Qué País

Marzo 2017

Sin extractivismo mediante afirmación de la vida y la humanidad abajo.

 

 

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

Lo compartido por l@s 3O.000, pese a sus diferencias políticas e ideológicas, es que luchaban por la emancipación social y nacional.  No ha sido el comportamiento del matrimonio Kirchner al menos desde la dictadura genocida hasta la actualidad. Ya la decisión en contrario está presente en los virajes desde Frente Justicialista de Liberación bajo la conducción de Héctor Cámpora en 1972 al Frente para la Victoria en 2003 y al de Frente Ciudadano en 2016, este último con el objetivo explícito de construir nuevas mayorías que haga al tercer gobierno de Cristina Fernández hacia recuperar el bienestar de más de una deKada. ¿Cuál fue dicho bienestar y en beneficio de quiénes?  Examinemos:

 

El boom de la producción de soja transgénica

25 de octubre de 2006


Por Alicia Caldarone 

Nos encaminamos a transformarnos en un “exitoso” país de monocultivo, es decir, sojero. Y no sólo eso: la producción de soja extendió las fronteras de la agricultura arrinconando a la ganadería y la lechería, amenazando de extinción otros cultivos como el algodón o la caña y llevando a la deforestación a zonas de montes y selvas vírgenes.

Nuestro país y, sobretodo, las arcas fiscales administradas por el gobierno kirchnerista, están atravesando lo que se ha dado en llamar la “bonanza de la soja”. Esta definición refiere al cambio drástico, enorme que se ha producido en nuestra producción agrícola en los últimos años y que se caracteriza por el avance incontenible de los cultivos de soja y de la exportación del grano y sus subproductos. Cifras que aturden, de millones y millones de toneladas de soja, de millones y millones de dólares y de impuestos que, como retenciones, ingresan al estado son demostrativos de ése cambio, que intentaremos analizar en esta nota elaborada con la colaboración de Jorge Rulli, del Grupo de Reflexión Rural.

 

La extensa planicie de la Pampa Argentina hace apenas un siglo que es explotada en actividades agropecuarias y fue la fuente de riquezas más importante del país, ya sea en la producción de carnes o cereales. Desde esas llanuras, fuimos el “granero del mundo”, con una producción integrada, de carnes, cereales, legumbres, etc., pero desde principios de los 90 la agricultura desplazó a la ganadería y, dentro de ella, la soja reemplazó al trigo, el maíz y el girasol. Nos encaminamos a transformarnos en un “exitoso” país de monocultivo, es decir, sojero. Y no sólo eso: la producción de soja extendió las fronteras de la agricultura arrinconando a la ganadería y la lechería, amenazando de extinción otros cultivos como el algodón o la caña y llevando a la deforestación a zonas de montes y selvas vírgenes, desencadenando cambios irreversibles en nuestros campos y en todos los ordenes de su actividad.


En 1970 el cultivo de soja en nuestros campos era algo tan exótico como un oso panda en la avenida Corrientes. Era una curiosidad agrícola que sólo representaba el 1 % de las áreas cultivada y que no tenía grandes posibilidades de crecimiento. El cultivo fue creciendo lentamente hasta los años 90 cuando apareció la novedad de que una multinacional yanqui estaba lanzando al mercado una variedad de semilla de soja modificada genéticamente para hacerla resistente a los herbicidas, lo que haría que el costo de su producción y laboreo bajase drásticamente. Esta noticia corrió como un reguero, dado que el principal obstáculo del cultivo de soja era el gran costo del laboreo mecánicos que había que realizar para combatir la hierbas que dificultaban su crecimiento, limitaban los rindes y encarecían los costos de producción. Pero la soja “transgénica” no sería, precisamente maná que caía del cielo.

 

¿Que es la soja transgénica?

Las modificaciones genéticas introducidas a la semilla de soja le ha conferido resistencia a un herbicida llamado glifosato. El glifosato es un veneno para hierbas y plantas que mata la mayor parte de las especies, incluyendo a la soja no transgénica, y que, por lo tanto, no podía ser aplicado a los cultivos, ya que los mataba. Existen sin embargo unas pocas bacterias que pueden resistir naturalmente al glifosato sin sufrir serios daños. Una vez que se pudo aislar el gen que le daba resistencia y protección a esas bacterias, los científicos lo introdujeron en la soja mediante ingeniería genética, creando la soja transgénica resistente al herbicida más poderoso, al veneno mortal. De esta manera cuando se aplica glifosato no se destruye la soja transgénica y se controlan así las malezas que dificultan el crecimiento de la soja sin ser necesario mayores laboreos, ni gastos en maquinaria, combustible, etc. 
 

Los productores adoptaron la soja porque su cultivo es más barato y les deja más ganancias con cuidados mínimos, poco personal, poca maquinaria y poco combustible. 


Así fue como, en sólo siete años, la superficie sembrada con soja pasó de 800.000 hectáreas a 20 millones, o sea creció 25 veces!
Hoy la Argentina es el segundo productor mundial de soja, después de EE.UU. y el 60 % de la producción agrícola de nuestro país es la soja transgénica. Casi toda la soja producida es exportada, a países del primer mundo, en grano, o a China en grano o como sub productos. El 70 % se exporta sin procesar y el resto se transforma en harina o aceites antes de ser embarcado.
Hemos dejado de ser el granero de mundo para pasar a ser el país forrajero de los animales del primer mundo, criados en establos en base a nuestra soja (y a expensas de la fertilidad de nuestros suelos!).

 

El dueño de la chancha

Monsanto, una multinacional yanqui, tiene la patente tanto de la semilla transgénica como del herbicida, con lo que ha cerrado un negocio monopólico y altamente rentable.
Al instalarse la cultura de la siembra directa (sembrar sin arar ni laborear el suelo) en base a un discurso aparentemente conservacionista de los suelos, se produjo una revolución entre los productores y una avalancha hacia la soja. 
Monsanto es la dueña de la chancha y no piensa largarla, ya que está a la caza de los que trafican con semillas (originadas en las propias cosechas) que no le pagan tributo y de los que compiten con sus herbicidas.
Y ahora va por más, ya que están en las fases finales de investigación de una semilla de soja, genéticamente modificada, para que no pueda ser utilizada más de una vez para la siembra, dado que el grano resultante de la cosecha será estéril para una nueva siembra. Entonces, la única semilla que se podrá utilizar será la de ellos.
De éste modo, el cerco se cerrará definitivamente y sólo Monsanto tendrá la llave de la puerta. Por eso uno no puede sorprenderse por el hecho de que el principal auspiciante del boom sojero sea, precisamente, ésta empresa monopólica.

 

El campo vacío

Ahora, todo el trabajo se hace con una sembradora, que raspa el suelo, deposita la semilla y los fertilizantes en una sola pasada y al trabajar menos la tierra se emplea menos personal y menos combustible y aumentan los rindes económicos.
La siembra directa de soja reduce el trabajo de los agricultores e impulsa la inversión en máquinas sembradoras más grandes y más rápidas, cuyo precio es cada vez más elevado. Como los agricultores con campos pequeños no ganan lo suficiente para seguir en esa carrera vertiginosa por los rindes, tienen que arrendar o vender sus campos a los grandes productores, a los grandes capitalistas, generando mayor concentración de la propiedad de la tierra y el abandono del campo de miles y miles de familias, sin trabajo, tierras ni esperanzas.
Este modelo agrario generó la expulsión del pequeño propietario y los pueblos del interior van quedando poblados por fantasmas cuando antes había un ejército de personas trabajando y viviendo de un campo diversificado.

 

Desde 1990 hasta 2002 desaparecieron 60 mil establecimientos agrícolas medianos y pequeños, a un promedio de 12 establecimientos que cierran por día. Con el cierre de huertas y granjas y de pequeñas chacras absorbidas por el boom sojero, se deja de producir una enorme cantidad de alimentos básicos como legumbres, hortalizas, y cereales de alta calidad 
Muchos productores lecheros han debido arrendar sus campos para el cultivo de soja, y en los últimos dos años miles de tambos fueron cerrados, enfrentando la producción láctea un horizonte sombrío.
La región algodonera del norte argentino daba trabajo a miles de familias durante la cosecha manual, pero los productores algodoneros se volcaron al cultivo de soja transgénica y, al desaparecer el algodón, los recolectores pierden sus trabajos y se concentran, desocupados, en las afueras de las grandes ciudades.
En ésas regiones, 6 de cada 10 adultos ya no tienen trabajo, se amontonan en los suburbios pobres y, en el mejor de los casos, reciben un subsidio de 150 pesos. Cientos de miles de trabajadores rurales fueron expulsados de los campos donde siempre vivieron y en los próximos años, su número seguirá aumentando ya que la industria urbana, destruida por el menemismo, no puede ayudar a los expulsados del campo. Así los suburbios de las grandes ciudades ven crecer los asentamientos en el hambre, la indigencia, la violencia y la desesperación.

 

El desierto que se viene

Los suelos agrícolas de argentina están perdiendo, dramáticamente, su fertilidad por el cultivo de soja. Uno de los conceptos básicos, milenarios de la producción agrícola es la rotación de los cultivos y el barbecho. Es decir, se deben intercalar cultivos de distintas especies y también de ganado y se deben alternar años de producción con un período de descanso de los suelos. La disparidad de la producción enriquece los suelos y renueva su vitalidad, mientras que la repetición de los mismos cultivos agota los agota y produce una perdida creciente de su fertilidad hasta terminar en la desertificación.
El actual sistema agrícola está basado en el monocultivo y el agotamiento de la fertilidad de nuestras tierras y nos estamos quedando con el esqueleto, con la osamenta del suelo, mientras la riqueza mineral ha sido transferida, a través del poroto, a las vacas europeas.

La siembra directa, propagandizada por las multinacionales como una panacea de la conservación de la fertilidad de los suelos, al combinarse con el cultivo de la soja, deja la llanura desnuda, desprotegida y sin rastrojos para barbecho. La tierra no tiene posibilidades de recuperar sus nutrientes y es cada vez más pobre.
La soja es muy demandante de nutrientes como nitrógeno y fósforo (requiere el doble que el maíz) y ello esta dando como resultado que la concentración de nutrientes en los suelos esta bajando drásticamente. El fósforo no es naturalmente renovable y debe incorporarse de manera artificial y resulta bastante caro el hacerlo. 
En la cosecha del 2002 se exportaron 30 millones de toneladas de soja , pero con los porotos se fueron 900 mil toneladas de nitrógeno y 200 mil toneladas de fósforo. Y esos nutrientes que se exportan con la cosecha no se reponen y si lo hiciéramos, resultaría que cuesta más que el valor que estamos recibiendo por los porotos.
A pesar del daño IRREVESIBLE que produce la soja, la superficie cultivada aumenta un millón de hectárea por año.

La región chaqueña es un ambiente con la mayor biodiversidad en flora y fauna del País, pero la demanda de tierras para el monocultivo de soja ha obligado también a los animales a dejar su hábitat amenazando con destruir el equilibrio. Pero peor aún son los daños que la deforestación de montes y bosques para incorporar nuevos suelos sojeros, están produciendo sobre la naturaleza y el clima, creando sequías interminables en zonas antes relativamente húmedas o, al revés, originando tragedias como la del norte salteño, donde las precipitaciones descontroladas abaten puentes y poblaciones enteras. Codicia de sojeros, riqueza de pocos, miseria de muchos y desastres naturales.
Encima, todos los estudios realizados demuestran que después de 5 años de producción consecutiva la tierra pierde aceleradamente su fertilidad y se trasforma en un desierto.
En síntesis, la producción de soja transgénica contamina el medio ambiente, disminuye la fertilidad de los suelos y produce desocupación entre los trabajadores rurales.

 

Soja forrajera para alimentar pobres

A principios del 2002 se puso en marcha un plan para regalar porotos de soja a comedores comunitarios de todo el país, como una “forma de combatir el hambre” sustituyendo carne y lácteos con soja, con el “cuento” de que era mas nutritiva y completa que esos alimentos.
La soja nunca formo parte de la dieta de los argentinos pero el hambre pudo mas que la costumbre y en los comedores se come soja varias veces por semana. Ahora bien, el consumo en grandes cantidades de soja trae graves problemas de salud para la población mas marginada.
En los comedores, los porotos no se pueden cocinar las dos o tres horas que requieren para ser bien digeridos, porque la energía es muy cara y, en la mayoría de los comedores se la hierve apenas unos minutos. Así, estos porotos semi cocidos son mezclados con otros alimentos para enmascarar su gusto, pero nadie menciona los riesgos. La soja se regala explicando que es un sustituto de la carne, pero nadie aclara sus aspectos nocivos si está poco cocida. Es que la soja tiene algunos elementos que actúan como antinutrientes y perturba la digestión proteica por su alto contenido de fibras que interfieren en la absorción de elementos minerales.
Cualquier pediatra lo puede confirmar: la soja y su famosa “leche” resultan particularmente dañinas para los niños, ya que inhibe la absorción de nutrientes esenciales como calcio, hierro y zinc, imprescindibles para un crecimiento sano y normal.
Y, para empeorarla, el gobierno no controla la sanidad de la soja que se distribuye a los comedores comunitarios. Y suele suceder que ésta viene directamente del campo, trayendo restos de glifosato de las fumigaciones, con lo que se agrega un nuevo riesgo para los niños.
En realidad, las constantes donaciones de soja para los comedores comunitarios y el intento de imponerla como alimento en los comedores escolares es una maniobra publicitaria a expensas de la salud de la población. Al donar una parte insignificante de la producción a los comedores intentan imponer culturalmente el modelo de dependencia que la soja implica y lo que debemos hacer justamente es desmontar este modelo.

 

¡El Imperio, siempre el Imperio!

Y la esencia de éste modelo de destrucción de nuestros suelos y de sus riquezas es similar al esquema de las pasteras (Gualeguaychú), donde se “exporta” agua, naturaleza, árboles, fauna, etc. en forma de pasta celulósica. De lo que se trata es de apropiarse de nuestros recursos naturales, no renovables por definición, para abastecer los hogares, las industrias, los animales y cuanto lo requiera en los países imperialistas. La minería devasta las montañas y los glaciares, contamina los ríos, envenena la naturaleza.
La industria petrolera extranjera por obra y gracia de Menem y Kirchner- ya acabó con nuestros recursos petroleros y en sólo dos años estaremos suplicándole a Chávez que no nos abandone. Y así podríamos seguir...., pero volvamos a la soja, porque esto no se agota en los forrajes.
En efecto, al acabarse el petróleo está comenzando a insinuarse un nuevo boom: el del bio diesel, o sea la conversión de aceite de soja en combustible líquido para vehículos automotores: ahora vamos a cultivar soja para hacer biocombustibles, mientras Repsol, la empresa de los amigos de Kirchner, se lleva el petróleo y nos deja los pozos vacíos.
Pasamos de un mono cultivo destructivo de soja para engordar los chanchos y las vacas europeas a un nuevo boom sojero para llenar los tanques de los autos de españoles y franceses.


Claro que, Monsanto y los grandes capitalistas del agro seguirán destruyendo nuestros campos y embolsando fortunas. Y nuestro gobierno entreguista seguirá mirando para otro lado, porque mientras la soja deje tantos y tantos dólares, mientras las reservas monetarias crezcan así, mientras los decretos de necesidad y urgencia y los superpoderes les permitan apoderarse impunemente de esos dineros públicos, mientras esto sea así, a quién le importa el desierto que se viene y el hambre que se encima. 

 Publicado en La Maza Digital y www.ecoportal.net

Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Transgenicos/El_boom_de_la_produccion_de_soja_transgenica

 

 

Profundicemos en la expansión posterior del autodenominado "proyecto nacional, popular y de derechos humanos". 

 

 

 

La “sintonía fina” del modelo sojero

Cristina Kirchner, Rockefeller, Monsanto y la nueva oligarquía agroindustrial
15 de enero de 2013

 

Por Jorge Rulli y Maximiliano Mendoza del  Grupo de Reflexión Rural

 

 

Después de un primer semestre convulsionado por las oscilaciones de los mercados globales, y aún cuando restan aproximadamente cinco meses para la cosecha de soja transgénica en nuestro país, surgen algunos datos de relevancia en torno a las proyecciones en el corto plazo de la balanza comercial que, si bien permanecerá superavitaria, arrojará considerables disminuciones de aprovisionamiento de divisas por exportación (se estima que ingresarán U$D 4000 millones menos). La crisis del capital internacional, sumado al notable impacto del descenso de la demanda europea y asiática en el mercado de futuros, hace que la cotización de la oleaginosa genéticamente modificada en la Bolsa de Chicago esté muy por debajo de las expectativas proyectadas a principios del año pasado.

En este contexto, la Argentina tomó a lo largo de 2012 una serie de determinaciones en materia de agronegocios cuyas implicancias consideramos alarmantes. La consolidación de un modelo de desarrollo extractivo, agro-minero-exportador, productor de materias primas, destinadas a satisfacer la demanda de los mercados globales, parece ser el objetivo final de todos los planes estratégicos diseñados por el Estado Nacional.

Para comprobarlo, sólo basta con consignar algunos de los objetivos principales del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2) [1]: incrementar la superficie sembrada con granos en un 27%, (es decir, aumentar la superficie actual de 33 millones de has. a 42 millones de has.), elevar la producción de soja GM en un 20% (aumentar la superficie actual de casi 20 millones de has. a más de 22 ó 23 millones de has.) y elevar la producción de maíz GM en un 56% (aumentar la superficie actual de 3,7 millones de has. a 5,7 millones de has.), entre otros objetivos.

Como dato adicional, es importante destacar el PEA2 se sustenta ideológicamente en los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, cuyos mayores promotores a nivel global son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio [2]. Es un dato relevante en términos del análisis del discurso, puesto que la dirigencia oficialista de nuestro país se caracteriza por el uso de una retórica nacional-popular, enérgicamente antineoliberal, crítica del llamado “Consenso de Washington”, condenatoria de las ideologías del libre mercado y de la dependencia de los organismos multilaterales de crédito. No obstante esos discursos, los responsables supranacionales del diseño macroeconómico de los aciagos años del menemismo parecen seguir presentes en las decisiones estratégicas de la alianza actual entre el estado nacional, las corporaciones transnacionales y la nueva oligarquía local.

La discusión en torno a estas cuestiones fundamentales están ausentes del debate político-mediático. Parecería que la llamada realpolitik y el marketing político impusieron estilos de confrontación en los que no prevalecen las formas; ya poco importa si se emplean retóricas de izquierda o de derecha, excepto por aquéllos casos en los que la polarización se presta al uso pragmático de los grupos de poder. Los principales partidos políticos y los grandes medios de comunicación de la Argentina parten del acuerdo tácito de no discutir el modelo de desarrollo en vigencia, especialmente en lo que concierne al modelo sojero. Sencillamente porque casi todos están de acuerdo con él.

En este artículo enunciamos una serie de acontecimientos en materia de agronegocios cuya importancia para el modelo de desarrollo impulsado por el Estado Nacional y las corporaciones son decisivos para los años venideros, y que seguramente configurarán nuevos y extraordinarios escenarios de luchas y resistencias sociales.

Bioceres, Gustavo Grobocopatel y la soja resistente a la sequía: la ciencia empresarial como política de estado

En febrero del año pasado, durante una videoconferencia organizada en la Casa Rosada, en simultáneo con Tecnópolis, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba junto al actual Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, el descubrimiento de un gen cuya implementación permitiría incrementar la producción de soja, maíz y trigo en contextos de sequía. El anuncio fue realizado junto a las autoridades de la empresa Bioceres S.A. y la Dra. Raquel Lía Chan, directora del proyecto nacido a la luz de un convenio público-privado firmado en 2004 entre dicha empresa, el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral [3] [4].

Bioceres es una empresa cuyos accionistas son a su vez destacados miembros de AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y cuyo director titular es nada más y nada menos que el llamado “Rey de la Soja”, Gustavo Grobocopatel.

Durante dicho encuentro, Cristina Fernández de Kirchner consideró que “si se adapta esta tecnología en todo el mundo, con tan sólo los cultivos de soja se obtendrían unos 2500 millones de dólares en concepto de regalías por campaña” y que “se trata de uno de los descubrimientos más importantes en términos de mejorar la calidad de las semillas, la producción y lo que va a significar en materia de regalías para el Conicet, para la Universidad del Litoral, para la empresa asociada; además del crecimiento en la producción agrícola del país” [5].

Por su parte el ministro Lino Barañao, expresó que “este caso permite demostrar que hemos instalado en la Argentina algo que es la norma de los países desarrollados: se invierte en investigación, se protege adecuadamente la propiedad intelectual y luego se comercializa a través de canales adecuados para que ese rédito se efectivice. También me parece importante destacar que la seguridad alimentaria, es decir, la seguridad de provisión de alimentos, es tal vez el mayor desafío que tendrá la humanidad en las próximas décadas”.  

Con un financiamiento de $3.750.352 aprobado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en 2008 (según consta en la resolución Nº 034/2008 del Programa Áreas Estratégicas) [6] , dicho proyecto “logró el aislamiento y la caracterización de un gen de girasol (el ya patentado gen HAHB-4) cuya función estaba relacionada con la respuesta natural de la planta a condiciones de estrés abiótico, tales como sequía y salinidad. Según concluyeron, el incremento de la productividad de esta nueva tecnología oscilará entre el 10% y el 100% dependiendo del tipo de cultivo, la calidad del mismo y el lugar donde se produzca así como también de los factores climáticos”. Todo parece indicar que, además de permitir sortear eventualidades climáticas, el objetivo último de la introducción de estas nuevas tecnologías apunta a extender el cultivo de soja GM hacia áreas de estrés hídrico como la región cuyana, lugar donde hoy sus poblaciones ya padecen el terrible flagelo de la megaminería.

Cabe destacar que el patentamiento de dicho descubrimiento es de propiedad conjunta del Estado Nacional, a través de la titularidad del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Sin embargo -y en absoluta consonancia con la antigua tradición liberal estado bobo/ empresas prebendarias- se otorgó a la empresa Bioceres S.A. su licencia para uso y explotación durante veinte años.

En tal sentido, Bioceres S.A. anunció el nacimiento de Verdeca, una joint-venture conformada junto la empresa estadounidense Arcadia Biosciences, para el desarrollo y la comercialización internacional de eventos transgénicos utilizados para la obtención de semillas GM. En su página web ya se pueden apreciar los anuncios de su nueva soja resistente a la sequía, lanzamiento estimado entre los años 2015 y 2017 [7] . En teoría, las empresas participantes del acuerdo invertirán durante los próximos cuatro años U$D 20.000.000 para el desarrollo de la tecnología y su introducción en nuestro país y los mercados globales.

Monsanto, el Consejo de las Américas y el poder global: la nueva soja Intacta RR2 PRO, la propiedad intelectual y la nueva fase del agronegocio

El 14 de junio del año pasado 2012, pocas horas después de su aclamada intervención por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ante el Comité de Descolonización de la ONU, Cristina Fernández de Kirchner participó de una reunión en el Consejo de las Américas junto a diversos representantes de las corporaciones transnacionales más poderosas del mundo [8]. Entre ellos, por supuesto, se encontraban los directivos de Monsanto Company.

Durante el encuentro, la presidenta anunció algunas de las medidas que favorecen a su filial en Argentina y que hoy mantienen en estado de alerta a muchos movimientos sociales de todo el país: la inversión de casi 2000 millones de pesos para la construcción de dos “centros de investigación y desarrollo” en la localidad de Islas Malvinas (Córdoba) y en Tucumán; el lanzamiento comercial de la nueva soja “Intacta RR2 Pro” [9] -que agrega mayor resistencia al glifosato y repelencia a lepidóteros-; la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas al maíz transgénico para incrementar su productividad; el futuro “respeto por las patentes” sobre las modificaciones genéticas de Monsanto -que posiblemente se traduzca en un nuevo esquema legal sobre las semillas con el fin de asegurar su tributación por parte de los productores-; la importancia de las inversiones de dicha empresa en el marco de los objetivos del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2) y la posibilidad de extender la frontera agropecuaria hacia la Patagonia.  

Tampoco ahorró elogios para el trabajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus casi 900 científicos repatriados. Y repitió una vez más la cantinela favorita de las corporaciones globales de la agroindustria: “la producción de alimentos con métodos tradicionales es insuficiente para alimentar a la humanidad, por lo que se hace fundamental la intervención de la ciencia y la tecnología”. En suma, Cristina Fernández de Kicrhner considera que lo fundamental radica en el negocio de las corporaciones transnacionales de la agrobiotecnología en aras de consolidar el dominio global de la especulación alimentaria.

Un dato clave respecto de esta reunión: estuvo organizada por una amiga íntima de la presidenta: Susan Segal, CEO del Consejo de las Américas, territorio del magnate del petróleo y las finanzas David Rockefeller (accionista de Monsanto junto a George Soros y Bill Gates, entre otros) y del tristemente célebre John Negroponte, aquel oscuro diplomático quien en su momento fuera un aliado fundamental del genocida Henry Kissinger para la ejecución de la Operación Cóndor en América Latina [10].

Susan Segal también es consultora de JP Morgan Partners y fue directora de América Latina para Chase Capital Partners. Pero los lazos con el poder económico de la Argentina se estrechan: según consta en su currículum [11] , también fue Directora Titular y Miembro del Comité de Auditoría de CRESUD, una de las empresas del imperio de Eduardo Elsztain, durante los años 2004 y 2006.

Eduardo Elsztain, uno de los empresarios con mayor llegada a los centros del poder financiero global, es dueño de numerosos shoppings, edificios, y hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país. Controla el Banco Hipotecario desde los años ’90, es propietario de IRSA (la mayor corporación inmobiliaria del país) y de CRESUD, empresa del rubro agroindustrial mediante la cual controla casi un millón de hectáreas en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, destinadas principalmente a la producción de transgénicos. Este empresario, además de ser uno de las personas más influyentes de la Casa Rosada, es también uno de los selectos miembros del Comité Asesor Internacional de la Presidencia del Consejo de las Américas , espacio que comparte junto a otros empresarios de la Argentina como su ex socio Marcelo Mindlin (Pampa Energía, Edenor y Transener), Alejandro Bulgheroni (Bridas), Woods Staton (Arcos Dorados, operador de Mc Donald’s para América Latina) y Amalita Amoedo, nieta y heredera de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat [12]. Conforme estos datos, resulta a todas luces comprensible el hecho de que el ex presidente Néstor Kirchner registrara una asistencia casi perfecta a la sede del Council of Americas cada vez que viajó a Nueva York.

Lo curioso es que al día siguiente de aquella reunión en el Council of Americas, en Paraguay tuvo lugar un hecho que desataría un vendaval político: la masacre de Curugauty [13], en la que fallecieron 11 campesinos y 6 policías. Como se conoció después, este hecho fue aprovechado por la oposición del por entonces ya debilitado presidente Fernando Lugo, quienes no trepidaron en iniciarle un juicio político para destituirlo, algo que lograron transcurridos unos pocos días. Detrás de la trama conspirativa estuvo nada más y nada menos que Monsanto, quienes junto a los sectores del poder local más reaccionario, tales como la Unión de Gremios de Producción (UGP) y el Grupo Zucolillo -socios locales de Cargill y dueños del diario ABC-, iniciaron una intensa campaña de lobby pro transgénicos, tras verse impedidos por los organismos sanitarios del Estado para imponer nuevas semillas de algodón genéticamente modificado. Lamentablemente, ni siquiera este golpe mediático-institucional logró hacer mella en la sensibilidad política de Cristina Fernández de Kirchner, quien a su regreso de Nueva York, se solidarizó con Fernando Lugo y junto a sus pares de la UNASUR repudió el “golpe de Estado” en el Paraguay luego de haber estado reunida con la corporación transnacional que lo propiciara.

Sin dudas estas nuevas tecnologías de “segunda generación” anunciadas por Cristina Fernández de Kirchner y por la empresa Monsanto a mediados de 2012, suponen la apertura de una nueva fase del agronegocio en la Argentina. Algunas fuentes señalan que dichos anuncios fueron producto de una larga serie de negociaciones entre el gobierno argentino y Monsanto, operaciones en las que el lobby empresarial se expresó a través de la Embajada de los Estados Unidos e inclusive mediante la intervención de altos miembros del gabinete del presidente Barack Obama [14].

A modo de conclusión

El brutal proceso de sojización inaugurado en la Argentina a mediados de la década del ’90, evidencia una de las continuidades más palmarias de los llamados modelos de desarrollo: tanto el neoliberalismo como el actual neodesarrollismo de base extractiva, comparten los mismos presupuestos en términos de acumulación del capital, basada en el despojo de los bienes comunes. Estas intersecciones políticas, puestas de relieve, demuestran que, visto desde las lógicas de la modernidad, no necesariamente existe un antagonismo irreconciliable entre neoliberalismo y progresismo.

Desde la aprobación ejecutada por el menemismo en 1996 de la soja RR (Round Up Ready) de Monsanto hasta la aprobación de la soja “Intacta RR2 Pro” ejecutada por el kirchnerismo, transcurrieron casi dieciséis años en los que la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció prácticamente en un 5000%, pasando de 370 mil hectáreas en 1996 a los 20 millones de hectáreas en la actualidad , lo que representa prácticamente dos tercios de la superficie cultivada total de la Argentina. A esto debe agregarse el colosal abuso de la tecnología química: durante el 2012 se utilizaron más de 300 millones de litros agrotóxicos.

El tutelaje estatal del excedente es fundamental para comprender el fetiche por el crecimiento compartido por el neoliberalismo y el progresismo: el uso de la agrobiotecnología se justifica por la constante búsqueda del incremento de la productividad, puesto que a una mayor producción le sigue una mayor recaudación. Así, las previsiones económicas indican que en la temporada 2012/13 se logrará obtener una cosecha de soja GM que oscilará entre los 55 y 60 millones de toneladas. De esa manera, el Estado Nacional obtendría una recaudación de 12 mil millones de dólares en concepto de retenciones (casi el 10% de la recaudación total).

La Argentina, largamente gobernada por una dirigencia que mixtura progresismo setentista y neoliberalismo reciclado, consolida de esta forma su estatus de “Republiqueta Sojera”, metáfora que alude a una de las facetas más perversas del modelo extractivo y neocolonial en vigencia: la agricultura biotecnológica, productora de granos transgénicos y de agrocombustibles para los mercados globales, hegemonizada por el capital concentrado transnacional y sus socios locales, aliados a los fanáticos, tanto públicos como privados, de la ciencia y de la tecnología. Una agricultura desnaturalizada y deshumanizada; una agricultura sin agricultores, profundamente violenta con el suelo y con los ecosistemas; una agricultura que considera meros insumos a las semillas y a la biodiversidad.

Los terribles impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y sequías, la pérdida de los suelos y sus riquezas, el desplazamiento de las poblaciones y su consiguiente hacinamiento en las periferias urbanas asistencializadas, no forman parte de las preocupaciones gubernamentales, son justificadas por “razones de estado” y configuran la contracara del jactancioso “modelo de crecimiento económico con inclusión social” machacado por el poder comunicacional del kirchnerismo.

Los procesos político-económicos que se profundizan en torno al modelo de los agronegocios, sumado a la creciente subordinación de las políticas de estado hacia los objetivos económicos de las corporaciones transnacionales y las necesidades de los mercados globales, se distancian de manera abrupta de las retóricas épicas que, ilegítimamente, pretenden activar el imaginario social de la tradición nacional y popular. Una mirada congruente con las complejidades propias de la historia reciente de la Argentina , observaría con facilidad la tensión que existe entre la base material y el universo simbólico-ideológico del actual proceso político, tensión que, sin dudas, el progresismo oficial ha sabido capitalizar en términos proselitistas: apropiarse de retóricas que apelan a la memoria de las resistencias de nuestros pueblos para resignificarlas y reconvertirlas en herramientas de dominación simbólica al servicio del capitalismo global.

La resignación y la capitulación de ciertos sectores progresistas y/o de izquierdas (intelectuales, funcionarios, sindicalistas, etc.), cuando no el posibilismo y la creencia en la gradualidad, dieron lugar a una legitimación del actual proceso de recolonización cuya contribución al confuso maremágnum conceptual de nuestra época resulta crucial. Es por ello que en ciertos “relatos” progresistas y hasta de izquierdas, se encuentran disparatadas interpretaciones históricas en procura de justificar nuestro triste rol neocolonial de apéndice agro-minero-exportador impuesto por la globalización.

Tenemos que salir de la encerrona racional, urbana e industrial periférica que nos propone la globalización . Necesitamos desactivar a sus portavoces liberales y progresistas. La fe ciega en el progreso y el desarrollo material infinitos, nos impide pensar la posibilidad de mundos-otros, e indefectiblemente nos conduce a un suicidio colectivo.

Es por ello que necesitamos recrear un pensamiento nuevo con ligazón a las sabidurías ancestrales, orientado hacia nuevos horizontes decoloniales, ecológicos y libertarios. Un pensamiento que nos permita cuestionar las lógicas de la modernidad de manera radical, convencidos de que el cuestionamiento de sus presupuestos es el mejor modo de aportar a las luchas contra el capitalismo y el colonialismo.

Luchamos por retomar el derrotero americano del arraigo y recuperar la dimensión sagrada del territorio, el alimento y la vida en comunidad. En suma: asumir el destino cósmico que nos une a la Madre Tierra.  

"Se trata de descubrir un nuevo horizonte humano, menos colonial, más auténtico y más americano. ¿Para qué? Pues para que desde aquí recién pensemos la necesidad o falta de necesidad de las revoluciones, o quizás un mundo auténtico donde una revolución podría ser inútil por estar ya todos nosotros desde siempre en ella, pero en toda su profundidad, con toda nuestra plenitud americana" (Rodolfo Kusch) [15].

Referencias: (…)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=162247

 

 

Tengamos en cuenta porqué no puede haber buenos vivires abajo si se desarrolla extractivismo o acaparamiento en gran escala de territorios hasta devastarlos como se explica a continuación y se multiplican los mega emprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios artificializando o fragilizando la estabilidad de esos ambientes-medios circundantes.

 

 

 

 

Petróleo, megaminería, soja y pasteras: ¿progreso para quién?
1 de abril de 2015

Por Emmanuel Gentile egentile@infobae.com  

Comunidades enteras pagan las consecuencias del modelo extractivista que el kirchnerismo profundizó en la última década en busca de engordar la "caja". Los grandes ganadores y la contaminación ambiental.

Soja, petróleo, pasteras y megaminería son pilares del modelo extractivista que rige la economía de nuestro país: la provisión de dólares, energía e inversión extranjera resultan un objetivo fundamental para cualquier Gobierno. Al mismo tiempo, grandes corporaciones y poderosas empresas gozan del beneplácito estatal para alzarse con ganancias ilimitadas. Como contracara, poblaciones enteras son víctimas del despojo de sus territorios y la destrucción del medio ambiente. Comunidades rurales e indígenas se enfrentan día a día a un real envenenamiento de su aire, su agua y su suelo, que se traduce en problemas alimenticios, graves enfermedades, malformaciones, abortos espontáneos y muerte.

Pero las voces que se alzan para denunciar lo que sucede no encuentran eco en la clase dirigente ni en los medios masivos de comunicación. Tampoco en las clases medias urbanas, que no perciben riesgo alguno, a no ser que un contáiner con agroquímicos reviente en el puerto de Buenos Aires y expanda una nube tóxica en el ambiente.

 

Darío Aranda es periodista de Página/12 y autor del libro Argentina Originaria. Trabaja desde hace 10 años en comunidades campesinas e indígenas, y en su segundo trabajo editorial, Tierra Arrasada (Sudamericana), realizó un exhaustivo mapa del extractivismo local, en el que da cuenta de las consecuencias de un modelo que se inició en el menemismo y que el kirchnerismo ha profundizado de manera exponencial en los 12 años que lleva en el poder.

- ¿Quién gana y quién pierde con el sistema extractivista?

Hay varios ganadores. En primer lugar las corporaciones como Monsanto, Barrick Gold, Chevron, Panamerican Silver, Alto Paraná y muchas otras infinitamente más grandes que Clarín, y contra las cuales el gobierno no ha dado ninguna batalla. En segundo lugar, los gobiernos, que lo ven como una caja a través de las retenciones. Y en bastante menor medida los productores, aunque habría que hacer una gran distinción según el tamaño. No es lo mismo un pool de siembra que un pequeño productor que tiene 100, 200 o 300 hectáreas. Parte de los medios de comunicación aliados a los agronegocios también se ven beneficiados, y por eso son estos sectores los que más prensa tienen. Los afectados son infinitamente más, pero siempre sectores populares: campesinos, indígenas, pequeños pueblos. Hay que ir al campo para ver la cantidad de enfermedades que hay, que antes no existían.

 

- ¿Cuál es el grado de responsabilidad del Gobierno?

Estos temas involucran al Gobierno nacional y a sus aliados provinciales. Claro que también hay una fuerte pata empresaria en este modelo. Pero todas las leyes, la ingeniería legal que permite la avanzada petrolera; la explotación forestal; la forma de aprobación de transgénicos fue sancionada en los 90 y profundizada en la última década, en la que se aplicó el extractivismo a rajatabla: en el 2003 había 40 proyectos mineros en estudio, en la actualidad, hay 600. Cuando llegó el kirchnerismo había 12 millones de hectáreas con soja, hoy hay casi 22.

 

- ¿Como opera el Estado a la hora de controlar la contaminación que causan las empresas?

El modelo extractivo tiene la particularidad de contar con la complicidad, la asistencia y el andar en el mismo camino de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Si el poder judicial hiciera cumplir la ley, el modelo no podría avanzar. La Argentina tiene frondosa legislación, sobre todo de protección indígena, que obliga a consultar y obtener el consentimiento de las comunidades. En Vaca Muerta, debería haber habido, pero no lo hubo. Y ahí tiene mucho que ver el poder judicial. Es muy curioso también que los que se oponen a que el pueblo decida son los propios poderes del Estado que llegaron por el voto popular. La lucha contra el extractivismo no es solamente una lucha ambiental, es social, política y económica. Y al mismo tiempo pone en evidencia los límites de la democracia actual, que termina siendo selectiva y conservadora.

 

- Esto no lo plantea ningún partido o candidato opositor de peso o con chances de acceder al poder

Cualquier candidato que pueda llegar a un cargo ejecutivo nacional o provincial se va a basar en el mismo modelo extractivo, porque todos lo visualizan como una caja de recursos. A todas las consecuencias sociales, sanitarias o ambientales las ven como daños colaterales. Hay que remarcar que todos los Gobiernos de la región actúan igual, sean de derecha, de centro o de izquierda. Correa o Evo Morales, quizás con matices, terminan haciendo lo mismo.

 

- ¿Quién lo cambia entonces?

Creo que los cambios van de abajo hacia arriba, nunca vienen desde los Gobiernos. Muchas comunidades han logrado frenar las actividades extractivas votando en plebiscitos y proponiendo otro modelo. En Malvinas Argentinas, Córdoba, han logrado frenar a Monsanto. Vienen periodistas e investigadores de todo el mundo a ver cómo es el caso de esa pequeña localidad que pudo frenar al monstruo. Ahí está el gobierno nacional, de un signo político, el provincial de (José) De la Sota, de otro, y la intendencia, que es radical. Los tres se oponen a que la población vote.

 

- ¿Qué implicaría para el campo frenar el uso de transgénicos y agrotóxicos?

El modelo sojero tiene sus consecuencias ambientales, sociales, sanitarias y también económicas, porque ha generado una enorme desocupación. Hace casi 20 años, cuando se aprobó en la Argentina la primera soja transgénica, uno de los grandes discursos era que llevaría a usar cada vez menos agroquímicos. Esa fue una gran mentira. Está comprobado por estudios de las propias cámaras empresarias que cada vez se usan más y peores agroquímicos para controlar lo que ellos llaman malezas. Hay trabajos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que demuestran que se puede producir sin agroquímicos, teniendo igual producción y mayor margen de ganancias. Sin embargo el Estado, las universidades y los medios adoptaron el discurso empresario de que sin transgénicos y sin agroquímicos no se puede producir. Detrás de eso obviamente hay un gran negocio que le quita autonomía a los productores. No hay un solo estudio independiente de Monsanto que pruebe que es más productiva.

- El problema es que hoy hay toda una economía basada en un modelo agroexportador, cuyo sostén más significativo es la soja.

Nadie pide que de un día para el otro se deje de producir soja o se dejen de usar agroquímicos. Pero sí que haya distintas etapas de transición hacia otro modelo que produzca alimentos de calidad y sanos para la población. ¿Cuántos de nosotros comen soja? Nuestro país produce alimentos para aves y chanchos de Asia y de Europa, y eso es toda una definición para mí

- Por qué pensás que los medios masivos y muchos periodistas callan lo que vos contás?

Hay un fuerte componente empresarial de los grandes medios ligado al modelo agropecuario. Al mismo tiempo, en medios alineados con el Gobierno nunca vas a ver críticas al fracking, o a la contaminación en Vaca Muerta. Creo que falta también una reflexión crítica sobre los periodistas. No podemos alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. En mi caso, lo que no puedo publicar en el diario lo publico en medios alternativos o populares.

 

- En el libro hablás de la indiferencia de las clases medias urbanas a los efectos que causa el extractivismo no sólo en la tierra, sino sobre todo en comunidades campesinas y aborígenes. ¿Esto lo adjudicás a un desinterés de clase y geografía o más bien a la desinformación?

Hay múltiples factores. Yo lo simplifico con el ejemplo del día que explotó el contáiner con agroquímicos en el puerto de Buenos Aires. Hace mucho tiempo que en la Argentina se fumigan escuelas rurales, con chicos en clase. Imaginemos que eso suceda en un colegio de Caballito, Palermo, Recoleta, el escándalo que sería. Creo que hay un poco de mirarse el ombligo de las grandes ciudades. El famoso "Dios atiende de la General Paz para adentro", que se repite con la misma lógica en otras grandes ciudades como Córdoba, Santa Fe o Rosario. Por otro lado, pienso que hay un componente de clase, incluso racista me animo a decir, de juzgar distinto el sufrimiento del otro.

- Cuando las comunidades se organizan para frenar la megaminería siempre hay voces en el interior que priman el empleo por sobre la cuestión ambiental. ¿cómo se rebate esa postura?

He visto y escuchado a las propias comunidades que resisten en los lugares. Andalgalá, en el oeste catamarqueño es una de las primeras ciudades donde se instaló la minera multinacional La Alumbrera. Hace falta ir a Andalgalá para ver que en estos 20 años no tuvo nada de lo que le habían prometido, ni desarrollo económico, ni fuentes de empleo. Hoy en día trabajan menos de 40 personas de la zona, y todos en lugares de bajos salarios, como limpieza o mantenimiento. El resto proviene de Buenos Aires o del exterior, y no compran ni la lechuga para la ensalada, traen todo de afuera. El pueblo sigue siendo enormemente pobre. No hay una localidad en Latinoamérica con megaminería metalífera que no sea pobre. Por eso, cuando se pide un ejemplo de desarrollo, las mineras no saben qué decir. Son políticas de enclave, lo mismo sucede con las ciudades petroleras. De ahí la pregunta que surge en todas las asambleas populares, ¿progreso para quién?1 de 8

Fuente: http://www.infobae.com/2015/04/01/1719296-petroleo-megamineria-soja-y-pasteras-progreso-quien

 

En consecuencia, estamos viviendo una realidad efectiva en completo antagonismo con la emancipatoria que l@s 30.000 proyectaban (aun cuando desde distintas visiones) y en esa incompatibilidad hallamos las causas fundamentales tanto de sus desapariciones forzadas como de la actual voluntad gubernamental de negar el  genocidio (y su planificación) que se ejecutó para instaurar el incesante crecimiento de la acumulación gran capitalista, a su vez, basada en implantar el avance en la desposesión total a los diversos de abajo.

 

La desposesión total se da, fundamentalmente, por acaparamiento de territorios y más de una deKada lo maximizó como concentración y transnacionalización económico territorial. De ahí que el gobierno de Mauricio Macri no es un retorno a los noventa de Cavallo-Menem-Partido Justicialista y tampoco lo es por la crisis civilizatoria del sistema capitalista en el siglo XXI.

 

Se profundiza la concentración de la tierra en la Argentina:

apenas 1% acapara 33% del territorio
16  de enero de 2017

La ONG internacional Oxfam alertó por la consecuencias que provoca "el dominio cada vez mayor de las corporaciones translatinas, los actores financieros internacionales y las multinacionales del negocio agrícola" y las tierras productivas.

En el marco de la presentación de datos sobre concentración económica en el Foro de Davos que se realiza esta semana en Suiza, la ONG española Oxfam, que reúne a 19 organizaciones sociales contra la pobreza en más de 90 países, presentó cifras sobre la desigualdad en el acceso a la tierra y la distribución de riqueza en el mundo. 
Los datos revelan que el 1% más rico de la población concentra en sus manos más riqueza que el resto del planeta. "Ocho hombres poseen la misma riqueza que otros 3.600 millones de personas", señaló la organización. Estos ocho multimillonarios tienen una fortuna de u$s 426.000 millones, frente a los u$s 409.000 millones que poseen en conjunto los 3.600 millones de personas más pobres. 
Los más ricos son, por orden, el estadounidense Bill Gates (Microsoft, u$s 75.000 millones), el español Amancio Ortega (Inditex), Warren Buffet (Berkshire Hathaway), el mexicano Carlos Slim(Grupo Carso), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Ellison (Oracle) y Michael Bloomberg (Bloomberg LP). 
En América Latina la desigualdad aumentó en 2015 como no se había visto desde los años 80: siete millones de personas cayeron en la pobreza y cinco millones pasaron a la indigencia. Además, unas 32 personas acumulan la misma riqueza que los 300 millones de personas más pobres, y esta desigualdad económica está íntimamente relacionada con la posesión de la tierra, pues los activos no financieros representan un 64% de la riqueza total. 

Terratenientes 

Oxfam también presentó hace semanas otro informe sobre el reparto de la tierra en América latina, donde evidenció que solo 1% de las fincas acapara más de la mitad de la superficie productiva, es decir, que este 1% concentra más tierra que el 99% restante.  
En el país, el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio argentino. El 99,06% restante controla apenas el 66,11%.  
Se trata de explotaciones agropecuarias que tienen en promedio más de 2.000 hectáreas (equivalentes a 4.000 canchas de fútbol), aunque en países del Cono Sur están muy por encima de este tamaño: por ejemplo en la Argentina, donde el promedio de las fincas en el 1% superior es de más de 22.000 hectáreas. 
El director de Oxfam para América Latina y el Caribe, Simon Ticehurst, reconoció que las cifras son "alarmantes" y estimó que "solo llevarán a una agudización de la violencia y a retrocesos democráticos", porque esta situación "no ofrece un camino para el desarrollo sostenible, ni para los países, ni para las poblaciones".  
La entidad responsabiliza a las dirigencias políticas por la creciente concentración en pocas manos, incluso, las extranjeras. "La mayoría de los gobiernos de la región, independientemente de su color político, han mantenido la apuesta por el extractivismo -un modelo productivo basado en la extracción y explotación de los recursos naturales para obtener grandes volúmenes de materias primas- como el principal motor de sus economías", evaluó el reporte. Los combustibles fósiles, metales, madera, carne y vegetales representan juntas más de la mitad de las exportaciones totales en la mayoría de países de la región. 

 

América Latina es la región del mundo más desigual en cuanto a la distribución de la tierra. El coeficiente de Gini para la tierra -un indicador entre 0 y 1 donde 1 representa la máxima desigualdad- es de 0,79 para el conjunto de la región, siendo 0,85 en América del Sur y 0,75 en América Central. Se trata de niveles de concentración muy superiores a los observados en Europa (0,57), África (0,56) o Asia (0,55).  En el extremo opuesto a las grandes fincas se encuentra la pequeña propiedad, un sector mayoritario al que pertenecen cuatro de cada cinco explotaciones agropecuarias en la región, destacó la organización sin fines de lucro. En base a los censos agropecuarios en 16 países de la región, Oxfam determinó que las pequeñas fincas utilizan menos del  13%  de la tierra productiva total, con una superficie promedio de  9 hectáreas  en América del Sur y  1,3 hectáreas  en América Central.  

En la Argentina existen 246.947 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) registradas, que ocupan 23,2 millones de hectáreas.  Las UPA nacionales computan 94 hectáreas cada una, lo que implica una extensión diez veces mayor al promedio de sus vecinos cercanos.  El 83% de esas UPA solo abarca al 13,3% del total de tierras lucrativas del país.  "En países como Argentina o Uruguay, el tamaño promedio de la pequeña propiedad está cercano a las cien hectáreas, lo que se consideraría gran propiedad en países centroamericanos donde en promedio las fincas pequeñas apenas oscilan entre una y tres hectáreas", sostuvo el trabajo.  La Argentina es miembro destacado de las "repúblicas unidas de la soja", que también integran Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, por orden de importancia. Según Oxfam, estos países producen más de la mitad de la soja consumida en todo el mundo.  "Entre 1990 y 2014, triplicaron el área de cultivo y quintuplicaron la producción hasta alcanzar conjuntamente más de 150 millones de toneladas en 60 millones de hectáreas, una extensión más grande que la superficie de Paraguay y Uruguay juntos", señaló.  Si bien remarcan que los modelos agroexportadores pueden impulsar el crecimiento económico, mejorar los servicios públicos y favorece la inversión social, también advierten que la dependencia de los sectores extractivos implica riesgos importantes, asociados a la volatilidad en los mercados internacionales y elevados costos ambientales y sociales.

• El dominio de la tierra 

Pero lo que se pone en discusión no solo es el uso del suelo. "Quien ejerce el control de la tierra decide sobre su uso y determina el destino de los beneficios de su explotación", subrayaron para introducir la problemática del dominio de la tierra. "El flujo de capitales entre inversionistas y empresas, el control del mercado por las corporaciones multinacionales, la poderosa influencia de los sectores empresariales sobre las autoridades gubernamentales y los acuerdos internacionales que protegen las inversiones, aseguran el dominio completo de la tierra y sus recursos naturales", manifestaron con preocupación.  
Las últimas estadísticas indican que hoy la concentración en el reparto y control de la tierra es aún mayor que antes de ponerse en marcha políticas redistributivas o reformas agrarias de la década de 1960. Estos datos se conocen al mismo tiempo que 
los vecinos de El Bolsón redoblaron los esfuerzos por impedir el loteo de tierras en la zona de Mallín Ahogado, correspondientes a un proyecto inmobiliario que pretende llevar a cabo el multimillonario inglés Joe Lewis, amigo del presidente Mauricio Macri. 
"Pretender saber quiénes son los dueños de la tierra en América Latina resulta una misión imposible.La opacidad en las transacciones, el uso de sociedades pantalla, la titulación a nombre de terceros y el secretismo y barreras burocráticas en las instituciones que administran los catastros y registros públicos de la propiedad crean un escudo que oculta la verdadera identidad de los propietarios", remarcaron desde la organización.  
Para ocultar identidades, en muchos casos los inversores extranjeros operan a través de filiales o alianzas con empresas locales. "El dominio cada vez mayor de las corporaciones translatinas, los actores financieros internacionales y las multinacionales del negocio agrícola tiene consecuencias sociales, económicas y sobre todo políticas que no han sido suficientemente estudiadas, en gran medida debido a la opacidad en la que actúan", resaltó el informe. Y agrega que sus beneficios llegan por la "poderosa influencia" que ejercen en los "espacios de decisión nacionales e internacionales"sobre las regulaciones y marcos normativos que afectan a sus intereses. 
A los pocos meses de asumir, el presidente 
Macri modificó por decreto la Ley 26.737 de Tierras Rurales para quitar restricciones a la venta de campos a extranjeros. La norma sancionada en 2011 establecía el límite del 15% a la compra de tierras por parte de extranjeros y restringía un máximo de 1.000 hectáreas para titulares de otros países en la zona agrícola, en el norte de Buenos Aires, y el sur de Córdoba y Santa Fe.  


"Las élites se han hecho con el control de las instituciones democráticas para asegurar que las políticas y el marco normativo les favorezcan y que los recursos públicos sean aprovechados para la máxima obtención de beneficios privados", insistieron en Oxfam, y describen que "existen muchas formas de captura política, desde la financiación de los partidos hasta el tráfico de influencias, pasando por el lobby, las puertas giratorias o el control de los medios de comunicación". 
Algo similar podría ocurrir en Río Negro. Los vecinos de Mallín Ahogado tuvieron que esperar un 
fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche para frenar el loteo que impulsa el británico Lewis de 850 hectáreas para construir una villa turística con características de barrio cerrado en una reserva natural al pie del Cerro Perito Moreno. Anteriormente, varias sentencias, resoluciones provinciales y ordenanzas municipales sí lo autorizaron.


• Persecución indígena 

Otro factor de conflicto se da con los pueblos originarios. Una de cada tres hectáreas que se entregan en concesión para la explotación minera, petrolera, agroindustrial y forestal en América Latina pertenece a pueblos indígenas. En la Argentina, el 84% de las concesiones para cultivar soja se encuentran en territorios indígenas.  
"El derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios apenas existe en el papel, pues en la práctica la inmensa mayoría de las inversiones son impuestas a las poblaciones afectadas", se quejó la ONG, quien denunció una "creciente persecución y criminalización de comunidades indígenas y campesinas" que defienden la tierra y los recursos naturales, como le ocurrió a la 
Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. 
"Es posible reconocer tácticas comunes muy preocupantes, como la militarización de los territorios con estados de excepción cada vez menos excepcionales, la participación en los desalojos de agentes de seguridad privada y grupos criminales junto a fuerzas policiales y militares, o la instrumentalización del aparato de justicia para deslegitimar la protesta social", alertaron, aunque admitieron que en alguno casos la represión proviene de las empresas y los latifundistas, quienes lideran los ataques, con la complicidad de los gobiernos. 
En este apartado, celebran que gracias a la "acción colectiva" existe mayor información y preocupación acerca de la "vulneración de derechos y los daños ambientales" que causa el modelo extractivista, pero lamenta que "nunca antes la vida de activistas, periodistas, defensores y defensoras había estado tan en peligro". 
Por este motivo, desde Oxfam aclaran que "es necesario garantizar el acceso a la justicia a través de la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, la investigación, sanción y reparación adecuada de las violaciones de derechos humanos cometidas en contextos de inversiones en tierras y actividades de extracción y explotación de los recursos naturales". 

 Obligaciones 

En este marco, la fundación internacional alertó que "la desigualdad en torno a la tierra limita el empleo, amplía los cinturones de pobreza urbana con la expulsión desde las zonas rurales y socava la cohesión social, la calidad de la democracia, la salud del medioambiente y la estabilidad de los sistemas alimentarios locales, nacionales y globales". 
Asimismo, Oxfam aseguró que esta "desigualdad extrema en el acceso y control de la tierra merece estar entre las prioridades de acción en la lucha contra la desigualdad económica y social en la región" y exhortó a los gobiernos a 
"responder de forma urgente y efectiva a la demanda por la tierra y los medios de producción por parte de las poblaciones rurales, adoptando medidas concretas que contribuyan a una redistribución de la propiedad de la tierra y a una mayor equidad".

Fuente:http://www.ambito.com/869517-se-profundiza-la-concentracion-de-la-tierra-en-la-argentina-apenas-1-acapara-33-del-territorio

-- 
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
 
(pdf cuadernillo uac:) --> 
http://go4.es/0aJa

Es la optimización de dominio económico territorial por el poder real que ha estado vigilando e imponiendo el orden político social a favor suyo desde los orígenes de Argentina. Tal mejoramiento acaparador de riquezas y poder explica que desde fines de 2015 ha conseguido legitimarse como gobierno (al construir consenso gracias al potencial mediático y tecnológico científico)  y salir de las sombras. Pero más aún gravita el contexto latinoamericano e internacional en el capitalismo dependiente. Es crucial enfocar el extractivismo común a toda Nuestra América (excepción de Cuba) y cómo se despliega su despojo total y totalitario en países hermanos donde la guerra de amplio espectro contra los pueblos se ha declarado sin formalidades.

 

Para indagar qué significa esa desterritorialización-reterritorialización en función de perfeccionar tamaño saqueo recurramos a Renán Vega Cantor por su capacidad de análisis-síntesis y porque Colombia sufre la etapa de avanzada del saqueo y violación de derechos a los diversos de abajo. Pero antes situémosla en Argentina:

 

 

 

Los gobiernos de Raúl Alfonsín-UCR y fundamentalmente los de Carlos Menem-PJ garantizaron el desarrollo del neoliberalismo instaurado con dictadura genocida. Gracias al Partido Justicialista hubo gobernabilidad de los despidos masivos, de la quiebra de casi la mitad de la pequeña-mediana burguesía, del colapso de economías regionales y de la desposesión de bienes comunes sociales.  También en los noventa la conciliación con el poder real o gobernabilidad estableció los cimientos de la economía de enclave propios del extractivismo. Este se expandió por la gestión de Néstor y Cristina Kirchner liderando al Partido Justicialista. Más de una deKada significó progreso del capitalismo dependiente o consolidación del subdesarrollo. Más que Santos en Colombia los K se valieron de: la construcción de consenso con la complicidad de izquierdas políticas sociales e intelectuales y artistas de renombre; la tercerización represiva; el gatillo fácil; la condena a perpetua a trabajadores petroleros y el poder mediático para silenciar e invisibilizar (o justificar por estigmatización de) el avasallamiento de derechos en comunidades de las provincias. Hubo, respecto a Colombia, menor escala de la guerra capitalista contra los pueblos:

 

 

 

Capitalismo gangsteril y despojo territorial
12  de febrero de 2012

Por Renán Vega Cantor* (Rebelión

 

“La tierra sin hombres de los hombres sin tierra”.
Augusto Roa Bastos

 

Acumulación por desposesión es un término que se utiliza para estudiar la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión violenta de habitantes del campo, junto con la transformación de los derechos comunes en derechos privados. A esto se le agrega el análisis de los métodos imperialistas para apropiarse de los recursos naturales y energéticos, en consonancia con el papel del capital financiero como instrumento de endeudamiento de la población, urbana y rural, y como soporte “legal” de la expulsión de campesinos e indígenas, reducidos a la servidumbre por deudas.


Colombia es un inmenso laboratorio de la acumulación por desposesión porque se presentan, a vasta escala y con un increíble nivel de violencia, las características antes enunciadas. En síntesis, “lo que posibilita la acumulación por desposesión es la liberación de un conjunto de activos (incluida la fuerza de trabajo) a un coste muy bajo (y en algunos casos nulo)”[1]. El elemento esencial es el despojo como forma violenta que vincula las actividades económicas y la apropiación de tierras. En este sentido, los asesinatos, las masacres, las torturas, el desplazamiento forzado son vehículos de la concentración de tierras, llevados a cabo por “empresarios” que impulsan la acumulación de capital en el campo, gran parte de la cual proviene del robo de la tierra y de la riqueza de los campesinos. 

DESPOJO DE TIERRAS 

La concentración de tierras en manos de pocos terratenientes ha sido una característica distintiva de la historia de Colombia desde el mismo momento de su separación de España. En este país nunca se realizó una reforma agraria y siempre los latifundistas han tenido un papel protagónico en la escena política y en la vida económica y social. Esto se expresa con indicadores elementales de concentración de la propiedad de la tierra: en el país hay 114 millones de hectáreas, de las cuales 51.3 millones se consideran como superficie agropecuaria, de cuyo total 36 millones están dedicados a la ganadería extensiva, expresión tradicional del poder de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes; 10 millones de hectáreas son aptas para la agricultura, y de ellas la mitad se dedica a actividades agroindustriales y en el resto, laderas y zonas bajas tropicales, subsisten millones de campesinos y colonos, de los cuales sólo tiene título de propiedad el 15 por ciento; un 0,43% de los propietarios (grande latifundistas) es dueño del 62,91% del Área Predial Rural, al tiempo que el 57.87% de los propietarios (minifundistas y pequeños propietarios), tiene un ridículo 1.66% de la tierra; el 53% del total de la tierra registrada se concentra en manos de sólo tres mil grandes propietarios rurales; el índice GINI en cuanto propiedad rural ascendió en 2009 a 0.863, uno de los más altos del mundo, sólo superado en América Latina por Paraguay, un país más pequeño; entre el 76 y el 79% de las personas desplazadas tenía derechos asociados a la tierra, bien como propietarios, ocupantes de hecho, poseedores o tenedores; en el último cuarto de siglo se le han usurpado por medio de la violencia unos 7 millones de hectáreas a sus legítimos propietarios o poseedores [2]. 

De acuerdo a estas cifras, Colombia es uno de los países más injustos y desiguales del planeta, lo cual explica el permanente conflicto agrario de los últimos 60 años, como continuación de las luchas que libraron los colonos, indígenas y campesinos desde comienzos del siglo XIX. En ese sentido, la brutal expropiación de tierras del último cuarto de siglo refuerza un proceso estructural, aunque ahora ese despojo se esté llevando a cabo con unos niveles de violencia y de terror difíciles de concebir en otros lugares del mundo. Este proceso puede definirse como una revancha terrateniente (ahora nutrida con la savia criminal de la alianza que se gestó desde el Estado, entre el Estado, las clases dominantes, el paramilitarismo, el narcotráfico y las multinacionales) cuya finalidad ha sido arrebatar las tierras a los campesinos pobres y destruir a los movimientos sociales de tipo agrario que se les pudieran oponer.
Esto se encuentra ligado con los intereses del capitalismo contemporáneo, porque como lo señaló un campesino que logró escapar de esa barbarie: “En los Hornos crematorios, los criaderos de caimanes y las fosas desaparecieron a muchas víctimas de la contra-reforma agraria en Colombia” [3] . Por si hubiera dudas, 4.000 paramilitares confesaron que habían cometido 156.000 asesinatos y participaron en 860 masacres y la Fiscalía General de la Nación informó que entre 2005 y 2010 fueron asesinadas por paramilitares 173.000 personas.

El cambio en el uso de la tierra en Colombia ha sido tan evidente en los últimos 20 años que en donde antes habían parcelas campesinas, llenas de vida, sembradas de maíz y de cultivos de pan coger, con unas cuantas gallinas y cerdos, hoy pasan carreteras y se han sembrado cultivos de exportación, o se han convertido en tierras de ganadería. La expropiación de las tierras de los campesinos tiene varias finalidades, como se describe a continuación. 

Tierras para ganadería
Los terratenientes colombianos tienen una especial debilidad por las vacas y los caballos, y por eso poseen grandes latifundios donde pastan miles de cabezas de ganado y caballos de paso fino. La ganaderización del campo colombiano es uno de los rasgos distintivos de este país desde el siglo XIX, cuando los terratenientes introdujeron el alambre de púas y la siembra de pastos, mientras expulsaban a los colonos de las tierras, les arrebataban los títulos y los convertían en peones y agregados de las haciendas. Hasta tal punto domina la lógica ganadera que en las ferias y fiestas que se celebran todos los años se exhiben los “grandes avances” de la ganadería, con exposiciones equinas, corridas de toros, certámenes de coleo o carralejas, para agasajar a los gamonales y terratenientes de un pueblo o una región. Un solo dato es indicativo del poder de los ganaderos en la sociedad colombiana: ocupan 36 millones de hectáreas para un hato ganadero de 19 millones de vacas, es decir, que cada vaca ocupa en promedio casi dos hectáreas del suelo, mientras que millones de campesinos no tienen ni un pedazo de tierra a donde caer muertos. En tales condiciones, uno de los móviles centrales del despojo de tierra busca convertirlas en grandes pastizales, para “sembrar” vacas, caballos y en algunos casos, como en ciertas regiones de Antioquia, hasta búfalos. 

Tierras para sembrar cultivos de exportación 
Las clases dominantes en Colombia, con una histórica vocación de terratenientes, han visto con muy buenos ojos el proyecto que impulsan los países imperialistas y sus empresas transnacionales de sembrar cultivos de exportación. La puesta en marcha de ese proyecto se sustenta en la expropiación de tierras en varias regiones del país, que se destinan a sembrar productos como la palma aceitera. Ningún cultivo como éste simboliza los nexos entre violencia, despojo, apropiación de tierras y paramilitarismo, como se evidencia en todas las regiones donde se ha implantado. 
 

La propuesta de convertir a Colombia en un país palmicultor cobró fuerza durante el régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez, quien estableció como una de sus prioridades incrementar la cantidad de tierras dedicadas a la siembra de palma. Y en efecto, durante el período 2003-2009 el cultivo de palma aceitera pasó de 206.801 a 360.537 hectáreas, con la pretensión de alcanzar pronto seis millones de hectáreas, como expresión del deseo de convertir a Colombia en la “Arabia Saudita del biodiesel”. Tan drástico incremento se logró en antiguas tierras de campesinos, apropiadas por “prósperos para empresarios”. que ahora las destinan a sembrar la palma de la muerte, como la llaman los campesinos desalojados. 

Entre los sectores sociales más afectados por estos empresarios del crimen, dedicados a negocios legales, se encuentran los habitantes afrodescendientes de la costa pacífica colombiana, que han sido expulsados de sus tierras, a punta de fuego y motosierra, como ha sucedido con los habitantes de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento de Chocó, cuyos terrenos fueron ocupados por paramilitares en alianza con miembros de la Armada en 1997. Luego del despojo aparecieron empresarios de la Palma que empezaron a sembrarla en esos territorios, contando con el respaldo y el apoyo de la Brigada XVII del Ejercito Nacional que actúa en favor de los empresarios y apoya la expansión de los cultivos. Fueron limpiadas las tierras, derribado parte del bosque nativo, y contaminadas las aguas. Las comunidades campesinas no sólo fueron desalojadas sino que, después de implantarse el cultivo, empezaron a ser asesinados sus lideres cuando intentaban reorganizar a las comunidades, contabilizándose cientos de asesinados [4]. 


Tierras donde se encuentran riquezas minerales 
En las diversas regiones de Colombia donde existen riquezas minerales se ha organizado la expulsión de indígenas y campesinos, como ha sucedido en la Costa Atlántica con la explotación del carbón. En la Jagua de Ibirico, departamento de César, desde mediados de la década de 1990 sicarios a sueldo realizaron numerosas masacres con la finalidad de limpiar la tierra de sus incómodos ocupantes, para apropiarse de las mismas y cederlas a empresas multinacionales, como la Drumond, con la complicidad de notarios del INCODER y otros funcionarios y abogados que llegaron al descaro de hacer firmar escrituras a los muertos para legalizar el robo de tierras. Los campesinos que lograron sobrevivir se vieron obligados a huir, dejaron todo abandonado y, en medio de la miseria, subsisten como vendedores informales y viven en pocilgas miserables en pueblos y ciudades de la costa [5].

Este es sólo un ejemplo, porque en todo el país se están realizando apropiaciones de tierra para realizar explotaciones mineras, si se tiene en cuenta que el Estado les concede facilidades a empresas de capital transnacional para que se lleven los recursos naturales, en lo cual se incluye legalizar las concesiones mineras mediante la entrega de miles de hectáreas para que operen las compañías de Canadá, Sudáfrica, la Unión Europea y otros países. Esto se evidencia con la expedición de títulos mineros, los que pasaron de 80 en el 2000 a 5067 en el 2008, con un total de casi 3 millones de hectáreas concedidas para extracción minera.

Tierras para construir represas
El monopolio de la tierra no puede existir si al mismo tiempo no se monopoliza el agua, porque la tierra sin agua es un desierto. Esto lo tienen claro los terratenientes y ganaderos, así como el Estado que les sirve. Por esta circunstancia, la expansión de los latifundios viene acompañada de la expropiación de las tierras circundantes a los lugares donde se encuentran fuentes de agua y la apropiación privada de ríos, quebradas, ciénagas, humedales y lagunas para beneficio exclusivo de los terratenientes y ganaderos. Gran parte de las represas que se han construido en Colombia en las últimas décadas tienen esta finalidad.

Al respecto vale mencionar a la Represa de Urra I, obra que se construyó entre 1993-1999, y que contó con la lucida oposición de la comunidad indígena de los Embera-Katios, ancestrales habitantes del lugar, desplazados a sangre y fuego por grupos de paramilitares, organizados por terratenientes y ganaderos y respaldados por el Estado y los políticos regionales. La construcción de esta represa es ilustrativa de la destrucción de los bienes colectivos y su conversión en bienes privados, porque unos 70.000 indígenas, campesinos y pescadores fueron directamente impactados por el proyecto Urra I. Al mismo tiempo, se destruyó la pesca artesanal, porque disminuyeron o desaparecieron especies de peces de la cuenca del río, como el caso del bocachico, fuente alimenticia de primer orden en la dieta de los embera Katio y los pescadores locales. Esto último se debió a la desecación de los humedales del alto Sinú, ocasionada por la disminución de los flujos naturales del río, luego de que fuera construida la represa.

Junto con el exterminio del bocachico se han secado humedales y ciénagas, que entre otras cosas es lo que le interesa a los terratenientes para expandir sus fincas ganaderas. Lo que antes eran corrientes de agua llenas de vida, ahora son fuentes contaminadas y muertas, como sucede siempre con las grandes represas, que finalmente son aguas estancadas en las que pululan los mosquitos, que generan epidemias que antes no conocían los indígenas y campesinos [6].

Las hidroeléctricas que se han construido en Córdoba no son una cuestión de energía ni de aguas, sino de tierras ganaderas, las mismas que pertenecen a unos cuantos latifundistas que se van expandiendo a costa de los pequeños campesinos e indígenas y que utilizan todos los medios para quedarse hasta con las tierras de los humedales, los cuales son secados con Búfalos. En estas ricas tierras se han enfrentado desde el siglo XIX los hacendados y los campesinos que cultivan maíz, yuca y malanga y son pescadores, es decir, forman parte de lo que Orlando Fals Borda llamó una cultura anfibia. 

Tierras que se entregan a las multinacionales
La tierra ha adquirido una renovada importancia para las potencias capitalistas, en la perspectiva de convertirla en medio de producción que genere agrocombustibles y para apropiarse de las riquezas naturales que en ellas se encuentren. En ese sentido, los países imperialistas libran una guerra no declarada por apropiarse de los recursos, cuyo escenario bélico se despliega en el mundo periférico y dependiente. Colombia, uno de los primeros países del mundo en biodiversidad, no está al margen de esa guerra y por ello en los últimos tiempos se ha presentado una ofensiva de las empresas transnacionales y de sus respectivos estados por adueñarse de importantes reservas de tierras, sobre todo aquellas en que existan recursos minerales. Esto se facilita porque el Estado y las clases dominantes del país han optado por regalarle al capital imperialista nuestras riquezas, a cambio de que siga fluyendo el caudal de dólares y euros para mantener la guerra interna. Un caso particularmente destacado de entrega de tierras a las multinacionales está relacionado con la explotación de recursos minerales en diversas regiones del territorio colombiano. A manera de ejemplo, valga mencionar el caso de la extracción de oro por parte de empresas canadienses y sudafricanas en lugares como Cajamarca (Tolima), San Turbán (Santander), Marmato (Antioquia), entre muchos casos. 

En Marmato, una tradicional zona minera desde hace varios siglos, la compañía canadiense Medoro Resources anunció a finales del 2010 que va a realizar un proyecto de minería a cielo abierto que cubre un área de 200 hectáreas e incluye el casco urbano de esa población. Para llevar a cabo este proyecto, la compañía anunció que en los próximos años va a extraer unos 10 millones de onzas de oro. Para hacerlo requiere la remoción de 300 mil toneladas de tierra al año y reasentar el pueblo en otro lugar, el que se anuncia como un sitio paradisiaco, según la propaganda oficial de la empresa, acogida desde luego por la gran prensa y por los políticos de Antioquia y de Caldas. Decir que ese es un reasentamiento es un abuso de lenguaje, porque en verdad se está hablando del desplazamiento forzado de todos los habitantes de un pueblo, que durante varios siglos se han dedicado a la pequeña minería, por obra y gracia de la minería transnacional [7]. 

En las tierras que se ceden a las multinacionales se incluyen los recursos naturales, la biodiversidad y sobre todo el agua, tan necesaria para la explotación minera y cuyas fuentes quedan contaminadas por el arsénico que se vierte diariamente sobre ríos y quebradas. La contaminación y desaparición de la biodiversidad cierran un proceso de despojo, en el que previamente los grupos privados de asesinos, en alianza con las Fuerzas Armadas del estado, han desplazado a los campesinos y habitantes pobres de las regiones donde se explotan minerales. Se calcula que como resultado de la extracción de recursos minerales, en Colombia habían sido desplazadas en los últimos años, hasta agosto de 2008, unas 600 mil personas. Nada sorprendente si se sabe, por ejemplo, que la transnacional Kedahda (filial de la Surafricana Anglo Gold Ashanti) ha solicitado que le otorguen concesiones en 336 municipios del país, en zonas en las que es notoria la presencia de paramilitares. 

LA LEGALIZACIÓN DEL DESPOJO 

Luego de perpetrado el robo de tierras se trata de asegurar su posesión por parte de los usurpadores. Para lograrlo el Estado juega un papel de primer orden ya que entran a operar los mecanismos “legales”, donde abogados, jueces, notarios, alcaldes, gobernadores, parlamentarios, ministros y presidentes actúan en consonancia con el proyecto de legitimar y legalizar la expropiación de tierras. Todos estos funcionarios estatales adelantan la labor de limpiar la cara de los criminales y de presentarlos como honestos empresarios que, al despojar a los campesinos, actúan como portavoces de la patria y se comportan como excelsos defensores de la sagrada propiedad privada. Siempre se trata de mostrar ante la opinión pública que no existió el saqueo y que los pequeños propietarios no son productivos sino, más bien, son un estorbo que conspiran contra los grandes propietarios que, según el estribillo de moda, son los que generan empleo y prosperidad. 

En Colombia el despojo de tierras se ha legalizado desde el Estado central con un sinnúmero de leyes. Valga mencionar algunas. La ley 791 de 2002 reduce a la mitad el tiempo estipulado para la prescripción ordinaria y extraordinaria, con lo cual se acorta el plazo requerido para alcanzar la legalización de un predio ante los estrados judiciales, argucia que como es obvio favorece a los usurpadores de tierras. La ley 1182 del 2008 instituye el “saneamiento de la falsa tradición”, una figura con la que se posibilita la legalización de predios de más de 20 hectáreas adquiridos de manera ilegal, siempre y cuando no se presente ante un juez alguna persona que alegue en contra de esa solicitud y con pruebas, algo difícil porque un desplazado o no está informado de las solicitudes de adjudicación sobre sus tierras y si está enterado poco puede hacer ante el chantaje violento que pende sobre su cabeza. La ley 1152, o Estatuto Rural, establece la validez de los títulos no originarios del estado registrados entre 1917 y 2007, con lo cual permite la solución de los litigios a favor de los grandes propietarios y quienes han robado tierras en los últimos 90 años. Esta misma ley prohíbe la ampliación de resguardos indígenas en la zona del Pacífico y en la cuenca del Atrato, un región de gran desplazamiento forzado, que deja a los indígenas desamparados legalmente para defender sus territorios.

Pero las leyes de legalización del despojo no sólo están referidas a las tierras, sino que incluyen el interés de legislar en términos de agua, paramos, bosques, parques naturales, recursos forestales para que todo aquello que sea propiedad pública o común se convierta en bienes privados al servicio de capitalistas, terratenientes y multinacionales.

Como si no fuera bastante con este rosario de leyes a favor del latifundio y los agentes del despojo rural, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se ha impulsado la idea de la consolidación de la seguridad democrática, un eufemismo para decir que se va asegurar el robo y el despojo. Al respecto, en el 2010 fueron desplazadas 280.041 personas del campo, en 31 de los 32 departamentos del país y, lo más revelador, el 33 por ciento de los desplazados se origina en las zonas que el régimen uribista denominó Centros de Coordinación y Atención Integral (Ccai), “programas que tienen incidencia en 86 municipios en 17 departamentos, los cuales el ex presidente Uribe consideró prioritarios para recuperar la seguridad y avanzar en inversión social y empresarial”. Llamativo también que en un tercio de las tales zonas de consolidación hay explotaciones de minerales, especialmente del oro, como en Montelíbano (Córdoba), varios municipios del Bajo Cauca, en el Pacífico o en el Catatumbo. No por casualidad la región más crítica es el bajo cauca, donde “En las riberas de los ríos Cauca, Man, Nechí y Cacerí hay cerca de 2.000 retroexcavadoras y dragas que según cifras oficiales sacan 28 toneladas de oro al año. Con la fiebre minera llegaron las bandas criminales, las masacres, los asesinatos y las amenazas. En la región hay 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de Antioquia”.

En esas zonas de consolidación de latifundio agroindustrial se están sembrado miles de hectáreas con palma aceitera, tales como en San Onofre (Sucre), Tibú (Norte de Santander), Guapi y Tumaco (Nariño), en las faldas de la Sierra Nevada y en la Macarena (Meta). 

En tales zonas de consolidación tampoco se ha erradicado el narcotráfico, pues en un 70 por ciento de ellas se cultiva hoja de coca, un hecho que además acelera el desplazamiento porque actúan los narcoparamilitares y porque las fumigaciones del ejército golpean a los campesinos y sus familias y les destruyen sus cultivos [8]. 

En rigor, la consolidación que se busca es la del gran capital agro-minero exportador en el cual sobresale la alianza entre latifundistas, narcotraficantes, exportadores y empresas multinacionales. Para hacerlo posible, el Plan Nacional de Desarrollo, en sus artículos 45, 46 y 47, modifica la ley 160 de 1994 que impedía que las tierras públicas (baldías) fueran transferidas a particulares que formaran latifundios. Ahora se permite que se adjudiquen esos baldíos de la nación a cualquier persona, nacional o extranjero, todo lo cual se justifica con el cuento de promover las grandes exportaciones agropecuarias, en las que se destila la demagogia que de esta forma se consolidará la alianza entre campesinos y grandes productores. Algo que es mucho más explicito con la mal llamada Ley de Tierras, un proyecto que favorece y fortalece a los capitalistas nacionales y extranjeros.

LOS EXPROPIADOS 

Aunque las grandes empresas agroexportadoras y minerales necesiten trabajadores ya no requieren vastos contingentes de ellos, ni tampoco generan unas relaciones salariales clásicas, sino que impulsan formas de vinculación laborales propias del esclavismo o del feudalismo. El empleo que generan las minas o las plantaciones de palma o de caña de azúcar es muy escaso y el grado de explotación de los trabajadores es bestial, sin ningún tipo de derechos laborales, e incluso sin contratación directa puesto que predomina el trabajo terciarizado por medio de cooperativas, con el objetivo de esconder al patrón. Un ejemplo de esta forma de vinculación laboral de tipo salarial, degradada al máximo, es el de los corteros del Valle del Cauca, que en el 2008 realizaron una heroica huelga. 

Estos trabajadores de rasgos cetrinos, muchos de ellos descendientes de esclavos africanos, soportan interminables jornadas de 12 o más horas, laborando bajo pleno sol, sin un salario fijo porque se les paga de acuerdo a la cantidad de caña que sean capaces de cortar, cuyo peso es controlado por las basculas que pertenecen o las empresas contratistas o a los ingenios. Su jornada de trabajo discurre los siete días de la semana, con un solo día de descanso al mes. No tienen derecho a enfermarse porque, aparte de que no cuentan con servicio médico pago por la empresa sino que lo deben asumir por su cuenta, deben enviar un sustituto cuando se enferman y si no lo hacen son despedidos. La jornada diaria de trabajo se inicia a las seis de la mañana y se prolonga hasta cuando comienza la noche. Todo el día cortan caña a punta de machete. Se les paga por el volumen de caña cortada, por lo que reciben un salario variable, a destajo. Los organizadores de las cooperativas asociadas les dicen que ellos son a la vez patrones y trabajadores, en razón de lo cual todo lo que utilizan o necesitan (machetes, guantes, zapatos, ropa y protectores de tobillo) deben ser comprados por ellos mismos, con sus magros ingresos. Tampoco tienen subsidio de transporte, un gasto importante en su reducido presupuesto ya que representa hasta la séptima parte de sus salarios, porque supuestamente no son empleados sino patrones. Entre otras cosas, esta extraña condición de figurar como patronos de sí mismos les impide en términos legales que hagan huelgas. No tienen derecho a vacaciones ni a pago de horas extras [9].

En el caso de la caña como en los otros sectores de este tipo de agronegocios, si los trabajadores se atreven a protestar, a organizarse, afiliarse a un sindicato o hacer huelga, inmediatamente son amenazados, perseguidos y asesinados sus líderes y activistas más beligerantes. 

LIQUIDACIÓN DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

Otra característica de la acumulación por desposesión estriba en desarticular por todos los medios posibles, empezando por la violencia física directa, a todos aquellos sectores sociales de tipo popular que pudiesen oponerse al proyecto de consolidación del capitalismo agroindustrial de tipo exportador. En Colombia esto se expresa en el desangre que han sufrido las organizaciones sociales en los últimos 25 años por parte del Estado y de los grupos de sicarios que han sido organizados y financiados por diversas fracciones de las clases dominantes, en cabeza de las cuales sobresalen los ganaderos y latifundistas, en asocio con empresas multinacionales. 

La violencia contemporánea que acompaña el despojo de la tierra y la naturaleza tiene un marcado carácter de clase. Se trata, en pocas palabras, de eliminar los incómodos obstáculos sociales que impidan la consolidación del modelo agroexportador, lo cual sigue en términos generales un mismo modus operandi: primero se limpia la tierra mediante el terror por parte de grupos de criminales contratados por el Estado y fracciones de las clases dominantes; luego, los políticos regionales diseñan la planeación estratégica para transformar esas regiones en lugares adecuados para la puesta en marcha de actividades económicas, que sólo pueden llevarse a cabo con la consolidación de los planes de pillaje, muerte y saqueo; en tercer lugar, ya con las tierras despejadas y con los planes empresariales se llama al capital extranjero para que invierta en el país, garantizándoles plena seguridad a las inversiones y brindándole, aparte de protección, todo tipo de gabelas, descuentos y regalos.

La implantación de cultivos como el banano, la palma aceitera, o de otros productos destinados a producir agrocombustibles (caña de azúcar) o la extracción de petróleo, minerales y oro viene acompañada de una dosis notable de violencia, como se evidencia con la gran cantidad de sindicalistas, dirigentes campesinos e indígenas que han sido asesinados. Las masacres, desplazamientos forzados, destrucción de sindicatos acompañan esta forma de acumulación de capital en Colombia en las últimas décadas. Eso no es algo excepcional o fortuito sino consustancial a este tipo de capitalismo gángsteril, como lo dice un estudioso de la explotación de palma: “El aceite o el biodiesel de Palma Africana tienen a la violencia como aditivo. En Indonesia, en África o en Colombia, la depredación ambiental, la represión a las comunidades indígenas y campesinas, y el antisindicalismo son algunas de las huellas de la identidad violenta del cultivo industrial de la Palma Africana” [10].

La implantación de la palma viene acompañada de la expulsión de los campesinos y por esa razón puede decirse que la palma aceitera Es el “NAPALM” del Plan Colombia: quemando la selva, quemando la gente y a todo derecho.” Y lo que queda después son “desiertos verdes, árboles en filas plantados como zanahorias, sin campesinos, con escasa mano de obra y la poca que genera mendiga por laberintos donde la esclavitud no encuentra salidas” [11]. Esta es la famosa Arabia Saudita del biodiesel que buscan los para empresarios y no están equivocados porque quieren transformar a este país en un desierto de palma, sin campesinos, regido por una monarquía oligárquica y corrupta como la de Arabia Saudita. 

La palma es un negocio criminal de paramilitares y narcotraficantes, como se prueba con el hecho que 23 empresarios del sector en el 2003 invirtieron 34 millones de dólares. Esto fue posible mediante el desplazamiento de 5000 campesinos, la ocupación de 100 mil hectáreas que correspondían a territorios de comunidades afrodescendientes en el Choco. Esto fue respaldado por los sicarios privados, aliados con el ejército y burócratas del Ministerio de Agricultura, que concedieron generosos créditos y llamaron a la apropiación de la tierra para que “honestos empresarios hicieran patria” con su sacrificio y tesón. Como para que no quede duda esta operación, encaminada a impulsar el cultivo de palma, fue directamente comandada por los paramilitares Carlos y Vicente Castaño, que a su vez eran propietarios de Urapalma, una firma dedicada al negocio de producir y refinar aceite de palma. Uno de estos criminales, Vicente Castaño, recibió “2,8 millones de dólares de entidades como el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y el Banco Agrario”, y otras tres firmas de paramilitares recibieron más de 6,8 millones de dólares [12]. 

Otro tanto sucede con el banano que se ha sembrado en Colombia para la exportación, producto que desde la masacre de 1928 ha estado ligado a la violencia del capital imperialista. Y esta no es una evocación histórica sino actual, porque se han comprobado los nexos entre los grupos de criminales que mataron a miles de campesinos y trabajadores bananeros en varias zonas del país, especialmente en el Urabá antioqueño, hasta el punto que la Chiquita Brands fue condenada en un tribunal de los Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares por estos crímenes. Eso si, sus ejecutivos no sufrieron ninguna condena por patrocinar y financiar a los criminales que le hacían el favor de matar a sus incómodos trabajadores que se organizaban en sindicatos y querían mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Tal ha sido la impunidad criminal que se enseñoreó en la zona bananera de Urabá que bien puede catalogarse como un “modelo” de imposición de los cultivos empresariales en nuestro país, ya que allí confluyen todos los elementos que hemos descrito: despojo de tierras, expulsión de campesinos y trabajadores, asesinatos, masacres, financiamiento de empresas nacionales y multinacionales a los grupos criminales, alianzas entre sicarios y militares, participación y complicidad del Estado, eliminación física de la base social de la insurgencia y los movimientos de izquierda, legitimación por parte de la gran prensa y de los políticos locales de los crímenes cometidos a nombre de la salvación de la patria y de la imposición del orden y la seguridad, premio a los criminales donde quiera que se encuentren o se desempeñen, patrocinio de políticos regionales a nivel nacional, hasta que uno de ellos alcanzó la presidencia de la República. 

Ese modelo bananero es el mismo que se está aplicando con la palma aceitera y en la explotación minera, como buen ejemplo de los costos sociales y humanos de la producción primaria exportadora que beneficia al capital imperialista y a sus socios criollos. En pocas palabras, en el Urabá antioqueño se demostró que este país es una típica república bananera, aunque mejor sería llamarla una Para República Bananera.


NOTAS:

[1] . David Harvey, El nuevo imperialismo, Editorial Akal, Madrid, 2005, p. 119.

[2] . Ver, PNUD, Colombia, Colombia rural. Razones para la esperanza. Resumen Ejecutivo, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, Bogotá, septiembre de 2011; Luis Fernando Gómez Marin, Concentración de la tierra y concentración de ayudas del Estado, enluisfernandogomezz.blogspot.com/.../la-desigualdad-en-la-propiedad ; Darío Fajardo, Reforma agraria y paz… o minería, enwww.espaciocritico.com/?q=node/72  

[3] . Citado en Azalea Robles, “La Ley de Tierras de Santos. De las fosas comunes a la consolidación del gran capital”, Rebelión, octubre 18 del 2010.

[4] . El primer capítulo de la ‘paraeconomía’, en www.espaciocritico.com/?q=node/72

[5] . Carbón y sangre en las tierras de Jorge 40. en www.prensarural.org/spip/spip.php?article4803

[6] . Fernando Castrillón Zapata, Efraín Jaramillo y Gregorio Mesa Cuadros , Colombia: La represa de Urrá y los Embera Katío del Alto Sinú. Una Historia de farsas y crímenes, en

www.kaosenlared.net/noticia/colombia-represa-urra-embera-katio-alto-sinu-historia-farsas-crimenes

[7] . MEDORO RESOURCES Ltda. se quiere tragar a Marmato, en www.pacificocolombia.org/.../ medoro - resources -ltda... marmato /77

[8] . Desplazamiento: el desangre continua, en www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id...

[9] . Ricardo Aricapa, Las razones sociales y laborales que llevaron al paro a los corteros de caña, en www.rebanadasderealidad.com.ar/escuela-col-08-06.htm

[10] . Gerardo Iglesias, “El agua y el aceite. Palma africana y derechos humanos”, en www.ecoportal.net Rel-UITA

[11] . Ibíd.

[12] . La palma africana negocio criminal de paramilitares y narcotraficantes, en www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/palma1.html


(*) Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia.  Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; entre otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144552

 

 

 

El kirchnerismo escenificó con Tecnópolis el porvenir de Argentina. Inculcó que nuestro país lo tendría si daba la espalda a los pueblos originarios y a los rururbanos empecinados en defender su 'atraso' y Argentina acogía  la modernidad. Encubrió, con la colaboración de progresistas e izquierdistas burocratizados y mediante la épica nacional tan propia del peronismo (capaz hasta ahora de actualizar la subordinación popular a la burguesía) , que estaba produciendo -en la mayoría de nosotros- una subjetividad colectiva de encantada sumisión a la colonialidad de poder y de saber. Aún más la modeló hacia el parapetarse de quienes osaran criticar, desde las izquierdas anticapitalistas, al modelo K tanto que ni la permanencia del ministro Lino Barañao en el gobierno de Macri puso en duda a qué ciencias y tecnologías apunta el capitalismo. Es que dirigentes, militantes, artistas e intelectuales kirchneristas sólo luchan por la gobernabilidad del capitalismo y no por nuestra liberación del sistema que implica erradicar a:

 

 

 

Extractivismo, enclaves y destrucción ambiental
18  de agosto de 2014

 

Por Renán Vega Cantor (Revista CEPA) 

 

En las últimas décadas se impuso un modelo primario exportador, similar al que conoció el país en la segunda mitad del siglo XIX, lo que ha venido acompañado de la desindustrialización, la penetración renovada del capital extranjero, principalmente de las multinacionales imperialistas, la expropiación de bienes comunes y la imposición del dogma de las ventajas comparativas, como criterio que justifica nuestra especialización en producir bienes primarios. Cada uno de estos aspectos ameritaría un análisis detallado, pero nos limitamos a mencionar los aspectos generales del capitalismo extractivista que se consolidó en el país, y que se constituye en un factor importante para explicar lo que acontece en Colombia en estos momentos.

Características

El extractivismo no se refiere solamente a la explotación de minerales o hidrocarburos, sino que incluye a diversas actividades económicas que se realizan en el país. El extractivismo se podría definir como el conjunto de actividades económicas –con sus correspondientes derivaciones militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales– que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo desde un territorio determinado (en este caso Colombia) hacia los centros dominantes en el capitalismo mundial, donde se consumen a gran escala para garantizar la reproducción del capital. El extractivismo tiene características que lo identifican como modelo económico y social, con unos mecanismos particulares de funcionamiento político, como se describe brevemente a continuación. 

En el extractivismo retornan las economías de enclave –un concepto que se creía enterrado en la historia latinoamericano y que hace unas décadas sonaba como un anacronismo–, en la medida en que las inversiones extranjeras de “tipo productivo” que se implantan en el territorio nacional (en las ciudades y en el campo) operan con la mirada puesta no en el mercado interno sino en el mercado mundial. En los enclaves no se efectúan procesos de acumulación de capital en el plano local y/o nacional –con los encadenamientos productivos que eso generaría–
sino que las actividades se desenvuelven en consonancia con los intereses del capital transnacional, cuyo funcionamiento está ligado a los grandes mercados de los países centrales. Como enclaves operan los agronegocios, la minería pero también las zonas turísticas, los parques naturales, y los espacios urbanos que están vinculados el capitalismo mundial. Como economía de enclave de tipo extractivista funciona la producción de flores en la sabana de Bogotá, que supone el traslado de agua al mercado mundial. Son enclaves las maquilas, las zonas francas, los puertos y también los eslabones de la “economía ilegal” (una noción cada día más difícil de usar por la hibridación con lo legal), ligados a la trata de personas– al tráfico de especies animales, al comercio mundial de estupefacientes, al blanqueo de divisas… 

Las relaciones laborales que se imponen en los enclaves borran los derechos de los trabajadores, puesto que anulan sus conquistas históricas e implantan la flexibilización y la precarización como norma dominante. Aparte de que generan poco empleo, y este es efímero, aumentan los niveles de explotación de la fuerza de trabajo, con la finalidad de incrementar la tasa de ganancia de las inversiones efectuadas. Los parámetros laborales que se imponen en toda la economía replican lo que sucede en los enclaves, que viene a ser la generalización de los salarios chinos, no importa si se trata de actividades propiamente primarias, o del sector servicios, o de lo que queda de industria. Al mismo tiempo, se eliminan los sindicatos y se obstaculiza la lucha colectiva de los trabajadores, a la par con el incremento del trabajo informal, la terciarización laboral, y la eliminación de los derechos de los hombres y mujeres que viven de su trabajo. La degradación laboral se convierte en una de las cartas de presentación que ofrece el Estado y las clases dominantes locales para atraer inversiones extranjeras, quienes argumentan que en este país existe una fuerza de trabajo barata, capacitada y sumisa dispuesta a dejarse explotar por los inversores extranjeros que quieran invertir su capital en nuestro territorio. 

El Estado es el garante de la imposición de estas condiciones laborales, las que se usan como un gancho que atrae a los emprendedores extranjeros. En lo esencial, el Estado es un peón al servicio del imperialismo y de sus empresas, y toda su política está destinada a presentarse como el “alumno más aventajado de la clase” a escala regional, es decir, el que está dispuesto a dar lo que sea sin contraprestación alguna e incluso pagándole a las multinacionales para que se llevan nuestras riquezas naturales. Al respecto, el estudio Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista afirma que entre el 2005 y el 2010 “las empresas mineras pagaron en promedio $878 mil millones anuales por concepto del impuesto a la renta”, pero en ese período “tuvieron deducciones, descuentos y exenciones que representaron un gasto tributario para el país de $1,78 billones. Es decir, por cada $100 efectivamente pagados por este concepto, las empresas mineras tuvieron descuentos que terminaron representando pérdidas para el Estado de más de $200. Esto significa que por cada peso que pagan esas empresas, el Estado les concede dos, que provienen de los dineros que los habitantes comunes y corrientes le cancelamos al Estado por concepto de impuestos. En síntesis, las ETN vienen a un territorio de Colombia, expulsan a las comunidades que allí habitan, destruyen los ecosistemas, contaminan las aguas, dejan luego de pocos años un tremendo cráter de miseria y destrucción, y aparte de todo les pagamos para que hagan todo eso. 

Los enclaves vienen acompañados de la militarización de los territorios, porque el Estado se compromete a proteger las inversiones extranjeras, con el pretexto de que esa es la condición que garantiza la permanencia de esas inversiones. Por esto observamos que en los últimos años se ha presentado un crecimiento exponencial de las fuerzas represivas del Estado para resguardar las zonas de extracción de minerales e hidrocarburos, y los lugares donde se siembran los cultivos de exportación. La militarización no solamente la efectúan las fuerzas legales, sino los grupos paraestatales que son un componente esencial del modelo extractivista, creadas, financiadas y auspiciadas tanto por el Estado como por empresarios locales y transnacionales, como lo demuestran los ejemplos del banano en Urabá, del carbón en la costa caribe, de la palma aceitera en el Choco y en la costa pacífica. Los enclaves no generan modernización ni innovación tecnológica propia, sino que allí se implantan, cuando se hace, la tecnología que es producida y controlada por las multinacionales. 

En concordancia la economía y el territorio colombianos se han convertido en una especie de basurero para la chatarra producida por las multinacionales, algo que se acentúa con los Tratados de Libre Comercio, que facilitan el ingreso de las tecnologías que ya se consideran obsoletas en esos lugares, como sucede, por ejemplo, con las armas, aviones y máquinas de guerra que el Estado colombiano le compra a Estados Unidos, la Unión Europea o a Rusia. Adicionalmente, nuestro territorio se convierte en el basurero de los residuos contaminantes que se exportan desde los centros imperialistas, lo cual se legitimó en términos legislativos en los últimos años con la Resolución 809 de mayo 10 de 2006, que autorizó el ingreso a Colombia de residuos tóxicos y peligrosos para la salud y el medio ambiente. Los Tratados de Libre Comercio rematan la arquitectura institucional en el plano interno del país, para consolidar la lógica extractivista, lo cual se fundamente con dispositivos jurídicos que protegen al capital transnacional. Estos tratados se sustentan en la teoría de las ventajas comparativas que revive el esquema de división internacional del trabajo del siglo XIX y que nos condenan irremediablemente a abandonar cualquier intento de construir una economía propia y autónoma y nos obligan a vivir prisioneros de la exportación de materias primas agrícolas y minerales.

En términos de la propaganda, adquieren fuerza el imaginario de enclave y la mentalidad extractivista (propio del colonialismo interno) que se basa en el prejuicio de pensar que el comercio internacional en sí mismo es la garantía de acceder al progreso, la modernización y la prosperidad. Ese mentalidad extractivista domina todas las actividades, como el deporte, la educación o la salud, por lo que no sorprende que los padres quieren que sus hijos sean exitosos futbolistas que conquistan el mercado europeo, o que el objetivo de los dueños de las universidades sea la competitividad, para lo cual preparan fuerza de trabajo barata y sumisa que le sirva al capitalismo transnacional en distintos frentes. Con el imaginario de enclave se impone la idea que el modelo exportador constituye la tabla de salvación del país, y quienes se oponen –trabajadores, campesinos, indígenas y afrodescendientes- son considerados como enemigos del progreso y del bienestar que se supone genera el libre comercio. 

Consecuencias

El extractivismo tiene consecuencias nefastas en el ámbito social y ambiental. En el plano social destruye y desestructura a las comunidades locales, introduce nuevos hábitos y pautas de consumo, genera una mentalidad rentística y obliga a los habitantes de un territorio a subordinarse a los intereses de fracciones minoritarias de las clases dominantes que se articulan con el mercado internacional y se apropian de algunas migajas que les deja el libre comercio. El extractivismo aumenta la pobreza, la dependencia, la destrucción de los bienes comunes de tipo natural, que replican la eterna paradoja de la pobreza y la desigualdad en medio de la riqueza de recursos. Al mismo tiempo, se destruyen a las comunidades indígenas, y las que sobreviven son incorporadas brutalmente a la lógica extractivista, como acontece en Arauca, Boyacá, los Llanos Orientales, para mencionar algunos casos. 

La destrucción de los ecosistemas por el extractivismo forma parte de la historia de la actual Colombia desde la época de la dominación española.
Ahora, el extractivismo contemporáneo acelera esa destrucción en la medida en que involucra a todas las actividades económicas y cubre la totalidad del territorio nacional. La puesta en marcha de megaproyectos mineros y agrícolas altera en forma inmediata y, en la mayor parte de los casos, de manera irreversible la riqueza natural de nuestros suelos y subsuelos. Los ejemplos abundan, como se comprueba con el impacto negativo de desviar ríos, como en el Quimbo (Huila), en Ituango (Antioquia), o en la Guajira (con el río Ranchería), para satisfacer el apetito de las empresas que extraen bienes naturales. 

Otro ejemplo de actualidad es lo que sucede en Paz de Ariporo (Casanare) –el segundo municipio más grande del país, con una extensión mayor que departamentos como Quindío. Risaralda, Atlántico y Sucre- en donde hace pocas semanas murieron miles de chigüiros, babillas, y otras especies de la fauna local, como resultado de la confluencia de diversas actividades depredadoras, entre ellas las de tipo extractivo. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) los acontecimientos trágicos de Casanare son un resultado de la combinación funesta de por lo menos “cinco pecados”: impacto destructivo en los páramos de alta montaña, donde nacen los ríos que surten al Casanare, por la introducción de cultivos y ganadería; una ganadería intensiva que compacta los suelos y obstruye la infiltración de aguas lluvias y escorrentía; una baja capacidad de retención de humedad debido a la textura arenosa de los suelos; una limitada capacidad productiva de los suelos; y, la utilización de aguas subterráneas por parte de las empresas petroleras, que agrava una situación local que ya se encuentra afectada por las modificaciones climáticas. 

En cuanto al impacto de las actividades petroleras, debe recordarse que en el Departamento de Casanare operan las compañías Geopark, Perenco, Pacific Stratus Energy, Parex, New Granada Energy, Cepcolsa, Petrominerales, Ecopetrol, Canacol, Interoli, Adventage. En toda la Orinoquía colombiana estas empresas extraen diariamente 720 mil barriles de petróleo y 15 millones de barriles de agua, un dato que en sí mismo indica la magnitud del hidrocidio en marcha. En este contexto destructivo, resulta tragicómica la declaración del viceministro de Energía Orlando Cabrales, quien aseguró al conocer la magnitud del ecocidio del Casanare que las empresas petroleras no eran responsables y, en un verdadero oxímoron, aseguró que “agua y petróleo no son antagonistas. Son el futuro y el gran desafío que tiene este país para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”. 

La mortandad de animales, y la escasez de agua que se empieza a percibir en el territorio mencionado es el resultado de un desequilibrio en el ciclo hídrico, por la destrucción de paramos y humedales, el aumento en la demanda y consumo de agua para la exploración y explotación de petróleo, junto con la ganadería que seca los suelos y la demanda de agua por cultivos como el arroz y la palma aceitera. Según el profesor Orlando Vargas de la Universidad Nacional, “la sequía se origina en el mal manejo del suelo, la destrucción de las zonas de recarga acuífera y la falta de planificación del territorio”. 

Dicha tragedia ambiental está ligada en forma directa al extractivismo y al libre comercio, un vínculo criminal del que se tienen nefastos antecedentes históricos a nivel mundial, tal y como aconteció en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se presentaron los holocaustos de la era victoriana, que en un determinado momento fueron considerados como una derivación inmediata de los cambios climáticos que produce el fenómeno meteorológico de El Niño. Pero estas alteraciones no se dan en el vacío sino en condiciones económicas y sociales específicas, que aumentan el impacto destructor en la medida en que la producción local, que permite la subsistencia de los pequeños productores, ya no se dedica a alimentarlos sino que se exporta al mercado mundial. O también que la utilización del agua para propiciar la exportación de productos al mercado mundial destruye las fuentes hídricas y los ecosistemas, con lo que se garantiza la muerte de plantas y animales nativos, como un resultado directo del imperialismo ecológico. En concreto, en el período mencionado se presentaron terribles hambrunas que dejaron, como mínimo, 32 millones de muertos en India, China, Brasil y otros lugares del mundo, como resultado de la vinculación directa, por la vía del libre comercio impuesto a sangre y fuego por Inglaterra, entre la producción local de alimentos y su destino al mercado mundial. Mientras que los campesinos morían de inanición, el trigo y otros cereales que habían producido con sus manos y en sus tierras llenaba las arcas de los exportadores mundiales de alimentos que iban con destino principal a Europa. 

Esta referencia histórica sirve para recordar que hoy las condiciones climáticas son peores que hace un siglo y por lo tanto sus efectos son más destructores, porque un trastorno climático en marcha afecta al mundo entero, pero que impacta de manera inmediata a ciertas regiones. Investigaciones recientes recalcan que las zonas tropicales (en donde se encuentra Colombia) son las primeras afectadas, básicamente por su estabilidad climática y por su biodiversidad. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el cambio climático señala que uno de los países más afectados es y va a ser Colombia, por la deforestación, la contaminación hídrica, la minería y la ganadería extensiva. Algunos hechos lo indican con preocupante contundencia. Por ejemplo, los glaciares están muriendo aceleradamente ante nuestros ojos y al ritmo actual los que quedan van a desaparecer en las próximas décadas: en los últimos 60 años el área de los glaciares se ha reducido en un 60% y de 19 glaciares que teníamos en nuestro territorio en 1900 hoy sólo existen 6. Así mismo, de los 34 paramos que posee el territorio de Colombia (donde se encuentra el 49% de todos los que existen en el mundo) 22 están en grave riesgo de destrucción, como resultado de la ganadería, las quemas, la explotación minera y la expansión de la frontera agrícola. 

Hoy las condiciones son más adversas que en la época victoriana –un momento en que hasta ahora estaba despegando la explotación del petróleo, rodaban los primeros automóviles en algunas ciudades de los Estados Unidos, en el mundo existían 1.650 millones de personas y la mayor parte de la gente vivía en el campo–, a la hora de considerar la retroalimentación entre el trastorno climático a escala global (que está en marcha en forma acelerada e irreversible) y los fenómenos locales (como el de Paz de Ariporo), que están relacionados con el funcionamiento del capitalismo extractivista. Además, lo acontecido en Paz de Ariporo indica a nivel micro y por anticipado cómo van a ser las guerras climáticas, en las cuales
la sed insaciable de materia y energía del capitalismo destruye los hábitats locales al tiempo que exacerba la lucha por la supervivencia de los más pobres, que ya no tienen acceso ni siquiera al agua, y condena a la extinción a especies animales y vegetales, junto con la destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas. En este sentido, lo que sucede en Casanare es una terrible advertencia de lo que nos espera con el trastorno climático. 

Luchas

En diversos lugares del territorio colombiano se han presentado protestas, resistencias y rebeliones contra el extractivismo y sus variantes. Según un estudio realizado para el Atlas Global de Justicia Ambiental, en estos momentos en Colombia se presentan 72 conflictos socio-ambientales. En Tolima, Santander, Cauca, los Llanos Orientales y otros lugares de Colombia se han desplegado notables protestas y la gente se organiza de múltiples formas para enfrentar la “locomotora minera” y los proyectos extractivistas. Entre esas luchas se destacan las libradas por los habitantes de Cajamarca y San Turban contra la minería del oro, y también las de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán contra la Pacific Rubiales., aunque tienen sentidos diferentes. Mientras los trabajadores petroleros están interesados en mejorar las condiciones de trabajo, sin cuestionar la misma extracción de petróleo, y las organizaciones laborales, como la Unión Sindical Obrera (USO) propenden por la nacionalización de los hidrocarburos y su explotación por parte del Estado, las comunidades locales, campesinas e indígenas, buscan que no sean extraídos esos bienes comunes de las entrañas de la tierra. Esto último se expresa en la lucha de los pobladores de El Tolima, que saben lo que implica la apertura de una descomunal mina de oro. Por eso, llevan años denunciando ese crimen social y ambiental, como lo ratificaron en la consulta de Piedras, donde el 99% de los votantes dijeron no a la AngloGold Ashanti. 

La oposición al extractivismo en Colombia ha tenido un mayor calado en aquellas regiones en donde las comunidades locales sienten directamente afectadas sus condiciones de vida y de subsistencia y lo hacen, además, a partir de una defensa del territorio en donde entran en juego otras nociones de territorialidad, producidas por y para las mismas comunidades. Esto indica que, en contra de la propaganda de la globalización que nos anuncia el “fin de los territorios”, éstos adquieren una renovada fuerza para el capital y, por lo mismo, en esos lugares concretos es donde se ponen en juego las estrategias de lucha y de construcción de nuevas alternativas, desde abajo y desde el sur, como ha aflorado en los últimos años con los paros agrarios. 

Gran parte de los conflictos ambientales se ubican en zonas habitadas por comunidades indígenas y pueblos afrocolombianos, como acontece en la Costa Atlántica en donde grupos étnicos soportan y se enfrentan al impacto negativo de la explotación de carbón, la expansión de la Ruta del Sol, la construcción de represas (Ranchería y Puerto Brisa) y los proyectos turísticos en el Parque Nacional Tayrona. 

Aparte de los impactos económicos, sociales y ambientales del extractivismo en la vida cotidiana de las comunidades se despliegan un conjunto de antivalores (¿como cuáles?) que destruyen sus formas organizativas, sus tradiciones y sus relaciones ancestrales con sus territorios, tal y como lo demuestran los Awá, para quienes el petróleo es la sangre de la tierra y por lo tanto nunca debe ser extraído de las entrañas del suelo. Los conflictos socioambientales se constituyen en una respuesta de las comunidades al extractivismo, como se pone de presente con el hecho que hayan aumentado desde el momento en que se incrementó la concesión de títulos mineros durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. 

Notas:

Luis Jorge Garay (Director), Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista, Contraloría General de la República, Bogotá, 2013. 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/U/uso_de_toxicos_aun_en_entredicho/uso_de_toxicos_aun_en_entredicho.asp 

IGAC, Estos son los “cinco pecados” que podrían haber desencadenado la tragedia ambiental en El Casanare, en 
http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/ 

Orlando Cabrales, “Agua o petróleo: un falso dilema”, 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13826183 

Citado en 
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/mala-planificacion- y-uso-del-suelo-atizan-sequia-en-los-llanos.html 

Mike Davis, Los holocaustos en la era victoriana tardía. El Niño, las hambrunas y la formación del Tercer Mundo, Universidad de Valencia, Valencia, 2006. 

Ver: “El alarmante informe sobre cambio climático”, Revista Semana, marzo 31 de 2014. 

IDEAM, Glaciares de Colombia: más que montañas con hielo, Bogotá, 2012; Greempace Colombia, Cambio climático: Futuro negro para los páramos, Bogotá, noviembre de 2009. 

Harald Welzer, Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI, Katz Editores, Buenos Aires, 2010. 

Colombia es el país con más conflictos ambientales de América Latina, 
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/mapa/30830

(*) Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Ed. Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; Capitalismo y Despojo, Ed. Pensamiento Crítico, Bogotá, 2013, entre otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008. Su último libro publicado es Colombia y el Imperialismo contemporáneo, escrito junto con Felipe Martín Novoa, Ed. Ocean Sur, 2014.

 Artículo publicado en papel en la Revista CEPA No. 19, Bogotá 2014, que acaba de entrar en circulación.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188553

 

 Crisis civilizatoria

 

Lo que observamos en Nuestra América y Argentina es la autoorganización de minorías populares para afirmar los derechos de la vida y la dignidad humana en la diversidad de abajo. Se rebelan contra la devastación, el envenenamiento, el despojo de territorios, la desintegración social, la degradación política y estatal...conque el capitalismo progresa. Constatemos la gravedad de las consecuencias de seguir resignándonos al sistema social de la gran burguesía que impone su lucro por sobre las necesidades de la diversidad de abajo hasta el extremo de generar ecocidios-genocidios.

 

 

Investigador boliviano: “El extractivismo tiene a la región en crisis hídrica”

21 de diciembre de 2016

El experto en recursos naturales, Oscar Campanini, advierte que los alcances del calentamiento global están presentes en varios países de la región. También analizó otros factores: los intereses del sector minero y el extractivismo en esta parte del mundo.

 

Por Diana Porras | 18 de diciembre de 2016

 

El pasado 22 de noviembre, el presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró “emergencia nacional” por la escasez de agua. El mandatario llamó a la población a “estar preparados para lo peor” luego de ampliar el racionamiento ante la peor sequía en 25 años.

Se estima que cinco de las nueve regiones del país están afectadas, pero con preocupación se pone atención en centros urbanos como La Paz y El Alto.

En medio de esta “crisis del agua”, se advierte que los glaciares de Bolivia se han reducido en un 40 por ciento. El nivel de agua del Lago Uru Uru en Oruro desciende dramáticamente mientras hace algunos meses se confirmó que el Poopó quedó sin agua, el segundo lago más grande del país.

Pero este escenario también preocupa en otro país de la zona andina. A principios de diciembre, el gobierno peruano extendió la emergencia por déficit hídrico a 17 regiones. Esto, por la falta de lluvias en la sierra norte y sur de nuestros vecinos. Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Puno, Tacna y Tumbes, son algunos de los departamentos que se incluyeron en esta nueva declaratoria oficializada mediante un Decreto Supremo en el diario oficial El Peruano.

Bolivia fue declarada por la ONU como uno de los países más vulnerables a las consecuencias del calentamiento global de la Tierra. Para el presidente Morales “el problema del cambio climático no sólo es en Bolivia, sino en todo el mundo”.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Oscar Campanini,

Coordinador general del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB, Cochabamba), comentó las cifras, historia y proyecciones del tema que pone en la mira a todos los países en este sector del continente.

Este tema, ¿era una bomba de tiempo?

En el caso de Bolivia, la sequía es algo que ha afectado a algunas regiones de forma regular aunque cada vez más intensa. Por ejemplo, en el caso del Chaco, un ecosistema particular que está limítrofe con Paraguay y Argentina, lamentablemente está cada vez más afectado por la sequía y hace varios años sufre con el desabastecimiento de agua para consumo doméstico. Pero también se presentan importantes impactos en la actividad agropecuaria.

Este año no solo ha afectado esta zona por la falta de precipitación fluvial sino que ha afectado a grandes centros poblados, entre ellos, Cochabamba, La Paz, Potosí, Sucre y Tarija. Ese desabastecimiento ha ocasionado esta crisis y esta medida de emergencia nacional.

¿Cuál es el contexto de esta emergencia hídrica?

Hay un tema de calentamiento global que está presente en varios países de la región. Este año, Bolivia ha sido uno de los más afectados. Para dar una idea, aunque son datos preliminares, la precipitación fluvial ha disminuido en un 38 por ciento en La Paz y en un 33 por ciento en Cochabamba.

También hay fenómenos regionales como El Niño, pero que afectan de forma más interna por el cambio climático a nivel global.

Sin embargo, podemos comentar otros factores más locales. Todavía no existen estudios científicos muy precisos al respecto, pero con seguridad sí tienen impacto las diferentes actividades que se desarrollan en el territorio boliviano que están basadas en la extracción de materias primas.

La deforestación, por ejemplo, es una de las actividades que más preocupa. No sólo de un importante ecosistema como el bosque amazónico sino también de zonas forestales cercanas a las ciudades.

Las medidas que se toman desde el Gobierno no necesariamente disminuyen estos impactos. En la deforestación, hay una política de fomento que se aplica desde hace años sobre el monocultivo para exportación principalmente de soya.

Hace dos años se presentaron diferentes acuerdos con el sector empresarial para incrementar en forma considerable esta área cultivada: pasar de alrededor de 3 millones de hectáreas cultivadas a 2025 con 9 millones de hectáreas. Y la única forma de ampliar es deforestando…avanzando sobre el Amazonas.

En noviembre pasado se presentaron los resultados de su estudio “La Agenda gubernamental del agua”. En el texto, se advierte que “recién con la crisis y racionamiento la población entendió que el tener un tubo y un grifo no garantiza ese derecho humano al agua, sino que se debe tener la cantidad y calidad”.

Algo que preocupa es la falta de prevención que ha existido en las políticas por esta variabilidad climática y sus impactos. Hay un incremento de inversiones en el tema de agua, pero no corresponde con la inversión pública total en Bolivia.

Se han priorizado otros sectores como la gran infraestructura, caminos, explotación de hidrocarburos y minería. Estos criterios que se han asumido, no han sido los más certeros.

¿Cuál es el alcance de las “presiones” ante la demanda de la minería e hidrocarburos?

Hay una apuesta, desde los gobiernos de nuestra región, centrada en un importante grado de dependencia de la extracción de materias primas en las economías. Las políticas para el incentivo en la exploración de hidrocarburos tienen impactos ambientales y sociales. Incluso, para eso se dio la apertura de áreas protegidas…

Muchas de estas exploraciones se realizan en territorios de pueblos indígenas que deben contar con un mecanismo de la consulta previa.

Durante las últimas semanas, en varias notas de prensa se informa que pobladores del municipio boliviano de Chipaya “migran a Chile por falta de agua”. A esto, se suman las emergencias hídricas que sufren también nuestros vecinos del Perú. ¿Cómo se enfrenta en conjunto el tema de “los refugiados climáticos”?

Es algo que lamentablemente no es fácil visibilizar. En las áreas rurales de Bolivia han tenido que implementar una estrategia de sobrevivencia de migraciones temporales. No solo por los impactos del clima sino la falta de atención de algunas necesidades básicas que ha hecho que esta población, en determinadas épocas del año, tenga que emigrar a las ciudades. Incluso a otras actividades fuera del país, como en Argentina.

Este año ha sido evidente, en el caso de los Uru. Es un pueblo indígena que habita en tierras altas y vive de las actividades del lago Uru Uru (en el departamento de Oruro). Este lago, que pertenece al sistema del cual forma parte el Titicaca, y el Poopó han sido afectados por las faltas de precipitaciones pero también por algunas actividades humanas (agrícolas y mineras).

No son lagos profundos, pero son estratégicos para resguardar el microclima de esta zona. El que se seque pone a los pueblos en emergencia. En 2013, ellos protagonizaron una marcha hasta La Paz y eso logró que el Gobierno sacara una ley de atención a pueblos vulnerables-no contactados para evitar estos impactos.

Esta norma no ha sido implementada y entre la sequía y la falta de precipitaciones, es seguro que buena parte de este pueblo emigre hacia el lado de Chile. Algunas de estas migraciones parece que van a ser definitivas.

¿Cuán importante es que en nuestros países reconozcan el derecho de acceso al agua a nivel constitucional? Cómo lo aprobó el Pleno del Congreso en Perú en una Reforma Constitucional, mientras en Chile se debate una Reforma al Código de Aguas.

Un ejemplo. Cochabamba fue protagonista de la guerra del agua en el 2000 y en un momento se quiso privatizar con una gran empresa transnacional que pretendía incrementar las tarifas, en algunos casos, en un 200 por ciento. Pero hoy persiste un problema: la población no atendida por los sistemas de agua tiene que abastecerse a través de cisternas que transportan el recurso de un lado a otro.

Según el escenario, los privados que prestan este servicio suben el precio del barril. Estos costos llegan a ser entre 5 a 8 dólares el metro cúbico lo que, a nivel internacional, es muy elevado y la que no está conectada es la población más pobre de la ciudad. Es un problema de inequidad. En la actual sequía, los camiones cisterna atienden también a la población que sí tiene sistema, porque por el racionamiento recibe menos agua. Y para complementar, solicita agua de cisternas. El agua ha subido de manera impresionante a 20 dólares el metro cúbico. Eso comparado con cualquier país del mundo es muy alto.

El derecho humano al agua establece principios normativos que deben implementarse desde todas las instituciones públicas. En el caso de Bolivia, sí existe este principio constitucional desde 2009 y es un referente para regular la distribución del agua.

Una recomendación: es fundamental para este cumplimiento que existan no sólo disposiciones en las normativas sino que las instituciones tengan la capacidad efectiva de cumplir ese derecho humano.

Diario Uchile

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Investigador_boliviano_El_extractivismo_tiene_a_la_region_en_crisis_hidrica

 

 

Comprobemos porqué se multiplican las luchas en el continente contra el modo capitalista de producción y progreso. Ejemplifiquemos cómo se invade y ocupa los territorios con los cada vez más extensos monocultivos de árboles exóticos para las pasteras o la producción de agrocombustibles.

 

 

 

Perú: “Estamos viendo una deforestación a escala industrial”

19  de enero de 2017

 

Corrupción en el Estado, especialmente de los gobiernos regionales, alientan expansión de monocultivos agroindustriales en la Amazonía a costa del despojo de tierras comunales, denunció especialista del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales - Kené, Lucila Pautrat.

Por Patricia Saavedra

Servindi, 18 de enero, 2017.- El Perú tiene como uno de sus compromisos climáticos y por el medio ambiente al 2021 —año del Bicentenario— lograr una deforestación cero. Sin embargo, el sentido de tanto las políticas estatales como internacionales que promueven la producción de monocultivos agroindustriales en la Amazonía más bien alientan la tala y la deforestación.

A ello se suma la corrupción en los procesos de concesión de tierras liderados desde el propio Estado en perjuicio de las comunidades originarias. Lucila Pautrat, especialista del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales – Kené nos explica por qué existe una incongruencia entre las políticas y los compromisos que asume el Estado a nivel internacional en materia de deforestación.

- ¿Estamos perdiendo la batalla contra la deforestación?

El Perú, de acuerdo con Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se comprometió a reducir en un 30 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Asimismo, en el marco del Acuerdo de París y otras cumbres de cambio climático, se comprometió a una deforestación cero al 2021, en el contexto del plan Bicentenario.

Sin embargo, durante los últimos tres años la deforestación en el Perú que al 2005 se estimaba en 75 mil hectáreas por año, se incrementó a 113 mil durante en el 2013 y 2014 debido al impacto de la expansión de los monocultivos agroindustriales en Loreto, Ucayali y San Martin; y a la minería ilegal en Madre de Dios. Hay una incongruencia entre las políticas y los compromisos que asume el Estado a nivel internacional, en términos de la reducción de la deforestación.

Estás políticas son lideradas e impulsadas por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores; y la promoción de los monocultivos agroindustriales son impulsados por el propio gobierno a través del Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales. Tenemos políticas contradictorias que finalmente terminan afectando a los pobladores locales, a los pequeños agricultores y a los territorios de los pueblos indígenas.

Antes en el Perú la deforestación se daba por pequeños agricultores de parcelas de cultivos ilícitos, pero ahora vemos que es una deforestación a escala industrial.

- ¿Podría ejemplificar las dimensiones que ha cobrado la mafia y los poderes detrás de la tala ilegal y el tráfico de tierras?

Tanto la tala ilegal como el acaparamiento de tierras son un tipo de organización vinculada a la corrupción o que la promueven también a nivel de los gobiernos regionales y vienen generando incentivos económicos para el tráfico de tierras. En esta modalidad han participado empresas formales como ha sido anteriormente el grupo Palmas, en San Martín, como también empresas vinculadas a United Cacao, en Loreto y en Ucayali. Entonces, si bien la minería ilegal en Madre de Dios ha deforestado más de 6000 ha de bosques, en el caso de los monocultivos agroindustriales se ha producido una deforestación de más de 20 mil ha. Acumuladas en lo que se ha producido en San Martín como en Loreto y en Ucayali, suman más de 20 mil ha en los últimos dos años.

Eso evidencia que el tráfico de tierras, la deforestación y la tala ilegal han alcanzado una dimensión que no existía. Antes en el Perú la deforestación se daba por pequeños agricultores de parcelas de cultivos ilícitos, pero ahora vemos que es una deforestación a escala industrial.

Ese cambio en el paisaje y en el tipo de comportamiento no se veía antes. En Madre de Dios, por la minería ilegal impulsada por la carretera Interocéanica, pero en el caso de Loreto, Ucayali y San Martín, por los cultivos agroindustriales relacionados a cultivos ilícitos.

- ¿Cree que existe una estrategia de acaparamiento de tierras?

Sí. Lo que expresa precisamente el discurso del "perro del hortelano! de Alan García en el 2007 es una política de apertura del mercado de las tierras de la Amazonía al mercado de tierras del gran capital. Esa política del ex presidente se plasma a través de una serie de dispositivos, decretos legislativos y normas que permiten abrir la Amazonía hacia el mercado de tierras. Esto es un poco lo que está detrás, desconocer los derechos ancestrales que tienen los pueblos indígenas sobre la posesión, el reconocimiento de sus tierras y territorios indígenas para otorgarlos a través de certificados de posesión, de títulos a sectores empresariales. Generar una capitalización hacia la Amazonía, creando problemas ambientales y sociales

En Madre de Dios la tala era alentada por la minería ilegal —impulsada a su vez por la carretera Interoceánica—, pero en el caso de Loreto, Ucayali y San Martín, por los cultivos agroindustriales relacionados a cultivos ilícitos.

- ¿Por qué es tan difícil para un nativo titular sus tierras, pero no para las empresas?

Es un hecho que la institucionalidad a nivel de los gobiernos locales es débil y vulnerable a la corrupción. Se está evidenciando en estos momentos que existen diversas modalidades mediante las cuales la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria – Disafilpa o las direcciones regionales agrarias otorgan certificados de posesión o titulan a las grandes empresas, pese a que las comunidades tienen solicitudes de adjudicación, ampliación o de reconocimiento de territorios indígenas desde hace más de 20 años.

La misma autoridad regional desconoce el derecho de los pueblos indígenas de poder acceder a la titulación o reconocimiento de sus tierras y territorios, y facilita o promueve la titulación de tierras para grandes o pequeñas empresas. Lo que hacen las empresas grandes es acopiar los títulos de pequeños agricultores.

- ¿En que funcionarios recaería la responsabilidad de esta situación?

Hay dos ministros que han sido denunciados penalmente por una participación directa en estos casos, el ex ministro von Hesse y Juan Benites. El actual ministro (de Agricultura) tampoco se ha pronunciado, hay una especie de silencio. Por parte del Ministerio del Ambiente, la respuesta también es débil y por parte de los gobiernos regionales ha habido una participación directa en las investigaciones fiscales que hay, por lo menos en Ucayali, donde ya dejan de ser delitos ambientales y pasaron a la fiscalía de crimen organizado. Ha habido una especie de participación directa de las autoridades regionales en este tipo de negociaciones con las empresas.

La misma autoridad regional desconoce el derecho de los pueblos indígenas de poder acceder a la titulación o reconocimiento de sus tierras y territorios, y facilita o promueve la titulación de tierras para grandes o pequeñas empresas. Lo que hacen las empresas grandes es acopiar los títulos de pequeños agricultores.

- ¿Qué hacer frente a la corrupción del Estado, especialmente a nivel de los gobiernos regionales?

Lo que estamos haciendo primero es informarnos sobre qué cosa es lo que está pasando. Segundo, articular esfuerzos de diversos actores y líderes indígenas que están denunciando a nivel regional y local; y tercero, juntar a las tres regiones: Loreto, Ucayali y San Martín para generar algún tipo de estrategia conjunta que les permita tener una mayor incidencia en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y continuar denunciando.

Aquí también hay un riesgo de conflicto social latente y lo que queremos es canalizar ese conflicto local que hay a través de las vías institucionales. Que no se llegue a una situación de violencia porque en ella terminan siendo los pueblos indígenas los más afectados. Lo que se quiere es buscar una salida institucional al conflicto para no llegar a una situación mayor.

- ¿Esta estrategia contemplará lo referente a la criminalización de quienes denuncian o protestan?

Tiene que haber una respuesta coherente del Estado. Si los líderes indígenas están defendiendo sus tierras y territorios, una criminalización de los líderes lo único que hace es exacerbar el conflicto. Entonces, hay que entrar también hacia el reconocimiento de los compromisos que ha asumido el Estado peruano a nivel internacional y dentro del marco constitucional de los derechos de los pueblos. Y tratar también que el Ejecutivo, en este caso el MINAGRI retroceda en estas políticas que generan vulneraciones y afectaciones a los pueblos y que reconozca también que la consulta previa en el caso del Plan Nacional de Palma Aceitera es un derecho, y que los pueblos indígenas lo han solicitado y que antes de aprobar ese plan tienen que pasar por consulta porque hay una afectación directa a los pueblos indígenas y a sus territorios. Y en el caso del Plan Regional de Palma Aceitera de Ucayali, que no ha pasado por consulta, esta norma es ilegal.

Servindi

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Peru_Estamos_viendo_una_deforestacion_a_escala_industrial

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Chile: ANAMURI, ante la tragedia que viven hoy pueblos y comunidades rurales de nuestro país

31 de enero de 2017

Cada vez que hay una desgracia, se escucha por todos lados el llamado a la unidad, cada vez que hay una desgracia nos damos una mirada profunda hacia adentro, de nosotras y nosotros, del gobierno que nos asiste, de nuestros sistemas de prevención de riesgo, de las leyes y trabas que tenemos para que se tomen las decisiones precisas sin demoras ni tramitaciones, y tenemos canales de televisión trasmitiendo todo el día desde el lugar de los hechos cómo se van desenvolviendo los acontecimientos e indagando en el dolor de la gente. Lo importante al parecer para los medios es exacerbar las reacciones, es evitar los juicios que nos lleven a todos a repensar en qué mundo vivimos hoy dominado por este capitalismo salvaje que no da tregua, donde la ganancia está por sobre la vida del planeta y los seres humanos no somos más que capital de trabajo en este gran engranaje que hace girar la rueda del gran capital.

Lo venimos diciendo y combatiendo: este sistema forestal es abusivo, depredador, arrasa con nuestros bosques nativos, con la tierra que ayer alimentaba la nación, consume nuestras fuentes de agua que son vida, mata nuestra culturas y nos sumerge en un mundo donde sólo vale el asistencialismo por sobre el protagonismo popular, donde cada vez más vamos perdiendo soberanía y dominan los grandes intereses económicos.

Estamos ciertas que no todo está perdido. Lo han mostrado esa inmensa disposición de solidaridad de las y los miles de voluntarias y voluntarios que en forma silenciosa van en ayuda de las familias afectadas y tratan de parar la voracidad del fuego que acaba con nuestros sembrados, los frutales, las viñas, las aves y los animales, sustento de nuestra alimentacion cotidiana. Lo han mostrado también las organizaciones, los movimientos sociales y organizaciones populares que elevan su voz para exigir el cese de este modelo depredador. Chile no vive de la inversión extranjera, Chile vive de su tierra ayer generosa en la producción de alimentos y de su gente que la ama, cultiva y la cuida, podría vivir sin problemas de sus grandes riqueza naturales hoy entregadas al capital trasnacional. Chile vive de su pueblo que a través de la historia ha mostrado su gran capacidad y creatividad en función de sacar su país adelante.

Nosotras como organización de mujeres rurales e indigenas, hemos puesto lo mejor de nosotras para contribuir a mantener nuestros campos con campesinas y campesinos, no hemos parado de denunciar este sistema y a la vez hemos contribuido a hacer conciencia frente a las graves consecuencias que implica el cambio climático y las causas que lo generan. Hemos sido enfáticas en señalar que nuestras prácticas ancestrales de trabajar la tierra pueden ayudar y pueden revertir el calentamiento global y de ahí que con pasión nos hemos abocado a trabajar por la soberanía alimentaria, la defensa de nuestras semillas y la agroecología como un método indígena y campesino de trabajar la tierra.

Cuando aconteció el incendio de Quillón en el 2012, declaramos “Durante varios años las organizaciones campesinas y de pueblos originarios hemos venido denunciando el desastre que provoca la implementación del actual modelo neoliberal en nuestro país, que en las últimas décadas ha visto cambiar su geografía con monocultivos que destruyen e invaden nuestras tierras y territorios. Los últimos incendios en el sur del Chile, con largas extensiones de plantación de pinos y eucaliptus, especies altamente combustibles, han provocado grandes desastres ambientales, que ha dejado un saldo de pérdidas de vidas humanas importante y ha arrasado con la producción, el alimento y las viviendas de las y los campesinos. Lo que tenemos hoy es un gran desierto verde que extermina el bosque nativo, los riachuelos y vertientes que circundan y protegen la biodiversidad”.

ANAMURI al igual que nuestros compañeros de la CLOC nos sentimos profundamente afectados por esta tragedia en nuestros territorios, y apelamos a la solidaridad de todas y todos. Como organización, pondremos nuestro acento en San Nicolás, comuna emblemática por su producción agroecológica, iniciativa desde las organizaciones, el municipio y Prodesal. En este bello municipio agroecológico, nuestras compañeras nos informan que“ ya van más de 2100 Hás consumidas totalmente por el fuego....pero es increíble ver como la mayoría de las casas se salvaron gracias a las huertas y árboles frutales que rodean a dichas viviendas y que algunas son parte de nuestra estrategia agroecológica, ..la que precisamente tiene como objetivo generar al menos 0.5 Hás con biodiversidad hortícola´ frutícola, con especies ornamentales, melíferas, condimentarías, etc que han servido de protección a las viviendas...las que que hoy salvaron la vida de muchos de los nuestros.

A la fecha en San Nicolás, las compañeras nos reportan 12 casas quemadas y los incontables daños en cultivos, árboles frutales, gallineros, corrales y bodegas. Como es propio de las y los campesinos, su primera y gran preocupación es la alimentacion y la atención veterinaria de sus animales. En Portezuelo el fuego se dispara y evacuan los poblados, las compañeras de Coelemu dicen “hemos sido privilegiada porque hasta aquí sólo se han quemado siete casas”. Suena terrible, ¿verdad? Pero ésa es la mirada no resignada sino generosa de la gente de la tierra que ama la vida y su entorno. Por eso claman por el pasto para alimentar sus ovejas, caballos y vacunos, alimento para aves, pavos, patos y gallinas: que además son parte del auto-sustento familiar. Piensan también en los polines que necesitarán para levantar sus cercos, más los rollos de alambre y malla ovejera, etc.

Hacemos un llamado a esta ayuda tan necesaria. Más adelante también necesitaremos semillas, plantas y árboles frutales y nativos para volver a empezar. En el próximo abril, como anteriormente ya lo hicimos en Quillón el 2012, llevaremos nuestras semillas, nuestros árboles y plantas a San Nicolás, Coelemu y otras localidades que puedan necesitarlos.

Nuestra organización permanecerá en solidaridad y en rebeldía para parar este modelo capitalista y patriarcal que no nos da tregua. Unidos y organizados seremos fuerza para derrotarlo.

DIRECTORIO NACIONAL DE ANAMURI

30 DE ENERO DE 2017

Para su solidaridad

a) Depositar en la cuenta de ANAMURI, nº 31337171 del Banco Crédito e Inversiones. (Rut de ANAMURI: 74288900-9), o

b) Coordinar su entrega con las siguientes compañeras del Directorio Nacional de ANAMURI: Mónica Hormazábal, celular 983502876; Jacqueline Arriagada, celular 997471796, Ana María Fuentes, celular 997976688, o María Vargas, celular 966288631.

c) Como punto central y de acopio en Arauco al llegar a Gamero Nº189 Chillan

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Chile_ANAMURI_ante_la_tragedia_que_viven_hoy_pueblos_y_comunidades_rurales_de_nuestro_pais

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¿Y quiénes son los responsables de que arda Chile y sufra su pueblo?
31 de enero de 2017

Por Leopoldo Lavín Mujica (Rebelión

Aquí, en este drama ecológico y humano terrible que vive Chile hay responsables de las condiciones facilitadoras de catástrofes de este tipo. ¿Qué hizo en su momento el Sr. Ricardo Lagos, ex presidente, para prevenir el riesgo recurrente de catástrofes naturales como los incendios forestales? Recordemos que Lagos es en este sentido más imputable que otros ex mandatarios. En mayo del 2007 Ricardo Lagos fue nombrado por el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon miembro de una Comisión Especial de tres para analizar el cambio climático. ¿Hizo recomendaciones para Chile en aquel momento o justo después para evitar en algo los riesgos de los cuales necesariamente había tomado consciencia? No hay constancia.

El candidato PPD, que hoy presenta un programa político para el futuro, en su momento no supo ejercer su influencia —que había aumentado considerablemente después de su mandato (los empresarios “lo amaban”)— para prevenir las catástrofes inminentes. Los estudios de paneles científicos acerca del inexorable calentamiento climático y los peligros del factor 2 (aumento de dos grados Celcius para este siglo ya estaban científicamente sentados. Estamos a 0.7-0.8 de aumento).

Recordemos que el Panel intergubernamental Acerca del Cambio Climático PICC, en inglés IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change fue creado en 1988 a pedido del G7 y está bajo el paraguas de dos instancias de la ONU, La Organización Meteorológica Mundial y el Programa de la Naciones Unidas sobre el Medioambiente. El mandato es actualizar el conocimiento acerca del cambio climático y hacer recomendaciones generales a gobiernos.

Elemental. Chile es un país pirógeno y telúrico. Con respecto a esto último, Lagos sabiéndolo, estuvo tentado, en un país con estas características objetivas, de resolver el problema energético construyendo centrales nucleares. Además, uno que otro académico chileno negaba el calentamiento global y, por supuesto los empresarios a quienes no les convenía hablar del tema. Esto era hace sólo 10 años (*).

Y como con Piñera gobernaron los tecnócratas al servicio de las forestales y las grandes empresas tampoco se utilizó el principio de precaución para calcular riesgos, prevenir, dotarse de equipos, formar brigadas de intervención profesionales y de voluntarios. En la cabeza de los empresarios y de sus tecnócratas obnubilados por el “crecimiento”, el recurso es explotable al infinito.

Por lo tanto se equivoca la Presidenta cuando declara “ésta, sin duda, es una catástrofe que excede las previsiones de cualquier sistema normal”. Se esperaba una reflexión más sensata de su parte.

Una catástrofe como ésta fue anunciada. Signos precursores sobraron años anteriores y meses recientes. Pero nada se hizo y un incendio creó las condiciones del otro, junto con una actitud de desidia y de incompetencia por parte del Estado y de los organismos pertinentes. Esto hoy se revela al gran día como una catastrófica tragedia humana abrumadora.

Un país con ínfulas de pertenecer al primer mundo de países desarrollados asiste pasmado a la vorágine de llamas que lo consume todo dónde llega. Por supuesto, en otras latitudes también han habido de manera circunscrita este tipo de tragedias producto de incendios devastadores.

En California ha sido recurrente la destrucción de zonas residenciales y, en Canadá, el de la región de Fort McMurray, en mayo 2016, llamado la “bestia” concitó la atención de los medios y del público. Debido a la gravedad, los gobiernos locales adoptaron planes de prevención efectivos y comenzaron a reflexionar acerca de la seguridad pública en un futuro caliente. En general en esos países los seguros contratados pagan los daños a los particulares.

En Chile es la precariedad total de la gente de pueblo y de campo. Parece que la naturaleza se ensañara con el pueblo que la habita. Y sin embargo ese pueblo no es responsable. Imposible de ignorar que el responsable directo es el modo de producción humano y sus agentes capitalistas que en todo el planeta han hecho aumentar la temperatura a niveles de riesgo y de peligrosidad extremas (**).

La sed de ganancias de las grandes forestales que pertenecen a los grupos Angelini (hoy afectadas en sus intereses) y Matte, junto con la obsecuencia de las elites políticas que copan la democracia representativa han destruido suelos y acrecentado el peligro.

Pero lo peor es que se ha querido ignorar el peligro que un modo de desarrollo forestal basado en la ganancia a corto plazo representa para el país.Por el Decreto Ley 701 el Estado y el parlamento se han entregado año tras año millonarias subvenciones a las forestales para que empobrezcan y destruyan los suelos en nombre del mismo crecimiento económico. “ Fue en octubre de 1974 que se dictó el Decreto Ley 701 (DL701) impulsado por el entonces ministro de Economía, Fernando Leniz, e implementado por el director de Corfo de la época, Julio Ponce Lerou, actualmente conocido por sus negocios mineros y su condición de ex yerno del dictador”, escribe el periodista Alberto Gonzáles de Radio Bío-Bío. “La iniciativa implicaba una bonificación de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus, beneficio que fue hábilmente aprovechado por las grandes empresas: Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones -más conocida como CMPC- del poderoso Grupo Matte; y el Grupo Arauco, en manos de los Angelini”, señala.

Pinos y eucaliptos son altamente combustibles. Es sabido.

Hasta hace poco la casta empresarial adoptaba la actitud negacionista. Büchi, el ex ministro pinochetista negaba hace algunos años atrás el impacto del cambio climático para la sociedad humana.

Concluyendo, un Estado ineficiente, sin voluntad ni equipos técnicos ni humanos para defender el bien público y común que son las tierras, los bosques nativos y buenos, el aire respirable, el agua, los ríos, el paisaje, los montes, la flora y fauna; en suma, la vida buena de su gente. Ministerios incompetentes en la gestión de crisis. Los actores clave de la tragedia son: una casta empresarial ávida de ganancias que no reflexiona ante la consecuencia de la máquina capitalista desbocada que la mueve; medios que prefieren hablar de violencia mapuche y de pirómanos para desviar la atención y una casta política duopólica corrupta que durante años ha votado subvenciones a un empresariado depredador.

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(*) Leer sobre el tema: “ Crisis ecológica y capitalismo: Al Gore, Lagos, y Kempf”: http://g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=1131

(**) Leer sobre el tema: El Ecocidio Capitalista-neoliberal, el último libro de Naomi Klein: “El Capitalismo Contra el Clima”:http://g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=20309

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222290

 

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Chile: Organizaciones sostienen que es urgente poner fin al modelo forestal

26 de enero de 2017

Diversas organizaciones sociales vienen sosteniendo que para terminar con mega incendios y la crisis hídrica del País es urgente terminar con el modelo forestal industrial de monocultivos de plantaciones, liquidando de una vez por todas todo instrumento estatal que contribuya a su expansión vía bonificación “a todo orden y escala”.

 

Estiman asimismo que el País está devastado a causa de los tres millones de hectáreas de plantaciones de pinos y eucaliptus que hay en el centro sur de Chile, la que en su mayoría está controlada por dos grupos económicos vinculados a CMPC y Celco-Arauco, quienes poseen fortunas en miles de millones de dólares.

Organizaciones han exigido al estado chileno, particularmente ante el gobierno y el Congreso de la República que se terminen con todo tipo de subsidios a favor de monocultivos de plantaciones forestales “en todo orden y escala, como medida urgente a favor del interés y bienestar colectivo, como freno a la devastación de territorios, principalmente de la zona centro sur de Chile, y como medida para terminar con los saqueos y actos de corrupción – colusión entre sectores empresariales y políticos”, han señalado organizaciones.

La Red por la defensa de los territorios ha hecho un llamado a que es ahora cuando se debe liquidar definitivamente el Decreto Ley 701 que sigue amenazante al interior del Congreso de la República. Asimismo, hace un llamado a manifestarse contra este modelo que está causando graves estragos a cientos de miles de personas en todo el País para poner freno y exigir medidas de reparación a los territorios, como son la revitalización de ecosistemas y bosques nativos, siendo asimismo fundamental resguardar las últimas reservas naturales que quedan y las fuentes de agua que progresivamente vienen disminuyendo y que para más, están amenazadas por múltiples proyectos de energía, particularmente hidroeléctricas. .

La Red ha recordado las declaraciones, cartas, manifestaciones y los emplazamientos a la institucionalidad pública para que este grave conflicto en el País se resuelva a tiempo, sin embargo, “año tras año vemos como progresivamente la situación sigue empeorando y que situaciones como las vividas en Valparaíso, Constitución, Hualañé, entre muchísimas otras a causa de los incendios, sigue empeorando, con miles de hectáreas devastadas”.

Cabe señalar que diversos antecedentes científicos han determinado que el Eucalyptus es considerado una de las plantas más pirofíticas del mundo, cuyas hojas contienen compuestos volátiles que localmente producen incendios explosivos. Una vez encendida, la corteza se desprende, produciendo focos adicionales. Asimismo, se ha indicado también que los pinos a su vez, tienen un alto contenido de resina en las hojas, tal cual como la Acacia, esto, en medio de varias plagas en estas especies exóticas como la avispa taladradora en los pinos donde las empresas forestales tienen pérdidas totales, no así con los incendios que se encuentran con seguros.

A continuación, se comparten dos declaraciones con decenas de organizaciones suscribiendo, emitidas durante el 2016 y que preveía el acontecer actual donde predomina en los territorios los incendios forestales y la grave crisis hídrica, ubicada principalmente en los lugares de mayor concentración forestal.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Las organizaciones que suscribimos la presente declaración, emplazamos a la institucionalidad pública del Estado Chileno, tanto ejecutivo como legislativo, exigiendo la liquidación definitiva de la normativa fáctica Decreto Ley 701 y el fin a los subsidios para el fomento de monocultivos de plantaciones exóticas como los pinos y los eucaliptus, en todo orden y escala, como medida urgente a favor del interés y bienestar colectivo, como freno a la devastación de territorios, principalmente de la zona centro sur de Chile, y como medida para terminar con los saqueos y actos de corrupción – colusión entre sectores empresariales y políticos.

Nuevamente ciertos sectores políticos y empresariales intentan dar prorroga vía legislativa a este nefasto Decreto Ley, bajo el pretexto de dar supuestos beneficios a pequeños y medianos propietarios, con la excusa de que no se privilegiarán a empresarios involucrados en políticas de corrupción y colusión, sin atender las consecuencias de lo que significa seguir expandiendo monocultivos de plantaciones forestales, sin asumir los graves costos que este modelo industrial extractivista y neoliberal ha generado a amplias zonas y sin señalar, que de todas formas, seguirán siendo las grandes empresas las beneficiadas con estas medidas, anexando estos terrenos a sus intereses, trasladando riesgos y consecuencias a pequeños y medianos campesinos, agricultores y comunidades, manteniendo las grandes empresas el poder adquisitivo de las cosechas y los precios del mercado nacional, continuando a su vez, con la desaparición de la vida rural, intensificando las crisis hídricas y una mayor eliminación de actividades productivas locales.

Es inconcebible que a más de 40 años de la política de fomento forestal a través del DL 701, con todos los privilegios, beneficios y ventajas que otorgó a los principales grupos económicos de Chile, con arcas públicas de todos y de todas, se siga pensando en su prórroga. La única explicación, son las vigentes prácticas anti democráticas y de violación a los derechos humanos, arraigada en grupos de poder económico en contubernio con sectores de poder político y que vía corrupción, a través de pagos de favores legislativos por medio de financiamientos de campañas electorales o de pagos mercenarios a agentes públicos a favor de lo privado, siga predominando en estos días y que ha involucrado a políticos de partidos de la Nueva Mayoría y de Chile Vamos.

El origen del Decreto de Ley 701 es de una historia nefasta y perversa, como parte de uno de los principales instrumentos de la dictadura militar a favor de dos grupos económicos complacientes a su régimen, modelo que se extendió y masificó por varias regiones del centro sur de Chile, por zonas desde el Maule hasta Chiloé.

Cabe consignar que las empresas que mayor beneficio estatal han tenido desde la dictadura hasta la fecha, son: Forestal Mininco CMPC (Grupo Matte) con más de setecientas cincuenta mil hectáreas de terrenos forestados; y Forestal Arauco – Celco (Angelini) con un millón doscientas mil hectáreas, que representan el 70 % de la industria, estimándose que en el centro sur de Chile, hay tres millones de hectáreas de plantaciones de monocultivos de pinos y eucaliptus, las que han introducido contaminantes plantas de celulosa – papeleras en amplias zonas del Maule, Bio Bio, Araucanía y Los Ríos, pertenecientes a estos dos grupos económicos.

Son incalculables los impactos generados por esta industria neoliberal. De acuerdo a antecedentes públicos de la misma CONAF, institución pública que al igual que INFOR que han actuado a favor de los intereses empresariales, da cuenta de la pérdida progresiva de bosque nativo y terrenos agrícolas. En La Región del BíoBío, entre 1998 y 2008, 147.814 hectáreas pasaron de ser agrícolas a ser plantaciones forestales y 8.793 hectáreas pasaron de ser bosque nativo a ser plantaciones forestales. En La Región de La Araucanía, entre 1993 y2007, 116.388 hectáreas pasaron de ser agrícolas a ser plantaciones forestales y 29.636 hectáreas pasaron de ser bosque nativo a ser plantaciones forestales. En La Región de Los Ríos, entre 1998 y 2006, 20.121,6 hectáreas pasaron de ser bosque nativo a ser plantaciones forestales. Estos hechos, que son una muestra, afectan gravemente a la soberanía alimentara, medicinal y a los ecosistemas de los territorios.

A modo de ejemplo y considerando la grave presión que hacen las especies exóticas de monocultivos a las fuentes hídricas, las que generan verdaderos desiertos en los territorios, sólo en la Araucanía, según datos de la ONEMI y de los municipios, hay 100.000 personas sin este vital elemento a quienes se les distribuye agua en camiones aljibes y se estima, que en los últimos 40 años, se han perdido en esta región más de 300.000 hectáreas de bosque nativo, situaciones muy similares en regiones del Maule, Bio Bio y zonas de Los Ríos, que son signos de la devastación territorial generada, que va de la mano con el progresivo desplazamiento de la población rural.

Al respecto, creemos que la institucionalidad pública debe asumir medidas urgentes de reparación a los territorios y sus habitantes, no fomentando más este tipo de plantaciones forestales, sino, políticas que permitan la restauración de ecosistemas con el fomento de especies nativas, con biodiversidad y el fomento de actividades económicas productivas de acuerdo a los intereses y necesidades de las poblaciones locales, atendiendo a su vez, prácticas tradicionales cuya base sea el buen vivir y el bienestar social, revitalizando la vida rural y el respeto a los derechos humanos.

Movimiento por la defensa y recuperación de los territorios, macro zona centro sur; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales; Red por la Defensa de los Territorios, Región de la Araucanía; Lof Mapu Trankura, Curarrehue; Colectivo Leña Seca de Villarrica; Colectivo Shumpall, Villarrica; Asociación Mapuche Ayun Mapu, Quepe; Parlamento Mapuche de Koz Koz; Comunidad de Historia Mapuche; Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos; Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu; Colectivo VientoSur; Federación de estudiantes de la Universidad de la Frontera (2016); Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA); ObservatorioAguas; Consejo Ecológico de Molina; Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra, MODATIMA; Red Metropolitana NO ALTO MAIPO; Red Ambiental Norte – RAN; Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile; Ecoceanos; Colectivo Informativo Mapuexpress; Periódico Mapuche Werken; Voz de Chile; El Muecín Austral; Puelche Comunicaciones; Jornadas de Contrainformación y Propaganda Libertaria Temuco; Radio del Mar.

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Se comparte asimismo la siguiente declaración previa.

CARTA EN RECHAZO A PROYECTO LEY PRÓRROGA DL 701 SOBRE FOMENTO FORESTAL

 

¡NO MÁS PLANTACIONES DE PINOS Y EUCALIPTUS!

Dirigida a:

Gobierno de Chile / Conaf / Parlamentarios – Congreso de la República de Chile / Opinión pública

El día 20 de Mayo de 2015 el gobierno de Chile ingresó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que “Extiende la bonificación establecida en el DL701 de 1974, sobre Fomento Forestal”, cuyo texto fue reemplazado por el Art.1 del DL2565 de 1979.

Se trata de un instrumento de fomento económico al establecimiento de monocultivos de pino y eucalipto, mediante el cual el Estado bonifica la plantación de estas especies exógenas para Chile, el que inicialmente fue para beneficiar a los grupos económicos forestales con bonificaciones a sus costos de producción y en el presente, busca generar incentivos en un 90% para pequeños propietarios forestales, 75% para medianos propietarios, y 50% para grandes propietarios (según las modificaciones introducidas el año 2011).

Cabe consignar que las empresas que mayor beneficio estatal han tenido desde la dictadura hasta la fecha, son: Forestal Mininco CMPC (Grupo Matte) con más de setecientas cincuenta mil hectáreas de terrenos forestados; y Forestal Arauco – Celco (Angelini) con un millón doscientas mil hectáreas, que representan el 70 % de la industria, y quienes buscan ampliar, de manera intensa, la extensión del modelo forestal a sectores campesinos y de comunidades Mapuche en el centro sur, anexando estos terrenos a sus intereses, trasladando riesgos y consecuencias a pequeños y medianos propietarios, manteniendo ellos el poder adquisitivo de las cosechas y los precios del mercado nacional.

El origen del Decreto de Ley 701 es de una historia nefasta y perversa, como parte de uno de los principales instrumentos de la dictadura militar a favor de dos grupos económicos complacientes a su régimen, modelo que se extendió y masificó por varias regiones del centro sur de Chile, por zonas desde el Maule hasta Chiloé.

Durante los gobiernos de la concertación, se abrieron los mercados a través de diversos tratados de libre comercio, con fortunas que desbordaron en miles de miles de millones de dólares para los grupos económicos controladores, mientras en las zonas de mayor concentración forestal abunda el empobrecimiento, el deterioro de las tierras, la escasez de tierras, la pérdida progresiva de las aguas y suelos, el desempleo, el desplazamiento de la población y frente a las protestas y reivindicaciones en contra de su modelo y acaparamiento de tierras, han habido sendos actos de criminalización y violencia estructural estatal en contra de cientos y miles de personas en su mayoría de zonas rurales, como ha ocurrido con numerosas comunidades Mapuche y la aplicación de la Ley anti terrorista y otros abusos y aberraciones político jurídicos.

Así como lo prorrogó inicialmente (2012) el gobierno de Sebastián Piñera y al final de su mandato intentó nuevamente imponerlo, hoy, el gobierno que encabeza la presidenta Bachelet, realiza una nueva maniobra a favor de los intereses de las empresas forestales, intentando prorrogar el DL 701, a espalda de la ciudadanía, incluso, sin atender siquiera la obligación estatal de consulta a los Pueblos Indígenas (Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo OIT y Declaración ONU de los Pueblos Indígenas), considerando que uno de los principales afectados por el modelo forestal son las comunidades Mapuche y por otro lado, uno de los principales destinatarios de este proyecto de ley son las mismas comunidades, a quienes se les pretende reconvertir sus predios para los intereses de las forestales.

La situación es grave y como muestra y ejemplo de esta realidad, queda en evidencia los antecedentes públicos de la misma CONAF, sobre la pérdida progresiva de bosque nativo y terrenos agrícolas, lo que afecta gravemente a la soberanía alimentara, medicinal y a los ecosistemas. En La Región del BíoBío, entre 1998 y 2008, 147.814 hectáreas pasaron de ser agrícolas a ser plantaciones forestales y 8.793 hectáreas pasaron de ser bosque nativo a ser plantaciones forestales. En La Región de La Araucanía, entre 1993 y2007, 116.388 hectáreas pasaron de ser agrícolas a ser plantaciones forestales y 29.636 hectáreas pasaron de ser bosque nativo a ser plantaciones forestales. En La Región de Los Ríos, entre 1998 y 2006, 20.121,6 hectáreas pasaron de ser bosque nativo a ser plantaciones forestales.

Cabe mencionar de la misma forma, que numerosos antecedentes muestran que las comunas ocupadas por monocultivos forestales registran progresiva disminución en la disponibilidad de agua (los monocultivos de especies exóticas son verdaderas bombas de agua evidenciado incluso por informes científicos) y los mayores índices de desempleo, emigración y pobreza del país, algunos en situación extrema, hechos que pueden ser evidenciados en diversos indicadores públicos, tales como información de los municipios, Onemi, Casen, Censo, entre otros.

Hoy, es absolutamente inviable e insostenible dar más cobertura a este modelo y su instrumento el DL 701, la única explicación que habría para mantenerlo y volver a prorrogar, es el imperante sistema de corrupción y colusión político – empresarial, razón por la cual se exige a los partidos políticos y parlamentarios que trasparenten sus aportes reservados recibidos y que den cuenta si existe o no intervenciones monetarias de empresas forestales en sus campañas electorales o actividades políticas en ejercicio.

Apoyar la prórroga del DL Ley 701, es continuar anclado a los instrumentos fácticos de la dictadura militar que se crearon a costa de asesinatos, conspiraciones y saqueos de bienes públicos. Hoy, aprobar este decreto es continuar dando beneficios exclusivos a grupos económicos que impulsaron sus fortunas a costa de la violación de Derechos Humanos, es continuar intensificando la depredación de tierras y territorios de comunidades y campesinos(as); es profundizar la sequía y la devastación; es continuar con el reemplazo de tierras agrícolas, de bosque nativo, atentar contra la soberanía alimentaria y empobrecernos aún más.

Por todo esto lo expuesto, pedimos a la Presidenta, Diputados y Senadores, que se retire y rechace la prorrogación del DL 701 y se detenga el subsidio a la actividad forestal de monocultivos de plantaciones de pinos y eucaliptus, atendiendo el grave daño socio ambiental y cultural que se ha generado.

Adhesiones

Red por la Defensa de los Territorios; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA); -Colectivo Viento Sur; -Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida; -Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI); -Federación Mapuche de Estudiantes (FEMAE); -Red Ambiental Norte (RAN); -Movimiento Defensa Medio Ambiente de La Higuera; -Grupo Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos; -Vocalía Medio Ambiente Federación estudiantes Universidad de la Frontera (Feufro 2016); -Red Acción por los Derechos Ambientales, RADA, Región Araucanía; Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente MODATIMA; -VIVE CURACAUTÍN; – Red semillas libres Chile; -Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile; -Campaña Yo NO Quiero Transgénicos en Chile; -Colectivo La Savia; -Consejo Territorial Mapuche de Salud, Boyeco; -Red Ambiental Limarí; -Secretaría Medio Ambiente FEUCT – Temuco; -Secretaría Pueblos Originarios FEUCT – Temuco; – Centro de Estudiantes de la Salud, Universidad de la Frontera; -Taller de movimientos sociales del Liceo Confederación Suiza, Santiago; -Colectivo Ecologista Aire Puro de Valparaíso; -Taller y Escuela de Arte Textil Mapuche Ad Llallin; -Asociación Indígena de Mujeres Mapuche Ad Llallin; -Centro Cultural de los Sectores Subalternos de San Carlos; – Marcha Mundial de las Mujeres – Chile; – Red economía solidaria ; -Radio La Voz de Paine; -Radio Placeres de Valparaíso; –Asociacion Tierra y Libertad para Arauco, Francia; -Red de Apoyo a los Pueblos Indigenas-Noruega; –Comité de apoyo al Pueblo Mapuche Montréal, Canadá; -Comisión Etica Contra la Tortura-Bélgica; – organización Mapuche AD MAPU; Portal liberación ahora; Comisión de Apoyo a los Pueblos Originarios de Chile, Ginebra Suiza; Komiteen for Mapuches Rettigheter, Noruega; Nuevas Generaciones Chile – Suiza; Comité de Solidaridad con el Pueblo Mapuche Bélgica.

MapuExpress

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Chile_Organizaciones_sostienen_que_es_urgente_poner_fin_al_modelo_forestal

En consecuencia, hoy los ideales de l@s 30.000 están más vigentes que nunca. En la actualidad su desafío de erradicar el capitalismo interpela a crecientes minorías de Nuestra América y del mundo:

 

Voces de la Convergencia Global de las Luchas por la Tierra y el Agua

Convergencia Global de las Luchas por la Tierra y el Agua | 06 noviembre 2016 |

Enfriando el planeta: las comunidades de la línea del frente encabezan la lucha

Los pequeños productores y consumidores de alimentos, campesinos, poblaciones indígenas, cazadores y recolectores, familias de granjeros, trabajadores rurales, pastores y pequeños ganaderos, pescadores, y las poblaciones urbanas, o sea las “comunidades principalmente afectadas” (Frontline communities), venimos sufriendo el acaparamiento de los recursos naturales y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Para colmo, las comunidades afectadas, que ya están marginadas por la sociedad, vienen sufriendo desastres naturales cada vez más seguidos y otros efectos de la destrucción del clima, que cabe achacar al cambio climático, y asimismo a la incapacidad de los gobiernos de hallar y acordar soluciones reales.

El acaparamiento de la tierra, el agua y los océanos, junto con las injusticias alimentarias y climáticas no son tópicos independientes unos de otros, sino el resultado de intereses creados basados en el nefasto enfoque económico que viene rigiendo el uso, extracción, conservación y gobernanza de los recursos naturales. Diversos y poderosos actores, movidos por intereses mercantiles e indiferentes a la sustentabilidad de los recursos, vienen concentrando el necesario poder político para fijar de qué modo y con qué fin han de emplearse los recursos y a quiénes les corresponde hacerlo. De esta forma, lo que se hace con los recursos naturales no se corresponde con la dimensión social y ecológica que supondría proteger a millones de personas cuyas forma de vida, cultura y tradiciones están vinculadas al acceso y control de sus territorios.

La Convergencia Global de las luchas por la tierra y el agua es una respuesta ante las injusticias que azotan a las comunidades afectadas del mundo entero.

Durante un evento público en diciembre de 2015 celebrado en París en el marco de la COP21, distintos representantes de las comunidades afectadas se replantearon y denunciaron las falsas soluciones a la crisis del clima, y promovieron soluciones reales, basadas en la pericia y los conocimientos de los pueblos. Destacaron que de la convergencia nacen la esperanza, las oportunidades y la solidaridad y que la convergencia propicia la lucha a favor de un verdadero cambio de sistema.

El propósito del presente informe es amplificar las voces de las comunidades afectadas, y asimismo compartir los mensajes políticos de los líderes de los 16 movimientos sociales, que tomaron la palabra durante el evento, con las masas que conforman la base de los movimientos sociales del mundo entero. Este informe pretende lograr mayor concienciación política y respaldar a los movimientos sociales que defienden a los pueblos en su lucha contra los proyectos de privatización ideados por las élites políticas y económicas.

El informe es fruto de la colaboración de muchos y diversos movimientos sociales y organizaciones aliadas del mundo entero. Más de 20 grupos han contribuido en la redacción del informe y otros muchos más participaron en la preparación e implementación del evento de París. La contraportada recoge la lista completa de grupos partícipes.

Fuente: https://www.grain.org/es/bulletin_board/entries/5584-voces-de-la-convergencia-global-de-las-luchas-por-la-tierra-y-el-agua

 

 

Comprobemos porqué independizarnos del progresismo. No podemos diferenciarlo del neoliberalismo en cuanto a que ambos luchan por desarrollar el capitalismo dependiente de nuestros países. En la actual etapa sin boom de los commodities, ambos militarizan al Estado represor y aplican políticas de ajuste.

 

 

 

Ecuador: Desarrollismo y extractivismo
24  de enero de 2017

El despliegue del campo en el Ecuador en los años recientes atraviesa fuertemente por dos coordenadas que antes asomaban como opuestas pero que en la realidad se han conjugado: desarrollismo y extractivismo.

 

Por Francisco Hidalgo Flor

La fase más intensa de desarrollismo en la historia del Ecuador, a diferencia de la mayor parte de Latinoamérica, que lo vivió en el siglo anterior, se ha desplegado ahora entre 2007 y 2017 de la mano del régimen denominado progresista presidido por Rafael Correa.

La más intensa por varias razones: el proyecto político que adopta como eje el retorno del Estado logra una estabilidad y un consenso, poco frecuente en el Ecuador. Un solo mandatario que perdura una década y en los recientes seis años con una mayoría de dos tercios controlando la función parlamentaria.

A su vez ese Estado en expansión gozó de los recursos financieros más importantes en la evolución económica del país, fruto del incremento del precio de las materias primas, en especial el petróleo que aporta aproximadamente un tercio del Producto Interno Bruto del país, a lo que habrá que añadir el cambio en el porcentaje de recepción para las arcas estatales de las regalías del hidrocarburo.

Al mismo tiempo un Estado que incrementó notablemente la recaudación y la gama de tributos en el país, convirtiendo a la captación tributaria en la segunda fuente de ingresos estatales sólo superada por el ingreso petrolero, aunque cuando el precio del crudo se reduce debajo de los 35 dólares, pasa a ser el primer rubro.

 

Pero a la par, la más intensa ofensiva minera de la historia del Ecuador, que antes de esta década se había constreñido a tres o cuatro zonas en la región litoral y amazónica, pero que ahora abarca concesiones mineras a lo largo y ancho del país, en buena medida de la mano de empresas estatales y privadas chinas.

Como evidencia traer una declaración que dice mucho; en el mes de noviembre de 2016, en la primera visita de un presidente de la República Popular de China, Xi Jimping, al país, su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, expresó: “El financiamiento chino nos ha permitido ser el país de América Latina con mayor inversión pública”.

Destacan dos detalles: en la década reciente el principal proveedor de inversión extranjera directa y de crédito externo para el Ecuador ha sido China, y eso ha consolidado una estrategia de inversión que tiene al Estado como su principal ejecutor.

 

¿Qué ha pasado en el campo en esta década? El retorno del Estado en el campo entre 2007 y 2017 se expresó en el incremento de la infraestructura rural que conecta con lo urbano y los principales puertos y aeropuertos; la red de carreteras es el mejor ejemplo, también la expansión de la obra pública para el incremento de la productividad: represas hídricas y energía eléctrica. También una serie de subsidios al ingreso de las poblaciones consideradas en los márgenes de pobreza.

La principal estrategia gubernamental, denominada Cambio de la Matriz Productiva –expresada en dos cuerpos jurídicos: el Código de la Producción expedido en 2010 y la Ley de la Alianza Público-Privada expedida en 2015– significa que la columna vertebral de la acción de gobierno es la alianza entre el Estado y el agronegocio, para el impulso de la readecuación productiva alrededor de la exportación: banano, flores y camarón, y la expansión de los cultivos flexibles: caña de azúcar, palma aceitera y maíz duro.

En esta década el agronegocio en el Ecuador se expandió alrededor de los denominados “promisorios”, así los registros ecuatorianos indican que la producción en palma aceitera se ubicaba en 2007 en 1.8 millones de toneladas y para 2015 registró 4.1 millones; la caña de azúcar pasó de 6.5 millones a 10.1 millones de toneladas en el mismo periodo y el maíz duro de 900 toneladas a 1.8 millones de toneladas.

Algo que evidencia las tendencias generales en el campo es la evolución de superficie cultivada: en 2002 en cultivos permanentes se registraban 1.25 millones de hectáreas y en cultivos transitorios 1.15 millones de hectáreas, para 2015 los cultivos primeros ascendieron a 1.45 millones de hectáreas y los cultivos segundos descendieron a 970 mil hectáreas.

Digamos a favor del desarrollismo que en la década se mantuvo la tendencia de un 70 por ciento de la provisión alimentaria que viene del propio país y un 30 por ciento de importaciones, pero se expanden los cultivos ligados al agronegocio, ejemplo caña de azúcar y palma aceitera.

 

¿Qué pasó con la agricultura familiar y campesina? El complejo y abigarrado tejido social de la ruralidad ecuatoriana, que según el censo 2010 representa al 30 por ciento de la población total, que ha sido protagonista de primera línea en las movilizaciones sociales de los 90’s e inicios de la década del 2000 que dieron al traste con los regímenes neoliberales, ha debido afrontar ahora la ofensiva desarrollista, con consecuencias negativas en especial para los pueblos y las nacionalidades indígenas afectados por el agudo ángulo extractivista, pues buena parte de las regiones de la expansión minera se encuentra en territorios y zonas de población conformada por comunidades y aglomeraciones ancestrales y originarios.

 

En la agricultura campesina se han consolidado los cultivos ligados a la exportación, el ejemplo son el cacao y el café. Presentemos el cacao, que pasó a convertirse en el cultivo con mayor superficie, mientras en 2007 la superficie correspondiente a cacao solo (monocultivo) era 314 mil hectáreas y producía 73 mil toneladas, para el 2015 alcanzó las 448 mil hectáreas y una producción de 162 mil toneladas; en lo correspondiente a cacao asociado (diversificado), en 2007 era 108 mil hectáreas y producía 12 mil toneladas y para el 2015 se redujo a 88 mil hectáreas y 17 mil toneladas.

 

Es decir que dentro del cacao se afirman las líneas de monocultivo y especies modificadas y se debilitan las líneas de cultivos diversificados y especie nacional.

 

Pero el conflicto mayor no es la evolución en productividad, sino los problemas alrededor del tejido organizativo.

La principal organización indígena: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha sido constantemente acosada por sectores gubernamentales, con casos de acción divisoria y en otros de franca persecución.

La amazonia ecuatoriana ha sido profundamente transformada en esta década, la modernidad se ha expandido de la mano de la ampliación de la estructura estatal y el mejor ejemplo son los denominados “centros educativos del milenio”: la eliminación de escuelas rurales bilingües a favor de centros estatales con control directo estatal.

 

Diciembre contradictorio. Un buen ejemplo de todo lo indicado son los acontecimientos registrados en diciembre del 2016 y la afectación a pueblos indígenas en nombre del extractivismo.

Por un lado el gobierno de Correa impulsó y aprobó una nueva ley de impuestos que determina un impuesto sobre la ganancia extraordinaria generada alrededor de la especulación de suelo en tierra, en especial en las zonas urbanas, además expidió otro decreto que obliga a la banca privada al retorno de fondos financieros ubicados en el exterior, y finalmente impulsa una consulta popular que generaría la penalización y castigo para funcionarios y políticos con fondos en paraísos fiscales.

Pero por otro lado, al mismo tiempo, al cerrar el año, militariza una región de la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Morona, y persigue a las comunidades en la zona de Panantza, en un conflicto que involucra a la minera Explocobres que representa a capitales chinos. Asimismo, en consonancia con la ofensiva extractivista, ordena la clausura de una de entidades de sociedad civil con mayor prestigio y difusión como es Acción Ecológica.

Y para completar el cuadro expide, el 16 de diciembre, el reglamento a la Ley de Tierras que refuerza la normatividad que castiga la invasión o toma de tierras y reafirma el articulado a favor de empresas extranjeras públicas o privadas para compra o arrendamiento de tierras.

*Sociólogo. Investigador del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador (SIPAE) y profesor de sociología agraria en la Universidad Central del Ecuador, francisco.hidalgo.flor@gmail.com

La Jornada del Campo, enero de 2017

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Ecuador_Desarrollismo_y_extractivismo

 

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La resistencia a la megaminería en Ecuador llega a la ciudad
16  de enero de 2017

 

El pueblo shuar se opone a la industria extractivista, que destruye sus hábitos de vida y cultura ancestrales y lo expulsa del territorio. La región está en estado de excepción desde el 14 de diciembre y la represión del Estado ha aumentado exponencialmente. 

 

Por Diagonal Periódico

 

Domingo 22 de diciembre, en pleno bullicio por la preparación de las celebraciones navideñas, decenas de personas se concentraban en la Plaza Grande de Quito para reivindicar la desmilitarización de los territorios de la región de Morona Santiago, en la Cordillera del Cóndor del Ecuador. Concretamente en Nankintz, la zona donde la empresa minera Explocobres S.A. (EXSA), filial del consorcio chino CRCC (China Railways Construction Corporation), y Tongling Non Ferrous Metals pretenden iniciar el proyecto Panantza-San Carlos, que consiste en abrir dos minas a cielo abierto. Actualmente, está en estado de excepción desde el 14 de diciembre de 2016, cuando las comunidades campesinas e indígenas shuar que vivían allí intentaron retomar el territorio del que habían sido expulsadas en el mes de agosto.
La ciudad en contra la megaminería.

 

“Es la primera vez en seis meses que se consigue tomar esta plaza, símbolo de las protestas en la capital”, explica Michelle Báez, del colectivo Minka Urbana, integrado por activistas que intentan vincular con la ciudad las luchas contra la minería en el territorio. Desde las movilizaciones para frenar la ocupación del Yasuní en manos de las petroleras, dice, “nos habían expulsado de las plazas, y ahora volvemos, para mostrar la indignación por la falta de respeto y la violencia hacia los pueblos indígenas. La gente es muy consciente de la riqueza del pueblo shuar y lo que implica su expulsión”.

“Esta rabia ha nacido por cómo se ha entrado al territorio; sin consulta previa, con ocupación militar, insultos y manipulaciones... a un pueblo tan digno como el shuar”, cuenta Báez. No se han movido del territorio desde tiempos ancestrales –a pesar del discurso estatal que intenta negarlo–, y hasta ahora han sido considerados “héroes nacionales”, ya que aportaron herramientas estratégicas en la guerra contra Perú para defender militarmente la Cordillera del Cóndor.

El 28 de diciembre hubo otra convocatoria que también ocupó la Plaza Grande. Aunque pudieron entrar, y lo hicieron de manera pacífica, la concentración terminó con agresiones a las manifestantes por parte de un grupo de personas que se les encaró gritándoles y lanzando huevos, y al final, cuando todo terminaba, los agredieron. “Nos tiraron del pelo y nos golpearon”, narra Juan, que estuvo presente. La policía también intervino, y todo hace pensar que fue un “grupo de choque”, al servicio del Estado, tal como denuncian desde Minka en un documento presentado a la Fiscalía el día siguiente, 29 de diciembre. Además, en el contexto de represión, los ministerios de Interior y del Ambiente –respondiendo a las denuncias de EXSA– han iniciado un proceso para intentar cerrar la organización Acción Ecológica, que hace 30 años trabaja defendiendo la tierra y la naturaleza, así como la soberanía de los pueblos indígenas.

 

El incremento de la violencia

La organización de movilizaciones en Ecuador viene promovida por el llamado de la Federación Interprovincial de Comunidades Shuar (FICSH) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), después de una asamblea de urgencia celebrada en Sucúa, la población más cercana a Nankintz. Ese día se convocó un encuentro para el 10 de diciembre en San Juan Bosco, una de las comunidades campesinas atravesadas por la disputa. Allí se tenía que definir cómo continuar la resistencia con el apoyo de las federaciones indígenas de todo el país, pero no se llegó a realizar a causa de la intervención militar que evitó la entrada de las representantes que asistieron.

El 14 de diciembre se intentó retomar la zona, y el enfrentamiento dejó diversas personas heridas y un policía muerto. A partir de esa fecha, se decretó el estado de excepción y el conflicto se agravó: ha habido acosos y tiroteos constantes por parte de las fuerzas del Estado y diez personas han sido procesadas. Cinco de ellas se encuentran en prisión preventiva en Latacunga –lejos de su región– y de manera irregular, sin justificación. Esta situación les impide preparar la defensa en buenas condiciones. Uno de ellos, Agustín Wachapa, es el líder de las FICSH, y su aislamiento supone “cortar la cabeza” en parte al movimiento de resistencia shuar, según personas que han convivido con la comunidad.

Esta persecución a dirigentes y acciones organizadas, a pesar de estar repuntando ahora, no es nueva: desde que las empresas transnacionales llegaron a la Cordillera para empezar la fase exploratoria, en el año 2006, han muerto tres personas shuar en contexto de enfrentamiento o asesinadas por su posición de liderazgo. Todas las muertes siguen en la impunidad. “Lo que pasa ahora es consecuencia de la espiral de violencia instaurada por el mismo Estado”, afirma Michelle Báez.

 

El pueblo shuar en alerta

Domingo Ankuash, defensor histórico de los derechos indígenas y miembro de la comunidad shuar, afirmó en unas declaraciones en los medios de comunicación, el pasado mes de diciembre, que el “Estado ecuatoriano, con las políticas que está llevando a cabo, está buscando la desaparición de la población shuar”. A lo largo de estos años, en los que se ha ido instalando la explotación minera a gran escala, los shuar han visto modificados sus hábitos de vida, su cultura, han perdido territorio y muchos han tenido que vender su fuerza de trabajo, cambiando la ganadería y la agricultura por la mina. “Este cambio tan drástico está afectando nuestra identidad: es una forma de morir lentamente”, asegura Ankuash. Por eso se han lanzado a la defensa radical de su territorio: “Si tenemos que morir, lo haremos luchando”.

Se pueden prever las consecuencias que la megaminería tendrá en la zona porque se han podido ver en la comunidad vecina de Tundayme, donde en 2010 empezó el Proyecto Mirador por parte de la misma empresa pero bajo otro nombre: ECSA. Báez, junto con el investigador francés residente en Quito William Sacher, el abogado Fred Larreategui, la bióloga Melissa Moreano y el geógrafo Manuel Bayón escribieron el informe Entretelones de la megaminería en Ecuador, que cuenta a partir de testimonios directos qué ha implicado el extractivismo en Tundayme.

La comunidad de Nankintz es consciente de ello: ha visto la contaminación de las aguas, los desalojos forzados de la población sin el cumplimiento de las reubicaciones prometidas, las irrisorias compensaciones de las servidumbres (cesiones temporales a las empresas para la explotación), la criminalización y persecución a las que mostraban resistencia, y la violencia estructural que implica romper con la vida rural y la imposición de una lógica productiva industrial, que ha caído sobre todo en las mujeres. Es por eso que en la zona de Panantza-San Carlos la resistencia por parte de estos grupos de población es fuerte, a diferencia quizás de otras zonas del país donde sí que han aceptado la entrada de las mineras y se han vendido propiedades.

Nakintz como detonante

La situación en Nankintz está despertando los movimientos en diversas ciudades, y sobre todo en Quito, donde desde Minka Urbana se está canalizando una respuesta organizada para visibilizar y apoyar la resistencia en los territorios. La urgencia es Nankintz, pero así también se está extendiendo el rechazo a la megaminería y las graves consecuencias que tiene para el país. El miércoles 21 de diciembre se convocó una asamblea en el cine alternativo Ocho y Medio, a la que asistieron unas 200 personas, todas dispuestas a aportar lo que pudieran para hacer frente a la situación. Confluyeron diversos grupos: colectivos de artistas, movimientos urbanos, organizaciones de mujeres y personas independientes. El encuentro terminó en la calle, dividiéndose en diversas comisiones que desde entonces están activándose y empiezan a trabajar.

“El proceso ha sido bastante fuerte: la gente ha respondido muy deprisa, porque ya existía una masa crítica que estaba alerta a las problemáticas. Cuando empezamos a convocar plantones semanales en el centro de la ciudad, se unieron muchos grupos de diversas procedencias”, explica Báez. Además, comenta que el lugar es estratégico, porque en esta zona de la ciudad es muy fácil acceder a personas que no están informadas y muestran interés por el tema, ya que “la información que llega es sólo la oficial, ningún medio está narrando la historia desde el territorio”. Juan, uno de los asistentes a la concentración del 22, coincide en la necesidad de hacer extensiva la convocatoria: “Hay mucha falta de implicación todavía, y los pueblos indígenas son en gran parte desconocidos y rechazados por la población urbana”.

El Estado: promotor y garante de la megaminería

El proyecto Panantza no es el único y no afecta sólo a la zona de Nankintz, sino que va a tener repercusiones ambientales y económicas en toda la Cordillera. William Sacher afirma que Ecuador se está convirtiendo en lo que él llama un “mineraloestado” , ya que a partir de la llegada de Correa (2006) al poder, es el mismo Estado el que promueve y asume la minería a gran escala como un proyecto político y se crea un entramado institucional para apoyar la construcción de infraestructuras para los proyectos extractivistas. Antes, la lógica era de carácter neoliberal, época durante la cual se favoreció la entrada de capital para la exploración del territorio, dando a las empresas la libertad de circulación de capitales y acciones para la explotación minera.

Cuando el Gobierno apuesta por esta matriz productiva tan invasiva, toma la responsabilidad de vaciar el territorio de asentamientos humanos en beneficio de las empresas, que se desentienden totalmente de la responsabilidad de reubicar a las personas expulsadas. Es el Estado quien se encarga de las compensaciones, que son de entre 3.000 y 5.000 dólares por hectárea. Además, las transnacionales chinas no tienen ningún interés en legitimar sus acciones en el territorio ni en asumir ninguna responsabilidad social, no se preocupan de intervenir en las comunidades e imponen unas condiciones laborales muy duras.

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“Caminamos hacia un país minero, siguiendo el mismo proceso que tuvimos con el petróleo: materia barata, sin procesar, y con una destrucción sin miramientos del territorio”, lamenta Sacher. Eso implica vulnerabilidad en el ámbito económico, ya que Ecuador seguirá dependiendo de las fluctuaciones del capital internacional. Según Sacher, eso “sólo es un paso más del proceso colonial que empezó hace siglos”. Cada vez la “modernidad” avanza más en el territorio, siguiendo la dinámica de acumulación de capital, y “se cumple un patrón similar al de muchos otros procesos, como la conquista del oeste norteamericano”, compara, dado que considera que se siguen los mismos métodos: engaño, violencia, ocupación militar, matanzas.

 

Con estas medidas de implantación de la megaminería a través de la legislación, represión y descomposición de movimientos sociales, métodos parecidos en gran parte de América Latina, se está abriendo paso a la derecha. Ha pasado en Argentina, Brasil, y puede suceder en Ecuador en las próximas elecciones del mes de febrero, dando la victoria a Lasso, el candidato de la coalición Alianza por el Cambio. “Eso implicaría un avance del capital mucho más agresivo que ahora. De todos modos, cualquier gobierno que venga intentará ampliar la frontera extractiva y favorecer el avance del capital”, sostiene Báez.

 

Retomar la esperanza de otro Ecuador

Tal como lo ven desde Minka Urbana, la gente organizada en las ciudades puede hacer mucha presión en las esferas gubernamentales y el capital. Los objetivos de la movilización son, en primera instancia, acabar con la presencia militar en la zona y, a más largo plazo, conseguir echar el modelo de megaminería que está destruyendo los territorios. “Creo que tenemos que ser solidarias con la gente que está poniendo el cuerpo, está defendiendo con su vida el territorio; y también defender nuestra propia supervivencia, ya que dependemos directamente de lo que la gente produce en el campo, en la selva, y este acaparamiento nos afecta directamente”, reflexiona Báez.

Las acciones que se están llevando a cabo consisten en la visibilización del problema, en informar de lo que está pasando, en que todo el mundo comprenda bien la situación y organizar, tramar un tejido de grupos ya activos y de personas para llamar la atención a escala internacional. “Queremos ser una réplica de denuncia de las voces shuar, porque no hay cobertura mediática y el discurso oficial es muy fuerte”, dice Báez. Sacher afirma que “con estas acciones estamos retomando la esperanza que hubo cuando Correa llegó al poder y que ha traicionado poniendo al país en manos del capital internacional. Queremos otro tipo de proyecto económico, político y social para Ecuador”.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article13508

 

 

Percibamos cómo es más real y efectivo proyectar rumbos emancipatorios desde el protagonismo de los pueblos. Aproximémonos a cómo diversos de abajo fundamentan contra el modo capitalista de producción y desenmascaran a gobiernos.

 


 

Especialistas responsabilizan al desmonte por las inundaciones

La costumbre de culpar al clima
24  de enero de 2017

Por Darío Aranda (Página/12)

  

El monte nativo absorbe diez veces más agua que un campo desmontado para soja. Las ONG cuestionan que el Gobierno tome como interlocutores a los representantes del desmonte y responsabilice al clima por las inundaciones.

Es un ciclo de lluvia, inundación, el agro que culpa al clima, millonarias pérdidas económicas, el gobierno ofrece subsidios y promete obras. Y el círculo reinicia en el próximo temporal. Sucede de forma periódica y, estas semanas, tocó a regiones de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. “No es el clima, es el modelo agropecuario”, resumió la ONG Naturaleza de Derechos, dedicada al derecho ambiental. En el mismo sentido apuntaron organizaciones socioambientales que recordaron que, agronegocios mediante, Argentina es líder mundial en desmonte. Estudios muestran la influencia del cambio del uso del suelo.

El monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Una pastura convencional (donde hay ganado) 100 milímetros. Y un campo con soja apenas 30 milímetros por hora. Lo precisó una investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), difundida por este diario en abril pasado, cuando zonas de Córdoba y Buenos Aires sufrieron inundación. Nicolás Bertram, del INTA Marcos Juárez (Córdoba), uno de los autores del trabajo, remarcó que “los excesos hídricos no se deban a la falta de obras ni al exceso de lluvias, si no más bien a la agriculturización de las últimas dos décadas principalmente”.

“Ascenso de napas en la región pampeana: ¿Incremento de las precipitaciones o cambios en el uso de la tierra?”, es el título del trabajo académico (firmado junto a Sebastián Chiacchiera). Analizaron las lluvias de los últimos cuarenta años y los cambios en el modelo agropecuario (sojización y expulsión de ganadería), entre otras variables. Bertram lo explicó: “La napa estaba a diez metros de profundidad y hoy está a menos de un metro de la superficie. Los suelos están saturados, no pueden absorber más. Es como si antes teníamos una maceta grande y echábamos un balde de agua. Ahora la maceta es diez veces más chica pero echamos el mismo balde de agua”.

En 2015, frente a una inundación en Córdoba, el entonces gobernador José Manuel de la Soja culpó a la naturaleza: “Fue un tsunami que vino del cielo”. Ante los actuales anegamientos, la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid, empresarios del agronegocio y del modelo transgénico) dijeron: “Catástrofe climática. Las inundaciones en el centro del país, producto del temporal, dejaron al agro en alerta roja”.

Horacio Brignone, de la campaña Paren de Fumigar (con agrotóxicos) de Santa Fe denunció que las autoridades sólo tomen como interlocutor al sector del agro: “Ante las inundaciones, subsidian al sector responsable de las mismas. Parece que al agua la van a parar con subsidios, exportaciones y ‘producción’. Hacen siempre lo mismo y esperan resultados diferentes”. Y compartió el comunicado del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), parte de la Campaña Paren de Fumigar: “El modelo agrobiotecnológico agrava las inundaciones. La aplicación del paquete de transgénicos, agrotóxicos y siembra directa significó la subida de las capas freáticas. El monocultivo de soja y sus agroquímicos producen una impermeabilización del suelo. De esa forma, el agua no penetra, no absorbe y simplemente corre e inunda”.

El comunicado está fechado en agosto de 2015, pero volvió a circular esta semana. Carlos Manessi, de Cepronat, explica: “Tiene total vigencia y por eso lo compartimos”. Cuestionó que el sector empresario y político sólo mencione el cambio climático o el fenómeno conocido como “El Niño”.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años. En el país se arrasaron 7,6 millones de hectáreas, un promedio de 300.000 hectáreas al año. Hernán Giardini, de Greenpeace, afirmó: “Todos los años somos testigos de grandes inundaciones. No es casualidad ni un fenómeno natural. Es consecuencia de la ausencia de una política ambiental nacional que proteja a nuestros bosques y humedales de los incendios, de los desmontes por el avance de la soja, la ganadería intensiva y los desarrollos inmobiliarios”.

La localidad de Chabás, al sur de Santa Fe, es una de las localidades más afectadas por la inundación. Los vecinos cortaron la ruta nacional 33 y pidieron obras de infraestructura, canales y bombas para desagotar. Miguel Fabrro, junto a otros grupo de vecinos, no descartó la importancia de las obras pero marcó otras causas: “Es el modelo extractivista. Chabás tiene trece cuadras por trece, en medio de un mar de soja. El agua empezó a venir del campo sin que esté lloviendo en el pueblo. En 2 horas teníamos el 70 por ciento de las calles con agua”.

Córdoba es una de las provincias más inundadas. Laboulaye, Las Varillas, Villa Huidobro, Adelia María, Chazón, San Francisco, Oncativo y Morteros, están en las localidades más afectadas. Darío Avila, abogado especializado en derecho ambiental y parte de la APDH Córdoba, llamó la atención: “Qué casualidad. Todas zonas del agronegocio, corazón sojero”. El gobierno de Córdoba impulsa una ley para desmontar nuevas regiones y avanzar con el agronegocio.

http://www.pagina12.com.ar/15714-la-costumbre-de-culpar-al-clima

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222035

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Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa

 

Las consecuencias del extractivismo:

inundaciones, incendios, derrames

19  de enero de 2017

Arroyos y ríos desbordados, rutas cortadas o con circulación limitada, cientos de viviendas inundadas, campos bajo agua donde apenas asoman los postes del alambrado y la población refugiándose en lugares precarios, son imágenes cada vez más frecuentes.

 

Esto no es casualidad. Hay certeza ya de que es el modelo agrobiotecnológico el responsable de esta situación cada vez más recurrente, caracterizada por desbordes inusuales, como las recientes lluvias que arrojaron un panorama desolador al registrarse solo en la provincia de Santa Fe más de un millón de hectáreas bajo el agua.

 

Para tener una noción del panorama actual, pueblos y ciudades enteras han quedado sumergidos como Pergamino, La Emilia, San Nicolás, Rafaela, Arroyo Seco, y casi un centenar en la región centro, en la pampa húmeda, una región que fuera una de las más fértiles y ricas del mundo.

En este marco, si bien son necesarias las obras hidráulicas, éstas sólo maquillan un problema coyuntural: El deterioro manifiesto en el que se encuentran los suelos hace que los mismos no absorben lo que deben, escurriendo dichas aguas hacia las cuencas inferiores. Esto es lo que en definitiva agrava las inundaciones.

Estudios realizados por Universidades Públicas y especialistas de distintas disciplinas ratifican, entre otros, que los cultivos de raíces pequeñas como la soja transgénica no permiten la infiltración profunda o la evaporación; la eliminación de la actividad pecuaria provoca la subida de las capas freáticas, la desaparición de la fauna y flora por la aplicación de más de 300 millones de litros de agrotoxicos en cada campaña, compacta los suelos y los convierte en un vidrio en el que rebota el agua.

En efecto, la aplicación del paquete tecnológico de transgénicos, agrotóxicos y siembra directa, base del agronegocio, significó la subida de las capas freáticas, la uniformidad de la granulometría superficial del suelo y la muerte directa de los micros y macros organismos edáficos alterando negativamente los ciclos del agua y los nutrientes, el flujo de energía y la dinámica de las comunidades por encima y debajo del suelo.Se confirma, una vez más, que seguir insistiendo con las buenas prácticas agrícolas o de labranza, no constituyen una solución ni razonable ni ética a este problema, dado que nos encontramos frente a un modelo de producción hegemónico y fuera de control que, en modo similar a la minería, desequilibran la situación funcional del suelo y le exprime el suelo hasta sus últimos nutrientes.

 

Si a este panorama le agregamos los múltiples focos de incendios en las provincias de La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires, incontrolables por los escasos recursos de contención del fuego que hay disponibles, que provocaron la masiva mortandad de animales y cientos de hectáreas desbastadas por el fuego. Los ríos enteros contaminados por los numerosos derrames de cianuro provocados por la actividad minera, dejando a poblaciones enteras sin acceso a agua potable y una mortandad de peces incalculable. El impactante alud que enterró las localidades de Volcán, Bárcena y Tumbaya en Jujuy, cuyos habitantes se esfuerzan por recuperar sus casas, anegadas por el lodo y, de alguna forma, recuperar la vida cotidiana. Las millones de hectáreas de bosque nativo destruidas en aras de “supuestas inversiones” o mejor dicho de “especulaciones inmobiliarias”, comprenderemos que nuestro país atraviesa por una verdadera situación de catástrofe ambiental.

No cabe ninguna duda de que la aceleración de las desastres ambientales que hoy padecemos son la resultante de un modelo productivo extractivista salvaje que, violando las leyes de la naturaleza, ha seguido las leyes del Dios Mercado basadas en priorizar las máximas ganancias para unos pocos, con consecuencias que las paga todo el pueblo, no sólo con la pérdida de sus bienes, sino también porque compromete su salud y su bienestar, como asimismo, su presente y su futuro.

 

Es claro que el modelo de producción aplicado no es amigable con el ambiente, y que los daños que genera son sufridos por miles de ciudadanas y ciudadanos argentinos, sumado a las incalculables pérdidas sociales, económicas y productivas que ello implica en general para nuestro país.

A 20 años de la implantación de este modelo productivo, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los investigadores y científicos, las universidades, las víctimas que se acumulan en cada rincón de la patria, vienen alertando de las consecuencias de envenenar masivamente el suelo, el agua, el aire, la naturaleza y la vida misma.

Los responsables debajo de esta catástrofe "natural", sanitaria o ambiental. tienen nombre y apellido, son productores inescrupulosos, inversores y financistas, profesionales y funcionarios que pertenecen a una economía concentrada, monopólica y transnacional, que lucran desde hace décadas con el sufrimiento y la expoliación de los pueblos ,lo que hace que sostengamos que urge la toma de responsabilidad por parte del estado de gestionar otro modelo de producción, donde se respeten los equilibrios ecosistémicos y deje de lado las declaraciones de “emergencia agropecuaria”, que todos subsidiamos y cuyo destino final beneficia a unos pocos.

Sostenemos una vez más que hay una alternativa, una verdadera salida para enfriar el planeta y actuar sobre el cambio climático y no es con represión ni con su acción desenfrenada. Sólo superaremos la difícil situación que atraviesa nuestro país, planificando revertir el camino desarrollado hasta ahora, y es optando por el modelo agroecológico de producción que se opone al agronegocio.

 

Adhesiones:

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) – Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) – Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.

Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada – Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Agroecología – Universidad Nacional de Luján (UNLu), Argentina.

Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales – Sede Trelew de la UNPSJB, Argentina.

Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria (CLAySA) – Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.

RENACE, Red Nacional de Acción Ecologista y sus organizaciones: ASOCIACIÓN AMIGOS DEL LAGO DE PALERMO - ACCIÓN POR LA BIODIVERSIDAD. . AMBIENTE MAR - ASOCIACIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL - ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE LANÚS. A.E.L. - BIOS ARGENTINA - COLECTIVO TINTA VERDE - ECOLOGÍA Y CRECIMIENTO CON ORGANIZACIÓN SOLIDARIA. - E.C.O.S. DE SALADILLO - FUNDACIÓN UÑOPATUN – PERMAHABITANTE - MOVIMIENTO ANTINUCLEAR DEL CHUBUT. MACH - FORO ECOLOGISTA DE PARANÁ - FEDERACION ARGENTINA DE ESPELEOLOGIA- FadE - FUNDACIÓN CULLUNCHE - ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA PIUKE - SOCIEDAD ECOLÓGICA REGIONAL – SER – CENTRO DE PROTECCIÓN A LA NATURALEZA. CeProNat - CENTRO ECOLOGISTA RENACER – MUYUQUI - PRO ECO GRUPO ECOLOGISTA - ECO SITIO

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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

Contra el Saqueo y la Contaminación

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Argentina_Catamarca:

NO a la la actividad minera en Punta de Balasto
1 de febrero de 2017

REPUDIAMOS Y RECHAZAMOS LA FIRMA DEL ACTA ACUERDO donde se hace una “DECLARACION DE REPARACIÓN Y COMPROMISO SOBRE MINERÍA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD MINERA Y COMO ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA EN PUNTA DE BALASTO»

En el acta, los participantes de la misma, entre los que se encuentran: el Intendente de San Jose, Sr. Jose Antonio Gomez, el Sr. Guerra, Sr. Muñoz, y el Sr. Navarro del Consejo Deliberante de San José, y la representante de la Comunidad Originaria Ingamana se declaran en plena conciencia de sus pensamientos y aspiraciones como pueblo organizado para la firma de esta acta.

Ellxs no representan al pueblo organizado sino un sector político que a espaldas y sin consulta previa realiza estas acciones queriendo dar licencia social a una actividad que hoy en dia esta seriamente cuestionada en todo el mundo y que con estos hechos, nos dan a entender sus intenciones políticas y para quienes gobiernan: para las multinacionales, favoreciendo a un modelo económico extractivo en nuestra provincia donde la minería es la única opción.

No queremos que se “promueva el desarrollo de la actividad minera en Punta de Balasto…” queremos que se promueva y florezcan las economías regionales, que lxs funcinarixs gestionen el impulso de estas. Que el agua y la tierra sean para eso..para que nuestro valle se llene de producción diversa y renovada, no de agujeros gigantes, contaminación, sequedad que nos obliguen a migrar de nuestro territorio a engordar los cordones urbanos en las villas miseria.

 POR ESO , SEÑORES FUNCIONARIOS NO NOS MIENTAN MAS, YA DEJAMOS DE SER INOCENTES EXIGIMOS LA RUPTURA DEL ACTA ACUERDO FIRMADA CON LA SECRETARIA DE MINERIA DE CATAMARCA


Asamblea del Yokavil, Santa Maria, Catamarca
https://www.facebook.com/Asamblea-del-Yokavil-Santa-Maria-Catamarca-729975677114704/


Enviado por Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
27 de Enero de 2017

Contra el Saqueo y la Contaminación

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Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2017/02/01/argentina_catamarca-no-a-la-la-actividad-minera-en-punta-de-balasto

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Lo que nos advierte la ilustración de esta página web: "Soja para hoy. Hambre para mañana". Nos interpela a indagar en qué consistió el crecimiento a tasas chinas y a su motor impulsor: el Consenso de commodities Leer.  Nos explica a ambos Darío Aranda al sintetizar los diez años de gobierno K en "Década extractiva" Leer.

 

Recuperar a l@s 30.000 en su militancia emancipatoria es tener memoria e indignación de cómo la democracia representativa fue garantizando y promoviendo la acumulación gran capitalista de riquezas y poder. Recordemos que Felipe Sola (del gobierno Menem-Partido Justicialista) autoriza la introducción de la soja transgénica en 1996 que fue y es fundamental para la concentración y transnacionalización económico territorial de Argentina. La intensificación de este proceso de reestructuración socioeconómica (mediante expansión del extractivismo y de los mega negocios financieros e inmobiliarios) durante más de una deKada patentiza la falsedad del proyecto nacional-popular. Analicemos para situarnos en cómo los gobiernos K continuaron el neoliberalismo agrario y cuál es la gravedad de las consecuencias:

 

Expansión de la soja transgénica en la Argentina
Publicado
en la revista Realidad Económica Nº 220 de mayo/junio de 2006

Por Miguel Teubal

El boom de la soja incluye una serie de consecuencias negativas como la desaparición de la agricultura familiar, la dependencia del productor agropecuario de las transnacionales y la pérdida de soberanía alimentaria. ¿Es posible revertir este proceso? ¿Qué cambios son necesarios?

A más de una década del colapso del modelo neoliberal en nuestro país, existe sin embargo un aspecto del mismo que se mantiene intacto en la Argentina: el modelo agrario, de agricultura industrial. Tal modelo se manifiesta, entre otros factores, por el auge fenomenal que ha tenido el cultivo de la soja. Este cultivo, que comenzó a producirse en gran escala en los años setenta, adquiere un cariz muy especial a partir de mediados de los noventa, cuando se libera al mercado la semilla de soja transgénica. Rápidamente esta variedad sustituyó a la convencional, transformando a la soja en uno de los principales productos de exportación. En efecto, a partir de este desarrollo, la Argentina se ha transformado en uno de los principales países en los que se impulsan los cultivos transgénicos. Todo ello de la mano de la siembra directa, la semilla RR resistente al glifosato y las empresas transnacionales, que se han convertido en sus principales beneficiarias. Se trata del boom de la soja transgénica, que coyunturalmente permite la expansión de grandes superávits fiscales y de la balanza comercial, esenciales para el pago de los servicios de la deuda externa. Sin embargo, cabría preguntarse si también significa mayor bienestar para todos los ciudadanos argentinos, ahora y en el largo plazo.

A lo largo de su período de implantación en el país, fueron pocas las voces que señalaban los efectos nocivos de este modelo –sociales, económicos, medioambientales, y relativos a la salud pública, etc.–.

 

En términos generales pocas voces se preguntaban en qué medida era perjudicial una excesiva especialización en este cultivo y la gran vulnerabilidad a una excesiva dependencia de un producto casi exclusivamente de exportación. Asimismo, se hacía caso omiso de la desaparición y expulsión del sector de medianos y pequeños productores, campesinos, comunidades indígenas y trabajadores rurales debido al avance ejercido por grandes productores sojeros sobre el territorio nacional; se negaba la creciente pérdida de la soberanía alimentaria; el deterioro ambiental; el avance de la soja sobre la yunga norteña, así como su incidencia sobre la deforestación masiva que se produce en el país con todas las consecuencias que ello entraña, incluyendo el desplazamiento con violencia de comunidades campesinas e indígenas de sus hábitat habituales. Tampoco se consideraba la pérdida de la biodiversidad; la dependencia respecto de grandes empresas transnacionales; la incidencia sobre la desocupación, el hambre, la pobreza y la regresividad de la distribución del ingreso a nivel nacional.

 

Es en años recientes que se ha venido tomando más conciencia del impacto de las fumigaciones masivas por aire de glifosato y otros agrotóxicos sobre poblaciones locales del interior del país y sobre las agriculturas de pequeños productores, las cuales se manifiestan en un aumento de los casos de cáncer, malformaciones en niños recién nacidos, y otras enfermedades.

 

Políticas globales y sectoriales aplicables al agro

Fueron múltiples las políticas que incidieron sobre la constitución del modelo que encarna la expansión sojera en el país. El marco general en el que se desenvolvió tiene que ver con el auge del neoliberalismo, particularmente a partir de mediados de los años setenta, y con medidas vinculadas con las políticas agrarias enmarcadas en ese proceso.

 

Durante el gobierno militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) comenzó la flexibilización de las leyes de arrendamiento que habían sido reguladas fuertemente a fin de proteger a medianos y pequeños productores agropecuarios durante el primer gobierno peronista (1946-1955). La posibilidad de que se hicieran contratos accidentales por una cosecha les permitió a los grandes propietarios obtener el concurso de contratistas para sembrar soja y otros cereales y oleaginosas y, por consiguiente, lograr determinadas rentas que de otro modo no hubieran podido obtener.

Igual situación afectó a los medianos y pequeños productores que, al no poseer necesariamente los medios suficientes para impulsar una producción en escala, también arrendaron sus campos a contratistas. Asimismo, comenzaron a difundirse en los años setenta y a masificarse durante los noventa los pools de siembra, que acercaban fondos financieros para inversiones en el agro.

 

La política madre que posibilitó un cambio institucional importante en la política agraria y que fue la base de sustentación de estas transformaciones fue el decreto de desregulación de 1991. A partir de esa medida fueron eliminados de cuajo los organismos que existían desde los años treinta a esta parte: la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, la Dirección Nacional del Azúcar, etc., organismos que tenían por finalidad regular la actividad agraria (por ejemplo, manteniendo precios sostén para la producción de cereales en apoyo de los chacareros pampeanos). Desde entonces el sector agrario argentino se transformó en uno de los menos regulados del mundo, sujeto como ningún otro a los vaivenes de la economía mundial.

Estas y otras medidas adoptadas durante los años noventa contribuyeron a la desaparición de numerosas explotaciones agropecuarias, fundamentalmente aquellas que tenían menos de 200 hectáreas. Otro hito importante a favor del modelo de la soja transgénica fue la liberación al mercado de la semilla transgénica Roundup Ready (RR) en 1996. A partir de entonces consolidan en el país los agronegocios de las grandes empresas del sistema agroalimentario.

Fue así como el Estado favoreció al modelo sojero. Este apoyo se extendió al ámbito de la semilla. Si bien tradicionalmente existía un régimen jurídico que permitía a los productores agropecuarios reproducir su propia semilla, han surgido presiones de las grandes empresas semilleras internacionales (fundamentalmente Monsanto) para limitar esta prerrogativa, obligando al productor agropecuario a pagar royalties por su utilización, y prohibiéndole la posibilidad de reproducirla incluso para uso propio.

 

El nuevo perfil productivo en la Argentina: de los alimentos a los commodities

Durante el siglo XX la Argentina –junto a países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda e, incluso, Estados Unidos– se constituyó en un importante exportador de carne vacuna y cereales (trigo, maíz, girasol, entre otros granos) a la economía mundial. Al mismo tiempo, esos productos eran alimentos básicos de consumo popular en el mercado interno. Se trataba de una producción centrada en la región pampeana, ya que en las regiones extrapampeanas se producían los tradicionales cultivos industriales, orientados en su mayor parte hacia el mercado interno: caña de azúcar en el Noroeste (provincias de Tucumán y Salta); algodón, yerba mate en el Noreste; frutales diversos (manzanas, peras, uvas) en el Valle del Río Negro, y Cuyo, que, hacia mediados y fines del siglo, comenzaron también a exportarse. En la Argentina se producía la casi totalidad de los alimentos que consumía su población, salvo algunos productos tropicales como el café, los palmitos, etcétera.

Este potencial productivo lo concretaban fundamentalmente medianos y pequeños productores, que constituían una parte importante del conjunto de los productores agropecuarios nacionales. Si bien en 1960 las denominadas “propiedades rurales multifamiliares medianas y grandes” (sector que podía ser asemejado al latifundio) controlaban más de la mitad de la superficie y producción agropecuaria, las “propiedades rurales familiares” (productores medianos y pequeños) ocupaban el 45% de la superficie y producían el 47% de la producción nacional.

En la década de los setenta se establecieron nuevas variedades de cereales y oleaginosas en el campo pampeano y se introdujo la doble cosecha. Esto es, en vez de alternar la producción agrícola con la ganadería, se originó una mayor “agriculturización” expresada en la siembra de dos cultivos agrícolas anuales. Esta técnica se difundió rápidamente en la región pampeana, especialmente en la zona maicera típica, provocando una parcial sustitución del maíz y del sorgo, así como de actividades ganaderas que anteriormente participaban con estos cultivos en sistemas de explotación mixta.

El campo argentino comenzó a sustentarse en la soja y en el paquete tecnológico que la acompaña, a costa de la ganadería y la producción de otros cereales tradicionales.

En 1996 comenzó la implantación de la semilla transgénica de la soja, comercialmente llamada “RR”. El paquete tecnológico consiste en combinar esta semilla con el sistema de la “siembra directa”, complementado con el glifosato (para la eliminación de las malezas que quedan). Tanto la semilla RR como el glifosato son producidos por Monsanto, pero la distribución de la semilla luego fue transferida a su licenciataria Asgrow, la que a su vez fue adquirida por Nidera. Con esta base, Monsanto y sus licenciatarias en la Argentina han logrado inducir a los productores agrícolas a incorporar el paquete tecnológico controlado por ellas, lo que determinó la dependencia de los agricultores nacionales respecto de estas grandes empresas transnacionales.

Dada la difusión que tuvieron estas tecnologías en la Argentina, el glifosato llegó convertirse en el principal insumo fitosanitario empleado, con ventas totales que pasaron de 1,3 millones de litros en 1991 a 8,2 millones en 1995, y a más de 30 millones en 1997. Hacia el 2008 se utilizaban ente 160 y 180 millones de litros de glifosato.

La crisis de 2001/02 no modificó en lo sustancial estas tendencias. Sin embargo, la devaluación del tipo de cambio de la moneda nacional, junto a mejoras en los precios internacionales de la soja, significaron un aumento de los ingresos globales del sector. Por lo tanto, el modelo de agricultura industrial, centrado en la soja, siguió expandiéndose, favorecido por diversas políticas públicas.

 

El boom sojero

Desde los años setenta el cultivo de la soja ha crecido sostenidamente en la Argentina. La producción pasó de 3,7 millones de toneladas en 1980/81 a 10,8 millones en 1990/91 y a 35 millones en 2002/03. En la campaña del 2006 alcanzó 40 millones de toneladas. Esto significó que la soja pasó de representar 10,6% de la producción de cereales y oleaginosas en 1980/81 a 28,4% en 1990/91 y a más del 50% en el período 2002/03. Otro tanto ocurrió con la superficie destinada a la producción sojera, pues en 1980/81 representaba el 9,1% del total del área cultivada con cereales y oleaginosas, en la campaña 1990/91 pasó al 24,8%, y en 2002/03 a más del 46%. En la actualidad la cantidad de hectáreas ocupadas por la producción sojera constituye más de la mitad de la superficie que se destina a la producción de granos en el país. Asimismo, la casi totalidad de la producción de soja es transgénica y se destina a exportación. La mayor parte de estas exportaciones son harinas y otros subproductos de la soja, destinados fundamentalmente al consumo del ganado de los países europeos, ya que después de la crisis de la “vaca loca”, la soja se transformó en uno de los alimentos balanceados más apetecibles para alimentar los pollos, las vacas y los cerdos del antiguo continente.

 

Estas tendencias se han dado en detrimento de la producción ganadera, de otros cereales tradicionales, de los tambos (productores de ganadería lechera), de las explotaciones que producen frutales y los tradicionales cultivos industriales del interior del país. En efecto, entre las campañas agrícolas de 1997/98 y 2004/05 la producción sojera aumentó casi 20 millones de toneladas, mientras que la de girasol cayó 2 millones, la de arroz 0,5 millones y la de maíz se mantuvo más o menos constante. En la provincia de Córdoba el auge de la soja fue acompañado por la pérdida del 17% de las cabezas de ganado. A nivel nacional, de 1988 a 2003, la cantidad de tambos pasó de 30.141 a aproximadamente 15.000 establecimientos. En los últimos años el auge de la soja también ha desplazado a frutas y hortalizas producidas en los entornos de las grandes ciudades, incidiendo en el alza de los precios de productos básicos de consumo popular, como el tomate y la papa.

 

Este fenómeno constituye un modelo que tiende a menoscabar la tradicional agricultura familiar. Entre los censos de 1960 y 1988 desaparecieron 51.000 explotaciones agropecuarias, 1.800 por año. Entre los censos de 1988 y 2002 –en plena era neoliberal– desaparecieron 87.000 explotaciones agropecuarias, esto es, 6.263 por año. Y las que desaparecieron fueron fundamentalmente las de menos de 200 hectáreas (75.293 explotaciones). En cambio, aumentaron las de más de 500 hectáreas, particularmente las del estrato de entre 1.000 a 2.500. El agro argentino se fue transformando a paso acelerado en una agricultura sin agricultores, ya que las explotaciones que desaparecieron fueron principalmente las medianas y las pequeñas.

 

Efectos ambientales del modelo

El modelo trajo aparejada una serie de consecuencias en la biodiversidad, en los ecosistemas naturales y en las especies vegetales y animales que son parte de ellos, todos esenciales para sustentar la vida humana y su calidad. A ello se debe agregar sus posibles efectos sobre la salud humana, no sólo de los productores agropecuarios que manipulan los agrotóxicos requeridos por este modelo, sino también la del público en general que consume alimentos transgénicos fumigados con glifosato.

Hacia una agricultura sin agricultores

Uno de los argumentos esgrimidos para impulsar los transgénicos en la Argentina es que son necesarios para acabar con el hambre. Sin embargo, el período de implantación de la soja transgénica –de 1996 a 2003, aproximadamente– coincide con la época de mayor aumento de la pobreza e indigencia en el país.

Hasta hace dos décadas las tierras en las que vivían y trabajaban muchos de los pequeños productores agrarios de la Argentina –que producían en gran medida para autoconsumo y/o el mercado interno local– eran consideradas marginales. Sin embargo, con los cambios en el régimen de lluvias que tuvieron lugar en los últimos años, estas tierras de bajo valor productivo se transformaron en tierras aptas para el cultivo de la soja y se revalorizaron.

Asimismo, a partir del decreto de necesidad y urgencia de desregulación de 1991, se cambiaron los arreglos institucionales que habían permitido durante el siglo XX la coexistencia de la pequeña unidad agraria con la gran explotación ganadera y agraria. Tal como fuera señalado más arriba, los campesinos constituían un pequeño núcleo dentro del gran estrato de explotaciones familiares capitalizadas cuyo corte en superficie de tierra se establecía “hasta 200 hectáreas”. Con este corte, el estrato llegaba al 80% de las explotaciones en el período anterior a 1960 y dinamizaba la economía agraria como productor de agroalimentos para el mercado interno y como exportador (y generador de divisas) acompañando a los sectores más capitalistas.

Dentro de este estrato estaba el subsector denominado “minifundista”. Se trataba de unidades que no sobrepasaban las 25 hectáreas, producían para la subsistencia o estaban articuladas a las agroindustrias regionales desarrolladas al calor de la expansión del mercado interno: caña de azúcar, té, yerba mate, algodón, tabaco, algunos productos de la fruticultura, etcétera.

Con la propagación de la semilla transgénica se expandió la frontera agrícola, acentuándose el “arrinconamiento” de los pequeños productores o campesinos.

 

Los dispositivos utilizados fueron variados. En algunos casos, donde las familias estaban asentadas desde hacía décadas pero sin tener regularizada la tenencia, se presentaban los “nuevos dueños” esgrimiendo los títulos u órdenes judiciales y exigiendo el desalojo de los campos. En otros casos se producía el desmonte de campos para destinarlos a la agricultura, impidiendo la tradicional utilización como zonas de pastoreo de las comunidades indígenas y campesinas.

 

A comienzos de los años ’90 muchos productores agropecuarios pampeanos se endeudaron para comprar maquinaria y equipo a fin de poder adaptarse al nuevo patrón de “agricultura profesional” propiciado desde sectores oficiales. Pero pronto ese endeudamiento se transformó en una rémora. Se fue multiplicando la deuda ante la imposibilidad de generar los ingresos necesarios para pagarla y, mediante punitivos y demás elementos inherentes al modelo financiero vigente, pronto se transformó en una bola de nieve de imposible abordaje. De este modo, en algún momento 12 millones de hectáreas en la pampa estaban hipotecadas. Fue en este contexto que surgió el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, una organización dedicada a parar los remates de los campos. También está el caso del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), conformado por campesinos (muchos de ellos ocupantes de tierras veinteañales) que repentinamente comenzaron a ser desalojados. Asimismo, en la zona del Noroeste, las comunidades indígenas luchan para no ser desalojadas de sus tierras, al igual que en el Sur lo hacen aquellas desplazadas por los grandes compradores de tierras patagónicas.

En años recientes han cobrado relevancia dentro de estos procesos de “arrinconamiento” dos mecanismos cada vez más recurrentes: la violencia rural por parte de “policías” o guardias privados al servicio de particulares, contra los bienes y la seguridad personal de los campesinos y pequeños productores, y los casos de contaminación, en los que el paquete tecnológico utilizado en los grandes emprendimientos agrícolas perjudica directamente la viabilidad de los cultivos y la salud de las familias campesinas. Estos dos mecanismos expresan de forma dramática la expulsión de agricultores de sus tierras y constituyen el escenario más frecuente en el que se desenvuelve la desarticulación de la agricultura familiar.

 

Neoliberalismo y sistema agroalimentario

Los ajustes estructurales de corte neoliberal aplicados a la economía argentina repercutieron de forma considerable sobre las tendencias y la variabilidad de la actividad agropecuaria, los precios de su producción y de sus insumos, el acceso al crédito, la rentabilidad general de la actividad y las condiciones de vida de los grupos mayoritarios del sector. Se produjeron procesos de concentración y centralización de capital en la agroindustria y la distribución final de los alimentos (por ejemplo, el denominado “supermercadismo”) y en la provisión de semillas y otros insumos a los productores agropecuarios. Estas tendencias se dieron junto a una fuerte extranjerización en estos sectores a partir de fines de los noventa. Creció la agricultura de contrato y otras formas de articulación “agroindustrial” y adquirieron mayor poder las grandes empresas extra-agrarias con relación a los medianos y pequeños productores agropecuarios, quienes comenzaron a perder significativamente su autonomía de decisión.

Los procesos de liberalización, apertura y desregulación les brindaron a las grandes empresas el marco propicio para expandir su control sobre distintas áreas del sistema agroalimentario y obtener así una posición dominante en lo referido al almacenaje, procesamiento, comercialización, producción y provisión de semillas e insumos para la actividad agrícola. Estas innovaciones facilitaron la consolidación de oligopsonios y oligopolios en segmentos clave de diversos complejos agroindustriales. Por ejemplo, en el complejo lácteo siete compañías –entre las que se destacan SanCor y Mastellone (La Serenísima)– controlan el 80% del mercado; el 90% de las ventas de aceite refinado de girasol es manejado por apenas seis empresas lideradas por Molinos Río de la Plata y Aceitera General Deheza. En panificación, Fargo, Bimbo y La Veneciana acumulan el 85% de las ventas. En otros casos, la concentración y centralización del capital facilitó la captura de negocios altamente rentables, como es el caso de la cuota Hilton, donde cinco empresas (Swift Armour, Quickfood, Friar, Gorina y Finexcor) dominan el 55% del mercado.

Al analizar el caso de las empresas multinacionales dedicadas a la exportación de cereales, se observa que siete empresas (Cargill, Bunge, Nidera, Vincentín, Dreyfus, Pecom-Agra y AGD) concentran el 60% del volumen de granos exportados. En consonancia con lo anterior, también se observa que creció la concentración en el mercado de insumos.

En el sector oleaginoso, fundamentalmente sojero, también hubo una creciente concentración del capital. El complejo oleaginoso es el segundo más importante del país después del cerealero, pero se ha transformado en el principal grupo exportador. Sin embargo, el sector del procesamiento industrial de oleaginosas genera muy poco empleo, menos aún que el tabacalero.

En conclusión, los cambios profundos que se han dado en el sistema agroalimentario del país han cercenado la capacidad de decisión del productor agropecuario sobre su producción y han incidido sobre los insumos utilizados y las técnicas productivas desarrolladas. A ello se suma una merma de la capacidad de negociación del precio de venta que tiene el productor frente a la industria o al acopiador y, en el caso de los transgénicos, frente a su proveedor de semilla. Se agrega también la imprevisión que genera la gran variabilidad de los precios agrícolas internacionales, que afectan directamente al productor agropecuario a partir de la desregulación y apertura externa. A partir del decreto de desregulación de 1991, quedó eliminada toda reglamentación que establecía un precio mínimo o sostén para los productores agropecuarios. Ello le permitió al polo integrador de cada complejo agroindustrial incrementar su rentabilidad y reducir los precios agropecuarios percibidos por los medianos y pequeños productores, así como imponer condiciones de calidad, presentación y traslado del producto e incluso de la variedad del cultivo y de los insumos que debe usar el productor.

 

Impactos sobre la estructura agraria y otras consecuencias

Una parte importante de este vasto sistema que hemos denominado “de agronegocios” se manifiesta en función de la primacía que adquiere la producción sojera y el paquete tecnológico que la acompaña.

Grandes empresas que se conectan con el sector financiero forman los denominados “pools de siembra”, transformando al sector en un negocio financiero. Algunas veces compran tierras, otras operan con “contratistas” que arriendan tierras y proveen la maquinaria, el equipo y los agroquímicos necesarios para impulsar la producción de los commodities requeridos por el mercado (fundamentalmente externo).

El agro se transforma cada vez más en productor de commodities y cada vez menos en medio de vida para la mayoría de los productores agropecuarios, especialmente para los familiares. Asimismo, tal cual ya se destacó, el país va perdiendo su calidad de productor de alimentos básicos. Se van conformando los denominados complejos agroindustriales, con grandes empresas que extienden su poderío “hacia adelante” y “hacia atrás” en la cadena agroindustrial.

 

En torno a la problemática de la semilla

Históricamente, desde que se “inventó” la agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios reproducen su propia semilla e impulsan su mejoramiento genético mediante los cruces de las diversas variedades de una misma especie. Como consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal.

Durante el siglo XX, el Estado argentino (a través de sus respectivos organismos) impulsó el mejoramiento genético de la semilla y, años más tarde, también algunas empresas privadas comenzaron a hacerlo. La creciente participación privada en la investigación agropecuaria –que surge de la capacidad de apropiación de los bienes creados que antes habían sido de libre disponibilidad– fue acompañada paulatinamente por la implementación de sistemas legales de patentamiento de seres vivos, en varios países.

En 1994 la Argentina accedió a la Unión Internacional de Protección de Obtentores de Variedades (UPOV), como forma de darle cierta seguridad y credibilidad a la industria semillera extranjera. Como lo señala Van Wijk, la existencia de un sistema de Plant Breeders’ Rights influye sobre la forma en que puede proveerse de la semilla el productor, quien tiene tres opciones:

a) Obtener semillas para cada ciclo de cultivo a través de los canales oficiales de institutos públicos, las compañías semilleras o sus licenciatarias; b) intercambiar granos por semilla, a través de canales de intercambio informales o no oficiales, con otros productores, comercializadores o elevadores de granos, y c) ahorrar una porción de su propia cosecha para sembrar en su propio campo. Según Van Wijk, en los países en desarrollo más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores es provisto por semilla ahorrada u obtenida por canales no oficiales. Evidentemente, la legislación instituida a favor de los Plant Breeders’ Rights tiende a restringir estas formas de provisión de la semilla e induce a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras oficiales privadas.

Con el surgimiento de los transgénicos comenzaron a tener una enorme primacía a escala mundial las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de semilla con la de los agroquímicos producidos por ellas.

La cuestión semillera entraña todo un modelo agrario basado en grandes empresas semilleras, agropecuarias y de comercialización y distribución de productos e insumos al sector. Frente a esto, en 2005 Vía Campesina propone una alternativa como parte de la Campaña Mundial de Semillas, al sostener que: “Las semillas son el inicio y fin de los ciclos de producción campesina. La diversidad y existencia de semillas campesinas permite asegurar la abundancia y la diversidad alimentaria en cada localidad, sirviendo de base para una nutrición adecuada y permitiendo el desarrollo de las formas culinarias culturalmente adecuadas y deseadas. Por tanto, las semillas y el conocimiento asociado a ellas son parte fundamental e insustituible de la soberanía alimentaria de los pueblos. Las semillas son obra campesina e indígena, una creación colectiva que refleja la historia de los pueblos y especialmente de sus mujeres, quienes fueron sus creadoras iniciales y se han mantenido a través de la historia como sus principales guardianas y mejoradoras. Entendemos que la semilla es muchísimo más que un recurso productivo. Las semillas son simultáneamente fundamento y producto de culturas y sociedades a través de la historia. En ellas se incorporan valores, afectos, visiones, y formas de vida que las ligan al ámbito de lo sagrado. Sin las semillas, es imposible el sustento y la soberanía de los pueblos. Al desaparecer las semillas, desaparecen las culturas y los pueblos rurales y comunidades; la desaparición de las culturas, a su vez, lleva a la desaparición de las semillas. Por lo anterior, las semillas no son apropiables. Ellas deben mantener en todo momento su carácter de patrimonio colectivo, frente al cual hay deberes ineludibles que cumplir, incluso sobre el derecho a gozar de él. La Campaña Mundial de la Semilla de Vía Campesina, por lo tanto, se opone a la propiedad intelectual y a toda forma de apropiación de la vida”.

 

Reflexiones finales

La consolidación de este modelo va acompañada por la difusión de los denominados “pools de siembra” no sólo a grandes propietarios, sino también, en gran medida, a campos pertenecientes a medianos y pequeños productores agropecuarios.

El sector se transforma cada vez más en un negocio de unos pocos, perdiendo su capacidad histórica de constituirse en un medio de vida para vastos sectores sociales: rápidamente se transforma en una agricultura sin agricultores.

Son múltiples las consecuencias de este modelo. Se constata cómo el país va perdiendo su capacidad para producir los alimentos básicos de consumo popular masivo, o sea, va perdiendo su soberanía alimentaria. Por otra parte, están sus efectos medioambientales de largo plazo altamente perjudiciales como el avance de la soja hacia la yunga, su impacto sobre la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, etc. Puede incluso señalarse su impacto sobre otros aspectos (por ejemplo, las inundaciones en vastas regiones de Santa Fe y Salta, entre otras provincias). Se señala también que la soja enmarcada en la “siembra directa” genera una capa impermeable sobre el suelo que hace escurrir el agua hacia los ríos en vez de que sea retenida. Simultáneamente la deforestación impulsada por la expansión sojera contribuye a un acrecentamiento de sequías en diversas regiones del país.

Cabría entonces preguntarse acerca de las perspectivas que tiene el modelo para seguir impulsándose en el futuro.

Existen dos factores que señalan elementos “auspiciosos” para el modelo y los intereses involucrados en su expansión continua: a) la nueva “revolución” que se impulsa en América latina en torno a los biocombustibles debido al interés de Estados Unidos y demás potencias mundiales de sustituir su dependencia del petróleo por otras fuentes energéticas, y b) el papel de China en el panorama mundial. A medida que este gran país va adoptando una serie de pautas productivas para ir transformándose en una potencia mundial, su sistema económico y productivo (incluyendo su agro y sistema agroalimentario) también se transforma sustancialmente. No es difícil de percibir que China ya tiene nuevas necesidades y demandas a medida que su economía sigue creciendo a tasas exorbitantes, y que, como consecuencia, va pautando en la economía mundial una creciente demanda de commodities, entre ellos la soja.

 

No cabe duda de que si se concretan estas tendencias se va a acrecentar la conflictividad manifiesta entre el modelo de los agronegocios, los grandes intereses vinculados a los recursos naturales en general, y los del campesinado, productores agropecuarios y vecinos y ambientalistas. Es importante que se extienda lo más posible el debate en torno a las características esencialmente contradictorias que manifiestan ambos modelos. Se trata de una cuestión que va más allá de lo meramente “sectorial”. Tiene que ver con el futuro de nuestras sociedades y la forma de convivencia que se establezca (si es posible) entre ellas en el futuro.

*Economista, Doctor por la Universidad de California (Berkeley, California, EE.UU.). Investigador del CONICET, IIGG-FSOC-UBA. Profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA

 

Fuente: http://www.vocesenelfenix.com/content/expansi%C3%B3n-de-la-soja-transg%C3%A9nica-en-la-argentina

 

 

Lo prioritario para que  podamos, los diversos de abajo, derrotar a la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales es generalizar la percepción de cómo se construyó ese poder contra nosotros y cómo fue fundamental la batalla cultural e ideológica de los K. Sigamos profundizando. Descubriremos que no hubo un gobierno nacional, popular y tampoco es verdad que  recién con Macri estamos sometidos a las corporaciones (al mismo tiempo apreciemos significados e implicancias de la reducción K a enfrentamiento contra Clarín como "la" corporación o contra la Mesa de Enlace no sólo estigmatizando a los pequeños-medianos productores por asociación con oligarquía terrateniente sino sobre todo encubriendo su posicionamiento a favor de la ocupación territorial por el sistema global de agronegocios):

 

 

 

La Corporación*

16 de enero de 2013

 

Monsanto es la multinacional de semillas y agroquímicos más poderosa del mundo. Cuenta con apoyo político y rentabilidad millonaria, y su modelo implica corrimiento de la frontera agropecuaria, desalojos rurales, desmontes y masivo uso de agroquímicos. Su desembarco en Córdoba de la mano de la Presidenta y del Gobernador, maíz para agrocombustibles, la nueva ley de semillas y la profundización del modelo.

 

Por Darío Aranda

 

No soy la Presidenta de las corporaciones”

Cristina Fernández de Kirchner

10 de diciembre de 2011.

Discurso de reasunción, en el Congreso Nacional.

(...)Según la investigación, ese hecho convirtió a Monsanto en el principal acusado en la demanda interpuesta por veteranos de la guerra de Vietnam, que experimentaron un conjunto de síntomas atribuibles a la exposición al Agente Naranja. “Cuando en 1984 se alcanzó un acuerdo de indemnización por valor de 180 millones de dólares entre siete compañías químicas y los abogados de los veteranos de guerra, el juez ordenó a Monsanto pagar el 45,5 por ciento del total”, explica y recuerda otro producto producido por Monsanto: PCB (elemento cancerígeno utilizado en transformadores eléctricos)

En 1976, Monsanto comenzó a comercializar el herbicida Roundup (a base de glifosato). “Pasaría a convertirse en el herbicida más vendido del mundo”, señala aún hoy en su sitio de internet. En 1981 la compañía se estableció como líder en investigación biotecnología. Y en 1995 fueron aprobados una decena de sus productos modificados genéticamente, entre ellos la “Soja RR (Roundup Ready)”, resistente a glifosato.

La empresa publicitaba que el Roundup era “biodegradable” y resaltaba el carácter “ambientalmente positivo” del químico. La Fiscalía General de Nueva York reclamó durante cinco años por publicidad engañosa. Recién en 1997 Monsanto eliminó esas palabras en sus envases. Tuvo que pagar 50 mil dólares de multa. “Es la última de una serie de grandes multas y decisiones judiciales contra Monsanto, incluyendo los 108 millones de dólares por responsabilidad en la muerte por leucemia de un empleado tejano en 1986; una indemnización de 648 mil dólares por no comunicar a la EPA datos sanitarios requeridos en 1990; una multa de un millón impuesta por el fiscal general del estado de Massachusetts en 1991 por el vertido de 750 mil litros de agua residual ácida; y otra indemnización de 39 millones en Houston (Tejas), por depositar productos peligrosos en pozos sin aislamiento”, acusa el investigador Brian Tokar.

Monsanto continuó promocionando el Roundup como “un herbicida seguro y de uso general en cualquier lugar, desde céspedes y huertos hasta grandes bosques de coníferas”. Pero el 26 de enero de 2007 fue condenada por el tribunal francés de Lyon a pagar multas por el delito de “publicidad mentirosa”.

En Argentina, Monsanto cuenta con una planta en Zárate (Buenos Aires) desde 1956. Hace doce años realizó una ampliación, su planta de producción de glifosato pasó a ser la más grande de América Latina. En 1978 se instaló en Pergamino y, en 1994, sumó una planta en Rojas (Buenos Aires).

En 1996, el gobierno argentino aprobó la soja transgénica con uso de glifosato. Con la firma del entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá, la resolución 167 tuvo luz verde en un trámite exprés: sólo 81 días, y en base estudios de la propia empresa Monsanto. El expediente, de 146 páginas, carece de estudios sobre efectos en humanos y ambiente, y –sobre todo– el Estado argentino no realizó investigaciones propias sobre los posibles efectos del nuevo cultivo, se limitó a tomar como propios los informes presentados por la parte interesada (Monsanto).

 

Patentes

En 1996 la soja ocupaba en Argentina 6,6 millones de hectáreas. En el 2000 ya llegaba a 10,6 millones. En 2011 llegó a 19,8 millones de hectáreas, a un promedio de expansión de 800 mil hectáreas por año. Representa el 56 por ciento de la tierra cultivada del país.

Luego de la devaluación de 2002, y cuando la demanda externa de soja aumentó, Monsanto intentó cobrar regalías por el “derecho intelectual” de la semilla transgénica. Federación Agraria Argentina (FAA) y el Gobierno rechazaron el pago.

Monsanto llegó hasta los tribunales europeos, donde intentó frenar judicialmente los barcos con soja proveniente de Argentina. Pero la vía judicial no prosperó.

Lejos estaba la empresa de tener problemas económicos. En 2006 había facturado 4476 millones de dólares. En Latinomérica, en sólo el primer trimestre del 2006, facturó 90 millones de dólares. Al año siguiente, mismo periodo, tuvo un incremento del 184 por ciento: 256 millones de dólares. “Gran parte se debió al mayor precio del herbicida glifosato”, anunciaba la empresa, que señalaba al glifosato como el responsable de la mitad de sus ganancias. En 2007 la facturación llegó a 7.300 millones. El presidente ejecutivo de Monsanto, Hugh Grant, expresó en 2009 a la agencia de noticias (Reuters) que la compañía planeaba expandir el negocio de las semillas a una tasa de crecimiento anual de un 20 por ciento entre el 2007 y el 2012.

El Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) estudia desde hace 25 años la concentración del mercado agropecuario mundial. “Monsanto tiene actualmente el 27 por ciento del mercado mundial de semillas, de todo tipo (transgénicas o no) y de todas las variedades. En semillas transgénicas, Monsanto tiene el 86 por ciento del mercado mundial. Es uno de los dos monopolios industriales más grandes del planeta y de la historia de la agricultura e incluso, del industrialismo. Solamente Bill Gates (con Microsoft) tiene un monopolio similar, cerca del 90 por ciento del mercado”, explicó Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC.

 

Coincidencias

Un juicio histórico que, enmarcado en la Ley de Residuos Peligrosos ((24051), abría la puerta para encuadrar las fumigaciones como delito y la posibilidad de condenar a cárcel a los productores y fumigadores.

Tres días después de iniciado el juicio, el 15 de junio, en un almuerzo en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense) y frente a las mayores corporaciones de Estados Unidos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos (…) Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico”.

El 21 de agosto, luego de más de dos meses de juicio, la Cámara I del Crimen dictó sentencia: dictaminó que los dos hechos denunciados (dos fumigaciones, una de 2004 y otra de diciembre de 2008) violaron la normativa vigente y fueron catalogadas como delito. Y condenó a un productor Francisco Rafael Parra y al aerofumigador (Jorge Pancello) a tres años de prisión condicional, cuatro años de trabajos comunitarios y ocho años de prohibición para manipular agroquímicos.

Ese mismo día, el Ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, presentó la nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”) junto a los directivos de Monsanto. La gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura tituló con una cita del vicepresidente de Monsanto Argentina, Pablo Vaquero: “Trabajamos con un Gobierno que ha abierto el diálogo”. La gacetilla oficial hace propia la publicidad de Monsanto y resalta las supuestas bondades de la semilla: “Esta nueva tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el medio ambiente”.

El ministro Yauhar celebró: “Es un día muy especial para Argentina, porque vamos por una segunda generación de soja, hoy aprobamos el evento número 27 y la biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable”.

 

Semillas

En la principal feria de agronegocios de Argentina, Expoagro, de marzo de 2012, las empresas Monsanto, Nidera y Don Mario (la principal semillera de Argentina) tenían un objetivo principal: remarcar la necesidad de que el Gobierno apruebe la nueva soja RR2.

Esto que ves acá es la nueva tecnología”, invitaba Juan Manuel Bello, ingeniero agrónomo de semillera Don Mario, una de las empresas líderes del sector (Mu abril 2012). Se refería a una pecera de vidrio, sobre una mesa, de un metro de alto y dos de largo, dividida al medio. De un lado, la soja transgénica que se utiliza en la actualidad (llamada “RR”), tallos quebrados, hojas rotas y con agujeros de vaya a saber de qué bicho. A su lado, la nueva soja “RR2”, impecable, verde oscura, perfectas. Prometían mayor productividad, un 11 por ciento, que la soja RR.

La idea es que se pueda comparar a simple vista. La soja RR2 BT tiene un doble gen, el RR y el gen BT, que le otorga la resistencia a insectos, patentada por Monsanto. Acá la comercializaremos cuando se logre consenso en toda la cadena, desde producción hasta exportación. Hoy se trabaja con productores para sumar voluntades, suman su adhesión para utilizar esta biotecnología, firman un acta acuerdo para darle la bienvenida a esta avance de la ciencia”, detalló.

El consenso”, traducido al criollo, es la aceptación de los productores locales a pagar regalías. Hasta marzo de 2012, productores y Gobierno parecían resistir el cobro de regalías.

 

Wikileaks

A lo largo del gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández después, importantes funcionarios y congresistas de Estados Unidos, además de sucesivos embajadores, presionaron a la Casa Rosada para que facilitara a la empresa Monsanto el cobro de regalías por el uso de semillas transgénicas. Lo que empezó como un duro enfrentamiento, con cargamentos de harina de soja incautados en puertos europeos en el 2004 y 2005, se encaminó hacia una negociación sobre la nueva generación de semillas, dejando atrás el intento de cobro de Monsanto, señala una serie de cables filtrados por Wikileaks”, escribió el jefe de la sección Internacionales de Página12, Santiago O’Donnell el 3 de marzo de 2011, donde cables hasta entonces secretos de la embajada mostraban una supuesta resistencia del Gobierno respecto a ceder a Monsanto.

En los cables, Monsanto aseguraba que el 85 por ciento de la soja que se producía en Argentina se hacía con su fórmula, pero menos de un tercio pagaba regalías. “Si bien el lobby oficial estadounidense a favor de Monsanto fue incesante, hasta los propios analistas de la embajada reconocieron en los cables que el reclamo era dudoso: ‘Los granjeros argentinos tienen derecho a replantar –no a revender– semillas generadas en una cosecha originada en semillas registradas sin pagar regalías, pero no a venderlas’, dice un cable de marzo del 2006 firmado por el entonces embajador Lino Gutiérrez”, explicó el editor jefe de Página12.

 

Cambios

El primer anuncio de la soja RR2 fue realizado el 4 de julio de 2009 en Clarín Rural, uno de los principales voceros de los agronegocios (junto con el diario La Nación, socios en la muestra Expoagro). Prometía un mayor rendimiento, entre 10 y 15 por ciento mayor a la primera soja transgénica.

En septiembre de 2011, la Presidenta presentó en Tecnopolis el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), con objetivos cuantitativos a alcanzar en 2020. En cuanto a producción granaria destaca que el objetivo es aumentar un 60 por ciento la producción (de los 100 millones de toneladas, llegar a 160), con el consiguiente avance sobre nuevos territorios.

El 28 de febrero de 2012, la Presidenta anunció que investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Conicet y de la empresa Bioceres habían logrado una semilla de soja resistente a la sequía y que lograba “altos rendimientos”, lo que posibilitaría el avance sobre regiones en la actualidad hostiles al monocultivo. En Bioceres tiene participación accionaria Gustavo Grobocopatel, titular de uno de los mayores pool de siembra del continente (“Los Grobo”).

Organizaciones ambientales y campesinas aportaron la mirada ausente en el acto oficial: el corrimiento de la frontera agropecuaria, con más desmontes, más poblaciones desalojadas y más uso de agrotóxicos.

En el discurso de junio de 2012 ante los empresarios estadounidenses, la Presidenta recordó el “avance” de los científicos de la UNL, Conicet y la empresa Bioceres. Y abordó por primera vez en público el tema tabú de las patentes de semillas: “Estaban muy contentos (los directivos de Monsanto) porque Argentina hoy está a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. También en repatriación de científicos hacía la Argentina y fundamentalmente en respeto a las patentes. Como ahora nosotros hemos logrado patentes propias nos hemos convertido también en defensores de las patentes”.

Al regreso de ese viaje, los tiempos se aceleraron. Monsanto tuvo vía libre para la nueva soja. E incluso visto bueno para el cobro de regalías.

El 9 de agosto, desde el XX Congreso de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), el secretario de Agricultura lo confirmó: “La estaremos aprobando en breve”.

Al día siguiente, la crónica del diario La Nación es elocuente. “En el marco de Aapresid, el tema de la nueva soja fue motivo de un encuentro informal entre directivos de Monsanto -entre ellos, el vicepresidente, Pablo Vaquero- y dirigentes de la Comisión de Enlace, como Eduardo Buzzi (presidente de la Federación Agraria Argentina), Carlos Garetto (presidente de Coninagro), Luis Miguel Etchevehere (vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina) y José Basaldúa (directivo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estaba el jefe del gremio de trabajadores rurales (Uatre), Guillermo Venegas. En un stand de Monsanto, todos compartieron una improvisada picada”.

Once días después, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja junto a los directivos de Monsanto. “Hay que respetar la propiedad intelectual”, reclamó ese mismo día el Ministro de Agricultura y afirmó que el Gobierno está trabajando en una nueva ley de semillas, que contemple el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.

 

Regalías

Tan milenaria como la agricultura es el derecho a guardar parte de la cosecha como semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio” de la semilla.

Con la nueva soja, Monsanto articuló un modo privado de cobro de regalías, que elude al Estado. Firmó contratos individuales con productores (según Monsanto, ya firmó con el 70 por ciento de los productores de soja) y articuló acuerdos con acopiadoras y exportadoras, que controlarán las cargas de camiones que llegan a los acopios. Allí se realizará un test a los granos y, si se detecta que la soja es de Monsanto, se le descontará al productor el cobro de regalías. Monsanto implementó un sistema que ubica al Estado en un lugar de simple observador.

La decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza, es alterar el derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de respetar la “propiedad intelectual”. Y, junto con el Gobierno, avanza en una nueva ley de semillas.

Carlos Vicente, de la organización internacional Grain (organización referente en el estudio del mercado de semillas y las corporaciones agrícolas). “La ley actual, de la década del 70, permite el uso propio. Durante miles de años los campesinos criaron, mejoraron y cambiaron semillas, sin que nadie se las apropiara. Pero se crea un derecho de propiedad intelectual, no es la patente sino a la ‘obtención vegetal’, y se puede tener derecho de propiedad intelectual, un monopolio sobre la semilla que quita reconocimiento a los miles de años de historia campesina. Ahora alguien, las corporaciones, pueden ser dueños de las semillas”, alerta y remarca que las organizaciones campesinas se oponen de manera radical a cualquier freno al libre intercambio y circulación de las semillas “ya que esto significa frenar el histórico proceso de creación de diversidad que los campesinos han sostenido por miles de años”.

Vicente apunta a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), constituida en 1961, donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados (entre ellos, claro, Argentina). En 1978, la UPOV crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras sobre cada semilla nueva.

La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de semillas. “La UPOV91 limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave, es la apropiación de la vida”, denuncia Carlos Vicente, de Grain.

 

-¿Cómo se relaciona Monsanto, la nueva ley de semillas que prepara el Gobierno y la UPOV 91?

Vicente no duda: “Monsanto había anunciado a inicios de 2000 que no iba a realizar nuevas inversiones en Argentina porque no se le garantizaba seguridad jurídica. De la mano de la Presidenta en Estados Unidos, el anuncio de Monsanto de instalar su mayor planta de maíz transgénico en Córdoba, hay un acuerdo que le devuelve ‘seguridad jurídica’, se aprueba la nueva soja, le permiten en cobro de regalías por un sistema privado y se aprestan a modificar la ley de semillas”.

Vicente remarca que la modificación de la ley “va por todas las semillas, no solo la soja”, la enmarca en la “tremenda ofensiva del agronegocios” en todo el continente y la resume de una forma que mete miedo: “Es un paso hacia la privatización de las semillas, la privatización de la vida en manos de las corporaciones”.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) explicitó en julio pasado su rechazo a la nueva ley de semillas. En un comunicado, la catalogó como un “premio para los agro saqueadores” y denunció que “legitima el robo y la apropiación genética”.

Las especies y variedades que han sido obtenidas por la selección de campesinas e indígenas durante diez mil años, ahora serían de quien la patenta primero, o quien modifica un gen de los 40 mil que pueden caracterizar una planta. Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y no una mercancía al servicio del capital”, reclamaron.

 

¿Contradicciones?

Yo le comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia en la cual algún productor argentino tiene producción, por ejemplo, forrajera y que uno lo puede observar en medio de la estepa patagónica los círculos que solamente con riego producen forraje de primerísima calidad. Y tenemos también agua en la Patagonia (…). Esto nos da la idea de que el elemento vital, agua, nos va a permitir extender la frontera agropecuaria”, propuso la Presidenta ante los empresarios estadounidenses el 15 de junio pasado.

Quince días después, el miércoles 27 de junio y desde San Luis, la Presidenta insistió: “Debemos extender aún más la frontera agropecuaria, tenemos que hacerlo (…) Cuando venía con el helicóptero veía esos inmensos círculos aquí, en medio de esta llanura puntana, que tal vez en otro momento solo tenía pasto o criaba y engordaba terneros, como me decía el Gobernador, y que hoy, a través del riego están permitiendo generar follaje, están permitiendo generar producción en zonas impensadas en la Argentina”.

En cadena nacional, la Presidenta dio un paso más: “Yo sueño con que en mi Patagonia, que es una estepa, también podamos hacer producción intensiva de follaje de maíz. No es una fantasía, estos mismos círculos que he visto aquí, los he visto también en los campos de un conocido empresario y productor que tiene estancias en mi provincia (…) y sabemos que vamos a producir también un maíz con una variedad transgénica que nos va a permitir, precisamente, en ese lugar constituir una las zonas también donde podamos extender toda la frontera agropecuaria y la ciencia y la tecnología”.

El Movimiento Campesino Indígena (MNCI) es uno de los espacios más novedosos de la lucha agraria, con presencia en diez provincias. Integra la Vía Campesina Internacional (el movimiento mundial de campesinos y trabajadores del campo) y de la Coordinadora Latinoamericana de Organización del Campo (Cloc).

Durante la resolución 125 cuestionaron a la Mesa de Enlace, pero sobre todo apuntaron al modelo agropecuario. En noviembre de 2009 recibieron en Quimilí (Santiago del Estero) al entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez. En noviembre de 2011, luego del asesinato del campesino Cristian Ferreyra (miembro del MNCI), la organización explicitó su diálogo con el Gobierno. La Cámpora, el Frente Transversal, Nuevo Encuentro y el Movimiento Evita se movilizaron junto al MNCI, en diciembre de 2011, al Congreso Nacional y presentaron un proyecto de ley de freno a los desalojos campesinos (que aún no fue tratado).

El 27 de julio pasado, el MNCI difundió un duro comunicado contra el Gobierno Nacional. “Democracias o corporaciones transnacionales: tiempos de elección”.

La Bienvenida y entrega de nuestros bienes naturales a las transnacionales es una gran contradicción con otros principios enunciados desde el gobierno nacional (…) ¿Cómo explicamos que los ‘dueños’ de la tierra y las transnacionales estén embolsando fortunas y en nuestros barrios y comunidades aún nos rodea la pobreza? ¿Cómo debemos leer estas caricias discursivas a Monsanto, Vale, Barrick? La Mesa de Enlace ve satisfecha cómo se reconoce su discurso y su modelo. El ‘yuyo’ ya no es maldito, ahora es bendecido, y los ruralistas van por más”.

El Movimiento Campesino Indígena sabe que el avance del agronegocios implica un avance sobre sus territorios, con más desalojos, desmontes, agrotóxicos y represión: “Nuestra posibilidad de vivir, trabajar y producir se ve amenazada con cada paso que dan las transnacionales en nuestro territorio, y es por esto que vamos a combatirlas hasta nuestra última gota de aliento. Se trata de vidas, de millones de vidas que están en juego”.

Tres semanas después del comunicado del MNCI, el Gobierno aprobó la nueva soja de Monsanto.

 

Maíz en Malvinas Argentinas

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió hoy con directivos de la empresa Monsanto, quienes le anunciaron un plan de inversiones de 1.500 millones de pesos para desarrollar una planta de producción de maíz en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba. Implica la creación de 400 nuevos puestos de trabajo (…). La nueva planta tendrá como función el tratamiento y acondicionamiento de semillas de maíz. Con las mencionadas instalaciones, la Argentina contará con las dos plantas más grandes del mundo de producción de semillas, ambas pertenecientes a Monsanto”, precisó el 15 de junio el comunicado de la compañía con sede el Estados Unidos.

Monsanto argumentaba que el maíz era importante para el desarrollo del agro argentino porque era la mejor opción para rotar con la soja, “mejora el balance de nutrientes, hace que la erosión del suelo sea menor y mejora el rendimiento”.

Argentina posee 19,6 millones de hectáreas con soja y 4,5 millones con maíz.

Dos meses después, invitados por Monsanto a Iowa (Estados Unidos), los propios periodistas de agronegocios de Clarín y La Nación revelaron la nueva avanzada del modelo agropecuario: ampliar la superficie cultiva de maíz para destinarla a agrocombustibles.

Después de la fiebre de inversiones que hubo en plantas de biodiésel a base de soja en la Argentina, el próximo turno será para el etanol de maíz. Ya hay una veintena de proyectos de plantas que suman inversiones por 1500 millones de dólares. Se estima que este biocombustible podría hacer crecer en poco tiempo 10 por ciento el área con maíz. El dato lo saben en la compañía de semillas Monsanto, que organizó una gira con periodistas por los Estados Unidos para visitar, entre otras cosas, plantas de etanol y analizar el estado actual de esta industria”, sincera la crónica de Fernando Bertello, en La Nación del 31 de agosto.

En Río Cuarto (Córdoba), donde Monsanto también instalará una planta experimental, avanza en la producción de agrocombutibles en base a maíz la empresa Bio4, de empresarios locales. También avanzan proyectos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en Villa María (Córdoba), Aceitera General Deheza (del ex legislador kirchnerista Roberto Urquía), la aceitera Vicentín (con una planta en Santa Fe). Con un total de al menos 20 plantas, también se producirá agrocombustibles en Salta, Entre Ríos, San Luis y Bahía Blanca.

Los agrocombustibles acumulan una larga lista de cuestionamientos. La más reciente, en Argentina, provino en agosto pasado de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional del Comahue: Generar agrocombustibles significa destinar la parte de la superficie cultivable a la producción de granos para alimentar motores en vez de alimentar a la población. Se está siguiendo al pie de la letra las metas planteadas por el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) en materia de objetivos productivos sin tener en cuenta las consecuencias sociales, ambientales, económicas y culturales que acarrea”.

La Cátedra, un espacio novedoso e interdisciplinario que problematiza e investiga el modelo extractivo, denunció: Es obligación saber que aceptar el cultivo masivo de plantas para producir agrocombustibles supone incrementar la presión sobre la tierra y no justamente para producir alimentos para las poblaciones locales, lo que se traduce en el aumento de nuestra vulnerabilidad alimentaria”.

 

Asamblea

Salón de fiestas y eventos Santina”. Un prolijo rectángulo de diez metros de ancho por veinte de largo. Piso de cemento, paredes blancas. Detrás de una iglesia y frente a la plaza principal, sobre la calle San Martín, la principal del barrio Malvinas Argentinas, de casas bajas, cruzado por dos rutas que corren paralelas (88 y la 19) y dividen al barrio en tres (bautizados “primera sección”, “segunda” y “tercera”).

El salón de fiestas está ubicado en la Segunda Sección. Es miércoles a la noche de calor y es la cuarta reunión de la “Asamblea Malvinas lucha por la vida”, espacio autoconvocado luego de que se enteraran por televisión, en vivo y directo de boca de la Presidenta, que Monsanto se instalaba en su barrio, 32 hectáreas que ya están cercadas con alambre y con máquinas apisonando la tierra.

Matías Marizza tiene 30 años, es maestro de segundo grado en la escuela del barrio. Cara redonda, barba rala, jeans amplios. “Nos desayunamos con el anuncio de la Presidenta”, recuerda.

El boca en boca comenzó a circular y se gestó la primera reunión de vecinos autoconvocados, el 24 de julio. “Muchos vecinos tienen parientes en el barrio Ituzaingó, conocen de las fumigaciones, del juicio. No fue una noticia agradable escuchar que Monsanto se instala en el barrio, a menos de un kilómetro de una escuela”, explica.

Yanina Barzboza Vaca tiene 21 años, habla rápido y siempre vivió en Malvinas Argentinas. “No sólo que conocemos de cerca el Ituzaingó, conocemos de cerca las fumigaciones. Acá estamos rodeados de soja. A sólo cinco cuadras de San Martín (calle principal), ya tenés soja y fumigaciones. Hace mucho que se denuncia que hay chiquitos con problemas para respirar, pero nunca nos hicieron caso”. Además, en la localidad vecina (Monte Cristo) viven familias que desde hace seis años denuncian los efectos de las fumigaciones.

A la primera asamblea llegaron concejales, pero los vecinos los echaron. La segunda asamblea fue el 30 de julio. “Las dos primeras fueron muy desorganizadas, todos teníamos necesidad de contar lo qué veíamos y los temores”, recuerda Marizza. La tercera asamblea fue el 4 de agosto. Donde, casualidad o no, se cortó la luz en esa parte del barrio. Consiguieron un grupo electrógeno y la asamblea continuó.

Ese día se aprobó una actividad informativa al costado de la ruta, para el 15 de agosto. Se repartieron folletos a todo vehículo que cruzaba el barrio y a los vecinos. Tuvo buena repercusión en los medios de comunicación de Córdoba.

Daniel Arzani va por su cuarto mandato. En la asamblea todos los llaman “Daniel”, a secas, es un barrio donde todos se conocen. Arzani es radical, al igual que los siete concejales que le dan mayoría automática. La oposición: una concejal de Unión por Córdoba, del gobernador José Manuel De la Sota, que también apoya la instalación de Monsanto.

El Concejo Deliberante aprobó el 13 de marzo la instalación del obrador en las 32 hectáreas. “No se hizo ningún estudio de impacto ambiental que obliga la ley, no se informó a la comunidad. El Intendente hizo reuniones en casa de familias, algo habitual acá, convocadas por punteros, pero ni ahí tuvo apoyo. Los vecinos le dijeron ‘siempre te bancamos, pero en esta no’”, afirma Marizza.

La asamblea de vecinos cuenta con unos diez jóvenes que coordinan las actividades decididas por el plenario de vecinos. “Hacemos operativo lo que se aprueba en asamblea. No decidimos nada nosotros solos”, avisa Yanina Barboza.

La asamblea de hoy se espera movida. Un volante firmado por “vecinos por el sí” convoca a una reunión para mañana y remarca el apoyo a Monsanto. No saben quiénes son, pero apuestan fichas a que son de la Municipalidad. Segunda novedad: una decena de encuestadoras recorrieron el barrio y preguntaron la opinión de los vecinos respecto del Intendente, del Gobernador, de la Presidenta y, claro, de Monsanto. ¿Quién hizo la encuesta? Sólo se identificaron como “una consultora”.

Paciencia y consenso

Un argumento recurrente son los 400 puestos de trabajo que promete Monsanto y los gobiernos repiten (desde el municipal, hasta el nacional, sin olvidar al provincial). “Nos movimos, estuvimos averiguando y confirmamos que Monsanto publicó en su sitio web una convocatoria para profesionales de agronomía, química, contaduría, mecánica y marketing para jóvenes de entre 21 y 27 años, con nivel de inglés medio. Está claro que el trabajo no será para los vecinos. Según el último censo, en Malvinas no hay más de 50 estudiantes universitarios. Que no nos mientan más”, reclama Marizza.

Marizza y Barboza coinciden que la llegada de Monsanto posibilitó visibilizar las fumigaciones que rodean al barrio y también la lógica paternalista, inconsulta, de la clase política.

Convocada para las 20, la asamblea comenzó con 39 minutos de demora. Unas 150 personas, muchas mujeres con chicos, parejas jóvenes, hombres con su bolso de recién vuelto del trabajo. Primer tema, repaso de las condenas por el juicio del barrio Ituzaingó Anexo. Le siguió el panfleto de los vecinos que supuestamente sí quieren a Monsanto, acciones para frenar a Monsanto durante las próximas semanas, posibilidad de recurrir a una acción legal y la necesidad de presionar políticamente.

Por momentos la asamblea se dispara de temas. Todos quieren hablar. El clásico “compañero” de los ámbitos militantes se reemplaza por “vecino”. Muchos nunca asistieron a una asamblea, e intentan seguir discutiendo incluso luego de las votaciones. Se votó bloquear la entrada a Monsanto y concurrir, al día siguiente, a la convocatoria que apoya a Monsanto. Se aprueban ambas. Y luego algunas vecinos quieren volver a discutir. Los coordinadores vuelven a explicar la metodología, pero igual abren el juego. Saben que la batalla será larga y de la paciencia y el consenso dependerá su suerte. Enfrente está el Gobierno (en sus tres niveles) y, claro, la corporación más grande del agronegocios.

 

* Versión completa del artículo publicado en la revista MU de septiembre de 2012.

Fuente: https://darioaranda.wordpress.com/2013/01/16/la-corporacion/

 

 

Lo destacable en el potencial de cambio abajo son caminos emancipatorios que están abriendo las resistencias como las siguientes.

 

 

La soya transgénica en Argentina: efectos en la salud, el ambiente y la economía
10 de febrero de 2016

Por Oswaldo Báez Tobar 

 

 (…)Una respuesta social ejemplar

 

La situación creada por la imposición de la soya transgénica en Argentina creó graves problemas socioambientales y de salud pública a la vez que múltiples reacciones de la población civil, como aquella protagonizada por las Madres de Ituzaingó en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba; lo que recuerda a las Madres de la Plaza de Mayo en su tenacidad por encontrar a sus hijos y nietos desparecidos durante la dictadura militar.

 

En el ámbito internacional es bien conocida la lucha de las Madres de Ituzaingó contra los cultivos de soya transgénica y el uso del glifosato que ya ha causado enfermedad y muerte a los pobladores de la zona de Malvinas. Una de las acciones de las Madres de Ituzaigó fue la ocupación del predio donde Monsanto pretendía construir una gran planta semillera, pero la movilización popular logró paralizar esa construcción.

 

Sofía Gatica, representante de la organización: Madres de Ituzaingó, denunció a través de todos los medios, las consecuencias del modelo de extracción basado en producción de transgénicos y la dispersión de venenos sobre los seres humanos y el ambiente; así como la inacción de las autoridades ante las denuncias y el atentado a los derechos humanos al haber autorizado establecer la planta de la empresa Monsanto sin consultar a los ciudadanos de Malvinas Argentinas, como dispone la ley y por su hipocresía al negar que los transgénicos y agrotóxicos de Monsanto contaminan el ambiente. (4) Sofía Gatica ha expresado reiteradamente: “La industria de los transgénicos es una industria de la muerte; los transgénicos enferman y matan. Nadie puede refutar la malignidad de estos productos, luego de conocer testimonios directos de muertes, abortos y enfermedades sufridas por seres humanos afectados por el glifosato”. (Sofía Gatica ganó en 2012 el Premio Goldman o Premio Nobel Verde, que se otorga a los defensores de la naturaleza y el medio ambiente. http://www.grain.org/es).

 

La Universidad Nacional de Río Cuarto, UNRC puntualizó que a partir de la entrada y aplicación del paquete tecnológico aumentó significativamente la superficie sembrada de soya transgénica de 2.220.000 de hectáreas en 1981 a 18. 000.000 de hectáreas en el 2008, lo que implicó destinar el 51% de la superficie agrícola argentina al monocultivo de soya con todas las consecuencias económicas, ambientales y culturales. La creciente expansión de los monocultivos transgénicos, especialmente soya RR, ha sustituido la producción tradicional de los cinturones verdes que rodeaban a los pueblos: montes frutales, criaderos de animales pequeños y chacras de pequeños agricultores. La Universidad a la vez destacó el alegato presentado por las Madres de Ituzaingó ante los Tribunales de Justicia Argentina que marcó un precedente histórico en Argentina y América Latina, ya que enfrentó a la población de Ituzaingó -en su derecho a vivir en un ambiente sano y saludable-, con la codicia desenfrenada del modelo de agricultura industrial tóxica impuesto por el poder económico. Varios estudios científicos han desentrañando los mecanismos íntimos por los cuales el glifosato produce cáncer y malformaciones congénitas. (5)

 

Los nuevos transgénicos “nacionales” incrementan la resistencia social

 

Desde hace 20 años Argentina ha sido la plataforma para la introducción de los transgénicos en el Cono Sur. Se estima en 46 millones de hectáreas en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia; países donde son evidentes los efectos socioambientales: destrucción de la biodiversidad, contaminación, concentración de la tierra, desplazamiento de poblaciones campesinas, destrucción de la economía regional y avance del poder corporativo en extensos territorios de la llamada “república de la soya”.

 

A lo expuesto se suma que en 2015 fue aprobada una soya transgénica con genes resistente al glifosato, glufosinato de amonio y 2,4D (este último es el “agente naranja” que se empleó en la guerra de Vietnam), debido a que surgieron malezas resistentes al glifosato, como se había advertido años atrás. Por otra parte se denuncian fuertes presiones para la aprobación de caña de azúcar transgénica, soya resistente a la sequía y papa transgénica. En Argentina se han introducido más de 30 trangénicos desde 1996. El médico e investigador Andrés Carrasco advirtió sobre imposición de “una verdadera naturaleza funcional y necesaria para los grandes negocios. (…) mucha ambición, soberbia, pobre comprensión de la complejidad biológica y poca ciencia”. (6)

 

La historia que ha vivido la hermana República de Argentina es una experiencia aleccionadora y un ejemplo para toda América Latina. La comunidad académica y profesional ha levantado la campaña: Paren de Fumigarnos, para frenar las fumigaciones a 12 millones de personas expuestas a los agroquímicos tóxicos. Organizaciones de médicos y abogados buscan alejar las fumigaciones de las áreas urbanas, escuelas rurales y poblados rurales.

 

En el 3er. Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados, organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, se reconoció el problema y decidió elevar la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que: “conmine al Estado argentino a que adopte urgentes medidas para poner a resguardo la salud y la vida de quienes viven expuestos a la acción directa e indirecta de los agrotóxicos en más de 30 millones de hectáreas, como al consumo de residuos de ellos”. El congreso médico se realizó en octubre de 2015, año en el cual la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer de la OMS reconoció que los pesticidas que más se utilizan en Argentina: glifosato y 2.4 D producen cáncer. La agenda del congreso incluyó: abortos espontáneos, malformaciones congénitas, daños neurológicos y cánceres causados por la exposición a los pesticidas. (200 millones de litros de glifosato por año se emplean en las zonas agrícolas de Argentina). (7)

 

Ante este grave problema de salud pública y afectación al medio ambiente, los científicos y profesionales no comprometidos con la agricultura industrial tóxica y sus grandes negocios, junto con el sector más consciente de la sociedad organizada del país del Río de la Plata abogan por otro tipo de agricultura.

 

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/175313

 

"Te fuimos Monsanto": levantaron el acampe en Malvinas Argentinas
1 de noviembre de 2016

Política 

Después de cuatro años, los vecinos y organizaciones que mantenían la protesta impidiendo la instalación de una planta acopiadora de semillas de maiz, dieron punto final a la lucha. Fue esta mañana, y algunos meses después de que la firma anunciara que se retiraba de esa localidad.

 

 

"Así salimos los que luchamos contra Monsanto... fuertes con la frente bien alta!!!" escribió una de las referentes del conflicto, Sofía Gatica, madre de barrio Ituzaingó y firme activista contra la instalación de la multinacional en Malvinas Argentinas.
"Salimos con más fuerza que antes ....ni te imaginas nuestra fortaleza ...sabemos que se puede luchar contra cualquier multinacional extractivista que viene a saquear nuestros territorio .....con perseverancia y amor a la vida..se puede!!! Cuando los de abajo se mueven..los de arriba se caen!" reflexionó en su Facebook Gatica, quien en el proceso de impedir la instalación de esta planta acopiadora de semillas de maiz, detuvo con su cuerpo camiones, se enfrentó junto a otros activistas a obreros contratados por la multinacional y sufrió múltiples amenazas.

"Triunfamos. Decidimos levantar el Bloqueo después de que la empresa desistiera de construir una planta de semillas en Malvinas Argentinas. Vendieron el predio y nuestro objetivo lo cumplimos con creces. (Sentimos) dolor y tristeza por tener que destruir lo que construimos con tanto esfuerzo. Gracias a todos los que pasaron y dejaron sus noches, días, su esfuerzo, su corazoncito... Gracias a los que NO nos abandonaron!!!", subrayó Gatica.

Fuente: mdiario.com.ar/noticia/2931/te-fuimos-monsanto-levantaron-el-acampe-en-malvinas-argentinas

 

 

 

Frente al casi omnímodo poder económico, estatal y mediático de las transnacionales: articulemos las luchas por las territorialidades de los barrios, comunidades, pueblos y naciones sin las fronteras del capitalismo mundializado. Tal desafío nos exige ante todo cuestionar y derrotar al sentido común que construyó y construye el kirchnerismo. En lo esencial implica ir superando la tramposa y falsa polarización implícita en la democracia representativa e ir situándonos en desapego al capitalismo local del mundializado. Se trata de constituir la democracia a la plebeya o propia a la diversidad de abajo. Esto interpela, abajo y a la izquierda, a generalizar la descentralización de la visión sectorial e incluso mini grupal y la adquisición de un enfoque multifacético e internacionalista. Es pasar, por ejemplo, desde la valiosa presencia e historia del MOCASE a involucrarse en posibilitar la unión en diversidad de las resistencias al extractivismo como despojo territorial rural y urbano a lo largo y ancho tanto del país como  del continente y del mundo.

 

Reflexionemos sobre qué olvido Leer tiene la representante del MOCASE (pese a su admirable papel dirigente) al relatar qué sucede durante el gobierno de Macri: “Están contratando a grupos armados paramilitares para expulsar a las familias. Se está reactivando la criminalización en la lucha por la tierra, como en los años 90”, indica, en una estrategia del terror que hace unos años se cobró la vida de dos activistas. Esas decisiones de Macri, anota, “están reactivando muchos conflictos” tanto en el norte como en el sur de Argentina, en la zona de los mapuches, como consecuencia de los procesos de acaparamiento de tierra. En efecto, encubre al gobierno CFK como una periodista de Resumen Latinoamericano que va más allá de homologar el presente con los noventa. Según ella el régimen ha retrocedido un siglo,  el gobierno de Mauricio Macri repite el genocidio de pueblos originarios por Roca y el modelo agroexportador. Desconocen que la gran expansión de la sojización y de los otros extractivismos conllevó y conlleva ecocidios-genocidios-etnocidios. No sólo hubo asesinatos como el de Javier Chocobar en Tucumán Leer, muertes por accidentes dudosos como la de Mártires López en Chaco Leer sino también genocidios silenciosos, por ejemplo, envenenamiento petrolero de comunidades mapuche, la quita de agua y de atención médica a los  qom de Formosa y la destrucción del Impenetrable en Chaco que hace a la desnutrición infantil.

 

En cuanto al modelo agroexportador recién establecido con Macri, insistamos que el extractivismo reprimarizó hasta a Brasil. Daniel Aspiazu y Martín Schorr señalan respecto a la industrialización de la postconvertibilidad: "La profundización de un perfil de especialización fabril y de inserción internacional estructurado en torno a ventajas comparativas asociadas a los recursos naturales y de algunas industrias maduras productoras de commodities denota muchas más continuidades que rupturas respecto al legado de los noventa y, más ampliamente, al ciclo histórico iniciado en 1976". Leer

 

Es hora de salir de la política coyuntural y sesgada en cuanto a identificarse con uno de los contendientes en la competencia por ser quien garantiza la gobernabilidad al sistema. Hay que enfocar al desarrollo gran capitalista desde los setenta.  Cabe reparar que los gobiernos K se esforzaron por enterrar el potencial de cambios radicales con origen en 2001/2002 y nos sometieron a la ocupación territorial económica de las transnacionales y sus socios locales.

 

Desde hace varios años la confrontación al sistema de soja transgénica puso de manifiesto un notable potencial social de lucha de la diversidad de abajo en Argentina.   Sin embargo, el posicionamiento del MOCASE y de todos los integrantes del MNCI es conciliador por creer en la posibilidad de coexistencia de la agricultura con el sistema global de agronegocios. Verifiquemos diferencias:

 

 

9.000 familias indígenas resisten en Argentina la presión de los terratenientes de la soja
26 de enero de 2017

El Mocase, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, aglutina desde los años 90 la lucha de las comunidades de esa provincia semidesértica argentina contra la progresiva ocupación de unas tierras en las que llevan siglos viviendo.

“Para nosotros es dificultoso disponer de un papel [de propiedad], pero un papel no da derecho a destruir un ecosistema”. Deolinda Carrizo, del Mocase (Movimiento Campesino Santiago del Estero), explicó este lunes en Zaragoza, en un acto convocado por el Comité de Solidaridad Internacionalista, la lucha que desde hace más de 25 años mantienen las 9.000 familias agrupadas en este colectivo contra el desalojo silencioso al que vienen siendo sometidos por terratenientes y grandes empresas que están extendiendo por esta provincia del norte de Argentina el monocultivo de la soja transgénica.

Santiago del Estero es una semidesértica provincia del noreste de Argentina –su superficie equivale a la de Castilla y León y Extremadura juntas, con 20.000 habitantes más que Guadalajara- que forma parte del Gran Chaco y a la que a principios de los 90 comenzaron a llegar propietarios de grandes extensiones de los que hasta entonces nadie había oído hablar.

Intensificaron el proceso de ocupación de tierras iniciado en la dictadura —ahora para implantar el monocultivo de la soja—y el desalojo de comunidades, muchas de ellas de pueblos originarios anteriores a la colonización. “No sabemos de dónde salían esos títulos, algunos eran prendas de deudas que habían acabado en el juzgado”, señala Carrizo.

“Lugares despreciados para el progreso”

El proceso, impulsado por “la necesidad de ocupar los lugares del país que habían sido despreciados para el progreso”, se intensificó en 1996, con la autorización para cultivar en Argentina soja transgénica, que hoy es prácticamente un monocultivo en la zona.

Y que lleva camino de agravarse con las políticas de Mauricio Macri, cuyo Gobierno ha eliminado los impuestos que gravaban la exportación de ese cultivo —también los del maíz y los productos mineros— y ha abolido el límite del 20% de la propiedad de la tierra al que podía acceder el capital extranjero.

El avance de las toperas, las máquinas que allanan lomas y deforestan llanuras, y de las vallas que agrandan las propiedades de terratenientes y empresas al tiempo que achican el espacio de las comunidades, se ve apoyada por dos estrategias cuyo objetivo es amedrentar a los indígenas, explica Carrizo: las fumigaciones indiscriminadas, incluso sobre los pequeños núcleos de población y sus escuelas, y la aparición de escuadrones de la muerte.

“Contratan paramilitares para expulsar a las familias”

“Están contratando a grupos armados paramilitares para expulsar a las familias. Se está reactivando la criminalización en la lucha por la tierra, como en los años 90”, indica, en una estrategia del terror que hace unos años se cobró la vida de dos activistas. Esas decisiones de Macri, anota, “están reactivando muchos conflictos” tanto en el norte como en el sur de Argentina, en la zona de los mapuches, como consecuencia de los procesos de acaparamiento de tierra.

El inicio de las hostilidades hizo que las comunidades indígenas de Santiago del Estero comenzaran a organizarse. Normalmente, cada familia combina la crianza de cabras, vacas y chanchos (cerdos) con el cultivo de parcelas de 10 a 30 hectáreas de secano, más extensiones secas de varios miles con otros grupos, con cuya producción subsisten y suministran a los mercados locales.

“Muchas familias llevan siete, diez y más generaciones en esas tierras, y la ley ampara tanto a las comunidades históricas como a las familias que cultivan durante veinte años de manera pacífica un terreno”, explica Deolinda Carrizo, que sostiene que “logramos resistir de manera conectiva difundiendo el conflicto” cuando comenzaron a ser expulsadas y a perder sus tierras a principios de los 90. “No les interesa la soberanía de los pueblos, sólo les interesa la soberanía de las corporaciones que vienen a romper nuestra forma de vida”, sostiene.

Fábricas y una escuela de agroecología:

Mocase, integrado en CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo) y en Vía Campesina —representa a más de 200 millones de campesinos de 164 organizaciones de 73 países—, ha apostado por dos líneas de trabajo para mejorar la situación de las comunidades de Santiago del Estero: fomentar la puesta en marcha de fábricas de transformación agroalimentaria y promover una Escuela de Tecnicatura Agroecológica en la que, desde hace ya diez años, la enseñanza de técnicas académicas se combina con la de las tradicionales.

El centro incluye estudios de disciplinas no agrarias, como arquitectura, medicina y comunicación, y sus planes de estudio combinan las estancias de los alumnos en universidades públicas con las que mantienen convenios con la realización de prácticas en las comunidades.

“El reto de Vía Campesina —señala Carrizo— es poner en marcha el Instituto de Agroecología latinoamericano”, una especie de universidad popular de esta disciplina que cuenta con el apoyo de centros de Argentina, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Público

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/9.000_familias_indigenas_resisten_en_Argentina_la_presion_de_los_terratenientes_de_la_soja

 

 

México - Confirmado: La salud en peligro por el maíz transgénico
26 de enero de 2017

 

Por Elena Álvarez-Buylla

"Resolver en favor de las trasnacionales y sus ganancias, y en contra de la biodiversidad, del interés público presente y futuro, la salud y alimentación de todos, permitiendo que las compañías liberen sus cultivos transgénicos en México, sería un atentado histórico en contra de todos".

Este jueves 26 de enero, el primer tribunal colegiado en materia civil de la Ciudad de México tendrá en sus manos una resolución crucial e histórica para la salud de los mexicanos, y también para el futuro de la agricultura campesina y la alimentación mundial: se trata de mantener o no la suspensión al otorgamiento de permisos para la siembra de maíz transgénico en nuestro país. Esta suspensión se estableció el 17 de septiembre de 2013 gracias a una acción colectiva (53 científicos, campesinos, artistas y consumidores, y 20 organizaciones) que demandó a las principales empresas comercializadoras del maíz transgénico y las instancias correspondientes del gobierno federal por incurrir en faltas contra la biodiversidad y el interés público.

Si el citado tribunal colegiado no ratifica la suspensión de la siembra de maíz transgénico durante todo el juicio en cuestión, la materia del mismo se volvería irrelevante. Se daría lugar a una contaminación transgénica incontrolable, masiva e irreversible de los maíces nativos. Esto implicaría daños incalculables e irremediables a la salud, ambiente y bienestar general de las familias campesinas y de todos los ciudadanos.

Las empresas que se benefician de la venta de transgénicos, en colaboración con algunos tecnocientíficos y funcionarios coludidos, intentan confundir a la opinión pública haciendo creer que aún hay controversia científica en torno a las ventajas de dichos cultivos, la imposibilidad de controlarlos, una vez que se les libera al ambiente, y sus impactos negativos en el medio, la salud y la agricultura campesina.

A 20 años de haberse liberado en pocos países del mundo, los datos son contundentes y corroboran lo advertido por grandes redes globales de científicos comprometidos con la sociedad y el ambiente: 1) No aumentan los rendimientos y tampoco aminoran el costo ambiental de la agroindustria, por ejemplo, disminuyendo el uso de agrotóxicos (ejemplos: nytimes.com/interactive/; nytimes.com/), 2) su siembra implica costos inaceptables en salud pública (ejemplo: ver aquí), y 3) no son equivalentes sustancialmente a los híbridos correspondientes no transgénicos (ver aquí).

El último estudio citado, publicado en una revista importante como Nature, demuestra lo que era obvio: al intervenir a ciegas en el genoma de un organismo se alteran de maneras incontrolables e impredecibles las complejas redes de proteínas y metabolitos, y no sólo la proteína de interés biotecnológico. El citado estudio demuestra que las ratas alimentadas con el grano genéticamente modificado presentaron disminución en longevidad y aumento en tumoraciones cancerosas; reportado previamente por el grupo del doctor Séralini en Francia, tiene alteraciones en metabolitos como la putrescina (alterado 2.7 veces) y la cadaverina (alterada 28 veces), entre otros.

Resolver en favor de las trasnacionales y sus ganancias, y en contra de la biodiversidad, del interés público presente y futuro, la salud y alimentación de todos, permitiendo que las compañías liberen sus cultivos transgénicos en México, sería un atentado histórico en contra de todos. Sus impactos no podemos enumerarlos o predecirlos, y eventualmente serán dañinos e imposibles de revertir. Una decisión así atentará contra un bien común, sustento de millones de campesinos en México y el mundo, y base de la diversidad genética del cereal más importante del planeta.

Además, este crimen inaceptable implicaría aceptar tecnología que se sabía, con base en argumentos y datos científicos: insuficiente, riesgosa y peligrosa desde hace años. Todo ello ahora se ve comprobado con datos de la realidad e investigación científica que ya es difícil esconder. Conforme la evidencia se vuelve clara para todos, cunde el rechazo a los cultivos y alimentos transgénicos en todo el mundo.

A la par que las compañías intentan seguir el negocio con ellas en países como México, también buscan nuevas tecnologías, con riesgos y limitaciones similares, pero que les sirvan para seguir alimentando el negocio de las falsas promesas. Lucran creando problemas y fallando, y luego lucran prometiendo que los resolverán: ¡ahora sí! Se trata de confundir cínicamente a pesar de la evidencia contundente de que los paradigmas que sustentan sus programas de innovación son insostenibles desde el punto de vista científico y ético. Todo en favor únicamente del negocio.

Los datos acumulados y los argumentos de una ciencia basada en principios del conocimiento y la precaución apuntan a la urgencia no sólo de impedir las liberaciones de transgénicos a campo abierto, sino también de imposibilitar la importación de grano y semilla de maíz de Estados Unidos y de otros países que producen con transgénicos y glifosato. Este agrotóxico, asociado a más de 85 por ciento de las variedades transgénicas, ha sido ratificado como cancerígeno por la OMS (ver aquí).

Todos debemos exigir que se cuide nuestro alimento básico –el maíz– de esta contaminación desde el campo hasta nuestras mesas.

La Jornada

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Mexico_-_Confirmado_La_salud_en_peligro_por_el_maiz_transgenico

En consecuencia, abajo y a la izquierda, precisamos salir de la política coyuntural y de la lógica electoral para enfrascarnos en qué y cómo hacer frente a:

 

Geopolítica del Despojo

Biopiratería, genocidio y militarización

 

4 de febrero de 2017

Por Felipe Martín Novoa /Renán Vega Cantor

 

Presentación

“La nueva fase de desposesión o despojo tiene como blanco prioritario territorios ricos en recursos naturales y materias primas, donde están asentados pueblos originarios y existen proyectos de resistencia contrahegemónicos y autonómicos”. Carlos Fazio, “Geopolítica y despojo”, La Jornada, octubre 26 de 2015

 

Este volumen, junto con las infografías que lo acompañan, se fue construyendo durante varios años. Al principio el texto se concibió como un complemento a los mapas, pero con el tiempo, por la cantidad y calidad de la información manejada, se fue ampliando hasta constituir un libro. Y resultó así, porque la cartografía crítica requiere de explicaciones cualitativas que le ayuden al lector a develar y a entender lo que aparece representado y simbolizado en los mapas que tiene ante sus ojos. La información que se fue acopiando y que se procesó pacientemente, revela, tal y como se muestra en esta investigación, unos mecanismos característicos de la geopolítica del despojo, generalizados en Colombia, América Latina y el mundo periférico, que se repiten como si fueran gotas de agua. El despojo como práctica constante de la acumulación de capital, de la expansión imperialista y de las viejas y nuevas formas de dominación colonial, tiene como objetivo -para los poderes imperialistas y sus súbditos locales en cada país- apropiarse de la tierra (y todo lo que allí se encuentra, como los minerales), el agua y la biodiversidad, porque requieren controlar las fuentes de materia y energía que hacen posible el funcionamiento del capitalismo.

Por ello, la historia del capitalismo y del colonialismo moderno deben leerse como la implementación de los mecanismos que hacen posible la apropiación y saqueo de los bienes comunes de los pueblos del mundo periférico, entre los que sobresalen las comunidades indígenas. Este hecho tiene una impronta de índole geopolítica, puesto que los intereses de una minoría de la población mundial han determinado, durante más de quinientos años, el flujo de la riqueza natural que se encuentra en el sur del mundo hacia los centros de dominación imperialistas. De esa forma, se aniquilan tanto los ecosistemas como a los habitantes que los han humanizado, un proceso destructivo que en las últimas décadas, en lugar de atenuarse, se ha acentuado como resultado directo de la expansión mundial del capital hasta el último rincón del planeta tierra. Los territorios culturales de nuestra América y de Colombia poseen una extraordinaria riqueza natural, acompañada de una horrorosa miseria social, que nos coloca como una región vital para que pueda reproducirse el metabolismo ecocida del capitalismo mundial.

En consecuencia, los ojos del nuevo imperialismo están puestos en este lugar del mundo, como bien lo indicó hace unos cuantos años Collin Powell, Secretario de Estado durante el gobierno de George Bush I, cuando manifestó sin hipocresía: América Latina es un gigantesco mercado para las empresas estadounidenses, un lugar que ofrece grandes oportunidades de inversión con fabulosas expectativas de rentabilidad, gracias al control político que viene ejerciendo sobre casi todos los gobiernos de la región, además de ser un territorio que alberga un repertorio casi infinito de recursos naturales de todo tipo. Más aun, América Latina por estar dentro del mismo continente que los Estados Unidos, es la región que ofrece el suministro de materias primas más cercano, previsible y seguro para ese país. Aspecto de vital importancia cuando las reservas mundiales de petróleo, gas natural, uranio y minerales industriales clave como el cobre y el cobalto empiezan a disminuir y la demanda de esos mismos recursos se está disparando. Además de que las fuentes alternativas de aprovisionamiento son cada vez más lejanas, problemáticas e inciertas, hecho que se puede observar en el Oriente Medio tras haber entrado en un ciclo de creciente inestabilidad política. Es difícil encontrar en pocas palabras tal muestra de sinceridad por parte de un vocero del imperialismo estadounidense, lo cual simplifica el asunto de comprender los objetivos supremos de la geopolítica del despojo, que se examinan en este libro.

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Para apropiarse de los bienes comunes de tipo natural que se encuentran en el territorio de Colombia y de nuestra América se emplean diversos instrumentos (lo que bien podría denominarse la “combinación de todas las formas de lucha” por parte del imperialismo y el capitalismo) legales, jurídicos, económicos, culturales, ideológicos, sociales, para legitimar el despojo y hacerlo tolerable y aceptable por parte de los habitantes de un determinado país o región dentro de un país. Pero se comprueba de múltiples maneras que el despojo “legal” y consentido no es suficiente, por lo que se recurre a las vías violentas de despojo, entre las que sobresale el uso de la fuerza bruta mediante la represión y la militarización de los lugares en donde se encuentra bienes comunes y existen potenciales o activas formas de rebelión y resistencia de sus habitantes, que entienden el sentido de la expropiación de sus aguas, tierras, minerales, bosques, biodiversidad y se niegan a aceptarlo. Estados Unidos y sus súbditos locales, como las clases dominantes de Colombia, tienen claro que para asegurar la apropiación de los bienes comunes no basta con las “garantías jurídicas” que le vienen otorgando desde hace varias décadas diversos estados del continente, mediante la firma de Tratados de Libre Comercio. No, la garantía de que sigan fluyendo la energía y la materia hacia el centro imperialista es militar, y para ello, los Estados Unidos ha construido un sistema de bases militares en el planeta entero, en los territorios culturales de nuestro país y en el resto del continente en particular. La justificación ideológica de esa tupida red de bases militares estriba en sostener que el mundo está lleno de riesgos y peligros, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, y requiere anticiparse y prevenir las amenazas, y para ello nada mejor que militarizar los territorios de donde pueden provenir esos peligros, entre los cuales se encuentra Colombia y nuestra América. Pretextos aparte, la realidad es que ese sistema de bases representa una forma de intervención e injerencia, al tiempo que se constituye en un gran negocio para empresas, civiles y militares, de los Estados Unidos. Como lo ha dicho Chalmers Johnson, un crítico estadounidense del militarismo, expansivo y brutal, representado por su propio país. Nuestro ejército despliega más de medio millón de soldados, espías, técnicos, instructores, auxiliares y contratistas civiles en otros países. Para dominar los océanos y mares del mundo hemos puesto en funcionamiento aproximadamente trece destacamentos de fuerzas navales alrededor de portaaviones […] Nuestras instalaciones en el exterior proporcionan beneficios a las industrias civiles que diseñan y fabrican armas para nuestros ejércitos o, como la ahora bien publicitada compañía Kellogg, Brown & Root, una filial de Halliburton Corporation de Houston, que ha obtenido un contrato de servicios para construir y mantener nuestros más lejanos puestos avanzados. Una de las tareas de tales contratistas es el mantener a los miembros uniformados del Imperio alojados en dependencias confortables, bien alimentados, entretenidos, y facilitarles agradables y económicas instalaciones de vacaciones. Sectores enteros de la economía estadounidense han llegado a depender del ejército para sus ventas2 . La presencia militar directa o indirecta de los Estados Unidos en el mundo alcanza tal dimensión, que hasta sus propios estrategas hablan de que ella deja una “huella”, que se complementa con la necesidad de estar presente en el “arco de inestabilidad mundial”, que “va desde la región andina (léase: Colombia), atraviesa el Norte de África y desde allí recorre el Oriente Próximo hasta llegar a Filipinas e Indonesia. Por supuesto, coincide más o menos con lo que se acostumbra a denominar el Tercer Mundo- y, quizás no menos importante, cubre las reservas principales de petróleo del mundo”. Pues bien, este libro y las infografías que lo acompañan se encargan de concretar sobre el terreno la forma como se materializa la huella militar de los Estados Unidos en los territorios culturales que componen al continente y a este país. Eso es lo que se revela en el mapa sobre las bases militares de Estados Unidos. Pero también se recalcan los efectos de esa militarización de origen externo, con la militarización interna que se despliega en Colombia –como efecto de la doctrina del enemigo interno y los intereses estratégicos del bloque de poder contrainsurgente, aliado directo con los Estados Unidos–, como se muestra en el mapa de los batallones minero-energéticos desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, para resguardar los pozos de petróleo, los oleoductos, las refinerías, los socavones de minerales, etc., como forma de garantizar que sigan saliendo las materias primas hacia el mercado capitalista mundial.

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Se pretende con este esfuerzo presentar los resultados de una investigación que ha querido rebasar en forma positiva los límites del mundo académico, en cuanto al lenguaje utilizado y a la forma expositiva, en un enmarañado mundo en que los viejos y nuevos conquistadores se encubren con diversas máscaras, y entre ellas una insoportable cantidad de siglas que dificultan la comprensión y oscurecen la exposición. Pese a ello, nos toca remitirnos a esas siglas para desentrañar lo que se encuentra detrás y no se ve a primera vista, cubierto como está por la aureola de nombres rimbombantes, que aturden el entendimiento de cualquier persona. No ha quedado más remedio que asumir el reto, con el objetivo de mostrarle al lector las caras del nuevo y viejo imperialismo y colonialismo, que suele usar para referirse al saqueo del agua y la biodiversidad de sofismas sobre “protección ambiental”, “defensa de los ecosistemas”, “conservación de especies en vías de extinción” y mentiras de ese calibre. Al respecto, se trata de mostrar que tras un lenguaje tan especializado se encuentra la estrategia de apropiarse de nuestra riqueza natural, aunque eso no se diga en forma directa. Qué mejor que presentar al despojo encubierto con discursos proteccionistas, con lo cual se busca desmovilizar a las comunidades directamente afectadas por el imperialismo ecológico. La profusión de siglas no puede ocultar el saqueo de nuestros bienes comunes, por eso, para facilitar la lectura, al final de cada capítulo se anexa un listado de las siglas utilizadas. Al mismo tiempo, y para no fatigar al lector con un cúmulo interminable de citas a pie de página o, lo que es peor, con paréntesis cada dos o tres líneas (como lo exige el método APA), que nos obligarían a llenar las páginas con centenares de paréntesis, se ha optado por citar solamente las referencias correspondientes a las citas textuales. El resto de la información que se ha utilizado, a partir de la cual se sustenta cada una y todas las afirmaciones que se hacen en esta investigación, se referencian en la bibliografía que aparece al final del libro.

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El contenido de cada uno de los capítulos de este libro se complementa con uno o varios de los nueve mapas que se encuentran al final del mismo. Lo recomendable es que cada mapa sea desplegado en el momento en que se lee el capítulo al que corresponde, y como se indica dentro del texto. Esperamos que esta cartografía crítica se convierta en un instrumento de reflexión, análisis y propuestas para afrontar las nuevas formas de dominación que se han configurado en los últimos tiempos. Lo que se busca es entender las formas de despojo de la geopolítica contemporánea, apoyados en un valioso instrumento como lo es la cartografía en una perspectiva crítica, porque también se nos quiere despojar de la memoria y del uso de la cartografía para develar el dominio y la expoliación. Esto lo hacemos a partir de la sugerencia de Eduardo Galeano, cuando sostuvo: “A lo largo de los siglos, América Latina no sólo ha sufrido el despojo del oro y de la plata, del salitre y del caucho, del cobre y del petróleo: también ha sufrido la usurpación de la memoria. Desde temprano ha sido condenada a la amnesia por quienes le han impedido ser”. No sólo es la amnesia histórica sino geográfica, porque la apropiación y saqueo del territorio viene acompañada de la expropiación de los saberes que permitan comprender la magnitud del despojo territorial que está en marcha o también brindarnos una representación de la realidad en la que predominan las imágenes dominantes en las visiones oficiales, como sucede normalmente con los mapas. En efecto, como afirmó el cartógrafo inglés John Brian Harley, “Los mapas se utilizaron para legitimar la realidad de la conquista y el imperio. […] Al igual que las armas de fuego y los barcos de guerra, los mapas han sido armas del imperialismo”. Y él mismo hace unas preguntas que ayudan a entender nuestra reconstrucción cartográfica: “¿Hasta dónde están preparados los cartógrafos de todo tipo de escuelas para ser políticamente activos en cuanto la alteración bajo las que trazan los mapas? ¿Qué tanto les preocupa el mundo que describen?”. Y él proporciona una respuesta heterodoxa, que asumimos de principio a fin en este libro y sobre todo en las infografías que lo acompañan: “Si en verdad nos preocupan las consecuencias sociales de lo que pasa cuando hacemos un mapa, también podemos decir que la cartografía es demasiado importante para quedar totalmente en manos de los cartógrafos”.

 

Impresión y acabados: Impresol Ediciones Ltda www.impresolediciones.com Impreso en Colombia, 2016

Fuente: http://www.rebelion.org/docs/222491.pdf

 

 

En verdad, las comunidades en resistencia ya definen de qué debemos emanciparnos y cómo autoorganizarnos para concretar caminos hacia buenos vivires convivires.

 

 

a)“Alentamos a continuar profundizando y fortaleciendo toda expresión de lucha contra este sistema de opresión que nos condena a la esclavitud o al exterminio”.

 

Cushamen Pu Lof en resistencia - Comunicado público

2 de febrero de 2017

Ante los últimos hechos de represión sufridos responsabilizamos al Gobierno de Mario Das Neves y al Jefe de Policía de Chubut Juan Ale por todos los allanamientos e intentos de desalojos ilegales que hemos padecido desde el inicio de este proceso de recuperación territorial, los cuales han sido respaldados por una gran campaña mediática con la clara intencionalidad de estigmatizar la digna lucha del Pueblo Nación Mapuche avalando una escalada de violencia contra las comunidades que conforman el Pu Lof en Resistencia, llegando a militarizar la zona.

 

Martes 10 de enero, 6 am a 15 pm se mantuvieron cortados los ingresos en un radio de 20km sitiando la zona. Alrededor de las 7 am violentamente hizo ingreso gendarmería con más de 200 efectivos pertrechados con pistolas 9mm, escopetas, garrotes, escudos, drone, carro hidrante, policía montada de Trevelin, corredores, un helicóptero y un avión hidrante. En estas 10 hs que estuvo la zona liberada, recién pasado el mediodía procedieron a liberar las vías. Todo esto porque el gobierno provincial rompió una mesa de dialogo que buscaba concretar el paso de la maquinaria requerida por el Expreso Patagónico La Trochita.

En las más de 10hs que se mantuvo la zona liberada, dejándonos totalmente incomunicados y por la violenta forma en que procedieron sabemos que tuvieron todo el tiempo necesario para generar cualquier tipo de montaje en contra de la comunidad y quienes se encontraban defendiendo el territorio. En estas 10hs no existió ningún tipo de derechos humanos, tanto para hombres, mujeres y niños donde fuimos sometidos a tratos altamente racistas y degradantes. Llegando a golpear en la cabeza con una cachiporra a un pichiwentru de 6 años, esposar, arrastrar y aislar a una pichizomo de 11 años, sumado a amenazas, entre tantas otras cosas.

Miércoles 11 alrededor de las 20hs frena frente a la guardia de la lof una camioneta perteneciente a la policía de Chubut con personal de la infantería, los cuales comienzan a efectuar disparos hacia pu peñi ka pu lamgen ka pichikeche que se encontraban en el interior del campo. Luego de resguardar a los pichikeche, se hizo ejercicio de la legitima autodefensa del territorio, mientras se escuchaba a viva voz de quien comandaba a los uniformados "disparen, disparen hay que matar a uno". Luego de 15 minutos aproximadamente se logra expulsar a la infantería. En dicho enfrentamiento resultaron heridos varios comuneros con impacto de perdigones del pecho hacia arriba, dos de ellos con heridas de gravedad que por casualidad no les quita la vida.

 

Ante la evidente escalada de terrorismo de estado hacia los sectores más consecuentes del movimiento mapuche del Puel Mapu manifestamos:

 

KIÑE: Exigimos al gobierno de la provincia del Chubut del cual depende la policía e infantería, responsable de la ilegal represión del 11 de Enero, el inmediato resarcimiento a Fausto Jones Huala y Emilio Jones, heridos de gravedad, por las consecuencias actuales y futuras a causa de las heridas recibidas, quienes al día de la fecha se ven imposibilitados de trabajar por lo que no pueden lograr el sostén de su ámbito familiar.

 

EPU: Denunciamos públicamente el secuestro de los caballos de Pu Lof los cuales además de utilizarse para las tareas rurales son de vital importancia para la realización de las ceremonias, lo que genera un daño irreparable en nuestra espiritualidad, por lo que exigimos la inmediata liberación de los mismos en óptimas condiciones de salud. Además de los equinos también fue sustraída una vaca con sus dos terneros la cual se encontraba amamantando y que el día 22/ 01 murió de manera dudosa hecho que se nos fue informado recién el día 27/ 01, por tal motivo se exige el resarcimiento por su pérdida. Al momento de esta redacción no se ha permitido el ingreso del veterinario de la Asociación Protectora de Animales para verificar el estado real de salud de los mismos.

 

KULA: Denunciamos que como mapuches y miembros del Pu lof en resistencia del departamento de Cushamen, somos víctimas espionaje ilegal y de persecución político/ideológica ya que en varias oportunidades a miembros del lof se les ha negado el ingreso a Gulumapu (lo que hoy se conoce como Chile) por parte de la PDI por supuestos antecedentes negativos en Argentina, los que no han sido corroborados. Esto nos prohíbe el derecho al acceso a nuestra medicina ancestral (lahuen) la que se consigue a través del diagnóstico y tratamiento de Machi.

Ya es de público conocimiento que los dos estados son cómplices de esta persecución contra las comunidades, autoridades y dirigentes consecuentes con la reconstrucción integral del Ser Mapuche. Continuando con prácticas de contra insurgencia que se utilizaron en las dictaduras, sumando ahora el asesoramiento militar Israeli y Estadounidense para innovar en métodos represivos.
Así también será el avance en aquellas comunidades que se encuentran sobre zonas geográficas donde ellos ven recursos estratégicos para ser explotados tanto por grandes empresas nacionales como trasnacionales, que a su vez también tienen grandes intereses inmobiliarios. 
Queriendo aplastar cualquier intento de levantamiento contra la opresión histórica, pretendiendo concretar el exterminio de un pueblo que busca reconstruir su forma de vida milenaria, como alternativa al sistema de civilización impuesto por el mundo occidental.

MELI: Por lo anteriormente mencionado es que las comunidades exigimos la desmilitarización de todo el territorio mapuche, la destitución de todos los efectivos, oficiales y jefes a cargo de los operativos represivos que se vienen realizando.
Así mismo responsabilizamos a todos los funcionarios, jueces y fiscales racistas que incentivaron y ordenaron todas las desmedidas acciones ejecutadas hacia Pu Lof en Resistencia, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los peñi, lamgen. Pero son los pichikeche quienes demuestran claramente las secuelas por la brutalidad sufrida de parte de las instituciones del estado quienes irrumpen en la vida libre y pacifica que se vive en la comunidad.

 

Celebramos el levantamiento de todas las expresiones de lucha en todo el WallMapu, en especial de este lado de la cordillera. La solidaridad entre comunidades y movimientos sociales de diferentes zonas para con nuestro pueblo que se han venido desarrollando son fruto de la maduración política y espiritual enmarcada en el proceso de reconstrucción del pueblo mapuche.

 

Alentamos a continuar profundizando y fortaleciendo toda expresión de lucha contra este sistema de opresión que nos condena a la esclavitud o al exterminio.

 

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE
El control territorial es el ejercicio de nuestro derecho ancestral.
kiñe fucha newengeiñ meli witran mapumew!
Kalfukura ñi rupu mu kintulepaiñ taiñ awkarakizuam!

 

UAC

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Cushamen_Pu_Lof_en_resistencia_-_Comunicado_publico

 

 

b) “Invitamos a ser parte de este encuentro. Porque la Unión de Asambleas Ciudadanas cumple 10 años de existencia.  Y queremos seguir tejiendo ese otro mundo posible”.

 

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa

30 de noviembre de 2016

 

La Rioja, 8, 9, 10 y 11 de diciembre de 2016

En este momento sociopolítico y ambiental marcamos la cancha frente al despojo y la destrucción que está cometiendo el capitalismo y sus empresas multinacionales en complicidad de los gobiernos a lo largo de Nuestra América. 

La vida de nuestras comunidades está en manos de las luchas por los territorios.

La crisis mundial, se llama capitalismo. Se llama patriarcado. Se llama colonialismo. La crisis mundial es una crisis civilizatoria.

 

Hace 10 años, las comunidades tuvimos la urgencia de unir fuerzas y organizar las resistencias a nivel nacional y latinoamericano porque nos atravesaban fuertes conflictos socioambientales. Así nació la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en el año 2006, en clara oposición al modelo extractivo y defendiendo el territorio de la avanzada de la megaminería, el fracking, los agrotóxicos, la energía nuclear, las pasteras, los desmontes, el acaparamiento de acuíferos y humedales, la contaminación urbana, el descontrol inmobiliario y una larga lista de tantas otras formas de violencia sobre el ser humano y la naturaleza.

 

En la UAC participamos asambleas socioambientales, grupos vecinales autoconvocados, movimientos sociales y campesinos, ONGs, pueblos originarios, colectivos culturales, comunidades autónomas, medios de comunicación libres, cátedras abiertas, investigadores y centros de estudiantes y muchos otros en defensa de la vida y el territorio.

 

La UAC celebra sus encuentros dos veces al año en diferentes puntos del país. En esta oportunidad nos reuniremos en la ciudad de La Rioja para seguir resistiendo y dándole batalla al capitalismo. Para actuar en contra de los proyectos de muerte que nos quieren imponer los de arriba. Para enfrentar la criminalización y judicialización de l@s vecin@s de nuestras comunidades.

 

Luchamos desde la alegría y queremos celebrar porque la resistencia ha tenido muchos logros. Nuestras redes de asambleas han logrado frenar la muerte que quiere avanzar sobre nuestros territorios. Porque no somos indiferentes a lo que les pasa a nuestras comunidades vecinas y no tanto. Porque ya nadie puede hablar de megaminería, agronegocios, pasteras, desmontes como si nada pasará, sin saber de qué se trata ya que el daño es visible.

 

Sabemos del poder que genera la unión y por eso queremos expandir las redes con otras comunidades y organizaciones. Creemos en la horizontalidad y la autonomía y queremos seguir organizándonos. Porque podemos romper las lógicas dominantes, no creemos en los liderazgos ni en los partidos políticos. Pensamos y practicamos nuevas y creativas formas de habitar este planeta. Alternativas al modelo de producción y consumo insostenible impulsado por las corporaciones transnacionales y los malos gobiernos.

 

Invitamos a ser parte de este encuentro. Porque la Unión de Asambleas Ciudadanas cumple 10 años de existencia.  Y queremos seguir tejiendo ese otro mundo posible.

 

El encuentro se realizará en el Camping del Consejo Profesional de Abogados (ex Las Vegas) de Av. San Francisco Km 10 de La Quebrada, en La Rioja Capital, los días 8, 9, 10 y 11 de diciembre de 2016.

Asambleas anfitrionas:

Asamblea Riojana Capital,

Asamblea Ciudadanos por la Vida Chilecito,

Asamblea El Retamo de Nonogasta,

Asamblea Los Llanos x la vida,

Colectivo Sumaj Kausay de Catamarca.

CONTACTOS e INSCRIPCIONES:

Facebook: Asamblea Riojana Capital

Correo electrónico: asambleariojanacapital@gmail.com

Teléfonos: 380 4623554 – 380 4362740 – 380 4 520732

http://asambleasciudadanas.org.ar/2016/11/27-encuentro-union-de-asambleas-ciudadanas-la-rioja-8-9-10-y-11-de-diciembre-de-2016/

 

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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

 

UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación

prensa@asambleasciudadanas.org.ar

www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas

http://twitter.com/prensauac 

 

 

 

En la politiquería que nos rige sólo triunfan los partidos de estado por tener poder territorial y el PJ pesa sobre todo por su poder sindical. Ahora  en nuestra cotidianeidad (tanto urbana como rural) comprobamos cuán indispensable es recuperar o crear territorialidades para resolver problemas de vida o muerte. Sin embargo, esas relaciones sociales de autoorganización de la vida en común son, a la vez, de confrontación con el capitalismo. Por eso, es crucial desentramparnos de cuanto el kirchnerismo inculcó distanciándonos e incluso rechazando que: "hace más de una década, con un oleada de inversión de capital, proveniente del capital financiero-especulativo, que está capitalizando mucho las actividades extractivistas como la minería, el agronegocio, las plantaciones forestales, las mega represas, todas actividades que terminan en el desplazamiento de las comunidades rurales, tanto campesinas como indígenas y afrodescendientes. Entonces es un enfrentamiento territorial muy fuerte, muy grave en todos los países de América Latina".

 

 

 

Entrevista a Peter Rosset

 

“Transformar la lucha por la tierra en disputa por el territorio”

7 de diciembre de 2016

 

Por Franck Gaudichaud (Rebelión)  

 

Peter Rosset es investigador de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR - www.ecosur.mx) en Chiapas ( México) y también militante y miembro del equipo técnico de La Vía Campesina Internacional (https://viacampesina.org/es), donde acompaña los procesos de agroecología al nivel internacional. Pudimos conocerlo y compartir con él hace algunos meses atrás durante el 4to Seminario Internacional de Estudios Críticos de Desarrollo “Repensando el desarrollo en América Latina: Hacia un nuevo paradigma para el siglo 21” organizado por investigadores de la Universidad de Zacatecas (1). Nos pareció interesante volver con esta entrevista sobre algunos temas presentados por Peter en este seminario, en particular la dinámica de las luchas campesinas a la luz de una actualidad sociopolítica latino-americana tensa, movediza pero aun así llena de experiencias alternativas en construcción.   

 

FG: Peter, ¿cuál es el estado del movimiento sindical campesino, a nivel regional y latinoamericano?
PR
 
: En América Latina, estamos en una situación bien difícil, que se remonta hace más de una década, con un oleada de inversión de capital, proveniente del capital financiero-especulativo, que está capitalizando mucho las actividades extractivistas como la minería, el agronegocio, las plantaciones forestales, las mega represas, todas actividades que terminan en el desplazamiento de las comunidades rurales, tanto campesinas como indígenas y afrodescendientes. Entonces es un enfrentamiento territorial muy fuerte, muy grave en todos los países.

Y debido al desplome de burbujas especulativas en algunos países, como la burbuja inmobiliaria en EEUU, el capital financiero siempre está en búsqueda de nuevos lugares donde especular e invertir. Es así que, volvió a descubrir las riquezas del campo, y está generando un tremendo acaparamiento de tierras, e además incide mucho en los procesos políticos de los países. La novedad de los últimos años, es una alianza entre el capital financiero especulativo internacional, el capital extractivista multinacional como también nacional, y con grandes sectores dentro de los estados nacionales. Esto independientemente de si los gobiernos son aparentemente de “izquierda” o de “derecha”, y con un aspecto que lo hace aún más difícil de combatir, que es el papel conservador de los medios de comunicación masivos, con por ejemplo canales como Televisa en México o Rede Globo en Brasil. Estos medios corporativos llegan todo el día, desde la mañana hasta la noche, adentro de la casa de la gente, afectando su manera de percibir el mundo, de forma muy nociva.

 

Esta alianza está atacando a la democracia formal, con golpes de estado en América Latina, desde golpes violentos hasta los llamados golpes “blandos”, “parlamentarios”, “judiciarios”, etc., pasando por los golpes electorales que se logran con campañas mediáticas masivas. Tenemos Haití, Honduras, Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia (donde Evo fue derrotado en último el referendo), Venezuela (donde el gobierno perdió el control del parlamento), y Ecuador (donde Correa decide no volver a presentarse). Ahora no es que estos gobiernos hayan sido realmente buenos con los temas del campo y de la tierra, sin embargo la nueva derecha ascendiente, aliada al agronegocio, a la minería, al capital financiero, es una derecha violenta, que viene con una perspectiva de “caza de brujas” hacia los movimientos sociales, una súper criminalización de la luchas populares… Entonces podemos decir que se ha complicado muchísimo la situación. 

 

FG: ¿Cuáles son los grandes ejes de discusión y las respuestas concretas del sindicalismo campesino en este nuevo contexto?
PR : Hay una evolución en el pensamiento de las organizaciones campesinas e indígenas, organizaciones sindicales de jornaleros, de los pueblos sin tierra, etc. Que es que el capital tiene un enfoque territorial en donde busca (re)configurar los territorios para la minería, para el monocultivo, y que nosotros, desde los movimientos, tenemos que repensar nuestra lucha. Es un reto que se ha propuesto La Vía Campesina, transformar la lucha por la tierra en la lucha por el territorio, por lo tanto disputando los territorios al agronegocio y a la minería, y también defendiendo los territorios que aun están en nuestras manos. Una lucha por el territorio significa alianzas entre los sectores populares que habitan en esos lugares, entre indígenas y campesinos, afrodescendientes, pescadores artesanales, pastores nómadas, pueblos habitantes de los bosques, con una visión de conservar el territorio para la gente, y este es un desafío muy importante. ¿Y cómo vamos a hacer que nuestros territorios campesinos sean distintos de los territorios del agronegocio y de la minería? Esto significa un énfasis mucho más fuerte en la agroecología, en la recuperación de los saberes ancestrales y populares, en la construcción de la soberanía alimentaria a nivel local. Otra cosa, que es vieja para los movimientos indígenas pero nueva para los movimientos campesinos, es la idea de que debemos construir autonomías, por lo menos autonomías relativas, en estos territorios. 

 

FG: Hablas de una “reconfiguración” de las resistencias, es decir del paso desde la lucha de la tierra al territorio: ¿podrías darnos algunos ejemplos?
PR : Tenemos uno de los mejores ejemplos acá en México, que aunque no es de La Vía Campesina, es un movimiento muy querido, que es el movimiento zapatista en Chiapas. Creo que es uno de los mejores ejemplos de un proceso territorial de autonomía en el mundo entero. Tienen todos los ejes de la autonomía, desde el autogobierno hasta la administración de justicia, la salud, la producción (local, con métodos agroecológicos), el transporte, una tremenda formación de cuadros entre la juventud, las mujeres, todo esto de forma autónoma. Es realmente un ejemplo para toda América Latina, aunque sea a veces difícil de percibir porque hay una conspiración en los medios de comunicación, un veto total, un boicot de la información en relación a la construcción de la autonomía zapatista. 

 

FG: Otro movimiento emblemático de estas luchas que es el MST de Brasil (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra): ¿cómo ves la coyuntura actual para el MST?
PR : El MST está en una posición muy difícil, porque por un lado los gobiernos del PT (Partido dos Trabalhadores), en gran parte, no han cumplido con sus promesas, han hecho menos reforma agraria inclusive que el gobierno de Fernando Enrique Cardoso… Sin embargo, lo que viene después del golpe y la destitución ilegítima de Dilma Roussef es muchas veces peor que los gobiernos del PT. Así, un candidato de la derecha ha dicho que hay que dar un fusil a cada ciudadano para que mate a un campesino sin tierra: esta virulencia es terrible... Sin embargo, la postura del MST y ahora de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo ( CLOC/Vía Campesina: www.cloc-viacampesina.net), es que dada esta coyuntura, por un lado hay que defender la democracia (y no defender a un presidente especifico o a un partido), y por otro lado, los movimientos sociales debemos repensar la relación entre movimiento social, partido político, política electoral y Estado. Obviamente, según las diferencias y contexto de cada país. En ese momento a nivel continental, estamos sufriendo retrocesos duros, y tenemos que repensar la coyuntura a partir de ahí. Finalmente, los gobiernos progresistas resultaron no ser tan “progresistas”, y, al mismo tiempo, la derecha da mucho miedo, y entonces ¿Cuál es la respuesta correcta? De una ilusión de tomar el poder con el Estado, yo creo que estamos ahora en una creciente desilusión, y eso alimenta un nuevo énfasis en intentar construir desde abajo en los territorios y con las autonomías. 

 

FG ¿En Vía Campesina son ejes de trabajo esa problemática centrada en territorios y autonomías desde abajo?
PR : Yo creo que el documento más importante para ilustrar todo eso, es la “Declaración de Marabá” (2), que salió de la Conferencia Internacional por la Reforma Agraria que organizó La Vía Campesina en abril 2016, en Marabá, Brasil. Casi todo lo que he dicho hasta ahora está en esa declaración. 

 

FG: Desde el movimiento campesino y sindical del campo, ¿se piensan posibles alianzas con sindicatos de trabajadores urbanos ?
PR : Absolutamente, está muy presente en la agenda de La Vía Campesina. Y puedo dar un ejemplo concreto, que es en el estado de Rio Grande do Sul, donde todas las organizaciones de Vía Campesina, que son muchas en Brasil, lograron una relación con sindicatos urbanos, en las fábricas, donde existen comedores obreros en manos de los sindicatos obreros, y se conquistó una política pública que se llama el Plano Camponês, o “plan campesino,” donde hay recursos públicos para habilitar una relación de comercio directo entre las cooperativas campesinas y los comedores sindicales obreros, y también la venta de alimentos sanos para las familias de los obreros. Esto incluye créditos para la producción ecológica de las familias campesinas, para el transporte de los alimentos, toda una relación respaldada por el gobierno del estado. De hecho, habían logrado que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MDA), a través de mucha presión social, aceptara la posibilidad de hacer nacional una política pública similar, una política que habilita recursos para las relaciones campesino-obreras, pero en el primer día del golpe con el presidente interino de Brasil, Temer, desapareció todo el MDA: hizo un decreto de extinción del ministerio, así que no sabemos en que quedará todo eso ahora. 

 

FG: En relación al tema de la unidad y la solidaridad: ¿de qué forma se piensan las convergencias pero también las maneras de solucionar las tensiones o diferentes agendas existentes entre trabajadores del campo, jornaleros y comunidades indígenas?
PR: Creo que La Vía Campesina y la CLOC, constituyen un gran espacio de encuentro entre saberes y culturas, y yo diría que en la CLOC/Vía campesina tenemos por lo menos 3 ó 4 grandes culturas políticas, ideológicas, identitarias: la cultura indígena, la cultura campesina mestiza, y la cultura obrera, del trabajador rural jornalero, y podríamos añadir también la cultura afrodescendiente. Esas culturas se encuentran en este espacio, con ideas diferentes, y se genera un debate muy rico. Del encuentro de diferentes perspectivas surgen ideas emergentes muy importantes: por ejemplo, la reivindicación de la soberanía alimentaria surge de estos encuentros de culturas, experiencias e historias de lucha. 

1) La Jornada de Zacatecas publicó dos notas de presentación de este seminario: http://ljz.mx/2016/05/27/vision-del-desarrollo-zacatecas-esta-centrada-la-acumulacion-despojo y http://ljz.mx/2016/05/21/capitalismo-una-bestia-desajustada-destroza-al-planeta-investigador 

2) http://viacampesina.org/es/index.php/acciones-y-eventos-mainmenu-26/17-de-abril-dde-la-lucha-campesina-mainmenu-33/2625-conferencia-internacional-de-la-reforma-agraria-declaracion-de-maraba 

Transcripción: Rocío Gajardo Fica 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220103

 

 

En la lucha de Vía Campesina hallamos rumbos del internacionalismo revolucionario. Sostiene:

“Estamos en la primera línea de la disputa territorial y política contra esta alianza entre el capital financiero, el agronegocio, los Estados, los medios masivos, y otros.  Nuestras propuestas de soberanía alimentaria, reforma agraria popular, construcción de territorios agroecológicos de producción de alimentos y de agricultura campesina para enfriar el planeta, ofrecen soluciones y alternativas reales a los problemas generados por el sistema capitalista”.

 

 

17 de Abril: día de la lucha campesina

Conferencia Internacional de la Reforma Agraria: Declaración de Marabá
20 de abril de 2016

Declaración de Marabá - Descargar, aquí.

 

(…) ¿Por qué luchamos contra el agronegocio?

Las consecuencias de esta ofensiva del capital ponen en peligro la salud, la naturaleza, el clima, la biodiversidad, la vida rural, la Madre Tierra, y a nuestros pueblos y culturas. La destrucción del tejido social de nuestras comunidades, la migración masiva, el crecimiento desenfrenado de las periferias urbanas, la inseguridad, los agro-tóxicos, los transgénicos, la mala alimentación y la homogenización de los hábitos de consumo, el calentamiento global, la destrucción de los manglares, la acidificación del mar, el agotamiento de la pesca, son -entre muchos otros- síntomas de lo que está sucediendo.

La emergencia de esta nueva alianza entre el capital financiero, el agronegocio, los Estados, los medios masivos, y otros, y su capacidad de disputa tanto de los territorios como por los estados, hasta los estados “progresistas,” y por la opinión pública, nos ha obligado una vez más a un necesario proceso de reflexión y reformulación de conceptos, propuestas, proyectos alternativos, y estrategias, formas y prácticas de lucha.

 

Aquí en Brasil hemos visto como el capital financiero ha transformado al viejo enemigo de los campesinos y trabajadores sin tierra, el latifundio improductivo, en agronegocio capitalizado, en minería contaminante, en pesca y acuicultura industrial, y en un sector energético, todos ellos aparentemente “productivos”, aunque lo que más producen es miseria y devastación ambiental. Con esta transformación, el capitalismo ya no necesita una reforma agraria ‘clásica’ para elevar la producción. Esto imposibilita las alianzas del pasado a favor de la reforma agraria, entre los sin tierra y algunas fracciones del Estado que representan al capital productivo, dejando el tema de la reforma agraria directamente en el campo de la lucha de clases. A su vez, socava el argumento de la injusticia de mucha tierra en pocas manos frente a una masa de personas sin tierra, mientras legitima ante toda la sociedad -incluida la clase trabajadora, rural y urbana-, de la conveniencia en del proyecto de desarrollo del capital para el campo.

 

Cualquier resistencia que oponemos los pueblos es respondida con demonización mediática, persecución y criminalización de organizaciones, líderes/esas y luchadores/as sociales, represión, asesinato, desaparición forzada, encarcelamiento ilegítimo, detención administrativa, acoso sexual y violación. Hay una modificación de leyes para permitir cada vez más criminalización y, en muchos casos, una impunidad creciente y casi total.

Frente a este terrible panorama, los pueblos rurales y nuestras organizaciones, movimientos, alianzas y convergencias, son en este momento la principal esperanza que tiene la humanidad y el Planeta Tierra. Nosotros estamos en la primera línea de la disputa territorial y política contra esta alianza oscura.  Nuestras propuestas de soberanía alimentaria, reforma agraria popular, construcción de territorios agroecológicos de producción de alimentos y de agricultura campesina para enfriar el planeta, ofrecen soluciones y alternativas reales a los problemas generados por el sistema capitalista.

 

 ¿Qué defendemos y proponemos? Nuestra reforma agraria popular.

En  La Vía Campesina y la Campaña Global por la Reforma Agraria tenemos una historia de más de 20 años de lucha por la tierra y la defensa de la tierra y el territorio. En el año 2012, en Bukit Tinggi (Indonesia), hicimos un recuento de esta historia, y de cómo ha evolucionado nuestra lucha en respuesta a un mundo cambiante y a nuestras propias experiencias y diálogos acumulados. Pero en 2012 estábamos apenas percibiendo el alcance del capital financiero y su dominio sobre otras fracciones del capital.  Esto ha cambiado una vez más las reglas del juego, y cómo convocamos a la sociedad en relación al tema de los territorios rurales.

 

Ahora preguntamos: ¿Es mejor un campo sin campesinos, sin árboles, sin biodiversidad, de monocultivo y producción confinada de animales, de agro-tóxicos y transgénicos, que produce y exporta alimentos no saludables, que genera cambio climático y mina la capacidad de las comunidades para adaptarse a ello, con contaminación, enfermedades, y migración masiva a las ciudades? ¿o un campo compuesto por los territorios agroalimentarios de campesinos y campesinas, de pueblos indígenas, de agricultores familiares, pescadores artesanales y otros pueblos rurales, con vida digna, cosmovisiones y saberes diversos, árboles, biodiversidad, producción agroecológica de alimentos saludables, que enfría el planeta, que produce soberanía alimentaria y que cuida la Madre Tierra?

 

En este sentido, los compañeros y compañeras de Brasil nos han enseñado su propuesta de una Reforma Agraria Popular, una reforma agraria no sólo para los campesinos sin tierra, sino para la clase trabajadora y toda la sociedad. Un concepto de reforma agraria con agroecología, con un enfoque territorial, que sólo será conquistada a través de la lucha de clases y del enfrentamiento directo al proyecto del capital, a sus ganancias, a sus medios de comunicación concentrados y otros agentes nacionales e internacionales. Una reforma agraria para potenciar la agricultura, economía y territorios campesinos.

En el mismo sentido, en toda América, Asia, África, Europa y Medio Oriente, nuestras organizaciones, movimientos y convergencias están en la disputa territorial directa con el capital, con propuestas similares, basados en enfoques territoriales, en la convergencia entre nuestra diversidad, cosmovisiones, saberes populares y tradicionales, en la agroecología, pesca artesanal y pastoralismo tradicional, y en nuestros diversos modos y estrategias de vida. Las propuestas aunque similares, también son distintas según la naturaleza de nuestras diferentes realidades.

En donde está concentrada la tierra, luchamos por su redistribución, y en algunos países se habla de hacer una “revolución agraria.” En donde nuestros pueblos aún controlan sus tierras y territorios, luchamos por su defensa; en donde la tierra fue nacionalizada, y ahora es concesionada por los gobiernos a entes extranjeros, luchamos por su retorno a nuestras comunidades y derechos consuetudinarios. Los y las pescadores/as entre nosotros/as hablan de la lucha por los territorios de pesca artesanal. En Europa hemos retomado las ocupaciones de tierras y organizado luchas contra los cambios en el uso de la tierra, logrando visibilizar los problemas de acaparamiento y concentración. En Palestina luchamos contra la ocupación brutal de nuestro territorio y llamamos al boicot de los productos israelíes. Y en todos lados arde la lucha de la juventud por el acceso a la tierra y otros recursos.

Tenemos grandes victorias como la reforma agraria masiva -con recuperaciones populares de tierra- en Zimbabue, la ‘Educación del Campo’ en Brasil, las cancelaciones de concesiones mineras y para plantaciones masivas en algunos lugares de África, la permanencia de la reforma agraria cubana y su éxito agroecológico con el movimiento “de campesino a campesino,” etc.  También tenemos victorias parciales, pero alentadoras, como la promesa de una importante reforma agraria en Indonesia, para lo cual debemos movilizarnos y hacer cumplir sus promesas a nuestros gobiernos.

Organizamos nuestras luchas con la formación política y técnica-agroecológica de nuestros cuadros y bases.  Hemos construido escuelas de formación y escuelas campesinas de agroecología en todos los continentes. Hemos desarrollado alternativas educativas para nuestros hijos e hijas. Hemos aprendido de los pueblos originarios en nuestros movimientos que “la vida de los pueblos y la naturaleza son una sola”. Tenemos viejas y nuevas tácticas, como las ocupaciones y recuperaciones de tierras y territorios, la solidaridad, las caravanas -como las del Oeste de África y de Bangladesh-, los medios alternativos, el arte y la cultura, el feminismo campesino y popular, los valores humanistas, ambientales y socialistas, la movilización y creatividad de la juventud, nuevas alianzas campo-ciudad, las directrices de la FAO, la carta de derechos campesinos que hemos impulsado en la ONU, etc.

Tenemos que seguir ajustando e innovando tácticas, sobre todo teniendo en cuenta que el  enemigo modifica dinámicamente sus estrategias de disputa de nuestros territorios. Tenemos nuevos enfoques – como el enfoque territorial – y nuevas estrategias, como la construcción de espacios autónomos, la autonomía relativa y auto-abasto, y la masificación de la agroecología popular.

 

Nuestros Desafíos:

- Transformar la lucha por la tierra en la lucha por el territorio, junto con la construcción de un nuevo modelo productivo, para la soberanía alimentaria, profundizando una agroecología más “autónoma,” en base al rescate de saberes ancestrales y nuestros propios recursos e insumos locales.

- Organizar la lucha por las políticas públicas, tanto a favor de la producción campesina como por la salud, la educación, la cultura y el deporte en nuestras comunidades.

- Masificaremos la formación política e ideológica, mejoraremos el trabajo con nuestras bases, a fin de mejorar la organicidad interna y funcionamiento de nuestras organizaciones, fortaleciendo de manera creciente la participación y el liderazgo de mujeres y jóvenes.

- Enfrentaremos la demonización mediática, y la manera como los medios masivos promueven una cultura de consumo y un vaciamiento de contenido de los sistemas “democráticos”. Trabajaremos arduamente por construir nuestros propios medios de comunicación, que dialoguen tanto con nuestras bases como con la sociedad en su conjunto.

- Haremos frente de manera más efectiva a la criminalización, la represión, la militarización, y organizaremos la lucha internacional a favor de nuestros/as presos/as políticos/as. Organizaremos una jornada permanente de solidaridad, basado en el lema: “no damos lo que nos sobra, sino que compartimos lo que tenemos”.

- Continuaremos con nuestra tarea de construir alianzas de clase, sin dependencias, entre campo y ciudad, y entre productores y consumidores.

- Denunciamos y combatiremos a las leyes “anti-terroristas” y su aplicación contra nuestras luchas legítimas.

- Profundizaremos la solidaridad con las luchas de los pueblos Palestinos y Kurdos, y demás pueblos que sufren la escalada militar, y condenamos todo tipo de ocupación militar.

- Elaboraremos un análisis del papel que juega el narcotráfico, y el crimen organizado en general, en connivencia con el capital y los Estados Nacionales, en la desestabilización de nuestros territorios, para desarrollar estrategias más efectiva para entender y enfrentar esta realidad.

- Combatiremos la concentración empresarial en los distintos sectores de la economía y del sistema agro-pesca-alimentario/mediático/financiero, y los ataques frontales a la democracia. Crearemos  formas de lucha que generen pérdidas económicas al capital, a las multinacionales, a los bancos, etc.

- Construiremos convergencias y mayor unidad en base a objetivos comunes, respetando y rescatando la riqueza intrínseca de nuestra diversidad de actores (campesinos/as, trabajadores/as, pescadores/as, indígenas, pastores/as, pobladores/as urbanos/as, consumidores/as, etc.).

- Enfrentaremos cualquier surgimiento de fundamentalismos religiosos conservadores y de derechas, y combatiremos la oleada de leyes y tratados neoliberales y privatizadores.

- Repensaremos la relación entre nuestros movimientos populares, el Estado, los partidos políticos y los procesos electorales, de acuerdo con la historia y coyuntura distinta de cada país, combatiendo la erosión generalizada de los mecanismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

- Lucharemos contra el imperialismo norteamericano y, a la vez que reconocemos la importancia de la multipolaridad, alertamos sobre la necesidad de responder ante la emergencia de nuevos imperialismos, económicos, políticos,  y militares.

- Desde nuestras organizaciones buscaremos convergencias alrededor de proyectos populares alternativos de construcción y formulación colectiva, y además impulsaremos la mejora de la organización productiva y el cooperativismo. Fomentaremos la pequeña y mediana agroindustria para agregar valor a nuestros productos, y trabajaremos para conquistar más y mejores canales cortos y medianos de comercialización para la producción campesina.

- Lucharemos por abordar el tema del crédito: como conquistar más y mejores condiciones de crédito para el campesinado, y a la vez como producir sin crédito, o con menos crédito y menos deudas.

- Confrontaremos la tendencia institucional (Banco Mundial, FAO, academia, ONGs, etc.) de vaciar de contenido a conceptos como “reforma agraria” y “agroecología,” lanzando versiones “light” como “acceso a la tierra” y “alimento orgánico industrial” del monocultivo del “agro-negocio verde,” y la “responsabilidad social de las corporaciones”.

- Lucharemos para lograr mecanismos internacionales no solo “voluntarios,” sino vinculantes y sancionables.

-Frenaremos la aprobación y proliferación de nuevas tecnologías peligrosas, como las semillas “terminator” y la biología sintética.-Fortaleceremos la participación de las mujeres y jóvenes en todos los movimientos sociales. Implementaremos mecanismos para incrementar la permanencia de la juventud en el campo. Lucharemos contra el modelo patriarcal que impera bajo el sistema capitalista, y exigiremos  el pleno derecho de las mujeres campesinas e indígenas a  la tierra, agua y territorio.

- Realizaremos cada vez más luchas unificadas a nivel internacional para enfrentar nuestros enemigos comunes.

 

¡Defender la tierra y honrar la vida!

A 20 años de la masacre de El Dorado de Carajás, en el estado de Pará, este 17 de abril “Día de Internacional de las Luchas Campesinas”,  nos reencontramos con miles de hombres y mujeres que defienden el derecho a la vida, que luchan por conquistar una sociedad más justa, por los derechos de los pueblos a la tierra y el territorio, la promoción de la soberanía alimentaria y la producción agroecológica para erradicar la injusticia, el hambre y la pobreza.

 

¡Globalicemos la esperanza!

Campaña Global por la Reforma Agraria de La Vía Campesina

Delegados/as de 4 continentes del mundo unidos paraDefender la Tierra y Honrar la Vida.

Fuente: https://viacampesina.org/es/index.php/acciones-y-eventos-mainmenu-26/17-de-abril-dde-la-lucha-campesina-mainmenu-33/2625-conferencia-internacional-de-la-reforma-agraria-declaracion-de-maraba