Qué Estado

Marzo 2019

Con políticas centradas en derrotar a los diversos de abajo para la constante expropiación de sus derechos, bienes e ingresos.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Ante la ofensiva del capitalismo local del mundializado y de los imperialismos nos urge, abajo y a la izquierda, generalizar la percepción(conocimiento y toma de partido) de:

 

¿Por qué pelean los mapuches? Lo que hay detrás de la desaparición de Santiago Maldonado

20 de septiembre de 2017

Movimiento político-pedagógico-sindical Florencia Fossati

 

 

Todos aquellos que se hicieron de la victoria hasta nuestros días marchan en el cortejo triunfal
de los dominadores de hoy, que avanza por encima de aquellos que hoy yacen en el suelo.
No hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie.
Y así como éste no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de la transmisión
a través del cual los unos lo heredan de los otros”.

Sobre el concepto de la historia (Walter Benjamín)

 

Primero lo primero

La desaparición forzada de Santiago Maldonado nos retrotrae a las noches más oscuras de la dictadura militar. Pero no sólo a eso. También a los más de 200 casos de desaparecidos en democracia desde 1983, como testimonia la CORREPI.
Sí, en democracia también puede haber desaparecidos.
Los más emblemáticos por la repercusión y las movilizaciones que tuvieron fueron los casos de Julio López y Luciano Arruga bajo el gobierno de los Kirchner.
Porque el Estado siempre es responsable,  ya sean fuerzas militares, de seguridad  o grupos de tareas, gobierne quien gobierne.
Pero también la desaparición en noviembre del 2016 de Marcelino Olaire, nieto del cacique de la Comunidad Qom Félix Díaz, que lo llevó a declarar a un medio: “Si Maldonado fuera indígena, no tendría esa visibilidad”.
O sea, estamos ante la segunda desaparición bajo el gobierno de Macri relacionada con la lucha de los pueblos indígenas, pero ésta fue totalmente invisibilizada.
El gobierno intentó construir un relato, con la complicidad vergonzosa de los medios de comunicación, para ocultar la responsabilidad del Estado – en este caso la Gendarmería – en la desaparición de Santiago Maldonado.
La maniobra se pudo derrotar  con la respuesta inmediata de todo un pueblo con memoria, en las calles, en las escuelas , en los lugares de trabajo y en los espacios públicos.

Pero la verdadera cuestión de fondo, el porqué estaba Santiago allí respaldando una lucha justa,  todavía sigue siendo desconocida por la amplia mayoría de la población.

Todo empezó con la “Conquista del Desierto”

Con Walter Benjamín, creemos que tenemos que “mirar la historia a contrapelo”,  buscar en lo que nos ocultaron y rescatar a los vencidos, a los que resistieron el avance del capitalismo vernáculo.
De la mano de la naciente burguesía nacional, encarnada en los estancieros terratenientes, avanzaba a sangre y fuego  la conquista de los territorios de las “tierras y las vacas”, necesarias para el  modelo de acumulación capitalista, que les permitiera por un lado construir un Estado  a imagen y semejanza y  por el otro, comerciar con el mercado mundial.

El problema era que desde hacía siglos esas tierras estaban habitadas por distintas tribus indígenas a las que había que desplazar, por las buenas o por las malas. Y sólo se trató por las malas.
Una vez unificado el territorio nacional y contando con los avances militares y tecnológicos necesarios, empezó la cacería y el exterminio.
Las tierras conquistadas, más de 34 millones de hectáreas aptas para la ganadería y la agricultura, fueron a engrosar las fortunas de la oligarquía porteña y de los especuladores.
Los títulos de propiedad que levantan como legítimos los herederos del robo, fueron repartidos a diestra y siniestra por los generales vencedores.
Aquí están las verdaderas raíces políticas y económicas del proceso de conquista y ocupación del Desierto. También las causas del intencionado ocultamiento de ese despojo.

El genocidio indígena

La historia, insiste en repetirse. O mejor dicho, siempre estuvo ahí.
Como todos los pueblos indígenas de Argentina, el pueblo mapuche ha sufrido un genocidio.
Como dijo al periódico digital Pausa, el periodista especializado en estos temas Darío Aranda:

“El Estado moderno argentino se funda sobre el genocidio de los pueblos indígenas, que puede ser comparable al  genocidio que sufrió el pueblo judío o el que se sufrió en la última dictadura cívico-militar acá. Porque hubo desaparecidos, robos de bebés, tortura, despojos, exactamente lo mismo. El Estado argentino (no digo el gobierno) nunca ha pedido perdón por ese genocidio, entonces que hoy se avance militarmente, muestra que las prácticas genocidas no han terminado. No hubo reparación, no hubo perdón, y hoy sigue estando a la orden del día. Por otro lado, me parece que se intenta avanzar contra el pueblo mapuche (y los pueblos indígenas en general) porque lo que está de fondo es el modelo extractivo: la soja, las mineras, las petroleras. Y todos saben que los pueblos indígenas son un escollo para el avance económico”.

La resistencia mapuche en el siglo XXI

Dice Darío Aranda:

“Este gobierno es la continuidad y la profundización del anterior gobierno. Así como durante la gestión anterior nunca hubo tanta megaminería, avanzada petrolera y transgénicos, este gobierno consolida esa política de Estado. Si hay algo en común entre el kirchnerismo y el macrismo es la política extractiva. Y este gobierno la está profundizando claramente. Y se va profundizando la represión también. Por ejemplo, hablando de continuidad y vinculación, la represión en noviembre de 2010 contra el pueblo Qom en Chaco tuvo el total aval del gobierno kirchnerista, aún con el asesinato de un indígena como fue Roberto López. Y la represión de hace unos días al pueblo mapuche por parte de Mauricio Macri es muy similar, son las mismas lógicas.

El poder económico dice: queremos ese territorio, ahí hay indígenas y los vamos a sacar de ahí. No lo dicen explícitamente, pero las políticas de Estado tienen que ver con eso. Este gobierno lamentablemente me parece que quiere avanzar en la frontera petrolera, minera, sojera y forestal”.
Por ejemplo, la pelea de la comunidad mapuche de Neuquén contra la  pérdida de territorios, la lucha contra la contaminación y contra  la extracción de gas y petróleo no convencionales a través de la fractura hidráulica o fracking,  lleva varios años.

Dentro de la Ley

Contra lo que se cree, son los mapuches quienes defienden las leyes vigentes y la Constitución.
La Constitución Nacional, en al artículo 75, inciso 17, plantea entre otras cosas “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios”, garantizar el respeto a su identidad y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Las recuperaciones territoriales están respaldadas por tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que resguarda el derecho de los pueblos o la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos indígenas, que habla de restitución de territorios y recursos que tradicionalmente hayan poseído y hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados.
Son las petroleras las que están haciendo explotaciones ilegales, sin consultar a las comunidades y ante la vista gorda de los tres poderes del Estado.

 El rescate del pasado, para pensar una alternativa

Debemos pensar el rescate y la redención del pasado. Renán Vega Cantor (1999), contra las corrientes posmodernas que niegan la historia  que la lucha de indigenistas representan o nos transmiten “…una memoria telúrica ligada a la sabiduría de los pueblos indios y a su particular historia y vínculos del hombre con la naturaleza”
Por eso es necesario como nos plantea Matamoros Ponce (2009), un ejercicio revisionista que permita ese rescate: “reconstruyendo las imágenes de la historia  la memoria colectiva resiste al olvido impuesto por la historia oficial de los vencedores”.


En la actualidad las luchas populares e indígenas actualizan la necesidad de “resistir al progreso capitalista” y de recuperar la historia de la “resistencia de los vencidos”, que nos reclamaran tanto Walter Benjamín en su llamado a romper con las distintas ideologías del progreso, neopositivistas.
Porque la historia del progreso en América Latina  es la historia del saqueo, del despojo y de la violenta destrucción de las comunidades indígenas tradicionales.
Y esas luchas hoy tienen total actualidad y adquieren otra dimensión, porque como dice Héctor Alimonda(2007):
“Ya no se trata de resistencias en nombre de la negación del progreso, como pretendió la hegemonía del iluminismo liberal y del marxismo normatizado. Es posible leerlas ahora como formas de resistencia basadas en la defensa de formas tradicionales de organización social para uso y disposición de los recursos humanos y naturales, frente a los embates de la mercantilización.”
 

Las luchas de los pueblos indígenas  resistiendo la agresión del capitalismo voraz, que los deja sin tierras ni bienes naturales, que se manifiesta en el avance de la frontera agrícola para desarrollar la agroindustria, la producción de agro-combustibles e instalar el monocultivo; contra las minas a cielo abierto que destruyen y contaminan sus territorios; contra la construcción de centrales hidroeléctricas que modifican su hábitat y los deja sin agua y contra las nuevas formas de extracción del petróleo, como el fracking. Esta agresión no es sólo económica sino que destroza su mundo, tritura su cultura agrícola. Al quitarles el agua y el territorio, les quita su mundo, extermina su cultura. Los expulsa a las ciudades para convertirlos en vendedores ambulantes, parias en un territorio que en realidad les pertenece. Porque el ataque del gran capital contra los indígenas no es sólo contra la naturaleza, es también contra su organización comunal, colectivista, solidaria y democrática.

Quizás sean los pueblos indígenas hoy, sin temor a equivocarnos,  los más consecuentes defensores de nuestro hábitat, de la tierra o de la Pachamama,  como muchos de ellos la llaman. Quizás, ellos sean los que mejor sientan la defensa de esta tierra, contra la lógica depredadora del capitalismo. Por eso nos convidan a cambiar por una concepción basada en entendernos como parte de y no como usuarios de la naturaleza.


No con una mirada romántica, de vuelta a un pasado imposible. Sino con una mirada holística que nos permita, entre todos, proyectar un nuevo modelo de sociedad, sin explotación, pero también en donde los que producen toda la riqueza puedan disfrutarla en igualdad, sin destruir el planeta que nos alberga.

Porque el ataque, no es sólo contra la supervivencia de los pueblos originarios,  amenaza al conjunto de la humanidad condenando a quienes vivimos rehenes de la lógica consumista y mercantilista en las áreas urbanas, a una cada vez mayor degradación de nuestra calidad de vida.
Las luchas de estas comunidades indígenas se inscriben en la línea de continuidad del pasado, pero responden a los problemas del desarrollo del capitalismo del siglo XXI. Para ellos-y para todos nosotros – el pasado aún está aquí y es parte de la lucha contra las actuales formas de reproducción social.

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/por-que-pelean-los-mapuches-lo-que-hay-detras-de-la-desaparicion-de-santiago-maldonado/

 

Persistamos en profundizar en la centralidad actual de la guerra de baja intensidad de ambos Estados contra el pueblo nación Mapuche para viabilizar el apoderamiento total y totalitario de los sures de ambos países por oligopolios para sus negocios desertificantes. 

 

Trasfondos: sobre la desaparición forzada

de Santiago Maldonado

21 de septiembre de 2017

 

Por Miguel Mazzeo

La desaparición forzada de Santiago Maldonado terminó siendo delatora de un conjunto de situaciones que constituyen los fundamentos mismos de la política represiva del gobierno argentino.

 

Puso sobre el tapete el peso de las estructuras de dominación basadas en el despojo de los pueblos condenados a una muerte por desarraigo; mostró cuan desarrollados están los sistemas de usurpación territorial y la intensidad que pretenden desarrollar sus personeros junto con la impiedad y la barbarie que están dispuestos a ejercer. Si tenemos en cuenta este trasfondo, difícilmente la desaparición de Santiago pueda considerarse un “accidente” o un hecho aislado.

Esas estructuras y esos sistemas se han conformado a lo largo de los años a partir de la articulación de diversos actores: terratenientes extranjeros y locales, grandes empresas mineras, forestales o hidroeléctricas; grupos financieros y mercantiles, sectores del Estado: el poder político y judicial, las fuerzas de seguridad, los organismos de inteligencia y, claro está, los medios de desinformación. Se constituyó así un bloque monolítico, prácticamente sin fisuras. Lo que le confirió un elevado grado de inmunidad e impunidad. Este bloque ni siquiera tuvo que hacer trampa después de que se hizo la ley. Para ellos la ley ya era la trampa. Todo sigue igual, como está a la vista. O un poco peor. Hoy el contexto político, ideológico y cultural, por la vía de la identificación, la indiferencia o la insensibilidad generalizada, alienta la mentira provocatoria, el arrebato discriminatorio, el cinismo ilimitado y justifica la crueldad ejercida contra las víctimas.   

 

En la Patagonia (a ambos lados de la cordillera) pervive la vieja cultura conservadora del latifundio, la cultura de los “conquistadores del desierto” y los “pacificadores de la araucaria”. Más recientemente esa vieja cultura se ha combinado sin demasiadas contradicciones con la “moderna” cultura del extractivismo y la mercantilización de los recursos naturales y de todas las esferas de la actividad humana. Se trata de culturas “falsas”, que no admiten otra “incorporación” que no implique dominación y subordinación. De este modo, no hacen otra cosa que reproducir la muerte.

En las últimas décadas el despojo ha adquirido nuevos ritmos. Se ha tornado vertiginoso. Viene avanzando a pasos agigantados, apoderándose de bosques, ríos, montañas, animales y seres humanos. Según los tecnócratas neoliberales, esa es la única posibilidad de hacer competitivas a nuestras economías periféricas y atrasadas. No podemos darnos el “lujo” de la sustentabilidad, dicen. Ni hablar de democratizar el derecho a la propiedad.

La desaparición forzosa de Santiago Maldonado también puso en evidencia el carácter estratégico de la lucha de los pueblos (originarios o no) en defensa de sus territorios, concebidos como espacios integrales, como entornos naturales y espirituales. El control territorial, entonces, es la base para la reconstrucción material, identitaria y política de los pueblos. Y la autonomía territorial es la base para los procesos emancipatorios más amplios. Los pueblos quieren la tierra para reconstruirla y reconstruirse. Otro trasfondo. Vale decir que los mapuche, por ejemplo, nunca ambicionaron el territorio de los otros y las otras. Sólo han reclamado por el propio, el que les robaron o el que pretenden robarles. No se puede decir lo mismo de Benetton o Lewis.

Son tiempos de acumulación por desposesión, de trasnacionalización de la economía y pérdida de soberanía. Son tiempos de colonización de las subjetividades por parte del mercado y de auge de la cosmovisión que pone el énfasis en la libertad individual, la propiedad privada y los formatos empresariales: ¡todos y todas somos capitalistas! Entonces, la lucha por el territorio adquiere centralidad, universalidad y capacidad de articular un sujeto anticapitalista extenso y diverso. Hoy más que nunca, la resistencia de los pueblos originarios, su lucha por tierra e identidad, el pensamiento cosmovisionario ancestral (que no escinde a la naturaleza del ser, a la tierra del ser), cobran nuevos sentidos. Por eso son objeto de desprecio y estigmatización para la derecha y los grupos más representativos del poder dominante. Con la desaparición de Santiago comenzaron a instalarse con más fuerza las “ideologías de la distinción” y los discursos sobre los “no iguales”: pobres, indios, campesinos…

La repuesta represiva del Estado (en ambos lados de la cordillera), tiende a cortar de raíz los procesos de lucha de las comunidades en defensa del territorio. Esa respuesta contempla el recurso a terrorismo de Estado, con sus leyes antiterroristas, con sus leyes de seguridad interior –que son verdaderas trampas-, con sus discursos contrainsurgentes y con los grandes medios de desinformación satanizando a quienes se resisten al despojo (“subversivos”, “terroristas”) y obviando las aberraciones de los despojadores. Estos medios son cajas de resonancia de los intereses de las grandes empresas, los terratenientes y el Estado represor.

Al mismo tiempo, desde el poder, se pretende evitar cualquier connato de solidaridad. Para las clases dominantes es fundamental garantizar el aislamiento de las comunidades en lucha. Por eso Santiago sigue desaparecido. Entonces, para nosotros y nosotras es fundamental comprender los alcances de esa lucha. La lucha del pueblo mapuche por sus territorios ancestrales es parte de la lucha para que el conjunto de los y las de abajo recuperen sus propias territorialidades materiales o simbólicas, o para que no pierdan los fragmentos de las mismas que aún conservan, incluyendo a la mismísima patria. Sus experiencias de control territorial, sus formas embrionarias de autonomía, resaltan como alternativa a la ciudadanía neoliberal y la democracia precaria que se nos quiere imponer, un ejemplo de democracia radical para todos y todas.

¿Dónde está Santiago Maldonado?

Lanús Oeste, 20 de septiembre de 2017

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/trasfondos-sobre-la-desaparicion-forzosa-de-santiago-maldonado/

 

 

 

Contextualicemos y complejicemos nuestro análisis para descubrir la siniestra complementariedad de la expropiación a los pueblos originarios, a las comunidades campesinas y a las poblaciones rurales o ruruurbanas en:

10 años de impunidad

31 de enero de 2019

 Luciano Arruga tenía 16 años cuando se negó a robar para la Bonaerense, también cuando fue perseguido, secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido por un complejo aparato estatal. Como Luciano hubo y hay muchos más pibes. Y por cada pibe, múltiples luchas.

A 10 años de su desaparición, una enorme marcha luchó para acabar con la impunidad que el Poder Judicial y los aparatos políticos vienen sosteniendo.

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/10-anos-de-impunidad/

 

Evaluemos cómo se construye e impone la derrota a los desposeídos de todo por el capitalismo, fundamentalmente, mediante los extractivismos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento a diez años de

la desaparición de Luciano

 

28 de enero de 2019

Agencia para la libertad  

10 años sin Luciano. 10 años de impunidad a partir de la articulación de diversos actores, aunque con una columna vertebral que atraviesa, de cabo a rabo, toda la década: el sistema judicial. A cinco días de la desaparición, el poder judicial da su primera estocada: el Juez Gustavo Banco y la Fiscal Roxana Castelli rechazan el Hábeas Corpus presentado por la familia. Casi dos meses después, Castelli es desplazada por serias irregularidades, que son claves para embarrar la investigación: delegar la búsqueda en los policías acusados de torturar y desaparecer a Luciano, violando la resolución 1390 de la procuración general, omitir la producción de pruebas relevantes, ignorar las denuncias de la familia sobre la policía, tomar declaración a Vanesa con uno de los policías acusados a sus espaldas y derivar la investigación hacia lados que no hacían más que culpabilizar a las víctimas.(Más abajo, resto del documento)

 

La reemplaza Celia Cejas Martín, otro engranaje de esta maquinaria siniestra. Luego de ser escrachado por Familiares y Amigos en Agosto de 2010, el Juez Banco recibe, junto a Cejas, a la familia de Luciano el 23 de mayo de 2011, es decir, más de dos años después de la desaparición, donde no explica por qué motivo las pruebas con luminol en los patrulleros se hicieron tan tarde, evitando de ese modo un análisis más exacto, ya que se encontraron muestras de sangre, pero muy viejas. Para enero de 2013, transcurridos ya cuatro años, Banco entiende que su tarea, ni más ni menos que obturar la investigación, ya estaba finalizada: se declara incompetente y la causa pasa al fuero federal, con la carátula de Desaparición Forzada de Persona, y a cargo del Juez Salas.
Diez meses después, y ratificando cuestiones planteadas en el inicio del presente texto, se revela un legajo reservado que demuestra que la fiscal Cejas había investigado a la familia interviniendo teléfonos fijos y celulares desde abril de 2009 hasta agosto de 2010, autorizada por el Juez Banco en sus quince pedidos de extender la intervención. En abril de 2014, Salas sigue dando rienda suelta a la coherencia judicial y rechaza un segundo Hábeas Corpus, frenado también en la Cámara Federal de San Martín que, sin embargo, es aceptado más tarde por la Cámara Federal de Casación Penal, el 12 de julio. En ese contexto, Salas es obligado a citar a la Ministra de Seguridad nacional, María Cecilia Rodríguez, al Ministro de Derechos Humanos Martín Fresneda y al titular de la Procuvin, Abel Córdoba, junto a funcionarios de la provincia de Buenos Aires pertenecientes a las mismas carteras. Poco más de tres meses después, el 17 de octubre de 2014, el cuerpo de Luciano aparece enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita.

 

Diez días más tarde, la familia pide el juicio político para las fiscales Castelli y Cejas y para el Juez Banco, cuestión unificada por el Jurado de Enjuiciamiento en agosto de 2015. Desde ese momento hasta la fecha, enero de 2019, poco ha sucedido en lo que respecta al poder judicial. Queda claro, en estas pocas líneas, que no hay represión estatal sin un poder judicial clasista y cómplice. Y que sin garantías judiciales, no se asesina, no se tortura y no se desaparece.
 

A 35 años de democracia, el caso de Luciano, y miles de otros, ejemplifica claramente que nos seguimos encontrando con las mismas prácticas de épocas dictatoriales. El secuestro. La tortura. El asesinato. La desaparición. La democracia no llegó, aún, a algunos lugares. O peor. Sí ha llegado, y es el horror narrado junto a exclusión y la marginalidad: barrios que parecen guetos y un Estado que no aparece, salvo para pegar, en formato represivo. Entonces, ante una pobreza en aumento, con sectores excluidos al mango, con pibes o pibas que no tienen otra alternativa, a veces, que salir a chorear, con más cocinas de paco que plazas para jugar, con cárceles plagadas de pobres en condiciones infrahumanas difíciles de imaginar, con todo esto y más tenemos que volver a escuchar, por enésima vez, que la solución es bajar la edad de imputabilidad. Nos quieren pobres. Nos quieren sumisos y sumisas. Nos quieren presos y presas.

 

La respuesta a la desigualdad social no debe ser nunca la punitiva. Queremos más y mejores escuelas. Más espacios para nosotres. Más plazas, más hospitales, salitas de salud con profesionales bien pagos y no precarizados. Que no nos discriminen. En ningún lado. Queremos que nuestros Derechos como Niñes y Adolescentes, sean respetados. Queremos cientos de lugares culturales gratuitos, en los barrios, porque el acceso a la cultura es un derecho y no un negocio. Queremos lugares para hacer deporte, para tocar música, para andar en skate, para tirarnos un rato sin que nadie joda. Queremos más Espacios Luciano Arruga y menos Comisaria Ex Octava. Y lo deseamos con tanto fervor, y somos tantos, miles, millones, que lo que queremos lo vamos a conseguir. Tarde o temprano, es cuestión de tiempo. El futuro es nuestro, por prepotencia de laburo, por lucha, por organización. Y que los forros, que los forros bufen.

 

A 10 Años sin Luciano como Familiares y Amigxs DECIMOS:
A LUCIANO, LO MATÓ LA POLICÍA, LO DESAPARECIÓ EL ESTADO.
10 AÑOS DE IMPUNIDAD, LA JUSTICIA ES RESPONSABLE.
BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS.
BASTA DE SECUESTRAR A LAS PIBAS DE NUESTROS BARRIOS PARA LAS REDES DE TRATA.
BASTA DE FUSILAR A PIBES Y PIBAS EN LOS BARRIOS.
BASTA DE CAUSAS ARMADAS.
LES PIBES Y PIBAS NO SON PELIGROSOS, ESTÁN EN PELIGRO.
POR EL DERECHO A SABER LA VERDAD.
EL ESTADO ES RESPONSABLE.


 

Adhieren:
APDH Matanza – AEDD-ASOCIACION DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS – H.I.J.O.S. Zona Oeste – HIJOS la Plata – Familiares y Amigos de Victimas de la represión Estatal. Rio Negro / Neuquén – La Poderosa – CORREPI – Coordinadora contra la represión policial e institucional – Pañuelos en Rebeldía – Frente Popular Darío Santillán – Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional – Corriente Popular Juana Azurduy – ASL- Acción Socialista – Movimiento de los Pueblos, por un socialismo feminista desde abajo – Docentes de base de SUTEBA Matanza -CTA Autónoma La Matanza – Vecinos Autoconvocados contra la CEAMSE y el Care de González Catán – el Centro Cultural Deportivo y Ambiental Galpón 3 -Movimiento Por un Pueblo Libre -Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social – Frente de Vecinos y Organizaciones de La Matanza ( V.O.M ) – Movimiento Popular la dignidad – Bloque Piquetero Nacional: Movimiento T.Or.Re. – Trabajadores Organizados para la Revolución – Agrupación Armando Conciencias – R. U. P. Resistencia de Unidad Popular – O. T. L. Organización de Trabajadores Libertarios – Casa red puentes atención al consumo problemático del Movimiento Popular la dignidad – La Luna con Gatillo – Merendero Madres en Lucha -Nueva Chicago Popular – Juventud Revolucionaria Che de La Matanza – Jóvenes de Pie – Juventud Somos -Frente Juvenil Hagamos Lo Imposible – OLP (Organizaciones Libres del Pueblo) -Centro de estudiantes de la E.E.S N 20 de San Justo – Centro de estudiantes de la E.E.S N23 de Laferrere -La Simón Bolívar – Resumen Latinoamericano -Revista Resistencias -Papel Secundario – Corriente Emancipación SUR -Somos La Matanza -Barrios de Pie -Libres del Sur – Izquierda Socialista – MST ( movimiento socialista de los trabajadores ) – Vamos (izquierda popular) – Poder Popular Corriente de izquierda – Izquierda Latinoamericana Socialista – Venceremos (Partido de trabajadorxs) – Opinión socialista – PRML Partido Revolucionario Marxista Leninista – PRT Partido Revolucionario de los Trabajadores

https://agenciaparalalibertad.org/article/documento-a-diez-anos-de-la-desaparicion-de-lucian/

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/documento-a-diez-anos-de-la-desaparicion-de-luciano/

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda para derrotar a la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales, debemos generalizar el involucramiento tanto en la causa mapuche como en:

La lucha por Luciano

 

31 de enero de 2019

Sebastián Andrade

*Cobertura especial Contrahegemonía Web

Hace 10 años, en el partido de La Matanza, entonces bastión del kirchnerista Fernando Espinoza, se produjo  uno de los peores casos de torturas de la reciente historia democrática de nuestro país. Luciano Arruga, con 16 años fue primero invitado a robar para la “base de operaciones” de la comisaría 8va de la Policía Bonaerense. Después, perseguido, torturado y, finalmente, desaparecido forzadamente durante más de 5 años tras ser obligado a cruzar la General Paz .

 

La cara de Luciano llenó banderas, paredes, parches, revistas populares, volantes. El caso fue emblemático porque hubo lucha. Su madre y su hermana, Mónica Alegre y Vanesa Orieta, se pusieron al hombro la búsqueda y la lucha. Lucha, porque tuvieron que soportar amenazas, incendios intencionados, exposición, humillaciones policiales, administrativas, judiciales y de las empresas mediáticas.

 

Acompañadas por familiares y amigos, tuvieron claro desde el principio que detrás de la desaparición estaba la bonaerense.  Organizaciones de Derechos Humanos como Hijos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y organizaciones políticas populares ayudaron a leer la historia a contrapelo y ubicar a Luciano como la continuidad de la dictadura del Plan Cóndor. Luciano evidenció que les 30.000 eran más de 30.000. Porque, claro, había otros casi 300 jóvenes desaparecidos en tiempos de democracia. Porque Julio López ya figuraba como otro desaparecido.

La historia mostró, además, otra continuidad: mujeres buscando a un familiar. La fórmula se repetía en buena parte de las víctimas de represión también una vez que terminó la dictadura.

La muerte

Durante los cinco meses siguientes a ser secuestrado y torturado en el destacamento de la comisaría, por negarse a robar para la policía, Luciano tuvo miedo por las permanentes amenazas y porque la persecución no cesaba. El 31 de enero de 2009 entre las 2 y las 4 desapareció y lo último que se supo fue que amigos de Luciano declaraban haberlo visto molido a golpes en el destacamento, hubo sangre en el patrullero rastreada demasiado tiempo después como para comprobar que fuera de él, 11 de los 17 patrulleros de la comisaría no emitieron señal de dónde estaban en ese horario. Uno de ellos estaba apostado a un costado de la General Paz, con las luces apagadas. Justo donde cinco años y ocho meses después nos enteramos que Luciano había sido atropellado mientras cruzaba la enorme avenida “como escapando”, según las palabras del conductor que no lo pudo esquivar.

 

Torturas a un niño

Vanesa y Mónica habían sido testigas de cómo lo torturaban a Luciano en el destacamento policial de Indart 106, en septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición. La lucha organizada de estas dos mujeres consiguió que el Teniente 1º Julio Diego Torales fuera condenado a 10 años de prisión por torturas a un niño. Hubo entonces dos grandes hitos en esa condena: torturas niño. 

 

Pareciera obvio, pero el eufemismo de apremios ilegales fagocitaba a la de torturas, dando menores penas a los eventuales condenados. Parece más obvio, pero significó toda una pelea en el terreno judicial dejar en claro que Luciano, con 17 años, era un niño y, por tanto, sujeto de los derechos del niño. A los 16 años, entiende la Convención, la estructuración del funcionamiento perceptivo, la capacidad de transmitir, sentir y traducir las emociones indudablemente no estaban todavía del todo constituidas.

 

La jueza Diana Nora Volpicina citó la Convención contra la Tortura sancionada por la ONU en 1984 y rubricada un año después por el Estado argentino (“se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia”) y a la Convención sobre los Derechos del Niño (“establece que por niño se entiende a todo ser humano menor a 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad”).

Pero así como se condenó a Torales por estas torturas a un niño, es imprescindible recordar que los gritos de Luciano no fueron los únicos que escucharon Vanesa y Mónica ese 22 de septiembre. Había más  niños no identificados siendo torturados en ese momento. Y había más policías torturándolos.

El Estado prepara

Vanesa no se cansó de repetir: la vulnerabilidad de Luciano no era sólo por niño, sino por pobre. En todas las barriadas del país se repiten estos casos. Arruga vivía en el asentamiento 12 de Octubre, de Lomas del Mirador, La Matanza: una manzana rodeada de un barrio de clase media. El contraste entre el ladrillo a la vista y las construcciones de alrededor es mayúsculo. “Todos los nuevos formatos que se sumaron a cada pedido desmesurado de más seguridad mantienen metodologías propias de la última dictadura, las detenciones arbitrarias e ilegales son constantes, los detenidos sufren torturas, se mata y desaparece fácilmente, mientras el resto de los poderes, mediante el silencio e inacción, permiten la violación de los derechos humanos, de los humildes pero especialmente de los jóvenes humildes. La justicia no condena, el poder político suma más policías violentos y hace oído sordos a las denuncias de familiares y cuando nos reciben no hacen más que lavarse las manos y prometer  cosas que jamás  van a cumplir”, explicó Vanesa a cada medio, aunque no todos replicaron estas declaraciones.

 

La impunidad hizo lo suyo: mientras los funcionarios policiales siguen libres, sin ser siquiera procesados en la causa judicial por Desaparición Forzada, la investigación a cargo de Asuntos Internos sigue obviamente parada. El faltante de páginas -arrancadas- en el libro de guardia del destacamento policial de Lomas del Mirador jamás fueron investigadas. La salida de jurisdicción por parte de los patrulleros, tampoco.

 

“Son muchas las irregularidades cometidas por personal policial, y el poder político y policial en mi opinión ocultaron, no investigaron, aumentando así la impunidad que reina en la causa. Para tres de los jueces que entendieron y entienden en la causa, pedimos enjuiciamiento por mal desempeño de funciones y también para el ministro de Justicia, Seguridad y hasta el mismo gobernador (Daniel Scioli). Ellos, más que nadie, tienen que responder por qué no se avanzó en el proceso judicial y por qué todavía no hay condena. En estos 5 años más que investigar a la Policía se investigó a las víctimas: el primero fue Luciano, luego siguieron con sus amigos y luego con la familia, que luchaba por su aparición; en eso se invirtieron los recursos del Estado, en investigar a las víctimas. Los policías bien tranquilos, tienen apoyo del poder”, detalló la Vanesa.

 

Los medios apuntan

La desaparición aparece por primera vez en la Televisión gracias a la censura. Allegados a Luciano interrumpieron la emisión de CQC con una bandera y gritando que había un desaparecido en democracia. Se los llevaron los de seguridad sin llegar a aparecer en pantalla. Recién después de esa acción se empezó a hablar en las empresas mediáticas acerca de Luciano.

 

En un principio, Virginia Messi y Ricardo Canaletti, desde uno de los diarios y una de las pantalla del Grupo Clarín, supieron inocular datos falsos al servicio del “Algo habrá hecho”.

 

La combinación de silencio interrumpido por mentiras y desinformación perduró hasta otro momento cumbre: el día después de la aparición del cuerpo, que había estado en el Santojanni -pese a que Mónica y Vanesa lo buscaron ahí- y  -durante cinco años y ocho meses- enterrado en Chacarita, el gran diario argentino decía: “Lo buscaron casi 6 años y estaba enterrado como NN. La familia de Luciano Arruga creía que lo había matado la policía. Pero ahora se supo que lo había atropellado un auto”.

 

A partir de estas y muchas otras mentiras, cinismos y desinformaciones se habían conformado algunos discursos circulantes entre quienes apoyaron a Gabriel Lombardo, presidente de Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (Valomi), sujeto que declaraba en medios que Luciano tenía 30.000 detenciones. Justo 30.000.

 

La práctica de Vanesa enseña otra cosa: “Hay que leer lo que dicen los medios alternativos, independientes, comunitarios, ellos manejan y difunden temas que no son tratados ni en medios oficialistas, ni en medios opositores”.

 

Los medios comunitarios, alternativos, populares y cooperativos tuvieron alrededor de Luciano Arruga un eje de encuentro que los mantuvo trabajando mancomunadamente durante 10 años.

 

La lucha

La lucha ya dio sus frutos. Así como consiguieron esa condena ejemplar a Torales por torturas a un niño y encontraron el cuerpo para poder llorarlo, durante estos diez años, familiares, amigos y amigas de Luciano mantuvieron también un programa de radio para difundir todos los casos de Lucianos, para difundir noticias sobre el sistema que construye desaparecides, asesinades, torturades, secuestrades y perejiles. Desde afuera se llamaba ese programa, porque lo hacían en la puerta del destacamento, para reclamar su cierre y posterior recuperación y conversión en un espacio que ya funciona como espacio de memoria y construcción de los derechos de les niñes.

Y cada año, las marchas por justicia para Luciano Arruga son más grandes. Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/la-lucha-por-luciano/

 

Recordemos a Rodolfo Walsh anticipando la miseria planificada para la acumulación oligopólica por desposesión y sobreexplotación tanto de la naturaleza como de los trabajadores y los pueblos.

 

Tengamos presente que el Partido Justicialista aplicó al Consenso de Washington. Y en simultáneo  atendió al Banco Mundial en su programación de quitarle espíritu subversivo a la desocupación masiva y a la quiebra del 50% de pequeños-medianos propietarios mediante planes sociales pero sobre todo mediante Ongs que hicieran a la transferencia de los menos pobres a los más pobres.

 

 Coincidiendo con esa necesidad del Capital Estado, también progresistas e izquierdistas reformistas organizaron frentes contra la pobreza (en vez de contra el enriquecimiento sideral que la causa) y todavía hoy persiste la idea de eliminarla sin erradicar a los extractivismos como los generadores fundamentales, al revés los promueven justificando que permiten el Estado distribucionista. 

¿De ahí su subordinación completa a Néstor y Cristina Kirchner?¿Cómo no asumieron la lucha por los derechos humanos de los Lucianos? Al contrario, los rechazaron y naturalizaron la respuesta de la presidenta Cristina Fernández. Ante el grave problema de vivienda denunciado por la toma del Parque Indoamericano a fines del año 2010 Leer, CFK establece el Ministerio de Seguridad Nacional que desplegó la gendarmería o sea la policía militarizada.

 

Esto coincide conque ya desde comienzos de su mandato, Néstor Kirchner y Cáritas modelaron el consenso estigmatizador de los trabajadores desocupados al establecer planes sociales sólo si se admitía integrarse a la cultura del trabajo, de suerte que encubrieron al Capital y Estado por los despidos masivos.

Necesitamos, abajo y a la izquierda, generalizar  la visión que nuestro enfrentamiento medular es con la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales y que las elecciones sirven para la gobernabilidad de su criminal e impune saqueo. Superar la aceptación de las últimas es tener en cuenta que alcanza consenso masivo con la manipulación de la opinión pública e individual por los grandes medios de desinformación.

 

De ahí que la distorsión cultural e ideológica de los gobiernos K se basó en usar la pauta publicitaria del Estado para sostener el arraigo popular de sus liderazgos promotores del afianzamiento de esa alianza opresora. También lo modeló con la construcción de la épica de estar en tiempos emancipatorios, cuando lo cierto es que consolidó la dependencia del país como resultado de la expansión extractivista. Fraudes ideológicos que lo consiguió gracias fundamentalmente a Carta Abierta.

 

Noelia Luque señala:

Los medios-portales de alcance masivo como Clarín e Infobae suelen valerse de narrativas que responden a sostenes de la criminología mediática que no es un fenómeno aislado sino que hay que enmarcarla en la política general. En los pueblos latinoamericanos, es necesaria para el desbaratamiento del estado de bienestar. En particular, en Argentina, surge a partir del retorno a la constitucionalidad, cuando ya no era posible el retorno a dictaduras militares. Se caracteriza fundamentalmente por legitimar desde los medios todas las medidas represivas hacia la población excluida con la particularidad de presentarse como medidas que evitan el caos.

 

 

 

Los Lucianos

31 de enero de 2019

 

*Por Noelia Luque, Especial para Contrahegemonía Web

Luciano y los Lucianos

El 31 de enero de 2009, Luciano Arruga con 16 años salía de su casa, ubicada en el barrio 12 de octubre de la localidad de Lomas del Mirador, para ir a lo de su hermana Vanesa Orieta.

 

Desde ese día, estuvo desaparecido durante la intendencia de Fernando Espinoza y la gobernación, a nivel provincial, de Daniel Scioli. Desaparición sin rastros, cuerpo ausente y el terror de la incertidumbre. La policía bonaerense le había puesto los ojos en la nuca, ofreciéndole robar para el destacamento policial de Loma del Mirador, con armas y garantías. Pero Luciano les dijo que no.

 

A los cinco días de su desaparición, la familia presentó el primer habeas corpus pero fue rechazado por el Juez Gustavo Banco y la fiscal Roxana Castelli. Dos meses después, la fiscal es desplazada por irregularidades en la investigación tales como delegar la búsqueda de Luciano a los mismos policías señalados por torturarlo y desaparecerlo, desoír las denuncias de la familia sobre la policía, y tomarle declaración a Vanesa con uno de los policías acusados a sus espaldas. A la fiscal Roxana Castelli la reemplaza Celia Cejas Martin.

 

En enero de 2013, el Juez Gustavo Banco se declara incompetente y la causa, ahora a cargo del Juez Salas, pasa al fuero federal, cambiando la carátula de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada de persona”, dándole veracidad a lo que la familia venía denunciando desde un principio. Diez meses después de este hecho, se demuestra que la fiscal Cejas  (autorizada por el Juez Banco) había intervenido los teléfonos de la hermana, mamá y abuela de Luciano durante más de un año.

 

En abril del año 2014, el Juez Salas rechaza el segundo hábeas corpus presentado, aunque meses más tarde es aceptado por la Cámara Federal de Casación Penal. El 17 de octubre de 2014, el cuerpo de Luciano aparece enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita tras haber sido atropellado por un auto en Mosconi y Av. Gral Paz. Días más tarde, la familia pide el juicio político para las fiscales Castelli y Cejas Martin y para el Juez Banco.

 

Otra vez, la impunidad judicial se refleja en la perversidad del Estado de entregarle a la familia restos óseos, cinco años y ocho meses después de la desaparición. A Luciano finalmente su familia pudo reconocerlo por una fractura en las costillas, provocada en septiembre de 2008, cuando fue detenido ilegalmente y torturado durante diez horas en el mismo destacamento de Lomas del Mirador. Por aquel hostigamiento fue sentenciado a diez años, el policía bonaerense Julio Diego Torales, el único preso en la causa.

 

Actualmente, el Juez acusa a la familia de presentar testigos “falsos”, casualmente son quienes hablan de Luciano golpeado y encerrado en el destacamento de Lomas del Mirador. Además, hay otros dos testigos importantes, por un lado quien atropelló a Luciano que confesó que corría desesperado, escapando de algo o de alguien; y, por otro lado, un testigo que vio un patrullero de la Bonaerense sobre la colectora, yéndose con luces bajas en ese momento.

A Luciano lo recordamos como el negro villero que se negó a robar para la policía, pero si hubiese robado, también lo recordaríamos. No hay pibes más importantes que otros, todos son igual de imprescindibles. Luciano duele, por él y por todos los Lucianos. La vida para los Lucianos sabe de finales abruptos y feroces, devoradores de presente y futuro. Después de 35 años de democracia, el Estado se muestra ante los Lucianos en forma de tortura, secuestro, asesinato y desaparición. De esta manera, el Estado se presenta en su forma más horrorosa, junto a la exclusión y la marginalidad, la represiva.  Sigue siendo, éste, un país de invisibles, de personas que el Estado elige no ver, que la sociedad no ve, a la que se le cierran las puertas constantemente. Y que cuando se hacen visibles, por necesidad o sobrevida, les mandan a la policía.

 

Para las familias y amigxs de los Lucianos, las respuestas también son las mismas: desgaste, hostigamiento, amedrentamiento, criminalización, generar miedo y terror para que no sigan luchando.

 

Criminología mediática

Los medios masivos de comunicación marcan diariamente la agenda periodística. Cuando miramos la televisión apenas comienza el día o leemos algún portal o diario mientras viajamos en algún transporte público, vamos al encuentro directo con significaciones que aportan a construir nuestra realidad cotidiana, ofreciéndonos una mirada de cómo entender al mundo. Desde ya que nada ni nadie nos obliga a aceptar lo que los medios nos afirman. Sin embargo, ocupan un rol importante al momento en que imaginamos nuestra realidad.

Los Lucianos suelen aparecer en medios masivos sólo desde miradas estigmatizantes y criminalizantes, en términos de “menores de edad” y nunca como “niños” o “jóvenes”.

Los medios-portales de alcance masivo como Clarín e Infobae suelen valerse de narrativas que responden a sostenes de la criminología mediática que no es un fenómeno aislado sino que hay que enmarcarla en la política general. En los pueblos latinoamericanos, es necesaria para el desbaratamiento del estado de bienestar. En particular, en Argentina, surge a partir del retorno a la constitucionalidad, cuando ya no era posible el retorno a dictaduras militares. Se caracteriza fundamentalmente por legitimar desde los medios todas las medidas represivas hacia la población excluida con la particularidad de presentarse como medidas que evitan el caos. Tal es así que la desaparición de Luciano, tanto en Clarín como en Infobae, apareció como noticia meses después de aquel 31 de enero de 2009.

 

Para muestra de la criminología mediática, hace falta un botón. El momento de mayor cobertura mediática que tuvieron los familiares y amigos de Luciano Arruga por parte de estos medios masivos, fue el 17 de octubre de 2014,  cinco años y ocho meses luego de que hayan desaparecido a Luciano, cuando su cuerpo aparece enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita. Pero la cobertura no fue alrededor de un desaparecido en democracia sino como una víctima de un accidente, atropellado por un automóvil en una avenida.

 

Uno de los sostenes de la criminología mediática es la construcción de un ellos, separado del resto de la sociedad por ser un conjunto de diferentes y malxs. Lxs ellxs funcionan como chivos expiatorios, aunque suelen variar según el lugar y el tiempo. Suelen ser amplios sectores de la población de los que provienen todos los implicados en la violencia del poder punitivo. Para formar lxs ellxs, se seleccionan los delitos más cargados “violencia gratuita” y los demás se minimizan o se muestran de formas distintas porque no son funcionales. En la construcción que se hacía para ese entonces de Luciano por estos medios, no era tan notoria la construcción del ellxs debido a que la violencia se había cometido contra quien generalmente es construido como quien la propicia. Luciano era la víctima pero esto no cuadraba para la tirada masiva quien quiso solapar su desaparición. Tal es así que Clarín publicaba “Durante todos estos años, su familia acusó directamente a policías de un destacamento de Lomas del Mirador de haberlo asesinado y hecho desaparecer porque el chico se negaba a robar para ellos. Pero ahora el caso tuvo un giro inesperado y revelador: ayer se descubrió que el adolescente fue atropellado por un auto el día de su desaparición y que tres días después fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. El caso era hasta ahora un emblema de las peores prácticas de la Policía Bonaerense. Antes de su desaparición, Luciano había sido detenido sin motivo por agentes de Lomas del Mirador (La Matanza) en al menos dos oportunidades y había sufrido apremios ilegales. Pero ayer su familia fue informada por la Justicia de que su final habría sido ajeno a todo esto.”[1] e Infobae no se quedaba atrás titulando “Luciano Arruga fue atropellado el día de su desaparición y enterrado como NN”[2] o afirmando que “Los médicos que hicieron la autopsia no describieron signos de tortura en el cuerpo”[3]

 

La criminología mediática puede más que la voz de la familia. Vanesa, en la conferencia de prensa en la que anunciaban que habían encontrado a Luciano, anticipó lo que luego varios medios harían: “ustedes pueden informar que fue un pibe que cruzó la autopista y lo atropelló un auto y ya. Pero van a estar mintiendo. Porque la familia denunció que hubo acoso policial. Que está confirmado que el 22 de septiembre de 2008 fue víctima de una golpiza. Y que cuando mi hermano desaparece, hubo peritajes positivos que arrojaron que Luciano había estado en un patrullero, había estado en un descampado, que los patrulleros se salieron de la cuadrícula. Esto no cierra con un pibe que cruzó la autopista. Hay que saber la verdad”.

 

Estado de implosión policíaca y punitiva

Diez años pasaron desde aquel 31 de enero en que a Luciano lo desaparecían. Afirmamos que Lucianos los hay, así, en plural y muchísimos. Entonces, desde el Estado, ¿algo cambió desde aquel día?

Cada etapa histórica genera ideas que son respuestas a fenómenos sociales, producto de cambios en el orden social. El abordaje de estas ideas, sólo tienen coherencia dentro de los contextos culturales, políticos, sociales, económicos e ideológicos en los que surgieron. Todos los discursos se construyen en determinados contextos, es impensable un discurso sin su contexto de surgimiento. En este sentido, el discurso sobre lo punitivo y sus prácticas, no escapan a mencionada premisa.

El poder punitivo es detentado por el aparato estatal. Es un poder fortalecido en una discursividad compleja. Es por esto que resulta imposible pensar lo punitivo por fuera de la categoría del Estado. Tal como afirma Federico Arnedo “puede uno identificar un modelo punitivo para cada modelo de Estado y así habrá uno para el inquisitivo, otro para el capitalista incipiente, otro para el modelo capitalista en crisis, otro para el estado de bienestar y finalmente uno para el modelo del capitalismo financiero, de los servicios, las comunicaciones y las tecnologías”[4]. Específicamente, desde mediados de los 70´, se han producido una serie de cambios tanto en los modelos de Estado como en sus estructuras sociales. Estas transformaciones han sido fruto de otras dadas en el marco del mercado mundial y en las modalidades de producción industrial.

Todos estos cambios son producto de la incesante tendencia del capitalismo por concentrarse y expandirse cada vez más, se trata de un proceso de globalización como aceleración expansiva del capital. Y esto trae aparejada la internacionalización de la economía, la interacción creciente entre los distintos países y una homogeneización de lógicas sociales. En el marco de esa misma homogeneización, se genera también la coexistencia de un sector pequeño de riqueza y modernización junto a miseria, explotación, pobreza y marginación de las mayorías. Se abre lugar así, a un mercado globalizado e internacional que intercambia bienes pero que fundamentalmente se aboca al mercado de capitales (inversiones que controlan las unidades productivas en economías extranjeras e inversiones especulativas de corto plazo)

 

Con el desarrollo del neoliberalismo se reorientan las formas de control social en la sociedad capitalista. La novedad es que la clase social que aparece como hegemónica no es una clase nacional sino una clase transnacional que surge de la articulación e integración de diversas burguesías nacionales formada por los sectores más dinámicos del capitalismo globalizado (financiero, tecnologizado, de las comunicaciones y los medios masivos).

 

Al nuevo modelo económico, dentro de los márgenes del sistema capitalista, le corresponde un modelo político que ante su incapacidad de dar respuestas a la conflictividad social, subordina su esencia democrática, constitucional y de derecho, quedando así su poder limitado a una simple formalidad y cediendo, en los hechos, todo el espacio de las instituciones al dominio exclusivo del estado de policía. Este fenómeno es el que Arnedo denomina “de implosión policíaca y punitiva” o “de irracionalidad estatal descontrolada”.

 

Esta situación es la que necesita el poder transnacional hegemónico para lograr imponer sus reglas de mercado afianzando el paradigma de exclusión, pobreza, e indigencia. Asimismo, este modelo de Estado se caracteriza por instaurar un paradigma de seguridad que intenta mostrarse como el objetivo que justifica la violencia detentada en nombre del propio Estado. Así, el planteo de la “seguridad” es el cohesionante y dinamizante de nuestras sociedades globalizadas. No obstante, la “seguridad” que se busca es la defensa de los mercados económicos y financieros, nacionales y transnacionales.

Para lograr esta “seguridad”, el poder hegemónico construirá un discurso tendiente a disfrazar el verdadero problema (de la imposibilidad de la obtención del mayor beneficio económico con el mínimo costo o con costo cero), y reorientarlo a problemas de naturaleza local como la “inseguridad”. Allí es donde se instrumentan discursos de sociedad en riesgo y control, y donde las corporaciones de comunicación cumplen su rol de constructores de realidad y manipuladores del imaginario social.

 

Punitivismo como demagogia electoral

Llegadxs a este punto, es necesario volver la mirada a la actualidad. Cambiemos está pasando por una crisis de confianza. En este contexto y de cara a las elecciones de este año, el gobierno necesita desplazar el centro de atención y mantener el apoyo que lo llevó a la presidencia en elecciones anteriores. Es por esto, justamente que, cuando no se puede hacer campaña con el empleo, la salud, la educación, la vivienda, etc., sólo resta echar mano en otros aspectos nodales para el entramado social. Y uno de los pocos lugares que les queda para revalidarse es la “seguridad”.

De esta forma, se publicó la Resolución 956/2018 (“Reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”) que permite el fusilamiento en manos de las fuerzas federales, se anunció del Programa Restituir que impulsa el reingreso a las fuerzas  de seguridad federales de agentes que cursaron procesos judiciales por exceso en el uso de la fuerza, se compraron armas como las Taser para torturar, etc.

 

En esta profundización de las políticas de mano dura, se enmarca también el proyecto de bajar aún más la edad de punibilidad a 15 años, medida defendida por Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Sergio Berni. Este proyecto, que cuenta con el aval del ministro de Justicia, Germán Garavano, y con el de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,  es el caballito de batalla de este y de anteriores gobiernos. Fue el propio gobierno de Cristina Kirchner, quien en acuerdo con la oposición, en 2009 el que impulsó la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años, impulso que recibió media sanción en el Senado. Nada puede empeorar aún más la vida de los Lucianos y sus familias que penarlos con cárcel. En los lugares de encierro se viven condiciones infrahumanas, con niveles de hacinamiento y sobrepoblación sin precedentes a nivel nacional, y en particular en la provincia de Buenos Aires. Lxs detenidxs y presxs en Argentina padecen torturas sistemáticas, desatención de la salud, muertes por enfermedades curables, hambre y escasas posibilidades de trabajar o acceder a la educación. Y acá es necesario retomar a Alberto Morlachetti, quien decía “¿A qué edad imputamos a un pequeño? ¿A los 14 años? Parece no ser suficiente. ¿Quizás a los 12? ¿Hay discernimiento en esas edades? ¿Sabe un niño diferenciar lo bueno de lo que no lo es? ¿Lo prohibido de lo permitido? Manuel Ossorio, hombre de prestigio del derecho, dice que “quien obra sin discernimiento absoluto no puede darse cuenta del alcance, del valor ni de las consecuencias de las acciones que realiza”. El discernimiento puede estar disminuido por varias causas, las anímicas, el miedo, la ofuscación y ese príncipe de las tinieblas llamado paco. ¿No está mutilado un niño que sufre hambre, abandono, que ha sido violentado, que vive a la intemperie? ¿No está afectado el niño que no tiene los insumos básicos de la crianza humana: la familia, la ternura, el abrigo, el pan?

Es entonces que dentro del ámbito del Derecho Penal los niños, afectados por la ausencia de derechos que nunca le otorgaron, no pueden discernir plenamente la índole delictiva del acto que realizan, porque no pueden diferenciar entre el bien y el mal.

Invocar discernimiento precoz es condición, pero no suficiente. Entonces invocan las figuras más nefastas del oscurantismo penal, nos recuerdan la concepción positivista del “delincuente natural”, las genéticas irreparables de nuestros niños.

Responsabilidad penal juvenil para los de “otra raza”, los pobres que no lo pueden disimular: tienen que robar gallinas para comer.”[5]

 

Se inicia así un período, previo a las elecciones, de medidas irresponsables y demagógicas (cuanto menos), de mayor incidencia en el menoscabo de derechos. Siguiendo este camino, se logra el “policiamiento” de la conflictividad social y tal como exponía Arnedo, se subordina la esencia democrática, constitucional y de derecho, quedando así su poder limitado a una simple formalidad y cediendo, en los hechos, todo el espacio de las instituciones al dominio exclusivo del estado de policía. Al subordinar la esencia democrática, el Estado propuesto a los Lucianos es penal, nunca un Estado social.

 

Se precisan Lucianos para amanecer

Como decíamos al principio, la historia de Luciano es también la historia de tantísimos otros Lucianos igual de imprescindibles. De Lucianos cuyas vidas son arrebatadas en última instancia por la represión estatal. Pero cuando hablamos de represión estatal es necesaria una aclaración. No suponemos un Estado en términos de un todo homogéneo u homogeneizado, ni un sistema cerrado. No es “algo” que se toma, acumula o pierde. Por el contrario, entendemos al Estado como una constelación de relaciones contradictorias y desiguales de poder, complejas y cambiantes. Son partes relacionadas alrededor de una razón y organizadas según un mando en particular.

Concebir al Estado como dispositivo es suponer elementos muy distintos como discursos, imaginarios sociales, juicios morales, instituciones, rutinas sociales, etc, enmarcados en la arena de las relaciones de poder. Esta aclaración es necesaria para pensar al Estado represor no sólo en las distintas fuerzas de seguridad sino que podemos encontrarlo desde el momento en que como sociedad pensamos con valores y criterios punitivistas. Tal como expresa Estaban Rodriguez Alzueta “el policiamiento no es una política que define la agenda del Ministerio de Seguridad -solamente-, es también las maneras de pensar, sentir y obrar de la comunidad que tienen como telón de fondo el imaginario social que se expresa en el sentido común y se rastrea en las habladurías del barrio”[6]

Entender al Estado como dispositivo también nos permite suponer que donde hay disputa de poder, hay resistencia y líneas de fuga. En definitiva, el Estado tiende a estabilizar lo que se corre de lugar, imprime regularidad a las palabras y a las acciones. Pero esa estabilidad no es ni única ni para siempre, y ahí está el rol de la lucha organizada.

Queremos más espacios para las infancias y las juventudes dignas, queremos espacios en donde puedan elegir, encontrarse, organizarse, expresarse, jugar, bailar, hacer deporte, tocar música o lo que les guste, queremos más y mejores escuelas, que no sean discriminadxs nunca, queremos para ellxs, toda la ternura.

Asimismo como organizaciones sociales, tenemos la tarea de intentar promover otros sentidos comunes alternativos al policiamiento, al punitivismo y a la criminalización de las infancias y juventudes. Y para esto, también es fundamental, acompañar a las familias de todos los Lucianos, en las luchas y disputas que cada familia se proponga, que en cada pelea por sus hijos/hermanos/sobrinos se cargan de profunda tristeza. Tenemos pendiente acompañar a todas las familias, a las que lograron convertir su dolor en organización y a las que por ahora no encontraron la forma de estar acompañadas y organizarse.

Por último, otra de nuestras tareas, como organizaciones es continuar construyendo espacios donde lxs pibxs puedan encontrarse y saberse capaces de tomar decisiones acerca de su propia vida, desde sus propios símbolos y lenguajes (tan propios de sus identidades) y desde ahí, fomentar su participación y organización junto a otrxs.

[1] https://www.clarin.com/policiales/buscaron-anos-enterrado-tumba-nombre_0_HJlb0KO5v7x.html

[2] https://www.infobae.com/2014/10/17/1602460-luciano-arruga-fue-atropellado-el-dia-su-desaparicion-y-enterrado-como-nn/

[3] https://www.infobae.com/2014/10/17/1602526-que-determino-la-autopsia-que-le-realizaron-luciano-arruga-2009/

[4] Arnedo, F. Estado, poder punitivo y seguridad: una posible explicación de cómo la abusiva práctica de encarcelar personas en forma preventiva se construye como única respuesta a la conflictividad social multifactorial.

[5]https://www.pelotadetrapo.org.ar/2013-09-05-12-30-19/2017/3527-penalizaciones.html?fbclid=IwAR2hqXLLPeK4ad9kqtKScCx4ESSfz8ZTD2lKulWPn0qmsSdsWzy_KyE86_o

[6] Rodríguez Alzueta, E.(2014) Temor y control: La gestión de la inseguridad como forma de gobierno. CABA, Argentina. Editorial Futuro Anterior.

 

*Militante Corriente Popular Juana Azurduy

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/los-lucianos/

 

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Ante la ofensiva del capitalismo local del mundializado y de los imperialismos nos urge, abajo y a la izquierda, generalizar la percepción(conocimiento y toma de partido) sobre que las empresas estatales no son la solución de las necesidades e intereses populares. Que no sean solución responde al funcionamiento globalizado e integral del sistema y al carácter tanto delictivo como criminal del Estado periférico en todas sus jurisdicciones.

México.

La trama detrás de la explosión en Tlahuelilpan

(Análisis)

31 de enero de 2019

Resumen Latinoamericano*

Por Ricardo Raphael

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una semana antes de la desgracia, un grupo de soldados que custodiaba los ductos de Pemex en la zona de Tlahuelilpan, Hidalgo, fue agredido por huachicoleros. Tres elementos del Ejército fueron retenidos contra su voluntad y 72 horas después los criminales liberaron al último.

Desde 2014 hay reportes de seguridad que refieren a la banda criminal que administraba las tomas clandestinas en esa región. La comunidad sabe que su base no está en Tlahuelilpan, sino en la población vecina de Teltipán de Juárez.

Entre los líderes huachicoleros destacaba Julio César Zúñiga Cruz, apodado por sus compañeros como La Parka. Se trata del mismo sujeto que, 24 horas después del incendio, fue baleado en la carretera Mixquiahuala-Tlahuelilpan y murió antes de llegar al hospital.

Sería ingenuo suponer que no hay vínculo­ entre los tres eventos: el secuestro de soldados, el incendio de la toma clandestina y el asesinato de Zúñiga Cruz. Sin embargo, no existe todavía información suficiente para ligar, en una narrativa comprensible, los elementos que explicarían la tragedia responsable de segar una centena de vidas humanas.

Rubén Salazar, consultor en seguridad para asuntos energéticos de Etellekt, señala que el robo de combustible en los ductos de Pemex no es un hecho nuevo: hay registro de tomas clandestinas desde que se instaló el ducto que se extiende de Tuxpan a la refinería de Tula.

Sin embargo, es a partir del año 2004 cuando el robo hormiga se transformó en un negocio ligado a los grandes cárteles del crimen organizado. En Hidalgo, concretamente, fueron Los Zetas –encabezados en ese momento por Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca–, quienes escalaron en volumen y sofisticación este negocio criminal.

Los Zetas contrataron a pequeños grupos locales para que robaran el combustible y luego se hicieron cargo de comercializarlo a granel.

Subraya Rubén Salazar que, hacia 2009, el gobierno de Felipe Calderón compartió con las autoridades de 400 municipios los planos de los ductos de Pemex por donde fluye el combustible. El propósito, se dijo, fue sumar a ese ámbito de gobierno en el combate contra los huachicoleros.

¿Inocencia o perversidad? Después de esa decisión, los planos de esos ductos cayeron en las manos equivocadas. Las empresas criminales dedicadas al robo y comercialización de hidrocarburos compraron predios y construcciones adyacentes a los tubos para potenciar, con mayor comodidad, el hurto.

Gonzalo Monroy, experto de la consultora GMEC, advierte que, al principio, el combustible robado se revendía entre transportistas que requerían volúmenes grandes de diésel o gasolina, pero a partir de 2014 la población civil también decidió adquirir el combustible ilegal, debido a la diferencia de precios.

“¡Vamos por la gasolina de a diez!”, cuenta el reportero Alejandro Torres Castañeda, de Noticiario Retrovisor, que convocaba la gente de la región. El ahorro de ocho o nueve pesos por litro de gasolina no es argumento menor, sobre todo en épocas de dificultad económica.

El negocio de combustible robado se volvió aún más jugoso y masivo en los últimos cuatro años. El gobierno de la República asegura que, sólo en 2018, fueron extraídos ilegalmente más de 60 mil millones de pesos en combustible, lo cual implicaría que, durante la última década, Pemex sufrió pérdidas aproximadas por 250 mil millones de pesos relacionadas con esta forma corrupta de extracción.

Mientras esto ocurría, germinaron las pequeñas organizaciones responsables del robo hormiga a lo largo de la geografía por donde corren los ductos de la paraestatal. Lo mismo en Nopalucan de la Granja que en Palmarito, Puebla, en Acambay, Estado de México, o en Mixquiahuala, o Teltipán de Juárez, en Hidalgo.

Las bandas recolectoras del huachicol no son las responsables de vender el producto al mayoreo, porque esa es tarea de los cárteles grandes. Se añade, en este contexto, la pugna por el territorio de la criminalidad que han emprendido esas empresas de talla mayúscula.

La región donde se encuentran las poblaciones de Tlahuelilpan, Mixquiahuiala, Teltipán y Tula sufre hoy en día la disputa violenta entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los antiguos Zetas.

Hasta el fin de semana de la tragedia, el grupo criminal que controlaba el tramo preciso del ducto que hizo explosión estaba bajo las órdenes de una banda cuyo centro de operaciones está en Teltipán de Juárez. Y, en efecto, Julio César Zúñiga Cruz, alias La Parka, era una de las cabezas de esa organización local.

Fuentes reporteriles de Tula informan que dicho sujeto habría participado en el secuestro de los soldados ocurrido la semana previa al accidente, hecho que lo colocó bajo la mira de autoridades y enemigos, incluso antes de que sucediera la tragedia.

Pero Zúñiga Cruz no era el único líder huachicolero de la región, ni su asesinato desmantela el negocio o las operaciones de la organización para la cual trabajaba. El sujeto es una mera hebra del extenso tejido empresarial detrás del robo de combustible en la zona de Tula.

Afirma el presidente municipal de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías, que en su pueblo la gente no es huachicolera, y tiene razón: los huachicoleros viven y despachan en Teltipán de Juárez y, excepto a Zúñiga Cruz, hasta el día de hoy a nadie más le ha sucedido nada.

La credibilidad en la lucha contra el control del territorio que tienen las grandes organizaciones del crimen organizado depende en este momento de la manera como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador atienda la crisis de Tlahuelilpan.

Dejar las cosas como están en términos criminales, aunque se repartan apoyos sociales al por mayor, sería una simulación.

Desmantelar la banda de Teltipán de Juárez que secuestró soldados, provocó la fuga del ducto de Tlahuelilpan y controla la región de Tula es un mandato que la realidad impuso como ineluctable.

* Fuente original: PROCESO

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/02/01/mexico-la-trama-detras-de-la-explosion-en-tlahuelilpan-analisis/

 

 

Nos explican lo sucedido en Pemex como propio de gestiones neoliberales. Pero comprobamos la captura del estado también en todos los países del Abya Yala con gobiernos progresistas. Claro que a estos últimos se los deslinda de ese delito criminal señalando ser víctimas de judicialización de la política.

 

 

Cinco claves para entender el caso de corrupción en Petrobrás…

Publicado 13 marzo 2016

 

Lava Jato (lavadero de autos), como se conoce el caso de corrupción en la estatal Petrobras, es una de las mayores investigaciones de corrupción en Brasil que involucra el desvío de 8 mil millones de dólares.

El  Ministerio Público de Sao Paulo pidió prisión preventiva para el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusado por presunto lavado de dinero, informó Folha.

Los fiscales José Carlos Blat, Cássio Conserino y Fernando Henrique Araújo solicitaron prisión preventiva contra el expresidente Lula, junto con una denuncia que introdujeron este miércoles en relación al tríplex (vivienda de tres plantas) que se construyó en Guarijá (municipio de Sao Paulo) para la familia del expresidente.

La solicitud abarca también al expresidente de OAS (empresa que construyó el tríplex), Léo Pinheiro, y al extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari Neto.

El caso será revisado por la jueza María Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, de la 4ta Corte Penal de Sao Paulo. Todavía no ha dado fecha sobre la decisión.

Da Silva fue detenido el pasado 4 de marzo por una orden de conducción coercitiva del juez federal de Curitiba, Sergio Moro, quien investiga una trama de corrupción y lavado de dinero en la estatal Petrobras, vinculada a las averiguaciones anticorrupción Lava Jato.

 

¿Qué es Lava Jato?

Se trata de una conocida investigación que destapó una red de corrupción en la estatal brasileña Petrobras, así como un sinfín de problemas financieros y políticos. Fue conocida en 2014, pero expertos estiman que las actividades delictivas se desarrollaron durante diez años.

Lava Jato (lavadero de autos) es una de las mayores investigaciones de corrupción. La trama consistía en que empresas sobornaban a altos funcionarios de Petrobras y otros cargos públicos para conseguir contratos "sobrefacturados" multimillonarios con la petrolera estatal.

El capital era obtenido por los beneficiarios por medio de operadores financieros, entre los que figuran políticos, que colaboraban con el esquema de corrupción.

Por Lava Jato se encuentran detenidos decenas de altos ejecutivos de empresas constructoras y se estima que entre 2004 y 2012, el dinero desviado asciende a 8 mil millones de dólares.

>> Juzgarán a Eduardo Cunha por caso Petrobras 

 

¿Cuándo se hizo público el caso?

Se hace público con el escrutinio de operaciones de movimiento de miles de millones de reales brasileños en el extranjero y en la nación suramericana, por medio de empresas aparentemente legales que encubrieron actividades ilegales.

Una de estas primeras sociedades utilizaba establecimientos de lavado de automóviles para sus esquemas de corrupción. De ahí nace el nombre de la investigación Lava Jato (lavadero de autos).

Expertos que llevan el caso encontraron conexiones de estos esquemas de corrupción con la empresa estatal petrolera Petrobras.

 

¿Qué relación guarda con el mandato de Rousseff?

Los intentos de desprestigio puesto que la actual mandataria brasileña, Dilma Rousseff, quien resultó reelecta el 26 de octubre de 2014 con el 51,64 por ciento de los votos ha liderado una importante disminución de los niveles de pobreza y un significativo crecimiento de las clases medias de la población debido, principalmente, al aumento de los puestos de trabajo y a la puesta en práctica de unas iniciativas de inclusión sin precedentes.

La presidenta también se comprometió en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos pero los medios de comunicación han desempeñado un rol crucial para desprestigiar su gestión y retratar al partido de gobierno, PT, como un partido burocrático y corrupto que ha gestionado la empresa estatal de forma ineficiente.

 

¿Por qué detienen a Lula Da Silva?

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue detenido este viernes para que declarara en el marco de la investigación del megafraude a la petrolera Petrobras, aunque denunció que la detención fue arbitraria e ilegal porque él no se ha negado a declarar y ha sido eximido por la justicia de ese país de todas las acusaciones por corrupción.

El líder siempre se ha mostrado abierto a declarar a las autoridades, por lo que su orden de conducción coercitiva se relaciona con otros factores, "como un claro ataque a lo que Lula representa como líder político y social", según refirió el ministro brasileño de Trabajo y Sanidad Social, Miguel Rossetto.

Tanto la jefa de Estado, Dilma Rousseff, como el expresidente Lula, enfrentan en la actualidad una campaña de desprestigio por parte de sectores opositores que buscan generar una situación de ingobernabilidad en el país acusándolos de ser los responsables del fraude masivo en Petrobras

El periodista brasileño Beto Almeida afirma que es la derecha la que está detrás para pedir la privatización de Petrobras "quieren decir que si Petrobras no fuese estatal no pasarían este tipo de cosas. La solución para los problemas de Petrobras, muy lejos de pasar por la privatización, es un mayor control estatal".

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/Cinco-preguntas-para-entender-el-caso-Lava-Jato-en-Brasil-20160304-0057.html

 

 

Insistamos en descubrir la falsedad de otro capitalismo en Bolivia y de la 'cooperación' de China con Nuestra América.

 

 

Director de Probioma, en seminario internacional del CEDLA

Estatal YPFB paga doble a agroempresarios por litro de etanol

Publicado el: 15 de enero de 2019

Solamente 2.5 por ciento del parque automotor del país consume el Súper Etanol 92, según se conoció en el  foro internacional en La Paz sobre la opacidad de las inversiones chinas en Bolivia y las políticas energéticas regionales, con participación de especialistas de Argentina, Brasil y México.

El precio actual del etanol ha bajado tanto desde 2014 que la cotización mundial promedio, al 13 de noviembre pasado, fue de 32 centavos de dólar el litro, pero en Bolivia el Estado compra a los productores en 0,72 centavos, “más del doble que en el mercado internacional”, advirtió el experto en agrocombustibles, Miguel Crespo.

“La aprobación reciente de la ley del etanol ha sido acelerada en Bolivia, porque no era ya negocio la exportación a precios bajos, pero de súbito apareció un gran comprador interno (Estado-YPFB-parque automotor), que está pagando más del doble”, precisó el especialista de Probioma-Bolivia, durante la realización del Foro Internacional Políticas de Globalización en América Latina y Bolivia, en Santa Cruz, que fue organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Agrario y Laboral (Cedla).

El evento fue replicado en La Paz, ante una masiva asistencia de académicos, economistas y representantes de organizaciones sociales afines y no afines al gobierno

CONFIRMACIÓN

Sobre el precio que paga YPFB a los productores de etanol, el presidente del Directorio del Ingenio Azucarero Guabirá Mariano Aguilera, confirmó a EL DIARIO el trato de la estatal petrolera y dijo que efectivamente YPFB paga 0.72 centavos de dólar por litro del aditivo.

El encuentro que reúne a nueve expertos de Brasil, México, Argentina, Venezuela y Bolivia fue inaugurado en un recinto de la Utepsa, por el jefe de postgrado de LA universidad cruceña. Los asistentes son: Rubén Darío Dabdoub, director del Cedla; Javier Gómez Aguilar, y el decano de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Marcelo Sosa; además de Hernán Ávila, director del Centro de Estudios Cejis.

Gómez Aguilar resaltó la participación de una veintena de instituciones que apoyaron los esfuerzos del Cedla, para poder contar con el aporte de investigadores internacionales que ofrezcan distintas perspectivas académicas y regionales sobre la problemática común de la globalización económica. De este modo, se cuenta con la presencia protagónica del capital asiático, mediante un análisis en profundidad del tema, por encima de los prejuicios.

AGROINDUSTRIA

En otra parte de su intervención, el director de Probioma aseguró que la reciente legislación puesta en vigencia, para facilitar la producción y comercialización de etanol, es contraria a la Ley de la Madre Tierra, lo que no condice con el discurso oficial de preservación de la naturaleza.

En torno a los impactos negativos que conlleva la fabricación de agrocombustibles, como es el caso del etanol, Crespo dijo que su utilización en las grandes extensiones de monocultivos causan la destrucción de áreas naturales, lo que, además, tiene la agravante de acelerar el proceso del calentamiento global, la deforestación o destrucción de la capa forestal. (Con información de  El Diario / La Paz)

Cuestionan la falta de transparencia

en créditos chinos a América Latina

Los préstamos del gigante asiático están enfocados en actividades extractivas, infraestructura y finanzas. Venezolanos denuncian que los acuerdos no impactan de manera favorable en generación de empleo

En el caso de Argentina, los flujos de inversión comenzaron de manera relevante a partir del 2010 en manufacturas de alto valor agregado, además de varios productos primarios como pescado, soya, mineral de hierro y estaño. “Los financiamientos incluyen secretos tecnológicos, no transferencia tecnológica e importación de mano de obra”, destacó Ariel Martín Slipak, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Añadió que en su país, China está instalando una agencia científica, una base de observación aeroespacial, ocupando 200 hectáreas con soberanía penal y laboral que dependen del Ejército chino.

La situación en Venezuela es similar. Manuel Sutherland, investigador del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela, indicó que del total de préstamos del país asiático a América Latina, entre 2007 y 2015, a Venezuela le correspondió el 53%. “Durante 10 años China nos ha prestado cerca de $us 60.000 millones”, sostuvo.

Añadió que hay 780 proyectos entre Venezuela y China denunciados por corrupción debido al mal manejo de recursos, estimando un desfalco de $us 80 millones. “Con la crisis económica actual se ha dejado de pagar a China $us 19.000 millones y una forma de abonar la deuda es dejando que se lleven petróleo; un promedio de 700.000 barriles por día, lo cual es muy lesivo para mi país”, afirmó el experto.

En el caso de Bolivia, China ocupa el primer lugar en préstamo bilateral (cerca de $us 2.000 millones), según Silvia Molina, investigadora del Cedla. “La presencia china está en la construcción de infraestructura vial, lo cual está garantizado debido a que los préstamos son realizados por el Eximbank, un banco chino creado para exportar capitales y servicios (empresas y trabajadores); es decir, que los países que obtienen financiamiento de esta entidad financiera están ‘atados’ a aceptar firmas y trabajadores chinos”, destacó.

Un cuestionamiento que plantea Molina son los acuerdos financieros que carecen de transparencia. “No se conocen los detalles porque tienen puntos de confidencialidad, algo que deja márgenes de duda. Estos convenios marco no respetan las leyes laborales o de medioambiente, precisó la economista.

Las denuncias en contra de las empresas chinas por la vulneración de derechos laborales y medioambientales son recurrentes, pero también en contra de ciudadanos chinos involucrados en actividades ilícitas. Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros aseguró que los actos ilegales no serán cubiertos por el Ejecutivo.

“Estamos teniendo reuniones con las empresas chinas, con la Embajada China, sobre todo en el tema del cumplimiento de la normativa laboral, esos otros elementos (delitos) están en proceso de investigación en las instancias que corresponden y tienen que ser investigadas como corresponden, actos ilegales no van a ser cubiertos. Nosotros vemos que se cumpla la norma”, afirmó.

Fuente: https://www.bolpress.com/2019/01/15/estatal-ypfb-paga-doble-a-agroempresarios-por-litro-de-etanol/

En consecuencia, abajo y a la izquierda, estamos urgidos de poner en debate a cómo el progresismo distorsionó nuestra capacidad de análisis no sólo sobre cuál es el presente-pasado de empresas y partidos políticos de estados en el Abya Yala sino sobre cómo los capitalismos de nuestros países expresan la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales sin importar si la gestión es de derecha extrema, de centroizquierda o de izquierda devenida derecha por acomodarse al Estado burgués.

 

Estamos ante el desafío de generalizar el cuestionamiento a la creencia en quien se lo percibe con dotes de hacer milagrosamente los cambios radicales. Se trata de poner en duda al pensamiento siguiente:

 

Manuel Bartlett, apoyado por AMLO, destruirá enormes negocios de PAN, PRI y empresas en la CFE

7 de febrero de 2019

 

 

Por Pedro Echeverría V. (Rebelión)

 

1. Manuel Bartlett es un político de muy alto nivel. Según informa Wikipedia Org., posee más estudios universitarios y cargos políticos ocupados, por encima de casi todos los priístas, panistas o morenistas. Sus estudios y cargos –como los de todos los políticos- pertenecen al mundo de la burguesía y fueron posibles porque Bartlett fue hijo de un político tabasqueño de alto nivel económico. Personalmente desprecio todos los estudios universitarios porque en un 90 por ciento son para privilegiados y para continuar la dominación de una clase privilegiada sobre otra. Pero dentro del sistema capitalista los títulos universitarios de Bartlett superan a los del 95 por ciento de los políticos. Reducir a dos o tres críticas su personalidad es no decir nada.

2. No tengo amistad alguna con Bartlett; sólo lo confronté cuando fue ministro de la SEP –cuando yo era un representante de los profesores de la CNTE en mesa negociadora del movimiento magisterial nacional- en abril de 1989. Después de sus estudios en México, Francia, Reino Unido y EEUU, Bartlett comenzó a ocupar cargos: en 1962 en la CNC, luego en la SHCP, después llegaría al PRI con Carlos A Madrazo, dirigiría la revista La República, estaría en la CNOP, luego en la secretaría de Gobernación con Moya Palencia, en la comisión federal de la Electricidad y luego en la SRE. De aquí como asesor del candidato De la Madrid y luego en la Secretaría de Gobernación. Luego Secretario de Educación, la gubernatura el estado de Puebla, la candidatura del PRI nacional, para luego ocupar una senaduría del PRI.

3. Como Bartlett, casi todos los principales políticos del PRD y luego de Morena, es decir de centro izquierda o socialdemocracia, vienen del PRI; pero también casi todos los líderes principales del PAN –desde que nació en 1939- tuvieron su origen del empresariado, de la religión católica, de los de empleados del comercio privado y profesionistas de escuelas privadas. El PRI fue un partido centrista al nacer en 1929 hasta la imposición del neoliberalismo en 1982; a partir de entonces marchó hacia la derecha para encontrarse con el PAN. ¿Puede olvidarse que Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y otros, renunciaron al PRI en 1986 después de ver que el PRI dejó la posición Centro para caminar a la derecha? Más adelante la derecha de la izquierda mexicana se unió al PRD.

4. A Bartlett le entregué en mano mi libro: “Prensa y poder en el neoliberalismo” en 2005, saliendo de una sesión del antiguo edificio de la cámara de senadores.; precisamente cuando López Obrador enfrentaba el llamado “desafuero”. ¿Por qué? Porque desde entonces se había convertido Bartlett en el parlamentario más importante de oposición al gobierno panista de Fox y a la candidatura de Felipe Calderón por el PAN. He pensado siempre que Noroña, Bartlett, Layda, ahora Félix Salgado, han sido los más combativos de los últimos años. Por ello desde que López Obrador le entregó el cargo de la CFE a Bartlett nunca he tenido duda de que se lo entregó al mejor, al conocedor y más valiente del parlamento. Ahora tiene la oportunidad de cumplir.

5. Lo que más duele de la industria eléctrica es que a partir de su nacionalización por López Mateos en 1962, con una serie de maniobras criminales comenzó a ser privatizada, es decir, a bloquear su producción para crear una industria paralela privada. Hoy hay decenas de empresas privadas creadas por el neoliberalismo para la libre venta de energía eléctrica. El mismo López Obrador reconoce que más del 50 por ciento de la electricidad es comprada al sector privado a precios altos. ¿Acaso no merecen la cárcel esos privatizadores y obligarlos a devolver los miles de millones que han acumulado los dueños de los negocios? La realidad es que a pesar del pasado priísmo de Bartlett, de los errores que cometió, su comportamiento en el parlamento ha sido totalmente positivo. Yo quisiera una profunda revolución en México que expropie a los expropiadores, pero reconozco que son simples deseos.

6. Espero que Bartlett, con el apoyo lópezobradorista, logre recuperar para el país ese 50 por ciento privatizado. Algunas veces pienso que los presidentes del país son mucho peores delincuentes, ladrones y asesinos que el mismo Chapo. El Chapo asesinó a 50 personas mientras los presidentes han asesinado a cinco mil (5 mil); el chapo no ha empobrecido a nadie, mientras los presidentes han llevado a cientos de miles al hambre, la miseria y la pobreza. Estoy seguro que en la próxima consulta, si los enemigos de López Obrador no hacen trampas, la gente votará por el encarcelamiento de los expresidentes y seguidores, mientras vota para que cinco mil presos miserables y sin culpa, salgan automáticamente de la cárcel. Esto si de verdad están “primero los pobres”.

Blog del autor: http://pedroecheverriav.wordpress.com

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252244

 

Estamos necesitados de generalizar que la unión abajo, en diversidad, puede derrotar a la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales si destapa a los progresistas e izquierdistas afines como fundamentales a la continuidad-profundización del capitalismo. Crearon el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica para ponerlo al frente de la imprescindible modelación de la opinión pública e individual contra las necesidades e intereses populares. Reflexionemos sobre su fraude ideológico de imbuir distanciamiento de las contradicciones verificables en lo cotidiano para conducir a desconfiar del poder de nuestros pueblos de emanciparse e incluso hace a convencerlos de no necesitar emanciparse. Comprobemos en:

 

 

 

La Inversión Extranjera Directa y

la pobreza en América Latina

7 de febrero de 2019

 

 

Por Pablo Quiñónez Riofrío

CELAG

En las últimas décadas los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia América Latina han crecido notablemente. En 2016, por ejemplo, los flujos entrantes de IED equivalían al 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países de América Latina y el Caribe, una cifra muy superior al promedio global, de alrededor de 2,5% (UNCTAD, 2017).

Sin embargo, pese a los claros beneficios que, en teoría, esto debería tener, la evidencia sobre los efectos de esta considerable llegada de IED en el crecimiento y reducción de la desigualdad y la pobreza no es tan alentadora en la región. Descubrir las causas de esta desconexión, aparentemente desconcertante, será el propósito del presente artículo, poniendo especial énfasis en la relación entre IED y pobreza.

¿Cuán beneficiosa ha sido la IED para América Latina en las últimas décadas?

En las últimas décadas América Latina y el Caribe han mostrado una gran apertura a la llegada de capitales extranjeros. De hecho, en 2011 los flujos de IED a la región alcanzaron una cifra récord luego de un acelerado crecimiento iniciado en la década de 1990, impulsado por las reformas estructurales generalizadas en ese momento.

La teoría económica convencional sugeriría que tal llegada de capitales extranjeros debía haber sido notoriamente favorable para el desarrollo de la región. El razonamiento es bastante intuitivo: economías en vías de desarrollo carentes de capital físico beneficiándose de la llegada de inversión del extranjero. Si seguimos la teoría de Solow, centrada en el ahorro, la IED puede ser vista como una oportunidad evidente para el crecimiento económico en países como los de nuestra región (Cypher   Dietz, 2009).

Además, se esperaría que economías en vías de desarrollo como las nuestras se beneficien de la IED de diferentes formas, a través de canales directos e indirectos. Los primeros de ellos relacionados con la ya mencionada llegada de flujos de capital, con una consecuente mayor recaudación de impuestos y con la creación de empleos. Los segundos, relacionados con el acceso a mercados extranjeros y a derrames (spillovers) de tecnología y conocimiento por parte de las empresas trasnacionales que canalizan la IED.

Sin embargo, la experiencia de América Latina ha sido bastante decepcionante si se compara con otras regiones como el Este de Asia, usualmente visto como un ejemplo exitoso de la IED apoyando el desarrollo nacional (Lall, Albaladejo, y Moreira, 2004). Y, de hecho, a nivel global la evidencia empírica existente cuestiona la idea de que la entrada indiscriminada de IED termine siendo siempre beneficiosa para el país receptor (no con ello queriendo decir que no sea útil). Incluso para la relación elemental positiva entre IED y crecimiento económico los resultados no terminan de ser concluyentes (Reiter y Steensma, 2010), reforzando el argumento de Lipsey y Sjöholm (2005) sobre la inexistencia de relaciones universales en el campo debido a la fundamental importancia de las diferencias existentes entre industrias y entre países.

Varios estudios (por ejemplo, Chang, 2004; Agosin y Machado, 2005) identifican las diferentes políticas y actitudes de los gobiernos frente a la IED que determinan el éxito o fracaso de esta última en contribuir con las economías receptoras. Esto es evidente si consideramos la naturaleza real de la IED: es canalizada principalmente por corporaciones multinacionales, cuyo objetivo, como el de cualquier otra empresa, es maximizar sus ganancias, algo que no siempre puede ser compatible con los objetivos de desarrollo de un país, sobre todo en economías en vías de desarrollo.

Para América Latina, un estudio reciente de Alvarado, Iñiguez y Ponce (2017) encontró que el efecto de la IED en el crecimiento económico no ha sido significativo a nivel agregado y que ha sido positivo sólo para el caso de los países con alto nivel de ingreso en la región. En lo referente a la desigualdad, Herzer, Hühne, y Nunnenkamp (2014) encontraron evidencia robusta de que la IED ha contribuido a incrementar las brechas de ingreso en la región.

Inversión Extranjera Directa y pobreza en América Latina

En cuanto a la pobreza, teóricamente la IED puede contribuir a la reducción de ésta a través de (i) la expansión del stock de capital que provoca en la economía receptora (lo que implica creación de empleo e incremento en la recaudación de impuestos para el Estado); (ii) la creación de encadenamientos con la economía local (es decir, de la mayor demanda de bienes intermedios para las empresas que proveerán a la subsidiaria de la trasnacional canalizadora de la IED, así como la provisión de bienes y servicios más baratos en el mercado local); y, (iii) la transferencia de conocimiento y tecnologías a las empresas locales y a los trabajadores, incrementando el desarrollo tecnológico, la productividad y el crecimiento (Calvo y Hernandez, 2016).

Sin embargo, la evidencia a nivel global tiende a ser más bien ambigua, destacando la imposibilidad de establecer una relación universal en torno al tema. Autores como Jalilian y Weiss (2012), y Sarisoy y Koc (2012) han encontrado una relación no significativa o existente sólo en casos muy puntuales entre IED y pobreza. Otros, como Bharadwaj (2014), Huang, Teng y Tsai (2010) han encontrado, inclusive, una relación negativa entre la entrada de IED y la reducción de pobreza, mientras que otros autores, como Fowowe y Shuaibu (2014) y Calvo y Hernandez (2006), han encontrado una relación positiva entre la IED y la reducción de pobreza.

Para América Latina, una estimación propia [1] que consideró a 13 países entre 2000 y 2014, no encontró que los flujos entrantes de IED hayan tenido un efecto significativo en la reducción de pobreza en la región. Sin embargo, la estabilidad económica, el mejoramiento de la infraestructura, del capital humano y del crédito doméstico sí favorecieron la reducción de la pobreza en dicho período en América Latina.

Estos resultados se explican por el hecho de que en la región hay evidencia de que existió un desplazamiento de empresas locales causado por las empresas extranjeras (fenómeno discutido por Agosin y Machado, 2005), lo que puede ocasionar que se destruyan más empleos de los que se crean con la llegada de las trasnacionales, sobre todo en una región donde la mayoría del empleo es generado por pequeñas y medianas empresas.

Además, hay evidencia de procesos débiles de globalización; es decir, que las actividades económicas de las trasnacionales no logran conectarse íntegramente con el resto de la economía local, como sucede con el caso del sector automotriz en México. Finalmente, también existe evidencia de una insuficiente capacidad de absorción de la tecnología traída por las empresas extranjeras en la región, derivada de los problemas que, en torno al capital humano, enfrentan nuestros países.

Comentarios finales

La Inversión Extranjera Directa puede constituirse en una herramienta muy importante para el desarrollo. Sin embargo, la entrada de capitales extranjeros per se no garantiza necesariamente el crecimiento o la reducción de pobreza y desigualdad en las economías receptoras. Por el contrario, son las actitudes y políticas de los gobiernos para canalizar y regular de forma apropiada la IED, así como las condiciones específicas de cada país e industria, las que determinan el éxito o el fracaso de la IED en su contribución al crecimiento y desarrollo.

Un ejemplo muy claro de ello lo tenemos en las políticas de control a la IED aplicadas por países hoy considerados desarrollados cuando aún se encontraban consolidándose: Reino Unido, Francia y Alemania imponían mecanismos y regulaciones contra la IED en sectores delicados como la defensa nacional. Finlandia mantuvo hasta la década de los ’80 severas restricciones a la IED. Japón mantuvo restricciones a la IED en sectores estratégicos y el requerimiento de una fuerte presencia nacional en proyectos conjuntos y en consejos directivos de instituciones extranjeras que querían ingresar al país. En Corea del Sur el Estado limitó el número de compañías a las que se permitía entrar a cada industria, negoció controles de precios y adaptó su legislación para proteger las industrias domésticas; sólo aprobaba IED sólo cuando era seguro que existirían beneficios potenciales, y una larga lista de etcéteras, como se detalla en el trabajo de Chang (2004).

Por el contrario, desde la época del ajuste estructural en los ’80, América Latina y el Caribe han mostrado una gran apertura a la IED, con un rol excesivamente pasivo del Estado en torno al tema y con resultados poco satisfactorios, especialmente si se compara con otras regiones como el Este de Asia. Esto contrasta con el optimismo y retórica ampliamente extendidos sobre la deseabilidad de la llegada, a cualquier costo, de capitales extranjeros a las economías de la región y que son evidenciables en la mayoría de discursos políticos.

Por su parte, la evidencia empírica demuestra que no hay una relación significativa y universal entre la llegada de IED y el crecimiento, la reducción de la desigualdad y la reducción de la pobreza en la región, lo que pone en cuestión la actitud pasiva que los gobiernos han tenido frente a la IED desde la instauración del paradigma neoliberal en la región.

En muchos de los casos, sobre todo durante las épocas de agresivas privatizaciones en los ’90, se han visto procesos de desnacionalización, que han implicado que el capital extranjero no llegue a crear nuevas empresas sino a comprar empresas ya existentes. Se ha evidenciado también la existencia generalizada de empresas extranjeras desplazando a empresas locales, dando la razón a Chang (2004) cuando argumenta que sólo cuando industria doméstica ha alcanzado cierto nivel de complejidad y competitividad (no como en América Latina), los beneficios de la liberalización de la IED superan a los costos. Se han visto, además, procesos débiles de globalización e insuficiente capacidad de absorción en la región que, en conjunto con los puntos anteriormente resaltados, han opacado los efectos positivos de la IED en América Latina que pudieron haber contribuido a la reducción de la pobreza y, en general, al desarrollo de la región.

Lista de referencias

Agosin, M. R., & Machado, R. (2005). Foreign Investment in Developing Countries: Does it Crowd in Domestic Investment? Oxford Development Studies, 33(2), 149–162.

Alvarado, R., Iñiguez, M., & Ponce, P. (2017). Foreign Direct Investment and Economic Growth in Latin America.Economic Analysis and Policy, 56, 176–187.

Bharadwaj, A. (2014). Reviving the Globalization and Poverty Debate: Effects of Real and Financial Integration on the Developing World. Advances in Economics and Business, 2(1), 42–57.

Calvo, C., & Hernandez, M. (2006). Foreign Direct Investment and Poverty in Latin America. Paper Delivered at the Globalisation and Economic Policy Fifth Annual Postgraduate Conference. University of Nottingham.

Chang, H. J. (2004). Regulation of foreign investment in historical perspective. European Journal of Development Research, 16(3), 687–715.

Cypher, J. M., & Dietz, J. L. (2009). The Process of Economic Development. Routledge.

Fowowe, B., & Shuaibu, M. I. (2014). Is foreign direct investment good for the poor? New evidence from African countries. Economic Change and Restructuring, 47(4), 321–339.

Herzer, D., Hühne, P., & Nunnenkamp, P. (2014). FDI and Income Inequality-Evidence from Latin American Economies. Review of Development Economics, 18(4), 778–793.

Huang, C.-H., Teng, K.-F., & Tsai, P.-L. (2010). Inward and outward foreign direct investment and poverty: East Asia vs. Latin America. Review of World Economics, 146(4), 763–779.

Jalilian, H., & Weiss, J. (2012). Foreign Direct Investment and Poverty in the ASEAN Region. ASEAN Economic Bulletin, 19(3), 231–253.

Lall, S., Albaladejo, M., & Moreira, M. M. (2004). Latin American industrial competitiveness and the challenge of globalization. Buenos Aires: IDB-INTAL.

Lipsey, R. E., & Sjöholm, F. (2005). The impact of inward FDI on host countries: why such different answers? In E. Graham, T. Moran, & M. Blomström (Eds.), Does Foreign Direct Investment Promote Development (pp. 23–43). Washington D.C.: Peterson Institute for International Economics.

Reiter, S. L., & Steensma, H. K. (2010). Human Development and Foreign Direct Investment in Developing Countries: The Influence of FDI Policy and Corruption. World Development, 38(12), 1678–1691.

Sarisoy, I., & Koc, S. (2012). The Effect of Foreign Direct Investment on Poverty : Panel Regression Analysis for 40 Selected Underdeveloped and Developing Countries. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,21(3), 225–240.

UNCTAD. (2017). World Investment Report 2017 – Investment and the Digital Economy. United Nations Publications.

 

Nota:

[1] El presente documento está basado en el artículo: Quiñonez, P., Sáenz, J., & Solórzano, J. (2018). Does foreign direct investment reduce poverty? The case of Latin America in the twenty-first century. Business and Economic Horizons, 14(3), 488–500.

http://www.celag.org/inversion-extranjera-directa-pobreza-america-latina/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252254

 

 

Nos diferenciamos, los de izquierda consecuente con posibilitar los buenos vivires convivires entre los diversos de abajo sin fronteras, de los progresistas e izquierdistas reformistas en que no ilusionamos de otro capitalismo posible y por tanto no subsumimos cada vez más en el acaparamiento total y totalitario de las transnacionales o corporaciones imperialistas. Planteamos: "El gran yacimiento de Vaca Muerta...es hoy un punto de disputa central entre la dinámica capitalista petrolera y el derecho a la vida y a la ecología de las poblaciones locales.

 

Y es que en todo este proceso de dominio de las trasnacionales del oro negro de América Latina está en disputa el derecho a un ambiente sano, al territorio de los pueblos y al uso de sus bienes naturales para el beneficio y la buena vida de las comunidades, NO para las ganancias extraordinarias y la economía de la destrucción de naturaleza y el cambio climático que promueven dichos corporativos.

Frente a esta panorama de despojo y devastación nos queda como mejor opción aquella que formuló Eduardo Galeano en las Venas Abiertas de América Latina: «Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos?»”.

 

 

El nuevo dominio petrolero en América Latina

22 de mayo de 2018

Por Agustín Ávila Romero (Rebelión)

Para nadie es un secreto que detrás de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se encontraron claramente los intereses económicos de la industria armamentista, los petroleros partidarios de las nuevas técnicas de explotación vía fracking y las grandes empresas promotoras de organismos genéticamente modificados, acaparamiento y especulación con el precio de alimentos.

 

Detrás de la lógica de estos grandes corporativos debemos entender las últimas acciones que Trump ha emprendido en América Latina como el envío de la guardia nacional a cubrir la frontera con Estados Unidos y México y el apoyo incondicional para la ocupación de espacios petroleros estratégicos en el continente. Es relevante también sus decisiones respecto a Irán, cuyo impacto fue inmediato en las cotizaciones de las acciones de las empresas militares y en el precio del petróleo. Este último ya ronda los 80 dólares por barril y puede elevarse aún más, para proporcionar una alta rentabilidad a las empresas dedicadas a la explotación petrolera a través de la fractura hidráulica que necesitan un precio alto.

 

Es tal la fiesta del dinero que hace tan sólo unos meses atrás Estados Unidos producía 145 mil barriles de petróleo shale y ahora está a punto de lograr un record histórico en Junio de este año de 7.18 millones de barriles de petróleo shale diariamente, según información de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Lo cual es acompañado también por el aumento impresionante de la producción de gas natural estadounidenses que se encontraría por arriba de los 68.100 millones de pies cúbicos por día.

 

Todo ello junto con la caída de producción de países latinoamericanos ha llevado al mercado financiero a impulsar al alza el precio futuro a 6 meses del crudo Brent, donde las empresas estadounidenses no pierden, mientras a las empresas petroleras del cono sur les imponen condiciones de compra a precios fijos, cuando la tendencia es probablemente que el petróleo alcance nuevamente la barrera de los 100 dólares por barril a finales de año.

Esta dinámica ha colocado a Estados Unidos en el tercer lugar como extractor de petróleo del mundo, sólo detrás de Rusia y Arabia Saudita quedando ya muy atrás en este rubro la extracción en Brasil (10º.), Venezuela(11º.) y México (12º.). (OPEP, 2018)

 

Las grandes empresas corporativas petroleras están viviendo un sueño hecho realidad, los mercados y la producción petrolera latinoamericana en manos de empresas estatales hasta hace unos años, se está abriendo y proporcionando ganancias extraordinarias para la clase capitalista trasnacional.

 

Desde Brasil y México hasta Colombia, Argentina y Uruguay los gobiernos están abriendo sus tierras, aguas someras y mares a subastas internacionales. Son más de 500 mil kilómetros cuadrados -el tamaño de España- lo que están ofreciendo en bloques los diferentes países latinoamericanos.

 

Por ello en las geografías latinoamericanas no hay nada que festejar. Por ejemplo, en México la producción de petróleo viene cayendo drásticamente. A marzo de este año PEMEX –la petrolera estatal mexicana- tuvo una caída anual de 7.6% en su producción generando solamente 1, 864 millones de barriles diarios de crudo, una baja anual de 153 mil 340 barriles por día. Todo ello en un contexto de apertura energética que inicio en 2013 y que permitió la llegada de inversión privada nacional y extranjera, a las cuales se les han entregado proyectos de exploración y posterior explotación de pozos petroleros terrestres y en aguas someras y profundas. Existiendo ya más de 100 contratos privados que significan una inversión de 160 mil millones de dólares. Ello ha significado la apropiación de espacios estratégicos por parte de empresas extranjeras como Total y Exxon, Chevron, China Offshore y el nacimiento de otras empresas de políticos mexicanos como Sierra Energy. Más de 100 mil kilómetros cuadrados –similar a todo el territorio griego- se encuentran ya bajo exploración y posible explotación petrolera y sus derivados en México.

 

A este negro panorama se suma la importación de gasolinas en México aumentándose dramáticamente la dependencia. Ya que mientras el año pasado se importaban 6 de cada 10 litros de gasolina, para el primer trimestre de 2018 se introdujeron del extranjero 7.5 de cada 10 litros, lo cual también ha impactado la vida de los mexicanos al ocasionarse la espiral inflacionaria más alta de las últimas décadas.

 

Desde 1982 el gobierno mexicano no ha construido una nueva refinería y 3 de las 6 refinerías que tiene México fueron cerradas temporalmente en los dos primeros meses de este año por problemas de operación. A ello se suma la colusión entre la delincuencia y la clase política en el robo de gasolina, de 3 mil tomas clandestinas de robo que existían en 2014, en el 2017 fueron localizados más de 9 mil 500 tomas fundamentalmente en los estados de Guanajuato, Puebla y Tamaulipas.

 

 

La situación en Venezuela de explotación de petróleo no es diferente. En Agosto del año pasado su producción era de 2.1 millones de barriles de petróleo diarios y según el reporte que presentó la OPEP la semana pasada en Marzo de 2018 sólo bombeó una media 1.5 millones de barriles diarios, una caída de la producción del 28%. A ello se suma la creación de dificultades por parte de los grandes corporativos para que la empresa PDVSA cumpla sus compromisos de abastecimientos con empresas de operaciones mixtas.

 

Todo ello en un momento en el cual las importaciones de petróleo venezolano en Estados Unidos alcanzan el menor nivel desde 1982 como parte de la estrategia de dominación-intervención de la producción y los mercados petroleros.

Por ejemplo, la empresa Total durante el 2017 dejó de comprar el crudo venezolano, Motiva, Phillips 66, Citgo, Valero u Chevron disminuyeron sus importaciones desde Venezuela el 70%, 56%, 17%, 13% y 6% respectivamente, esta reducción innegable es el preámbulo del embargo petrolero que anunciará Trump próximamente sobre la producción petrolera venezolana, para cerrar su estrategia de dominio del oro negro y buscar la rendición del gobierno nacionalista venezolano.

 

Frente a ello el gobierno de Venezuela ha colocado el 40% de sus exportaciones de petróleo en el abastecimiento de China e India, los cuales dependen tanto de Venezuela como de Irán para su funcionamiento, lo cual no será fácil de eludir por Trump. Por ello, en la dinámica de dominio estadounidense se ha colocado a la estadounidense ConocoPhillips con el papel de sabotear el abastecimiento petrolero venezolano a los mercados asiáticos, tomando el control de activos de PDVSA en Curazao -donde se reciben los buques petroleros más grandes que envían combustibles por el Pacífico- para exigir el pago de bonos internacionales, lo cual pone bajo amenaza el movimiento del crudo ya que los cargueros pueden salir a aguas internacionales y correr la amenaza de ser incautados. A la estrategia de ConocoPhillips lo más seguro es que se sumen otras empresas mineras y petroleras para intentar la caída de la gigante petrolera venezolana.

 

Un colapso del gobierno de Venezuela no conviene a China que ha realizado inversiones (prestamos) cuantiosos en ese país ni a Rusia que ha aprovechado el escenario para colocarse en la explotación de yacimientos petroleros, por lo que las perspectivas de tensiones internacionales se mantendrán en la zona con la respectiva tendencia al alza del precio del petróleo que contribuye a la rentabilidad de los corporativos que apoyaron a Trump en su campaña electoral.

 

En Brasil la otrora fuerte Petrobras mira como espectadora preferencial la llegada de inversiones crecientes de corporativos petroleros. Para junio de este año 16 grandes firmas petroleras como la Royal Dutch se han registrado para participar en la espectacular cuenca de petróleo de Presal de Brasil que posee miles de millones de barriles de petróleo en el fondo de océano. A ella se suma el interés de las estadounidenses Chevron y ExxonMobil junto con la noruega Statoil y la francesa Total. El alza del precio de petróleo impulsada por Trump les ayuda en sus inversiones, ya que el precio de equilibrio que requieren es de 45 dólares por barril para hacer rentable su actividad, por ello British Petroleum y Exxon Mobil ya han participado en subastas anteriores en esa zona por las grandes perspectivas de ganancias.

 

Mientras los corporativos están de fiesta, Petrobras se suma a los resultados menores de Pemex y PDVSA con respecto al año pasado. En su informe trimestral de 2018, Petrobras informa que la producción total de petróleo y gas natural en el primer trimestre de 2018 fue de 2 millones 680 mil barriles de petróleo diarios, un 4% inferior al primer trimestre de 2017. A ello se suma la caída de ventas en un 9% y de 7% en la producción de derivados del petróleo. Petrobras paso de controlar en 2010 el 93% de la producción de petróleo de Brasil a sólo el 75% en febrero de este año. Con el expresidente Lula en la cárcel todavía, es el campo petrolero que lleva su nombre el que aporta la mayor cantidad de petróleo y gas a ese país con más de 850 mil barriles de petróleo diarios.

La producción de petróleo argentino también cayo 3.8% en 2016 y 6.3% en 2017. La estatal YPF suma también una caída en la producción de petróleo de 2017 a 2018, al pasar de 3.18 millones de metros cúbicos, a 3.15 millones de metros cúbicos. Mientras eso sucede con la principal empresa petrolera argentina, Pan American Energy tuvo un alza de 3.49% y Petroquímica Comodoro de 28.89%. Además Argentina destaca en la entrega impresionante de vastas áreas de exploración para los corporativos internacionales, se espera que en julio de este año ponga más de 225 mil kilómetros cuadrados -2 veces el territorio cubano- bajo exploración corporativa petrolera en alto mar.

 

Y es en territorio argentino y en específico en la provincia Neuquén donde se instalan los pozos de fractura hidraúlica (fracking) que ocasionan grandes problemas de contaminación y que destruyen la forma de vida comunitaria de los mapuches. Además que producen una demanda impresionante de agua de la región, ya que dicha actividad requiere más de 11 millones de litros de agua. El gran yacimiento de Vaca Muerta presentado como el detonante del crecimiento gasífero argentino –y la principal reserva de gas de América Latina con más de 30 mil kilómetros cuadrados- es hoy un punto de disputa central entre la dinámica capitalista petrolera y el derecho a la vida y a la ecología de las poblaciones locales.

 

Y es que en todo este proceso de dominio de las trasnacionales del oro negro de América Latina está en disputa el derecho a un ambiente sano, al territorio de los pueblos y al uso de sus bienes naturales para el beneficio y la buena vida de las comunidades, NO para las ganancias extraordinarias y la economía de la destrucción de naturaleza y el cambio climático que promueven dichos corporativos.

Frente a esta panorama de despojo y devastación nos queda como mejor opción aquella que formuló Eduardo Galeano en las Venas Abiertas de América Latina: “Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos?”.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=241911

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Ante la ofensiva del capitalismo local del mundializado y de los imperialismos nos urge, abajo y a la izquierda, generalizar la percepción(conocimiento y toma de partido) respecto al Estado como enemigo de los pueblos de Argentina desde sus orígenes hasta hoy. Esto supone, a la vez, desenmascarar a: los K ilusionando sobre nuestro capitalismo dependiente con regulaciones del Estado nacional y sobre un empresariado creciendo a favor de necesidades e intereses populares.

 

Los Rocca: la historia criminal detrás del gigante de acero

SEMANARIO

21 de octubre de 2018

Por Rosa D’Alesio

Claudia Ferri

El famoso Al Capone fue condenado por delitos fiscales y quedó impune por los cientos de crímenes que ordenó cometer. Esta pequeña anécdota evoca la situación por la que está atravesando el presidente del Grupo Techint. Aunque todo indica que el gigante del acero correrá mejor suerte.

 

¿Cuál es la historia de este grupo encabezado por los Rocca que se levantó gracias a la relación que construyó con el poder de turno y los negocios que hizo con el Estado en la obra pública, en los más de 60 años que lleva produciendo en Argentina? Estos lazos fueron y son determinantes en la historia del gigante de acero que hoy integra un holding con sedes en más de 100 países.

Las suculentas ganancias las consiguieron a través de los “favores” recibidos por los sucesivos gobiernos y a costa del sudor y la sangre de sus empleados. Así ocurrió por ejemplo durante la última dictadura militar, un período del que Techint no quiere hablar y del que sin embargo tiene mucho para decir.

 

¿Cómo se creó el imperio de la familia más rica de Argentina?

De Mussolini a Forbes. De la primera a la tercer generación. Este es el recorrido que hizo el emporio que puso en pie Agostino Rocca y que hoy maneja su nieto Paolo.

Agostino fue un joven “emprendedor” italiano, ex combatiente de la Primera Guerra Mundial. En 1921 se recibió de ingeniero industrial y electrónico en el Politécnico de Milán. Poco tiempo después se casó con la heredera de los accionistas de la Banca Commerciale Italiana, lo que le permitió emplearse en Dalmine de Bérgamo, porque este banco controlaba financieramente esa empresa que producía tubos de acero sin costura. Tiempo después, cuando las empresas siderúrgicas fueron estatizadas por Mussolini, se convirtió en el director general del conglomerado de estas compañías y continuó siendo el vicepresidente de la famosa Dalmine de Bérgamo. Durante la Segunda Guerra, el gobierno fascista reacondicionó las fábricas para la industria bélica y Rocca fue el encargado de su organización. También fue consultor de la Banca Commerciale Italiana.

En 1945 fundó Techint como corporación internacional pero huyó con la llegada de los aliados y terminó desembarcando en Argentina al año siguiente. En 1948 compró los terrenos en la localidad bonaerense de Campana, a 75 km de la Capital Federal, donde a partir de 1954 instaló Dálmine Safta (Sociedad Argentina para la Fabricación de Tubos de Acero).

Techint heredó la capacidad productiva alemana, origen de los dueños de la empresa Dalmine a comienzos de siglo XX, y se convirtió en la primera fábrica de caños sin costura en Latinoamérica, conocidos por su fuerte resistencia al calor y usados en actividades varias: para la extracción de petróleo, centrales eléctricas, en la industria automotriz, y obras civiles, entre otros [1].

Su poder y expansión se basó en dos líneas directrices: la construcción de establecimientos industriales en el campo metal-mecánico y los proyectos y puesta en práctica de obras públicas de gran envergadura ligadas a la industria petrolera, eléctrica y a los montajes industriales.

En 1951 fundó LOSA, productora de ladrillos para la construcción, en 1962 anexó a Dálmine la acería eléctrica Siderca y ese año comenzó a exportar los caños. En 1970 instaló Propulsora Siderúrgica en Ensenada para producir chapas y bobinas laminadas en frío y en Florencio Varela creó la Sidercolor para pre-pintado y revestido plástico de las chapas.

El crecimiento del grupo fue espectacular en pocos años, siendo importante su desarrollo incluso a nivel internacional. El principal cliente de Techint fue siempre el Estado argentino. Tan tempranamente como que en 1949 el gobierno de Perón, a través de un amigo en común Torcuato Di Tella, le adjudica a Agostino Rocca la obra del primer gasoducto entre Comodoro Rivadavia y Buenos Aires. En 1957, bajó la dictadura gorila de la “Libertadora”, consiguió hacer el montaje mecánico del Alto Horno de Somisa. Al año siguiente, el de Zapla; también lleva a cabo el complejo vial Zárate-Brazo Largo y la galería del Cristo Redentor, que atraviesa la cordillera mendocina entre Argentina y Chile.

Siempre negoció y mantuvo relaciones políticas con todo el arco político burgués. Desde las excelentes relaciones primero con el gobierno militar, luego con el alfonsinismo y con Menem, quién le entregó en bandeja la privatización de SOMISA a un precio irrisorio dejando como resultado más de 8.000 trabajadores en la calle. Formó parte de los “capitanes de la industria.

El fundador de Techint falleció en 1978 y la posta la tomó su hijo Roberto quién falleció en 2003 cediendo el poder al directorio donde estaban sus tres hijos. Hoy Paolo es el Jefe del imperio y forma parte del comité ejecutivo de la Word Steel Association que nuclea al sector del acero a nivel mundial, Agostino falleció en diciembre de 2001 y Gianfelice se encarga del negocio de Salud de la familia, la empresa Humanitas.

Actualmente los Rocca ocupan en Campana unas 400 hectáreas con 160.000 m2 de edificios industriales, una docena de kilómetros de vías férreas propias, caminos, 500 departamentos, escuelas, campo deportivo, iglesia, club y un canal de 2.000 metros. La revista Forbes no sólo incluye a Paolo Rocca como uno de 300 hombres más ricos del mundo, también lo califica como al más rico de Argentina con una fortuna global que alcanza unos USD 4.900 mil millones y una facturación anual que alcanza los USD 15 mil millones. También tiene desde hace poco tiempo intereses millonarios en Vaca Muerta (Neuquén), donde Paolo se mostró hace muy poco con el presidente Macri. A través de Tecpetrol recibe del gobierno subsidios que no fueron eliminados a pesar de los recortes presupuestarios generales. Se estima que para el año que viene estos subsidios podrían alcanzar los USD 600 millones.

 

Los 70: persecución sindical y represión

La madrugada del 22 de septiembre de 1976, Alberto Luis Bedia fue secuestrado en Campana mientras dormía en la casa de sus padres, un grupo de hombres vestidos de civil y encapuchados lo golpearon y se lo llevaron. A Armando Culzoni, Manuel Ignacio Martínez y Raúl Aroldo Moreno les pasó lo mismo. Los cuatro eran obreros de Dálmine-Siderca y sus familias recuerdan los hechos como “la noche de los tubos”. Un ex compañero de sector de Alberto Bedia, Eduardo Pitter, en una entrevista a Victoria Basualdo en 2013 afirmó que días antes de su desaparición le dijo que había descubierto que en la caja de la Oficina de Personal los ejecutivos guardaban una libreta negra que tenía los nombres de los obreros que molestaban a la empresa [2].

Techint y la familia Rocca fueron promotores del golpe militar y apoyaron activamente al gobierno y su política económica, al mando de Martínez de Hoz, conocido de los Rocca de los tiempos en que éste ocupaba la presidencia de Acindar.

En Dálmine-Siderca como ocurrió también en otras empresas de la familia Rocca, por ejemplo propulsora Siderúrgica en La Plata [3], se persiguió a delegados y activistas con particular saña y se financió a los grupos de tareas que participaban de las sesiones de tortura y posterior desaparición de los trabajadores. En total 80 trabajadores fueron víctimas del terrorismo de Estado de alguna forma. La empresa invirtió en comisarías donde funcionaron centros clandestinos de detención. Se calcula que hubo más de 10 en la zona de Campana y Zárate. Entre ellos prevalece el Club Deportivo Dálmine que los Rocca tutelaron y financiaron para poner a disposición de los militares, a la vez les cedieron el uso del puerto de la compañía para embarcar detenidos y el edificio Catalinas que Techint tiene en el barrio porteño de Retiro. Este edificio era usado para reuniones de la cúpula castrense. A cambio las fuerzas controlaban a los trabajadores y los mantenían amenazados dentro del predio industrial. Muchos trabajadores que permanecen desaparecidos, fueron secuestrados en las puertas de las fábricas. En general los mandaban a llamar para que dejen sus trabajos y se acerquen a la portería.

El primer ciclo represivo se produjo en marzo de 1975, en el mismo momento −no casualmente− en que se desató el brutal operativo militar en la cercana ciudad de Villa Constitución; dejando en claro la acción coordinada de las grandes empresas, las fuerzas represivas y el gobierno en el cinturón industrial norte. Entre los años 1976 y 1977 crecieron los secuestros y detenciones y en 1979, durante una importante huelga, volvieron a ser perseguidos. Incluso en 1980 continuaron las desapariciones [4]. No hay que olvidar que en el mismo mes que se inició el golpe, los combativos trabajadores de Dálmine venían luchando por conseguir una “coparticipación”, un dinero extra que recibieron en la liquidación del sueldo. Solo tuvo un año de vigencia frente al avance patronal.

El cinismo de la gerencia se expresaba en la figura del presidente de la compañía de aquel entonces, Roberto Rocca, quien ante el asesinato de un ingeniero activista de la planta, para ocultar el crimen en mano de los grupos de tareas, indemnizó a su esposa “por muerte accidental”. Una actitud similar adoptaban ante la desaparición de los trabajadores de la planta, a los que les computaban asistencia perfecta.

Es importante agregar que según documentos hallados de la ex DIPBA, el ex suboficial principal de la Fuerza Aérea, Roberto Paulino Nicolini, fue una pieza clave para que funcione aceitadamente el circuito represivo articulado por la patronal. Fue jefe de vigilancia de Cometarsa (otra de las empresas que los Rocca tenían en Campana) y uno de los máximos “agentes especiales de inteligencia” del reconocido Batallón 601 de Inteligencia. La policía interna, organizada bajo su comando, contaba con una red de espionaje distribuida al interior de la planta industrial de Siderca y en toda la ciudad de Campana. Nicolini después creó dos empresas de seguridad pero siguió vinculado a la empresa, incluso en fechas tan tardías como julio de 1986, donde armaba informes a pedido de la gerencia sobre los obreros que estaban vinculados a actividades del PC y del MAS.

Sin dudas la empresa se benefició enormemente de la política económica y represiva del período dictatorial a dos niveles. Por un lado haciendo uso de la bicicleta financiera, obtuvieron grandes préstamos internacionales, fueron proveedores exclusivos del Estado y tampoco faltaron a la fiesta de la obra pública. Incluso años después cuando el gobierno estatizó la deuda de numerosas compañías se benefició por al menos USD 186 millones.

Por el otro, su estrategia de disciplinamiento social basada en el terror y el miedo logró reducir la cantidad de empleados hacia 1979, aumentando enormemente la productividad y los niveles de explotación, produciendo más con menos obreros. Las ganancias fueron siderales.

Las investigaciones judiciales encontraron valiosos testimonios y pruebas documentales sobre la participación activa de los empresarios y jefes de Techint en la desaparición de obreros. Sin embargo, los procesos se paralizaron y el rol del grupo Rocca en los crímenes quedó impune. Salvo en un caso.

La Cámara Nacional de Trabajo en 2012 falló a favor de Gimena Ingenieros, hija de Enrique Ingenieros, desaparecido en 1977. Ella demandó a la empresa Techint ante la Justicia laboral por considerar que fue responsable de la desaparición de su padre. Luego de que la Cámara del Trabajo reconociera que tenía derecho a percibir la indemnización porque se trató de un delito de lesa humanidad que no prescribe, la Corte Suprema dictaminó que “las acciones de responsabilidad civil derivadas de delitos de lesa humanidad” también “son imprescriptibles”. Los Rocca por una Cámara Civil solo fueron obligados a pagar una indemnización, siguieron impunes por los crímenes. Pero ellos no fueron los únicos empresarios que no recibieron condena por haber sido participes necesarios del genocidio de clase que se dio durante la última dictadura militar. Solo algunos llegaron a juicio, y uno solo recibió condena.

 

Tenaris y Ternium

Sobre esta base la familia Rocca se consolidó en el negocio del acero que los llevó a ocupar el primer lugar en el business siderúrgico. Luego, bajo gobiernos constitucionales, continuó con sus negocios expandiendo su capital en varias ramas (Telefónica, Construcción) hasta convertirse en el holding más importante de capital nacional.

Los dos grandes consorcios en los que el grupo Techint agrupó sus empresas son Tenaris y Ternium. La primera agrupa a todas las empresas relacionadas con tubos de acero y la segunda las de aceros planos. Ambos fueron constituidos por Paolo ocho meses después de la muerte de su hermano Agostino, el 17 de diciembre de 2001, en las últimas horas de la presidencia de Fernando De la Rúa. A partir de ese momento se convertía en el único heredero del holding que tiene su sede en el principado de Luxemburgo, lugar elegido como “paraíso fiscal” porque las ganancias están exentas de cualquier impuesto.

Como afirman en su página web, Techint controla un centenar de empresas de las cuales sólo cuatro importantes están radicadas en la Argentina: SIAT y Siderca, por medio de Tenaris, y Siderar e Impeco a través de Ternium. En total cuenta hoy con 48.000 empleados entre sus empresas radicadas en Argentina, Italia, Estados Unidos, China, Canadá, Brasil, Gran Bretaña, Chile, México, Japón, Rumania, Portugal, Liechstenstein, Uruguay, Colombia, Guatemala, Noruega, Irlanda, Singapur, Indonesia, Islas Vírgenes Británicas y Venezuela.

 

Paolo Rocca: de Forbes a Bonadio

Los últimos días al magnate del acero debió declarar ante el juez “de la servilleta” Claudio Bonadio luego de ser implicado en la causa de los cuadernos. Entre los infinitos negociados que su historial hace presuponer que le caben a Techint hoy se ha ventilado solo el que lo involucra en el pago de coimas a funcionarios kirchneristas para que estos intercedan ante el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. El dinero que acercó Techint en el 2008 a través de dos de sus principales ejecutivos como son Héctor Zabaleta y Luis Betnaza fue para lograr que Venezuela pagara una etratosférica indemnización por la nacionalización de Sidor, una filial del holding de los Rocca que opera en ese país. En aquella oportunidad el Grupo Techint se alzó con USD 1.900 millones.

Paolo ya acumulaba en su haber la citación de la Justicia Italiana por el pago de coima en Brasil por USD 9 millones para quedarse con obras de Petrobras en dicho país. Buscan determinar si directivos de Techint utilizaron sociedades offshore, y una cuenta en Suiza para pagar sobornos a funcionarios brasileros de Petrobras.

Sin embargo Paolo Rocca parece que correrá mejor suerte que Al capone. Ni siquiera será detenido por evadir al fisco.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Los-Rocca-la-historia-criminal-detras-del-gigante-de-acero

 

 

Consideremos  las  explicaciones de la antropóloga Diana Lenton que son valiosas, por ejemplo, devela porqué es quijotesco proyectar el Estado burgués como regulador del capitalismo dependiente y las estatizaciones como simple cambio de propietarios e incluso enaltecer a quien recupera YPF en forma parcial pero peor aún la instituye sociedad anónima. 

 

Ahora bien, destaquemos que el capitalismo es cada vez más un sistema mirando en exclusividad por el incesante crecimiento lucrativo  de las transnacionales y los Estados, más aún los periféricos, se esfuerzan en garantizarlo sea como sea. La "economía" es la de privilegiar esos intereses oligopólicos. Con estas aclaraciones leamos:

 

"El Estado sustenta buena parte de su modelo en actividades como la soja, el petróleo y la minería, entonces el derecho indígena se cae. El mismo Estado que habilita a los pueblos originarios a hacer determinados reclamos por otro lado los hace callar con la violencia que sea necesaria cuando está en juego una actividad económica que el Gobierno impulsa.

El paradigma económico es el que se constituyó junto con el Estado y hoy se desarrolla la continuidad de ese paradigma. Si bien hay espacios de apertura interesantes, cuando confrontan paradigmas el que sale ganador es el paradigma racista, donde tenés derecho a decir lo que quieras, pero si tenés petróleo en tu comunidad el organismo que decide no es el INAI, el Inadi, ni una oficina de interculturalidad, sino la Secretaría de Energía. Y punto, no hay discusión posible.

 

El problema de este concepto de desarrollo o progreso, hoy encarnada en la política económica extractiva, es que se les da una entidad más importante que la vida y la dignidad humanas. El desarrollo es importante, pero, ¿es tan importante como para avalar que el avance petrolero, minero y sojero ocasione contaminación y muerte? Y, no es casual, siempre ese “progreso” es a costa del “otro”, nunca es a costa del grupo de pertenencia dominante".

 

 

 LA ANTROPOLOGA DIANA LENTON, A PROPOSITO DE UN NUEVO 12 DE OCTUBRE

“El Estado se construyó sobre un genocidio”

10 de octubre de 2011

Integrante de la Red de Investigaciones en Genocidio y doctora en Antropología, Diana Lenton aporta pruebas del genocidio de los pueblos originarios. Campos de concentración, asesinatos masivos, fusilamientos y niños robados. Roca, el papel del Estado, la sociedad y los intelectuales.

 Por Darío Aranda

–¿Por qué afirma que el Estado argentino se funda sobre un genocidio?

–El Estado moderno constituye una forma de entender las relaciones entre Estado y sociedad, y construye todo un modo político de accionar, una normativa, instituciones que se fundan en el mismo momento que se realiza el genocidio. Y no lo relacionamos sólo porque es contemporáneo al genocidio sino porque esa estructura de Estado requirió que no hubiera más diversidad interna en el Estado. Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado.

–Existen sectores que aún niegan que haya sido un genocidio. ¿Qué pruebas dan cuenta de que sí lo fue?

–Las ciencias sociales no tienen un concepto analítico acabado. Desde el campo jurídico internacional sí, lo provee Naciones Unidades en 1948 para juzgar los crímenes del nazismo. Esa definición habla de distintos elementos. Es genocidio cuando se puede establecer la intencionalidad de destruir a un pueblo. Otra característica es impedir la reproducción de ese grupo y también el robo de niños, cuando son secuestrados y entregados a familias de grupos dominantes, y se les reemplaza los nombres, porque así se atenta contra la continuidad de ese pueblo porque se le roba la memoria.

–¿Qué hechos concretos hubo?

–Matanza de población civil. Algunos tienen la imagen de batallas al estilo romántico de un ejército contra otro. La característica de la campaña de Roca es que está principalmente dirigida a la población civil. Las memorias del comandante Prado dicen claramente que el ataque a las tolderías es para caerles encima a las mujeres y niños que quedaron cuando los hombres no estaban. Estaba planificado así para llevarse el botín, sobre todo el ganado, y las familias porque ésa era la operación que iba a llevar a los indios a rendirse. Son operaciones contra la población civil, donde mueren mujeres y niños, o eran enviados como mano de obra esclava para el trabajo doméstico urbano o para la agroindustria, caña de azúcar y viñedos. También se cumplen otros elementos de genocidio, el someter a la población a condiciones que acarreen daño en su subsistencia, que pueda provocar enfermedad o muerte, y eso implicaron los traslados de la población sometida a campos de concentración.

–Ustedes dan cuenta de que el diario La Nación lo llamó crímenes de lesa humanidad.

–Mitre decía que lo que hacía Rudecindo Roca, hermano de Julio Argentino, eran crímenes de lesa humanidad porque se fusilaban prisioneros desarmados y se tomaban prisioneros a mujeres y niños. Para un sector del espectro político no era lo correcto, incluso Mitre, que no era nene de pecho, que tuvo responsabilidad en la guerra del Paraguay con episodios espantosos, sin embargo estaba asombrado, no criticaba que se hiciera la Campaña, sí cuestiona que un gobierno estuviera minando su propia legitimidad al desoír lo que eran avances de la civilización.

–También hubo campos de concentración.

–Hubo campos de concentración en Valcheta, Martín García, Chichinales, Rincón del Medio, Malargüe, entre otros. Son todos lugares donde se encierran a las personas prisioneras sin destino fijo. La autoridad militar era la dueña de la vida y muerte de ellos. La idea era de depósito porque iban a ser distribuidos. Eran prisioneros y esclavos. Se recibían pedidos de Tucumán, ingenios, de Misiones, estancias. Llegaban como familias y se los separaba. Hay pruebas de la violencia, cartas entre curas y arzobispos. Había muerte por las condiciones a las que estaban sometidos, ahí está también el genocidio. Y también había suicidios por el trauma social al que estaban sometidos. Los padres sabían que les quitaban a sus hijos, lo veían y decidían matarse. O mujeres que se tiraban al agua con sus hijos. En Valcheta hay documentos donde se describe que no se les daba alimentos y morían de hambre.

–¿Qué documentos existen?

–Existe mucha documentación oficial para discutir la historia impuesta. Los archivos oficiales, Archivo General de la Nación, la Armada, los archivos de las provincias. Y archivos privados de personas, de militares que han escrito cartas. También documentos de la Iglesia: de ahí surgen datos de cientos de chicos destinados a Jujuy y Tucumán. Quedan claras las edades de servicio doméstico, chicos desde los 2 o 3 años y hasta los 8. Los adultos que eran destinados al cañaveral y morían con sus familias, eso también es parte del genocidio.

–¿Hay cifras?

–El Poder Ejecutivo decía para 1879 que se habían trasladado 10 mil prisioneros de lo que era la frontera, se estaba recién en la zona norte de Patagonia, para trabajar hacia el Norte y Mendoza, industrias, servicios doméstico y Martín García. Para 1883, un informe oficial ya dice que son 20 mil. En el Chaco son cifras mucho mayores.

–¿Por qué la campaña militar al Norte no es tan conocida?

–No ha habido una manera sistemática de presentar la historia y menos la historia de los pueblos indígenas. Nos han legado imágenes, hemos aprendido que el Estado o territorio actual se completa con Roca, y él estuvo en el Sur.

–Suele justificarse la violencia con que “hay que situarse en la época”, como si fueran normales esas campañas militares.

–Algunos senadores como Aristóbulo del Valle, quizá la voz más clara contra la Campaña, preguntaban cuáles habían sido los resultados de la campaña al Sur y se decía que esos territorios no están incorporados al trabajo. Era el momento que se estaba rifando territorio, como dijeron en esa época observadores militares, no era para los pioneros ni para los agricultores, como se había prometido, sino para latifundistas. Aristóbulo del Valle denunciaba que el hombre había sido esclavizado, la mujer prostituida, los niños utilizados para el trabajo esclavo. No había, decía, ni avance económico ni cívico. Incluso hubo oposición de sectores de las elites.

–Igual se realiza.

–Se hace y es un fracaso desde el punto de vista militar. Hacia 1884 lo que consigue el general Victorica, que estaba al frente como ministro de Guerra, es derrotar a los principales jefes, pero no consigue ocupar el territorio. Eso recién pasará hacia 1911. No consigue ocupar porque el Chaco estaba mucho más densamente poblado por pueblos indígenas y con una variedad de pueblos, de lenguas y culturas distintas.

–¿Fue igual de cruenta que la del Sur?

–Sí, no sólo fue igual sino que esa operativa de secuestrar chicos, atacar mujeres, se extendió hasta avanzado el siglo XX; aun hoy todas las comunidades tienen recuerdos de los chicos robados por el Ejército.

–¿Cifras?

–No las tenemos, estamos trabajando, pero las víctimas superan ampliamente las cifras de la Patagonia. Y hay otros sectores del país donde tampoco se sabe mucho.

–¿Por ejemplo?

–Cuyo y la Puna. Estamos comenzando a trabajar lo que fue la Campaña a la Puna, que se conoció como Campaña al Susques, que se da por terminada en 1874, con la batalla de Quera. Aparentemente lo que más hubo fueron fusilamientos masivos que acabaron con la resistencia, lo que se llamó la Pacificación de la Puna, fusilamientos masivos durante 1874 y 1875.

–En Cuyo hubo campos de concentración...

–Sí, por la campaña al sur de Mendoza y norte de Neuquén, donde tomaron gran cantidad de familias prisioneras, que fueron utilizadas en la industrias de la vendimia en lo que hoy es Malargüe. La persona que más sabe es Diego Escolar, que vive allá, tiene muy documentado y cuantificado no sólo los prisioneros sino también la cantidad de chicos que eran enviados solos a la vendimia para trabajar para siempre, no iban y venían.

–¿Roca es sólo un símbolo o el responsable?

–Roca fue responsable del genocidio. Tuvo posibilidades de otro tipo de política. Hay pruebas de que él se informó con un enviado de su confianza en Estados Unidos para ver cómo funcionaban las reservas. Y estudió también a los franceses en Argelia. Decidió el modelo francés porque decía que el modelo de reservas era muy costoso. Hubo campañas militares anteriores, pero la de Roca fue la más sistemática y que tuvo un objetivo más declaradamente genocida. Hay declaraciones de Roca sobre destruir hasta el último indígena. Su discurso de asunción de la presidencia festeja que no cruza un solo indio la pampa.

–Es conocida la postura de los intelectuales de la derecha sobre Roca y los pueblos originarios. ¿Y la mirada de los intelectuales de izquierda o progresistas?

–Hay cierto progresismo que se construyó sobre el paradigma que dio lugar al genocidio y a una noción de la Argentina sin indígenas. A gran parte de los intelectuales no les importan los pueblos originarios. Se ha construido una idea de progresismo que puede ignorar a los pueblos originarios como si no existieran y tenemos una izquierda que ha ignorado las luchas indígenas, por eso todo es mucho más difícil.

–¿Por qué el genocidio sigue pareciendo algo sólo de la dictadura y no también algo que afectó a los pueblos originarios?

–Porque cuesta a gran parte de los argentinos considerar la historia de los pueblos indígenas como parte de la historia argentina. Tiene directa relación con asumir si es algo que les pasó y pasa a los argentinos o les pasó y pasa a otros.

–El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, le agrega el factor de la clase social afectada.

–Sin duda tiene que ver la clase social víctima, pero sobre todo hay una mirada racista dentro de lo que es el sentido común argentino. La sociedad argentina es racista respecto de los pueblos originarios. Se piensa que lo que sucede con otras personas no es tan importante, por eso hay dolores que no nos conmueven y otros que sí. Para mucha gente un campo de concentración se define como tal cuando ahí adentro hay gente que se parece a mí, si no, no es un campo de concentración.

–¿De ahí la negación del genocidio?

–Tenemos un paradigma donde la palabra “genocidio” se puede aplicar cuando a mí me importa, cuando mi grupo de pertenencia es el afectado. Y la mayor parte de la intelectualidad, de la gente que construye teoría y construye consenso social en estas situaciones, compartimos un sistema cultural de pertenencia. Hasta tanto no podamos siquiera entender el dolor de los otros y sentirlo como el propio, no hay interculturalidad posible. No hay forma de dialogar.

–¿Interpreta continuidades de las campañas militares a fines del siglo XIX y la situación actual de muerte por desnutrición en Chaco, Misiones y Salta, o por represión en Formosa?

–Los pueblos originarios son víctimas de un genocidio que aún no terminó. Por eso como Red hablamos de que en la Argentina existe un proceso genocida de los pueblos indígenas porque no le podemos encontrar la fecha de finalización. No sólo el Estado se construye sobre un genocidio sino que también nuestro marco de pensamiento se construye sobre el genocidio, de tal manera que no hemos salido aún de él. El genocidio realizado por el nazismo tiene fecha de finalización. El fin de la guerra, el suicidio de Hitler, los tribunales de Nuremberg. El genocidio de la dictadura tuvo una Conadep, juicios. El genocidio indígena no tiene fecha de finalización y no hay juicios.

–No existió un “Nunca más” para los pueblos originarios.

–No hubo fecha de finalización. No hay ni hubo una instancia de reparación. ¿Cuál sería la instancia autorizada si queremos hacer juicios? Porque el Estado es el mismo Estado genocida. La única manera para poder realizar algo similar a los juicios de la dictadura es que también esté integrado por pueblos originarios.

–¿Lo cree posible?

–Hoy en día hay un movimiento importante de pueblos originarios que no había hace diez años, y en algún momento se va a dar. No puede ser la misma sociedad genocida la que lleve la acusación; lo que sí puede hacer la misma sociedad genocida es movilizar la posibilidad de generar un cambio interno.

–¿Por qué “sociedad genocida”?

–Porque hay procesos que se siguen produciendo. Si bien hay una apertura muy importante para la inclusión de los derechos específicos de los pueblos indígenas dentro de los derechos humanos, la actitud del Estado hoy en día no es la misma que se tenía hace diez años, hay un cambio positivo. Pero cuando esos derechos reconocidos de los pueblos originarios confrontan contra intereses económicos, ya sea del Estado o de particulares, siempre se atenta contra los pueblos originarios.

–¿Por ejemplo?

–El Estado sustenta buena parte de su modelo en actividades como la soja, el petróleo y la minería, entonces el derecho indígena se cae. El mismo Estado que habilita a los pueblos originarios a hacer determinados reclamos por otro lado los hace callar con la violencia que sea necesaria cuando está en juego una actividad económica que el Gobierno impulsa.

–¿Cómo se entiende esa contradicción?

–Por eso digo que la sociedad no terminó aún de ser genocida con los pueblos originarios. Porque frente a estos dos parámetros en conflicto automáticamente le da la razón al paradigma económico.

–¿La sociedad o el Gobierno?

–Van uno con el otro, es un ida y vuelta. El paradigma económico es el que se constituyó junto con el Estado y hoy se desarrolla la continuidad de ese paradigma. Si bien hay espacios de apertura interesantes, cuando confrontan paradigmas el que sale ganador es el paradigma racista, donde tenés derecho a decir lo que quieras, pero si tenés petróleo en tu comunidad el organismo que decide no es el INAI, el Inadi, ni una oficina de interculturalidad, sino la Secretaría de Energía. Y punto, no hay discusión posible.

 

–Es la economía...

–Cuando lo que está en juego son intereses económicos, siempre se atenta contra los derechos indígenas, con leyes que debieran respetarse.

–Las campañas militares tuvieron una matriz económica, una decisión política y una complicidad o al menos una indiferencia de la sociedad. ¿Observa paralelos?

–Es muy similar. ¿Cómo se definió el avance económico a fines del siglo XIX? Se decidió por la apertura de nuevos terrenos para la explotación intensiva junto con nuevas tecnologías que tenían que ver con el manejo de la ganadería, alambrados, nuevas técnicas que acompañaban la inclusión de territorios para el mercado exportador. Y ahora estamos viviendo lo mismo, la soja es exactamente eso. La nueva tecnología y la incorporación de nuevos territorios que antes estaban libres, donde había comunidades que podían vivir.

–El petróleo y la minería repiten la misma lógica.

–Lo están padeciendo, entre otros, los mapuches en zona de meseta. Cuando las comunidades se habían establecido en la meseta, ese lugar no era objetivo de explotación; ahora sí. Hoy sufren un acoso tremendo e ilegítimo de parte de mineras y petroleras.

–Hay un argumento legitimador que se repite: el progreso.

–Sí, hoy es el desarrollo, como una utopía de la sociedad occidental, pero el problema es que se establecen como si fueran características que pudieran tener sólo la sociedad occidental y los otros no, y que además son a costa del vivir de los otros. El problema de este concepto de desarrollo o progreso, hoy encarnada en la política económica extractiva, es que se les da una entidad más importante que la vida y la dignidad humanas. El desarrollo es importante, pero, ¿es tan importante como para avalar que el avance petrolero, minero y sojero ocasione contaminación y muerte? Y, no es casual, siempre ese “progreso” es a costa del “otro”, nunca es a costa del grupo de pertenencia dominante.

–Usted afirma que el genocidio aún no tiene fecha de finalización, mientras los pueblos originarios se organizan y luchan.

–Sin dudas, hoy han ganado visibilidad como nunca antes y tiene directa relación con la organización y los conflictos que enfrentan en los territorios. Por eso siento mucho respeto por los dirigentes e intelectuales indígenas, sé que hay diferencias como en cualquier espectro político, pero tengo un gran respeto porque tienen que tener mucha decisión y coraje, ya que están haciendo un trabajo de concientización, de educación política a todo el resto de la sociedad. Ser dirigente indígena sigue siendo profesión de riesgo, sobre todo en algunos provincias, porque es muy probable que vayas preso o te maten por defender el territorio. Nunca hay que olvidar que son pueblos que sufrieron un genocidio, pero se mantienen vivos.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-178560-2011-10-10.html

En consecuencia, ante la ofensiva del capitalismo local del mundializado y de los imperialismos nos urge, abajo y a la izquierda, generalizar la percepción(conocimiento y toma de partido) respecto al Estado como enemigo de los pueblos de Argentina desde sus orígenes hasta hoy. Para hacer realidad tal objetivo requerimos deconstruir falsas alternativas como las siguientes centradas en dar esperanzas de cambio a través de las elecciones:

 

A) Señala como contradicción principal al neoliberalismo de Cambiemos y asocia el porvenir si triunfan peronistas y kirchneristas. Pretende hacer olvidar cuán nefasto ha sido el Partido Justicialista con la Triple A, la CNU, el operativo Independencia, sus patotas sindicales y la CGT, sus feudos provinciales, sus barones del conurbano, su neoliberalismo liderado por Menem-Cavallo, su Chacho Álvarez impulsor del progresismo como la conciliación 'civilizada' con el sistema o sin los 'extremismos' de las izquierdas anticapitalistas. En fin, el PJ vertebró el kirchnerismo que nos infringió una gran derrota a quienes nos identificamos con otra sociedad y otro mundo posibles desde las autodeterminaciones de los pueblos.

 

Es por nuestra derrota (desorganización, fragmentación y confusión política e ideológica) y por la concentración -transnacionalización económico territorial (debida a la expansión K de los extractivismos) que la alianza de capitales y estados o poder real actúa desembozadamente en el gobierno de Macri.

 

De modo que la pretendida alternativa se funda en impunidades del poder real como opresor, del Partido Justicialista como esencial al neoliberalismo y de más de una deKada extractiva, por tanto sumamente corrupta y corruptora de los de abajo.

 

 

La conversión de Neuquén en territorios expropiados por transnacionales y socios locales fue promovida por el gobierno CFK a través de YPF como sociedad anónima, con un ceo formado y representante de Schlumberger, corporación estadounidense con especialización en la tecnología de fracking.

 

El kirchnerismo y el macrismo coinciden en desarrollar la sobre explotación del vasto territorio que es Vaca Muerta. Se diferencian en que el primero junto a fuerzas políticas afines mienten ocultando porqué se prohibió en varios países. En efecto, Gimenez manifiesta: "trae consigo altos niveles de conflictividad ambiental y social. ¿Cómo se trata esta situación? Esto se realiza con control del Estado, que hoy no está, lo que se produce se debe invertir para mejorar la calidad de vida de la gente no para seguir concentrando la riqueza en algunos grupos. No hay que esquivar la discusión del medio ambiente, los gobiernos peronistas en la Patagonia debemos plantear el tema del control sobre la explotación del petróleo porque es una manera de cuidar nuestros recursos". 

Reparen que cuida de recursos, no a las comunidades ni a sus territorios ni a los bienes comunes como el agua, el suelo, la alimentación...

 

 

Patagonia Rebelde

¿Qué se pone en juego en

las elecciones de Neuquén?

4 de febrero de 2019

 

 

Por Emmanuel Gimenez

APU

 

El 10 de marzo, se desarrollará en la provincia patagónica la primera elección del año. Peronistas y kirchneristas buscarán hacerse un lugar frente al poderoso Movimiento Popular Neuquino.

La Patagonia es una inmensidad hermosa de apreciar, pero a la contracara del turismo social y mediático, el costo de vida aumenta desproporcionalmente al resto del país y su riqueza codiciada por las multinacionales convirtieron sus tierras en centro de disputa geopolítica de recursos y por ende en un comodín para el gobierno nacional. Con el clima electoral acercándose se abre una esperanza unificadora del peronismo y el campo popular en las provincia que busca hacerse del poder federal para enfrentar al neoliberalismo. Este año las fechas son disruptivas: para Neuquén el 10 de marzo ¿Cuál es el desafío? ¿Cuáles son las esperanzas y sus límites? ¿Cómo afectó el modelo propuesto por Cambiemos a la vida común? ¿Qué intereses representan los gobiernos locales? En este año que propicia ser una de las bisagras históricas para el futuro de la Argentina, y hacia el sur... 

Neuquén, país, país 

El 10 de marzo son las elecciones en Neuquén, la primera de importancia para el país. Ante este panorama el peronismo neuquino se presenta bajo la plataforma de Unidad Ciudadana en una coalición con el Frente Neuquino, de impronta local, con una fuerte participación de organizaciones populares y partidos de centroizquierda que lleva años consolidando la figura de Ramón Rioseco. El dirigente es actual parlamentario del Mercosur y exintendente de la ciudad de Cutral Có, pueblo petrolero que se volcó a las calles cuando YPF fue extranjerizada y cientos de familias se quedaron sin trabajo en los furiosos 90’.

De aquella militancia nacida de la urgencia construyó su figura pública, es estimado por Cristina Fernández, aunque armó su política por fuera del peronismo kirchnerista provincial tras la derrota en 2015. En estas elecciones de nuevo la urgencia los volvió a juntar. Él es candidato a gobernador y su mayor anhelo es ganarle al histórico partido provincial Movimiento Popular Neuquino (MPN), aliado del gobierno nacional, que hace 58 años está en el poder. “Nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo para construir un espacio político y una propuesta alternativa para toda la provincia, que tiene que ver con cambiar el paradigma de un gobierno que entendemos que es parte del pasado”, aseguró. 

Está acompañado por el actual diputado nacional por el FpV Darío Martínez, presidente del PJ neuquino y uno de los que más ha exhibido las problemáticas patagónicas en el Congreso frente al neoliberalismo que se expande como un virus incontrolable. Además, en la capital neuquina Unidad Ciudadana-Frente Neuquino busca revancha para enfrentar a Horacio “Pechi” Quiroga, un histórico radical alistado en Cambiemos, intendente de la ciudad de Neuquén desde el 2003 hasta la fecha, salvo en el periodo 2009-2011 en el que fue diputado nacional, máximo representante de la derecha neuquina. 

Por último, destaca en el armado Soledad Saraburu, secretaria general del Movimiento Evita, vicepresidente electa del PJ y candidata a quinta diputada provincial. Destaca dos puntos estratégicos: la soberanía de los recursos naturales y la importancia del feminismo en la construcción de un frente político que ofrece una alternativa a todo paradigma político y cultural adverso. 

Feminismo popular: agenda y desafíos

“El feminismo tomado por el peronismo es una obligación, siempre se caracterizó por tomar las demandas de la sociedad y hacerlas bandera. Nosotras bregamos por el feminismo popular que se hace con y para las mujeres de a pie, que de hecho muchas no se consideran feministas y sin embargo hay un abrir los ojos en el empoderarse, en darse cuenta que es fundamental para sensibilizar en las desigualdades que nos afectan, y se percibe que siempre las mujeres es mucho más difícil", recordó Saraburu. 

"Inclusive la política, la ley de cupo que nos permitió tomar la responsabilidad y salir de la militancia de base a la toma de decisiones, sin embargo  visibilizarnos y discutir otro modo de la política, es todo un desafío sobre todo en organizaciones mixtas. Por ello el feminismo que peleamos no es sólo por el cupo, es por la verdadera igualdad de género en los espacios del Estado y en la sociedad toda", insistió. "Muchas de las mujeres que conformamos el frente venimos encontrándonos, somos de diferentes espacios y estamos convencidas de que debemos hacer un trabajo sostenido. En ese sentido la ley Micaela, que plantea capacitación en género en todos los áreas del Estado como un requisito fundamental para acceder y ascender a todos los puestos del Estado, es sin duda es algo que vamos a motorizar”, resumió.  

La unidad 

La unidad se ha convertido en un buen negocio para muchos opositores continuadores del ciclo liberal-conservador, para los medios hegemónicos y las consultoras del sistema financiero. Sin embargo la unidad siempre está presente en el imaginario popular y en la acción política de la sociedad, más en situaciones de crisis, bajo el lema de “la unidad de los argentinos” o “la unidad del pueblo” se prometen distintas salidas. 

Respecto a ello Saraburu aclara: “La característica que tiene esta unidad es que venimos de lugares muy diferentes, entonces esto nos obliga a pensar los acuerdos, pudimos ver que la contradicción principal es que el macrismo sigue avanzando y tanto Gutiérrez y Quiroga, los dos candidatos a gobernadores  representan las políticas neoliberales acá en la provincia. Se pelean para sacarse la fotos con Macri”.

En esta realidad volátil la unidad para enfrentar el ajuste sucede cuando se va trasladando la crisis de la nación a las provincias y cada territorio incorpora los conflictos en su agenda, los enfrenta o convalida según las identidades políticas en juego. Por ello las elecciones provinciales tienen su propio tinte, son grandes nudos a desenredar por el poder, dan muestras sobre el comportamiento social frente a los modelos económicos y políticos vigentes, canalizan expectativas, liberan incertidumbres y preparan escenarios nacionales.

Vaca Muerta, ¿vaca atada?

En Neuquén todo está claro, la ruleta del G20 apuntó al gas y petróleo de Vaca Muerta, que es la nueva joya argentina del siglo XXI ofrecida a las multinacionales mientras el gobierno busca trazar la nueva “conquista del desierto” y colocarla como fondo de garantía. Desde que el autoabastecimiento energético pasó a ser una prioridad del Estado con la Ley de Soberanía Hidrocarburífera y recuperación de la mayoría accionaria de YPF en 2012 se incentivó la exploración y la inversión en la cuenca neuquina con la empresa nacional a la cabeza, en el tema energético los subsidios fueron en aumento de un 2% a un 10% del gasto público durante todos los gobiernos kirchneristas que buscaban alivianar el costo energético de las familias. 

Desde que Cambiemos ocupa el gobierno las políticas macroeconómicas mutaron bruscamente, se eliminaron los subsidios para cumplir con los requerimientos del endeudamiento externo, se eliminaron las retenciones a las exportaciones de crudo, se fueron liberando las trabas a las exportaciones de gas, así como los precios del combustible y se dispuso la cotización internacional del barril como precio interno, básicamente en un esquema tendiente a la apertura de mercado y la desregulación. 

El sector muestra una fuerte concentración, son 10 empresas las que controlan las operaciones: Total, francesa, Exxon, estadounidense, Shell, anglo holandesa, Vista Oil & Gas, mexicana son las 4 empresas que más concentran mayor superficie, seguidas están las nacionales, YPF, Pan American EneRGY (PAE), Tecpetrol, Pluspetrol, Pampa Energía y la provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). Mientras estas empresas aumentan sus balances, su comportamiento rentista ha ganado en los últimos años frente a las inversiones necesarias, junto a ello las reformas jurídicas y laborales buscan flexibilizar los contratos y reducir los costos en los salarios son parte de la agenda del con la que el gobierno y las empresas trazan el destino energético del país. 

Una cuestión importante es el conocido método de la fractura hidráulica y su impacto ambiental y social. Posee una alta mortalidad laboral, en lo que va del 2018 murieron 5 obreros en la cuenca neuquina, esto se ve agilizado por el régimen laboral firmado en “acuerdo por Vaca Muerta”. También ha dado las primeras muestras de contaminación con derrames de varias hectáreas, que como último suceso está la detención el 7 de enero del fotógrafo alemán Stefan Borgnardt por pasar a enfocar esa realidad, fue liberado tras 4 horas de maltratos en la Comisaría 10 de Añelo, además se investigan los fuertes temblores en Sauzal Bonito, paraje aledaño a los pozos del yacimiento Fortín de Piedra, una zona que por sus condiciones geológicas naturales es libre sismos . Sumado a ello en Loma Campana, la zona dentro de Vaca Muerta que explota YPF-Chevron está sobre la comunidad mapuche Campo Maripe, quienes vienen denunciando la situación de usurpación de tierras y el procesamiento a dirigentes de la Confederación Mapuche de Neuquén por la Justicia Neuquina. 

Vaca Muerta además de ser la  gran esperanza del macrismo para mostrarse al mundo como una economía atractiva, pregona una matriz energética que representa aún 87% de nuestro consumo y que trae consigo altos niveles de conflictividad ambiental y social. ¿Cómo se trata esta situación? Esto se realiza con control del Estado, que hoy no está, lo que se produce se debe invertir para mejorar la calidad de vida de la gente no para seguir concentrando la riqueza en algunos grupos. No hay que esquivar la discusión del medio ambiente, los gobiernos peronistas en la Patagonia debemos plantear el tema del control sobre la explotación del petróleo porque es una manera de cuidar nuestros recursos. 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/patagonia-rebelde-que-se-pone-en-juego-en-las-elecciones-de-neuquen

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252015

 

B) Parte de recurrir a Álvaro García Linera para sostener su posicionamiento; hace más simpático al negacionismo de Bernal e introduce una velada reprobación a Pertinat-Svampa; descubre el saqueo recién en Macri; interpela para subordinarnos a la democracia impuesta por el poder real (la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales); y enaltece tanto las ciencias como el progreso del capitalismo que privilegian el régimen energético para el 'desarrollo nacional' por sobre la creación desde los de abajo de sus buenos vivires convivires. Intenta cerrar el debate destacando al proyecto de Diego Roger que posee analogías con los anteriores fraudes de estar yendo hacia la Argentina potencia, claro que siempre y cuando no pusiésemos en cuestión a la industria automotriz y a las otras tecnologías del capitalismo.

 

Formula como nuestra confrontación básica a: "la endémica incapacidad que exhibe el bloque dominante para impulsar en el país un proyecto de desarrollo que vaya más allá del saqueo de nuestros bienes comunes y derechos sociales, agravada por la inconsistencia de un gobierno cuyo único propósito es amplificar sus negocios privados a costa del Estado, sin siquiera comprender las complejidades del “sistema global” qué dice defender". Es decir niega al entramado de negocios lícitos e ilícitos que urdieron los gobiernos K con los provinciales del PJ y la UCR. Pero lo principal descalifica a las autoorganizaciones populares en resistencia al avasallamiento de los derechos humanos que generan todos los extractivismos.

 

 

 

Apuntes para la construcción de un programa político que potencie la energía argentina

La energía en debate (II)

 

4 de febrero de 2019

 

Por Federico Nacif

El cohete a la luna

Las dos notas publicadas en este medio sobre las energías renovables en Argentina y el mundo ( Verbitsky/Bernaly Bertinat/Svampa ), tienen la virtud de ejemplificar, de manera clara y fundada, dos posicionamientos sobre el problema del “desarrollo” que usualmente se contraponen al interior de las distintas organizaciones sociales y políticas que buscan construir una alternativa viable y superadora al proceso de saqueo en gran escala que protagoniza el macrismo. Ambos posicionamientos contrapuestos constituyen lo que se conoce como el “dilema del desarrollo”, según el cual las necesidades de la acumulación material (eficiencia y productividad), más tarde o más temprano, entran en contradicción con las demandas socialmente virtuosas (participación social y cuidado ambiental).

La crisis energética y ambiental está en el corazón de la actual crisis social, económica y política que atraviesa el país, caracterizada por factores tanto globales como nacionales, tanto históricos y estructurales como puramente coyunturales. No se trata aquí de juzgar los argumentos esgrimidos en ambos artículos, ni tampoco de plantear una “tercera posición” teóricamente superior, sino de apelar al carácter eminentemente político de toda polémica pública y de proponer, en consecuencia, algunos lineamientos para la elaboración de un programa de acción conjunta, de cara al proceso electoral que se avecina. Como le gusta afirmar al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, las verdaderas contradicciones históricas sólo pueden resolverse en la praxis.

El papel central que ocupa el sector energético en relación al análisis del desarrollo económico no es nuevo. Desde mediados del siglo pasado, la antropología advierte que la aparición de excedentes energéticos, producidos más allá de las necesidades metabólicas, constituyó el punto de partida de todas las organizaciones sociales relativamente complejas. Más recientemente, la termodinámica del no equilibrio aplicada a los análisis económicos permitió incorporar la dimensión física de la energía para estudiar la relación entre las distintas fuentes energéticas y los procesos de cambio social. Sobre la base de estos aportes, el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Diego Roger , estudia las condiciones naturales, técnicas y sociales para impulsar en Argentina la transición hacia un régimen energético que esté al servicio de la producción nacional. Para ello diseñó un novedoso modelo analítico que permite caracterizar las distintas fuentes de energía disponibles en el país en función de tres variables clave:

  • las tasas de retorno energético (que indican la cantidad de energía que se requiere para su explotación y el excedente de energía que queda disponible para el resto de la sociedad);

  • la fase de desarrollo tecnológico en que se encuentra la correspondiente generación;

  • las capacidades técnicas e industriales nacionales para poder desarrollarlas localmente.

A través de esta matriz analítica, el autor no sólo pudo detectar las principales fuentes energéticas que convendría desarrollar en el país, sino también avanzar hacia la configuración del mapa de agentes sociales involucrados, e incluso diseñar posibles soluciones financieras que permitan viabilizar en el país un plan de transición energética que estimule la producción nacional sin afectar la soberanía política. Pero a los fines del presente debate, antes de presentar algunos de los resultados, debemos detenernos brevemente en el diagnóstico general.

No es necesario ahondar en los factores globales de la actual crisis ambiental, ni en la respuesta que impulsan los organismos internacionales a la medida del gran capital (suficientemente ilustrada por Verbitsky/Bernal y Bertinat/Svampa). Nos bastará con resaltar dos aspectos decisivos. En primer lugar, la caída de las tasas de retorno energético de los hidrocarburos deriva en procesos de estancamiento global, a la vez que prefigura la transición hacia un nuevo régimen energético basado en un mix centrado en energías renovables (con crecientes tasas de retorno energético). Sin embargo, el tipo de transición neocolonial que impulsa el centro industrializado no sólo agrava la histórica dependencia extractivista de América Latina, sino que además muestra serias dificultades para avanzar con “éxito” hacia sus propias metas de cambio tecnológico, dada su total subordinación a la lógica del capital financiero y los efectos imprevisibles de la guerra comercial desatada entre Estados Unidos y China.

La actual disputa geopolítica por el control de las reservas sudamericanas de litio, para dominar la producción de baterías recargables que demandarán los futuros vehículos eléctricos y los sistemas de generación solares y eólicos en pleno despegue tecnológico, ilustra la complejidad de los desafíos que nuestros países deberán afrontar. La política impulsada por el macrismo en Energías Renovables (privatización, dependencia tecnológica, endeudamiento), mientras los gobiernos de Jujuy, Catamarca y Salta continúan rematando las reservas públicas de litio, son apenas una muestra más de la endémica incapacidad que exhibe el bloque dominante para impulsar en el país un proyecto de desarrollo que vaya más allá del saqueo de nuestros bienes comunes y derechos sociales, agravada por la inconsistencia de un gobierno cuyo único propósito es amplificar sus negocios privados a costa del Estado, sin siquiera comprender las complejidades del “sistema global” qué dice defender.

El desguace del sector energético nacional, claro está, no es un hecho reciente. Las tendencias iniciadas con la última dictadura militar en lo que hace a la pérdida de soberanía tecnológica, desindustrialización, extranjerización y mercantilización, fueron profundizadas con la total privatización del sistema durante la década de 1990, configurando desde entonces un régimen energético insustentable que, siguiendo con el análisis de Diego Roger, alimenta la restricción externa y la fuga de divisas. Incluso en el sector de la energía eléctrica, advierte el autor, a pesar de la existencia de importantes capacidades locales en hidreoléctrica y nuclear, la mayor parte de la generación se basa en tecnologías importadas (ciclos combinados, turbogas, turbovapor, motores). En la generación eólica, por ejemplo, con la honrosa excepción del Parque Eólico Arauco, la última década se caracterizó por un franco retroceso de la industria nacional, que el actual esquema de subsidios del Plan Renovar no hace más que acelerar fatalmente hasta su liquidación final.

¿Cuál es entonces la mejor combinación posible de recursos energéticos y de tecnologías de generación para inducir desarrollo en el país por la vía del cambio estructural (mayor productividad, diversificación productiva, energía limpia, abundante y barata)? La respuesta de Roger es compleja pero a la vez contundente. Si se caracterizan los stocks y flujos de recursos energéticos del país en función de su rendimiento termodinámico y se analiza la oportunidad tecnológica en relación a las capacidades científico-técnicas e industriales del país, se obtiene un mapa bastante diferente al sentido común imperante: el cuadrante de mayor desarrollo potencial lo ocupan las energías renovables. No sólo por la calidad de nuestros recursos y la capacidad tecno-productiva aún disponible en el país, sino también porque se trata de “tecnologías jóvenes” que se encuentran en plena etapa de despegue y que, por lo tanto, ofrecen gran potencial para demandar trabajo humano calificado y elevar la productividad, a la vez que no precisan enormes niveles de inversión, ni elevadas ventajas comparativas previas.

En la actualidad, según el investigador de la UNQ, la Argentina es el único país del hemisferio sur con la capacidad para producir tecnologías de generación hidráulica, nuclear y eólica, con más de un 80% de componentes nacionales. Por otra parte, la dotación y distribución geográfica de los recursos, permitiría impulsar a mediano y largo plazo el desarrollo de nuevas renovables alternativas, como termosolar, undimotriz o mareomotriz, e incluso integrar más componentes nacionales al paquete tecnológico (como baterías de litio u otros medios de almacenaje), a partir de mecanismos de financiamiento interno orientados a captar y reorientar las rentas energéticas obtenidas.

Se trata, en definitiva, de elaborar una verdadera estrategia productiva soberana y de carácter federal, capaz de responder con pragmatismo a las necesidades y demandas concretas manifestadas por distintos sectores sociales especialmente golpeados por la crisis actual, como los sindicatos metalúrgicos o metalmecánicos y las empresas argentinas productoras de bienes de capital (hoy virtualmente paralizadas), así como el sector científico-tecnológico nacional y las distintas organizaciones sociales involucradas con la defensa del medioambiente. Las energías renovables deberían ocupar un lugar central en el programa político opositor, asociadas con un nuevo plan de reindustrialización nacional que, de ser impulsado, a su vez demandará una nueva forma de estatalidad capaz de incorporar los reclamos de las organizaciones sociales, incrementando así el control social sobre los bienes públicos del pueblo argentino.

No pretendemos clausurar los debates sobre el patrón de consumo dominante, ni desconocemos la dimensión civilizatoria de la crisis global y local. Pero la posibilidad de que las distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas comprometidas con el cambio social puedan impulsar en el país la transformación cultural de fondo que la transición hacia un régimen energético sustentable requiere, dependerá de la vitalidad de la democracia realmente existente. Esa vitalidad democrática, que el bloque en el poder busca extinguir, es la que está en juego en 2019.

 

El plan de desarrollo de energías renovables esbozado permite identificar y viabilizar en torno a una problemática concreta las complejas articulaciones sociales y alianzas políticas necesarias para defenderla, asumiendo la crisis ambiental desatada por la actual fase del capitalismo mundial y la necesidad de avanzar, de manera soberana, hacia una transición de régimen energético acorde a las necesidades económicas y ambientales de las mayorías.

https://www.elcohetealaluna.com/la-energia-en-debate-2/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252069

Consideremos a qué artículo Federico Nacif pretende quitar relevancia:

 

La energía en debate

¿Autocrítica y diálogo, o repetición de la historia?

 

 

En un artículo reciente titulado “Agua para sus molinos”, Horacio Verbitsky pone en entredicho diferentes cuestiones asociadas al modelo energético que estaría impulsando el macrismo y el pretendido rol que tendría el impulso a las energías renovables para combatir el cambio climático (el cual es cuestionado en sus alcances) y la posibilidad –o incluso, la pertinencia— de la salida del controvertido modelo energético fósil. Antes que nada, celebramos que por fin en la Argentina y a diferencia del pasado, desde ciertos sectores del progresismo se aborde el debate sobre la matriz energética en su relación con el paradigma de las energías renovables. Sin embargo, creemos que hay numerosos problemas e incluso importantes errores de interpretación en dicho artículo, sobre los cuales nos interesa hacer hincapié, menos por lo que sostiene sobre el modelo promovido por el actual gobierno que por lo que elude decir del paradigma de las energías renovables, por lo que enuncia tanto acerca del cambio climático, en fin, por lo que sugiere sobre un modelo energético “deseable”.

 Entre la mercantilización y los puntos ciegos

Para comenzar, en nuestro país fue el gobierno de Cambiemos el que instaló el tema de las energías renovables en la agenda política, pero esto lo hizo en un marco de mercantilización extrema y de acentuación de la dependencia económica y tecnológica. El tema fue puesto en agenda por un gobierno neoliberal, por varias razones: porque la cuestión de las energías renovables constituyó uno de los puntos ciegos del gobierno kirchnerista; porque es “políticamente correcto” para gran parte de la sociedad y porque hoy estas se convirtieron en una gran fuente de negocios.

Durante el kirchnerismo el modelo fósil se potenció con la expropiación parcial de YPF (2012), y la apuesta a la explotación de hidrocarburos no convencionales por medio del fracking. Hubo, claro está, una ley progresista, la 26.190 del año 2006, que prometía que el 8% de la generación eléctrica sería renovable para el año 2016, algo que estuvo lejos de cumplirse. Hubo incluso el desarrollo del mapa de vientos a nivel nacional realizado por el Centro Regional de Energía Eólica (CREE, Chubut) y avances en diversas provincias. Pero estos avances cayeron en saco roto, en una época en la cual se conjugaban el boom de las commodities, rentabilidad extraordinaria y expansión del neoextractivismo. Así llegamos a 2015 con la penosa realidad de que las energías solar y eólica apenas representaban el 0.5% de la generación eléctrica.

 

Pero el tema es más grave, ya que bajo el kirchnerismo, la no discusión sobre el modelo fósil y el posterior giro eldoradista que se produjo con Vaca Muerta, tuvieron como correlato la obturación o clausura de una discusión seria sobre la transición energética. Dicha discusión, ausente en casi todos los países sudamericanos con gobierno progresista –a excepción de Uruguay— conlleva un debate multidimensional sobre qué hacer con la energía fósil, qué lugar ocupan las energías renovables y, más aún, que tipo de configuración creemos que debería tener el sistema energético para sustentar una sociedad justa tanto desde el punto de vista social como ambiental.

 

Silenciando las críticas ambientales y económicas, el kirchnerismo abrazó la idea de que Vaca Muerta y sus reservorios no convencionales salvarían a la Argentina del déficit energético y la convertirían rápidamente en una suerte de Arabia Saudita del sur. Pero el “consenso del fracking”, como lo llamamos en 2014 con Enrique Viale, es algo que desborda las fronteras ideológicas. A partir de 2016, Cambiemos profundizó la apuesta por los no convencionales, continuando la asociación con las corporaciones transnacionales y los subsidios estatales, pero en abierta clave neoliberal, operando así una extraordinaria transferencia a las empresas petroleras, por medio de una sucesión de tarifazos que hacen cada vez más insostenible la vida de los argentinos.

 

Sin embargo, la novedad que introdujo Cambiemos fue la política de energías renovables (las licitaciones denominadas Renovar I, II y III). En nombre de la “modernización ecológica”, de la “economía verde” –nuevos comodines del lenguaje global— el modelo de energía renovable promovido por el oficialismo apostó a ampliar el poder de las grandes corporaciones del sector, acentuando la mercantilización de la energía, independientemente de la fuente. Que ello se haga invocando la lucha contra el “cambio climático”, la necesaria diversificación de la matriz energética, o de cómo Joe Lewis y otros amigos del actual presidente invierten generosamente en energías renovables, no es un matiz, sino más bien una pantalla, con la cual se intenta cubrir el vertiginoso proceso de mercantilización de las energías renovables, sin que haya una discusión pública de fondo sobre lo que podría o debería ser tal modelo, al calor del agravamiento tanto de las desigualdades sociales como de la crisis socio-ecológica a nivel nacional y global.

 

Además de profundizar el “capitalismo de amigos”, como consigna el informe del OETEC citado por Verbitsky, el modelo macrista acentúa la vía de la dependencia tecnológica. Así, la exitosa instalación de las energías renovables (fundamentalmente eólica y solar) viene a confirmar la consolidación de un modelo privatista y extranjerizado, lo cual no sólo se debe a la presencia –inevitable— de actores globales, sino también a la importación de los componentes clave (China y ciertos países europeos), que lejos están de favorecer la “equiparación tecnológica” o la fórmula made in Argentina. A esto hay que añadir la vigencia de un marco regulatorio y normativo privatista asociado al desarrollo del sector eléctrico, que nunca fue cuestionado, ni siquiera durante el período kirchnerista.

Creer por eso que Cambiemos fomenta una política “ambientalista” o que esta es la única posible respecto de los renovables, constituye un grave error de interpretación. Existen diferentes variantes del ambientalismo y sin duda, Cambiemos optó por la versión hegemónica, que hoy impulsan organismos internacionales (como el Banco Mundial) y actores globales (gobiernos, elites políticas y corporaciones económicas varias), que lejos están de proponer un sistema energético basado en la idea de bien común, de reducción del metabolismo social, de desconcentración del capital, de sostenibilidad fuerte, de derechos humanos, en fin, un sistema energético que aporte una visión diferente de la relación Sociedad/Naturaleza.

 

Pero no nos engañemos. Sin quitar el hecho de que hay más energía solar y eólica que antes, el marketing que el oficialismo hace de las renovables respecto a su real peso específico es desproporcionado, visto el notorio avance que están produciendo en la frontera fósil no convencional, que es donde se juegan los grandes negocios de las empresas que ganaron durante el kirchnerismo y aún más ahora. Nuestra matriz de fuentes primarias de energía continúa siendo un 90% fósil, las energías renovables no convencionales son apenas un pequeño sector en Argentina, solo localizadas en el sector eléctrico, que constituye menos del 20% de todas las fuentes secundarias de energía. Si se cumpliese la Ley de Energías Renovables, las fuentes no convencionales alcanzarían el 20% de la energía eléctrica en el año 2025. Así, pese a las inversiones en energías renovables, el modelo energético fósil se profundizará en los próximos años, al calor de la explotación de los combustibles no convencionales. Una salida que lejos de aclarar, oscurece el panorama futuro.

 

¿Qué modelo de transición energética?

Dicho esto, podemos coincidir en el análisis crítico de la política energética de Cambiemos, pero a condición de no simplificar ni reducir la discusión sobre la transición energética. Pues, aunque muchos hablen hoy del tema, no todos entienden lo mismo.
Algunos de los problemas que enfrentamos en relación al actual modelo energético son:

  1. Cada vez hay más evidencias que muestran que la disponibilidad energética futura será menor. La finitud de los recursos fósiles y la imposibilidad de aprovechar las fuentes renovables por los límites en los materiales son una realidad actual .

  2. Existe una tremenda desigualdad e inequidad en el acceso y las condiciones de acceso a la energía para un buen vivir (pobreza energética).

  3. Los impactos del sistema energético sobre los ecosistemas son cada vez mayores (humanos y no humanos).

Por otro lado, la discusión requiere identificar algunas cuestiones centrales. No estamos hablando solamente de la diversificación de fuentes energéticas, ni tampoco exclusivamente de opciones tecnológicas. Hablamos de que no existe energía suficiente ni sumideros que lo soporten para cualquier desarrollo. La economía clásica no puede seguir tirando del caballo de la energía. En el presente la limitación es la energía. No aceptarlo puede ser un gran error.

Desde nuestra perspectiva, la energía debe ser entendida como parte de los bienes comunes, como una herramienta y no un fin en sí mismo y en ese sentido como parte de los derechos colectivos y en congruencia con los derechos de la Naturaleza. En este contexto es necesario pensar en un proceso de transición energética que implique un cambio radical del sistema energético, el cual no se reduce a la producción-consumo de determinados volúmenes físicos de energía, sino que incluye las políticas públicas, los conflictos sectoriales, las alianzas geopolíticas, las estrategias empresariales, los desarrollos tecnológicos, la diversificación productiva, las demandas sectoriales, los oligopolios y oligopsonios, la relación entre energía y distribución de la riqueza, entre energía y matriz productiva, las relaciones con la tecnología, etc. El sistema energético se configura como un conjunto de relaciones que vinculan al sistema humano entre sí, con la naturaleza, a su vez determinado por las relaciones de producción existentes. Por esa razón, se trata de debatir acerca de la construcción de nuevas relaciones sociales en el plano de la producción, distribución y consumo de energía.

Los cambios del sistema energético pueden ser sintetizados en los siguientes puntos:

  • La desmercantilización deviene un punto central en el marco del intenso proceso que impulsa la financiarización de la Naturaleza desde la economía verde. Esto por supuesto requiere desprivatización y fortalecimiento de lo público, así como avanzar en la desconcentración y descentralización del sistema energético global y local.

  •  La energía debe ser pensada como una herramienta fundamental a la hora de fortalecer mecanismos de redistribución de la riqueza, lo cual resulta de una prioridad urgente ante el fuerte crecimiento de la pobreza energética en nuestro país.

  • Es necesario promover la democratización y descentralización de las políticas energéticas desarrollando herramientas de políticas locales y empoderamiento ciudadano.

  •  En congruencia con el desarrollo de los demás ejes planteados para la transición, otro de los objetivos es la desfosilización de la matriz energética.

Existen suficientes indicios que ilustran que el sendero actual y el previsto por las instituciones energéticas dominantes, basadas en un crecimiento permanente de la utilización energética, es irresponsable y suicida, así como existen indicios que muestran la imposibilidad de abastecer un crecimiento exponencial del uso de energía también con fuentes renovables. La finitud de los recursos minerales planetarios, entre otros aspectos, dan cuenta de ello. En esta línea, un camino aún poco explorado es el de la concepción de la eficiencia energética como una fuente de energía.

 

En suma, debemos aceptar que enfrentamos un descenso de la energía disponible. A la extinción de los combustibles fósiles se suma el gran decrecimiento de la tasa de retorno energético (como lo evidencia el fracking) y la finitud de los materiales y minerales existentes para desarrollar las renovables. Por ende, las reservas no pueden analizarse de manera simplista sino teniendo en cuenta cuanta energía cuesta realizarlas. El sistema económico mundial ha entrado en una nueva era, un mundo energéticamente restringido y desigual. La disputa es de sentido, de encontrar un nuevo contenido acerca de la prosperidad, la felicidad, la satisfacción de necesidades humanas, algo indispensablemente unido a menores recursos energéticos y materiales y a la construcción de modos de vida compatibles con la reproducción y sobrevivencia de los ecosistemas base de la vida.

 

Catastrofismo y cambio climático

Por último, en el artículo de Verbitsky, Federico Bernal se refiere al “catastrofismo” e incluso apela a una versión local del negacionismo respecto del cambio climático. En cuanto a lo primero, existe una extensa bibliografía sobre el colapso civilizatorio, un campo que infortunadamente en la actualidad revela una gran potencialidad explicativa. Sin embargo, no se trata de caer rendido a los pies de las narrativas «colapsistas», pues el riesgo más evidente es quedar atrapado en una lógica paralizante que anule la capacidad de acción colectiva. Además, como afirma Nick Buxton , los futuros climáticos que estas narrativas describen ocultan el hecho de que el impacto del cambio climático no vendrá determinado, en última instancia, por los niveles de CO2 sino por las estructuras de poder.

Por otro lado, entendemos que negar la existencia del proceso de calentamiento global y cambio climático y su origen antropogénico son hoy errores difíciles de admitir dentro del campo progresista. Así, el negacionismo de Bernal constituye un grave retroceso para afrontar la crisis, se haga éste en nombre de una voluntad imperial, (Donald Trump), o semiperiférica (Jair Bolsonaro), o apelando a la hipótesis conspirativa acerca de un supuesto “Complejo Industrial del Cambio Climático”. Sorprende además que el citado artículo suscriba dicha tesis oscurantista, pues como señala el periodista cordobés Leandro Ross, es contradictorio con lo que Verbitsky escribiera el pasado año sobre la cumbre del G20, cuando señaló que el cambio climático “no era un tema menor” y para medir la envergadura del problema tomó la misma fuente de datos de la que ahora dice sospechar.

 

El cambio climático no es una excusa y mucho menos una abstracción. En realidad, es lo menos “natural” que existe, pues es de origen antrópico y nos recuerda que en la era del Antropoceno, el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica de alcance global, que amenaza la vida misma del planeta. El aumento de los eventos extremos, incendios, inundaciones, sequías, además de ser fenómenos extendidos en el planeta, también están vinculados a las políticas neoextractivas que los diferentes gobiernos potencian a través de medidas en favor del agronegocio y sus modelos alimentarios, la megaminería, la expansión de la frontera petrolera, las megarepresas, entre otros.

Nadie niega que exista una geopolítica del Antropoceno. En 2017, un informe de la ONG The Carbon Majors encontró que más de la mitad de las emisiones industriales mundiales desde 1988 corresponden a 25 empresas y entidades estatales. Grandes empresas petroleras como ExxonMobil, Shell, BP y Chevron están entre las más emisoras. Pero, aún así cabe preguntarse: ¿Qué país puede estar preparado para generar verdaderas estrategias de adaptación al cambio climático, si cuenta con políticas públicas que promueven el monocultivo, la deforestación, la destrucción de humedales, el incremento de la producción de combustibles fósiles no convencionales? Precisamente por eso, el combate contra el cambio climático no es una lucha de las corporaciones ni del Banco Mundial, sino de la Vía Campesina, de los trabajadores de la Central Sindical Internacional (CSI) y la Central Sindical de las Américas (CSA), de los movimientos campesinos, indígenas, socioambientales y organizaciones ecologistas de la región y del mundo. Las corporaciones, el Banco Mundial y sus socios sólo buscan mercantilizar las alternativas al cambio climático, en una apuesta tecnológica que apunta cada vez más como Plan B a la geoingeniería (intervención sobre el clima a gran escala), a fin de lograr una salida capitalista a la crisis ambiental.

 

Para cerrar: en la Argentina no es posible continuar obturando la discusión sobre los impactos de los modelos hegemónicos de desarrollo, asociados al neoextractivismo. Tampoco es posible descalificar el rol de las energías renovables en la construcción de alternativas energéticas, debido a que estas son capturadas por sectores concentrados, que sólo aspiran a incrementar ganancias. ¡Eso sería arrojar de modo imprudente el agua sucia con el niño adentro! Por ende, es imprescindible generar condiciones para que la disminución del uso de combustibles fósiles y nucleares no realimente un sistema energético perverso.

En un año marcado por la agenda electoral, aquellos que planifican ser nuevamente alternativa de gobierno deberían preguntarse si quieren volver a repetir los mismos errores del pasado o están dispuestos a abrirse a la autocrítica y promover un debate plural sobre estos temas tan complejos, propiciando un diálogo entre diferentes tradiciones político-ideológicas, con potencialidad emancipatoria. Todo lo cual requiere la ampliación de las fuentes de consulta e información, así como colocar los debates actuales en línea con las alternativas sistémicas, aquellas que hablan de “otra sociedad posible”, en sintonía con otras relaciones sociales y otra racionalidad ambiental.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/la-energia-en-debate/

 

Evaluemos cómo el progresismo procura convencer e ilusionar de que el progreso capitalista es muy imprescindible y sólo basta un Estado que controle.

 

Verifiquemos sobre todo qué significa el desarrollo de la extracción de litio promovido por el kirchnerismo-peronismo y por Cambiemos.

 

 

Argentina: YPF del litio la minería “progresista”.
lalineadefuego.info /
28 de Julio 2015

 

Por Darío Aranda
Pressenza

Diputados kirchneristas impulsan un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”. Intenta regular la extracción de un mineral pretendido por empresas mineras y automotrices en el noroeste del país, mayoritariamente en territorio indígena. La iniciativa se presenta como progresista porque promueve que el Estado controle este “recurso estratégico”. Sin embargo, la propuesta legislativa no contempla los derechos básicos de los pueblos originarios. Tampoco hace hincapié en la leyes ambientales.

 

“El oro del futuro”, publicitan empresas y gobiernos al referirse al litio, un mineral utilizado en las baterías de teléfonos celulares, computadoras y autos eléctricos. En el norte argentino ya se explota minería de litio, hermana menor de la megaminería metalífera (de oro, plata y cobre). Desde el kirchnerismo acaban de presentar un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”, que lo intenta declarar “bien estratégico” y propone –con discurso progresista– procesarlo y que el Estado se apropie de esa renta. El proyecto no contempla ninguno de los derechos de los pueblos originarios (donde está buena parte de las reservas de litio) y no menciona ningún aspecto del derecho ambiental. “¿Qué dirían esos diputados si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”, reprochó Clemente Flores, kolla de las Salinas Grandes de Jujuy.

 

Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto tiene 74 artículos, declara las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establece de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propone la creación de la “YPF del litio” (llamada formalmente Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado).

 

“Nosotros no decimos ‘no a la minería’, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta, la semana pasada. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

 

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (vinculado al mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña. Y, desde la última década, ámbito alineado con el kirchnerismo. El escrito es acompañado con la firma de los legisladores Carlos Raimundi, Juan Mario Pais, Luis Basterra, Jorge Rivas, y Lautaro Gervasoni, todos del oficialismo.

 

El articulo 20 crea la Comisión Nacional de Explotación del Litio (CNEL), que dependerá del Ministerio de Planificación, tendrá como objeto regular y fiscalizar la exploración, explotación, industrialización y comercialización. La Comisión tendrá un directorio constituido por un presidente y siete miembros: uno a las provincias que tengan yacimientos de litio, uno a las universidades nacionales con sede en las provincias con litio, uno del Ministerio de Ciencia, uno al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), uno a la Secretaría de Ambiente de Nación, uno a la Secretaría de Minería y uno a las “comunidades originarias”.

 

En los fundamentos llama al litio como el “oro blanco” y “mineral del siglo XXI”, afirma que se ha duplicado su demanda a nivel mundial en menos de una década (desde comienzos de 2000) y señala que “las proyecciones coinciden en que el incremento en la demanda será sostenido y crecerá en forma exponencial”.

 

También detalla que el “80 por ciento del litio del planeta” está en el sur de Bolivia, y el norte de Chile y Argentina, área denominada como “el triángulo del litio” y asegura que “en el mundo minero y de las finanzas asociadas a los recursos extractivos se habla informalmente de la ‘Arabia Saudita del litio’”. El proyecto remarca de manera reiterada la importancia de que el Estado maneje el recurso, menciona la posibilidad de una “asociación estratégica” con Bolivia y Chile, y celebra que (los tres países) podrían “controlar en forma cuasi-monopólica la oferta mundial del litio”.

 

Por una minería nacional (sin indígenas)

Las salinas (o salares) son las extensas planicies blancas del norte del país que suelen ser la foto buscada de los turistas y, al mismo tiempo, espacio de vida, trabajo y cultura de los pueblos originarios. El litio está contenido en esos territorios y ya es motivo de conflicto de corporaciones y comunidades indígenas.

 

Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

 

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

 

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

 

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

 

“Le pone una pátina indígena pero por supuesto que muy alejado de respetar el derecho a la consulta. La presencia de un indígena en la Comisión de explotación es sólo para legitimar, aparte que es ex post, nunca antes de la explotación. Y el artículo 30 es de sólo participación y no consulta, y sólo en la evaluación de impacto ambiental y tampoco es vinculante. En fin, con una ley de ese tipo se está en graves problemas, no se cumplen los derechos indígenas”, afirmó Silvina Ramírez, integrante de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas (AADI) y del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat).

 

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

 

La acción judicial de las 33 comunidades reclama que se respeten sus derechos. Llegó hasta la Corte Suprema pero fue remitida a tribunales provinciales. En la actualidad tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Dilemas del progresismo extractivo

 

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

 

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

 

Rodrigo Solá, uno de los abogados de las comunidades, explicó que (durante la exploración) “perforaron el acuífero” y realizaron un doble mal: contaminaron el acuífero de donde obtienen agua para consumo humano, animales y cultivos. Y, al mismo tiempo, el agua dulce que ascendió hasta la superficie arruinó la sal de ese sector de la salina.

Tras cinco años de resistencia, en Salinas Grandes no hay minería de litio. Sí comenzó la explotación a 90 kilómetros, en Susques, donde el accionar conjunto del gobierno provincial y las empresas Orocobre (australia-estadounidense), Posco-Exar (consorcio coreano-canadiense) y Sales de Jujuy dividió a las comunidades indígenas.

El proyecto de ley de Heller y Junio señala que en la explotación de litio “sus impactos a la salud y a la integridad territorial-ambiental son mucho menores que cualquier otra alternativa energética” y destaca que “la preocupación por el impacto ambiental y a la población de la extracción del litio está ampliamente incluida en los artículos 18, 29 y 41”.

 

De la lectura de los artículos se desprenden generalidades:

  • “Deberán adoptar las medidas necesarias para proteger el ambiente, los recursos naturales y culturales”.

  • “El Fondo Nacional para la Valorización del Litio se destinará a la implementación de instrumentos para la prevención de los impactos ambientales”.

  • Se incorpora “la inclusión de los organismos nacionales y provinciales que velan por la integridad ambiental”.

No menciona la Ley General del Ambiente (norma básica en la materia) ni el “principio precautorio” (cuando no haya certeza científica, deben tomarse medidas para proteger a la población y el ambiente), derecho reclamado por organizaciones sociales, asambleas socioambientales y pueblos indígenas.

Clemente Flores, kolla de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes (que reúne a las 33 comunidades afectadas) no cree en espejitos de colores: “Dicen que no van a contaminar pero ya afectaron el acuífero y las salinas. No nos contó nadie, lo vimos nosotros mismos en el territorio”. Y deja un mensaje para los legisladores: “Antes de escribir leyes debieran leer la Constitución Nacional y los convenios internacionales. Ahí verán que tenemos derechos y que ellos también deben respetarlos”.

http://www.pressenza.com/es/2015/07/ypf-del-litio-la-mineria-progresista/
Fuente: 
https://lalineadefuego.info/2015/07/28/bolivia-ypf-del-litio-la-mineria-progresista-por-dario-aranda/

 

Atendamos cómo la explotación de litio no sólo sacrifica las respectivas comunidades del Salar del Hombre Muerto de Catamarca y  a las de las Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes de Salta, Jujuy sino también a las de Traslasierra . Es que cualquier territorio del país o del continente puede ser expropiado ante el avance veloz del capitalismo. Veamos porqué y cómo luchan quienes componen las oficializadas "zonas de sacrificio":

 

 

La amenaza de la megaminería en el paraíso

 

23 de enero de 2019

La increíble saga del litio en Traslasierra alcanza ribetes de realismo mágico: un intendente local mantuvo reuniones con los empresarios mineros, sin embargo se animó a decir sin ruborizarse: “Yo no sé qué es el litio, no tengo ni idea”.

 

Por Revista Cítrica

Patricia camina por el paraíso. Pasea junto a sus hijos. Las Tapias, al igual que Las Rosas, son localidades situadas en el departamento San Javier, provincia de Córdoba, una zona más conocida como Valle de Traslasierra. Imprevistamente, entre el predominio de varias gamas de verde, pueden encontrarse con predios fuertemente custodiados. Alguien pudo aventurarse en esas zonas prohibidas para los ojos inquietos. Allí, en la cima de un montículo, aparece un caño. Parece de pvc. Es blanco. Tiene un número grabado. Dice LT-18-11. ¿Qué hace esto acá?

“La primera reunión de vecinos, de las que tuvo importancia, y donde supimos del tema, fue en la escuelita de Las Tapias. Está apenas a 400 metros del lugar donde se comenzaría -según la misma página oficial de la minera Dark Horse- a trabajar en la extracción del espodumeno, que contiene el litio”, cuenta.

Patricia hace referencia a que el Foro Ambiental de Traslasierrapresentó un documento, en noviembre de 2018, en el que volcaron toda la información recogida tras las investigaciones realizadas por la sociedad transerrana, con el fin de alertar sobre el peligro que se cierne sobre gran parte de la población local, ante la posible realización de un proyecto extractivista, principalmente de litio.

Según estudios realizados por diversos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de Maryland (EEUU), por la ubicación de la mina, a escasos 0,4 y 1,6 kilómetros de la escuela de las Tapias y de la plaza de Villa las Rosas, ambos predios estarían directamente afectados por el polvo tóxico que se produce durante la extracción y procesado primario, e igualmente peligroso para la fuente de agua que alimenta la ciudad de Villa Dolores, que ubica esta mina a 700 metros de la costa del dique nivelador.

Los chicos que trabajan en el Foro Ambiental habían llegado hasta la Secretaría de Medio Ambiente, y pidieron los expedientes para ver qué había informado la minera australiana. Salimos de allí pensando si podía ser cierto, e hice lo que la mayoría habrá hecho: googleé el nombre de la minera”, recuerda Patricia.

Pampa Litio adquirió 34.000 hectáreas con licencias para exploración y la expansión de las minas existentes en Las Tapias

 

¿Por qué se busca litio? La demanda ha crecido -y crecerá exponencialmente- ante la necesidad de reemplazar los motores de combustión interna por motores eléctricos a baterías. Esto hizo que los precios internacionales suban, llevando los valores -por tonelada- desde los 450 dólares que costaba en 2003, hasta los 10.000 dólares en 2018. Un verdadero negoción.

Allí aparecen las mineras, que cuentan con numerosas regulaciones, sin embargo, casi todas son a favor de los proyectos extractivistas:

– No pagan impuesto a las ganancias

– No pagan ganancias mínimas presuntas.

– No pagan el IVA a las exportaciones que realizan.

– No pagan impuestos a los activos.

– No pagan tasas de la ley de sellos.

– Están eximidos de pagar derechos de importación de equipos, maquinarias, repuestos y accesorios destinados a la explotación.

– Están autorizados a descargar de ganancias los gastos de exploración.

– Sólo dejan un 0,6% de regalías en la provincia donde se encuentra el yacimiento. Este valor se calcula de lo que extraen a “boca de mina” (sin ningún valor agregado).

– Son las propias empresas las que mediante declaración jurada manifiestan qué tipo y qué cantidad de minerales y metales extraen.

– Se les permite a las empresas mineras dejar todas sus ganancias en el exterior, sin tener que ingresar la contrapartida de lo exportado en divisas como lo hacen empresas nacionales.

– 0% de retenciones a las exportaciones y 3% al estado provincial, que se reduce aproximadamente a un 1% si le descontamos las exenciones conferidas por leyes.

– El 0% de retención a la exportación, se transforma en un monto subsidiado, si hacen uso del reintegro adicional por exportaciones a través de puertos patagónicos (producción patagónica).

La Dark Horse Resources, minera australiana, es una de ellas. “Hablando poco a poco con otros vecinos nos encontramos con que, si esta empresa realizaba su instalación aquí, iba a ser un desastre, tanto ecológico como económico, y en la parte de salud también”.

“También nos dimos cuenta que, a pesar de haber algunas leyes anti minería en esta zona, que es principalmente turística, esta era una empresa con muchos contactos con los gobernantes, tanto nacionales como provinciales. Así que nuestra única posibilidad para evitar que se instalen, es recurrir a la voz del pueblo, e imitamos lo que se hizo antes aquí, con una mina de uranio en Nono, cuando se realizó una caravana desde Dolores hasta Córdoba”, señala.

                                                     ***  

¿Lo sabías? Según el informe elaborado por el Foro Ambiental Traslasierra, cuatro empresas producen más del 80% del litio mundial: Albemarle, SQM (NGL), FMC y Tianqi. A su vez, unas 10 empresas (Panasonic, Samsung SDI, LG Chem, entre otras) concentran el 90% del mercado de baterías. En varios casos, estas últimas participan directamente (como parte accionaria) en las empresas productoras para asegurar la disponibilidad del insumo”. En su mayoría los capitales provienen de EE.UU., China y Australia.

Dark Horse tiene un enfoque particular en Argentina, donde ha invertido en proyectos de oro y litio. Tiene como objetivos:

– Controlar la participación provincial de recursos de litio, extraído de espodumeno, y produciría hidróxido de litio de alto grado para los mercados internacionales de baterías y electrónicos.

– Descubre y define varios yacimientos de oro multimillonarios.

– También tiene una filial de generación de energía, Dark Horse Energy, con una importante participación (33%) en la exploración de petróleo y gas.

– Posee en Argentina dos proyectos principales:

* SAN LUIS Y CÓRDOBA LITIO

Extensos campos (40.000 hectáreas) de pegmatita, ricos en litio, con importantes resultados en las propiedades de Las Tapias, El Totoral y Los Chañares. La exploración ha comenzado con los mapeos geológicos y geofísicos, más la perforación para apuntar al reporte técnico.

Nos dimos cuenta que, a pesar de haber algunas leyes anti minería en esta zona, esta era una empresa con muchos contactos con los gobernantes

* PROYECTO DE ORO LOS DOMOS

Son 20.000 hectáreas con 3 licencias en Santa Cruz. Exclusividad sobre una importante cartera de arrendamientos minerales en Santa Cruz y Río Negro. Varios objetivos de exploración, incluyendo La Punta, con resultados de 1.6g de oro y 57g de plata por tonelada. Exploración finalizada a fines de 2017.

 

¿Qué ocurre específicamente en Las Tapias?

Pampa Litio adquirió 34.000 hectáreas con licencias para exploración y la expansión de las minas existentes en Las Tapias. Esta mina ha sido un importante productor de berilo (un mineral asociado con el litio), durante varios períodos desde 1938 hasta 1965. La mina contiene zonas de hasta 80% de espodumeno con algunos cristales de hasta 3 metros de largo. El espodumeno contiene un grado promedio de 5.5% de Óxido de litio. Desde 1978, la mina ha estado en producción esporádica de cuarzo, feldespato y mica. Dark Horse está investigando los socavones y relaves existentes en busca de contenidos significativos de litio en pegmatita, así como explorar otras áreas cercanas en detalle para detectar la existencia de espodumeno.

“Como habitante de este hermoso lugar te digo que espero que todos -y especialmente nuestros gobernantes- piensen qué estamos haciendo con nuestro hogar”, lamenta Patricia y sostiene: “Leyendo, me encuentro con que esta locura por el litio es sólo por negocio. Se pueden reemplazar las baterías de litio por las de sodio y las de potasio, que son muchísimo menos contaminantes, y hasta se pueden hacer en forma casera. Pero como no les daría ganancias a las empresas extractivistas, no les interesa”.

Patricia está en lo cierto. El litio es un metal alcalino. Es el metal sólido más ligero. Es blando, de bajo punto de fusión y reactivo. Es uno de los metales más abundantes. Tiene varias aplicaciones en la vida cotidiana. Su compuesto principal es el hidróxido de litio. Es un polvo blanco. El carbonato tiene aplicación en la industria de cerámica y en la medicina como un antidepresivo. Su principal uso industrial es espesante para grasas lubricantes.

Nada es gratis, y menos si se trata de la salud. El cuerpo humano contiene unos 7mg de litio. Se desconoce que tenga alguna función biológica. Sin embargo sí tiene una influencia fuerte sobre el metabolismo y -por consecuencia- también sobre el estado de ánimo. Con una dosis adicional de 10 mg por litro, se experimenta una intoxicación ligera; con una de 15 mg por litro se evidencian estados de confusión y discapacidad de la lengua; mientras que una dosis de 20 mg puede ser letal.

¿Qué ocurre si se inhala litio?

Da una sensación de quemadura, tos, respiración trabajosa, falta de aire y dolor de garganta. Puede causar edema pulmonar. Provoca una fuerte irritación en nariz y garganta, debido a su alcalinidad.

¿Qué ocurre si el litio toca nuestra piel?

Produce enrojecimiento, quemaduras cutáneas, dolor y ampollas. Causa quemaduras semejantes a las de la soda cáustica.

¿Qué ocurre si cae polvo de litio en los ojos?

Provocará enrojecimiento, dolor, quemaduras severas y profundas.

¿Qué ocurre si se lo ingiere?

Producirá calambres abdominales, dolores intensos, sensación de quemaduras, náuseas, shocks o colapsos, vómitos y una intensa debilidad en todo el cuerpo.

Según el Centro Médico de la Universidad de Maryland, donde se estudian sus efectos de forma terapéutica, se señalan como síntomas de intoxicación con litio, fuertes problemas gástricos como diarrea, vómitos, náuseas y una debilidad constante, que -en estadios más agudos- comienza a dañar la coordinación de manos y piernas, temblores musculares y oculares, para finalmente caer en coma.

Esta locura por el litio es sólo por negocio. Se pueden reemplazar las baterías de litio por las de sodio y las de potasio, que son muchísimo menos contaminantes

En caso de que la contaminación no sea tan fuerte, pero sí constante, como podría ocurrir en inmediaciones de una mina, se puede mostrar una agudización de los reflejos, junto con ligeros temblores, mala pronunciación y problemas de memoria. El cuerpo humano, al intentar procesar el metal, empieza a tener síntomas de fallas renales, pérdida de sales corporales y una posible tendencia a la psicosis. Por esa misma causa es que el litio se utiliza en forma de sales para tratar enfermedades psiquiátricas como el trastorno bipolar (psicosis maniaco-depresiva) y depresiones, ya que funciona como un estabilizador del ánimo.

El litio puede afectar las funciones de la glándula tiroides y de los riñones. A las mujeres embarazadas se les recomienda no consumirlo, ya que puede afectar el desarrollo del feto. El hipotiroidismo es un trastorno metabólico que puede provocar depresión, fatiga, pérdida de memoria, aumento de peso y sensibilidad al frío.

 

El desastre medioambiental

¿Qué riesgos implica el almacenamiento de grandes cantidades de litio? Es altamente inflamable. En consecuencia, puede causar fuego o explosiones. En este contexto, libera vapores (o gases) irritantes y tóxicos. Además puede arder espontáneamente en contacto con el aire, cuando se dispersa en finas partículas; y reacciona violentamente con el agua, formando gas hidrógeno, el cual es altamente inflamable y vapores corrosivos de hidróxido de litio.

Patricia cuenta que “al principio costó que todos se enteraran de lo que se nos venía. La gente se empezó a comprometer de tal manera que -creo que- va a servir para sentirnos más partícipes de las decisiones que se toman sobre nuestra vida. Estar más atentos y comunicarnos entre vecinos, para resolver mejor estas cuestiones”.

“Cuando sabés los daños que causa la megaminería, no queda ninguna duda de que no la queremos. Se llevan todo lo que pueden. Arrasan con la naturaleza, y nos dejan la contaminación”, señala con sabiduría.

Resulta inconcebible pensar que existan ciudadanos y ciudadanas que apoyen estos mega proyectos contaminantes, a sabiendas del peligro que corren sus vidas. Los efectos ambientales de una mina de litio son devastadores. En principio, no difieren demasiado de la extracción de otros minerales: consumo y contaminación de agua, impactos en el paisaje, introducción de caminos de exploración en ecosistemas sensibles, instalación de infraestructura, impacto en la flora y fauna de la actividad industrial donde antes no la había, generación de residuos sólidos y químicos.

El litio reacciona con el vapor de agua, con el nitrógeno, el oxígeno y en el aire. Cuando entra en contacto con el ambiente y su superficie forma carbonato de litio, hidróxido de litio y nitrato de litio. Entre ellos, el hidróxido de litio es particularmente peligroso debido a su potencialidad extremadamente corrosiva, debiéndose prestar especial atención a su impacto en organismos acuáticos.

Quizá uno de los puntos más irónicos y paradójicos es que, por su utilización en baterías, y frente a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de dejar de utilizar los combustibles fósiles, la explotación del litio está en alza.

 

El TEG geopolítico

Como si fuera el afamado juego de mesa, los territorios mundiales se van conquistando por apenas un puñado de jugadores. Según el actual secretario de coordinación política minería, Daniel Meilan, Argentina producirá para 2025, 335.000 toneladas anuales de litio, convirtiéndose en el primer productor mundial. Los datos oficiales de la Secretaría de Minería estiman que ya hay una inversión de unos USD 2.000 millones en al menos 53 proyectos de capital extranjero.

El mapa del litio argentino, elaborado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, junto con el Servicio Geológico Minero argentino, determinó que en Argentina hay unas 873.000 hectáreas disponibles de explotación de litio, con 53 proyectos de extracción, de los cuales 27 poseen acuerdos de tenencia minera.

En tanto, a nivel regional, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú acordaron avanzar en la investigación alrededor de la explotación del litio.

El hidróxido de litio es particularmente peligroso debido a su potencialidad extremadamente corrosiva

Los salares de Argentina, Bolivia y Chile -el llamado “Triángulo del Litio”- concentran cerca de 26 millones de toneladas de las reservas probadas de este metal estratégico, las cuales significan casi el 60% a nivel mundial.

Ahora Perú se sumó a la conversación tras anunciar el hallazgo de depósitos de litio en roca, similares a los de Australia, con una concentración de litio siete veces superior a los salares. Y tendría reservas estimadas en aproximadamente 2,5 millones de toneladas en el marco de 8.000 hectáreas, dentro de las 92.000 exploradas.

Ante este escenario atroz, Patricia asegura que la ciudadanía mundial precisa “cambiar urgentemente nuestros hábitos, aprender a reciclar, y respetar este Planeta”.

 

Las lucecitas esperanzadoras

En las últimas horas, el Concejo Deliberante de Villa Dolores sesionó para emitir una ordenanza anti minera. Fue aprobada por unanimidad. Fue un gran logro para los pobladores de Traslasierra. Aseguran que significará un antes y un después en la experiencia de todos los transerranos, en la lucha por derechos y por justicia.

Si bien el alcance es sólo municipal (en Villa Dolores) se espera que la resolución se multiplique en otras localidades. Como ocurrió en Las Tapias, donde -tras una masiva movilización popular- la ciudadanía local le dijo NO a la mina. Las Tapias está conducida por el intendente Ricardo Hidalgo, desde hace dos mandatos. Dicen de él que “no se ocupa ni siquiera de que su gente tenga agua potable”.

Hidalgo, envuelto en una magnífica expresión de realismo mágico, tuvo que salir a decir que “no existe ninguna mina de litio en Las Tapias”. Es más, se atrevió a declarar: “Yo no sé qué es el litio, no tengo ni idea. Acá nunca vino nadie a decirnos que van a poner una mina. Lo mejor es que venga esta gente de minería y nos expliquen bien”.

“La secretaría es la que habilita o no, yo no tengo ni idea de cómo se hace, es un sistema que regulan ellos”, dijo el intendente de Las Tapias. Se ocupó además de decir firmemente que nadie “avasallará” los derechos de los vecinos, al mismo tiempo de avisar que la decisión depende de la Provincia.

Y si bien el mandatario afirma que “no sabe nada de nada” en torno al litio, empresarios responsables de Dark Horse expresaron públicamente que ya mantuvieron reuniones con autoridades de Las Tapias.

En este contexto, el Concejo Deliberante local, en sesión extraordinaria y por unanimidad, también aprobó en las últimas horas, una nueva ordenanza que, entre otras cosas, prohíbe toda actividad vinculada a la minería a cielo abierto que genere un impacto negativo sobre el medio ambiente.

Uno de los datos más inquietantes es que el gobierno de la provincia afirma que la empresa Dark Horse no avanzará en la explotación del litio, puesto que aseguraron que no encontraron suficientes cantidades de ese material. Sin embargo, en la Secretaría de Minería se registran 11 expedientes abiertos, en los que se menciona que sí continuarán con las tareas, durante un lapso de 18 meses, tiempo en el cual afirman que comenzarán a extraer el litio, para la venta del espodumeno, es decir, la roca que lo contiene.

El litio es el elemento fundamental de las baterías que alimentan computadoras, automóviles híbridos y eléctricos, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento de energía en general. En un mercado impune y ávido de consumir estos elementos que rigen la modernidad capitalista mundial, velar sobre los efectos en el medio ambiente que generan estas prácticas extractivistas parecen quedar en manos de la ciudadanía consciente.

Fuente: https://www.anred.org/?p=109369

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Cordobeses movilizados para defender su salud y el medio ambiente

“No a la mina de litio”

7 de febrero de 2019

 

 Por Leonardo Rossi

Página 12

Desde 2008, Córdoba tiene una ley (9526) que prohíbe la megaminería en su territorio. Sin embargo, en 2017, el gobierno nacional promocionó la zona en un foro canadiense de empresas mineras. La australiana Dark Horse ya se instaló en el lugar.

Desde Córdoba

Una pequeña escuela de Traslasierra, polvillo extraño alrededor. Vecinas y vecinos que comentan sobre molestias al respirar. Una oficina en Australia donde hacen cálculos de rentabilidad sobre uno más de sus proyectos mineros. Un foro de empresarios en Canadá donde funcionarios argentinos exhiben folletos con montañas y pueblos en “oferta”, incluido Las Tapias, el bucólico paraje transerrano donde se encuentra la primaria Leopoldo Lugones. En este poblado, situado en una provincia que desde 2008 tiene prohibida por ley (9526) la megaminería, la australiana Dark Horse analiza realizar un proyecto de extracción de litio. Miles de personas movilizadas lograron una ordenanza para que se prohíba esa actividad en el pueblo. “Hasta que no sepamos que estas empresas se van de acá no vamos a estar tranquilos”, dijo Marcela Carrizo, docente de la escuela ubicada a 400 metros de la vieja cantera.

Carrizo explicó que desde inicios de 2018, vecinas y vecinos de la zona comenzaron a conversar debido a “algunas molestias en la piel y olores molestos cerca de la mina”, que tiene casi un siglo de historia. Allí se extrajo berilo para uso industrial, mica y cuarzo, con las viejas técnicas mineras, que “ya afectaban a quienes trabajaban ahí. Mi abuelo fue minero y aunque le hacían poner barbijo terminó con tratamiento por problemas respiratorios, y así pasó con mucha gente de la zona que fueron obreros allí”, señaló la docente. Y analizó: “Ahora sería peor, porque tienen que romper lo que quedó de la cantera para sacar el litio, y a esa escala van a liberar todos esos polvos alrededor. Si sólo con los trabajos de estudio se empezaron a sentir olores, con el proyecto en funcionamiento va a ser un desastre”.

Con la instalación de Dark Horse, empezó a hablarse de extracción a mayor escala. El otro hecho que puso en alerta a la población fue el constante ir y venir de camiones de bomberos. “Fuimos a preguntar y los bomberos nos dijeron que cada vez les pedían más agua y bombas con más potencia a proveedores de la zona, porque la necesitaban para el trabajo en las perforaciones donde estaban analizando el mineral”, recuerda Carrizo.

En este andar, la comunidad se enteró de que la empresa “ya ocupa unas cuarenta hectáreas y tiene pedidos por más de 300”, indicó Samuel Reviglio, del Foro Ambiental Traslasierra. Mientras los lugareños se sorprendían de estas avanzadas, en 2017 el gobierno nacional ya había llevado a una feria minera internacional (Prospectors & Developers Association of Canadá) www.pdac.ca, folletos donde incluía a Las Tapias como una zona potencial para la explotación minera a gran escala.

Empresas y gobiernos hablan del mineral del futuro, y de éste como parte de las energías limpias, aunque el litio se exporta para la industria de baterías de implementos tecnológicos programados para ser obsoletos (computadoras o celulares), y para satisfacer la creciente demanda de autos eléctricos, sin discutir la matriz de consumo de un transporte individual de alto costo ambiental en toda su cadena. A ese marco general, debe agregarse el impacto en la zona de extracción. “Las perforaciones donde encontraron litio en cantidad iban a más de 150 metros. ¿Qué tamaño iba a tener la perforación para extraer eso?”, lanza Reviglio. “Entendemos que el proceso implica polvo contaminado en el aire, y preocupa también que afecte las cuencas”, agrega.

El último mes fue de intensos movimientos en el valle de Traslasierra, que conecta pueblos como Nono y Villa Dolores. Reuniones informales, asambleas, interpelación a funcionarios públicos y un reclamo expreso: “No a la minería de litio en Las Tapias”. Con una movilización que rondó los mil participantes, lograron que el Concejo Deliberante local aprobara una ordenanza que en su primer artículo declara al ejido “libre de megaminería o minería industrial, por ser perjudicial para el medio ambiente y la salud de la población”.

Hacia adelante, Reviglio exige que “la Secretaría de Minería de la provincia dé por cerrado esto, y que empiecen a regularse mecanismos de control ciudadano. Hoy nos manejamos con lo que dicen las empresas”.

A pesar de contar con una ley provincial ratificada por el Tribunal Superior de Justicia y por el procurador fiscal ante la Corte Suprema de la Nación frente a los intentos de ser volteada por la Cámara Minera de Córdoba, las comunidades no pueden estar seguras frente a una empresa que inicie un proyecto o cuando el propio gobierno nacional ofrece sus comunas. Reviglio advirtió: “Sabemos que vivimos en un Estado pro minero, así que no vamos a descansar, y ya dejamos claro que hay un rechazo masivo porque Traslasierra tiene un valor ambiental y paisajístico que no puede convivir con ese emprendimiento”. Carrizo, en tanto, dejó un aviso: “En esta mina hay muchos intereses. Por eso no estaremos tranquilos hasta que se vaya Dark Horse y todo proyecto que quiera instalarse acá”.

https://www.pagina12.com.ar/173126-no-a-la-mina-de-litio

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252210

 

 

Planteemos la contradicción principal o disputa de territorios de la Argentina que Darío Aranda sintetiza:

“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.

Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.

 

 

Litio y espejos de colores

27 de diciembre de 2018

Por Darío Aranda
Pressenza

“Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene”.
Bruno Fornillo (investigador del Conicet y Clacso)¹

 

La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.

 

“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.

 

Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.

 

Veinte años

 

El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas (kollas y atacama en Jujuy y Salta).

El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y está en manos de la multinacional  FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.

A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.

Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.

Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.

Mauricio Macri lo promociona de forma retirada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.

¿Desarrollo nacional?

“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.

“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

Académicos

El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vitae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.

El Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales es heterogéneo, en formación (economistas, cientistas políticos, historiadores) y miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.

“Geopolítica del litio”, es el libro publicado en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en ciencias sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

 

El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.

Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.

Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque puede ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.

Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.

“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.

Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo reivindicó el modelo boliviano, donde –remarcó– se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.

Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.

“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.

En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.

¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.

 

Entrevista a Slipak.

–¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?

–La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.

–¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?

–Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.

–Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, “menos contaminante”. Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.

-Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.

Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación.

 

Lucha

Las comunidades indígenas ya dijeron “no a la minería de litio”. Algunos académicos, con discurso progresista, impulsan la explotación.
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

 

Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron qué implicaba la consulta, cómo debía ser, qué implicaba. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.

Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.

Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.

Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.

 

Ambiente y presiones

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.

Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada por que el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.

 

Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.

EEUU y represión

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.

 

El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.

“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.

¹ Libro “Geopolítica del litio”. Página 87.

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2018/12/litio-y-espejos-de-colores/

 

Preguntémonos cómo el kirchnerismo o Álvaro García Linera se centran en ilusionar a los diversos de abajo sin fronteras sobre otro capitalismo posible cuando como Emiliano Teran Mantovani describe: 

Presenciamos en la actualidad a escala planetaria, una agudización sin precedentes de las históricas contradicciones sociales y ecológicas del desarrollo capitalista mundial: peligros de una escalada bélica internacional, en sus diferentes modalidades [1]; dramáticas tensiones migratorias [2]; crecientes desajustes en el orden de los ciclos climáticos [3]; ralentización del gran salvador de la economía mundial desde 2008, China, y tendencia a la deflación global [4]; desbordamiento progresivo de las precarias “democracias” contemporáneas y conexión cada vez más fuerte entre la política formal y bandas criminales, narcotráfico, grupos extremistas, entre otros –con mayor énfasis en periferias o el Sur Global– [5]; desgarramiento de los tejidos sociales y reconfiguraciones de los límites del pacto social; entre otras.

 

 

 

Tensión neoliberal y territorialización del poder:

Un diálogo crítico con Álvaro García Linera
9 de septiembre de 2015

 

 

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

 

Presenciamos en la actualidad a escala planetaria, una agudización sin precedentes de las históricas contradicciones sociales y ecológicas del desarrollo capitalista mundial: peligros de una escalada bélica internacional, en sus diferentes modalidades [1]; dramáticas tensiones migratorias [2]; crecientes desajustes en el orden de los ciclos climáticos [3]; ralentización del gran salvador de la economía mundial desde 2008, China, y tendencia a la deflación global [4]; desbordamiento progresivo de las precarias “democracias” contemporáneas y conexión cada vez más fuerte entre la política formal y bandas criminales, narcotráfico, grupos extremistas, entre otros –con mayor énfasis en periferias o el Sur Global– [5]; desgarramiento de los tejidos sociales y reconfiguraciones de los límites del pacto social; entre otras.

Cuando el pastel de la riqueza se hace cada vez más pequeño y los apetitos crecen, las ilusiones de progreso se van vaciando, la acumulación capitalista se vuelve aún más salvaje.

El neoliberalismo ―como modo de acumulación propio del capitalismo globalizado― se potencia, se reacomoda, busca ocupar espacios y ámbitos que se resisten a su lógica, y así expandir aún más el despojo y la mercantilización de todo. No importa en qué parte del mundo usted se encuentre, no importa si el gobierno de su país es considerado o no “progresista”, estatensión neoliberal está presente, en diversos grados y formas, en cada proceso de acumulación formal o informal de capital en la actualidad.

Pregunta de orden estratégico: ¿quiénes, en este momento en América Latina, son las fuerzas antagónicas capaces de detener el avance de la acumulación por desposesión? ¿Qué actores o sectores sociales y políticos pueden aún encarnar hoy una alternativa, no sólo a este neoliberalismo mutante  [6]  que ha coexistido versátilmente entre nosotros, sino al propio orden capitalista?

Años atrás, parecía evidente que esta alternativa, entendida como “posneoliberal” [7], estaba centrada principalmente en los gobiernos progresistas de la región, y en los líderes que los han guiado. Ya estos gobiernos no serían fundamentalmente dominación, sino representación no sólo de los intereses populares, sino también de la construcción de la vía hacia modelos que podrían estar en un futuro, más allá del capitalismo y la dependencia. A estas alturas, sostener esta idea es más que problemático.

Desde varios meses atrás, venimos presenciando una aceleración de la deriva regresiva en la región, incluyendo claro está a todos los llamados gobiernos progresistas. Cuando baja la marea de las rentas obtenidas por loscommodities –un nuevo tiempo de vacas flacas–, todo parece más árido, más tosco, se ve con más claridad la topografía excluyente e insostenible de los modelos extractivistas.

Sumadas a las políticas más conservadoras de la región, que tienen a los gobiernos de México, Colombia y Chile entre sus principales exponentes, resaltan las más claras definiciones a favor del ajuste ortodoxo y flexibilización (Agenda Brasil) en las políticas económicas del gobierno de Dilma Rousseff; en Argentina, se han impulsado reformas como la de la ley de hidrocarburos (oct. 2014), que propone una flexibilización favorable a las compañías petroleras transnacionales –con una de las regalías más bajas de la región [8]– para facilitar la extracción de no convencionales; y el nuevo Código Civil y Comercial (ago. 2015), en el cual se produce la pérdida del acceso público a todos los ríos del país –siendo para Viale y Svampa “la mayor privatización de tierras de la historia de nuestro país (…) en manos de la especulación inmobiliaria [9]; sin dejar de tomar en cuenta la proyección aún más a la derecha en los horizontes de la política oficial argentina, dadas las candidaturas favoritas para las próximas elecciones presidenciales a fines de octubre de este año.

En Ecuador, además de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (dic. 2014, aún no en vigor), resalta desde 2014 la más agresiva política de endeudamiento de todo el gobierno de Correa –casi 10.000 millones US$, de los 18.000 millones que se han adquirido desde el inicio de su mandato [10]–; el desconocimiento y la omisión de obligación de pago de casi 3.000 millones US$ con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) –afectando el futuro de las jubilaciones [11]–; o la apertura a la participación privada en la prestación de gestiones públicas, a partir del proyecto de Alianzas Público-privadas (APP) [12]; en el marco general de una creciente conflictividad política interna.

En Uruguay, sobresale el ingreso en febrero de 2015 (de muy bajo perfil) del Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA) –que el Frente Amplio ha repudiado recientemente [13]–, un acuerdo impulsado por los EEUU y la UE, que supone un TLC con varios países, donde se propone la privatización de prácticamente todos los servicios públicos [14].

En Bolivia, se ha abierto el camino a transnacionales para nuevas exploraciones petroleras en áreas protegidas (Decreto 2366, mayo de 2015) [15], en el marco de progresivas flexibilizaciones en los términos de negocios con las mismas, donde destaca el reciente anuncio del gobierno boliviano (ago. 2015) de "incentivos a la exploración" para las petroleras, que implica un enorme subsidio de US$ 3.556 millones para elevar sus ingresos en 64% en los próximos diez años [16]; también destaca el avance de proyectos de legislación para una agresiva ampliación de la frontera agroindustrial –apuntando al "modelo cruceño de desarrollo", Agenda Patriótica 2025 [17]–. Todo esto, se desarrolla en un momento político en el cual, el gobierno de Evo Morales ha declarado “irregulares” a 38 ONG, entre ellas al CEDIB [18].

Y en Venezuela, ante la crisis del modelo rentista petrolero, y en el marco de una progresiva transformación en las políticas del gobierno nacional, destacan, por un lado, el decreto 1425 de "Ley de Regionalización Integral" (nov. 2014), que plantea la figura de las “Zonas económicas especiales” (ZEE) –tomadas del modelo chino–, las cuales representan una liberalización integral de regiones geográficas del país, para derribar obstáculos al capital (IED) y así “afianzar el desarrollo y enfrentar la pobreza estructural” [19] la Faja Petrolífera del Orinoco fue declarada como una de las ZEE del país [20] y sería una "vitrina de la Venezuela que se quiere construir" [21]–; y por otro lado, el impulso de la “Operación para la Liberación del Pueblo” (OLP), que implica intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para "combatir el hampa" –al estilo de las operaciones en las favelas brasileñas–, lo cual tiene, y tendrá, bajo este enfoque, serias implicaciones sociales y políticas [22]. Se tratan en ambos casos, y es fundamental decirlo, de territorializaciones de ajuste.

Pensar estratégicamente: preguntas para un tiempo de mutaciones

La recurrente idea del ataque exterior, encarnada por el imperialismo estadounidense, en articulación con las derechas tradicionales de los respectivos países, a pesar de tener asidero, pues representa actores importantes que ejercen presión en el avance de esta deriva regresiva en la región, ha servido a algunos para querer explicarlo todo con ella. Pero como lo ha propuesto recientemente el propio François Houtart, “La teoría del complot tiene el peligro de velar las causas profundas del proceso [23]. Nos preguntamos: para convertir la dirección de un Estado en un gobierno de derecha, ¿hace falta cambiar los actuales gobernantes, o también se puede ir configurando su mutación desde adentro (sin “cambio de gobierno”)?

¿Es única y obligatoriamente el ajuste, el horizonte próximo de todos los gobiernos de la región? ¿Podrían los gobiernos progresistas tomar una serie de medidas que en teoría habían combatido en sus inicios?

Si el consumo se ha convertido en el principal factor de consenso político nacional –primordialmente en las ciudades–, lo cual permite amortiguar el impacto de ciertas políticas de ajuste, ¿hasta cuándo y con qué alcance se podría mantener esta modalidad?

También: los trabajadores y trabajadoras de la región, campesinos y pueblos indígenas, ¿prefieren el consenso de Beijing al consenso de Washington? Y de nuevo: ¿quiénes detienen las “restauraciones conservadoras”, o bien lasreformulaciones neoconservadoras? En cada vez más ámbitos, los pueblos van contando sólo consigo mismos para defender sus reivindicaciones y territorios.

Ante este cambio de época en marcha en América Latina, e incluso ante la reciente y dramática capitulación de Syriza en Grecia, o la vacilante propuesta de Podemos en España, parece conveniente y profundamente estratégico, preguntarnos qué hemos aprendido como pueblos de estos procesos; insistir en un debate vital en torno a la forma Estado, y nuestra relación con esta. ¿Pueden los desencantos recientes potenciar no solo rabias coyunturales, sino nuevas disposiciones y cosmovisiones sobre la producción de lo político?

También parece conveniente insistir en que, ante la agudización de las contradicciones sistémicas mencionadas al principio, y de las manifestaciones de la crisis civilizatoria, podríamos estar ante escenarios en los cuales se estén configurando radicales modificaciones de las estructuras de poder tal y como las conocemos, de las formas de la soberanía, de las modalidades de control territorial –¿apuntamos hacia nuevas feudalizaciones del poder? [24]–. Si esto fuese así, los debates sobre el Estado se complejizan aún más, toman nuevos matices, aparecen nuevos elementos.

Fenomenología del Estado y territorialización del poder: un diálogo crítico con Álvaro García Linera

Como hemos propuesto, la discusión sobre el Estado, y la idea de la autonomía desde abajo ante el mismo, es profundamente estratégica ante los tiempos actuales. Podemos afirmar que existe en la región toda una línea teórico-política que insiste en la centralidad del Estado como alternativa de transformación social, en la cual el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (AGL), aparece como uno de sus principales exponentes. La relevante propuesta de AGL intenta reactivar una nueva fe sobre lo estatal.

Para AGL, el debate «Autonomía o Estado» es un falso debate [25]. Nosotros en cambio, planteamos que la fusión(sic) que propone el autor, de integración de las luchas desde abajo con el Estado, es inconveniente; que una lucha popular de múltiples escalas, no supone necesariamente la integración de sus objetivos, formas y acciones con los de la máquina-Estado, que son claramente diferentes. En este sentido, mantener esta diferenciación es estratégico en la agenda política de las luchas desde abajo, sin que en ningún sentido se lleve adelante una política de aislamiento o una propuesta maniquea. Se trata de pensar, antes que en un «Estado Integral», en un horizonte de territorialización del poder.

a) El Estado omnipresente y la subsunción de lo común en lo público en AGL

A partir de lo que AGL llama el principio de incompletitud histórica –propuesto desde el Teorema de Gödel–, el autor propone que la tradición de la dominación [26] del Estado no es ahistórica, que tiene grietas, y que la gente tiene la posibilidad de trascenderla. Siendo esto cierto, la necesaria pregunta subsiguiente es: ¿cuáles son los límites de esta posibilidad de transformar al Estado?

Y también: aunque es importante definir al Estado como un “campo de lucha”, como una construcción política en permanente movimiento, o una estructura de relaciones maleables, no es la contradicción en sí, el elemento que lo define. Algo debe darle forma, sentido. Y su especificidad histórica, su sentido de existencia es ser unamaquinaria de dominación y conducción política, tomando el propio concepto de AGL [27].

Esta modalidad monopólica, centralizadora y abstractalizante de poder, esta forma política de hacer que es el Estado, en AGL es al mismo tiempo materia e idea, es también creencia colectiva [28], lo que permite evidenciar, de manera muy útil, la forma fenomenológica del Estado. Sin embargo, hay una especie de omnipresencia e irresistibilidad que otorga el autor al Estado-idea colectiva: si éste es, por tanto, “las estructuras mentales, los esquemas simbólicos, los sistemas de interpre

interpretación del mundo que hacen que cada individuo sea uno con capacidad de operar y desenvolverse en ese mundo”; si las luchas populares, los saberes colectivos, los esquemas de organización del mundo, y las propias identidades sociales no están al margen del Estado, sino que éste los contiene; si éste es “la subalternidad misma en estado institucional y simbólico (…) es la comunidad social, los logros comunes, los bienes colectivos conquistados, aunque bajo una forma fetichizada”; si la “sociedad real (…) ha construido la estatalidad con sus logros y sus desdichas [29], parece pues, que el afuera del Estado es un desierto.

Estado no es igual a sociedad. No toda producción molecular de lo político es Estado, o tributa a su constitución, aunque coexista o se articule con él, aunque sufra su dominación. Seguramente la constitución popular de lo político está profundamente permeada por el Estado, pero éste no la configura de manera completa. Las exterioridades del Estado son múltiples, en el espacio, en las creencias, en los cuerpos, aunque puedan ser momentáneas y contingentes.

La rebelión no solo proviene desde la propia experiencia de estatalidad [30] de los sujetos, sino al mismo tiempo de procesos productivos propios y territorializados que están también más allá del Estado. AGL parece incluir todas las contradicciones socio-políticas en el seno estatal.

Es necesario entonces otro tipo de fenomenología del Estado. Una que reconozca las diversas y múltiples formas de producción de lo político que se encuentra en las afueras de éste, las otras formas de hacer que se distinguen de él; que dé cuenta cómo sus objetivos, formas y acciones difieren de la forma de la estatalidad. La clave del cercamiento fenomenológico que propone AGL, y que al mismo tiempo traba el desbordamiento popular de las fronteras estatales, está en la subsunción que hace el autor de lo común en lo público. Dice AGL:

El Estado solo puede producirse en la historia contemporánea si produce (como fruto de las luchas y de las relaciones sociales) bienes comunes, recursos pertenecientes a toda la sociedad, como la legalidad, la educación, la protección, la historia cívica, los aportes económicos para el cuidado de los demás, etc.; pero este común únicamente puede realizarse si al mismo tiempo de producirse, también se inicia el proceso de su monopolización, su concentración y su administración por unos pocos que, al realizar esa monopolización, consagran la existencia misma de los bienes comunes  [31].

En realidad el Estado solo produce bienes públicos, no bienes comunes. El ámbito de lo público ha aparecido tradicionalmente en el imaginario político moderno/occidental como el ámbito por excelencia donde se manifiesta y organiza lo popular. Sin embargo, la forma de lo público se reproduce a través de la representación política trascendental del Estado, lo que supone una gestión monopólica y corporativa del poder territorial. Los bienes comunes, como materialidad de la vida, al ser un don de la misma otorgada a todos, preexiste a la apropiación y monopolización que ejerce el Estado, a diferencia de lo planteado por AGL –“los bienes comunes son creados (…) pero solo existen si son a la vez monopolizados”, dice el autor [32]–. Las múltiples formas de lo común se basan en otra valoración de la Vida (si se quiere, de la naturaleza), en otras formas de gestionar los territorios (ecosistemas), en la acción colectiva dirigida a reproducir la vida inmediata –aunque puedan ser frágiles, discontinuas, inestables–, que en cambio son constitutivas de la dinámica social [33].

La distinción no es arbitraria ni insignificante. Es en el modo de gestión de los territorios, de la reproducción de la vida, en la forma de su horizonte vital, donde se produce este importante deslinde. No hacemos referencia a una comunalidad inmaculada, a un tipo de pureza, o de formas ideales libres de contradicciones. No hablamos de sujetos impecablemente cooperantes, sino pueblos rurales, semi-rurales y urbanos que apelan persistentemente a gestiones colectivas para posibilitar, en primera instancia, el curso de su vida.

Lo que es también importante recalcar, es como la representatividad estatal –siempre fluctuante, y en diversos grados dominante y represiva– impide, en el corto o en el largo plazo, la gestión directa de lo común. Los bienes públicos (como la educación, la vivienda, la salud, etc.) son usufructuados socialmente por la vía de una intermediación, y en numerosas ocasiones, se viven sólo como idea, suspendidos en la promesa de un futuro desarrollo, o una futura mejor gestión. Nuevas posibilidades y horizontes de lo político en la región, pasan por recuperar la centralidad de esta dimensión territorial inmanente de lo común. Producir con el trabajo colectivo y la riqueza inmediata, desde abajo, el experimento político que en algún momento del ciclo progresista quedó abortado.

b) Extractivismo y la entelequia del «Estado Integral»

Como ya es sabido, AGL plantea que el extractivismo es una fase temporal para generar condiciones para alcanzar una "futura fase social" [34], y en numerosas ocasiones ha propuesto que los críticos del extractivismo le hacen el juego al imperialismo, como lo ha expresado sobre ONGs como CEDIB (Bolivia) en su reciente carta Sobre el papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Bolivia y su financiamiento. Ya en otros espacios hemos intentado replicar esta idea de que para salir del extractivismo hace falta más extractivismo , y hemos señalado el peligroso camino de la satanización de la crítica.

Pero esta prometida fase temporal del extractivismo se sostiene sobre la idea –que suele ser recurrente– de que, ahora sí, hemos alcanzado un escalafón histórico de las luchas políticas, lo cual se traducirá en una alianza progresiva entre el Estado y el pueblo, que construirá el camino para deshacer al extractivismo. Esta alianza es lo que AGL ha llamado el «Estado Integral» [35].

Para AGL, a partir de la experiencia boliviana, en este Estado Integral se produce “la presencia directa de representantes de los sectores sociales movilizados en distintos niveles del aparato estatal”, y añade también “la presencia directa de las organizaciones sociales en la definición de las principales políticas públicas [36]. El Estado en AGL es una trama cotidiana en la cual gobernantes y gobernados, con distintos niveles de influencia, intervienen en torno a la definición de lo colectivo [37]. De ahí que el autor afirme que “Socialismo es entonces un largo proceso de transición en el que estado revolucionario y Movimientos Sociales se fusionan para que día a día se democraticen nuevas decisiones; para que día a día más actividades económicas entren a la lógica comunitaria en vez de la lógica del lucro [38].

Conviene insistir en lo siguiente: el extractivismo es una modalidad de acumulación capitalista que centraliza tanto el poder como la soberanía sobre el territorio; esto es, estructura un tipo de soberanía (nacional-estatal) que mercantiliza y monopoliza la decisión sobre los llamados “recursos naturales”. Esta racionalidad, esta forma política de hacer particular, esta modalidad de dominación transnacionalizada y corporativa, que se superpone y evita que la gente realice una gestión directa de los bienes comunes, está dotada de sentido por los procesos de acumulación de capital a escala global, por la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza.

La entelequia del «Estado integral» intenta fusionar modos de hacer, de producir de lo político, que se contraponen. Por medio de la coacción y la “manufactura de consensos” (de diversas maneras), éste evita o pone límites a la ocupación, recuperación y reapropiación de lo común (sea en espacios urbanos, tierras agrícolas, áreas de reserva natural, etc), en nombre de la protección de la propiedad privada, de la “soberanía nacional” y del mantenimiento del orden y la estabilidad. El Estado pues, no reconoce otra soberanía que no sea la nacional-estatal –no es casual que, por ejemplo, casi ninguna de las consultas previas en América Latina respecto a proyectos extractivos o desarrollistas sea reconocida por los poderes constituidos [39]–. Adicionalmente, en contextos de aguda crisis como las actuales, el Estado tiende a profundizar mecanismos políticos de acumulación por desposesión como medidas de ajuste, por lo que su conflicto con lo común se intensifica.

Pero sobre todo, es importante insistir en cómo, en las esferas más altas del Estado, donde se concentran las decisiones sobre los bienes comunes para la vida ―los llamados “recursos naturales”―, sobre las Fuerzas Armadas nacionales, las grandes finanzas, se evidencia con más claridad y crudeza la estructura jerarquizada, la modalidad corporativa transnacionalizada que posee la gestión de lo público (extracción de naturaleza, infraestructuras urbanas, adquisición de tecnología militar, financiamiento externo, etc.), lo radicalmente excluyente que es respecto a lo común, y lo complejo de delegar estas gestiones a unos cuantos representantes y voceros de movimientos sociales, para replicar los modelos de concentración de poder y manejo centralizado de la riqueza colectiva. Bajo este modelo, estos ámbitos son prácticamente intocables para las bases populares, por lo cual reformas progresistas sobre igualdad de género, aborto, derecho a la ciudad, figuras de participación política formal, entre otras, se convierten en reformas cosméticas sino se produce un proceso social de re-apropiación territorial.

c) Alternativas, correlación de fuerzas y territorialización del poder: la centralidad de las luchas desde abajo

Aunque se puedan producir las condiciones ―que siempre serán temporales― para llevar adelante una gestión política articulada de las formas de lo público, entre el Estado y una masa crítica popular contrahegemónica organizada ―siempre en diferentes grados―; aunque se resalte la importancia de trastocar y transfigurar la forma Estado “desde adentro” de la maquinaria; lo que consideramos fundamental es quitarle centralidad política a la idea de que hay que, en primera instancia, ocupar el Estado.

En la medida en la que un movimiento político desde abajo, efervescente, numeroso, potente, otorga centralidad en su lucha a la toma de la esfera estatal, se introduce en un campo asimétrico en el que puede, paradójicamente, ocupar al Estado, mientras que el Estado, lo ocupa a él. Si el Estado es también una relación social (dominante), entonces en sus formas se producen tipos de subjetividades, corporalidades, territorialidades, redes moleculares de poder, las cuales son finalmente funcionales a la reproducción del capital. Se genera pues, algo que pudiésemos llamar una dominación productiva, a partir de sus estructuras de relacionamiento y sus formas de racionalidad.

El reconocimiento del Estado como máquina de dominación, no supone un desentendimiento o abandono del mismo, del campo de lo público, cuando se trata de pensar horizontes anti y post extractivistas, rentistas y capitalistas. No solo porque el Estado no va a desaparecer de la noche a la mañana, sino también porque su función en la escala del sistema interestatal mundial y la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza, puede variar políticamente, es relativamente maleable, dependiendo de diversas luchas domésticas. Es decir, no solo se configura un duopolio cooperativo entre Estado y Mercado, sino que se pueden desarrollar diferentes niveles de contradicción entre ellos, que podrían ser más o menos favorables a procesos de luchas locales, lo cual puede ser aún más vital y relevante en los débiles Estados-nación periféricos. Se trata de la contradicción planteada por David Harvey entre la lógica del capital y la lógica territorial [40] .

Pero lo fundamental, con miras a abrir o mantener las posibilidades de reproducción de una política popular de lo común –resistencia y constitución–, es el estado de la correlación de fuerzas en un espacio-tiempo específico, la síntesis que se produce en el completo campo de la política (que puede ser en un país, pero no únicamente), y que está determinada por las fuerzas y probabilidades de cumplir sus objetivos, por parte de los actores que disputan en dicho campo –para lo que nos compete, las subjetividades contrahegemónicas–. A esto lo podemos llamar la composición política.

Esta composición política pues, está fundamentalmente determinada por las luchas desde abajo. Todo proceso contrahegemónico de horizonte social emancipatorio, se mueve y produce a partir de la lucha popular ―es su factor constituyente y originario―, la cual puede generar una recomposición que mejore las condiciones de disputa, la gestión común de la vida y las posibilidades de transformación social. Esto aplica en particular para el Estado, que posee “internamente” su propia composición política que lo define, y que puede ser reformulada para que ejerza un rol más favorable al proceso reproductivo de lo común.

Es la lucha popular territorial el punto de partida, llevada adelante para reproducir la vida, sin que esto implique, de ninguna manera, el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas municipales, biorregionales, nacionales, continentales o incluso globales. Se trata de la configuración y el ejercicio de otras soberanías, de posibilidades para la autonomía material de pobladores y pobladoras, de producción de narrativas propias, que en primera instancia no admitan límites exteriores y anteriores a su propio despliegue y decisión –como lo ha propuesto Raquel Gutiérrez Aguilar [41]–, y que no detienen su movimiento territorial para esperar una supuesta “resolución histórica” de la contradicción Estado/movimientos sociales, orientada a la conformación de un imaginado «Estado integral».

La territorialización del poder se alimenta de esos otros códigos y formas de hacer contrahegemónicos, de las cotidianas deserciones que producen los pueblos desde abajo, presentes en movilizaciones de diversos tipos, como la de los pueblos indígenas bolivianos o las expresiones cooperativas del chavismo popular urbano. Lo importante es pues, mantener el deslinde vital entre lo público y lo común, entre lo que se instituye y lo constituyente.

Si las luchas masivas tienden inevitablemente a declinar, a agotarse, después de una ola ascendente y efervescente, y con ello, la composición política se hace más adversa a la producción y reapropiación de lo común, y el Estado se hace más reaccionario y conservador, la única alternativa ante esto es procurar el florecimiento territorial de lo común, de la comunalidad –vista como estabilización de lo común–, que permita que los procesos de lucha social, la configuración de alternativas y transformaciones, se hagan más orgánicas.

Si el Estado es también una creencia colectiva, es fundamental construir nuevos sentidos comunes, nuevas creencias sociales que busquen desplazar a la conciencia colectiva de su inevitabilidad, al fetiche del Estado, a su capacidad de abstractalizar el poder, a su esencia trascendente, para en cambio territorializar la posibilidad emancipatoria.

Notas:

[1] Sobre esto véase: Mike Whitney. The Pentagon’s “2015 Strategy” For Ruling the World, en:http://www.counterpunch.org/2015/07/03/the-pentagons-2015-strategy-for-ruling-the-world/

[2] Veáse: AFP. “La peor crisis de refugiados en Europa desde la guerra mundial”.https://www.youtube.com/watch?v=iVcy7cewwqY&feature=player_embedded

[3] Al respecto, recomendamos: Gerardo Honty. El estado del clima y el clima de los Estados.http://www.alainet.org/es/articulo/171525

[4] Véase sobre esto: Heather Stewart. The Guardian. “China's currency devaluation could spark 'tidal wave of deflation'”, en: http://www.theguardian.com/business/2015/aug/12/chinas-currency-devaluation-could-spark-tidal-wave-of-deflation

[5] Al respecto, recomendamos: Ana Esther Ceceña. “Ayotzinapa, emblema del ordenamiento social del siglo XXI”.http://www.alainet.org/es/active/79387

[6] Hemos planteado en otro espacio la idea que, a pesar de la llegada de los gobiernos "progresistas" en América Latina, el neoliberalismo nunca se fue, y que en cambio se ha podido reproducir también en procesos moleculares, escurridizos, híbridos, pudiendo a su vez coexistir con formas de control estatal. El neoliberalismo post-consenso de Washington es un neoliberalismo mutante. Cfr. Teran Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013). p.22.

[7] Idea muy difundida, por ejemplo, por el sociólogo y politólogo brasilero Emir Sader. Véase: Posneoliberalismo en América Latina. http://archivo.cta.org.ar/IMG/pdf/Posneoliberalismo-_Emir_Sader.pdf

[8] Sobre esta reforma, véase: Pérez Roig, Diego. ¿Y si la vaca se cae?

[9] Svampa, Maristella. Viale, Enrique. La megaminería no entra en la campaña. En concreto, Svampa y Viale advierten que a través de la modificación de un artículo de dicho código, “se eliminó el camino público de 35 metros que existía en ambas márgenes de los ríos del país y que permitía su uso y goce por la población”. Esto supone una superficie total aproximada de 208 mil hectáreas, más de 10 veces la ciudad de Buenos Aires.

[10] Cfr. El Universo. Deuda de Ecuador creció en $ 18.000 millones.

[11] Cfr. Ospina Peralta, Pablo. Crisis y tendencias económicas en el Ecuador de Rafael Correa.

[12] Cfr. El Comercio. Correa trabaja en proyecto de Ley de alianzas público privadas.

[13] Cfr. Telesur. Frente Amplio de Uruguay rechaza negociaciones del TISA.

[14] Recomendamos: Elías, Antonio. ¿Por qué Uruguay se integró al Trade in Services Agreement en secreto?

[15] Cfr. Sena-Fobomade. El Decreto 2366 contra las Áreas Protegidas: arrasando con la legislación ambiental. Véase también: Molina, Fernando. Bolivia abre a la exploración petrolera áreas protegidas.

[16] Cfr. Villca, Claudia. Prevén invertir 3.556   MM en incentivos para exploraciones

[17] El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, planteaba en agosto de 2013: "Estamos, yo diría, apoyando a consolidar un modelo cruceño de desarrollo económico". Cfr. Osorio, María Julia. Soruco, Juan Cristóbal. Los Tiempos. “Estamos cosechando los frutos del auge económico”. Sobre un análisis de la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia“, celebrada en abril de este año, véase: Montero, Lourdes. Sembrando Bolivia .

[18] Cfr. Página Siete. El Gobierno declara “irregulares” a 38 ONG, entre ellas al CEDIB.

[19] Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. No. 6.151 Extraordinario. Decreto con rango, valor y fuerza de ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria.

[20] Cfr. Energía 16. PDVSA prevé atraer 15.000 millones de dólares este año para la Faja.

[21] Noticias 24. Menéndez: “La Faja Petrolífera del Orinoco es una vitrina de la Venezuela que se quiere construir”.

[22] No deja de ser un tema espinoso. El propio ex vicepresidente de la República, y connotada figura política del país, José Vicente Rangel, ha planteado sus cuestionamientos a la forma de aplicación de estas políticas de seguridad. Véase: Rangel, José Vicente. La Provocación Exxon-Granger. Recomendamos la esclarecedora entrevista al investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV, Andrés Antillano, acerca de las implicaciones de las OLP en el país. Véase: Bujanda, Hector. Andrés Antillano: La recesión económica y el aumento de la represión son una chispa eficaz para los estallidos sociales.

[23] Houtart, François. El Ecuador de 2015: el agotamiento de un modelo en un contexto de crisis mundial.

[24] Sobre esto, véase: Emiliano Teran Mantovani. “Extractivismo delincuencial y la metástasis del capitalismo rentístico venezolano”, en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195084. También: Raúl Zibechi. “No hay diferencia entre narco, burguesía y élites”, en: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/14/opinion/027a2pol

[25] Cfr. García Linera, Álvaro. América Latina y Europa en espejo.

[26] Cfr. García Linera, Álvaro. Estado, democracia y socialismo.

[27] García Linera, Álvaro. “El Estado en transición. Bloque de poder y punto de bifurcación”, en: García Linera, Álvaro, et al. El Estado. Campo de lucha. p.10

[28] Ibíd. p.12

[29] Cfr. García Linera, Álvaro. Estado, democracia y socialismo.

[30] Ídem

[31] Ídem

[32] Ibíd.

[33] Para profundizar en los debates acerca de lo común, recomendamos: Silvia Federici, “La revolución feminista inacabada”. Escuela Calpulli.

[34] En Marinkovic U, Vesna. Álvaro García Linera: “El extractivismo es algo temporal”.

[35] Cfr. García Linera, Álvaro Tensiones creativas en la revolución. p.14

[36] García Linera, Álvaro. “El Estado en transición. Bloque de poder y punto de bifurcación”, en: García Linera, Álvaro, et al. El Estado. Campo de lucha. p.21

[37] García Linera, Álvaro. Estado, democracia y socialismo .

[38] García Linera, Álvaro. "Los revolucionarios no hemos venido para administrar de mejor forma el capitalismo".

[39] Sobre esto, véase: Romero-Castillo, Evan. Extractivismo: consulta previa o conflicto asegurado.

[40] Cfr. Harvey, David. El nuevo imperialismo. pp. 79-110

[41] Gutiérrez Aguilar, Raquel. Horizonte comunitario-popular. Antagonismo y producción de lo común en América Latina. p.40

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), autor del libro "El fantasma de la Gran Venezuela", mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015.

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Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203070