentes; utilizan tecnologías de punta; se localizan territorialmente porque dependen de la existencia y la persistencia de determinados recursos naturales; desplazan masivamente tanto a trabajadores rurales como al campesinado, a la agroindustria en general y a pobladores cordilleranos circundantes; significan actividades con alto consumo de otros recursos no reproducibles, como el agua, la tierra fértil, la biodiversidad; se orientan fundamentalmente hacia las exportaciones, con lo cual no contribuyen a resolver necesidades internas; son altamente conflictivas respecto de las tradicionales actividades existentes en las distintas regiones (agricultura, ganadería, turismo, cultivos industriales); no son esenciales para la vida de las comunidades -o del mundo en general-. Estas actividades también son generadoras de grandes deseconomías externas, no consideradas por sus promotores (Giarracca y Teubal, 2011, p. 9).

La especificidad de estas actividades extractivistas es que son impulsadas con gran ahínco por grandes empresas transnacionales que dominan sectores clave de la producción y tecnologías utilizadas en estos procesos. Como bien lo señala el OMAL, los Estados han ejercido un poder fáctico que ha impulsado, tanto como ha impuesto, la adopción de normas subordinadas a los principios neoliberales: las privatizaciones, las desregulaciones y el adelgazamiento del Estado de bienestar son reglas que preparan la pista de aterrizaje de las transnacionales para que estas exploten indiscriminadamente los recursos naturales.

Explosión de conflictos socioambientales

Necesariamente, hay que citar de nuevo a Svampa (2012) porque refleja muy bien lo acontecido con la instauración del modelo neoextractivista. Como más arriba se ha sostenido, desde el punto de vista de la lógica de acumulación, el nuevo consenso de los commodities conlleva la ampliación de la dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios, y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación.

Entre los elementos comunes de esta dinámica podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción o la escasa diversificación económica, y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva. En efecto, en función de una mirada productivista y eficientista del desarrollo, se alienta la descalificación de otras lógicas de valorización de los territorios, que son considerados como socialmente vaciables, o lisa y llanamente como áreas de sacrificio, en aras del progreso selectivo (Merchand, 2013).

En otras palabras, el neoextractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas, así como violentando procesos de decisión ciudadana.

Respecto a lo que se debe de entender por conflictos socioambientales, y estando al tono con lo explicado por Svampa (2008), «los conflictos socioambientales» son aquellos referidos al acceso y control de los bienes naturales y el territorio, lo que supone,  actores enfrentados por intereses y valores divergentes en torno a ellos, en un contexto de gran asimetría de poder. Estos conflictos expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente, al tiempo que van estableciendo una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y, de manera más general, por democracia. En la prevención en que los múltiples megaproyectos tienden a reconfigurar el territorio en su globalidad, no sólo se ponen en jaque las formas económicas y sociales existentes, sino también el alcance mismo de la democracia, pues esos proyectos se imponen sin el consenso de las poblaciones y generan de este modo fuertes divisiones en la sociedad y una espiral de criminalización y represión de las resistencias.

Sin embargo, es necesario encuadrar estos conflictos por la disputa de los recursos naturales en un marco conceptual que permita explicar las causas de dichos conflictos. Gian Carlo Delgado (2013), en la parte introductoria del libro Ecología política del extractivismo en América Latina: casos de resistencia y justicia socioambiental, presenta una semblanza de cómo dio origen al enfoque teórico de la ecología política, y sus aportes para estudiar el objeto de estudio.

Delgado (2013) comenta que la «ecología política», como campo de estudio específico interesado en develar las causas y no meramente los síntomas, ha sido y es un proceso diverso, con énfasis heterogéneos y que da cuenta de la importancia que tienen en los análisis teórico-empíricos el reconocimiento explícito de los sistemas de poder, la influencia y la subordinación presentes en las relaciones sociales y productivas contemporáneas, en todas las escalas temporales y espaciales.

El susodicho autor agrega que el concepto como tal, de acuerdo a Robbins,8 fue probablemente utilizado por primera vez en 1972 por Wolf en su trabajo "Ownership and Political Ecology", en el que se introdujeron una serie de trabajos propios de la antropología y la ecología cultural para la zona andina, y en los que para Wolf se discuten transversalmente dos elementos clave: por un lado, el tema del acceso de cara a la propiedad de los recursos; y, por el otro lado, el de las dinámicas de la gestión de los territorios con visión de largo plazo, y de innegable naturaleza colectiva de frente a la propiedad privada de acciones individuales y a la gestión cortoplacista.

Después, se tienen estudios más contemporáneos y acotados sobre el desarrollo extractivista y sus consecuencias sociales, económicas, y ecológicas. Destacan los trabajos de Martínez-Alier (1991 y 2003), Martínez-Alier y Jusmet (2001), Escobar (2010 y 2011), Toledo (1980, 1990, 1996 y 2003), Leff (1986 y 2006), y, por supuesto, los trabajos de Alimonda (2002 y 2006) y Quijano (1992, 2004 y 2007). Hay otros estudios más, pero estos son los que aportaron originariamente al debate ecológico-político, como sostiene Delgado (2013). Si bien estos textos no necesariamente son típicos de la diversidad y complejidad de la ecología política de los recursos naturales del continente, son, sin lugar a dudas, contribuyentes apreciables al debate actual.

El Cuadro 3 indica algunos casos que registran los conflictos ambientales en América Latina. Por la cantidad de estos conflictos no hay espacio para hablar de su problemática específica; simplemente se enumeran por subsector.

Por supuesto que este cuadro es una aproximación de los casos de explotación de recursos naturales y los conflictos que se provocan. Por ejemplo, se reporta en 2016 que "el Gobierno boliviano acaba de conceder a la empresa china Sinosteel la construcción de una planta para procesar el hierro del Mutún, uno de los yacimientos más importantes de Sudamérica, cerca de la frontera entre Bolivia y Brasil. Con ello, Bolivia comenzará su propia industria siderúrgica, una constante aspiración del presidente Evo Morales. La operación costará algo menos de USD 400 000 000 y confirma el predominio de Bolivia de los proveedores y socios de China" (Molina, 2016). Fuente: elaboración propia a partir de Delgado (2013).

Este cuadro refleja los conflictos socioambientales y cómo éstos se han convertido, de manera creciente, en denominador común de planes y políticas de desarrollo y conservación en América Latina.9 Las tendencias y proyecciones para el corto y mediano plazo indican que estos conflictos irán en sostenido aumento, tomando en consideración el uso exponencial al cual están sometidos los recursos naturales en la región, así como a escala planetaria. Casi sin excepción, se trata de conflictos que involucran a una gran diversidad de actores en disputa por el uso de los mencionados recursos, donde se ven confrontados actores del Estado, comunidades y organizaciones locales, pueblos indígenas, empresas nacionales o corporaciones transnacionales, y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Si bien los conflictos socioambientales pueden potencialmente causar un deterioro irreparable de los recursos naturales, así como sobre las relaciones entre instituciones, empresas y grupos sociales, pueden también potenciar procesos de transformación.

La intensificación de la extracción de los recursos naturales en las últimas décadas ha ampliado las fronteras donde las empresas transnacionales explotan minerales, hidrocarburos, bosques, ríos, etc., ocasionando crecientes conflictos socioambientales. Un caso representativo de los conflictos entre las empresas extractivas y los pueblos amazónicos por la propiedad y el uso del territorio es lo ocurrido en la provincia de Condorcanqui, en la cordillera del Cóndor, cerca la frontera de Perú con Ecuador. En esta zona, Minera Afrodita, subsidiaria de la compañía canadiense Dorato Resources, obtuvo unas 5 100 ha de concesión para la exploración minera con miras a extraer oro, cobre y uranio. Los pueblos awajum y wampis, ancestralmente asentados en esta zona, se han opuesto sistemáticamente y por diversas vías a las actividades mineras, pues consideran que contaminarán con mercurio y cianuro los ríos Cenepa y Marañón y alterarán el ecosistema en su conjunto. El malestar provocado por el avance de la minería, pese a las reiteradas solicitudes de las organizaciones indígenas sustentando su oposición, llevó a que los nativos awajum retuvieran a cinco trabajadores de la empresa para exigir al Estado que intervenga y regule las actividades contaminantes en una zona que ya había sido considerada reserva ecológica (Durand, 2011).

Sin embargo, acorde con la base de datos de conflictos mineros del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA)10 y la Coordinación Ejecutiva del Observatorio de Conflictos Mineros en América latina (OCMAL), se registraban -hasta 2013- un total de doscientos cuatro conflictos en diecinueve países de la región (seis de ellos son de carácter transfronterizo), los cuales afectaban a doscientas noventa y siete comunidades. En el mapa de la base de datos señalada se observa el número de conflictos mineros (ver, también: Hazin -2013-). La minería no es cualquier actividad, sino aquella que ostenta el mayor grado de militarización del modelo extractivo. Perú es, junto con México y Chile, el país que concentra más conflictos mineros, según el OCMAL. Entre los grandes países de la región, los mencionados son los tres donde el militarismo ha convertido a las comunidades indias, negras y mestizas, rurales y urbanas, en campos donde se impone el estado de excepción permanente.

Cabe aquí hacerse los planteamientos de Massuh (2012), quien dice que violencia, despojo y capitalismo contienen aquí, con toda su crudeza, su referencia primigenia. Ahora bien, ¿todo proceso de desarrollo supone esta tríada? ¿La modernidad es apenas esto? ¿Nos referimos a fenómenos semejantes cuando describimos el capital, la modernidad y el desarrollo?

Lo cierto es que, en el caso de conflictos provocados por el extractivismo, se genera una perspectiva que plantea la importancia de los dirigentes comunitarios para la resistencia. Por ello, se han descrito casos de muertes y asesinatos a líderes locales y de movimientos por la defensa de los territorios y los recursos naturales. En otras palabras, el escenario descrito da cuenta del avance de un modelo neoliberal de mercado que en Latinoamérica significó la instalación de un neoextractivismo actual, sustentado en un colonialismo interno y transnacionalizado que ha propiciado la emergencia de conflictos.

Como sostienen Correa y Rodríguez (2005), hoy más que nunca los conflictos socioambientales son una parte central de los procesos de desarrollo y de rearticulación de América Latina en las agendas globales, así como de la práctica de políticas públicas y de la gestión y administración del territorio y los recursos naturales. Estos conflictos se caracterizan por su complejidad, variedad temática y por la gran diversidad de actores involucrados. Entre los temas resaltantes, destacan los problemas de contaminación y deforestación, los impactos de megaproyectos como la minería y la explotación hidroeléctrica, el acceso y uso de áreas protegidas, la planificación y ordenación de zonas urbano-rurales, el acceso a la tierra, la posesión de territorios tradicionales, y el manejo de recursos pesqueros. Casi sin excepción, se trata de conflictos que involucran desde actores del Estado, comunidades y organizaciones locales, pueblos indígenas, empresas nacionales o corporaciones transnacionales, hasta organizaciones no gubernamentales y académicas. La raíz común de la mayor parte de estos conflictos es el incremento de la competencia por el acceso y uso de los recursos naturales en nuestra región y en el mundo en general.

Regresando de nuevo al argumento central del trabajo, según lo explicado por Composto y Navarro (2011), desde su génesis, la historia del capitalismo ha estado atravesada por el ejercicio permanente del despojo sobre la naturaleza, los seres humanos y sus mundos de vida. Efectivamente, el capitalismo es un sistema global que responde a una dinámica de expansión constante, tanto en términos productivos como geográficos, guiada por un único principio rector: la acumulación incesante (Wallerstein, 2008). Para ello, necesita separar a los hombres de sus medios de producción y reproducción de la vida, a fin de convertirlos en fuerza de trabajo "libre" -desposeída- y susceptible de ser explotada.

En otras palabras, necesita transformar a la naturaleza en un mero medio de producción, y a todos los procesos vivos que le son inherentes en potenciales mercancías, y destruir todas aquellas relaciones sociales, constelaciones culturales y lenguajes de valoración propios de otras matrices civilizatorias para subsumirlas a la lógica unidimensional del mercado (el tiempo abstracto, el individualismo y la ganancia privada). La violencia y el despojo constituyen la condición y signo del origen neoextractivista.

De modo que la violencia y el despojo son los pilares fundacionales del andamiaje capitalista, pero de ninguna manera pueden reducirse a un conjunto de acontecimientos explicativos del pasado, ya que han mantenido un rol continuo y persistente en la amplia geografía histórica de la acumulación de capital hasta nuestros días. En definitiva, los procesos de desposesión son constitutivos e intrínsecos a la lógica de la acumulación del capital, o en otras palabras, representan la contracara necesaria de la reproducción ampliada. Si esta última se presenta como un proceso principalmente económico, que cobra preeminencia durante los periodos de estabilidad y crecimiento sostenido, el despojo se expresa generalmente en procesos extraeconómicos de tipo predatorio y toma las riendas en momentos de crisis, a modo de solución espacio-temporal o huida hacia adelante.

También habría que agregar otra forma de análisis, la que expone Machado (2009, 2010 y 2012): los procesos de expropiación ecológica tienen profundas consecuencias económicas y políticas; implican inexorablemente que lo que unos consumen es lo que a otros les es quitado. El agua y la energía que consumen las mineras en los territorios de nuestra región, por ejemplo, es agua y energía que es negada y expropiada a las propias poblaciones locales.

Conclusiones

Se ha analizado cómo los Gobiernos de América Latina justifican un estilo de desarrollo extractivista que genera círculos viciosos no sólo en la población (explotación desmedida, bajos salarios, no se cuenta con prestaciones labores -seguro médico, ahorros, etc.-), sino también en el entorno territorial de estas poblaciones: al estar sometido a una sobrecarga de sus recursos naturales, se tiene como resultado depredación y degradación de su medio ambiente.

Esta paradoja perversa del sistema es propia de la lógica que opera en los Gobiernos en comparsa con las empresas para mantener un sistema productivo con altos rendimientos para una clase empresarial nacional y extranjera. Sin embargo, estas empresas productivas que comercializan exitosamente sus productos en el exterior, aprovechando sus "ventajas comparativas", no generan para sus trabajadores una vida digna y decorosa.

Las comunidades originarias y dueñas de sus recursos (tierra, agua) son despojadas arbitrariamente de sus medios de subsistencia. Estas poblaciones inertes e indefensas luchan para que se les restituya lo que les pertenece. Esto genera creciente conflictividad socioambiental entre los actores involucrados (Estado, empresas y trabajadores). No obstante que han crecido los conflictos por disputas y conquistas de territorios entre los involucrados, el Estado sigue manteniendo una política de defensa a favor de los intereses empresariales que socavan y depredan la biodiversidad de los territorios ocupados, destruyendo por consecuencia el tejido productivo social y cultural de sus pobladores originarios.

Habría que agregar, también, que el negocio lucrativo sobre el aprovechamiento de los recursos naturales se expresa en un neoextractivismo que constituye un escenario favorable para una próspera clase rentista (empresas nacionales, transnacionales y operadores de Gobierno) que acumula más y más riqueza y poder y es situada privilegiadamente en un sistema económico-político exclusivo y explotador de fuerza de trabajo y recursos naturales. El dominio que ejerce la clase rentista (por ejemplo, los titulares de los derechos de propiedad minera, agrícola, petrolera) sobre los denominados activos y recursos "naturales" le permite crear y manipular la escasez, así como especular con el valor de los activos que controla.

Esta clase rentista ejerce el derecho del "acaparamiento de tierras" que se está llevando a cabo actualmente en todo el mundo (América Latina, África), y que tiene que ver más con la creciente competencia por monopolizar los recursos y la cadena alimentaria con vistas a la extracción de rentas que con el temor a unos inminentes límites naturales impuestos a la producción de alimentos y la extracción de minerales.

También es a través del comercio internacional de materias primas que existe una transferencia real o virtual de insumos (agua, energía, minerales, biomasa y nutrientes, así como los efectos del trabajo humano) de una parte a otra del planeta. Este comercio es el adhesivo que mantiene unido el sistema capitalista, y es su expansión la que extiende e intensifica las actividades que tienen lugar dentro del mismo. En este sentido, la categoría de transferencia ecológica se ejemplifica en el caso de la explotación de petróleo crudo de México, que se exporta a Estados Unidos y que este regresa procesado como gasolina o gas.

El sistema capitalista está plagado de desigualdades y desarrollos geográficos irregulares, precisamente como consecuencia del patrón desigual de estas transferencias. Los beneficios se amontonan en una parte del mundo a costa de la otra. Un claro ejemplo de esto es lo que ha acontecido con América Latina en cuestión de transferencia de los beneficios ecológicos a partir de la explotación de su naturaleza y recursos naturales. Hay que recordar que el capital ha agotado, e incluso destruido, de forma irreparable los recursos latentes en la naturaleza de ciertos lugares (ejemplos como el gaucho, el henequén, etc.). Las colonias y las neocolonias fueron explotadas y son explotadas por sus recursos, sin importar el bienestar de las poblaciones locales (a menudo indígenas).

La extracción de minerales y la explotación de los recursos energéticos y forestales suelen seguir una lógica similar, dejando tras de sí un paisaje desigual de ciudades mineras abandonadas, suelos agotados, vertederos de residuos tóxicos y valores de activos devaluados. Estas prácticas extractivas y explotadoras se tornan doblemente voraces y violentas bajo regímenes imperiales y coloniales. Los beneficios y las pérdidas desiguales casi siempre redundan, sin embargo, en beneficio de los ricos y los poderosos, dejando a los vulnerables y a los pobres mucho peor de lo que estaban. Esto es, al fin y al cabo, en lo que siempre ha consistido el imperialismo extractivo.

La explotación de la tierra, la erosión del suelo y la extracción incontrolada de los recursos naturales han dejado una huella de enormes proporciones en los paisajes de todo el mundo, y en algunos casos han provocado la destrucción irreversible de aquellos valores de uso necesarios para la supervivencia humana. Sin embargo, el capital no puede menos que privatizar, mercantilizar, monetizar y comercializar todos aquellos aspectos de la naturaleza a los que tiene acceso. Sólo así le es posible absorberla cada vez más intensamente de modo que se convierta en una forma de capital, esto es, en una estrategia de acumulación. La colonización de nuestro mundo de vida por el capital se acelera. La infinita y cada vez más absurda acumulación exponencial de capital se ve acompañada de una infinita y cada vez más absurda invasión del mundo de vida por la ecología del capital.

Como se analizó, se instaura un proceso que se denomina "ofensiva extractivista", con acelerado avance expropiatorio, mercantilista y depredador de los bienes comunes naturales de la región. El agronegocio, la minería a gran escala, la explotación de hidrocarburos no convencionales, la industria forestal y la construcción de megaproyectos de infraestructura (carreteras, gasoductos, termoeléctricas, represas, etc.) son actividades únicas de esta nueva ola de saqueo, dependencia y recolonización a la que están sujetos los países de América Latina. Se puede decir que casi todos los estudios académicos recientes coinciden en las que las actividades de extracción de minerales o hidrocarburos generan situaciones de pobreza y de autoritarismo, y que se propician relaciones entre unas y otras.

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1Los commodities son un grupo específico de bienes que se comercializa mayoritariamente en el mercado internacional y que posee la característica particular de que los productos comerciados no se encuentran diferenciados entre sí (se los denomina, vulgarmente, "genéricos"). Por tal motivo, los precios pueden fijarse de forma transparente y ex ante en mercados específicos de alcance global.

2Se puede definir a la deuda ecológica como "aquella que ha venido siendo acumulada por el Norte, especialmente por los países más industrializados hacia las naciones del tercer mundo, a través de la expoliación de los recursos naturales por su venta subvaluada, la contaminación ambiental, la utilización gratuita de sus recursos genéticos o la libre ocupación de su espacio ambiental para el depósito de los gases de efecto invernadero u otros residuos acumulados y eliminados por los países industrializados" (Schatan, 1998, p. 18).

3El neoextractivismo está asociado a la existencia de enclaves, explotación laboral sin límite, violaciones a derechos humanos, el exterminio de grupos indígenas y la subordinación de los Gobiernos al poder de empresas multinacionales. Es un callejón del que es difícil escapar. La estrategia de sustitución de importaciones aplicada entre 1940 y 1980 estaba diseñada para escapar de esta trampa, pero la crisis de la deuda de los años ochenta permitió imponer el régimen neoliberal, y el extractivismo regresó con ánimos de venganza.

4Países asiáticos, y en especial China, se han convertido en compradores voraces de recursos naturales. Por ejemplo, el consumo chino de cobre fue de menos de 1 000 000 t en 1990, saltando a más de 6 000 000 en 2007, para lo cual debió importar más de 4 500 000 t. Cabe señalar que la extraordinaria expansión económica de China desde la década de 1990 se vio reforzada a partir de 2000 por los procesos de crecimiento de la India y otras economías emergentes. La demanda de hierro, cobre y aluminio, entre otros minerales de exportación, está asociada al crecimiento de los sectores de la construcción, la infraestructura y la manufactura (que requieren acero, conductores eléctricos y metales industriales, entre otros); estos sectores presentaron una rápida expansión en el marco del proceso de aceleración del desarrollo económico que han experimentado las grandes economías asiáticas. La rapidez del crecimiento económico de estas economías también ha contribuido a impulsar la demanda mundial de petróleo crudo y otros bienes primarios (UNASUR, 2013; Guydnas, 2012).

5A partir de la década de los 2000, gobiernos progresistas y de la llamada nueva izquierda accedieron al Gobierno en países de América como: Argentina (Néstor y Cristina Kirchner); Bolivia (Evo Morales); Brasil (Lula da Silva y Dilma Rouseff); Ecuador (Rafael Correa); Venezuela (Hugo Chávez, y hoy Nicolás Maduro); Chile (durante la etapa de Michelle Bachelet, y que puede repetirse con el nuevo mandato); Paraguay (Lugo); Perú (Ollanta Humala); y Uruguay (Tabaré Vázquez y José Mujica).

6En la actualidad, las exportaciones de América Latina hacia China se concentran sobre todo en productos agrícolas y minerales. "Así, para el año 2009 las exportaciones de cobre, hierro y soja representaban 55.7% de las exportaciones totales de la región al país oriental" (Merchand, 2013, p. 12).

7"Si durante la colonización española fue el trabajo esclavo o semiesclavo la fuente principal a partir de la cual se extraían y luego exportaban los recursos, a partir de la constitución de naciones latinoamericanas independientes fue, y sigue siendo, la contradicción principal entre capital y trabajo y el comercio desigual bajo condiciones de periferia y dependencia económica y política lo que determina los principios de la extracción-producción-exportación de los recursos. Es así que las naciones latinoamericanas se configuraron a lo largo de su historia como uno de los principales dadores de commodities al mundo industrializado. Recursos energéticos, biodiversidad y minería constituyen entonces los componentes fundamentales en la historia del desarrollo latinoamericano en tanto territorio complejo oferente de commodities" (Galafassi, 2012, s/p).

8Citado por Delgado (2013).

9Sólo en Perú, los conflictos socio

ambientales habían aumentado de veintitrés, en 2007, a ciento cuarenta y nueve, en septiembre de 2012; es decir, representaban más del 60% del total (Sanborn y Dammert, 2013).

10Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN). Para más información, ver:http://www.avina.net/esp/10427/incontext-32/#sthash.rQiTI0fa.dpufhttp://ocrn.info/

Recibido: 08 de Abril de 2015; Aprobado: 19 de Febrero de 2016

Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652016000200155

 

 

Estamos subsumidos por el capitalismo en: "La explotación de la tierra, la erosión del suelo y la extracción incontrolada de los recursos naturales que

 han dejado una huella de enormes proporciones en los paisajes de todo el mundo, y en algunos casos han provocado la destrucción irreversible de aquellos valores de uso necesarios para la supervivencia humana.

Sin embargo, el capital no puede menos que privatizar, mercantilizar, monetizar y comercializar todos aquellos aspectos de la naturaleza a los que tiene acceso. Sólo así le es posible absorberla cada vez más intensamente de modo que se convierta en una forma de capital, esto es, en una estrategia de acumulación.

La colonización de nuestro mundo de vida por el capital se acelera. La infinita y cada vez más absurda acumulación exponencial de capital se ve acompañada de una infinita y cada vez más absurda invasión del mundo de vida por la ecología del capital.

Como se analizó, se instaura un proceso que se denomina "ofensiva extractivista", con acelerado avance expropiatorio, mercantilista y depredador de los bienes comunes naturales de la región. El agronegocio, la minería a gran escala, la explotación de hidrocarburos no convencionales, la industria forestal y la construcción de megaproyectos de infraestructura (carreteras, gasoductos, termoeléctricas, represas, etc.) son actividades únicas de esta nueva ola de saqueo, dependencia y recolonización a la que están sujetos los países de América Latina.

Se puede decir que casi todos los estudios académicos recientes coinciden en las que las actividades de extracción de minerales o hidrocarburos generan situaciones de pobreza y de autoritarismo, y que se propician relaciones entre unas y otras".

Los gobiernos progresistas e izquierdistas afines ilusionan de otro capitalismo posible y justifican promover la expansión de extractivismos para eliminar la pobreza. Pero mienten y lo cierto es que "el   neoextractivismo es  la consolidación de un estilo de desarrollo definido como un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como improductivos.

El neoextractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad, profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana (Gudynas, 2009).

De modo que los gobiernos K han posibilitado la enorme concentración/ transnacionalización económico territorial, la destrucción de la soberanía alimentaria y la reprimarización económica consolidando el sometimiento del país a la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Lo han hecho a través de:

 

 

 

 

La década extractiva
25 de mayo de 2013

Soja, minería, monocultivo de árboles y petróleo. Desalojos, fumigaciones, desmontes y tierra en pocas manos. Judicialización y represión sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Las corporaciones y los asesinatos en el campo profundo. Diez años que dejaron heridas. 

INFORME ESPECIAL

Por Darío Aranda 

 

 El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20 millones de hectáreas. La minería también fue por más: de 40 proyectos se pasó a 600 (creció 1500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las corporaciones. Balance de una década extractiva.


Soja

 

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia la soja ocupaba 12 millones de hectáreas (el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas cultivadas). 

En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. Llamada por técnicos y funcionarios de manera eufemística: “Corrimiento de la frontera agropecuaria”. 

La soja transgénica, con uso de glifosato, fue aprobada en marzo de 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Gobierno de Carlos Menen. El Estado no realizó estudios propios. Basó su aprobación en informes de las propias empresas de agronegocios. 

El 
Plan Estratégico Agroalimentario, gestado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, provincias, universidades y empresas, fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Explicita la profundización del modelo: un aumento del 60 por ciento de la producción granaria (llegar a los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie sembrada: de 33 millones de hectáreas actuales pretende llegar a las 42 millones. 

No se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre territorios campesinos e indígenas. 

El avance del agronegocios llega incluso a límites inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifica soja y maíz transgénicos. 

El uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los Médicos de Pueblos Fumigados, a 300 millones de litros por año. Otras consecuencias: al menos 200 mil familias expulsadas del campo, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC). A su vez, datos del propia INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la tierra. Y el 57 por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el tres por ciento. En Argentina se da una reforma agraria, pero al revés: muy pocos tienen casi todo, muchos no tienen casi nada. 

En vísperas de los diez años de Gobierno, el 
MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), el Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf) emitieron un comunicado conjunto (organizaciones con buenos niveles de diálogo con el Gobierno): “Las organizaciones campesina e indígenas y de la agricultura familiar vamos por lo que falta”. 

“En los últimos diez años las políticas públicas a favor de los sectores populares y de los mercados internos han brindado alivio a la resistencia de las economías campesinas-indígenas pero aún falta. El gigantesco avance de la frontera agropecuaria se acompañó de concentración de la tierra, monocultivo de soja y la commoditización de nuestro campo”, afirma el comunicado. Y describe la situación actual: “El desmantelamiento de la economía nacional, la destrucción y concentración de la cadena de valor y del consumo interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de soja”.

Señalan además que “hay muy buenas condiciones para dar un giro en la política” para fortalecer al campesinado y promover otro modelo agropecuario, pero alerta que “no es posible si no se cambian las reglas de juego, especialmente debe legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía popular”. 

Destacan diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el campo”, frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer la producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo, limitar los agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas nativas y criollas. 

Monocultivo de árboles 

La Ley 25.080 fue aprobado por el menemismo (1999). Subsidia todos los pasos productivos, las empresas no deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Además cuentan con devolución del IVA. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años (cualquier modificación impositiva, que afecta a todos los ciudadanos, no modifica el régimen fiscal de las compañías). 

El monocultivo de árboles (con iguales consecuencias que la soja) pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble (1,2 millones) en 2008. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) proyecta llegar, en 2018, a tres millones de hectáreas. 

Misiones concentra el 59 por ciento del monocultivo forestal. Le siguen Entre Ríos (11 por ciento), Buenos Aires y Corrientes (ambas con ocho por ciento). 

Una sola multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el diez por ciento de la tierra de Misiones (233 mil hectáreas). Y es el emblema del monocultivo en la tierra colorada. 

La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada por el Congreso en noviembre de 2008. Hasta el 2018, como pedían las empresas nucleadas en AFOA. 

Petróleo

Néstor Kirchner recibió YPF ya privatizada (por Carlos Menem). En octubre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.154, que amplió los beneficios impositivos que ya tenían las petroleras y gasíferas. También se renovaron las concesiones de yacimientos (por ejemplo, Cerro Dragón). “En política hidrocarburífera, los últimos diez años fueron una consolidación y profundización del neoliberalismo de la década del noventa. Hubo renovación de concesiones y amplios beneficios para los actores transnacionales, donde se les mantuvieron todos los amplios beneficios que tenían”, afirmó Diego Di Risio, del 
Observatorio Petrolero Sur. 

El OPS señaló que la “estatización parcial” del YPF creó expectativas y pensaron en la posibilidad de que sea un punto de inflexión. “El último año ha dado señales claras de que se mantiene el modelo. La estatización sólo busca disputar la renta, solucionar los problemas de déficit energético y se sigue tratando como un commodity, sin cambio de concepción con respecto a la década del noventa”, afirmó Di Risio. 

No duda que, al igual que con la soja, se experimenta un “corrimiento de la frontera hidrocarburífera”. Muestra de eso: la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) estaba integrada por diez provincias (las de tradición petrolera). Desde 2006, todas las provincias restantes modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones para la exploración de hidrocarburos. “Claras zonas donde avanza la frontera es en Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras”, precisó Di Risio. 

La actividad petrolera sumó un nuevo cuestionamiento la extracción con la técnica de "fractura hidráulica" (también llamado “fracking”). El agotamiento de las reservas hidrocarburíferas llevó al desarrollo de técnicas para explotar yacimiento “no convencionales”, que se encuentran en una “roca madre”. Es necesaria la fractura hidráulica, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo. 

El fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria. Y en estados de Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados Unidos. En Argentina fue prohibido, en los últimos seis meses, en Cinco Saltos (Río Negro), San Carlos, Tupungato (Mendoza) y en las entrerrianas Concepción del Uruguay, Colón y Los Conquistadores. 

YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su “Estrategia de gestión 2013-3017”. En la página 51 señala que “Argentina tiene un enorme potencial de no convencional” e identifica siete cuencas que involucran a 18 provincias. 

La semana pasada, 
YPF anunció la firma de un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron, para explotar la formación Vaca Muerta (cuenca neuquina). Y avanzar también en la exploración de la formación Cacheuta (Mendoza). 

La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que se está violando toda la legislación indígena (provincial, nacional e internacional) que obliga al “consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades. La Confederación Mapuche ya alertó que resistirá el nuevo avance petrolero. 

Minería

La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero de 2012 un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Informó el aumento de la exploración en un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja. 

Siempre según datos oficiales (informe “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros en estudio. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003. 

Nunca antes la minería había crecido tanto. 

El jueves 9 de febrero de 2012, en un discurso público, 
la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas --luego se supo que era un militante del PJ--) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería. 

El viernes 10 de febrero, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera. 

“En estos últimos diez años la minería fue uno de los sectores que más creció en Argentina, como demuestran los proyectos de inversión en ejecución que totalizan 614, contra los 18 que había en 2003, y una producción de minerales que se multiplicó por diez”, celebra el cable de la agencia estatal Telam del 19 de mayo pasado. El título es claro: “Década minera. Uno de los sectores que más creció entre 2003 y 2013”.

Y cita al secretario de Minería, Jorge Mayoral: “La puesta en marcha del Plan Minero Nacional (presentado en 2004) dio como resultado un nivel de crecimiento sin precedentes". Y destacó que la premisa del Gobierno es "profundizar la visión de considerar a la Minería como política de Estado”. 

Otro dato de importancia sectorial fue la 
constitución de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), en 2012, con la participación de las provincias mineras, con el fin de favorecer el desarrollo regional generando empleos y oportunidades para pymes de servicios nacionales. Espacio gubernamental-empresario para impulsar la actividad.

La megaminería es cuestionada por medio centenar de asambleas cordilleranas que denuncian al menos cuatro puntos de la actividad: la contaminación ambiental, el despojo de los recursos naturales (“bienes comunes”), el cambio drástico que implica la llegada de la megaminería a pueblos y pequeñas ciudades, y falta de consulta sobre qué futuro desean para los lugares donde viven. No aceptan que empresarios y políticos decidan, sin escuchar a las poblaciones, la explotación de yacimientos mineros. 

En la última década, sólo dos ciudades pudieron votar si aceptaban o rechazaban la megaminería. 
Esquel (2003) y Loncopué (Neuquén, 2012). En ambas gano el “no a la mina” por más del 80 por ciento de los votos. Los gobiernos provinciales han prohibido plebiscitos en Calingasta (San Juan), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), y en Famatina y Chilecito (La Rioja). 

Leyes 

En la última década el Congreso Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al extractivismo. 

En noviembre de 2006 se sancionó la Ley 26.160, que frena los procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas. Y ordena relevar, en tres años, todos los territorios indígenas. 

El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley, hasta noviembre de 2013. A casi seis años de la sanción, hay provincias donde aún no ha comenzado el relevamiento (Neuquén). 

La Auditoría General de la Nación (AGN) alertó en junio de 2012 que en tres años sólo se había relevado el cuatro por ciento de las comunidades y destacó que se desconocían el destino del 70 por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante el programa. “El Programa de Relevamiento Territorial ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres años de implementación, sobre 1470 comunidades indígenas se relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4,22 por ciento”, denunció la AGN. 

La llamada 
“ley de glaciares” fue sancionada dos veces. Fue aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008. Se interpretaba, de aplicarse, como un virtual freno a la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de noviembre. “El veto Barrick”, la bautizó el funcionario nacional, Enrique Martínez, entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

En septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada formalmente Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet. 

La norma fue frenada judicialmente por un medida cautelar (por una presentación de la empresa Barrick Gold en San Juan). Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley. 

La norma estableció un plazo de 180 días para la realización del relevamiento. 

En marzo pasado, el Ianiglia difundió una gacetilla con el “primer informe del Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis provincias, donde “se identificaron más de 4 mil glaciares que cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados”. 

El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación. Pero nunca hizo público los informes completos. 

La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla. Lo hizo luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal, febrero de 2009, donde organizaciones sociales y académicos apuntaron a la tala selectiva por venta de madera y por la actividad petrolera. 

A cinco años de la sanción de la norma, en febrero pasado, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que --en base a datos oficiales-- evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación”, afirman las ONGs. 

El informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos avances”, estima que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas. 229.009 hectáreas por año, 627 hectáreas por día. 26 hectáreas por hora. Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1.356.868), en los últimos nueve años se arrasaron 2.501.912, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. 

Una ley, nacida de las organizaciones campesinas, fue presentada en noviembre de 2011. Propone frenar los desalojos rurales por cinco años. Aunque fue presentada por legisladores oficialistas (Frente Transversal y Movimiento Evita), el proyecto no fue aprobado. 

Corporaciones 

“No soy la Presidenta de las corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de reasunción, en el Congreso Nacional. 

En abril de 2009, la Presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El encuentro se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del G20. El veto a la ley de glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas periodísticas. 

El 15 de junio de 2012, en 
un almuerzo en el Consejo de las Américas
 (espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la Presidenta anunció: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico”. 

Monsanto es la mayor corporación del agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos. 

Dos meses después del anunció, en agosto, el Ministro de Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”). 

Como ya fue mencionado, YPF anunció un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron. Se trata de una de las mayores compañías petroleras del mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 19.000 millones de dólares por contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos. 

Modelo 

Horacio Machado Aráoz es docente de la Universidad Nacional de Catamarca y militante del Colectivo Sumaj Kawsay (parte de la Asamblea Socioambiental del NOA -Asanoa-). “Si bien en muchos aspectos y dimensiones esta década pasada ha significado el avance en la restitución y recuperación de derechos conculcados y/o vulnerados desde el terrorismo de estado al neoliberalismo de guerra de los '90, también hay que marcar en esta década se ha abierto también un nuevo ciclo de violación a los derechos humanos”, afirma Machado Aráoz. Y denuncia: “Los derechos más elementales de poblaciones fumigadas, intoxicadas a gran escala, sometidas a voladuras y a la contaminación masiva de sus fuentes de agua, sus suelos y su atmósfera, poblaciones perseguidas y reprimidas, por policías provinciales, por la Gendarmería y por patotas y guardias para-policiales armadas desde una perversa articulación 'público-privada' por terratenientes sojeros, empresarios mineros, petroleros, y caudillos políticos provincianos”. 

Araóz, coautor del libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina”, describe que en la última década en las provincias ha crecido el (término nuevo) “feu-deralismo extractivista”. Explica que los “ingresos” de las actividades primario-exportadoras han contribuido muy poco a avanzar en la democratización de las sociedades: "Si bien se han recuperado los niveles de empleo y se ha reducido la pobreza, también es cierto que ha crecido la proporción de la población cautiva, sujeta a los mandatos de punteros políticos que manejan la administración arbitraria de políticas y recursos asistencialistas”.

Resume al extractivismo como la “combinación de la depredación de los ecosistemas, la degradación de las condiciones de salud, y el deterioro y vulneración de derechos y las condiciones de una democracia sustantiva”. 

Pueblos originarios 

En mayo de 2010, una histórica marcha de pueblos indígenas llegó hasta Plaza de Mayo, en el marco de las celebraciones del “Bicentenario”. Habían marchado durante una semana en tres columnas (NOA, NEA y Patagonia). Y fueron recibidos por la Presidenta. Hubo promesas de nuevas leyes, entrega de radios comunitarias y fotos protocolares, pero no hubo respuesta sobre la principal demanda de los pueblos indígenas: el territorio. 

Un año después,
 se conoció el audio de esa histórica reunión. La Presidenta advirtió que priorizará la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad. 

Fue la confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la Presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También llamó a ser “realistas” y “sensatos”.

Cuando la reunión terminaba, de imprevisto, tomó la palabra Paz Argentina Quiroga, Amta (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan. ”Le pido que tenga una reflexión en relación a estas cuestiones porque no es sólo un problema de discriminación, es una deuda histórica que el país de los argentinos que va a cumplir 200 años todavía tiene (...) Soy capaz de decirle en la cara y mirándola a los ojos, voy a decirle a usted, tenemos mucha inteligencia. No se trata sólo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio avasallado por las trasnacionales”, contestó la referente warpe y, frente a la misma Presidenta, le aclaró: ”somos un pueblo espiritual y de resistencia. Hemos resistido pero también necesitamos de un estado nacional y provincial que ejecute las leyes”. 

A tres años de aquel hecho histórico, la guía espiritual evalúa los diez años de gobierno kirchnerista: “Esta década unos la dan por 'ganada' y otros por 'perdida'. Para los pueblos indígenas es una década ensangrentada, llena de dolor, desalojos y judicialización. Este Gobierno no cesa con sus planes extractivistas, una muestra es que entrega la cordillera a las multinacionales mineras. Pero estamos de pie y seguiremos en lucha”. 

Un capítulo aparte debiera escribirse sobre la lucha de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. La 
sistemática violencia del gobierno de Gildo Insfrán es un símbolo de padecer de los pueblos originarios de Argentina y de la impunidad de los gobiernos feudales. 

Represión 

El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente en
Tinogasta (Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaban el paso a los camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos. 

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”. 

En julio pasado, en 
Cerro Negro (cruce de rutas 40 y 60), la policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería y bloqueaban el paso de camiones de Minera Alumbrera. En un hecho insólito en democracia, 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia. 

En noviembre pasado fue el turno de 
Rawson, donde patotas promineras, de la Uocra y punteros políticos golpearon con cadenas y palos a asambleístas en la puerta de Legislatura. 

El sábado 11 de mayo pasado reprimieron a asambleístas de 
Famatina (La Rioja), que resiste el avance de la megaminería. El miércoles 22 de mayo, la policía de Chaco reprimió un corte de ruta en Castelli (realizado por comunidades qom y organizaciones sociales que reclamaban por la forma de distribución de planes sociales). Ayer nomás, 24 de mayo, fue el turno de comunidades Tonocoté en Santiago del Estero. 

Sólo un puñado de las decenas de represiones de los últimos años. 

Y la judicialización también está presente. Solo en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas contabilizó 347 integrantes del Pueblo Mapuche judicializados en Neuquén por defender el territorio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) precisa que 500 campesinos enfrentan causas judiciales por resistir los desalojos. 

En los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales). Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé --beba de 10 meses-- (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco). Tanto la violencia contra asambleas socioambientales como los asesinatos de campesinos e indígenas tienen un denominador común: el silencio de la Presidenta. 

Ver también:"Amanece el 25: Relato Patriótico, Modelo Colonial", por Eduardo Soler. Fuente: http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html

 

 

 Crisis civilizatoria

 

Hagamos, abajo y a la izquierda, posible que una creciente mayoría dé relevancia a los ecocidios-genocidios que las incesantes expropiaciones capitalistas e imperialistas perpetran en nuestro país-continente. Es perentorio la instalación en la agenda pública de la visión sobre:

El pulmón puede tener cáncer

26 de enero de 2019

Hoy, la ultraderecha está en el poder en Brasil, país que tiene en sus fronteras la mayor parte de la Amazonía, el pulmón verde del planeta. Y este hecho puede ser el cáncer definitivo que mate esa cuenca de enorme biodiversidad. 

 

Por Jesús González Pazos.

 

Hace más o menos cuarenta años que empezaron a sonar las alarmas por las consecuencias para la vida en este planeta del modelo de desarrollo que, sobre todo el mundo occidental, había implementado desde la revolución industrial. Un modelo que, entre otros graves problemas, generaba una destrucción más o menos sistemática de la naturaleza.

La contaminación de tierras y aguas, la desaparición de los bosques y el consiguiente aumento de la desertificación, el uso sin límite de los recursos no renovables que empezaba a provocar el vértigo ante el abismo al darse cuenta de que el planeta es finito, eran también resultado de estas actuaciones. Al igual que el empobrecimiento creciente de millones de personas, atrapadas en unos países esquilmados y explotados por la voracidad del desarrollo impuesto que, irónicamente, se les denominaba como “en vías de desarrollo”, mientras su futuro se les hipotecaba y clausuraba. 

En suma, se extendía la preocupación por el hecho de que podíamos estar acabando con las opciones de una vida digna para las generaciones presentes y futuras.

Desde esos años se multiplicaron los estudios, investigaciones y cumbres en las que los líderes del mundo no resolvían prácticamente nada a pesar del agravamiento continuado de la situación de riesgos diversos y cada día más evidentes. Y alcanzamos así los tiempos actuales en los que los peligros son más que puras alarmas. El cambio climático es incuestionable y todas y todos somos conscientes del mismo, por mucho que algunos pseudoliderazgos (Donald Trump) se afanen en negarlo y otros decidan mirar para otro lado para no incomodar en exceso al líder.

El calentamiento global ya no está en la puerta, sino que ha entrado en la casa y sus consecuencias todavía no alcanzamos a medirlas con exactitud, como todo futuro, pero si sabemos que serán graves para muchos territorios y para millones y millones de personas. Ahora sabemos que hay recursos y situaciones vitales para el sistema y para la vida que están llegando al límite y que se agotarán en breve, no habiéndose generado aún alternativas suficientes.

Pues bien, precisamente cuando empezaron esas preocupaciones hace cuatro décadas uno de esos recursos vitales, pero finitos, que se identificó con rapidez es la selva amazónica. De una parte, en ella viven varias decenas de pueblos con formas de vida diversas y que, como tales pueblos, tienen derecho a seguir disponiendo de ese territorio y de su futuro. De otra parte, a este espacio natural se le nombró rápidamente como el pulmón verde del planeta, por su generación de elementos imprescindibles para la vida. Múltiples estudios señalaban las graves consecuencias de su desaparición, generando cambios profundos en el mismo clima de todo el planeta y aumentando el calentamiento global, entre otros efectos. La Amazonía era uno de los territorios vitales para el mundo.

Pero ya en esos momentos el pulmón tenía, cuando menos, asma. Una enfermedad que limitaba su capacidad pulmonar y la de seguir generando, entre otros, el oxígeno necesario para el planeta. Se entendía ya entonces que día a día era atacado por los intereses mercantilistas, propios del sistema neoliberal, que destruían diariamente miles de hectáreas de selva, constriñendo su capacidad de respiro.

Deforestación continua, minería destructiva, agronegocios de monocultivos en una tierra altamente vulnerable, iban de la mano de las periódicas grandes declaraciones que la llamada comunidad internacional hacía para mantener a salvo la selva amazónica y los derechos humanos de los pueblos que la han conservado durante miles de años.

Y de esta forma, en este caminar esquizofrénico entre la preocupación por la conservación y la dominante de seguir aumentando los intereses económicos inmediatos se nos iba el tiempo. Hoy, la ultraderecha está en el poder en Brasil, país que tiene en sus fronteras la mayor parte de esta cuenca de enorme biodiversidad. Y este puede ser el cáncer definitivo que la mate; que el asma evolucione a úlceras cancerosas y la metástasis puede hacer el resto, mientras el mundo mira para otro lado y elude su responsabilidad en la salud del enfermo.

Las primeras decisiones en firme del gobierno del neofascista Jair Bolsonaro, en consonancia con sus declaraciones en campaña electoral, son un ataque frontal a la Amazonía y a los pueblos que la habitan. Hasta ahora la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) ha sido el organismo del estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que se encargaba de la salvaguarda, con mayor o peor fortuna, de los derechos de los pueblos amazónicos y, entre otros, de la delimitación de las áreas indígenas protegidas. Pues esas primeras decisiones pasan la demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, el cual hoy está en manos de Tereza Cristina Correa, quien ha sido desde hace años la líder del bloque de los hacendados rurales, que defienden a ultranza el agronegocio y, un ejemplo más, el uso irrestricto de agroquímicos.

El Servicio Forestal Brasileño también pasa del Ministerio de Medio Ambiente al de Agricultura. Por último, la FUNAI, totalmente vaciada de atribuciones y competencias ahora dependerá del nuevo Ministerio de Mujer, Familia y Derechos Humanos, el cual está bajo la autoridad de la pastora ultraevangélica Damares Alves. Esta ministra es una ferviente antiabortista que, entre otras declaraciones, dijo que ha llegado el momento de implantar el gobierno de las iglesias o que la escuela pública ya no es un lugar seguro y el único espacio con estas características son las iglesias evangélicas.

Con esta situación la previsión, o mejor dicho parece que la promesa, es que los avances de la deforestación y desaparición del pulmón del planeta se multipliquen exponencialmente. Nunca han sido frenados, pero lo que en los próximos pocos años puede ocurrir es que sea totalmente irreversible la destrucción de la Amazonía. Las características de la selva y de sus suelos no los hacen recuperables; además, estos espacios se agotan en muy poco tiempo, por lo que no son ni útiles para la agricultura. Es mucho más fácil que la Amazonía se convierte en breve en un erial o en inmensas áreas de pasto para el ganado de los hacendados que veamos volver a crecer los árboles.

El ascenso de la ultraderecha, no sólo en Brasil sino también en EE.UU. y en la vieja Europa, así como los ataques de ésta contra la igualdad y el ejercicio de derechos de las mujeres, ha hecho recuperar una sentencia de la filósofa feminista Simone de Beauvoir. Señaló que no podemos olvidar nunca que “bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados, (porque) esos derechos nunca se dan por adquiridos”.

Por ello, concluye la cita subrayando la importancia y necesidad de que las mujeres permanezcan vigilantes sobre dichos derechos durante toda la vida. Desgraciadamente la premonición de Simone de Beauvoir resulta ser cierta en su absoluta totalidad y profundidad, pero también desgraciadamente, no sólo si hablamos de los derechos de las mujeres, sino también si lo hiciéramos de la naturaleza (Amazonia), de los pueblos indígenas o de la grandes mayorías (sectores empobrecidos, clases medias…) que este sistema, hoy ultraneoliberal, sigue considerando como bienes explotables para el aumento desenfrenado de sus cuentas de beneficios económicos.

Las élites son así y por lo tanto hoy hay que estar más que vigilantes que nunca para conseguir verdaderamente que los derechos de las personas (mujeres y hombres), de los pueblos y de la naturaleza sean realmente derechos adquiridos y no cuestionados permanentemente por el sistema dominante. Hay instrumentos internacionales de derechos que los protegen y que hoy están en riesgo de ser ignorados, violados, olvidados, de forma definitiva. Estamos a tiempo de eliminar el cáncer, pero la metástasis empieza a crecer y no hay tiempo que perder.

El Salto

Más Noticias

Fuente: https://www.anred.org/?p=109485

 

 

Es urgente detener la destrucción de la Amazonía. Sintámonos interpelados e involucrémonos en enfrentar a los capitalismos locales del mundializado y a los imperialismos adueñados de nuestros países por asociación con las elites locales. Es fundamental la organización internacionalista ya caminando en ese rumbo como lo expresa:

 

 

Declaración de Quito pueblos indígenas de la cuenca amazónica en defensa de sus derechos y sus territorios para la vida plena y su aporte para enfrentar el cambio climático global

 

Denuncia, Internacionales, Pueblos Amazónicos, Red Pan Amazónica

 

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y sus organizaciones miembros de los nueve países de la cuenca amazónica: COIAB (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña) de Brasil, CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) Bolivia, AIDESEP (Asociación Interétnica de desarrollo de la Selva Peruana) Perú, CONFENIAE (Confederación de las Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana) de Ecuador, OPIAC (Organización Nacional de los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana) Colombia, ORPIA (Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas) de Venezuela, APA (Asociación de Pueblos Amerindios de Guayana) de Guyana, OIS (Organizaciones Indígenas de Surinam) Surinam y FOAG (Federación de Organizaciones Autóctonas de Guayana Francesa) Guyana Francesa, reunidos en la ciudad de Quito, del 16 al 19 de marzo de 2018, en el marco del Consejo de Coordinación y Consejo Directivo de la COICA, acuerdan emitir la presente Declaración de Quito:

Considerando:

Que, la cuenca amazónica ha sido el hogar de pueblos indígenas por más de 10 mil años, y actualmente habitan en esta región 390 pueblos indígenas, más 66 pueblos en aislamiento voluntario, y más de 2,5 millones de indígenas con una diversidad cultural única, basada en una relación holística con su territorio, que ha llevado a mantener conservados el 28,3% de territorios indígenas dentro de la cuenca amazónica, abarcando 175 millones de hectáreas tituladas y más de 100 millones de hectáreas que faltan titular.

Que, los bosques tropicales de la Amazonía son un ecosistema estratégico para enfrentar el cambio climático, por sus múltiples funciones ecosistémicas, como la de mega diversidad biológica, regulación hídrica de los “ríos voladores” y los millones de toneladas de biomasa de carbono forestal depositado en los bosques tropicales de los territorios indígenas.

Que, esta región estratégica global de diversidad biológica y cultural, a la vez tiene una presión enorme por las actividades extractivas de empresas nacionales y extranjeras, mineras y de hidrocarburos, infraestructura y monocultivos, así como por la presencia de otros agentes externos que generan impactos ambientales y sociales irreversibles para los pueblos indígenas y sus territorios.

Que, es importante la consulta previa y la aplicación aplique según en el Convenio 169 de la OIT, en el artículo 2 establece que “…los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad…”

Que, existe una presión de inversiones chinas que no cumple con estándares mínimos internacionales y que causan graves impactos ambientales y sociales con una consecuente flexibilización de las normas nacionales.

Los representantes de las organizaciones indígenas nacionales amazónicas miembros de la COICA, de los 9 países de la cuenca amazónica, ponen de manifiesto denuncias y preocupaciones para consideración pública nacional e internacional, en especial de los Estados nacionales amazónicos:

En Colombia, la OPIAC denuncia que, (1) con el Acuerdo de Paz, sus territorios continúan amenazados con la presencia de los mismos actores armados al margen de la Ley, y del propio Estado, que se derivan en persecución y asesinatos a los líderes indígenas en sus propios territorios, y se exigen garantías constitucionales plenas para que exista participación de los pueblos indígenas en el marco de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, respetando el derecho fundamental al consentimiento previo, libre e informado; (2) la presión en los territorios indígenas por la presencia de empresas mineras legales e ilegales, ha generado un problema de salud pública en la región, contaminando con mercurio las fuentes hídricas, así mismo la exploración y explotación de hidrocarburos en los territorios indígenas, vulnerando el derecho fundamental al consentimiento libre, previo e informado, por lo que se exige una solución; (3) la constante vulneración del derecho fundamental a la consulta previa y a la participación de los pueblos indígenas en la aprobación de leyes y políticas públicas en temas que les afectan, por lo que se exige proteger de manera más efectiva el derecho fundamental a la consulta previa.

 

En el Ecuador, si bien es cierto se reconoce el proceso de diálogo establecido entre el gobierno nacional y las organizaciones indígenas representadas por la CONAIE y la CONFENIAE, en mesas nacionales temáticas de trabajo; sin embargo (1) la nueva ronda petrolera y concesiones mineras son una amenaza permanente a los territorios indígenas de la Amazonía ecuatoriana, y a su forma de vida; (2) la persecución a líderes indígenas, reflejada en los procesos judiciales iniciados por el anterior gobierno, aún no se han cancelado y las demandas de amnistía e indulto para los presos políticos no son atendidos; (3) se pide a las autoridades del gobierno, el respeto a los derechos ancestrales de las comunidades, en ese sentido se respalda a la nacionalidad Siekopai por su derecho ancestral territorial, cultural y espiritual para la construcción de una casa ceremonial en el punto denominado laguna de KOSA DOPË, dentro de la Reserva de Cuyabeno en la zona de Lagarto Cocha, que fue parte del territorio ancestral de esta nacionalidad.

 

En Perú, los territorios indígenas sufren una permanente amenaza por (1) las concesiones forestales, mineras, de monocultivos, infraestructura, bloques petroleros, tráfico de tierras y trata de personas, y cultivos ilícitos de coca, (2) las demandas de titulación de sus territorios no son atendidos, y al contrario el Estado peruano, de manera inconsulta y arbitraria continúa declarando áreas protegidas en superposición de los territorios indígenas como el caso Yaguas en el Departamento de Loreto, que atenta contra el uso ancestral de los recursos del bosque por parte de los propios pueblos indígenas.

 

En Bolivia, la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia), menciona que el Ministerio Público rechazó en marzo 2018 la querella penal contra el presidente de la CIDOB, hermano Adolfo Chávez Beyuma y líderes indígenas, por presuntas irregularidades, sin embargo esta acción demuestra que la demanda fue un instrumento de venganza y persecución política del gobierno nacional contra la CIDOB orgánica -que es la única reconocida por la COICA-, por su resistencia y su lucha por los derechos de los pueblos indígenas. La CIDOB denuncia que continúa la persecución y división del movimiento indígena, por parte del gobierno nacional, con la criminalización de la protesta social por la defensa de los territorios. Además, los territorios indígenas sufren una permanente amenaza por las concesiones forestales, mineras, de monocultivos, infraestructura, bloques petroleros, tráfico de tierras, y cultivos ilícitos de coca.

 

En Venezuela, se reconoce en la legislación nacional los derechos de los pueblos indígenas y se ha ratificado acuerdos y normas internacionales como el Acuerdo 169 de la OIT, que garantiza la consulta libre previa e informada y la participación de los pueblos indígenas en asuntos que les afecte. Por lo que se hace un llamado al gobierno nacional, para que en cumplimiento de dichos instrumentos legales, se abran mesas de diálogo con las organizaciones nacionales de pueblos indígenas, para analizar los impactos de proyectos de interés estratégico como el llamado Arco Minero, cuya aplicación podría afectar de forma directa a los pueblos indígenas, a su forma de vida y a sus territorios; y buscar alternativas viables; así mismo es importante avanzar con la demarcación y titulación de tierras indígenas que con su visión holística, aportarán en la conservación y manejo adecuado de los recursos naturales. Es importante que el gobierno comprenda la importancia de los territorios para los pueblos indígenas, que lleva a la lucha y se de cumplimiento al Plan de la Patria que en su contenido hace referencia a la protección del bosque para la salvación del planeta y la humanidad.

 

En Brasil, la COIAB denuncia que (1) no se ha terminado con la legalización de los territorios indígenas, y se denuncia también la política gubernamental Marco Temporal que coarta las iniciativas de legalización de tierras indígenas, (2) se atraviesa por una situación preocupante en los territorios, por las constantes amenazas por los garimpeiros, expansión de la frontera ganadera y agropecuaria, y explotación maderera, que atenta contra los pueblos y su forma de vida. (3) Se denuncia las acciones legislativas que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas, como son las leyes PEC215, PLP 227, PEC 419y PL 1610/96. (4) Además se denuncia que se han incrementado los proyectos de infraestructura sin consulta, así como la construcción de carreteras, hidroeléctricas, y monocultivos. (5) Se ha cortado el presupuesto, se ha desestructurado la FUNAI (Fundación Nacional del Indio). (6) La amenaza constante y persecución al movimiento indígenas, líderes y lideresas. (7) Tentativa de gobierna nacional y de los estados federales, por invalidar la Convención 169 de la OIT como en el caso de Roraima. (8) El gobierno debe atender también, en coordinación con Venezuela, la situación social del pueblo Warao por la crisis en Venezuela.

 

En Guyana Francesa, la lucha por la titulación de los territorios indígenas ha sido un proceso frente a las autoridades del gobierno francés, que de forma progresiva ha titularizado tierra indígena tradicional, dicho proceso debe continuar para asegurar los derechos territoriales y su gestión holística impulsada por la COICA. Por otro lado, la minería es una amenaza a los territorios, con el mega proyecto planificado, los impactos por uso de explosivos y de cianuro traerían graves afectaciones a la vida de los pueblos indígenas y a los recursos naturales, por lo que se insta al gobierno a analizar conjuntamente con FOAG los impactos, y aplicar la consulta y la participación, además se exige una moratoria sobre la minería. Se pide el cumplimiento del Acuerdo de Cayanne, específicamente el punto con la posición de la ratificación de la Convenio 169 de OIT.

 

En Surinam, se ha seguido un proceso para el reconocimiento nacional de los pueblos indígenas, sin embargo, queda un camino por seguir para que se aplique la consulta y participación de los pueblos indígenas, que lleven al pleno reconocimiento de sus derechos, en casos como la minería que es una actividad de presión sobre los territorios.
OIS denuncia que, en el noreste de Surinam, el gobierno está haciendo una exploración minera y se están contaminando los ríos con mercurio.
En cuanto al derecho de la tierra, se ha conformado una comisión, en la que los pueblos indígenas deben participar. Además, se han detenido los procesos de concesión de tierras indígenas por la Comisión de asuntos de tierras.

 

En Guyana, la APA declara que las concesiones forestales y mineras que el gobierno ha concedido en o cerca de tierras indígenas constituyen una amenaza para los territorios indígenas y el medio ambiente. Esto ha llevado a la violación de los derechos territoriales y de otro tipo debido a la inadecuada, o en algunos casos, la falta de participación en las decisiones que afectan a los pueblos y sus territorios. Por lo tanto, se insta al gobierno nacional a entablar un diálogo constructivo para comprender plenamente la importancia de las tierras y los territorios para los pueblos indígenas de Guyana.

En Guyana, Surinam y Francia, se presenta el agravante de que en estos tres países no se ha ratificado aún el Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa libre e informada a los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, es importante que estos tres países lo ratifiquen.

Por lo tanto, la COICA y sus organizaciones indígenas amazónicas miembros, en uso de sus competencias y atribuciones, emiten las siguientes

Resoluciones:

Demandar a los respectivos gobiernos nacionales de la cuenca amazónica, la coherencia en sus políticas de desarrollo, respetando los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, tomando en cuenta que la Amazonía y su diversidad biológica y cultural son estratégicas a nivel global para enfrentar el cambio climático.

Demandar de manera firme y consistente, a los gobiernos nacionales que se respete el cumplimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado, y el derecho a la participación en todas las decisiones, políticas y leyes que les afecte de manera directa o indirecta.

Denunciar a la opinión pública la persecución y criminalización de las y los defensores de los derechos indígenas; y demandar a los estados el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la erradicación total de la criminalización de la protesta social por parte de líderes y lideresas de las organizaciones indígenas, que luchan por la defensa de sus derechos y sus territorios; y llamar a articular una amplia red de defensa de defensores de la Vida Amazónica

Exigir a los estados nacionales y capitales extranjeros la indemnización, derechos de servidumbre, compensación y remediación por las afectaciones y los impactos socio ambientales que han sufrido los territorios indígenas, por causa de la explotación minera, de hidrocarburos, infraestructura, megaproyectos y otros.

Exigir a los gobiernos nacionales el respeto por la vida y la intangibilidad de los más de 66 pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la cuenca amazónica; con políticas de protección efectivas y el establecimiento de corredores binacionales y trinacionales, según corresponda para la defensa efectiva de su sobrevivencia

Demandan que los gobiernos nacionales de forma coordinada con los pueblos indígenas a través de sus respectivas organizaciones nacionales amazónicas, inicien y/o retomen la delimitación y legalización de más de 100 millones de hectáreas, en los 9 países de la cuenca amazónica. Los territorios en poder de los pueblos indígenas constituyen un freno a la deforestación y con ello se garantizar una enorme contribución a la lucha global contra el cambio climático.

Impulsar la organización de las plataformas nacionales indígenas de cambio climático, en aplicación del párrafo 135 del Acuerdo de París, y que estén basadas en las organizaciones territoriales y representativas de los pueblos indígenas.

Solicitar el apoyo de (1) los gobiernos nacionales de los 9 países de la cuenca amazónica, (2) las organizaciones nacionales e internacionales, (3) la opinión pública; a las iniciativas que lleva adelante la COICA y sus 9 miembros, como el Corredor Andes-Amazonas-Atlántico, el Programa de Defensa de Defensores, Programa de titulación de tierras indígenas amazónicas, Redd+ Indígena Amazónico; y a nivel nacional iniciativas como Cuencas Sagradas del Ecuador y Perú enfocados en la conservación de los territorios, defensa de los derechos, titulación de tierras indígenas, alternativas económicas y valoración de los servicios ecosistémicos; que incluye el enfoque de género e intergeneracional (mujeres, jóvenes y ancianos sabios).


Convocar a las organizaciones indígenas aliadas de COICA, a los gobiernos nacionales amazónicos, agencias y programas de Naciones Unidas, organizaciones multilaterales, entidades académicas, entre otros, a participar en la IV Cumbre Amazónica, II Congreso de Mujeres y Congreso de COICA que se realizará del 18 al 22 de Junio del 2018, en Macapá – Brasil, donde se articularán alianzas y estrategias para avanzar en la deuda histórica de titulación de al menos 100 millones de hectáreas pendientes, defensa de los defensores amazónicos, la participación efectiva de las mujeres amazónicas, desarrollar economías comunitarias de Vida Plena que avancen en el cambio del modelo extractivista y desarrollista; así como también impulsar la aplicación efectiva del Acuerdo de París, en especial las alternativas indígenas para cumplir con las metas de reducción de emisiones de los NDC nacionales.

Para constancia de lo resuelto, en la ciudad de Quito, a 19 de marzo de 2018, firman:

Consejo de Coordinación de la COICA


Fuente:
 http://redamazonica.org/2018/04/declaracion-de-quito-pueblos-indigenas-de-la-cuenca-amazonica-en-defensa-de-sus-derechos-y-sus-territorios-para-la-vida-plena-y -su-aporte-para-enfrentar-el-cambio-climatico-global/

En consecuencia, comprobamos a qué grado de barbarie ha llegado el capitalismo al procurar destruir un gigantesco bioma fundamental para la habitabilidad de todo el planeta. Pero la cuenca amazónica ha sido el hogar de pueblos indígenas por más de 10 mil años y se plantea:

 

Salvar a los pueblos indígenas para salvar la Amazonia

Generalizar esta toma de partido desafía ante todo a cuestionar nuestro racismo, nuestra colonialidad de saber-poder y nuestro creencia de ser superiores. Si dejamos de prejuzgar, descubriremos su enfoque holístico y la potencialidad de cambio radical de sus proyectos.

 

AIDESEP-APA-CIDOB-COIAB- CONFENAIE-FOAG- OIS- OPIAC-ORPIA

Mandato de Macapá

IV Cumbre Amazónica

Amazonía Viva Humanidad Segura

(Macapá, 19-20 junio 2018)

Ejercer nuestros derechos para detener la crisis climática y salvar al mundo

Reunidos en Macapá, el 19 y 20 de junio del 2018, en la Cuarta Cumbre Regional Amazónica, los pueblos indígenas amazónicos y las organizaciones nacionales de nueve países: Bolivia (CIDOB), Brasil (COIAB), Ecuador (CONFENIAE), Colombia (OPIAC), Guyana (APA), Guyana Francesa (FOAG), Perú (AIDESEP), Venezuela (ORPIA) y Surinam (OIS) y en diálogo con diversas entidades sociales, estatales y privadas; comprobamos que no queda más tiempo para salvar la amazonía, el clima y la vida de la humanidad; por lo cual acordamos el siguiente Mandato Amazónico para la acción de nuestros pueblos y en la alianza con entidades cooperantes, y que servirá de orientación al nuevo Consejo Directivo de Coordinación de COICA a elegirse en nuestro próximo X Congreso :

Declarar que luego de centenares de años de discriminación de los Estados a nuestros pueblos, no tiene sentido esperar la “voluntad” de ellos mismos; y al contrario, hay que ejercer de hecho nuestros derechos colectivos, para atender el llamado de los espíritus del bosque, de que los pueblos indígenas pueden ayudar efectivamente a salvar el mundo.

Denunciar los retrocesos en derechos indígenas y legalización de nuestros territorios ancestrales, en los países amazónicos, simultáneo al aumento de la destrucción de selvas y pueblos por el extractivismo y desarrollismo (infraestructura, IIRSA-COSIPLAN, agronegocio, minería, hidrocarburos, tala) que hará fracasar las metas climáticas del Acuerdo de París de reducción de emisiones.

Reiterar que los derechos no se mendigan sino se ejercen, por lo cual la vigencia de nuestros derechos violados, depende de nosotros mismos, del ejercicio efectivo y en los hechos, mediante la unidad y fortaleza de las comunidades y organizaciones de nuestros pueblos, sin esperar o depender de las incoherencias políticos y legales de los estados amazónicos, penetrados de profunda corrupción como lo revela el escándalo continental sobre infraestructuras y Odebrecht.

Llamar a la solidaridad internacional con las luchas indígenas en defensa de la amazonía, en especial en los casos graves de Bolivia, por la imposición de megaproyectos destruyendo selvas y reprimiendo pueblos indígenas; Venezuela, por el programa estatal minero del Arco del Orinoco que está destruyendo 12% del país con sus bosques y pueblos indígenas; y también en la Guyana Francesa, donde debe cumplirse el Acuerdo de Kayenne entre los pueblos indígenas y Francia para superar siglos de negación racista y colonial a reconocer sus territorios, identidad y derechos como Pueblos. Igualmente la solidaridad con nuestras luchas en los demás países como Brasil (retroceso de derechos y ¡Demarcación Ya!), Perú (titulación de 20 mills has, palma aceitera, Yaguas), Ecuador (ley de tierras, invasión minera y petrolera) y Colombia (retroceso en derechos e integridad de los resguardos indígenas) y en Guyana y Surinam (minería y tala ilegal)

Reiterar que la cuenca amazónica es un gran ser vivo totalmente integrado e inter conectado, y lo positivo que se haga en un lado, se afectará por el abandono en otro; por lo cual llamamos a nuestros aliados y la cooperación a superar las intervenciones fragmentadas y que toda acción con COICA sea desplegada en todos los 09 países de la cuenca; y considerando el carácter transfronterizo de la cuenca que supera los límites de los estados nacionales, reiteramos nuestro llamado de septiembre 2017 para conformar una misión de emergencia de Naciones Unidas ante las graves amenazas, que eviten su colapso que ocasionaría una catástrofe global.

Convocar a las organizaciones indígenas amazónicas y del mundo, y aliados de la opinión pública, a un sentido de urgencia, para la realización de acciones articuladas y colectivas, tales como :

* Organizar un equipo de defensa de defensores en la acción jurídica, política e incidencia

* Juicio a los Estados ante la CIDH, OIT, CERD, ONU por la inseguridad jurídica territorial y la no titulación territorial de 100 millones pendientes

* Movilización por “Amazonía Viva, Humanidad Segura” el 21 de setiembre del 2018.

Sobre los impactos del extractivismo, desarrollismo y criminalización

Priorizar las acciones de la COICA y aliados para que las organizaciones indígenas puedan encontrarse con los gobiernos y estados nacionales y hablar de forma frontal, sobre los problemas como los grandes proyectos extractivistas y desarrollistas y sus impactos, y la negación o manipulación del derecho de consulta y consentimiento previo

Rechazar las violaciones de los derechos colectivos de los grandes proyectos de infraestructura y extractivos, que promueven todos los Estados, sea del color político que fuera, como por ejemplo Venezuela (Arco Minero), Bolivia (Hidroeléctricas Bala, Chepete y Rositas; infraestructura caminera, TIPNIS), Perú (Hidrovía, Carreteras), Ecuador (minería), Brasil (agresiones a pueblos en Pará, Mato Grosso, Tocantins, Rondonia; y desmonte de la FUNAI), Colombia (locomotora minera) y las tres guyanas (minería y tala de madera); las cuales se imponen sin consulta previa, sobre nuestros territorios y áreas protegidas, sin estudios adecuados, y quienes los cuestionan son criminalizados.

Convocar a una acción y movilización internacional de la amazonía indígena el 21 de setiembre del 2018, para detener la acelerada expansión de los agronegocios, como la palma aceitera, caña de azúcar, cacao transgénico, soya, entre otros; porque significan imponer lápidas de “desierto verde” destruyendo y contaminando la vida; y fortalecer economías propias de los pueblos con el mayor valor del bosque en pié y sus funciones ecosistémicas.

Judicializar el etnocidio y ecocidio provocado por los estados amazónicos, desarrollando litigio constitucional y de jurisprudencia internacional ante los espacios de la CIDH, CERD, Relatoría de PPII, y otros de la ONU; para generar precedentes sólidos y espacios transparentes de relación entre iguales con los estados amazónicos

Establecer un mecanismo de diálogo permanente con la banca multilateral (BID, BM, CAF, BNDES, Bancos chinos y de BRICs) y sus espacios de inspección y vigilancia, y que incluya la capacitación a las organizaciones asociadas a COICA sobre las salvaguardas existentes y la forma de utilizar los mecanismos de queja.

Llamar a profundizar una actitud de los aliados de nuestros pueblos, para ejecutar acciones de emergencia para el apoyo concreto y efectivo a las necesidades y propuestas de los pueblos para salvar la amazonía, incluyendo enfrentar los impactos de los megaproyectos y la criminalización de nuestras organizaciones y liderazgos

Rechazar la reincorporación de la fumigación de glifosato en territorios indígenas y la Amazonia, anunciada por el presidente electo en Colombia, como mecanismo equivocado para combatir los cultivos ilícitos, afectando en especial a las fronteras con Ecuador y Venezuela, donde no hay garantías constitucionales ni presencia estatal, por los daños ambientales y la salud humana reconocidos por la ONU.

Convocar a la cooperación internacional para comprender la unidad e integralidad de la cuenca amazónica y nuestros pueblos, muchos de ellos binacionales o trinacionales, y superar el limitarse a zonas geográficas parciales, así como resistir las presiones autoritarias de los estados para abandonar a las organizaciones indígenas; y en ese marco, llamar a la decisión política de aliados y cooperantes para no replegarse en Bolivia y Venezuela y resistir en la defensa activa de derechos de pueblos y selvas, reiterando nuestra solidaridad con la cooperación y ONGs perseguidas en el conjunto de la amazonía.

Exigir a las entidades financieras internacionales el cumplimiento de estándares y salvaguardas sobre pueblos y selvas, en especial en los proyectos del Banco Mundial, Banco Interamericano, Corporación Andina de Fomento, Banco Nacional de Desarrollo del Brasil; y que esto sea también cumplido por el financiamiento estatal y empresarial Chino en la amazonía, empezando por responder a la carta dejada por COICA ante el gobierno chino durante la movilización internacional amazónica del 22 de setiembre del 2017.

Acelerar la implementación del Programa de COICA de Defensa de Defensores con participación activa de mujeres y jóvenes, que apoye a las organizaciones, para evitar que nuestros líderes y lideresas sean carne de cañón de la represión extractivista, sacarlos de las cárceles, frenar la persecución, proteger a sus familias y comunidades, y desarrollar acciones legales, políticas y judiciales, ante instancias nacionales e internacionales, frente a gobiernos que destruyen la amazonía y reprimen a nuestros pueblos; y también frente a la violencia de la minería ilegal, como es el caso de la comunidad Masenawa (Perú) y su defensa ante la destrucción ambiental y la incapacidad de control estatal; o de las mafias de drogas ilícitas que destruyen a la niñez y juventud especialmente en las fronteras amazónicas.

Articular una red de comunicadores indígenas de COICA para fortalecer los sistemas propios de comunicación de las organizaciones miembros de COICA e incrementar las capacidades y resultados de la incidencia del movimiento indígena

Sobre la ambición climática indígena para cumplir Acuerdo de París (AdP)

Impulsar la organización de plataformas climáticas de los pueblos indígenas en los nueve países amazónicos en aplicación del párrafo 135 del AdP, basadas en las estructuras organizativas de nuestros pueblos representativas territorialmente; con el reconocimiento debido por los Estados; basadas en el derecho territorial, manejo holístico y respeto a la diversidad cultural; orientadas a impulsar la integralidad entre adaptación y la mitigación; transición hacia energías renovables; Redd+ Indígena Amazónico; Restauración territorial ; Economía de Vida Plena; y todo ello, para aumentar la reducción de emisiones en los compromisos estatales de NDC. Así mismo, contando con recursos de los fondos climáticos, además de orientar y fiscalizar el funcionamiento de dicha plataforma a nivel global, que debe ser incluida en la estructura y financiamiento permanente de la CMNUCC y no ser marginalizada.

Impulsar alternativas de ambición climática indígena en el “Diálogo de Talanoa” como son el manejo holístico y economía de Vida Plena de 240 millones de has de bosques amazónicos bajo nuestro control; la titulación de 100 millones de has o más pendientes de territorios indígenas; el Redd+ Indígena Amazónico (RIA) en 10 millones de has con equidad de género e intergeneracional; Cuencas Sagradas fronterizas; vigilancia y monitoreo indígena de bosques y Planes efectivos de adaptación con rol central de las mujeres indígenas; y la recuperación y restauración de paisajes en 10 millones de Has como espacios de conservación y conectividad; articulando todo lo anterior, como aportes indígenas para cumplir y aumentar los compromisos estatales de reducción de emisiones en un enfoque de “Minga NDC”

Persistir en la construcción del Fondo Indígena Amazónico que contribuya a poner en valor y financiar las diferentes estrategias climáticas de nuestros pueblos, como las ya señaladas y corregir el despilfarro e ineficacia estatal del financiamiento climático, mediante el acceso directo a ellos, de quienes somos actores centrales dentro y para los bosques amazónicos; así como la distribución equitativa a los pueblos y comunidades de los beneficios e incentivos climáticos.

Exigir a los países amazónicos la transición de la matriz energética hacia las energías renovables, superando la adicción y contaminación de energía fósil, y rechazando las grandes hidroeléctricas y biocombustibles por sus impactos ambientales y sociales. Dar el ejemplo iniciando esa transición en la energía renovable en las comunidades y organizaciones indígenas nacionales amazónicas.

Sobre la economía indígena de vida plena

Reiterar que las economías indígenas existen acorde a la realidad de cada pueblo, como los de aislamiento voluntario (reciprocidad), situación intermedia (condicionantes en función al mercado), incorporados en el mercado (generando economías locales propias). La economía de mercado (de acumulación) y la economía propiamente indígena (distribución y reciprocidad) parten de dos formas distintas de ver el mundo y hay que analizar con cuidado la relación entre ambas.

Resaltar que las economías indígenas siendo diversas, también tienen factores comunes como cuidado de la naturaleza, manejo sostenible, respeto cultural y sabiduría indígena, los planes de vida y titulación territorial como elementos centrales.

 Rechazar la discriminación política, financiera y hasta estadística, sobre las economías indígenas, y la imposición de iniciativas por actores externos, sin la toma de decisión de la misma comunidad.

Reiterar la necesidad de gestiones locales para productores, transferencias de tecnologías para el manejo de aguas y bosques, desarrollo de capacidades para la equidad de género e intergeneracional, formación para cadenas productivas, creación de asociaciones de productores, registro de productos y plataformas para la venta, inserción y no exclusión de las políticas económicas públicas

Precisar que las economías extractivistas (hidrocarburos, minería, agronegocios) destruyen nuestros territorios y sociedades; y hasta la vida de los pueblos en aislamiento, debiendo detenerse las concesiones encima de ellos

Sobre autogobierno territorial y crisis estatales

Solidaridad activa con las experiencias de autogobierno indígena amazónico, como las del Pueblo Ka’apor en Brasil, que controla la vida en su territorio frenando la intromisión estatal, y cuyo Consejo de Gestión sufre campañas de calumnias y ataques por madereros y políticos del gobierno federal y estadual de Marañón; así mismo con los Gobiernos Autónomos de las Naciones indígenas en Perú (Wampis,Kandozi, Harakmbut, Ese Eja) que frenan el extractivismo depredador en sus territorios.

Priorizar y respaldar todo proceso de autonomía y autogobierno territorial de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, para que puedan salvaguardar y garantizar la titulación territorial y pervivencia de las selvas y culturas, libres de los juegos políticos, y frenar las presiones destructivas del extractivismo y la desintegración cultural y social, impulsadas por los Estados, sean estos neoliberales o progresistas-desarrollistas, y sus políticas clientelistas para dividir y manipular nuestros pueblos. Prioridad del autogobierno para dialogar y concertar con los Estados, pero sin entregar nuestro futuro en manos de ellos.

Organizar una estrategia colectiva en los 9 países, integral y articulada, para lograr la titulación y seguridad territorial de al menos 100 millones de has, que permita tener fuerza internacional para superar las barreras racistas nacionales, cuente con enfoques comunes de territorialidad integral y ancestral como pueblos, y se ejecute mediante descentralización operativa nacional y sub nacional.

Convocar a nuestros pueblos y aliados a actuar y lograr el respaldo de las fuentes de financiamiento territorial, como son los fondos climáticos nacionales; el “Fondo de Tenencia”; y el acceso de COICA como canal financiero del Fondo Verde del Clima.

Desarrollar acción internacional para detener la imposición de áreas naturales protegidas encima de territorios indígenas, así como favorecerlas o privilegiarlas, conteniendo la titulación territorial indígena. Así mismo, rechazar la contradicción estatal de incluso privatizar o fracturar áreas protegidas a favor de negocios de infraestructura o extractivos violando derechos y consulta previa.

Actuar de emergencia para salvar la vida de nuestros hermanos en aislamiento voluntario, en gran parte transfronterizos, y asediados y asesinados por operadores en minería, hidrocarburos, narcotráfico, tala ilegal. Esa emergencia exige una misión de emergencia humana de las agencias de Naciones Unidas tal como fue respaldado por un memorial suscrito por 150,000 ciudadanos del mundo.

Organizar el programa COICA sobre los pueblos en aislamiento, que articule los programas al respecto de nuestras organizaciones miembros; y potencie la acción conjunta para lograr la intangibilidad de las áreas que habitan, articular corredores binacionales de protección, redimensionar las concesiones extractivas, la contención de las invasiones y lograr protocolos eficaces sobre salud y contaminación.

Saludar la “Iniciativa Inter religiosa sobre Bosques Tropicales” y alcanzar las siguientes propuestas para superar las desconfianzas por los errores de evangelización-colonización del pasado y sumar fuerzas para garantizar Amazonía Viva para Humanidad Segura.

Aplicar la consulta y consentimiento previo a cada pueblo sobre esta iniciativa. Las pastorales amazónicas o indígenas, respeten y no dividan la estructura organizativa territorial articulada en COICA y sus niveles comunal, local, nacional e internacional. Reunión y respuesta del Estado Vaticano a la carta de COICA entregada al Papa Francisco en enero 2018, y la solicitud de diálogo previo a la organización del Sinodo Amazónico.

Respaldar esta iniciativa, las propuestas del presente mandato de Macapá, que incluyen la titulación de al menos 100 mills has, sobrevivencia de pueblos en extinción y en aislamiento, sistemas de justicia indígena y el fondo indígena amazónico para el manejo holístico de los bosques.

Detener y corregir las conductas de malos pastores que atentan contra la vida amazónica, como son entre otros, el Párroco Piovesam en Puerto Esperanza (Perú) que promueve una carretera pro maderera en áreas de pueblos en aislamiento. Impulsar las iniciativas de protección de las organizaciones indígenas articuladas en COICA para mantener y restaurar la conectividad ecosistémica del territorio amazónico desde los andes hasta el atlántico, con un enfoque integral de protección de las cuencas interconectadas así como de pueblos hermanos

Demandar a la organización del IX FOSPA en Colombia, un proceso plenamente participativo y en ese marco coordinar en forma respetuosa con OPIAC, integrante de COICA.

Organizar la V Cumbre Regional Amazónica en la Guyana Francesa, con los temas a definirse posteriormente y que incluya entre otros, la vigencia del convenio 169-OIT en las tres guyanas y por tanto del derecho a la consulta y consentimiento previo

Macapá, 20 de junio del 2018

Cuida la Tierra, así como ella cuidó de nosotros

Donde hay pueblos Indígenas con derechos,

siempre habrá bosques para todas y todos

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP

·          Coordinadora Regional de Organizaciones de Pueblos Indigenas- San Lorenzo, CORPI 

·          Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO

·          Organización Regional de Aidesep Ucayali, ORAU

·          Federación Nativa de Madre de Dios, FENAMAD 

·          Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración de Reservas Comunales, ANECAP

·          Consejo Machiguenga del Río Urubamba, COMARU 

·          Federación de Pueblos Indigenas Kichwa de la Región San Martin, FEPIKRESAM 

·          Coordinadora de Defensa y Desarrollo de San Martin, CODEPISAM

·          Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte, ORPIAN 

·          Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de AIDESEP Atalaya, CORPIAA

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana CONFENIAE. 

·          Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH

·          Organización de Comunidades Kichwas de Loreto, OCKIL

·          Federación de Nacionalidad Shuar de Orellana 

·          Nación Sápara del Ecuador NASE

·          Nacionalidad Siekopai

 

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB 

·          Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia CNAMIB 

·          Sub Central del Territorio Integral Parque Nacional Isiboro Secure, TIPNIS

·          Central de Pueblos Indígenas de La Paz CPILAP. 

·          Comunidad Tatarenda Nuevo 

·          Territorio Comunitario de Origen Takana II 

·          Central Indigena del Bajo Paragua, CIBAPA 

·          Central Itonama

 

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasilera, COIAB 

·          APOIANP-Articulacao dos povos e organizaciones indígenas do Amapá e norte do Pará

·          SITOAKOPE-Coordinacao das organizacoes mulheres indígenas do Acre Sul do Amazonas 

·          COAPIMA-Coordinacao de articulacao dos povos indígenas do maranhao 

·          AMIMA-Articulacao das mulheres indígenas do Maranhao

·          CIR- Conselho Indigena de Roraima·  FEPOINT-Federacao Povos e organizacoes indígenas de mato grosso 

·          COIPAM-Coordinacao das organizacoes indígenas do amazonas

·          UMIAB – Uniáo de Mulheres Indigenas da Amazönia Brasileira

·          FEPIPA, Federación dos Povos Indígenase Organizaciones do Pará 

·          FOIRN, Federacion de Organizaciones Indígenas del Río Negro

 

 Organisatie Van Inheemsen in Suriname OIS

 

Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC 

·          Asociación de Autoridades Indígenas de Guaviaré CRIGUA II 

·          Organización Zonal Indígena de Putumayo OZIP

·          Asociación de Consejo Regional Indígena de Guainía ASOCRIGUA

·          Asociación de Cabildos Huitotos de Caquetá ASCAINCA

·          Gobierno Mayor de Gobierno Propio del Gran Resguardo Indígena del Vaupés 

·          Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Miraflores, ASATRIMIG

 

Amerindian Peoples Asociation APA, de Guyana 

·          Regiones 1 Arawak, Carib, Warrau

·          Región 7 Akawaio, Arecuna

·          Región 8 Patamona, Macushi

·          Región 9 Macuchi, Wapichán

 

Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas, de Venezuela ORPIA 

·          OIPUS, Organización Indígena Pueblo Uwothuja de Sipapo 

·          OPIBA, Organización Pueblo Indigena Baré 

·          Red de Adolescentes y Jovenes Indígenas de Amazonas (RAJIA)

·          OMIDA, Organización de Mujeres Indígenas de Autana

·          Organización Pueblos Indígenas Kurripaco, Baniva, Warequena, Yeral del Estado de Amazonas (KUBAWY)

 

Federation des Organisations Autochtones de Guyane FOAG, Guyana Francesa 

·          Federation Lokono FL

·          Makana Pinius WAYAPI 

·          Consejo de Caciques CC.G 

·          Consejo Kauna MANA 

·          Consejo Kalina KOUROU

·          Consejo Kalina AWALA 

·          Consejo Kulakasi CK

·          Consejo Palikve MATAP

 

Fuente: http://iglesiasymineria.org/wp-content/uploads/2018/06/Mandato-de-MACAPA.pdf

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Hagamos, abajo y a la izquierda, posible que una creciente mayoría tome partido respecto a: "la toma de decisiones y la necesidad de generar herramientas políticas que sean contundentes y concretas a la hora de generar cambios en la vida de las personas, como las ordenanzas que fueron prohibiendo las fumigaciones en todo el país". Juan Pablo Lepore destaca la visión asamblearia y de democracia directa como organización y trabajo para esos logros. Agrega:

"Esto también, si podemos hacer una analogía o un paralelo, ocurre con la megaminería, que es otro de los problemas estructurales de la macroeconomía de la Argentina y del mundo, que gracias a la lucha popular, desde abajo, de las bases, las organizaciones vecinales que se fueron organizando, en Chubut como una de las cunas de la lucha anti minera partiendo desde Esquel, recordando al histórico legendario Javier Rodríguez Pardo que fue uno de los pilares fundamentales de la gestación de toda una ola de plebiscitos populares que se fueron generando, prohibiendo la megaminería hasta llegar a una ley provincial, en el caso de Chubut, la 5001 que dura hasta hoy y hoy mismo el gobierno está generando un ataque a esta ley".

“El modelo productivo que hoy se impone en el campo tiene los negocios por encima de la vida y la salud”.

 

25 de enero de 2019

 

El colectivo documental Semillas viene desde el 2010 con un trabajo de la Argentina profunda, la que muchos no muestran, llevando adelante investigaciones que demuestran que otro cine es posible. El último trabajo del grupo de cine fue “Agroecología en Cuba”, dónde queda reflejada una mirada de la soberanía alimentaria como una necesidad imperante. 

 

Juan Pablo Lepore es uno de los directores de este último film, y en diálogo con ANCAP nos contó sobre su último trabajo que es la serie web El agronegocio Letal en Argentina. El último y reciente capitulo es Arroyo Leyes, la frutilla del postre, de esto y de su próxima película hablamos con su Director.  

Por Federico Paterno

Desde el 2015 a esta parte el grupo de cine Semillas filmo tres películas documentales con un eje transversal en los tres casos que es la defensa del ambiente y demostrar la complicidad de las corporaciones para enriquecerse a costa de la vida de millones de personas fumigadas o contaminadas. En orden cronológico estas peliculas fueron: 2015 La Jugada del Peón (el agronegocio letal) , 2016 Olvídalos y Volverán por más (Megamineria y Neoliberalismo) y su último trabajo Agroecología en Cuba.

El primer capítulo de la serie web Agronegocio letal en Argentina fue Canals, un pueblo cordobés dónde la mitad de su población sufre de cáncer como consecuencia de las fumigaciones, el segundo capítulo fue Dique Chico, fumigación impune; aquí se puede observar las fumigaciones con agrotóxicos en zonas muy cercanas a escuelas y viviendas particulares, la complicidad empresarial y la resistencia de quienes no se resignan a vivir fumigados.

El nuevo trabajo fílmico en camino se llama La Vuelta al Campo, “Este documental que creemos que tiene una impronta revolucionaria, una impronta fundamental para intentar comprender un futuro que tenemos que construir entre todos y todas, un futuro que tiene por delante la prosperidad de todos los pueblos”, señaló Lepore.

¿Qué es lo último que están trabajando con el Colectivo Semillas?

Hoy estamos estrenando el tercer capítulo de la serie web “El agrotóxico letal” que se titula “Arroyo Leyes, la frutilla del postre”, este es un largometraje en este caso, con la participación especial e investigación de Patricio Eleisegui, el prestigioso periodista y escritor que está por sacar un nuevo libro que se llama Agrotóxicos. Contamos con su presencia en este tercer capítulo, los anteriores son “Canals”, el primero, un pueblo de Córdoba, donde más de la mitad de las personas mueren de cáncer por el avance de la frontera transgénica. Y el segundo se llama “DIQUE CHICO, fumigación impune” donde vemos a estos empresarios que fumigan a metros de las casas de las personas, de las escuelas y vemos como Sofía Gatica se introduce en unos de estos campos, y es arrestada mientras la maquina pasa fumigando, de fondo en la escena, una escena terrible que se repite diariamente.

 

En el tercer capítulo podemos ver como en Arroyo Leyes, un pueblo que queda a 20 KM de Santa Fe, hay una producción masiva de frutillas que se resiente, y en este sentido, nosotros pudimos entrevistar al presidente comunal donde en una entrevista extensa de más de una hora, nos pudo contar cuál es su posición al uso masivo de agrotóxicos, si conoce o relaciona las enfermedades con el bombardeo masivo de estos químicos letales. También podemos apreciar que, como se ve en el documental, como trata de evadir el tema y al ir siempre a la falta de argumentos y a la falta de estudios científicos que sean verídicos y que, según su posición, sean respetados por las comunidades científicas, que es un elemento redundante en su argumentación, en su retórica.

 

A raíz de esto fuimos a entrevistar a Damián Verzeñassi un reconocido médico que tiene maestría en salud pública. y nos ha podido orientar en una visión, de que los agrotóxicos, justamente son tóxicos al ecocidio que se está generando en Arroyo Leyes con la frutilla, una cantidad de químicos letales que se usan en especial es cloriforce y neonicotinoides que son los que están matando a las abejas en todo el mundo, generando una crisis ambiental sin precedentes en la historia de la humanidad. Sin abejas no hay primavera. En el fondo hay una lucha de modelos de producción. Este modelo que hoy domina y se impone en el campo argentino, tiene a los negocios por encima del saluda y la vida, nosotros estamos proponiendo, al mismo tiempo que denunciamos, un cambio, una transición a otro modelo posible que algunos lo llaman agroecología, otros, agricultura orgánica, otros volver a las raíces de la agricultura pero que tiene un denominador común, que tiene un respeto a la vida por sobre cualquier decisión económica. Lo que queda bien claro en cada uno de estos capítulos, es que tienen esta impronta de ser un formato ágil, en formato de serie web, que vamos a ir produciendo y lanzando a partir que podamos ir viajando a cada uno de estos pueblos donde la Logística nos permita. Y en este sentido vamos a lanzar una campaña de crowdfunding por IDEAME, para que las personas que sientan contribuir con este proyecto quieran aportar con lo que pueda, y tengan la posibilidad de hacerlo en un tiempo, lo que nos permitirá seguir viajando y dando a conocer y evidenciando una vez más este genocidio encubierto que se está llevando adelante.

EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y LA AGRICULTURA CAMPESINA

La gran corporación del agronegocio tiene como principal pilar mejorar su economía y acaparar la mayor parte del mercado posible. Jamás van a tener en cuenta los miles de casos de cáncer producidos por las fumigaciones. La ONU fue quien determino que restan 11 años para modificar el impacto cada vez mayor del calentamiento global. Aquí es donde aparece un rol fundamental de la agricultura campesina, y la lucha por la soberanía alimentaria.

Juan Pablo, en el orden de prioridades, ¿cómo ves vos los intereses que hay detrás del agronegocio?

 

Juan Pablo Lepore

Es una cuestión que está interrelacionada con un montón de aristas que tratamos en cada capítulo de narrar, a través de los verdaderos protagonistas que son los pobladores, los vecinos y vecinas que están en cada uno de estos pueblos y que se organizan y se juntan y creen que es posible modificar esta masacre. En ese sentido, vemos que en el capítulo 2 en Dique chico, pueblo de 300 habitantes, de Córdoba, vemos como la policía y los funcionarios, que deberían estar protegiendo la fiscalización del antes, ministerio de agricultura y protegiendo la salud de los vecinos y sin embargo pasa todo lo contrario, la fumigación se realiza sin receta fitosanitaria, hay una connivencia entre estos funcionarios y el poder político y económico, que es el poder real que gobierna, los que están detrás de las decisiones de campañas de estos títeres que se lanzan como candidatos y vienen a proteger el avance de esta frontera agroexportadora que está llevándose por delante la vida y la salud de millones de personas en todo el país y en todo el mundo. Estamos al borde de una catástrofe sin precedentes en la humanidad a escala histórica y mundial, la ONU ha declarado que tenemos 11 años para revertir las economías de todo el mundo, para revertir el calentamiento global y claramente la agricultura es uno de los elementos que agudizan y agilizan el proceso de que la tierra vaya acercándose a un punto de no retorno, justamente es lo que prevé la ONU para el 2030. Lo que necesitamos son cambios drásticos y lo que dicen las comunidades campesinas es que la agricultura campesina enfría el planeta.

La agricultura campesina tiene un respeto por la madre Tierra, un respeto por la salud y generar una economía circular, donde no haya perdida, donde transformar todo en algo que sirva al ciclo natural de la vida y las personas, y en este sentido la agroecología es una respuesta a gran escala, nosotros los demostramos en el documental que se estrenó en el 2017, Agroecología en Cuba, un documental que se ha seleccionado para 10 festivales, que hemos proyectado solamente en Argentina más de 130 veces con presencia mía y parte del colectivo Documental Semillas donde vamos a cada uno de los pueblos a generar debate, a generar movimiento, a llevar esta palabra del coraje del pueblo cubano, que ha sabido reconstruir y reorganizar su economía en base al respeto a la vida y el medio ambiente. Entonces son un ejemplo para la humanidad y son parte del cambio y la transición para que podamos tener un mundo donde la salud no sea negociable, donde haya que padecer familiares muertos por la acumulación del capital en pocas manos. Esto es un poco lo que cuentan estos capítulos del agronegocio letal y que va a estar en constante profundización y producción a través de los lugares que podamos visitar.

 ¿Dónde va a estar el foco en el nuevo documental  “La vuelta al campo”?

 La vuelta al campo es el quinto largometraje que vamos a estar estrenando en cines de Argentina y, esperamos, del mundo. La película fue elegida para el Working Progress de Fick Niña del festival de cine de Viña del Mar en su edición número 51. Eso nos genera una felicidad enorme porque es la primera vez que entramos a un festival tan grande de tantos años, tiene 20 años más que el festival de Mar Del Plata, un festival histórico.

 

Estar con compañeros y compañeras de Latinoamérica mostrando este documental que creemos que tiene una impronta revolucionaria, una impronta fundamental para intentar comprender un futuro que tenemos que construir entre todos y todas, un futuro que tiene por delante la prosperidad de todos los pueblos. La abundancia en tanto calidad de vida, como alimentación, como espacio para poder vivir y convivir y en este sentido, la vuelta al campo, a través de las organizaciones campesinas que hemos visitados como la UST de Mendoza, donde son más de mil familias organizadas donde han generado cadenas de producción desde el vivero, la semilla, hasta la comercialización, pasando por todas las etapas de producción, que cada cooperativa forma parte de la organización, pudiendo lograr un equilibrio en los intercambios que se generan dentro de esta cadena y que terminan con un precio justo también para el consumidor que sale doblemente gratificado.  Además de tener un alimento sano que tiene procesos agroecológicos sin la contaminación de estos pesticidas y las semillas transgénicas, también termina favorecido con un precio que es justo, mas en estos tiempos de ajuste neoliberal.

 

Entonces creemos que la vuelta al campo es una alternativa al desastre que han generado todas estas políticas del avance de  la frontera agroexportadora y necesitamos ver más allá de lo que propone el sistema capitalista dominante a escala mundial en la escena y en la coyuntura del hoy, de nuestro presente, en este marco de cambio climático, de crisis, de este sistema que es obsoleto que ya no responde a las necesidades de las poblaciones, solo hace falta ver la cantidad de hectáreas bajo el agua, tres millones de hectáreas inundadas por la necedad, el cinismo, la negligencia que genera no poder ver la obsolescencia programada, diría, de este modelo donde ya sabíamos que todo esto iba a pasar  y se viene anticipando hace muchos años. Es necesario ver más allá, y justamente la vuelta al campo es recuperar la tierra para el campesino, recuperar la tierra para la gente y que la tierra sea un lugar para habitar y poder vivir de ella de una forma digna y de forma abundante y prospera para estas generaciones y las que vengan.

LO QUE NINGUNA CAMPAÑA ELECTORAL TIENE

La carencia de políticas programáticas de los partidos políticos en relación a la soberana alimentaria, y la disputa por la tierra de los movimientos campesinos, no aparece en las campañas millonarias de los partidos que buscan ubicarse en los lugares de poder. En las diferentes películas del Colectivo Semillas, se puede ver claramente donde están los intereses de quienes están con las mayores chances de lograr una victoria electoral, y poder reflexionar donde se ubica el interés con las multinacionales del agro y la megamineria a la hora de gobernar.

¿Por qué crees que ningún partido político, ahora que se vienen las campañas electorales, toca el tema soberanía alimentario o el tema agroecológico?

Es una pregunta interesante y la pregunta del millón para este año electoral que se avecina. Ningún partido está a la altura de la circunstancia de comprender la etapa de transición que creemos y que estamos generando y me parece que no hay un compromiso más allá de algún favor o de algún gesto políticamente correcto. No hay intenciones de querer desarmar el modelo agroexportador, contaminante, extranjerizante y genocida. No está ese interés, eso tiene que venir de la gente de abajo. Estos cambios se generan de abajo hacia arriba, no tiene que venir ningún político a proponernos lo que nosotros estamos exigiendo hace años y en este sentido la lucha que está haciendo cada asamblea. cada organización de vecinos en cada pueblo, elaborando ordenanzas que limitan las fumigaciones o las prohíben en algunos casos son la mejor respuesta a una crisis de representación política o parlamentaria que se puede estar generando hoy en día. Creo que este tipo de organizaciones, que son apartidarías, no les interesa ocupar un cargo, sino que están de la vereda de enfrente para hacer cumplir la ley, para hacer respetar los derechos más fundamentales como la vida y la salud y me parece que es la actitud más sana de lo que la esencia de la palabra política atribuye, creo, porque los partidos políticos están vaciados de contenidos, no hay diferencias entre uno u otro, no veo en eso chances de ningún tipo y creo que concretamente la elección es una trampa para que siga siempre todo igual, para mí y creo que varios de los compañeros y compañeras del documental semilla comparten, que es lo que se muestra también a través de los documentales que hacemos, es la visión asamblearia y de democracia directa que hay en la toma de decisiones y la necesidad de generar herramientas políticas que sean contundentes y concretas a la hora de generar cambios en la vida de las personas, como justamente lo que decía, que se ve manifestadas en las ordenanzas que fueron prohibiendo las fumigaciones en todo el país.

Esto también, si podemos hacer una analogía o un paralelo, ocurre con la megaminería, que es otro de los problemas estructurales de la macroeconomía de la Argentina y del mundo, que gracias a la lucha popular, desde abajo, de las bases, las organizaciones vecinales que se fueron organizando, en Chubut como una de las cunas de la lucha anti minera partiendo desde Esquel, recordando al histórico legendario Javier Rodríguez Pardo que fue uno de los pilares fundamentales de la gestación de toda una ola de plebiscitos populares que se fueron generando, prohibiendo la megaminería hasta llegar a una ley provincial, en el caso de Chubut, la 5001 que dura hasta hoy y hoy mismo el gobierno está generando un ataque a esta ley y a esta decisión popular que fue hecha en el 2002 producto de la lucha y la democracia real, el pueblo decidiendo que es lo que quiere y que es lo que no, en este sentido vemos que la organización popular es determinante. Entonces es la respuesta política, en la esencia de la palabra, que más ha representado y más ha llevado adelante la profundización de cambios y de políticas que realmente beneficien a la población en concreto.

 ¿Dónde viste que se puede concretar realmente, “La vuelta al campo”, el documental que está por lanzar?

 La vuelta al campo representa la materialización concreta de los pueblos que buscan un destino distinto al que les ofrece el sistema capitalista. Creo que un denominador común puede ser eso, la busque de alternativas, la busque da la tierra como una forma de ser y de poder habitar el territorio y poder formar una familia y tener una actividad laboral donde uno no responda a ningún patrón, porque este es otro de los denominadores, las cooperativas son dirigidas, justamente, de forma horizontal y esto es clave para poder ver las diferencias que se marcan con el modelo agroexportador que domina el campo argentino.

 

Entonces de esta forma, las decisiones que se toman son sin jerarquías y de forma asamblearia, entonces hay más posibilidades de poder ver más allá de este modelo extranjerizante, de un modelo contaminante y que responde a los intereses multinacionales de Bayer, Monsanto y Syngenta, digamos. Entonces en este sentido la agricultura campesina y la vuelta al campo la vemos como la estrategia metodológica para ocupar territorio y justamente recuperar la tierra para que no quede subordinando a las decisiones que bajan desde el poder y las multinacionales

 

Poder recuperar la tierra significa la esperanza y un acto de fe de creer que otro mundo es posible desde cero, desde la tierra que es el punto inicial para crear y para proyectar cualquier sueño y vemos que hemos entrevistado a personas en situación de calle, a personas que están en situación vulnerables, personas que viven en villas de miseria y que están hoy padeciendo una situación que quizá en algún momento sus padres o sus abuelo han vivido en el campo y que se tuvieron que ir a las ciudades era ese momento lo que marcaba este éxodo masivo a buscar la vida, el trabajo y el futuro en las urbes y en el conurbano bonaerense, el conurbano de las grandes ciudades donde se establecían las grandes fábricas, y ese era el futuro del mundo, de la vida como se conocía. Entonces la vida en el campo queda como algo secundario, como algo asociado a la pobreza y a un modelo de vida que queda en desuso, con una estigmatización del campesino pobre, que no tiene destino.

 

En ese marco es que ahora vemos la necesidad de ver esta alternativa que justamente se enmarca en las ocupaciones de tierra como un derecho y como una posibilidad concreta de poder recuperar la dignidad y la vida que el capitalismo nos ha robado, nos ha engañado, nos ha prometido ilusiones que jamás se cumplieron para la mayoría de las personas y una posible puerta hacia otro destino es lo que hoy puede generar una esperanza, una realidad posible para millones de personas que están perdiendo sus empleos, que están quedando fuera del sistema y esto lo vemos cada vez que caminamos por las calles y vemos cada vez más gente que está en situación de calle y es la respuesta a este sistema que va expulsando y la gente se va cayendo del sistema y no le queda otra alternativa que quedar en la calle. Entonces vemos que esto es totalmente evitable y en la vuelta al campo hay una realidad que necesitamos formar, necesitamos crear y que esto lo tenemos que hacer entre todos y todas.

ANCAP

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Noticias/El-modelo-productivo-que-hoy-se-impone-en-el-campo-tiene-los-negocios-por-encima-de-la-vida-y-la-salud

 

 

"Hemos llegado a un punto de inflexión con este modelo agroindustrial y tenemos que dejar de usar agrotóxicos y avanzar a un modelo de agroecología, basado en la reforma agraria que permita el acceso a la tierra, salir de los circuitos de comercialización corporativos y generar relaciones directas entre productores y consumidores, pensando en el precio justo a favor del productor y accesible para el consumidor; disponibilidad de alimentos libres de venenos, etc." Fernando Cabaleiro señala: "Es el puntapié inicial para avanzar en un movimiento latinoamericano contra el agronegocio; contra todos los impactos negativos que genera, no sólo por el uso masivo de agrotóxicos sino también por la concentración de la tierra, lo alimentos como una mercancía, la discusión del modelo en sí y avanzar hacia un cambio en la forma de producir".

 

 

 

“Las 'Buenas Prácticas Agrícolas' son un cuento, la deriva es incontrolable” – Fernando Cabaleiro

12 de enero de 2019

 Por Huerquen

 

Conversamos con Fernando Cabaleiro, abogado, integrante de Naturaleza de Derechos, y una referencia obligada en la lucha de los Pueblos Fumigados de Buenos Aires.

 

Sin dudas la lucha de muchos años y de mucha gente en distintos territorios da frutos: hay debates ganados que van de boca en boca en campos y ciudades. Todxs ya sabemos que los “fitosanitarios” son agrotóxicos que impactan sobre nuestra salud y el ambiente; y que es posible producir de otra manera, y mejor, de la mano de la agroecología. Podríamos decir también que para las empresas juega (casi) todo el periodismo mainstream, y que en sus aguas abrevan encumbrados miembros del nuevo obispado científico.

Son derrotas decisivas en el discurso del agronegocio que aún así huye hacia adelante para defender su hegemonía y las ganancias corporativas: la plata que hace bailar al mono.
De la mano de un gobierno que pobló los organigramas con referentes empresarios asistimos a una ofensiva por convertir el discurso de las “buenas prácticas agrícolas” de creación del marketing corporativo a política pública. Como venimos informando, en la provincia de Buenos Aires una resolución ministerial busca abrir camino en las defensas que las comunidades construyeron durante años frente a los venenos. Pero este partido es de ida y vuelta.

Huerquen: ¿Qué reflexión te merece lo que dispone la resolución 246 de Agroindustria de Buenos Aires?

Fernando Cabaleiro: Bueno, la resolución no tiene fundamentos y desconoce la estructura normativa vigente. Hay una ley que regula el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires (nro 10.699/89) con un decreto reglamentario (nro 499/91). Lo que hace es distorsionar el actual sistema normativo donde la gran parte de los municipios de la provincia ya tienen una regulación, porque los municipios han legislado (tienen esa competencia) y lo han hecho ante la omisión del decreto reglamentario al no establecer distancias de protección respecto a las fumigaciones terrestres. Esta resolución 246, habla de la “zona de amortiguamiento” como una zona donde se podría fumigar tranquilamente con los supuestos controles (BPAs) pero, tenemos muchos municipios donde justamente la zona de amortiguamiento es justamente “zona de exclusión”, es decir su función es justamente la de amortiguar el impacto de los agrotóxicos. Si analizás por defecto esta norma vamos a ver que pareciera que las “buenas prácticas” hay que aplicarlas en las zonas de amortiguamiento, y que más allá de ella es a “libre albedrío” no?

Obviamente que las “buenas prácticas” no existen, porque está comprobado técnicamente que aún cuando respetes las instrucciones del marbete comercial (etiqueta) de cada producto, la deriva es incontrolable. Tanto para fumigaciones aéreas como terrestres. Hay trabajos técnicos al respecto, el del Ing. Marcos Tomasoni, y en el trabajo que se presentó en el juicio de Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba) se comprobó que los venenos pueden llegar hasta casi 5km del lugar “objetivo” donde se aplicó el producto.

Esta resolución (al igual que el agronegocio y las grandes corporaciones, los sectores ruralistas, y aquellos ingenieros agrónomos que tienen intereses en esta cuestión) sólo se encarga de hablar de la deriva primaria, que es la deriva inmediata después de la aplicación; pero los trabajos de investigación demuestran que también existe una deriva secundaria y terciaria que es la que se producen en horas posteriores a la aplicación porque hay material que queda disperso y que de distintas maneras se esparce hacia otros espacios, donde muchas veces tenés viviendas, escuelas rurales, ríos y lagunas, pozos de extracción de agua. Es decir, que el riesgo de contaminación está presente y eso ahora está siendo comprobado por múltiples estudios como el que lleva adelante la Universidad de La Plata, principalmente el EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental) a cargo del Dr. Damián Marino. Donde se analiza y se busca, se encuentran agrotóxicos… en el suelo, en la lluvia, en las aguas… con lo cual está claro que no hay “buena práctica” que pueda utilizarse para justificar el uso de agrotóxicos en la agricultura.

 

Hqn: Y desde el punto de vista político ¿Qué valoración hacés de la resolución?

FC: En cuanto al tiempo, esto se dio como derivación de la presentación interministerial sobre “buenas prácticas” del mes de julio. Y después que quién está a cargo del Ministerio de Agroindustria de provincia de BsAs, Leonardo Sarquís, fue empleado de Monsanto. Un gestor de las grandes corporaciones que lo tenemos dentro del gobierno y que está obviamente beneficiando a un sector en el que está justamente la empresa para la que él trabajó, porque ¿quién está interesado en que se sigan aplicando estos productos en grandes cantidades? Empresas como Monsanto; y ahí lo tenés al ministro emitiendo esta resolución para favorecer a este sector. Un fiel ex empleado.

Después cuando ves los fundamentos de la resolución, se habla de todo pero nunca se menciona la salud de la gente. Incluso desconoce la Ley 10.699 que es criticable pero por lo menos en los motivos los legisladores tuvieron en cuenta el tema de la necesidad de proteger la salud de la población. Y cuando vos ves los motivos de esta norma no se menciona nunca la salud, se habla del “interés común de los habitantes de la nación” ¿Cuál es el interés común acá? No se ve… porque vos estás beneficiando a alguien que utiliza un veneno cerca de una escuela rural o una casa y ahí no aparece el “interés común” sobre la salud de los chicos y chicas que van a la escuela, del personal docente, respecto del agua que consume la gente. No hay buena práctica que garantice la inocuidad de un veneno aún respetando el marbete comercial.

 

Hqn: Concretamente ¿esta resolución entra en contradicción con lo que dicen muchas ordenanzas que lograron las comunidades a lo largo del tiempo?

FC: Más que entrar en contradicción, se desconoce que hay muchos municipios que avanzaron correctamente en establecer una protección de las fumigaciones. Como sí reconoce el decreto reglamentario de la Ley 10.699 con respecto a las aplicaciones aéreas donde se establecen zonas de amortiguamiento. Nosotros también ponemos en discusión esas zonas de amortiguamiento porque consideramos que son insuficientes y no son una garantía para la salud de la población porque está comprobado que la deriva de los agrotóxicos puede llegar hasta los 5km. Es decir la gente puede estar respirando veneno aún cuando vos le establezcas distancias de protección. Otra cuestión importante, que ignora esta norma y omiten todos los que están a favor de uso de estos venenos, es que el impacto no es solamente a la salud humana (que es de por sí grave) sino que también en el ambiente y la biodiversidad. Muchos componentes biológicos hoy están siendo sometidos a venenos y se está comprobando por ejemplo el declive en las poblaciones de abejas e insectos que cumplen funciones ecosistémicas muy importantes que no pueden ser soslayadas.

Insisto, lo de las “buenas prácticas” son un cuento: vos por más que te pongas un mameluco, respetes lo que te dice el marbete comercial, la dosis, y las condiciones climáticas… la deriva es incontrolable, y además esos agrotóxicos terminan como residuos en los alimentos. Es decir, podrás decir que protegés al operario pero tenés un impacto en los que viven al lado de donde se fumiga, y los que consumen esos cultivos que son fumigados. La única buena práctica es que no se aplique veneno.

Hqn: Agroindustria dice que esta resolución es válida desde el 1ro de enero, ¿En qué situación quedan las comunidades que tienen ordenanzas que establecen distancias de resguardo?

FC: La norma genera confusión. Es confusa porque no tiene aplicación efectiva, es como una norma orientadora pero inaplicable en aquellas localidades donde haya una ordenanza. Si una ordenanza establece una zona de protección de 500m como es en Saladillo, esta norma es inaplicable, y podemos decir que es claramente inconstitucional porque es regresiva. Los municipios tienen poder de policía y la competencia por la ley orgánica de municipalidades de legislar sobre cuestiones de seguridad e higiene; y ejerce esa competencia legislando sobre distancias de protección para fumigaciones con agrotóxicos. Nosotros la consideramos inconstitucional porque va en contra del espíritu de la Constitución de la Provincia de BsAs y de la propia ley 10.699 que tiene como norte la protección de la salud y el ambiente.

Es claramente una norma que no protege, al contrario, desconoce los impactos de los agrotóxicos por su naturaleza venenosa. El carácter intrínseco de estas sustancias es matar, son biocidas, no son “fitosanitarios” osea “remedios de plantas”: no son remedios, son venenos, son agrotóxicos.

El problema está en los municipios donde no se reguló, donde no hay ordenanzas de protección, porque esta norma como que les da un ropaje de legalidad a esa aplicación. Ahí rige la ley 10.699 y su decreto reglamentario que ya establecen los 2km para aplicaciones aéreas, y cosas como que tiene que haber receta agronómica, acta de trabajo o condiciones climáticas determinadas. Entonces, ahí esta norma viene a legitimar el uso de venenos en la zona de amortiguamiento cuando está claro que se avanzó en gran parte de los municipios en que estas sustancias son peligrosas y que hay que legislar para proteger a la población y al ambiente.

El Estado no puede ignorar las leyes, y tampoco puede ignorar los fallos de la justicia. En el caso de las escuelas rurales, la sentencia de la escuela fumigada de Coronel Suárez la justicia estableció que no se puede fumigar a menos de 1.000m. Ellos no pudieron demostrar que aplicar un producto cerca de la escuela no genere daño. Esto es importante porque las sentencias judiciales se transforman en fuente material del derecho que los otros poderes no pueden ignorar, tanto el legislativo como el ejecutivo. Nosotros cuando vamos al debate en la justicia logramos una protección de 1000m; y el poder político, sin debate, sin argumentos, sin fundamentos científicos pretende que te fumiguen prácticamente al lado de las viviendas.

 

Hqn: Uno de los argumentos que acompañaron la presentación interministerial de julio y de diciembre es el de “ordenar”. El trabajo de Daniela Dubois demuestra la amplitud en la situación normativa de los municipios, incluso de disparidad entre municipios que están pegados donde unos tienen muchos resguardos y al lado nada. Si buscamos un piso común ¿Qué debería regir? ¿La legislación actual puede cumplir ese rol?

FC: La disparidad tiene que ver también con la autonomía municipal, y eso es una base que hay que respetar digamos. En esto confluyen varias competencias porque vos tenés la competencia del municipio, la de la provincia pero también la del Estado nacional. Acá hay un organismo que no tenemos que olvidar que es el Senasa, que autoriza estos productos y que en esos análisis y expedientes el Senasa tiene la competencia para establecer cuáles son las condiciones de uso. El Senasa renuncia a esto; no exige por ejemplo que una empresa para obtener la autorización de un producto presente los riesgos que implica su uso. A nivel provincial existe la ley 10.699/89 y su decreto 499/91, en cuánto a las fumigaciones aéreas eso quedó unificado con la restricción de 2km, y en cuanto a las terrestres quedó sin tratamiento y cada municipio fue legislando.

Ahí a lo que apuntamos desde la construcción jurídica es a que haya universalidad tomando el criterio más avanzado, es decir el principio de progresividad nos lleva a eso porque estamos hablando de venenos, que cuando se aplican quedan en el ambiente y que por lo tanto hay que tomar la mayor referencia. Desde ese criterio la mayor referencia que tenemos es el trabajo del Ing Marcos Tomasoni y que dice que la deriva puede llegar hasta los 5km. Que las empresas hagan estudios que demuestren que esto no es así. Y es un paliativo, porque no nos olvidemos que más allá de las distancias de protección el agrotóxico sigue siendo veneno, permanece en el ambiente, impacta sobre la naturaleza, y queda como residuo en los cultivos.

No nos olvidemos que esta es una de las pocas actividades que no está sometida a cumplir evaluaciones de impacto ambiental previas para desarrollarse, que es algo que se le exige a cualquier actividad que tiene capacidad para provocar un daño en la salud, en el ambiente y la biodiversidad. Esto es un proceso administrativo que contempla una instancia de participación ciudadana. Es ahí donde ellos deberían demostrar la inocuidad.

Esta norma es puro humo, ¿dónde está en los fundamentos que está comprobado que de aplicar con “bunas prácticas” el veneno no va a llegar a la casa de un vecino o al suelo de una escuela? ¿Dónde están los trabajos que los avalan? Nosotros sí los podemos exhibir; podemos demostrar cómo los venenos llegaron a los patios de las escuelas o deformaron las hojas de los árboles de las plazas como en Trenque Lauquen. De fondo, la salida es ir por el no uso de agrotóxicos en el modelo agroalimentario y agroindustrial.

Hqn: Esta resolución ministerial coincidió entre otras cosas con un importante encuentro latinoamericano en Goiás, Brasil, donde vos pudiste participar. Contános un poco ¿En qué consistió, qué debates circularon y qué articulaciones quedaron planteadas?

FC: El Encuentro tuvo su importancia porque fue la primera vez que pudimos confluir en esta lucha contra el agronegocio organizaciones y espacios colectivos de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, México, Perú, Colombia… creo que eran 10 países los que estaban presentes en lo que fue el 1er Seminario Internacional “Agrotóxicos, Derechos Humanos e Impacto Socioambiental”, dentro del 3er Seminario Nacional que se viene organizando en laUniversidad Estadual de Goiás. Al confluir gente de varios países logramos plantear puntos en común para empezar a trabajar en forma regional estas cuestiones y coordinar acciones. Nosotros por ejemplo en el Mercosur tenemos un vaso comunicante que es la cuenca del plata, que incluye los ríos del Brasil, el Paranaíba que se convierte en el Paraná, el Paraguay, el Uruguay, y terminan todos en el estuario del Río de La Plata. Los trabajos de Damián Marino con el EMISA y los trabajos de Wanderlei Pignati que es un médico del Mato Grosso, coinciden en reconocer la
contaminación de los ríos con agrotóxicos en toda la cuenca. Esto lo vamos a trabajar en forma conjunta, la protección de los ríos y de la salud humana sobre una cuenca que tiene un tratado internacional pero elaborado con una mirada economicista. El agronegocio, las represas, la explotación pesquera, más otras fuentes de contaminación.

 

Es el puntapié inicial para avanzar en un movimiento latinoamericano contra el agronegocio; contra todos los impactos negativos que genera, no sólo por el uso masivo de agrotóxicos sino también por la concentración de la tierra, lo alimentos como una mercancía, la discusión del modelo en sí y avanzar hacia un cambio en la forma de producir.

 

Allá en Brasil tienen elaborado un programa para reducir el uso de agrotóxicos donde participaron organizaciones, colectivos y asambleas que participan de la “Campaña permanente contra el uso de agrotóxicos y por la vida” que a su vez, ahora tienen un Foro Nacional contra los Agrotóxicos, es decir que tienen una especie de mesa nacional donde están representadas las organizaciones de gran parte de los estados de Brasil. Ese programa lo presentaron ante el poder legislativo aunque todavía no consiguieron que se transforme en ley, pero bueno, es muy interesante porque de alguna manera toma los postulados de la Relatoría del Derecho a la Alimentación, es decir, que hemos llegado a un punto de inflexión con este modelo agroindustrial y tenemos que dejar de usar agrotóxicos y avanzar a un modelo de agroecología, basado en la reforma agraria que permita el acceso a la tierra, salir de los circuitos de comercialización corporativos y generar relaciones directas entre productores y consumidores, pensando en el precio justo a favor del productor y accesible para el consumidor; disponibilidad de alimentos libres de venenos, etc.

Todo un programa que de alguna manera es lo que también estamos haciendo en Argentina no? Es decir, nosotros venimos del “paren de fumigar” a este momento donde nos planteamos avanzar a un modelo basado en la agroecología. Y después de la campaña que largamos en abril de 2017 donde en el Día de la Tierra cada espacio y colectivo presentó en su concejo deliberante una ordenanza de fomento a la agroecología, acabamos de lograr una nueva ordenanza de fomento en la localidad de Marcos Paz. Es un gran paso.

Buenos Aires, enero de 2019

Fuente: http://huerquen.com.ar/las-buenas-practicas-agricolas-son-un-cuento-la-deriva-es-incontrolable

En consecuencia, abajo y a la izquierda sin fronteras, debemos esforzarnos en que una creciente mayoría de nosotros, los diversos oprimidos, sepa que la incesante acumulación gran capitalista significa:

 

 a. Cambios globales en la industria de

las semillas desde el año 2013

 Por Philip H. Howard    

Se estima que cuatro empresas controlan más del 60% de las ventas de semillas patentadas a nivel mundial. Varias de las marcas adquiridas en adquisiciones anteriores han sido retiradas. Los cambios en los últimos cinco años también incluyen docenas de adquisiciones y alianzas comerciales que involucran a otras empresas líderes mundiales de semillas, como la filial Vilmorin-Mikado de Limagrain (Francia), DLF (Dinamarca) y Longping High-Tech (China).

En los últimos 5 años, las empresas de agroquímicos / semillas "Big 6" se combinaron en un Big 4:

- Dow y DuPont se fusionaron en un acuerdo valorado en $ 130 mil millones (anunciado en el 2015) y luego se dividieron en tres compañías, incluida una empresa centrada en la agricultura llamada Corteva

- Chemchina adquirió Syngenta por $ 43 mil millones (anunciado en el 2016)

- Bayer adquirió Monsanto por $ 63 mil millones (anunciado en el 2016)

- Las divisiones de semillas de Bayer (incluidas las marcas Stoneville, Nunhems, FiberMax, Credenz e InVigor) se vendieron a BASF por $ 7 mil millones para satisfacer a los reguladores antimonopolio (2018)

Se estima que estas cuatro empresas controlan más del 60% de las ventas de semillas patentadas a nivel mundial. Varias de las marcas adquiridas en adquisiciones anteriores han sido retiradas.
Los cambios en los últimos cinco años también incluyen docenas de adquisiciones y alianzas comerciales que involucran a otras empresas líderes mundiales de semillas, como la filial Vilmorin-Mikado de Limagrain (Francia), DLF (Dinamarca) y Longping High-Tech (China).
China ahora tiene dos empresas de semillas clasificadas entre las diez primeras en ventas de semillas a nivel mundial, ChemChina y Longping High-Tech. Desde 2017, Longping High-Tech ha adquirido la división de maíz de Dow en Brasil y participa controlandon siete empresas de semillas con sede en China. La firma está planeando adquisiciones adicionales en Argentina. Después de adquirir la firma con sede en Suiza Syngenta, ChemChina está planeando más adquisiciones en China.
El gráfico a continuación muestra los cambios de propiedad ocurridos desde 1996 hasta 2018. Tenga en cuenta que el tamaño de los círculos más grandes es proporcional a las ventas mundiales de semillas, que están dominadas por Bayer y Corteva.

En los últimos 23 años hubo cerca de 400 cambios en la propiedad de estas empresas. El cuadro a continuación muestra que el pico se produjo en 1998, poco después de que se comercializaran las semillas modificadas genéticamente patentadas.

Para más detalles ver:

IPES-Food. 2017. Too Big to Feed: Exploring the Impacts of Mega-Mergers, Consolidation and Concentration of Power in the Agri-Food Sector.

Howard, Philip H. 2016. Concentration and Power in the Food System: Who Controls What We Eat? London: Bloomsbury Academic.

Howard, Philip H. 2015. Intellectual Property and Consolidation in the Seed Industry. Crop Science, 55(6), 2489-2495.

Howard, Philip H. 2009. Visualizing Consolidation in the Global Seed Industry: 1996–2008. Sustainability, 1(4), 1266-1287.


Traducción: Acción por la Biodiversidad

https://philhoward.net/...

Temas: Corporaciones, Semillas

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Cambios-globales-en-la-industria-de-las-semillas-desde-el-ano-2013

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Informe

b. Impulsores genéticos:

cómo favorecen la agricultura industrial

y amenazan a la soberanía alimentaria

18 de febrero de 2019

 Por ETC group

Exterminadores en el campo. Impulsores genéticos: cómo favorecen la agricultura industrial y amenazan a la soberanía alimentaria

Después de más de 20 años de controversia y rechazo a los transgénicos, la industria biotecnológica está desarrollando nuevas modificaciones genéticas invasivas para controlar insectos, hierbas y crear nuevos monopolios. Es lo que se denomina “impulsores genéticos”: organismos habilitados para diseminar sus genes de diseño (en muchos casos son genes de “auto-extinción) en hábitats y ecosistemas completos.

Crear organismos invasivos capaces de esparcir genes de diseño en campo abierto, reedita uno de los peores escenarios que anticipamos con los transgénicos (la contaminación genética) y lo convierte en una estrategia industrial. La primera generación de transgénicos esparció sus genes por accidente, pero los organismos con impulsores genéticos tienen por objetivo propagarse deliberadamente para alterar el genoma de las poblaciones silvestres en el tiempo de su generación.

¿Qué pasaría si genes dirigidos a producir esterilidad femenina –que han demostrado que pueden eliminar poblaciones de mosquitos en laboratorio–, se transfirieran a especies que polinizan nuestros cultivos o son fuente de alimento para aves, reptiles e incluso humanos? ¿Quién califica a un insecto o hierba como plaga? ¿Qué sucede al extinguirse artificialmente una especie? ¿Qué pasaría si genes benéficos se desactivaran o si la alteración genética incrementara la incidencia de enfermedades? La industria y la ciencia detrás de los impulsores genéticos no está haciendo estas preguntas básicas orientadas por el principio de precaución. Asumen que problemas extraordinariamente complejos del sistema alimentario pueden resolverse de forma simple con herramientas biotecnológicas.

Los principales financiadores son la Agencia Militar de Proyectos de Investigación Avanzada del gobierno de Estados Unidos (DARPA), la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Tata y el Proyecto de Filantropía Abierta de Facebook.

El informe completo , que describe los usos de impulsores genéticos para combatir plagas, polinizar, mejorar el ganado y el almacenamiento de granos; presenta también las dos patentes principales que reclaman más de 500 aplicaciones agrícolas, y describe las investigaciones en manipulación genética de roedores, polillas, moscas, cerdos, hongos microscópicos, nematodos, langostas y pastos con el fin de asegurar la rentabilidad de la producción agrícola industrial. (Disponible en inglés y francés también).

 Les recordamos también que ya está la perspectiva del Grupo ETC sobre este año que comienza:

  Nombrando el ahora: doce maneras de comenzar a entender el 2019 y más allá  

En el texto compartimos nuestro análisis del uso frenético de las redes sociales y de la información personal que los oligopolios cibernéticos cosechan para su lucro; sus impactos en la democracia, la tolerancia, las políticas públicas globales. Planteamos el problema de los nuevos monstruos de Frankenstein que científicos irresponsables están desarrollando con las técnicas de edición genética. También proponemos una mirada esperanzadora para el 2019, desde la insustituible creatividad humana, desde nuestra capacidad para discutir y disentir sin mediaciones técnicas y asumiendo toda la dificultad, oscuridad y esperanza que nos ofrece el momento presente.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252627

 

Atienda, también,  cómo la militarización para las expropiaciones de los extractivismos agudiza el enfrentamiento con el capitalismo y desde abajo se plantea:

 

 

Que se levanten los territorios y ejerzan soberanía en toda Abya Yala frente al extractivismo

23 de noviembre de 2018

Por Andrés Kogan Valderrama (Rebelión)

Al reflexionar sobre la marcha fuertemente reprimida denominada “No más zonas de sacrificio”, realizada en Chile el día 15 de noviembre, como resultado del ecocidio histórico que han sufrido múltiples territorios en localidades como Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví- Quintero y Coronel, la militarización en Wallmapu y también de los múltiples conflictos socioambientales y asesinato de defensores de la Madre Tierra en todo el país, como es el caso de Macarena Valdés, Alejando Castro y Camilo Catrillanca, se hace interesante preguntarse si las izquierdas y/o progresismos en la región están realmente conectadas con los procesos de levantamiento territorial o más bien siguen reproduciendo un patrón de poder global extractivista que tiene a Abya Yala como el centro mundial del saqueo territorial. 

Para comenzar, hay que señalar que para entender el contexto actual, es fundamental el rol que ha jugado en estos últimos 18 años el proyecto IIRSA- COSIPLAN, el cual más que para interconectar pueblos ha sido una instancia de integración de mercados que no ha hecho más que dividir a comunidades y colonizar bienes comunes como la tierra, el agua y el aire. De ahí que no se entienda desde un punto de vista ecodecolonial, el apoyo recibido por distintos gobiernos definidos como de izquierda y/o progresista de la UNASUR a tanto proyecto desarrollista que ha buscado transformar territorios en nuevas zonas de sacrificio, como lo son en el Tipnis en Bolivia, el Yasuní en Ecuador o el Arco Minero del Orinoco en Venezuela. 

Ante este escenario, no sorprende que la militarización de territorios durante el auge de los llamados gobiernos progresistas no presente grandes diferencias a lo que ocurre con los gobiernos neoliberales de la región, en el marco del consenso de los comodities, ante el crecimiento de China y su demanda de cobre, soja, oro, petróleo, gas. Un ejemplo muy evidente de esta similitud entre progresistas y neoliberales con respecto al despojo territorial en Wallmapu, se ha podido ver durante los gobiernos kichneristas en Argentina, los cuales profundizaron el extractivismo petrolero, así como lo gobiernos neoliberales en Chile han profundizado también el extractivismo forestal de manera racista y ecocida. 

No es de extrañar entonces que haya decepción y falta de apoyo cada vez más evidente hacia aquellos gobiernos progresistas, que en los casos de Bolivia y Ecuador fueron mucho más allá en sus comienzos que las izquierdas del siglo XX de manera jurídica al menos, al declararse estados plurinacionales y defensores de la Madre Tierra y Naturaleza respectivamente, generando un verdadero giro civilizatorio a nivel constitucional. No obstante, aquellos avances traducidos en nociones como Vivir Bien y Buen Vivir, han terminado vaciándose de contenido y subordinándose al discurso colonial del desarrollo de los últimos 70 años. No es casual por tanto que organizaciones indígenas como Conamaq y Conaie le hayan quitado su apoyo a aquellos gobiernos por caer en la idea de un crecimiento económico ilimitado, en donde los territorios no son más que espacios para la acumulación. 

Lo mismo se refleja en el distanciamiento de esos gobiernos de una larga lista de académicos, investigadores, activistas e intelectuales críticos del extractivismo de la región y que están pensando los procesos en Abya Yala de manera plurinacional, como lo son Maristella Svampa, Alberto Acosta, Darío Aranda, Eduardo Gudynas, María Galindo, Yuderkys Espinoza, Silvia Rivera Cusicanqui, Vilma Almendra, Boaventura de Sousa Santos, Edgardo Lander, Emiliano Teran Mantovani, Manual Rozental, Mar Daza, Horacio Machado, Víctor Toledo, Esperanza Martínez, Raúl Zibechi, Raquel Gutiérrez, Oscar Olivera, Lucio Cuenca, Rodrigo Mundaca, Gustavo Esteva, Carlos Walter Porto Gonçalves, Arturo Escobar, Enrique Leff, Joan Martínez Alier, José Ángel Quintero Weir, etc. 

De ahí que no nos asombren los ataques que han tenido que recibir todos ellos de parte de gobiernos progresistas fuertemente autoritarios y que siguen anclados en lógicas depredadoras de los territorios, justificando el extractivismo con la idea desarrollista de lucha contra la pobreza, como si ésta pudiera entenderse por fuera de lo socioambiental y no tuviera relación con él. Además de ser gobiernos que han reforzado el dualismo cultura-naturaleza y humano-no humano, el cual se sostiene gracias a un fetichismo tecnológico que supuestamente nos salvaría del calentamiento global. 

Asimismo, también han venido críticas a esas miradas plurinacionales de parte de sectores marxistas economicistas que siguen anteponiendo de manera eurocéntrica la dominación de clase por sobre la dominación hacia las mujeres, los indígenas, los locos, los ecosistemas, los etc., como si no fueran todos partes de un sistemas civilizatorio moderno mucho más amplio que está destruyendo la vida de manera acelerada. Es decir, como si el capitalismo histórico estuviera por sobre el androcentrismo, el racionalismo, el racismo, el adultocentrismo, antropocentrismo, etc. y no funcionaran todas esas jerarquías de poder de manera articulada. 

Frente a lo señalado anteriormente, dentro de un contexto actual de debilitamiento de los gobiernos llamados progresistas ante sus propias contradicciones internas, como de un peligroso auge de una nueva derecha neofascista, postliberal y abiertamente clasista, racista, sexista y que ve a la Amazonia como un nueva zona a reconquistar, como ha pasado con el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, se hace fundamental que se levanten los territorios de manera desmercantilizada, descolonizada, despatriarcalizada, desrracionalizada y ejerzan soberanía mas allá de la dicotomías modernas como lo son neoliberalismo- progresismo o izquierda-derecha, las cuales si continúan profundizándose nos tendrán al borde del abismo planetario. 

Andrés Kogan Valderrama es sociólogo / Editor Observatorio Plurinacional de Aguas

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=249360

 "Nos toca como una humilde expresión de la clase trabajadora y los pueblos, que ha mantenido cierta capacidad organizativa y movilizadora durante años, como la presencia en los barrios de Temuco y Padre Las Casas, desde experiencias en alimentación, organización de mujeres, salud y educación popular, intentando crear formas superiores de organización de las y los pobladores. Durante años hemos insistido en cada espacio en la necesidad de articular y unir las luchas sociales, mediante la consigna de que Todas las Luchas sean una sola Lucha, así lo hemos hecho contra las AFP, en la lucha salarial y por derechos laborales en sindicatos de salud, comercio y del sector público, desde las federaciones y centros de estudiantes, desde las organizaciones feministas y de la disidencia sexual, desde las iniciativas de comunicación popular y los espacios por la defensa y salud de los territorios.

 

Hemos mantenido una insistente independencia política, distanciándonos de quienes apelan a la institucionalidad capitalista del Estado como eje de disputa, concentrándonos en la independencia de la clase trabajadora y el Poder Popular. Justamente desde esa apuesta independiente, contra el Estado y el Capital, y por el poder popular hemos reafirmado nuestra coincidencia con las organizaciones mapuche que impulsan procesos anticapitalistas mediante el control territorial.

La Convergencia, en su condición de organización mestiza y plurinacional ha apuntado al internacionalismo y la solidaridad en las luchas de los pueblos, apoyando diversos procesos tales como las huelgas de hambre de las y los presos políticos mapuche, la construcción de viviendas y mingas en comunidades, actividades de autogestión, solidaridad, y también colaborando desde las ciudades en la resistencia frente a la violencia militar de los gobiernos contra la justa lucha del pueblo mapuche. Esto, sin dejar de levantar nuestros propios procesos desde la clase trabajadora y el pueblo chileno, que sin duda es nuestra principal tarea, y es la mejor forma de apoyar la lucha de otros pueblos, sin intervencionismo, sin colonialismo

 

Hoy un desafío mayor toca nuestra puerta, toda Nuestramérica pretende ser atravesada por los brazos del monstruo extractivista, quien tiene puesto uno de sus tentáculos en Wallmapu. Se trata del Eje del Sur del proyecto IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana),  que ha sido bautizado como Plan Impulso Araucanía, iniciado por Bachelet mediante montajes como Huracán y Luksinger-Mackay, justificando la presencia de la Militarización del Wallmapu, y que hoy el gobierno de Piñera llama Macrozona Sur, teniendo como objetivo someter al movimiento mapuche y sectores organizados de la clase trabajadora".

 

 

Chile. Convergencia 2 de Abril de La Araucanía analiza estrategia del Estado contra Pueblos Mapuche y Chileno

Resumen Latinoamericano / 21 de noviembre de 2018

 

· Nos dirigimos a la clase trabajadora, al pueblo mestizo consciente y humilde, al estudiantado hijo de la clase, a las mujeres populares y a las organizaciones sociales de Temuco y la región, de las que somos parte y apoyamos:

 

Después de años de organización y lucha, nuestra organización, heredera de diferentes procesos sociales y políticos en Temuko y múltiples lugares de La Araucanía, se ve enfrentada a un proceso que obliga a actuar con audacia y convicción, sin dar pie a vacilaciones, conscientes de la responsabilidad que en este escenario nos toca como una humilde expresión de la clase trabajadora y los pueblos, que ha mantenido cierta capacidad organizativa y movilizadora durante años, como la presencia en los barrios de Temuco y Padre Las Casas, desde experiencias en alimentación, organización de mujeres, salud y educación popular, intentando crear formas superiores de organización de las y los pobladores. Durante años hemos insistido en cada espacio en la necesidad de articular y unir las luchas sociales, mediante la consigna de que Todas las Luchas sean una sola Lucha, así lo hemos hecho contra las AFP, en la lucha salarial y por derechos laborales en sindicatos de salud, comercio y del sector público, desde las federaciones y centros de estudiantes, desde las organizaciones feministas y de la disidencia sexual, desde las iniciativas de comunicación popular y los espacios por la defensa y salud de los territorios.

 

Hemos mantenido una insistente independencia política, distanciándonos de quienes apelan a la institucionalidad capitalista del Estado como eje de disputa, concentrándonos en la independencia de la clase trabajadora y el Poder Popular. Justamente desde esa apuesta independiente, contra el Estado y el Capital, y por el poder popular hemos reafirmado nuestra coincidencia con las organizaciones mapuche que impulsan procesos anticapitalistas mediante el control territorial.

La Convergencia, en su condición de organización mestiza y plurinacional ha apuntado al internacionalismo y la solidaridad en las luchas de los pueblos, apoyando diversos procesos tales como las huelgas de hambre de las y los presos políticos mapuche, la construcción de viviendas y mingas en comunidades, actividades de autogestión, solidaridad, y también colaborando desde las ciudades en la resistencia frente a la violencia militar de los gobiernos contra la justa lucha del pueblo mapuche. Esto, sin dejar de levantar nuestros propios procesos desde la clase trabajadora y el pueblo chileno, que sin duda es nuestra principal tarea, y es la mejor forma de apoyar la lucha de otros pueblos, sin intervencionismo, sin colonialismo.

Hoy un desafío mayor toca nuestra puerta, toda Nuestramérica pretende ser atravesada por los brazos del monstruo extractivista, quien tiene puesto uno de sus tentáculos en Wallmapu. Se trata del Eje del Sur del proyecto IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana),  que ha sido bautizado como Plan Impulso Araucanía, iniciado por Bachelet mediante montajes como Huracán y Luksinger-Mackay, justificando la presencia de la Militarización del Wallmapu, y que hoy el gobierno de Piñera llama Macrozona Sur, teniendo como objetivo someter al movimiento mapuche y sectores organizados de la clase trabajadora.

 

Cinco claves para entender el Plan Impulso Araucanía y el IIRSA

1.- Consiste en la invasión de proyectos extractivistas forestales, mineros, parques eólicos, hidro y termoeléctricos, e invasión de salmonicultivos y pesca industrial. Aquí se concentran capitales chinos, japoneses, estadounidenses, canadienses y europeos, en conjunto con los capitalistas locales Luksic, Angelini, Matte, Von Appen, entre otros. Se intenta triplicar la explotación eléctrica de los territorios, tal como ocurre con centrales eléctricas que se pretenden instalar en Lonquimay, Curacautín, Melipeuco, Curarrewe, Pucón, Villarrica, en la zona pewenche, y que avanza mediante las cuencas de los ríos Muco, Cautín, Trankura, Allipén, Toltén, entre otros.

2.- Para aumentar la explotación requieren una Invasión de carreteras y puertos, atravesar y destruir a comunidades mapuche y territorios autonomizados, mediante la creación de un puerto seco en las cercanías de Victoria, una carretera Bioceánica entre Bahía Blanca y Lebu, un Puerto en las costas de La Araucanía, una carretera entre Freire y Pucón, y diversos caminos que atraviesan comunidades mapuche, poniendo millones de dólares.

3.- Mantiene la Educación en la miseria, representando un retroceso en gasto público, desfinanciamiento de universidades, liceos públicos y hogares estudiantiles, desechando la construcción del Centro de Formación Técnica Estatal de Angol, y el de Lautaro que a duras penas se mantiene. Sobre Salud se utiliza la mentira, incluyendo supuestas millonarias inversiones que ya venían de los gobiernos anteriores, promocionando el Hospital de Padre Las Casas y Makewe, ambos ya en construcción y con presupuesto para ello, fingiendo un rostro humano de este plan macabro.

 

4.- Para el pueblo Mapuche se ofrece División, Venta y Permuta de Tierras mediante la destrucción de la Ley Indígena, promoviendo una ruptura de las comunidades, el ingreso de personas ajenas para facilitar la intervención capitalista y el ingreso de megaproyectos que atentan contra la naturaleza y las familias, facilitando la explotación humana y del territorio, la instalación de cientos de empresas extractivistas para que nuestro futuro sea de contaminación y enfermedades tal como ocurre hoy en Quintero-Puchuncavi-Concón-Ventanas-Talcahuano-Lirquén con decenas de industrias contaminantes y una población que protesta por el cierre de ellas, debido a la alta tasa de abortos, infertilidad, cáncer e intoxicaciones.

 

5.- Para la clase empresarial agrícola y forestal, más recursos para armarse. Toda una batería de fondos para seguir profundizando la destrucción de la tierra y violentando a las comunidades, mediante sus organizaciones armadas paramilitares y sus auto-atentados. Se les nombra víctimas de la violencia rural a pesar de que han asesinado a comuneros. Ahí  tenemos a Luis Marileo y Patricio González, asesinados a manos de Ignacio Gallegos, ex oficial de Carabineros, agricultor y activo miembro de estos grupos. Se les blinda a pesar de que apuntan sus armas de fuego a personas mapuche indefensas como lo hizo Luis Gómez Guitterman en Lican Ray, y que son parte de operativos militares y policiales, como el propio Juan de Dios Fuentes, presidente de Paz en la Araucanía y actual Director del Servicio de Impuestos Internos quien porta armas en medio de sus reuniones, mientras luce la polera de la paz.

 

Militarización, Paramilitares, Uso de Drogas y Violencia en Carabineros

Hoy frente al asesinato de Camilo Catrillanca, a la tortura física y sexual que sufren mujeres y niños cuando son detenidos, al Estado de Sitio que viven miles de hombres y mujeres mapuche en Ercilla, Collipulli, Victoria, Tirúa, Cañete, Lanco y otras comunas en el Wallmapu, los pueblos están unidos para enfrentar la militarización y el extractivismo.

Sabemos que el monstruo del IIRSA y sus brazos armados Comando Jungla, Fuerzas Especiales, GOPE, Fuerzas especiales de la Armada y órganos paramilitares como Paz en la Araucanía y Comando Trizano vienen entrenándose por años bajo la tutela de Estados Unidos y el Narco-Estado Colombiano para agredir a los movimientos populares, mediante operaciones secretas y encubiertas, secuestro, torturas, ejecución e incluso desaparición de activistas como Santiago Maldonado. Todas estas formas de violencia se acentúan por el abuso de sustancias narcóticas y estimulantes en las ramas represivas, prueba de ello es el alto número de delitos y accidentes de tránsito en que los miembros de Fuerzas Especiales participan, como el accidente en que dos uniformados de Pailahueque fallecieron en diciembre de 2017, o las detenciones por conducir ebrios en mayo y junio del 2016 de varios Fuerzas Especiales de Temuco que incluso apuntaron con sus armas a quienes les detenían. Sabemos que estos ejemplos no son casos aislados, sino que son botones de muestra de un fenómeno instalado y en franca expansión, que vincula estrechamente a los organismos del Estado y a las organizaciones para-estatales del submundo criminal.

El uso de la agresión y vejámenes sexuales es otro instrumento utilizado a destajo, haciéndose costumbre en la Segunda Comisaría de Temuco, donde se golpea y obliga a desnudarse y mostrar sus genitales a mujeres y niñas. Esta práctica de tortura se utiliza a diario hacia integrantes de comunidades de las zonas en Estado de Sitio de Ercilla, Collipulli, Victoria, Tirúa y Cañete, y contra las visitas de los presos de las cárceles de la región. El ataque y amedrentamiento a niños y niñas ha sido una herramienta policial brutal que se viene instalando con disparos a Brandon Huentecol (17), Silvestre Torres (14) y Fabiola Antiqueo (18) sobrevivientes al accionar de la policía militar, pero que tienen a Alex Lemún (17) y José Huenante (16) como víctimas fatales.

Las organizaciones de derechos humanos constituidas desde el propio pueblo han sabido defender a quienes son reprimidos, pero no hemos podido evitar la tortura frecuente que se vive en calabozos y carros policiacos, ni los secuestros y golpizas que se viven en automóviles de la Policía de Investigaciones y Carabineros de civil. Bajo estas doctrinas del racismo, clasismo y sexismo que se les instruye, ellos han amenazado a importantes dirigentes sociales de La Araucanía que militamos en la ciudad, que luchamos por la vida y un mundo nuevo, y que estamos conscientes del riesgo que corremos como consecuencia inevitable de esta lucha sin cuartel.

 

Organizar el descontento, construir el programa de lucha

Ante los peligros del aparato represivo, necesitamos que la clase trabajadora y todos los sectores del pueblo movilizados avancen desde la rabia y la pena, hacia una protesta social organizada que no se aísle, sino que amplíe sus banderas de lucha, que convoque a todo el campo popular a la solidaridad, unidad y acción conjunta. Saludamos y reivindicamos las acciones de protesta levantadas durante la última semana como reacción al asesinato del peñi Camilo Catrillanca, y hacemos un llamado urgente a organizar el descontento, coordinar nuestras acciones, y reivindicar en los hechos nuestro derecho a la autodefensa, resguardando nuestra integridad y cubriendo nuestras espaldas para evitar nuevos caídos. La clave frente a este enemigo es golpear desde diferentes puntos, de manera insistente y coordinada, apuntando todos y todas en la misma dirección, construyendo un programa de lucha que nos oriente.

Para organizar el descontento, se requiere reconocer el trabajo silencioso y esmerado de cientos de personas en la defensa de los Territorios, de los hogares mapuche Pelontuwe y Lawen Mapu, de estudiantes de los liceos Pablo Neruda, Universidad de La Frontera y Universidad Católica de Temuco, de organizaciones de mujeres y feministas, de los Movimientos de Salud y contra las AFP, a los dirigentes sindicales honestos del sector público, de Salud, Educación y Comercio, y a organizaciones de pobladoras de Padre Las Casas, Amanecer, Pichi Cautín, Santa Rosa y Pedro de Valdivia, además de los procesos organizativos de Angol, Pucón, Renaico, Villarrica, Pitrufquén y que se multiplican por todo el territorio en asambleas y colectivos impulsando la lucha anti-extractivista y por la recuperación de derechos de los pueblos, haciendo práctica la alianza multiétnica.

Todos estos esfuerzos de años hoy se convocan a diferentes acciones, y han mostrado un verdadero potencial en el movimiento urbano de La Araucanía, para solidarizar y apoyar a las zonas de resistencia y control territorial mapuche, desde las particularidades de cada comuna y lugar, y de cada organización social.

Reconociendo todos estos esfuerzos previos y también las diferencias y errores propios, hoy es necesario articular este descontento y avanzar en generar un escenario de Asamblea Popular Permanente de Temuco y La Araucanía que en alianza con las organizaciones mapuche de la región logre enarbolar y avanzar en la conquista de un Programa de luchas comunes de ambos pueblos, partiendo por la autodeterminación territorial mapuche, por los derechos de la Tierra y del pueblo trabajador no mapuche de la región.

 

Para ello, señalamos la necesidad de ocupar el espacio público, no encerrar nuestras luchas solo en hogares o universidades, sino avanzando más allá, a controlar en los hechos, parcial o totalmente, espacios del territorio urbano de Temuco. Sostenemos que este Programa de luchas debe partir con lo que las comunidades y las distintas expresiones sociales y políticas ya han estado planteando como medidas de defensa frente al actual escenario, y desarrollar perspectivas de avanzada en el marco de un debate democrático de las organizaciones. Sostenemos que algunos de estos puntos son:

 

1.- El Desmantelamiento y disolución del aparato militar Comando Jungla, Fuerzas especiales de Carabineros y GOPE. Para avanzar hacia una democratización y civilización de Carabineros, rompiendo con la doctrina en que sistemáticamente han formado estas instituciones a sus miembros, e incluyendo un desarme de sus acciones, prohibiendo el uso de armas de guerra y gases tóxicos. Todo lo cual, debe ir acompañado del desmantelamiento de las redes de narcotráfico y abuso de sustancias en esta institución, que alimentan el ejercicio de la violencia y la deshumanización.

 

2.- El punto anterior, se enmarca en la exigencia de desmilitarización del territorio y las comunidades, que no inició con el Comando Jungla, sino que tiene sus antecedentes en las Fuerzas especiales de Pailahueque, GOPE y Fuerzas especiales de la Armada que han militarizado las comunas de Ercilla, Collipulli, Victoria, Tirúa y Cañete, y que forman parte de una cadena de mando y un diseño institucional con recursos millonarios para salvaguardar el negocio forestal. Por ello, requerimos que todo el equipamiento millonario comprado para matar, sea redestinado a labores de salud y rescate, donde apenas existen recursos actualmente, contando Carabineros con más helicópteros y vehículos todo terreno que los propios servicios médicos de la zona. La desmilitarización de las comunidades, debe hacerse efectiva también en el espacio urbano de Temuko, donde cada vez más se advierte la presencia de policía especializada.

 

3.- La destitución y procesamiento de los generales Andrés Gallegos y Mauro Victoriano, y de las jefaturas de las comisarías de Fuerzas Especiales de Pailahueque y Temuco, por ser los responsables en el mando de quienes han cometido delitos reiterados estando bajo su cargo. Y por supuesto, la renuncia del General Director de Carabineros, Hermes Soto.

 

4.- La destitución y procesamiento de las autoridades y responsabilidades políticas de la Región, Intendente Luis Mayol, Gobernadores Mauricio Ojeda y Victor Manoli por favorecer el clima de violencia hacia las comunidades, manteniendo la impunidad de los agricultores y carabineros involucrados en la violencia. También la destitución del Director de Impuestos Internos, el paramilitar Juan de Dios Fuentes, y del principal responsable político, el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

 

5.- La Transferencia de recursos directa hacia los servicios estatales de Salud y Educación de todos los fondos del Plan Impulso Araucanía que pretenden dirigirse a la invasión del territorio, a empresas extractivistas y a financiar a las supuestas víctimas de violencia rural.

 

6.- El cese de hostilidades contra las Hortaliceras Mapuche y fin a las ordenanzas municipales racistas del Alcalde Becker que multan, prohíben y criminalizan al comercio o trabajo ambulante.

 

7.- La Cárcel efectiva para todos los policías y fiscales involucrados en el montaje Huracán que se utilizó para justificar la militarización de las zonas mapuches en resistencia.

 

8.- La libertad de todos los prisioneros políticos mapuche, pues no existen las más mínimas garantías que permitan siquiera creer en la justicia y servicios policiales del Estado de Chile, tras el evidente montaje de pruebas con las que se encarcela a cientos de luchadores mapuche, que incluye los auto-atentados.

 

9.- Exigimos cumplir las demandas de los pueblos de Quintero y Puchuncaví, enmarcadas en nuestra reivindicación general de los agricultores, la operación Huracán, el caso Lucksinger-Mackay, y los intentos de montaje en la ejecución política de Camilo Catrillanca. Por terminar con las zonas de sacrificio, y hacer justicia a Alejandro Castro, quien también fuera asesinado por alguna de estas unidades criminales del Estado.

¡Que los Territorios se levanten y los Pueblos ejerzan Soberanía!

Temuko, Territorio Mapuche, 20 de Noviembre 2018

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/11/21/chile-convergencia-2-de-abril-de-la-araucania-analiza-estrategia-del-estado-contra-pueblos-mapuche-y-chilena/