Qué Economía

Marzo 2019

Con desfinanciamiento a favor del poder real por estatización de su deuda contraída durante la dictadura para fuga de capitales. La democracia continuó el dúo e impuso honrar la deuda y los K al des-endeudamiento falso, base para el sideral incremento por Macri.

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

Nos urge, abajo y a la izquierda, generalizar el destape sobre la falsedad de la grieta. Es clave el reconocimiento de un importante número de nosotros que las elecciones son para seguir legitimando el acaparamiento gran capitalista y el negacionismo de la crisis civilizatoria a causa del capitalismo. El capitalismo local es inviable sin deuda pública.

 

La deuda pública Kirchner- Macri

 

8 de junio de 2017 

Por Héctor Giuliano

El Kirchnerismo y el Macrismo son enemigos íntimos; se necesitan mutuamente:

* El gobierno Macri, porque necesita lamentar la pesada herencia recibida y exhibir la corrupción K como distractivo de su descontrol financiero fiscal, de su política irresponsable de gobernar con deuda y de encubrir su propia corrupción.

* La anterior administración K, porque pretende tomar hoy la bandera dialéctica de la oposición política contra un nuevo gobierno neo-liberal y convertirse en portavoz de las críticas contra la política económica y social M como forma de distraer su realidad pasada de inoperancia y falseamiento de la realidad en la gestión de gobierno, su fracaso en materia económico-financiera, su complicidad con la política de endeudamiento del Estado y su corrupción institucional en el manejo de la cosa pública.

 

Pero cuando estas cosas se observan no desde el llano de una visión inmediata o cortoplacista de los hechos sino desde una óptica más amplia o abarcativa de las Políticas de Estado que fijan las grandes estructuras de poder financiero y económico esta falsa antinomia se revela como las dos caras de una misma moneda, donde los gobiernos de turno terminan trabajando en tándem: uno – a través de todas las torpezas cómplices posibles - deja preparado el terreno y las condiciones para que el otro se declare víctima de tales situaciones heredadas y las utilice como excusa de continuidad y profundización política.

 

Es la tradicional alternancia de Social-Democracia y Neo-Liberalismo que rige en la Argentina desde hace más de 40 años en el marco del Capitalismo Financiero que maneja los asuntos de Estado de nuestra Patria y que tiene por eje el Sistema de la Deuda Pública perpetua como instrumento de dominio.

El objeto del presente trabajo es fundamentar estas aseveraciones, acotadas aquí al tema de la Deuda y sus implicancias; y hacerlo más específicamente en función de las declaraciones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en su programa televisivo de ayer (25.5) por C5N y de las decisiones actuales del gobierno Macri.

 

1. Tanto el gobierno Macri como el anterior gobierno Kirchner ocultan la Deuda Pública Nacional, total y consolidada: las cifras del endeudamiento se refieren solamente al Estado Central y no incluyen la deuda de Provincias/Municipios, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios, Banco Central, Deuda Flotante o exigible y juicios contra el Estado con sentencia en firme; por lo que no se sabe cuánto debe en total la Argentina.

 

2. La ex presidenta CFK insiste en el mito del des-endeudamiento bajo su gestión, que es falso y engañoso: primero, porque la deuda aumentó más de 100.000 MD (Millones de Dólares) durante los 12 años de administración K – pasó de 152.000 MD a mediados de 2003 a 254.000 MD al fin de su mandato en Diciembre de 2015 – y segundo porque mantiene la formulación engañosa de referirse a la Deuda Externa y no a la Deuda Pública Total.

 

3. El Kirchnerismo vivió pagando deuda pública – y deuda externa pública en especial – a niveles históricos récord. CFK se jactó incluso públicamente de ello enfatizando la frase “Somos pagadores seriales” en su discurso del 26.8.2013, donde habló de haber abonado 173.700 MD entre 2003 y 2012.

 

4. CFK ratificó esta postura ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24.9 del año siguiente, donde habló allí de haber pagado más de 190.000 MD desde el 2003 hasta esa fecha.

5. Con la observación importante que ninguna de estas dos cifras tuvieron luego explicaciones claras y concretas por parte de su gobierno, descontándose que la gran mayoría de tales pagos – o directamente la totalidad – no correspondían a reducciones netas de pasivos sino, en realidad, a la regla permanente de cancelar vencimientos íntegramente con nuevas obligaciones (novaciones con el mismo acreedor y/o con terceros), por lo que no habíades-endeudamiento por baja efectiva del monto total adeudado y además, dicho monto seguía creciendo por deudas nuevas adicionales.

 

6. Fue la misma época en que su gobierno – el de CFK – presentó ante Naciones Unidas la propuesta de internacionalizar los procesos de reestructuraciones de Deuda Soberana, que era una variante de la ponencia presentada en el 2002 por la vicepresidenta del FMI, Anne Krueger, y cuya finalidad esencial era sustraer los casos de default a la justicia de los países estableciendo un régimen supra-nacional de tratamiento para este tipo de casos.

 

7. La misma ex presidenta, que ahora pide revisar y auditar la nueva Deuda Externa Macri, es la que se negó a investigar la deuda heredada e incrementada por su administración K [1] y que luego, tardíamente, hacia finales de su mandato, remató dejando en la inoperancia la Comisión Investigadora de la Ley 26.9842. [2]

 

8. La negativa a investigar la cuestión de la ilegitimidad de la Deuda Pública fue una constante de la administración Kirchner y no difirió en absoluto del mismo comportamiento cómplice de todos los gobiernos de turno anteriores con los acreedores financieros, desde el Proceso hasta nuestros días, siendo ésta la principal clave de sometimiento exigida por dichos acreedores al Sistema de la Deuda y la base institucional del mecanismo de re-endeudamiento permanente o deuda perpetua.

 

9. El gobierno Kirchner, como agravante, fue uno de los más fieles cumplidores de los dictados del Fondo Monetario cuando el FMI le exigió – lo mismo que a Brasil – el pago contado total y por anticipado de la deuda bilateral con el organismo (9.530 MD); directiva que la administración K cumplió en forma inmediata – inaugurando con ello su política de pagos de deuda externa con reservas del Banco Central – con el agravante adicional que lo hizo pese a que se trataba del acreedor más cuestionable de nuestro país y que se tenía a favor de la Argentina las graves irregularidades internas del organismo demostradas como producto de la propia auditoria de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI. Y con el añadido que ese pago total y por adelantado al FMI se hizo sin desafiliarse del Organismo, que es la única y verdadera forma de liberarse de sus condicionalidades y reclamar la devolución de la cuota-aporte integrada por nuestro país.

 

10. La falsía del planteo K con respecto a una supuesta resistencia o confrontación suya frente al problema de la Deuda – una falacia enmascarada bajo el mito del des-endeudamiento – tuvo como remedo, años más tarde (en 2014) el arreglo con el Club de París bajo la gestión Kicillof, por el que nuestro país aceptó pagar un total de otros 9.700 MD, 3.600 de los cuales correspondían a intereses punitorios y compensatorios adicionales a los intereses acumulados por mora.

 

11. Peor todavía fue el manejo cómplice e irracional de la administración K en la cuestión de los Holdouts, donde reconoció abiertamente la competencia de tribunales extranjeros en la ciudad de Nueva York, aceptó la validez de las acreencias reclamadas a valor nominal y no a valor de mercado, no objetó las irregularidades manifiestas en las obligaciones de origen y luego de perder los juicios en todas las instancias posibles en los Estados Unidos incurrió al país en un desacato indefendible.

 

12. Con el agravante que el gobierno CFK desechó incluso la recomendación de última instancia hecha por el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (el mismo que patrocinaba a la Argentina desde los tiempos del ministro Cavallo y sobre el cual pesaban y pesan conflictos de intereses con los acreedores del Estado) en el sentido de declarar nuevamente el default o cesación de pagos frente al problema de las cláusulas RUFO y Acreedor más favorecido, dejando al país en las peores condiciones legales y financieras posibles, que fueron así aprovechadas por el Partido de la Deuda que retorna con el gobierno Macri para llegar a su acuerdo secreto e irrestricto de rendición ante los Fondos Buitre. Pocas veces una administración saliente devino tan funcional a los intereses del sistema de la Deuda y a la nueva administración entrante, con su legión de funcionarios ligados incondicionalmente a los intereses de los acreedores del país y preparados para aprovechar la oportunidad servida en bandeja merced a las torpezas K.

 

13. La misma técnica de presentar sus concesiones como supuestas victorias, las aplicó el gobierno K con respecto al Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010, vendido a la opinión pública como un éxito de renegociación cuando fue un allanamiento a las exigencias de los acreedores financieros, sin quitas ni ventajas para nuestro país porque la reducción relativa en los valores de capital fue íntegramente compensada con cupones PBI y las nuevas obligaciones (que en su mayoría correspondían al Megacanje delictivo De la Rúa-Cavallo del 2001) fueron pactadas a una tasa promedio del 8.28 % a 30, 35 y 42 años de plazo, convalidando además la novación de deudas que estaban y están todavía – al menos teóricamente - investigadas por la justicia.

 

14. Paradójicamente, el Ministro Lavagna y su Secretario de Finanzas Nielsen – durante el mandato de Néstor Kirchner – esperaban con este acuerdo volver a colocar nueva Deuda Externa en el mercado internacional de capitales (que tal era el objetivo central del nuevo Megacanje K) mientras quedaba abierto el conflicto con los Holdouts por más de 20.000 MD.

 

15. Este objetivo de reestructurar Deuda Externa para volver a endeudarse en el exterior fue el mismo que luego retoma el ministro Boudou con su Hoja de Ruta del 2008, que aspiraba llegar a un arreglo con los holdouts y con el Club de París (este último, concretado en condiciones fuertemente gravosas) con la misma finalidad K: volver al mercado global de bonos.

 

16. La presidenta CFK critica ahora al presidente Macri por la toma de 97.000 MD de nueva Deuda Externa en lo que va de su mandato – una irresponsabilidad financiera mayúscula que, en lo personal, venimos denunciando en forma permanente – pero omite decir que esa vuelta al endeudamiento externo fue facilitada precisamente por su gestión de “pagadora serial”, que descongestionó parcialmente sus obligaciones externas en aras de volver al Mercado Internacional de la Deuda (el objetivo frustrado del Megacanje K y de la Hoja de Ruta Boudou).

 

17. Es notable, por no decir sintomático, que sea justamente esta política sistemática de pago privilegiado de Deuda Externa con Reservas Internacionales - llevada a cabo por la administración K – el único mérito que la nueva administración Macri, la gran Partidocracia con representación parlamentaria y el establishment financiero le reconocen y valoran a la gestión Kirchner para facilitar así la colocación de nuevos bonos en el exterior.

18. Lo que no pudo lograr la administración K en materia de re-endeudamiento externo es lo que ahora – gracias a su costosa gestión – utiliza, aprovecha y agradece el Partido de la Deuda que adviene nuevamente con el gobierno Macri.

 

19. Y todo ello fue producto de la engañosa política de Deuda intra-Estado del gobierno K, que consistió en el pago prioritario y privilegiado de la Deuda Externa con Terceros – Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales – traspasándole así la deuda impagable a los entes del propio Estado Argentino para dejar allanada la vuelta a un nuevo endeudamiento externo del país (que tal era el objetivo declarado de la administración Kirchner bajo las gestiones Lavagna, Boudou y Kicillof, en sus últimas negociaciones para pago a los holdouts a partir del 2015).

 

20. La presidenta CFK advierte hoy el peligro cierto de que el dinero de los jubilados se vaya a terminar usando por la administración Macri para pagar Deuda Externa, pero omite decir que su administración – siempre en el marco de su Deuda intra-Estado – dejó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES comprometido en un 65 % de su monto con deudas impagables del Tesoro Nacional, que su gobierno – a través de la sub-indexación inflacionaria – fue licuando fuertemente el valor de los títulos públicos en pesos que tenía mayoritariamente la ANSES y que la re-estatización de las AFJP por Boudou en 2008 se hizo para poder trasladar al propio Estado la carga de endeudamiento sin capacidad de repago liberando del correspondiente riesgo de insolvencia a los grandes bancos que controlaban dichas AFJP.

 

21. Fue algo parecido al rol que jugó con el Kirchnerismo – y que sigue jugando hoy en día - el Banco Nación (BNA), cuya mitad de la cartera de créditos está prestada al Tesoro y/o al Banco Central (BCRA) contra obligaciones igualmente sin capacidad de pago.

 

22. Pero seguramente la nota más singular dentro de las declaraciones de la ex presidenta CFK es la que corresponde al rol del BCRA y particularmente a su política de endeudamiento a cortísimos plazos vía Lebac. CFK se escandaliza de la aberrante desproporción actual del pasivo cuasi-fiscal del BCRA en relación a la Base Monetaria (BM) – hecho que, también en lo personal, venimos denunciando desde hace largos años – pero soslaya que dicha política fue desarrollada por su gobierno y con el mismo procedimiento: comprar divisas con deuda para reponer las reservas prestadas al Tesoro para pagar Deuda Externa, mantener artificialmente un retraso cambiario para poder cubrir obligaciones en moneda extranjera y elevar las tasas de interés que paga el BCRA para subsidiar a los bancos y al sistema financiero en general.

23. Ciertamente la proporción era distinta en cuanto a magnitudes: al fin del mandato K la relación Lebac / BM era de un 57 % (346.300 M$ - Millones de Pesos – sobre 612.300 M$, según datos al 7.12.2015), aunque con un tipo de cambio entonces a 9.73 $/US$. Hoy, bajo la gestión Sturzenegger, dicha relación asciende a más del doble: 123 % (959.400 / 777.700 M$, según datos al 15.5.2017 y con el tipo de cambio 15.48 $/US$).

24. Entonces, como ahora – con las variaciones de montos señaladas en los dos puntos precedentes – la política financiera del BCRA era básicamente la misma: favorecer el sistema bancario con el subsidio resultante de las altas tasas de interés pagadas por las Lebac y también por las Operaciones de Pase, lo que hizo – bajo la administración K - y mantiene hoy - con la administración M – que los bancos sigan siendo el sector de la actividad económica que mantiene niveles récord de ganancias especulativas a costa del Estado (capitales financieros locales y capitales golondrina externos que lucran con el enorme diferencial de tasas de interés locales e internacionales bajo la política oficial de retraso cambiario para poder pagar servicios de la deuda externa).

25. Fue y es esta misma política de atraso cambiario combinada con altas tasas de interés, de mantenimiento de un BCRA sin reservas propias sino tomadas con Deuda y de Lebac calzadas con seguros de cambio en el Mercado Rofex y en el MAE que se dio – y amenaza repetirse – el negociado conjunto Kirchner-Macri de contratos de dólar futuro que le costaron al Estado Nacional (y, por ende, al Pueblo Argentino) más de 50.000 M$ por diferencias de cambio después de la macro-devaluación Macri de Diciembre de 2015.

26. No es casual que en un país donde un tercio de la población se encuentra bajo la Línea de Pobreza, sea el sector financiero-bancario el que mantenga los más altos niveles de rentabilidad.

Hasta aquí, parte de lo que principalmente pueda decirse a raíz de los recientes dichos de la ex presidenta CFK y la realidad concurrente de su política de deuda y financiamiento que hoy el Partido Macrista de la Deuda está llevando irresponsablemente a niveles financieros inmanejables.

Es parte de las Políticas de Estado que la Plutocracia Financiera que rige hoy la vida de las Naciones impone a los pueblos precisamente en contra de los verdaderos intereses del Estado.




 

Publicado el 26 de mayo 2017.

Notas

[11 En su libro “Después del derrumbe” (editado el 15.4.2003, es decir, apenas pocos días antes de su asunción) el ex presidente Néstor Kirchner anticipaba expresamente que su gobierno no cuestionaría la legitimidad de la Deuda Pública que iba a heredar su administración.

Esta tesitura fue mantenida a rajatabla durante toda la administración K y ratificada incluso por CFK, añadiendo que la posibilidad u oportunidad de haber objetado la cuestión de la Deuda se había perdido por culpa de la administración Alfonsín al no haber planteado el problema inmediatamente después del Gobierno Militar (argumento que era y es parcialmente cierto pero que no inhibe la actitud negativa cómplice de su no investigación).

Esta postura K, efectivamente, no era válida debido a que la Deuda Pública en su conjunto estaba - y sigue estando – en manos de la Justicia (Causas Olmos I –

con sentencia del juez Ballestero de Julio 2000 – Olmos II, Megacanje De la Rúa-Cavallo y denuncia Olmos Gaona-Marcos), por lo que la nulidad de origen de las obligaciones sigue estando potencialmente presente.

El hecho de que ninguna de estas causas legales - relacionadas todas ellas directamente con la ilegitimidad de la Deuda - haya avanzado conforme corresponde a los trámites judiciales pertinentes se debe a una complicidad de hecho entre los gobiernos de turno, el Congreso y la justicia federal de la Argentina para no investigar las irregularidades y delitos manifiestos en el origen y evolución de la deuda del Estado.

Y en este plano la corresponsabilidad por la no investigación y/o revisión de los actos ligados al endeudamiento público es común a la administración Macri como a la administración Kirchner y todos los gobiernos precedentes

[2En Setiembre de 2014 el Congreso Nacional – con mayoría kirchnerista – aprobó esta Ley 26.984, denominada de Pago soberano local que, entre otras disposiciones, creaba por primera vez (si se soslaya la frustrada Comisión Villada de 1984) una Comisión Investigadora del endeudamiento público argentino.

Esta comisión – que estuvo a cargo del diputado oficialista Eric Calcagno (hijo) – no hizo progreso alguno en su misión, no constituyó grupo de trabajo alguno, desatendió las propuestas en tal sentido de la oposición (concretamente, las del diputado Claudio Lozano), dejó que pasara el tiempo de vigencia del cuerpo y caducó de hecho sin que se debatiera siquiera un borrador de Informe final al respecto.

Pese a la manifiesta irresponsabilidad financiera y a las graves irregularidades que conlleva el extraordinario nuevo crecimiento de la Deuda Externa que hoy se está produciendo bajo la administración Macri resulta paradójico – por no decir burlesco – que sea la ex presidenta CFK la que ahora pida revisar y auditar la nueva Deuda del Estado.

 

Autor

Héctor Giuliano

Otros artículos en español de Héctor Giuliano (…)

 

Fuente: http://www.cadtm.org/La-deuda-publica-Kirchner-Macri

 

Repitamos el pronóstico de Héctor Giuliano:"cualquiera sea el candidato electo parece claro que con la nueva administración se termina la mentira del des-endeudamiento, se blanquea el ajuste hoy encubierto y se liquida el mito del Modelo".

 

Preguntémonos porqué si bien el ajuste 'sin anestesia' nos oprime, de modo extremo, no es leído como habiendo estado encubierto por los K ni se terminó con la mentira del des-endeudamiento ni se liquidó el mito del Modelo K.

 

Es que predomina entre nosotros la subsunción en el fraudulento enfrentamiento del neodesarrollismo-neoliberalismo. No es una situación igual a octubre de 2015, se ha agravado en demasía de ahí el imperativo de hacer el balance crítico sobre más de una dekada que los K eluden por todos sus medios y sobre las izquierdas electoralistas que terminaron un año de esfuerzos por convertirse en mediáticos negando, correctamente, la validez de esas opciones del balotaje. Sin embargo, no sólo no plantearon ni organizaron la lucha contra el ajuste sino sobre todo desaprovecharon para deschavar al poder real y el capitalismo mirando en exclusividad por acaparamientos. Es hora de terminar con la impunidad de todos los poderes constituidos a partir de los terrorismos paraestatales y estatales y los genocidios tanto de los setenta como los generados desde 1984 hasta hoy.

 

Deuda y balotaje: Macri y Scioli

19 de noviembre de 2015

 Por Héctor Giuliano

 

El gobierno Kirchner, después de haber estado pagando servicios récord durante sus doce años de gestión, deja la administración del país bajo una nueva crisis de Deuda –crisis por insolvencia y por iliquidez– y un stock de obligaciones que es casi el doble del que recibió: más de 270.000 MD (Millones de Dólares) en la actualidad contra 153.000 MD a mediados de 2003.

El cuadro de situación a la fecha muestra una problemática tríada de graves problemas inmediatos: la crisis de los Holdouts, el desequilibrio monetario/cambiario y la difícil gobernabilidad de la nueva administración electa.

 

Crisis de Holdouts

El problema de los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 no es un tema heredado por la administración K sino derivado de la misma.

 

La crisis por desacato que hoy enfrenta el país es producto de los errores y torpezas del actual gobierno, que aceptó sin objeciones la jurisdicción de tribunales extranjeros, la validez de acreencias ilegítimas que aún hoy están bajo investigación de la justicia argentina, que reconoció el valor nominal de los títulos reclamados en lugar del valor de compra de los mismos y que con el dictado de la Ley Cerrojo 26.017 y conexas dio a los fondos buitre el argumento del “pari passu” a su favor, con el agravante de las cláusulas RUFO y Acreedor más favorecido.

 

En su desesperado intento de traspasar el problema al próximo gobierno, la administración K no ha hecho sino agravar aún más la posición del Estado Argentino y potenciar con ello el monto de los importes a pagar por sentencias, intereses acumulados, punitorios, gastos y honorarios. Hablar de “negociar” con los fondos buitre es un eufemismo: estrictamente hablando no hay nada que negociar sobre el fallo Griesa, salvo el modo de pago de la sentencia.

 

En este contexto, la figura del mediador Pollack deviene, en la práctica, la de un reestructurador de la deuda ya que lo único que hay que definir es la forma en que la Argentina abonará dicha sentencia.

Y como el país no está en condiciones de afrontar los compromisos derivados de estas causas legales –cuyo costo total estaría entre los 20 y los 30.000 MD– la alternativa que le queda es refinanciar tales obligaciones, con lo que el costo financiero se amplifica adicionalmente.

Gobierno y oposición son cómplices en esta situación porque tanto el candidato del oficialismo como el de Cambiemos soslayan el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna, la urgente necesidad consecuente de una nueva reestructuración parcial de deudas y el altísimo costo de la misma.

Por eso la prioridad número uno de ambos candidatos es arreglar de cualquier manera –más allá de las expresiones sobre supuesta dureza en las negociaciones- el entuerto generado por la administración K para retornar al mercado internacional de capitales, en medio de la nueva crisis de deuda, precisamente para colocar más deuda externa.

 

Crisis financiera

El nuevo gobierno electo heredará por lo menos tres gravísimos problemas inmediatos en esta materia:

1. La ya citada crisis de los holdouts, producto de los errores de diseño y del consiguiente fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010, que se presenta como prolegómeno de una nueva reestructuración de las deudas con terceros.

2. La descapitalización del Banco Central (BCRA), producto de la política de sostener el pago de la deuda externa con reservas internacionales (RI), hasta haber agotado las reservas propias.

3. El retraso cambiario, derivado de la necesidad de pago de servicios de la deuda con terceros en moneda extranjera con recursos fiscales que se recaudan casi totalmente en pesos; y de la necesidad adicional de ofrecergarantías de sostén de los pagos para las deudas presentes y futuras, que se aspira contraer.

Como consecuencia de estos problemas generados por la administración K, la tasa de interés mayorista ha venido y sigue aumentando (la Badlar está hoy en 21-22 % anual) –ya que a través de las Lebac/Nobac el BCRA fija el piso de los intereses del mercado– el efecto recesivo del mayor costo financiero contribuye al estancamiento de la economía pese al artificial estímulo al consumo (que es como pisar el freno y el acelerador al mismo tiempo) y el sector financiero-bancario sigue liderando los mayores niveles de rentabilidad en la Argentina.

La deuda cuasi-fiscal del BCRA deviene así una consecuencia de la política de compra de reservas con deuda, del pago de la deuda externa con reservas y de la absorción del dinero emitido incrementando cada vez más el costo de los intereses a pagar por el banco por su deuda propia en Lebac/Nobac.

Pero frente a esta realidad ambos candidatos, sus equipos técnicos y los principales portavoces del establishment –con la difusión de los grandes medios– soslayan la deuda como causal de la presente crisis así como sus consecuencias financieras internas, esto es, que niegan la realidad de fondo.

Sólo se limitan a hablar (y con las restricciones del caso) de sus temas derivados, que son el desfinanciamiento de los crecientes gastos del Estado (sostenidos con deuda y con emisión monetaria), la falta de fondos para financiar las políticas de Obras Públicas e Infraestructura (que pasan a sostenerse cada vez más con préstamos externos) y la futura estabilidad cambiaria sobre la base de préstamos externos.

Coincidentemente, tanto el candidato oficialista como el opositor son partidarios de cubrir esta nueva crisis de Deuda (como se hizo después de la caída de la Convertibilidad bajo la administración Duhalde) recurriendo al expediente de tomar nueva Deuda Externa: Scioli ha manifestado la voluntad en curso por parte del gobierno de ampliar en unos 20.000 MD el swap de monedas con China y ampliarlo también a Brasil y Rusia; y Macri vive reiterando su ansiedad por volver a colocar deuda en el mercado internacional de capitales de los grandes centros financieros de los países desarrollados.

Se habla de la existencia de una masa de préstamos disponibles para la Argentina de 30.000 MD –provenientes principalmente de Wall Street y en gran medida liderados por la banca Morgan– cuyo flujo se activaría a corto plazo, apenas arreglado el problema de los holdouts por allanamiento del nuevo gobierno a las resoluciones del juez Griesa.

Ambos candidatos soslayan –también coincidentemente- el problema de la enorme Deuda intra-Estado, acumulada por la administración Kirchner para poder llevar adelante su política de pagos en gran escala de la deuda con terceros –acreedores privados y organismos financieros internacionales (con el FMI a la cabeza)– y descuentan así que esta deuda impagable será licuada progresivamente por sub-valuación de las obligaciones en pesos frente a la inflación real, pases a perdida o condonaciones inter-sectoriales y, eventualmente, reemplazo parcial de las deudas internas por financiamiento privado (externo y doméstico).

 

Cuestión de gobernabilidad

 

La administración Kirchner ha cumplido con uno de los mejores servicios funcionales al sistema de Deuda Perpetua que rige en nuestro país desde el Proceso Militar hasta nuestros días: ha pagado sumas récord por deudas externas e internas con terceros, ha pasado el costo de las obligaciones impagables a la deuda intra-Estado, ha retrasado el tipo de cambio para poder sostener el pago de los compromisos externos con una conversión monetaria más manejable (ya que una macro-devaluación amenazaría una nueva cesación de pagos), ha batido y sigue batiendo récords en la aceptación de altísimas tasas de interés en pesos y en moneda extranjera, ha empeorado sustancialmente su situación legal y financiera frente a la cuestión de los holdouts, se ha prestado a sostener la vieja propuesta del FMI de internacionalizar el problema de las reestructuraciones de deuda soberana y ha favorecido, por último, la mayor rentabilidad del sistema financiero-bancario frente a la economía física o real.

La presidenta CFK termina su mandato dejando una oscura perspectiva de gobernabilidad en la Argentina ya que su partido –y sus organizaciones conexas– mantendrán una fuerte presencia dentro de la nueva administración, tanto desde el punto de vista parlamentario como administrativo (ocupación de gran parte de la Administración Pública con clientelismo político).

 

En uno u otro caso, la toma de decisiones en medio del grave cuadro de situación económico-financiero del país, le será muy difícil a cualquiera de los dos candidatos:

  Si gana Macri, porque facilitaría la dialéctica de una oposición kirchnerista contra el retorno del Neoliberalismo y la resistencia a los cambios por re-alineamiento atlantista con los amigos del Norte (Estados Unidos/Reino Unido versus acuerdos con China/Rusia) y sus mercados de capitales.

  Si gana Scioli, porque el arrastre de las contradicciones internas entre el núcleo duro del kirchnerismo y los cambios financieros, fiscales y políticos que son necesarios en la Argentina pueden precipitar una situación de gobierno inmanejable.

En ambos casos, ni Macri ni Scioli se perfilan como personalidades políticas fuertes o con peso propio para tomar tales decisiones. Sólo pueden contar con la fuerza de estructuras de poder financiero y político –internas y, sobre todo, externas– para sostenerse en el poder pero no con una coalición propia de apoyo.

El resultado de las elecciones del 22 de noviembre no conllevaría, por lo tanto, ninguna diferencia de fondo inmediata entre los dos postulantes y sólo abriría un compás de espera ante la opinión pública, por lo menos durante el Verano 2016.

Falta definir todavía el cuadro de apoyos al futuro gobierno que resultará de las negociaciones con algunos actores que, hoy por hoy, se mantienen en segundo plano a la espera de su intervención post-electoral: gobernadores de provincia, intendentes del conurbano bonaerense u otros centros de punteros políticos y, particularmente, los Sindicatos.

El complejo y grave cuadro de la situación financiera derivado del peor perfil de vencimientos de la deuda pública –que llevaría, directa y/o indirectamente, a una nueva reestructuración– la necesidad de mantener un retraso cambiario relativo para garantizar el pago de servicios de nuevas deudas externas y las condiciones de retorno al mercado internacional de capitales van a ser seguramente factores determinantes en la gestión del nuevo gobierno.

Pero cualquiera sea el candidato electo parece claro que con la nueva administración se termina la mentira del des-endeudamiento, se blanquea el ajuste hoy encubierto y se liquida el mito del Modelo.

 

Notas:

  El saldo de la Deuda Pública en cabeza del Estado Central al 31.12.2014 –según datos oficiales– era de 233.300 MD, a lo que se deben sumar 10-15.000 MD por cupones PBI, otros 10-15.000 MD por diferenciales a pagar a los Holdouts no computados por el gobierno y algo más de 10.000 MD colocados durante el ejercicio 2015, según cálculos estimativos y sin contar intereses a pagar.

  El stock de deuda al momento de la asunción de Néstor Kirchner – según datos del Ministerio de Economía (MECON) al 30.5.2003– era de 152.600 MD.

  La presidenta Cristina Kirchner –en su discurso del 27 de agosto de 2014– dijo que la Argentina había pagado a sus acreedores 173.700 MD entre 2003 y 2012.

Evidentemente, las matemáticas K no cierran con el discurso del des-endeudamiento.

Según el último Balance resumido del Banco Central (BCRA), al 31 de octubre de 2015 las Reservas Brutas eran de 27.000 MD (actualmente son de 26.400 MD).

Si a este monto se le restan los encajes por depósitos en moneda extranjera (8.800 MD), las divisas a pagar a los bonistas del Megacanje bloqueadas por el juez Griesa (unos 2.000 MD) y los Pasivos constituidos por préstamos de otros bancos centrales (swap del Banco Popular Chino, préstamos del Banco de Francia y del BIS de Basilea, por 15.500 MD), las Reservas Propias del BCRA quedan reducidas a menos de 1.000 MD, es decir, prácticamente a cero.

Sin contar con la incidencia de la deuda cuasi-fiscal del banco –en Lebac/Nobac– que suma 382.300 M$ (Millones de Pesos, equivalentes a 40.000 MD) y que, de no mediar el altísimo costo financiero que paga el BCRA en sus renovaciones semanales (a una tasa promedio del 28-30 % anual) se derivarían al mercado de cambios.

La mayúscula distorsión monetaria de esta deuda cuasi-fiscal significa que el stock de Lebac/Nobac representa hoy el 70 % de la Base Monetaria (543.200 M$).

Agencia de noticias CTA. Disponible en: http://www.agenciacta.org/spip.php?article17823

18 de noviembre de 2015.

Fuente: http://www.cadtm.org/Deuda-y-balotaje-Macri-y-Scioli

 

 

Hemos argumentado sobre cómo no existe antagonismo irreconciliable del gobierno de Macri con el de Cristina Fernández y sí complementariedad. Sin embargo, la agenda pública está centralizada en las críticas que un bando hace del otro y de ese modo ambos mantienen distraídas a las mayorías de la deliberación sobre los verdaderos problemas en común y las soluciones posibles. Peor aún, sucede en momentos en que la alianza (de capitales y estados imperialistas con los locales) maximiza la  desposesión a los trabajadores y pueblos de Argentina. De ahí la urgencia del compromiso abajo y a la izquierda de suscitar la visión mayoritaria sobre "el extractivismo, como modus operandi de gobiernos y multinacionales y como forma de explotación de los bienes de vida. Esto reclama a las resistencias de los pueblos originarios tener una estrategia común que responda de manera organizada y sistémica a esta forma organizacional de saqueo y desposesión".

 

 

Reflexión derivada de investigación

El extractivismo minero a gran escala.

Una amenaza neocolonial frente a

la pervivencia del pueblo Embera

Javier Gonzaga Valencia-Hernández

Universidad de Caldas, Colombia

Erika-Milena Muñoz-Villarreal 

Universidad de Caldas, Colombia

Jenny-Carolina Hainsfurth 

Universidad de Caldas., Colombia

 

Revista Luna Azul, núm. 45, 2017

Universidad de Caldas

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Recepción: 07 Junio 2016

Aprobación: 14 Noviembre 2016

DOI: https://doi.org/10.17151/luaz.2017.45.21

 

Resumen: El pueblo Embera situado en el Noroccidente colombiano se ha enfrentado al arribo de dos proyectos mineros a gran escala agenciados por multinacionales extranjeras, suscitando contradicciones entre la identidad cultural de los pueblos y los modelos extractivos mineros dispuestos por el Estado y las empresas privadas. En este contexto, el grupo de investigación de Estudios Jurídicos y Sociojurídicos de la Universidad de Caldas ejecutó el proyecto “Pueblos originarios y extractivismo minero (2014-2016)”, orientado a comprender las contradicciones que genera el modelo extractivista en las dinámicas de vida del pueblo Embera, con el fin de contribuir con conocimientos que puedan coadyuvar a tomar decisiones informadas. De este modo se realizó una investigación cualitativa de corte documental en la que se emplearon técnicas como el análisis documental para los casos de Marmato (Caldas) y Mandé Norte (Antioquia y Chocó), acudiendo a otras técnicas de apoyo como el grupo focal y la participación observante para el caso de Marmato.

En el proceso de comprensión de las contradicciones se identificaron dos formas de operación del extractivismo en cada una de las comunidades Embera. En el caso de Marmato se identificó un “modelo excluyente” que privilegia la minería a gran escala sobre la minería tradicional y a pequeña escala, lo que ha generado una pugna entre la existencia de un “modelo depredador” frente a un “modelo preferido”. En el caso Mandé Norte operó un “modelo depredador” expresado en la violación de derechos fundamentales, el cual suscitó estrategias de resistencia comunitarias frente al proyecto minero. La instauración de estos modelos extractivos en territorios Embera ha significado la aparición de conflictos, violación de derechos y daños culturales evidenciando que el modelo extractivo minero, más allá de situarse como una actividad económica-productiva, expresa un “modelo colonial-depredador” que amenaza la subsistencia y la integridad étnica, cultural y social de este pueblo.

 

Preludio del extractivismo minero

De acuerdo al informe del relator especial sobre los pueblos indígenas, James Anaya, de las Naciones Unidas (2013), la minería es uno de los factores sustanciales que amenaza la existencia misma de los pueblos tanto desde el punto de vista biológico como cultural.

Desde el punto de vista de la producción capitalista, la minería es una actividad extractiva que entiende las lógicas del territorio y humanas como un recurso para la transformación. En este sentido las diversas lógicas de cosmoproducción de los pueblos originarios se ven tensionadas tanto por el expolio y la expropiación de sus territorios para fines de explotación minera como por la introducción de la lógica extractivista incompatible con sus cosmovisiones y sus cosmovivencias ancestrales y tradicionales.

De esta manera la minería tensiona los diferentes niveles culturales, sociales, económicos, es decir, todos los niveles en los que puede valorarse la pervivencia de los pueblos originarios. La realidad colombiana no es ajena a ello. Cabe resaltar la movilización jurídica, social y espiritual emprendida por el pueblo Embera frente a los proyectos mineros a gran escala en sus territorios, para evidenciar el rechazo generado por las comunidades ante este tipo de actividades económico-productivas; máxime, por el riesgo de extermino físico y cultural en el que se encuentran tal como lo expresa el Auto 004 de la Corte Constitucional de 2009.

La relación entre los proyectos mineros a gran escala y el pueblo Embera, ubicado en el Noroccidente colombiano, se ha abordado desde distintos enfoques teóricos y diferentes intereses investigativos. En el análisis sociológico se ha reflexionado respecto del uso del litigio como estrategia de movilización jurídica de las comunidades indígenas (Posada, 2011); por su parte, en el campo sociojurídico se ha analizado el origen de los conflictos ambientales a partir del otorgamiento y expedición de las licencias ambientales (Munévar, 2014; Munévar y Valencia, 2015), así como el rol de la empresa transnacional extractiva en la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado (Castillo, 2012; Hillón, 2014; Rodríguez, 2011, 2015); y desde los estudios políticos se ha reflexionado acerca de la incidencia de la gran minería en la reconfiguración territorial y política (Bastien, 2013).

Con base en lo anterior se vislumbró la ausencia de un análisis en clave de ecología política que diera cuenta de las formas de cómo opera el modelo extractivista y cuáles son las contradicciones e impactos que genera dicho modelo al instalarse en los territorios Embera. Asimismo, las referencias a las que pueden acceder las autoridades ambientales, los académicos y las comunidades locales son mínimas y restringidas en cuanto a la relación que tienen las diferentes actividades mineras en zonas de resguardos indígenas y menos aún las trasformaciones culturales y ambientales que conllevan a un cambio de modelo económico jalonado por la actividad minera. La no puesta en forma clara y oportuna de esta información es el punto de génesis de problemáticas que se pueden evitar al realizarse la cimentación de una información completa, oportuna y exacta.

De acuerdo a esta necesidad investigativa, el grupo de investigación Estudios Jurídicos y Sociojurídicos de la Universidad de Caldas ejecutó el proyecto “Pueblos originarios y extractivismo minero (2014-2016)”, orientado a comprender las contradicciones que genera el modelo extractivista en las dinámicas de vida del pueblo Embera, con el fin de contribuir con conocimientos que puedan coadyuvar a tomar decisiones informadas. Para dar cuenta de estas contradicciones se describen las distintas formas en las que opera el extractivismo, los impactos generados y las respuestas de resistencia agenciadas desde las comunidades Embera situadas en los municipios de Marmato (Caldas), Murindó (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó).

El estudio de casos permitió contrastar los conflictos y establecer un marco de lectura sobre los impactos y daños que ocasiona el extractivismo en los territorios Embera. Además, interesa que este estudio contribuya a la construcción de estrategias que puedan ayudar a los pueblos originarios a tomar decisiones informadas y fortalecer sus planes de vida.

 

Las versiones del extractivismo

Las actividades extractivas se dedican, básicamente, a la extracción de la naturaleza; de ella se extraen bienes de vida como agua, suelo, subsuelo, biodiversidad, material genético, hidrocarburos, biomasa, minerales, bosques (Roa y Navas, 2014;Vallejo, 2009); y su expresión productiva son la agricultura, la forestería, la ganadería, la pesca, el turismo y la biopiratería 4 (Acosta, 2012; Machado, 2014).

En la definición de la categoría ‘extractivismo’ se pueden identificar dos versiones desde las cuales se despliegan a la vez distintos enfoques de abordaje y maneras de entender el modelo extractivo. Una versión se profesa desde los Estados Nacionales y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostenida en el enfoque de la economía neoclásica, mientras que la otra se posiciona desde el pensamiento crítico latinoamericano a través de los enfoques de la ecología política, la ecología política decolonial, la economía ecológica y la economía política.

 

 

El extractivismo en la economía neoclásica

Aquellos que se sitúan bajo los preceptos de la economía neoclásica reconocen las industrias extractivas como un “motor de desarrollo” (DNP, 2015) por cuanto son “fuente legítima de renta para los Estados nacionales, generadora de empleo, un promotor de la llegada de inversión extranjera y de las exportaciones y, por lo tanto, del crecimiento económico” (Gudynas y Alayza, 2012, p. 214). Todo ello posibilita, según esta versión, la implementación de políticas orientadas a la reducción de la pobreza y la generación de empleo; así como una opción económica para cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio acogidos por los países miembros de la ONU.

 

El extractivismo en el pensamiento crítico latinoamericano

 

El enfoque de la «ecología política», por su parte, considera el extractivismo como una actividad de apropiación (Gudynas, 2009;Ulloa, 2014), extracción (Martín, 2009; Roa y Navas, 2014), explotación (Roa y Navas, 2014) y expropiación (Caro, 2014) de grandes volúmenes de bienes naturales exportados por lo general para estimular los mercados de materias primas y los mercados financieros como lo es el mercado de minerales.

Si bien el extractivismo es un modelo productivo que opera desde siglos atrás, en el año 2003 se generó un boom en los precios de minerales que puntearon en la dinámica de los mercados internacionales y el sistema financiero.

 

La gran demanda de minerales generó una expansión de este modelo en América Latina y una reconversión en la forma de acumulación de capital conocido como el “Consenso de los Commodities” (Svampa, 2012).

El Consenso de los Commodities 5 , al igual que el Consenso de Pekín6, es una reconfiguración del Consenso de Washington. Este último estuvo concentrado en la valorización financiera, el libre-cambio, las privatizaciones, la reducción del papel del Estado y la desregulación de los mercados, dando paso al Consenso de los Commodities soportado en la exportación de materias y bienes primarios a gran escala. Se asiste, entonces, desde inicios del siglo XXI, a un “nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes” (Svampa, 2013, p. 30). Este nuevo consenso implica un proceso de reprimarización de las económicas latinoamericanas dada la creciente demanda de materias primas como los metales y a la vez el intercambio desigual entre los países explotados y los países explotadores. Esto ha permitido la acumulación de capital en países y sectores con un alto poder económico global, así como la consolidación del sistema-mundo capitalista.

 

El extractivismo en su proceso de acumulación de capital establece relaciones de poder en el interior de los lugares donde se ejecutan este tipo de proyectos y relaciones de poder desde los lugares globales hacia los lugares locales. En este mismo sentido genera incertidumbre frente a los posibles daños ecológicos que pueden ocasionar los proyectos extractivistas en los territorios, dando emergencia a una contradicción de intereses entre las poblaciones asentadas en los territorios frente a los intereses económicos de las empresas estatales o privadas (Roa y Navas, 2014).

 

Por su parte, el enfoque de la «ecología política decolonial» entiende al extractivismo como un “modelo-desarrollista extractivista” instaurado en la denominada ‘colonia’ impuesta en el Sur Global (América Latina, África y Asia) (Machado, 2013; Toro et al., 2012). Para retratar las inauguraciones de este modelo Acosta (2012), por ejemplo, recuerda que Cristóbal Colón en su diario de viaje mencionó 175 veces la palabra ‘oro’.

 

Las regiones del Sur Global se dedicaron desde aquel momento a la extracción y transformación de la naturaleza para exportarla hacia los países del Norte Global en el contexto de una creciente estructuración del capitalismo. El Norte Global, en cambio, se especializó en la producción de manufacturas importadas con base en los bienes naturales provenientes y explotados del Sur Global. Sin embargo estas relaciones no expresaron, ni expresan hoy, un intercambio justo y equitativo de satisfacción de demanda-oferta en el marco de un mercado global sino un mecanismo de saqueo y apropiación colonial y neocolonial que ha sido indispensable para el desarrollo industrial y el bienestar de las potencias económicas (Acosta, 2012; Machado, 2013). Así las cosas, el extractivismo potencia una recolonización política y económica ejecutada por empresas privadas y/o empresas estatales nacionales o transnacionales en territorios donde los bienes naturales sobresalen y donde habitan comunidades campesinas, por lo general, originarias o en condición de empobrecimiento.

 

En su lugar, el enfoque de la «economía política» plantea como centro de discusión el proceso de acumulación por desposesión agenciado por el modelo extractivista en tanto las formas de violencia que despojan a los territorios y a las personas son precisamente formas propias del capitalismo contemporáneo. Para Harvey (2004), esto significa que el capitalismo contemporáneo ha ampliado sus maneras de acumulación. La mercantilización de la tierra y la fuerza de trabajo, el desplazamiento de campesinos, los procesos neocoloniales, entre otros, continúan vigentes; sin embargo dada su insuficiencia para sostener el capitalismo, ahora en crisis, se han diseñado nuevas formas de acumulación.

 

Estas nuevas formas tienen que ver con la “corporativización y privatización” de los bienes públicos, la biopiratería, los derechos de propiedad intelectual, la mercantilización de la naturaleza, las políticas financieras internacionales diseñadas por y desde las potencias económicas mundiales. Harvey (2004) también denomina a “la acumulación por desposesión” como un nuevo imperialismo, mientras que la incapacidad del capitalismo de acumular bajo la lógica de la reproducción ampliada ha conllevado a desposeer casi todas las esferas de la vida; convirtiéndose, así, en un imperialismo casi omniabarcante que busca instalar un valor económico a todo lo contenido en la naturaleza.

 

Finalmente, la «economía ecológica» concibe al extractivismo como un proceso de extracción de materia y energía que entra en el juego del sistema económico mediante la producción, consumo e intercambio de bienes naturales. Estos bienes naturales, leídos en clave de materia y energía, son extraídos y transformados en productos y residuos; los residuos son retransferidos a los territorios en forma de desperdicios y emisiones contaminantes; y los productos usados o consumidos generan a la vez nuevos residuos. De ahí que el ciclo del crecimiento económico sea concebido como un sistema depredador que depende del uso indiscriminado de materia y energía, el cual evade su responsabilidad de reciclarlas y/o devolverlas transformadas a sus lugares de procedencia; y, por el contrario, las regresan en forma de residuos inservibles (Aguilera y Alcántara, 1994; Correa, 2006;Martínez-Alier y Roca, 2001).

 

 

El abordaje del extractivismo minero en territorios Embera

Los casos de estudio corresponden a dos proyectos mineros a gran escala agenciados en territorios Embera, ubicados en el Noroccidente colombiano. El primero es el proyecto minero de la Gran Colombia Gold Corporation que afecta a la parcialidad indígena de Cartama en Marmato (Caldas) y el segundo es el proyecto Mandé Norte agenciado por la Muriel Mining Corporation en Murindó (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó). Los comuneros de Cartama cuentan con una tradición minera en la zona alta del cerro El Burro en Marmato, actividad que se ha visto amenazada con la titulación concedida por el Estado a la multinacional Gran Colombia Gold Corporation en dicho lugar; por lo cual, a la fecha, se sostiene un conflicto de intereses entre la minería tradicional ejercida por los indígenas Embera frente a la minería de la multinacional que pretende desplazarlos de sus lugares y de la actividad productiva. Por su parte, el caso Mandé Norte corresponde a la llegada de un proyecto minero en donde el Estado otorgó una concesión a la Muriel Mining Corporation para iniciar la exploración y explotación minera generando así una respuesta de resistencia por parte de las comunidades Embera para impedir la realización de dicha actividad en su territorio.

Se escogieron estos dos casos con el objeto de describir similitudes y diferencias tanto en la forma de operación del modelo extractivista como en la descripción de las distintas estrategias de resistencia ejercidas por las comunidades Embera; para luego derivar en un análisis de los factores que influyeron en la no ejecución del proyecto Mandé Norte, pero en la afirmativa ejecución del proyecto de la Gran Colombia Gold.

La investigación cualitativa, como método, permitió: realizar un acercamiento a dos situaciones donde dos proyectos mineros a gran escala arriban en territorios originarios; caracterizar los modelos extractivos que operan en cada caso; las actuaciones de los agentes implicados; los impactos generados y las acciones de resistencia empleadas por las comunidades.

 

La metodología implementada para este análisis implicó la investigación documental en la medida “que permite obtener documentos nuevos en los que es posible describir, explicar, analizar, comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, un tema o asunto mediante el análisis de fuentes de información” (Ávila, 2006, p. 50). La revisión documental se realizó a partir de informes producidos por las autoridades y las organizaciones indígenas, ONG, gobiernos, académicos y sentencias proferidas por la Corte Constitucional. Debido a la cercanía, y al contacto establecido con el cabildo de Cartama, se logró realizar una salida de campo al cerro El Burro para dialogar con algunos comuneros en el escenario de un grupo focal y realizar una observación de contexto en el lugar.

 

La parcialidad indígena de Cartama, perteneciente al pueblo Embera Chamí y reconocida en el año 2012 por el Ministerio del Interior, se encuentra ubicada en el municipio de Marmato (Caldas). La presencia del pueblo Embera en este lugar data de tiempo atrás, pero el autorreconocimiento como pueblo indígena sólo comenzó a formalizarse a partir del censo realizado por el DANE en 2005; así como mediante un estudio realizado por la Universidad EAFIT y la Universidad de Antioquia en el que se remarca que:

Es una comunidad que tiene un proceso de reetnización. Ellos, por diferentes razones, no se reconocían como indígenas. No obstante, había presencia indígena. No tenían un cabildo, o una forma de organización reconocida por el Estado. A partir de 2005-2006 empieza esa reorganización y se hace necesario ese proceso de reconocimiento de quiénes son, cómo está planteada su indigenidad, pues son indígenas particulares, no los mismos que los Wayuu, o los del Amazonas, sino indígenas de Marmato, en el departamento de Caldas. (Jiménez, como se citó en Quintero, 2015)

Esta comunidad habita un territorio donde la actividad minera de carácter tradicional, artesanal y a pequeña escala es practicada desde hace 200 años; aspecto que le otorgó al municipio el reconocimiento como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación en 1982.

Esta parcialidad ocupa gran parte del cerro El Burro del municipio de Marmato, el cual está dividido en dos zonas reconocidas por la Ley 66 de 1946.

El Cerro El Burro se dividía en dos zonas, la alta y la baja, con la finalidad de que la parte alta fuese explorada y explotada por pequeños mineros, mientras que la baja por empresas que realicen labores de exploración y explotación a mediana escala. Entre ambas partes del cerro hay un manchón, es decir, una franja de rocas que debe ser respetada, tanto por quienes utilicen la parte de arriba como la de abajo, con el deseo de evitar la tragedia de un derrumbe de la montaña. (Corte Constitucional, sentencia T-438 de 2015. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt)

En 2005 la Compañía Minera de Caldas S.A., subsidiaria de la compañía canadiense Colombia Goldfields, compra 100 minas en la parte alta del cerro; zona que había sido establecida para explotación de pequeños mineros. Con la presencia de esta compañía se desata un conflicto de intereses entre la comunidad y el macroproyecto minero a cielo abierto promovido por la compañía extranjera. Luego, en 2009, la compañía Medoro Resources compró la empresa Colombia Goldfields y de este modo adquirió los títulos de las minas de la parte alta del cerro; adquiriendo, además, acciones de Mineros Nacionales S.A. la cual venía desde 1989 explotando la zona baja de este. A partir de 2009, Medoro Resources contrata a la empresa consultora The Social Capital Group para realizar el reasentamiento de la población en el corregimiento El Llano; sin embargo este proyecto es rechazado por la población trasladándose sólo la infraestructura administrativa, educativa y de salud, así como los funcionarios públicos, por lo que el resto de la población permanece habitando el cerro.

Dos años después, en 2011, Medoro Resources se fusiona con la multinacional canadiense Gran Colombia Gold Corporation. Finalmente, quien obtiene el control de la totalidad del cerro es la empresa Gran Colombia Gold Corporation. No obstante, el título de explotación minera aparece a nombre de Mineros Nacionales S.A. empresa perteneciente a la compañía extranjera. Los contratos de concesión se establecieron inicialmente con la Gobernación de Caldas hasta el año 2013 y luego de esta fecha pasaron a ser competencia de la Agencia Nacional Minera (ANM). Con esta concesión la multinacional pretende explotar 14 millones de onzas de oro y cerca de 90 millones de plata, bajo la figura de minería a cielo abierto durante 30 años; minerales que se encuentran en su mayoría al interior de la montaña y en el subsuelo de la misma (tal como se puede apreciar en la figura 3).

 

El rechazo de la comunidad se debe, esencialmente, a la alteración de sus modos de vida instalados y configurados dos siglos atrás. Su cultura, economía y organización social se entraman de acuerdo a la actividad minera tradicional y de pequeña escala. Con el arribo del macroproyecto los pequeños mineros se han quedado sin oportunidades laborales, sin la posibilidad de adquirir los insumos necesarios que antes obtenían para la explotación, algunos han sido objeto de seguimiento judicial por no obtener títulos legales, han recibido amenazas, intimidaciones, intentos de desalojo, además de estar expuestos a riesgos de deslizamiento en las laderas en vista de la baja capacidad técnica con que cuentan. Otros impactos enunciados por la comunidad son la desaparición completa del municipio reconocido como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, la explotación del oro en 30 años que podría durar hasta 200 años si se continúa realizando por pequeños mineros, un mayor impacto ambiental por la utilización de contaminantes químicos y la no realización de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en la zona.

 

Una de las estrategias más recientes que emprendió la parcialidad indígena de Cartama frente al macroproyecto fue la interposición de un amparo de tutela, solicitando “el derecho a la Consulta Previa y los derechos al debido proceso, al trabajo, a la libertad para ejercer profesión u oficio y al mínimo vital” (Corte Constitucional, sentencia T-438 de 2015. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt). En primera instancia, el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio (Caldas) declaró improcedente el amparo solicitado. Una vez proferida esta decisión, la comunidad la impugnó pasando a segunda instancia. En la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Manizales (Caldas) se confirmó el fallo impugnado. En sede de revisión, la Corte Constitucional concedió, mediante la sentencia T-438 de 2015, el derecho fundamental a la consulta previa de los miembros de la parcialidad indígena de Cartama y de la comunidad afrodescendiente asociada en ASOJOMAR; ya que estas comunidades se han dedicado a la minería artesanal e informal en la mina Villonza, localizada en la parte alta del cerro El Burro.

 

Como consecuencia de esta decisión, la Corte ordenó: realizar y garantizar la consulta previa con las comunidades étnicas; suspender las actividades de explotación minera en la parte alta del cerro El Burro efectuadas por la Gran Colombia Gold y Minerales Andinos de Occidente S.A.; que la alcaldía municipal de Marmato realizara las gestiones necesarias para inscribir a los accionantes y a los demás mineros en programas de formación en seguridad industrial, salud ocupacional y desarrollo ambiental con el fin de que se les instruya en el desempeño responsable de esta actividad. No obstante, este triunfo judicial de la comunidad, fue alterado con la nulidad de dicha sentencia constitucional de acuerdo al Auto 583 de 2015; por tanto, lo ordenado por la Corte nunca se llevó a cabo.

Este tipo de acciones emprendidas por las entidades estatales y la empresa multinacional permiten entrever la forma en cómo opera el modelo extractivo frente a las comunidades originarias en esta zona del país.

El modelo excluyente y depredador frente a un modelo preferido

En Marmato se configura una pugna entre modelos extractivos. Con la llegada de la multinacional minera se empezó a manifestar un “modelo excluyente” (Garay, 2013; Pardo, 2013) en donde el gobierno nacional privilegió la operación extractiva extranjera sobre las actividades tradicionales y a pequeña escala ejercidas por la población durante 200 años. Sin embargo, este modelo va mutando hacia un “modelo depredador” (Acosta, 2012; Gudynas, 2012; Machado, 2014; Svampa, 2012; Toro et al., 2012) configurado por el despojo del territorio y su gente, el control territorial, explotación de minerales y obtención de la totalidad de los beneficios económicos generados por la venta de minerales. Así, los modelos excluyente y depredador encuentran resistencia en un “modelo preferido” (ONU, 2013) propuesto por los propios mineros del lugar.

 

El modelo excluyente emerge con la Ley 685 de 2001, por medio de la cual se implementa el Código de Minas. Este elimina los rangos de la minería y establece los mismos procedimientos de acceso a títulos mineros para pequeños y medianos mineros como para la gran minería. De acuerdo a los requisitos establecidos por la normativa minera los mineros tradicionales, artesanales y algunos pequeños mineros, no pueden contar con toda la capacidad técnica y financiera requerida por el Estado dadas sus escasas condiciones de capital. Esta normativa, entonces, favorece al sector de la gran minería extranjera que puede cumplir con los requisitos exigidos como son: diagnóstico de impacto ambiental; diagnóstico social sobre el territorio a intervenir; seguridad social de los trabajadores.

Es así como la parcialidad indígena de Cartama se encuentra imposibilitada de trabajar en varias de sus minas al no poseer títulos mineros ya sea porque se vencieron o porque nunca habían contado con uno, mientras que la autoridad no ha acogido la solicitud de los indígenas mineros porque las minas donde trabajaban fueron concedidas a la Gran Colombia Gold Corporation; lo que significa que, bajo la luz de la ley, quedan bajo el amparo de la ilegalidad.

Los más afectados con todo este proyecto de minería a gran escala han sido los pequeños mineros, quienes por siglos han sobrevivido con la extracción artesanal del oro que culturalmente los identifica y que no han sido respaldados por el Estado para fortalecer la minería artesanal como una fuente de trabajo digno y no como una actividad delictiva que debe castigarse a la luz del nuevo código minero. (CRIDEC, 2009)

En este sentido el Estado asume la actividad minera indígena como una actividad delictiva iniciando procesos de desalojo, persecución y judicialización de los indígenas implicados; o, en su defecto, negando los derechos a dichas comunidades como sucedió en el último proceso judicial agenciado por la comunidad: cuando en la primera y segunda instancias judiciales el argumento de falta de formalización minera se superpone a las garantías de derechos al trabajo y a la consulta previa; y bajo un aspecto más garantista al consentimiento, libre, previo e informado.

El modelo depredador se caracteriza por la violación a los derechos de los pueblos indígenas bajo la responsabilidad del Estado y la multinacional. El Estado por intermedio de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y minorías del Ministerio del Interior negó en el año 2015 la existencia de población indígena en la zona, aun sabiendo que esta misma entidad certificó la existencia de la parcialidad indígena de Cartama mediante la Resolución 0046 de 03 de mayo de 2012 (figura 4). Siendo la Defensoría del Pueblo, la que verificó la existencia de la comunidad indígena. Las entidades gubernamentales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Trabajo, Procuraduría General de la Nación, ANM, CORPOCALDAS, Policía Nacional, Alcaldía de Marmato y los operadores de justicia fungieron y fungen en alianza para proteger los intereses de la empresa extranjera; mientras la Defensoría del Pueblo es la única entidad que vela, en este momento, por los derechos de la comunidad.

La Gran Colombia Gold ha podido ejercer control territorial para extraer, explotar y despojar los bienes naturales que se encuentran en la montaña. El macroproyecto ha generado despojo territorial a gran escala mediante lo que se ha denominado como ‘reasentamiento’ de la comunidad marmateña en el corregimiento El Llano, ubicado en la parte baja del municipio, estableciendo así un nuevo reordenamiento territorial.

La empresa ha desalojado a los pequeños mineros comprándoles sus minas, cerrándolas y/o dejándoles sin forma de obtener empleo dado a que en Marmato el sustento primordial de la población es la minería (CRIDEC, 2011). De igual manera se han presentado hechos como el asesinato del sacerdote José Reinel Restrepo, en 2011, siendo un líder comunitario que velaba por los derechos de la comunidad y se oponía a la presencia de la multinacional; además, de las amenazas hacia la gobernadora del cabildo indígena de la parcialidad en 2016 (tabla 1).

Dentro de los conflictos generados se evidencian impactos ambientales, amenazas y riesgos para la población y el territorio. La parcialidad manifiesta angustia ante el uso y acceso al agua, ya que sin este bien la minería no puede funcionar.

El agua es fundamental para todo el proceso minero y para las comunidades. Se han presentado conflictos con la entrada de compañías multinacionales y por la perforación de ciertos lugares se profundizaron las aguas y hay menos disponibilidad. Las comunidades lo identificaron como su principal problema porque ellos decían, que del agua parte todo. Si tenemos agua limpia, que podamos tomar tranquilamente, vamos a tener salud, producción, un mejor bienestar. (Jiménez, como se citó en Quintero, 2015)

Como alternativa a los modelos excluyente y depredador, la comunidad propone un “modelo preferido” planteado por el relator James Anaya (ONU, 2013); presentándolo como una solución de inclusión de los pueblos originarios al sector productivo minero. Siendo este el modelo promovido por la comunidad con el ánimo de permanecer en su territorio.

Las minas han sido heredadas de familia en familia y esta actividad se ha caracterizado por ser un medio de subsistencia único en el municipio. Hoy en día, la parcialidad junto con el Plan de Salvaguarda del CRIDEC (2012) buscan obtener la formalización de la minería y la obtención de títulos mineros amparándose en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 por medio del cual se pretende la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, disminuir los conflictos ambientales y definir las áreas de reserva minera. Asimismo, su proceso de reetnización, la constitución de un resguardo oficialmente reconocido, la recuperación de la lengua Embera, la medicina propia y el establecimiento de la guardia indígena, son acciones emprendidas que procuran ser elementos constitutivos de su permanencia en el territorio y de la defensa de sus derechos como pueblo originario.

 

Finalmente, en la cosmovisión de la comunidad, el territorio juega un papel relevante en tanto “el concepto de territorio no se refiere a una escritura, se refiere al ejercicio de la cultura, donde habita la comunidad indígena con sus usos y costumbres y los vuelve uno, en definitiva el territorio es nuestra propia cultura” (Parcialidad Indígena de Cartama, 2012, p. 3).

 

El proyecto Mandé Norte se establece en los municipios de Murindó (Antioquia) y Carmén del Darien (Chocó), desde el año 2015, mediante concesión otorgada por INGEOMINAS y contrato generado entre la Gobernación de Antioquia y la compañía estadounidense Muriel Mining Corporation con el objeto de realizar explotación de cobre, oro, molibdeno y otros minerales durante 30 años, prorrogables a 30 años más, en un área de 16000 hectáreas. Esta compañía, subsidiaria de Gold Plata Mining International Corporation y coparte de Río Tinto de Canadá, inició un proceso de exploración en territorio con presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes; lo que suscitó una serie de respuestas hacia el proyecto minero, que desencadenaron el retiro de la empresa (EJATLAS, 2016; Red por la Justicia Ambiental en Colombia, 2010).

El área de influencia del proyecto se ubicó en tres resguardos Embera y dos territorios colectivos afrodescendientes: resguardo indígena de Uradá Jiguamiandó, ubicado en Carmen del Darién (Chocó), comunidades de Coredocito-Alto Guayabal, Nueva Cañaveral y Uradá; resguardo indígena del Río Murindó, comunidades la Guagua, Isla, Ñaragué, Rancho Quemado, Coredó, Turriquitadó Alto, Bachidubi y Llano; resguardo indígena del Río Chageradó-Turriquitadó, comunidades Chageradó, Chibugadó, Turriquitadó-Llano, Turriquitadó Alto y Ñarangué y los consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes de Curvaradó y Jigumiandó.

De igual manera el proyecto se ubicaba en el cerro Careperro (Usa-Kirandarra), concebido como sitio sagrado por la comunidad Embera.

 

La comunidad expresó su inconformismo con el proceso de exploración de acuerdo a dos razones fundamentales: (i) la violación ostensible al Convenio 169 de la OIT donde se establece la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado y (ii) la violación a los derechos culturales y ambientales de las comunidades.

Durante los años 2006 a 2008, INGEOMINAS, el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Minas y la Compañía Muriel Mining Corporation realizaron acercamientos ―representados en reuniones y talleres con la comunidad― con el objeto de realizar la consulta previa con las comunidades étnicas de la zona. Sin embargo, y solo hasta diciembre de 2008, la comunidad se enteró de que el proyecto minero contaba con un proceso de consulta previa y que supuestamente a través de este había dado por aceptada la intervención minera en su territorio. A partir de este momento la comunidad devela una serie de irregularidades en la validación de la consulta como la creación de organizaciones indígenas ficticias, y con ello de representantes ilegítimos, sobornos y prebendas en dinero y en especie hacia algunos comuneros, la legalización de firmas de asistencias a talleres como si fueran firmas de aval al proyecto y la no invitación de algunas comunidades a las reuniones convocadas por el gobierno y la empresa. Asociadas a las inconsistencias del proceso de consulta previa se presentaron situaciones de violación a los derechos a la integridad cultural y del ambiente.

En 2009, el territorio empieza a ser militarizado por las fuerzas armadas del Ejército Nacional generando temor al interior de la población asentada en territorio tradicional y colectivo. Luego, en enero de 2010, tres meses después de que la Corte Constitucional profirió un fallo a favor de la población étnica, el ejército bombardeó el resguardo Uradá Jiguamiandó; resultando heridas varias personas de una misma familia y el fallecimiento de un recién nacido.

Asimismo, en el proceso de exploración emprendido por la compañía se desforestó parte de la reserva forestal de Jiguamiandó, se afectaron plantas medicinales y sagradas, se impactó el sitio sagrado del cerro Careperro y se amenazó la seguridad alimentaria y las fuentes hídricas de la zona.

Con base en estos hechos, las comunidades Embera emprendieron diversas acciones de resistencia con el objetivo de develar el falso proceso de consulta previa y evitar la continuidad de la actividad minera.

En 2009, algunos comuneros del resguardo Río Murindó interpusieron una acción de tutela ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá solicitando restablecimiento de los derechos “a la vida, a la seguridad personal, a la consulta previa, a la existencia, a la integridad cultural y social, a la identidad cultural, a la autonomía de las comunidades culturales, a la protección de la riqueza de la Nación y al debido proceso” (Corte Constitucional, sentencia T-769 de 2009. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla).

Los comuneros como representantes legítimos del pueblo Embera expresaron que la actividad de extracción de minerales destruiría “la madre tierra y contaminaría los ríos con los que se abastecen aproximadamente 7 comunidades” (Corte Constitucional, sentencia T-769 de 2009. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla). Además, la exploración en uno de sus sitios sagrados ocasionaría daños irremediables a nivel cultural y en la cosmovisión de los Emberas puesto que “el Cerro Careperro es un sitio sagrado para nosotros los indígenas porque allí se guarda el espíritu del sabio Jaibaná para curar las enfermedades” (Corte Constitucional, sentencia T-769 de 2009. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla).

La comunidad también denunció como la multinacional Muriel Mining Corporation sustituyó algunas reuniones como procesos de consulta previa; por ejemplo, en el año 2006, realizaron tres reuniones de consulta previa en las cuales participaron diez personas por resguardo, sin contar con la participación de autoridades legítimas. Igualmente, la comunidad manifestó la ausencia de estudios ambientales que evidenciaran los impactos y posibles daños que podría ocasionar el proyecto en sus territorios y pueblos.

En la primera instancia del proceso judicial la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela, argumentado que el Ministerio del Interior y de Justicia realizó de manera adecuada la consulta previa. De este modo los autores de la tutela impugnaron el fallo proferido, expresando que los documentos con los cuales se avaló dicha consulta fueron falsos en la medida en que las personas que aparecían avalando el proyecto no eran representantes legítimos de las comunidades y que no todas las comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto habían participado de las reuniones enunciadas. Ante esta respuesta de la comunidad, la Defensoría del Pueblo y el Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes realizaron coadyuvancias para respaldar las exigencias de los comuneros. En la segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de primera instancia arguyendo que los demandantes debieron haber justificado la ilegalidad del proceso.

Por último, el caso es acogido por la Corte Constitucional. La Corte expresó la vulneración al derecho a la consulta previa de las comunidades antes de haber otorgado el contrato de concesión a la empresa Muriel Mining Corporation, por lo que concedió la protección de los derechos solicitados por los accionantes, ordenando suspender las actividades de exploración y explotación de minerales en toda el área concedida para el proyecto Mandé Norte. En este sentido le solicitó al Ministerio del Interior y de Justicia rehacer la formalización de consulta previa, no de forma meramente administrativa sino con las garantías y subreglas constitucionales del consentimiento previo, libre e informado, con todas las comunidades que pudieran resultar afectadas en el desarrollo del proyecto; al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial culminar los estudios científicos integrales y de impacto ambiental y difundirlos entre las comunidades indígenas y afrodescendientes que podrían ser afectadas; al Ministerio de Defensa Nacional que analizara objetivamente y subsanará las razones por las cuales las comunidades no percibían a la fuerza pública como garantía de seguridad; a INGEOMINAS abstenerse de otorgar las licencias de exploración y explotación minera al proyecto y a la Defensoría del Pueblo vigilar el cumplimiento del fallo dado (Corte Constitucional, sentencia T-769 de 2009. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla).

Un modelo depredador vencido por la resistencia de los pueblos originarios

El caso del proyecto Mandé Norte es un ejemplo de la forma en cómo opera el modelo extractivista depredador. En este modelo se pueden evidenciar formas de acumulación por desposesión agenciadas no solo por la empresa multinacional sino también promovidas y protegidas por algunas instancias estatales, las cuales devienen en la aparición de conflictos sociales debido a la violación de derechos de los pueblos indígenas y de los daños ecológicos generados.

 

El agente estatal inicialmente brindó las garantías necesarias para que ingresara la empresa extractiva estableciendo un contrato de concesión sin realizar la consulta previa con las comunidades y luego presentó una consulta manipulada y fraudulenta, además de delegar al ejército como agente de seguridad al servicio de la empresa extranjera.

Es notable el amplio apoyo que el gobierno le brinda a esta multinacional, a través del aval del Instituto Colombiano de Minería y Geología (Ingeominas) quien otorgó el título minero, así como también del Ministerio de Interior quien validó la consulta previa realizada, pero también del Ejercito Nacional quien les brinda toda la seguridad. La empresa no ha presentado un estudio de impacto ambiental de sus acciones ni el Ministerio de Medio Ambiente la ha exigido, alegando que para la exploración no se requiere, como si derribar selva, abrir trochas, hacer excavaciones y perforaciones y construir campamentos, no fueran destrozos que merecen regulaciones y reparaciones. (EJATLAS, 2016)

Una vez obtenida la concesión minera, la empresa junto con el apoyo del ejército ejerció un control sobre el territorio para extraer y despojar los bienes naturales de las comunidades. La depredación, entonces, se configuró fundamentalmente en la violación a los derechos de los pueblos como son: el derecho a la consulta previa del Convenio 169 de la OIT; los derechos fundamentales de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; los derechos ambientales internacionales; el derecho fundamental a la propiedad colectiva de los pueblos étnicos; el derecho a la integridad cultural de los pueblos; el derecho a la identidad cultural; el derecho a la autonomía; el derecho a un ambiente sano; el derecho a participar en decisiones que los afecten y el derecho a la información.

Al decir de la Corte:

El derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios que ellos habitan reviste una importancia esencial para la cultura y valores espirituales, que es reconocida en convenios internacionales aprobados por el Congreso de Colombia, donde se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con su hábitat, no solo por encontrar allí su principal medio de subsistencia, sino porque constituye un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes. Adicionalmente, el constituyente resaltó la importancia fundamental del derecho de las comunidades indígenas sobre su territorio. (Sentencia T-769 de 2009. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla)

 

Ante esta amenaza colonizadora emprendida por la multinacional extranjera y ante la insuficiente protección del Estado, las comunidades Embera junto con las comunidades afrodescendientes agenciaron movilizaciones jurídicas, sociales y espirituales que permitieron la salida del extractivismo minero y la posibilidad de reafirmar su permanencia en el territorio.

La movilización jurídica se originó en el ejercicio de la acción de tutela y en las coadyuvancias de la Defensoría del Pueblo, de la Universidad de los Andes, del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, que dieron como resultado un fallo favorable y referente para los pueblos originarios en su legítima defensa a ser consultados y a permanecer en su territorio. En paralelo, mientras se surtía el proceso judicial, los pueblos emprendieron la movilización social a partir de una acción de autonomía y resistencia en la que realizaron una consulta interétnica de los pueblos. Esta consulta estuvo acompañada por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz donde participaron todas las comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas, incluidos niños desde los 10 años. Ante la pregunta: “¿quiere o no la exploración y explotación minera de la empresa Muriel Mining Corporation?”, 798 personas votaron de manera negativa y 0 votos se obtuvieron a favor del proyecto.

Una vez culminada la consulta de los pueblos iniciaron una movilización espiritual hacia el cerro Usa-Kirandarra, en la que se relata:

“pasamos casi un mes. Hicimos albergues y nos quedamos”, apunta Jaichanubi. Junto a los campamentos mineros, con danzas y ‘armadas’ de plantas, las mujeres bailaban y los jaibanás pedían a los espíritus protección para su cerro. La resistencia rompió el ‘embrujo’ minero la primera semana de marzo. (Congote, 2012)

 

Conclusiones y recomendaciones

El extractivismo es una expresión más del paradigma del desarrollo. El gobierno colombiano promueve las actividades extractivas mineras como garante del desarrollo económico y social del país, y de las regiones, con lo cual pretende legitimar y profundizar un modelo extractivo basado en la inversión extranjera.

El arribo de este modelo extractivo minero a gran escala en territorios Embera ha generado violación de derechos, daños culturales y conflictos socioecológicos que ponen en evidencian cómo el extractivo minero, más allá de situarse como una actividad económica-productiva, expresa un modelo neocolonial-depredador que amenaza la pervivencia del mencionado pueblo.

En los casos de Marmato y Mandé Norte, el modelo neocolonial-depredador se expresa en las garantías legales y procedimentales que le brinda el Estado a las empresas privadas extranjeras para satisfacer sus necesidades e intereses de acumulación de capital, basado no solo en la apropiación de minerales sino también en la apropiación y control del territorio habitado por los Embera.

En el caso de Marmato se configura una pugna entre modelos extractivos. Con la llegada de la multinacional minera se empezó a manifestar un modelo excluyente donde el gobierno nacional privilegió la operación extractiva extranjera sobre las actividades tradicionales y a pequeña escala ejercidas por la población durante 200 años. Sin embargo el modelo excluyente va mutando hacia un modelo depredador configurado en el despojo del territorio y su gente, el control territorial, la explotación de minerales y la obtención de la totalidad de los beneficios económicos generados por la venta de estos. Así, los modelos excluyente y depredador encuentran resistencia en un modelo preferido propuesto por los mismos mineros ―entre ellos la parcialidad indígena de Cartama― sustentado en la formalización minera, en la obtención de títulos y en la capacitación técnica para continuar realizando actividades mineras en su territorio.

En el caso Mandé Norte operó un modelo depredador expresado en formas de acumulación por desposesión agenciadas tanto por la empresa multinacional como por algunas instancias estatales, las cuales generaron la violación de derechos a los pueblos indígenas y afrodescendientes y daños ecológicos en territorio sagrado. El agente estatal brindó las garantías necesarias para que ingresara la empresa extractiva estableciendo un contrato de concesión sin realizar la consulta previa con las comunidades; luego presentó una consulta manipulada y fraudulenta; además, delegó al ejército como agente de seguridad al servicio de la citada empresa.

Las respuestas de las comunidades Embera, afectadas por el modelo extractivo neocolonial-depredador, han sido respuestas de resistencia jurídica, social y espiritual. En el campo jurídico, el pueblo Embera ha acudido al Convenio 169 de la OIT y al consentimiento previo, libre e informado para exigir su derecho fundamental a ser consultados y tomar decisiones informadas ante la ejecución de proyectos externos en sus territorios. En el campo social, han establecido alianzas con organizaciones académicas y sociales como estrategia de apoyo y visibilización de su situación; de igual manera en el caso de Mandé Norte la comunidad realizó una consulta interétnica de los pueblos como ejercicio autónomo de decisión sobre su territorio. Y en el campo espiritual, las acciones rituales orientadas por los jaibanás para la protección de los espíritus de los lugares sagrados, también fueron ejercicios de resistencia emprendidos por estas comunidades.

De este modo el extractivismo, como modus operandi de gobiernos y multinacionales y como forma de explotación de los bienes de vida, requiere que las resistencias de los pueblos originarios tengan una estrategia común que responda de manera organizada y sistémica a esta forma organizacional de saqueo y desposesión.

La movilización social, política y jurídica (Valencia, 2014) de los pueblos indígenas debe ser realizada desde los escenarios locales, regionales, nacionales y globales, siguiendo las actuaciones de las industrias extractivas. La ofensiva social, política y jurídica debe estar anclada en el trabajo en redes de cooperación, redes de conocimiento, redes de acción y opinión. Esta es la condición para contrarrestar un poco el poder político y económico de las industrias extractivas frente a los gobiernos nacionales y locales.

AGRADECIMIENTOS

A la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Caldas y al Cabildo indígena de la parcialidad indígena de Cartama en Marmato.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Proyecto de investigación “Pueblos originarios y extractivismo minero”, con código No. 1468214, inscrito y financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Caldas.

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Notas

4. La biopiratería corresponde a la extracción de bienes genéticos y biológicos que se realiza de manera ilegítima y sin consulta a las comunidades poseedoras, con lo cual estos bienes se convierten en propiedad intelectual de quien los explota (Puig et al., 2002)

5. Maristella Svampa (2012) hace referencia al Consenso de los Commodities como el nuevo orden económico basado en el mercado financiero de minerales.

6. Machado (2013) denomina como el Consenso de Pekín a las transformaciones geoeconómicas provocadas por la industrialización China en su incursión en latinoamérica, fundamentado entre otros en la explotación de minerales

Información adicional

Para citar este artículo:: Valencia-Hernández, J. G.; Muñoz-Villareal, E. M. & Hainsfurth J. C. (2017). El extractivismo minero a gran escala. Una amenaza neocolonial frente a la pervivencia del pueblo Embera

Fuente: https://www.redalyc.org/jatsRepo/3217/321753629021/html/index.html

En consecuencia, más de una deKada extractiva Leer  correspondió al modelo de desarrollo de todos los capitalismos locales en el Abya Yala con independencia de si la gestión era/es progresista o neoliberal. Se basa en aprovechar la aceleración de transferencias a gran escala hacia los capitalismos imperialistas. De ahí que no tengan muchas perspectivas no sólo por agotamiento rápido sino también por la gravísima contaminación ambiental y desertificación. Pero si se lo deja desplegar por completo, pensemos el futuro, si hoy casi la mitad de menores de 18 años están en la miseria y la causante expansión de extractivismos también ha generado máxima concentración y transnacionalización económico social, genocidios silenciosos, vasta destrucción tanto comunitaria como ecológica y ruina de la soberanía alimentaria.

 

Es hora del Nunca Más al bloque dominante o poderes constituidos por y para derrotarnos liquidando nuestros derechos a la vida planetaria en sus variadísimas formas y a la dignidad humana. Se trata de ir más allá de la realidad inmediata conque nos saturan la clase política, la intelectualidad más renombrada y los grandes medios de desinformación. Reflexionemos sobre:

 

Vaca Muerta, de la salvación al infierno.

La deuda y su pago imposible

11 de febrero de 2019

 

 

Por Juan Guahán (Rebelión)

 

Los hidrocarburos fósiles, que por millones de años se formaron en profundas entrañas del planeta, comenzaron a mostrar la decadencia de sus posibilidades de continuar siendo el alimento predilecto de las máquinas inventadas por los humanos en el último siglo.

Ante su progresivo agotamiento florecieron las experiencias destinadas a prolongar la vida de esta fuente de energía. Así fue cómo surgió la técnica del fracking para romper las rocas y sacar el petróleo que éstas guardaban en sus porosidades.

Para ello era necesario producir múltiples pequeñas explosiones para hacer estallar esas rocas y extraer el petróleo que tenían escondido. EEUU desde hace unos 10 años vio, en esta técnica, la posibilidad de evitar su dependencia de los países que eran los grandes proveedores de petróleo, uno de los puntos débiles de su hegemonía mundial. Ya veremos la situación actual de esas explotaciones.

Las reservas y explotación de Vaca Muerta (en la sureña provincia argentina de Neuquén) responden a esa lógica. Los gobernantes argentinos, cultores del principio “yo resuelvo mi problema, lo que venga después es problema de los que vengan después”, procedieron en consecuencia.

El macrismo lo viene presentando como una de sus grandes logros, al transformar a Argentina en exportadora de gas. El cristinismo no le fue a la zaga y reivindica su rol de padres de esa experiencia.

En muchos casos las objeciones de las comunidades locales de pueblos originarios fueron desoídas. El hecho que varios países (Francia entre ellos) hubieran prohibido esas explotaciones tampoco fue considerado. La denuncia de especialistas que consideraron que sus efectos pueden más nocivos que la minería a cielo abierto, al vincular las formaciones de petróleo y de gas con acuíferos, tampoco se escucharon.

Las experiencias ocurridas en Holanda e Inglaterra; Ohio, Oklahoma y Arkansas, en el sentido que esa multitud de pequeñas explosiones generaban movimientos sísmicos y desplazamientos de placas geológicas, con terremotos de hasta 5,2 en la escala de Richter, tampoco tuvieron eco.

Recientemente los vecinos de Sauzal Bonito, en el área de Vaca Muerta, hicieron saber de su preocupación por los reiterados movimientos sísmicos (hasta tres por día) producidos en los últimos tres años. Los mayores, producidos entre octubre y noviembre 2018, dejaron como secuela “casas partidas con paredes que se rajan y que corren riesgo de caerse”.

El negocio es grande, los intereses son muchos. En lo inmediato permitiría arrimar dólares, por las exportaciones de gas. Lo demás… poco importa a los gobernantes.

Pero poco a poco, también van apareciendo las limitaciones económicas de ese vasto negocio. Para la economía argentina esos topes toman dos formas. Una de ellas -que ya apareció- es el subsidio para que las empresas inviertan en esa actividad. La otra es la corta vida y los costos de los pozos sometidos a este tipo de explotación.

Para asegurar las ganancias empresariales, el gobierno (Resolución 46/2017) garantizó a las empresas extractoras un precio y ganancias (hasta el 2021). El salto en el valor del dólar y los ajustes exigidos por el FMI hicieron imposible mantenerlo, en los montos acordados.

A los valores actuales, solo para el gas, ese subsidio sería de 2.464 millones de dólares, cifra fabulosa, aunque mucho menor a la originalmente prevista y ahora demandada por las empresas.

La consecuencia es que está cayendo la producción de gas, las empresas amenazan con despidos; el sindicato petrolero (sin el aval de los grmios de la construcción y de camioneros) y las grandes empresas (encabezadas por Techint) aprietan al gobierno, demandando que se cumpla lo pactado. Amparados en el principio constitucional de la seguridad jurídica van a la justicia y el futuro es incierto.

La otra cuestión en danza es la propia viabilidad, a largo plazo, de las inversiones en el método fracking. Todo funciona, El caso argentino es una prueba más de que toda funciona -mientras llueva plata dulce (del Estado en Argentina o inversores privados en EEUU-, hasta que la caída se vuelve irreversible.

EEUU, a la cabeza mundial de la explotación petrolera –por el desarrollo del fracking-, parece haber iniciado la etapa descendente. La oportunidad del ataque a Venezuela, parece que tiene una de sus claves en ese tema y la necesidad estadounidense de contar con reservas a mano en un futuro no muy lejano.

Como ocurre con la soja y ahora con el fracking, un sospechoso y cómplice silencio social avala la irresponsabilidad de la dirigencia y permite esas políticas. En lugar de buscar alternativas, la comodidad aletarga las conciencias y permite que lo malo aparezca como necesario, en lugar de buscar un camino diferente.

Deuda: pago imposible, renegociación o default

Esta semana Argentina vivió un corto “veranito financiero”: un dólar tranquilo; los intereses –por las nubes- pero bajando; el “riesgo país” dando un respiro. Las grandes empresas que habían perdido el 50% de sus valores bursátiles, recuperaron, en estos días, cerca de un 20% de los mismos.

Al lado de esos datos, las informaciones internacionales nos refieren que es más fuerte la percepción que Mauricio Macri no tiene futuro, que los temores hacia una vuelta de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia.

En ese marco reaparece el tema de la deuda externa. Quedan pocas dudas que este tema es una de las formas más eficaces para garantizar nuestra dependencia respecto a los llamados países centrales.

Primero, crean las condiciones para endeudarnos. Luego establece las condiciones, a través de los “acuerdos” con el FMI, para subordinarnos a los poderes mundiales generando un sistema que nos ata al capital financiero internacional y las grandes potencias que les sirven de sede. Según la Secretaría de Hacienda, la deuda pública nacional -al 30 de setiembre pasado- era de 308.000 millones de dólares, el 50% de nuestro PBI y sus intereses representan el 18% del total de los ingresos fiscales.

El principal acreedor es el FMI: uno de cada tres dólares que Argentina paga por intereses se los debemos a ellos. El endeudamiento macrista (en tres años) es de 71 mil millones de dólares, 10 mil millones más que el período 1991/2001 y casi el doble de los 38 mil en cinco años del kichnerismo (2005/2015).

A no asustarse, porque la deuda de EEUU es del 110% de su PBI. Ah, claro … es la deuda de EEUU, patrón del sistema y país decisor dentro del FMI.

Más allá de elucubraciones de laboratorio, la deuda –tal como está tomada- es imposible de pagar. Descartado ese camino quedan dos posibles vías para el próximo gobierno: renegociación o default.

Claro está que la eventual continuidad de Macri permitiría que siga algo parecido al actual recorrido, con algunas extensiones de plazos y más concesiones que seguramente implicarán mayores pérdidas de soberanía. Recordemos que se ha presentado en Tribunales una denuncia contra el Presidente por “traición a la patria”, por los compromisos asumidos respecto a los recursos naturales, como garantías por las deudas.

En realidad se trata de una renuncia a la inmunidad soberana del Estado, pactando la jurisdicción de los tribunales extranjeros, al igual que todos los gobiernos precedentes, desde la dictadura de 1976.

El camino más elegido por los economistas está en las perspectivas de refinanciación. Todos acuerdan que las condiciones de la misma estarán en directa relación con la fuerza y voluntad que tenga y exponga el próximo gobierno.

En cuanto al default es rechazado por estos mismos economistas por los dolores que le traería al pueblo. Aunque debemos recordar que los primeros y mejores años del crecimiento kirchnerista se dieron –justamente- en medio del no pago de la deuda y la afectación de esos recursos a otros destinos.

Juan Guahán. Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente:
 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252377

 

 

Es imprescindible que una creciente mayoría de nosotros, los diversos de abajo, comprendamos: "los combustibles fósiles han sido durante mucho tiempo centrales para el mito capitalista del crecimiento perpetuo. Han llevado a concentraciones cada vez mayores de capital en muchos sectores económicos y han anticipado tanto la reglamentación como la creciente precariedad del trabajo humano en todo el mundo. (...)

 

Para abordar la magnitud de la crisis climática y mantener un planeta que sea habitable por las generaciones futuras, necesitamos romper ese mito de una vez por todas. (...) Debemos revertir tanto los combustibles fósiles como la economía de crecimiento, y eso requerirá un replanteamiento fundamental de muchas de las suposiciones básicas subyacentes de las sociedades contemporáneas. La ecología social proporciona un marco para esto".

 

 

Ecología Social: Comunalismo

contra el caos climático

8 de febrero de 2019

 

Las iniciativas municipales democráticamente confederadas siguen siendo nuestra mejor esperanza para remodelar significativamente el destino de la humanidad en este planeta. Tal vez la amenaza del caos climático, combinada con nuestro profundo conocimiento del potencial para un futuro más humano y ecológicamente armonioso, puede de hecho ayudar a inspirar las profundas transformaciones que son necesarias para que la humanidad y la Tierra continúen prosperando.

Por Brian Tokar*

7 de febrero, 2019.- La teoría y la praxis de la ecología social siguen siendo nuestra mejor esperanza para defendernos de un futuro distópico y remodelar significativamente el destino de la humanidad en este planeta.

Desde la década de 1960, la teoría y la práctica de la ecología social han ayudado a guiar los esfuerzos para articular una perspectiva ecológica radical y contrasistémica con el objetivo de transformar la relación de la sociedad con la naturaleza no humana. Durante muchas décadas, los ecologistas sociales han articulado una crítica ecológica fundamental del capitalismo y el estado, y propuesto una visión alternativa de comunidades humanas empoderadas y organizadas confederalmente en busca de una relación más armoniosa con el resto del mundo natural.

La ecología social ayudó a formar la Nueva Izquierda y los movimientos antinucleares en los años 60 y 70, el surgimiento de políticas verdes en muchos países, el movimiento antiglobalizaciónde finales de los años 90 y principios del 2000 y, más recientemente, la lucha por la autonomía democrática de las comunidades kurdas en Turquía y Siria, junto con el resurgimiento de nuevos movimientos municipales en todo el mundo, desde Barcelona en Comú hasta Cooperation Jackson en Mississippi.

La visión filosófica de la ecología social fue articulada por primera vez por Murray Bookchin entre principios de la década de 1960 y principios de la de 2000, y desde entonces se ha seguido desarrollando por sus colegas y muchos otros. Es una síntesis única de crítica social, investigación histórica y antropológica, filosofía dialéctica y estrategia política. La ecología social se puede ver como un despliegue de varias capas distintas de comprensión e intuición, que abarcan todas estas dimensiones y más. Comienza con una apreciación del hecho de que los problemas ambientales son fundamentalmente de naturaleza social y política, y están enraizados en los legados históricos de dominación y jerarquía social.

Capitalismo y cambio climático

Bookchin fue uno de los primeros pensadores en Occidente en identificar el imperativo del crecimiento del sistema capitalista como una amenaza fundamental para la integridad de los ecosistemas vivos, y argumentó sólidamente que las preocupaciones sociales y ecológicas son fundamentalmente inseparables, cuestionando los estrechos enfoques instrumentales utilizados por muchos ecologistas para abordar diversos problemas. Para los activistas climáticos actuales, esto fomenta la comprensión de que abordar de forma significativa la crisis climática requiere una visión sistémica de la centralidad de la combustión de combustibles fósiles para el surgimiento y la resiliencia continua del capitalismo. De hecho, el capitalismo tal como lo conocemos es virtualmente inconcebible sin el crecimiento exponencial del uso de la energía –y las extendidas sustituciones de la energía por el trabajo– que el carbón, el petróleo y el gas han permitido. Como explicó el grupo de investigación Corner House, con sede en el Reino Unido, en un documento de 2014:

“Todo el sistema contemporáneo de obtener beneficios del trabajo dependía absolutamente del carbono fósil barato [y por lo tanto] no existe un sustituto económico o políticamente factible para los combustibles fósiles en la triple combinación de combustibles fósiles-motores térmicos-trabajo mercantilizado que apuntala las tasas actuales de acumulación de capital”.

La perspectiva de la ecología social nos permite ver que los combustibles fósiles han sido durante mucho tiempo centrales para el mito capitalista del crecimiento perpetuo. Han llevado a concentraciones cada vez mayores de capital en muchos sectores económicos y han anticipado tanto la reglamentación como la creciente precariedad del trabajo humano en todo el mundo. En Fossil Capital (2016), Andreas Malm explica en detalle cómo los primeros industriales británicos optaron por pasar de la abundante energía hidráulica a las máquinas de vapor alimentadas con carbón para operar sus molinos, a pesar del aumento de los costos y la incierta fiabilidad.

La capacidad de controlar el trabajo fue fundamental para su decisión, ya que los pobres urbanos demostraron ser mucho más dóciles a la disciplina de la fábrica que los habitantes rurales de mentalidad más independiente que vivían junto a los rápidos ríos británicos. Un siglo más tarde, nuevos descubrimientos masivos de petróleo en el Medio Oriente y en otros lugares impulsarían incrementos previamente insondables en la productividad del trabajo humano y darían nueva vida al mito capitalista de la expansión económica ilimitada.

Para abordar la magnitud de la crisis climática y mantener un planeta que sea habitable por las generaciones futuras, necesitamos romper ese mito de una vez por todas.

Para abordar la magnitud de la crisis climática y mantener un planeta que sea habitable por las generaciones futuras, necesitamos romper ese mito de una vez por todas. Hoy la supremacía política de los intereses de los combustibles fósiles trasciende la magnitud de sus contribuciones de campaña o sus ganancias a corto plazo. Se deriva de su continuo papel central en el avance del mismo sistema que ayudaron a crear. Debemos revertir tanto los combustibles fósiles como la economía de crecimiento, y eso requerirá un replanteamiento fundamental de muchas de las suposiciones básicas subyacentes de las sociedades contemporáneas. La ecología social proporciona un marco para esto.

La filosofía de la ecología social
Afortunadamente, a este respecto los objetivos de la ecología social han seguido evolucionando más allá del nivel de crítica. En la década de 1970, Bookchin participó en una amplia investigación sobre la evolución de la relación entre las sociedades humanas y la naturaleza no humana. Su escritura desafió la noción común occidental de que los humanos inherentemente pretenden dominar el mundo natural, concluyendo que la dominación de la naturaleza es un mito enraizado en las relaciones de dominación entre las personas que surgieron del colapso de las antiguas sociedades tribales en Europa y Medio Oriente.

La ecología social resalta los principios sociales igualitarios que muchas culturas indígenas, tanto pasadas como presentes, han tenido en común, y las ha elevado como guías para un orden social renovado: conceptos como la interdependencia, la reciprocidad, la unidad en la diversidad y una ética de la complementariedad , es decir, el equilibrio de roles entre los diversos sectores sociales al compensar activamente las diferencias entre individuos. En su obra magna, La Ecología de la Libertad (1982), Bookchin detalló los conflictos que se desarrollan entre estos principios rectores y los de las sociedades jerárquicas cada vez más estratificadas, y cómo esto ha moldeado los legados rivales de la dominación y la libertad durante gran parte de la historia humana.

Más allá de esto, la investigación filosófica de la ecología social examina la emergencia de la conciencia humana desde dentro de los procesos de la evolución natural. Volviendo a las raíces del pensamiento dialéctico, desde Aristóteles a Hegel, Bookchin desarrolló un enfoque único de la eco-filosofía, enfatizando las potencialidades latentes en la evolución de los fenómenos naturales y sociales mientras se celebra la singularidad de la creatividad humana y la autorreflexión . La ecología social evita la visión común de la naturaleza como un mero reino de necesidad, y en cambio percibe la naturaleza como un esfuerzo, en cierto sentido, por actualizar a través de la evolución una potencialidad subyacente para la conciencia, la creatividad y la libertad.

Para Bookchin, una perspectiva dialéctica de la historia humana nos obliga a rechazar lo que simplemente es y a seguir las potencialidades inherentes a la evolución hacia una visión ampliada de lo que podría ser y, en última instancia, lo que debería ser. Si bien el logro de una sociedad libre y ecológica está lejos de ser inevitable, y puede parecer cada vez menos probable ante el inminente caos climático, tal vez sea el resultado más racional de cuatro mil millones de años de evolución natural.

La estrategia política de la ecología social

Estas exploraciones históricas y filosóficas a su vez proporcionan un apuntalamiento para la estrategia política revolucionaria de la ecología social, que ha sido discutida previamente en ROAR Magazine por varios colegas de la ecología social. Esta estrategia se describe generalmente como municipalismo libertario o confederal, o simplemente como «comunalismo», derivado del legado de la Comuna de París de 1871.

Al igual que los communards, Bookchin abogó por ciudades liberadas, pueblos y barrios gobernados por asambleas populares abiertas. Creía que la confederación de tales municipalidades liberadas podría superar los límites de la acción local, permitiendo a las ciudades, pueblos y vecindarios mantener un contrapoder democrático frente a las instituciones políticas centralizadas del estado, todo mientras vencía la estrechez de miras localista, promovía la interdependencia y promovía una amplia agenda liberadora. Además, argumentó que el sofocante anonimato del mercado capitalista puede ser reemplazado por una economía moral en la que las relaciones económicas y políticas se rijan por una ética de mutualismo y reciprocidad.

Los ecologistas sociales creen que mientras que las instituciones del capitalismo y el estado aumentan la estratificación social y explotan las divisiones entre las personas, las estructuras alternativas arraigadas en la democracia directa pueden fomentar la expresión de un interés social general hacia la renovación social y ecológica. “Es en el municipio”, escribió Bookchin en Urbanization Without Cities (1992), “que las personas pueden reconstituirse desde mónadas aisladas en un cuerpo político creativo y crear una vida cívica existencial … que tiene una forma institucional y contenido cívico”.

Las personas inspiradas por esta visión han traído estructuras de democracia directa a través de asambleas populares a numerosos movimientos sociales en los EE UU. Y más allá, desde campañas populares de acción directa contra la energía nuclear a fines de la década de 1970 hasta los más recientes movimientos antiglobalización y Occupy Wall Street. La dimensión prefigurativa de estos movimientos, que anticipa y ejecuta los diversos elementos de una sociedad liberada, ha alentado a los participantes a desafiar el status quo mientras promueven visiones transformadoras del futuro. El capítulo final de mi reciente libroToward Climate Justice (New Compass 2014) describe estas influencias con cierto detalle, centrándose en el movimiento antinuclear, la política verde, el ecofeminismo y otras corrientes significativas del pasado y el presente.

Contribuciones a movimientos contemporáneos
Hoy, los ecologistas sociales participan activamente en el movimiento global por la justicia climática, que une corrientes convergentes de una variedad de fuentes, en particular movimientos indígenas y otros movimientos basados
​​en la tierra del Sur Global, activistas de justicia ambiental de comunidades de color del Norte Global, y corrientes que continúan desde los movimientos de justicia global o antiglobalización de hace una década. Vale la pena considerar algunas de las contribuciones distintivas de la ecología social a este amplio movimiento de justicia climática en mayor detalle.

·         En primer lugar, la ecología social ofrece una intransigente perspectiva ecológica que desafía las estructuras de poder arraigadas del capitalismo y el estado-nación. Un movimiento que no confronta las causas subyacentes de la destrucción del medio ambiente y la alteración del clima puede, en el mejor de los casos, abordar sólo superficialmente esos problemas. Los activistas por la justicia climática generalmente entienden, por ejemplo, que las soluciones climáticas falsas como los mercados de carbono, la geoingeniería y la promoción del gas natural obtenido del fracking como un “combustible puente” en el camino a la energía renovable sirven principalmente al imperativo del sistema para seguir creciendo. Para abordar completamente las causas del cambio climático se requiere que los actores del movimiento planteen demandas transformadoras de largo alcance, que los sistemas económicos y políticos dominantes pueden ser incapaces de adaptar.

·         En segundo lugar, la ecología social ofrece una lente para comprender mejor los orígenes y el surgimiento histórico del radicalismo ecológico, desde los movimientos nacientes de finales de los años cincuenta y principios de los sesenta hasta el presente. La ecología social desempeñó un papel central al desafiar el sesgo antiecológico inherente de gran parte del marxismo-leninismo del siglo XX, y por lo tanto sirve como un complemento importante a los esfuerzos actuales para recuperar el legado ecológico de Marx. Si bien la comprensión de las escrituras ecológicas ignoradas hace mucho tiempo de Marx, desarrolladas por autores como John Bellamy Foster y Kohei Saito, es central en la emergente tradición de la eco-izquierda, también lo son los debates políticos y las ideas teóricas que se desarrollaron durante muchas décadas fundamentales, cuando la izquierda marxista no estaba, en general, en absoluto interesada en asuntos ambientales.

·         En tercer lugar, la ecología social ofrece el tratamiento más completo de los orígenes de la dominación social humana y su relación histórica con los abusos de los ecosistemas vivos de la Tierra.
La «ecología social» resalta los orígenes de la destrucción ecológica en las relaciones sociales de dominación, en contraste con las visiones convencionales que sugieren que los impulsos para dominar la naturaleza no humana son producto de una necesidad histórica. Para abordar de manera significativa la crisis climática será necesario revertir numerosas manifestaciones del largo legado histórico de dominación, y un movimiento intersectorial destinado a desafiar a la jerarquía social en general.

·         En cuarto lugar, la «ecología social» ofrece una base histórica y estratégica integral para hacer realidad la promesa de la democracia directa. Los ecologistas sociales han trabajado para llevar la praxis de la democracia directa a los movimientos populares desde la década de 1970, y los escritos de Bookchin ofrecen un contexto histórico y teórico esencial para esta conversación continua. La ecología social ofrece una perspectiva estratégica integral que va más allá del papel de las asambleas populares como una forma de expresión pública e indignación, buscando una autoorganización más completa, una confederación y un desafío revolucionario a las instituciones estatistas arraigadas.

·         Finalmente, la «ecología social» afirma que su actividad política opositora se efectivice desde una visión reconstructiva de un futuro ecológico. Bookchin considera la escritura disidente más popular como incompleta, centrándose en la crítica y el análisis sin proponer también un camino coherente hacia adelante. Al mismo tiempo, los ecologistas sociales se han manifestado en contra del acomodo de muchas instituciones alternativas –incluidas numerosas cooperativas y colectivos anteriormente radicales– a un asfixiante status quo capitalista.
La convergencia de las líneas de actividad de oposición y reconstrucción es un paso crucial hacia un movimiento político que en última instancia puede competir y reclamar el poder político. Esto se realiza dentro del movimiento climático internacional a través de la creación de nuevos espacios políticos que incorporan los principios de “blockadia” y “alternatiba”.

El primer término, popularizado por Naomi Klein, fue acuñado por los activistas del Bloqueo TarSands en Texas, que se involucraron en una serie extendida de acciones no violentas para bloquear la construcción del oleoducto Keystone XL. Esta última es una palabra vasco-francesa, adoptada como el tema de un recorrido en bicicleta que rodeó a Francia durante el verano de 2015 y destacó decenas de proyectos locales de construcción alternativa. La defensa de la ecología social para la participación humana creativa en el mundo natural nos ayuda a ver cómo podemos transformar radicalmente nuestras comunidades, mientras que curamos y restauramos ecosistemas vitales a través de una variedad de métodos sofisticados y basados ​​en la ecología.

Inercia global, respuestas municipales

Después de la celebrada, pero finalmente decepcionante, conclusión de la conferencia climática de la ONU 2015 en París, muchos activistas climáticos han abrazado un retorno a lo local. Mientras que el acuerdo de París es ampliamente elogiado por las élites globales –y los activistas condenaron con razón el retiro de los Estados Unidos anunciado por la administración Trump–, el acuerdo tiene un defecto fundamental que en gran medida excluye la posibilidad de que logre una mitigación climática significativa. Esto se remonta a las intervenciones de Barack Obama y Hillary Clinton en la conferencia de Copenhague de 2009, que cambió el enfoque de la diplomacia climática de las reducciones de emisiones legalmente vinculantes del Protocolo de Kyoto de 1997 hacia un sistema de promesas voluntarias, o “Contribuciones Determinadas Nacionalmente”, que ahora forman la base del marco de París. La implementación y el cumplimiento del acuerdo se limitan a lo que el texto de París describe como un comité internacional “basado en expertos” que está estructurado para ser “transparente, no contencioso y no punitivo”.

Por supuesto, el régimen de Kyoto también carecía de mecanismos de aplicación significativos, y países como Canadá y Australia excedían crónicamente sus límites de emisiones impuestos por Kioto. El Protocolo de Kyoto también inició una serie de “mecanismos flexibles” para implementar reducciones de emisiones, lo que lleva a la proliferación global de mercados de carbono, esquemas de compensación dudosos y otras medidas de inspiración capitalista que han beneficiado en gran medida a los intereses financieros sin beneficios significativos para el clima. Si bien la Convención del clima de la ONU original de 1992 consagró varios principios destinados a abordar las desigualdades entre las naciones, la diplomacia climática posterior a menudo se asemeja a una carrera desmoralizadora hacia el abismo.

Aún así, hay algunos signos de esperanza. En respuesta a la retirada anunciada de Estados Unidos del marco de París, una alianza de más de 200 ciudades y condados de EE UU anunció su intención de mantener los cautelosos pero significativos compromisos que el gobierno de Obama había llevado a París. A nivel internacional, más de 2.500 ciudades de Oslo a Sydney han presentado planes a las Naciones Unidas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, a veces desafiando los compromisos mucho más cautelosos de sus gobiernos nacionales.

Dos consultas populares locales en Columbia llevaron a rechazar la explotación minera y petrolera dentro de sus territorios, en un caso afiliando a su ciudad con el movimiento italiano Slow Cities, una consecuencia del famoso movimiento Slow Food que ha ayudado a elevar el nivel social y cultural de los productores locales de alimentos en Italia y en muchos otros países. Una declaración de principios de Slow Cities sugiere que “trabajando para la sostenibilidad, defendiendo el medioambiente y reduciendo nuestra huella ecológica excesiva”, las comunidades se están “comprometiendo… a redescubrir los conocimientos tradicionales y a aprovechar al máximo nuestros recursos mediante el reciclaje y la reutilización, aplicando las nuevas tecnologías “.

La capacidad de tales movimientos municipales para generar apoyo y presión para cambios institucionales más amplios es fundamental.

La capacidad de tales movimientos municipales para generar apoyo y presión para cambios institucionales más amplios es fundamental para su importancia política en un período en el que el progreso social y ambiental se estanca en muchos países. Las acciones iniciadas desde abajo también pueden tener más poder de permanencia que aquellas ordenadas desde arriba. Es mucho más probable que estén estructuradas democráticamente y rindan cuentas a las personas que se ven más afectadas por los resultados. Ayudan a construir relaciones entre vecinos y a fortalecer la capacidad de autosuficiencia. Nos permiten ver que las instituciones que ahora dominan nuestras vidas son mucho menos esenciales para nuestro sustento diario de lo que a menudo nos hacen creer. Y, quizás lo más importante, tales iniciativas municipales pueden desafiar las medidas regresivas implementadas desde arriba, así como las políticas nacionales que favorecen a las corporaciones de combustibles fósiles y los intereses financieros afines.

En su mayor parte, las iniciativas municipales recientes en los EE UU y más allá han evolucionado en una dirección progresista. Más de 160 ciudades y condados de EE UU se han declarado “santuarios” desafiando la aplicación de las leyes de inmigración de la administración Trump, un avance muy importante a la luz de los futuros desplazamientos que resultarán del cambio climático. Tales batallas políticas y legales en curso sobre los derechos de los municipios contra los estados se refieren al potencial radical de las medidas social y ecológicamente progresistas que surgen de abajo.

Los activistas de la justicia social y ambiental en los Estados Unidos también están desafiando la tendencia de las victorias electorales de derecha ejecutando y ganando campañas audaces para una variedad de cargos municipales. Quizás lo más destacable es la exitosa campaña de 2017 de Chokwe Antar Lumumba, quien fue elegido alcalde de Jackson, Mississippi, en el corazón del sur profundo, con un programa centrado en los derechos humanos, la democracia local y la renovación económica y ecológica en los barrios. Lumumba funcionó como la voz de un movimiento conocido como Cooperación Jackson, que se inspira en la tradición afroamericana y el Sur Global, incluidas las luchas de resistencia de africanos esclavizados antes y después de la Guerra Civil estadounidense, el movimiento zapatista en el sur de México y recientes levantamientos populares en todo el mundo.

Cooperación Jackson ha presentado numerosas ideas que resuenan fuertemente con los principios de la ecología social, incluidas las asambleas vecinales empoderadas, la economía cooperativa y una estrategia política de doble poder. Otros que trabajan para resistir el status quo y construir el poder local están organizando asambleas vecinales democráticas, desde la ciudad de Nueva York hasta el noroeste del Pacífico, y desarrollando una nueva red nacional para avanzar estrategias municipales, como Eleanor Finley contó de manera importante en su ensayo sobre The New Municipal Movements en el número 6 de ROAR Magazine.

Visiones de futuro

Si esfuerzos locales como estos pueden ayudar a marcar el comienzo de un movimiento municipalista coherente y unificado en solidaridad con las iniciativas de “ciudades rebeldes” en todo el mundo aún está por verse. Tal movimiento será necesario para que las iniciativas locales amplíen y catalicen las transformaciones a escala mundial que son necesarias para defenderse de la amenaza inminente de un colapso completo en los sistemas climáticos de la Tierra.

De hecho, las proyecciones de la ciencia climática resaltan continuamente la dificultad de transformar nuestras sociedades y economías lo suficientemente rápido como para evitar el descenso a una catástrofe climática planetaria. Pero la ciencia también afirma que las acciones que emprendemos hoy pueden significar la diferencia entre un régimen climático futuro que es perturbador y difícil, y uno que desciende rápidamente hacia extremos apocalípticos. Si bien debemos ser completamente realistas sobre las consecuencias potencialmente devastadoras de las interrupciones climáticas continuas, un movimiento genuinamente transformador debe enraizarse en una visión de futuro de una calidad de vida mejorada para la mayoría de las personas en el mundo en un futuro libre de dependencia de combustibles fósiles.

Las medidas parciales distan mucho de ser suficientes, y los enfoques para el desarrollo de energías renovables que simplemente replican las formas capitalistas pueden terminar siendo un callejón sin salida. Sin embargo, el impacto acumulativo de los esfuerzos municipales para desafiar intereses arraigados y actualizar las alternativas de vida –junto con visiones revolucionarias coherentes, organización y estrategias hacia una sociedad radicalmente transformada– tal vez podría ser suficiente para defenderse de un futuro distópico de privaciones y autoritarismo.

Las iniciativas municipales democráticamente confederadas siguen siendo nuestra mejor esperanza para remodelar significativamente el destino de la humanidad en este planeta. Tal vez la amenaza del caos climático, combinada con nuestro profundo conocimiento del potencial para un futuro más humano y ecológicamente armonioso, puede de hecho ayudar a inspirar las profundas transformaciones que son necesarias para que la humanidad y la Tierra continúen prosperando.

*Brian Tokar es activista y autor, profesor de Estudios Ambientales en la Universidad de Vermont y miembro del consejo del Instituto de Ecología Social y 350Vermont. Su libro más reciente es Hacia la Justicia Climática: Perspectivas sobre la Crisis Climática y el Cambio Social (New Compass Press, 2014). Traducido por Pilar Gurriarán. 2018.

Fuentes originales: Publicado el día 1 de febrero 2019 por Radio Temblor: http://www.radiotemblor.org/?p=13702
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/07/02/2019/ecologia-social-comunalismo-contra-el-caos-climatico

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2019/02/08/ecologia-social-comunalismo-contra-el-caos-climatico

 

 Crisis civilizatoria

 

Prestemos atención a quiénes el capitalismo etiqueta despectivamente "ambientalistas" y a quiénes discrimina como atrasados por ser campesinos o indígenas. Cuando estos últimos aportan a restablecer los equilibrios ecológicos del planeta habitable en confrontación con el sistema que sigue avanzando aceleradamente en sus devastaciones y genocidios silenciosos.

 

Desastre ecológico en Brasil:

cedió una represa que contenía residuos minerales

25 de enero de 2019

 

Ocurrió en el estado de Minas Gerais. La empresa responsable, la gigante minera Vale, reconoció el siniestro en un comunicado. Las imágenes son desgarradoras, un impresionante apocalipsis. Es la segunda vez que ocurre un hecho semejante.

Por el momento no hay registro de víctimas mortales, y los bomberos enviaron efectivos a la zona. La empresa responsable, la gigante minera Valo do Rio Doce, reconoció el siniestro en un comunicado.


"Las primeras informaciones indican que los residuos afectaron la zona administrativa de la compañía y parte de la comunidad de Vila Ferteco. Aún no hay confirmación de si se produjeron heridos. Vale solicitó intervención al cuerpo de bomberos y activó su plan de atención de emergencias para represas", dijo la empresa en su declaración.

La compañía dijo que su prioridad es proteger la vida de los trabajadores y vecinos de la zona.

 

Vale también era copropietaria de la represa que se rompió en la localidad de Mariana, también en el estado de Minas Gerais, hace tres años y que provocó el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil, dejando 18 muertos y cientos de kilómetros de ríos contaminados.

 

Fuente: http://www.infonews.com/nota/321315/desastre-ecologico-en-brasil-cedio-una

 

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“Corrupción, destrucción y muerte”

denuncian los afectados por el derrame en Brasil

26  de enero de 2019

 

El Movimiento de los Afectados por Represas hizo una nota sobre el terrible crimen de la empresa Vale en Brumadinho, ciudad de poco más de 36 mil habitantes situada en la región metropolitana de Belo Horizonte. Ayer, una represa de desechos de mineral se rompió, afectando el suministro de agua en la capital minera. Este mañana se confirmó que al menos hay nueve muertos pero el número desaparecidos es de entre 200 y 350 desaparecidos.

 

Por MAB|Douglas Magno

 

¿Por qué?

El Movimiento de los Afectados por Represas-MAB afirma solidaridad con los afectados por el rompimiento de la Presa de la Mina Corriente del Frijol, de minería de hierro, ocurrida al inicio de esa tarde. Una vez más, el beneficio está por encima de las vidas humanas y del medio ambiente.

Denunciamos el actual modelo de minería, con empresas privatizadas y multinacionales que buscan el lucro a cualquier costo que afecta tantas vidas. Hace apenas 3 años de la ruptura de la represa de Fundão, en Mariana, otro crimen contra la vida es fruto de ese modelo.

La represa tiene capacidad de 1 millón de m³ de desechos, que ahora serán derramados sobre el río Paraopeba, dejando un rastro de destrucción y muerte y poniendo en riesgo el abastecimiento de miles de familias en más de 48 municipios de la Cuenca del Paraopeba.

Desde el año 2015, innumerables denuncias vienen siendo hechas por el riesgo de rompimiento de represas del Complejo, y aún así la Mina Corrección del Frijol tuvo su ampliación aprobada por el Consejo Estatal de Política Ambiental en diciembre del año pasado, 2018. El Movimiento de los Afectados por Represas reafirma que está con los trabajadores y familia en ese momento difícil y sigue firme en lucha por los derechos de los afectados.

Más Noticias

Fuente: https://www.anred.org/?p=109492

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El drama de la represa de Brumadinho

salpica a Suiza

2 de febrero de 2019

 

 

Por Sergio Ferrari (Rebelión)

La empresa tiene su sede internacional en el cantón de Vaud

Varias decenas de personas se movilizaron el miércoles 30 de enero en Saint-Prex, en el Cantón de Vaud, ante la sede de la Vale Internacional S.A. La protesta contra la multinacional minera de origen brasilero portaba la solidaridad con la centena de muertos y los 259 desaparecidos víctimas de la ruptura de la represa de Brumadinho, en el Estado de Minas Gerais, ocurrida el pasado viernes 25 de enero.

Los manifestantes portaban un gran cartel con una consigna irónica dirigida a Vale: “Gracias por elegir Suiza”. En tanto algunos de ellos portaban máscaras con los rostros de los miembros del Gobierno del Cantón de Vaud que otorgaron, al momento de la instalación de la trasnacional en su territorio, suculentos beneficios impositivos.

La tragedia de Brumadinho, localidad ubicada a escasos 62 kilómetros al sudoeste de Belo Horizonte, es la segunda de consecuencias dramáticas que involucra a la empresa en los últimos tres años. Y como entonces, provocó nuevamente la reacción de organizaciones ambientalistas, solidarias y de los partidos suizos de izquierda y Los Verdes.

Así como de las Naciones Unidas. La solidaridad con las víctimas fue expresada al día siguiente de la tragedia, el sábado 26 de enero, por António Guterres, secretario general de la ONU, quien -aunque sin mencionar a la trasnacional- puso a disposición del Gobierno brasilero recursos de emergencia y de búsqueda de desaparecidos.

Relatores independientes de la ONU fueron más precisos y contundentes. Según señala swissinfo.ch, los mismos expresaron que “esta tragedia pone en duda las medidas preventivas tomadas tras el desastre minero de Samarco (cerca de Mariana) hace poco más de tres años…”

Los mismos instaron al gobierno sudamericano a que “actúe resueltamente de acuerdo con su compromiso y haga todo lo que esté a su alcance para evitar más tragedias de este tipo y llevar ante la justicia a los responsables del desastre”.

 

La Vale contrataca

Fuertemente criticada a nivel internacional, los principales portavoces de la firma retomaron la palabra anunciando una serie de medidas. Entre ellas, la suspensión del pago de dividendos a sus accionistas y de primas/bonificaciones a los cuadros, así como la creación de un fondo para las víctimas de la tragedia. Se comprometieron, además, a crear dos comités de crisis tanto para ayudar éstas, como para investigar las causas del desmoronamiento.

Tras la contraofensiva de la multinacional, el intento de disociarla de la tragedia anterior de Mariana, en noviembre del 2015, a apenas un centenar de kilómetros de Brumadinho, la que provocó una veintena de víctimas fatales. Y que desencadenó una gigantesca polución del Río Dulce, uno de los más importantes del país, en unos 650 kilómetros de su caudal.

Dramas repetidos que chocan contra la retórica empresarial expresada en su propio sitio web. Donde define su misión a favor de “transformar los recursos naturales en prosperidad y desarrollo sostenible”. Y subraya como su visión, la de “ser la compañía global número uno en la creación de valor a largo plazo, a través de la excelencia y la pasión por las personas y el planeta”. E insistiendo en sus “valores”: “la vida es lo más importante; valorizar a nuestra gente; premiar nuestro planeta; hacer lo que es correcto; mejorar juntos…”

La Vale es el principal productor mundial de hierro, materia prima que con 20 000 millones de dólares de ingresos representa el 17 % de las exportaciones del país sudamericano. Al instalarse en Suiza declaró un “beneficio previsible” para el 2006 de apenas 35 millones de dólares. Sin embargo, a posteriori, la declaración de beneficio de la Vale para ese mismo año, superaría, en realidad, los 5 mil millones de dólares.

Al localizar su sede internacional en Saint-Prex, a orillas del Lago Lemán, Vale negoció la excepción de 80 % de los impuestos federales y el 100% de los municipales y cantonales por un periodo de 10 años.

En 2012, en el marco del “Davos alternativo” la Vale había recibido el premio “Eye” del público a la empresa más irresponsable del planeta por sus violaciones históricas de los derechos ambientales, sociales (condiciones laborales y sindicales) y humanos.

La “condena” mediática

Desde el mismo día de los hechos, la ruptura de la represa se convirtió en noticia trascendente en los medios internacionales escritos y sociales. En Suiza, la cobertura de los mismos, en repetidas ocasiones, estuvo vinculada a un intenso debate político nacional provocado por una futura Iniciativa popular que debería ser votada en los próximos meses.

La misma, (“Por multinacionales responsables”), lanzada hace ya varios años por un centenar de organizaciones de desarrollo, ecológicas, sindicales, promueve el establecimiento de medidas que aseguren que las multinacionales suizas asuman su responsabilidad global. Y respeten allí donde operen – ellas o sus filiales- los mismos cánones a nivel de derechos humanos y ambientales que deben cumplir en Suiza mismo.

El periódico independiente suizo Le Courrier, en su edición de este viernes 1ro de febrero, editorializa críticamente los hechos de Minas Gerais bajo el título “Vale: la mina equivocada” (“Vale: le mauvais filon”, en su título original en francés).

Considera que el drama de Brumadinho, de la misma manera que otras violaciones de derechos humanos y ecológicos en otras tantas partes del mundo -especialmente en África, Asia y América Latina- tienen una corresponsabilidad cierta en el norte en general y en Suiza en particular.

La periodista Laura Drompt, autora del editorial, se interroga: ¿Cómo recordar a esas empresas sus responsabilidades sociales cuando los gobiernos – a nivel municipal, cantonal y federal- aprovechan de las mismas? Vale, hizo hablar mucho de ella por el acuerdo logrado con el Gobierno del Cantón de Vaud que la exoneró de todo impuesto durante muchos años a pesar de los asombrosos beneficios”. Y concluye categórica que “Suiza es por lo tanto culpable de la participación a la cadena de sucesos trágicos que produjeron muertes y polución irreversibles”.

 Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252032

 

Debemos, abajo y a la izquierda sin fronteras, generalizar nuestra ruptura con el círculo vicioso del poder.  Se trata del rechazo al bastardeo político, cultural e ideológico que realizan ambos bandos de la "grieta" a través de los medios de difusión masiva. Superficialidad y distorsión de visiones de la realidad local e internacional que se intensifica en períodos electorales. Es superable por la labor en común para interpelar a una creciente mayoría, por ejemplo, desde:

 

 

Mucho dolor en Brumadinho.

“No hay fiscalización de empresas mineras” denuncia movimiento de afectados (MAB-Brasil)

13 de febrero de 2019

 

El 24 de enero Brasil volvió a sufrir un crimen ambiental. En Brumadinho, una localidad del estado de Minas Gerais, un embalse de residuos tóxicos de la minera Vale se reventó y el lodo avanzó sobre el terreno y las personas.

Se han visto las imágenes en redes sociales de cómo el lodo arrasó Brumadinho y dos semanas después las cifras de esta masacre son: 150 víctimas fatales, 134 cuerpos identificados; 182 personas desaparecidas (entre trabajadores y habitantes de Brumadinho); 103 desalojadas; más 387 bomberos y 12 helicópteros que participaron en los rescates, según informó el Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués).

Yara de Freitas, integrante del MAB, ha seguido de cerca los hechos y fue entrevistada por RMR para analizar lo ocurrido y actualizar la situación a dos semanas de esta tragedia. “En Brasil no hay una real fiscalización y monitoreo del Estado a las empresas a cargo de proyectos extractivistas”, dijo, ya que no se destinan recursos humanos ni técnicos para eso. Además de que las empresas presentan sus propios informes de monitoreo, sin contralor del Estado, poco más de la mitad (58%) han entregado estos informes y solo el 3% cuenta con recorridas por los terrenos donde se emplazan estos proyectos.

 

Vale S.A. es la tercera minera más grande del mundo y está presente en 30 países. Actualmente está a cargo de 600 embalses en Brasil y al menos unas 19 represas como las de Brumadinho están en riesgo de rompimiento: 14 de éstas se ubican también en Minas Gerais.

 

Vale fue fundada en 1942 como Companhia Vale do Rio Doce dedicada a la extracción de hierro, cobre, níquel y oro; sus ganancias iban al tesoro público del Gobierno Federal de Brasil. Responsable del 80% de las exportaciones de hierro nacional, en 1997 fue privatizada por el expresidente Fernando Henrique Cardoso. La ola de privatizaciones en los años 90 impuso una lógica empresarial transnacional que “prioriza las ganancias en vez de invertir en seguridad ambiental y social”, dijo de Freitas.

El MAB lleva el monitoreo social de estos proyectos junto a las comunidades afectadas por el extractivismo. Este movimiento ya había advertido que podía pasar lo que finalmente ocurrió en Brumadinho, considerando el antecedente de la represa Mariana en 2015.

 

¿Cómo está la situación hoy?

Vale S.A. está ejerciendo presión para continuar las exploraciones mineras en Brasil. Si bien la Dirección de Trabajo de Brasil ha manifestado su decisión de bloquear las cuentas de la empresa para garantizar indemnizaciones y despidos, todavía no hay una cifra acordada sobre cuántos millones de reales les bloquearán.

 

A nivel socioambiental, de Freitas subrayó que el lodo tóxico que se desbordó cuando se rompió el dique de contención de los residuos mineros avanzó unos 150 kilómetros y podría contaminar al río San Francisco y las comunidades aledañas a ese cauce.

“Las personas que fueron afectadas, que perdieron sus familiares, están en constante angustia y mucho dolor por lo ocurrido y por la falta de información que reciben desde la empresa y de los niveles de gobierno estatal y federal”, dijo Yara. Quienes viven y trabajan en la zona rural han perdido toda su producción por la falta de agua y porque el lodo cubrió y contaminó la tierra.

En las últimas horas también las autoridades han advertido los riesgos sanitarios que conlleva la falta de suministro de agua y la aparición de enfermedades como dengue y fiebre amarilla, además de problemas de salud mental en la población por la angustia y el dolor experimentados en los últimos 15 días.

 

De Freitas también destacó el rol del Ministerio Público en Brumadinho que trabaja para garantizar derechos de las personas afectadas ante la falta de respuesta de Vale S.A., mientras que la Policía Federal está llevando adelante la investigación sobre el rompimiento de este embalse.

Radio Mundo Real

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Multimedia/Audio/Mucho-dolor-en-Brumadinho.-No-hay-fiscalizacion-de-empresas-mineras-denuncia-movimiento-de-afectados-MAB-Brasil

 

Necesitamos la revelación de porqué derribar fronteras entre los de abajo o los pueblos y de cómo el gobierno de Cristina Kirchner hizo al capitalismo subsidiado con el sacrificio de los pueblos y sobreexplotador de los trabajadores. Esto ayuda a la revisión crítica sobre las falsedades del modelo productivo y el proyecto nacional, popular en momentos en que CFK y el PJ aparecen como victoriosos en las elecciones 2019.

 

La brasileña Vale confirmó que abandonó

una inversión millonaria en Mendoza

11 de marzo de 2013

En un comunicado la empresa confirmó que suspendió la construcción del proyecto Potasio Río Colorado “por el actual contexto macroeconómico”. La obra estaba parada desde diciembre.

 

La brasileña Vale, una empresa con fuerte participación estatal y de fondos vinculados a compañías públicas, confirmó hoy está suspendiendo la construcción del proyecto Potasio Rio Colorado, tal y como anticipó este diario. "Teniendo en cuenta que, en el actual contexto macroeconómico, los fundamentos económicos del proyecto no están en línea con el compromiso de Vale con la disciplina en la inversión de su capital y con la creación de valor. En el caso de que se reinicie el emprendimiento, será dada preferencia a los trabajadores actuales del proyecto", dice el comunicado que la empresa envió por la suspensión del proyecto Potasio Río Colorado en Malargüe, en el sur mendocino.

Según la empresa, evaluarán el reinicio de las obras en caso de que el contexto cambie, mientras que aseguran que seguirán cumpliendo sus compromisos. "Vale continuará cumpliendo con los compromisos relativos a sus concesiones y seguirá buscando soluciones que mejoren los fundamentos económicos del proyecto, para en ese momento, evaluar su reinicio", finaliza el comunicado.

El proyecto Río Colorado era uno de los más ambiciosos emprendimientos mineros en el país, localizado en Malargüe, Mendoza, y que según estaba previsto iría a representar una inversión de casi US$ 6.000 millones. El tema era un punto clave de la agenda del encuentro bilateral cancelado, esta semana, entre las presidentas Cristina Kirchner y Dilma Rousseff.

 

La muerte del venezolano Hugo Chávez, el martes último, indujo a las jefas de Estado a postergar la cita que debía realizarse en Calafate. Pero a priori se sabía que eran escasas las chances de resolverse un conflicto entre la minera y el gobierno argentino. Vale había demandado una “adecuación” del tipo de cambio y una reducción impositiva que tornara “más rentable” la explotación de ese yacimiento. Pero ya inicios de la semana pasada, cuando desembarcó en Buenos Aires, el ministro de Desarrollo e Industria de Brasil Fernando Pimentel supo que eran escasas las probabilidades de avanzar en la dirección que pretendía la compañía minera brasileña.

En las negociaciones del 4 de marzo, Pimentel abordó con sus colegas de Buenos Aires múltiples temas bilaterales, sobre los que se explayó sin problemas. Pero al ser interrogado por la prensa específicamente sobre la Vale en Argentina, el funcionario (un íntimo de la presidenta Rousseff) declaró: “Ahora la negociación será directamente entre la empresa y el gobierno argentino”, con lo cual dio a entender que la intermediación oficial brasileña se había agotado.

Por lo que se supo luego, fue en esa cita que los funcionarios argentinos le transmitieron la negativa de Cristina a aceptar las demandas de la empresa.

Según la edición de ayer del diario Folha de Sao Paulo, “al gobierno (de Dilma) le gustaría por cuestiones políticas que el proyecto continúe. Pero entiende que la posición argentina lo está volviendo inviable”.

En los cálculos de Vale, de los 6.000 millones de dólares previstos originalmente, la obra minera podría demandar ahora casi el doble.

La razón, dijeron, es el costo salarial y tributario, que se ha visto incrementado en los últimos tiempos sin que hubiera una disposición oficial a mejorar el tipo de cambio que rige para el ingreso de los dólares al país.

El conflicto viene de largo. Ya en diciembre del año pasado la empresa decretó vacaciones colectivas de los trabajadores.

Los directivos se reunieron con el gobernador de Mendoza Francisco Pérez y le plantearon los problemas. Esa cita terminó en un punto muerto y con la empresa que puso como plazo máximo para detener los trabajos de montaje de la mina el 28 de febrero último.

Pero en febrero, una reunión entre los cancilleres Héctor Timerman y Antonio Patriota, en Río de Janeiro, renovó las esperanzas de reactivación del proyecto. “Nuestros embajadores y equipos designados por las presidentas Dilma Rousseff y Cristina Kirchner, están trabajando denodadamente para que Vale continúe en Argentina y siga con las inversiones”, dijo el ministro argentino en una rueda de prensa. Y agregó: “El proyecto todavía va dar grandes satisfacciones a ambas partes: al inversor y a la República Argentina”. Sin embargo las obras siguen paralizadas y los proveedores aún no han recibido ninguna comunicación.

 

Fuente: https://www.clarin.com/mercados-y-finanzas/brasilena-vale-abandonar-inversion-millonaria_0_By-Umr9jPmg.html

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Confirmado: La minera Vale paraliza su megaproyecto en Mendoza

23 de enero de 2013

 

Fuentes de la minera confirmaron la decisión, anticipada por LPO, apelando a la "incertidumbre" internacional. Se trata de una inversión de más de u$s 6000 millones que habían anunciado en la Casa Rosada junto a Cristina Kirchner. En rigor, es una represalia por el bloqueo al giro de dividendos al exterior. La medida golpea seriamente a la administración de Paco Pérez.

LPO

 

Al fin se corporizó el gran temor del gobernador mendocino Paco Pérez. Ejecutivos de la minera brasileña Vale confirmaron extraoficialmente que el megaproyecto en el sureño departamento de Malargüe se suspenderá hasta nuevo aviso, como había anticipado LPO. 

Luego de días de silencio, Pérez se vio forzado hoy a referirse a la situación de la compañía, que emplea indirectamente a unas 5.000 personas, en una zona de Mendoza que apuesta todo a la explotación minera.

Como era previsible, los ejecutivos de Vale eludieron toda referencia a la situación interna para justificar una decisión que
no sólo deja mal parado al gobernador sino a la propia Cristina Kirchner que anunció la inversión en la Casa Rosada con bombos y platillos. Lo hizo luego de la nacionalización de YPF como un supuesto ejemplo que los capitales internacionales siguen confiando en el país.

Los directivos de Vale se limitaron a señalar que el precio de las sales de potasio bajó 50% en dos años y así no es viable continuar con la inversión en el país de unos 6.000 millones de dólares anunciados a finales del 2011. La principal inversión de este grupo en el país estaba planificada en Malargüe para explotar una mina de potasio en una proyecto bautizado Potasio Río Colorado.

Lo curioso es que al momento del anuncio en la Casa Rosada la tendencia de baja de precio del potasio ya estaba consolidada, según surgen de las propias palabras de los directivos. 

Lo cierto es que como anticipó LPO, Vale no hace sino tomar la delantera –de manera muy agresiva- de un malestar que recorre a toda la industria.
La prohibición de hecho del gobierno del giro de utilidades al exterior.

Para que se entienda, las mineras manejan volúmenes muy importantes de ganancias, acorde a las inversiones que realizan. Son ciento y miles de millones de dólares que se ven impedidos de remitir al exterior. Es obvio que el Gobierno no está en condiciones de soportar una sangría de esas dimensiones de la divisa norteamericana, pero estas compañías son globales y tienen que responder a inversiones muy fuertes en todo el planeta y la presión de sus accionistas por mantener las ganancias altas.

La empresa dijo que por ahora los sueldos de los trabajadores se seguirán pagando, pero el congelamiento de las obras golpea a una amplia cadena de empresas contratistas. Supuestamente el lunes 4 de febrero podrían reanudarse algunos trabajos, pero la palabra de la minera no es muy confiable en este sentido. 

Primero los trabajadores se iban a reincorporar el 7 de enero, tras el receso de fin de año; luego se dijo el 14 y finalmente el 21. Cuando esto ocurrió las preguntas se sucedieron, hasta dar con la confirmación de la paralización de las obras.

De hecho, el anunció descolocó mal al gobierno de Paco Pérez. El ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, anunció ayer que que las obras se reanudarían “esta semana” y agregó que eso le había comunicado Vale por escrito. Hoy, fuentes de la Gobernación admitieron a LPO que se habían enterado “por los medios” de la decisión de la minera.

Teléfono rojo

La decisión de los brasileños golpeó y duro al gobierno de Paco Pérez que no tiene otra inversión de este tamaño para mostrar. El propio Pérez confirmó hoy que ya pidió una reunión urgente con el CEO de Vale en Argentina, Sergio Leite, para conocer de primera mano las razones de la paralización de los trabajos en Malargüe.

 

Pedido de informes

El senador radical Armando Camerucci, adelantó que realizará un amplio pedido de informes al Gobierno de Mendoza para que informe en detalle la situación en Malargüe. 

El combativo legislador radical dijo tener información respecto a que Vale está presionando al Gobierno nacional porque intuye que cuando la mina esté produciendo y obtenga rentabilidad, le será complicado sacar las divisas al exterior.

Para tener una idea del daño que esta decisión le causa a la provincia, no hay más que repasar el proyecto, que contempla la construcción de una cinta transportadora de 40 kilómetros, un aeropuerto y las instalaciones ferroviarias necesarias para llevar el mineral hasta los puertos de la provincia de Buenos Aires.

Toda la estructura de las empresas contratadas por Vale ya ocupan a unos 5.000 trabajadores, de los cuales 75% es mano de obra mendocina, tal como acordó la Provincia y las compañías antes de comenzar los trabajos. 

El tema es tan grave para Mendoza que prácticamente monopolizó una conferencia de prensa que Paco Pérez había convocado hoy para dar a conocer detalles del clásico entre Boca y River que se jugará en Mendoza la semana que viene. Ante los periodistas aseguró que su gobierno intentará asegurar la “continuidad del proyecto y las fuentes de trabajo”.

Pero lo cierto es que bien los resortes que puede manejar la provincia para revertir la decisión de la minera parecen pocos, dado los montos en juego. Lo que realmente preocupa al Gobierno es el estallido social que podrían producirse en Malargüe. Los antecedentes avalan la alarma: el año pasado, un grupo de desocupados atacaron la sede de la Municipalidad provocando serios destrozos. 

Pedían trabajar para algunas de las empresas que prestan servicio a Vale. Fue algo acotado, que incluyó a algunas decenas de personas, pero un cierre definitivo del yacimiento podría derivar en una crisis de magnitudes impredecibles en un departamento con 30.000 habitantes que apuesta todo a la minería.

Fuente: https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-88222/

 

 

Hubiésemos, quienes vivimos en Argentina, evitado más de una década de sacrificio de vidas y ecosistemas si hubiésemos escuchado a los compatriotas de la provincia de Santa Cruz sobre cómo el matrimonio Kirchner se volvió millonario y su estado represor. Hoy se sigue sosteniendo la impunidad de CFK, su gabinete y el PJ  considerando que son víctimas de la persecución del gobierno de Macri.

 

Pero no cabe duda ni hace falta documentar (algo imposible por el carácter mafioso del entramado) que la promoción de las ocupaciones económico territoriales de  Barrick Gold, de Monsanto y de Chevron sólo pudo realizarse para el gran enriquecimiento familiar e individualor, bien patente.

 

 

Corrupción, extractivismos

y daño ambiental: una íntima asociación
5 de abril de 2016

Por Eduardo Gudynas – La corrupción se ha convertido en uno de los problemas centrales en América Latina, hasta ocupar lugares centrales en las disputas políticas y poner en jaque a algunos gobiernos. Buena parte de esas polémicas se han centrado en aspectos partidarios y económicos, pero muy poco se ha dicho sobre sus impactos ecológicos. Sin embargo, no debe pensarse que la corrupción sea inocua desde el punto de vista ambiental, sino que, por el contrario, desencadena muchas consecuencias. Esto es particularmente evidente en los extractivismos, donde para imponerlos u ocultar sus impactos, una y otra vez aparece la corrupción, revelando una íntima y mutua asociación.

No puede negarse que denuncias e investigaciones sobre corrupción cruzan a casi toda América Latina. Si bien se atienden sobre todo en sus implicaciones políticas y económicas, cuando se observan con cuidado los principales casos, se encontrarán que en muchos de ellos están envueltos emprendimientos sobre los recursos naturales. Son casi siempre extractivismos mineros, petroleros o agrícolas, o las obras necesarias para llevarlos adelante, desde represas a carreteras. Por esa misma razón están repletos de impactos ecológicos, todos los cuales vienen siendo denunciados desde hace años.

Algunos ejemplos ilustran que esa asociación entre corrupción y extractivismos de alto impacto ambiental se repite en todos los sectores y atraviesa gobiernos de todo tipo. Si de un lado se observa a Colombia, se encuentra que una reciente revisión del desempeño minero alerta sobre corrupciones que van desde tráfico de influencias a delitos tributarios, desde acciones para obtener permisos sociales y ambientales a la tolerancia de la violencia. Si en otro extremo se considera a Bolivia, se repiten denuncias similares, y hasta el Ministerio Anticorrupción encontró contratos mineros irregulares.

La apelación a empresas estatales también se ha mostrado incapaz de detener la corrupción en los extractivismos. En efecto, en todas las petroleras estatales sudamericanas se han encontrado casos de corrupción o se están investigando denuncias. Estas van desde los sobornos para conseguir contratos en Ecopetrol de Colombia a las acciones contra gerentes y directores de PDVSA en Venezuela, pasando por las alarmas ante contratos de explotación o remodelaciones en PetroEcuador.

La corrupción en los extractivismos puede estar años sin investigarse. Muy ilustrativo de esas resistencias es el caso de los “petroaudios” en Perú, que estalló en 2008, durante el gobierno de Alan García pero cuyo proceso judicial realmente se inició en 2014 (se grabó a un directivo de la estatal petrolera negociando sobornos en favor de una empresa noruega).

Estos y otros ejemplos muestran una íntima asociación entre los extractivismos y la corrupción. Es que los extractivismos en casi todos los casos implican emprendimientos que tienen efectos ambientales (y sociales) tan negativos, que la corrupción es necesaria al menos en dos frentes: para ocultar sus impactos y consecuencias, y para lograr la asistencia del Estado en imponerlos.

 

Sin sobornos nunca se habrían concretado esos emprendimientos

Hurgando entre los extractivismos se encuentran todos los tipos posibles de corrupción. Los más conocidos son los sobornos (coimas, mordidas), pero además están el cohecho, por ejemplo para que un funcionario público autorice un mal informe de impacto ambiental, el tráfico de influencias para favorecer concesiones mineras o petroleras que anulan territorialidades indígenas o campesinas, encubrimientos para ocultar impactos, pongamos por caso, de un derrame, la obstrucción de la justicia por funcionarios públicos, o la prevaricación en los juzgados que no atienden la violencia ejercida por empresas extractivistas.

Se repiten abordajes entre medios y analistas convencionales que reaccionan ante la corrupción sobre todo por sus impactos económicos. Ellos se alarman por las pérdidas que todo eso acarrea para el crecimiento económico o cómo entorpecen el clima de negocios para las empresas. Esto ocurre cuando la corrupción escala a tales niveles que incluso impide la dinámica que ellos consideran debería ser “normal” en los mercados.

Pero es necesario dar unos pasos más allá de esa mirada. Sin duda, la corrupción tiene efectos económicos que no pueden ser negados, y son más amplios, afectando por ejemplo a pequeñas empresas o cooperativas locales que pueden ser desplazadas, y que incluso llega hasta la economía familiar. Pero también hay un costo económico cuando una comunidad debe lidiar con el agua o los suelos contaminados por un emprendimiento extractivista autorizado gracias a la corrupción.

Ahora sabemos que la corrupción jugó papeles decisivos en proyectos que no tenían sentido económico y mucho menos ecológico. Ese es el caso de la enorme represa de Belo Monte, en el río Xingú (Brasil). Esa obra implica un fenomenal impacto ambiental en ecosistemas amazónicos, es innecesaria desde un punto de vista energético, y tendrá consecuencias negativas para los pueblos indígenas del área. Era un proyecto rechazado una y otra vez por las comunidades locales, por académicos, e incluso por buena parte de las autoridades ambientales del gobierno brasileño.

Sin embargo, a pesar de todo, se la impuso y fue finalmente construida. Ahora sabemos que, según las denuncias, para llevarla adelante se pagaron sobornos por un poco más de 40 millones de dólares. Este caso muestra un fenómeno perverso, donde una obra es impuesta para así poder recibir los sobornos, y éstos, a su vez, eran requeridos para otros fines, tanto empresariales como partidarios.

 

Ningún país está a salvo de estos problemas. Los titulares actuales están centrados en los casos en Argentina, Brasil o Venezuela, pero aún en los países que se presentan como los más inmunes a la corrupción, Chile y Uruguay, están afectados, y allí también encontramos a los extractivismos.

En Uruguay, la estatal petrolera ANCAP fue objeto de una investigación parlamentaria que hará denuncias en la justicia. Se descubrió, por ejemplo, que uno de sus gerentes participaba en una empresa privada que la propia petrolera contrataba. En Chile, en el llamado “caso Penta” se encontró que el subsecretario de minería del gobierno Piñera recibía un sobresueldo que posiblemente servía para aprobar un proyecto minero. A ese caso le siguió la revelación de la trama de pagos de la minera SQM hacia políticos y partidos.

La corrupción en los extractivismos es mucho más grave de lo que parece a simple vista por estos casos. Poco a poco está penetrando en ámbitos más profundos de la vida social, cayendo en extremos de mercantilizar de la vida social y la Naturaleza. Nadie está a salvo, y es alarmante que ya esté erosionando a comunidades campesinas e indígenas.

 

Por ejemplo, en Bolivia, el llamado Fondo Indígena se nutría de un impuesto sobre los extractivismos de hidrocarburos, y su manejo recaía en delegados de confederaciones indígenas y campesinas. Las investigaciones hoy en marcha muestran que varios dirigentes desviaron fondos para beneficios personales y hacia actividades electorales para apoyar al gobierno. Algunos dirán que este es un caso más de corrupción ligada al extractivismo petrolero. Pero allí hay un problema mucho más intrincado al develarse que una lógica utilitarista y mercantil obsesionada con el dinero, y ubicada por encima de cualquier otro saber o sensibilidad, o sea, la actitud del que adhiere a la corrupción, también ha alcanzado esos “mundos” indígenas. En el mundo de la corrupción no hay lugar para muchos de los grandes aportes que nos muestran los modos de pensar y sentir indígenas, como la Pachamama o el Buen Vivir.

 

Para que quede claro: los extractivismos están inmersos en redes de corrupción, presentes en todos los sectores, y en todos los países. Nadie está a salvo. Allí donde encuentren los grandes emprendimientos extractivos, con los mayores impactos ambientales, territoriales y sociales, es más probable que en algún sitio se esconda la corrupción. Esta es útil para lograr aprobaciones o mantenerlos funcionando. Es también necesaria para ocultar o minimizar impactos, o para controlar a las comunidades locales y la resistencia ciudadana. Los enormes volúmenes de dinero que mueven algunos de esos emprendimientos generan muy fuertes presiones para encontrar canales que usan la corrupción.

Si se mantienen los extractivismos depredadores se repetirán una y otra vez los casos de corrupción. Por ello, queda establecida una asociación que muestra que la lucha contra la corrupción obliga a abandonar esos extractivismos.


E. Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo – www.ambiental.net – Twitter: @EGudynas

Publicado originalmente en ALAI (Quito), 2 febrero 2016, aquí 

Fuente: http://extractivismo.com/2016/04/corrupcion-extractivismos-y-dano-ambiental-una-intima-asociacion/

En consecuencia, abajo y a la izquierda, urge reconocer la centralidad de los extractivismos en el actual desarrollo del capitalismo contra la vida planetaria y la dignidad humana de los pueblos e individuos.

 

El extractivismo como eco-régimen:

múltiples ámbitos y

escalas de su impacto socio territorial

25 de octubre de 2018

 

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

 

Contribución del libro " Perspectivas de Natureza. Epistemologias, negócios de naturaeza e América Latina ", Sao Paulo, Annablume 2018. 

En los últimos lustros, y a partir de las diversas tensiones y transformaciones que se han producido en el llamado ‘ciclo progresista’ en América Latina, la crítica al extractivismo ha cobrado una importancia significativa, teniendo incidencia tanto en círculos de investigación académica como en muy diversos espacios de debate y activismo político. Ante ello, en este artículo se revisan diversas dimensiones, antagonismos y nuevos desafíos que se producen en torno al extractivismo en la región. En primera instancia, se presenta una breve discusión sobre el concepto de extractivismo, planteando un análisis multi-escalar inscrito en la crítica a la economía y la ecología política del sistema capitalista. En este análisis se entiende al extractivismo tanto como un ‘eco-régimen’ sobre el tejido de la vida, como también un particular modo de acumulación y territorialización. En segundo lugar, se destacan los múltiples ámbitos y escalas de los impactos socio-territoriales provocados por éste, los cuales siguen siendo desestimados, marginados o invisibilizados por una narrativa economicista y desarrollista que aún es imperante, tanto en el discurso político como en buena parte de la producción intelectual. En tercer lugar, y en el contexto del agotamiento del ciclo progresista, se evalúan los nuevos escenarios del extractivismo y los diferentes desafíos que se plantean para el desarrollo y despliegue de su crítica política y académica. 

 

Leer completo: https://www.academia.edu/37591633/El_extractivismo_como_eco-r%C3%A9gimen_m%C3%BAltiples_%C3%A1mbitos_y_escalas_de_su_impacto_socio_

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=248170

 

No podemos permanecer indiferentes, más temprano que tarde lo vamos a sufrir y aunque no fuese así, es prioritario involucrarse en erradicar los extractivismos para garantizar a generaciones futuras que puedan crear sus buenos vivires convivires.

 

Vecinos podrían bloquear Vaca Muerta:

sufrieron 20 sismos en 24 horas
24 de enero de 2019

 

“Se nos están partiendo las paredes de las viviendas, y las más precarias se están por caer”, manifestaron los vecinos, quienes amenazan con realizar un bloqueo para los vehículos de la actividad petrolera.

NEUQUÉN (ADNSUR) – Vecinos del paraje Sauzal Bonito, ubicado a dos kilómetros del área Fortín de Piedra de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, se vieron afectados desde ayer miércoles y hasta la madrugada de este jueves por más de 20 sismos de distinta intensidad que provocaron daños en las viviendas y anticiparon que si las autoridades provinciales no atienden la problemática de la zona, podrían realizar un bloqueo para los vehículos que ingresan al área de operaciones.

En diálogo con Télam, un vecino del poblado rural, Carlos Pérez, explicó que “esto empezó hace unos meses, antes no había sismos, creemos que el causal son los trabajos no convencionales de las petroleras, la fractura hidráulica”.

“Sentimos más de 20 movimientos durante el miércoles, y este jueves a la mañana volvió a temblar”, relató Pérez y agregó que “se está enfermando la gente, los chicos tienen mucho miedo”.

Fuente: https://www.adnsur.com.ar/2019/01/vecinos-podrian-bloquear-vaca-muerta-sufrieron-20-sismos-en-24-horas/

 

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El Gran Chaco lucha contra la deforestación

26 de enero de 2019

 

Por José Díaz

Servindi

La zona boscosa más importante del cono sur, conocida como el Gran Chaco ha perdido 225 mil hectáreas de bosque en los últimos dos años. Paraguay es uno de los países más afectados, aunque Brasil y Argentina también se ven involucrados en la tala ilegal de la zona boscosa entre Paranaense y el Chaco. Las entidades estatales reconocen las consecuencias de la extracción de madera mientras la sociedad civil se organiza para proteger a este bosque.

Servindi, 21 de enero, 2019.- La deforestación se ha convertido en uno de los problemas más dramáticos de Latinoamérica en las últimas décadas. Uno de los países a los que menos atención se le ha prestado en este ámbito ha sido Paraguay, país que entre el 2017 y 2018 habría perdido más de 255 mil hectáreas de bosque. Esto hecho fue informado esta semana por el propio Instituto Nacional Forestal (Infona).

Según expresó la presidenta de Infona, Cristina Goralewski el 24% de esta deforestación corresponde a actividades realizadas ilegalmente, afectando al área geográfica conocida como el Gran Chaco. Según esta entidad estatal, los principales responsables de la deforestación en la cabecera del Cono Sur serían los propios propietarios de las fincas rurales de la zona.

Cristina Goralewski también criticó que esto ocurre pese a que desde el 2004 exista en Paraguay una Ley de Deforestación Cero que fue extendida hasta todo el 2019. Esta norma impediría la tala de bosques en la zona oriental de Paraguay, aledaña a Brasil.

Según diversas organizaciones ambientales, el famoso Bosque Atlántico del Alto Paraná, perteneciente a la zona conocida como la ecorregión de Paranaense que comparten Brasil, Argentina y Paraguay; habría perdido el 85% de su masa forestal en los últimos 10 años.

El Chaco en riesgo

Precisamente la zona conocida como el Gran Chaco, famosa por la diversidad de sus áreas naturales, es uno sectores geográficos que mayor riesgo corren en la actualidad en el cono sur. Con una cifra de pérdida de 300 hectáreas de bosque por día, la afectación a esta región ha colocado a Paraguay como uno de los 10 países que mayor deforestación porcentual sufren a nivel mundial.

Frente a esta dramática situación, la sociedad civil se viene organizando en Paraguay a través de la campaña denominada “Salvemos el Chaco”, coordinada por el activista ambiental Raúl Gullón. Esta iniciativa busca recolectar 75 mil firmas para promover el fortalecimiento de la, hasta ahora ineficaz, Ley de Desforestación Cero.

La meta puntual es prohibir las actividades de extracción de madera en las zonas boscosas del Chaco, donde estiman que solo quedaría en pie el 45% de los bosques originales. En lo que va del 2019 la campaña ha crecido en popularidad, al punto que diversas organizaciones internacionales se han sumado como Greenpeace que busca articular la protección del Chaco entre Paraguay y Argentina.

https://www.servindi.org/actualidad-noticias/20/01/2019/el-gran-chaco-lucha-contra-la-deforestación

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=251770

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Reseña del libro "Extractivismo, (neo) colonialismo y crimen organizado en el norte de Esmeraldas"

El extractivismo feroz contra

las comunidades afroindígenas de Esmeraldas.

14 de febrero de 2019

 

 

Por Juan Montaño Escobar (Rebelión)

 

Un larguísimo "blues budeao" resumido en un libro

 

Este libro es un larguísimo blues. Un blues bundeao. O un blues fusionado con alabao. O cualquier ritmo afropacífico que considere desmadre y tragedia con repunte de cimarronismo. Toda bandera territorial es un símbolo de lo probable, los colores son de la Casa (el territorio que habitas con tus mitologías y ciencias) en el sentido ancestral de la denominación: una casa es la morada también de aquellos que van de paso. El juego de sentidos: Casa adentro o Casa afuera tiene el valor de la comunidad en reflexión y la comunidad en comunicación. Este libro, para este jazzman es eso, una conversación Casa adentro y en el mismo momento Casa afuera. Está titulado Extractivismo, (neo) colonialismo y crimen organizado, sus autores Michel Lapierre Robles y Aguasantas Macías Martín. Él y ella escribieron un libro con exacta largura, 359 páginas y como deben ser los libros de estos días: cool. En lo académico y para la latitud lectora no siempre bien informada, pero con ganas y talante. También para el activismo social, como nunca (¡valga el absolutismo!) necesita de estos aportes. “Sin teoría revolucionaria no hay revolución”, se dijo y aún es razón clave, aunque no todo equivalga a aquello que se entiende por tal. Un libro que responde al título y produce el ennoblecedor desafío de querer militancia en el cimarronismo del siglo XXI. Igual que nuestro mayor: Juan García Salazar.

Un libro que no espera plazos de lectura, corresponde a las urgencias. Esas sagradas urgencias que demanda luchar por la Vida, por toda vida beneficiosa y si se quiere por cualquier vida. La idea y propuesta son de John Antón Sánchez, profesor del IAEN (1), autor de la nota introductoria: “El libro aspira a promover un diálogo y articulación entre los distintos procesos e investigaciones realizadas en las últimas décadas, con el fin de arrojar luz sobre lo que ocurre no solo en la frontera norte de Esmeraldas, sino también en procesos similares del Sur global” (2). Y si ya se sabía o se sospechaba, entonces, se vuelve a ‘descubrir’ que el país, al cual debes el gentilicio, es una suma de partes en conflicto con muchas desigualdades, sin importar el discurso político de los gobernantes, que parecen jamás serán derrotadas. Rápido ejercicio de comparación: la fábula eterna del tío tigre y el tío conejo de la narrativa afropacífica colombo-ecuatoriana.

 

Pero ya aquí, “a pleno sol que cae sobre el verde violento” (3) es aquí, exactamente aquí, en esta aritmética política de la desigualdad. Una región binacional. Pero el libro es sobre el territorio provincial del cual provienes y habitas, estudiado como el componente más doloroso de este torbellino sin fin de injusticias del Ecuador.

No busquen en el libro un relato desapasionado, como sugiere el purismo de la investigación académica, para nada, el toque blusero con resonancias de bunde o alabao perseguirá a quien lea el libro hasta la última página después de eso será su elección. Una: dedicarse a comentar las maldades del capitalismo, ejercicio bastante inútil. Dos: elegir ser bueno unos días, muy buenos algunos años o imprescindible en la línea del maestro Juan García y de miles de mujeres y hombres como él.

 

La provincia de Esmeraldas parece destinada, por no sé qué providencia, a ser históricamente saqueada en nombre del progreso de la República del Ecuador (4). Es mi lectura de las páginas de Michel Lapierre y Aguasantas Macías. Respondo por ellas. Ambos autores cumplen con describir el itinerario por historia y consecuencias del extractivismo feroz y desalmado en el territorio de las Esmeraldas, al igual que la defensa biopolítica de las comunidades negras e indígenas (Nacionalidades Chachi, Awás y Épera).

 

No se trata de casualidades de la Historia o una equivocación del destino que pudiera explicarse como superstición política con repasos sociológicos y económicos, los autores de Extractivismo, (neo) colonialismo y crimen organizado… cumplen con “El objetivo (de) poder entender sus construcciones y las estrategias atravesadas por todo el fenómeno de la colonialidad del poder, la colonización de la naturaleza y las resistencias; entre la conquista y la época republicana hasta década del ’60 en el siglo XX” (5). Ese es el axê preciso del libro.

Esas dos visiones chocan con pausas, a veces breves o prolongadas, en la provincia de Esmeraldas, con el pueblo negro y las comunidades indígenas. Biopolítica de las comunidades enfrentada a la necropolítica de los capitalistas. Insisto es mi lectura del libro. Ellos precisan las pérdidas por desposesión y las resistencias a ese múltiple arranche, las estrategias perversas y las respuestas cimarronas. Empezó por el racismo o sea la disminución histórica de derechos fundamentados en el procesamiento ideológico de la humanidad de la diáspora africana con todo lo que eran y podrían ser. Continuó y continúa con el saqueo legalizado (o extractivismo), también ideologizado hasta crear malvadas teorías económicas con nombres de apariencia inocua: neoliberalismo. Durante más 500 años se estructuraron unas artes y ciencias del despojo de la provincia de Esmeraldas, que parecería que se consumirán las vidas que hagan falta y no habría reversión. O revolución. Lectura de los capítulos I y II.

 

No escribo sobre la personalidad política de Michel Lapierre y Aguasantas Macías, no sé si este jazzman ya está con esa gente de zona que prefiere las acciones con pasiones y no tanto las etiquetas, pero el retrato político de su obra investigada nos deja listo para que cualquier momento estalle la conciencia social esmeraldeña, por cualquier lado. O por sus comunidades afroindígenas que muy bien deberían hermanarse para defenderse del despojo o sea de la necropolítica como lo detalla Achile Mbembe: “El hecho de que las colonias puedan ser gobernadas en ausencia absoluta de ley procede de la negación racista de todo punto común entre el conquistador y el indígena (dueño legítimo del territorio, JME). A ojos del conquistador (los extractivistas de cualquier pelaje, JME), la vida salvaje no es más que otra forma de vida animal, una experiencia horripilante, algo radicalmente «otro» (alien), más allá de la imaginación o de la comprensión” (6). Estas líneas unen el capítulo II con III. Como dicen ellos las “estrategias de la colonialidad del poder y la colonización de la naturaleza” con fines de no existencia del Pueblo Negro y las Comunidades Indígenas, en ese otro territorio imaginario de la ‘garantista de derechos’ Constitución de la República del Ecuador.

 

Nuestra conclusión del capítulo III y uniéndome a aquello que resumen en la página 334 Michel Lapierre y Aguasantas Macías: “La acumulación de capital ha sido pagada por las comunidades (esmeraldeñas, JME) desde la colonia […] Esto implica generar un Estado de derecho, en donde aquellos que se han enriquecido ilícitamente y a costa de las riquezas y las vidas de las comunidades paguen sus responsabilidades…” O mejor dicho sus terribles culpas. El barbudo de Tréveris comentaría por su parte: “El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, político y espiritual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia” (7). Bien podría estar renaciendo esa conciencia cimarrona en la provincia de Esmeraldas. Este libro fertiliza ese renacer. Amén.

Notas:

(1) Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) del Ecuador. 

(2)  Extractivismo, (neo) colonialismo y crimen organizado en el norte de Esmeraldas, Michel Lapierre Robles y Aguasantas Macías Martín, Ediciones Abya Yala, Quito, 2018, p. 36. 

(3) Verso del Poeta Antonio Preciado, tomado del libro De sol a sol, Editorial Antares, poema titulado: Poema solidariamente derribado, p. 249. 

(4) Es una perífrasis de la carta de Simón Bolívar al coronel Patricio Campbell, escrita en Guayaquil el 5 de agosto de 1829: “¿Cuánto no se opondrían todos los nuevos estados americanos, y los Estados Unidos que parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad? Me parece que ya veo una conjuración general contra esta pobre Colombia, ya demasiado envidiada de cuantas repúblicas tiene la América”. 

(5) Óp. Cit., p. 41. 

(6) Necropolítica, Achille Mbembe, Editorial Melusina, S. L., 2011, pp. 39-40. 

(7) Contribución a la economía política, Karl Marx, Editorial Progreso, 1989, pp. 7-8.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252506

 

 

Apreciemos el desafío sintetizado en: "estamos intentando sostener  el patrón subyacente de salud, resiliencia y adaptabilidad que mantienen a este planeta en una condición en la que la vida en su totalidad pueda florecer. El diseño para la sostenibilidad es, en última instancia, el diseño para la salud humana y planetaria (Wahl, 2006b)".

 

 

 

La sostenibilidad no es suficiente,

necesitamos culturas regenerativas

15 de febrero de 2019

 

Por Daniel Christian Wahl

Resilience.org

 

Traducido por Eva Calleja

La sostenibilidad por sí sola no es un objetivo adecuado. La palabra sostenibilidad en sí misma es inadecuada, porque no nos dice que es lo que realmente estamos intentando sostener. En 2005, después de pasar dos años trabajando en mi tesis doctoral sobre diseño para la sostenibilidad, empecé a darme cuenta de que lo que realmente estamos intentando sostener es el patrón subyacente de salud, resiliencia y adaptabilidad que mantienen a este planeta en una condición en la que la vida en su totalidad pueda florecer. El diseño para la sostenibilidad es, en última instancia, el diseño para la salud humana y planetaria (Wahl, 2006b)

Una cultura humana regenerativa es saludable, resistente, y adaptable; se preocupa por el planeta y le importa la vida, consciente de que ésta es la manera más efectiva de crear un futuro próspero para toda la humanidad. El concepto de resiliencia está estrechamente relacionado con la salud, en el sentido en el que describe la habilidad de recuperar funciones básicas vitales y reponerse de cualquier clase de desajuste o crisis. Cuando buscamos la sostenibilidad desde una perspectiva sistémica, estamos intentando sostener el patrón que conecta y fortalece al sistema en su conjunto. La sostenibilidad se refiere principalmente a la salud sistémica y a la resiliencia en diferentes dimensiones, desde la local, a la regional y global.

Los sistemas complejos pueden enseñarnos que, como participantes de un sistema eco-psicosocial complejo que está sujeto a ciertos límites biofísicos, nuestro objetivo debe ser la participación apropiada, no la predicción y el control (Goodwin, 1999a). La mejor manera de aprender a como participar de manera apropiada es poner más atención en las relaciones e interacciones sistémicas, aspirar a mantener la resiliencia y la salud del sistema en su totalidad, fomentar la diversidad y las redundancias en múltiples dimensiones, y facilitar la emergencia positiva, atendiendo a la calidad de las conexiones y a los flujos de información en el sistema. Este libro explora cómo se puede hacer esto. [Este es un extracto de un subcapítulo de Diseñando Culturas Regenerativas, Designing Regenerative Cultures publicado en 2016]

Usar el principio de precaución

Una propuesta para guiar una acción inteligente ante una complejidad dinámica y “no saber”, es aplicar el Principio de Precaución como marco que pretende evitar, en la medida de lo posible, acciones que tendrán un efecto negativo en la salud humana y medioambiental en el futuro. Desde la Carta Mundial para la Naturaleza de 1982 de las Naciones Unidas, al Protocolo de Montreal sobre Salud de 1987, la Declaración de Rio de 1992, el Protocolo de Kyoto y Rio+20 de 2012, nos hemos comprometido a aplicar el Principio de Precaución una y otra vez.

La Declaración de Compromiso de Wingspread sobre el Principio de Precaución afirma: “Cuando una actividad amenaza dañar la salud humana o al medioambiente, se deben tomar medidas de precaución incluso si algunas de las relaciones causa-efecto no estén totalmente establecidas científicamente” (Declaración Wingspread, 1998). El principio pone la carga de prueba de que cierta acción no es dañina en aquellos que proponen y ejecutan la acción, sin embargo la práctica general continúa permitiendo que sigan sin control todas las acciones que (¡todavía!) no se ha probado que tengan efectos dañinos potenciales. En pocas palabras, el Principio de Precaución se puede resumir de esta manera: ser precavido ante la incertidumbre. Esto es lo que no estamos haciendo.

Aunque grupos de alto nivel de la ONU y muchos gobiernos nacionales han considerado reiteradamente que el Principio de Precaución es una manera sensata de orientar las acciones, el día a día muestra que es muy difícil de implementar, ya que siempre existirá cierto grado de incertidumbre. El Principio de Precaución podría detener potencialmente la innovación sostenible y bloquear nuevas tecnologías que puedan ser beneficiosas en base a que no se puede probar con certeza que estas tecnologías no producirán efectos secundarios inesperados en el futuro, que puedan ser perjudiciales para la salud humana y medioambiental.

¿Por qué no animar a diseñadores, técnicos, políticos y profesionales de la planificación a que evalúen sus propuestas en base a su potencial regenerativo, restaurativo y de soporte vital?

¿Por qué no limitar la escala de implementación de cualquier innovación a nivel local y regional hasta que su impacto positivo se demuestre inequívocamente?

Pretender diseñar para una salud sistémica puede que no nos salve de efectos secundarios inesperados y de la incertidumbre, pero ofrece un camino de prueba y error hacia una cultura regenerativa. Necesitamos urgentemente un Juramento Hipocrático para el diseño, la tecnología y la planificación: ¡No hagas ningún daño! Para hacer este imperativo ético operativo necesitamos una intención salutogénica (generadora de salud) detrás de todo diseño, tecnología y planificación: Necesitamos diseñar para la salud humana, de los ecosistemas y del planeta. De esta manera podremos transitar más rápidamente del insostenible “más de lo mismo” hacia innovaciones restauradoras y regenerativas que apoyen la transición hacia una cultura regenerativa. Hagámonos la siguiente pregunta:

¿Cómo creamos diseño, tecnología, planificación y decisiones políticas que permitan la salud humana, comunitaria y medioambiental?

Necesitamos responder al hecho de que la actividad humana durante los últimos siglos y milenios ha dañado el funcionamiento sano de los ecosistemas. La disponibilidad de recursos está disminuyendo por todo el mundo, mientras que la demanda aumenta a la vez que la población humana continua expandiéndose y continuamos erosionando el funcionamiento de ecosistemas debido a diseños irresponsables y estilos de vida de consumo desenfrenado.

Si afrontamos el reto de disminuir la demanda y el consumo a nivel mundial mientras reponemos recursos a través del diseño y la tecnología regenerativas, tendremos una oportunidad de salir del ojo del huracán y crear una civilización humana regenerativa. Este cambio implicará una transformación de los recursos naturales base de nuestra civilización, alejándonos de los combustibles fósiles y dirigiéndonos hacia recursos biológicos regenerados de manera renovable, junto a un aumento radical de reciclado y productividad de recursos. Bill Reed ha planeado algunos de los cambios que serán necesarios para crear una cultura verdaderamente regenerativa.

“En lugar de dañar menos al medioambiente, es necesario aprender cómo podemos participar de ese medioambiente –usar la salud de los sistemas ecológicos como base para el diseño. […] El salto significativo que tiene que dar nuestra cultura es cambiar de una visión del mundo fragmentada a un modelo mental de sistemas en su totalidad –encuadrar y entender las interrelaciones de los sistemas vivos de una manera integrada. Un enfoque local es una manera de alcanzar este entendimiento. […] Nuestro papel, como diseñadores y depositarios es cambiar nuestra relación actual a una que cree un sistema completo de relaciones mutuamente beneficiosas.” –Bill Reed (2007:674)

Reed nombró al “pensamiento de sistemas completos” y al “pensamiento de sistemas vivos” como la base de un cambio hacía el modelo mental que necesitamos para crear una cultura regenerativa. En los capítulos 3, 4 y 5, exploraremos más detalladamente estos cambios de perspectiva necesarios. Van de la mano con una reformulación radical de lo que entendemos por sostenibilidad. Cómo explica Bill Reed: La sostenibilidad es una progresión hacia la consciencia funcional de que todas las cosas están conectadas; que los sistemas comerciales, de construcción, sociales, geológicos y naturales son realmente un solo sistema integrado de relaciones; que esos sistemas son co-participantes en la evolución de la vida” (2007). Una vez realicemos este cambio de perspectiva entenderemos la vida como “un proceso completo de continua evolución hacia unas relaciones más ricas, más diversas y mutualmente beneficiosas”. Crear sistemas regenerativos no es simplemente un cambio técnico, económico ecológico o social: tiene que ir de la mano con un cambio subyacente en la manera de pensar sobre nosotros mismos, nuestras relaciones con los otros y con la vida en su conjunto.

La figura 1 muestra los diferentes cambios de perspectiva mientras transitamos desde el “más de lo mismo” hacía la creación de cultura regenerativa. El objetivo de crear culturas regenerativas trasciende e incluye a la sostenibilidad. El diseño restaurador pretende restaurar la autorregulación sana de los ecosistemas locales, y el diseño reconciliador va más allá haciendo explicita la intervención anticipatoria de la humanidad en los procesos de la vida y en la unión de la naturaleza y la cultura. El diseño regenerativo crea culturas regenerativas capaces de aprender y transformarse continuamente en respuesta, y anticipándose, a cambios inevitables. Las culturas regenerativas salvaguardan y cultivan la abundancia biocultural para las generaciones humanas futuras y para la vida en su totalidad.

La “historia de separación” está alcanzando los límites de su utilidad y los efectos negativos de su visión del mundo y el comportamiento resultante asociado, están comenzando a afectar la vida en su totalidad. Al habernos convertido en una amenaza para la salud planetaria estamos aprendiendo a redescubrir nuestra relación íntima con toda forma de vida. La visión del Bill Reed de los sistemas regenerativos para una salud sistémica está en la misma línea que el trabajo pionero de gente como Patrick Geddes, Aldo Leopold, Lewis Mumford, Buckminster Fuller, Ian McHarg, E.F. Schumacher, John Todd, John Tillman Lyle, David Orr, Bill Mollison, David Holmgren, y muchos otros que han explorado el diseño en el contexto de la salud para el sistema en su conjunto.

Está surgiendo una nueva narrativa cultural, capaz de concebir y conformar una verdadera cultura regenerativa humana. Todavía no sabemos todos los detalles sobre cómo exactamente se manifestará esta cultura, y tampoco conocemos como podremos pasar de la actual situación del “mundo en crisis” a ese futuro próspero de una cultura regenerativa. Sin embargo, aspectos de este futuro ya están con nosotros.

Utilizando el lenguaje de “vieja historia” y “nueva historia” corremos el peligro de pensar en esta transformación cultural como la sustitución de la vieja historia por una historia nueva. Esa separación entre contrarios es en sí misma parte de la “narrativa de separación” de la “vieja historia”. La “nueva historia” no es una negación completa de la visión del mundo dominante actual. Incluye esta perspectiva pero deja de considerarla la única perspectiva, abriéndose a la validez y necesidad de múltiples maneras de conocimiento.

Aceptar la incertidumbre y la ambigüedad nos hace valorar múltiples perspectivas sobre nuestra participación adecuada en la complejidad. Estas son perspectivas que dan valor y validez no sólo a la “vieja historia” de la separación, pero también a la “historia antigua” de unidad con la Tierra y el cosmos. Estas son perspectivas que pueden ayudarnos a encontrar un camino regenerativo para ser seres humanos en profunda relación, reciprocidad y comunión con la vida en su conjunto, adquiriendo la conciencia de ser co-creadores de la “nueva historia” de la humanidad.

Nuestra impaciencia y urgencia en obtener respuestas, soluciones y conclusiones demasiado rápido es comprensible viendo el creciente sufrimiento individual, colectivo, social, cultural y ecológico, pero esta tendencia de favorecer respuestas en lugar de profundizar en las preguntas es en sí mismas parte de la vieja historia de separación.

El arte de la innovación cultural transformativa se trata, en gran medida, de hacer las paces con “no saber” y profundizar más en las cuestiones, asegurándonos que estamos haciendo las preguntas correctas, poniendo atención en nuestras relaciones y como todos podemos sacar adelante un mundo no solo por lo que hacemos sino por la calidad de nuestro ser. Una cultura regenerativa surgirá de encontrar y vivir nuevas maneras de relacionarse con uno mismo, con la comunidad y con la vida en su conjunto. La base para la creación de culturas regenerativas es una invitación a vivir las cuestiones juntos.

[Este es un extracto de un subcapítulo de Diseñando culturas regenerativas, Designing Regenerative Cultures publicado en 2016]

Publicado por INSURGE Intelligence, una plataforma financiada colectivamente de periodismo de investigación para las personas y el planeta. Apóyanos para que informemos sobre lo que otros temen abordar.

Publicado originalmente en Insurge Intelligence.

 https://www.resilience.org/stories/2018-05-23/sustainability-is-not-enough-we-need-regenerative-cultures/?fbclid=IwAR0IcyqcXGOuwo8PeowN0XMz50paCfN-LdIrRR3ADQYOyXVRpHx3nBoaB5U

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252542

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Nos urge, abajo y a la izquierda, generalizar el destape del gran empresariado local para historiar sus actuales sobreexplotaciones laborales y cómo los gobiernos K les garantizaron enriquecerse a costa del empobrecimiento de Argentina y la superexplotación de los trabajadores. Comencemos por la siguiente pregunta en el presente:

 

¿Qué implica el Plan de Reconversión Laboral en Fate?

15 de febrero de 2019

 

En los últimos días, los directivos de la planta de neumáticos Fate han presentado un proceso de preventivo de crisis ante la Secretaria de Trabajo. En el mismo, proponen recortar un turno y despedir a más de 430 operarios. Flexibilización laboral, súper explotación y aumento de los ritmos de trabajo. En esta nota te contamos de qué se trata el llamado Plan de Reconversión Laboral. 

 

Por ANRed.

Los directivos del grupo Madanes, propietarios de la fábrica de neumáticos Fate, de Aluar y de la hidroeléctrica Futaleufú, han presentado un proceso preventivo de crisis ante la Secretaria de Trabajo. El mismo prevé el despido de más de 430 operarios y la flexibilización de las condiciones laborales del resto de las y los trabajadores de la planta Fate. Sin embargo, los trabajadores de Fate y el SUTNA desconocen la supuesta crisis que manifiesta Madanes, y argumentan que las últimas facturaciones del grupo arrojan ganancia por 1800 millones de dólares.

 

ANRed ha tenido acceso al borrador presentado por el directorio de Javier Madanes Quintanilla -dueño del grupo empresario- ante la Secretaria de Trabajo. El mismo se titula Plan de Reconversión Industrial y plantea 4 puntos básicos para “enfrentar la crisis”, estos son: reducir la producción de la planta, bajar los costos operativos, eliminar el “ausentismo crónico” y el replanteo de los premios por producción.

 

Dentro del plan de Madanes se incluye el ajuste de los salarios y el trabajo continuo, que implica la no paralización de la producción entre turnos de trabajo, la reducción de los tiempos de descanso y una mayor polifuncionalidad, esto conlleva una carga extra para los trabajadores, ya que deberán adecuar sus funciones según lo determine el empresario. Además, se proponen no reconocer los certificados médicos para reducir el ausentismo y, así, aumentar la producción.

Por medio de un comunicado, titulado Los trabajadores de Fate debemos prepararnos para luchar, los integrantes de la Lista Roja del neumático manifiestan que, del total de las facturaciones de la firma, “la patronal gasta en salarios menos del 3% de esas enormes ganancias” y que “en la presentación ante la secretaría de trabajo plantearon pasar de cuatro turnos de trabajo a tres, y para esto necesitan despedir a más de 400 compañeros”.

A su vez, los integrantes de la Lista Roja declaran que “la patronal habla del problema del ausentismo, pero lo que no dice es que sólo tomando los datos de los últimos 5 años, hay un promedio de 1 accidente por día en FATE. Más del 40% de los compañeros accidentados sufren más de 10 días de baja laboral por este motivo. Y el 6,2% de estos accidentes provocan incapacidad laboral permanente parcial definitiva”.

 

Sobre el final, aclaran que “si no damos la pelea hasta el final, no solo muchísimos compañeros quedarían sin trabajo, sino que se acrecentarían aún más los índices de accidentes y enfermedades que todos los compañeros sufrimos”. Y que: “Acá hay dos bandos, uno es la patronal, el otro los trabajadores. Y estamos ante un plan de guerra de la patronal contra los trabajadores. Es por ello que debemos realizar todas las acciones y tareas que se necesiten con la mayor unidad posible de todos los compañeros de FATE”.

 

Más Noticias

Fuente: https://www.anred.org/?p=110520

 

 

Comprobemos cómo el gran empresariado impone el orden social a su beneficio exclusivo desde los setenta hasta hoy con total impunidad gracias sobre todo al Partido Justicialista (como CGT y Estado).

 

 

Trabajadores de Fate

21 de marzo de 2008

 

Ayer se realizó un homenaje a los trabajadores de la empresa Fate desaparecidos durante la dictadura, María Rosa Mora González, Gustavo Adolfo Becker Martínez y Oscar Lagrotta Alzien. Estos obreros fueron parte de las denominadas “coordinadoras interfabriles” organizadas en la zona norte en los años ’70, “que cuestionaron las condiciones de trabajo y la explotación en cada fábrica, además de poner en jaque al gobierno de Isabel Perón y José López Rega”, tal como recordaron sus compañeros de la seccional San Fernando del Sindicato del Neumático.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-101073-2008-03-21.html

 

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Quiénes son los que atacan a los trabajadores del neumático

31 de julio de 2008

 

Por: Lucho Aguilar 

 

Hoy, las grandes empresas del neumático se muestran intransigentes con los trabajadores. Quieren dar aumentos miserables y aplacar cualquier intento de organización en sus plantas, mediante los despidos y la persecución. Pero, ¿cuál es la historia que se esconde dentro de los muros de las fábricas?

 

De la Italia de Mussolini a la Argentina de Videla

La estadounidense Firestone comenzó a fabricar cubiertas en la Argentina a fines de la década de 1920. Al poco tiempo de su llegada, la empresa apoyó el golpe militar del General Uriburu. Dos de sus gerentes - Horacio Beccar Varela y Pablo Calatayud - pasaron a ser ministros de esa dictadura.

 

Con el paso de los años, el apoyo a regímenes militares se convirtió en toda una costumbre para Firestone. Por eso fue denunciada como “una de las multinacionales del Plan Cóndor”, por el apoyo que prestó al sistema organizado por los militares para perseguir y asesinar a militantes políticos y sindicales en la década del 70 (Página 12, Mayo 2005).

Pirelli no tiene nada que envidiarle. Su fundador, Alberto Pirelli, llegó a ser ministro de Benito Mussolini. Podría parecer algo lejano, pero en el Grupo Pirelli siempre se mantuvo la admiración por las ideas de ‘Il Duce’. En 2006 el actual Director de Pirelli Argentina, Franco Livini, fue candidato a senador por la Alianza Nacionalista, el partido neofascista integrado por la nieta de Mussolini que hoy forma parte del gobierno de Silvio Berlusconi. 
La historia del Grupo Madanes, dueño de FATE, es quizás la más conocida. Luego del favor del dictador Lanusse, que en 1971 le adjudicó el monopolio del aluminio a través de ALUAR, el grupo se convirtió en uno de los más importantes ‘capitales nacionales’, siempre amigo de los poderes de turno.

 

La colaboración de estos empresarios con la última dictadura militar tuvo su rédito. Fate fue favorecida en 1982 con la estatización de parte de su deuda privada, de 223 millones de dólares. En el caso de Pirelli fueron 127 millones de dólares los que debió asumir el pueblo trabajador.

 

“Pirelli: chupasangre explotador”

Si las patronales del neumático hicieron fortunas cobijadas por políticos burgueses y militares, hoy esa dictadura patronal sigue viviendo dentro de las plantas. “Pirelli tiene máquinas del año 60, y hoy hacen el doble de producción sólo por el sacrificio que hacemos los trabajadores”, dice uno de los despedidos. La multinacional italiana se jacta de ser “lo último en neumáticos”, pero los trabajadores tienen otra visión: “tenemos un sistema de trabajo neoliberal, de 12 horas obligatorias, sumado a un salario miserable. La gente vive dentro de la planta haciendo horas extras. En Pirelli ‘el virus’ es la hernia”. Con un básico de 1260 pesos, no tienen sábados, domingos ni feriados. Por eso también, estos días marcharon tras una bandera de guerra: “Pirelli: chupasangre explotador”.

Lo cierto es que la devaluación de 2002 permitió un fuerte desarrollo del sector, apoyado en la expansión de la industria automotriz y las exportaciones. Desde 1990 hasta el año pasado, la producción de neumáticos en la Argentina pasó de 5 millones anuales a cerca de 13 millones. El 60 % de esas cubiertas se exportan a precios siderales en dólares y euros.

 

Durante el gobierno de los Kirchner, la facturación total del sector pasó de US$ 1.600 millones, a alrededor de US$ 2.000 millones, con un incremento de sus ingresos de un 25 % anual. A esta fortuna que embolsan los empresarios, los jóvenes obreros del neumático la sienten en cada músculo, en cada hora de sus vidas que se pierde detrás de esas máquinas.

Los delegados de FATE vienen denunciando las condiciones insalubres de trabajo y el aumento de los accidentes y enfermedades. “En el sector Diagonal se produjeron desde mayo de 2006 a mayo de 2008, alrededor de 1750 accidentes, sin contar enfermedades profesionales” (Boletín La Gomera N°3). En esas condiciones, los trabajadores calcularon que con un día de su trabajo, la empresa gana el dinero suficiente para pagar el salario mensual de todos los trabajadores del sector, y además le sobran 200 mil pesos. Con este robo fenomenal del trabajo obrero, FATE ha multiplicado sus ganancias en los últimos años. 
“Empresas ricas, trabajadores pobres” revelaba otra de las banderas de los jóvenes trabajadores de Pirelli. Una verdad, a esta altura, indiscutible.

 

Con los Kirchner, negocio redondo

Aunque luego de las derrotas sufridas en 1991 los trabajadores del neumático padecieron un aumento en la flexibilización laboral, fueron los Kirchner quienes más beneficiaron a las grandes empresas del sector. Millonarios subsidios y ventajas impositivas, dólar alto para exportar y salarios bajos para explotar. En definitiva, el crecimiento de la producción y las superganancias de Fate, Firestone y Pirelli están basados en el aumento de la explotación obrera, de los ritmos de trabajo y la precarización laboral.

 

Por eso, cuando las empresas del neumático dicen que no pueden pagar los aumentos salariales porque no les dan los números o les aumentan los costos de las materias primas, mienten. Pirelli y Bridgestone-Firestone cerraron el balance 2007 con ganancias récord. FATE también. En realidad, quieren seguir ganando millones y sentar un precedente para todos los que se rebelen contra las condiciones de trabajo y la miseria salarial, para todos los que no están dispuestos a dejar sus vidas en manos de estos explotadores.

Fuente: http://www.pts.org.ar/Quienes-son-los-que-atacan-a-los-trabajadores-del-neumatico

 

 

Reflexionemos sobre la 'democracia' dentro de las fábricas y de las CGT Justicialistas, comprenderemos que los gobiernos CFK (como cualquiera que gestiona un capitalismo periférico) no puede ser nacional ni menos popular.

 

 

PRONTUARIO DE CLASE

Madanes Quintanilla, el millonario que

exprime la vida de miles de obreros de Fate y Aluar

27 de noviembre de 2018

 

Está entre los diez hombres más ricos del país. Pero en sus fábricas de aluminio y de neumáticos los trabajadores dejamos la salud y hasta la vida para que él construya su fortuna.

Victor Ottoboni

Trabajador de Fate | Sec. de Prensa y Actas del Sutna

Además de ser el dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla es propietario de Aluar, la única productora primaria (es decir el monopolio) de aluminio en Argentina. Este material es usado para infinidad de productos y fines, como material estructural en aviones, automóviles, trenes de alta velocidad, tanques, superestructuras de buques, bicicletas, embalaje de alimentos, latas de gaseosas y aberturas, entre muchas otras cosas. Todos estamos cotidianamente en contacto con productos que contienen aluminio.

Aluar fabrica alrededor de 500 mil toneladas al año de aluminio y desde su planta en Puerto Madryn (Chubut) no solo abastece el mercado local, sino que exporta más de seis de cada diez toneladas producidas. Según su balance del año 2017, su facturación neta llegó a casi US$ 900 millones.

A su vez, es dueño Fate (lugar donde trabajo) que tiene ventas superiores a los US$ 300 millones por año. En conjunto, estas empresas constituyen el Grupo Madanes, que tiene más de 4.500 empleados y realiza ventas superiores a los US$ 1.200 millones por año.

Muchas veces con mis compañeros nos preguntamos cuántas cosas necesarias para el pueblo trabajador podrían hacerse con semejante riqueza. ¿Cuántas escuelas, cuántas viviendas, cuántos hospitales? Se crearían puestos de trabajo incluso.

Con semejante fortuna, que sigue creciendo, Madanes Quintanilla mantiene a sus trabajadores en terribles condiciones de trabajo, demostrando un total desprecio por nuestra salud y nuestras vidas.

En Fate muchas de las máquinas ni siquiera cuentan con las condiciones necesarias de seguridad, y por eso son frecuentes los “accidentes”, muchos de ellos de extrema gravedad.

 

Aluar

Esta empresa monopólica es dueña de su propia energía eléctrica. Sí, mientras a muchísimos trabajadores y trabajadoras nos cuesta pagar la boleta de luz, él es dueño hasta de eso. Además con un contrato para la provisión de gas asegurado hasta 2027, sus ganancias son de dos dígitos sobre las ventas cada año.

Factura US$ 900 millones, pero para Madanes Quintanilla (y todos los empresarios) la vida obrera no vale nada.

Para quienes tenemos como patrón a este señor, es muy difícil no recordar lo que se conoció como “la tragedia del silo de Aluar”, que dejó once obreros muertos, cuando el 20 de junio de 2011 cayeron cincuenta metros desde un silo. Este es el crimen más terrible, pero los “accidentes” siguieron ocurriendo en Aluar. En agosto de 2012 el joven obrero Luis Roberts, de 23 años, falleció tras caer de una altura de ocho metros.

 

Fate

En esta empresa Madanes tiene alianzas con marcas internacionales de la talla de Peugeot, Renault, Volkswagen, Ford y Mercedes-Benz.

La mayoría de las empresas como las mencionadas, jugaron un rol central en la última dictadura. En Fate tenemos cuatro compañeros desaparecidos.

La del neumático es una típica industria manufacturera. Todos los días las manos obreras hacen en Fate entre 12.000 y 13.000 cubiertas, divididas en tres miniplantas: Diagonal, Radial Camión y Radial Auto.

Aunque en algunos sectores hubo renovación tecnológica, en Diagonal las máquinas tienen más de 60 años.

Fate produce cubiertas desde 1945. Compite con multinacionales como Pirelli y Bridgestone. En los años 90 las empresas del neumático lograron, con la venia de la burocracia sindical y el Ministerio de Trabajo, una serie de modificaciones del convenio 101/75, que llenaron de “anexos por fábrica”.

En 1997 Fate introdujo turnos continuos y el sistema “7x2” que liquidó las extras que se cobraban al 200 % los fines de semana. En 2002 incorporó el “premio celular” y la polivalencia.

Según coinciden distintos estudios -de universidades y hospitales de Harvard, Boston, Barcelona y Madrid- quienes trabajan por turnos y de noche pierden cinco años de vida por cada quince de jornada laboral. Además, tienen un 40 % más de posibilidades de padecer trastornos neuropsicológicos, digestivos y cardiovasculares.

Las investigaciones de la Academia Argentina del Sueño arrojan que el trabajo nocturno o en turnos rotativos no solo afecta la salud, sino “también las relaciones familiares y sociales”. Eso sentimos los trabajadores de Fate.

En 2014 uno de nuestros compañeros perdió un brazo, mientras trabajaba un sábado a la noche. Nunca pudimos olvidarlo. Saúl Romero gritó desde la máquina que corta los absorbedores, luchó contra los fierros que querían tragarle el brazo. Estaba consciente, quería pelear por su vida y no lo pensó dos veces. Se terminó de quebrar el brazo para poder girarlo junto con su cuerpo y evitar que la máquina lo atrape entero. La máquina quiso seguir produciendo. Giró, ensordecedora. El brazo de Saúl siguió dando vueltas, dos, tres, hasta que su compañero alcanzó la parada de emergencia. Así de brutal, así es el desprecio que la empresa tiene hacia nosotros.

Los delegados y trabajadores de Fate denunciamos las terribles condiciones insalubres de trabajo y el aumento de los accidentes y enfermedades. “En el sector Diagonal se produjeron desde mayo de 2006 a mayo de 2008, alrededor de 1.750 accidentes, sin contar enfermedades profesionales” (Boletín La Gomera N°3).

En esas condiciones, los trabajadores calcularon que con un día de su trabajo la empresa gana el dinero suficiente para pagar el salario mensual de todos los trabajadores del sector, y además le sobran $ 200 mil. Con este robo fenomenal del trabajo obrero, Fate ha multiplicado sus ganancias en los últimos años.

Quienes integramos la Lista Granate del gremio del Neumático creemos que es fundamental que los trabajadores podamos poner en pie un comité de seguridad e higiene independiente de la patronal y el Estado. Nada bueno podemos esperar de Madanes ni del Estado que lo deja hacer y garantiza sus negocios e impunidad.

Fate ha perseguido desde siempre a los delegados y trabajadores, pero seguiremos luchado por condiciones dignas de trabajo, porque se respeten nuestra salud e integridad y también nuestra libertad para organizarnos.

Este martes a las 8:30 en el Tribunal N° 1 de San Isidro (ubicado en Ituzaingó) se realizará una audiencia del juicio que Fate me inició en 2008. Convocamos a todos los trabajadores, centros de estudiantes, organizaciones políticas, sociales y a toda la sociedad a acompañarnos en esta lucha.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Madanes-Quintanilla-el-millonario-que-exprime-la-vida-de-miles-de-obreros-de-Fate-y-Aluar

 

 

Insistamos sobre el carácter corrupto y entreguista de Cristina Fernández de Kirchner, como de todo el Partido Justicialista, para contribuir a no posibilitar  el «círculo vicioso del poder» Leer. Reforcemos hallazgos sobre la continuidad dictadura-democracia a lo largo de los distintos gobiernos constitucionales desde 1984 por aceptar las bases de funcionamiento en los diversos campos de la vida social que el poder real estableció con terrorismo paraestatal y estatal. Y su fidelidad está en la:

 

 

Corrupción, la punta del iceberg

30 de agosto de 2018

 

 

Por Alejandro Teitelbaum (Rebelión)

 

¡Oro!, ¡oro maravilloso, brillante, precioso! ¡No, oh dioses, no soy hombre que haga plegarias inconsecuentes! (Simples raíces, oh cielos purísimos!) Un poco de él puede volver lo blanco, negro; lo feo, hermoso;

 lo falso, verdadero; lo bajo; noble; lo viejo, joven; lo cobarde, valiente ¡oh dioses!

¿Por qué? Esto va arrancar de vuestro lado a vuestros sacerdotes y a vuestros sirvientes; va a retirar la almohada de debajo de la cabeza del hombre más robusto; este amarillo esclavo va a atar y desatar lazos sagrados, bendecir a los malditos, hacer adorable la lepra blanca, dar plaza a los ladrones y hacerlos sentarse entre los senadores, con títulos, genuflexiones y alabanzas.
(Shakespeare, Timón de Atenas. Citado por Carlos Marx, Manuscritos económicos filosóficos de 1844. Tercer Manuscrito [El poder del dinero]).

 

El ansia por acumular dinero y bienes por cualquier medio es un rasgo común de todos los que tienen poder económico y, casi siempre, también de quienes detentan el poder político. Sobre todo cuando saben que pueden hacerlo impunemente porque el sistema económico vigente promueve la corrupción y ésta es facilitada por la ausencia–en todos los Estados del mundo- de un verdadero control popular de la gestión de la cosa pública.

Argentina no es, en modo alguno, la excepción. Ni lo fue antes ni lo es ahora.

Muy oportunamente para el actual Gobierno, se destapó la olla de la corrupción durante el kirchnerismo, pero de manera parcial, a fin de no sacar a relucir la continuidad en lo fundamental de las políticas entreguistas, antinacionales, antipopulares, y antiecológicas de ambos gobiernos.

Es por ello que ahora solo apareció la punta del iceberg, pero no el resto.

 

Algunos ejemplos.

 

1) Contrato YPF-Chevron

El 13 de julio del 2013 YPF y Chevron firmaron el acuerdo de proyecto de inversión para explotar en Vaca Muerta1, provincia de Neuquén, yacimientos petrolíferos por el método de “fracking”. Método prohibido en varios países por su reconocida peligrosidad ecológica y geológica (véase http://sgerendask.com/en-cuales-paises-esta-prohibido-el-fracking/).

Varias cláusulas del contrato y anexos permanecieron secretos.

Ni YPF ni Chevron aceptaron entregar copias al Congreso. Adujeron que ambas petroleras eran privadas, que sus documentos eran confidenciales y que, por lo tanto, no había razones para exponerlos.

El entonces senador nacional Rubén Giustiniani inició una causa judicial para que se diera a conocer el acuerdo. La empresa alegaba que el decreto 1172/2003 de acceso a la información pública no la alcanzaba y que su difusión podría violar acuerdos comerciales que se comprometió a mantener en secreto. 

La confidencialidad fue avalada primero por el gobierno de Cristina Kirchner y luego por el de Mauricio Macri. "Hay secretos de tipo comercial, científico y tecnológico que deben ser resguardados para el desarrollo de este tipo de industria", dijo la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, quien cambió de postura porque cuando era diputada de la oposición había criticado duramente la confidencialidad del acuerdo. 

El caso llegó hasta la Corte Suprema, que en noviembre de 2015 ordenó a YPF diera a conocer el acuerdo. La empresa entregó el contrato pero con tachaduras. Se volvió a discutir el caso y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó que la empresa debía darle el convenio a Giustiniani2. Las cláusulas secretas del acuerdo entre YPF y Chevron. 

Uno los secretos del acuerdo entre YPF y Chevron es la constitución de un entramado de empresas en Uruguay, Bermuda y Estados Unidos. El objetivo de la conformación de esas sociedades, explicaron los ejecutivos de YPF, era evitar el embargo de los miles de millones de dólares que la compañía extranjera debía invertir.

"Holdings Uruguay" y "Holdings Bermuda" son los nombres que se conocen ahora que figuraban en el acuerdo. Esos holdings después se convirtieron en las sociedades off shore a través de las cuales llegaron los dólares para invertir en Vaca Muerta. Sus nombres habían sido tachados cuando la compañía entregó el acuerdo a la justicia. Esa es una de las partes del acuerdo que se mantenía en secreto. La mayoría que hasta ahora no se conocían hacen referencia a Holdings   Uruguay y a Holdings Bermuda. La primera se convirtió en "Wokker Investment S.A" y la segunda en "YPF Shale Oil Holding LTD", constituidas en esos países. También se creó en Delaware, Estados Unidos, "YPF Shale Oil Investment S.A." . Por esas compañías llegaron desde 2013 hasta el primer semestre de este año 2.800 millones de dólares de Chevron a "Compañía de Hidrocarburos no convencional S.R.L", creada en Argentina, para la explotación de "Vaca Muerta".

Funcionarios de YPF explicaron que en julio de 2013 el contexto político y económico tenía tres amenazas: los fondos buitres, Repsol y el juicio por daño ambiental de los pueblos originarios contra Chevron en Ecuador. 

Los funcionarios sostuvieron que el entramado de empresas buscaba evitar esos obstáculos. Entre YPF y Chevron no hay un solo acuerdo, hay 26: 12 contratos principales y 14 complementarios. En la empresa señalan que para conocer y entender la operatoria por "Vaca Muerta" hay que tener todos pero aclararon que solo iban a presentar el que la justicia les pidió que es el acuerdo inicial del 13 de julio. 

En su negativa, YPF también buscaba mantener la confidencialidad sobre las cancelaciones anticipadas opcionales y las obligatorias, las disposiciones generales aplicables a los pagos y a los préstamos. Muchas de las tachaduras que tiene el convenio que la compañía presentó en la justicia son de plazos que se deben cumplir. "Eso tiene que ver con que no queremos que la competencia sepa nuestros acuerdos", explicaron los funcionarios. Chevron condicionó la firma del acuerdo para invertir en Vaca Muerta a la reforma de leyes y decretos nacionales y provinciales y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción".

Los planteos de Chevron resultaron efectivos: las "condiciones suspensivas" o "precedentes" que delineó -y que otras petroleras habían reclamado sin éxito hasta entonces- se plasmaron en el decreto 1208/13 y en la ley neuquina 2687, en el decreto presidencial 929/2013 y en la nueva ley nacional de hidrocarburos, la 27.007, que aprobó el Congreso con el declamado objetivo de alcanzar la soberanía energética.

Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos "estrictamente confidenciales", se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.

Chevron también exigió una garantía de que podría enviar dividendos al exterior -a pesar del control de cambios imperante-, como también fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF. En Nueva York o en París.

El acuerdo también estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros, por ejemplo, los tenedores de la deuda soberana argentina en default.

En el contexto de las revelaciones sobre numerosos actos de corrupción del anterior Gobierno y del vasto currículo de Chevron como corruptor, el cúmulo de concesiones del anterior Gobierno a Chevron contrarias al interés nacional exige investigar si hubo “compensaciones” en efectivo de Chevron a las autoridades gubernamentales de entonces.

La investigación debería extenderse a todas las concesiones actualmente existentes en Vaca Muerta. En la que deberían participar especialistas de distintas profesiones (ingenieros, economistas, etc.) que ofrezcan garantías de objetividad e independencia y otras personas con reconocida autoridad moral y motivadas por la defensa del interés público nacional. Garantías que no ofrecen los funcionarios públicos, los jueces que modulan los procedimientos en función de las necesidades de los gobiernos de turno, la gran mayoría de los legisladores ni los burócratas sindicales.

 

2) Concesión del yacimiento petrolífero Cerro Dragón hasta el año 2047

Desde hace diez años se está investigando en los Tribunales una denuncia promovida por el ex senador Mario Cimadevilla por el presunto pago de sobornos que habría realizado la empresa Pan American Energy (PAE) para lograr extender hasta 2047 la concesión –que venció en 2017- de Cerro Dragón, el mayor yacimiento petrolero argentino. Es decir prácticamente hasta el agotamiento del yacimiento.

British Petroleum, es dueña del 60% de las acciones de PAE. El resto es propiedad de la familia Bulgheroni y la empresa china Cnooc. Juntos explotan el yacimiento Cerro Dragón.

El fiscal Guillermo Marijuán solicitó que se convocara a declarar a varios funcionarios, incluida la indagatoria del ex gobernador Mario Das Neves, ahora fallecido, -por la firma de ese acuerdo con PAE en 2007- y pidió información a los Estados Unidos, incluso a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Security Exchange Commission -SEC).

En declaraciones formuladas en 2015, Mario Cimadevilla dijo: “El contrato por la concesión de Cerro Dragón se comenzó a negociar en el gobierno de Néstor Kirchner, a través de De Vido. Cuando advirtieron que la Nación no podía firmar la extensión de la concesión porque la Constitución de 1994 establece que los recursos naturales se transfirieron a la provincias, el Gobierno hizo sancionar la denominada ´Ley Corta'. En diciembre de 2006, se trató en tiempo exprés en el Congreso y se transfirió la administración de los yacimientos a las provincias. En abril de 2007, Das Neves, entonces gobernador de Chubut envió el contrato a la Legislatura provincial, cuyos legisladores lo aprobaron, salvo cuatro que votaron en contra. Los legisladores neuquinos que votaron a favor están siendo investigados en la causa por sobornos.

Cimadevilla remarcó que la extensión de esta concesión en el yacimiento petrolero más importante del país “se hizo sin llamar a licitación y por más de diez años -40 en total-, un período que va en contra de lo que establece la Ley de Hidrocarburos. Se habla de 300 millones de dólares de coima, 230 millones para Buenos Aires y 70 millones para la provincia”, acusó el entonces senador.

Hace algunos años escribió Fernando «Pino», Solanas:

El resultado fue que, en vez de obligar a las petroleras a cumplir las inversiones, se prolongaron las concesiones por 30 años. Fue el mayor golpe económico que sufrió la Argentina desde Menem. Hagamos la cuenta: tomando la producción actual de 230 millones de barriles anuales y el valor del crudo a una media de u$s 50 el barril y lo multiplicamos por 30 años, dan u$s 345 mil millones, a los que debe sumarse un 45 por ciento más del gas. Una descomunal transferencia de riqueza superior a los u$s 500 mil millones –sin contar que el crudo subirá en los próximos años–, más que suficiente para acabar con el crimen del hambre, la indigencia y desarrollar el país.

En vez de obligar a las petroleras a cumplir las inversiones, se prolongaron las concesiones por 30 años. Es un recurso que le pertenece a nuestros hijos y se entregó sin necesidad: la Nación y las provincias podían recuperar los yacimientos por los incumplimientos o cuando vencieran las concesiones en 2017 y reconstruir una empresa petrolera nacional. Estos temas no pueden silenciarse: fueron y son políticas del Gobierno. Somos el único país del mundo que permite a las petroleras concentrar el ciclo total de explotación. Sin debidos controles públicos: extraen, transportan, refinan y venden. La estafa fiscal es inmensa. En minería es peor: premian las exportaciones con subsidios del 2,5 al 7 por ciento y pueden dejar fuera del país el 100 por ciento de sus ventas…

Un ejemplo de lo que habría que hacer (y no se hace):

El 15 de noviembre de 1963 el Presidente Arturo Illia 3 anuló los contratos con las empresas petroleras extranjeras. Mediante los decretos 744 y 745 los contratos fueron declarados “nulos, de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación” 4

Se le objetó a Illia que así no se aseguraba lograr el autoabastecimiento. Ahora Argentina tampoco se autoabastece en petróleo y debe importar a un costo enorme mientras los buitres transnacionales y sus socios locales instalados en Vaca Muerta y Cerro Dragón están autorizados a exportar el petróleo sin asegurar previamente el autoabastecimiento. En su exclusivo beneficio.

 

3) Barrick Gold

A fines de junio de 2010 se celebró en Toronto, Canadá, una Cumbre del G 20, donde Argentina estuvo representada por su Presidenta, Cristina Kirchner.

Ésta, al margen de la reunión oficial, asistió a una reunión organizada por el fundador de Barrick Gold, Peter Munk.

Munk y los otros ejecutivos mineros se declararon satisfechos porque la Presidenta les aseguró que "las reglas no cambiarán, y eso es muy importante para una inversión de largo plazo". Esto fue ratificado por los gobernadores presentes en la reunión: Juan Manuel Urtubey, de Salta; José Luis Gioja, de San Juan; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Luis Beder Herrera, de La Rioja, y Walter Barrionuevo, de Jujuy. Aunque Beder Herrera había anunciado que querían negociar un porcentaje mayor de regalías para las provincias, la palabra de la Presidenta y la promesa de más inversiones sepultaron el reclamo. En los años de la presidencia de Néstor Kirchner se construyó la mina de Veladero; un megayacimiento de oro de la empresa transnacional Barrick Gold, en la provincia de San Juan, que generó una controversia en la opinión pública por la contaminación del medio ambiente y por el excesivo consumo y la contaminación del agua y la gran cantidad de espacio utilizado para el desarrollo del proyecto. Además se abrieron minas en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Jujuy y otras, que provocaron quejas de muchos vecinos de las poblaciones aledañas al proyecto y de organizaciones ambientalistas, por el posible daño al ambiente que podrían provocar, temiendo fundamentalmente por la contaminación del agua de los glaciares con cianuro, elemento este que se utiliza en la extracción de minerales en minas a "cielo abierto". Los gobiernos de las provincias mineras y el gobierno nacional mantuvieron en cambio una postura a favor de la explotación minera.

En 2008 el diputado Miguel Bonasso, en aquel entonces perteneciente al partido oficialista del Frente para la Victoria, impulsó la ley ley 26.418 de protección a los glaciares que fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados. Pero el 10 de noviembre de 2008, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1837/08, a través del cual la Presidenta vetó esa ley 26.418. Este fue el primer veto total de una ley por parte de la presidenta Cristina Fernández, quien adujo que la ley excedía el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

En 2010 se aprobó la ley 26.639 conocida como Ley de protección de glaciares , menos restrictiva para la explotación minera que la ley de 2008, vetada por la Presidenta.

Los críticos a la nueva ley señalaron que con ésta se permite a Barrick Gold seguir explotando a cielo abierto en Pascua Lama y contaminando las principales reservas de agua dulce que existen.

Una de las principales críticas provino de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que afirmó que los cambios restringen el alcance de la norma y el bien jurídico tutelado, reduce las zonas donde van a regir las prohibiciones de la ley y el área de acción, estudio e intervención del Inventario Nacional de Glaciares, incorpora como Servicio Ambiental de los glaciares y del ambiente periglacial la reserva de recursos hídricos para las "actividades industriales", elimina la obligación de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica, incorpora a las autoridades provinciales en la confección del Inventario Nacional de Glaciares, y establece plazos determinados para la realización de las Auditorías Ambientales sobre los emprendimientos actualmente en ejecución. Todo ello en beneficio de Barrick Gold y en perjuicio del interés nacional.

Con el agravante de que Barrick Gold y otras transnacionales mineras , además de pagar regalías bajas, declaran cantidades inferiores a la realmente extraída y extraen minerales estratégicos y otros –que se llevan del país- que no declaran. Es decir, incurren en el delito de contrabando. Existen, al respecto, denuncias ante algunos tribunales argentinos.

Lo pueden hacer porque se llevan del país el producto de su actividad incluso por lugares donde no hay ningún control estatal, como son algunos aeropuertos privados. (Véase: Notas e informes sobre la venta indiscriminada de tierras a extranjeros.mht. http://www.elmalvinense.com/argentina_para_los_argentinos/venta_de_tierras.htm).

En 2016 escribimos (véase en http://www.alainet.org/es/articulo/178668): «El actual Gobierno argentino dictó hace poco un decreto “flexibilizando” la ley de tierras de 2011 a fin de facilitar aún más la compra de tierras por capitalistas extranjeros. Véase también mi nota Los fusiladores de la Patagonia (http://www.redeco.com.ar/masvoces/opinion/22738-los-fusiladores-de-la-patagonia)

 

4) Monsanto

El 15 de junio de 2012, en un discurso pronunciado en Nueva York en una reunión del Consejo de las Américas, la presidenta Cristina Kirchner se declaró orgullosa de negociar con Monsanto.

(Ver: https://www.youtube.com/watch?v=N0UGR_UvcGA)

Se trataba de una inversión de Monsanto para elaborar semillas transgénicas de maíz en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas que no se concretó en razón de la fuerte movilización popular en contra de la misma.

El resultado de esta política, que se mantiene actualmente, es que prácticamente todo el país está contaminado con el glifosato de Monsanto5, el cultivo expansivo de la soja transgénica de Monsanto ha desplazado a los cultivos tradicionales y a la ganadería y ha provocado la desaparición de decenas de miles de pequeñas explotaciones rurales. Lo que se suma a los efectos altamente contaminantes de las explotaciones mineras sin controles apropiados.

Cabe la pregunta ¿tales daños están compensados en alguna medida por los beneficios económicos que reciben la Nación, las Provincias, los pueblos directamente afectados y el pueblo argentino en general?

La respuesta es obvia. Los únicos beneficiados, además de los consorcios transnacionales y sus socios locales, son quienes desde el poder político han consentido y siguen consintiendo el saqueo del patrimonio nacional.

De la explotación y el saqueo de los recursos naturales y de la explotación de los trabajadores la mayor parte del beneficio resultante se va al exterior, el país se descapitaliza y el pueblo recibe algunas migajas que no cesan de achicarse desde que se agotó la caja en 2011/2012.

Tema éste que es cuidadosamente ocultado por el actual Gobierno, continuador de las políticas nefastas del Gobierno anterior.

Y por eso descubre sólo la punta del iceberg de la corrupción.


Notas
:

1 Vaca Muerta: ¿quiénes son los dueños del yacimiento? (http://www.lanacion.com.ar/1785554-vaca-muerta-quienes-son-los-duenos-del-yacimiento).

Para una información técnica véase: http://encyclopedie-energie.org/articles/shale-oil-y-shale-gas-en-argentina-estado-de-situaci%C3%B3n-y-prospectiva

2 Véase, de Alejandro Olmos Gaona, YPF, LA TRANSPARENCIA MACRISTA Y LA VIOLACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO (http://www.alainet.org/es/articulo/178535)

3 Que dejó el Gobierno, expulsado por los militares, tan pobre como era cuando asumió la Presidencia.

4 Decreto por el cual el Poder Ejecutivo declara nulos todos los contratos relativos a la exploración y explotación de petróleo suscriptos por YPF entre el 1 de mayo de 1958 y el 12 de octubre de 1963. 

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros, decreta: 

Artículo 1 Declárense nulos de nulidad absoluta, por vicios de legitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación, los contratos relativos a la exploración y explotación de petróleo suscriptos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el período 1 de mayo de 1958 al 12 de octubre de 1963, con las siguientes compañías: C. M. Loeb, Rhoades and Co, en la actualidad Argentina- Cities Service Development Company; Astra, Compañía Argentina de Petróleo S.A.; C.A.D.l.P.S.A. (Cía. Argentina para el Desarrollo de la Industria del Petróleo y Minerales); Continental Oil Company of Argentina: Esso S.A.P.A. - Esso Argentina Inc.; The Ohio Oil Co., en la actualidad Marathon Petroleum Argentina Litd.; Pan American Argentina Oil Co., Shell Production Company of Argentina Ltd.; Tennesse Argentina S.A.; Union OH Co. California…

5 Que la señora Kirchner cree que es un fertilizante. Ver https://www.youtube.com/watch?v=WFPjle21OTI

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=245869

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, estamos ante una oportunidad histórica de abrir caminos emancipatorios del sistema capitalista pese a la situación gravísima tanto en el país como en el mundo. El gobierno de Macri subordinado al FMI sin tapujos vuelve patente que el opresor es el capitalismo pero, entre nosotros, domina ¡Fuera Macri! y esto no es solución, menos cuando la alternativa del sistema se muestra tan servil al FMI despreciando así el amplio consenso contra ese organismo con larga historia contra los pueblos del capitalismo periférico.

 

MISIÓN EN BUENOS AIRES

El show de Kicillof con el FMI:

promesas sobre el bidet

14 de febrero de 2019

 

Axel Kicillof, ex ministro de CFK, se reunió con los representantes del FMI e hizo luego críticas al ajuste en curso. Pero ¿de abandonarlo si llegan al gobierno? Bien, gracias.

 

Esteban Mercatante

@EMercatante

 

Los representantes del FMI que arribaron el lunes al país para monitorear las cuentas de la economía argentina, Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne, continuaron este jueves manteniendo reuniones con distintos sectores del peronismo, para tantear sus posicionamientos ante la política económica. El miércoles había sido el turno de Juan Manuel Urtubey, precandidato presidencial por el peronismo "alternativo".

 

Ayer fue el turno de Axel Kicillof, diputado del FpV y exministro de Economía durante el último mandato de CFK.

 

El diputado, que desde finales de 2018 viene realizando apariciones en distintos medios y se prueba el traje de precandidato (presuntamente por la provincia de Buenos Aires) aprovechó la oportunidad para continuar las críticas al programa económico en marcha, tanto frente a los funcionarios del organismo internacional de crédito que le prestó a Macri USD 57 mil millones para asegurar los pagos de deuda, como ante los medios.

 

Concluida la reunión, Kicillof manifestó que "el principal interés era escucharlos", porque "tienen un papel central en la economía argentina" ya que "el acuerdo firmado por Macri obliga al Gobierno a consultarle decisiones de política económica inherentes al Poder Ejecutivo, como la tasa de interés, el tipo de cambio y el nivel de gasto".

El ex ministro contó que les expuso a Cardarelli y Alleyne toda la responsabilidad del gobierno de Macri en el estallido de la crisis, cuando el oficialismo dice que esta se explica solo porque "pasaron cosas" en el plano internacional, como la suba de interés en EE. UU.. Pero ninguno de los países latinoamericanos que también sufrieron el mismo cambio de coyuntura registraron una devaluación de 100 % ni entraron en recesión como la Argentina. Kicillof también les señaló que su bancada ya habría advertido la crisis que se estaba gestando, algo que en rigor fue advertido ampliamente por todo el espectro crítico de la política de "endeudamiento serial", encarada por Macri. Por otra parte, seguro que el ex funcionario de CFK no se detuvo mucho en recordar la contribución del propio kirchnerismo en el tema de la deuda, con sus renegociaciones de 2005 y 2010 (que relegitimaron unos pasivos probadamente fraudulentos en vez de declarar su repudio definitivo) y los "pagos seriales", como los definió la propia ex presidenta.

 

¿El programa es de Macri y no del FMI?

Fiel al aggiornamiento que viene mostrando en sus declaraciones más recientes, Kicillof tuvo el cuidado de destacar que éste sería "el programa de Macri". Así lo manifestó ayer en C5N luego de la reunión.

También declaró que el FMI "no puede tener vocación de volcar un país". Son todas declaraciones que apuntan a poner toda la responsabilidad del ajuste en marcha, el plan de déficit cero votado en el presupuesto y la política monetaria de estabilización que viene contribuyendo a profundizar el hundimiento de la economía, solo el Macri.

Parecería que Kicillof considera que el FMI se limitó a recibir la propuesta de Macri. Pero, ¿acaso puede sospecharse que el organismo habría otorgado su aval a un programa que buscara evitar el ajuste fiscal y sostener políticas de mayor gasto? ¿El ex ministro imagina al organismo presidido por Lagarde apoyando con créditos a un programa de este tipo?

Pero no hace falta que especulemos al respecto, ya que el propio Kicillof se contradice sobre el rol del FMI. Ayer contó que, como en otras oportunidades, cuando el señaló los efectos recesivos del programa económico, cuyo efecto es "destruirle la vida a los argentinos", la lacónica respuesta era que "nos pidieron un plan de estabilización, ni de crecimiento". ¿En qué quedamos, el plan lo armaron solo Macri, Dujovne, Sandleris y el resto del gabinete o jugó un papel central el staff del organismo que preside Lagarde para fijar las metas de ajuste?

 

La promesa imposible de una renegociación del programa de ajuste

Los esfuerzos de Kicillof por pegar sobre Macri apuntan a dos bandas. Por un lado, en la expectativa de un triunfo en las elecciones de octubre para el espacio que integra, pretende mostrarse como un interlocutor del FMI, que gane quien gane las elecciones seguirá auditando las cuentas hasta 2021 como mínimo. Y si juzgamos por la experiencia previa se quedará mucho más tiempo, renovando el programa con nuevos préstamos.

Al mismo tiempo, el ex ministro pretende que es posible, en ese hipotético escenario de triunfo en octubre, sentarse a renegociar los términos del acuerdo. Es decir, rediscutir las políticas a llevar a cabo a partir de 2020, que de acuerdo al programa presentado por Macri exigen llegar a un superávit de 0,5 % del PBI, después de alcanzar este año el déficit cero.

El FMI "es más flexible que Macri", afirmó ayer también Kicillof.

El discurso de Kicillof busca alimentar la idea de que ganando las elecciones podrá cortarse el ciclo del ajuste macrista, e iniciarse como en 2003 un curso de otro ciclo, retomando con variantes el pretendido "modelo de crecimiento con inclusión". Pero"olvida" que este solo pudo constituirse gracias al feroz ajuste realizado por Duhalde, que incluyó entre otras cosas el default de la deuda y una megadevaluación cuyos efectos pegaron de lleno sobre el poder adquisitivo para crear condiciones de alta rentabilidad, y además estuvo ayudado por el ciclo de altos precios de los commodities. El kirchnerismo asumió con el "trabajo sucio" del ajuste ya realizado, y buscó asegurar la perpetuación de las condiciones favorables para el empresariado al tiempo que buscaba recomponer las condiciones de dominio de la burguesía con políticas que fueron presentadas como de un signo distinto de las del período, presentando al Estado como “árbitro”. Pero asegurando siempre en lo fundamental las "conquistas" que la clase dominante había logrado durante el período neoliberal.

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Por el contrario, de ganar en 2019, llegarán con buena parte del ajuste ya realizado por Macri (gracias entre otras cosas a los aportes del peronismo y la burocracia sindical para otorgarle "gobernabilidad" a las políticas de austeridad), pero con la exigencia del FMI para seguir profundizándolo en 2020.

Desde hace un tiempo Kicillof viene sosteniendo la idea de que se podría ir a una renegociación con el FMI y cambiar los objetivos para los próximos años. Es una idea similar a la que proponía en Grecia, otro país devastado por las políticas de austeridad, impuestas en este caso por la llamada “troika”, formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI. En enero de 2015, Syriza, un partido que hemos definido como neorreformista ganó las elecciones proponiendo el rechazo a la política de austeridad. Luego de su triunfo, Syriza constituyó una coalición “antiausteridad” con la derecha nacionalista (ANEL o griegos independientes) con el propósito de reestructurar compromisos de deuda y cambiar la política fiscal por una expansiva. Estos objetivos, de por sí moderados, se probaron inviables en las condiciones impuestas por la política impulsada por las principales potencias de la UE, con Alemania a la cabeza. El gobierno de coalición presidido por Syriza creyó posible regatear con la troika algunos márgenes para administrar la integración subordinada de Grecia en la Europa del capital. Terminó siendo el ejecutor de los recortes destinados a cumplir con los acreedores, que continuaron ahondando la hecatombe social que vive el país desde que se inició la crisis de deuda en 2009. La idea de negociar “con fuerza” sin romper los marcos capitalistas está condenada al fracaso.

Kicillof vende un buzón cuando sostiene que sin romper con el FMI y repudiar su programa puede implementarse una política que se diferencie en lo sustancial del ajuste que lleva adelante Macri para asegurar el déficit cero, pagarle a los acreedores y asegurar las ganancias del empresariado.

Obviamente, seguir el curso de ruptura con el FMI es imposible si uno pretende moverse en los marcos del capitalismo y alimentar la ilusión de que puede haber un "modelo" que asegure por un largo período que podrán compatibilizarse los intereses de los empresarios y los de los trabajadores... y todo eso sin atacar las raíces fundamentales de la dependencia. La misma pretensión que ya se probó insostenible en el anterior gobierno de CFK, que concluyó con ajuste (en 2014), intentos de volver a los mercados, acuerdos con el CIADI y Repsol y ataques a sectores de la clase trabajadora formal acusada de "privilegiada" por reclamar contra el impuesto al salario.

Sólo rompiendo el Acuerdo Stand By y dejando de pagar al FMI y al conjunto de los acreedores puede cambiarse el curso del ajuste. Pero esto sólo es compatible con una firme decisión de romper con el orden que sostiene este organismo que es un pivote central del capitalismo globalizado. La pretensión de contraponer a Macri una alternativa “antineoliberal” es una impostura magnificada en los tiempos en los que es el FMI el que gobierna la política económica. Solo queda una hoja de ruta para evitar repetir como farsa trágica y decadente la historia de saqueos: que una fuerza política independiente de los trabajadores imponga una serie de medidas de ruptura con el imperialismo y sus socios nacionales.

Te puede interesar: De 2001 a hoy: ¿cómo hacemos para que la historia no se repita?.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/El-show-de-Kicillof-con-el-FMI-promesas-sobre-el-bidet

 

Constatemos porqué no seguir delegando en representantes que desde larga data en la historia de Argentina y la individual se han hecho y hecho al Estado garante de la acumulación gran capitalista mediante expoliación tanto de la naturaleza como de los trabajadores y los otros diversos de abajo:

 

Fuga de capitales y acumulación en tiempos K

28 de septiembre de 2010

 

Por Rolando Astarita

 

En su estudio, publicado en mayo de 2007, sobre la evolución de la fuga de capitales en Argentina, los investigadores de CEFIDAR, Jorge Gaggero, Claudio Casparrino y Emiliano Libman comenzaban diciendo que “el fenómeno denominado fuga de capitales ha estado presente en la historia económica reciente de Argentina, particularmente durante el período que comienza con las reformas económicas encaradas desde 1976 por la última dictadura militar, y parece finalizar con el agotamiento y crisis del denominado modelo de la convertibilidad”. Esto es, el fenómeno habría correspondido al largo período de hegemonía del modelo neoliberal (los años de la dictadura militar, el período de alta inflación de los ochenta y luego el menemismo privatizador), y habría finalizado hacia la caída del gobierno de De la Rúa.

 

Esta afirmación parece encajar bastante bien con la idea de que a partir de 2002, y más precisamente con la presidencia de los K, se habría pasado a un modelo productivo. Se supone que en un modelo productivo el excedente (esto es, la plusvalía), se reinvierte a fin de ampliar la acumulación del capital. Es que un proceso de desarrollo se caracteriza por lo que Marx llama la reproducción ampliada del capital. Una parte importante de la plusvalía vuelve a entrar en el circuito de producción, para generar más plusvalía, ampliando a su vez la escala de la producción. En este proceso la inversión tiene la primacía; en la medida en que se expande la producción de bienes de producción y bienes de consumo, aumentan el empleo, generándose más plusvalía, que se reinvierte para seguir expandiendo las fuerzas productivas. Naturalmente, para que esto suceda al interior de un país, es necesario que la plusvalía se reinvierta en el mismo.

 

Pues bien, un nuevo estudio generado en CEFIDAR, “La fuga de capitales II, Argentina en el escenario global (2002-2009)” sostiene que entre 2007 y 2009 salieron del país casi US$ 44.000 millones, lo que equivale a casi el 93% de las reservas acumuladas por el Banco Central. En otras notas hemos sostenido que bajo el gobierno K no se han producido cambios relevantes, o cualitativos, en la estructura productiva. Ahora, el dato sobre la persistencia de la fuga de capitales, reconocido por un instituto semi-oficial, apunta a la misma conclusión. Una parte importante del excedente termina en el exterior. En términos de Gaggero et al., no se utilizan “los excedentes económicos generados localmente en el fortalecimiento de la estructura productiva y social”. Es un síntoma de que no se supera la estructura atrasada y dependiente, y también una causa, ya que la fuga de capitales va en detrimento de la acumulación ampliada interna.

 

Inversión débil

Efectivamente, la contrapartida de la fuga de capitales es una inversión que se mantiene débil; en particular, en relación con un crecimiento del producto que ronda el 8% anual. La participación de la inversión en el PBI es notablemente más elevada que en la crisis 1999-2002, pero solo algunos puntos porcentuales más elevados que en la década de 1990, como se puede advertir en el siguiente cuadro:

Puede apreciarse que en el primer semestre de 2010, si bien aumentó con respecto a 2009, la inversión se mantuvo más baja, en términos de PBI, que entre los años 2006-2008, y algo más elevada que en los noventa. Pero es un nivel muy por debajo de economías que crecen a tasas de 8 o 9%. En los países asiáticos de alto crecimiento la participación de la inversión en el PBI supera el 25 y aun el 30% del PBI.

En estos momentos, y a pesar de que en Argentina muchos sectores industriales tienen capacidad cercana al tope, los capitalistas invierten poco en ampliación de plantas. En todo caso, en algunas ramas como plásticos, petroquímicos y agroquímicos, hay inversión en capacidad de almacenamiento, pero no en capacidad de producción. Esto explica también que en algunas ramas haya aumentado la importación para abastecer la demanda interna.

La debilidad relativa de la inversión en ampliación de capacidad también se refleja en la dinámica del empleo. A pesar del crecimiento del PBI, el empleo formal en el sector privado creció 1,5% entre el segundo cuatrimestre de 2009 y el segundo de 2010. En cambio, el número de horas trabajadas aumentó 7,5% en el mismo período (datos SEL). Lo cual revela que se está utilizando capacidad instalada.

Pero además, el aumento de la inversión en bienes durables durante el primer semestre estuvo determinado principalmente por la compra de equipos de transporte, entre los que figuran los aviones incorporados por Aerolíneas Argentinas. No es aumento de la capacidad productiva básica. Y dos tercios de esa demanda de inversión se dirigieron a las importaciones. Lo cual también está acorde con lo que planteamos en otra nota, acerca de que la balanza comercial industrial de Argentina sigue siendo altamente deficitaria. Dejemos anotado también que en los primeros 8 meses de 2010 el crecimiento de la industria estuvo liderado por el sector automotores (la fabricación de vehículos en agosto fue 49,8% superior al año anterior) y acero (27,7% superior, datos INDEC). Aquí hubo una sostenida demanda por parte de Brasil (el real se apreció y hay un fuerte crecimiento), además de la recuperación de la demanda interna. Las otras ramas crecieron a tasas sensiblemente menores, lo cual agudiza la heterogeneidad del desarrollo. La demanda de consumo está impulsada por sectores relativamente acomodados de la sociedad; lo cual tiene por base la alta desigualdad en la distribución del ingreso.

En consonancia con lo anterior, el crédito al consumo estuvo aumentando a lo largo del año a una tasa mayor que el crédito a la actividad productiva.

Otro impulsor clave del crecimiento es el agro. La producción de granos alcanzaría en la campaña 2010-2011 los 90 millones de toneladas, lo que exige inversiones importantes. Las inversiones durables proyectadas en el agro rozarían los US$ 1500 millones, y las inversiones en capital constante circulante (utilizando la terminología de Marx; comprende semillas, riego, insecticidas y funguicidas, herbicidas y fertilizantes) superaría los US$ 3750 millones (datos CREA y Comisión de Enlace; no desmentidos por la Secretaría de Agricultura, u otros organismos oficiales).

El agro y la minería, además, siguen siendo pilares de las exportaciones. De conjunto casi el 90% del aumento de las exportaciones en el último año se explican por la soja, el maíz, automotores (a Brasil) y minería. El resto de las exportaciones apenas crecieron. Paradójico para un modelo que se califica de “industrialista” por oposición al “agro exportador”.

Infraestructura estancada

 

La debilidad de la inversión repercute en la infraestructura. Recordemos que la matriz energética del país es en base a gas. El hecho es que (datos del Instituto Argentino de la Energía General Moscón) las reservas de gas a fin de los noventa eran de 30 años, y en 2010 son de 7,8 años. Las reservas de petróleo en 2000 eran de 488 millones de metros cúbicos, y en 2010 son de 380 millones. En la década de 2000 se terminaron 484 pozos y en la década de 1990 el doble. Argentina ahora importa energía.La inversión en infraestructura ferroviaria continúa estancada. Lo mismo sucede con las inversiones requeridas para obras de saneamiento ambiental; el caso del Riachuelo, donde ni siquiera se ejecutan los créditos que ya están concedidos, resulta emblemático.

Tradicionalmente los regímenes o gobiernos que se consideraron industrialistas, pusieron énfasis en desarrollar la infraestructura productiva. Con todos los problemas que podían surgir, se intentaba avanzar en un desarrollo de las fuerzas productivas articulado en esas inversiones. No parece que el gobierno K siga esa tradición. Pero no se pone a discusión la canalización improductiva de la plusvalía.

Bicicleta financiera

Sin embargo, no todo fue fugas de capitales en 2010. En el segundo trimestre, por ejemplo, ingresaron US$ 328 millones. Aunque no fueron a la producción, sino al sector financiero, que está ofreciendo una bonita rentabilidad en dólares. Es que las tasas de interés pasivas para plazos fijos en pesos a 30 días rondan el 9%, y las tasas para depósitos superiores a los 60 días están en 10,4%. Dado que el Banco Central mantiene fijo el valor del dólar, y además el gobierno asegura que seguirá planchado en 2011 (esto es, creciendo muy por debajo de la inflación), constituye un buen negocio para inversores extranjeros traer divisas para colocarlas en depósitos en pesos, y volver al dólar una vez hecha la diferencia.

El Ministerio de Economía en este respecto está encerrado en una lógica que deriva del propio modelo de desarrollo, que se articuló casi exclusivamente en torno a mantener el tipo de cambio real alto. Es que si ahora se quiere elevar el tipo de cambio –y la ventaja competitiva cambiaria se ha erosionado a esta altura– daría más impulso a la inflación. De ahí que esté retrasando el tipo de cambio, como ancla para la inflación (cualquier parecido con las políticas ortodoxas de freno de inflación no es casualidad). En los últimos 12 meses el dólar apenas aumentó un 3%, muy por debajo de la inflación. Lo cual genera una creciente apreciación en términos reales del peso, y también da lugar a la alta rentabilidad financiera que comentamos. Los pequeños ahorristas (un universo conformado por no pocos asalariados) en tanto ven erosionado sus ahorros ante una inflación que ronda el 25% anual, y las tasas que reciben, de entre el 9 y 10%. Estos sectores mantienen saldos líquidos para comprar en el mercado interno, a diferencia de los capitalistas dinerarios que valorizan sus tenencias en términos del dólar o el euro. Objetivamente esto representa una nueva transferencia al capital.

Agreguemos que los bancos siguen constituyendo uno de los sectores más rentables de la economía. Según datos que proporciona el BCRA, la rentabilidad, medida por el return on equity, está en el 21,2% en la primera mitad de 2010.

Desigualdad en la distribución e inversión inmobiliaria

Repasemos un momento las “coordenadas” fundamentales. Con la recuperación económica, hubo una recuperación de las ganancias del capital, y de las rentas en general. Continúa, por otra parte, la desigualdad en la distribución del ingreso, y un sector importante de la clase obrera está a nivel de pobreza. El desempleo informal alcanza al 36,5% de la fuerza laboral, y el salario promedio de estos trabajadores es $1100 mensuales (IDESA). En las empresas de hasta 25 trabajadores, el salario promedio es $2286 (ídem). Los beneficios del capital, subrayamos, son altos. Según Débora Giorgi, el nivel de rentabilidad de las inversiones extranjeras en los últimos cuatro años promedió el 10,1%, contra el 4,6% del período 1992-2002. Sin embargo, la inversión de mantiene baja. ¿Dónde va entonces la plusvalía? Ya vimos que una parte se canaliza hacia el exterior. Otra porción va a la compra de bienes durables, como el automóvil. Y otra porción se invierte en el sector inmobiliario. Según el sitio Reporte Inmobiliario, las operaciones de compra – venta en 2010 aumentaron, en Capital Federal, un 23% con respecto a 2009 (aunque todavía se mantienen a un nivel más bajo que en 2008). Pero este aumento de la demanda no puede derivar de los asalariados. Entre 2001 y 2010 el precio de los departamentos, en pesos, creció 512%, por encima de lo que aumentó el costo de la construcción (424%). En 2001 hacían falta 75 sueldos para adquirir un departamento promedio (76 metros cuadrados). En 2010 hacen falta 125 sueldos (estudio del Instituto de Análisis Fiscal, citado en La Nación 26/9/10). Para construir una vivienda tipo en 2001 hacían falta 44 salarios, y actualmente 58. Los créditos hipotecarios son prohibitivos para la mayoría de la población. Sería un error entonces atribuir el aumento de la demanda de vivienda en 2010 a los asalariados. Todo indica que una parte de las plusvalías (entre ella, la renta agraria) se está canalizando al sector inmobiliario. Los precios de las viviendas aumentaron en términos de dólares entre el 15 y 20%. Pero la construcción residencial no amplía la capacidad o la infraestructura productiva.

En definitiva, tenemos un fuerte flujo de plusvalía que va al exterior; que se vuelca al consumo suntuario; o al sector inmobiliario residencial. Lo cual evidencia, lo subrayamos, la persistencia de características típicas del atraso.

Cuestiones relacionadas con la fuga de capitales

Gaggero et al., destacan una serie de características de la salida de capitales sobre las que vale la pena reflexionar un momento.

En primer lugar, la mayor parte de los capitales se invierten en activos financieros del exterior, y no directamente en actividades productivas. Destaquemos también que las inversiones en propiedad inmobiliaria en el exterior también podríamos considerarlas inversiones “de cartera”, ya que obedecen a una lógica de valorización financiera. En una economía desarrollada, el aumento del stock de activos externos tenidos por los residentes locales implica una salida por el lado de la cuenta de capitales, pero una entrada (igual a la tasa de interés internacional × el stock de bonos o activos financieros) por el lado de la cuenta corriente. Sin embargo, en un país subdesarrollado como Argentina, este flujo de entrada por lo general es pequeño, dado que las ganancias se reinvierten en el exterior.

En un plano más general, la existencia de fuertes stocks de activos financieros en manos de residentes argentinos es indicativa de que una parte importante (posiblemente mayoritaria) de la clase dominante está íntimamente vinculada al capital financiero internacional. Pueden discrepar con tal o cual política del FMI, o disgustarse con el comportamiento de algún banco, pero “a la hora de la verdad” se confían los ahorros a estas instituciones. Así como las operaciones financieras. Por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires acaba de colocar un bono a cinco años entre inversores internacionales con una tasa de 11,75% anual (mucho más alta que otros países de la América Latina), con la colaboración del Deutsche Bank y Merrill Lynch.

Por otra parte, la evolución en el largo plazo del stock de deuda demuestra que la misma sirvió para financiar la fuga de capitales durante años. En  1974 la deuda externa era de US$ 7600 millones, y el capital fugado era prácticamente la mitad, US$ 3800 millones. En 1982 las cifras eran US$ 44.000 y US$ 34.000 millones, respectivamente. En 1989 la deuda era de US$ 65.000 millones y los capitales fugados sumaban US$53.000 millones. A fines de 2001 la deuda era de US$ 140.000 millones y el stock fugado de US$ 138.000 millones (Gaggero et al).

Este hecho demuestra que la burguesía argentina no está “sometida”, ni es “el país” el que es “explotado” por los “banqueros y financistas del Norte”, sino que estamos ante negocios que obedecen a la lógica de la valorización de los capitales, y la conservación de esos valores en los lugares que se consideran más seguros.

Sin embargo hay una diferencia importante entre los 2000 y la década de 1990, y es que durante la presente década la fuga de capitales no estuvo financiada con deuda, sino con reservas genuinas, provenientes del superávit comercial. Esto es, se produjo lo que se llama una “transferencia real” de valores al exterior. La deuda externa también se paga con superávit, y no tomando más deuda, como sucedía en la década de 1990. Por eso la relación entre deuda y PBI disminuyó. Actualmente es del 40%, contra el 140% en 2001.

En conclusión, hay un fuerte crecimiento, y cierto aumento de la participación de la inversión con respecto a los niveles promedio de los noventa, pero sin que pueda hablarse de algún cambio estructural. Una parte fundamental del excedente sigue saliendo del país; aunque a diferencia de la década de los noventa, ahora esa salida está financiada por el superávit de cuenta corriente. Otra parte del excedente se vuelca a bienes de consumo, o al sector inmobiliario. La salida de capitales sigue poniendo en evidencia la estrecha vinculación de la clase capitalista argentina con el capital mundializado, particularmente con el capital financiero.

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Fuga de capitales en tiempos K

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2010/09/28/fuga-de-capitales-y-acumulacion-en-tiempos-k/

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Fuga de capitales, dólar y modelo K

31 de octubre de 2011

 

 

Por Rolando Astarita

Esta nota es continuación y actualización de la que escribí hace un año, en la que discutía cuestiones vinculadas al crecimiento basado en el tipo de cambio alto (“Profundizar…” ). Decía entonces que el tipo de cambio alto había sido clave para la estrategia de desarrollo “industrialista”, desde mediados de 2002. Básicamente porque la devaluación posterior a la ruptura de la Convertibilidad había significado una fuerte caída de los salarios -en términos de dólar y poder adquisitivo-, con la consiguiente mejora de las condiciones competitivas del capitalismo argentino. Sostenía también que a la redistribución regresiva del ingreso se habían sumado equipos industriales renovados durante los 90; una elevada capacidad ociosa; y el congelamiento de tarifas de servicios. Todo esto se conjugó para elevar la tasa de rentabilidad, en particular de las empresas productoras de bienes transables. Además, el ciclo alcista de los precios de los alimentos, y en particular la soja, dieron un poderoso oxígeno extra al crecimiento, habilitaron ganancias extraordinarias al agro (suba de la renta de la tierra), y una constante inyección de recursos al Estado. Sin embargo, señalaba en aquella nota, no había habido un desarrollo sustentado en la inversión de equipos y la tecnología. Esto es, no estábamos ante un aumento de la competitividad con bases sólidas. Por eso, en 2010 ya se evidenciaba el desgaste del “modelo”: el superávit comercial se achicaba; la inflación erosionaba la competitividad del tipo de cambio; y el gobierno se enfrentaba a la disyuntiva de devaluar, o de retrasar el tipo de cambio a fin de frenar la inflación. Pero en este último caso, caería aún más la competitividad. Escribíamos: “Si el gobierno promueve una depreciación de la moneda, acelera la inflación, con poca ganancia en competitividad. Si por el contrario, retrasa el tipo de cambio, agrava los problemas de competitividad, acercándose a un escenario parecido al de los noventa. De hecho, hoy algunos sectores industriales empiezan a quejarse de que con este tipo de cambio no pueden competir. Es posible que de prolongarse esta situación, hacia fin de 2011 el tipo de cambio real vuelva a estar al nivel de la Convertibilidad. Aunque la situación internacional es distinta de la existente en los noventa, principalmente por la suba de la demanda mundial de materias primas”.

A pesar de las señales que estaba dando la economía, muchos defensores del modelo K de crecimiento siguieron afirmando que “el modelo tiene bases sólidas”, y que sólo los ciegos “catastrofistas de izquierda”, o la derecha golpista, podían encontrar algún problema serio. La idea dominante en este sector es que, en tanto haya estímulos de demanda, la inversión crecerá más o menos automáticamente. Una tesis que se ha mantenido contra viento y marea.

 

Fuga de capitales

También en una nota anterior, de septiembre de 2010 (ver aquí), decíamos que en Argentina se mantenía una de las características típicas del atraso, que una parte muy importante de la plusvalía se volcaba al consumo suntuario, la inversión inmobiliaria, o iba al exterior. Con respecto a esto último, señalábamos que las inversiones de argentinos en el exterior obedecían a una lógica de valorización financiera, y que los rendimientos de esas inversiones se reinvertían en el exterior, de manera que representaban una importante sangría en términos netos del excedente. La contrapartida de esta salida era que la inversión en plantas, equipos e infraestructura productiva, si bien había mejorado en algún punto del PBI con respecto a los 90, continuaba siendo relativamente débil. Por eso concluíamos que “hay un fuerte crecimiento (del PBI), y cierto aumento de la participación de la inversión con respecto a los niveles promedio de los noventa, pero sin que pueda hablarse de algún cambio estructural. Una parte fundamental del excedente sigue saliendo del país; aunque a diferencia de la década de los noventa, ahora esa salida está financiada por el superávit de cuenta corriente. … La salida de capitales sigue poniendo en evidencia la estrecha vinculación de la clase capitalista argentina con el capital mundializado, particularmente con el capital financiero”.

Naturalmente, los defensores del “modelo productivo” siguieron mirando para otro lado. Pero los hechos son testarudos, y las cosas siguieron complicándose, hasta llegar a la actual coyuntura. En los últimos tres meses el Banco Central ha vendido más de 4100 millones de dólares. Según la consultora Ecolatina, la formación de activos externos del sector privado se incrementó de un ritmo promedio mensual de 300 millones de dólares en el período enero 2003 a marzo 2008 a 1.500 millones por mes entre abril 2008 y junio 2010. El marco de esta fuga de capitales es una macroeconomía en la que las señales del desgaste del “modelo” son inocultables. El superávit comercial pasó de más del 4% del PBI en 2007 a aproximadamente el 2%. Las reservas del Banco Central bajaron desde más de 52.500 millones de dólares a fines de 2010, a 47.580 millones hoy; esto a pesar de que tomó préstamos de bancos europeos. Las reservas de libre disponibilidad (las que exceden la base monetaria, y con las que el Gobierno paga deuda externa), se evaporaron. El crecimiento de los depósitos bancarios se ha frenado, y las tasas de interés han subido al 15% para los minoristas (estaban al 10%) y hasta el 20% para los grandes depositantes. ¿Esto también formará parte del “modelo productivo”? En cualquier caso, y ante este panorama, es evidente que la disyuntiva de 2010 que comentábamos, se ha hecho más aguda.Destaquemos que si bien la crisis internacional ha jugado un rol en la fuga de capitales -debido a la devaluación del real, y la desaceleración de la demanda internacional- no alcanza a explicarla. Después de todo, otros países latinoamericanos han estado recibiendo capitales a causa de la crisis internacional, por lo que su problema es el opuesto del argentino: procuran evitar la apreciación de sus monedas. En Argentina, en cambio, la apuesta de muchos grandes inversores, y también de ahorristas pequeños y medianos, es que el precio del dólar finalmente va subir.

 

Desarrollo desigual y dependiente, y tipo de cambio

Tal vez una de las cuestiones más importantes es entender que la disyuntiva descrita -devaluar o retrasar más el tipo de cambio- se inscribe en un movimiento de largo plazo de la economía argentina, en la que se alternaron los períodos de tipo de cambio alto y bajo, pautados por crisis que marcaron la transición de un período al otro. Por eso, más allá del análisis de la coyuntura inmediata, nos interesa mostrar cómo existe una cierta lógica en estos movimientos, que está vinculada al desarrollo de las fuerzas productivas -en particular, al nivel de productividad- y a las variaciones de la rentabilidad e inversión de los sectores vinculados a la producción de bienes transables (sustitución de importaciones y exportables) y de bienes no transables (en lo que sigue resumo algunas de las ideas que presento en Economía política de la dependencia y el subdesarrollo).

Si se toma como punto de partida 1974 -inicio de la crisis final de la estrategia de sustitución de importaciones-, se advierte que  desde 1977 y hasta comienzos de 1981 rigió un tipo de cambio real bajo (moneda apreciada); que en la década de 1980 y hasta comienzos de 1991, el tipo de cambio fue alto (moneda depreciada); durante la Convertibilidad la moneda se apreció; y a partir de 2002 se vuelve a un tipo de cambio alto, aunque con tendencia paulatina a la apreciación desde 2003, hasta llegar al actual escenario. Aclaramos que cuando hablamos de moneda apreciada nos referimos a un tipo de cambio cercano al nivel de paridad de poder de compra con los países adelantados (en particular, con EEUU). Esto significa que, en promedio, y a igual que sucede con la mayoría de las economías atrasadas, la moneda argentina tiende a ubicarse en un nivelpor debajo de la paridad de poder de compra. Esta depreciación de la moneda en términos reales obedece, desde el punto de vista de la ley del valor trabajo, a problemas estructurales, que tienen que ver, principalmente, con la baja productividad de la industria argentina.

 

Dada su baja productividad relativa, una manera que tiene la industria de ganar competitividad en el mercado mundial es a través del tipo de cambio real alto, que implica bajos salarios en términos de la moneda mundial (dólar o euro). Sin embargo, debido a los impulsos inflacionarios que derivan de este régimen cambiario, a mediano plazo casi inevitablemente se generan las condiciones para la reversión hacia el tipo de cambio bajo. Y son estas variaciones bruscas del tipo de cambio, las que generan cambios también bruscos y profundos en las tasas de rentabilidad de los sectores productores de bienes transables y los productores de bienes no transables; y con ellos, de sus tasas de crecimiento e inversión. Con tipo de cambio alto, los sectores productores de transables aumentan su rentabilidad, lo que lleva aparejado el aumento de inversiones en el sector; pero baja la rentabilidad y la inversión en los sectores de no transables. A su vez, con la moneda apreciada, los sectores transables ven disminuidas sus ganancias, y los de no transables las incrementan, y con ella la inversión y el crecimiento. El resultado es que se asiste a un desarrollo desigual, profundamente desestructurado. Los cambios bruscos de la rentabilidad de los sectores debilitan las inversiones de largo plazo, fundamentales para superar el subdesarrollo. Los diferenciales de productividad se acentúan, porque ora un sector, ora el otro, sufre períodos más o menos prolongados de baja rentabilidad y por lo tanto de baja inversión y renovación tecnológica. En los 90, por ejemplo, en tanto en teléfonos, o producción y transporte de electricidad, se realizaban inversiones y se expandían, muchas industrias productoras de transables, en especial intensivas en mano de obra -textiles, calzado, etc.-, languidecían. De la misma manera, el parque industrial se renovaba parcialmente, pero el sector productor de máquinas herramientas trabajaba con un 50% de capacidad ociosa, promedio. En los 2000, por el contrario, sectores de productores de bienes exportables, o sustitutos de importaciones, prosperaron; pero amplios sectores productores de servicios, o energético, se retrasaron. Significativamente, la balanza energética pasó a ser deficitaria, luego de haber tenido superávit en los 90 y buena parte de los 2000.

 

Este crecimiento desestructurado se refleja entonces en la situación cambiante del sector externo, y las dinámicas de precios. Los períodos de tipo de cambio alto, posteriores a una devaluación, dan lugar a mejoras rápidas y sustanciales de la balanza comercial (o en la balanza de cuenta corriente). Los productores de transables con ventajas competitivas naturales -ejemplo, el sector productor de granos- obtienen plusvalías extraordinarias, bajo la forma de ganancias extraordinarias, o alta renta agraria. Eventualmente, en una coyuntura de altos precios internacionales de las materias primas, una parte de la renta puede captarse con impuestos y destinarse a subvencionar industrias proveedoras de insumos y servicios, a los efectos de sostener el tipo de cambio real alto. En estos períodos el crecimiento industrial se caracteriza por ser principalmente extensivo -esto es, empleador de mano de obra- y la renovación tecnológica relativamente débil. La competitividad del sector transable es alta, pero porque está asentada en una alta explotación del trabajo (salarios bajos, precarización del empleo, etc.), y en la contención de los precios de insumos y servicios esenciales.

 

Erosión del tipo de cambio “competitivo”

No es de extrañar entonces que a mediano plazo la ventaja competitiva se erosione, en la medida en que los precios de los bienes no transables y los salarios, especialmente de los sectores sindicalizados, buscan recuperar el terreno que han perdido con la devaluación. Por eso, a mediano o largo plazo, las falencias y contradicciones estructurales no pueden superarse con meros remedios monetarios. No se trata de conspiraciones de los golpistas, como he escuchado de boca de algún intelectual K de Carta Abierta, sino de las leyes de la acumulación (y la explotación) capitalista. La cuestión de fondo es que la debilidad de la inversión -y del despliegue de la investigación y desarrollo- no permite superar el atraso y ganar competitividad genuina a la industria. Hoy, en Argentina, la balanza comercial industrial es fuertemente deficitaria (en las manufacturas de origen industrial, por unos 20.000 millones de dólares), luego de casi una década de crecimiento “industrialista” K. El problema puede agudizarse bruscamente si algunos de los socios comerciales deprecia su moneda; como acaba de suceder con Brasil.

 

En consecuencia, las presiones inflacionarias, que tienen origen cambiario, no dejan de acentuarse. Los sectores productores de no transables no invierten si no mejoran los precios relativos, y en el mediano o largo plazo, los precios de servicios y otros insumos comienzan a subir. Si además, el gobierno ha mantenido tarifas congeladas, a costa de crecientes subsidios, es probable que aparezcan déficit fiscales crecientes. La monetización del déficit (esto es, cubrirlo con emisión), da lugar a mayores presiones inflacionarias, acrecentando la desconfianza hacia la moneda nacional. En definitiva, las presiones inflacionarias terminan erosionando la competitividad cambiaria. Al crecer la desconfianza, se potencia el flujo de fondos hacia el dólar o el euro. El ahorro (más precisamente, atesoramiento) ocurre en moneda extranjera. Al caer los depósitos en moneda nacional, los bancos elevan las tasas de interés, para detener la sangría. Lo cual no es precisamente un estímulo para la inversión productiva. Todos estos factores no dejan de empujar hacia la devaluación.

 

Devaluaciones, inflaciones y reversiones cambiarias

Pero la devaluación de la moneda no es una solución sencilla, ya que puede dar lugar a nuevas devaluaciones, que eventualmente desembocan en altas inflaciones (o hiperinflaciones). Lo cual es insostenible, como lo demuestra la experiencia argentina de los 80 y principios de los 90. Es que con alta inflación los salarios bajan en términos reales -es inevitable que pierdan la carrera con los precios- pero también con una moneda en constante pérdida de valor se embotan los mecanismos del mercado. Entonces es imposible comparar los tiempos de trabajo. Por eso, en el extremo, la economía se dolariza. El dólar pasa a ser moneda no sólo de atesoramiento, sino también medida de valor y medio de pago (los contratos se fijan en dólares, etc.). Se generan así las condiciones para la reversión hacia la moneda “fuerte”. El anclaje del tipo de cambio está en la lógica del proceso, ya que se busca fijar la variable que ha estado en el origen del impulso inflacionario, y restablecer la disciplina del mercado, tanto sobre los capitales menos productivos, como -y principalmente- sobre los trabajadores. Es por esta razón que las razones que lleva a los períodos de apreciación de la moneda se incuban en las fases de crecimiento que se sostienen en el tipo de cambio alto. Algo de esto se ve en el panorama actual; la apreciación del peso de los últimos años está en la mecánica del crecimiento de los 2000.

Sin embargo, hoy la economía argentina no está ante un escenario de crisis aguda, al estilo de lo ocurrido en 2001. Pero dicho esto, también hay que decir que el panorama se ha agravado. Desde hace muchos meses el gobierno ha venido retrasando el tipo de cambio para frenar la inflación, esto es, ha aplicado una receta típica de la década de 1990. Pero por esto en los últimos tiempos se ha apreciado la moneda; con lo cual se debilitó uno de los pilares del “modelo”, el tipo de cambio alto. Por eso también, en los hechos, ha comenzado a establecerse otra paridad entre el peso y el dólar, a través del mercado no oficial (o negro). Esta dicotomía -atraso del tipo de cambio oficial, depreciación de la moneda en el paralelo- es otra expresión de las disyuntivas que enfrenta el “modelo K”.

 

Paralelamente, los subsidios a industrias productoras de servicios y similares (eléctricas, transporte, pero también forestal y agroalimentaria), no han dejado de aumentar. En 2010 el Estado transfirió unos 48.000 millones de pesos a las empresas, un 45% más que en 2009. Y sólo en los primeros seis meses de 2011, alcanzaron 32.366 millones de pesos, un 73% más que en igual período de 2010. El “ajuste” significaría un aumento de las tarifas, esto es, un caída del poder adquisitivo de los salarios, en primer lugar. Pero también agregaría presión a los impulsos devaluatorios. Subrayamos: en estas condiciones, una devaluación se descargaría sobre los trabajadores, bajando los salarios. Aunque puede dar lugar a una agudización de las luchas salariales. Por eso la propia clase dominante es reacia a aplicar este remedio. Pero por otra parte, el actual esquema ha comenzado a hacer agua.

En conclusión, lo que está sucediendo hoy en Argentina -fuga de capitales, depreciación de hecho de la moneda- refleja que el crecimiento de los 2000 no ha permitido superar las estructuras del atraso y la dependencia. Negar esta realidad hablando sobre el “modelo de matriz diversificada y acumulación con inclusión social”, equivale a marearse con palabrerío vacío.

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2011/10/31/fuga-de-capitales-dolar-y-modelo-k/

 

Advirtamos que el malvivir de una creciente mayoría se debe al capitalismo local y mundializado cada vez más concentrado en la acumulación oligopólica de riquezas y poder.

 

Crisis, fuga del excedente y deuda externa

6 de octubre de 2018

Por Rolando Astarita

En notas anteriores (por ejemplo, aquí, aquí, aquí) hemos planteado que una de las razones de la debilidad de la economía argentina, y sus recurrentes crisis, es que buena parte del excedente (o sea, de la plusvalía) no se invierte productivamente; y que en una proporción elevada, sale del país. Esto es, a diferencia de lo que sostienen muchos neoliberales, la dificultad central no es la supuesta falta de ahorro, sino la inversión (en términos de Marx, la acumulación de capital).

En otros términos, mientras la historia neoliberal hace eje en bajar la “absorción” (compuesta por el consumo, el gasto estatal y la inversión) para equilibrar el sector externo, el enfoque que defendemos plantea la centralidad de la acumulación del capital (o de la inversión). Tengamos presente que en Marx la acumulación de capital, o sea, la reinversión de la plusvalía para reproducir en escala ampliada la producción, es la clave del desarrollo de las fuerzas productivas en el sistema capitalista (más en general, sobre el excedente y el enfoque de los clásicos, aquí). En Keynes,  Kalecki y muchos poskeynesianos, aunque no en el keynesianismo bastardo, la inversión también juega el rol central del crecimiento En particular, en Argentina, la debilidad de la inversión es la causa de la baja productividad de la economía, lo que a su vez está en la base del desarrollo deformado (o desarticulado) de la economía, las crisis cambiarias recurrentes y las periódicas recesiones (véase, por ejemplo, aquí, aquí).

 

La fuga de capitales en cifras

La fuga de capitales en los últimos años ha sido un elemento decisivo de la actual crisis. Tengamos en cuenta que entre 2016 y agosto de 2018 la acumulación de activos externos en billetes, por parte de residentes en Argentina, fue de 46.133 millones de dólares (BCRA, Mercado de Cambios).Si se tiene en cuenta, además de la acumulación en billetes, las inversiones directas de residentes (sector privado no financiero) en el exterior y otras inversiones, el acumulado de formación de activos en el exterior fue de 54.916 millones de dólares. Dado que el PBI actual (segundo trimestre de 2018), medido al tipo de cambio $38/us$, es de unos 430.000 millones de dólares, la fuga de capitales bajo el gobierno Cambiemos equivale a, aproximadamente, el 13% del producto. A su vez, el déficit agregado de cuenta corriente entre 2016 y junio de 2018 fue de 63.872 millones de dólares (Indec). O sea, entre fugas de capitales y déficit de cuenta corriente sumaron 118.788 millones de dólares.

Por otra parte, la inversión extranjera directa acumulada, en el período 2016- agosto 2018, fue de solo 16.405 millones de dólares. La inversión de cartera, en cambio, fue de 81.466 millones de dólares. Esto es, cinco veces superior a la directa. El correlato de esa inversión de cartera fue el incremento del endeudamiento. La deuda externa pasó de 167.412 millones de dólares en diciembre de 2015, a 261.483 millones en junio de 2018. Esto significa que se se incrementó en 94.701 millones de dólares, un 56% de aumento. De manera que la economía se mantuvo en base a endeudamiento. Todo apunta a lo mismo: la extrema debilidad de la acumulación productiva.

 

De las Lebac a las Leliq

 En las últimas semanas el Banco Central ha contenido (al menos parcialmente) la salida de capitales en base a tasas de interés cada vez más elevadas. Con el agregado de que el desarme de las carteras de Lebac (sobre el crecimiento explosivo de las Lebac, aquí) tiene como contrapartida el crecimiento explosivo de las Leliq (Letras de Liquidez del Banco Central). Las Leliq son letras a 7 días, y en estos momentos están pagando una tasa del 73% anual. En lo fundamental, son utilizadas por los bancos para integrar los encajes. Tengamos presente que el Central elevó los encajes al 44% sobre el total de los depósitos, y le permite a los bancos integrar esos encajes con Leliq (también con Nobac, Notas del Banco Central). Con eso el Central busca que los bancos capten depósitos, por los cuales pagan una tasa anual del 40%, aproximadamente, por depósitos a 30 días. O sea, los bancos disponen del bonito negocio de cobrar 73% de interés al Central y pagar el 40% a los ahorristas. Por supuesto, las tasas “vuelan”. Por ejemplo, el costo promedio de un adelanto de cuenta corriente –un instrumento de financiamiento común de las empresas- se ubica, en la primera semana de octubre, en el 79% anual (información de La Nación). Esto es, en medio de la recesión, con las ventas y la producción derrumbándose, la tasa de interés, en términos reales (descontada la inflación), es de por lo menos el 35%.

Pero además, dado que el stock de estos títulos es de unos 434.000 millones de pesos, con una tasa del 73%, el Banco Central pagaría intereses por unos 317.000 millones de pesos (¿no era que el Central ya no iba a emitir?). Esto es, el gobierno desarma la bomba de las Lebac armando la bomba Leliq.

La otra deuda en fuerte crecimiento es la que toma el gobierno mediante las Letes (Letras de Tesorería). Las Letes son de corto plazo, están exentas de impuestos, y se emiten en pesos y dólares. A fin de desarmar las Lebac, el gobierno permitió suscribir con Lebac en pesos las Letes en dólares. Por eso el 70% de su demanda viene de los inversores (entre ellos hay inversores institucionales, por ejemplo la Anses) que desarman sus carteras de Lebac. Las Letes en dólares a 210 días pagan una tasa del 4%; su stock, en agosto, era de unos 14.100 millones de dólares. A lo que se suma, naturalmente, la nueva deuda contraída con el FMI.

Debilidad estructural

Como ya hemos planteado en notas anteriores, la fuga de excedente no es un fenómeno nuevo en Argentina. Por caso, entre 2002 y agosto de 2018 la formación de activos externos del sector privado no financiero fue de 158.592 millones de dólares. De estos, 103.676 millones corresponden al período 2002 – 2015; y 54.916 millones, como vimos, al período del gobierno de Macri.

De todas maneras, durante buena parte de la primera década de los 2000 esa salida de plusvalía pudo ser financiada con el superávit de la balanza de bienes y servicios. El tipo de cambio alto primero, y la suba de los precios de las materias primas, después, fueron decisivos para que esto ocurriera.

Sin embargo, no se superó el carácter atrasado del capitalismo argentino. De hecho, la inversión en términos del PBI se mantuvo en los mismos promedios que en los 1990 –la década de la supuesta “acumulación financiera”-, y muy lejos de los niveles asiáticos (Corea del Sur o China, por caso). Una expresión de esta debilidad es la baja participación de Argentina en las exportaciones mundiales: apenas el 0,3% del total (0,4% de participación en las importaciones, promedios 2010-2016, datos WTO, 2017).

En ese marco, a partir de 2010 el balance de cuenta corriente pasó a ser deficitario. En los seis años que van desde 2010 a 2015, el déficit acumulado de cuenta corriente fue de 49.026 millones de dólares. En ese lapso la inversión extranjera directa fue de 56.930 millones de dólares. Y hubo una salida de capitales por 41.987 millones de dólares. Este desequilibrio se manifestó en la continua caída de las reservas internacionales. A partir de este punto, la dinámica del elevado endeudamiento que alentó el gobierno de Macri solo podía desembocar en una nueva crisis desde el momento en que comenzara la retirada de los capitales especulativos, y se cortara el crédito.

Algunas conclusiones

A partir de lo expuesto, agreguemos algunas observaciones finales.

  • En primer lugar, la fuga de capitales es la expresión de una lógica de la clase dominante nativa. Esto es, los capitales no salen porque lo ordene alguna potencia colonial, sino porque la burguesía argentina lo considera conveniente para sus intereses. Por eso el fenómeno abarca a poseedores de capital dinero de todos los colores, desde convencidos ultraliberales hasta patriotas en dura lucha contra la patria financiera.

  • En segundo término, dado que el centro de los problemas del desarrollo es la no inversión, se explica que las crisis no sean del tipo de las que ocurren en los países capitalistas industrializados. Estas últimas se caracterizan por la sobreproducción y sobreacumulación (o sobreinversión) de capital. La crisis argentina típica tiene por base la falta o debilidad de la inversión. Por eso suele estallar por el lado externo.

  • En tercer lugar, al poner el eje en la no inversión y la salida de plusvalía, se evidencia que las soluciones al atraso, la dependencia y las crisis recurrentes no pasan por recetas del tipo “imprimir todo el dinero que haga falta”, como pretenden algunos partidarios del keynesianismo bastardo. Tampoco sosteniendo la demanda en base a déficit financiado con deuda creciente. Este tipo de experimentos solo preparan el estallido de renovadas crisis.

  • En cuarto lugar, desde el enfoque que defendemos, el crecimiento de la deuda externa es, en lo fundamental, un producto de la salida de excedente. De hecho, la deuda externa ha servido para financiar la fuga de capitales. Con esto no pretendemos negar que la deuda agrave los problemas de la acumulación, y sea también un causal de salida del excedente. Lo que queremos enfatizar es que no se trata de un factor autónomo, como pretende buena parte de la izquierda “radical”. Planteo, este último, que abona la creencia de que los problemas del capitalismo argentino se podrían solucionar con reformas, del tipo “no pagar la deuda”, sin afectar de alguna manera sustancial las relaciones sociales de producción.

  • En quinto lugar, los déficits recurrentes en el sector externo, y la tendencia a superarlos vía tipo de cambio alto (baja de salarios, empeoramiento de las condiciones laborales) constituyen otra manifestación de la debilidad del capitalismo argentino. De ahí que la salida de la crisis que propone el capital (y el FMI lo expresa) pase siempre por aumentar la explotación del trabajo. En particular, en el actual cuadro recesivo –disminución del consumo, de la inversión, de la actividad industrial- los salarios están “en caída libre”, atenazados por las devaluaciones, la alta inflación y la creciente desocupación.

  • En sexto lugar, sostener el tipo de cambio por medio de altísimas tasas de interés, además de debilitar más la inversión, acelera las condiciones para que la crisis cambiaria y la recesión deriven en una crisis financiera de proporciones. Esta ocurre cuando los bancos no pueden recuperar los créditos concedidos, se multiplican las quiebras y se desvalorizan masivamente los capitales. Estas dinámicas son características del desarrollo de la crisis y siempre agravan la situación de la clase trabajadora y los sectores populares.

Por último, se plantean tres preguntas claves. La primera es acerca de qué se hace con el excedente. La plusvalía, ¿termina en una cuenta en Suiza, o en Panamá, etcétera, o se reinvierte productivamente? La segunda se refiere a quién produjo esa plusvalía. Pregunta que nos lleva al “espinoso asunto” de la explotación del trabajo. Y la tercera pregunta es quién decide qué se hace con el excedente. Pregunta que interpela a la propiedad privada del capital. De ahí la alternativa que va a la raíz del problema: deben ser los mismos productores –los que generan el excedente- los que decidan qué se hace con él. Pero para esto, hay que desarmar el poder del capital.

Descargar el documento: varios formatos siguiendo el link, opción Archivo/Descargar Como: Crisis, fuga del excedente y deuda externa

 

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2018/10/06/crisis-fuga-del-excedente-y-deuda-externa/

 

 

Estamos ante el desafío de desarmar al poder del Capital-Estado. Se trata  de convertir en esencial "que el ejercicio de la política implique una radical apertura a la participación y protagonismo popular, al debate y análisis colectivo, horizontal entre la gente y la dirigencia de todos los niveles. Las movilizaciones masivas y los actos políticos son necesarios, pero es clave que se den pasos a una política centrada en los principios de la democracia revolucionaria, cuyo basamento fundamental es el poder de la gente, el poder popular". Como en Venezuela, abajo y a la izquierda, debemos unir organizaciones y territorios hacia la instalación de otra agenda pública que la de los dos bandos de la grieta.

 

 

Venezuela / Importante llamado de la Corriente Bolívar Zamora: “Ante amenazas guerreristas de EEUU, defender con la gente la paz, la soberanía y la democracia”

14 de febrero de 2019

 

El plan de Estados Unidos para derrocar a Nicolás Maduro y la revolución bolivariana alcanza niveles de presión cada vez mayores. En la medida en que pasan los días sin que ocurra el quiebre interno que busca el plan, al mantenerse la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la unidad institucional y la movilización popular a favor del gobierno y en defensa de la soberanía y la democracia, se hacen más fuertes las agresiones diplomáticas, económicas, mediáticas y arrecian las amenazas militares.

En días recientes se ha desarrollado la operación en torno a la llamada ayuda humanitaria en la frontera con Colombia, específicamente en Cúcuta. Se ha instalado el escenario material y se ha desplegado una intensa campaña mediática, plagada de fakenews y mentiras grotescas, para construir: 1) la legitimiación del ingreso de la mal llamada ayuda humanitaria “autorizada” por el autoproclamado Juan Guaidó, 2) el falso despliegue de acciones del gobierno legítimo venezolano para impedir su ingreso, 3) la imagen de un gobierno despótico sin apoyo popular y con el mundo entero en su contra, 4) una percepción magnificada y catastrofista de la situación económica y social venezolana, 5) el respaldo, inconsciente y manipulado, de una porción de la población venezolana a favor de la intervención extranjera. En la movilización de la derecha el 12 de febrero, Guaidó anunció que la fecha para el desenlace de esta farsa será el 23 de febrero.

A la brutal campaña mediática global contra Venezuela se suma el blackout informativo sobre: 1) las movilizaciones realizadas por el chavismo en casi todos los estados del país, 2) el profundo impacto de las medidas coercitivas unilaterales contra la economía del país como causa principal de la situación económico-social de Venezuela, 3) los éxitos de la diplomacia del gobierno legítimo venezolano, y 4) la descarada violación al marco jurídico del derecho internacional público que implica el reconocimiento a Juan Guaidó como supuesto presidente encargado de Venezuela y la avanzada en torno al tema de la ayuda humanitaria.

La configuración del tablero internacional a favor de EEUU tampoco ha cuajado del todo. Además del Grupo de Lima, excepto México, y de los aliados europeos que se alinearon de entrada, no han sido mayores los éxitos de EEUU. Fracasaron en el Consejo de Seguridad de la ONU y también en la Asamblea General de la OEA. Rusia, China y Turquía se mantienen firmes en su apoyo al gobierno legítimo de Maduro. Incluso, en el caso de China y Rusia, ha circulado información sobre apoyo militar y una eventual participación en los ejercicios que la FANB viene realizando.

El canciller Arreaza se reunió con el secretario general de la ONU, quien manifestó el reconocimiento al gobierno de Maduro y su disposición a continuar profundizando proyectos de cooperación técnica con Venezuela. Se supo que la India había llegado a un acuerdo con el gobierno venezolano para aumentar sus compras de petróleo y pagarlo en insumos como forma de evadir el bloqueo financiero contra Venezuela. Se realizó con éxito la conferencia sobre Venezuela en Uruguay, lo que dio paso al llamado Mecanismo de Montevideo, a pesar de la negativa a participar en ella por parte de EEUU y sus títeres de la derecha venezolana. Por último, el canciller Arreaza anunció desde Nueva York la creación de un Grupo de Estados, Rusia y China incluidos, para la defensa de la Carta de la ONU, el Derecho Internacional y el rechazo a la agresión a Venezuela.

En ese contexto EEUU intensifica la agresión. Además de los usuales llamados de Juan Guaidó a la FANB para que se sume al golpe y apoye el ingreso de los insumos enviados a Cúcuta por EEUU, se suman llamados directos a la FANB por parte del asesor de seguridad John Bolton, así como pronunciamientos al respecto por parte de Mike Pompeo. Trump, desde una reunión con el presidente Colombiano Iván Duque, reiteró sus habituales amenazas directas al presidente Maduro.

Aparece entonces, con más fuerza, la amenaza del uso de la opción militar. Comienza a circular información sobre preparativos de EEUU para movilizar tropas, concretamente desde San Diego y la costa este de Florida, se estima que hasta zona colombiana fronteriza con Venezuela. El gobierno cubano, por su parte, alertó sobre el desplazamiento, hacia República Dominicana y Puerto Rico, de fuerzas de operaciones especiales y de la infantería de marina “que se utilizan para acciones encubiertas, incluso contra líderes de otros países”. Esto, a la vez que Holanda autoriza la instalación de un centro de acopio en Curazao para insumos de la supuesta ayuda humanitaria, simultáneamente al anuncio del gobierno de Brasil de mantener tropas en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, por un lapso de sesenta días más.

El Gobierno Bolivariano, por su parte, además de la intensa actividad diplomática y mediática, viene profundizando los ejercicios militares en el marco de la doctrina de unión cívico militar para la defensa integral del territorio. La Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora se ha incorporado a los mismos con su militancia activa en la Milicia Nacional Bolivariana, y hace un llamado a todas las fuerzas y corrientes patrióticas del país, independientemente de posiciones ideológicas y más allá de las críticas, errores y desviaciones éticas y políticas de sectores del gobierno, a incorporarse con firmeza en las tareas de defensa de la patria.

Asimismo, hacemos un llamado a la dirigencia de la revolución a intensificar las acciones vinculadas al anuncio hecho sobre la convocatoria a asambleas populares y cabildos abiertos de cara a unas elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional. Es central en esta batalla que el ejercicio de la política implique una radical apertura a la participación y protagonismo popular, al debate y análisis colectivo, horizontal entre la gente y la dirigencia de todos los niveles. Las movilizaciones masivas y los actos políticos son necesarios, pero es clave que se den pasos a una política centrada en los principios de la democracia revolucionaria, cuyo basamento fundamental es el poder de la gente, el poder popular.

Es necesario además, abrir espacios a organizaciones de todo tipo (profesionales, trerritoriales, gremiales, vecinales, partidistas, religiosas) más allá del chavismo. La hora actual requiere de una convocatoria que sea capaz de sumar todas las voluntades que están contra contra la injerencia y la guerra. La fuerza del país debe estar puesta en la preservación de la paz, la soberanía y la democracia.  En esa dirección, La Corriente está impulsando realización de Marchas Patrióticas Populares Cívico-Militares en los territorios, en las comunidades. Se trata de ir creando espacios de participación amplia, en donde todos los sectores puedan materializar la necesaria alianza nacional por la paz, la soberanía y la democracia.

Son horas cruciales y Venezuela necesita de la incorporación de toda la población a esta batalla histórica. No se trata únicamente de defender al presidente Maduro y al gobierno bolivariano. Lo que está en juego es la vida misma del país, de la nación, es decir, nuestra existencia como pueblo, nuestra unidad histórica, cultural, afectiva. No hay tiempo para vacilaciones. El momento es ahora.

Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/02/14/venezuela-importante-llamado-de-la-corriente-bolivar-zamora-ante-amenazas-guerreristas-de-eeuu-defender-con-la-gente-la-paz-la-soberania-y-la-democracia/

 

 

Retornemos a que la Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora sostiene: "se trata de ir creando espacios de participación amplia, en donde todos los sectores puedan materializar la necesaria alianza nacional por la paz, la soberanía y la democracia".

 

Nos diferenciamos de la organización venezolana.  Si bien coincidimos con los tres objetivos contraponiéndose al amplio espectro de guerras del capitalismo e imperialismos, estamos con Raúl Prada Alcoreza cuando explica:

 

El proyecto libertario en Abya Yala es cerrar la caja de Pandora abierta por los americanos, es decir, las poblaciones del continente, después de la conquista; esta caja de pandora es la civilización moderna y el sistema-mundo capitalista, desatada por los mexicanos, después de la conquista de Tenochtitlan. Esto implica, primordialmente, descolonización; en sentido efectivo, radical, no discursivo. Es decir, retomar las confederaciones de pueblos de Abya Yala. En otras palabras y acudiendo a las consecuencias de lo que decimos, retomar la civilización ecológica del continente, en sustitución de la civilización de la muerte, que es la del sistema-mundo capitalista. En tercer lugar, es convocar a todos los pueblos del mundo a hacer lo mismo.

 

Conformar una gobernanza mundial de los pueblos, basada en autogobiernos autogestionarios de los pueblos.

Aunque parezca utópico, no es imposible. Están, como decían los marxistas, las condiciones objetivas dadas. Están a nuestro alcance las ciencias y tecnologías, que corresponden al intelecto general; de ninguna manera es propiedad privada. Es herencia de la humanidad. Más bien, hay que liberar a las ciencias y tecnologías de las camisas de fuerza impuestas por el sistema-mundo capitalista, que las ha convertido en instrumentos de la acumulación. Siguiendo con esta argumentación conocida, lo que se requiere es lograr las condiciones subjetivas; esto es, que los pueblos crean en sí mismos y no busquen representantes ni “vanguardias”. Cosa del pasado.

 

Más allá del circulo vicioso del poder

3 de junio de 2017

 

Por Raúl Prada Alcoreza

 

 

No podemos dejar de preguntarnos qué es el poder. Cuando nos respondemos, encontrando otras vetas, si bien enriquecemos la comprensión de este fenómeno de las dominaciones, nunca terminamos de estar satisfechos, pues aparecen otras vetas. No se trata de juzgar a los que están en el poder, mucho más si llegaron por el camino de las movilizaciones sociales, que los empujaron donde están. Los gobernantes no se dan cuenta de lo que pasa; están muy adentro de la burbuja de la ceremonialidad del poder, rodeados de aduladores y zalameros, de los que informan de lo bien que va todo, a pesar, de que se encuentran en situaciones difíciles, comprometedoras y complicadas. Los gobernantes ven el mundo en la imagen en el espejo de su propio rostro, de sus propias creencias, en realidad, de sus prejuicios. Creen, por ejemplo, que el país es como una reunión sindical, que se puede manejar por acuerdos antelados o entre los pasillos. El sindicato es parte del país, pero no puede ser, de ninguna manera algo parecido al país.

No son culpables, como algún a “izquierda”, supuestamente radical los considera, incluso “traidores”. Son sencillamente otras víctimas de la maquinaria del poder, que se mueve en el círculo vicioso del poder. Es una tontería juzgarlos; es como hacer lo que ellos mismos hacen; juzgar. Por ejemplo, dicen los que no están conmigo están con el enemigo, la “derecha”, el imperialismo. Juzgarlos es no salir del círculo vicioso del poder, repetir los mismo, la pelea por las verdades; quién tiene la verdad; quién es el juez. No se trata de eso, sino de salir del círculo vicioso del poder, de los juegos de poder, de los juegos de verdad.

 

Partir que no hay verdad, sino correlaciones de fuerza; que hay dominaciones, por lo tanto, dominadores y dominados, sobre todo, dominadas. Que para quebrar, desmantelar, destruir, estas dominaciones es menester desmantelar y destruir el poder, como nos han enseñado los indígenas mayas zapatistas. Que no es el camino llevar a las “vanguardias” al poder, pues se convierten en las nuevas élites gobernantes y en los nuevos ricos. Salvo, la excepción que confirma la regla, la única revolución socialista en pie, la revolución cubana. Esto se debe a la excepcionalidad de un pueblo heroico, que tuvo la virtud, el coraje y la consistencia de pelear durante largo tiempo contra la intervención imperialista; también se debe a que el partido conductor, que es el partido comunista cubano fue consecuente, militante, sin discutir si estaba en la correcta apreciación del mundo y de la revolución y en la interpretación marxista adecuada.

 

Lo que llama la atención de la revolución socialista cubana, a diferencia del resto de las revoluciones socialistas, y obviamente, no está de más decirlo, de las reformas populistas, que se llaman exageradamente “revoluciones”, es su contenido ético. La relación entre ética y política es fundamental en la persistencia y la continuidad de la revolución. Lastimosamente este atributo, de esta relación producente, no la tienen el resto de las revoluciones. Parece que la historia se mueve por excepciones, no, como han creído las ciencias sociales, por generalizaciones.

 

El problema, en la coyuntura álgida que vivimos, la decadencia de los “gobiernos progresistas”, es ¿cómo continuamos con la lucha? ¿Cómo seguimos adelante con las conquistas logradas y los procesos políticos abiertos? Está claro que  no puede ser con los “gobiernos progresistas”, que ya encontraron su límite y, desde ahí, su regresión y decadencia. Han dado lo que podían dar. No se trata, de ninguna manera, de volver a la rutina de los gobiernos de las oligarquías, que, fuera de formar parte del círculo vicioso del poder, nunca tuvieron la gracia de la convocatoria popular, como la tuvieron los gobiernos del nacionalismo revolucionario y los “gobiernos progresistas”.  Sino, se trata de retomar el impulso y seguir de manera permanente con las transformaciones iniciadas. Para esto, no se puede repetir lo que ya se hizo en el pasado, defender burocracias y gobiernos decadentes, que tenían muchas analogías con los gobiernos de la burguesía, salvo el discurso y la ideología; pues este camino es el que conduce a la derrota. La tarea imperiosa es inventar otro camino.

 

Este camino no lo inventa ninguna vanguardia, que es el mito de los revolucionarios del siglo XIX, incluso del siglo XX. Es una construcción colectiva. Todos tenemos que aprender y aprehender. Los gobernantes de los “gobiernos progresistas” nos enseñaron lo que no se debe hacer; ahora, pueden irse a su casa; fuera de que cumplieron su papel en la convocatoria inicial y en las medidas inaugurales del proceso de cambio. Ahora toca la pedagogía política; el pueblo tiene que aprender a autogobernarse y auto-gestionar.

 

No está en juego aquí una banalidad de como si se quedan o no en el poder. Lo que está en juego es continuar con la lucha; pues no hay fin de la historia. No son el fin de la historia las formas gubernamentales del Estado liberal, como creía Francis Fukuyama; tampoco, los gobiernos socialistas del siglo pasado, menos los “gobiernos progresistas”. Lo que está en juego es cómo saltamos el límite y el obstáculo político e histórico de tomar el poder para transformar, pues ya aprendimos que esta toma del poder es como un bumerang; no se toma el poder, es el poder el que toma, convirtiendo a los “revolucionarios” en engranajes del poder. Saltar estos obstáculos, como dijimos, no es una tarea de vanguardias, sino de la construcción de consenso, con el pueblo y sus formas de organización y deliberación, incluyendo nuevas formas de deliberación. Dependemos, en este caso, de los avances y alcances de la pedagogía política.

 

Oponerse a esta tarea imprescindible a nombre de la defensa del “gobierno progresista”, es convertirse en un obstáculo político, social y cultural, para seguir adelante. Ya no se puede repetir la historia, mejor dicho las tragedias y dramas de la historia; las paradojas de las revoluciones. No se puede seguir apostando a nuevas derrotas; no hay tiempo que perder, ante la envergadura de la crisis ecológica. O los pueblos aprenden a liberarse de los fetichismos ideológicos, de las capturas de las mallas institucionales, que los subalternizan, o seguimos en lo mismo, en el círculo vicioso del poder.

 

Obviamente, esta no es una tarea fácil, nos enfrentamos a algo nuevo, inédito; así como los bolcheviques se enfrentaron con la revolución de octubre de 1917. Ni sabemos qué va a pasar si lo logramos. Sin embargo, al salir del círculo vicioso del poder nos abrimos a otros horizontes  civilizatorios. Vale la pena hacerlo entonces; no hay peor derrota que no haberlo intentado.

 

El proyecto libertario en Abya Yala es cerrar la caja de Pandora abierta por los americanos, es decir, las poblaciones del continente, después de la conquista; esta caja de pandora es la civilización moderna y el sistema-mundo capitalista, desatada por los mexicanos, después de la conquista de Tenochtitlan. Esto implica, primordialmente, descolonización; en sentido efectivo, radical, no discursivo. Es decir, retomar las confederaciones de pueblos de Abya Yala. En otras palabras y acudiendo a las consecuencias de lo que decimos, retomar la civilización ecológica del continente, en sustitución de la civilización de la muerte, que es la del sistema-mundo capitalista. En tercer lugar, es convocar a todos los pueblos del mundo a hacer lo mismo.

 

Conformar una gobernanza mundial de los pueblos, basada en autogobiernos autogestionarios de los pueblos.

Aunque parezca utópico, no es imposible. Están, como decían los marxistas, las condiciones objetivas dadas. Están a nuestro alcance las ciencias y tecnologías, que corresponden al intelecto general; de ninguna manera es propiedad privada. Es herencia de la humanidad. Más bien, hay que liberar a las ciencias y tecnologías de las camisas de fuerza impuestas por el sistema-mundo capitalista, que las ha convertido en instrumentos de la acumulación. Siguiendo con esta argumentación conocida, lo que se requiere es lograr las condiciones subjetivas; esto es, que los pueblos crean en sí mismos y no busquen representantes ni “vanguardias”. Cosa del pasado.

 

Este cuadro, por cierto, panorámico, nos muestra claramente que no se puede seguir insistiendo en defensas de formas gubernamentales clientelares, que no dejan de formar parte de la heurística de las máquinas de poder. Al poder, en sentido estructural, no le interesa si los gobiernos que forman parte de su heurística sean de “izquierda” o de “derecha”; lo que le importa es seguir funcionando como poder, como estructuras y diagramas de relaciones de fuerzas.

 

Por eso, la compulsa, lastimosamente sin debate, en la coyuntura decisiva, es crucial. Las fuerzas, sobre todo, indígenas y juveniles, de los movimientos sociales-antisistémicos del presente, presionan, en  el umbral histórico, para abrir otros horizontes e invitar mundos alternativos. Por otro lado, las fuerzas de la inercia de la civilización moderna, sean de “izquierda” o de “derecha”, pugnan por seguir en el mismo juego de poder, repitiendo o redundando variadamente las mismas tramas del circulo vicioso del poder.

Fuente: https://voluntaddepotencia.wordpress.com/2017/06/03/mas-alla-del-circulo-vicioso-del-poder/