Qué País

Marzo 2018

Sin la desposesión total y totalitaria a la mitad de niños-adolescentes.

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

Destapemos la criminalidad del poder real y de su democracia comenzando por tomar partido contra el avasallamiento de todos los derechos humanos y la represión estatal a la mitad de adolescentes y niños de Argentina. Reflexionemos sobre:

De qué No hablamos cuando hablamos de bajar la edad de imputabilidad

13 de enero de 2017

El gobierno nacional retomó el debate de un proyecto que apunta a bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. En el programa radial La Retaguardia, que conducen Fernando Tebele y Eugenia Otero, hablamos con Laura Taffetani, integrante de la Fundación Pelota de Trapo que trabaja cotidianamente con niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad, para conocer su opinión sobre esta discusión que una vez más aparece en la sociedad argentina impulsada por el poder de turno(Por La Retaguardia)

“Si uno fuera cínico diría que está bueno que bajen la edad de imputabilidad incluso para los bebés, cosa que creo que los chicos estarían mejor en las cárceles que en las tierras en las que están viviendo, en los asentamientos, con tema narcotráfico, con el paco, con el hambre, con la policía, esos sí que son infiernos. Son cárceles legitimadas y naturalizadas por la propia sociedad, y ahí hay millones de pibes y es ahí donde están penalizados desde que nacen”, afirmó Laura Taffetani de Pelota de Trapo en el inicio del diálogo con el programa radial La Retaguardia.
La abogada, especialista en infancia y adolescencia, señaló que cuando se habla de bajar la edad de imputabilidad en realidad habría que pensar más en qué es lo que se quiere lograr en relación al tema específico de la inseguridad: “creo que el principal logro, y lo logran realmente cada vez que largan estas discusiones a la opinión pública, es que se construya como enemigo a los pibes y no se vea todo lo que está sucediendo.

Desde hace tiempo, recibimos desde los noticieros las noticias más graves con una naturalidad impresionante, vemos entonces que hay una ciudad tomada por los narcos como Rosario, que la policía o dos por tres un comisario están involucrados en todas estas acciones, ciudades enteras, barrios enteros, la 1-11-14, y con una naturalidad escuchás a los periodistas decir que no se puede entrar a un pasillo, hablar de la cantidad de muertos, de las balas perdidas… de todo esto es de lo que no hablamos cuando empezamos a hablar de la baja en la edad de imputabilidad. Es una cosa muy perversa por los costos que tienen después, uno sabe bien que después de estas discusiones es cuando dejamos más inermes a los pibes, porque la sociedad misma piensa en el enemigo y entonces siente que está lejos de tener una responsabilidad en esto y una responsabilidad en las generaciones que vienen, hay que pensar que un país se construye a partir del proyecto que se tiene como infancia, entonces es como ‘listo, no es más mi problema, es más, es mi enemigo y si los terminan es mejor’”, reflexionó.
Para Taffetani, la instalación del tema de la baja en la edad de imputabilidad, aunque después el proyecto no avance, se da generalmente en momentos en que el tema de la inseguridad empieza a tener fuerza en los medios: “venimos viviendo en los últimos tiempos muchísimos hechos de mucha gravedad, es la consecuencia de la impunidad con la que se mueven; pero lo cierto es que esta discusión viene siempre que se suceden varios hechos delictivos en los que es cuestionada la política de seguridad del gobierno que corresponde ante cada hecho, entonces lo que se hace es desviar el eje. En este caso yo lo desconozco, pero uno ha tenido varios años en esto como para saber que hay internas que se juegan en seguridad y evidentemente cada vez que se suceden hechos como los que han pasado estos últimos días tiene que ver con internas que quizás nunca nos enteraremos.

Podríamos hacer un rastreo y creo que sería muy sano hacer una investigación al respecto, pero tuvimos varios gobernadores en la provincia de Buenos Aires desde (Carlos) Ruckauf en adelante, pero (Daniel) Scioli fue recurrente en esto, siempre venía con el tema de la baja de imputabilidad en momentos en que estaba habiendo alguna conflictividad más seria de lo habitual en el tema de inseguridad, entonces desviaba el eje, construía el enemigo pero no se hablaba más de la policía”.
En este punto, Taffetani retomó lo sucedido en los últimos días, con el asesinato del adolescente Brian Aguinaco: “lo vemos en el tema de Flores, que inclusive es lo que terminó derivando en esta discusión, las primeras marchas allí fueron justamente por las zonas liberadas de la policía, después terminamos hablando de Brian el autor (menor señalado como autor del asesinato de Aguinaco), con todo lo terrible porque realmente es un fenómeno doloroso cómo dos jóvenes terminen, uno siendo victimario del otro, en una cosa simplista de discutir que el problema de seguridad en nuestro país se debe a los chicos que delinquen. La verdad que es muy hipócrita”.

Exclusión, locura e individualismo

La integrante de la Fundación y Agencia Pelota de Trapo relacionó directamente estas acciones y discusiones con la exclusión social: “a esta altura del partido puedo conocer cuál es la razón con la que se mueve un Estado para sostener una exclusión social como la que sucede en Argentina y que ha ido creciendo en estos 40 años, es decir sostener la desigualdad, sostener nosotros en nuestra mirada la desigualdad que tenemos a ojos vista no es fácil. Una cosa que me había impactado mucho es que Alberto (Morlachetti, referente del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo y de la Fundación Pelota de Trapo, fallecido en 2015) hablaba siempre de la condición humana - porque trabajaba mucho el tema - y decía que realmente para una persona convertirse en asesina o aceptar un genocidio tiene que siempre encontrar razones, sino se vuelve loco.

Entonces de qué forma nosotros aceptamos una sociedad como en la que estamos viviendo, evidentemente es buscando siempre razones por las cuales es válido que chicos mueran de hambre, crezcan cercenados en las facultades más concretas, sean personas que terminan siendo analfabetas funcionales porque no han tenido ningún tipo de estímulo y sobreviven mutilados o lo que sucede después cuando van creciendo que a ellos les toca que ‘el que no sirve no va’ y además les mostramos un modelo de consumo que es inaccesible, que es un problema mucho mayor. Es un problema como sociedad haber caído en una cosa de que ofrendamos la vida al Dios mercado de la forma en que lo estamos haciendo, pero más allá de eso en estos sectores excluidos es mucho más cruel”.

Para Taffetani ya no sirven medidas de corto plazo para revertir esta situación: “necesitamos plantearnos mucho más profundo porque la única seguridad que la gente pueda hacerse realmente de una sociedad tiene que ver con la comunidad  y lo que ha venido pasando es que este individualismo tan extremo y esta cosa de aceptar la desigualdad lo que nos ha hecho es munirnos de una soledad tan enorme que estamos tan expuestos a que nos suceda de todo, porque no es sólo una cuestión delictiva, nos puede estar pasando un accidente que nadie va a actuar porque nos hemos encerrado cada uno a cuidar nuestras cosas en nuestras propias casas, y a veces ni siquiera eso. Entonces necesitamos la construcción de una seguridad colectiva; y seguridad lo digo ya en un término integral que no es sólo la vida, sino la seguridad es vivir de otro modo, aprender a vivir felices, que no sea este ritmo que estamos llevando, y no lo digo con una visión idealista, digo que esto ya no está dando para más y hemos convertido en un infierno nuestra propia existencia, entonces después buscamos chivos expiatorios”.

“Podemos juntarnos en reuniones de técnicos –continuó Taffetani–, pero me parece irónico porque también del lado de la defensa a veces se plantean cosas ridículas como decir que los chicos necesitan una ley de responsabilidad penal juvenil porque no tienen garantías procesales… como si tuvieran garantías procesales los adultos o por lo menos la gran cantidad de adultos que no es el sector privilegiado que sí goza de todas las garantías. Hay un filósofo italiano que realmente creo que ha podido describir este futuro, como muchos lo han hecho, pero él habla de que la excepción dejó de ser una excepción sino que es la regla, lo que está pasando ahora en un Estado de derecho es la excepción y la regla es justamente la ausencia de este Estado de derecho. Él dice ‘construimos territorios donde colocamos poblaciones excluidas’, y ahí no hay derecho alguno, ahí la orden de allanamiento nosotros decimos que es la itaka contra la puerta y entrar, en esos lugares no hay vida, entonces por eso resulta hipócrita hablar de la baja en la imputabilidad y creo que es nuestro deber desnudarlo y construir a largo plazo en una sociedad en la que vuelva a reinar la igualdad”.

Al hablar de igualdad, Taffetani hizo una aclaración: “siempre me enojó mucho que toda la época posmoderna denostó el término de igualdad confundiéndolo con la homogeneidad y el término de igualdad en los seres humanos demuestra que todos nacemos con las mismas necesidades y los mismos derechos a la vida y no tendríamos nunca que haber renunciado a esto y es nuestra pelea, pero en el mientras tanto el deber que tenemos es justamente proteger las crías”.

Desafío conjunto

Para la integrante de Pelota de Trapo el panorama en el inicio de este nuevo año es desalentador, pero también implica un llamado: “nos dio realmente una desazón enorme, uno espera cada principio de año que el gobierno pudiera promover ciertas medidas porque los problemas están en agenda, siempre estamos hablando de los ni-ni, que el sector más castigado en la desocupación son los jóvenes, de la cuestión de la educación, hablamos de mil cosas pero todos esos problemas no tienen correlato con esto que se está planteando y uno esperaba a principio de año otra cosa; es decir no la esperaba en el sentido de que estos gobiernos aceptan el capitalismo como viene y realmente no tienen el deseo de transformarlo, pero al menos un dibujo, pero la verdad que la primera medida de este gobierno en 2017 en relación a los pibes ha sido convocar a una mesa para discutir la punibilidad”.

Durante la charla, Taffetani relacionó esta discusión con el acto en que a fines de 2016 tanto Pelota de Trapo como Radio La Retaguardia recibieron diplomas de reconocimiento a su labor por parte de la APDH La Matanza: “fue un panorama país de tantas luchas que se libran en el territorio. Yo no dejaba de escuchar cada voz, cada persona que agarraba el micrófono, porque creo que de eso se trata cuando se larga el tema de la baja en la edad de imputabilidad, es invisibilizar todas esas luchas que se dan en el territorio”.

“La verdad que el panorama es desalentador pero el desafío para todos estalló. Creo que es necesario unir fuerzas, nos preocupó mucho
 lo que pasó con los compañeros de Resumen Latinoamericano y creo que son momentos para pensar en hacer cosas juntos y cuidarnos entre todos”, aseguró Laura Taffetani en el cierre del diálogo con La Retaguardia. Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2017/01/laura-taffetani-baja-edad.html

 

 

Reparemos en nuestra conciliación con el poder real o la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Implica tomar conciencia sobre su planificación de la miseria que la democracia continuó concretando. En la Carta Abierta a la Junta Militar:

 

 

 

Escribe Rodolfo Walsh en marzo de 1977, al cumplirse un año del Golpe de Estado: “Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales…”

Denuncia Walsh: “En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.

Los resultados de esa política han sido fulminantes”. Leer

 

 

Estimemos porqué es crucial descubrir la continuidad de la dictadura del poder real  en la democracia para comprender la legalidad de su incesante enriquecimiento a costa de arruinar el presente y futuro de las grandes mayorías. Veamos:

 

 

DEBATE GOBIERNO-OPOSICIÓN

¿Y por qué no derogan todas las leyes de la dictadura?
21 de octubre de 2014 

El kirchnerismo y la oposición debaten si hay que derogar o no algunas de las leyes de la última década. Nadie dice nada de las leyes de la dictadura que afectan al pueblo trabajador y siguen vigentes después de más de 30 años.

Por Lucho Aguilar

(...)Pero meta campaña y relato, ni las usinas oficiales ni los medios de la “corpo” reparan en todas las leyes que siguen vigentes porque, justamente, ninguna de las grandes fuerzas políticas decidió derogarlas. Es el caso de muchas de las leyes impuestas a sangre y fuego por las dictaduras militares que arrasaron desde 1969, y sobre todo en 1976.

La ley con sangre entra

La dictadura militar fue, luego del fracaso del gobierno del General e Isabel Perón, la política del imperialismo y los grandes empresarios para derrotar el ascenso obrero y popular iniciado en 1969.

Ocurrido el golpe, la Constitución fue reemplazada por el Estatuto del Proceso y se creó la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), un apéndice creado para redactar leyes. La CAL estaba integrada por tres oficiales de cada fuerza, se reunía secretamente, y sólo trataba proyectos enviados por Videla, Agosti y Massera, y sus continuadores.

Bajo ese régimen, los militares sancionaron más de 1.700 leyes nacionales y 18.000 decretos. Muchas de ellas siguen vigentes.

No estamos hablando de una calle con el nombre de un general o el emplazamiento de un busto castrense (que las hubo). Se trata de normas que aún rigen la economía del país y la vida cotidiana de millones de personas, pero afectan sobre todo al pueblo trabajador.

 

Banqueros y buitres

Martínez de Hoz fue uno de los hombres del empresariado que ocupó el Ministerio de Economía durante la dictadura. En 1977 impulsó la Ley de Entidades Financieras, que regula la actividad de bancos y financieras. La reforma permitió la completa liberalización del mercado financiero, dándole libertades a los bancos para fijar tasas y favoreciendo todo tipo de negocios especulativos. Amparada por esa y otras leyes, en la última década esa rama de la economía ha logrado niveles de concentración y de ganancias extraordinarios.

También la dictadura impuso la aún vigente Ley de Inversiones Extranjeras. Con ella se buscaba ceder más negocios al imperialismo, e incluía una cláusula por la que cualquier capital internacional gozaría de los mismos beneficios que el capital local. También favorece a las empresas extranjeras con exenciones impositivas y fondos del Estado, y otorga facilidades para girar sus ganancias a sus casas matrices. Esa extranjerización de la economía que buscó fomentar la dictadura pegó un salto con el menemismo. Pero fue durante el kirchnerismo, contrariamente al relato oficial, que llegó a su apogeo: dos tercios de las principales 500 empresas del país son extranjeras. Chevron, Kraft, Ford, Lear, Barrick Gold, todos a sus anchas.

 

Con las leyes que apretaban a Luciano Arruga

Para tratar a los menores que tienen “conflictos con la ley”, todavía está en vigencia el decreto militar 22.278/80, que lleva la firma del general Videla. El Régimen Penal de la Minoridad establece que un menor de 16 años “no debe ser penado”, pero les otorga atribuciones a los jueces para recluirlo. En manos de la policía, muchos pibes mueren asesinados por gatillo fácil. Otros quedan en manos de una justicia empecinada en perseguir a los jóvenes pobres, que no tienen prácticamente derecho a defensa y terminan encerrados no sólo en institutos, sino en comisarías. De acuerdo con la ley, a los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años se les pueden aplicar las mismas penas que a los adultos.

Los debates impulsados por el kirchernismo y la oposición para reformar este régimen mantienen la postura de penalizar a los menores, bajar la edad de imputabilidad, condenándolos en definitiva al encierro.

¿Cuándo van a laburar los curas?

La reciente aprobación del nuevo Código Civil y Comercial confirmó la buena relación que mantiene Cristina Kirchner con la cúpula eclesiástica, que impide reclamos tan sentidos como el aborto seguro, legal y gratuito. La relación del Estado con la Iglesia está materializado en una serie de leyes. Por ejemplo, la Ley Nº 21.540, firmada por Videla en 1977, que establece que “los Arzobispos y Obispos y el Vicario Castrense tienen una jubilación equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración de un Juez Nacional de Primera Instancia”. Hoy esa suma supera los 30 mil pesos, 10 veces la mínima que cobran millones de jubilados. El mismo beneficio tienen curas y sacerdotes seculares, a quienes además se pagan todos sus pasajes.

Todos esos privilegios siguen vigentes, lo mismo que los subsidios a las escuelas privadas, entre ellas las confesionales.

 

Espiando a los que luchan

Hace pocos días, Nicolás del Caño presentó un proyecto de ley “anti-espionaje”. El diputado nacional del PTS-FIT propone derogar los decretos secretos del general Onganía que instituyeron y reglamentaron el espionaje de la Policía Federal. Esas normas le dan un “marco legal” al Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina, cuya función es el espionaje político. Allí revistaba Américo Balbuena, un pseudo periodista que se había infiltrado en la Agencia Rodolfo Walsh durante años, para reunir información sobre organizaciones populares.

Se calcula que hay más de 1000 agentes en esta condición, que se suman a otras formas de infiltración como las que realiza la SIE o la Gendarmería con el Proyecto X. Durante el kirchnerismo, estas metodologías no sólo continuaron, sino que parece que de la mano de Sergio Berni se “perfeccionaron”.

 

La tercerización que mató a Mariano la impuso Videla

La dictadura militar llegó para acabar con la insurgencia obrera que había emergido con el Cordobazo, y empezaba a cuestionar no sólo a la burocracia sindical y el peronismo en el gobierno, sino que también ponía en discusión el poder del capital dentro de las fábricas. Los empresarios golpearon las puertas de los cuarteles, y uno de los primeros objetivos de la Junta Militar fue atacar las conquistas que habían conseguido los trabajadores, algunas expresadas en leyes y convenios colectivos. Ya en abril de 1976 los militares habían creado la regla 21.297 para derogar 25 artículos y modificar otros 98 puntos de la Ley de Contrato de Trabajo de 1974.

A 38 años, y a pesar de las muchas reformas a la LCT, muchos de aquellos cambios permanecen como los impuso Videla.

Lo pueden decir los obreros de Kraft, que tras la muerte del tercer compañero en la planta en pocos años, pararon contra la dictadura del servicio médico de la empresa, que entre otras cosas rechazaba los certificados médicos particulares gracias la derogación del artículo 227 de la LCT después del golpe.

La tercerización estaba contemplada en el artículo 32 de la ley, pero como “actividad principal y accesoria” y aplicando el convenio de la empresa principal. La dictadura y los gobiernos posteriores la convirtieron en una herramienta de los empresarios (y el Estado como pudo mostrar el caso de Mariano Ferreyra), para atacar los derechos y conquistas de los trabajadores.

La burocracia sindical que mató a Mariano y persigue a los delegados en Lear y otras fábricas, sigue manteniendo su impunidad y privilegios gracias a otras leyes que el kirchnerismo nunca se animó a tocar.

 

El Frente Continuador

La lista de leyes de la dictadura todavía vigentes podría continuar. Pero a esta altura vale agregar dos cuestiones más. La primera, que algunas leyes o artículos de la dictadura se han modificado recién en los últimos años. Hasta 2009, tiempo después de que se rompiera la alianza del kirchnerismo con el golpista Grupo Clarín, todos los gobiernos habían garantizado la vigencia de la Ley de Medios de Videla. La oposición, escandalosamente, se opuso a las limitadas modificaciones oficiales.

La segunda, que también el neoliberalismo asestó duros golpes a conquistas y derechos de los trabajadores y las libertades democráticas. Si las leyes son una expresión de las relaciones de fuerza entre las clases sociales, la legislación neoliberal era un reflejo de la nueva ofensiva del capital sobre el pueblo trabajador. Un raconto de las leyes de los 90 que siguen vigentes con el kirchnerismo, pasando por las privatizaciones, la entrega de las riquezas naturales, la criminalización de la protesta, la salud de los trabajadores y la flexibilización laboral, implicaría varias notas más. Ya lo abordaremos.

No se trata de defender el andamiaje jurídico de una democracia que también gobierna al servicio de los empresarios, y recicla las fuerzas represivas dispuestas a imponer ese orden como haga falta. Pero este repaso permite ver cómo, tras el cínico y demagogo debate sobre “derogaciones” y “continuidades”, todos esconden la vigencia de muchas leyes de la dictadura, que ninguno de los protagonistas del debate está dispuesto a eliminar.

En esa, son todos del “Frente Continuador”.
Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Y-por-que-no-derogan-todas-las-leyes-de-la-dictadura

 

 

Deschavemos a los partidos de estado y sobre todo al Justicialista como esencial a la fachada democrática de, y la conciliación de la diversidad de abajo con, la creciente e incesante acumulación oligopólica a costa del incremento en la expoliación a los trabajadores. Es hacer a la ruptura del círculo vicioso del poder o el continuo retorno del PJ bajo liderazgos con poder simbólico en acuerdo a la etapa del capitalismo local del mundializado. Hoy otra vez se presenta como la alternativa al gobierno de Mauricio Macri pese a: su protagonismo central en la dictadura 'democrática' del poder real, estar bajo la dirección de José Luis Gioja con la responsabilidad del envenenamiento causado por la Barrick Gold y tener a Cristina Fernández como la líder opositora al neoliberalismo cuando:

 

 

EL AROMO Nº 9

Flexibilización laboral, tres modelos: Menem -De la Rúa –Kirchner

18 de septiembre de 2016

 

Por Marina Kabat, Grupo de Coyuntura Laboral – CEICS

La flexibilización laboral (FL), que tiene una larga historia -ver nota aparte-, avanza con fuerza a partir de 1976 y luego, bajo la presidencia de Alfonsín, da algunos pasos fundamentales, como la eliminación de la estabilidad de los empleados bancarios; pero se abre paso definitivamente con una serie de leyes y decretos durante el gobierno menemista. Tras la firma del Acuerdo Marco con los sindicatos y cámaras empresarias se suceden la primera ley de empleo (24.013/91), la ley pymes (24.467/97) y ley de formación y empleo (24.465/98). Todas aparecen resumidas en la primera columna del cuadro. La ley Banelco, 25.013/98, sancionada bajo el gobierno de De la Rúa completa la tarea flexibilizadora y de algún modo ordena el cuadro jurídico resultante de las distintas leyes y decretos anteriores.


El objetivo de la reforma, claramente señalado por sus apologistas, como Caro Mero Figueroa, es la caída del costo laboral. En particular se intentan reducir los costos de despido y el pago de horas extras. La habilitación de distintas modalidades promovidas de empleo eventual reducen a un mínimo o directamente eliminan el costo del despido y bajan las cargas patronales. Estas modalidades, al igual que las pasantías, han sido ratificadas por la ley K recientemente promulgada. Para los contratos por tiempo indeterminado se modificó el cálculo de la indemnización por despido, introduciendo topes y reduciendo el mínimo.

 

También se introdujo un período de prueba tras el cual el empleado puede ser despedido sin indemnización, en cuyo caso, el empleador se ve exceptuado de pagar cargas sociales por el período trabajado. El período de prueba y los cambios en los costos del despido también se mantienen, con leves modificaciones en la ley K. Por sobre todo la ley K mantiene un elemento crucial de la FL: la habilitación a que los convenios colectivos modifiquen las cláusulas laborales, independientemente de lo pautado como derechos laborales en la Constitución. Así el descanso dominical, los límites a la jornada de trabajo, o la unidad del período de vacaciones quedan barridos de un plumazo. Para peor, las empresas que- dan habilitadas también a firmar convenios donde se disponga una merma de los beneficios otorgados por los convenios de rama.


Por todo esto, es claro que la ley K mantiene lo central de sus antecesoras. Para completar nuestra evaluación debemos considerar también que el principal objetivo de la FL, bajar el costo laboral, los K lo obtuvieron de una forma más drástica y generalizada mediante el abrupto descenso de los salarios en dólares mediante la devaluación, proceso que continúa ahora bajo la forma de la erosión del salario real mediante la inflación. Como los mismos oficialistas reconocen, algunos aspectos de la FL han perdido importancia tras la devaluación (ver Clarín 22/2/04). Esta caída del salario, del orden del 60% en dólares y del 40% en pesos, permite alguna pequeña modificación en la ley Kirchner, (sin la cual la maniobra de reemplazar una ley flexibilizadora por otra carecería de un mínimo de credibilidad), como limitar el período de prueba a los 3 meses pautados por Menem, en vez de los 6 de la ley “Banelco”. Pero la ley K demuestra que a pesar del gran descenso del costo laboral los empresarios no piensan prescindir del trabajo barato y descartable de los pasantes, contratados y empleados “a prueba”. Tampoco parecen dispuestos a abandonar los mecanismos que le han permitido aumentar la jornada laboral. Por último, debe considerarse que las leyes de FL se complementan con otras disposiciones que flexibilizaban el trabajo y reducen los costos laborales. A la cabeza se encuentran la ley de AFJP y la ley de riesgos de trabajo, ambas reducen los costos patronales. El tercer eslabón es la ley de quiebras. Todo este sistema legal tiende a complementarse y reforzarse mutuamente. Este entramado no se ha modificado en nada no sólo por que los cambios de la ley K frente a la ley Banelco son ínfimos, sino también porque las leyes de quiebras, AFJP y ART continúan plenamente vigentes.
Fuentes: Sardenga, M.: La Ley de contrato de trabajo sus reformas, Edit . Universidad. Clarín y La Nación.

Fuente: http://razonyrevolucion.org/flexibilizacion-laboral-tres-modelos-menem-de-la-rua-kirchner/

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EL ENGAÑO DEL DISCURSO OFICIAL

¿Ud. sabía que el salario con los Kirchner

está más bajo que con Videla y Menem?

1 de abril de 2010

 

Por: Manolo Romano 

En la disputa por los fondos fiscales con la oposición parlamentaria, el gobierno utiliza un “blanco fácil” para hacer pasar por progresistas sus opciones. El ministro Amado Boudou defendió en el Congreso el uso de reservas para pagar la deuda externa atacando al senador de la UCR Gerardo Morales por “la huida en helicóptero” del gobierno de la Alianza , la desocupación masiva, la confiscación de los ahorros bancarios y “los recortes nominales al salario” como los que aplicaba el gobierno de De la Rúa a estatales y jubilados.

 

Nadie con una posición independiente de los intereses patronales estaba allí para decirle al Ministro de Economía que los bancos confiscadores de entonces, como el CitiBank, administran ahora el canje de deuda en default con los fondos buitres que se abalanzaron sobre los bonos del “megacanje” de Cavallo, deuda que los Kirchner se disponen a “honrar”.

 

Pero más allá de los debates entre los “nacionales y populares” que se cuadran ante el capital financiero y los opositores “republicanos” que no resisten un archivo, lo más tramposo del discurso oficial es que pone como referencia la condición de los trabajadores en “el infierno” del 2002-2003. Así, intentan mostrar la realidad actual como “un purgatorio”, que no será “el paraíso” pero es un “mal menor”. Lo cierto es que, si la clase trabajadora analiza su condición históricamente, se puede comprobar que el salario real promedio era más favorable con el mismísimo Videla que con los Kirchner y que actualmente está por debajo de los años ‘90 de Menem y Cavallo (Ver Gráfico).

 

Un apresurado defensor de los K podría chicanearnos: “¿Uds. dicen que con Videla o Menem estábamos mejor?”. Otra trampa del discurso oficial. Lo que los sectores concientes de la clase trabajadora deben reconocer es que la contrarrevolución del golpe militar de la que hace unos días se recordaron 34 años, vino a imponer a sangre y fuego una nueva relación de fuerzas contra los explotados, completada por el menemismo, que hay que prepararse para revertir. Y que es un hecho indiscutible que el gobierno “de los derechos humanos” ha continuado con la declinación en los ingresos de la clase trabajadora y el aumento de la desigualdad social, que comenzó desde entonces. Y que en tres décadas, con gobiernos militares o constitucionales, se viene en una caída regresiva de tal forma que con Alfonsín el salario terminó peor que con Videla, con Menem peor que con Alfonsín y con De la Rúa peor que con Menem. En la actualidad, mejor dicho hasta el año 2007 donde, por el aumento sostenido de la inflación, termina la recuperación relativa del salario promedio con respecto a la brutal caída de la megadevaluación, apenas se llega al punto anterior a la crisis del 2001. La intervención del INDEC desde entonces se hizo, desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora, para ocultar que esa situación sigue siendo declinante.

 

Las conquistas patronales de los ‘90 están intactas con el “modelo K”

Es que el cacareado “modelo de industrialización con inclusión social”, como lo llaman los Kirchner, no ha revertido las conquistas estratégicas, de fondo, que impuso el neoliberalismo contra la clase trabajadora en los años ‘90. El neoliberalismo vive en el control de los principales resortes económicos por el capital imperialista y en la fragmentación de su único competidor antagónico, la clase obrera. De un lado, este gobierno ha preservado las posiciones estratégicas del capital extranjero conquistadas con las privatizaciones. Sólo “nacionalizó” allí donde necesitaron el rescate estatal verdaderos desfalcos de los privatizadores como en Aerolíneas, Aguas Argentinas o en el ex Ferrocarril Roca, mientras las ramas más dinámicas que motorizan la economía siguen siendo las automotrices en manos de las multinacionales que desembarcaron con Menem y la exportación agraria en base a los precios internacionales y la alta rentabilidad del campo a partir de los nuevos métodos de explotación, como la siembra directa, adquiridos por la facilidad de importación con el “ 1 a 1” , en la producción de soja. En el otro polo, el kirchnerismo también “honró” la gran conquista de las patronales que en los ‘90 fragmentaron a la clase trabajadora con nuevas condiciones precarias de empleo que viven hasta hoy, con la mitad de la clase trabajadora por debajo de los 1500 pesos de salario, con millones sin “derechos” en las paritarias ya sea por el empleo en negro, por estar fuera de los convenios colectivos o directamente en el desempleo. Es menos de un tercio de la clase trabajadora la que tiene “el privilegio” de estar “incluida” en las paritarias donde, encima, las conducciones burocráticas de la CGT y la CTA se postran ante las presiones de los empresarios y el gobierno de pactar aumentos por debajo de la creciente inflación que se come, año a año, una parte más del salario. El “ajuste” no es, ahora, en la forma brutal de los “recortes nominales al salario” de la época de De la Rúa sino por la vía indirecta de los precios y “el tipo de cambio administrado” que les permite pequeñas devaluaciones que aumentan las ganancias de la alianza patronal exportadora que vende en dólares y paga salarios en pesos.

 

La miseria de la “intervención estatal” de los Kirchner

Mientras la recaudación fiscal creció un 25% este mes de marzo con respecto al mismo mes de 2009, y esos fondos provienen en un 50% de lo extraído al bolsillo popular con el IVA y otros impuestos al consumo y al trabajo, el salario de los estatales y docentes ha sido pactado por debajo de la inflación y las jubilaciones, ahora “estatales”, se mantienen en un 80% por debajo de los índices oficiales de pobreza.

El llamado “plan universal” de asignación por hijo a desocupados y trabajadores en negro es presentado por el gobierno como “un nuevo derecho para millones” y por ser el más amplio de Latinoamérica. Pero esto apenas significa que se destina sólo el 0,58% del Producto Bruto Interno del país para “combatir la pobreza”. En tanto, los 40.000 millones de pesos que el gobierno reconoce con el canje de la deuda en el default es el equivalente a 2 presupuestos anuales de educación, a 4 presupuestos destinados a salud o a 8 veces el monto por año a vivienda. En lugar de los actuales $180, sólo con el dinero del canje se podría pagar durante un año $1.000 por mes a cada uno de los 3,4 millones de niños y adolescentes beneficiarios de la asignación por hijo.

 

La “pequeña política” de la centroizquierda

El martes 30, Pino Solanas fue el orador central de una manifestación frente al Congreso sobre la deuda externa impulsada por los dirigentes del sector anti-k de la CTA , como Víctor De Gennaro y Godoy de ATE Provincia de Buenos Aires, junto a los representantes del “interbloque” parlamentario entre Proyecto Sur de Solanas y Lozano, Libres del Sur y Solidaridad e Igualdad de Eduardo Macaluse. Mientras los afiches de convocatoria rezaban para “no pagar la deuda externa ilegítima y fraudulenta”, el verdadero contenido lo sintetizó la consorte de Elisa Carrió, Margarita Stolbizer después del acto: “la tarea legislativa es necesaria, tanto como la movilización para respaldarla”. ¿Y cuál es la “tarea legislativa” que se propone el “interbloque” sobre la deuda externa? Como dijo Pino Solanas, su propuesta es una Comisión Bicameral para “investigarla” y entre tanto, pagarla depositando los fondos en el Banco de Basilea a cuenta de los fondos buitres. Así es que, después de proscribir la palabra a las fuerzas de la izquierda clasista como el PO y el PTS, el acto arrastró a la izquierda sin representación parlamentaria del PCR-CCC y el MST de Vilma Ripoll que viene pregonando esta “unidad” de la izquierda y la centroizquierda.

“Siempre hubo una convergencia entre la vía parlamentaria y la calle, sólo que ahora somos mucho más fuertes”, reafirmó Victor De Gennaro mientras que este sector de la CTA se muestra más dispuesto a alentar “la vía parlamentaria” de su aliado Solanas que a comprometer a los sindicatos en los que influencia con la movilización “en la calle” contra el pago de la deuda externa.

Nuestra alternativa es la movilización masiva de los sindicatos y las organizaciones de desocupados, por el no pago de la deuda externa e impuestos progresivos a las grandes fortunas de los capitalistas, para aumentar los presupuestos de salud y educación, y sostener un plan de obras públicas, viviendas, escuelas y hospitales para emplear todas las manos dispuestas a trabajar con un salario que cubra la canasta familiar.

Fuente: http://www.pts.org.ar/Ud-sabia-que-el-salario-con-los-Kirchner-esta-mas-bajo-que-con-Videla-y-Menem

 

 

 

Pongamos en discusión que la alternativa hoy de nosotros: los diversos de abajo, será obra nuestra si nos atrevemos a romper con el círculo vicioso del poder develando la trampa de unirse con el kirchnerismo.  La historia desde 1983 prueba que el PJ es derecha camaleónica. Durante más de una dekada se enmascaró según deseos mayoritarios e ínfulas de vanagloria de las elites intelectuales de izquierda.  También nos entrampó con la épica de ir contra el imperialismo de EE.UU..

 

El desafío actual no es cambiar al gobierno sino de derrotar la ofensiva del poder real contra los trabajadores y pueblos de Argentina. Esto nos exige contextualizarla en el sistema mundo capitalista y reconocer que no hay otro capitalismo posible.

 

 

 

REFORMA LABORAL

Clara Marticorena:

“El gobierno apuesta a un nuevo avance en las condiciones de flexibilización”

14 de julio de 2017

La Izquierda Diario entrevistó a Clara Marticorena, investigadora del CEIL-CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

 

(…)Antes de que se implementen estas medidas en beneficio de los empresarios, para supuestamente incentivar las inversiones que nunca llegan, varias patronales aplican el "ajuste por mano propia", como ocurre con los despidos y la represión a las obreras y obreros de Pepsico.

Para analizar las medidas que promete llevar adelante el macrismo La Izquierda Diario entrevistó a Clara Marticorena, investigadora del CEIL-CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, especializada en temas de negociación colectiva y organización sindical.

¿Qué lectura hacés de la reforma laboral que pretende implementar el oficialismo y sus posibles efectos?

Se trata de un conjunto de medidas que, más allá de su efectiva implementación, manifiestan no sólo el fuerte avance sobre la clase trabajadora que pretende desarrollar el gobierno. En algunos aspectos lo viene logrando, fundamentalmente en relativo a lo económico: caída del salario real, aumento del desempleo. Pero en otros no, como ocurre en términos políticos, organizativos: los trabajadores vienen dando respuestas a la ofensiva patronal, con fuertes heterogeneidades, sí, pero vienen, venimos, mostrando capacidad de resistencia.

Esto no quiere decir que esa sea la posición de todos los sindicatos ni mucho menos de todas las centrales sindicales, incluyendo la que más peso tiene: la CGT reunificada bajo la forma de un triunvirato. La tregua, o mejor dicho a esta altura, complicidad, de la CGT con los despidos, es clara. Y también tiene que ver con la crisis interna, no sólo por el avance de líneas combativas y opositoras, sino también por las disputas entre corrientes sindicales dentro del peronismo, entre sectores que confrontan la política del macrismo y sectores más conciliadores.

Lo que durante el kirchnerismo puede verse como un retroceso parcial en algunos aspectos de la legislación laboral, dada la correlación de fuerzas, ahora vuelve como uno de los planos de la ofensiva: la legislación laboral y la ofensiva en relación al funcionamiento de la justicia laboral.

En este marco, la política de flexibilización contractual (que apunta a reducir los costos por despidos) y la rebaja de aportes patronales previstas tanto en el blanqueo como en el proyecto “Primer empleo”, son un mecanismo de aumentar la ganancia patronal. Está demostrado que no promueve el blanqueo de trabajadores sino que, al contrario, garantiza mayores ganancias a los empresarios, en forma directa por la reducción de contribuciones y, dado que no deriva en un mayor registro de trabajadores, en una precarización de las condiciones de trabajo del conjunto de la clase trabajadora.

En un punto, el empleo no registrado actúa como forma de precarización laboral, no sólo directamente por las condiciones en las que se encuentran los trabajadores “en negro” sino “indirecta” como presión sobre el conjunto de la clase. En sectores con alto porcentaje de trabajadores no registrados, las cámaras patronales y empresas utilizan el argumento de “competencia desleal” para limitar los aumentos salariales nominales en paritarias, que benefician principalmente a los trabajadores registrados.

Para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta el oficialismo acordó con las empresas y la cúpula del sindicato nuevas pautas en la relación laboral. También se hicieron acuerdos en el sector automotriz y textil. Y modificaciones en el régimen de ART. ¿Qué consecuencias ves sobre las condiciones laborales? ¿Son anticipos de algo se pretende generalizar?

Sí, claramente el gobierno apuesta a un nuevo avance en las condiciones de flexibilización laboral, y las modificaciones introducidas en Vaca Muerta y en los acuerdos del sector textil y automotriz apuntan a este objetivo, que sin dudas buscarán generalizar. Estos acuerdos apuntan a bajar los “costos laborales” y aumentar la productividad.

Por ejemplo, la adenda que firmaron en Vaca Muerta dispone, entre otros aspectos, la contratación de trabajadores por tiempo determinado como modalidad “general”, reducción del tiempo de descanso, la eliminación del pago de “horas taxi”, que los trabajadores pasaban en el pozo, en la base o tráiler, a disposición de la empresa, entre otros aspectos.

En el caso del sector automotriz, a su vez, SMATA viene negociando suspensiones (por ejemplo, en General Motors y Volkswagen), con reducción salarial y habilitando programas de retiros voluntarios. Algo similar sucede en el sector textil, que enfrenta una crisis bastante profunda por el aumento de las importaciones.

En este sentido, además de introducir distintas formas de flexibilización en las formas de contratación, se apunta a flexibilizar (más de lo que ya está) la organización del tiempo de trabajo, aumentando el tiempo e intensificando el ritmo de trabajo.

Al analizar esta nueva embestida sobre las condiciones de trabajo es necesario tener presente que estos avances se desarrollan en un mercado de trabajo que ya se encuentra flexibilizado y con altos niveles de precariedad. Por ello hablo de una profundización de la flexibilización y no de una “vuelta” a los ’90.

La posibilidad de que estas condiciones se generalicen, y el gobierno avance con nuevas cláusulas de productividad (que permanecieron durante los gobiernos kirchneristas) o con la promoción de negociaciones a nivel de empresa (que igualmente son predominantes dentro del total de negociaciones), dependerá de la capacidad de resistencia de los trabajadores.

Pero la profundización de la crisis y el aumento del desempleo, así como la tregua de la mayor parte de las dirigencias sindicales, marca un escenario muy complicado para la defensa de los derechos y condiciones de trabajo.

En una mirada de largo plazo ¿Cuál es la tendencia en las relaciones laborales de los últimos veinte años en cuanto a precarización, flexibilización, “costos”?

Mirando los últimos 20 años, podemos ver avances y retrocesos en las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo en la argentina, pero sobre ciertas condiciones estructurales que no se modificaron significativamente. ¿Qué quiero decir? La caída de los salarios reales con la devaluación del 2002, fue la clave para la recomposición de la acumulación de capital luego de la crisis de 2001 (que se desarrolló desde fines de 1998), y los salarios reales recuperaron los niveles previos a dicha crisis recién en el año 2006 aproximadamente (hay diferencias si tomamos los salarios registrados y no registrados), pero se trata de un nivel significativamente bajo en términos históricos.(...)

Insistamos Macri continúa y profundiza a CFK en gestionar el incesante aumento de la superexplotación laboral desde la dictadura militarizada del poder real hasta hoy. Lo explica Clara Marticorena al proseguir en la entrevista de Izquierda Diario:

(...) Si miramos una evolución de los salarios reales desde 1975, vemos que la profunda caída que produce la dictadura cívico-militar sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores no se recupera en las décadas siguientes, más allá de las oscilaciones en distintas coyunturas, como en los primeros años de la recuperación democrática, los años iniciales del plan de convertibilidad, la recuperación posterior a la devaluación de 2002, etcétera.

Esto muestra una caída de los “costos” laborales en la Argentina, que establece un determinado nivel de la tasa de explotación que no se modifica sustancialmente en un plazo de décadas y que fue, precisamente, una de las conquistas de la dictadura. Claramente, dentro de esta evolución general, también se profundiza una fuerte heterogeneización entre trabajadores registrados y no registrados, y de distintos sectores de la economía.

Si miramos el largo plazo, también vemos que el trabajo no registrado se constituye en una forma estructural de reducción de los “costos” laborales, que si bien se redujo, luego de haber llegado al 49% de los asalariados en 2004, continúa en torno al 33-34%. En este sentido, si bien se produjo una significativa baja de la tasa de desempleo abierto a partir del 2003, el empleo no registrado, operó como potente contrapeso a la posibilidad de revertir las condiciones de explotación impuestas por el capital con el avance del neoliberalismo.

Y es en ese sentido que las condiciones de flexibilización laboral permanecen no sólo en diversos artículos de la legislación, sino fundamentalmente en el lugar de trabajo, en premios de productividad, en la movilidad entre tareas, en la extensión e intensificación de la jornada laboral, en las formas de contratación eventual, entre otras modalidades que constituyen las formas corrientes y difundidas de explotación del capital sobre el trabajo, y que en muchos casos ya son formas naturalizadas. En este punto, el trabajo de desnaturalización de estas condiciones por parte de sectores combativos y de izquierda tiene una importancia central.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Clara-Marticorena-El-gobierno-apuesta-a-un-nuevo-avance-en-las-condiciones-de-flexibilizacion

En consecuencia, la criminalidad del contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales se patentiza en:

 

Un modelo de país que genera niños pobres

12 de junio de 2017

 

La cifra que arroja un informe de Unicef es alarmante: la mitad de los chicos argentinos viven en la pobreza. Para Taffetani, de la Fundación Pelota de Trapo, la exclusión es parte del sistema.

 

Redacción Canal Abierto | “Lo bueno de las cifras es que refrescan el problema, porque muchas veces a uno le parece que la que sufre es una porción pequeña de la población y es mucho más grande lo que pensamos. Pero hay que volver a unir las causas con los problemas porque sino parece que estas cifras brotaron de la nada. Esta situación viene siendo desde hace tiempo. Hay un modelo de país que se instauró después de la dictadura militar y que generó esa gran exclusión de un determinado sector de la sociedad en el cual hay niños y niñas”. La reflexión es de Laura Taffetani, abogada y miembro de la Fundación Pelota de Trapo y del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Y viene a cuento de un dato alarmante: casi la mitad de los chicos de Argentina son pobres.

 

La cifra surge de un estudio de Unicef basado en datos del Indec. Según el informe, hay 5,6 millones de niños y adolescentes en situación de pobreza monetaria. De ellos, 1,3 millones están en situación de extrema pobreza.

En términos porcentuales, el 47,7% de los hogares en donde residen niñas, niños y adolescentes no cuenta con suficientes ingresos para acceder a la canasta de bienes que traza la línea de la pobreza. Ese número supera con creces al de la población en su conjunto, que es del 29,7%. Lo mismo ocurre con los datos de pobreza extrema, que representa el 5,6% de la población en general pero, si nos enfocamos en niños y adolescentes, la cifra trepa el 10,8%.

 

Para las organizaciones que trabajan con niñez, estos números no son una sorpresa. Desde hace mucho tiempo vienen notando un deterioro creciente en las condiciones de vida de la población infantil, y advierten que en su mayoría se trata de hogares con una pobreza estructural de varias generaciones. La explicación, para Taffetani, es sencilla. “Nosotros siempre decimos que detrás de cada chico pobre hay un padre desocupado”, resume. Los números coinciden con su mirada. La amplia mayoría de los hogares pobres son los que dependen de los ingresos de un jefe o jefa de familia con un empleo informal, o aquellos que son cuentapropistas no profesionales. Y la tasa de pobreza aumenta al 85% cuando el niño o adolescente reside en un hogar cuyo jefe o jefa está desocupado.

 

“Hay varios efectores del Estado que son indispensables para la infancia, como salud y educación. El sistema de salud pública, por ejemplo, está muy deteriorado y fuera de él hay un sistema privado que está armado a través de las obras sociales, a las cuales acceden los trabajadores en blanco. Pero la gran población en la Argentina no tiene trabajo en blanco. Por eso la posibilidad de ejercer políticas que tengan impacto en la infancia es a través de la familia, y de esto no se habla -sostiene la experta-. Inclusive la Asignación Universal por Hijo, por la que hemos peleado tanto, es un insumo para trabajar otras cosas. Pero si se eterniza como la única medida a tomar en relación a los chicos y chicas, tampoco sirve”.

 

Uno de los factores que suma dramatismo a la situación y empuja los números hacia arriba es la inflación. La canasta básica, según explica el diario Página/12, se encareció un 35% para el Indec. Esa modificación metodológica explica 12 de los 30 puntos del nivel actual de pobreza e impide, además, la comparación con los valores previos de la serie de pobreza.

 

Sin embargo, la correlación entre inflación y deterioro del poder adquisitivo -sobre todo en los hogares de menos recursos o dependientes de trabajos en negro, por fuera de cualquier convenio- es histórica. También lo es la que existe entre pobreza y desocupación, otra variable que sigue en ascenso.

 

Para Taffetani es, en el fondo, un problema económico y sistémico. “Éste es un sistema tan inhumano que nunca hemos vivido desigualdades tan grandes. Si estamos decididos a que una porción muy pequeña viva a costa de la gran mayoría del pueblo argentino, estamos en problemas. Hay que saber que el capitalismo en esta forma tan cruel ha llegado para quedarse muchos años y está en nosotros ver cómo hacemos para enfrentarlo. Nada cambiará si seguimos escondiéndonos en cifras frías sin entender que son consecuencia de un modelo de país, sentencia.

Fuente: http://canalabierto.com.ar/2017/06/12/un-modelo-de-pais-que-genera-ninos-pobres/

 

 

Subrayemos que el contubernio de los capitales y estados imperialistas consolida el poder económico, estatal y mediático de las transnacionales ha impuesto e impone sus privilegios avasallando los derechos humanos de una creciente mayoría valiéndose tanto de la dictadura genocida como de todos los gobiernos constitucionales. Estos últimos se comprometieron a garantizar el despojo de riquezas e ingresos de los diversos de abajo. Ante todo se esmeraron en mantener y consolidar la subordinación de los trabajadores a las patronales. Los K, ante la rebelión de 2001-2002 y el fracaso de Duhalde de aterrorizar, perfeccionaron el poder simbólico del PJ mediante Carta Abierta, tecnologías de avanzada en la manipulación psicosocial y concentración de grandes medios de comunicación social. Destaquemos su capacidad de cooptación política pero sobre todo la de construir autoridad distorsionadora de la realidad argentina bajo su gestión e involucrar a intelectuales de izquierdas con convicciones ideológicas y principios éticos que se han ahuecado por insensibilidad al malvivir y devastación cotidiana del capitalismo.

 

En los artículos de Clara Marticorena buscamos argumentos para hacer un balance deconstructivo de los gobiernos K, de la democracia representativa y del Partido Justicialista. El basta a la criminalidad del poder real, su Estado y sus burocracias tanto políticas como sindicales nos exige facilitar la deliberación abajo y a la izquierda sobre:

 

 

La situación del trabajo asalariado industrial durante la posconvertibilidad. Aproximación a sus características según la inserción externa de las actividades.

 

Por Clara Marticorena

Resumen

El presente artículo aborda las características del trabajo asalariado industrial durante la posconvertibilidad en relación con la inserción externa de las actividades que integran el sector manufacturero, en el marco de las limitaciones que se observan para lograr una reversión sustantiva del deterioro en las condiciones de empleo consolidado en las últimas décadas.A lo largo del trabajo se analiza de qué modo las actividades más dinámicas en la generación de empleo han determinado las formas predominantes del trabajo asalariado en el sector y su reciente evolución. Las características que en ellas asumen las formas de compra-venta y consumo de la fuerza de trabajo nos permiten profundizar la comprensión sobre la evolución del empleo no registrado, de los niveles salariales y de la productividad en un sector de crucial relevancia en el reciente crecimiento del Producto Interno Bruto,y,a la vez,problematizar las implicancias que la consolidación del perfil exportador influye sobre las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera.
Fuente: http://www.iade.org.ar/articulos/la-situacion-del-trabajo-asalariado-industrial-durante-la-posconvertibilidad-aproximacion

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“Revitalización” sindical y negociación colectiva

en Argentina (2003-2011)

 

Por Clara Marticorena

Resumen

A partir del análisis de las características y contenidos de la negociación colectiva en Argentina, este artículo establece una serie de contrapuntos sobre las características del protagonismo sindical en el periodo 2003-2011. A lo largo del trabajo se analizan dimensiones comúnmente utilizadas como indicadores de “revitalización” sindical: la incidencia de la negociación colectiva, su cobertura, y los niveles de negociación. Se indaga además en los contenidos salariales y no salariales en convenios colectivos de trabajo y actas de acuerdo. Ello permite problematizar el protagonismo y la acción sindical durante el periodo estudiado y plantear distintas interrogantes sobre la relación entre la orientación y las estrategias sindicales y los contenidos de la negociación colectiva.

 Fuente: http://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/519

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Negociación colectiva en la actualidad.

La clase trabajadora frente a

una nueva ofensiva patronal

2017/05/REVISTA-93-022-MARTICORENA

 

Por Clara Marticorena

 

Socióloga, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo y doctora en Ciencias Sociales (UBA). Docente en la materia Análisis de la sociedad argentina de la Carrera de Sociología (UBA) e investigadora del CONICET en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL). Autora de Trabajo y negociación colectiva. Los trabajadores en la industria argentina, de los ’90 a la posconvertibilidad (2014, Imago Mundi). Dirige el proyecto “Dinámica y características de la negociación colectiva durante la postconvertibilidad en Argentina (2003-2015). Un estudio a partir de sectores de la industria manufacturera”.

 

La coyuntura actual está signada por un marcado avance del capital sobre los trabajadores, que a lo largo del último año se expresó en un aumento de los despidos y suspensiones, una sustancial caída del salario real y el renovado intento de las clases dominantes de profundizar, de hecho y de derecho, las condiciones de flexibilización laboral1 . Ante este escenario nos preguntamos: ¿se trata de una profundización de estrategias patronales que venían desplegándose con menor intensidad? ¿Cuál es la capacidad de respuesta de los trabajadores frente a este cuadro de ajuste? ¿Cómo se expresa esta ofensiva patronal en la dinámica de la conflictividad laboral y las características de la negociación colectiva? Teniendo en cuenta estos interrogantes, en este artículo nos proponemos plantear algunos elementos para un análisis de la conflictividad sindical y la negociación colectiva en la actualidad, a la luz de las características asumidas en los años precedentes, con el fin de vincular aspectos de la coyuntura reciente con procesos de mediano plazo, poniendo en perspectiva la situación actual de la clase trabajadora.

 

La negociación colectiva como modo de institucionalización del conflicto laboral

Entre los estudios dominantes en el campo de la acción sindical y las relaciones laborales, predomina el enfoque institucionalista, de acuerdo al cual el análisis de la relación capital-trabajo se desarrolla como el estudio de las leyes y políticas públicas, centrando la mirada en el accionar del Estado y las instituciones, como medida del avance o retroceso en las condiciones de la clase trabajadora. Este enfoque relega el análisis de la lucha de clases y de las relaciones de fuerza entre las clases como eje para el estudio de los procesos sociales, y como modo de explicar los cambios en las leyes y políticas estatales. Frente a esta perspectiva, creemos necesario situar e inscribir la negociación colectiva en la dinámica de la lucha de clases, entendiendo que su estructura y contenidos se configuran como un termómetro de la correlación de fuerzas entre las clases sociales. Sin embargo, no se trata de un “mecanismo” neutral, cuya orientación depende de su contenido, sino que lleva inscripta en su forma misma el dominio del capital sobre el trabajo. En efecto, al tiempo que permite a los trabajadores establecer límites a la unilateralidad del despotismo patronal, presupone la legitimación de la explotación del trabajo por el capital y su control del proceso productivo. Es en este sentido que recuperamos el concepto de legalidad industrial de Gramsci (1991), contraponiéndolo a la concepción de la negociación colectiva como imperio de la democracia industrial proveniente del pluralismo anglosajón. Esto implica, a su vez, concebir a la negociación colectiva como un proceso de institucionalización del conflicto laboral (Hyman, 1981), mediante el cual la lucha de clases se desarrolla en términos de lucha económica. 

 

Las condiciones en las que se desarrolla el actual ajuste sobre los trabajadores

Pese a que algunos estudios dominantes en el campo de la sociología del trabajo y las relaciones laborales tendieron a afirmar la configuración de un nuevo régimen de empleo en la Argentina a partir del año 20032; la evolución salarial, las condiciones de precariedad laboral y el análisis del contenido de la negociación colectiva plantearon diversos contrapuntos, marcando líneas de continuidad en las condiciones de trabajo consolidadas durante los años ’90. Existen diversos indicadores que suelen considerarse en el estudio de la organización de la clase trabajadora y el poder sindical, como la cobertura de la negociación colectiva, la evolución de la conflictividad laboral y la tasa de sindicalización (Kelly, 1998), a los que podemos agregar la presencia de organización sindical en los lugares de trabajo. En cuanto al aumento de la negociación colectiva (Cuadro Nº 1), hemos señalado que su evolución cuantitativa no alcanzaba para inferir un cambio en los contenidos de flexibilización laboral. Si bien la dinámica del conflicto laboral durante los últimos 15 años se expresó en cambios en ciertos contenidos de la negociación, como la incorporación de sumas al salario básico de convenio, o en materia de subcontratación, equiparando condiciones entre el fragmentado colectivo de trabajadores; permanecieron, tanto en la letra de los convenios, como en la realidad de los lugares de trabajo, aspectos nodales de las condiciones impuestas por la reestructuración capitalista en los años ’90. Ello puede observarse, fundamentalmente, en cuanto a la organización del tiempo de trabajo y de las tareas, así como también en relación con formas temporarias de empleo y extensión de la subcontratación. Estas características presentan diferencias sectoriales significativas, y la modificación de condiciones impuestas por el capital en los ’90 ha dependido, fundamentalmente, de la organización de los trabajadores y de la construcción de una política sindical combativa, en oposición a las dirigencias sindicales tradicionales, que tendieron a convalidar la permanencia de condiciones de flexibilización laboral, contribuyendo a la naturalización de extensas jornadas laborales e intensos ritmos de trabajo. Por su parte, el empleo no registrado, uno de los indicadores más utilizados para aproximarnos al análisis de la magnitud y evolución de la precariedad laboral, se instaló como modalidad “permanente” de reducción del precio de la fuerza de trabajo, constituyendo un potente contrapeso a las posibilidades de revertir la correlación de fuerzas consolidadas en el último cuarto del siglo XX. Por lo tanto, el actual avance sobre las condiciones salariales y de trabajo se desarrolla en un mercado de trabajo en el cual las condiciones de flexibilización y precarización laboral se encuentran ampliamente extendidas. Sin embargo, la clase trabajadora ha avanzado en términos organizativos en la última década respecto de la desarticulación que enfrentó durante el neoliberalismo, y se encuentra en mejores condiciones de enfrentar la nueva ofensiva patronal.

 

Al respecto, distintas estimaciones basadas en fuentes estadísticas, además de estudios cualitativos, permiten dar cuenta de un aumento en la tasa de sindicalización3 y representación sindical en los lugares de trabajo4, respecto a la caída operada en los años ’90, dando cuenta de la renovada centralidad que adquirió la lucha sindical como modo de expresión de la lucha de clases. Estos avances organizativos plantearon no sólo el recobrado protagonismo de las dirigencias sindicales en la disputa y contención de la puja distributiva, sino también la organización de los trabajadores en los lugares de trabajo y el desarrollo de distintas experiencias y procesos de organizaciones de base, destacándose entre ellos el desarrollo de experiencias antiburocráticas y combativas5. En este escenario, la tregua que las centrales sindicales, en particular la CGT, vienen otorgando al gobierno de Cambiemos, presentó diversas fisuras provenientes, fundamentalmente, de sectores opuestos a la conducciones de los gremios, que han conquistado juntas o comisiones internas, que han logrado ganar el sindicato o la federación (gremio del neumático, aceiteros) o que presentan una orientación más “combativa” dentro del sindicalismo peronista (como los bancarios, que en 2016 conformaron la Corriente Federal de Trabajadores con gremios integrantes del Movimiento de Trabajadores Argentinos –MTA–).

 

El actual avance sobre las condiciones salariales y de trabajo se desarrolla en un mercado de trabajo en el cual las condiciones de flexibilización y precarización laboral se encuentran ampliamente extendidas. Sin embargo, la clase trabajadora ha avanzado en términos organizativos en la última década respecto de la desarticulación que enfrentó durante el neoliberalismo, y se encuentra en mejores condiciones de enfrentar la nueva ofensiva patronal. Revista Sociales abril trabajadores_vfinal_Layout 1 21/04/2017 02:07 a.m. Página 24 25 Dossier

 

Así, la conflictividad sindical en la actualidad expresa un panorama heterogéneo, en el cual las cúpulas sindicales no lograron garantizar la paz social, sino que los despidos6 y suspensiones, así como el ajuste sobre los salarios, han tenido respuesta por parte de los trabajadores, aunque esta respuesta sea de carácter defensivo y los resultados difieran no sólo en función de la orientación de las dirigencias sindicales, sino también de la posición estraté- gica del sector7 . Esto no se tradujo, necesariamente, en un salto en los niveles de conflictividad respecto de los últimos años, en los cuales también los trabajadores –fundamentalmente del sector privado– venían enfrentando despidos “por goteo”. De todos modos, mientras el relevamiento del MTESS da cuenta de un aumento en los conflictos con paro, tanto en el sector público como en el privado (del 7% y 9%, respectivamente), los datos elaborados por el Observatorio del Derecho Social de la CTA muestran un descenso (del 9% en la conflictividad del sector privado y del 2% en el sector público). En cambio, se- ñalan una mayor intensidad de los conflictos, principalmente en el sector público, donde las medidas de fuerza involucraron a una mayor cantidad de trabajadores y se prolongaron por más tiempo.

 

Caída del salario real y dispersión en las negociaciones paritarias

 

Durante el período 2003-2015 las negociaciones colectivas fueron eminentemente salariales, centradas en la recuperación de la capacidad adquisitiva perdida tras el ajuste devaluatorio de enero de 2002, y la posterior dinámica inflacionaria. Ello se expresó en la firma de una significativa cantidad de acuerdos sobre la negociación de convenios, característica que se pronunció con la aceleración del ritmo inflacionario a partir del año 2007 (Cuadro Nº 1).

Las paritarias de 2016 marcaron algunas particularidades respecto de la dinámica previa, pero continuaron centradas en la negociación salarial, con porcentajes que se ubicaron varios puntos porcentuales por debajo de la evolución de los precios minoristas, situado en el 41,1% en el promedio anual (CIFRA, 2017). A lo largo de 2016, se produjo una significativa caída del salario real, estimada en el 6,5% para los asalariados registrados del sector privado (CIFRA, 2017), que estuvo acompañada de una polí- tica estatal de disciplinamiento social, con el despido de miles de trabajadores, en el sector público y privado, y políticas antisindicales que convalidaron desde el Estado un nuevo avance patronal en el conjunto de la economía.

A excepción de los aceiteros y bancarios, que lograron negociar aumentos en un tramo, del 38% y del 33% respectivamente, el aumento nominal de los salarios continuó siendo en etapas, de modo que el promedio de aumento acordado resulta menor al porcentaje del último tramo; con sumas fijas, aumentos remunerativos y no remunerativos. A diferencia de años anteriores, una significativa cantidad de gremios negociaron semestralmente (Comercio, Construcción, Plástico, entre otros), como un guiño al nuevo gobierno, que buscaba imponer una pauta del 25%. De todos modos, estos sectores terminaron negociando por encima de dicha pauta8. Si bien las negociaciones superaron la pauta del 25% que intentó imponer el gobierno de Mauricio Macri, quedaron retrasadas con respecto a la evolución de la inflación. En este sentido, se instaló el reclamo de reapertura de paritarias por parte de los gremios, que el gobierno buscó desactivar, derivando en la negociación de un bono de fin de año de manera sectorial, que se ubicó entre los $2.000 acordados entre empresarios, sindicatos y gobierno, y los $7.000. Muy por encima de estos montos, aceiteros logró un bono de $21.500 (en dos cuotas). Algunos sectores, particularmente golpeados por la apertura importadora del gobierno, como los textiles, no lograron siquiera el bono de $2.000.

El gobierno pretende consolidar la caída de los salarios reales buscando que las paritarias de 2017 se orienten en función de la inflación futura, sin contemplar una recomposición de la pérdida de poder adquisitivo del año 2016. El modelo que buscan instalar es el acuerdo firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal con los estatales bonaerenses, que establece el aumento salarial para 2017 en cuatro tramos de 4,5% trimestral hasta llegar a un 18% en el último trimestre, contemplando su actualización según la inflación. Sin embargo, el conflicto con los trabajadores bancarios, y su resolución favorable, muestran las dificultades que tendrá el gobierno para imponer dicha pauta salarial.

 

Nuevos avances en materia de flexibilización laboral

En los últimos meses del año 2016, distintos funcionarios y el propio presidente comenzaron a instalar pú- blicamente la “necesidad” de “aggiornar” los convenios colectivos de trabajo. Los ejes de estas intervenciones fueron en torno al avance de cláusulas de productividad y otras formas de flexibilización, planteando que los convenios colectivos de trabajo se encuentran atrasados, aludiendo a negociaciones de 1975 vigentes por ultraactividad9, pero con el propósito más amplio de cuestionar el conjunto de las negociaciones colectivas. El caso testigo en esta embestida patronal resultó ser la modificación de condiciones de trabajo firmada por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de La Pampa, Neuquén y Río Negro y el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del mismo sector para los trabajadores petroleros. La adenda a los convenios 644/2012 (trabajadores) y 637/2011 (personal jerárquico y profesional) para la extracción de hidrocarburos de forma no convencional incluye, entre otros aspectos: - la contratación de trabajadores por tiempo determinado como modalidad “general”; - un artículo específico sobre medidas de acción directa, según el cual a los trabajadores no les corresponde exigir su remuneración en caso de no haber existido una “contraprestación” efectiva, salvo que se trate de un reclamo por salarios adeudados; - la reducción del tiempo de descanso, planteando un régimen de trabajo de dos días por un día de descanso (2x1), cuando el CCT 644/2012 contempla situaciones particulares como el régimen de trabajo en instalaciones costa afuera, de un día de trabajo por uno de descanso (1x1), o bien un ciclo de trabajo (que no puede superar los 14 días) por un ciclo igual de descanso; - la eliminación del pago de “horas taxi”, que los trabajadores pasaban en el pozo, en la base o tráiler, a disposición de la empresa. Reviste particular importancia señalar que estas condiciones modifican convenios que ya incluyen cláusulas de flexibilización laboral. Por ejemplo, la excepción de la aplicación del límite a la realización de horas extraordinarias que se incluye en la adenda, ya existe en el CCT 644/12 (art. 25 bis). Allí se contempla también un “bono de paz social” (art. 39), que, aunque expresado como premio, posee el mismo contenido que el no pago de salarios en caso de medidas de acción directa. Por ello hablamos de una profundización de la flexibilización y no de una “vuelta” a los ’90.

 

Reflexiones finales

La conflictividad sindical y las características de la negociación colectiva en la actualidad han estado signadas por una profundización de la ofensiva patronal que contó con la tregua de la principal central sindical, la CGT, pero que, sin embargo, enfrenta la resistencia de algunos sectores de la clase trabajadora. Ello permitió limitar, aunque no revertir, el ajuste sobre los salarios, los despidos y suspensiones. Como lo planteamos anteriormente, el gobierno de Cambiemos y las patronales pretenden implementar polí- ticas de ajuste salarial y flexibilización laboral en un mercado de trabajo en el cual las condiciones de flexibilización y precariedad laboral se encuentran extendidas como parte de la correlación de fuerzas entre capital y trabajo consolidada en los años ’90, que no fueron desarticuladas durante los gobiernos kirchneristas, pese a que la insurrección popular de 2001 impuso cambios en la forma de Estado como modo de recomponer la dominación y acumulación en crisis. En este escenario, los sectores que pudieron lograr menores pérdidas en su salario real y que lograron enfrentar con más éxito los despidos fueron sectores combativos, que están dispuestos a confrontar con el gobierno y las patronales. Estas características asumidas por la conflictividad sindical y la negociación colectiva en la actualidad no sólo ponen en evidencia el carácter y alcance del ajuste en curso, sino también la importancia de la estrategia sindical, de la capacidad de organización de los trabajadores y su orientación política para enfrentar la ofensiva patronal.

Notas1 Por fle xibilización laboral entendemos todos aquellos aspectos que permitan un mayor control patronal de las formas de compra-venta y uso de la fuerza de trabajo: la posibilidad de modificar la organización del tiempo de trabajo y la asignación de tareas; determinar las condiciones salariales en función de distintos in centivos por “desempeño”, productividad, cumplimiento de objetivos; formas de contratación por tiempo determinado, trabajadores tercerizados o contratados por agencias de personal eventual como estrategia permanente de “regulación” del plantel de trabajado res, entre otras. Para un análisis detallado de esta noción consultar Marticorena (2014). 2 Véase, por ejemplo, Etchemendy y Collier (2007) y Palomino (2008), entre otros. 3 De acuerdo con un relevamiento realizado por el MTESS en el año 2008, la tasa de sindicalización se ubicaba en el 37.7%, aunque la mitad de los asalariados trabajaba en establecimientos donde la afiliación sindical era menor al 25% (Trajtemberg, Senén González, Borroni y Pontoni, 2012). Esto significa una recuperación de los niveles de sindicalización a los niveles de 1995 (38,7%), luego de caer al 31,7% en 2000 (Senén González, Trajtemberg y Medwid, 2010). Es preciso tener en cuenta que estos datos se estiman en función del total de trabajadores “sindicalizables”, es decir, que excluye a los trabajadores no registrados. 4 Relevamientos del MTESS correspondientes a los años 2005 y 2006 (Trajtemberg, Berhó, Attorressi y Lauphan, 2005; Trajtemberg, Medwid y Senén González, 2009) mostraron que la presencia de delegados ascendía a 61,1% en los establecimientos de mayor tamaño (de más de 200 trabajadores); en los medianos (de entre 50 y 200 trabajadores) era del 31%, reduciéndose al 7,5% en los pequeños establecimientos (de 10 a 50 trabajadores). Otro relevamiento realizado en el año 2008, permitía observar un incremento en la presencia de delegados en las empresas relevadas, alcanzando el 70% en grandes empresas, el 32% en las medianas y 11% en las pequeñas empresas (Trajtemberg, Senén González, Borroni y Pontoni, 2012). 5 Pueden considerarse los trabajos de Atzeni y Ghigliani (2013) y Varela (2015), entre otros. 6 Se estima que en el sector privado se perdieron 127.905 puestos de trabajo entre el 4º trimestre de 2015 y 3º trimestre de 2016 (Fuente: CIFRA en base a INDEC). 7 Sobre el concepto de posición estratégica, véase Womack (2008). 8 Por ejemplo, Comercio negoció para los primeros 6 meses un aumento del 20% y una suma fija de $2000, y para los restantes 6 meses un aumento del 19% en dos etapas, una de 12% y otra de 7% (Acuerdos 207/2016 A y 1420/2016 A). Construcción negoció un 22% sin suma fija, 12% y 17% en el segundo semestre de aumento (Acuerdo 283/2016 A y 1323/2016 A). 9 Esta es una de las características que prevé la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo (Nº 14250) y significa que hasta tanto las “partes” no acuerden otro convenio colectivo, sus contenidos permanecen vigentes más allá del período acordado al momento de celebrarse la negociación. De acuerdo con información del MTESS, tan solo un 22% (506) de los convenios colectivos vigentes se firmaron en 1975. Cabe aclarar que eso no implica que no hayan sufrido distintas modificaciones, a través de otros convenios de empresa articulados al convenio de actividad y/o de acuerdos. De todos modos, la vigencia de condiciones conquistadas en el marco de una relación de fuerzas más favorable a la clase trabajadora que en los años ’90, puede convertirse en una herramienta defensiva para los trabajadores y es precisamente esto lo que genera una férrea oposición patronal, que no pierde oportunidad para reclamar cambios en la estructura y definición de las categorías obreras, los esquemas de licencia, condiciones de ascenso y promoción entre puestos, etcétera.

Referencias bibliográficas: (…)

Fuente: http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2017/05/REVISTA-93-022-MARTICORENA.pdf

 

 Crisis civilizatoria

 

Tengamos presente las graves consecuencias del poder de palabra y autoridad que ejercieron y ejercen los presidentes progresistas e intelectuales prestigiosos pese a no desarrollar reflexión crítica.

Extractivismo o subdesarrollo:

el falso dilema de los gobiernos progresistas en América Latina
27 de enero de 2016

 

 

Por Ricardo Bustamante / El Mostrador

Mucho se ha analizado sobre los cuestionamientos al modelo de desarrollo y reales cambios efectuados por los gobiernos progresistas o de sensibilidad de izquierda que han dirigido nuestro subcontinente en los últimos años. Sin embargo, en algunos de estos países el panorama nos muestra que la derecha neoliberal y conservadora comienza a lograr triunfos significativos, como ya sucedió con la elección presidencial de Mauricio Macri en Argentina y la derrota del chavismo en las últimas legislativas en Venezuela.

No obstante, e independiente de los gobiernos de turno en la región, hay un dato que no miente: En Latinoamérica los ingresos provenientes del sector extractivo -que incluye la explotación minera y petrolera- se han incrementado 20 veces durante la última década. Una situación que ha ocasionado la propagación de un sinnúmero de conflictos socio-ambientales a lo largo de la región y la consiguiente violación de derechos sociales, ambientales, económicos y culturales de millones de latinoamericanos.

Las banderas de lucha de los gobiernos llamados progresistas en el continente descansaban en un discurso que siempre cuestionó los modelos de desarrollos tradicionales, y por ende, al extractivismo. Criticaban la dependencia de las exportaciones, el papel de las economías de enclave, las condiciones laborales, el enorme poder de las empresas extranjeras, la mínima presencia estatal o la baja tributación. Hablaban de desarmar los entramados neoliberales, diversificando la producción e industrializando las materias primas, apuntando precisamente a los sectores extractivos típicos: la minería y el petróleo.

 

Sin embargo, la realidad ha logrado ser otra muy distinta. Actualmente las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente en América Latina, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Situación que se repite en los gobiernos progresistas, siendo varios de ellos promotores del extractivismo, incluso a través de reformas legislativas o de subsidios financieros. Y no sólo eso, sino que han generado una versión de agricultura basada en monocultivos y orientada a la exportación, que termina resultando ser una nueva forma de extractivismo, esta vez, agrícola. Muy bien lo sabe Chile con millones de hectáreas plantadas con pinos y eucaliptos y sus nocivas consecuencias socio-ambientales, y la aplicación del subsidio estatal DL-701.

La dirigente ambiental ecuatoriana, Esperanza Martínez, ha estado en Chile para relatar su experiencia en instancias académicas, y destaca cómo el proceso de reposicionamiento del rol del Estado en las sociedades latinoamericanas, llevado a cabo durante los últimos 15 años y más allá de otros méritos, responde a una nueva fase de capitalismo extractivista, caracterizada por una economía sostenida mediante el agotamiento del petróleo y los minerales.

En Ecuador, país que lleva varios años viviendo de la renta petrolera, las zonas más pobres del país son aquellas de donde se saca petróleo. ¿Cómo es posible aquello?, Simple, como en el caso de Chile -con la explotación minera en el norte, la forestal y salmonera en el sur- “estas políticas extractivas lo que generan, justamente, es pobreza local”. Porque los recursos que se quedan en el país de turno no se traspasan a las regiones impactadas, sino que se traspasan -en una lógica colonial- hacia las grandes ciudades industrializadas. Martínez, y su comunidad, llaman a este suceso la “deuda ecológica a escala local”.

En Colombia, en tanto, la superficie utilizada para la extracción minera ha pasado de 1,1 millones de hectáreas en 2002 a 8,4 millones de hectáreas en 2009. Según Sergio Coronado, del Centro de Investigación y Educación Popular de Colombia, el 80% de violaciones a los derechos humanos y laborales se dan en esos territorios. “La minería a gran escala no ha facilitado la superación de la pobreza”, y agrega que esto no sólo sucede en su país, “la experiencia histórica de América Latina está mostrando una muy mala relación entre la garantía de derechos sociales y la presencia de industrias extractivas. En la mayoría de los casos, la situación de los derechos sociales y humanos es mucho peor en zonas mineras”.

 

Cifras del falso dilema

Como señala el investigador uruguayo Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), a pesar de los profundos cambios políticos continentales hacia la izquierda, los sectores extractivistas mantienen su importancia y son uno de los pilares de las estrategias de desarrollo actuales.

En paralelo al gran peso de los sectores extractivos en las exportaciones y la economía nacional de los países latinoamericanos, buena parte de estos mismos gobiernos enfrentan bajos niveles de desarrollo humano, alta incidencia de la pobreza e incluso limitaciones en el acceso a la alimentación. Para algunos expertos, esto es la llamada “maldición de la abundancia”.

Como el caso de Ecuador, que exporta el 59% de su producción de hidrocarburos, tiene un 36% de pobreza y un 11% de niños desnutridos, o el de Colombia, en que el 60% de sus exportaciones la componen materias primas, suma un 31% de pobreza y un 11% de desnutrición. O sumar el ejemplo de Bolivia, que si bien desde el arribo al poder de Evo Morales ha rebajado sostenidamente sus índices de pobreza e indigencia, el 91% de sus exportaciones la siguen constituyendo commodities, registrando un 36% de pobreza y un 19% de desnutrición, según cifras de la FAO y CEPAL.

 

Aunque el estilo extractivista se mantenga en estos gobiernos progresistas, cabe señalar que no debe asumirse como idéntico al observado bajo gobiernos conservadores. Por ejemplo, la llegada de Morales y el MAS en Bolivia rápidamente desembocó en un cambio sustancial en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación de los contratos, y un Estado que deja de ser un mero espectador y pasa a constituirse en un actor clave para esos sectores. O si se observa el caso de Brasil, se verá también una presencia estatal más enérgica, que incluso empuja a una expansión de la empresa Petrobrás, y que ha llegado a discutir un nuevo marco legal y administrativo para el sector petrolero.

 

De esta forma, es posible postular un neo-extractivismo de cuño progresista (Gudynas), el que, sin embargo, no ha modificado sustancialmente el modelo de esta industria, y que por consiguiente, no haya comenzado a resolver los grandes impactos sociales y ambientales a los que son sometidas las comunidades.

Ahora no sólo basta con diversos postulados sobre el cambio del modelo de desarrollo de nuestras naciones, sino que muchas veces, los análisis no tienen en cuenta la existencia de mayorías parlamentarias -sumado a la voluntad política necesaria- que mitigue los múltiples impactos ocasionados por esta industria. Una situación que de no cambiar -menos posible aún con el alza de gobiernos conservadores en la región- seguirá haciendo común y extendida la falsa explicación dicotómica dada por aquellos gobiernos hasta hoy: extractivismo o subdesarrollo.

MapuExpress Leer

 

 

Elucidemos cuál ha sido y es la función contra los pueblos de los gobiernos progresistas:

 

 

Neoliberalismo político y "Estado social de derecho"

20 de junio de 2008

 

Por Pablo Dávalos

Alai-amlatina

 

 

La referencia al Estado social de derecho se ha convertido casi en un tópico en el debate político, no sólo del Ecuador, sino de América Latina. Se considera que, casi por definición, el Estado debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Si hay algo que no se discute es, precisamente, el carácter que tendría el Estado como garante de los derechos fundamentales. Sin embargo, una mirada más atenta nos demuestra que tras la utilización del concepto "Estado social de derecho", en realidad se inscribe una de las transformaciones políticas más profundas y radicales provocadas por el neoliberalismo. Con este concepto, el neoliberalismo se convierte no sólo en un proyecto económico sino, y en lo fundamental, en un proyecto político e histórico.

Si se le pide al Estado que sea un "Estado de derecho", es porque se desconfía del Estado. Si se exige que conste en el marco constitucional la caracterización del Estado como "Estado de derecho" (con todos los adjetivos y variantes que puedan constar en el medio, como: social, constitucional, democrático, etc.), es porque se ve al Estado como una amenaza a la libertad fundamental de los individuos. El Estado debe ser construido sobre la desconfianza, el temor, la suspicacia de la sociedad civil, porque se trataría del ámbito de coerción, limitación, violencia, y de un poder desmesurado pero inevitable. Es el retorno a la visión hobbesiana del Estado, en el que éste era visto como el Leviatán, el monstruo marino del que habla la Biblia. Una visión en la que los hombres buscan imponer su interés egoísta y en la cual el hombre se convierte en lobo del hombre, para utilizar la pesimista metáfora de Thomas Hobbes.

 

 

Nada que ver con la idea del Estado como representante del "interés general" que expresaba un acuerdo expreso de individuos libres, iguales, racionales y autónomos según la idea de Rousseau. Nada que ver con la idea de la "soberanía limitada" de John Locke. Para los neoliberales, el Estado siempre es una amenaza y debe, por tanto, ser regulada y constreñida al máximo. En la distopía del neoliberalismo, el Estado debe desvanecerse poco a poco, hasta que quede solamente su cáscara de represión y uso legítimo de la violencia para proteger los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos. Todo lo demás será realizado por la vía de los mercados. Por ello se le exige de entrada que se comprometa con el respeto a los derechos fundamentales, sobre todo con el derecho a la propiedad. Por ello, esa desconfianza en lo que pueda o deba hacer el Estado. Así, desde el Estado social de derecho, desaparece esa noción de lo público como el interés de todos, y de la planificación como una racionalización de la producción, la distribución y el consumo, y en su lugar permanece la racionalidad del interés egoísta de los consumidores como reguladores de la sociedad por la vía de los mercados.



Este concepto del Estado social de derecho vino en el equipaje de las reformas políticas, económicas e institucionales del FMI y del Banco Mundial. Al parecer, vino para quedarse.
Es curioso, y una paradoja de la historia, que en contextos de insurgencia supuestamente radical en contra del neoliberalismo, como los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, las Constituciones de estos países adscriban y ratifiquen la noción neoliberal del Estado social de derecho y, al mismo tiempo, se declaren en contra del modelo neoliberal.

- Pablo Dávalos es economista y profesor universitario ecuatoriano.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=69137

En consecuencia, es prioritario generalizar balances deconstructivos de los gobiernos progresistas como el siguiente:

 

El posneoliberalismo, apuntes para una discusión

24 de mayo de 2016

Por Pablo Dávalos (Rebelión)

 

El concepto de “posneoliberalismo” ha sido utilizado para calificar a la ruptura con el neoliberalismo que provocaron en su momento los gobiernos autodenominados “progresistas” en América Latina; sin embargo considero pertinente problematizar este concepto, porque ello quizá nos permita comprender el rol histórico que cumplieron esos gobiernos “progresistas” al interior de las dinámicas de la acumulación del capitalismo. Para el efecto, quizá sea conveniente establecer una línea teórica demarcatoria con el concepto de “neoliberalismo”.

El concepto de “neoliberalismo” está relacionado con Friedrich Hayek, Milton Friedman, F. Knight, Ludwig Von Mises, entre otros, y la “Sociedad del Monte Peregrino”. Este concepto nace en Europa luego de la segunda guerra mundial como una necesidad de renovar al discurso del liberalismo clásico y ponerlo a tono en un contexto en el cual el Estado liberal asume el formato de “Estado de Bienestar” y la existencia de economías socialistas centralmente planificadas [1] . La discusión teórica sobre el concepto “neoliberalismo” es abundante y se ha convertido, de hecho, en el mainstream del pensamiento económico, político, ideológico y social de la globalización. Las críticas al neoliberalismo son, asimismo, prolíficas.

El concepto de “posneoliberalismo”, por el contrario y hasta el momento, solo tiene sentido y significación en el debate político latinoamericano. En efecto, esta noción nace desde América Latina y como una necesidad de caracterizar el tiempo histórico de los gobiernos latinoamericanos que surgieron desde las luchas sociales en contra del neoliberalismo y que configuraron los denominados “gobiernos progresistas” en referencia a Hugo Chávez y la “Revolución Bolivariana” en Venezuela; Evo Morales y el “Movimiento Al Socialismo” (MAS) en Bolivia; Rafael Correa y la “Revolución Ciudadana” en Ecuador; Néstor y Cristina Kirchner en Argentina; Lula Da Silva y Dilma Roussef y el “Partido de los Trabajadores”, en Brasil; Tabaré Vásquez y José Mujica y el “Frente Amplio” en Uruguay, principalmente.

Fue una expresión utilizada por Emir Sader, Atilio Borón [2] , Carlos Figueroa Ibarra, entre otros [3] , para marcar una distancia con aquellos gobiernos neoliberales adscritos a la agenda del Consenso de Washington. Con el concepto de “posneoliberalismo” se trataba de ubicar en la nueva geopolítica a los regímenes latinoamericanos que surgían en disputa con EEUU y fuertemente críticos con el modelo neoliberal. Estos gobiernos cambiaron el sentido de las políticas públicas hacia políticas más inclusivas y con mayor sensibilidad social, preocupándose por la inversión social y la lucha contra la pobreza. En un inicio, algunos de estos gobiernos latinoamericanos incluso acudieron a la ideología del socialismo para legitimarse [4] .

Sin embargo, las derivas extractivistas de estos gobiernos y su creciente separación con los movimientos sociales hasta llegar al punto de la confrontación abierta, entre otras señales, ameritan una reflexión adicional sobre la significación real del “posneoliberalismo”
¿Se trata de una nueva categoría ecónomica y política que rompe radicalmente con la tradición del neoliberalismo en América Latina o más bien es una continuación de éste? y, además, ¿Por qué llamarlo posneoliberalismo? ¿Qué sentido tiene añadir una preposición a un prefijo?

Para Carlos Figueroa y Blanca Cordero, por ejemplo, en “el posneoliberalismo, el Estado vuelve a adquirir la dimensión de agente rector de la vida social y lo público se coloca encima de lo privado” (Figueroa Ibarra y Cordero, Blanca, 2011: 13) pero no se problematiza sobre el retorno del Estado ni tampoco sobre el sentido que tiene “lo público”. Es decir, se asume que toda recuperación del Estado es ya una ruptura fuerte con el neoliberalismo. Se asumen las formas que asume la política como criterios determinantes para calificar el tiempo político de los “gobiernos progresistas”.

Empero, más allá de las formas que puede asumir el Estado, sobre todo con referencia a los “gobiernos progresistas” latinoamericanos, pienso que es necesario darle un mayor contenido analítico y espesor epistemológico al concepto de “posneoliberalismo”, porque este concepto corre el riesgo de convertirse en un tópico ideológico destinado a encubrir y legitimar prácticas gubernamentales que lesionan los derechos de los trabajadores, destruyen el tejido social, cooptan a las organizaciones sociales en el interior del aparato del gobierno, expanden la frontera extractiva, criminalizan las disidencias, entre otros fenómenos, y que son invisibilizados porque provienen desde los “gobiernos progresistas”. La discusión sobre el significado del “posneoliberalismo” no es académica sino política. La delimitación y aclaración de este concepto puede ayudar a visibilizar y comprender de mejor manera las resistencias de los movimientos sociales de la región.

Para el efecto, es necesario comprender que América Latina como región ha sido integrada al sistema-mundo capitalista desde una relación asimétrica y desigual que corresponde a las nociones de centro-periferia (Wallerstein, 2004) y que los discursos políticos e ideológicos también forman parte de esa relación centro-periferia. Los países capitalistas más avanzados conforman el centro del sistema-mundo e imponen sus condiciones a la periferia por medio de diferentes mecanismos, entre ellos, el intercambio desigual, o la colonización económica y monetaria del cual fue garante y condición el FMI, por la vía de los programas de ajuste económico (Dávalos, 2011), pero también crean las ideas, los conceptos y los marcos teóricos que definen y estructuran la comprensión de Lo Real. Como en esos países no consta entre sus prioridades el debate teórico sobre el “posneoliberalismo” entonces este debate no existe. Es necesario, en consecuencia, visibilizar ese debate, descolonizarlo de las relaciones de poder/saber centro-periferia y vincularlo con los procesos recientes del capitalismo como sistema-mundo desde aquello que Boaventura de Souza Santos denomina las “Epistemologías del Sur” (De Souza Santos, 2013).

Posneoliberalismo, financiarización y gestión de riesgo en el sistema-mundo

Existen importantes mutaciones del capitalismo del siglo XXI que es necesario advertir y que marcan transiciones importantes en la regulación del sistema capitalista. La emergencia del discurso del neoliberalismo, de hecho, está asociada a los cambios en los patrones de la acumulación del sistema-mundo, desde la industrialización hacia la financiarización y la especulación. El discurso del neoliberalismo y su apelación a la liberalización de los mercados de capitales y la flexibilización de los mercados de trabajo correspondía, precisamente, a esa transición del capitalismo desde la industrialización hacia la financiarización. El neoliberalismo era el discurso que encubría y legitimaba las formas de ganancia especulativa financiera y la desarticulación del poder de los sindicatos por restablecer la capacidad adquisitiva de los salarios. Esa transición está caracterizada por las nuevas formas de propiedad y de gestión de las grandes corporaciones transnacionales (Aglietta, M. y Rebérioux, A., 2004).

Empero, la caída del muro de Berlín y la implosión de los países socialistas significó la emergencia de un capitalismo global que no tenía como límites sino a sí mismo. El capitalismo de financiarización, en esta coyuntura, produce un pliegue sobre sí mismo y pasa a gestionar el riesgo de la especulación y la financiarización como dinámica global en el sistema-mundo. Aquello que irrumpe es una situación de riesgo sistémico asociado a la financiarización y centralización del capital a escala mundial en un contexto de debilidad política de los sindicatos, pérdida de sentido emancipatorio para los partidos de izquierda y movimientos sociales en busca de marcos interpretativos más amplios.

El capitalismo del siglo XXI apuesta al riesgo, lo produce, lo genera y lo establece como condición de posibilidad de la economía mundial, porque la gestión de riesgo le permite crear niveles de rentabilidad jamás imaginados y que superan incluso la rentabilidad de la especulación financiera. Para que se tenga una idea, en el mes de diciembre del año 2015 la especulación en productos financieros derivados alcanzó los 493 billones de USD, una cantidad casi ocho veces más importante que toda la riqueza mundial medida en términos de P.I.B. [5] . De estos instrumentos, aquellos dedicados específicamente a provocar las crisis financieras y monetarias, y que se conocen con el nombre de Credit Default Swaps (CDS), en junio de 2015 fueron de 24.47 billones de USD, el doble del P.I.B. de la Unión Europea en su conjunto para el mismo año [6] .

Toda la política monetaria de EEUU, Canadá, la Unión Europea y Japón, entre las economías más importantes del sistema-mundo, están condicionadas y definidas desde la dinámica de la especulación financiera y la gestión del riesgo de esa misma especulación. Los bancos centrales del mundo se han convertido en prestamistas de última instancia y garantes del juego de casino del capitalismo financiero en donde, paradójicamente y gracias a los instrumentos financieros complejos como los derivados, ahora es más lucrativo provocar una crisis que resolverla.

En la gestión y administración del riesgo financiero-especulativo ya no es la capacidad productiva de una sociedad la que se integra a los circuitos de la especulación y financiarización sino el conjunto de la sociedad en cuanto sociedad. Aspectos que antes estaban por fuera del mercado y de la especulación ahora pertenecen a él. El mercado financiero-especulativo integra en sus propios circuitos al conjunto de la sociedad más allá de cualquier referencia a la producción, la distribución o el consumo.

El marco teórico del neoliberalismo clásico resulta insuficiente para comprender esa mercantilización e incorporación de toda la vida social a los circuitos financiero-especulativos y de gestión del riesgo de esa especulación, porque su episteme está acotada a los mecanismos monetarios y mercantiles de la circulación y la producción. Es un marco teórico muy restringido para las derivas que asume la especulación financiera internacional. Es necesario, por tanto, un marco teórico más comprehensivo, más inter y transdisciplinario y que surja desde la misma episteme neoliberal, porque aquello que se integra a los circuitos especulativos del mercado mundial es el conjunto de la vida social.

El plexo social se pliega en los circuitos financieros y de gestión de riesgo especulativo en su totalidad y la forma por la cual el nuevo discurso económico comprende este pliegue de la vida social en la financiarización es a partir de las instituciones. Las instituciones son la respuesta teórica creada desde la episteme neoliberal para ampliar su propio marco teórico, pero no por cuestiones académicas sino por razones pragmáticas. No se trata de aquellas instituciones que fueron estudiadas por Castoriadis (2010), por poner un ejemplo, y en la cual subyace la complejidad de las sociedades; en absoluto, se trata de la visión liberal de las sociedades en las cuales las instituciones representan las reglas de juego de actores individuales que tienden a maximizar su egoísmo. En consecuencia, el marco teórico que emerge en la financiarización y administración del riesgo es, precisamente, aquel que toma como referencia a las instituciones como conjunto de la vida social e histórica.

El neoliberalismo tradicional y monetarista se transforma en un “neoliberalismo institucional”. Es decir, en un discurso más complejo, más vasto, más comprehensivo. Un discurso que incluso entra en contradicción y conflicto con la misma teoría tradicional del neoliberalismo. Es una transformación provocada y exigida desde las formas especulativas y financieras de la acumulación del capitalismo que integra a las instituciones de la vida social al juego de casino mundial.

Existe, por tanto, una presión desde los circuitos de la especulación y la gestión de riesgo de esa especulación, por involucrar a todas las instituciones sociales en su juego especulativo. Estas transformaciones en la regulación del capitalismo alteran al sistema-mundo de forma importante porque generan presiones a la periferia que nacen desde la regulación por financiarización y la privatización de las instituciones que sostienen y estructuran a la vida social.

Estas imposiciones producen en los países de la periferia del sistema-mundo capitalista una dinámica de despojo de territorios, de saqueo de recursos, de destrucción de las solidaridades y reciprocidades existentes, de expoliación a las sociedades y de uso estratégico de la violencia que, de cierta manera, repiten las formas primitivas de violencia que existieron durante la acumulación originaria del capital de los siglos XVIII y XIX.

Es como si esa violencia originaria, y que constituyó al capitalismo históricamente, fuese la condición de posibilidad del capitalismo en su periferia pero en forma permanente y continua. A más desarrollo capitalista en los países del centro, más violencia, más saqueo, más despojo en las regiones de la periferia. Es como si el capitalismo tuviese dos relojes: en el primer reloj las regiones del centro del sistema-mundo tienen un tiempo hacia delante, mientras que en la periferia ese mismo reloj las lleva al pasado. A este proceso que repite las formas primitivas y originarias de violencia de la acumulación capitalista en las regiones de la periferia del sistema-mundo, la economía política lo ha denominado como “acumulación por desposesión” [7] y están asociadas a las nuevas formas de regulación por financiarización y gestión de riesgo especulativo a escala global.

La trama institucional del posneoliberalismo: hacia el neoliberalismo institucional

Ahora bien, la acumulación por desposesión se inscribe en el interior de una trama institucional que sirve de soporte a la financiarización y la gestión de riesgo del capitalismo especulativo. La trama institucional es clave para ese proceso especulativo porque a partir de ella se crean nuevas oportunidades y nuevas condiciones de posibilidad para la especulación. El eje más importante de esa trama institucional es, definitivamente, el Estado.

Sin el Estado no hay soporte para esa trama institucional y sin esa trama la especulación financiera y la gestión de riesgo perderían una de sus principales bazas. Por ejemplo, el mercado de carbono que involucra a los principales bancos del mundo y que generó en el año 2012 instrumentos derivados por cerca de 200 mil millones de USD ( Lohmann, 2012) , sería imposible sin la existencia del Estado y las regulaciones de cambio climático. De igual manera con toda la industria de los “servicios ambientales”, sería imposible sin la regulación que la codifica, estructura y establece. El “neoliberalismo institucional” necesita del Estado como actor fundamental de la economía global.

El retorno del Estado es una necesidad económica de la globalización financiera y la privatización de las instituciones de la vida social. El retorno del Estado fue ya propuesto por el Banco Mundial en su Informe de Desarrollo Humano del año 1997. Para el Banco Mundial, no se trataba de saber si el Estado tenía que formar parte activa de la economía sino la medida de esa participación. Ese informe del Banco Mundial, de hecho, tuvo como consultor principal a Douglass North, premio “Nobel” de economía y teórico importante del “neoliberalismo institucional”.

El nuevo marco teórico del “neoliberalismo institucional” articula conceptos y categorías que parecen alejadas del neoliberalismo tradicional pero que, en realidad, lo continúan a otro nivel, como por ejemplo: elecciones y conducta no-racional, costos de transacción, acción colectiva, economía de la información, derechos de propiedad, seguridad jurídica, inversión extranjera directa, externalidades, incertidumbre, contractualidad, organización económica, principal y el agente etc., es decir, el discurso del neoinstitucionalismo económico [8]

El retorno del Estado a la economía no es una iniciativa de los “gobiernos progresistas” latinoamericanos sino una dinámica que se inscribe en el interior de la acumulación del capitalismo y su necesidad de ampliar la mercantilización y la especulación hacia la trama institucional de la sociedad. La recuperación de la violencia legítima del Estado tenía también por objeto garantizar la transferencia de la soberanía política del Estado hacia las corporaciones transnacionales y hacia la finanza corporativa mundial en el formato de los Acuerdos Internacionales de Inversión que tienen en la Organización Mundial de Comercio (OMC) su instancia más importante.

El “neoliberalismo institucional” tiene como centro de gravedad de sus preocupaciones teóricas, precisamente, los derechos de propiedad, y la institución que vigila y protege los derechos de propiedad en el ámbito internacional es, justamente, la OMC. La mayor parte de los Estados-nación en la globalización están articulando y armonizando sus leyes internas en función de lo establecido desde la OMC, a este proceso lo denomino “convergencia normativa”.

El Estado y la violencia posneoliberal

La vinculación de la trama institucional a los circuitos de especulación y de gestión de riesgo financiero-especulativo desgarra el tejido social. Produce una violencia que se extiende por todo el sistema-mundo. Ya no se trata solamente de la violencia de la producción mercantil sino la desestructuración de instituciones ancestrales que habían servido de soporte para la vida de las sociedades desde su misma conformación histórica. Un ejemplo de esa tensión provocada desde la especulación y la gestión de riesgo especulativo es la incorporación de los territorios a los circuitos financieros especulativos internacionales. Millones de seres humanos son desalojados de sus territorios ancestrales porque ahora estos territorios son fichas importantes en el juego de casino mundial, el extractivismo es una forma de esa violencia. Para procesar esa violencia el Estado no solo es fundamental sino también estratégico [9] .

Efectivamente, el rol del Estado es clave porque desde ahí se fundamenta la legitimidad de la violencia de los modelos de dominación política. Se trata, en consecuencia, de otorgar al Estado la suficiente fuerza política que permita absorber a su interior toda la energía social y permitir, de esta forma, la acumulación por desposesión; con esa energía política el Estado puede disciplinar a sus sociedades desde una matriz de violencia sustentada en el discurso de la ley y el orden.

Pero la violencia de la desposesión se invisibiliza. El retorno del Estado se asume como un triunfo político en contra del neoliberalismo tradicional. El posneoliberalismo crea esa invisibilización de la violencia de la desposesión, porque utiliza mecanismos de control social que aparecen como medidas económicas en beneficio de los más pobres, como por ejemplo las políticas de inclusión social de las transferencias monetarias condicionadas, o la política fiscal en salud, educación, o “inclusión social” como la llama el Banco Mundial. Mas, en realidad, son dispositivos estratégicos que encubren la violencia de la desposesión.

De todos esos dispositivos quizá el más importante porque al tiempo que encubre la violencia la legitima, es aquel de la “lucha contra la pobreza” y su correlato del “financiamiento al desarrollo”. Los denominados “gobiernos progresistas” fueron los instrumentos, por así decirlo, más idóneos para encubrir la violencia de la desposesión. Su discurso de financiar la lucha contra la pobreza a través del extractivismo fue el argumento legitimante de esa violencia y que se expresó de múltiples formas. Por ello, muchos críticos con el neoliberalismo y que provenían de la izquierda fueron conniventes con la violencia de la desposesión que desplegaron los “gobiernos progresistas” latinoamericanos, porque nunca visibilizaron esa violencia y consideraron que el momento posneoliberal era una ruptura definitiva con la violencia del neoliberalismo [10] .

Ahora bien, la invisibilización de la violencia de la desposesión es un fenómeno más complejo, porque apela a universos simbólicos, imaginarios sociales y mecanismos de control y disciplina a la sociedad que dan cuenta de una estrategia de dominación política con un alto contenido heurístico. Es decir, a medida que la sociedad resiste que su trama institucional sea privatizada y crea nuevas formas de resistencia, la estrategia de dominación política trata de estar siempre un paso por delante de esas resistencias, trata de anticiparlas para anularlas, controlarlas y destruirlas. A esa capacidad política de controlar las resistencias que tienen ahora los Estados que emergen desde la transición del neoliberalismo tradicional hacia el neoliberalismo institucional, la denomino “modelo de dominación política” y son consustanciales del posneoliberalismo.

A todos estos procesos que configuran una nueva racionalidad política sustentada en mecanismos liberales de la política, como las elecciones, y que tienen como sustento cambios institucionales profundos con el objetivo de situar la trama institucional de la sociedad en el interior de los circuitos de financiarización y gestión de riesgo especulativo, con Estados fuertes y modelos de dominación social y política que invisibilizan la violencia de la desposesión la denomino posneoliberalismo.

Acudo a esta denominación para distinguir el neoliberalismo del Consenso de Washington y la imposición colonial del Fondo Monetario Internacional, en especial durante la década de los años ochenta, de aquellas formas diferentes que asume la política en las etapas posteriores al ajuste del FMI porque, aparentemente, propone una ruptura con las recomendaciones del Consenso de Washington, pero continúa con los cambios institucionales y sociales imprescindibles para garantizar la acumulación en el capitalismo tardío. En consecuencia, me desprendo de la interpretación hecha, entre otros, por Emir Sader o Atilio Borón, que ven en el posneoliberalismo una ruptura con el neoliberalismo clásico.

Más bien al contrario, considero al posneoliberalismo como un proceso complejo y que integra varias dimensiones que continúan, profundizan, consolidan y extienden la violencia neoliberal. Las dimensiones que configuran al posneoliberalismo, son las reformas estructurales de tercera generación, la convergencia normativa, los modelos de dominación política, etc.

La noción de posneoliberalismo nos permite comprender esa aparente contradicción entre los cambios políticos que se suscitaron en la región, muchos de ellos de la mano de gobiernos críticos con el FMI, con las relaciones de poder que emergen desde la acumulación por desposesión, con la consecuente tensión y conflictividad social que ahora utiliza el recurso de criminalizar a la sociedad para proteger el sentido y la dinámica de la acumulación capitalista. El posneoliberalismo nos permite estar alertas de esa intención de poner a la economía entre paréntesis y provocar cambios políticos sin alterar un milímetro el sentido de la acumulación y las relaciones de poder que le son correlativas.

La noción de posneoliberalismo problematiza la tradicional topología de la política entre partidos y organizaciones de “izquierda”, de “derecha” y de “centro”, porque las convierte en meros dispositivos ideológicos de la acumulación del capital en el interior de los modelos de dominación política. En el momento posneoliberal, para la acumulación por desposesión y la violencia que suscita, el hecho de que un gobierno sea de “izquierda” o de “derecha” es irrelevante. Su relevancia proviene de la forma por la cual administra la dialéctica consenso/disenso en el interior de los modelos de dominación política. Fuera de esta dialéctica, su importancia es prácticamente nula.

Ahora se puede comprender, por ejemplo, que Alianza País en el Ecuador, o el Partido de los Trabajadores en Brasil, fueron la forma política que asumió la acumulación capitalista en momentos del colapso de una variante del neoliberalismo, aquel del ajuste macrofiscal del FMI. El ajuste fondomonetarista, al menos en América Latina, finalmente se agotó, pero cedió sus posibilidades hacia una variante del neoliberalismo que tiene su interés en las instituciones de la vida social en el sentido más amplio del término y en la disciplina y control a las sociedades. Aquello que está en disputa no es la colonización monetaria y fiscal que realizó el FMI sino la puesta en valor de las instituciones por la vía del extractivismo minero, de las industrias de los servicios ambientales, transgénicos, agrocombustibles, ejes multimodales de transporte, etc. Esta puesta en valor de las instituciones de la vida social implica violencia y criminalización social [11] .

El posneoliberalismo permite comprender varias dinámicas básicas, como por ejemplo, la acumulación por desposesión, el cambio institucional del Estado y del mercado, y los modelos de dominación política, en el interior de un solo proceso histórico signado por la mutación del capitalismo desde la financiarización hacia la gestión del riesgo especulativo. Es cierto que este proceso comprende al Estado de forma diferente al neoliberalismo del Consenso de Washington, pero no significa que implique una ruptura con éste.

Se llega a esta conclusión luego de analizar la forma que asumió la política y la economía durante el período de los “gobiernos progresistas” de la región. Estos gobiernos nunca rompieron con los esquemas, dinámicas, procesos y el sentido mismo que imponía la violencia de la acumulación del capital, más bien los consolidaron.

Bibliografía:

Aglietta, Michel y Rebérioux, Antoine (2004) Dérives du capitalisme financier. París: Ed. Albin Michel.

Audier, Serge (2012) Néoliberalisme(s) Une archéologie intelectuelle. Paris: Grasset.

Dávalos, Pablo (2011) Hacia un nuevo modelo de dominación política: violencia y poder en el posneoliberalismo. En Gutiérrez, Raquel (Coord.): Palabras para tejernos, resistir y transformar en la época que estamos viviendo. Oaxaca-Puebla México: Ed. Pez en el Arbol

De Souza Santos, Boaventura (2013) Descolonizar el saber, reinventar el poder. Santiago de Chile: Ediciones Trilce

Figueroa Ibarra, Carlos y Cordero Díaz, Blanca (Eds.) (2011) ¿Posneoliberalismo en América Latina? Los límites de la hegemonía neoliberal en la región”. México: Universidad de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego

Lohmann, Larry (2012): Mercados de carbono. La neoliberalización del clima. Quito: Ed. Abya Yala.

* Este texto forma parte del primer capítulo del libro: Alianza País o la reinvención del poder. Siete ensayos sobre el posneoliberalismo en Ecuador. Pablo Dávalos, 2014, Ed. Desde Abajo, Bogotá-Colombia.

[1] Puede verse: Dávalos, Pablo (2013) El proyecto político de la Sociedad del Monte Peregrino. Versión en internet: http://pablo-davalos.blogspot.com. También: Cocket, Richard (1994) Thinking the Unthinkable. Tink Tanks and the Economic Counter Revolution 1931-1983. London: HarperCollins Publisher. Sobre una historia exhaustiva del neoliberalismo puede verse también: Audier, Serge (2012) Néoliberalisme(s) Une archéologie intelectuelle. Paris: Grasset.

[2] Boron, Atilio A..  El pos-neoliberalismo: un proyecto en construcción . En La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social.  Emir Sader y Pablo Gentili (comp.) (2003) Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales ( 2ª ed.) (192) Buenos Aires, CLACSO.

[3] Ver por ejemplo: Figueroa Ibarra, Carlos y Cordero Díaz, Blanca (eds): ¿Posneoliberalismo en América Latina? Los límites de la hegemonía neoliberal en la región. Universidad de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (2011) México. Sader, Emir (2008) Refundar el Estado. Posneoliberalismo en América Latina. Buenos Aires: Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Existe una crítica a Emir Sader desde una posición teórica cercana a lo planteado en el presente texto, realizada por la politóloga mexicana Beatriz Stolowicz Weinberger, ver Stolowicz, Beatriz (2011) “El   posneoliberalismo no es más que un manual táctico conservador para apuntalar al gran capital”. Recuperado de Internet: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120994

[4] Hans Dieterich acuñaría el término de “socialismo del siglo XXI” para caracterizarlos. Dieterich, Hans El socialismo del Siglo XXI, versión electrónica: http://www.rebelion.org/docs/121968.pdf . Visita de enero de 2014.

[5] Ver: Banco de Pagos Internacionales BIS (2013) Statistical release. OTC derivatives statistics at end-December 2015. Monetary and Economic Department. Disponible en Internet: www.bis.org

[6] BIS (2013) op. cit.

[7] La “acumulación por desposesión” es una hipótesis originalmente propuesta por Rosa Luxemburg y que ha sido retomada por el geógrafo marxista David Harvey, quien recoge la afirmación de Marx en la cual el denominado periodo de la acumulación originaria del capitalismo estuvo conformada por momentos de explotación, saqueo, violencia, como por ejemplo las Enclosure Acts, la sobreexplotación salarial, o la conquista Europea a América. Para David Harvey, estás dinámicas de saqueo y violencia aún continúan en el capitalismo de la periferia. Cfr. Harvey, David (2003) The New Imperialism. Nueva York: Oxford University Press.

[8] Sobre el neoinstitucionalismo ver: Dávalos, Pablo: Neoinstitucionalismo y Banco Mundial. Revista electrónica:www.alainet.org, disponible en internet: http://alainet.org/active/42669&lang=es Ver también el texto ya clásico de Douglas North (1993) Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: FCE. Ver también el estudio clásico del institucionalismo político: March, James y Olsen, Johan (1997) El Redescubrimiento de las Instituciones. La base organizativa de la política. México: FCE

[9] Por ejemplo, en la Ley de Aguas aprobada en el año de 2014 por el gobierno de Alianza País, consta lo siguiente:  Art. 52.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos determinará la disponibilidad de las aguas de los ríos, lagos, lagunas, aguas corrientes o estancadas, aguas lluvias, superficiales o subterráneas y todas las demás que contemplan esta Ley, como aptas para los fines de riego.” La regulación incluso de la lluvia es el correlato de su privatización, porque esta regulación se inscribe al interior de los procesos de convergencia normativa del posneoliberalismo.

[10] Ver por ejemplo, a este respecto, la posición connivente de Marta Harnecker con respecto al proceso ecuatoriano y Alianza País , Harnecker (2011).

[11] Con relación a las disputas sobre los territorios en América Latina puede consultarse: Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2009) Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina. Geografía de los movimientos sociales en América Latina. Caracas-Venezuela: Ediciones IVIC

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212580

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Nos urge desenmascarar al kirchnerismo para que no sea alternativa al gobierno de Mauricio Macri ni las izquierdas se unan tanto a Unidad Ciudadana como al Partido Justicialista. Por un lado, es desconocer cuál es meollo de la situación actual y dejar fuera de la deliberación popular a la criminalidad de lesa humanidad a que ha llegado el capitalismo al procurar sólo viabilizar el incesante incremento de la rentabilidad oligopólica. Y por otro, es encubrir a quienes han sido y son fundamentales para gestionar esa acumulación de riquezas y poder desde décadas. Una de las formas de acaudalamiento se concreta mediante desposesión de territorios a las comunidades en "zonas de sacrificio" para los extractivismos. Los pueblos originarios son los más sometidos a esta violencia del Capital-Estado para despojarlos de sus vidas, culturas..

 

Confrontar con los K es hacernos cargo del Nunca Más:

 

Crónica de otros dolores

  

23 de febrero de 2015

 

Por Silvana Melo

A veces le ataca la lumbalgia al país. Que en realidad es tantos países que los dolores se esparcen y algunos están destinados a doler más. Más que otros que por persistencia se cronifican. Y terminan siendo un dolor acostumbrado, ése que ya no se siente de familiarizado que está. De vez en cuando a los niños flaquitos y debiluchos del Chaco, de Salta, de Misiones, de Formosa les ataca un espasmo de muerte pública. Se mueren de desnutrición, como cotidianamente, pero hay un día, cada año, cada dos o tres años, que se dispara una foto. Entonces el escándalo: en 2002 Barbarita en Tucumán, en 2007 Rosa Molina, qom chaqueña, en 2010 los niños de Misiones, en 2011 los wichis de Salta, en 2015 Néstor Femenía en Chaco y una cadena de abandono donde los eslabones muertos no llegaron a los cinco años, en Salta.

 

Pero los niños de pueblos originarios y los niños criollos de las periferias de la patria, ahí donde las fronteras delimitan nacionalidades pero se diluyen en la condena, agonizan de hambre y deshidratación y anemia todos los días. Y se van muriendo despacito, como la gota de agua que se va volviendo río a fuerza de pertinacia.

En las caderas del país hoy se solemniza un dolor. Un dolor con calambres institucionales, un dolor que estalla en la superficie y se eleva como un hongo atómico. Y todas las cámaras lo apuntan para que nadie deje de sentir ese dolor.

A pocas cuadras se mueren de a poquito los qom. Con su cosmogonía circular, vuelven a la 9 de Julio después de casi cuatro años. Cuando los habían apaleado y asesinado en la ruta 86, donde intentaban hacerse visibles. Ellos, arrumbados en los confines de un país lleno de dolores, tan lleno que los pierde de vista. Es que están tan lejos que desde Buenos Aires no se ven. Por eso vuelven al infierno de la 9 de Julio. Donde los autos, esas fieras que rugen igual de noche que de día no los dejan dormir. Ni pensar. Ni elevar sus plegarias. Ni vivir.

Tan chiquitos son, tan frágiles, que se mueren como un suspiro. Y ni siquiera los cuentan. Es que “el ministerio de Salud no es un obituario para publicar los muertos”, según la ex secretaria de Nutrición de Salta. Y si los cuentan, apilan certificados de defunción que dicen: “enfermedad”, “paro cardiorrespiratorio”, “broncoaspiración”. Pero en realidad se murieron de no comer, de comer apenas, de tomar agua mala, se murieron de desatinos, de soledad, de incompresión. Por culpa de los chamanes y de su carga cultural atávica, dicen los funcionarios.

Se cree que hay más de 2.000 chicos con desnutrición en Salta. Que pueden ir muriendo despacito, sin ruidos, para que nadie lo note. Que no suceda como con Marcos Solís, Liliana Sarmiento, Alan Villena, Sabina Gisela Jurado y Martín Delgado que murieron con nombre y apellido.

En el área del Hospital de Tartagal son 150 los niños en “riesgo nutricional”. Nueve están en estado crítico. Puede ser que alguno haya muerto. Es difícil saberlo. Los indocumentados no existen. No reciben asignación por hijo. Son respirantes colaterales. Y, por lo tanto, tampoco mueren.

Los que sobreviven en el Hospital, dicen los médicos, a veces vuelven a sus casas. Donde “no tienen cloacas, tienen letrinas sin tratamiento y a cielo abierto, conviven con animales enfermos, no reciben la tarjeta social de 190 pesos, no pueden salir por las lluvias, las mamás tienen que pagar 400 pesos para el traslado a Tartagal”.

Pichanal está en un cruce de rutas. La caña y la soja arrasaron los cítricos y los aba guaraní se quedaron afuera. Vinieron de otros pueblos, saltaron por esas fronteras que no son, y levantaron sus casitas de chapa alrededor. Y los niños comenzaron a tener hambre en una tierra donde crece el pan.

Samuel Jaimez era del Pozo El Bravo y murió de diarrea, de deshidratación, de mala vida.

Mauricio Lucas llegó al Hospital de Santa Victoria Este a las 16 y murió a las 21,30 del 10 de febrero. No tenía documentos. Su madre y su hermano tampoco. Era wichi y vivía a 40 kilómetros de uno de los pueblos más pobres del país. Pero en el que se hablan cinco lenguas. Viven y sobreviven los que hablan una sola. El resto va desapareciendo de incomprensión y hambre.

Los niños wichis que logran crecer en el Chaco pasan por la escuela y se transforman en analfabetos plenos o funcionales. Lo experimentó un maestro de El Pintado, en pleno Impenetrable, con sus alumnos que, en cuarto grado no habían logrado la alfabetización mínima (Alumnos indígenas que son analfabetos plenos en escuelas del Impenetrable, Centro Nelson Mandela).

Los tobas, wichi y mocoví del Chaco se van apagando de a poco, como un candil que se consume. Los qom necesitan de la 9 de Julio para que su dolor sea visible. En 2007 el entonces defensor del pueblo, Eduardo Mondino, demandó al estado chaqueño por el exterminio y reclamó una cautelar urgente a la Corte.

Ocho años después se siguen muriendo de a poco, callados, con los huesos lastimándoles la piel. Sin sus tierras, sin posibilidad de cazar, pescar, buscar su alimento y producir sus medicinas. Sin demanda ni cautelar.

Cuando le ataca la lumbalgia al país se dobla en su cintura. Esa que da al centro, al Congreso, a la Plaza de Mayo. Donde llevan el dolor los que pueden. Donde se siente la puntada en las instituciones.

Pero no llega la agonía de los otros. Aquellos a quienes las instituciones ignoran, olvidan o desdeñan.

Fuente: http://laotramiradasur.com.ar/2015/02/cronica-de-otros-dolores/

 

 

Examinemos otra acumulación central de riquezas y poder. Radica en las varias modalidades de la superexplotación laboral  por el Capital-Estado a consecuencia de su dominio sobre la lucha de clases. A causa de persistir la derrota de los trabajadores desde mediados de los setenta. Es gracias a la naturalización de la negociación con la patronal. Que incluso se la reclama desde las burocracias sindicales.  Gravita la confianza popular en la democracia representativa y es que se le atribuye tanto las conquistas sociales como la libertad de expresión. Lo cierto es que se deben a las luchas de abajo contra el avasallamiento de derechos humanos y por el Nunca Más. Pero es crucial generalizar la percepción (conciencia y posicionamiento político) del simulacro implícito en la democracia representativa de  constituirse desde el antagonismo irreconciliable con la dictadura genocida. También urge reparar en cómo los K y todo el PJ originan el rechazo popular a las:

 

 

Reflexiones críticas acerca de la relación entre

precariedad laboral y trabajo asalariado

12 de septiembre de 2010

 

Por Matías Eskenazi y Clara Marticorena

 

I. Introducción

Las transformaciones de la sociedad argentina durante el último cuarto del siglo XX, enmarcadas en un proceso de auge de las políticas neoconservadoras, expresaron una profunda reestructuración de las relaciones entre y al interior de las clases sociales.

Los estudios acerca de los cambios operados en el mundo del trabajo nos presentan la imagen de una clase trabajadora fragmentada y amenazada por su posible puesta “en disponibilidad”, contrastando con el carácter homogéneo atribuido a la clase trabajadora durante la etapa previa. A su vez, la mayor debilidad derivada de la heterogeneidad en los regímenes de trabajo parece desarrollarse sobre el trasfondo de una mayor homogeneidad estructural, en tanto cada vez más personas dependen de la venta de su fuerza de trabajo para subsistir.

Durante las últimas décadas, la evolución de los indicadores laborales muestra un cuadro de marcada inestabilidad y deterioro de las condiciones laborales. Dicho deterioro se expresó, entre otros aspectos, en la difusión de contrataciones por tiempo determinado, la existencia de diversos mecanismos de intermediación en la contratación de la fuerza de trabajo (como las agencias de trabajo temporario) y el aumento de los trabajadores sin cobertura social ni aportes jubilatorios. A su vez, en la década del noventa se agudizó la tendencia, presente ya en los años ’80, al descenso de los empleos a tiempo completo y el aumento de los empleos a tiempo parcial. Junto con el crecimiento de la subocupación y de la desocupación se manifiesta otra tendencia, dada por el aumento de los trabajadores sobreocupados

 

La caída del salario real a partir de mediados de la década del ’70, el aumento del empleo no registrado desde la década del ’80 y el progresivo ascenso de los niveles de desempleo y subempleo durante la década del ’90 profundizaron, a su vez, un proceso de pauperización de amplias capas de la población.

Las políticas de reforma laboral implementadas durante la década del ’90 configuraron, por su parte, el marco legal para el ajuste de la fuerza de trabajo de acuerdo a las necesidades cíclicas del capital, flexibilizando la entrada y la salida de la relación laboral. La habilitación de formas de contratación por tiempo determinado, la disminución de cargas patronales, las modificaciones en la utilización del período de prueba, la baja en las indemnizaciones por despido, la habilitación de diversos mecanismos de extensión de la jornada laboral, los impulsos hacia la descentralización de la negociación colectiva, entre otros aspectos, fueron algunos de los ejes centrales de estas políticas.

 

Estas medidas, junto con la relajación de los controles institucionales, fomentaron diversos mecanismos de fraude laboral, que incluyen no sólo a los trabajadores no registrados, sino el avance en el encubrimiento del trabajo asalariado como trabajado en forma independiente, bajo diversas formas de prestación de servicios, como contratos de locación.

 

Las distintas modificaciones en la regulación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo se presentan, de esta manera, como formas institucionalizadas que lejos de constituir el “origen” o la “causa” del deterioro en las condiciones de trabajo constituyen la expresión jurídica del juego de relaciones de fuerza entre las clases sociales. Juego donde la legalidad otorga un impulso aún mayor al deterioro de las condiciones de trabajo.

En este contexto, diversos análisis han tendido a utilizar el término “precarización” para dar cuenta del deterioro en las condiciones laborales. La difusión que adquirió este término –no sólo en los análisis especializados acerca del mercado de trabajo sino también en el análisis periodístico y en el uso cotidiano–, plantea la necesidad de avanzar en la indagación sobre su naturaleza específica[2].

 

La popularización de la noción de precariedad laboral busca subsumir una serie de características que presenta el empleo asalariado en una etapa histórica, por contraste a un período anterior. Sin embargo, estos elementos suelen operar como supuestos y estar poco explicitados, mientras su vinculación teórica con el carácter del trabajo asalariado tiende a permanecer velada.

 

Consideramos que abordar esta discusión es de suma importancia por cuanto son los entramados conceptuales a través de los cuales aprehendemos los movimientos de la sociedad los que configuran nuestra concepción del mundo (más o menos sistemática o disgregada), de modo que sus limitaciones, supuestos e implicancias teóricas tienen consecuencias sobre nuestra práctica política y social. Estos no son sino formas ideológicas, discursos que disputan acerca del sentido de la realidad y de este modo orientan los diagnósticos y las vías de acción para transformarla.

Nos preguntamos entonces ¿Cómo abordar el análisis de las transformaciones en las relaciones laborales a lo largo de las últimas décadas? ¿Es la precarización laboral una noción suficientemente clara y definida? ¿Sobre qué supuestos teóricos descansa su definición? ¿En qué medida los supuestos de esta noción potencian o limitan el horizonte de la crítica?

 

En este artículo nos proponemos reflexionar acerca de los alcances y las limitaciones que presenta la noción de precariedad laboral para analizar las trasformaciones en el “mundo del trabajo” de las últimas décadas, así como para denominar las modalidades que asume la relación salarial, tomando como punto de partida los elementos constitutivos del trabajo asalariado en tanto relación social de producción.

 

II. Alcances del concepto de precariedad laboral

 

El concepto de «precariedad o empleo precario» surge vinculado a las discusiones sobre informalidad pero adquiere creciente importancia cuando diversas características del empleo asociado al denominado sector “informal” de la economía comienzan a observarse en el sector “formal”, deviniendo un atributo aplicable al universo de los trabajadores asalariados[3].

  

No nos detendremos en este trabajo en el concepto de informalidad; sin embargo, cabe señalar que existen distintas interpretaciones o conceptualizaciones al respecto. Una primera vertiente (PREALC/ OIT) asocia la informalidad a determinadas características de las economías “en desarrollo”, donde se produciría una coexistencia entre un sector moderno con una capacidad limitada en la incorporación de mano de obra y un sector de subsistencia para quienes no se encuentran incorporados a aquél. El sector informal queda conformado entonces por unidades productivas de pequeña escala con escasa capacidad de acumulación de capital y de baja productividad. Los empleos allí generados se caracterizan por ser desprotegidos o precarios.

 

Una segunda vertiente, de corte neoliberal, asocia la informalidad a los “excesos” de regulación estatal. Las actividades informales serían producto de un “dinamismo empresarial popular” que encuentra fuera del sistema regulatorio su ámbito de funcionamiento, como consecuencia de un marco excesivamente rígido y oneroso. Un ejemplo de esta vertiente puede encontrarse en trabajos de De Soto.

 

Una tercera vertiente, en la que se ubican Portes y Schauffler (1993), integra dentro del sector informal a los asalariados que no se encuentran insertos en relaciones laborales protegidas, más allá del tamaño o escala de los establecimientos donde se encuentran ocupados, resaltando como aspecto determinante la ausencia de protección. En este sentido, discuten con la visión tradicional del sector informal como marginal para el capital, destacando la articulación y complementariedad entre los sectores “formal” e “informal” de la economía, abordando la problemática de la precariedad laboral.

Parece existir un amplio consenso en la definición de la precariedad a partir de su distanciamiento o alejamiento de las características de un modelo de empleo “típico”. De este modo, el concepto de precariedad se constituye como un concepto residual definido por la negación de los atributos asociados a dicho modelo (Feldman y Galín, 1990).

Ahora bien, ¿en qué consiste o cómo se definen las características que presenta el empleo “típico”? En primer lugar, estaría caracterizado por la estabilidad en el empleo y el acceso a cobertura social (Beccaria, Carpio y Orsatti, 2000). Los atributos particulares serían la dependencia de un solo empleador, jornadas de tiempo completo, una relación laboral por tiempo indeterminado, el desarrollo de las tareas en el domicilio del empleador (empresa), la protección dada por las normas legales vigentes y la percepción de las prestaciones a la seguridad social (Pok y Lorenzetti, 2004; Ameglio, E. et al., 1988), a lo que podríamos agregar la delimitación de tareas por intermedio de la negociación colectiva.

 

En oposición a este modelo, el empleo precario se caracteriza por la inexistencia de contrato laboral o contratos de corto plazo por tiempo determinado, la falta de aportes a la seguridad social, la existencia de más de un empleador o un empleador no fácilmente identificable, el desarrollo de la prestación laboral fuera del domicilio del empleador, la definición de los ingresos en negociación individual, sin referencias provenientes de la negociación colectiva –eventualmente con salario mínimo vigente como referencia–, la no percepción de componentes “típicos” de las remuneraciones (vacaciones, aguinaldo, asignaciones familiares, otros adicionales por convenio), y la no afiliación sindical (Beccaria, Carpio y Orsatti, 2000). Estas características no son excluyentes y pueden presentarse en diversas combinaciones.

 

La precariedad laboral no remite exclusivamente a formas ilegales o clandestinas de empleo. Como lo señalan Pok y Lorenzetti (2004), la condición de precariedad subsume situaciones heterogéneas, donde las formas más tipificadas son el empleo clandestino o desprotegido, el empleo a tiempo parcial, el empleo temporario y el empleo asalariado fraudulento. El concepto de precariedad intenta expresar básicamente una inserción laboral endeble o inestable (Pok, C.; 1992: 5). En lo que refiere a los fenómenos que subsumen, los términos de precarización y flexibilización se encuentran habitualmente asociados.[4]

Se trata de formas que ponen de manifiesto la pérdida de derechos conquistados por los trabajadores en un período precedente; pérdida que no sólo se observa a través de las distintas modificaciones en la legislación laboral sino también en la forma de consumo productivo de la fuerza de trabajo, es decir, en las condiciones y el proceso de trabajo. Efectivamente, la inestabilidad laboral, la ausencia de beneficios sociales, la negociación individual de las condiciones salariales y laborales, son expresiones de un mayor disciplinamiento de los trabajadores en su lugar de trabajo.

El empleo “típico” constituye una construcción problemática en la medida en que descansa sobre un conjunto de representaciones que naturalizan una forma determinada de trabajo asalariado perdiendo sus determinaciones históricas, centrales para analizar el deterioro en las condiciones de trabajo. Una mirada de la historia de las relaciones asalariadas nos permite observar que las características asociadas al empleo precario se encuentran lejos de hacer su emergencia en las últimas décadas.

 

La construcción de un “tipo ideal” en base a las características predominantes del empleo en un determinado período histórico, particularmente el de la “edad de oro” del capitalismo, tiende a obscurecer el carácter contradictorio de toda modalidad bajo la que se desenvuelve la relación entre el capital y el trabajo, promoviendo el error de suponer la existencia efectiva de un modelo de empleo propio de las relaciones capitalistas. Aquí es preciso entonces plantear que si existe una forma de trabajo específico bajo el capitalismo, esta no es otra que la del trabajo asalariado.

 

III. El trabajo asalariado como forma social general en el modo de producción capitalista

 

Las definiciones señaladas en torno a la precarización laboral indican que se trata de cambios en las formas particulares que asumen las relaciones asalariadas. La heterogeneidad en las modalidades que adoptan los vínculos laborales considerados precarios no los coloca por fuera de dichas relaciones, de manera que el análisis de la relación entre estas modalidades y el trabajo asalariado como forma social general supone un punto de partida ineludible si se pretende ir más allá del abordaje meramente descriptivo. La consideración primaria del trabajo asalariado en su doble determinación, por su forma y su contenido, se presenta entonces como una cuestión central a la hora de analizar la relación capital-trabajo en distintos momentos históricos y en diversas formas nacionales. Vale entonces repasar algunos conceptos elementales.

Bajo el modo de producción capitalista, amplias masas de la población obtienen sus medios de vida trabajando para otros a cambio de un salario. Esta forma es un aspecto general que no define las condiciones bajo las cuales se realiza el intercambio y el uso del trabajo vivo en las distintas fases del desarrollo capitalista. La economía vulgar considera al salario como pago por el “trabajo”, entendiendo a esta relación aparente como la esencia misma, y a la compraventa de la fuerza de trabajo como exterior al proceso de producción, limitando todo análisis a la esfera de la circulación. Al considerar al salario como pago por el “trabajo” se oculta que no es el trabajo la mercancía que se intercambia por dinero sino la capacidad abstracta de trabajar bajo las órdenes de otro, ya que el trabajo no puede existir sino en la acción, es decir, en el proceso de trabajo mismo. Al hacer abstracción de esta diferencia, se oculta también el carácter asimétrico y coercitivo implicado en esta relación.

Tampoco se trata de una relación singular entre cada capital y los trabajadores que emplea. El trabajo asalariado sólo es específicamente capitalista en tanto pasa a constituir la forma social general, bajo la cual se desarrolla el proceso de producción social, ya que sólo en esta medida el trabajo pasa a ser “trabajo abstracto” para el capital, sólo en esta medida se configura un mercado de trabajo en que el trabajador busca vender su mercancía independientemente del trabajo concreto que deba realizar, con los medios de producción, frente a los cuales es colocado y bajo las órdenes y el comando de sus propietarios.

El trabajo asalariado supone la unidad de la compra-venta de capacidad de trabajo y su consumo productivo durante el proceso de valorización del capital. Estos dos momentos diferenciados de la relación están, sin embargo, entrenzados en su origen, ya que sólo pueden enfrentarse el trabajador y el capitalista como jurídicamente libres e iguales si el primero se encuentra expropiado de sus medios materiales de existencia.

De este modo, la separación entre el productor directo y los medios de producción se encuentra ya supuesta en el intercambio[5]. Es la condición del trabajador como no poseedor de la riqueza social la que lo vuelve sólo poseedor de su capacidad de trabajo, condición que no sólo constituye una premisa del proceso capitalista de producción sino también su resultado constante.[6]

Comprender al trabajo asalariado como relación de explotación, y por tanto como relación antagónica, no implica tan sólo reconocer la apropiación diferencial del producto social, sino comprender el carácter coercitivo de la misma, que se despliega en su dualidad simultáneamente como coerción económica en la esfera de la circulación y como comando despótico en el proceso productivo.

 

Es entonces la propia condición del trabajador como desposeído la que implica de por sí una posición y una vida precaria, y las características específicas que adopta dicha relación en diferentes momentos históricos no alteran su naturaleza básica. En este sentido, el carácter relativamente más o menos “protegido” o “precario”, “endeble” o “estable” del empleo y sus implicancias, debe ser analizado incorporando el plano de las relaciones de fuerza entre las clases.

 

Así lo expresa Marx al analizar las luchas en la Inglaterra del siglo XIX:

 

“(...) de la naturaleza del intercambio mercantil no se desprende límite alguno de la jornada laboral, y por tanto límite alguno de plustrabajo. El capitalista, cuando procura prolongar lo más posible la jornada laboral y convertir, si puede, una jornada laboral en dos, reafirma su derecho en cuanto comprador (…) el obrero reafirma su derecho como vendedor cuando procura reducir la jornada laboral a determinada magnitud normal. Tiene lugar, aquí, pues, una antinomia: derecho contra derecho, signados ambos de manera uniforme por la ley del intercambio mercantil. Entre derechos iguales decide la fuerza. Y de esta suerte, en la historia de la producción capitalista la reglamentación de la jornada laboral se presenta como lucha (…)  entre el capitalista colectivo, esto es, la clase de los capitalistas, y el obrero colectivo, o sea la clase obrera.” (Marx, 1998: 281-282)

 

De este modo, las características que asume el intercambio entre el capitalista y el trabajador no son estáticas, su carácter y la forma en que el conflicto es internalizado y regulado desde el Estado suponen una dimensión histórica y se presentan como resultante de un enfrentamiento. Siendo una forma de la lucha de clases que permanece todavía dentro de los límites del trabajo asalariado y, por tanto, de las relaciones capitalistas de producción.

Tratándose de un proceso histórico, el enfrentamiento entre el capital y el trabajo no se despliega en el vacío y la relación de fuerzas no depende únicamente de la voluntad e iniciativa de los contendientes. El marco general en el que se desenvuelve la lucha es el configurado por la dinámica, inherentemente contradictoria, de la acumulación de capital, por la que todas las clases se reproducen como sujetos sociales. Es sobre esta dinámica intrínseca, y a través del proceso histórico de las luchas políticas y sociales, que se configura y luego cambia un determinado equilibrio de fuerzas.

Precisamente, en esto radica uno de los problemas fundamentales y más comunes de buena parte de los análisis sobre la precarización laboral. Al no problematizar el carácter social del trabajo asalariado en general, opera una tendencia a naturalizar y tomar –implícita o explícitamente– como “normales” determinadas condiciones de venta de la mercancía fuerza de trabajo, que, antes bien, se corresponden con las condiciones en que se desarrolla esta lucha en una determinada etapa histórica.

 

IV. Reestructuración capitalista y trabajo asalariado

 

Para analizar el deterioro de las condiciones de trabajo durante las últimas décadas, proceso habitualmente abordado a partir de la noción de precarización laboral, debemos partir de las transformaciones en el capitalismo mundial y la división internacional del trabajo. Dichas transformaciones expresan la agudización de la lucha de clases y de la competencia entre capitales en un período caracterizado por una “ofensiva patronal, sostenida y generalizada” sobre el trabajo (Ximénez Sáez y Martínez, 1993), en el marco de un proceso de reestructuración del capital a gran escala.

Pero para ponderar las características de estos cambios es necesario remontarse incluso hasta el período precedente, en el que se gestan las condiciones de valorización del capital y desenvolvimiento de la lucha de clases de aquella etapa “dorada”.

La crisis del ’30 (1929-1932) trajo aparejada una fuerte contracción del mercado mundial y del comercio internacional. Las políticas basadas en el estímulo de la demanda, bajas tasas de interés, salarios altos y la tendencia al pleno empleo en el marco de mercados nacionales relativamente protegidos, fueron la norma durante el excepcional período de auge desde el fin de la segunda guerra mundial,“(…) en particular el mundo capitalista desarrollado había atravesado una etapa histórica realmente excepcional, acaso única”. (Hobsbawm, 1998: 261)

 

El despegue del período de posguerra (1945-1975) se basó en la complementariedad de los tres proyectos sociales de la época: a) en Occidente, el proyecto del Estado de bienestar de las socialdemocracias basó su acción en la eficiencia de los interdependientes sistemas productivos nacionales; b) el “proyecto Bandung” de construcción nacional burgués en las periferias del sistema (de ideología desarrollista); c) finalmente, el proyecto soviético de “capitalismo sin capitalistas” o capitalismo de Estado, relativamente autónomo del sistema dominante mundial.” (Amin, 1999)

En el origen de los “estados de compromiso” se encuentra la institucionalización –siempre conflictiva y parcial– de los sindicatos y el avance en la legislación laboral protectoria. La “era de la regulación estatutaria”, como la denomina Standing (1999), fue un período de tensión, reflejado en las “concesiones” que la clase capitalista debió realizar a la clase obrera. Esta forma de mediación estatal en los conflictos entre el capital y el trabajo se centraba también en una estrategia de legitimación de la dominación capitalista[7]; sin embargo, resulta incuestionable que los derechos conquistados por la clase trabajadora eran la expresión de su poder.[8]

En efecto, antes de considerar al período de posguerra como el correspondiente a un desenvolvimiento típico o normal del capitalismo, deberíamos valorarlo como un período basado en condiciones históricas particulares. Precisamente, si esta “edad de oro” florece gracias a las condiciones del capitalismo de posguerra, su fin sobreviene como una crisis de erosión, consecuencia del agotamiento de las premisas económicas y políticas sobre las que se había asentado el despegue previo. La crisis de sobreproducción recarga las tensiones sobre la relación contradictoria entre los salarios y la rentabilidad en un contexto de caída de la tasa de ganancia y resistencia obrera frente a los procesos de racionalización productiva. Así, al no encontrar colocaciones industriales que reporten una rentabilidad aceptable, una enorme masa “sobrante” de capital líquido comienza a recorrer el mundo en busca de negocios más rentables. Finalmente, esta contradicción se manifiesta al entrar en crisis el esquema monetario de posguerra, desencadenando una crisis mundial de gran envergadura, con dos fuertes recesiones entre 1974-75 y luego entre 1979-81.

Hacia 1981, con la reconversión conservadora liderada por Reagan y Thatcher, comienza un proceso de profundas transformaciones, que es habitualmente señalado como punto de partida del “neoliberalismo”. La reestructuración en curso promovió el libre comercio y el libre movimiento de capitales. A diferencia de lo sucedido en la década del ’30, la salida de la crisis de los ’70 se configuró en un sentido expansivo de la economía mundial producto de la ofensiva sobre los trabajadores.

El avance de la movilidad del capital a escala mundial logró minar el poder económico y político de la clase obrera al interior de las esferas nacionales. Las transformaciones de ello derivadas tuvieron su expresión en una ofensiva contra las “rigideces” del mercado laboral y en pos de la creciente “flexibilización” de las formas de contratación y uso de la fuerza de trabajo.

 

Esta es la característica saliente de la mundialización o globalización que se desarrolla sobre la base de un recrudecimiento de la competencia intercapitalista, extendiendo y profundizando la vigencia de la ley del valor trabajo. En el marco de la mundialización del capital, las periferias consolidan su integración dependiente en el mercado mundial, crecen los flujos internacionales de capital así como el volumen del comercio internacional, en tanto los flujos de IED (inversión extranjera directa) hacia las periferias no sólo van de la mano de los procesos de privatización, sino también de la des/relocalización de procesos productivos, siendo parte integrante en el desarrollo creciente de redes internacionales de producción. De este modo, el crecimiento del capital financiero se presenta como correlato de la internacionalización del capital profundizando el proceso de subsunción real del trabajo al capital, a través de una creciente presión al aumento de la productividad y a la reducción del valor de la fuerza de trabajo (Astarita, 2004).

 

Los factores concurrentes en este proceso son diversos; por un lado, la movilidad de las inversiones y su posibilidad de traslado hacia regiones más “competitivas” actúa como amenaza que presiona a los ocupados a aceptar condiciones precarias de trabajo, por otro, el crecimiento de la desocupación, la creciente incorporación de mujeres y niños al “mercado” de trabajo y la presión de las importaciones abaratadas por los menores costos de la mano de obra agudizan la presión del ejército industrial de reserva.

 

En este desarrollo, dos elementos poseen significativas y directas implicancias para los trabajadores. Por un lado, la creciente deslocalizacióno internacionalización productiva, y, por otro, la externalización de funciones antes integradas a una misma empresa que pasan a ser subcontratadas. Mientras que la primera alude al traslado de la producción o del suministro de un servicio fuera de las fronteras nacionales, la segunda consiste en dejar en manos de proveedores externos a la firma segmentos de la producción antes integrados a la misma, es decir, la subcontratación de partes de la producción o de servicios, tanto de aquellas consideradas no estratégicas como también de tareas cercanas a la actividad principal.

 

Estos procesos, que “impactan” negativamente en los mercados de trabajo de los distintos países, nos remiten a la contradicción –inherente a la lógica de valorización del capital– entre el carácter mundial del mercado capitalista (desde la “caída del muro” y la reconversión china más que nunca en la historia) y el carácter nacional de los estados, que delimitan los territorios y las condiciones de valorización del capital. Sin embargo, la libre movilidad del capital no tiene su contrapartida en lo que respecta a la libertad de movimiento de la fuerza de trabajo y actúa como mecanismo disciplinador, agudizando la competencia entre trabajadores y expresándose en la pérdida de conquistas laborales y la aceptación de condiciones a la baja[9].

Que una porción significativa de la producción, antes orientada a los mercados internos, pase a tener como destinatario al mercado mundial tiene efectos concretos en el régimen de explotación de la fuerza de trabajo, en tanto las ganancias de las empresas se verán ligadas al menor “costo” de la misma y en este sentido orientarán su inversión. Estas nuevas condiciones en la reproducción del capital a su vez agudizan la competencia capitalista, acelerando los procesos de concentración y centralización.

Cabe aclarar, sin embargo, que el anhelo liberal de un capital perfectamente móvil no es más que una fantasía sin asidero en la realidad. Los procesos de relocalización y desplazamiento del capital enfrentan límites muy concretos, tanto en las resistencias de los trabajadores como en la propia materialidad de los procesos productivos. A diferencia del capital financiero, que puede ser trasladado en cuestión de segundos, el capital puesto en la producción no es tan sencillo de mover, en tanto implica desinstalar y reinstalar equipamiento, garantizar el transporte de los productos, encontrar y entrenar nueva fuerza de trabajo. Esto es relativamente más sencillo en ramas que requieren personal menos calificado y se caracterizan por equipos livianos, que en ramas que implican grandes inversiones en maquinaria y equipo requiriendo puestos de alta especialización[10]. (Harman, C. 2002)

El actual mundo industrial da cuenta de diversas formas productivas cuyo factor común es el modelo celular en red (Veltz, 2000). Sus características principales son la descomposición de grandes empresas en unidades menores supervisadas por un centro estratégico. La externalización de actividades no sólo se orienta a la reducción de costos sino también hacia un mayor control sobre los plazos, precios y calidad de los productos, siendo, en caso de descenso de la actividad, más fácil desvincularse de un proveedor que despedir asalariados. De este modo, las firmas logran un mayor control sobre el proceso productivo y “trasladan” el riesgo hacia los trabajadores. La “flexibilización” o precarización del empleo es una consecuencia más de este proceso, que se despliega a través de distintas formas de contratación inestable y la “desasalarización” de los contratos a partir de la celebración de contratos de locación[11].

 

Que una empresa contrate trabajadores mediante modalidades temporarias no significa que necesariamente roten cuando finalizan los contratos. De hecho, las formas precarias conviven la mayoría de las veces, al interior de las empresas y lugares de trabajo, junto a condiciones laborales más estables y protegidas, con los mismos jefes, las mismas normas y las mismas tareas (Harman, C. 2002). De esta forma los trabajos “tem­porarios” también pueden ser permanentes.

La difusión del empleo “en negro”, la creciente inestabilidad a la cual están asociados gran parte de los empleos a tiempo parcial, junto con la magnitud alcanzada por la población con problemas para vender su fuerza de trabajo nos induce a situar en el crecimiento de la sobrepoblación relativa para el capital uno de los factores determinantes del deterioro en las condiciones de empleo[12].

La inestabilidad en la inserción laboral no sólo refiere a la rotación entre situaciones de empleo, desempleo e inactividad, sino que alude a la falta de seguridad en la relación laboral. Esta amenaza a la que se enfrentan los trabajadores con contratos a término o en períodos de prueba, aún sin volverse efectiva, actúa como un mecanismo de control y disciplinamiento permanente. Estos trabajadores son, a su vez, altamente vulnerables ante una caída en el nivel de actividad, lo cual refuerza la posibilidad de mantener estrategias de flexibilización y deterioro de las condiciones de trabajo a largo plazo profundizando la sujeción del trabajo al capital.

 

Esto no significa que el capital haya aplastado toda resistencia de los trabajadores, ni que pueda seguir acu­mulando sin reproducir continuamente una fuerza de trabajo relativamente permanente, más bien sucede que las luchas de resistencia han comenzado a adaptarse a estas nuevas condiciones ensayando asimismo nuevas respuestas.

 

V. Limitaciones del concepto de precariedad laboral para una mirada histórica del trabajo asalariado

 

El principal problema que plantea la noción de precariedad laboral descansa en sus propios supuestos, en particular, su definición a partir de una referencia negativa en contraposición a un “modelo” de empleo considerado como “típico”, que no es otra cosa que una construcción ahistórica e idealizada.

Este modelo de empleo “típico” parte de una abstracción de condiciones de trabajo relativamente difundidas en una etapa históricamente determinada del capitalismo –la denominada “edad de oro”– ignorando que fueron conquistadas por los trabajadores en un período ascendente de la lucha de clases. Una mirada global de la historia del capitalismo revela que estas condiciones no son universales ni permanentes. Si comprendemos a las relaciones laborales como formas en que se expresa el enfrentamiento entre las clases sociales, y asumimos el carácter de por sí dinámico de toda relación contradictoria, se desvanece la posibilidad de utilizar un modelo, de por sí estático.

La misma lógica con que se aborda el problema supone la naturalización de las relaciones capitalistas de producción y consumo, y la idealización del Estado capitalista como ente autónomo y árbitro neutral de las relaciones laborales, situado en una relación de exterioridad y por encima de las clases sociales. En este sentido, queda oculto el origen de las políticas estatales respecto al uso y consumo de la fuerza de trabajo por el capital como cristalización de relaciones de fuerza, que se emplazan y articulan en torno a un determinado modo de desenvolvimiento de la acumulación del capital. El resultado es la aceptación acrítica de las formas fetichizadas y, por tanto, su reproducción y legitimación.

La construcción de un modelo de empleo típico para definir las transformaciones recientes en las relaciones laborales como “precarias” tiende a privilegiar una aproximación meramente descriptiva para analizar la realidad social, y en este sentido las conclusiones no pueden más que moverse en un plano valorativo.

Ese tipo de abordaje no se distancia en mayor medida de nociones como la de trabajo decente y se plantea en un nivel más vinculado a la “calidad del empleo”, enfoques difundidos por organismos internacionales como la OIT y adoptadas por organismos públicos en el diseño de sus políticas de empleo.

 

El contenido de denuncia presente en la idea de precarización es, a su vez, lo que dio impulso a su difusión, incluso como bandera reivindicativa. La discusión sobre la precariedad laboral supone una orientación progresiva en tanto recupera y enlaza conquistas históricas como base para proyectar las reivindicaciones de la clase trabajadora en el presente, aportando en la recuperación de la memoria histórica, y reforzando la cultura e identidad de clase.  Pero simultáneamente, el apego lineal y literal a esta orientación tiende a reproducir una mirada acrítica sobre ciertas formas que asume la relación de explotación en contraposición a otras, habilitando expectativas sobre la posibilidad de un capitalismo más humano. Tras la dicotomía entre empleo estable/protegido y empleo precario, se torna difusa la explotación intrínseca al trabajo asalariado.Incluso en las mejores condiciones laborales posibles, el trabajo asalariado difícilmente pueda considerarse estable y protegido.

Contrariamente, centrando la crítica en el trabajo asalariado como tal, es posible visualizar cómo las diferentes formas que adquiere la relación salarial en los últimos años operan sobre un mismo contenido, esto es, la profundización de la sujeción del trabajo al capital.

Si la “precarización” tiende a designar una realidad heterogénea en las formas del trabajo asalariado, parece claro que todas y cada una de las políticas que la fomentan contemplan desde su diseño al conjunto de los trabajadores en tanto clase, promoviendo su división y apuntando a disgregar sus formas de organización y resistencia. Esto implica que para contrarrestar estas políticas se hace necesario pensar respuestas generales que partan desde el conjunto de la clase buscando los elementos comunes que subyacen y que permitan integrar las particularidades bajo un denominador común.

Bibliografía: (...)

En este trabajo retomamos elementos planteados en la ponencia “Observaciones acerca de la relación entre precariedad laboral y trabajo asalariado”,presentada en el Encuentro de Investigadores en Historia de la Sociología y las Cs. Sociales (IIGG, noviembre de 2006), donde desarrollamos algunas reflexiones preeliminares sobre el tema.

Herramienta web 6

Septiembre de 2010

Fuente: http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-6/reflexiones-criticas-acerca-de-la-relacion-entre-precariedad-laboral-y-trabajo-asa

En consecuencia, el Nunca Más a la criminalidad de lesa humanidad del poder real y de su democracia exige atender a las luchas desde abajo contra el sistema global de la soja transgénica y destapar el 'desarrollo' gestionado por los K.

 

Argentina: “República Unificada de la Soja",

el agronegocio cuestionado.

15 de diciembre de 2016

El 28 de octubre el médico argentino Damián Verzeñassi vio cómo el decanato de la Universidad Nacional de Rosario decidió clausurar con cadenas la oficina donde se archivaban más de 96.000 historias clínicas de vecinos de cuatro provincias argentinas que, según las investigaciones de Verzeñassi, padecen enfermedades que no existían en la región antes de la instalación de las multinacionales Monsanto y Bayer.

 

Por Nazaret Castro

La decisión del decanato, que el médico calificó de persecución, se producía días después de que el académico participase en el primer “Tribunal Internacional Monsanto” (TIM, una iniciativa de la sociedad civil) que tuvo lugar en La Haya. Verzeñassi había testificado en calidad de médico en este tribunal popular contra la estadounidense Monsanto.

 

Verzeñassi denunció que “el decano Ricardo Nidd inició una persecución ideológica y académica contra el equipo de docentes” y alumnos que vienen acompañando a “familias víctimas del modelo agropecuario dominante, con transgénicos y agroquímicos”, y afirmó que detrás de esa campaña hay “funcionarios provinciales y empresas del agronegocio".

 

La sociedad civil no tardó en reaccionar y un conjunto de organizaciones de base, asociaciones ambientalistas y ONG lanzaron una declaración pública y abierta en repudio a lo sucedido a Verzeñassi. También un grupo de académicos críticos apoyó al investigador y comparó su caso con el del fallecido Andrés Carrasco, uno de los primeros científicos en probar en Argentina los riesgos del glifosato. Hoy reconocido y recordado, Carrasco fue duramente cuestionado por su contundente crítica al modelo sojero –pilar, hoy día, de las economías del Cono Sur–.

 

El 60% de la tierra cultivable en Argentina, un porcentaje similar en el sur de Brasil, y casi el 80% de Paraguay ya está sembrada con soja, y casi toda es transgénica. Fue Syngenta quien, en 2003, publicó un anuncio en los suplementos rurales de los dos diarios argentinos más vendidos bautizando con el nombre de “República Unida de la Soja” a los territorios del Cono Sur en los que se ha expandido el “nuevo oro verde”: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

 

Después, fueron las resistencias al agronegocio las que utilizaron esa expresión, caracterizándola como expresión del “neocolonialismo” que reserva a América Latina el papel de exportador de materias primas con escaso valor añadido. En concreto, soja transgénica producida con biotecnología de los países ricos y exportada a China para dar de comer a los cerdos, o a Europa para producir biodiésel.

 

La versión más extendida es la soja patentada por Monsanto: la Intacta, que se caracteriza por ser resistente a uno de los agroquímicos más vendidos del mundo: el Roundup Ready, que tiene entre sus ingredientes el glifosato. Ese es el “paquete tecnológico” que se vende a los productores y garantiza la rentabilidad del monocultivo.

 

En 2013, en Argentina se emplearon 320 millones de litros de glifosato, según la Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS); en 2000, habían sido 145 millones de litros. La sustancia, según la REDUAS, afecta a 22 millones de hectáreas y, de modo directo o indirecto, a 13,4 millones de personas.

 

Para el ingeniero y académico Walter Pengue, el modelo sojero es parte de un sistema “neocolonial” por el cual los países del Sur global exportan su riqueza a los países ricos.

Pengue ha intentado cuantificar los nutrientes y el agua que se pierden con la exportación de soja: “El comercio agrícola mundial puede ser pensado como una gigantesca transferencia de agua, en forma de materias primas, desde regiones donde se la encuentra en forma relativamente abundante y a bajo costo, hacia otras donde escasea, es cara y su uso compite con otras prioridades”, afirma el académico, que califica la sojización de la región pampeana como “una maquinaria de hambre, deforestación y devastación socioecológica”.

 

Madres en pie contra los agrotóxicos

El daño de los ecosistemas ya es innegable: una investigación reciente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) confirmó que la cuenca del río Paraná ha sido contaminada con glifosato. Las evidencias del impacto sobre la salud son también sobradas, gracias al trabajo de Verzeñassi, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, quien ha identificado, entre otros, el aumento de casos de cáncer y leucemia, malformaciones fetales y abortos espontáneos.

Las evidencias científicas también van en aumento: así, el pasado octubre, bioquímicos de la Universidad Nacional de Rosario detectaron alteraciones en el aprendizaje y la memoria de células nerviosas sometidas al glifosato.

 

Fueron las resistencias sociales las que empujaron a la comunidad científica al desarrollo de estudios críticos con la versión de las multinacionales y de los gobiernos de turno. En los países productores comenzaron a registrarse denuncias por un aumento de malformaciones genéticas, abortos espontáneos o cáncer en las regiones cercanas a los cultivos.

 

Tal vez la lucha más emblemática es la de las Madres de Ituzaingó Anexo, un barrio periférico de Córdoba donde las mujeres lideraron la oposición a la soja. “Comenzamos a apreciar que habían aumentado ciertas dolencias, y al principio pensábamos que era por causa del agua. Pero después empezamos a lograr que nos ayudaran expertos y, con ellos, determinamos que el causante de nuestros problemas era el glifosato”, narra una de las activistas.

 

En el epicentro de la expansión sojera, el pueblo cordobés ha demostrado su oposición a un modelo de desarrollo que pone en peligro su salud y su futuro.

Monsanto había escogido la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas como sede de su nueva planta productora de semillas, pero, tras dos años de acampada militante, la multinacional desistió el pasado mes de agosto. No obstante, los miembros de la Asamblea Autoconvocados del Acampe han decidido permanecer en el lugar hasta comprobar que, tal como ha sido anunciado, el terreno será loteado con el objetivo de desarrollar un parque industrial para pymes.

 

Los grandes perdedores, los pueblos indígenas

Los grandes perdedores del modelo de desarrollo sojero son los pueblos indígenas, pues es sobre sus territorios sobre los que se expande la soja. En las provincias argentinas de Chaco y Formosa, el pueblo Qom ha denunciado la presión creciente sobre ellos, en forma de hostigamiento y agresiones, que investigadores como el periodista Darío Aranda han relacionado con el avance de la soja.

 

Unas 3.000 personas de etnia Guaraní-Kaiowá que habitan en el estado brasileño de Matto Groso do Sul, se enfrentan al hostigamiento de grupos armados ilegales y a la inacción de un Estado que no cumplió con el compromiso adquirido en 2009 de demarcar sus territorios, como ha denunciado FIAN Internacional.

 

En 2012, causó conmoción una carta abierta de una comunidad guaraní que amenazaba con el suicidio colectivo si se les desalojaba de sus territorios; pero desde entonces nada ha cambiado: el pueblo guaraní sigue amenazado por el avance del monocultivo o de otros emprendimientos extractivos, como lasmegarrepresas, que impiden que puedan proseguir con sus modos tradicionales de vida.

 

En Paraguay, el avance de la soja amenaza tanto al pueblo guaraní como a los campesinos, en un país donde la soja acapara ya el 80% de la tierra cultivable, y donde el 2% de la población concentra el 85% de la tierra. El avance de la agroindustria se ha vinculado a la muerte de 115 campesinos desde que terminó la dictadura en 1989, como ha denunciado Oxfam.

 

La sojización del país es, además, una de las principales causas de la deforestación del bosque atlántico paraguayo, que ha perdido el 85% de su extensión: de los 9 millones de hectáreas de superficie original, se conservan apenas 1,3 millones, según WWF.

 

En el juicio de la sociedad civil celebrado en La Haya, Monsanto fue señalado como responsable de violaciones de derechos contra los pueblos indígenas; la empresa negó la mayor: “Este juicio, simulado a través de un falso tribunal, distrae tanto del auténtico diálogo sobre las necesidades de la agricultura y los alimentos, como de una verdadera comprensión de los derechos humanos”, expresó la empresa en una carta abierta en la que enfatizó también las medidas tomadas para “mejorar la salud de las abejas” o para “evitar la deforestación ilegal y proteger a las especies locales”.

 

El consenso sojero

Pero, aunque las resistencias se hacen cada vez más fuertes en el ámbito académico y en los territorios afectados directamente por las fumigaciones, entre la clase política se mantiene el consenso en torno al modelo sojero, que en Argentina es la principal fuente de divisas: las exportaciones de derivados de la soja entre 2002 y 2013 sumaron 158.000 millones de dólares.

Así lo resume el intelectual uruguayo Raúl Zibechi: “El cultivo de soja creció exponencialmente durante el kirchnerismo; la diferencia es que al 50% de abajo le daban más planes sociales que los gobiernos de la derecha”, mientras que una de las primeras medidas del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, en el poder desde diciembre de 2015, prefirió bajar las retenciones a las exportaciones a las empresas sojeras.

En las últimas semanas ha arreciado la polémica entre Monsanto y el Gobierno de Macri, pero la disputa no es en torno a la expansión de la soja, sino a los cánones que Monsanto impone a los productores. En Argentina, una gran parte de los productores no utilizan la soja patentada por Monsanto, sino otras similares, a las que la empresa viene cobrando cánones o regalías a través de contratos individuales cuya legitimidad ha sido puesta en cuestión por los productores; el Ministerio de Agricultura, con el aval de Macri, se posicionó a favor de estos últimos.

Mientras tanto, las resistencias en torno a Monsanto siguen sin aparecer en las portadas de los diarios y sin entrar en la agenda gubernamental, pero se fortalecen en los territorios.

 

El investigador Mauricio Berger, especialista en justicia ambiental, lo explica así: Creo que la lucha asumirá un giro anticapitalista, porque se está llegando a la raíz: que el modelo genera desarrollo para unos pocos y daños ambientales y sobre la salud para las minorías. Se comienzan a visibilizar alternativas, cambios de modelo, formas de lucha, en los que se van concretando modos de auto-organización, como asambleas y trueques, que emergieron en la crisis de 2001, y que están ahí, latentes”.

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MIGUEL TEUBAL

“Me extrañó que Kicillof devaluara”

Por Diego Genoud

Tutor de la tesis del ministro de Economia sobre Keynes, advierte que durante el kirchnerismo la industrialización fue más slogan que realidad.

(...) ¿Por qué dice que hubo una reprimarización de la economía durante los últimos diez años y a qué se debió?

 

Si uno mira un poco la historia, desde la crisis de los años 30, hubo un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones. Y después vino el neoliberalismo que fue todo lo contrario, con Isabelita, la dictadura militar y el menemismo. Fue la etapa de la valorización financiera pero por otra parte hubo una reprimarización donde las actividades extractivas y la soja tuvieron un auge fenomenal. Durante la posconvertibilidad, hubo cierta industrialización, pero no necesariamente fue sustitutiva de importaciones. Hubo énfasis en la industria automotriz pero eso potenció también la dependencia externa. Y la industria de Tierra del Fuego no logró superar el ensamblaje. Incluso lo textil estuvo muy basado en los sintéticos que son importados.

 

Ahora nos encontramos con que de golpe se produce la crisis. Hay fuga de capitales y nos damos cuenta de que no existe una autonomía tan grande como hubiéramos querido tener. Seguimos dependiendo de las exportaciones primarias, sobre todo la soja, que representan el 70 % de las exportaciones. Ahí no hubo un cambio y eso muestra la vulnerabilidad externa de nuestra economía.

 

El momento clave del proceso industrial fue en los años 70 cuando se pensó que se podían exportar productos manufacturados y cambiar el patrón estructural de la economía pero eso se terminó con la dictadura militar.

 

Ustedes dicen que Argentina es uno de los países de América Latina donde se advierte el retroceso del sector manufacturero en relación al PBI.

 

Tomé los datos de la CEPAL y en toda América Latina hubo una reprimarización. Pero en Argentina la relación entre producto industrial y PBI había alcanzado el punto más alto y desde la dictadura cayó terriblemente. En estos últimos diez años, hubo algún auge de la industria y aumentó el peso en las exportaciones. Pero no existió un proceso neto de sustitución de importaciones.

 

Afirman también que la única política activa que hubo fue la que favoreció a los oligopolios siderúrgicos, automotrices y los de procesamiento de soja.

 

En eso, estoy citando a Daniel Azpiazu y a los trabajos de la gente de FLACSO, donde señalan la importancia de la concentración y extranjerización del capital en estos años. En todos los sectores, las grandes empresas aumentaron su participación en la economía. Puede haber habido un cambio en lo macroeconómico, la reactivación, pero ese proceso se profundizó y eso significa mayor poder de veto de las grandes empresas. Se nota claramente en el sector extractivista. Ahí si hay una clara política hacia las grandes capitales extranjeros como Monsanto, Barrick o Chevron.

 

¿Cuál fue el proceso que no se revirtió?

 

Desde los años 90, con el Plan de Convertibilidad, se estableció la libre movilidad de capitales y se eliminó la obligación que tenían los exportadores de entregar las divisas en determinados períodos. El máximo nivel de regulación fue el IAPI, durante el primer gobierno peronista, que exportaba y distribuía las divisas. Ahora los exportadores no están obligados a entregar los dólares al Estado y eso genera un problema grande como lo estamos viendo.

 

La soja como única estrategia

 

¿Por qué el gobierno no intentó recrear una Junta Nacional de Granos y dar marcha atrás con la desregulación?

 

La Junta Nacional de Granos tenía entre sus atribuciones fundamentales la de establecer precios sostén para favorecer a los pequeños productores agropecuarios. Si caía por debajo, la Junta lo establecía. Ahora muchos están hablando de eso. En los noventa, se tenía la visión opuesta de que había que impulsar el “desarrollo” y darle todas las garantías a estas empresas. Vienen al país porque son tremendamente rentables y generan enormes pasivos sociales y ambientales. El gobierno debería haber intervenido más sobre todo en la cuestión ambiental.

 

El actual ministro de Economía había dicho que, a la hora de pensar en pagar la expropiación, deberíamos incluir los pasivos ambientales que generó Repsol. Ahora parece que no lo tomaron en cuenta y están impulsando el fracking en Vaca Muerta, que es uno de los peores sistemas en materia ambiental.

 

¿Lo que ustedes denominan modelo extractivista vendría a ser el rostro actual del desarrollo?

 

Bueno, para determinados sectores del gobierno si. Para muchos gobernadores si: es la única salida. Dicen que la minería es la salvación pero es todo lo contrario. Catamarca, San Juan y La Rioja tienen enormes pasivos ambientales.

 

¿Cuál fue la política principal del gobierno ante el boom de los precios internacionales de los commodities?

 

Fue aprovechar esa circunstancia. Grobocopatel decía que había soja para rato y el gobierno se jugó a eso. Pensó que no había que generar resquemores con sectores de poder a nivel internacional para maniobrar y seguir con otras políticas de inclusión social.

 

¿Qué debería haber hecho y no hizo?

 

Tener una política más firme con el extractivismo. No basar toda su estrategia de comercio exterior en la soja. Eso trae consecuencias a largo plazo para la economía en general. El agronegocio involucra la siembra directa y la utilización masiva de agrotóxicos, que generan perjuicios enormes para la población. Implica además la deforestación porque se expande la frontera agropecuaria hacia el Norte. Debería haber tenido una perspectiva más amplia para visualizar todos estos temas.

 

¿No fue igual en otros países de América Latina?

Fue igual en todas partes. Incluso los gobiernos progresistas siguen con el extractivismo y hay protestas en toda América Latina en contra de la minería o de la soja.

 

Kicillof ministro

 

¿La devaluación es un premio tardío que el gobierno le entrega a los sojeros como un intento de reconciliación?

 

No sé si es un premio tardío o un reconocimiento de que ciertas variables se están descompensando demasiado y hay que ponerle freno a eso. Se piensa que la devaluación permite coordinar la política de alguna manera. Lo cierto es que, con la inflación, hay una tendencia a que el peso sea sobrevaluado en relación al dólar. La inflación es inercial y los empresarios se cubren. Los bienes exportables son cada vez menos rentables y eso va incidiendo sobre el superávit de la balanza comercial. La fuga de capitales se generaba a partir de la expectativa de que el gobierno iba a devaluar. Pero el sector agropecuario, los sojeros especialmente, no tienen problema de rentabilidad.

 

¿Y cuál es el mayor riesgo de devaluar?

 

El peligro de todo esto es que profundicen un ajuste y se nieguen a aumentar los salarios. La economía se está enfriando porque la devaluación genera caída de los salarios reales y hay menos consumo. Claro, no llegamos al ajuste tipo España o Grecia, donde la deuda es más del 100 % del PBI nacional. Tenemos la ventaja de una política de desendeudamiento que fue importante. Pero acá la cuestión es si seguimos con políticas ortodoxas, con los ajustes, o si seguimos con políticas heterodoxas y qué políticas heterodoxas. No sé quién está pensando en una política heterodoxa en la oposición. Dentro del gobierno, tampoco se ve claro.

¿Cómo lo ve a Kicillof en este marco, usted que lo conoce?

 

No sé. Yo lo conozco de ámbitos académicos pero además somos amigos. Éramos amigos, no sé hoy. Jajaja. Me extrañó que él devaluara. No sé si tendría que haberlo hecho en ese momento porque eso desató un montón de factores y no sé si va a poder controlar las variables económicas, incluyendo el salario. Él estaba en mi Cátedra. Yo fui su director de tesis, después fui su director en el Conicet. Siempre tuvimos buena relación. Los ayudantes de mi Cátedra son todos recomendados por él. Él es muy inteligente a nivel académico. Conoce sobre teoría económica y no se puede decir lo mismo sobre los ministros de Economía por lo general. Pero supongo que ser ministro significa otra cosa: administrar el Estado y enfrentarse a una serie de grupos de poder. No sé cuáles son los sectores en qué se apoya para impulsar su política ni cuáles serían hoy sus objetivos. No sé qué respaldo tiene para planificar. Gelbard tenía a la CGE que lo apoyaba y sectores sindicales que lo apoyaban, la Federación Agraria era aliada. Era un contexto diferente para impulsar una política de control de precios o de pacto social.

 

¿No duró tanto el pacto social de Gelbard no?

 

Es cierto. Pero el panorama era otro. Y por otra parte yo no sé que les pasa a las personas cuándo asumen cargos de importancia. De un ámbito universitario, acostumbrado a las discusiones y a la crítica de la economía, pasar a un lugar y tener que defender una política y soslayar ciertos temas que hay que soslayar en función de objetivos más amplios. Entonces, no sé si la gente cambia. La política cambia a las personas al menos cuando tienen que tomar decisiones. Por ahí cambian en cierto sentido y empiezan a ser más cínicos de decir no podemos hacer esto, ni lo otro. No sé si él se ha metido en este brete de pensar muy en las cosas de corto plazo y dejar de pensar en las de más largo plazo. No sé hacia donde apunta.

 

Uno de sus objetivos más importantes es llegar a un acercamiento con los organismos de crédito internacional y terminar la etapa del desendeudamiento.

Si, ¿pero qué significa llegar a un acuerdo con el Club de París? ¿Que vamos a endeudarnos como siempre?. Entonces vamos a terminar como antes: pedir nuevos préstamos para pagar viejos préstamos. Los Precios Cuidados están bien, pero al mismo tiempo hay una nueva política energética y se está impulsando el sector petrolífero con aumentos de combustibles. No sé pensó hasta ahora en una política energética alternativa.

 

El regreso de los ortodoxos

 

¿Usted también trabajó con Guillermo Calvo, que ahora aparece ligado a Scioli?

 

Calvo es un ultraortodoxo pero yo lo conozco de hace mucho tiempo, cuando era joven y tenía otras ideas. Es muy inteligente. Trabajamos juntos. Calvo era más progresista, no creía en el mercado. En mi época, la doctrina hegemónica en la academia de economía, en el departamento de Economía de Estados Unidos, en Inglaterra y también en nuestro país era el keynesianismo. El debate era entre Keynes y los ortodoxos. Ahora son todos ortodoxos. Todo es una sola doctrina, que es la neoclásica, en sus distintas variantes. Keynes demuestra ciertas fallas en el funcionamiento del sistema capitalista y hace propuestas para superarla. En ese sentido, uno puede decir que el gobierno actual impulsó una política más keynesiana de mantener la demanda a nivel global.

 

Moyano dijo que el gobierno está haciendo un ajuste sobre los salarios y con eso está sepultando el modelo de consumo. ¿Usted cómo lo ve?

 

No sé si el gobierno está haciendo todo eso tal cual, aunque da la impresión de que si. Hay que ver qué van a hacer con las negociaciones colectivas. Le querría ver la cara a Axel junto con los docentes porque siempre estaba de este lado. Ahora de golpe se encuentra del otro lado. Si los aumentos no son acordes con la inflación, eso significa un ajuste. Y en ese sentido tiene razón Moyano. Los salarios fueron a la cola de la inflación, salvo algunos gremios importantes.

 

¿Cómo ve el juego de la oposición? Pareciera que están pidiendo un ajuste mayor.

 

Si Scioli tiene como uno de los asesores principales a Blejer, hombre del Fondo Monetario, no sé qué se puede esperar. Massa, tiene a Peirano y Lavagna, que por ahí tienen alguna propuesta más heterodoxa, pero el conjunto de la política del massismo tiende hacia una política neoliberal. Y la presión internacional apunta a eso. Veo una situación difícil. ¿Quién de la oposición tiene un proyecto alternativo al ajuste?

 

¿Por qué cuestiona a Carta Abierta?

Es muy pro-gobierno pero se nota la falta de una perspectiva crítica. Y no quieren discutir. Ellos dicen que el gobierno se enfrentó a los grupos de poder. En algunas cosas sí, Clarín y el asunto de los medios, pero yo creo en cambio que una de las cuestiones más graves fue no tener una política firme respecto de los grandes poderes. Que haya habido una concentración de capital como lo hubo en distintos sectores. Las políticas de Moreno en materia de control precios, subsidiar a los supermercados para que no aumentaran los precios, era reconocerlos como factores de poder. Pero lo que más critico es el extractivismo, que en sectores del gobierno dicen que no es importante y que se impulsó a más no poder. Como me dijo uno de ellos: ¿qué hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido la soja? La crisis actual es producto también de las políticas que ellos impulsaron. Se promovió la soja pero no se promovió la producción de alimentos. Se podría haber impulsado la producción orgánica que es más saludable que la producción sojera, que además es 95 % para exportación. La paradoja es que los precios agropecuarios lideran el proceso inflacionario y eso es mucho más regresivo para los sectores asalariados porque destinan la mayor parte de su presupuesto familiar a la compra de alimentos.

Fuente: http://www.lapoliticaonline.com/nota/78915/