Qué Estado

Marzo 2017

Sin conciliación con el poder económico e imperialista cuya impunidad garantizaron la dictadura y la ‘democracia’.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Indaguemos, abajo y a la izquierda, cómo se produce una subjetividad mayoritaria cuya indignación ante la injusticia se limita a una realidad coyuntural que instala el sistema  para su gobernabilidad. Esta última la garantizaba el bipartidismo hasta fines del año 2001 en que la crisis de representación es superada por Néstor y Cristina Kirchner mediante la restricción de la alternancia a la ultraderecha y a la derecha asociada a fuerzas sociales y políticas de izquierda. La segunda intérprete del capitalismo local, el kirchnerismo, toca fibras muy sentidas por los sectores populares y sus militancias pero infiltra creencias e ideas de conformismo consumidor con el sistema que ha perfeccionado su opresión represión durante la democracia desde 1983.

 

Subrayemos el capitalismo procura la creciente e incesante acumulación oligopólica de riquezas y poder mediante las desposesión y sobreexplotación tanto de los trabajadores como de la naturaleza. Guarda este orden de saqueo recurriendo a varias metodologías. Entre las que usaron los gobiernos K destacamos la organización paraestatal y subordinada a una líder en una provincia combativa y la opinión de Milagro que les dio dignidad a los desposeídos que ingresaron a su organización cuando la dignidad no es un regalo. Tampoco sirvió ni sirve para atender a las necesidades de "una región históricamente muy desfavorecida y marcada por la miseria, llevar a cabo la construcción de 6.000 viviendas".Apreciemos la manipulación del sentimiento antidiscriminatorio y el relato:

 

Milagro Sala presa por indígena, mujer y luchadora social
7 de febrero de 2017

Por Alex Anfruns (Investing’ Action

(…)La criminalización y persecución de Milagro Sala en la provincia de Jujuy es en realidad un ataque contra la organización Tupac Amaru, que desarrolló eficazmente un programa de ayudas a los más desfavorecidos a través del cooperativismo. En el contexto de la crisis económica en el 2001, la Tupac comenzó a organizar una exitosa campaña de distribución de comidas y desayunos, como la “copa de leche”.

Con la llegada de Néstor Kirchner, Milagro contó con el apoyo del gobierno, y la Tupac Amaru obtuvo subvenciones que fueron destinadas a la creación de cooperativas para la fabricación de material de construcción. De ese modo, la Tupac Amaru respondió a una necesidad social en una región históricamente muy desfavorecida y marcada por la miseria, llevando a cabo la construcción de 6.000 viviendas. No sólo fueron más de las que el gobierno de Jujuy construyó en mucho tiempo, sino que además se hizo a un coste menor. Y con los excedentes se pudieron construir otros equipamientos, como centros de salud, escuelas primarias e incluso una piscina.

Milagro Sala ha explicado en varias ocasiones que ella es el producto de los años del neoliberalismo, y que su acción social se origina en la miseria y sufrimiento que ella misma experimentó en su niñez, lo cual le hizo tomar la decisión de dedicar su vida enteramente a luchar contra la injusticia. Cuando el veredicto contra la Tupac fue dado a conocer a finales de diciembre, Milagro Sala declaró: “este fallo es una injusticia. Esta es la justicia de Gerardo Morales (gobernador de Jujuy). No me arrepiento, yo a los negros les dí dignidad”. (1)

Jujuy, laboratorio de la represión social

Cabe subrayar las irregularidades, violación de procedimientos y falta de garantías constitucionales que acompañan la detención y el proceso contra Milagro Sala. El 16 de enero de 2016, el juez Gutiérrez procedió a la detención de Milagro Sala en la causa abierta por el “acampe”. Sin embargo, la acusación de ser responsable por “acampar ilegalmente” se apoya en un “código contravencional” cuya aprobación al inicio de su mandato por el gobierno de Macri ha sido fuertemente denunciada por especialistas debido a su carácter anticonstitucional.

Para el diputado opositor Juan Manuel Esquivel, se trata de un “dispositivo pensado para controlar la protesta social”. Esquivel describe “una estrategia política que persigue la represión, la criminalización social y la atomización, inmovilizando a las organizaciones sociales”. (2) De ese modo se consigue hablar del “delito de la protesta” en lugar de la pobreza, la desocupación, etc. Esquivel destaca que ese contexto también ha servido para la puesta en marcha de una ley que permite descontar los días de huelga.

No sólo esa acusación es contraria al derecho a la protesta, sino que además no constituye un delito imputable a Milagro, quien no estaba presente en el lugar. Por otra parte, la actividad fue reivindicada por una organización que posee derechos como persona jurídica. Por esas razones, sólo 10 dias después, el juez Gutiérrez decidió ordenar su liberación.

Sin embargo, Milagro siguió en detención preventiva por la apertura de una segunda causa por delitos de “extorsión, asociación ilícita y defraudación de fondos”. Según el periodista Horacio Verbitsky, la aparición de testigos dudosos y el baile entre acusadores y acusados revelan una“pauta recurrente en la Jujuy de Morales”, y recuerda el caso destacable de la diputada Mabel Balconte, “procesada igual que Milagro Sala por asociación ilícita y defraudación, quien pagó su libertad y la de sus hijos acusando a Milagro Sala” (3)

Varios observadores han alertado sobre la parcialidad del juez Ustarez Carrillo, designado directamente por el gobernador de la provincia de Jujuy, del partido radical. Efectivamente, el gobernador Gerardo Morales, que tomó posesión de su cargo tras la llegada de Macri al poder, es un enemigo declarado de la dirigente de Tupac Amaru.

La solidaridad se organiza

El 18 agosto de 2016, 70 curas argentinos de la “Opción por los Pobres” denunciaron la detención de Milagro Sala mediante una huelga de hambre colectiva. (4) El 27 de octubre de 2016, el Grupo de Trabajo contra las detenciones arbitrarias de Naciones Unidas dirigió una carta al gobierno de Macri, exhortándole a actuar por “la liberación inmediata” de Milagro Sala. (5) Esta resolución permitió la liberación de seis miembros de Tupac Amaru que se encontraban detenidos por una de las numerosas causas abiertas.

La periodista Majo Malvarez, quien anima la campaña de solidaridad “Todxs somos Milagro”, denuncia que “el nivel de demonización de la figura de Milagro, de la Tupac Amaru, y de todos los dirigentes sociales por parte de la derecha política argentina y los medios dominantes es obscenamente desmesurado.”

Malvarez también explica que la campaña fue llamada así porque “si hay algo que caracteriza a los movimientos populares es la capacidad de sentir al otro en la piel propia. Por eso, mediante la saga que tiene como protagonista el rostro de Milagro Sala, exigimos su liberación e invitamos a que se sumen todos aquellos que valoren y cuiden la libertad, la igualdad y la democracia que tanto nos costó conseguir. No hay que naturalizar la prisión de Milagro ni la de sus compañeros y compañeras. Tampoco podemos dejar de reclamar la urgente libertad de Milagro, presa por colla, mujer, pobre, negra y dirigente popular.” (6) La iniciativa de Malvarez ya ha recorrido Argentina y otros países del mundo, como Suecia, Canadá, Francia, Nigeria, España, EEUU, Colombia, México, Brasil etc…

El proceso contra Milagro Sala se ha convertido en un símbolo del estado de descomposición moral del gobierno de Mauricio Macri y su regresión hacia los años oscuros del neoliberalismo.

Notas:

1. Milagro Sala debera pagar una multa por el acampe en Jujuy, El Litoral, 30/12/2016 

2. Juan Manuel Esquivel, debate sobre la criminalización de la protesta social, Facultad de ciencias sociales de San Salvador de Jujuy, 2 noviembre de 2016.

3. Horacio Verbitsky, Suicidio a golpes del estado de derecho, Pagina 12, 11/12/2016

4. Casi 70 curas en opción por los pobres se suman a la huelga de hambre por Milagro Sala, Política argentina.com, 17/8/2016.

5. La ONU le respondió a Morales y volvió a pedir la libertad de Milagro Sala, Perfil.com, 12/11/2016.

6. Entrevista con el autor, diciembre de 2016

http://www.investigaction.net/es/milagro-sala-presa-por-ser-indigena-mujer-y-luchadora-social/#sthash.IDibJROe.dpuf

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222636

 

 

Es bueno proceder a resistir la represión en Jujuy y a organizar la solidaridad pero recortar el presente del pasado reciente y de la dictadura genocida, resulta contribuir a la permanencia de la opresión que causa miseria y terror en la provincia. Se tendría que haber  hecho cuanto se hace por Milagro (que es únicamente para liberarla y todo siga igual) en apoyo al Centro de Acción Popular Olga Marquez de  Aredez que era asumir la memoria de l@s 30.000 atacando a los impunes de acumular riquezas y poder con terrorismo de estado y democracia de baja intensidad:

 

 

 

“Blaquier representa el genocidio del poder económico”
2 de octubre de 2012

 

Integrantes del Centro de Acción Popular Olga Marquez de Aredez estuvieron en Rosario, invitados por Ate Rosario, para impulsar actividades con el fin de visibilizar los juicios de lesa humanidad que suceden en Jujuy y la responsabilidad del Ingenio Ledesma y su presidente Pedro Blaquier en estas causas donde, entre otras, se investiga la desaparición de Luis Aredez. A su vez, denuncian la contaminación ambiental que provoca a través del bagazo, el principal complejo agroindustrial del país que concentra en Jujuy más de 150 mil hectáreas de tierra. Con ellos, estuvo enREDando.

 

Por María Cruz Ciarniello

 

 

I. Tierra, aire, nombres

Bagazosis, una enfermedad que perfora los pulmones. La caña de azúcar. El imperio Ledesma. Los Blaquier. Los Aredes. Olga y Luis.

Libertador General San Martín convertido en feudo. Paradojas de los nombres que llevan algunos lugares de nuestra tierra argentina.

Jujuy, aquella hermosa provincia del norte donde, además de quebradas y resistencias indígenas, la injusticia muestra la postal más descarnada de la concentración económica. Más de 150 mil hectáreas de tierra están en manos de una sola familia: Blaquier-Arrieta, y de ellas, sólo 25 mil son utilizadas para la producción de caña de azúcar.

 

II. Triángulo

15 -apenas 15- de esas 150 mil hectáreas fueron ocupadas, en julio de 2011, por 700 familias que no tenían un techo digno para vivir. Ante el incumplimiento durante más de 4 años del gobierno provincial -que había prometido expropiar parte de esa tierra para la construcción de viviendas-, la Corriente Clasista y Combativa realizó la toma en el Triángulo. El saldo: 4 personas asesinadas por la policía de la provincia tras una orden de desalojo dictada por el juez Sammar. “Además se vio a vigilantes de Ledesma marcando a la gente que ocupaba la tierra”, se detalla en el periódico de la Central de Trabajadores Argentinos del mes de agosto de 2012.

“Imagínese un huevo frito. La yema es el pueblo y la clara, es Ledesma. Todo lo que nos rodea es de ellos. Entonces, si la gente no tiene dónde vivir o se va o tiene que ocupar”, manifestó en ese entonces, la abogada Mariana Vargas en diálogo con lavaca. “Ledesma hace inteligencia y conoce a cada uno de los que reclama. Es como un Estado paralelo: funciona con su propia logística. Y ese Estado paralelo cuando lo necesita, hace trabajar al Estado formal para dejar en claro quién manda a quién. Esto fue una carnicería en nombre de la defensa de la propiedad privada”.

Según nota del periódico Miradas al Sur “el departamento de Libertador general San Martín es el segundo en tamaño en Jujuy. Tiene unos 3.200 kilómetros cuadrados de tierras. El 80 por ciento de ese territorio es de la familia Blaquier, dueña de Ledesma. “En los ’70 vivían en la zona unos 30 mil habitantes. Casi la mitad, unos 14 mil, trabajaban en Ledesma. Hoy en el departamento de Libertador viven unas 85 mil personas, y sólo unas 2.800 trabajan en el ingenio.” El saldo: una empresa que no ha dejado de crecer y un pueblo que no ha dejado de empobrecerse. “ (7/8/2011)

Dos meses después de los asesinatos, Ledesma cedió 40 hectáreas. El acuerdo fue firmado por referentes de la Corriente Clasista y Combativa y de la Municipalidad de Libertador. Según afirma la Central de Trabajadores Argentinos, hasta la fecha, los lotes no cuentan con los servicios básicos para vivir como la luz y el agua potable.

 

III El apagón y la marcha

Delitos de lesa humanidad que comienzan a ventilarse en el recinto de los Tribunales y, también, en las calles, el lugar donde la condena social a los genocidas –militares y civiles- de los años 70, se construye palmo a palmo. Así se comenzó a realizar la mítica Marcha del Apagón en la provincia de Jujuy. Esta marcha se realiza todos los años. Miles y miles de personas acompañan el paso firme de los familiares de los más de 40 desaparecidos del Departamento Ledesma de Jujuy. Continúan las huellas de la lucha que dejaron las Madres de Plaza de Mayo, entre ellas, Olga Aredez.

Es un reclamo de justicia por lo que sucedió en Libertador General San Martín en las madrugadas del 20 al 27 de julio de 1976, donde se secuestraron a más de 400 personas. “La usina de Libertador Gral. San Martín corta el suministro eléctrico en todo el departamento de Ledesma, mientras policías, gendarmes, militares y capataces de la empresa comienzan a allanar y saquear viviendas en los pueblos de Libertador, de Calilegua y El Talar. En vehículos de la empresa son trasladados más de cuatrocientos trabajadores, estudiantes, profesionales y hasta familias enteras a los galpones de mantenimiento del ingenio azucarero, donde permanecen días y meses atados y encapuchados. Tras la tortura e interrogatorios, varios son liberados, algunos son enviados a comisarías o cuarteles militares; otros aparecen en cárceles de distintas provincias. El apagón se repite tres noches después. Mediante los apagones del terror, con el secuestro y desaparición de activistas políticos, gremiales y sociales, la empresa reafirma su control y disponibilidad absoluta sobre personas e instituciones. Hoy contabilizamos 41 desaparecidos en el departamento Ledesma en Jujuy. Y se han denunciado 33 centros de tortura en la zona. Desde 1983 un pequeño grupo de madres comienzan las rondas de los jueves en la plaza de Libertador General San Martín, a pocas cuadras del acceso al ingenio Ledesma.” 

En ese entonces, ya era emblemática la figura del Dr. Luis Aredez, médico pediatra quien, durante la década del 60, inicia un proceso en defensa de la salud de los obreros azucareros que provocaría su despido de uno de los principales ingenios. Luis fue intendente de Libertador San Martin en 1973 y hasta 1976. Es destituído con el Golpe de estado, secuestrado y liberado un año después. Como intendente, impulsó una reforma legislativa para que el Ingenio Ledesma (el más grande del país) pagara los impuestos que debía y desde allí, también, denunció la contaminación que provoca el mayor complejo azucarero de Latinoamérica. Dice su hija, Adriana, en diálogo con el periódico de la CTA: “Por supuesto que mi padre sabía que los niños se morían de alergia. Mi mamá murió de bagazosis, por eso pedimos que no se consuman los productos de Ledesma.”

A Luis Aredes se lo llevaron por última vez el 13 de mayo de 1977 y desde entonces, está desaparecido.

Desde ese día, su esposa, Olga, y sus cuatro hijos, no se cansaron de exigir justicia. “Olga Aredez hasta el fin de su vida denunció el atropello empresario, la destrucción de las selvas, contaminación de los ríos con gran mortandad de peces por residuos de la fábrica de azúcar y papelera, apoyó el derecho a las tierras de las comunidades indígenas del NOA y la defensa de un ambiente sano y digno para los habitantes.”

 

IV. Olga contra todo

Olga fue una mujer inmensa. Sola, comenzó a rondar por la plaza de Libertador, el lugar donde Ledesma es dueña de casi todo. Sola, se decidió a denunciar una y otra vez, la contaminación que produce el Ingenio y que provoca bagazosis, la enfermedad que le ganó el 17 de marzo de 2005. “Lo que produce bagazosis no es la quema de la caña, sino la degradación de la celulosa que la hacen con un licor de hongos y bacterias. Eso por ley debe estar cubierto, pero está eternamente descubierto y todo el pueblo lo aspira. Los hongos y las bacterias se depositan en los pulmones que es un lugar húmedo y producen fibrosis pulmonar y cáncer y eso se llama bagazosis”, decía Adriana Aredez.

Pero Olga no murió sola. Esa marcha que inició con su pañuelo blanco fue multiplicada en miles. Acompañada cada año por las Madres de Plaza de Mayo, por más jóvenes, militantes, organizaciones sociales y de derechos humanos. Antes de morir, Olga presentó un recurso de amparo, junto al Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, contra Ledesma. “A fin de que se evite la contaminación producida por el bagazo de azúcar que afecta los derechos humanos a la salud y al medio ambiente de los vecinos de Libertador General San Martín”, en los Tribunales de Jujuy y al que oportunamente se le diera lugar. Este es el primer amparo ante la justicia jujeña, ya que hasta el momento ninguno de los habitantes de General San Martín se animaron a litigar contra la única fuente de trabajo de la zona.

Las montañas de bagazo se huelen a kilómetros de distancia. “Constantemente hay casos de contaminación, el principal es el bagazo, la pudredumbre de la caña con la que se hace el papel, esas son montañas gigantescas que cuando vas a Libertador, el olor es imponente, además de los líquidos que utilizan para blanquear el papel y también está el desvío de los ríos que se hicieron para que los cañaverales crezcan más rápido. Con respecto al método para hacer papel, ellos utilizan el peor método. Ellos usan cloro puro, eso lo fuimos denunciando. Hace poco hubo un juicio y la justicia fallo obligándolos a colocar un filtro en las chimeneas. Cuando llegas la impresión primera es el olor, y ver esas chimeneas es increíble. Y en la actualidad, esos filtros no están funcionando en absoluto”. Esto lo afirman integrantes de Capoma, una organización que nació en el 2005 con un único objetivo: denunciar lo que sucede en el feudo que controla la familia Blaquier en Jujuy.

 

 V. Olor a miedo

En Libertador San Martín, muchas veces, se huele el miedo

“Yo tengo conocimiento de que Blaquier llamó a toda la Comisión Directiva de la fábrica y a sus delegados amenazándolos para que ninguno viniera a la marcha porque iba a ver problemas. Han venido haciendo un trabajo de sembrar el terror, diciendo que al Ingenio lo van a vender. La respuesta creo que es más que contundente, el grueso de la gente es de acá lo que demuestra que más alla de esta campaña que afecta y mucho (…) hoy la gente igual se moviliza (…) señaló Nando Acosta, Secretario de Interior de la CTA, en la última marcha del Apagón, la caminata que une los kilómetros que separan Calilegua de Libertador San Martín. Todos los años, el último jueves del mes de julio, miles de personas vencen el terror impuesto en esta localidad. Salen a la calle, por la memoria de los desaparecidos, de Olga y Luis Aredez.

“Decidimos conformarnos como grupo para tener un lugar y que la lucha de Olga no se pierda y no sea en vano. Es la responsabilidad nuestra la de tener el pañuelo como símbolo de resistencia y lucha de las madres que recayó en nosotros porque asumimos un compromiso, seguir los pasos de Olga y de todas las madres de libertador general san martin que tienen los hijos desaparecidos”, explican los integrantes de Capoma, quien también hablan de “aprietes” a los trabajadores que son amenazados con el cierre de la fábrica . “Hay pueblos enteros donde no se puede hablar en contra de Ledesma”, advierten preocupados.

En Ledesma, se realizó un abrazo solidario al Ingenio en el mes de julio de 2011, a la que concurrieron vecinos de esta localidad, tal vez, como muestra más significativa del poder que concentra la empresa  en esta zona.

 

VI  Juicio

El 12 de julio comenzaron en Jujuy los juicios por lesa humanidad donde se están juzgando los crímenes y detenciones ilegales que se llevaron a cabo en toda la provincia. Uno de ellos involucra la causa donde se investiga la  detención y desaparición de Luis Aredez. En los testimonios de sus hijos se mencionó la complicidad del Ingenio Ledesma en los secuestros y desapariciones durante la noche del apagón. En esta causa está denunciada la participación de Carlos Pedro Blaquier dueño de Ledesma SAAI y Alberto Lemos, administrador de la empresa azucarera en el momento de la desaparición de Arédez.

En total, se reconstruye lo sucedido con 43 víctimas del terrorismo de estado en Jujuy y son juzgados los represores Luciano Benjamin Menéndez, Rafael Braga, Eduardo Bulgheroni y Antonio Vargas. Pedro Blaquier está imputado en dos causas. “En ambas se lo convoca por su –en términos legales– presunta participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y de tormentos. En el primero de los casos es por los secuestros y desapariciones de la Noche del Apagón, que se sucedieron entre el 20 y 27 de julio de 1976 en Ledesma, Calilegua y General San Martín, las tres localidades que entonces componían la zona de influencia del ingenio. La otra causa es la referida al ex intendente de General San Martín, Luis Arédez, secuestrado en mayo de 1977 y aún desaparecido.”

Desde Capoma, en diálogo con enREDando, amplian: “está implicado por violación de domicilio y ahora por una ampliación en la imputación por homicidio y secuestro y en la cual a raíz de eso la fiscalía pide la exención de prisión porque no es excarcelable, y el juez de instrucción aun no decidió. En esa causa, ya hubo una declaración indagatoria por la violación de domicilio que es cuando Blaquier declara por videoconferencia y en la cual todavía el juez de instrucción esta en plazo para ver si dicta o no dicta el procesamiento y si se decide por la prisión preventiva o no.”

Este juicio es fundamental. En principio, porque por primera vez, un empresario de la magnitud de Pedro Blaquier es imputado por causas de lesa humanidad. Para los familiares, significa una instancia muy importante. “Para nosotros es parte del camino recorrido, sabemos que esto no termina acá, porque también está el tema de la contaminación pero es una etapa importantísima, después de 36 años se hace justicia. Los familiares y los ex detenidos tuvieron un rol muy importante porque fueron ellos los que estuvieron buscando las pruebas, los testimonios, recordemos que Jujuy no es como Buenos Aires. En Jujuy hay una empresa que es un feudo, controlado por una familia que sigue oprimiendo a la población con el miedo”, dicen desde la organización que articula a numerosas personas en todo el país y que tiene como norte, la mirada de Olga Aredez.

“Por lo menos esto es un avance porque comienza a generarse el debate acerca del poder económico como ideólogo de la dictadura militar.”

Para tomar dimensión del poder de la empresa: el ingenio Ledesma creció y diversificó sus producciones en los años 70, donde empieza a transformase en un poderoso complejo agroindustrial. En 1970, después de 18 años de funciones ejecutivas, Carlos Pedro Blaquier asumió la presidencia de la empresa, la que ejerce hasta el presente. Durante su presidencia se incorporaron la fábrica de jugos concentrados, la planta de molienda húmeda de maíz, el negocio de gas y petróleo, la planta de cuadernos y repuestos escolares y comerciales, y la producción agropecuaria en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.

Ledesma es el primer productor de azúcar de la Argentina con 330.000 toneladas anuales, que es el 20% del país.

En 1982, Ledesma comenzó la molienda húmeda de maíz. Actualmente alcanza las 185.000 toneladas anuales.

Ledesma es el principal productor de papel obra para impresión y escritura del país, elabora 105.000 toneladas anuales de papel, aproximadamente el 40% de la producción nacional.

Además, produce alcohol, frutas y cereales.

Ledesma no es solo una gran empresa en Jujuy, afirma Capoma. “Es un monopolio”.

 

VIII Memoria

Capoma es la única Casa de la Memoria que funciona en la región del Noa. Allí, la comunidad puede encontrar documentación local, nacional e internacional, material de archivo que sintetizan el vínculo entre el terrorismo de Estado y el conglomerado industrial Ledesma. Además, cumplen “la función de nexo con las distintas organizaciones que deseen orientar, asesorar y ayudar a todas aquellas personas o grupos que sientan que sus derechos humanos están siendo vulnerados”.

Capoma nace, hace, construye.

Por eso, no dudan en continuar avanzando, en el recinto de los tribunales para juzgar a Blaquier. Afuera, en la calle, para seguir denunciando la contaminación silenciosa e impune del imperio Ledesma, “el más grande de Latinoamérica y el que peor le paga a los obreros”, según nos dicen.

 

IX Complicidades 

El poder político, judicial y la policía constituyen partes fundamentales del engranaje cómplice que rodea a Ledesma.

Así lo detallan los integrantes de Capoma: “Olivera Pastor fue uno de los jueces que cajoneó durante años la causa Ledesma. No quería que se llame así, sino causa Guerrero que fue uno de los centros clandestinos. Con este juez, nunca se conformaba un tribunal provincial en la provincia. Olivera Pastor tuvo que renunciar debido al fuerte empuje de las organizaciones sociales que el 24 de marzo salieron a pedir la renuncia de este juez. Esta es la impunidad que tiene Blaquier en el poder judicial. Carolina Perez Rojas es otra jueza que fue la que dio la orden para reprimir en el Triángulo el año pasado y es la misma jueza que le generó causas judiciales a obreros del ingenio cuando tomaron la planta en el ingenio la Esperanza. Y el abogado defensor de Blaquier, había sido entre los años 70 y 80, un juez de Jujuy. Habiendo sido un ex juez de la provincia, hoy es abogado de Blaquier. Esta es la vinculación que tiene el poder judicial. El juicio de contaminación que inició Olga Oredez, de los cuatro jueces, solo uno dijo que Ledesma contaminaba, fue Héctor Tizón que falleció hace poco.”

En la última marcha del apagón, Nando Acosta de la CTA, expresó: “es llamativo que donde hay caña de azúcar como en Jujuy, Salta y Tucumán no haya casos de bagazosis pero sí en Córdoba. Hay un convenio, un acuerdo entre las clínicas de derivarlos a Córdoba, donde no hay ingenios. Recién los vuelven a traer cuando les diagnostican cáncer.”

Desde Capoma advierten: “En una de las oficinas de la empresa, se encontraron los archivos de espionajes de compañeros que estuvieron en la marcha del 2005 que fue una de las más importantes, porque allí se esparcieron las cenizas de Olga en la plaza de Libertador. De esa marcha, se encontró una carpeta con nombre y apellido de personas que estuvieron, identificando sus movimientos, sus autos, etc. Es la impunidad del espionaje. Son pequeñas grandes cosas que no hay que olvidar porque Ledesma representa todo eso: la impunidad desde hace 100 años”.

Diario Pagina 12

Periodico Mu

Miradas al sur

www.contraledesma.org.ar

Agencia CTA (Periódico ACTA N° 89, Agosto de 2012)

Para contactarte con Capoma, conocer sus actividades o buscar información, ingresá a www.contraledesma.org.ar.

capoma_ddhh@yahoo.com.ar

Fuente: http://www.enredando.org.ar/2012/10/02/blaquier-representa-el-genocidio-del-poder-economico

 

 

Escuchamos hoy sobre las relaciones del gobierno de Macri con Blaquier pero es política de estado porque el de Cristina Fernández también está implicado en posibilitar esa conciliación de clases. En efecto:

 

 

Los negocios de Blaquier con el Gobierno, detrás de la ruptura de la UIA
10 de febrero de 2011

 

LaPolíticaOnline (LPO)

 

Ledesma fue el gran favorecido por el reparto de la cuota interna anual de bioetanol. Así, la firma de Blaquier junto a Tabacal y La Florida concentran alrededor del 60 por ciento de este mercado. Las opiniones en privado de Blaquier sobre el kirchnerismo y cómo se gestó la entrega del cupo. El empresario fue uno d elos grandes impulsores de la candidatura de Madanes que terminó fracturando a la UIA.

El gobierno nacional dio a conocer la distribución del cupo de abastecimiento de bioetanol destinado al mercado interno para ser mezclado con nafta durante el transcurso de 2011, según lo dispuso la resolución 1673/10 de la Secretaría de Energía.

 

 

Y como era de esperar para los conocedores del mercado azucarero que dialogaron con La Política Online, la empresa más beneficiada fue Bioledesma, integrante del Grupo agropecuario Ledesma, que pertenece al multimillonario Carlos Pedro Blaquier (83 años).

Es que, según lo determinó dicha resolución firmada por el secretario de Energía Daniel Cameron, la firma jujeña recibió un cupo de 48.996 metros cúbicos, una cifra superior al 20 por ciento del total de la cuota interna de unos 210.619 metros cúbicos. 

Las otras dos firmas mayormente favorecidas fueron Alconoa (Tabacal) con 39.500 metros cúbicos y Compañía Bioenergética La Florida con 39.000 metros cúbicos, que junto con Ledesma concentran el 60 por ciento del cupo 2011 de etanol. 

El 40 por ciento restante se distribuyó entre otras ocho empresas del sector azucarero, entre las cuales se cuentan, Bio San Isidro, Bionergía La Corona, Biotrinidad, Compañía Bioenergía Santa Rosa, Energías Ecológicas de Tucumán, Río Grande Energía, Biomadero, y Promaíz.

En este contexto, algunos empresarios del sector azucarero levantaron sus sospechas ante una supuesta discrecionalidad por parte de la Secretaría de Energía en la distribución del cupo de bioetanol 2011. 

Al parecer, según señalaron las fuentes consultadas, Blaquier mantiene aceitados contactos con funcionarios del Gobierno nacional, incluso con Guillermo Moreno, a quien llegó a elogiar en público.

Incluso, en privado y con los suyos, el dueño de Ledesma se manifiesta a favor de las políticas que implementa el kirchnerismo en lo que se refiere al apoyo brindado a la industria nacional (a pesar de no considerarse peronista). 

“Pocos gobiernos han defendido tanto a la industria nacional como éste y por esto vamos a seguir invirtiendo en la Argentina”, confió Blaquier en una de las últimas reuniones de directorio del Grupo Ledesma, según pudo saber LPO. 

 

El mercado azucarero

En la Argentina operan 23 ingenios azucareros ubicados en el norte del país, la mayoría concentrados en Tucumán que tiene 15 establecimientos dedicados a la producción de caña de azúcar.

Luego le siguen Jujuy -donde se encuentra Ledesma- con tres plantas; Salta, con dos; Santa Fe con otras dos; y Misiones, con un establecimiento ubicado en el sur de la provincia cerca de Apóstoles.

Las 23 empresas están nucleadas en el Centro Azucarero Argentino (CAA), fundado en 1894 y que actualmente preside Fernando Nebbia.

La interna de la UIA

Con el correr de las semanas empezaron a trasceder detalles de la irrupción del dueño de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, en la interna de la UIA reclamando elecciones internas, que terminó provocando la renuncia de Héctor Méndez y un profundo enfrentamiento entre los dos sectores mayoritarios, las listas “Industriales” y “Celeste y Blanca”.

Fuentes de la entidad, confirmaron a LPO que uno de los principales promotores d ela irrupción de Madanes fue Blaquier, que sumó al titular de Fiat, Cristiano Rattazzi a la embestida. Es que todos integran sectores de la economía muy favorecidos por la política kirchnerista y temen que una UIA comandada por Techint los lleve a una confrontación con el Gobierno perjudicial para sus intereses.

Es que ahora le tocaba a Industriales poner al presidente de la UIA y este sector lo lidera la siderúrgica de la familia Rocca. Si bien las fuentes agregaron es que hasta ahora no hay evidencias de que el gobierno haya estado detrás de la movida de Blaquier, Madanes y Ratazzi, todos coinciden en la UIA que el dueño de Ledesma se cansó del estilo autoritario de Rocca: “Se cree el Papa y que todos tienen que ir a besarle el anillo”.
 

Blaquier que lidera el sector “Celeste y Blanca” no entiende porque tiene que arriesgar su relación con el Gobierno por un capricho de Rocca. De hecho, se mano derecha Federico Nicholson, acompañó a Cristina en la visita a Doha, a pesar de que intentaba tranquilizara Industriales afirmando que ellos iban a cumplir con el pacto y votarían a quien propongan para la presidencia de la UIA.

De todas maneras, se comenta que en este caso, Blaquier no tuvo que realizar demasiadas gestiones para que
el gobierno lo favoreciera dado que la distribución del cupo ya estaba pactado tiempo atrás cuando el Gobierno decidió implementar la política de mezclar nafta con etanol.
 

De hecho, en la entrega del anterior cupo correspondiente al año 2010, Ledesma recibió un total de 49.000 metros cúbicos sobre un total de 180.400 entregados a las empresas (el otro favorecido fue Tabacal con 36.000 metros cúbicos).

En esta oportunidad, solamente un grupo de emisarios del empresario se encargaron de comunicarse días atrás con funcionarios nacionales para terminar de cerrar el número final de cuota interna que le pertenecería a Ledesma. 

Fuente: http://www.lapoliticaonline.com/nota/50090/

 

 

Observemos que la política de estado para garantizar y promover la expansión de la oligarquía diversificada al que pertenece Blaquier tiene éxito por incorporarse al sistema capitalista mundializado. En ese camino de la acumulación oligopólica de riquezas y poder se da el boom de los agrocombustibles  que va contra la producción de alimentos o sea genera miseria y hambre.

 

 

El poder corporativo: los agrocombustibles y la expansión de las agroindustrias
26 de octubre de 2007 | Biodiversidad - Oct 2007

 

GRAIN

En los últimos años, el interés de las empresas por los agrocombustibles ha pasado de un trote suave a una estampida a toda velocidad. Para los grupos empresariales y los políticos, los agrocombustibles ciertamente son una de las formas de energía “renovable” más potables porque encajan fácilmente en la economía imperante basada en el petróleo. Pero también ofrecen oportunidades de lucro que los promotores del nuevo esquema de los negocios “ecológicos” captaron muy rápido. Cuantiosas cantidades de dinero se vuelcan ahora en todo el mundo a proyectos de agrocombustibles—con consecuencias trascendentes.

La ola de inversiones en agrocombustibles está replanteando el agronegocio mismo. Hay nuevos y poderosos actores que convergen en el sector. Las empresas de cosméticos están vendiendo biodiésel. Grandes petroleras compran plantaciones. Especuladores de Wall Street firman acuerdos con barones feudales del azúcar. Todo el caudal de dinero que circula por el mundo reorganiza e intensifica las estructuras transnacionales, vinculando a la más brutal clase terrateniente del Sur con las más poderosas empresas del Norte.

Este documento analiza la expansión de las inversiones empresariales en agrocombustibles y el control que asumen sobre ellos. Brinda un panorama de quiénes están invirtiendo en agrocombustibles y adónde va el dinero. Busca esclarecer los modos en que las empresas transnacionales promueven las “ventajas ambientales” y los “beneficios económicos” que dejarían a los agricultores, absorbiendo en sus estrategias de lucro el desarrollo de estos combustibles como si fueran alternativos.

 

Quién pone el dinero para agrocombustibles

¿Es una tendencia, una burbuja o una reconfiguración estructural? Es difícil decirlo a esta altura. Calificarla de inundación es tal vez la forma más apropiada de describir el incremento de inversiones en agrocombustibles ocurrido en los últimos años. Difícilmente pasa un día sin que en algún lado se dé la noticia de que se echó a andar una nueva refinería millonaria de agrocombustible. ¿Quién está invirtiendo en esta nueva articulación?

Como cabría suponer, los grandes de los agronegocios son uno de los principales respaldos. Compañías de materias primas agrícolas como Archer Daniels Midland (ADM), Noble y Cargill realizan ya fuertes inversiones. También las compañías que se especializan en el comercio del azúcar, el aceite de palma y, en menor medida, la forestación.

También está el dinero del sector energético. Grandes compañías petroleras como British Petroleum (BP) y Mitsui están realizando inversiones sustanciales. También lo hacen las compañías petroleras más directamente vinculadas a las agendas de sus gobiernos en materia de agrocombustibles, como es el caso de Petrobrás de Brasil y PetroChina, y empresas más pequeñas como pt Medco de Indonesia y la Compañía Nacional de Petróleo de Filipinas.

Pero tal vez la más agresiva fuente de inversiones en agrocombustibles provenga del mundo de las finanzas. Varias de las casas más poderosas e importantes del capital globalizado se han trepado al juego de los agrocombustibles. El financiamiento proviene de bancos tales como Rabobank, Barclays y Société Générale, y de fondos de capital como Morgan Stanley y Goldman Sachs, especializados en compras de empresas y que pueden transferir rápidamente miles de millones de dólares de una parte a otra del mundo.

Además, están los multimillonarios: George Soros, el gurú de los fondos de cobertura, es dueño de operaciones en el rubro etanol/agronegocios en Brasil; Bill Gates posee una de las empresas productoras de etanol más grandes de Estados Unidos; Vinod Khosla, famoso en Google, es un importante inversionista en una gama de negocios dentro del rubro de producción y tecnología de agrocombustibles; y el dueño del Grupo Virgin y ahora Virgin Fuels, Sir Richard Branson, tiene una abultada cartera de inversiones en agrocombustibles. Estos titanes de la globalización no solamente aportan sus cuantiosas fortunas a la fiebre de oro de los agrocombustibles, sino también su fuerte peso político.

 

 Por supuesto, detrás de todo esto, reduciéndoles los riesgos a los grandes “especuladores” del mundo, están los gobiernos y los organismos internacionales de préstamo, tales como el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regionales. Los miles de millones que ofrecen a través de subvenciones directas, exenciones impositivas, construcción pública de rutas de transporte, sistemas de comercialización de carbono y préstamos blandos son lo que hace económicamente viable el negocio de los agrocombustibles.

 

Adónde va el dinero

El negocio va a estar en la producción del cultivo” Nancy DeVore, Bunge Global Agribusiness.

Ciertamente hay una conexión entre la efervescencia de los agrocombustibles y el salto en los precios del petróleo que comenzó hace un par de años. Pero un aumento del precio del crudo no termina de explicar el tipo de inversiones a largo plazo que los grandes jugadores están realizando actualmente en agrocombustibles. El precio del petróleo, aun en el caso de que las reservas mundiales estuvieran mermando, está determinado todavía por la especulación, que tiene una relación muy suelta con la oferta y la demanda. Con la misma rapidez que puede aumentar el precio del petróleo, también puede caer, liquidando en el proceso a los productores de agrocombustibles. Esto es precisamente lo que le ocurrió a la industria del etanol en la década de 1980.

La característica actual del mercado de los agrocombustibles no es tanto el precio del petróleo sino el nivel de respaldo de los gobiernos. Por una serie de razones políticas, sin duda relacionadas con el creciente interés de las empresas en combustibles “renovables”, los gobiernos de los principales países consumidores de petróleo han dispuesto o están en vías de dictaminar que el combustible para transporte contenga porcentajes mínimos de etanol y biodiésel. En conjunto, las subvenciones y esta demanda garantizada sientan las bases de un gran mercado cautivo para las corporaciones de agrocombustibles.

Aun así, la viabilidad de los agrocombustibles sigue en duda, y sus ganancias todavía están a merced de otra variable importante —el precio de la materia prima, del vegetal utilizado para producir el agrocombustible.

Los costos de producción de un cultivo pueden viabilizar o frustrar una operación de agrocombustibles, y no es fácil para un productor controlar el precio porque la industria de los agrocombustibles está siempre en competencia con otros mercados, especialmente el de alimentos, que depende de los mismos cultivos o de las mismas tierras. En efecto, el éxito de los agrocombustibles —manifestado en su creciente utilización— provoca un aumento en los precios de los cultivos al convertirlos en materia prima y reduce las existencias. Y un aumento en los precios puede ser letal porque las compañías de agrocombustibles tienen pocas opciones de transferir los costos.

La forma más segura de resolver este dilema es que las compañías de agrocombustibles controlen la producción y la oferta de sus propias materia prima. Es por esto que actualmente la mayoría de las fábricas de agrocombustibles se construyen con inversiones simultáneas en la producción de cultivos. Hay una tendencia clara a la formación de redes transnacionales en pos de agrocombustibles, totalmente integradas, que juntan todo, desde las semillas al flete.

Aquí las corporaciones agroindustriales, con sus cadenas mundiales de mercancías agrícolas estructuradas, tienen una ventaja sobre sus competidores. En el futuro cercano, los insumos producidos en cantidades suficientes como para abastecer las operaciones de agrocombustibles en gran escala serán cultivos —soja, maíz, palma aceitera y azúcar— cuya producción y comercio están dominados por un pequeño número de empresas transnacionales. No causa sorpresa, pues, que gran parte del dinero invertido en los agrocombustibles provenga de estas empresas o se canalice a través de ellas. Los agrocombustibles, pues, traen consigo un doble dividendo para las grandes corporaciones agroindustriales: hacen dinero no solamente con la producción y venta de agrocombustibles sino también a través del auge mundial de los productos básicos que esta nueva fuente de producción ayuda a generar (ver el capítulo “El nexo palma aceiterabiodiésel”).

Sin embargo, hay algunos límites a cuán profunda y rápidamente podrán avanzar las grandes agroempresas con su inversión en los agrocombustibles. Cargill, por ejemplo, ha declarado abiertamente su preferencia por invertir en los canales de alimentación humana y animal, llegado el momento. ¿Para qué quedar atado con la venta de soja a los productores de agrocombustibles cuando es posible ganar más dinero convirtiéndola en aceite comestible? [1] adm puede ser el mayor productor de etanol del mundo, pero su negocio principal sigue siendo la conversión de maíz en alimento animal o en almíbar de maíz con alto contenido de fructosa para compañías como CocaCola y Pepsi, y no querría que el aumento de precios del maíz pusiera en riesgo esos mercados. [2] Esas grandes agroempresas están felices de vender agrocombustibles, pero únicamente bajo su cuidadosa coordinación y control, sin perder su preciada flexibilidad y los tradicionales canales de ganancias. [3]

Como consecuencia de esto, el dinero excedentario destinado a los agrocombustibles que no es absorbido por las grandes agroempresas se desvía a la creación de redes transnacionales alternativas de productos básicos con sus propias cadenas de producción y oferta de materia prima. Este aumento de la inversión especulativa está generando una oleada de nuevas alianzas y agrupamientos comerciales, que reúnen a compañías financieras, empresas fleteras, intermediarios y productores. En algunos casos, grandes fondos de inversión como el Grupo Carlyle, crean incluso sus propias redes de agronegocio y energía totalmente integradas (ver el cuadro “Wall Street se va al campo”).

 

Wall Street se va al campo

George Soros compró la compañía argentina Pecom Agribusiness en 2002, que le dio más de 100 mil hectáreas de tierras en Argentina para cría de ganado para cárnicos y lácteos, y producción de soja, maíz, trigo, arroz y girasol. [4] Luego, en 2004, la compañía de Soros, llamada ahora Adenco, se expandió en Brasil, comprando 27 mil hectáreas de tierra en los estados de Tocantins y Bahia, para la producción de algodón y café. En 2006, Adenco ingresó en una sociedad con la familia Vieira de Brasil, un clan cafetero de Minas Gerais, para establecer un enclave industrial con una capacidad productiva de un millón de toneladas anuales de caña de azúcar. La familia Vieira es accionista ahora de Adenco y maneja las operaciones del grupo en Brasil. El grupo continúa expandiéndose y se espera que pronto sus cuatro plantas de procesamiento de azúcar en Brasil muelan 12 millones de toneladas de caña de azúcar, convirtiendo gran parte de las mismas en etanol. Mientras tanto, en Estados Unidos, Soros anunció que su empresa construye una planta para la fabricación de etanol a partir del maíz, que procesará 50 millones de toneladas de maíz, y está considerando la instalación de fábricas similares en Argentina.

Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo no solamente tiene entre manos el financiamiento de muchas de las principales empresas en materia de agrocombustibles, sino que también es uno de los principales inversionistas en energía “renovable”, habiendo invertido ya más de mil millones de dólares, gran parte de ellos en agrocombustibles. [5] Es copropietario de Iogen, una empresa líder en la investigación de etanol celulósico, así como de las compañías de distribución de energía Kinder Morgan y Green Earth Fuels, que trabajan juntas en la instalación de una fábrica de biodiésel de más de 325 mil millones de litros y una terminal de almacenamiento en Texas con capacidad para 8 millones de barriles de biodiésel. Adentrándose aún más directamente en los agronegocios, en 2006 Goldman Sachs pasó a ser copropietario de las dos mayores compañías de carne de China, lo que convirtió al banco de inversiones en el mayor inversionista de China en este sector. [6]

 

Otras empresas están eludiendo las cadenas de productos básicos ya formadas y ubican la producción en zonas geográficas donde las agroempresas están menos presentes y donde los costos de producción son bajos. Varias empresas chinas concretaron acuerdos en Filipinas e Indonesia a principios de 2007 para convertir un millón de hectáreas en cada país a la producción de cultivos energéticos para exportación. [7] Los productores brasileños de etanol expanden la producción de caña azucarera al vecino Paraguay, donde se calcula que los costos de producción son incluso más bajos que en Brasil. De igual modo, Maple Corporation, una compañía de energía estadounidense, está estableciendo una plantación de caña de azúcar y una fábrica de etanol en Perú, para sacar ventaja de los bajos costos de producción del país así como de sus condiciones favorables de acceso a la exportación de etanol a Estados Unidos. [8]

Otra forma de eludir los problemas de la oferta es produciendo cultivos menos controlados por las grandes agroempresas. Tanto BP como Conoco Phillips han formalizado acuerdos con importantes procesadores de carne para abastecer con grasas animales la producción de biodiésel. [9] BP, junto con varias otras compañías, también trabaja con la jatropha como cultivo base, mientras que hay empresas chinas y sudcoreanas ocupadas en cerrar tratos en Nigeria e Indonesia para la producción en gran escala de mandioca.

Sin embargo, en el sector de la investigación, la mayoría del dinero se destina al etanol celulósico, la supuesta próxima generación de agrocombustibles. Mucha gente dentro de esta industria cree que pronto se descubrirán métodos económicamente viables para convertir la materia celulósica de las plantas en etanol, lo que abriría camino a la utilización en gran escala de la producción de cultivos para agrocombustible, tales como el pasto aguja (switchgrass) y los árboles, o al uso de toda la planta de la caña de azúcar y el maíz —cultivos que ya se utilizan para agrocombustibles— en vez de tan sólo la extrusión del fluido en la caña o el uso de la mazorca del maíz, como ocurre actualmente.

Quienes desarrollen y patenten esas tecnologías celulósicas obviamente ganarán un enorme grado de influencia dentro de la cadena de productos básicos para agrocombustibles, así que no causa sorpresa que las grandes petroleras canalicen estratégicamente sus inversiones a este sector o que compañías biotecnológicas como Monsanto busquen asegurar el monopolio de las semillas y los genes de promisorios cultivos de próxima generación, como la jatropha o el miscanthus. Ya hay unas pocas empresas, con grandes carteras de patentes y estrechas alianzas con importantes empresas de agrocombustibles, que dominan la investigación y el desarrollo de las enzimas necesarias para hacer viable el etanol celulósico.

Vientos políticos

Los agrocombustibles no tienen que ver solamente con los negocios, por supuesto. Son sumamente políticos y las empresas que controlan su producción forjan y siguen las cambiantes corrientes políticas. Si bien la mayoría de los gobiernos tiene una euforia general por los agrocombustibles, las políticas nacionales están influidas por las diferentes dinámicas que circulan entre los grupos industriales, los intereses geopolíticos y las políticas comerciales. Los gobiernos y las empresas de China, Corea del Sur y Japón están buscando otros países que produzcan y abastezcan de materias las primas. Brasil quiere abastecer al mundo de etanol y de las tecnologías asociadas y ha estado negociando paquetes con países de todos los continentes con tal finalidad. Estados Unidos y Europa ven los agrocombustibles como la respuesta a todo, desde el cambio climático a las crisis en el campo y los problemas con los Estados petroleros “truhanes”. El resultado es que se están concretando acuerdos en todos lados, definiendo dónde se producirán los agrocombustibles, por quiénes y para quiénes, y, quizás lo más importante, cómo se comercializan. No hay otro sector en que esto se torne tan visible como en la evolución del mercado mundial para el etanol de caña de azúcar (ver “El nexo caña de azúcar-etanol”).

¿Agroempresas ecológicas?: que no nos engañen

No hay nada nuevo en la agricultura destinada a la energía. La mayoría de las fincas rurales han producido siempre la energía que utilizan sus familias y animales para trabajar la tierra. La diferencia con los agrocombustibles, sin embargo, es que éstos convierten a la agricultura para energía en mercancía, que, como tal, está completamente integrada en los circuitos de la agroindustria y las finanzas transnacionales. La producción de agrocombustibles, por tanto, sigue los dictados de los administradores del dinero mundial, los directores de los bancos de inversión o las agroempresas, quienes presiden inmensas concentraciones de riqueza y quienes, en esta época de globalización neoliberal, pueden barajarlas y ubicarlas en el lugar que les genere mayores ganancias.

Debido al compromiso profundo y a largo plazo de los gobiernos, ahora hay mayor certeza de que los agrocombustibles serán rentables. De manera que el dinero grande entra a raudales, apurando a las agroindustrias y a su modelo de producción de exportación a moverse más rápida y drásticamente que nunca en su conquista de la agricultura mundial.

Un modelo claro de esta inversión en agrocombustibles es que el dinero se dirige cada vez más a la construcción de redes de agrocombustibles totalmente integradas, que implican la producción, el envío, el procesamiento y la distribución. También fluye hacia unos pocos centros de producción de bajo costo, especialmente Brasil para la caña de azúcar, Estados Unidos para el maíz e Indonesia para el aceite de palma, si bien también hay sumas importantes que se dirigen a países que firman acuerdos especiales con Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, o tienen un acceso comercial preferencial a esos países. La producción y el control de la oferta de cultivos son decisivos, y casi todos los nuevos proyectos de agrocombustibles conllevan ahora planes para instalar plantaciones de alta tecnología o acuerdos de siembra por contrato, a menudo manejados por las agroempresas locales y con frecuencia en tierras utilizadas para la producción de alimentos o tierras comunales de pastoreo y bosque.

Así, los proyectos de agrocombustibles dan lugar a nuevas alianzas o expanden las existentes entre los productores y los proveedores locales de cultivos y las empresas extranjeras. Lo típico es que los inversionistas extranjeros creen empresas conjuntas con compañías controladas por grandes familias terratenientes y con poder político, haciendo que esas familias controlen el sector de la producción. Los agrocombustibles profundizan, de esta forma, las relaciones entre el capital transnacional y las élites locales, con profundas consecuencias para las luchas por la tierra y la producción local de alimentos.

Con el tiempo, esta red de producción mundial y de rutas comerciales para la extracción y exportación de agrocombustibles quedará cada vez más férreamente controlada por empresas. La tecnología para la próxima generación de cultivos para biocombustible está en manos de unas pocas empresas y sus socios comerciales, quienes utilizarán patentes y otros derechos monopólicos para cerrar el paso a competidores y controlar el mercado.

Además, las empresas ya están comenzando a recurrir a marcas y normas como una forma de consolidar sus dividendos mercantiles. [10]

Nada de esto tiene algo que ver con impedir el cambio climático o incluso disminuir la dependencia del petróleo, como gusta argumentar el gobierno de Estados Unidos.

El aspecto fundamental de toda esta situación es que los agrocombustibles ofrecen a las empresas, los especuladores y los poderosos barones del agro otra oportunidad para hacer más dinero, vender más mercancías y consolidar su control sobre el planeta.(...) Leer

En consecuencia, abajo y a la izquierda, nos urge generalizar la percepción sobre la acumulación gran capitalista desde los setenta hasta hoy. Exige el incesante cuestionamiento a las miradas y lecturas conque los dos bandos intérpretes del capitalismo local nos inducen a actuar, por ejemplo, en contra del gobierno de turno y constituyendo unidades de acción sin perspectivas emancipatorias. Nos ubican en el presente o en el pasado reciente como realidades concretas pero desde visiones conformistas por desentendimiento de porqué confrontaban l@s 30.000 con el capitalismo e imperialismos. Hacia esa cerrazón mayoritaria a pensar en horizontes revolucionarios concurre la focalización en liberar a Milagro Sala como si fuese lo más intolerable de la situación límite de la actualidad. También converge el dejar de enfocar el papel fundamental de Milagro Sala en la conciliación con los opresores y en ir contra alternativas piqueteras como las de los MTD. Por ejemplo su freno a las luchas de vecinos autoconvocados y la unión de 33 comunidades indígenas contra la megaminería. Sobre todo consideremos su protagonismo en imposibilitar el resurgimiento de la organización sindical y multisectorial con potencial social de enfrentamiento a los poderes instituidos contra los pueblos. Analicemos la maduración política en Jujuy durante los noventa.

 

El cabildo ha abierto: El Frente de Gremios Estatales y

la caída de Ricardo de Aparici como gestación de la resistencia. 19871990

 

Por Mauro Berenagan

 

Trabajo y Sociedad Sociología del trabajo – Estudios culturales – Narrativas sociológicas y literarias NB - Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas (Caicyt-Conicet) Nº 27, Invierno 2016, Santiago del Estero, Argentina ISSN 1514-6871 - www.unse.edu.ar/trabajoysociedad

 

RESUMEN

A partir del año 1987 se dio en la provincia de Jujuy un proceso de lucha obrera y social que generó las bases organizativas de la resistencia de toda la década venidera. El Frente de Gremios Estatales, y en él la figura de Carlos “El Perro” Santillán, fueron la columna vertebral de un ciclo de protesta que vio transitar a ocho gobernadores en diez años. En este artículo abordamos el inicio de esta crisis orgánica, reconstruyendo con fuentes primarias y desde una mirada que retoma herramientas gramscianas de análisis, un hecho escasamente recuperado por los estudios históricos: el cabildo abierto de octubre de 1990. Acontecimiento multisectorial de impulso obrero y novedosas formas de lucha que, con más de veinticinco mil personas reunidas en el estadio La Tablada, logró la caída del gobernador Ricardo de Aparici, asumiendo tempranamente las características que marcaron la resistencia al ajuste neoliberal en todo el país.

Introducción

Como hace 180 años el gobierno provincial no tiene respaldo de nadie y ahora está aquí todo el pueblo jujeño para decirle que se vaya. Este artículo caminará por las sendas escasamente retransitadas del llamado cabildo abierto. Cosecha de una siembra iniciada tres años atrás, el cabildo fue un encuentro que reunió el 25 de octubre de 1990 en el céntrico estadio jujeño “La Tablada”, a más de veinticinco mil personas fruto de una amplísima articulación social, configurando un proceso novedoso de resistencia que logró quebrar desde los cimientos un gobierno cuyas políticas anunciaban ya la debacle neoliberal.

Las estructuras de articulación allí constituidas –como el Frente de Gremios Estatales o la Multisectorial-, los liderazgos de nuevo tipo –como el del “Perro” Santillán-, y las prefigurativas medidas de resistencia del movimiento obrero, en conjunto con otros sectores sociales, permanecerán incólumes durante toda la década venidera, configurando un quiebre en el pacto de gobernabilidad que hará desfilar por el espinoso sillón de Plaza Belgrano -por motivos diversos claro- a ocho gobernadores en nueve años. Creemos que la magnitud de estos hechos contrasta llamativamente con la escasa atención que ha suscitado tanto en los estudios históricos como en la memoria colectiva de los cuerpos militantes. Pero también con las vetas que dicho estudio puede abrir para repensar la configuración del proceso de resistencia que encontrará en el 19 y 20 de diciembre del 2001 su punto cúlmine, por confluir allí en el centro del poder. Resultado de la investigación llevada adelante para la tesis de Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, en este artículo nos proponemos entonces desarrollar tres objetivos referidos a dicho trabajo.

 

En primer lugar, y como objetivo central, exhibir una reconstrucción descriptiva de lo sucedido que, a riesgo de extendernos en el texto, ayude a allanar el camino de la memoria ante el vacío encontrado. Los antecedentes de investigación sobre el hecho son muy escasos2, por lo que la reconstrucción se basó fundamentalmente en tres tipos de fuentes primarias: periodísticas, con un seguimiento y digitalización de los diarios El Pregón y El Tribuno de Jujuy alojados en la Hemeroteca de la Biblioteca Provincial de Jujuy, documentales, abordando proclamas y declaraciones de las organizaciones involucradas, y orales a través de las entrevistas realizadas durante la investigación a su principales protagonistas. Respecto del recorte del objeto de estudio, es difícil hallar una fecha puntual que de inicio al camino que desembocará en La Tablada; tal vez no la haya, como en todos los procesos, pero encontramos una singular medida de protesta ocurrida el 4 de agosto de 1987 un puntapié inicial: el basurazo llevado adelante por los empleados municipales. Este ciclo de protesta3, iniciado ya en un marco inflacionario, no se detendría en los años subsiguientes. La provincia habría de vivir una aguda crisis fiscal producida por una doble vía: la reducción de los ingresos percibidos por coparticipación federal, y el aumento simultáneo y desmedido de la planta provincial estatal. Con el ajuste como único paradigma de gobierno para resolver la crisis, los caminos de la protesta estaban marcados.

 

En esta descripción abordaremos los condicionamientos que llevaron al gobierno provincial a insistir con vehemencia en el ajuste, atendiendo a la situación estructural provincial, a las alianzas del poder político, al derrumbe del apoyo partidario al joven gobernador, y a la relación entre provincia y nación, tanto en la dependencia económica como en los lineamientos políticos. Veremos también cómo, una vez producida la renuncia del gobernador, se configuró un estado de acefalía durante el cual algunos sectores de la policía llegaron a apoyar a los representantes del cabildo, enfrentándose entre sí. Mas una Casa de Gobierno absolutamente abandonada y con un grado de movilización en la población sin precedentes, no llevó a los voceros del proceso, al “núcleo duro del Frente”, a intentar ocupar ese estado acéfalo. Muy por el contrario, las negociaciones emprendidas con el vice gobernador, de la cual esta monumental muestra de fuerza y unidad obtendría tan sólo un cargo en la cartera de economía, generan aun hoy entredichos y sospechas entre los principales protagonistas del cabildo. La vuelta a la institucionalidad se daría entonces de un modo tan abrupto como el quiebre del pacto de gobernabilidad. El vice gobernador, Huascar Alderete, asumiría sus funciones una semana después de producido el cabildo, y los gremios movilizados acompañarían con el cese de las medidas de lucha y la vuelta a las mesas de diálogo; representando el corte final en el objeto de estudio de nuestra investigación.

Así, la problemática estará centrada no sólo en dilucidar las características centrales del cabildo abierto en cuanto a las políticas de gobierno que lo generaron, los reclamos esgrimidos, y las medidas de protesta adoptadas; sino también en comprender el alcance y los límites de un proceso que, con una articulación sin precedentes, derrotó al poder político y no buscó ocupar su lugar. El segundo objetivo del artículo será entonces abordar algunos lineamientos analíticos que den cuenta de estas problemáticas. (...).

Marcelo Gómez identifica tres niveles reivindicativos: uno estructural en cuanto al uso y reproducción de la fuerza de trabajo, el cual comprende a las reivindicaciones por estabilidad laboral, por salario y por condiciones de trabajo; uno corporativo en cuanto al desarrollo de las capacidades organizativas, es decir protección jurídica, eficacia y accionar de las instituciones sindicales, legitimidad, etc.; y uno político en cuanto a la potencialidad de las prácticas: la inclusión de demandas externas, reivindicaciones generales como la resistencia al modelo económico, etc. (Gómez, 1994: 48-49). La hipótesis del trabajo propone entonces que este proceso representa el inicio de una crisis de autoridad que se extendería por toda la década y que caracterizamos como fundante en sus medidas de lucha, formas de liderazgos y estructuras de articulación. Proceso que fue superando en el período abordado los niveles económicos-corporativos de clase para alcanzar la disputa política en el sentido antes dicho, consiguiendo una articulación y representatividad sin precedentes. Pero que finalmente no buscó construirse como alternativa hegemónica, como dirección política de la sociedad (volveremos más adelante sobre estos conceptos gramscianos); si no que una vez conseguido el objetivo de la caída del gobierno, la dirigencia pareció replegarse y negociar, y la bases los acompañaron. El freno a la disputa y la abrupta vuelta a la institucionalidad encuentran en nuestra investigación una multiplicidad de aspectos que en este artículo no podremos más que mencionar, centrados en el factor subjetivo de los sectores movilizados respecto de la toma del poder. Por último, como tercer objetivo y como perspectiva de análisis a futuro, nos proponemos ubicar el cabildo abierto en el proceso general de implementación del neoliberalismo en nuestro país, lo que nos llevará a relativizar ciertas cronologías dominantes en la temática.

La resistencia organizada al aluvión neoliberal parece colocar su piedra basal en el santiagueñazo. Encontramos sí estudios que se abocan a las formas organizativas y las medidas de acción en el marco de la vuelta de la democracia, analizando la gran cantidad de conflictos protagonizados por el movimiento obrero a partir de 1984; pero sabemos que estos asumieron unas características totalmente diferentes a las que tomarían a partir de las privatizaciones de las empresas estatales, los despidos, la precarización laboral, los ajustes sucesivos, las “relaciones carnales” y los cohetes estratosféricos de pasajeros a Japón. Una vez allí, la amplitud de las articulaciones sociales, devenidas en “puebladas”, las novedosas medidas de lucha, la reestructuración y realineamiento del movimiento obrero y la aparición del movimiento piquetero -entre otras características- serán la regla. Esto ha alimentado una visión según la cual los primeros pasos del plan privatizador se habrían efectuado con un relativo consenso social, en una “fase descendente de la lucha” (Carreras, 2001: 173).

Sin embargo cuatro provincias verían caer sus gobernadores entre 1990 y 1993. Creemos que el abordar el estudio de los procesos anteriores al santiagueñazo puede habilitar una relectura de la periodización de nuestra historia reciente y el rol que el movimiento obrero, en articulación con otros sectores sociales, adquirió ya en el alba del menemato.

La alfombra del cabildo abierto

Para arribar a una reconstrucción de los hechos abarcados en el recorte de estudio, es necesario previamente establecer algunos lineamientos generales que den cuenta de la “alfombra” del cabildo abierto; retrotraer a escena la coyuntura nacional y local -fundamentalmente en lo referido a los aspectos económicos y de conflicto obrero- que producirían la crisis. Ello nos será también de utilidad para la correcta ubicación del proceso en la cronología neoliberal.

Nivel nacional
Marcelo Lagos y Mirta Gutiérrez, en la extensa obra sobre la historia de Jujuy coordinada por Ana Teruel, entienden que “cuando una economía (regional) se encuentra integrada, como es el caso de Jujuy desde fines del siglo XIX, y tiene una ligazón financiera de los poderes centrales, sean estos de facto o democráticos, difícilmente pueda adoptar posturas propias o contrarias” (Lagos y Gutiérrez, 2006: 255).

Tomando esta perspectiva, valga recordar respecto de la coyuntura económica nacional, en su relación con el sistema productivo de la provincia, que en el anochecer de su gobierno los militares acrecentaron las exenciones impositivas a las grandes empresas, implementaron el cambio libre para las exportaciones agropecuarias y asumieron la deuda externa e interna del sector privado. Tres medidas que, como veremos, tuvieron repercusiones en la gran empresa oligopólica de la provincia: el Ingenio Ledesma. Estas políticas generaron un enorme déficit fiscal en la nación que superaría el 15%, con una reserva en el banco central que rozaba los 100 millones de dólares, y una inflación que alcanzaría el 180% en 1981, 311% en 1982 y 411% en 1983. Sumado a ello, ya en el umbral de la democracia institucional, los trabajadores organizados ejercieron una fuerte presión para la recuperación del salario real que, sólo en el primer año de dictadura, había caído un 32% (Peralta Ramos, 2007: 165). Así, la problemática económica de toda la década se hacía presente ya el primer día del gobierno radical: incremento de la deuda externa, déficit fiscal, crisis inflacionaria, presión salarial y puja económica entre distintas facciones del capital.

Es imposible, considerando la extensión de un artículo, realizar un repaso por cada uno de los proyectos económicos del alfonsinismo. Sin duda, son sustanciales las diferencias entre las políticas impulsadas por Bernardo Grinspun, calificadas por Julio César Neffa como “fuertemente intervencionistas y de tipo keynesiano” (1998: 285), y su sucesor en la cartera de economía, Juan Vital Sourrouille con la apertura a la inversión externa y el impulso a la exportación agrícola como banderas, así como su profundización en el Plan Primavera. De todas maneras, es de destacar que ninguno de estos proyectos lograrían ser impuestos por el ejecutivo. La puja económica y la puesta en jaque de la institucionalidad por élites del poder, así como la derrota electoral en las legislativas y la lucha obrera que veremos a continuación, lo impedirían. En cuanto a esta lucha, vemos que la coyuntura que inicia este período encontraría a un movimiento obrero desarticulado y a la defensiva. La dictadura había no solo diezmado a sus principales dirigentes mediante la tortura, le ejecución y el exilio, sino que, con el inicio de la implementación del modelo neoliberal, comenzaba a mostrarse obsoleta una estructura gremial nacida en el crecimiento industrial y el pleno empleo y, en sentido más amplio, en el modelo fordista-taylorista como forma de producción y dominación del capital. Completan este panorama el marcado y constante incremento del sector terciario en la economía como amparo de la expulsión de trabajo industrial, hecho que será primordial en la comprensión del objeto de estudio de esta investigación.

Por otra parte, algunos de los avances represivos sobre el movimiento obrero, más allá de representar el sector con mayor cantidad de desaparecidos durante el proceso militar, estarían dados por las intervenciones a los sindicatos con fuerzas militares, la derogación del derecho de huelga, los despidos masivos, y las medidas legales punitivas como la ley de prescindibilidad que permitía despidos por motivos ideológicos, la ley 21.400 de seguridad industrial que buscaba eliminar la “subversión fabril”, la suspensión de la ley de negociaciones colectivas, y la ley 21.476 que restringía las condiciones de trabajo obtenidas mediante convenios colectivos. Así, como sostiene Carlos Dasso (1985: 57), la situación defensiva del movimiento obrero en la década del 80 se manifestaría, en el plano político-institucional, en la búsqueda de la recuperación democrática de las organizaciones gremiales y de los derechos perdidos durante el proceso dictatorial; y, en el plano económico, en la oposición y resistencia al ajuste “modernizador” del Estado. Coincidiendo entonces con Dasso, reafirmamos que la desindustrialización, la caída del salario, el desempleo, la desarticulación organizativa sindical y la atomización política del movimiento obrero -que arrastraba la división primero de la central obrera y luego entre la comisión nacional de los 25 y las 62 organizaciones- constituyen rasgos históricos del debilitamiento social y político del poder sindical. (1985: 58).

Así caracterizada la situación obrera, vemos que la década estará de todas formas marcada por el conflicto social y la lucha trabajadora. El año 1984 registra 906 conflictos laborales (sumando sectores público, privado y mixto), de allí hasta 1989 la cantidad de luchas obreras irá decreciendo, pero siempre manteniendo un alto nivel de conflictividad cuya variación estará en íntima relación con los procesos inflacionarios y la implementación de los planes económicos Austral y Primavera (Bonanotte, 1994: 73-82). Si bien volveremos más adelante, valga señalar que estas premisas sobre los motivos inmediatos que producen la lucha obrera nos muestran que, a pesar de sus variaciones, nos encontramos en el nivel de disputa económico-reivindicativa recién descripto, el preservarse como clase a través del empleo, recuperando cierto nivel en las condiciones de vida. Así, durante toda la década, los conflictos quedarían en general aislados a nivel de fábrica, lo que por otro lado radicalizaba las medidas de acción. Las excepciones a esta sentencia sin duda existen, principalmente vinculadas al ubaldinismo y las huelgas generales de la CGT, pero creemos que la caracterización es válida en sí misma y más aun si se la compara con el período posterior.

Nivel provincial
En la década del 80 el Estado provincial atravesaría una enorme crisis fiscal que llevaría a un ajuste y atraso salarial creciente y permanente, dando impulso a las movilizaciones que culminarán en el cabildo abierto.5 Con una estructura latifundista centrada en los grandes ingenios azucareros que no aportaban al erario público sumas impositivas significativas, y una serie de industrias camino al desmantelamiento como Altos Hornos Zapla; la provincia dependía en demasía de los fondos de coparticipación de impuestos que el gobierno nacional iría reduciendo durante todo el período. De hecho Alfonsín promulgaría en 1988 una nueva ley de coparticipación federal (Ley 23.548) que, si bien en el porcentaje general -coparticipación primaria- otorgaba más recursos a las provincias, en el reparto por provincias -coparticipación secundaria- Jujuy se vería fuertemente perjudicada, alcanzando tan solo un 2.95% del reparto total. “Ni para defender lo suyo sirven estos” opina Carlos Aramayo durante la entrevista realizada en un bar frente a la casa de un encumbrado político local.

 A su vez, la dictadura militar como brazo gobernante del capital concentrado, había reducido la ya exigua suma de aportes del sector agro-azucarero a la provincia, amén de las razias con que había exterminado la organización obrera en su seno, siendo tristemente célebre el apagón de Ledesma del 27 de julio de 1976. Pero no sólo se recaudaba menos: ya desde la dictadura, el Estado comenzaba a funcionar como receptor de la mano de obra expulsada del sector privado. Para 1975 la planta total provincial entre permanentes y contratados era de 14.614 trabajadores. En 1983 se había incrementado a 19.455. Y en 1987 -transcurrida la gobernación de Carlos Snopek- a 27.658. Esta combinación de factores se tradujo en una fuerte caída del poder adquisitivo de los empleados estatales. El costo recaería sobre Ricardo de Aparici, pues este incorporaría -en el cenit de la fiebre clientelar- a 4.065 nuevos empleados a la planta permanente de la provincia en los tres primeros meses de 1988, al mismo tiempo que entraba en vigencia la nueva ley de coparticipación federal. Este sería el trasfondo económico de la debacle política.

Respecto del panorama político, si bien el alfonsinismo suscitaba entusiasmos y se imponía por sobre las pretensiones internas del posteriormente “célebre” Fernando de la Rúa, Jujuy es y ha sido siempre una provincia peronista, destacando además el hecho de que su dirigencia político-partidaria histórica se mantenía aun intacta: los pilares Carlos Snopek, Horacio Guzmán y José Martiarena, no eran los únicos cuya actividad arrastraba ya un curriculum de más de tres décadas. El primero de ellos, viejo conocido en la provincia como “el ingeniero” y máximo representante del peronismo local, lograría la victoria en las elecciones de octubre de 1983 con la fórmula Snopek-Cabana frente a Horacio Meyer, a quien no le alcanzó el oleaje radical a nivel nacional para llegar a la gobernación. De todas formas, el 21% alcanzado por Horacio Guzmán, caudillo del Movimiento Popular Jujeño (MPJ) -fundado por él mismo en 1964 bajo las alas de la UCRI- muestra que de haberse concretado una alianza entre ambas fuerzas como posteriormente se daría, el peronismo no hubiera podido alzarse con la gobernación. Mas las divisiones internas del peronismo a nivel nacional a partir del surgimiento de la renovación, repercutían fuertemente en el espacio local.

Las elecciones legislativas de 1985 encontrarían dos listas peronistas: el gobernante FREJULI (Frente Justicialista de Liberación) y el “Partido Celeste y Blanco” liderado por el joven (dato sobresaliente) Ricardo de Aparici, quien ya se inclinaba por la línea renovadora. Los resultados fueron: UCR 33%, FREJULI 23%, PCyB 18%. José Humberto Martiarena por su parte se mantenía como la ortodoxia peronista, con estrechas relaciones con Herminio Iglesias. Ante el avance de la renovación y el crecimiento electoral radical, Snopek -quien no podía aspirar a una reelección por la nueva reforma de la constitución provincial- buscaría un acercamiento con la nueva corriente. Así, las elecciones de septiembre de 1987 darían la victoria, facilitada por la división opositora, a Ricardo de Aparici acompañado por el “snopista” Huáscar Alderete. Contra todo pronóstico, en una fecha tan temprana, y con los tres dirigentes históricos de la provincia en actividad, un joven simpatizante de la renovación se alzaba con la gobernación. Pero se abría paso ya la última gran interna en la fuerza peronista: mientras que el nuevo oficialismo jujeño se inclinaba, como casi todos los gobernadores, por la renovación de Antonio Cafiero, Snopek, que mantenía la presidencia del Partido Justicialista, apoyaría abiertamente a Carlos Menem, y -electoralmente- no se equivocaría: la dupla Menem-Duhalde obtenía un sorpresivo triunfo materializado en la provincia en los 14.207 votos frente a los 8.341 del binomio Cafiero-De la Sota. Y tal resultado en el electorado jujeño no debe sorprendernos: habiendo jugado Menem -con gran habilidad- con la “poética” peronista, retrotrayendo a primera escena no sólo los símbolos históricos del movimiento -Evita, la marcha, el bombo, la lealtad, lo popular- frente a un peronismo “de saco y corbata”, sino también a aquellos que la tradición histórica liberal había denostado, el federalismo de las montoneras y, fundamentalmente, el caudillismo rosista; la simpatía de la última provincia del país se haría evidente. La dirigencia política provincial abrazaba a Carlos Menem, y este respondería iniciando todas sus campañas posteriores en la localidad de Perico, 40 Km. al sureste de la capital; el interior del interior.

Del Basurazo a La Tablada

La lucha obrera camino al cabildo. 1987-1990 Como punto de partida propusimos el año 1987, pues allí se produjeron una serie de conflictos que derivaron en la conformación del Frente de Gremios Estatales, estructura que mantendría su centralidad en la lucha del movimiento obrero en toda la década venidera. La lucha de los estatales se inscribía en los reclamos por una recomposición salarial, en el marco nacional y provincial ya descripto. Pero en términos específicos sería el pedido por una “ley de enganche” el que nuclearía los reclamos estatales. Surgida como propuesta del gremio de judiciales, la exigencia era la de “atar” la suba de salarios de todos los trabajadores judiciales a los aumentos de dietas de los jueces. Lo propio harían el resto de los gremios: trabajadores municipales con el jefe comunal, trabajadores del poder legislativo con los legisladores, etc.

Como señalan Kindgard y Gómez en su ponencia, la medida era exigida por cada gremio por separado a su interlocutor natural, pero irían confluyendo con el resto de los trabajadores tanto en un espacio físico -el ministerio de economía provincial- como en un reclamo particular (Kindgard y Gómez, 2005: ponencia). El seguimiento realizado a partir del diario Pregón entre mediados de Junio y mediados de Agosto muestra un ciclo constante: medida de acción directa de cada gremio por separado6, ofrecimiento del gobierno y proclamación de la solución del conflicto, rechazo gremial al ofrecimiento, nuevas medidas de acción y nuevo ofrecimiento. Este ciclo facilitaba el encuentro de los distintos gremios estatales: municipales, judiciales, trabajadores de la salud, viales, personal civil, agua potable, etc. Comenzando agosto, ya eran seis los gremios estatales que habían declarado la huelga, extendiendo el conflicto también al interior provincial. El 4 de agosto se convoca a una manifestación a Plaza Belgrano, sede de la casa de gobierno, la legislatura provincial, la central policial y la iglesia catedral. De esta importante movilización participan UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina) y APUAP (Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública).

Por su parte desde el SEOM (Sindicato de Empleados y Obreros Municipales) habrían de marchar primero hacia la municipalidad, luego a casa de gobierno, y por último transitarían por la zona central de la ciudad, desparramando la basura acumulada de varios días de paro por calles y veredas. El día pasaría a la historia como “el Basurazo”. “No la habíamos planificado con hacer el basurazo. La bronca de los compañeros hizo que empezaran a patear las bolsas de basura. Si uno se alejaba un poco y lo miraba, me decía un amigo mío que salía del trabajo, porque fue a la una de la tarde, parecía que venía una comparsa de carnaval tirando papel picado porque volaban las bolsas y era todo lo que caía, papel picado, serpentina… era basura (…).” (Entrevista Santillán: 2012)”. La reacción de la prensa ante la medida sería categórica: el diario Pregón titula el día 5 de agosto: “La ciudad con tonos de catástrofe” y en algunos apartados de la nota central puede leerse: “...los jujeños no han podido salir de su sorpresa y asombro durante la jornada de ayer, como observadores del estado catastrófico de la ‘Tacita de Plata’. Sepultada con la basura que, como señal de protesta, fue retirada de sus recipientes habituales y desparramada por las calles y aceras con un delirio incalificable…” (Diario Pregón, 05/08/1987). Como vemos, el foco de la noticia estaría puesto en aislar a los gremios, y especialmente al SEOM, del apoyo de la sociedad, presentándolos como una especie de “malón de Atila” que había saqueado la ciudad. Pero en una de las entrevistas realizadas durante la investigación a Carlos “el Perro” Santillán, quien durante este proceso se convertiría en el principal referente del movimiento obrero de la provincia y posteriormente en una figura nacional, señala: “Vilte (secretario general del SEOM) pronunció un discurso muy importante en la puerta del diario Pregón. En la gente en un comienzo quizá no impactó bien, pero el discurso fue importante y se comprendió. La gente seguiría apoyando (Entrevista Santillán: 2012)”.

La continuidad del conflicto parece darle la razón a Santillán. La marcha del día 5 de agosto convocaría a más de 5.000 personas según el mismo periódico, con delegaciones del interior y una importante muestra de unidad de los distintos gremios convocantes. Finalmente, el gobierno provincial enviaría un proyecto de ley denominado “Ley de autorización para fijar una política salarial provincial y reestructuración de la administración pública”, mediante la cual se autorizaban aumentos salariales que superaban el 30%, además de atender a reclamos puntuales de cada sector. Los distintos gremios aceptaron la oferta, pero explicitaron que la solución era parcial. Como vimos, el 6 de septiembre el ex legislador Ricardo De Aparici ganaría las elecciones a gobernador. Tan solo un mes después los legisladores provinciales aumentarían su sueldo en un 50% por unanimidad, sobre tablas y sin enganche alguno. Las promesas del gobernador durante su campaña electoral no duraron siquiera lo necesario para enfriar los ánimos de lucha. El conflicto volvía a comenzar. El año 1988 estaría marcado desde un comienzo por la conflictividad obrera.

Vimos el condicionamiento económico que llevó a Ricardo De Aparici al ajuste. Este se materializó en el decreto 1078 de abril de 1988 que, entre otras medidas, congelaba los salarios, terminaba con las horas extras, dejaba sin efecto los convenios colectivos de trabajo, congelaba las vacantes en la planta permanente y suspendía la contratación de nuevas obras públicas. Decreto que sería finalmente anulado ante la movilización provocada. Evitando un seguimiento exhaustivo de la evolución de la conflictividad, lo fundamental del período sería la conformación del Frente de Gremios Estatales, valuarte obrero de la década venidera, y la preponderancia que en él adquiría el SEOM y su máximo dirigente, Carlos Santillán. En las entrevistas Santillán y Aramayo coinciden en marcar el período de lucha contra el decreto 1078 como el nacimiento del Frente. Kindgard y Gómez (2005) señalan por su parte que el acto del primero de mayo puede considerarse como su nacimiento formal, convocando a las actividades los siguientes gremios y asociaciones: SEOM, APUAP, ATE, CEDEMS, SITRAVIP (Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales), Obras Sanitarias, APEL (Asociación Provincial de Empleados Legislativos), SOEME (Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación), Luz y Fuerza, Asociación de Empleados del Tribunal de Cuentas, Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Jujuy, Federación de Jubilados Provinciales, y la Asociación Judicial de la Provincia de Jujuy.

Conjuntamente, durante este proceso se configuró un “núcleo duro” dispuesto a llevar adelante medidas de acción cada vez más radicalizadas, núcleo que coincidía con los sindicatos más numerosos y con mayor capacidad de movilización: el SEOM, ATE, ATSA, CEDEMS, ADEP y APUAP. Así, entre 1988 y 2002, con el SEOM como “punta de lanza”, el Frente de Gremios Estatales habría de convertirse en un instrumento fundamental de la resistencia del movimiento obrero -e incluso de otros sectores sociales de la provincia- en su camino de piedra por un mundo neoliberal que los negaba. Para junio y julio de 1988, las negociaciones y conflictos entre el Frente y el gobierno intentaron encausarse a través de la “Mesa de Concertación Económica y Social” impulsada por el gobierno. En ella se establecieron comisiones de trabajo, inscribiéndose los representantes del Frente en la llamada “Comisión de Políticas de Desarrollo y Programas de Inversión”. En este marco, el Frente presentará un documento -reproducido por el diario Pregón- en el que se vislumbra ya su intención de presentar a la comunidad aspectos propositivos en lo que hace a la generalidad de la vida pública. Pudiéramos adelantar: superando la acción reivindicativa económico-corporativa, buscando soluciones y políticas para toda la sociedad; aspecto fundamental para el posterior desarrollo del cabildo abierto.

Como sabemos, la hiperinflación marcaría el ritmo de 1989. Aramayo nos muestra su magnitud: en octubre de 1988 el salario mínimo era de 1.310 australes, equivalentes a 87 dólares; en julio de 1989 se llevó a 20.000 australes, pero su equivalencia cayó a 30 dólares (2009: 93). El principal conflicto, en este marco, sería la sanción de la ley 4439 con la que el gobierno provincial avanzaba sobre algunos de los puntos del rechazado decreto 1078. Paralelamente el 29 de mayo Alfonsín declaró el Estado de Sitio. El SEOM lo desconoció y realizó una “toma” pacífica de la Iglesia Catedral exigiendo nuevamente la vuelta atrás de las medidas dictadas por la nueva ley. El cambio de gobierno nacional generaría ciertas expectativas en algunos de los dirigentes del Frente, materializadas en la confección del FREJUPO (Frente Justicialista Popular) a cuyos partidos menores muchos de ellos pertenecían. Pero las expectativas desaparecerían mucho más temprano que tarde. Hacia fin de año el conflicto se agudizaría, pues los magros aumentos salariales otorgados por el gobierno ante las medidas de fuerza de los gremios estatales eran rápidamente absorbidos por la inflación. El año 1990 casi no tendría receso en su altísimo grado de conflictividad. Ya desde enero, en continuidad con el incremento en la lucha de fines de 1989, se sucederían las medidas de fuerza centradas en acercar el salario a la galopante inflación, siendo la medida más importante la huelga de hambre por seis días de la mayoría de los secretarios generales de los distintos gremios del Frente, acompañados por muchos de sus trabajadores. Un documento conjunto del Frente con la CGT del día 17 de enero exigía elevar el salario a 221.000 australes, aumento que sería finalmente otorgado. Vemos que la fuerza adquirida por los distintos sectores estatales nucleados en el Frente era tal que podía tanto frenar medidas del gobierno provincial -como fue el caso del decreto 1078- como imponer ciertos condicionamientos en sus pedidos.

Mas la situación de crisis se mantenía, pues las condiciones estructurales que la generaban -la hiperinflación a nivel nacional, el aumento de la planta estatal de la provincia, la reducción en la coparticipación, la pérdida de puestos de trabajo, etc.- excedían por mucho lo que un aumento salarial atrasado podía lograr. Durante los meses de marzo y abril esta dinámica de conflictividad continuaría en aumento. En cuanto a las medidas de lucha, vemos que los docentes primarios y secundarios no iniciaron las clases, a la vez que la totalidad del Frente de Gremios Estatales realizaba paros con asistencia al lugar de trabajo primero, y luego paro total de actividades en algunos casos. Asimismo, para el día 13 de marzo se efectuaron diversos (y tempranos) cortes de calles, uno de los cuales terminó con cuatro heridos al ser envestidos por un automovilista. Se volvió a recurrir a las huelgas de hambre, de las cuales participaron algunos legisladores, mientras el obispo de Jujuy daba una misa frente a la legislatura pidiendo por la superación de la crisis. Por último, se efectuaron tres marchas multitudinarias: el 21 de marzo con aproximadamente 5000 personas, el 30 de marzo con más de 10000 personas, y el 1 de abril, en el marco del aniversario de la toma de Malvinas, con una concurrencia de 5000 personas (Kindgard y Gómez, 2005: ponencia). Finalmente, en el mes de abril el Frente y la CGT presentarán, a partir del análisis del la crisis financiera provincial realizado también en un rico documento anterior, el llamado “Proyecto de Ley de Emergencia Impositiva” elaborado por los mismos trabajadores. Recibido por legisladores de los distintos partidos con representación parlamentaria, y bajo la promesa de pronto tratamiento, el documento nunca sería abordado. Este reclamo se mantendría en la columna vertebral de la lucha hasta la caída de De Aparici.

El cabildo abierto en La Tablada
Si bien como ya dijimos el año 1990 no tendría receso alguno, el conflicto renacería con renovada intensidad para el mes de septiembre, en el cual se adeudaban sumas salariales pertenecientes a los meses de mayo y junio, y ya no habría de detenerse hasta la renuncia del gobernador. Nuevamente, como sucedió con el decreto 1078, el gobierno provincial intentaría saldar las cuentas a partir del ajuste. Así, el primer estallido importante se daría el 2 de octubre cuando una manifestación convocada por el Frente terminaría en un fuerte enfrentamiento con la policía en la legislatura. En una conferencia de prensa Nando Acosota, secretario general de ATE, declara: “podríamos haber ido a la casa de gobierno, pero nosotros entendemos que con el poder ejecutivo no hay nada más que hablar” (Diario El Tribuno, 03/10/1990). Este hecho, y los conflictos internos del gobierno, llevarían a la renuncia del ministro de economía de la provincia, pero sin llegar a establecer una tregua. El SEOM venía de un paro por tiempo indeterminado, a los que se sumaron el día 7 otros gremios o sectores de distintas extracciones sociales, principalmente los médicos y enfermeros del hospital Pablo Soria.

El día 8 el Frente profundiza el plan de lucha: se inicia una huelga de hambre de seis enfermeras del Hospital de Niños que iría extendiéndose hasta convertirse en el eje vertebral de la protesta, a la vez que los médicos instalaban una carpa blanca en Plaza Belgrano con la idea de que “ante el desmantelamiento que sufren los hospitales públicos, la atención que puede brindarse en los consultorios es la misma que se puede brindar en una carpa" (Diario Pregón, 18/10/1990). Los días se sucederían con las calles céntricas engalanadas de lucha. Si bien se venía generando desde el inicio del período estudiado, y con más fuerza a comienzos del año 1990, la nota distintiva del conflicto de septiembre-octubre, que culminará con el cabildo abierto, sería la cada vez más amplia articulación social. Partido del “núcleo duro” del Frente, se habían sumado ya durante el proceso el Colegio Médico, los padres de alumnos de primario y secundario, y los judiciales. Finalmente el comercio -sector no muy afín al paro de las actividades- se sumaría a la lucha a mediados de mes. A su vez, en el interior se daban importantes manifestaciones e incluso tomas de edificios gubernamentales como la del Consejo Deliberante en la localidad de Tilcara. El día 22, y a instancias del diálogo entre el SEOM y los representantes del Colegio Médico, se conformaría la Multisectorial Jujuy, compuesta por 23 organizaciones entre el Frente de Gremios Estatales, la CGT, estudiantes universitarios, colegios profesionales, pequeños comerciantes y centros vecinales. Santillán declara: “Distintos sectores estaban afectados. Los hospitales y las escuelas venían de huelgas larguísimas… con el colegio médico entrarían muchísimas organizaciones más. La lucha se fue radicalizando, desde lo salarial hasta pedir la cabeza del gobernador” (Entrevista, 2012). El documento fundacional sería sumamente crítico con el gobierno y con quienes apoyaron sus maniobras para frenar la lucha a partir de la mesa de diálogo abierta por el ejecutivo.

Para el 23, marcando la irreversibilidad de la crisis política, los dirigentes de las distintas fuerzas políticas abandonaron la concertación de la que venían formando parte. “La Concertación es maquillaje para el insepulto cadáver de De Aparici” afirmaban desde el SEOM (Diario Pregón: 20/10/1990). Finalmente la Multisectorial convoca a un cabildo abierto para el día 25 a la 11am en el estadio de futbol “La Tablada”, ubicado sobre avenida Córdoba a escasas cuadras del centro de la ciudad. Se cumplía a su vez el decimosexto día de huelga de las cuatro enfermeras y dos madres del Hospital de Niños, impulso que teñía de heroicidad la lucha. “Ese día hubo unos 20 o 30mil compañeros, fue impresionante, todo el pueblo estaba allí” declara Santillán (Entrevista, 2012) “Una multitud llenó el viejo estadio de futbol La Tablada. La convocatoria al Cabildo Abierto, un hecho histórico por su envergadura y características, sacudió a la clase política provinciana” publica el diario Pregón (26/10/1990). Las referencias a las huelguistas fueron constantes: “obreros junto a profesionales, empleados junto a estudiantes, padres de familia junto a comerciantes, marcaron una presencia heterogénea que pidió a las huelguistas de hambre que abandonen la medida que, ahora, seriamente, pone en riesgo sus vidas” (Diario Pregón 26/10/1990). También, como vemos, la alusión a la composición social del Cabildo fue constante, tanto en los medios como en los dirigentes gremiales. Mas la consigna central sería la renuncia del gobernador. Una pancarta que apenas se divisa en el fondo de una fotografía publicada en el diario El Tribuno reza “para que se vaya el gorilazo hace falta un jujeñazo” (26/10/1990). El secretario General de la CGT Azopardo, Pedro Lozano, declaraba “como hace 180 años el gobierno provincial no tiene respaldo de nadie y ahora está aquí todo el pueblo jujeño para decirle que se vaya”. Y Santillán, más punzante, decía “si el gobierno no soluciona los problemas vamos a tener agallas para cortarle la cabeza la próxima semana” (Diario El Tribuno, 26/10/1990).

El Cabildo (a instancias de la multisectorial) produciría también un rico documento en el que daba cuenta del proceso de lucha que, desde 1988, venía llevando a cabo el pueblo jujeño, y proponía un plan de acción para salir de la crisis a partir de cuatro grandes apartados: principios elementales para las finanzas públicas, principios para la salud pública, bases de una educación popular y análisis de la situación de la obra pública; para terminar aseverando que “el problema es una crisis política y moral antes que económica, y no podrá hacerse ninguna propuesta válida de reactivación ni saneamiento económico, hasta no revertir primero esas crisis de fondo en quienes detentan el poder” (Aramayo, 2009: 359). Vemos que se excedían los reclamos económicos y particulares, para abarcar el amplio abanico social representado. Los días posteriores al cabildo mantendrían un altísimo grado de conflictividad y movilización, hasta la caída del gobernador que se produciría recién una semana después. Éste, por su parte, acompañado de su gabinete el día del cabildo, convocó a "una gran concentración popular provincial en defensa de las instituciones y a defenderse contra una maniobra de la izquierda que golpea al peronismo en su conjunto" (Kindgard y Gómez, 2005: ponencia). Su convocatoria sería más bien moderada, y chocaría en los días posteriores con las movilizaciones impulsadas por la Multisectorial. De Aparici asistió a la Legislatura al día siguiente, buscando apoyo en sus legisladores y apostando a la Mesa de Concertación. Pero el intento de relativización de la movilización que emprendió el gobierno no surgió efecto alguno. Todos los partidos de oposición abandonaron la Mesa de Concertación. Al gobierno sólo le quedaba negociar de modo directo la cuestión salarial con los gremios, pero el grado de unidad mostrado por la Multisectorial echaría por tierra también estos intentos.

La Multisectorial convocó a una gran movilización para el día 30 con el fin de exigir a los legisladores que formularan el pedido de renuncia al gobernador. Según relata el diario Pregón, los manifestantes no dejarían salir a los legisladores del recinto hasta que no se presentara el pedido de renuncia, hecho que finalmente se daría horas después, aunque no sería tratada por la legislatura sino hasta el día 2 de noviembre. El día 31 de octubre representaría el ápice de la confrontación entre los sectores gremiales y el gobierno desde la asunción de De Aparici dos años antes. De Aparici había convocado a sus filas a defender su posición. Organizó una movilización de las unidades básicas de escasa repercusión, a la vez que once manifestantes iniciaban una huelga de hambre solicitando el rechazo de la renuncia del gobernador presentada horas antes. Siquiera el “aparato” peronista apoyaba a De Aparici. La alianza que, a nivel político-partidario, lo había llevado a la gobernación dos años antes estaba ya totalmente desarmada. La concentración chocó con un grupo de la movilización convocada por la multisectorial. El saldo del enfrentamiento armado sería de 15 heridos, y la posterior judicialización de algunos gremialistas de la multisectorial, entre ellos Carlos Santillán.

El 1º de noviembre transcurriría en un estado acéfalo y de incertidumbre. Un titular de gran envergadura en el diario El Tribuno reza “Intervención federal si hoy no funciona la legislatura. Llegarán fuerzas de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional para asegurar el orden”; refiriendo -también en primera plana- a Julio Aráoz, ex Subsecretario de Energía de la Nación, como interventor de la provincia, según declaraciones del Ministro del Interior Mera Figueroa (Diario El Tribuno, 02/11/1990). Finalmente la legislatura sesiona el día 2, aceptando la renuncia del gobernador por 42 votos a favor, 1 abstención y 2 en contra. Sería la cumbre del anhelo cumplido, la concreción de un pedido encarnado en una multiplicidad de sectores sociales. La crisis provincial y nacional, y las medidas de gobierno adoptadas, habían afectado diversos intereses en un amplio abanico de la estructura económica, lo que posibilitó la alianza popular. Pero sin duda ello no puede explicar la magnitud y la concreción de una pueblada que pareció idear cada uno de sus pasos en un ventarrón inaugural. Recién entonces se levantó la huelga de hambre de las enfermeras que llevaba 23 días y, ya en estado crítico, se había convertido en el símbolo heroico que expresaba la decisión inexpugnable del soberano. El vicegobernador Huascar Eduardo Alderete juramentó el mismo 2 de noviembre a las 13:00hs como nuevo gobernador, pues se buscaba evitar una nueva situación acéfala. Esa misma noche emitió un discurso por la Red Provincial de Radiodifusión llamando a una tregua “para poder emerger con una luz de esperanza de la crisis”, mientras que el Frente de Gremios Estatales anunciaba la suspensión de las medidas de lucha a la espera de los nuevos acontecimientos. (Diario El Tribuno, 02/11/1990). Se abriría un marco de negociaciones a partir del cual Carlos Aramayo asumiría un cargo en la cartera de economía provincial. El objetivo del Frente era presentar un proyecto de ley que, entre otras cosas, actualice la valuación de la propiedad rural, lo que por ejemplo sextuplicaría el pago impositivo del ingenio Ledesma. Tras una enconada campaña empresarial y mediática en contra del proyecto, Aramayo renunciaría a su cargo apenas un mes después de haberlo presentado. Finalmente, la nueva ley se aprobaría desvirtuada del proyecto y sin generar modificaciones impositivas sustanciales.

Como ocurriría una década después en el centro nacional del poder, la vuelta a la institucionalidad se daba de un modo tan abrupto como su aparente enterramiento. Mas la crisis estaba abierta.

Análisis y perspectivas
Descripto ya el proceso, repasaremos algunas de las características que encontramos más distintivas sobre el ciclo de protesta que llevó al cabildo abierto. Seguidamente, y tomando la perspectiva de progresión gramsciana de la correlación de fuerza en la disputa por la hegemonía planteada en la introducción, veremos brevemente cómo este proceso fue superando el momento económico-reivindicativo y qué límites alcanzó al lograrse la reanuncia del gobernador. Finalmente, a modo de cierre, intentaremos mostrar que el cabildo abierto adquirió tempranamente las características que se desplegarían en todo el país en la resistencia a la implementación del modelo neoliberal. Partimos esta investigación tomando una medida de fuerza inaugural que mostraba ya la inventiva y combatividad del sector más movilizado del Frente: el basurazo impulsado por el SEOM. Vimos que su realización fue más bien espontánea, y que causó un gran efecto polarizador en la sociedad y en la relación del SEOM con el gobierno. Pero recordamos que si bien las medidas de lucha generan el conflicto, no constituyen su causa. Debe buscarse en las políticas patronales, en el “reclamo” de la medida, su motivación. En esta articulación entre reclamo y medida se observa la gradación -o categorización- en la composición y confrontación de clases (Gómez, 1994: 47). Como analizamos para el período de recuperación de la democracia, estas primeras medidas corresponden a acciones directas vinculadas al mantenimiento, uso, y reproducción de la fuerza de trabajo, centrados en reclamos salariales a partir de los atrasos en los pagos generados por el comienzo de la crisis económica provincial. A partir del basurazo las medidas continuaron en constante alternancia: concentraciones y movilizaciones masivas, cortes de rutas y puentes en la ciudad, paros con diversas modalidades -donde comenzaba a practicarse la noción de paro activo por sobre los “paros domingueros”-, ocupaciones de edificios públicos, huelgas de hambre, sentadas en colegios y hospitales, “largas marchas” desde el interior a la capital, enfrentamientos tanto con la policía o gendarmería como con grupos de choque sin uniforme, elaboración de documentos y proclamas con una importante amplitud de demandas en su contenido, banderazos, ollas populares, acampes, etc.

Pero el marco de originalidad de las medidas de lucha no estuvo dado sólo por las acciones novedosas, o por tomar de otros sectores medidas tradicionalmente ajenas al movimiento obrero -como el caso de la huelga de hambre- sino también por imprimir nuevos sentidos y características a modalidades tradicionales. Los entrevistados para la investigación aluden constantemente a elementos culturales en las manifestaciones: escenas teatrales, construcción de muñecos, entonación de coplas, etc. La simbología utilizada por los dirigentes gremiales generó también un efecto novedoso. Estos buscaron adoptar en su imagen un reflejo de su condición de dirigentes de base, en contraposición a la visión clásica de los “gordos de chaqueta” del sindicalismo. Cualquiera que haya transitado los 90` recordará la bincha en la frente y la muñequera en el puño en alto que dominaban las imágenes que desde Jujuy recorrieron el país. Por último, la radicalidad y el grado combativo de las medidas llegó al extremo de producir intercambios con armas de fuego, enfrentar con topadoras municipales a móviles de la policía o realizar atentados a camiones recolectores de basura. Pero tal vez el aspecto más importante a tratar, y el que representa el mayor quiebre con el período anterior, tenga que ver con el grado de articulación conseguido. Como vimos, y dicho en términos lacónicos, durante la lucha obrera de los años 80` los conflictos tendieron a quedar aislados tanto a nivel social como en la articulación gremial; y lo que aquí sucedió fue una pueblada.7

En la descripción del proceso abordamos la conformación de una creciente articulación que podría ser sintetizada en una ramificación que comprende: SEOM - otros gremios estatales - Frente de Gremios Estatales - CGT - gremios del interior - estudiantes universitarios - colegios de profesionales - centros vecinales - sectores del pequeño comercio - multisectorial - iglesia. Kindgard y Gómez, en su recapitulación sobre el cabildo abierto, dan cuenta de cómo la crisis fiscal del Estado provincial llevó al ejecutivo a afectar con sus medidas distintas fracciones y capas sociales: los asalariados estatales, sea en su composición obrera como el caso del SEOM o de la pequeña burguesía como APUAP o el CEDEMS, a través de los recortes, la inflación, los atrasos salariales, etc.; los proveedores y prestadores del Estado, por el atraso o la suspensión de los pagos; y a la pequeña burguesía ligada al comercio por la disminución del consumo. Sin dudas, este marco estructural otorga una base para la comprensión del encuentro, mas estas condiciones no son suficientes para producir un proceso de articulación como el del cabildo abierto. En el relato de los hechos, vimos como las decisiones e intervenciones adecuadas de los protagonistas también coadyuvaron para dicha relación.

Veamos entonces la progresión de los “momentos” de la lucha propuestos para el análisis. Si tomamos la clasificación realizada por Marcelo Gómez -en base a los planteos gramscianos vemos que durante el período aquí abordado se fueron superando los niveles reivindicativos hasta alcanzar la disputa política. Tomamos como punto de partida el año 1987, por considerar que en este año germina todo el proceso a partir de las medidas de luchas llevadas adelante principalmente por el SEOM. En este primer período, las reivindicaciones se condicen con las descriptas para el nivel estructural o “económico-reivindicativo”: estabilidad laboral, salario, condiciones de trabajo, etc. Asimismo la articulación, de existir, queda restringida a algunos gremios cercanos. A partir del siguiente año se estructura y consolida la columna vertebral de la protesta: el Frente de Gremios Estatales.

Las reivindicaciones se mantienen, pero sin duda las capacidades organizativas del sector dan un salto cualitativo a partir de una articulación más amplia hacia todo el abanico gremial-estatal (incluida la central obrera) y hacia el interior de la provincia. Así, el momento “económico-corporativo” da cuenta de la capacidad y eficacia del accionar de las instituciones gremiales y los grados de legitimidad adquiridos, expandiendo los recursos defensivos de la clase. Por último, para 1990 dicha capacidad se extiende para incluir demandas de otros sectores sociales, así como reivindicaciones de carácter general en cuanto al “modelo político”, “la ética de gobierno”, “el sistema económico”, etc. Se alcanza así, en principio, el “accionar político” de la clase en la tipificación de Gómez. (Gómez, 1994: 47).

Ya en el primer párrafo del “Documento de la Multisectorial para el Cabildo Abierto” vemos que quienes escriben se sitúan como “parte esencial del pueblo jujeño”, el cual se encuentra “inserto en una profunda crisis política y moral” antes -o más allá de- la crisis económica.8 El énfasis no está puesto ya -como en los primeros documentos- ni en el sector obrero estatal, ni en sus demandas corporativas. Vemos que un conjunto de demandas se encuentran sintetizadas y estructuradas en el documento. Si a ello agregamos el seguimiento discursivo de los referentes de los distintos sectores efectuado durante la investigación, vemos que la idea promisoria de multisectorialidad estuvo muy presente durante el proceso estudiado. Y, por supuesto, el plano de las acciones, con la realización del cabildo abierto como cima, así parece ratificarlo. Asimismo, el proceso demuestra que no se trataron de consignas esgrimidas desde sectores partidarios carentes de una encarnadura en los obreros, maestros y maestras, profesionales, estudiantes, etc.; sino que, por el contrario, se constituyeron a partir de una síntesis de sus demandas. Sin embargo vimos que esta gran movilización y articulación sin precedentes, que caminó hacia el momento político de la disputa, que logró por primera vez la renuncia de un gobernante, y que inauguró una década de crisis de autoridad, no consiguió cambios significativos y no apostó a tomar el gobierno y constituirse en alternativa.

 

 

 

Reflexionemos con Mauro Berenagan que continúa observando la diferencia de la lucha política en los noventa de Jujuy con las de los setenta.

 

Retrotrayéndonos a la situación recordamos que en uno de los momentos más álgidos de la lucha, pasado ya el cabildo abierto, se configuró un estado de acefalía que se prolongó desde el pedido de renuncia del gobernador hasta su aceptación por parte de la legislatura. Santillán plantea que de las luchas de toda la década, con cuatro gobernadores que no lograron terminar su mandato por presión popular, la de 1990, justamente en su carácter novedoso, podría haber sentado bases de un gobierno de los sectores movilizados. En términos analíticos, recurramos a Gramsci para esclarecer esta visión de crisis de autoridad, configurada como vemos en un momento acéfalo del gobierno surgido de la deslegitimación de sus miembros: “Si la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, ya no es “dirigente”, sino sólo “dominante”, detentora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual antes creían, etc. La crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo, y en ese interregno ocurren los más diversos fenómenos morbosos”. (Gramsci, 2004: 313). Es decir que nos encontramos ante un “interregno”: la articulación de los sectores sociales en conflicto ha disputado con eficacia la hegemonía de la clase dominante y ha construido un programa y unos dirigentes contrahegemónicos; mientras que el sector dominante ha perdido el consenso, ya no dirige, sólo domina en su posesión estatal que ha caído en riesgo. Si bien tanto Aramayo como Santillán reiteran en varias ocasiones en las entrevistas actuales el “aunque durásemos unas horas”, aludiendo a que lo importante no era la posibilidad de permanecer en el gobierno, sino la de mostrar un camino; sostenemos en la investigación que las condiciones para lograrlo influyen de manera directa sobre los distintos sectores que participaron.

Así, ni quienes dirigieron el proceso, “el núcleo duro del frente”, ni los sectores movilizados en su amplitud, parecen haber visto en su momento la posibilidad de asumir el gobierno como algo factible, siquiera planteado previamente. Respecto de la dirigencia, registramos en nuestra tesis de grado acusaciones cruzadas vinculadas a la pertenencia partidaria de los dirigentes centrales del Frente de Gremios Estatales, y su negociación política con el vicegobernador. Mas creemos que esta forma de análisis “personalizada” en algunos dirigentes, que permanece en el terreno de los voluntarismos, no explica de modo cabal la disyuntiva a la que la movilización se enfrentó. Nos centramos entonces en el freno de los sectores movilizados. En primer lugar vimos que en las convocatorias, en las discusiones previas, en las marchas y asambleas o en los documentos producidos, la alternativa de gobierno no estaba presente. Encontramos sí una “plataforma”, un programa, un qué hay que hacer de modo general, mas como se destaca en las entrevistas siquiera se había insinuado la posibilidad de la toma del gobierno.

Sumado a ello, pensamos que la no toma del gobierno sea tal vez parte embrionaria de la ruptura, de lo nuevo. Lo que parece no haber estado es el impulso en los sectores movilizados, no sólo la falta de decisión en la dirigencia política. Pensamos en un factor subjetivo, en un clima de época, tomando elementos como la última dictadura militar aun demasiado cercana y sus dos demonios hechos ley en buena parte de la población, a riesgo de caer en uno; la crisis naciente de los grandes relatos de liberación o revolución; la ruptura descripta de la imagen gremial hacia un nuevo tipo, distinta a la del saco y corbata que se codea con los de arriba. Y también la heterogeneidad de los sectores sociales movilizados. Lo nuevo, lo que vendrá en los 90`, no se condice con la posibilidad de tomar el poder por la fuerza y establecer un gobierno popular. Si bien no podemos desarrollar aquí cada uno de estos aspectos, sostenemos que la triunfante movilización se encontró, ante el vacío de gobierno, con una disyuntiva que no se había planteado con anterioridad al menos de un modo abierto, ni en su dirigencia ni mucho menos en sus bases. Y que esta no planificación se decidió por el lado de la negociación y la vuelta a la institucionalidad por no encontrarse condiciones subjetivas para la toma del gobierno. Hubo entonces una disputa política, pero no en el sentido de la posibilidad de vencer y gobernar, sino en la de frenar acciones de gobierno, destituir gobiernos, y superar las reivindicaciones meramente económicas.

No pretendemos utilizar los postulados gramscianos para determinar hacia dónde debieron haber marchado los acontecimientos y por qué no lo hicieron. Por el contrario, tomamos de sus análisis algunas herramientas para comprender los caminos por lo que transcurrió el período. En este sentido, Gramsci plantea distintas salidas a las crisis orgánicas, recordando que “…la clase dirigente tradicional, que tiene un numeroso personal adiestrado, cambia hombres y programas y reasume el control que se le estaba escapando con una celeridad mayor de cuanto ocurre en las clases subalternas” (Gramsci, 1984: 58). Las clases dirigentes del Estado provincial lograron reconstituirse con cierta renovación, volviendo a la institucionalidad, mas la crisis orgánica no se detuvo, es decir no se reconstruyó una hegemonía de un grupo dominante sobre el resto de la sociedad. Tampoco se dio una salida de tipo “bonapartista”, donde un líder carismático asume el control ante la imposibilidad de los sectores progresistas de hacerlo y ante la incapacidad de los sectores dominantes de encontrar una solución orgánica. Como mencionamos, toda la década transcurriría en esta dinámica. El período aquí abordado representa el nacimiento de esta crisis.

Para finalizar, vemos que la composición de clases de todo el proceso de lucha estuvo marcada por la presencia preponderante de un sector de neta extracción obrera: el SEOM. Este fue quién dirigió y dinamizó el conflicto, determinado el camino andado y las proclamas esgrimidas por sobre los sectores de profesionales o de la pequeña burguesía, que se sumaron hacia el final del proceso. Kindgard y Gómez (2005) señalan que el no haber sumado al sector industrial, y el haber mantenido una política negativa (de mero rechazo a medidas gubernamentales) es muestra de que la dirección del movimiento permaneció en el terreno de los intereses burgueses. Si recordamos las medidas a las que se enfrentaba y las reivindicaciones erigidas desde los distintos discursos, documentos y acciones, vemos que es difícil negar el carácter superador de lo meramente económico, esconder el contenido popular y en algunos lineamientos clasista de la programática, y minimizar las intenciones propositivas de su contenido, más allá de lo efectivamente logrado. Por otro lado valga recordar que algunos sectores industriales privados acompañaron la lucha a partir de la conducción local de la CGT, y que la ausencia relativa del trabajador industrial será una constante en la lucha de la década venidera a nivel nacional. No podemos hablar de ningún modo de una preponderancia de los intereses burgueses, aunque tampoco de un proceso clasista del movimiento obrero. Fue, según lo que intentamos demostrar en este trabajo, un proceso que, guiado por un sector netamente obrero, alcanzó un importante grado de articulación social, representando y condensando las demandas de distintos sectores sociales de las clases populares y medias de buena parte de la provincia. El cabildo ha abierto La concreción del cabildo abierto representó el ápice de la construcción de poder de los sectores movilizados. En este artículo fuimos reconstruyendo y analizando esta viñeta de la historia que iría tornándose cada vez más común a lo largo de la década. Así, la mirada insinuó aires inaugurales en su caracterización, tanto por sus estructuras nacientes, como por la forma que habría de adquirir la triada política de gobierno - reclamo de los sectores afectados - medidas (novedosas) de lucha. Nos queda, para finalizar, sintetizar brevemente una hipótesis secundaria trabajada en nuestra tesis: la ubicación del proceso en el inicio de la resistencia al modelo neoliberal privatizador aplicado por Carlos Menem. El desarrollo de las luchas de los distintos sectores afectados por la profundización del modelo neoliberal en la década del 90 es bien conocido.9 Sin dudas las características de este ciclo de protesta que se presentan como novedosas son múltiples y pertenecen a distintos aspectos de la lucha obrera y social. Mas si intentamos reducirlas a una enumeración podríamos destacar los siguientes: la novedad en las formas y medidas de lucha, la amplitud en las articulaciones hacia la confluencia de diversos sectores sociales, el carácter en general defensivo de las demandas, la práctica asamblearia de base, los realineamientos y los cambios profundos en las estructuras del movimiento obrero, la reaparición de las demandas campesinas e indígenas, la consolidación de la cuestión de género y el rol de la mujer en las organizaciones populares, y -quizá la nota central- la aparición de un nuevo actor social: el movimiento piquetero. Esperamos que ciertos aspectos de esta enumeración retrotraiga al lector a los apartados precedentes. Repasamos al comenzar el artículo algunos lineamientos de la conflictividad obrera en la década del 80, con un movimiento obrero centrado en demandas económicas-reivindicativas, desarticulado y desvinculado de otros sectores sociales. Vemos ahora que son otras las características del cabildo abierto. Son, según proponemos en este repaso, las que la mayor parte de la bibliografía citada sobre la historia reciente destaca para los procesos que vendrán a partir de 1993. Baste retrotraer una vez más el grado de articulación alcanzado, la novedad en los medidas de lucha, el quiebre del sistema de gobierno, el contenido de los reclamos, etc.

Asimismo, si recordamos que Carlos Menem asumió la presidencia el 8 de julio de 1989, hasta el desarrollo del cabildo abierto se habían dictaminado ya las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, bases de todo el proceso, los primeros pasos privatizadores que afectarían tempranamente a la provincia, las leyes de indulto a los militares, la reforma tributaria con el aumento del IVA, los planes económicos de Bunge y Born, la reglamentación del derecho de huelga, las medidas de Ajuste de Erman Gonzales, que incluía el congelamiento de las partidas presupuestarias a las provincias si estas no adoptaban las medidas impulsadas desde la nación, y algunas leyes de flexibilización laboral, entre otras medidas. Vemos así que tanto las políticas implementadas a las que se resistía, como las formas que fue adquiriendo dicha resistencia, podrían ser asimiladas a un proceso de lucha y organización tendientes a contrarrestar los efectos de la política neoliberal privatizadora del menemismo. Recordemos ahora la periodización propuesta por Iñigo Carreras y María Celia Cotarelo: “Si bien hubo intentos de resistencia a la nueva situación que se quería imponer (por ejemplo la “Plaza del No” o el corte de ruta de los trabajadores de Hispam en Sierra Grande en 1991), estuvieron marcados, generalmente, por el aislamiento social de los obreros y el consenso (que se desarrolla entre la coacción y la corrupción) de buena parte de la sociedad, incluyendo a muchos de esos mismos trabajadores. De manera que desde 1989/90 en adelante nos encontramos en una fase que caracterizamos como descendente. A fines de 1993, con el motín de Santiago del Estero, podemos señalar un punto de inflexión en el movimiento de protesta”. “(…) A diferencia de las luchas producidas antes de diciembre de 1993, desde entonces los trabajadores logran, si no evitar la aplicación de políticas de gobierno que apuntan a eliminar conquistas históricas, al menos evitar que se apliquen de la manera y con la velocidad con que la oligarquía financiera pretende.” (…) “También puede observarse que en el motín de 1993 y en algunos de los cortes, se pone en evidencia una ruptura en la relación pueblo-representantes”. (Carreras y Cotarelo; 2001: 173-174).

Como vemos, lo que se destaca como embrionario de lo que vendrá, como quiebre e inflexión en el santiagueñazo, como comienzo de la “fase ascendente de la lucha”, estuvo presente en el desarrollo del cabildo abierto: una política “consciente” y propositiva respecto de la crisis y de aquello que se reclamaba; el arco de medidas novedosas que se tomaron para superarla; un marco organizativo con políticas estratégicas impulsadas desde el seno del Frente de Gremios Estatales; el freno a las políticas de ajuste del gobierno; y el evidente quiebre en la relación pueblo-representantes. Esto no significa suponer un estado general de lucha y protesta nacional ni bien iniciado el frío amanecer menemista, ni negar que el discurso privatista político-mediático haya encontrado cierta acogida en el “sentido común” de la época. Mas vemos que la construcción de la fase “descendente” y “ascendente” de la lucha toma como punto de inflexión un hecho quizás tardío y con características menos embrionarias que el proceso aquí abordado, y omite otros procesos de luchas en los cuales tres gobernadores no terminaran su mandato en el primer año menemista. Proponemos la posibilidad de repensar la periodización de la protesta fundamentalmente para cuestionar el supuesto consenso para con las políticas privatizadoras que se deriva de la idea de casi cuatro años de cierta quietud en la protesta. Que el interior del país prefiguró con antelación el estallido del 2001 en la capital es comúnmente aceptado, falte tal vez dilucidar cuánto antes lo hizo, lo que -como vemos- no se trata meramente de una cuestión de cronologías. Bibliografía:(...)
Fuente: http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/27%20BERENAGAN%20Jujuy%20open%20cabildo.pdf

 

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Asumamos, abajo y a la izquierda, el desafío de hacer política "priorizando procesos orientados a promover las capacidades de autodeterminación, decisión y autogestión desde las bases". Es percibir que: "los cambios y transformaciones se hacen y conquistan en las bases y las luchas; y no así en y desde el poder y el gobierno, como se pensaba".A esto se refiere el sociólogo boliviano Arturo D. Villanueva Imaña en:

 

Política y poder en la construcción del estado y la democracia
10 de enero de 2017

 

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

 

 

Consideraciones generales

Desde que se ha establecido que la democracia constituye la forma de gobierno más perfecta y avanzada que los pueblos han encontrado para regir sus sociedades, cada vez más se ha ido acentuando el énfasis por conquistar el gobierno y el poder, y cada vez menos en construir su fin último que consiste en establecer un gobierno del pueblo, donde prime su decisión soberana y no la voluntad del gobernante de turno y de las (nuevas o viejas) élites a las que representa.

Es decir, se ha hecho cada vez más corriente y generalizada la concepción por la cual se entiende a la política como el instrumento para luchar, conquistar y conservar el poder, apropiándose del Estado. Se produce un secuestro de la política, lo público, la economía y las decisiones en manos del grupo (generalmente minoritario) y los sectores dominantes que logran hacerse del poder; y se pierde aquella perspectiva orientada a forjar y devolver a la ciudadanía y sus organizaciones sociales, la capacidad de decisión y autodeterminación. En otras palabras, aquel poder que originalmente reside en el soberano y es conferido circunstancial y temporalmente para administrar la cosa pública, es secuestrado y usurpado para favorecer e imponer intereses sectarios.

Tan cierto es este afán por conseguir el poder, que no sólo prevalece en las tendencias conservadoras y derechistas que pugnan por conservar y reproducir el poder para mantener y expandir sus privilegios; sino que también ha sido adoptada en algunas corrientes llamadas progresistas y de izquierda. Sucede que en vez de priorizar procesos orientados a promover las capacidades de autodeterminación, decisión y autogestión desde las bases; han preferido embarcarse en la conquista del poder (entendida como el fin último de la política). En el caso de Bolivia, por ejemplo, se pretende sustituir inclusive a las clases y sectores sociales que deberían dirigir y orientar el proceso, por la figura individual de una persona, en la que se pretende concentrar todos los atributos y valores de las luchas y conquistas que le corresponden al pueblo. A tal punto llega el extravío, que a tiempo de considerarlo como un caudillo insustituible al que se le otorgan y en el que se depositan todas las facultades de decisión; finalmente se vacía toda posibilidad de generar y respetar procesos de decisión popular, secuestrando y usurpando esta facultad en manos de un individuo. A su turno y precisamente por esa imprescindibilidad otorgada, también se cierra y anula toda posibilidad de continuidad y sostenibilidad de un proceso, que no sea dependiente de esa figura personal y el culto que se le dispensa.

Parece como si los acontecimientos y los hechos históricos no hubiesen sido suficientes para comprender que en la generalidad de los casos (muy en contrario de lo que se esperaba), los procesos de cambio y transformación iniciados y perfilados en las luchas y revueltas populares, terminaron casi invariablemente traicionados desde el poder y una vez que se conquistó el gobierno. Es decir, que los cambios y transformaciones se hacen y conquistan en las bases y las luchas; y no así en y desde el poder y el gobierno, como se pensaba.

El origen para que se produzca ese desencanto popular y el creciente rechazo social que provocan los gobiernos que abandonan sus compromisos, es precisamente al constatarse el distanciamiento creciente que se produce entre el Estado y la sociedad, cuando el gobierno hace cada vez menos lo que reclama la sociedad como sus prioridades, e impone proyectos e iniciativas que no responden ni resuelven los problemas álgidos de su pueblo. Es decir, abandona y traiciona los postulados y mandatos establecidos, para hacer prevalecer las prioridades e intereses de las nuevas castas dominantes.

En los casos de gobiernos que se reclaman como populares y aunque persista un discurso que reafirme supuestas convicciones de izquierda; lo que desenmascara su impostura e hipocresía, es la prevalencia de medidas, políticas y acciones de gestión gubernamental que (muy en contrario del discurso), favorecen intereses sectarios, corporativos, antinacionales y entreguistas. Es decir, se hace prevalecer y se produce un sometimiento a intereses generalmente transnacionales, capitalistas y de carácter colonial que se encuentran en la antípoda del interés nacional. En el caso de Latinoamérica, a poco más de 10 años de gestiones de gobiernos progresistas y de izquierda (como se han autodenominado), los ejemplos no son excepciones y tienen un legado muy elocuente. Si no, puede verse lo que sucede en Ecuador, Nicaragua, Bolivia, etc.

La realidad boliviana

Ahora bien, cuando la sociedad boliviana (a pesar de haberse producido ya un referéndum nacional que ha dirimido y constitucionalizado irrevocablemente su decisión), vuelve a ser interpelada por la terca e insistente pretensión de abrir la Constitución para permitir una eventual y nueva reelección presidencial (rechazada mayoritariamente); entonces surge inmediatamente con fuerza la pregunta de por qué ese afán desmesurado y testarudo por mantenerse y conservar el poder “cueste lo que cueste”. Por qué se insiste tanto en prorrogarse en el poder, cuando la tarea fundamental consistía en transformar el viejo Estado de privilegios y jerarquías, para construir uno nuevo en donde prevalezca la decisión, la participación y la gestión pública ejercida desde las bases (y no en un aparato burocrático corporativamente distribuido y cada vez más grande e inepto)?

Es decir, surgen serias interrogantes e inquietudes en torno al concepto y la práctica política, como el enfoque del poder y la democracia que los gobernantes tienen y pretenden imponer.

Se levanta una incógnita en torno a si la forma de gobierno, el tipo de Estado y las características de nuestra democracia, responden a la visión y los principios establecidos en la Constitución; pero sobre todo respecto del compromiso de transformar aquel modelo (clientelar, cupular, de la democracia pactada) contra el que se había luchado.

La respuesta, lamentablemente, al contrastarla con la obcecada decisión del partido de gobierno y las organizaciones sociales oficialistas que pretenden arrogarse la voz de todo el pueblo, sólo confirma la pertinaz intención de conservar y reproducir el poder “a como dé lugar”. Es decir, sabiendo que ello solo garantiza la concentración del poder en pocas manos y la preservación de determinados intereses y privilegios de las nuevas élites dominantes, que terminan usurpando la capacidad de decisión, participación y autodeterminación al pueblo.

Colateralmente, a la par de esas interrogantes y cuando se hacen patentes regímenes secantes en los que se produce una concentración del poder asfixiante; también se sabe que la mejor forma de equilibrar y controlar ese poder, solo es posible cuando la sociedad civil está organizada y tiene capacidad de movilización, porque así existen mejores condiciones para impedir excesos autoritarios, y/o defender derechos y demandas que toda sociedad tiene.

Este equilibrio y control en la correlación de fuerzas entre el Estado y la sociedad es aún más promisoria y tendencialmente más avanzada, cuando la sociedad civil al margen de estar bien organizada, cuenta con organizaciones, pueblos y sectores sociales esclarecidos (digamos política y socialmente conscientes), que tienen la virtud orientar y dirigir las luchas populares, ya no solamente como contrapeso al poder del Estado, sino señalando el camino de las transformaciones que requiere la sociedad para perfeccionarse y cumplir sus históricos objetivos de igualdad, libertad, soberanía, etc.

Durante muchas décadas, esa fue una característica de la sociedad boliviana. Alrededor de la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Confederación Sindical Unica de Campesinos (CSUTCB), el pueblo logró estructurar un formidable contrapeso frente al Estado, y especialmente respecto de gobiernos y regímenes antidemocráticos y dictatoriales. Tal fue su fortaleza, que en determinadas coyunturas sociales y políticas se planteó el co-gobierno y la dualidad de poderes (como en el caso, por ejemplo, de la Asamblea Popular al inicio de la década de los años 70).

Sin embargo, quebrado, desarticulado y dispersado (política y materialmente) semejante referente organizativo y popular el año 1986 (cuando se produce la Marcha por la Vida protagonizada por el proletariado nacional alrededor de la COB y la FSTMB); tuvieron que pasar muchas décadas antes de poder rearticular una fuerza social de esa magnitud, para luchar y deponer aquel modelo neoliberal y su gobierno de turno, que habían dado un golpe tan duro a la conciencia nacional y sus organizaciones matrices.

El Pacto de Unidad fue forjándose muy lenta y dificultosamente en el transcurso del largo periodo neoliberal, la desideologización de los movimientos y organizaciones sociales, y la atomización y “relocalización” a la clase obrera nacional, que se habían impuesto desde mediados de los años 80.

Al margen de la Coordinadora del Agua y la Vida en Cochabamba (que constituye otra invalorable experiencia organizativa que tuvo un papel determinante para perfilar y establecer nuevas formas de decisión y autodeterminación popular que contribuyeron en la lucha contra el neoliberalismo y la expulsión de intereses corporativos transnacionales del país); el proceso de cambio y transformación en Bolivia (que estalló con la llamada Guerra del Agua a inicios del año 2000 y la revuelta popular de Octubre Negro del 2003), estuvo también precedido por la conformación del Pacto de Unidad.

Esta organización se forjó en las tierras bajas del Oriente, sobre la base de las 5 organizaciones indígenas y campesinas matrices de todo el país. Al margen de haber logrado insertar en la agenda nacional, históricas reivindicaciones emergentes de la explotación, exclusión y discriminación étnica y cultural que sufrieron durante siglos, así como de reclamar el reconocimiento de su identidad colectiva, el derecho a la tierra y el territorio y su autodeterminación; otra de las virtudes esenciales del Pacto de Unidad, fue la de amalgamar y constituirse en el referente nacional que impulsó las principales luchas del pueblo (sobre la base de varias y sacrificadas Marchas Nacionales que emprendieron), hasta el punto de lograr la derrota y expulsión de los gobiernos neoliberales y el establecimiento de la Asamblea Constituyente (que fue una demanda nacional originada en este movimiento).

No fue casual que alrededor de este Pacto de Unidad se constituyera posteriormente el denominado Instrumento Político para la Soberanía del Pueblo (IPSP), como una novedosa y esperanzadora fórmula que se perfilaba como el mecanismo para preservar y devolver a las organizaciones sociales y sus bases, la capacidad de decidir y constituirse en los protagonistas del proceso.

Aquella promisoria fórmula encontrada para abanderar y dirigir el proceso, pronto se desvirtuó al tomarse la decisión de conformar el Consejo Nacional para el Cambio (CONALCAM) y los consejos departamentales (CODECAM), que pasaron a formar parte de la gestión de gobierno nacional y departamentales, y a cuya organización se integraron nuevos y diversos sectores sociales (como gremialistas, transportistas, jubilados, juntas de vecinos, etc), incluida la COB.

Con el argumento de conducir el proceso de cambio, las organizaciones sociales no sólo perdieron la independencia sindical y política (tan indispensables para controlar y constituirse en contrapeso frente al Estado que se conformaba); sino que pasaron a formar parte, a corresponsabilizarse de la gestión de gobierno, pero sobre todo a beneficiarse de las ventajas y beneficios del poder, sobre la base del cuoteo corporativo, la repartija de canonjías y el manejo clientelar del aparato del Estado.

Cuando tuvieron la más grande oportunidad para constituir un Estado diferente y alternativo al modo conservador, vertical y jerárquico que había caracterizado a los gobiernos y las democracias derechistas y republicano-liberales; el llamado proceso de cambio decidió adoptar y reproducir esas antiguas y conservadoras formas de gobernar.

De esa forma no sólo reprodujo el perpetuo afán de las clases dominantes tradicionales de conquistar el poder sólo para conservar, imponer y satisfacer sus intereses sectarios, sino que transfirió este impulso de conquista, dominación y conservación del poder en los sectores y organizaciones sociales; las mismas que al entrar en la lógica del “ahora es cuando”, terminaron sucumbiendo a la angurria de poder, el control del Estado y la dominación, como un fin en sí mismo.

Al concebirse y ejercerse la política como la forma de conquistar y conservar el poder a toda costa, también se hace imposible generar procesos de transformación y cambio que le devuelvan a la ciudadanía, sus organizaciones y pueblos, la capacidad de decidir y autodeterminarse, de tal modo que se facilite y construya el verdadero sentido de la democracia: el gobierno del pueblo. A cambio y a la inversa de ello, se torna conservador y hasta reaccionario, porque esa forma de hacer política corresponde a los antiguos y tradicionales partidos, organizaciones y sectores que buscan el poder para imponer sus intereses (quitándole a la democracia su sentido esencial y fundamental).

Y como la historia se encarga de demostrar este extremo, también es posible afirmar que no se trata de un fenómeno exclusivo de partidos, tendencias y organizaciones conservadoras y de derecha que buscan el poder para perpetuar la vigencia de su dominación; sino que también expresa el sentimiento y la visión de organizaciones y tendencias autodefinidas como de izquierda, que también ansían conseguir “el maravilloso instrumento del poder” para sustituir y encumbrar nuevas élites de dominación (sindical, corporativa, cultural y/o clasista), en cuya lógica de gobierno persiste y se reproduce la verticalidad, el mando de unos pocos y las jerarquizaciones excluyentes.

Frente a un escenario como éste, evidentemente la sociedad y la ciudadanía quedan desprotegidas y vulnerables ante la “majestad del poder”. Sin embargo, históricamente y muy especialmente en Bolivia, también ha quedado claro que sólo se trata de episodios pasajeros, antes de que vuelvan a surgir nuevas iniciativas y movimientos orientados a resolver y restituir, al menos, el equilibrio perdido.

En Bolivia, donde buena parte de las organizaciones sociales y sus dirigentes han sido cooptados por el poder en forma clientelar y prebendal, y donde ya no existen condiciones para contrarrestar, controlar y equilibrar la nueva relación de dominio y hegemonía que ejerce el poder del Estado sobre la sociedad; la ciudadanía que no forma parte del oficialismo, ha quedado completamente desguarnecida. A pesar de ello ha ideado y está generando nuevas oportunidades para organizase, y ha puesto en marcha un nuevo tipo de colectivos, agrupaciones, movimientos sociales, e iniciativas comunitarias o asociativas (de carácter barrial, rural o de redes sociales), donde prevalecen y se ejercen novedosas como tradicionales formas de deliberación, decisión, participación y gestión social en diferentes campos.

Caracterizados por un natural y comprensible rechazo (dados los antecedentes organizativos sucedidos en el país), a estructurarse jerárquica y verticalmente, y menos a comprometerse o estar dispuestos a reafirmar lealtades que no correspondan a objetivos concretos de lucha, trabajo o acción en la que se encuentren (en claro rechazo a las traiciones, los partidos políticos tradicionales y la forma de hacer política que ha caracterizado la historia nacional); en realidad muestran un nuevo horizonte y una diferente voluntad para establecer la relación entre la sociedad y el Estado.

Si las luchas y conquistas populares por construir una sociedad diferente, con un gobierno verdaderamente del pueblo, han sido envilecidas y degeneradas por el poder; entonces no es casual que tiendan a desarrollarse nuevas y alternativas formas sociales de decisión, participación y gestión, que paulatinamente vayan liberándonos de la dependencia de contar con un gobierno para que administre la cosa pública. El gobierno debe darse cuenta que no ha surgido para usurpar el poder que le corresponde al soberano, sino para servir, atender, facilitar y garantizar todas las condiciones, derechos y servicios que permitan al pueblo vivir con dignidad, igualdad y respeto, en armonía con la naturaleza.

La pretensión de prorrogarse y reproducir el poder “cueste lo que cueste”, no sólo es un despropósito político que sucumbe a tentaciones autoritarias para adueñarse de la voluntad soberana que le corresponde al pueblo, sino que desconoce en la práctica la decisión del mismo soberano expresado claramente en un referéndum nacional específicamente dispuesto para dirimir esta situación. Además, pone en entredicho aquel principio de “gobernar obedeciendo” que había sido adoptado precisamente por el gobierno del Estado Plurinacional.

Un precedente de este tipo no muestra una voluntad de servicio y mucho menos la intención de construir y devolver al pueblo la capacidad de decidir y construir procesos de gestión popular y pública; sino que busca utilizar su respaldo, para concentrar y beneficiarse de las ventajas que otorga el poder, el mando, la verticalidad y las jerarquías inherentes a una forma de gobierno no precisamente popular y de izquierda.

Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo, boliviano. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=221559&titular=pol%EDtica-y-poder-en-la-construcci%F3n-del-estado-y-la-democracia-

En consecuencia, la democracia vigente desde décadas garantiza y promueve la conciliación de los diversos de abajo con la incesante acumulación gran capitalista de riquezas y poder. Amoldamiento de los de abajo a esos privilegios y jerarquías que deriva de la delegación de su derecho de autonomía en representantes, quienes terminan "usurpando la capacidad de decisión, participación y autodeterminación al pueblo". Más lo han hecho los gobiernos progresistas que surgen a consecuencia de rebeliones de los pueblos correspondientes frente al neoliberalismo. Estos últimos restauraron el orden del capitalismo dependiente, es decir, sometido al saqueo de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. No sólo gestionaron una década de boom de commodities con extraordinaria rentabilidad para las elites sino también desorganizaron y desmovilizaron a los de abajo en su potencial social de cambios radicales.

 

Lo principal ante estas dos versiones de capitalismo dependiente -en apariencia antagónicas- es generalizar la subversión de la subjetividad masificada por el sistema  sea gestionado gracias a progresistas o a neoliberales. El desafío comprende la singularización de subjetividades colectivas al posicionarse contra el conformismo, la resignación y hacerse cargo de superar la situación límite o de defensa de la vida. Se trata ante todo de deconstruir percepciones grupales e individuales sobre la realidad social, nacional e internacional sobre la base de discusión y elaboración crítica de los problemas fundamentales en común. Son caminos de conocimientos y vínculos mutuos pero, a la vez, con orientaciones deducidas de revisión crítica de conceptos y principios políticos. En ese sentido, es crucial recapacitar sobre:

 

 

La geopolítica del caos y el fin de ciclo en las entrañas de América Latina

13 de diciembre de 2015

 

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión

 “…si las medidas excepcionales son el fruto de los períodos de crisis política y, en tanto tales, están comprendidas en el terreno político y no en el terreno jurídico constitucional, ellas se encuentran en la paradójica situación de ser medidas jurídicas que no pueden ser comprendidas en el plano del derecho, y el estado de excepción se presenta como la forma legal de aquello que no puede tener forma legal”.

Giorgio Agamben

 

El Gran Tablero Mundial se recalienta. El conflicto social se está propagando por todo el entramado del sistema-mundo, producto no sólo de las extraordinarias desigualdades socio-económicas y la devastación de fuentes de vida y territorios, sino también por la terrible vulneración que se ha provocado sobre los tejidos sociales en estos más de 30 años de neoliberalismo global. Como síntoma y consecuencia de estos procesos, derechas y extremas derechas ganan cada vez más terreno en numerosas partes del planeta.

 

En América Latina, las entusiastas ilusiones emancipatorias que se propagaban durante el auge de los gobiernos progresistas están siendo desplazadas por un horizonte de resistencias, ahora básicamente desde la perspectiva de las organizaciones populares de base y movimientos sociales. Se trata de un horizonte más incierto, pero necesariamente más combativo.

 

Este panorama para Latinoamérica no debe ser simplemente interpretado como una potencial “vuelta al pasado”, como un regreso en la línea del tiempo a 1990. Importantes transformaciones han ocurrido en la región, suficientes como para afirmar que ya nada será igual por acá. Hay que mirar hacia adelante advirtiendo no sólo tendencias histórico-estructurales sino también identificando los rasgos del tiempo sui generis que vivimos.

La crisis civilizatoria parece prefigurar una geopolítica del caos, donde también opera una estrategia de lo contingente, de lo inestable, que por ser más versátil, flexible, abierta y descentralizada no deja de ser virulenta y profundamente reaccionaria –por ejemplo, la llamada “Doctrina Obama” estuvo marcada por estos rasgos [1] . En este marco, es fundamental resaltar dos elementos:

 

a.      algunos mecanismos tradicionales de intermediación en lo económico (como los estados de bienestar y políticas de asistencia social masiva) y en lo político (como los sistema de partidos e instituciones electorales, marcos jurídicos de derechos civiles) parecen estar en proceso de franco agotamiento histórico, sea porque su legitimidad social está muy socavada, porque no pueden sostenerse en el tiempo o bien porque representan un obstáculo ante la necesidad que tiene el capital de un ajuste radical. Por tanto, éste apunta a procesos masivos e intensivos de apropiación directa de la riqueza y el trabajo, sin intermediación ni negociación ni seducción, principalmente en el Sur Global, pero avanzando también en el Norte. En este sentido, la guerra deja de ser sólo acontecimiento histórico y se va constituyendo como ejercicio permanente de micro-política y como referente de los regímenes de poder y los estados de derecho;

 

b.      pero la apropiación directa no supone necesariamente una actuación imperial a modo de aplanadora, sino basada en estrategias diferenciadas que permitan sostener lo más posible los procesos de acumulación, los mercados y la circulación de capital. A esto podríamos llamarle una política del cinismo: la combinación de retazos de asistencia social, regionalizaciones del consumo, zonas de “paz” con estados de guerra territorial, estados de excepción selectivos, configuración de democracias sitiadas, regímenes de poder regional paraestatales, entre otros, que se van desarrollando dependiendo de factores de coyuntura y las diversas reacciones socio-políticas que provocan.

 

Desde el análisis geopolítico del discurso oficial progresista latinoamericano, se ha promovido la total centralidad de la contradicción Imperio vs Nación-periferia (básicamente EEUU vs los gobiernos progresistas), interrumpiendo un análisis de multi-escalas y dejando engavetadas las propias contradicciones domésticas Estado-Gobierno – territorios/población.

Al mismo tiempo, se ha impulsado una prevalencia del imperio-acontecimiento (por ejemplo, para el caso de Venezuela, una eventual intervención militar estadounidense) dejando de lado el imperio-proceso, el cual expresa los múltiples mecanismos de penetración y transformación desde adentro de las tramas sociales, de las fuerzas contrahegemónicas, de las facetas desafiantes de los regímenes políticos nacionales, con el fin de ir mermándolos y mutándolos para facilitar la acumulación de capital y la apropiación de recursos y trabajo. Esta forma de intervención puede lograr el desmantelamiento y desactivación progresiva de un proceso contrahegemónico de cambio, aunque en la superficie dicho régimen político busque mantener una fachada popular-emancipatoria. En este sentido, es vital resaltar la contradicción Imperio-territorios/población.

Este análisis integrado macro-micro-político, de múltiples escalas espaciales, esta fenomenología del imperialismo, es útil al menos por dos razones:

  • Primero, factores como el caos global y los altos niveles de incertidumbre, riesgo y volatilidad sistémica, en los cuales muchas de las macro-instituciones tradicionales son cada vez menos funcionales y se requiere de la acción directa; la lógica de penetración total del neoliberalismo a escala planetaria; la potencial desregulación o mutación de los Estados latinoamericanos ante esta nueva etapa; la vulnerabilidad de pueblos y comunidades ante esta situación; la disputa geopolítica por los recursos naturales; entre otros, resaltan la especial importancia del foco sobre la dinámica en los territorios. Una estrategia de apropiación directa supone analizar más de cerca lo que ocurre en los mismos, y en los tejidos sociales, donde se están desarrollando vitales disputa por la vida a escala global.

  • Segundo, dicho análisis podría contribuir a hacer visibles los diferentes actores involucrados en las intervenciones que el capital transnacional impulsa, y que son canalizadas en escalas globales, regionales, nacionales y locales. Permite destacar las operaciones de interfaz geográfico mediante las cuales opera el capital para finalmente llegar al tejido de la vida socio-ecológica. De esta forma, por ejemplo, es posible resaltar la relación orgánica, aunque no necesariamente explícita, que tiene el extractivismo con estas formas de operación imperial.

En las disputas geopolíticas y nacionales en estos nuevos tiempos para Latinoamérica, no sólo se ha abierto el escenario para la aparición de gobiernos favorables a uno u otro bloque global de poder, sino también la configuración de nuevas y complejas “gubernamentalidades” (Foucault) en los territorios y los tejidos de la vida. Controlar y administrar el caos, así como aprovechar y canalizar los cambios esenciales que se han producido en estos tejidos socio-territoriales, parece ser un objetivo central en estas disputas por el mando político. Conviene evaluar pues, el terreno espinoso donde se están desarrollando las luchas actuales y las que vendrán.

 

El terreno espinoso de las luchas por venir: reconfiguraciones en las entrañas de América Latina

El ciclo progresista latinoamericano que parece concluir, y que ha tenido impactos directos e indirectos en toda la región, puede ser también leído como una nueva ola modernizadora para la región, impulsada no sólo por el boom de los commodities que iniciara en la década pasada, sino también por ampliaciones y nuevos dispositivos en la distribución social de los excedentes captados en este proceso.

Plantear que América Latina ya no será igual supone reconocer que esta ola modernizadora ha generado importantes transformaciones en los entramados sociales; en los territorios urbanos, campesinos e indígenas; en sus estructuras políticas –lo que incluye a las formas de ejercicio del poder y las luchas populares–; en las expectativas y patrones culturales; y en los metabolismos sociales; lo cual tiene y tendrá notables efectos para toda la vida en la región.

Si bien varían en diversos grados y no operan de manera absoluta, en los diferentes países latinoamericanos es posible verificar algunas tendencias compartidas tales como:

  • Crecimiento de los procesos de urbanización, modernización territorial y de la población dentro de las ciudades, con tendencias persistentes al incremento para los próximos años [2] . Caotización y vulnerabilidad de las ciudades –recuérdese por ejemplo, la crisis hídrica en São Paulo desde 2014 o las inundaciones en Buenos Aires en 2013. Expectativas de "modos de vida imperial" (U. Brand) en cada vez más gente, lo que se está uniendo contradictoriamente con la actual situación de caída de los precios de las commodities.

  • Avances de la frontera extractiva en toda la región. Relanzamiento y expansión a gran escala en sectores del extractivismo que no han sido los tradicionales para cada país, como el caso de la minería en Venezuela o Ecuador, o el petróleo en Brasil. Avance de los extractivismos de alto riesgo por medio del impulso de la explotación de hidrocarburos no convencionales, tales como la perforación y fracking en el yacimiento de Vaca Muerta, Argentina; o los crudos pesados y extrapesados en Colombia y Venezuela [3] .

  • Crecimiento en los metabolismos sociales (flujos de materiales, energía y agua), que aunque en términos relativos (tasas de crecimiento, flujos per cápita, etc.) podrían disminuir en relación a décadas pasadas, muestran notables tendencias al alza en términos absolutos [4] . Esto ocurre no sólo en las ciudades, donde una porción de las poblaciones han sido incorporadas al consumo de más energía, materiales y agua, sino también a raíz de la expansión del extractivismo en los territorios de la región.

  • Sistemas sociales más complejos. Incorporación masiva de sectores de las clases pobres a las clases medias [5] . Estratificaciones sociales más heterogéneas e híbridas –por ejemplo, barrios populares en los cuáles conviven diferentes "clases" sociales. Nuevas subjetividades en los jóvenes que perfilan una actitud ante la política y juegan un importante rol en el desarrollo de este fin de ciclo.

  • En algunos países se produjo el surgimiento de nuevas burguesías, en el seno de los procesos de acumulación de capital impulsados directa o indirectamente por las políticas de los gobiernos, como en el caso de los progresismos radicales de Venezuela y Bolivia –“Boliburguesía” y “Burguesía Aymara”, respectivamente.

  • Financiarización de las clases populares y robustecimiento cualitativo de las economías informales. A pesar de que en varios países de la región creció el empleo formal en la última década –como en Argentina, Brasil y Chile–, debido a las características de los modelos primarizados de la región, el sector informal sigue siendo muy significativo –un promedio de 50% del total, siendo que en países como Paraguay, Colombia, México, Guatemala o Perú, se supera notablemente esta cifra [6] . El proceso de financiarización social le ha dado mayor organicidad a la economía informal y fortaleza en términos cualitativos, en la medida en la que vigorizó sus redes, potenciadas por el alto consumo. Podríamos decir que se socializó el sector terciario de la economía, potenciando una mayor autonomización del sector informal. A raíz del fin del boom de las commodities y una eventual agudización de la crisis económica en la región, es probable que se produzca una re-explosión de la economía informal. ¿Qué pasa cuando informalidad pasa a ser un determinante de toda la economía y de los tejidos sociales?

  • En diversos grados, dependiendo de los territorios y países, las estructuras socio-económicas y culturales de los pueblos indígenas y campesinos han sido impactadas. Nuevas ruralidades y nuevas configuraciones en el mundo indígena se han venido desarrollando, con consecuencias respecto a la preservación de sus territorios, sus modos de vida, sus resistencias y sus patrones culturales.

  • Surgimiento de nuevas derechas, que asumen nuevas narrativas, proyectos más híbridos y flexibles, con nuevos rostros, las cuales buscan capitalizar los numerosos cambios sociales, culturales y políticos de la región. La crisis de los progresismos ha re-abierto el camino a un potencial desprestigio de los ideales revolucionarios y socialistas en amplios sectores de la población, con mayor fuerza en Venezuela.

  • Grupos de delincuencia social, urbanos y rurales, que han mutado a formas mucho más sofisticada de acción, con mayor capacidad de fuego y tecnológica, y con mayor conciencia de su poderío político, principalmente en los territorios que logran controlar.

  • Afianzamiento de lo que hemos llamado un "neoliberalismo mutante" [7] , el cual se ha configurado como un modo heterodoxo, híbrido, estratégico y flexible de acumulación de capital que muta, se reacomoda permanentemente, y en el cual pueden coexistir, por ejemplo, mercantilización sin privatización o financiarización con intervención estatal, sin que esto implique el abandono de un eventual giro a la ortodoxia o el horizonte de despojo masivo que lo constituye.

  • Penetración múltiple de las economías latinoamericanas por diversos actores geopolíticos, donde han tenido creciente presencia China y en menor medida los otros países de los BRICS. Destacan los nexos del gigante asiático con Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Argentina [8] . Relativo desplazamiento de la hegemonía de los EEUU. Brasil ha incrementado su influencia geopolítica, resaltando su papel en Suramérica. En general, el fin de ciclo está también marcado por una especie de guerra fría que se desarrolla a nivel mundial.

  • Vivimos en un mundo aún más convulso que cuando empezó este período de perfil progresista.Sobre la superficie accidentada, movible, irregular y volátil de esta geografía política de los muy diversos entramados sociales latinoamericanos se van conformando cadenas de regímenes de poder, diferenciados pero profundamente conectados con las disputas geopolíticas, los Estados de la región y los procesos de acumulación de capital a escala global. Conviene examinar las tendencias que configuran, desde arriba, un marco de excepcionalidad y militarización de todos los ámbitos de la vida; y desde abajo, una cooptación del antagonismo, especialmente de sus facetas autoritario-delincuenciales.

Gestionando el caos desde arriba: regímenes de excepción y militarización de la vida

Los tiempos por venir en América Latina parecen apuntar a tiempos conflictivos, de revueltas e intensas disputas territoriales por los recursos. Los Estados latinoamericanos no solo se van adaptando a las dinámicas de la crisis económica global a través de la creciente ejecución de reformas y ajustes macro-económicos (desde la Reforma Energética en México a las Zonas Económicas Especiales en Venezuela), sino también se ven compelidos a desarrollar o ampliar formas de cooperación con la lógica de guerra global imperante.

En este marco, y con miras en la administración y gestión de los escenarios de crisis y caos sistémico, se perfila una creciente política de militarización de todos los ámbitos de la vida y la expansión de estados de excepción diferenciados. Situaciones o contextos de contingencia vinculados a una “amenaza excepcional”, van siendo canalizados a través de estos mecanismos de control, sea por crisis económica (como el Estado de Excepción y Emergencia Económica decretado a nivel nacional en Venezuela desde mayo de 2016, para combatir la “guerra económica” y otros factores [9] ); lucha contra el terrorismo y el narcotráfico (como el declarado por el gobierno peruano en septiembre 2016 en tres distritos de Huancavelica, Ayacucho y Cuzco [10] ); fenómenos naturales (como la explosión del volcán Cotopaxi en agosto 2015, que implicó declaración de estado de excepción a nivel nacional y movilización de todas las fuerzas armadas en el Ecuador [11] ); grandes eventos (como el estado de excepción declarado por el gobierno brasilero para los Juegos Olímpicos de agosto de 2016 [12] ); y evidentemente revueltas populares y manifestaciones sociales de diverso tipo.

Pero es fundamental destacar que el desarrollo de este proceso no sólo se da por decretos; la promulgación de leyes antiterroristas y el endurecimiento de los códigos penales; el establecimiento de nuevas bases militares estadounidenses en la región (especialmente en Perú, Paraguay y Colombia); la modernización de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia; o incluso la búsqueda de consolidación del Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR; sino de cómo todos los aspectos y ámbitos de la vida social van siendo atravesados progresivamente por la lógica militar/policial de control, sitio, vigilancia y represión. De cómo el sistema de derechos y garantías sociales va quedando cada vez más suspendido para que vaya imponiéndose una régimen político de excepcionalidad permanente, que permite a las fuerzas de seguridad oficial tomar el control de los recursos, instituciones y territorios “vulnerados” por la “amenaza extraordinaria”.

Todo esto se va configurando independientemente de si la alianza geopolítica de los diferentes Estados latinoamericanos es con los Estados Unidos, con China, o con otros actores nacionales y corporativos.

Sin embargo, como ya hemos señalado, estos procesos evolucionan de maneras diferenciadas en los países y territorios latinoamericanos, al tiempo que no se trata necesariamente de regímenes aplanadora o de formas totalitarias homogeneizantes, sino que responden a estrategias variables, flexibles y regionalizadas.

Por un lado, hay que tomar en cuenta las estructuras políticas domésticas, la significación geopolítica de cada país y regiones, la importancia de sus recursos y la intensidad de las resistencias populares ante los diversos procesos de intervención del capital, para comprender cómo se asignan y se recurre a las diferentes modalidades e intensidades de operación sobre los territorios y población.

En México, la “Guerra contra el Narcotráfico” (2006+) y la Ley de Seguridad Nacional (2011) generan un marco de brutal excepcionalidad permanente y generalizada, con numerosas similitudes a la región centroamericana, en especial en El Salvador, Guatemala y Honduras.

En Suramérica, Colombia destaca como régimen constituido en buena medida por la excepcionalidad y por ser un área geopolítica de pivote (o bisagra), siendo que el escenario post-conflicto no supone necesariamente que se interrumpa el proceso de militarización imperante (con procesos actuales de intensa represión social y desaparición de activistas) y el crecimiento de la asistencia militar por parte de los EEUU [13] .

A su vez, en los países de gobiernos progresistas latinoamericanos se han producido intensas disputas socio-políticas atravesadas por actores rivales nacionales e internacionales, lo cual incrementa los niveles de conflictividad general, y por ende, los procesos de militarización y escenarios de excepcionalidad, siendo Venezuela el caso donde esto se desarrolla con más intensidad.

La Amazonía aparece como una zona clave en la evolución de estos procesos de conflicto. Del mismo, modo destacan formas de militarización urbana (ej. caso brasileño) y las complejas dinámicas fronterizas en toda la región (ej. la Triple Frontera o la frontera Colombo-venezolana).

Por último, aunque países como Chile, Uruguay o Costa Rica no se señalen como grandes áreas estratégicas, de riesgo o de insubordinación, pueden señalarse procesos de este tipo en menor escala o sectorizados, como ocurre con la creciente militarización y conflicto en la araucanía chilena.

Finalmente, es esencial insistir en que el costo político, económico y social, y las enormes dificultades que conllevan la ejecución y mantenimiento de un régimen total de excepcionalidad permanente a escala nacional, plantean la pertinencia para el status quo del impulso de políticas sectorizadas y de contingencia.

El fin de ciclo no tiene que ser pensado única y necesariamente como un tsunami arrasador. Una restauración conservadora en América Latina o una radicalización de la acumulación por desposesión parece ir ensamblándose progresivamente, mediante políticas que, aunque puedan llegar a ser violentas y de ampliación del despojo social, se configuran de maneras selectivas y diferenciadas.

Más allá de estos dispositivos desplegados desde arriba, es necesario también examinar cómo estos también pueden expandirse desde las propias tramas de la vida social, analizar cómo se van configurando desde abajo.

 

Gestionar el caos desde abajo: autoritarismos delincuenciales y el tejido social como campo de batalla

Pese al progresivo ensamblaje de todos estos dispositivos de control, los marcos de la legalidad y de los aparatos e instituciones formales están siendo cada vez más desbordados por las dinámicas sociales, culturales, metabólicas y territoriales que se desarrollan en las entrañas de la región, y que hemos descrito anteriormente.

El crecimiento de redes de narcotráfico, de amplios entramados de economías informales y comercio de contrabando, muchos de ellos de carácter transfronterizo, y la acelerada expansión de la minería ilegal, principalmente en la región amazónica, están constituidos por grupos socio-políticos que logran ejercer cada vez más poder sobre los territorios, configurar economías locales con cada vez mayor arraigo popular, generar crecientes daños ambientales, e impactar significativamente sobre los tejidos sociales y los procesos de producción cultural y de subjetividad.

El control territorial de los cárteles mexicanos en varias regiones del país; el avance político de las “maras” en Centroamérica (recordemos el paro de transporte convocado por Mara Salvatrucha y Barrio 18 en El Salvador, en julio de 2015 [14] ), las estructuras de poder de grupos armados irregulares y bandas criminales urbanas y rurales en Colombia, y la forma acelerada como han crecido estas en Venezuela; la expansión del tráfico de commodities en la Amazonía y otras zonas del sub-continente (especialmente en las nuevas fronteras de la extracción); son expresión de cómo estos grupos pueden incluso crear sus propios regímenes políticos, sus propias formas de excepcionalidad, los cuales podemos entenderlos como autoritarismos delincuenciales regionalizados.

En estos circuitos y territorializaciones, no hay área protegida, zonas de reserva, derechos humanos, regulaciones económicas y jurídicas que cuenten, no sólo porque no se impone una institucionalidad formal que los haga respetar, sino porque al mismo tiempo se van institucionalizando desde abajo estos otros formatos de lo “paralelo”-ilegal-informal.

 

Es común endilgar la ocurrencia de estos fenómenos a una “ausencia de Estado”, y aunque en efecto esto puede revelar un abandono o desplazamiento de la institucionalidad estatal, conviene también analizar procesos de cooperación y articulación que se están produciendo entre los ámbitos de lo formar/legal y lo informal/ilegal.

El capital y el Estado pueden configurar una poderosa biopolítica que opera en un doble ámbito de acción: no sólo en la militarización de la vida y su lógica de control de espectro amplio, impulsada desde arriba, sino también buscando cooptar las pulsiones contrahegemónicas, desde abajo. Esto básicamente implica intentar canalizar el malestar popular, el desbordamiento social, las pulsiones de sublevación y de poder, poniendo especial atención en las poderosas estructuras delincuenciales, para favorecer formas de control territorial y apropiación local del trabajo, los recursos, los cuerpos y el territorio, al tiempo que se pueda dividir, fragmentar y vulnerar aún más el tejido social que podría conformar la alternativa contrahegemónica. De esta forma, el tejido social se convierte en campo de batalla.

La consigna mexicana a raíz de la tragedia de Ayotzinapa (2014) de “No fue el narco, fue el Estado”, que expresa un régimen de co-gobierno o entrecruzamiento de aparatos represivos formales y grupos delincuenciales; las variadas expresiones cooperativas entre sectores militares y los grupos que impulsan la expansión de la minería ilegal en la región amazónica; o bien el importante rol que van adquiriendo las instituciones policiales en el propio auge de la delincuencia urbana; por mencionar algunos ejemplos, revelan un patrón de poder que tiene un carácter multi-escalar, corporativo y reticular, en el cual las fronteras entre lo formal/legal y lo informal/ilegal se van haciendo cada vez más borrosas. Esto nos trae de nuevo a la recurrente pregunta sobre qué es el Estado, pensándolo ahora desde América Latina en el siglo XXI.

Tomando en cuenta el auge de los poderes territoriales delincuenciales y las ramificaciones y desbordamientos de los Estados más allá de los márgenes de lo formal/legal, nos preguntamos también si sólo se trata de una tendencia coyuntural o bien estamos ante la configuración histórica de nuevas formas de estatalidad en la región. En el marco de la geopolítica latinoamericana, ¿estamos ante una tendencia regional estructurada y determinada por las intensas disputas inter-capitalistas mundiales? ¿Son los ejemplos africanos y asiáticos (como el Boko Haram o el ISIS), referentes de un patrón de apropiación radical en los territorios del Sur Global?

En la biopolítica de la disputa mundial, la batalla trascendental se está produciendo sobre los tejidos sociales y los territorios/ecosistemas. Es fundamental tomar en cuenta estas tendencias en los análisis de los tiempos por venir para la región. Se trata de una cuestión vital.

 

Lo común en el caos: pensarnos desde el conflicto, disputar el antagonismo, tejer comunidad

El caos sistémico es también la revelación de un sistema extraordinariamente agrietado, por donde siempre podrán colarse las pulsiones de la revuelta y la transformación para la emancipación. El agotamiento del “ciclo progresista” muy probablemente va a suponer la apertura de nuevos ciclos de luchas populares en América Latina, las cuales a su vez podrían promover el surgimiento y expansión de nuevas modalidades, narrativas y formatos de operación en las mismas. Pero un desenlace de la actual encrucijada regional, lo más favorable posible para un proyecto popular-ecológico-emancipatorio, pasa por reconocer los códigos de operación de estos agresivos regímenes de poder multi-escalares.

Decir que los propios tejidos socio-territoriales son un campo de intensa batalla, como nunca antes en la historia del capitalismo, supone reconocer que la fuerza destructiva del capital penetra en las redes de la vida –su fuerza ecocida– y en la propia constitución de lo popular-comunitario. ¿Cómo se desarrolla y se desarrollará el antagonismo de lo popular, el antagonismo de los pobres y de los excluidos, en tiempos de caos sistémico? ¿Qué formas toma o puede tomar?

Intervenir violentamente en la propia producción constitutiva de lo popular-comunitario busca transformar su potencia en máquinas fragmentadas de guerra, en campo fértil para la distopía; canalizar el descontento social hacia formas orgánicas de fascismo; formatear la comunidad para el combate a lo que está fuera de ella –las maras centroamericanas pueden ser interpretadas como comunidades/máquinas de guerra–; y así volver inviable la masividad de una revuelta emancipatoria.

No basta pues, sólo promover el antagonismo contrahegemónico, sino incluso disputarlo para intentar encauzarlo a un proyecto colectivo y emancipatorio de lo común-diverso-ecológico, en donde lo humano se funde con la realidad material de su geografía inmediata, de su ecosistema, y la reproducción y afirmación de la vida.

Esto implica privilegiar una política desde los territorios y por ende, alcanzar una meta que hasta ahora no se ha conseguido en el grueso de los proyectos y narrativas de la izquierda: descentrar el rol del Estado en las transformaciones sociales. No se trata de ignorar su presencia, operación y poder, ni tampoco, como han insistido algunos autores, reivindicar un “horizonte localista”, sino impulsar una estrategia multi-escalar en la cual la lucha territorial y la reproducción material de la vida son centrales y punto de partida de toda la lucha emancipatoria.

Cuando pensamos en las estrategias y narrativas en la escala global, la regional e incluso la nacional, ¿qué nos queda por reivindicar en cuanto a las grandes narrativas políticas, esas que pueden unir numerosas subjetividades y agrupaciones en torno a un proyecto común? ¿El socialismo? ¿El desarrollo? ¿La democracia?

Ante el desbordamiento de los contratos sociales y la configuración de la guerra como factor de organización social por excelencia, ¿debemos defender hasta el máximo los principios y marcos mínimos de los estados de derecho, de garantías mínimas sociales, los pilares del ideal de la democracia? ¿Qué queda como proyecto para la convergencia de luchas, más allá del parapeto de las estructuras institucionales de la modernidad? ¿Es posible resignificar los pilares fundamentales de la llamada democracia? ¿Una democracia radical y ecológica podría y debería ser un eje narrativo y programático que articule diversas iniciativas populares de lucha? ¿Podemos avanzar juntos sin un gran proyecto movilizador?

Tal vez una de las paradojas de los tiempos que vivimos reside en la forzosa combinación de una esperanza a la cual no podemos renunciar, con la franqueza y valentía de reconocer que el desborde del conflicto, su masividad, su multiplicidad, nos habita cada vez más. ¿Es el estallido social del Caracazo en 1989 en Venezuela sóo un acontecimiento histórico o la expresión de la configuración de un nuevo escenario político urbano, de la inviabilidad de las ciudades latinoamericanas, de la latencia de su desbordamiento?

Las intensas luchas de resistencia indígenas y campesinas en el Perú; las fogatas y las guardias comunitarias en Cherán, México; las retenciones de militares por parte de pueblos indígenas en Colombia y Venezuela; los cortes de ruta y asambleas populares en comunidades como Famatina, Argentina; los bloqueos a excavadoras y múltiples métodos de acción directa para la resistencia, realizados en numerosas localidades latinoamericanas; ¿son conflictos convencionales o la respuesta ante un radical avance belicista hacia las nuevas fronteras de las commodities? Creemos que pensar las alternativas pasa también necesariamente por pensarnos desde el conflicto.

Tal vez convenga reivindicar el “principio de esperanza” no únicamente anclado en un horizonte ideal por conseguir, sino también orientado a una disposición que rodea y queda contenida en el hacer, en el devenir, sea cuando las aguas están calmas o bien cuando haya avisos de tormenta. Mientras tanto, tejer y tejer comunidad, en cada ámbito y escala de lucha, parece un objetivo vital en estos tiempos. Y no olvidar que el juego sigue abierto.

Caracas, diciembre de 2016

*Emiliano Teran Mantovani, sociólogo venezolano, master en economía ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador.

Fuentes consultadas

- AFP. OIT: empleo informal en América Latina alcanza el 50%. Diario Pyme. Sin fecha. Disponible en http://www.diariopyme.com/oit-empleo-informal-en-america-latina-alcanza-el-50/prontus_diariopyme/2016-06-21/144744.html

- Alba Ciudad. Conozca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica firmado por el Presidente Maduro este 13 de mayo. 14 de mayo de 2016. Disponible en http://albaciudad.org/2016/05/decreto-estado-excepcion-estado-emergencia-mayo-2016/

- BBC Mundo. El paro que demuestra el poder de las maras en El Salvador. 29 de julio de 2015. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150729_america_latina_el_salvador_maras_pandillas_paro_transporte_aw

- CEPAL. Ciudades sostenibles con igualdad en América Latina y el Caribe. HABITAT III, Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Quito, 17 a 21 de octubre de 2016. Disponible en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40658/1/S1601057_es.pdf

- Constante, Soraya. Correa declara el estado de excepción por la erupción de un volcán. El País. 17 de agosto de 2015. Disponible enhttp://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/15/actualidad/1439662969_985121.html

- EFE. Gobierno peruano declara estado de excepción en tres distritos por terrorismo. 11 de septiembre de 2016. Disponible enhttp://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/11/gobierno-peruano-declara-estado-de-excepcion-en-3-distritos-por-terrorismo

- Justo, Marcelo. ¿Cómo terminar con el trabajo informal en América Latina? BBC Mundo. 29 de mayo de 2014. Disponible enhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140527_economia_trabajo_informal_wbm

- Krieg, Andreas. Externalizing the burden of war: the Obama Doctrine and US foreign policy in the Middle East. International Affairs 92: 1 (2016) 97–113. Disponible en https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/ia/INTA92_1_05_Krieg.pdf

- Roa Avendaño, Tatiana. Scandizzo, Hernán. Qué entendemos por energía extrema. OPSur-Oilwatch Latinoamérica. septiembre 28, 2016. Disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2016/09/28/que-entendemos-por-energia-extrema/

- Telesur. Brasil declara estado de excepción para Olímpicos Río 2016. 17 de junio de 2016. Disponible en http://www.telesurtv.net/news/Brasil-declara-estado-de-excepcion-para-Olimpicos-Rio-2016-20160617-0043.html

- Teran Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013). Documentos de Trabajo Celarg, 2014, vol. 5, p. 1-27. Disponible en http://www.celarg.org.ve/Espanol/Imagenes/avances%20de%20investigacion/5.%20Documento%20N%C2%B05.%20Emiliano%20Teran%20(corregido).pdf

- Teran Mantovani, Emiliano. Los rasgos del “Efecto China” y sus vínculos con el extractivismo en América Latina. Rebelión. 6 de febrero de 2014. Disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180450 .

- The White House. FACT SHEET: Peace Colombia -- A New Era of Partnership between the United States and Colombia. 4 de febrero de 2016. Disponible en https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/02/04/fact-sheet-peace-colombia-new-era-partnership-between-united-states-and

- UNEP. Recent Trends in Material Flows and Resources Productivity in Latin America. 2013. Disponible en http://www.unep.org/dewa/portals/67/pdf/RecentTrendsLA.pdf

- United Nations. World Urbanization Prospects 2014. United Nations New York, 2014. Disponible en https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf

- United Nations. América Latina debe impulsar un modelo de crecimiento urbano que genere riqueza, sugiere el PNUD. 15 octubre 2016. Disponible en http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2016/10/america-latina-debe-impulsar-un-modelo-de-crecimiento-urbano-que-genere-riqueza-sugiere-el-pnud/


 


[1] Sobre esta discusión, véase por ejemplo: Krieg, Andreas. Externalizing the burden of war: the Obama Doctrine and US foreign policy in the Middle East.

[2] Véase: United Nations. World Urbanization Prospects 2014; y CEPAL. Ciudades sostenibles con igualdad en América Latina y el Caribe.

[3] Roa Avendaño, Tatiana. Scandizzo, Hernán. Qué entendemos por energía extrema.

[4] UNEP. Recent Trends in Material Flows and Resources Productivity in Latin America.

[5] United Nations. América Latina debe impulsar un modelo de crecimiento urbano que genere riqueza, sugiere el PNUD.

[6] Justo, Marcelo. ¿Cómo terminar con el trabajo informal en América Latina? AFP. OIT: empleo informal en América Latina alcanza el 50%.

[7] Teran Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013).

[8] Teran Mantovani, Emiliano. Los rasgos del “Efecto China” y sus vínculos con el extractivismo en América Latina.

[9] Alba Ciudad. Conozca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica firmado por el Presidente Maduro este 13 de mayo.

[10] EFE. Gobierno peruano declara estado de excepción en tres distritos por terrorismo.

[11] Constante, Soraya. Correa declara el estado de excepción por la erupción de un volcán

[12] Telesur. Brasil declara estado de excepción para Olímpicos Río 2016.

[13] The White House. FACT SHEET: Peace Colombia -- A New Era of Partnership between the United States and Colombia.

[14] BBC Mundo. El paro que demuestra el poder de las maras en El Salvador

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220341

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Tomemos en cuenta, abajo y a la izquierda, que "la batalla trascendental se está produciendo sobre los tejidos sociales y los territorios/ ecosistemas".Emiliano Teran Mantovani continúa:"resaltan la especial importancia del foco sobre la dinámica en los territorios. Una estrategia de apropiación directa supone analizar más de cerca lo que ocurre en los mismos, y en los tejidos sociales, donde se están desarrollando vitales disputa por la vida a escala global." Subraya el imperativo de observar: "cómo todos los aspectos y ámbitos de la vida social van siendo atravesados progresivamente por la lógica militar/policial de control, sitio, vigilancia y represión. De cómo el sistema de derechos y garantías sociales va quedando cada vez más suspendido para que vaya imponiéndose una régimen político de excepcionalidad permanente, que permite a las fuerzas de seguridad oficial tomar el control de los recursos, instituciones y territorios 'vulnerados' por la 'amenaza extraordinaria'".

 

De modo que no podemos reducir la situación de ajuste-represión al gobierno de Mauricio Macri, hasta Rafael Correa aplica el estado de excepción y el socialdemócrata François Hollande en Francia. También es importante destacar cuán Honorable Senado Nacional tenemos. Representan a las provincias que, en su mayoría, desde décadas están controlando las comunidades hundidas en la pobreza mediante aparatos clientelares, asociación estatal con empresarios y terratenientes en entramados de negocios delictivos-criminales y régimen político de excepcionalidad permanente con censura completa que, desde hace años, están desbloqueando los medios comunitarios, alternativos y populares. Consideremos cómo se construye 'democráticamente' el dominio sobre poblaciones expropiadas de todo. Comencemos por:

 

Santiago del Estero, los Juárez y el crimen de la Dársena
4 de febrero de 2017

Por Rogelio Alaniz

El 6 de febrero de 2003 en un descampado conocido con el nombre de “La Dársena”, ubicado a doce kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero, fueron encontrados los restos de Leyla Bshier Azar y Patricia Villalba. Se trataba de dos mujeres jóvenes muertas de manera brutal y cuyas desapariciones habrían quedado en la nada si no se hubiera combinado una serie de factores que permitieron investigar a fondo y probar que el crimen comprometía a familias, empresarios y funcionarios vinculados con el régimen de poder del caudillo peronista Carlos Juárez.

El episodio recordaba a ese otro crimen con consecuencias políticas cometido en la provincia de Catamarca contra la adolescente Soledad Morales. También en este caso las investigaciones pusieron en evidencia una trama de poder destinada a proteger a familiares de funcionarios del régimen peronista implantado en esta provincia por los Saadi.

Las similitudes entre los dos crímenes son notables. En ambos casos la movilización de los familiares logró sensibilizar a la sociedad con manifestaciones de protesta que incluyeron a políticos opositores y líderes religiosos. La ampliación de las movilizaciones y la persistencia de los reclamos fue lo que permitió sacar el crimen de las fronteras de la provincia para instalarlo en el orden nacional.

Las víctimas eran personas humildes, es decir, las presas preferidas de quienes ejercen el poder con una mentalidad de jefes mafiosos. Cuando murió Soledad Morales, la madre de uno de los autores del crimen habló despectivamente en una reunión social de la muerte de “una chinita”, como si su condición humilde le hiciera perder la condición humana. Exactamente lo mismo dijo el señor Antonio Musa Azar cuando le mencionaron por primera vez la muerte de las dos jóvenes. Son dos “chinitas”, comentó con el desprecio de quien supone que está autorizado a disponer de la vida y la hacienda de sus súbditos.

El escándalo provocó la caída del régimen de los Saadi en Catamarca y de los Juárez en Santiago del Estero. En un caso, de manera directa; en el otro, de manera indirecta, pero en ambos lo sucedido dejó al desnudo las excrecencias de un sistema de dominación política en dos provincias pobres, atrasadas y controladas por caudillos feudales instalados en el poder desde la primera época el peronismo.

Sin ánimo de establecer una rígida relación determinista entre crímenes y política, no deja de ser sugestivo que los casos “Soledad Morales” y “Crimen de la Dársena” se hayan cometido en provincias con regímenes políticos muy parecidos. Es verdad que en cualquier parte los débiles pueden ser víctimas de los poderosos, pero sólo en esas miserables satrapías es posible establecer una conexión directa entre los asesinatos y el poder político.

Puede que un análisis más amplio de esta realidad incluya necesariamente a sociedades habituadas a la sumisión y dependientes de los favores del señor, sometidas culturalmente a un orden tradicional y jerárquico. Así y todo, fueron estas sociedades -o por lo menos sus segmentos más sensibles- las que en algún momento se movilizaron para reclamar justicia e instalar el tema en el orden nacional.

Las investigaciones en Santiago del Estero no estuvieron exentas de sabotajes, sobornos, presiones y reiterados intentos de garantizar la impunidad de todos o de algunos de los implicados. Leyla Bshier Nazar era una joven de 22 años que ejercía la prostitución, actividad que parecía autorizar a los criminales a disponer de su vida y no rendir cuenta por su muerte.

Lo que las investigaciones pudieron establecer es que Leyla murió la noche del 16 de enero de 2003. Según se supo, hubo una “fiesta” en la que participaron, entre otros, el hijo de Musa Azar, “Musita”, el carnicero José Patricio Lludgar y, probablemente, algunos dirigentes políticos de la provincia, entre los que no serían ajenos el hijo del vicegobernador de la provincia, Juan Felipe Moreno y el diputado Carlos “Pololo”Arrauate.

El alcohol, las drogas, el sadismo de los “machos” o la mala salud de Leyla, provocaron su muerte. Los hechos pudieron haber ocurrido en el “Viejo Bar”, pero las declaraciones de los testigos no son coincidentes al respecto. Otra versión es que la chica murió en el Hotel Carlos V del grupo económico más poderoso de Santiago del Estero, la familia Ick. Se trata de un emporio económico crecido de la mano de los Juárez a través de negocios con el Estado. Incluso algunas voces apuntaron en su momento contra Gustavo Ick, hijo de Néstor, la cabeza del grupo, y Xavier Ferrara Peña, sin que al cabo se probara judicialmente su participación.

Leyla no murió en la “fiesta”. Se descompuso o algo parecido. Y como no se recuperó, decidieron ir con el cuerpo de la pobre chica hasta la residencia de Musa Azar, en Arraga, una localidad ubicada a 35 kilómetros al sur de la capital de la provincia. Antonio Musa Azar había sido jefe de los servicios de inteligencia de Juárez, y como corresponde a estos personajes, también estaba comprometido con la represión en los tiempos de la dictadura militar.

Musa Azar reunía las condiciones morales y físicas de lo siniestro. Prepotente, taimado, arrogante con los débiles y sumiso con los fuertes, vivía retirado en su pequeño feudo donde, entre otras curiosidades, había organizado un zoológico que exhibía con orgullo de gran señor a los amigos y amigotes que periódicamente frecuentaban su guarida.

Lo del zoológico no es un detalle menor, por que de acuerdo con lo que pudieron establecer las investigaciones de los peritos, los restos de las víctimas fueron empleados para saciar el hambre de los animales que el señor Musa Azar cuidaba con esmerado cariño. Se supone que don Antonio hizo lo que hizo para proteger a su hijo “Musita”, un joven de 22 años, estudiante de medicina en la universidad de La Rioja y, como el hijo de Luque en Catamarca, autorizado por su padre para divertirse con “chinitas”.

Mas no concluyeron allí las “intervenciones” del padre. Patricia Villalba tenía 26 años y trabajaba en una verdulería. El destino, en este caso, tendió su trampa. En la bailanta “Árbol solo”, un descampado en medio de la nada donde los santiagueños se reúnen a bailar y emborracharse, escuchó que unos policías a las órdenes de Musa Azar se jactaban de la muerte de Leyla. La desgracia o el capricho de los dioses hicieron que le dijera al carnicero José Patricio Lludgar que ella sabía muy bien lo que había pasado con Leyla y que se lo iba a contar a la policía.

A Patricia la secuestraron el 5 de febrero a dos cuadras de su trabajo. Por lo que se supo luego, la trasladaron a la residencia de Arraga donde la sometieron a torturas hasta su muerte. Al otro día, es decir, el 6 de febrero, los cadáveres de las infortunadas chicas fueron arrojados a “La Dársena”. ¿Por qué Patricia sabía lo que le había sucedido a Leyla? ¿por qué se le ocurrió comentarlo con uno de los asesinos? ¿qué relación tenía con Lludgar? No tengo respuestas a estos interrogantes, como tampoco tengo respuesta a las sugestivas muertes de tres testigos del “Viejo Bar”, su dueño, Germán Szelske; el mozo, Rubén Lidi, y uno de los parroquianos, Carlos Rufino. Los tres murieron de manera sospechosa: uno en un asalto, el otro se cayó del techo y el tercero apareció ahogado en su bañera.

El juicio oral se inició en octubre de 2007 y concluyó el 24 de junio de 2008. participaron seis jueces en la etapa de instrucción y la causa sumó alrededor de diez mil fojas. El tribunal estuvo integrado por los jueces Osvaldo Pérez Roberti, Graciela Viaño y Rosa Piazza de Montoto. En total fueron procesadas dieciséis personas, de las cuales once fueron absueltas. Entre los absueltos estuvieron el hijo de Musa Azar, su esposa Marta Cejas y el ex diputado Pololo Arrauate. Antonio Musa Azar, por su parte, fue condenado a prisión perpetua. El mismo veredicto alcanzó a los ex policías -en realidad sicarios de Musa Azar- Pablo Gómez, Daniel Mattar y Héctor Albarracín. Por su parte, Lludgar fue condenado a 22 años de prisión.

El fallo generó más dudas que certezas. Por lo pronto, no deja de ser sugestivo que a la hora del veredicto los Musa Azar se abrazaron para festejar la resolución. A esa altura los Juárez -don Carlos y su esposa, la tristemente célebre Nina Aragonés- ya eran historia, historia negra, pero historia al fin. En abril de 2004 la provincia había sido intervenida. A los Juárez se les imputaban diversas corruptelas, asociaciones ilícitas y negociados. El “crimen de la Dársena” no fue la causa directa de la intervención a la provincia, pero el escándalo que provocó en su momento creó las condiciones sociales para poner en evidencia las lacras del régimen que sólo un “compañero” de los Juárez pudo llegar a comparar con la provincia de Santa Fe.

Fuente: http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/11/14/opinion/OPIN-05.html

 

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Trab. soc.  no.13 Santiago del Estero dic. 2009

TRABAJO, PODER Y CULTURA

Recordar/narrar el juarismo. La Intervención Federal a Santiago del Estero de abril de 2004 *

Mariana Godoy**

** Socióloga. Becaria de Postgrado del CONICET. Integrante del proyecto "Política y Ciudadanía en Santiago del Estero", CICyT-Universidad Nacional de Santiago del Estero. Doctoranda en Ciencias Sociales, UBA. Docente adscripta en la carrera de Antropología. UNSa. Correo: mariananes@gmail.com

Presentación

Afortunadamente asistimos en los últimos años, a una estimulante producción académica y periodística sobre temas políticos en Santiago del Estero, en gran parte alentada por la descompresión que significó la crisis y el resquebrajamiento del régimen juarista, acelerado hacia 2003 por el escenario de protesta local a raíz del doble Crimen de la Dársena1 y la impugnación (siempre dilemática) del gobierno kirchnerista a la gestión del matrimonio Juárez. (...)

1- LOS PRIMEROS ARRIBOS. EL INFORME Y LA LEY: PRIMEROS PROCEDIMIENTOS PARA NOMINAR/INTERVENIR SOBRE EL JUARISMO

Es necesario ir hacia el año 2003, casi un año antes de la Intervención Federal a Santiago, para buscar los antecedentes en cuanto a las prácticas de interpelación del Ejecutivo Nacional y entidades de Derechos Humanos nacionales e internacionales a la provincia, y para anticipar los actores que formarían parte del proyecto interventor, si bien esta conexión no puede de ningún modo verse como una relación lineal y premeditada20.

A partir de mayo de ese año llegaron a la provincia distintos representantes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos presidido por Gustavo Béliz, y se destacó la presencia de los Secretarios de Justicia y Asuntos Penitenciarios Pablo Lanusse (quien en 2004 sería designado Interventor), y de Derechos Humanos Eduardo Luis Dhualde. Asimismo llegó a la provincia la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación y miembros del Senado Nacional. También, a principios de setiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.) de la Organización de los Estados Americanos (O.E.A.) arribó a la provincia. Estos actores participaron principalmente recogiendo denuncias de casos de abuso a los derechos humanos y generalmente acompañaron con la propia presencia las marchas por el doble Crimen de la Dársena.

El Informe Santiago del Estero

El "Informe Santiago del Estero" presentado al poder ejecutivo por Pablo Lanusse y Eduardo Luis Duhalde en octubre de 2003, a partir de su visita a la provincia en el mes anterior, de 54 páginas, acompañado por 13 cajas de denuncias, recogiendo expresiones y datos de las entidades mencionadas, de la Secretaría Diocesana por los Derechos Humanos de la provincia21, la Universidad Católica de Santiago, de periódicos de la organización local Madres del Dolor22, entre otros, es un documento paradigmático no sólo por su valor documental, sino porque desde otra lectura, allí está contenido por completo el relato del gobierno interventor sobre el régimen Juarista. De hecho como veremos, gran parte de la propuesta programática inicial de la IF se puede desprender perfectamente de ese "primer gran documento". Por otro lado, el hecho de que fuera producto de un procedimiento de "recolección" de denuncias de parte de varias centenas de ciudadanos, hacía que el documento aspirara a una "representatividad fundante." A partir de aquí los actores nacionales "enfrentarán" ese "pasado presente": el juarismo, lo "evocarán" continuamente y buscarán explícitamente transformarlo ¿"domesticarlo"?23 especialmente de un modo: poniéndolo bajo la inquisición de diagnósticos exhaustivos con gran contenido técnico24 para luego someterlo a procedimientos de alta jurídico, el instrumento del que por definición adoleció el juarismo o que lo usó en su propio favor, estaba la institucionalidad, la república, la democracia y los DDHH. Este relato era también la fuente de su legitimidad.

A partir de un diagnóstico exhaustivo el informe concluye en la necesidad de la Intervención del Poder Judicial de la provincia. En términos jurídicos el informe sostiene la existencia de una grave crisis institucional que tiene "características estructurales y que lesiona de tal modo la vigencia del Estado de Derecho y lleva a Santiago a la situación más dramática e inaceptable de violaciones a los derechos humanos, más cuando llevan veinte años de democracia". Lo interesante respecto a lo dicho anteriormente es que para quienes redactan el informe la base de la estructura política en Santiago está puesta en su régimen judicial y dentro de este ámbito en la policía provincial que es "su instructor y auxiliar" por lo que gruesas reformas en ese sector, podrían trasladarse directamente a un cambio al sistema político.25

Se destaca entonces, la excesiva prolongación en la obtención de resoluciones judiciales y anomalías en el proceso de investigación como consecuencia de la ausencia de independencia respecto al poder político, del bajo apego a las normas y a las garantías constitucionales y de los pactos internacionales. Todo esto ayudado por los mecanismos institucionales establecidos para la elección y remoción de los jueces. Se informa también la situación de la policía provincial y de la inteligencia interna cuyas prácticas de ilegalidad y terror (control ilegal de la vida de los ciudadanos metodología del "apriete" a los opositores), se relacionan con la actuación del emblemático Musa Azar, responsable de desapariciones en Santiago durante la última dictadura, con una policía servil y el manejo sesgado de la carrera de los funcionarios policiales. El informe busca también caracterizar el Estado juarista definiéndolo por su "baja estatalidad" y su sustento en el "clientelismo". Así, se convierte en una variable económica central como principal regulador del acceso a bienes y servicios, la participación política se reduce a una forma de acceso hiperregulado a los recursos que garantizan la subsistencia familiar, resultando imposible realizar una carrera administrativa sin padrinazgos políticos. Al analizar la relación entre el Gobierno Provincial y los Grupos Económicos el informe se detiene en los fuertes vínculos entre el círculo gobernante y un grupo económico, cuya "cabeza" sería Néstor Carlos Ick, detallando una prolongada lista de empresas bajo su propiedad y de los convenios con los que estado provincial las beneficiaba abiertamente. Por otro lado, el informe dedica un capítulo extenso que titula "la situación de los DDHH" donde se dispone a clasificar y cuantificar las denuncias de violación a los DDHH entre 1999 y 2003 que han llegado a la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos del Obispado de Santiago del Estero. Allí se concluye que las denuncias de tortura y apremios ilegales cometidos por personal policial son los estadísticamente mas altos, y la policía como la institución que ha sido más denunciada junto al poder judicial. También estructura los números para casos de persecución política, gremial, policial/amenazas. Abuso de autoridad/incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Discriminación/vulneración de derechos bajo amparo. Impunidad, inseguridad jurídica y personal, inacción judicial y policial. Se destaca en este marco, la ausencia de libertad y de prensa y de regulación de dicha actividad, siendo además de la violación a un derecho fundamental, un claro indicador de posibles violaciones a los derechos humanos26. Finalmente los Secretarios enfocan su atención en la "Situación del Campesinado Santiagueño" dedicando un pormenorizado análisis respecto a las causas económicas, jurídicas y políticas que llevan a que una amplia población rural tenga problemas con la posesión y tenencia de la tierra y existan intentos sistemáticos por medios ilícitos de desalojos forzados con expresa actuación de la policía o de bandas armadas. Destaca que "la problemática de la tenencia y posesión de la tierra es una de las principales cuestiones de la agenda de derechos humanos santiagueña ya que el proceso de avance indiscriminado de la frontera agrícola de las oleaginosas con eje en la soja, atenta no solo contra los derechos reales de posesión sino también contra el patrimonio cultural ambiental de las comunidades campesinas de la provincia". (Pág. 28)

Una línea de análisis que es necesario profundizar tanto por las expresiones del documento como por cuáles son las organizaciones y entidades que se arrojan la tarea de monitorear y definir lo que estaba ocurriendo en Santiago, es que a partir de 2003, tanto las organizaciones que protestan en Santiago, como el gobierno y los medios nacionales, incorporan sistemáticamente el concepto de "derechos humanos" o de "violación a los derechos humanos" para explicar los efectos del régimen Juarista27. Más aun, se busca relacionar las acciones del gobierno, especialmente de su fuerza policial y de inteligencia de la mano del ex represor Antonio Musa Azar, con la antesala de la última dictadura militar pasando también por esta última. Así, esta narrativa trazará una línea de continuidad entre el modo de ejercicio de poder de la estructura juarista, con el trienio del '73 al '76 cuando a la par de la represión de López Rega, Carlos Juárez anticipaba los primeros desaparecidos en Santiago y luego, con la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas. De este modo, diez años después del Juicio a las Juntas, se hacía coincidir el presente santiagueño con ese "pasado reciente" que tanto se ha historizado y conmemorado en la Argentina, pero que en Santiago recién empezaba a incorporar a su pasado28.

La ley de Intervención a Santiago del Estero

Así como el Informe Santiago construye en su diagnóstico y recomendaciones una descripción de la situación institucional y política santiagueña, diría en clave de la teoría política y del derecho modernos, el gobierno nacional se ocupó de dilucidar conceptualmente el sistema político encabezado por los Juárez en el propio proyecto de ley de Intervención que después de varias idas y vueltas, envía el poder Ejecutivo al Congreso29. La ley "tipologiza" el régimen y en ese procedimiento inaugura y da cuenta de su ideología política. Allí se precisa que los asesinatos de Leyla Bashier y Patricia Villalba son el resultado de un estilo de conducción política caracterizado por el nepotismo, el clientelismo y la impunidad, sin el contrapeso de una real división de poderes, incompatible con la forma republicana de gobierno, inspirador de un sistema político autoritario(poder omnímodo de la legislatura) y hegemónico (régimen electoral hegemónico y hegemonía de un solo sector político en la legislatura). Asimismo por un ejercicio autocrático del poder y la perpetuación en el mismo de un núcleo familiar. Cita a Bolívar diciendo: "Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el Poder. El Pueblo se acostumbra a obedecerlo y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía." El carácter de Carlos Juárez de Asesor de los Poderes Ejecutivo y Legislativo resulta un símbolo de prácticas políticas contrarias a la democracia. En términos más diacrónicos se habla de un "largo proceso de deterioro de las instituciones" expresable en hechos puntuales como la existencia de legajos paralelos ilegales, incendio, saqueo e intento de asesinato del diputado nacional José Oscar Figueroa. El cometido general del "remedio" Federal consiste entonces en "recomponer las instituciones en Santiago del Estero y recrear la confianza de la ciudadanía en ellas". Por antítesis a esa definición y a esa memoria, la IF deberá ser democrática, republicana, imparcial, respetuosa de la ley pero que deberá revisar, capaz de abrir el juego participativo y fundamentalmente transitoria30.

 

2- EXHORCIZAR UN PASADO PESADO

La tarea de la IF era "gigantesta"31 al punto en que hasta llegó a imputárseles la pretensión de "cambiar el mundo"32. Consistía en nada menos que "liquidar los endemoniados cimientos del régimen de los Juárez".33Aunque Lanusse aclaró que "50 años de miedo no son fáciles de olvidar"34 y su compañero de las primeras andanadas en Santiago, Eduardo Luis Duhalde que "no se desmonta en una semana ni en veinte días una estructura política viciosa que tiene 50 años" 35, estas dos afirmaciones repetidas de diferentes modos a lo largo de todo el proceso interventor tenían varios sentidos: en primer lugar reconocía un escenario real36 y se protegía ante la posibilidad de un fracaso. Pero más fundamental para el tema que nos ocupa, al contrario de "olvidar" esos 50 años, "liquidar" y "desmontar" el pasado suponía "reconocerlo" y "enunciarlo" bajo grandes actos cargados de simbolismo.

Es interesante el modo en que Connerton (Op. Cit.) interpreta el proceso de juzgamiento y ejecución de Luis XVI en Francia. Era tanto el modo en que el pasado intervenía en el presente al punto en que el autor no duda en decir que "todos los inicios contienen un elemento de memoria", aunque "en el momento del inicio todo pasara como si los iniciadores hubiesen abolido la propia secuencia de temporalidad y hubiesen sido expulsados de la continuidad del orden temporal" (Pág. 7) Así, el ragicidio de Luis XVI no representaba más que una suerte de inversión del ritual de coronación. La cabeza antes ungida esta vez fue decapitada y "el ritual de coronación ceremonialmente revocado". Destruyendo el sacrilegio que había rodeado el asesinato del rey, fue muerto el cuerpo natural del rey pero sobre todo el cuerpo político que era el que antes se coronaba. Así, los revolucionarios se apropiaron del lenguaje sagrado que durante tanto tiempo el poder dinástico tenía usurpado como suyo, y construyeron un rito que revocaba otro rito (pág. 11).

La IF hizo lo mismo. Si el Estado Juarista se sostuvo gracias a su vitalidad simbólica, dramática, y fue esta vitalidad la que declinó exacerbada en el último tiempo37, la IF que además tenía el estigma o el beneficio según los receptores y circunstancias, de ser foránea, no podía prescindir de este recurso e hizo un uso explosivo en los primeros días.

Además, si la semiósis del Estado juarista fijó al matrimonio Juárez como el punto central, modelo y paradigma de acción y devoción, la IF se definió por antinomia ejemplar: lo que habían sido los Juárez eran todo lo que ellos no debían ser. Aun le quedaba un referente negativo: el fantasma de la intervención anterior encabezada por el actual gobernador de Córdoba Juan Carlos Schiaretti38 "de la que se guardaba un pésimo recuerdo" debido a su ostentación, por notorios excesos y graves hechos de corrupción39.(...)

Notas:(..)

Fuente: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712009000200002

 

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CONFIGURACIONES DEL PODER Y DEL ESTADO

Repensando la estructura de dominación juarista a la luz de la violencia estatal
Notas sobre la imbricación de las fuerzas de seguridad en la política santiagueña durante el primer juarismo*.

 Celeste Schnyder**

* Las reflexiones que presento en este trabajo forman parte del trabajo de investigación que me encuentro desarrollando en el marco de la tesis de doctorado y abonan a uno de sus objetivos específicos. Una versión preliminar fue presentada en el seminario "Teoría y análisis de los Partidos Políticos Argentinos 1945-1983" dictado en octubre de 2008 por el Dr. Cesar Tcach en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR.
** Licenciada en Sociología (UNSE). Becaria de Postgrado CONICET. Integrante del proyecto "Política y Ciudadanía en Santiago del Estero" (CICyT-UNSE) dirigido por María Isabel Silveti. Doctoranda en Ciencia Política (UNR). Correo electrónico: celesteschnyder@gmail.com


RESUMEN

Este trabajo explora el proceso de imbricación institucional entre las prácticas políticas y fuerzas de seguridad para re-pensar la continuidad de prácticas no democráticas instaladas en algunos regímenes políticos sub-nacionales. Desde el enfoque de las interpretaciones extra-céntricas sobre el peronismo periférico y a partir del estudio del caso del juarismo en Santiago del Estero, este trabajo explora la conformación de una matriz nacional-católica en el campo político provincial de la cual el juarismo será un emergente y reconstruimos la re-organización del estado provincial realizada durante el primer gobierno juarista a fin de identificar las funciones crecientes de control político que irá adquiriendo la Policía. Se trabajó en base al análisis de investigaciones historiográficas locales y fuentes bibliográficas.

PRESENTACIÓN

En América Latina la vida en democracia se ha tornado una experiencia sumamente contrastante tanto entre categorías sociales como en términos territoriales. En efecto, nuestro sistema político asume una gran cuota de heterogeneidad al poner en relación gobiernos provinciales que exhiben grados de democratización desiguales en sus regímenes políticos1. Nos interesa centrarnos en las prácticas políticas no democráticas observables en algunos regímenes políticos provinciales. En este trabajo analizamos, a la luz del caso del juarismo en Santiago del Estero, cómo la violencia policial puede imbricarse en las prácticas políticas regulares de un modo de dominación2.

En la última década, la política comparada ha definido a estos regímenes políticos sub-nacionales como casos de "autoritarismo sub-nacional" (Gibson 2004 y 2006; Gervasoni 2005). El término, en principio, refiere a aquellos regímenes políticos que surgieron de procesos eleccionarios post-dictadura pero en donde ciertos derechos civiles y políticos no están garantizados. En el registro de la politología y la sociología política de los años noventas encontramos diferentes abordajes sobre la problemática pero que comparten el supuesto teórico que define al autoritarismo como lo opuesto de la democracia. Ellos constituirían "enclaves" del régimen autoritario que subsisten al interior de un régimen democrático en el nivel nacional3; o serían configuraciones institucionales resultantes de la ausencia o reemplazo de la legalidad estatal por reglas informales4; o la expresión de déficits de calidad democrática ya sea en su componente procedimental (funcionamiento de las instituciones de la poliarquía)5 y/o del componente normativo (estado de derecho y rendición de cuentas)6. Durante la década del ochenta estas parejas de opuestos fueron los ejes ordenadores de la discusión académica y política. Si bien el uso antinómico de tales conceptos fue efectivo para establecer diferencias entre los dos regímenes políticos, instalar socialmente representaciones consensuales de la política, evaluar el comportamiento de los actores políticos, ha terminado por reducir la complejidad del mundo político (Lesgart, 2003) y la historicidad de sus prácticas.

En ese sentido, pensamos que este uso binario ha invisibilizado el hecho que la violencia, lejos de ser un rasgo exclusivo de un régimen autoritario, constituye una presencia paradojal porque, mientras que el Estado se instituye como tal por el monopolio de la violencia legítima, el problema la violencia policial sigue siendo un problema irresuelto que históricamente ha tensionado a la vida política y a nuestras democracias. En parte, muchas lesiones a los derechos civiles y políticos que la politología atribuye a un mal desempeño de las instituciones formales, por el contrario, pueden ser consideradas la manifestación de la violencia institucional. "Luego de la reinstauración de la democracia, la mayoría de los hechos de violencia y las graves violaciones a los derechos humanos, son protagonizadas por las distintas policías" (CELS, 2001:3). Este problema social y político que permanece opaco para los estudios preocupados por la problemática del autoritarismo sub-nacional, desde el campo de lo social ha dado lugar a la formación de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), al monitoreo permanente del Centro Estudios Legales y Sociales (CELS) y a la formación de equipos de investigación de antropología jurídica (UBA)7. Recientemente, Auyero (2007) ha puesto en relación violencia colectiva8, las prácticas partidarias y de las fuerzas represivas bajo la metáfora de la "zona gris" donde "las actividades de aquellos que perpetran la violencia y aquellos que presumiblemente tratan de controlarla, se unen". Entonces, pueden ser las propias agencias estatales las que se instituyan en la principal fuente de inseguridad jurídica para sus ciudadanos. Entendemos que la tensión entre política y violencia puede ser más útil para re-pensar ciertas prácticas no democráticas instaladas en algunos regímenes políticos sub-nacionales en lugar de la imprecisa noción de autoritarismo. El caso del juarismo en Santiago del Estero9 constituye un espacio de observación privilegiado dado que se constató la existencia de un complejo dispositivo de vigilancia y control político que involucró el funcionamiento de determinados organismos de la policía provincial10 con determinadas prácticas rutinarias del PJ-juarista. Relación que ha llevado a caracterizar a "la institución policial como un eficaz instrumento de dominación política"11. Inclusive del campo social emergieron organismos diocesanos, organizaciones sociales y movilizaciones de protesta que denunciaron e hicieron visible la problemática de la violencia ejercida por el aparato policial12.

En el espacio de este artículo nos limitaremos a analizar el proceso por el cual se produjo la imbricación entre ejercicio del poder político y fuerzas de seguridad en la provincia. Indagamos, a partir del análisis de investigaciones historiográficas locales y fuentes bibliográficas, la formación de una matriz ideológica en el campo político provincial de la cual el juarismo será un emergente y reconstruimos la re-organización del estado provincial operada durante el primer gobierno juarista a fin de identificar las funciones crecientes de control político que irá adquiriendo la Policía.

1. NACIONALISMO CATÓLICO Y PERONISMO EN LOS ORÍGENES DEL JUARISMO.

El vínculo entre política y violencia que observado desde el presente -en el que se ha consolidado como visión dominante acerca de lo político la metáfora del consenso o la deliberación- puede parecer una anomalía, si reconstruimos la larga tradición existente en Latinoamérica de imbricación entre ejercicio del poder y fuerzas de seguridad para imponer la hegemonía de un grupo sobre el conjunto social, descubriremos que dicho vínculo no es novedoso.

De acuerdo a Ugarte (2001), la adopción de funciones extra-militares por parte de las fuerzas de seguridad latinoamericanas constituye una herencia que se remonta a los orígenes mismos de la Nación. La tradición española -portuguesa en el caso de Brasil- que recibieron las antiguas colonias españolas gravitó con fuerza al interior de la Fuerzas Armadas de la región, influyendo en la adopción de funciones ajenas a las militares. Fue el modelo del Ejército del absolutismo español que, en contraste a la tradición anglosajona, francesa o norteamericana13, planteaba subordinación de tipo personal al Jefe de Estado que se conseguía mediante el establecimiento de una jerarquía en la que regía el principio de obediencia ciega a las órdenes del superior. Asimismo, en los Virreinatos o Capitanías Generales y en las plazas militares, el Ejército además de funciones propiamente militares, desempeñó funciones de administración, gobierno y de tipo judicial. En suma, durante la época colonial se asentó en la región una tradición por la cual los roles de las autoridades civiles y militares quedaron confundidos y la presencia del Ejército trascendió los tiempos de guerra para involucrarse en las actividades de gobierno. En ese orden, recordemos que las fuerzas militares no sólo tuvieron un rol fundamental en los movimientos independentistas latinoamericanos. Posteriormente, la dificultad de las elites para imponer hegemonía política hizo que el recurso a la fuerza siguiera presente. En efecto, unitarios y federales se disputaron el control político y económico a través del enfrentamiento armado. Con el triunfo federal y la conquista de las autonomías provinciales los gobernadores, generalmente caudillos militares, organizaron sus propios ejércitos. Concluida la etapa de guerras civiles, los posteriores gobiernos del conservadorismo aseguraron su poderío en el apoyo militar y económico de la clase terrateniente.

Aquella tendencia a la expansión sobre funciones extra-militares tomará otro nivel con la crisis de la hegemonía liberal y conservadora que comenzó a atisbarse ya en 1916 y se profundizó con la crisis de 1929. Como contrapartida, en la década del treinta asistiremos a la emergencia de proyectos de reemplazar aquél consenso liberal por uno nuevo basado en el nacionalismo. En efecto, la década del treinta comienza a construirse la relación catolicismo y nacionalismo que estrechará vínculos entre Ejército y la Jerarquía eclesial que dio lugar al proyecto de una "Nación Católica" (Zanatta, 1999). Dentro de esa metáfora el catolicismo pasaba a cumplir, de acuerdo a Mallimaci (2008) la función de un "nacionalismo de sustitución" orientado a reducir la conflictividad social derivada de una base social heterogénea, con un alto porcentaje de población inmigrante que difundió las corrientes anarquistas y socialistas entre la clase obrera. Los actores militares y eclesiales impusieron una construcción de sentido por la cual la verdadera identidad de los argentinos enraizaba en la tradición hispana y valores cristianos, en consecuencia, sólo el catolicismo podía constituirse en el basamento de la nacionalidad. De este modo se irá constituyendo una matriz nacionalista desde la cual se criticará a las tradiciones políticas modernas como el liberalismo, el anarquismo, el socialismo percibidos como elementos de extranjerización y disgregación de la sociedad y se pondrá en duda los mecanismos de representación que incluía la democracia y los partidos políticos. La alianza cívico-militar que llevó adelante el golpe de 1930 daría inicio a un proceso de cristianización del Estado y de la vida social (Mallimaci, 2008). De aquí en adelante, el ejercicio del poder político se irá imbricando progresivamente con las fuerzas de seguridad con el objeto de imponer orden social.

En este proceso de transición desde un Estado liberal hacia una Nación Católica materializado en la revolución militar de 1943 primero y después por el peronismo hasta su ruptura con la Iglesia, se forjará un nuevo clima político y social del que la provincia no estará exenta. En dicho contexto nacional, cobró visibilidad un modo de construcción de dominación política y, a su interior, la fortaleza de la matriz católica.

I.I- La matriz nacional-católica en la provincia

Una mirada retrospectiva a la trayectoria del juarismo arroja como espacio de observación significativo la militancia católica. Las representaciones sociales, de acuerdo a Bourdieu, son estructuradas de acuerdo a la posición que ocupa el agente en el espacio social. Conocer la posición estructural del agente nos dará pistas sobre el conjunto de valores y fines que organizan disposiciones a la acción.

Carlos Juárez nació en La Banda, la segunda ciudad más poblada de la provincia, en febrero de 1916. Era el menor de cuatro hermanos nacidos en el seno de una familia de clase media baja, sin influencia política, constituida por un profesor y una católica practicante. Hizo sus estudios en el Colegio Nacional y alcanzó el título de abogado en la Universidad de Tucumán. De modo paralelo a sus estudios universitarios inició su militancia dentro de los grupos juveniles de la Acción Católica Argentina (ACA) en donde, con 24 años, alcanzó la presidencia de la Mesa Nacional en 1940.

La militancia dentro de la Acción Católica no resulta un dato irrelevante si atendemos a la profunda raigambre que tiene la religiosidad popular entre los santiagueños14 y a la larga presencia de jerarquía eclesial como actor institucional en la provincia15. Esa larga presencia se remonta al periodo colonial y se encuentra íntimamente relacionada con su modo de dominación social: el sistema patronal16. De acuerdo a Tasso (2007) el patronazgo se sustentó tanto en el uso de la fuerza militar como en una instrucción cívico-religiosa que articuló las nociones de Dios y Estado en una síntesis que fundía principios religiosos con el nuevo marco jurídico. La autoridad política no puede escindirse de la Iglesia y el Ejército en el ejercicio de la dominación. Este modo de construir relaciones de dominación propia del modelo patronal, como ha señalado el autor, logró trascender el complejo institucional que lo originó para reactualizarse, ya en el S XIX, como un modo de legitimación política.

Como señalábamos en el apartado anterior, no existía separación entre autoridades civiles y militares en aquel modelo. Esta tendencia se trasladó a la nueva etapa inaugurada con la formación del Estado provincial, donde los gobernadores fueron también caudillos militares17:

"el patronazgo es un complejo institucional que fue especialmente eficaz en el marco de dos organizaciones centrales durante el siglo XIX: el ejército y la estancia (...) es típico de esta etapa que los roles jerárquicos y subordinados de ambas instituciones se comunicaran entre sí, operando alternativamente como organizaciones de guerra y paz respectivamente. Así como es típica la figura del militar-estanciero, su contracara es la del soldado-peón" (Tasso, 2007:233)

Esta relación co-constitutiva entre poder político, fuerzas de seguridad y religión configuraron el campo político santiagueño. En ese terreno de relaciones de fuerza que estaban sedimentadas en la arena política se inscribe la irrupción de la Acción Católica.

La Acción Católica había sido creada a principios del siglo XX bajo los lineamientos de Pio X y del Concilio Vaticano II. La encíclica Il fermo proposito (1905) establecía "Instaurare omnia in Christo" (instaurar a Cristo en todas las cosas) y disponía para ello la reorganización del movimiento católico italiano. Pero sería Pio XI quién dispondría las bases para la constitución de la Acción Católica (1928). Ésta planteaba la participación de los laicos en el apostolado subordinada a la autoridad episcopal con el objeto de "situar de nuevo a Jesucristo en la familia, en la escuela, en la sociedad". Ante el proceso de laicización creciente de las sociedades industriales emergentes, la Acción Católica se propuso re-cristianizar la vida pública y construir un nuevo orden integralmente católico y de carácter nacionalista. La formación de la Acción Católica representa entonces una reacción a las transformaciones de sociedades europeas signadas por el ingreso a la vida política y social de masas antes excluidas, la secularización de las costumbres, el avance de la democracia de masas. Puede ser considerada una reacción ideológica que se oponía tanto al liberalismo como a otras ideologías seculares modernas como el socialismo y el comunismo consideradas como extranjerizantes.

En Argentina, la crisis de la década del treinta dará lugar la conformación de un clima anti-liberal. Si bien el nacionalismo no era un fenómeno novedoso, los efectos de la crisis económica y del Golpe militar de Uriburu, consolidaron la percepción de un agotamiento del liberalismo, identificado con los intereses del imperialismo británico, como principio rector del desarrollo histórico (Plotkin, 2007). En el plano intelectual, el revisionismo histórico buscó elaborar una visión del pasado nacional alternativa a la historia liberal, recuperando las tradiciones políticas no liberales. Organizó un programa que tenía como eje articulador la Nación y a la soberanía nacional como valor político supremo. Dentro de esta perspectiva, la orientación positivista de la clase dirigente causó la profunda crisis moral que estaba en la base del fracaso económico de 1930. De acuerdo a este diagnóstico, solo una renovación espiritual de contenido religioso podría contrarrestar las tendencias negativas que había originado el liberalismo (Terán, 2008:231). En el plano religioso, con el desarrollo de la segunda Guerra Mundial se conformó el frente fascismo-antifascismo que profundizó la brecha entre intelectuales católico-integristas y el grupo de intelectuales conformado por liberales, izquierdistas y católicos democráticos. En el plano político, la revolución militar del 4 de junio de 1943 encarnó al nacionalismo católico, coronando el largo proceso de "reconquista cristiana" de las Fuerzas Armadas para, a través de ellas, conquistar el Estado (Zanatta, 1999). La intervención militar representó la conformación de un bloque político e ideológico anti-liberal aglutinado alrededor de la Iglesia Católica y el Ejército. Bloque cívico-militar amalgamado por el "mito de la nación católica" apuntalado en una amplia red de alianzas institucionales, personales, ideológicas y culturales. Su proyecto de transformación del Estado Liberal a uno clerical-militar suponía la transformación radical del sistema político bajo principios corporativos en la que subyacía una vocación universalista hostil con el concepto liberal-democrático de la representación. Los partidos políticos del sistema político liberal eran sindicados como los responsables de la división y el conflicto social. Esta concepción de los partidos políticos había inducido a la Iglesia a descartar la formación de un partido católico y a optar por la presión directa institucional o informal sobre los poderes públicos y, en el plano social, la estrategia de la ACA.

Como ha señalado Tenti (2004), a principios del SXX, la Iglesia inició un proceso de reconstrucción eclesial ante la laicización creciente llevada a adelante durante la hegemonía liberal. Para ello se crearon nuevas diócesis, entre ellas, la Diócesis de Santiago del Estero (1910), con el fin de fortalecer la organización interna a través de una serie de medidas que comprendían al clero secular como al laicado. En ese marco, se conformó la ACA el 30 de septiembre de 1931y reunió a un conjunto de organizaciones laicas pre-existentes -como la Liga de Damas Católicas, la Asociación de Hombres Católicos, la Liga de la Juventud Femenina Católica y la Federación de la Juventud Católica- y adoptó una organización en ramas - seminaristas, hombres, mujeres y jóvenes- cada una dirigida por un Consejo Diocesano y presidido por una Junta Diocesana18. La investigación de Tenti señala que la ACA tuvo un fuerte predicamento en los niveles populares, clases medias y grupos intelectuales.

No obstante, la puesta en funcionamiento de estas organizaciones laicas, la jerarquía eclesial ya había comenzado a desarrollar estrategias de penetración en la arena social a través de la formación en Círculo Católico de Obreros, fundado en la provincia en 189719. Organizado bajo los principios de la primera encíclica social Rerum Novarum de León XIII20, antecede a la formación de otras asociaciones gremiales no confesionales, como el Centro Socialista de Obreros (1898), la Federación Obrera Ferrocarrilera (1912) y la Federación Obrera Santiagueña (1939). Si bien, la temprana formación del Círculo Católico de Obreros respecto a las organizaciones sindicales, no es un dato exclusivo a la provincia, la baja densidad y diversificación de la sociedad civil local y la profunda religiosidad que caracterizaba a la provincia, sugiere que la influencia eclesial en el entramado social debía ser significativa. En la arena política, ya en 1939 se registra la participación formal en la arena politica del Obispo Audini Rodríguez y Olmos como convencional de la reforma de la constitución provincial21.

Con el GOU en el gobierno "la mayor parte de los católicos, entusiasmados por la transición argentina liberal a la argentina católica, consideraba que por fin se estaba viviendo el momento tan esperado, en el que la única doctrina verdadera, la de las encíclicas sociales, iba a poder aplicarse en condiciones similares a las de un laboratorio, sin estorbos electorales y sin ruidosas oposiciones o inoportunos conflictos entre las clases sociales" (Zanatta, 1999: 15). El proyecto de Estado Clérico-Militar guardaba un profundo carácter anti-político. Suponía la "supresión del intermediario político, social y económico" y un Estado "regulador de la riqueza, director y armonizador social". Esto implicaba la desaparición del político tradicional y su reemplazo por "hombres jóvenes, hombres nuevos y limpios" (Zanatta, 1999:19).

La dirigencia formada en el seno de la ACA se inscribe en las necesidades de esa transformación. Durante lo que llamaban "semanas de la cultura" y "semanas económico-sociales" los militantes católicos debatían temas de la agenda eclesiástica y la "afirmación del modelo a plasmar en la esfera provincial" (Tenti, 2004). A nivel nacional, un elevado número de militantes y dirigentes católicos fueron designados en importantes cargos gubernamentales. De los cuadros provinciales de la ACA surgieron dos gobernadores: Carlos Juárez y quien fuera nombrado como interventor durante la dictadura de Onganía (1970-1973) y la última dictadura militar (1982-1983). Durante ese largo proceso de confluencia entre Ejército y jerarquía eclesial en la burocracia estatal que transcurre entre 1930 y 1943, Juárez se formará como dirigente en los grupos juveniles de la ACA. Su experiencia como militante católico llegó a un punto máximo cuando alcanzó la conducción de la Mesa Nacional en 1939 dando cuenta del grado de compromiso con esta organización y sus fines. La importancia de la militancia en la ACA, aunque puede parecer irrelevante si nos atenemos a los años que permaneció en la misma, radica en que fue un espacio pensado para formar cuadros dirigentes, en general jóvenes profesionales, formados en la fe católica que renovaran la dirigencia de los partidos políticos y trasladaran al campo político los criterios católicos sobre el Estado y el orden social.

I.II- El posicionamiento en el campo político provincial: de la militancia católica a gobernador peronista.(...)

Notas(...)
BIBLIOGRAFÍA(...)
Fuente: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712011000200012

 

Pensemos en otras realidades silenciadas e invisibilizadas o estigmatizadas que nos interpelan, abajo y a la izquierda, a no seguir convalidando la democracia restringida. Significa salir de la lógica electoral, de la resistencia al ajuste y  plantearnos cómo construir la sociedad a la plebeya.  Es empezar por involucrarnos en el:

“Estamos hablando de una desaparición forzada y nosotros no queremos solamente a los responsables materiales, queremos que se sienten todos los responsables por el dolor que sufrió Luciano, la familia y porque lo marca la carátula de la causa, desaparición forzada, responsabilidad del Estado, responsabilidad de las diferentes instituciones del Estado, así que me parece que es una burla a tantos años y siendo tan público todo lo que pasó con la causa que llevemos a un grupo de policías a decir que hicimos algo de justicia”.

 

 

Vanesa Orieta: "Lu, donde quiera que estés,

se demostró que tu palabra era verdad"

28 de enero de 2017

Vanesa y Laura llegan unos diez minutos antes del comienzo del programa en el que serán entrevistadas. Han aprendido a hacer radio a través de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que hacen Desde Afuera. Saben que es importante no llegar sobre la hora. Que está bueno distenderse un poco, sobre todo si luego nos vamos a meter a enfrentar el dolor. Se sientan ambas en el patio a fumar tabaco. Vanesa arma sus cigarrilos con tabaco sin contenido químico. Se acerca Jorge Miguel Soler, que acaba de terminar su programa radial Patria Soñada. Soler nació en el campo, en Paraguay. Lo hemos visto arrancar yuyos del jardín y comérselos a pleno disfrute. Le deja un mensaje de ex fumador a Vanesa: "si sos vegetariana no podés fumar", entre otras tantas razones que los fumadores entienden y conocen, pero que prefieren obviar. Es impactante verlos intercambiar, no tanto por el contenido de la charla, sino por sus historias vinculadas aún perteneciendo a tiempos y contextos diferentes. Jorge encontró a su papá hace algunos meses, tras 40 años de búsqueda ante el poder stronista que se lo llevó delante de sus ojos. La historia de Vanesa es más conocida por aquí, pero tardó 5 años y 8 meses en encontrar a Luciano. La crueldad y la perversidad de la metodología de la desparición forzada de personas es tal, que hasta puede considerársela una "afortunada" por haber hallado a su hermano, sobre todo si se cruza su historia con otras, como la de Nora Cortiñas, que sigue sin haber podido reconstruir ni un minuto después del secuestro de su hijo Gustavo. En la charla se hablará de la "fortuna" que se construye con la compañía adecuada. Vanesa y Laura están cansadas y en plena tarea. Se acerca un nuevo aniversario del secuestro y desaparición de Luciano Arruga. La conversación será extensa. Una vez más a enfrentar el dolor. Nada diferente a lo que hace cada día de su vida sin Luciano. 

 

Por La Retaguardia

Fernado Tebele: A pocas horas de la actividad del 28 de enero deben estar sin aire

Vanesa Orieta: Estamos con todo el grupo laburando mucho con la organización de la marcha y compañeros de diferentes espacios que nos están dando una mano. Hoy salimos a pintar las paredes del barrio y la consigna del debate que queremos instalar es que nosotros denunciamos la represión por parte del Estado y definimos un poquito más extensamente lo que significa la violencia institicional. La carita de Luciano está por ahí en las paredes de nuestro barrio. Se cumplen 8 años, uno se pone a pensar en eso y en cómo pasa el tiempo. Son 8 años de organizarnos, de luchar, de salir a la calle, seguir exigiendo saber la verdad sobre lo que pasó con Luciano. Cuando decís que faltan horas se hace un nudito en la panza. Ahí ya empiezan a aparecer esas emociones que no son solo propias de los familiares de Luciano; cada vez que un familiar llega a un aniversario o una fecha específica son muchos los recuerdos, las emociones, el extrañar, indagar fuertemente en todo lo que se ha hecho, que en el caso de este grupo es inmenso.

FT: Una cosa interesante que habla del grupo es que vos el año pasado casi no pudiste participar de la actividad y no es que sea una actividad de la que todo el mundo esté recordando que Vanesa Orieta no estuvo, porque estaba el grupo ahí. Involuntariamente, porque no lo pensaron así, se dio esta circunstancia. Hay respaldo.

VO: Me parece que eso es lo más valioso de los grupos que se van conformando. Siempre es importante la presencia del familiar en cada una de las actividades pero yo el año pasado estaba cansada. Veníamos del año anterior, de haber encontrado a Luciano... Lo que me pasó es parte de la naturaleza, también, cuando uno lleva años de intensidad, de no parar la máquina, llega un momento en que el cuerpo dice basta, hasta acá, y hay que descansar. Lo bueno es encontrar un grupo humano que rodea a la familia y ocupa esos espacios y me parece que ahí está lo valioso, en entender como grupo que cada uno de nosotros es importante pero que cuando no estamos hay un compañero que puede tomar esa actividad y llevar adelante lo que fue el año pasado a siete años de la desaparición y muerte de Luciano.

Eugenia Otero: Pasa algo con Familiares y amigos de Luciano que tiene que ver con el principio. Ponerle Familiares y Amigos a un grupo que lucha junto es muy fuerte porque pareciera que la voz es la voz de la familia. Ustedes tienen asambleas, discuten, charlan, nos consta que esto es así, pero a la vez siempre sabemos que estamos escuchando la voz de ustedes. Es un grupo con mucha polenta e hiperrespetuoso del proceso de la familia.

VO: Hay un ida y vuelta. La familia tiene una voz y un posicionamiento muy importante en el grupo y al mismo tiempo los compañeros saben respetar cada uno de esos momentos y han sido respetuosos de cada paso que decidimos dar y todos tenemos un posicionamiento claro sobre cómo encarar esta lucha. Todos vimos que no íbamos a avanzar en lo judicial si no salíamos a la calle. También como grupo entendíamos que esa visibilización nos iba a resguardar de cosas que suceden alrededor de las familias. Hemos pasado momentos muy terribles, muy dolorosos y eso genera unos lazos que uno ya no puede explicar. Imaginate que nos llegue el mensaje de que Luciano había aparecido el 17 de octubre y todos nos mandábamos mensajes y decíamos nada, porque nosotros no decíamos Luciano apareció, decíamos ’lo que estábamos buscando, se cumplió, vengan a casa porque tenemos que reunirnos’ y todos entendían qué nos íbamos a decir cuando nos viéramos, y eso habla de un grupo que tiene una unión muy intensa y una claridad también a la hora de entender de qué forma llevar adelante esos procesos. Nosotros como familiares hemos aprendido mucho de cada uno de los compañeros, de las compañeras, amigos, hermanos a esta altura, que también supieron poner una palabra, porque el familiar también muchas veces está sobrepasado de información, de responsabilidad, de emocionalidad, y está bueno tener un grupo de personas que puedan decir hasta dónde. A mí me han dicho muchas veces ‘hasta acá, Peti, ahora pará que hay un grupo de personas que está para reemplazarte en esto’, y también me fueron enseñando a saber desligarme de algunas cuestiones y a creer que ellos podían hacer cosas que mi cuerpo no podía hacer en determinado momento y me parece que eso es muy sabio, poder entender cuando el grupo te está diciendo confiá, bueno, yo confié en este grupo, sigo confiando y la verdad que son un respaldo muy importante para toda mi familia.

FT: ¿Cómo está la causa en la actualidad?

VO: La causa tiene algún avance chiquito que tiene que ver con el procesamiento, la condena firme a Julio Diego Torales a 10 años de prisión. Recordemos que está detenido por torturas físicas y psicológicas que sufriera Lu cuando tenía 16 años, él fue llevado al destacamento de Lomas del Mirador y una vez allí un grupo de policías le provocó daños irreparables. Esto venía a continuación de un pedido que le habían hecho a Luciano de salir a robar para un grupo de policías que ya realizaba estas tareas con otros pibes del barrio, y la negativa de Luciano fue la que empezó a provocar una serie de detenciones. Esta es la condena que tenemos. Nosotros consideramos que cuando se trata de torturas que recibe cualquier joven de nuestro país, las responsabilidades no empiezan ni terminan en un funcionario policial así que ahí estamos medio chuecos, tendrían que haber dado explicaciones algunos funcionarios políticos también sobre estos episodios, y más entendiendo que es una problemática que afecta a gran parte de nuestros pibes en los barrios. Esta causa se investigó en paralelo a la causa de desaparición forzada, se condenó en la justicia provincial; la causa de desaparición forzada de Luciano está en la justicia federal, nosotros entendemos y le explicamos a la justicia federal que esa causa tiene relación directa con la causa de desaparición forzada y esperamos que esto pueda ser interpretado de esta forma. Hoy sigue la justicia federal avanzando en el proceso de instrucción, recolectando datos sobre la investigación, con algunos detalles nuevos que surgieron a raíz de la aparición de Luciano el 17 de octubre de 2014, hay una parte que seguimos cuestionando que es que siempre se exprime la misma naranja que es que la familia y los amigos y pretendemos que se empiece a indagar un poquito más sobre las responsabilidades del municipio de Matanza, la provincia de Buenos Aires, del rol político pero también de los funcionarios judiciales. A nosotros no nos están investigando como lo hicieron aquella vez con escuchas que duraron un año y 6 meses, pero sí seguimos siendo nosotros los que la justicia busca que lleven una voz a la causa, como esto de creer que hay una verdad que tenemos, que la tenemos que volcar en un proceso judicial que a las claras tiene que buscar esas respuestas en otros lugares y no en la familia.

Cuando hablamos de una desaparición forzada hablamos de que existen varios actores: los responsables materiales, pero también los ideólogos que mantienen la impunidad alrededor de una desaparición forzada que deberían dar cuenta de estas situaciones. Estos actores bien importantes para mantener una desaparición como forzada nunca fueron citados a declarar, y nosotros entendemos que se hace justo que se sienten a declarar porque lo que no tienen para decir es lo que realmente le da respuesta clara a por qué Luciano estuvo 5 años y 8 meses desaparecido. Nosotros seguimos manteniendo sin una definición un jury de enjuiciamiento al juez Gustavo Banco, a la fiscal Celia Cejas y a la fiscal Sandra Castelli. Volvemos al punto: ¿por qué existe una desaparición forzada? Porque la fiscal Sandra Castelli le dio la investigación a la misma policía que nosotros denunciábamos, violando una resolución que habla de que ante un hecho de denuncia contra un funcionario policial se deben buscar otros canales de investigación. Lo mismo ocurrió con la fiscal Celia Cejas Martín: en lugar de investigar a los responsables de la desaparición de Luciano, nos investigaban a nosotros. Las pruebas que no se recolectan durante los primeros tiempos de investigación se borran, se pierden, todo eso es lo que condimenta una desaparición forzada, esos son a los que hay que sentar en el banquillo de los acusados y obligarlos a dar serias respuestas de lo que ocurrió alrededor de esta causa. Entendemos nosotros que después de todo el maltrato que sufrió la causa se nos hace imposible poder encontrar a los responsables materiales, entonces deberán dar cuenta otros de por qué esa respuesta no ha llegado. La familia no se va a quedar conforme si a los que sientan allí es a un grupo de perejiles que claramente no van a satisfacer nuestra sed de justicia porque son muchos más los actores.


Es una mecánica bastante habitual en las causas, tanto de gatillo fácil como de desaparición forzada, forzar mucho el accionar de los familiares. Es sumamente tedioso y tortuoso ir a declarar muchas veces. Yo he ido aproximadamente cinco veces a declarar; en todas esas declaraciones siempre dije lo mismo, y la verdad que es remover mucho, recordar momentos muy tristes, recordar el día que estuve en el destacamento tratando de sacar a mi hermano mientras lo torturaban en la cocina, declarar esto ante un juez una y otra vez la verdad que genera en uno un desgaste impresionante. Esto pasa en todas las causas, y nosotros entendemos que esta lógica tiene que empezar a cambiar porque lo único que hace es seguir perdiendo el tiempo y no avanzar con los procesos judiciales.

EO: Hay actores que aún ni fueron citados a declarar, hospital, cementerio… no es sólo la policía.

VO: En lo que nosotros estamos bien claros es que sí tenemos una idea de lo que pasó con Luciano. El tema es que nosotros necesitamos que la justicia pueda armar ese rompecabezas que denuncia la familia y que ya lo ha denunciado en la causa judicial. Nosotros entendemos que Luciano fue secuestrado alrededor de la 01:00 de la madrugada por efectivos policiales, hay testigos que lo vieron en el destacamento policial, hay otros testigos que lo vieron en la comisaría 8ª, esto se ajusta con el momento en que Luciano es atropellado en la vía rápida de la General Paz, que es a las 3.30 de la madrugada, o sea que nosotros no estábamos tan locos en interpretar que Luciano había sido secuestrado a la 01:00. Hubo vecinos que hablaron y que nos contaron que escucharon los gritos de un pibe cerca del barrio al que subieron a un patrullero. Nosotros seguimos comparando la causa de Luciano con la de Ezequiel Demonty, en mi cabeza la figura que se me viene es la de Luciano llegando allí con un patrullero, y estos diciéndole ‘pibe corré’ y mi hermano corriendo por un lugar en el que claramente iba a perder la vida... ese panorama nosotros lo tenemos bien claro, si le sumamos a eso que hay un testigo que dice que ve un patrullero al costado de la Colectora, para nosotros está bien claro. La policía tiene una metodología bien clara para seguir embarrando y empiojando la causa, Luciano pierde la vida en la General Paz, interviene la Federal, interviene (el Hospital) Santojanni y a partir de allí todo se vuelve una maraña. Si hoy tuviéramos que condenar por cada uno de esos hechos a los responsables de todo el tedio que vivió Luciano, entiendo que sería un juicio de muchos días en donde a cada uno le cabría una responsabilidad que a mí me cuesta entenderlo en términos de desidia o falta de voluntad: ahí hay una maquinaria, la policía tiene bien claro que ese es un circuito fácil para poder meter una persona y que llegue hasta el lugar indicado para que todo ese plan esté perfectamente bien armado, esta es una responsabilidad del Estado porque no es primer caso, Kiki Lescano fue enterrado de igual manera en el mismo cementerio, en la Chacarita, y hay un montón de casos en donde el parecido es tan espantoso que claramente hay una responsabilidad de un Estado que no puede decir que se ha equivocado o no ha interpretado... No, es responsable porque su metodología es ésta, la de controlar y reprimir a los jóvenes y que después se encargue el brazo sucio del Estado de hacer lo que tenga que hacer: desaparecer la vida de nuestros pibes, toda su historia y tratar de borrar cuanta prueba quede alrededor para que el Estado no se manche y no sea responsable de lo que realmente es responsable.

Actualmente no hay juicio a la vista y nosotros esperamos que no haya juicio a la vista por lo pronto, porque hoy llevar esta causa a juicio es llevar a un grupo de policías que la realidad a nosotros no nos sirve. Estamos hablando de una desaparición forzada y nosotros no queremos solamente a los responsables materiales, queremos que se sienten todos los responsables por el dolor que sufrió Luciano, la familia y porque lo marca la carátula de la causa, desaparición forzada, responsabilidad del Estado, responsabilidad de las diferentes instituciones del Estado, así que me parece que es una burla a tantos años y siendo tan público todo lo que pasó con la causa que llevemos a un grupo de policías a decir que hicimos algo de justicia y todos los demás actores, responsables directos de esta desaparición, sigan sentados en sus casas y dentro de algunos años siendo otra vez candidatos y la gente yendo a votarlos. No participaríamos claramente de ese circo. El tema es que entendemos que se hace bien difícil poder llevar a esos actores a un juicio y poder condenarlos.

 

Seguimos pensando que sería muy positivo que avanzara el proceso contra los responsables políticos en el caso de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Esta sociedad se mueve a través de jurisprudencia y la verdad que sería importante dar ese salto de calidad para empezar desde allí varios a tomar eso como un ejemplo y llevar también a funcionarios tanto judiciales como políticos en otros procesos al mismo lugar, a que se sienten y den explicaciones por tantos hechos. Seguramente el trabajo que hay que hacer de fondo es empezar a hacer un trabajo más colectivo, que todos los familiares que sufrimos estos hechos podamos aunarnos en esta lucha y empezar a cristalizar claramente de qué forma llevar esos procesos judiciales. Ahí tenemos claro de cómo se han movido los familiares y las víctimas en las causas en las que se ha condenado a los genocidas.

 

FT: Uno analiza la causa contra Torales a la distancia y ha sido un logro importante, pero muchas veces me pregunté si no habrá sido una manera consciente o inconsciente de la justicia de decir ‘a estos los calmamos con un policía preso’… ¿Lo pensaron alguna vez en esos términos?

VO: claramente, es real que se piensa de esa manera. Creo que es una forma que tiene la justicia de poder satisfacer un poco la necesidad de la familia de poder obtener algo de justicia. Creo que en este caso nos faltaría condenar otros policías más en esa misma causa, por ese mismo hecho. Quedó tan claro en el juicio que entre ellos mismos terminaron responsabilizándose por otras secuencias que hubo en el momento de la detención de Luciano. Creo que la consistencia de la familia a la hora de declarar con lujo de detalles, esto de describir cada uno de los lugares, poder relatar claramente en qué momento Luciano gritó, cuáles eran los actores y dónde estaban ubicados, los nombres, recordar el nombre de Julio Diego Torales, recordar el nombre de Chapero (una oficial que dio testimonio en el juicio), recordar los momentos en que uno los tuvo frente a frente y sintió la presión y el miedo también pero al mismo tiempo la bronca que te hace borrar la presión y el miedo, porque lo único que querés es sacar a tu familiar de ahí... Fue un juicio que probó que Luciano había sufrido, pero por sobre todas las cosas para mí como hermana, porque a mí me tocó ir a buscar a Luciano y después hablar con él cuando salió, fue que en ese juicio quedó bien claro que Luciano no se había robado ese puto celular. Mi hermano termina cayendo preso porque lo agarran de las mechas y se lo llevan porque un pibito denunció que le habían robado el celular en la puerta de un colegio, y los mismos tipos no podían decir dónde carajo detuvieron a Luciano, uno dijo una cosa, otro dijo otra. Cuando yo lo voy a buscar a Lu y me enojo mucho con él porque como hermana lo que le digo es ‘boludo, ¿vos hiciste esto?’, Luciano me retruca y me dice un montón de cosas y me contesta que él no había sido, y se enoja mucho conmigo y con mi vieja, entonces creo que ese momento de escuchar a estos tipos, escuchar sus contradicciones fue como... Lu donde quiera que vos estés se cumplió esto, tu palabra era tu palabra, hermano, y era verdad tu palabra, y estos tipos terminaron demostrando que tu palabra era sincera y verdadera. Y ahí me parece que para nosotros fue ya, poder dejar ese descanso para Lu que creo se merecía que eso ocurriera en ese juicio, que quedara bien en claro que a mí hermano lo habían llevado porque ya venía este clima de esta forma y porque su negativa a salir a robar era la que estaba generando todo esta tortura en su vida.

 

FT: De hecho el fiscal de ese juicio, (José Luis) Longobardi, en su alegato final dijo algo que podía sonar que lo decía para caer simpático ante la familia: que el testimonio más importante no había sido el tuyo ni el de tu mamá, sino el de Luciano a través de ustedes. Cuando te ponés a repasar el juicio, fue así efectivamente, y sucedió lo que sucede en los juicios por crímenes de lesa humanidad: lo que dice un testigo allí en referencia a lo que le dijo un desaparecido es tomado como real, no hay lugar para esa duda. Que no hubiera lugar a la duda en lo que podían plantear los testigos sobre los desaparecidos de la dictadura cívico militar fue una construcción que se sostuvo con años. En el primer juicio, el juicio a las juntas hubo queridos compañeros que terminaron en la sentencia siendo mostrados como colaboradores cuando en realidad habían sido obligados a hacer tareas en sus lugares de cautiverio. Hubo que hacer toda una construcción para que la justicia tomara el testimonio del desaparecido como cierto, a través del relato de los sobrevivientes. En el caso de ustedes y de Luciano, que transcurrió tan poco tiempo y que todavía hay que seguir (vamos a estar el sábado con un eje central sobre la baja en la edad de imputabilidad de los chicos), que se hayan tomado en ese juicio como ciertas las cosas que les dijo Luciano de acuerdo a sus testimonios es un avance gigante e histórico del que no sé si tienen real conciencia. Todos los que estuvimos viendo el juicio desde un lugar un poco más distante que el de ustedes, vimos eso: a Luciano dando testimonio a través de sus voces.

VO: Hay muchos recuerdos. Siempre tengo la sensación de empezar con un Tribunal bastante duro que preguntaba con firmeza y dureza y como ’hasta ahí con ustedes’ y llegado el final de las declaraciones esa actitud iba cambiando. Los mismos abogados de Torales tenían una actitud de respeto más allá de uno de ellos que era bastante grosero y que quería la chicana, a los otros dos chiquilines que tenía al lado les costaba bastante seguir encarando ese proceso. Ese juicio demostró algo muy importante que es que la voz de la familia pudo ser por primera vez escuchada desde el lugar más doloroso. No sólo por la tensión que te provoca estar ahí, que es demasiada, es una tensión espantosa, pero después uno pone toda su energía y su voluntad para que cada uno de los recuerdos de lo que pasó ese día estén reflejados en ese momento. Yo no escuché la declaración de mi vieja, pero todos me dijeron que ambas dejamos toda nuestra capacidad en ese juicio y todos nuestros recuerdos. Eso traspasó, nos traspasó a nosotras, les llegó a ustedes. Pudieron por primera vez meterse un poquito más adentro del dolor que nosotros sentimos ese día, de la angustia y de la bronca. Afortunadamente eso terminó con un juicio que condenó. Nosotros no disfrutamos de la condena en términos de ’pudrite en la cárcel’, nosotros no somos esa gente. Deseamos que todo lo que tenga que ver con la privación de la libertad de este hombre se dé en un marco de respeto de sus derechos, en ese sentido tenemos más voluntad de respeto que la que muchos de ellos tienen por la vida de muchos de nuestros pibes una vez que están en el encierro. A esa causa le faltan varios responsables y la justicia debería haber encarado hace tiempo ya un proceso de juicio sin que nosotros estemos invirtiendo toda nuestra energía porque ya está todo dicho. Los actores están bien claros y visibilizados y porque me parece que esta causa merece que en ese lugar también se genere una condena. Esperemos que la justicia federal, y vuelvo a unir esto, todo lo que ha ocurrido en esa causa y una que se dio con anterioridad en la que Luciano también fue fuertemente criminalizado y que terminó con condenas menores sea volcado a la causa por desaparición forzada y que se empiece a interpretar en este sentido. Desde el Federal nos dicen que sí, que la mirada es investigando a los responsables de la desaparición que son la Policía Bonaerense y los actores que surjan pero hasta llegar a eso las herramientas que se utilizan no son las que nosotros consideramos que deberían ser utilizadas.

 

FT: Contanos del Espacio. Los vemos muy entusiasmados con lo que está pasando allí.

VO: Nosotros que estamos ahí mucho tiempo y que poco a poco se van acercando caras nuevas que son del barrio también empezamos a escuchar las historias alrededor de ese espacio. De repente vos estás pintando algo y te cae un pibe y dice ’pensar que yo estuve engrillado en la ventana’. Es muy fuerte escucharlo, uno no dice nada, y era esa la finalidad que nosotros buscábamos como grupo también, que esos pibes que pasaron por ahí empiecen a relatarnos poco a poco cuáles eran las cosas que ocurrían allí. De pasar de una comisaría a un Centro Cultural pensado para los pibes que todo el tiempo esté problematizando sobre la represión estatal sobre ellos cambia, cambia la historia de ese barrio. Un barrio que venía sumando cada vez más gente a la movida de la inseguridad, los pibes peligrosos, el control en el barrio y de repente les cayó el caso Luciano Arruga y de repente hoy hay un Espacio en el medio de una zona residencial donde antes había una comisaría y vos vas cambiando algo en ese lugar. Vas generando otra forma de hacer en lo colectivo en un barrio. También para la vida de estos pibes debe ser una sensación muy fuerte: vos entraste amarrocado, con un tipo que te venía quemando la cabeza y diciéndote un montón de barbaridades y tirándote en cualquiera de los costados de ese destacamento y hoy entrás a un lugar donde ves gente haciendo cosas para poder usar ese espacio conjuntamente y nadie te está prohibiendo la entrada. Todo lo contrario, te ponen un pincel, te ponen a trabajar en la huerta, te invitan a participar de los talleres de guitarra. Esto es algo que seguramente nosotros no somos capaces de interpretar claramente pero algo sí interpretamos y es el cambio que estamos generando en un barrio donde cuando Luciano apenas desaparecía varios de los vecinos salían en los medios de comunicación locales a decir ’este pibe era un chorrito con 30 mil causas’. Hoy todos esos están escondidos como ratas y a nuestro espacio llegan vecinos haciendo otro relato: ’Che, venían del destacamento y se llevaban un montón de cosas de mi librería y no me pagaban’. Relatos de vecinos que estaban recalientes con la gente del destacamento por cómo se movían. Eso para nosotros es bastante impresionante. El sentimiento que te requiere, también. Nosotros nos sentamos a discutir de qué forma intervenir en cada espacio y qué queremos decir. Eso remueve mucho, sobre todo para los que pasamos muchas batallas dentro del destacamento. Hay un moomento que te cae la ficha y pensás que viniste tantas veces cuando el lugar estaba lleno de milicos y ahora entramos acá y somos nosotros accionando y tratando de cambiar la realidad de este barrio que hizo tanto daño.

 

FT: ¿Por qué una marcha? En general hacen jornadas en la Plaza Luciano Arruga salvo un año, que estábamos a dos meses y medio de la identificación de los restos de Luciano que también hubo una marcha.

VO: La marcha tiene toda una connotación política. Es como decir un punto y arrancamos. Es un contexto político diferente y nosotros sentimos que la marcha genera cierto resquemor por parte de quienes no participan y están observando qué ocurre. Aunque no estamos en la primera plana de los diarios ni en los medios de comunicación masivos, el ojo está puesto en esa marcha. Hay una atención puesta ahí y saben la importancia y la connotación política que tiene. Nosotros pensamos que en este contexto político era necesario salir a la calle marchando para demostrarle a este gobierno que la familia sigue de pie, que sigue firme, que sigue exigiendo y que va a denunciar de la misma forma que denunciaba al anterior gobierno a este que está ahora entendiendo al mismo tiempo la gravedad de cada uno de sus actos políticos. Si hace años nosotros denunciábamos contundentemente muchas cosas que pasaban entendíamos que para algún sector de la sociedad había cierto acercamiento y quizás para los pobres algo el Estado tenía. Yo tengo críticas para eso, era otro contexto. Este es un Estado abiertamente de derecha, un Estado entreguista, un Estado que aprieta el gatillo y lo hace con toda la intencionalidad de aumentar claramente los índices de muertos. Creo que la marcha es salir a la calle y decir ’estamos juntos, somos estos familiares y nos oponemos a todo esto que viene ocurriendo hace tantos años’.

 

Laura Olivera: En la marcha, como el año pasado y como viene siendo todos los años, se invita a los familiares, vienen familiares que acompañan la causa de distintos puntos del país, con suerte este año llevamos adelante la misma tarea titánica que el año pasado y vienen de muchos puntos del país. De Neuquén, de Río Negro, de Rosario, de Córdoba, de Catamarca, de Jujuy, Santiago del Estero, todos los familiares que acompañan la causa van a estar marchando adelante con la consigna principal que es ’A 33 años de gobiernos constitucionales, continúan torturando, asesinando y desapareciendo a los jóvenes de nuestros barrios / No es violencia institucional, es represión estatal’. Eso es algo en lo que venimos haciendo mucho hincapié en el 2016 porque tenía que ver con nosotros también empezar a llamar a las cosas con su nombre, en ese sentido nos ayudó la mesa con María del Carmen Verdú y Ana López (realizada en octubre del años pasado en el Espacio) porque si no lo empezamos a hacer nosotros todo se entra a distorsionar y es grave. La Peti tira las cifras y a uno le tendría que retorcer el alma. No estás hablando de un exceso, no estás hablando de un policía, no estás hablando de un error, estás hablando de un Estado que está tomando la determinación en este gobierno totalmente sin careta de exterminar a los sectores adolescentes de nuestros barrios. Nosotros eso no lo vamos a permitir, como venimos haciendo con la baja en la edad de imputabilidad, ya sentamos una posición sobre eso y lo vamos a decir. Lo de la baja es algo que va a atravesar todo el 2017 y siempre ha venido tratando de asomarse y lo que no se pudo hacer por arriba se hizo por abajo. Si no, no hubiesen abierto tanta cantidad de centros cerrados que en realidad son institutos de menores que les van cambiando los nombres para que quede más lindo con la ley moderna y un pibito de 12, 13, 14 años aunque no sea imputable si el fiscal decide que el delito cometido fue grave lo mete igual y vos lo partís. Es una criatura, es un pibe que tiene 13 años de vida en este mundo y vos lo metés adentro del sistema penitenciario, lo rompés a ese pibe. Si vas a un barrio y les preguntás a las criaturas si estuvieron en un instituto de menores te va a decir que sí. Entonces, ¿cuánta niñez y cuánta adolescencia estamos perdiendo? Son nuestros pibes, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, no vamos a permitir que lo legitimen, porque si no estándolo meten a pibes de 12, 13 o 14, ¿si lo legitiman van a meter a una criatura de 6?

 

VO: Nos parece importante incomodar con los términos, los términos incomodan. Hablar de represión y responsbilidad del Estado incomoda porque hay gente que puede ubicar esos conceptos sólo en la dictadura militar. Nos vemos obligados como familiares a incomodar. A que al otro lo obliguemos al menos a detenerse y pensar cuánto de lo que decimos nosotros es real o tenemos alguna equivocación y si es así que el otro venga a dar una discusión. Hasta ahora del otro lado no se ha analizado en otro sentido esta problemático o se nos ha argumentado de tal forma que a nosotros nos dejen tecleando. Por otro lado esto de la sistematicidad, que es otro término que incomoda. ’No es sistemática la muerte de los pibes’. Bueno, sí, es sistemático. Desde la apertura de la democracia hasta hoy, todos los gobiernos constitucionales han matado a una cantidad de jóvenes de nuestros barrios sin visibilizar que estos hechos ocurren. Y personalmente, y esto cada vez que puedo lo digo, yo no hablo desde cualquier sector de la sociedad. Yo puedo hoy estar viviendo en otra situación, fuera de mi barrio, pero yo nací en el Barrio 12 de octubre. Era una chiquilina del Barrio 12 de Octubre. Iba a comer al comedor del Monte Dorrego. Hay una historia que yo viví que no me la olvidé. Con un montón de sufriamientos y de derechos que me fueron quitados y que hoy como adulta los entiendo como una traición rotunda a mi niñez de parte de un conjunto muy grande de la sociedad. Yo hablo desde ese lugar, desde el sector más vulnerable de la sociedad. Desde el sector empobrecido. No me puedo parar desde la clase media y analizar la problemática de los pobres; no, yo hablo desde los pobres y con los pobres. Y desde ese lugar uno siente eso, Euge: 70 mil personas presas, 5 mil pibes asesinados, 200 desaparecidos. Son la gente de barrios como el que yo me crié. Yo tuve una fortuna, pero esto no se trata de que cada uno se esmere lo que pueda para tratar de salir adelante. A veces no se puede salir adelante. A veces se tiene suerte. Yo fui una persona con suerte, pero muchos de mis amigos, de mis vecinos, no tuvieron la misma suerte; desde ese lugar me planto fuerte y firme a decir: paremos la moto. Violencia institucional contémosla a monotones desde que nace hasta que muere el pibe. Pero represión hay un montón. Tiene características bien particulares y la sufrimos nosotros en carne propia. La sistematicidad se refleja en los números.

 

EO: Vos decías que tuviste suerte y me parece que tuviste más que suerte. Hay algo de lo que están haciendo ustedes ahí en el ex destacamento donde a los pibes les decían que eran una basura y ahora ustedes lo que están haciendo es plantearles a los pibes que son valiosos. Me parece que más que suerte tiene que haber alguien que te reconozca valiosa. Personas, grupos, instituciones.

VO: Yo le pongo el término de suerte. Pero tendría que recordar gente muy importante que pasó en mi vida. Por ejemplo yo jugué mucho tiempo al voley en la Sociedad de Fomento de Lomas del Mirador en la que no podía pagar ninguna cuota. Y sin embargo las madres que estaban rodeando al club me decían: ’vos venís al club y la cuota te la pagamos nosotras’. Y me iban a buscar a mi casa y me llevaban a jugar los torneos. Conocí el mar por jugar al voley. Me relacioné con un grupo humano maravilloso. Gran parte de mi vida se dio fuera del barrio con un grupo de personas que entendían bien claramente lo que significaba dar oportunidades. Y ese fue un aprendizaje maravilloso en mi vida. A mí me formó el deporte. Me formaron seres humanos que me dieron un espacio y nunca me dijeron: ’Che, estás atrasada con la cuota’. No se discute eso, ’vos venís a jugar al voley y te venís a divertir’ y yo me divertía. Hoy a la distancia siento que esa fue mi formación y que estoy haciendo algo de lo que a mí me enseñaron a hacer otros: dar un espacio. Y no solamente con los chicos de la 12 en el barrio. Lo hago también en mi laburo. Les digo: yo te escucho, confío en vos. Yo estoy acá porque tengo ganas de hacer este trabajo y deacompañar este proceso. Y a mí me llena el alma poder entregar eso que es nada más que un aprendizaje que logré obtener de otros que fueron muy bondadosos conmigo y tengo mucha gente para nombrar.

 

FT: ¿En qué estás laburando?

VO: Estoy laburando en el barrio Carcova y en Villa Curita. Son varias villas de José León Suárez que están todas pegadas. Estoy en un centro de día trabajando con chicos de 12 a 16 años que primero van a comer y luego van a talleres de teatro, de radio, de recreación. Ahí nosotras, las coordinadoras, tenemos un rol de acompañante con cada uno de los chicos y acompañamos a las talleristas. Después nos encargamos de cosas un poquito más duras, como hacer una recorrida por los barrios, visitar a las familias, ver en qué podemos dar una mano interactuando con las instituciones del barrio y ahí darnos cuenta una y otra vez del abandono que sufren nuestros pibes. Ahí uno se topa con la realidad de la violencia institucional, como cuando uno quiere ir a tramitar el DNI de un pibe de 15 años y te piden mil papeles y pasan cosas que tienen que ver con la pobreza, con años de un Estado que no les dio sus derechos, sino que los violó sistemáticamente. El abandono es tremendo. En Carcova y varios de los barrios de ahí viven del reciclado en el basural de José León Suárez. Muchos pibes van a buscar comida. La realidad es cruel por donde uno la mire. El abandono es rotundo y contundente y el trabajo que hay para hacer ahí es tener mucho amor para ir y entregar ese tiempo que para cada uno de esos pibes es valiosos porque tienen pocos espacios de escucha y acompañamiento. Explotan, te saltan por las paredes y por momentos se pudre el mundo, porque al ser rechazados de todos los lugares donde ellos deberían estar naturalmente, como la escuela o un lugar recreativo del mismo barrio, encontrar que alguien te esté escuchando. Es ’Me escuchás me prestás atención, entonces te armo más kilombo’, pero los que estamos ahí tenemos muchas ganas de estar con ellos y nos gusta.

 

FT: Nos vemos el sábado. Nosotros vamos a estar participando junto a medios de la RNMA, pero también con muchos otros que no están en la RNMA.

VO: En casa están parando unos muralistas que están trabajando en el Espacio. Y el año pasado uno de ellos estaba escuchando alucinado desde Rosario la jornada cultural a través de la radio. La verdad que nosotros estamos agradecidísimos del rol que ustedes tienen y del acompañamiento que nos dan; esa solidaridad inmensa que a nosotros también nos potencia para seguir con este armado que nos parece positivo y cambiar la dinámica. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que seguir atrás de la agenda de los grandes medios si los odiamos y cuando prendemos la tele la queremos tirar a la mierda? Podemos empezar a pensar en esto, de no solamente reflejar las actividades, sino también de otra forma de reflejar las actividades. Ahí se va dando una confianza mutua, entre los familiares para con ustedes y ustedes para con los familiares. Esa cosa yo la puedo ver un poco más clara porque no me toca de cerca como la causa de mi hermano y todo lo que hacemos alrededor de la causa. Siento que cada vez estamos mejor direccionados con esto de la comunicación alternativa y comunitaria. Nos hace sentir bien.

Fin de la charla. Vanesa olvidó su tabaco en la radio. Se ve que además de hablar, escucha.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article13561

En consecuencia, abajo y a la izquierda, precisamos percibir ( posicionarnos por averiguar) significados e implicancias actuales de nuestro compromiso con l@s 30.000, Jorge Julio López y la Asociación Ex Detenidos, Desaparecidos. Es plantearnos porqué y cómo dar el giro de 180º de:

  1. La «lucha contra la pobreza» hacia ir contra la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales.

  2. La obediencia debida a la 'democracia' ejemplificada por la unidad nacional contra el gobierno de Mauricio Macri, el ajuste y a favor de las paritarias cuando éstas son simulacros de diálogo entre quienes están en la expoliación de nosotros desde décadas.

 

 

1) La alianza de capitales y estados imperialistas con los locales ha instaurado su incesante acumulación de riquezas y poder mediante terrorismo de estado y genocidio. Recordemos a Rodolfo Walsh anticipándonos que el aniquilamiento sistemático tenía el objetivo de viabilizar el plan de miseria para todos los argentinos mediante

su victoria duradera en la lucha de clases.

 

 

Podemos observar la extensión de esa desposesión total y totalitaria tanto en el grado de maximización de concentración y transnacionalización económico territorial de Argentina como en la legitimidad del gobierno de Mauricio Macri. Bajo fachada de democracia expropiaron los bienes comunes sociales en concepto de "honrar la deuda externa pública". En efecto, según el Consenso de Washington e implementación de Cavallo-Menem-Partido Justicialista se apoderaron de las empresas estatales (con la justificación de pagar la deuda externa y volverlas eficientes) y reforzaron esta monopolización de las palancas de desarrollo con la optimización de las condiciones para desplegar el crecimiento ilimitado de sus patrimonios (desregulaciones, liberalización financiera y comercial, tipos de cambio, derechos de la propiedad...). Mediante los poderes simbólico, territorial y sindical del Partido Justicialista, la comunidad de negocios exorbitantes de los capitales y estados imperialistas con los locales consolidó el neoliberalismo o victoria de la opresión en forma 'democrática': despidos masivos, flexibilización laboral, colapso de economías regionales extrapampeanas, quiebra de casi la mitad de pequeños medianos propietarios y desmantelamiento del estado social. En los noventa también se establecen otras bases para el extractivismo

como la aprobación por Felipe Sola del comienzo en la sojización transgénica y el marco normativo para las inversiones mineras.  Cabe, en fin, tener presente las leyes de Martínez de Hoz o de la dictadura genocida todavía en vigencia: Ley de Entidades Financieras y Ley de inversiones extranjeras que fueron/son fundamentales, así como la deuda eterna (porque está diseñada para conminar a pagarla y no saldarla nunca), para el empobrecimiento del país y de quienes lo componemos.

 

Reflexionemos sobre estudios sintetizados a continuación:

 

EL INVESTIGADOR BRUNO NAPOLI HABLA DEL ROL DEL CAPITAL FINANCIERO EN LA ULTIMA DICTADURA

 

“Decidían qué leyes salían”

El coautor de La Dictadura del Capital Financiero. El golpe militar corporativo y la trama bursátil cuenta cómo el terrorismo de Estado no sólo benefició a las grandes empresas sino que sus representantes tomaban las decisiones.

 

Por Eduardo Febbro

Desde París

La verdad tiene muchos vericuetos e interpretaciones. Pero hay uno inapelable: el financiero, el dinero. En un libro presentado en la embajada argentina en París, La Dictadura del Capital Financiero. El golpe militar corporativo y la trama bursátil, los investigadores Celeste Perosino, Bruno Nápoli y Walter Bosisio desmenuzan el papel que jugaron las finanzas en el dispositivo represor de la última dictadura. De esta investigación, basada en el análisis de documentos exclusivos, los autores extraen una conclusión: las corporaciones empresariales y financieras de la Argentina le dictaban a las Fuerzas Armadas las leyes que más le convenían al capital. Este libro viene a desnudar uno de los aspectos menos conocidos de la relación entre las burguesías financieras locales y el poder militar. Ambos trabajaban en tareas distintas: los primeros ganando dinero y desmantelando al país, los segundos asesinando en beneficio de los primeros. El ensayo contiene momentos clave de la elaboración de dispositivos económicos nocivos como las leyes de Entidades Financieras, Inversiones Extranjeras y Descentralización de Depósitos y la forma en que se crearon empresas y compañías financieras desde la misma ESMA.

Este libro completa dos trabajos anteriores: el informe de 2013 Economía, Política y Sistema Financiero-La última dictadura cívico militar en la Comisión Nacional de Valores. Y el libro Cuentas Pendientes, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky.

–¿En qué documentación se basaron para realizar este trabajo? –preguntó Página/12 a Nápoli.

–En 2013, la Comisión Nacional de Valores decidió abrir sus archivos. Fue el primer archivo del sistema financiero en la Argentina que se abrió a investigadores que no eran ni economistas ni abogados. Estos materiales y este libro permitieron la reapertura de causas contra funcionarios civiles de la Comisión Nacional de Valores.

–El libro muestra un proceso político con una acción, decidida, planeada y ejecutada a cualquier precio.

Trata de reflejar que, para que funcione la dictadura del capital financiero o el gobierno de las finanzas, tiene que haber gobiernos, tanto civiles como militares, que hagan leyes que beneficien al gran capital. Nada se hace por fuera de la ley para hacer los grandes negocios entre Estado y corporaciones. Pero también es cierto que el negocio financiero siempre va a estar ligado a algún tipo de delito. Corre siempre un paso delante de la misma legislación. Por eso es tan complejo perseguir la delincuencia financiera. Se trata de un proceso político que entendieron los empresarios. En la Argentina, a partir de la dictadura de Onganía, los empresarios comprendieron que si querían hacer negocios privados había que ocupar el Estado. En el Onganiato hay más de treinta funcionarios civiles, todos cabezas de empresas. Luego, bajo Videla, hay 15 funcionarios, todos representantes de las más grandes corporaciones financieras y empresariales de la Argentina. Entendieron que podían combinar negocios privados con la función pública.

¿Cuántas empresas están detrás del diseño de la última dictadura?

Nosotros la definimos como una dictadura militar corporativa, no cívico-militar. Los civiles que ocuparon cargos económicos fueron elegidos como representantes de las principales corporaciones. Por ejemplo, los representantes de los bancos en la Argentina se quedan con el Banco Central y con el Banco Nación. El Consejo Económico argentino se queda con el Ministerio de Economía, gente de la Bolsa de Comercio se queda con la programación técnica y a la Sociedad Rural le dan la secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca. Es increíble la transición de esos empresarios oriundos de unas 15 corporaciones que intervienen en el diseño de esa dictadura y también en el diseño legal de la misma. Discuten palmo a palmo los empresarios con los militares, les dicen qué leyes tienen que aprobar para beneficiar a los 63 bancos que había en ese momento y a las 15 grandes corporaciones. Los 10 principales bancos eran privados y esos son los que, en el 77, dictan la ley de Entidades financieras, que, con algunos cambios y parches sigue vigente. Lo mismo ocurre con la ley de Inversiones Extranjeras que permitía la fuga de capitales millonaria, una ley que siguió vigente hasta 2012, o la ley de Privatizaciones, que siguió hasta 2009. Todas estas leyes fueron escritas por Videla y Martínez de Hoz.

–¿Cuál fue la función de la deuda en ese dispositivo?

Su función fue lograr que los mecanismos económicos y productivos fueran absolutamente dependientes de un capital extranjero. La otra función fue la fuga constante de capitales hacia el exterior. Las 500 principales empresas de la Argentina tomaron deuda en dólares y le avisaron al Estado que no la iban a pagar. El Estado se hizo cargo en un proceso de tres pasos: seguro de cambio, una deuda consolidada y finalmente la nacionalización de la deuda. Así se pudieron enriquecer. Todos esos préstamos en dólares los terminó pagando el Estado. Se trató de una sumisión del aparato productivo a los grandes espacios financieros internacionales. La dictadura comienza con el terror de los cuerpos y la desaparición y finaliza con el terror de los cuerpos a partir de los cuerpos endeudados. Viene a cerrar un proceso muy extenso que comienza con la dictadura de Onganía y las primeras leyes, por ejemplo la ley de Defensa Nacional, que es la primera ley que dice que para que haya desarrollo económico tiene que haber represión del cuerpo subversivo que está en contra de la economía. Lo único que hicieron fue cerrar un esquema y dejar la legislación hacia el futuro para asegurar el poder económico de las grandes corporaciones financistas de la Argentina.

–Ese poder es, paradójicamente, nacional. La intervención extranjera parece limitada.

–Las entidades convocadas a discutir qué leyes había que promulgar son entidades nacionales, grupos financieros locales. Los militares se encargan de la matanza y la parte empresarial de legislar hacia futuro y asegurar la continuidad del capital financiero.

–En la Argentina también se da un sistema de acumulación financiera, una suerte de oligopolio pequeño pero muy eficaz.

–Hoy hay sólo 63 bancos que manejan 11 millones de sueldos. El mercado de capitales del país, o sea la compra venta de acciones, está manejado por 185 agentes que manejan un monto de 200 mil millones al año. Tienen un poder de fuego muy grande porque de hecho alimentan al Estado de dinero. Los bancos le prestan dinero al Estado y cuando el mismo Estado saca un bono se lo compra el mercado de capitales. En suma, el mercado de capitales financia a los Estados y después no quieren que lo regulen. Es muy difícil regular a quien presta dinero. Por eso vemos esa continuidad: algo que la dictadura firmó con una matanza y con leyes específicas la democracia no puede sacárselo de encima. Además, todo ese mercado financiero está entrelazado. Cuando no pueden hacer una operación acá la hacen en la bolsa de Tokio. El capital no se siente soberano ni con una nacionalidad. Es internacional, circula y en ese espacio es muy difícil hacer un control.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-284219-2015-10-20.html

 

Indaguemos porqué discrepar con conclusiones como: el carácter sólo nacional de los principales responsables de la dictadura genocida y la democracia no puede dejar de regirse por leyes (implantadas mediante terrorismo de estado) que

han reestructurado y reestructuran Argentina en acuerdo al sistema capitalista mundializado.

 

Respecto al primer disenso conviene introducir aclaraciones de Eduardo Basualdo que explica Horacio Verbitsky:

 

(…)La oligarquía diversificada

De este modo introduce a un punto central de su trabajo, sobre la composición de las distintas fracciones industriales. El análisis tradicional distingue entre el capital extranjero (que tuvo una incidencia decisiva en los comienzos de la industrialización en el país y que se expandió en forma incesante en las primeras cuatro décadas del siglo pasado), y la burguesía nacional (que comenzó a manifestarse en la década de 1930 y tuvo activa participación en el proceso económico, y también político, de las dos décadas siguientes). Pero
Basualdo se refiere también a lo que llama “la oligarquía diversificada”, que “está compuesta por capitales de diferente origen y grado de diversificación económica”. Entre ellos menciona a “un conjunto de capitales extranjeros que expresan formas de internacionalización temprana, ya que se instalaron en el país a fines del siglo XIX mediante la radicación de algunos integrantes de las familias propietarias y, como tales, se integraron con la clase dominante local en términos sociales y económicos”. Su base no fue sólo industrial, “aunque controlaban múltiples firmas industriales líderes, sino que tuvieron una destacada presencia en la propiedad y producción agropecuaria pampeana y extra-pampeana, formando parte de los grandes terratenientes, participaron en la exportación de productos primarios y en los negocios financieros de la época e incluso instalaron o adquirieron firmas en otros países del cono sur. Entre ellos se encuentran Bunge & Born, Bemberg y Tornquist”.

Pero también se integraron a esa fracción empresaria otros capitales tanto locales (originados en los sectores dominantes pampeanos y provinciales, como los Braun Menéndez, Ingenio Ledesma, Terrabussi, Fortabat y Corcemar) como extranjeros (Alpargatas-Grupo Roberts y Compañía General de Combustibles-Brown Boveri). Esta fracción empresaria se diferencia tanto de las subsidiarias extranjeras como de las firmas locales. Es un sector de la oligarquía local que diversificó sus intereses en la industria, el agro y otras actividades y que constituye el sector “más estable y tradicional” del establishment económico desde la conformación del Estado liberal a fines del siglo XIX. A partir del proceso de desconcentración de la propiedad rural producido bajo el peronismo, la relación se invierte y los terratenientes pasan a ser una fracción subordinada de esa oligarquía diversificada, cuyo espacio de acumulación será la industria.
(…) Leer



Pero ante todo
enmarquemos la dictadura genocida en la:

 

Doctrina de la Seguridad Nacional
25 de octubre de 2007

Por Profesora María Luz Piérola

(…)Las FFAA recibieron su adoctrinamiento de EE UU desde West Point, y desde la Escuela de las Américas del canal de Panamá. La denominación de esta doctrina en nuestro país fue “Doctrina de Guerra” El General Camps expresó, en una nota del 4 de enero de 1981, en el diario La Razón, lo siguiente:  “ En Argentina recibimos primero la influencia francesa y luego la norteamericana, (…) hasta que llegó un momento en que predominó la norteamericana …”. “…Francia y EEUU fueron los grandes difusores de la Doctrina Antisubversiva … Enviaron asesores, instructores. Difundieron una cantidad extraordinaria de bibliografía”.

La Teoría de Seguridad Nacional supone a las FFAA como última reserva moral del país; ante la claudicación ética del poder civil y a su acción de gobierno, la única capaz de mantener la barrera ideológica, distorsionando así lo cultural, religioso, familiar, económico y jurídico.

Esta doctrina fue aprovechada por los altos mandos de la Armada y de la Fuerza Aérea. Fue la que se expresó en la orden general de batalla del 24 de marzo del 76, comunicada a todos los generales, almirantes y brigadieres en actividad con mando de tropa. Doctrina que, básicamente comprendía la eliminación física de la llamada “Subversión apátrida” y una orientación ideológica dentro de los principios de “la defensa de la tradición, la familia y la propiedad”.  La doctrina, además, tenía como propósito implantar el terror generalizado en la población para evitar que la guerrilla “se moviera como pez en el agua”. Son estos conceptos los que fundamentan la política de desapariciones que desde antes, pero en forma especial a partir del golpe militar de 1976, comienza a ejecutarse en forma sistemática.[11]  

 

Para el Dr. Emilio F. Mignone:  “La doctrina o Teoría de la Seguridad Nacional es aquella en virtud de la cual se ubica como valores supremos de la sociedad el orden y el control de los ciudadanos. Para lograr ese orden autoritario y ese contralor, no sólo de las actitudes públicas sino también de la vida personal de los ciudadanos, se considera que cualquier tipo de medio es legítimo. Se considera a la seguridad colectiva o seguridad nacional como el valor supremo de una escala de valores que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas.  Cuando un Estado o cuando los detentadores del poder del Estado dicen: “aquí lo principal, lo primero, lo fundamental, lo que está por encima de todo, es que haya un orden, que nadie se descontrole, que haya uniformidad de pensamiento, que se mantengan los estamentos fijados”, es decir, cuando haya que conservar lo establecido: la propiedad en la forma como está dada, la jerarquía social, las diferencias de clases, cuando todo eso forma parte del orden, hay que mantenerlo. Para mantener ese orden de tipo tradicional, contra la más mínima alteración, cualquier medio que tenga que usarse es legítimo. Aunque eso violente valores morales, valores jurídicos, valores humanitarios, valores culturales, valores científicos y por supuesto la libertad y la justicia.  Cuando esta doctrina se aplica se llega a la censura de las publicaciones porque eso viola la seguridad colectiva, a impedir la libertad de expresión, en sus casos más extremos, al asesinato, a la tortura, o a la pérdida de la libertad de las personas sin atenerse a los valores jurídicos, a los valores éticos, o a los valores de la convivencia civilizada.  La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) es una concepción política, detrás de la cual subyace una concepción filosófica: una concepción del hombre, de la vida, es decir, un punto de vista profundo y total. Es evidentemente una doctrina de las que se pueden calificar como totalitarias; porque abarca la totalidad del hombre, no le deja ningún resquicio de libertad personal, ni siquiera en su vida individual, en su vida familiar, y porque abarca la totalidad de la sociedad, colocando este valor por encima de todos.  Esta doctrina de la seguridad colectiva se aplicó en el proceso argentino.  Esto comienza con el famoso discurso de West Point del Gral. Onganía antes del golpe de estado de 1966, cuando era comandante en jefe en tiempo de Illia. Concurrió a una reunión en la famosa Escuela Militar de West Point en EEUU en su carácter de comandante en jefe del ejército argentino, donde planteó explícitamente que los ejércitos americanos tenían como objetivo la defensa de los valores internos de la sociedad y de lo que se llamaba entonces las fronteras ideológicas y el mantenimiento del orden establecido. Señaló, no abruptamente como se ha hecho después, con una expresión –hay que señalarlo- más limitada, pero señaló los primeros elementos de esta doctrina que posteriormente se fue desarrollando hasta llegar a sus máximos extremos como lo hemos vivido nosotros: es la que aplicaron en forma encubierta y con mucha hipocresía los autores del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, es decir, las instituciones militares y  las fuerzas armadas argentinas, y su sector dirigente y pensante.  La D.S.N. o colectiva no es patrimonio exclusivo de las FFAA argentinas sino que es la concepción política que rige o que inspira a los regímenes militares de esta etapa del siglo XX en la cual vivíamos.[12]  Daniel Barbieris nos expresa: “En principio un comentario: La D.S.N. no es tal, sino una ideología. Uno modo de ver la realidad. Se podría decir que es la primera sistematización científica, el primer gran código que construye el capitalismo –en su etapa superior- como modo de pensamiento.  El capitalismo fue acusado por los pensadores de izquierda de ser pragmático, de no tener una base científica en lo teórico. Con la construcción de la DSN creyó superar esa acusación.  Pero, en verdad, la DSN sólo es un “contrapensamiento”, un “contraaccionar”, en respuesta a la visión revolucionaria de los pensadores de izquierda, surgidos entre los años cuarenta y sesenta.  Los “Hombres de la Seguridad Nacional” de los Estados Unidos –estudiando a Ho-Chi-Minh, a Mao, al Che Guevara, etc.- generaron y sistematizaron la contrarrevolución.   Para que no se populicen estas ideas, no dejan código a la luz, sino entre tinieblas que solo develaban los elegidos por el poder central.[13]  Al respecto conviene citar:  “Además los regímenes militares latinoamericanos profesan una forma extrema de elitismo. Puesto que las masas son decididamente incapaces de comprender la conducción del estado y que conviene mantenerlas cuidadosamente alejadas, es absolutamente inútil y aún más, peligroso, el darles a conocer los principios que guían a estas élites.”  La D.S.N. está reservada a las élites y éstas son muy poco numerosas. La D.S.N. es explicada a tres niveles. Al nivel más elevado para los futuros generales y almirantes, a un segundo nivel para los escalones más elevados de la administración, de la economía, de la vida cultural y de la policía, y finalmente, a un nivel inferior para los altos empleados de las empresas, de los bancos y las principales instituciones privadas y públicas, nada va más allá del nivel de los directores. Los dos primeros niveles reciben cursos de un año, el tercero recibe seminarios de quince días: el sistema es igual en todas partes”[14] .

  

La D.S.N., por otra parte, abreva en las siguientes fuentes: la vieja “Doctrina Truman”, que plantea sintéticamente “el que no está conmigo, está en mi contra” (todo aquel que no es mi amigo, o no simpatiza conmigo, es mi enemigo)[15] y [16]

Los militares franceses de Argelia, generales Beaufré y Bonet, y el coronel Trinquier, son los “inventores “ del aspecto militar de la Seguridad Nacional. Pensaban que el enemigo tenía un accionar concreto sobre el pueblo, tendiente a ganarlo para ejercer sobre él cierto tipo de control que llamaban “el elemento de control de la población”. El objetivo, para los colonizadores, era tener sustento político para “algo injusto”, como ellos denominaban a la guerra de liberación nacional del pueblo argelino.  Los militares franceses plantearon que para tener un control correcto de la población era necesario tener informaciones rápidas y precisas, y, por lo tanto, no era impedimento el ejercicio de acciones más violentas que, ahora, en esta nueva forma de guerra –denominada por ellos guerra revolucionaria- adquiere una característica distinta a la del enfrentamiento con un ejército regular.  Los franceses no escatimaron ninguna depredación sobre el pueblo argelino, pues pensaban “la guerra ésta es distinta, una guerra –en la Argentina va a llamarse “guerra sucia”- sin ningún tipo de cualidad moral. Nosotros debemos dominar inmediatamente y a cualquier costo la información que nos facilite dar los golpes anticipados.  Con los libros que estos militares produjeron se dictan los Cursos en la Escuela de Guerra de Brasil y en el Colegio Militar de la Nación Argentina.  Los “hombres de la Seguridad Nacional de los EE UU”, por otra parte, no son militares, sino civiles encargados de construir todo este pensamiento. Se basan en la teoría del desarrollo-seguridad construida por Robert Mac. Namara en 1967, que agrega elementos de análisis económico a la DSN.  En un discurso en Montreal (1967), Robert Mac. Namara había sumado otro punto a la  D.S.N.: el tema del desarrollo, lo cual debería tener inmediatas repercusiones en América Latina.  La seguridad es desarrollo. Y sin desarrollo no hay seguridad. Un país subdesarrollado jamás alcanzará nivel alguno de seguridad, por la sencilla razón de que no puede despojar a sus ciudadanos de su naturaleza humana. Al insistir en el hecho de que la seguridad es hija del desarrollo – agrega- no niego que un país en vías de  desarrollo pueda ser afectado por una revuelta interna o una agresión externa o una combinación de las dos cosas. Esto sucede, y para poner remedio a las condiciones que permiten este estado de cosas, es preciso que un país tenga una potencia militar que responda a este problema específico”.[17]

Con estos elementos se justificarían después, los nuevos conceptos de “frontera interior” y “enemigo interno” que utilizarían los ejércitos de América Latina.

 Para mantener cohesión en sus filas, el “Proceso” alucina una guerra, tiene que forzar al pueblo y convencerlo de que esta guerra, con características distintas a las tradicionales, hace que el enemigo se infiltre en cualquiera de las instituciones, hasta que las socava, sean éstas gubernamentales o privadas, religiosas o civiles. “EL ENEMIGO ESTÁ EN TODAS PARTES”.[18]  Esta D.S.N., planeada y estructurada en EE.UU., en resguardo de un supuesto enemigo externo o interno, tiene otros componentes centrales que la conforman claramente en su actual concepción.  Además de su componente que proviene de los EE.UU, un segundo componente en la década del ´60 es la Doctrina de la Contrainsurgencia francesa, aplicada en las guerras de Argelia e Indochina. De los métodos de destrucción y tortura que se utilizan en Argelia para mantener la dominación colonial de los franceses, toman la concepción de la “guerra sucia” los militares argentinos que en reiteradas oportunidades la han expuesto para tratar de justificar los llamados “excesos de la represión” en la lucha contra el “terrorismo y la subversión” Debemos mencionar un tercer elemento que compone la D.S.N. Se trata de la concepción agresiva y expansiva de la doctrina de la geopolítica alemana que influenció la estructuración ideológica y militar de los ejércitos Latino Americanos en el período anterior a la segunda guerra mundial.  De estos tres grandes componentes, la doctrina militar de la seguridad hemisférica pergeñada por los EE.UU, la doctrina de la contrainsurgencia del ejército francés con su concepción de la guerra sucia aplicada en Indochina y Argelia y de la doctrina geopolítica alemana, surge la concepción filosófica y doctrinaria de la llamada seguridad nacional. 

 

Aspecto económico

Uno de los propósitos fundamentales que se dio el golpe de estado del año 76 fue la desindustrialización –pilar de la economía- que aglutinaba en su seno al sujeto obrero organizado que venía amenazando el poder de las clases propietarias. Es decir que el movimiento obrero organizado, con diferentes miradas, se presentaba homogéneo y se articulaba políticamente con el peronismo, mientras que los sectores de la burguesía tenían intereses encontrados, heterogéneos. Por un lado los terratenientes orientando su producción al mercado externo, la denominada burguesía nacional con intereses en el mercado interno con consumo popular y el sector de la burguesía multinacional apuntando al mercado interno pero de altos ingresos.[19]

En un contexto de feroz represión, de supresión de la actividad política, gremial, obrera, empresarial y profesional, comienza a ejecutarse un plan económico que se asienta, precisamente, sobre ese contexto represivo.

El objetivo último era lograr la inserción de nuestro país en el nuevo orden económico internacional, es decir, en la nueva división internacional del trabajo. Ese es el objetivo eminente de todas las doctrinas de seguridad nacional que se aplican en este continente y en otros continentes donde existen países en vías de desarrollo o países que se adscriben como la periferia de los grandes centros industriales y financieros del mundo desarrollado.

El sistema financiero fue utilizado como instrumento fundamental para modificar la situación económica, el sistema productivo, las relaciones de poder, los hábitos de consumo y en general, cambiar toda la estructura argentina en lo económico, en lo político y en lo social. El sistema financiero, tal como lo conocemos ahora, fue el instrumento aplicado a partir de 1977 con la llamada “Reforma Financiera” En primer lugar, el sistema financiero fue implementado en función de una filosofía, que es la contracara ideológica –económica de la D.S.N., es decir, el monetarismo. Escuela monetarista de Chicago que lidera Milton Friedman.  Junto con estos principios se aplicó la llamada apertura externa en lo financiero con endeudamiento forzado.  Sobre endeudar al país, a las empresas públicas, a las municipalidades, a los estados provinciales, al estado nacional y a las empresas privadas.  ¿Por qué se aplicó una política de endeudamiento forzado?  El año 73 había producido el cambio del ciclo económico internacional a partir de la crisis del petróleo: aumenta extraordinariamente de precio, aparecen en el mercado internacional enormes masa de petrodólares y debía ser reciclado urgentemente. Argentina era una plaza tomadora de créditos con capacidad potencial y eventual de repago a largo plazo. Se indujo al endeudamiento. Esto producía una alteración total de las relaciones de producción, de poder y de distribución de ingresos tradicionales en la República Argentina. A través de otro instrumento perverso como lo es la libertad de tasas, la libertad de entrada y salida de capitales tanto internos como externos, a través de mecanismos como la circular 1050, la indexación, se ha tornado impracticable todo tipo de economía de producción y es así que durante estos años se produce al mismo tiempo y a través del instrumento financiero una gigantesca traslación de ingresos de recursos y de patrimonios dentro del país y hacia fuera.  Obviamente que las víctimas y perjudicados fueron, en primer lugar, el sector asalariado, y en forma paralela, todo el sector productivo nacional.  El endeudamiento de 100.000 millones de dólares no es el único efecto. Se han perdido otros 200.000 millones de producción nacional por la enorme traslación de ingresos y patrimonios.  La manera de funcionar de este mercado financiero consistía en que las tasas positivas de interés garantizaban al inversor, sobre la base del sistema cambiario de dólares a pesos, que si colocaba a 180 días su dinero, a tasas muy altas, obtendría al final de 180 días el 40  o 50 % del rendimiento en dólares, es decir, el 200 o 300 % más que el rendimiento en cualquier colocación financiera en el mercado financiero internacional.[20] (…) 

Fuente: https://dehumanos.wordpress.com/2007/10/25/doctrina-de-la-seguridad-nacional/

 

Encontramos que, en verdad, "no hay manera de desligar el capital local del capital internacional ni, por supuesto, del capital financiero internacional" y "que la deuda sirvió para financiar las grandes salidas de capitales que ocurrieron a lo largo de todos estos años".También hallamos cómo más de una deKada continuó profundizando sistemas de negocios exorbitantes en contra del país y de sus pueblos y comunidades.

 

Después del Club de París, fondos buitres
20 de junio de 2014

Por Rolando Astarita

(…) Explicación materialista y capital financiero

Es necesario, en primer lugar, abordar la cuestión desde un enfoque materialista, esto es, dando prioridad explicativa a los condicionamientos de clase por sobre los relatos y las ensoñaciones ideológicas. Es que si bien las relaciones sociales no determinan mecánicamente el comportamiento de los personajes históricos, y por eso nadie puede descartar alguna “pirueta” nacionalista circunstancial, lo cierto es que las piruetas no determinan el curso de los acontecimientos. Apenas alteran algo de las formas. Y en todo este asunto, el curso profundo está determinado por el hecho de que entre el capital “en general” y el capital financiero existe una relación orgánica. Esto es, el capital financiero no es un capital “aparte”, sino una de las formas que adopta el capital, y que como tal, es indisociable del modo de producción capitalista. Esto no se interrumpe fronteras adentro, y por una razón muy sencilla: no hay acumulación del capital sin crédito; no hay crédito sin tasas de interés y mercados financieros; y no hay mercados sin especuladores. Y cuando el capitalismo se internacionaliza, no hay manera de desligar el capital local del capital internacional ni, por supuesto, del capital financiero internacional. Esta es la razón de fondo por la cual toda la clase dominante criolla -incluidos sus representantes más “izquierdistas”- presiona para que se llegue a un acuerdo con los buitres. Incluso los economistas K heterodoxos se han puesto serios, y hablan de las “dificultades que tiene el país por sus serias restricciones externas”.

Esta actitud no se debe a que la burguesía argentina, o sus representantes políticos, estén “colonizados” por el capital financiero internacional, como creen algunos. Es una relación de distinta naturaleza que la colonial, porque es entre participantes del botín de la plusvalía, que discuten de qué manera arreglan con los menores costos (menores costos para ellos, no para el pueblo, se entiende). Esta relación es la que pone un límite objetivo -el marxista posmoderno se pone incómodo- al devaneo “anti poder financiero global especulativo”. La insulsa tesis (Laclau y compañía) de que las clases y los movimientos políticos son construcciones retóricas y discursivas, no tiene forma de disimular el carácter objetivo de la vinculación entre modo de producción capitalista – crédito – intereses – deudas – especulación – carácter internacional del capital. Y esto significa, entre otras cosas, que existe un nexo orgánico, interno, entre la Patria -construcción burguesa- y el capital financiero, incluido el más especulativo. La oposición que el militante nac & pop cree absoluta, se da en realidad en el marco de la unidad entre las formas del capital, y no puede no darse en el plano de esa unidad.(...)

Deuda y transferencia de excedente

Ahora hay que particularizar lo anterior en el movimiento histórico concreto de la deuda externa argentina. Recordemos que la deuda ha venido creciendo de manera sostenida desde 1976. Al momento de producirse el golpe militar era de 8500 millones de dólares; al llegar Alfonsín había subido a 44.000 millones de dólares; en 1989 era de 65.000 millones; con Duhalde alcanzó los 176.000 millones; y en diciembre de 2013 (no hay muchos datos oficiales, el gobierno oculta mucha información) el stock de deuda era de 202.000 millones de dólares. Pues bien, el cuento que se cuenta habitualmente sobre este proceso viene a decir que la deuda externa fue una pura imposición de la dictadura militar, en combinación con los bancos y los centros financieros, y que desde entonces se estableció un mecanismo de explotación por vía del pago de intereses y refinanciación de los principales prestados, cuya víctima fue el pueblo argentino de conjunto (hasta que llegaron los Kirchner a liberar al país).

La realidad, sin embargo, es otra. Por empezar, ya en 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, hubo un intento de tomar grandes cantidades de deuda a tasa variable para superar la aguda crisis de la balanza de pagos que Argentina estaba atravesando. Luego, a partir de 1976, el endeudamiento fue aprobado, o por lo menos consentido, por amplios sectores de la clase dominante. Por este motivo continuó después de caída la dictadura militar, y se prolonga hasta el día de hoy. ¿Cuál fue la lógica? Pues que la deuda sirvió para financiar las grandes salidas de capitales que ocurrieron a lo largo de todos estos años. En este punto, un trabajo de economistas K del Banco Nación (Gaggero, Casparrino y Libman, “La fuga de capitale. Historia, presente y perspectiva”, Cefidar, 2007) muestra con meridiana claridad cómo el stock de la deuda externa y el stock de capitales fugados crecieron casi a la par desde mediados de los 1970 hasta los mediados de los 2000. Esto no fue una “imposición” del imperialismo colonialista sobre una burguesía sometida, sino una operación consciente y libre de los explotadores criollos, obedeciendo a sus propios intereses. Por esta vía se operó concretamente la soldadura con el capital financiero internacionalizado.

Naturalmente, las refinanciaciones también dieron lugar a repetidos festivales de dinero -cada una de estas operaciones dejaba suculentos ingresos a quienes participaban de ellas-, saqueo de los fondos públicos y corruptos negociados de todo tipo. Es muy significativo que en los 1990 y comienzos de los 2000, cuando se anunciaban las reestructuraciones de la deuda externa -en el marco de un creciente empobrecimiento del pueblo trabajador- la clase dominante saludaba estas operaciones como “triunfos”. Subrayo: fue una política general, de clase. Y esa política se integró con las privatizaciones -que implicaban siempre nuevas y gigantescas transferencias de riquezas-, con las aperturas de los mercados, y el despliegue a pleno de las leyes del capital. La dirigencia K, que hoy se hace la víctima, no puede negar que participó de cuerpo y alma en el asunto.

Por otra parte, muchos de los que adquirían los bonos de deuda también eran argentinos. Para bancos, financieras y otros inversores, los títulos eran vistos como una oportunidad de buenas ganancias. De esta manera se estrechaban también los vínculos con el capital financiero internacional. Por eso no se puede decir que la clase dominante argentina fuera o sea actualmente “explotada” por medio de la deuda. Los argentinos que tienen colocaciones financieras en Suiza, Miami o paraísos fiscales como las Seychelles, no están oprimidos por los centros financieros internacionales, sino son partícipes de la explotación del trabajo a través del capital de préstamo, al mismo nivel que cualquier otro capitalista financiero, sea de EEUU o de cualquier otro país.(...)

 

Permanencia de la dependencia y el subdesarrollo

Como lo hemos señalado más arriba, aquí hay un sendero que se profundiza y afianza. Los acuerdos con el Ciadi, con Repsol, Club de París, ahora con los fondos buitres, no se pueden separar de la devaluación y el ajuste de salarios, ni de cuestiones como la ley antiterrorista, la inteligencia sobre organizaciones de izquierda y movimientos sociales, o la designación de Milani. Y todos ellos conectan con algo fundamental, que hemos discutido en otras notas: el pretendido “modelo industrialista con inclusión social” no cambió en absoluto la matriz dependiente y atrasada del capitalismo argentino. Los “pilares” de la economía K durante la última década siguieron siendo el complejo sojero, maicero, la gran minería, la industria automotriz (deficitaria en términos de balanza comercial) y la industria liviana, con crecimiento más bien extensivo (esto es, basado en plusvalía absoluta). En este marco, desde 2007 a 2012 se produjo una nueva y gigantesca fuga de capitales (unos 80.000 millones de dólares hasta el cepo cambiario), expresión mayúscula del subdesarrollo. Agreguemos que en la “década ganada” los acreedores recibieron 173.000 millones de dólares (cifra proporcionada por Cristina Fernández). Y desde fines de 2013 la economía entró en estancamiento y recesión; a la vez, disminuyó el superávit comercial, y continuó aumentando el déficit fiscal. Por eso están dadas todas las condiciones para un nuevo incremento del stock de deuda. A los 9.700 millones de dólares que se comprometieron con el Club de París y a los 5000 millones de endeudamiento con Repsol, se sumarán ahora los montos que “arreglen” con los holdouts.

Cuando el gobierno devaluó en enero, los escribas K escribieron que “esta vez iba a ser distinto”. Desde este blog -y desde todas las publicaciones de la izquierda marxista- se pronosticó que venía más explotación y penalidades para el pueblo trabajador. No nos equivocamos. Ahora nos quieren vender que están “liberando la Patria” con este nuevo ciclo de endeudamiento masivo. La realidad es que esta “liberación” va a significar nuevos y mayores “ajustes” sobre los salarios y el bienestar de la clase trabajadora. De nuevo, esta vez tampoco será “distinto”.

Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2014/06/20/despues-del-club-de-paris-fondos-buitres/

Respecto al segundo disenso, en toda esta página web, hemos examinado cómo la 'democracia' reprime y estigmatiza a quienes colabora en desposeer de todo. Sin embargo, se multiplican las resistencias e iniciativas en contra de ser avasallados y asesinados. Confrontan con la democracia al oponerse a que les siga secuestrando y usurpando capacidad de decidir y autodeterminarse. Es hora de articular esas luchas de las diversidades de abajo hacia constituir la unidad de voluntad para fundar autogobierno plurinacional y que sean los pobres o desposeídos los sujetos de posibilitar la sociedad otra.

 

 

 

2) La democracia desde 1984 hasta hoy ha sido garante y promotora del avance no sólo en el acaparamiento gran capitalista de bienes comunes tanto sociales como naturales. Sino también asegura la continuidad y profundización en la derrota a los trabajadores y a los otros oprimidos, humillados. Legaliza y legitima tanto la sobreexplotación laboral como la precarización de las condiciones de vida para la inmensa mayoría de nosotros, los de abajo. Aún más desde principios del siglo XXI en acuerdo con la concepción de seguridad hemisférica de los Estados Unidos criminaliza tanto a la pobreza como a la protesta social e intensifica esta guerra con la ley antiterrorista en 2007 y que agravó  Cristina Fernández de Kirchner no bien obtuvo un contundente triunfo electoral en 2011. Para promulgarla recibió apoyo de Nuevo Encuentro, de otros transversales y no sólo del PJ.

 

 

Comprobamos, si escuchamos a las autoorganizaciones populares en resistencia al extractivismo e investigamos, cómo destruye las condiciones de vida y trabajo del presente-futuro. Por eso, es importante desenmascarar al matrimonio Kirchner y sus gobiernos como continuadores y profundizadores de la democracia que nos desterritorializa-reterritorializa para la optimización del saqueo de capitales y estados imperialistas con sus socios menores en los factores locales de poder:

 

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 – AÑO 2011

 

La relación entre el estado y las empresas transnacionales y

su implicancia en los procesos de desarrollo.

Claves para pensar el caso de la minería en la Argentina de la posconvertibilidad.

 

Por Alejandro Dulitzky*

 

RESUMEN

Desde mediados del siglo XX, el capital extranjero –en sus diferentes formas- ha sido, en compañía de las fracciones más concentradas del capital local, uno de los actores más dinámicos de la economía argentina. Sin embargo, a partir de los años noventa, en el marco de un amplio proceso de reformas “pro-mercado”, comienza a vislumbrarse un aumento sostenido en el nivel de participación de las empresas transnacionales en el conjunto de la actividad económica, mientras que las firmas controladas por capitales locales sufren una fuerte retracción. Tras la caída del régimen de convertibilidad, y a pesar de los cambios acaecidos en el patrón de acumulación, esta tendencia, lejos de revertirse, parece haberse profundizado: las empresas transnacionales se han posicionado, cómodamente, como el núcleo central de la expansión exportadora. Sostendremos que en este proceso de creciente transnacionalización de la estructura económica argentina la intervención del Estado ha desempeñado un papel decisivo, asegurando al capital extranjero extraordinarios márgenes de rentabilidad en diferentes sectores y actividades de la economía. En el siguiente trabajo intentaremos ofrecer una serie de herramientas conceptuales para la caracterización y el análisis de la relación establecida entre el Estado y las empresas transnacionales durante la posconvertibilidad. Expondremos, a su vez, que esta particular modalidad de articulación entre estos dos actores obstruye las posibilidades de construir un proceso de desarrollo sostenido que asegure un mejoramiento sustantivo en la calidad de vida de amplios sectores de la población. Creemos que estos señalamientos nos otorgarán las claves necesarias para pensar el caso de la minería en Argentina, donde se registra una presencia casi absoluta de firmas controladas por el capital extranjero, con márgenes de utilidad superiores a los del resto de la economía en su conjunto.

 

INTRODUCCIÓN

Desde mediados del siglo XX, el capital extranjero –en sus diferentes formas– ha sido, en compañía de las fracciones más concentradas del capital local, uno de los actores más dinámicos de la economía argentina. A partir de los años noventa, en el marco de un amplio proceso de reformas “pro-mercado”, comienza a vislumbrarse un aumento sostenido en el nivel de participación de las empresas transnacionales en el conjunto de la actividad económica mientras que las firmas controladas por capitales locales sufren una fuerte retracción1. La intervención económica estatal jugó en este proceso un rol determinante al ofrecer al capital extranjero un marco inmejorable para la localización de su producción a partir de la promulgación de una serie de medidas –directas e indirectas– de promoción y aliento a la inversión: la liberalización comercial y financiera, la “desregulación” de una amplia gama de mercados, la privatización de empresas públicas, la extrema liberalización del régimen legal con el establecimiento de distintas garantías, diferentes tipos de beneficios para los inversionistas extranjeros y la celebración de importantes tratados bilaterales de inversión con cláusulas leoninas para la Argentina. Por otro lado, la sobrevaluación de la moneda doméstica acaecida bajo el esquema de convertibilidad representó uno de los pilares del modelo económico, viabilizando en algunos sectores la obtención de una elevada –en términos internacionales– masa de ganancia en dólares como resultado de la conversión 1 a 1 de los ingresos generados en los mismos.2 La crisis del modelo económico de la convertibilidad trajo consigo importantes modificaciones en el patrón de acumulación de capital doméstico y significó, a su vez, un viraje en la orientación de las políticas públicas. Sin embargo, pese a estas transformaciones, la elevada presencia alcanzada por el capital extranjero en el conjunto de la actividad económica durante la década previa, lejos de disminuir, parece haberse consolidado, especialmente en aquellos sectores vinculados al aprovechamiento de las ventajas comparativas derivadas de la dotación de recursos naturales (los llamados “agronegocios”, hidrocarburos, minería)3.

La gravitación y desempeño de las empresas transnacionales en la economía argentina reciente ha sido abordada desde diversas perspectivas y por un amplio abanico de investigadores. Sin embargo, puede reconocerse, en muchas de estos trabajos, la existencia de un consenso generalizado sobre la importancia que reviste el capital extranjero en el proceso de integración de la Argentina a las redes globales de producción, como “motor” del desarrollo económico.4 Por el contrario, en este trabajo se plantea que la existencia, en determinados sectores de la economía argentina, de una particular modalidad de articulación entre el Estado y las empresas transnacionales durante el período de estudio, obstruye las posibilidades de construir un proceso de desarrollo económico5 sostenido. Para dar cuenta de ello, se llevará a cabo un estudio de caso en el sector minero argentino durante la posconvertibilidad, donde se registra una presencia casi absoluta de firmas controladas por el capital extranjero, con la capacidad de internalizar márgenes de utilidad que superan ampliamente a los del resto de la economía.

 

Esta investigación está orientada desde la Sociología Económica y se inscribe dentro de la temática general que comprende el análisis de las relaciones entre la acción estatal y el comportamiento de los empresarios 6. Siguiendo a Nochteff (1994), el comportamiento de los grandes agentes económicos mantiene, a lo largo de la historia argentina, dos rasgos bien definidos: la constante búsqueda de cuasi rentas de privilegio y la adaptación a las ventajas generadas en el contexto externo. Estos supuestos son retomados por Castellani (2006 y 2009) y aplicados al estudio de las relaciones existentes entre intervención económica estatal, acción empresaria y desempeño de los grandes agentes económicos, de donde se desprende el concepto de ámbitos privilegiados de acumulación. Este concepto, que será abordado más adelante, resulta particularmente útil a la hora de pensar la naturaleza de la articulación entre la intervención económica estatal y el comportamiento de las empresas transnacionales en el sector minero argentino durante la posconvertibilidad. En efecto, se intentará demostrar en el siguiente trabajo que las facilidades otorgadas desde el Estado a las empresas mineras constituyen un factor doméstico de atracción fundamental para el asentamiento de las empresas transnacionales, posibilitando, en este sentido, la configuración de diversos ámbitos privilegiados de acumulación de capital en torno a la actividad de extracción de recursos mineros durante el período de estudio.

 

A fin de abordar dicho proceso cabe formular el siguiente interrogante: ¿qué características de la relación entre la intervención económica estatal y el comportamiento de las empresas transnacionales permiten dar cuenta de la existencia de ámbitos privilegiados de acumulación de capital en el sector minero argentino durante la posconvertibilidad? En este sentido, y con el propósito de echar luz sobre dicho interrogante, el objetivo que servirá de guía al desarrollo de este trabajo es el de analizar las relaciones existentes entre la intervención económica estatal y el comportamiento de las empresas transnacionales en el sector minero argentino durante el período de la posconvertibilidad. El contenido de esta investigación se desarrollará en tres secciones. En la primera, se observarán las principales contribuciones teóricas al estudio de la relación entre el Estado y los empresarios y su implicancia en los procesos de desarrollo, a fin de enmarcar conceptualmente los argumentos presentados. En la segunda parte, se describirán las principales características del sector minero argentino en la posconvertibilidad, enfatizando en las políticas públicas desplegadas por el Estado. Por último, se examinarán los resultados arrojados a la luz de la hipótesis presentada.

 

NOTAS CONCEPTUALES SOBRE EL ESTADO, LOS EMPRESARIOS Y EL DESARROLLO.

La pregunta por las razones que determinan el atraso relativo de ciertas naciones con respecto a otras se ha hecho presente en gran parte de los debates contemporáneos surgidos en el seno de las Ciencias Sociales. Si bien, a partir de la segunda mitad del sigloXX, se observa la existencia de un consenso generalizado sobre la importancia que reviste la intervención económica estatal en el desarrollo económico de un país, el grueso de las discusiones puede separarse, siguiendo a Castellani (2009: 28), en tres grandes vertientes. Por un lado, aquellas que sostienen que el exceso de intervención estatal genera serias distorsiones en el funcionamiento económico de un país al obstruir el normal funcionamiento de los mecanismos básicos del mercado impidiendo, de esta forma, alcanzar el crecimiento (neoclásicos, neoliberales, neoutilitaristas)7. Por otro lado, aquellas que reconocen que el subdesarrollo es un fenómeno estructural condicionado por la propia dinámica del sistema capitalista y, por lo tanto, el principal agente capaz de impulsar el proceso de “despegue” es el Estado (postura sostenida por algunos representantes de la Teoría del Desarrollo y gran parte de los teóricos del estructuralismo latinoamericano)8 . Por último, se encuentran aquellos que entienden a la intervención estatal como un elemento necesario para superar las causas del subdesarrollo, pero ponen el acento en la calidad de la intervención y en los marcos institucionales que la sustentan (neoinstitucionalistas)9. En los últimos años, diversos investigadores pertenecientes a la corriente de la Sociología del Desarrollo10, han intentado explicar el atraso relativo de los países de la denominada “industrialización tardía”11 a partir de la naturaleza de la articulación entre el aparato estatal y los empresarios. Retomando conceptos centrales de la teoría neoinstitucionalista, tales como “capacidades estatales”, “calidad en las intervenciones”, “autonomía enraizada”, “reciprocidad”, esta cuarta vertiente explicativa arguye que para lograr el desarrollo es necesario que se den una serie de factores esenciales. En primer término, la realización de intervenciones económicas estatales de alta calidad, es decir, coherentes, estables, relativamente autónomas, eficientes en cuanto al diseño y eficaces a la hora de la implementación de las diversas políticas públicas. Segundo, la existencia de un empresariado “disciplinado” y comprometido activamente con el desarrollo nacional, dispuesto a colocar sus excedentes fronteras adentro, a realizar innovaciones de productos y procesos que permita menguar la dependencia tecnológica y proclive a realizar inversiones productivas que le permitan competir en el mediano plazo en el mercado internacional. Tercero, la existencia de una “burocracia weberiana”, surgida de un reclutamiento meritocrático selectivo, con un sistema de recompensas a largo plazo para los funcionarios de carrera, y dueña de diferentes capacidades que permitan dotar a las intervenciones de cierta “coherencia administrativa”. Finalmente, adecuados niveles de reciprocidad entre el sector público y privado, y las relaciones de enraizamiento entre los funcionarios públicos y los empresarios para garantizar el éxito de esas intervenciones estratégicas, tanto en su etapa de diseño como de la implementación (Castellani, 2010).

 

Estos señalamientos resultan perfectamente complementarios con el análisis que Nochteff (1994) realiza sobre las restricciones al desarrollo en los países de América Latina en general y en la Argentina en particular. Según el autor, las razones del fracaso –o éxito parcial– de las políticas científicas, tecnológicas e industriales12 desplegadas por los Estados latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo XX deben buscarse en los comportamientos de los diferentes actores sociales involucrados, en particular, de las elites económicas13 y el Estado. Valiéndose de una combinación de elementos conceptuales surgidos de diferentes tradiciones teóricas entre las que se destaca la teoría schumpeteriana, el autor identifica, para el caso argentino, los siguientes fenómenos:

 • La economía argentina presenta las características de una economía de adaptación tardía, desde el punto de vista tecnológico, cuyo comportamiento básico ha sido el ajuste a las oportunidades creadas en el exterior.

La elite económica argentina, en las diferentes etapas de la historia, se ajustó –forzando el ajuste de toda la economía– a esas oportunidades, sin competir por cuasi- rentas tecnológicas. 14

• Con el fin de protegerse de la competencia, la elite económica argentina favoreció la conformación de monopolios no innovadores ni transitorios, sostenidos en lo fundamental por las políticas gubernamentales.

• Este tipo de comportamiento, orientado a la obtención de “opciones blandas”15, lejos de conducir a un proceso de etapas o ciclos de desarrollo, promueve la configuración de una serie de “burbujas” que, cuando se terminan, dejan sólo algunas “gotas” aisladas de capacidades tecnológicas y productivas, y no un estadio de capacidades sobre las que pueda generarse un nuevo ciclo de desarrollo. En resumen, según Nochteff, el comportamiento de la elite empresaria estuvo orientado, a lo largo de la historia argentina, a la obtención de cuasi-rentas de privilegio16. Esto fue posible gracias a la particular articulación establecida con el aparato estatal; articulación que a su vez viabilizó la configuración de monopolios no innovadores ni transitorios en diferentes actividades de la economía. Esta tendencia contribuyó a fomentar, en la clase empresaria argentina, la difusión de comportamientos de tipo “rent seeking”, con una alta propensión a la búsqueda de “opciones blandas”, escasamente comprometida con el desarrollo nacional y, por lo tanto, agudizando seriamente las restricciones al mismo. (…)

 

EL SECTOR MINERO ARGENTINO EN LA POSCONVERTIBILIDAD.

Las razones que explican el extraordinario crecimiento del nivel de participación de las empresas transnacionales en el sector minero argentino durante la posconvertibilidad deben buscarse en el conjunto de políticas públicas desplegadas desde el aparato estatal en la década previa. Ciertamente, durante los años noventa, gran parte de los países latinoamericanos involucrados en actividades de extracción de recursos minerales llevaron a cabo una profunda reforma del marco regulatorio de la actividad, a fin de conceder amplios beneficios a las grandes firmas transnacionales que ya venían operando a escala global.

 

Este proceso no debe comprenderse de forma aislada al conjunto de transformaciones acaecidas en amplios sectores de la actividad económica con el fin de institucionalizar, mediante diferentes reformas constitucionales y legislativas, la autoexclusión del Estado como agente productivo. Tal es el caso de la política de las privatizaciones, cuyo alcance no se limitó solamente a los servicios públicos sino también a los hidrocarburos y, de manera más amplia, a la explotación los recursos naturales en general (con excepción de los agropecuarios). El Estado, de esta forma, fue sentando las bases adecuadas para garantizar el traspaso a manos privadas, en adición a los servicios públicos, de una gran parte de las actividades vinculadas a la explotación de los recursos naturales, entre ellas, la minería. (…)

 

En este sentido, como se verá más adelante, puede afirmarse que la intervención económica estatal desplegada durante los años noventa y confirmada en la década posterior por los sucesivos gobiernos, estuvo orientada a propiciar las condiciones básicas para garantizar el control de la actividad de explotación de los recursos mineros –y dentro de la misma, de la nueva “megaminería” a cielo abierto– en manos del sector privado y, en especial, de las grandes empresas transnacionales.

 

La intervención económica estatal durante los años noventa.

La articulación entre el Estado y los diferentes actores del sector privado que operan en actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales se encuentra, a partir de los noventa, determinada por dos grandes hechos. En primer lugar, la sanción, en 1989, de las leyes de Reforma del Estado (23.696) y de Emergencia Económica (23.697), que significaron un fuerte impulso para el sector privado, que logró aumentar radicalmente su participación en diversos ámbitos de la actividad económica previamente regulados por el Estado. En segundo lugar, la reforma constitucional de 1994, que implicó un cambio profundo en relación a la explotación de los recursos naturales: por un lado, consagró la provincialización de dichos recursos –gas, petróleo, minería–, que dejaron de depender del Estado central y, por otro lado, marcó la renuncia del Estado –nacional y provincial– a la explotación de los mismos, dando paso a una obligada privatización (Bottaro, Sola Álvarez y Svampa, 2010: 34). Las medidas desplegadas por el Estado en el sector minero durante los noventa se encuentran, justamente, orientadas en esta misma dirección. Tal es así que el Código Minero, que desde su elaboración en 1886 no había sufrido grandes modificaciones, vio alteradas ciertas restricciones que regían desde la época de la colonia. Se eliminaron así las limitaciones en cuanto al tamaño de las concesiones de explotación y exploración, al tiempo que se ampliaron los plazos de arrendamiento y usufructo de las minas (Ley N° 24.498 de Actualización Minera, art. 27 y 28). Según el Código vigente, el Estado Nacional y los Estados provinciales tienen el dominio originario de las minas situadas en sus respectivos territorios. Sin embargo, el texto declara expresamente que “el Estado no puede explotar ni disponer de las minas”, por ello concede a los particulares “la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños” (art. 8 y art. 9 del Código de Minería). De allí que el Estado tenga la potestad de otorgar la concesión legal de las minas; concesión por la cual no cobra ningún tipo de canon y, a su vez, reviste al particular de un derecho real inmobiliario sobre la mina, equiparable al derecho de propiedad (art. 10 y 11). La firma del Decreto 1853/93 mediante el cual el Poder Ejecutivo aprobó el texto reordenado de la Ley de Inversiones Extranjeras sancionada durante la última dictadura militar, marcó un punto de inflexión en la relación entablada entre el Estado y las empresas transnacionales en Argentina. Allí queda establecido, en el Artículo 1°, que “los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país (…) destinados a la promoción de actividades de índole económica, o a la ampliación o perfeccionamiento de las existentes, tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales”. De esta forma, los inversores extranjeros pasan a contar con prerrogativas tales como “transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones, así como repatriar su inversión” (art. 5), “utilizar cualquiera de las formas jurídicas de organización previstas por la legislación nacional” (art. 6) y “hacer uso del crédito interno con los mismos derechos y en las mismas condiciones que las empresas locales de capital nacional” (art. 7). En consonancia con esta ley, y para el caso específico de la minería, entre los años 1993 y 2001, se sancionaron distintas leyes orientadas a estimular la inversión directa en el sector.

Entre los principales incentivos otorgados a los inversores se cuentan los siguientes: •Estabilidad fiscal y cambiaria por un plazo de 30 años. •Posibilidad de deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el ciento por ciento (100%) de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios especiales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos, de planta piloto, de investigación aplicada, y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico económica de los mismos.

 

La relación entre el Estado y las empresas mineras transnacionales en la posconvertibilidad.

En su discurso de presentación del Plan Minero Nacional del año 2004, el presidente Néstor Kirchner pronunció las siguientes palabras: “(…) el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del noventa, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente. Nosotros lo pudimos ir percibiendo en distintos lugares de la Argentina, el sector minero fue mostrando en sus distintos aspectos un crecimiento casi permanente. Con mayor o menor resultado según las legislaciones vigentes, en muchos casos provinciales, y también con el gerenciamiento de las propias provincias que le fue dando a la tarea que tenía que llevarse adelante en este sector el trabajo promocional o de inducción que el Gobierno Nacional tendría que haber profundizado y llevado adelante. Más allá de una legislación que nosotros estimamos que fue positiva, que ayudó, y que evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero en la Argentina con todas las calidades que marcaba con toda exactitud recién el responsable del área minera”20.

 

La orientación que la intervención económica estatal adopta durante los años noventa no sólo es confirmada desde el plano discursivo, sino también en los hechos, a partir de la sanción de los Decretos 417/03 y 753/04. A través de los mismos se exime a las empresas mineras de las restricciones cambiarias y se las libera, asimismo, de la obligatoriedad de liquidar las divisas originadas en la exportación. En otras palabras, no están obligadas a ingresar al país los dólares obtenidos por las ventas al exterior tal como se había pautado en los decretos de emergencia económica de enero de 2002 (Ortiz, 2007: 8). Según permite observar el informe de investigación denominado “Diagnóstico de la cuestión minera en la Argentina” (Reyes, 2008)21, la promoción de la actividad minera desplegada por el Estado, a partir de las facilidades otorgadas a las empresas que operan dentro del sector, ocasionó que el Estado dejara de percibir una recaudación total de 2481,8 millones de pesos, entre 2006 y 2008 (cuadro N°2). Esta suma resulta 11 veces superior al gasto tributario ocasionado por la actividad de promoción de las pequeñas y medianas empresas; 31 veces superior al generado por el régimen para la promoción y el fomento de la investigación y el desarrollo científico; 44 veces mayor al que representa el régimen de inversiones para bosques cultivados; y 1,5 veces superior al gasto tributario originado en actividades de promoción industrial.

A este auspicioso marco normativo, que representa por sí mismo un factor de atracción fundamental para las distintas empresas transnacionales, se suma el conjunto de transformaciones macroeconómicas operadas en la Argentina a partir de la devaluación de 2002. Estas determinaron un aumento sustancial en la competitivadidad internacional de los sectores exportadores como resultado, entre otras cosas, del abaratamiento relativo del costo laboral. Como señala el gráfico N°1, el total de exportaciones registradas para el sector minero en 1995 no superaba los 300 millones de dólares, mientras que en 2007 alcanzó los 3.000 millones. Este incremento determinó, a su vez, un salto significativo en el nivel de participación de las exportaciones mineras en el total de exportaciones realizadas por el conjunto de la economía, que pasó de 1,2% en 1995 a 5,4% en 2007 (gráfico N°2).

Esta situación cobra mayor relevancia aún si se la complementa con la información aportada por el gráfico N°3, que revela que los ingresos obtenidos por las exportaciones superan ampliamente a los aportes realizados en inversión productiva. En efecto, a partir del año 1998, los ingresos internalizados por las distintas empresas en concepto de exportaciones más que duplican a los gastos originados en la etapa productiva, alcanzando un pico máximo en el año 2002, como efecto inmediato de la devaluación, donde la relación entre exportaciones e inversión productiva supera los 800% (por cada 1 U$S invertido, se obtienen 8 U$S por exportaciones), para luego estabilizarse, a partir de 2003, en torno al 250%. Puede argumentarse que el aumento extraordinario que registra la inversión en el sector productivo minero a partir de 200322, que determina una caída significativa en la relación exportaciones/inversión productiva, se debe al fenomenal incremento en la cantidad de proyectos mineros existentes, y no al efecto que conlleva la acción sistemática, por parte de las empresas, de incorporar valor agregado al producto extraído. Según informes de la Secretaría Nacional de Minería, en el año 2008 la cantidad de proyectos mineros registrados ascendió a la cifra de 403, representando un incremento del 907% con respecto a los 40 proyectos que datan del año 200323.

 

Estos señalamientos permiten inferir que tanto la intervención económica estatal como las estrategias empresarias desplegadas en el sector se encuentran lejos de privilegiar la incorporación de valor agregado a los productos, limitándose a generar el marco adecuada para facilitar la explotación del recurso natural y venderlo al exterior sin realizarle mayores modificaciones. En consonancia con estas afirmaciones se encuentran los datos presentados por Ortiz. Según el autor, de acuerdo a las estimaciones de la Dirección Nacional de Minería, la firma Minera Aguilar (propiedad de capitales suizos), invierte, entre el año 2001 y 2007, alrededor de 29 millones de dólares, mientras que los ingresos internalizados en concepto de exportaciones ascienden a los 158 millones; Bajo la Alumbrera (proyecto explotado por una asociación de capitales suizos y canadienses), entre 1995 y 2007, invierte por 1531 millones de dólares, y exporta por 5685 millones; Salar del Hombre Muerto (propiedad de capitales estadounidenses), durante el mismo período, invierte 148 millones y exporta por 345 millones y, por último, entre esos mismos años, Cerro Vanguardia (92,75% de capitales sudafricanos y 7,25 % argentinos), invierte 310 millones y obtiene, por exportaciones, 889 millones de dólares (2007: 20). Lo expresado hasta aquí permite sostener que las facilidades otorgadas por el Estado al conjunto de empresas que operan en el sector minero parecen conformar un “traje hecho a medida” de las aspiraciones del capital transnacional. En efecto, tal como muestra el gráfico N°4, el stock de IED en 2004 fue algo superior a los 1200 millones de dólares, mientras que en 2008 superó los 3300 millones. Esto significó que la inversión extranjera directa en el sector pasara de representar en 2004 un 2,23% del total de IED en la Argentina, a estabilizarse, a partir de 2006, en torno al 4% (gráfico N°5). (…)

No parece apresurado afirmar, en este sentido, que la estructura económica conformada a partir de la articulación entre el Estado y el comportamiento de las empresas transnacionales en el sector minero, constituye un serio obstáculo para el despliegue de una intervención económica estatal de calidad. Entre aquellos factores que contribuyen a erosionar la calidad de las intervenciones se encuentra, por un lado, la fuerte presión corporativa ejercida por las empresas mineras desde los diversos espacios institucionalizados, constituidos para dichos fines. Las publicaciones Panorama Minero, Pregón Minero y Mining Press Argentina, entre otras, se encuentran dirigidas a difundir la temática minera desde una perspectiva afín a los intereses empresarios, asumiendo, en muchos casos, el rol de mediadoras entre las empresas y las comunidades24. Además, se encargan de organizar diferentes eventos25 destinados al encuentro de los principales actores, públicos y privados, involucrados en la actividad (Giovannini, Orellana, Rocchietti y Vega, 2010). Por otro lado, se encuentra la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) que, a pesar de ser una cámara argentina, entre sus miembros se encuentran Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Minera Alumbrera Ltd.26 ya que, como la misma cámara expresa, “las empresas asociadas cubren todo el espectro de la actividad minera. Están representadas en la CAEM las empresas líderes de la gran minería internacional, así como la mediana minería del mismo origen y las pequeñas empresas internacionales de exploración, orientadas casi exclusivamente a la minería metalífera”.

 

Entre sus principales objetivos se encuentran “el promover en todas sus etapas, la actividad minera en la República Argentina; representar a sus asociados ante las autoridades del país y del extranjero y ante los particulares, apoyando las gestiones de aquellos relacionadas con la actividad minera: promover congresos, conferencias, seminarios, exposiciones, eventos y publicaciones para el mejor conocimiento y difusión de la actividad minera y promover el intercambio de relaciones con instituciones públicas y organizaciones privadas vinculadas a la minería, tanto nacionales como extranjeras”27. La acción de presión corporativa ejercida desde estos ámbitos privados ocasiona serios condicionamientos al aparato estatal a la hora de implementar las diferentes políticas públicas. Un ejemplo de ello fue el intento, por parte del Ejecutivo, de aumentar, a fines de 2007, las retenciones móviles a las exportaciones mineras de 3 a 5%. La acción desplegada desde el empresariado hizo que el Estado tuviera que dar marcha atrás en ciertas situaciones particulares.28 Tal es el caso del proyecto binacional de Pascua Lama (compartido con Chile y explotado por la empresa canadiense Barrick Gold), eximido, en septiembre de 2008, del régimen de retenciones mineras; condición que, según informa la publicación Panorama Minero (N°347, septiembre de 2008) se encontraba pendiente para la aprobación de dicha iniciativa (Bottaro, Sola Álvarez y Svampa, 2010: 39). Otro caso emblemático es el veto presidencial, a través del Decreto 1837/08, en octubre de 2008, a la ley de protección de los glaciares (ley 24.618), votada por una amplia mayoría del Congreso Nacional29. La ley impulsaba la creación del Inventario Nacional de Glaciares, que representan el 75% de la reserva hídrica de la Argentina. También impedía que en los hielos y en su entorno se realizaran actividades que pudieran afectar su condición natural. El argumento desplegado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, explicitado en el texto del Decreto 1837/08, fue que “su decisión obedecía a que la prohibición de actividades descriptas en la ley podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas” y que resultaba, por ello, “excesivo prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las llamadas áreas periglaciares que bordean los glaciares”. Por otro lado, el texto señala que “Gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias”.30

 

Otro factor que contribuye a erosionar la calidad de las intervenciones estatales, es la colonización, por parte de ciertos empresarios mineros, de importantes reductos de la administración pública. Asimismo, esta situación permite dar cuenta de la pérdida, por parte del Estado, de la autonomía relativa con respecto a los intereses particulares de las empresas involucradas en la actividad. En este sentido, se destaca el caso de Jorge Mayoral, ingeniero minero de la provincia de San Juan, que desde 2003 ocupa el cargo de secretario de Minería de la Nación. Entre sus posesiones más importantes se encuentran el 30% de la firma Micas Argentina SRL., el 15% de Millstone S.A. y el 25% de Minvail S.A., todas ellas dedicadas a la explotación de canteras y a la exploración minera31 (Diario Perfil, 17 de junio de 2007). En una entrevista realizada por Business News Americas, publicada el 22 de marzo de 200232, cuando aún detentaba el cargo de subsecretario de Minería de la Nación, Mayoral señaló que sus principales ideas a desarrollar serían “afianzar el sector minero como política de Estado” y “rescatar todo lo mucho y bueno que se ha realizado en el sector, y eso tiene que ver con la convertibilidad a esta parte, con el proceso de seducción de la gran inversión, de modo tal que el marco legal, jurídico y contable vigente lo vamos a rescatar y a defender hasta las últimas consecuencias”. Otro caso digno de mención es el César Ambrosio Gioja, Senador Nacional por la provincia de San Juan y hermano del gobernador de la misma provincia, José Luis Gioja.

Además de ser el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustible del Senado de la Nación desde 2005, César Ambrosio Gioja es propietario de la empresa Bentonita Santa Gema, principal proveedora de insumos mineros de la firma Barrick Gold (Giovannini, Orellana, Rocchietti y Vega, 2010: 263). No resulta extraño, por lo tanto, que la provincia de San Juan se haya convertido en la principal provincia minera de la Argentina, con 11 proyectos y prospectos registrados (seguida por Santa Cruz con 8, Catamarca y Salta con 5) y sede de los proyectos de mayor envergadura como es el caso de Veladero y Pascua Lama.33 A modo de resumen, los argumentos desplegados en este apartado permiten concluir que la particular articulación entre el Estado y los distintos actores privados del sector minero argentino posibilitó, durante el período de estudio, la consolidación de aquellos ámbitos privilegiados de acumulación que comienzan a configurarse a partir de la intervención económica estatal desplegada en los años noventa. La existencia de los mismos –en complemento con las facilidades otorgadas por las condiciones macroeconómicas del período– se convirtió en el factor de atracción fundamental para las inversiones extranjeras, explicando, de esta forma, el extraordinario incremento en el nivel de participación del capital extranjero en el sector.

 

REFLEXIONES FINALES.

El estudio de caso presentado en el apartado anterior permite confirmar, a partir del análisis de la intervención económica estatal y el comportamiento de las empresas mineras transnacionales durante la posconvertibilidad, la existencia de diversos ámbitos privilegiados de acumulación en torno a las actividades de extracción de recursos minerales. En efecto, el extraordinario desempeño que presentan las empresas mineras transnacionales durante el período estudiado (verificable a partir de la evolución del stock de IED, la evolución de las exportaciones y el aumento en la cantidad de proyectos y prospectos mineros) obedece fundamentalmente a las facilidades otorgadas desde el Estado. Al respecto, puede observarse que el sentido que adopta la orientación de la intervención económica estatal resultó extremadamente favorable a la difusión de estos APA (ejemplos de ello son la confirmación de la legislación minera desplegada durante los años noventa, los Decretos 417/03 y 753/04 y los gastos tributarios en la promoción de la actividad minera). Por otro lado, puede apreciarse un importante deterioro en la calidad de las intervenciones, observable a partir de tres indicadores esenciales. En primer término, en la permeabilidad que presenta el aparato estatal frente a las presiones ejercidas desde las distintas corporaciones empresarias que operan dentro del sector (el retroceso en la aplicación del aumento en el régimen de retenciones al proyecto de Pascua Lama es un claro ejemplo de ello). En segundo lugar, en la contraposición de intereses entre las burocracias de las principales provincias mineras y la burocracia nacional, que contribuye a erosionar las capacidades del Estado al impedir dotar a las diferentes políticas públicas de una coherencia administrativa (por ejemplo, las presiones ejercidas por los “Gobernadores de la zona Cordillerana” para vetar la Ley de Glaciares en 2008). En este sentido, las legislaciones provinciales, amparadas en el artículo 12434 de la Constitución Nacional, resultan, en muchos casos, un verdadero escollo a la aplicación de diversas leyes de alcance nacional. Por último, la pérdida de autonomía relativa del aparato estatal frente a los intereses corporativos, observable a partir de la colonización de importantes reductos de la administración pública por parte de distintos empresarios mineros (los casos de Jorge Mayoral, José Luis Gioja y César Ambrosio Gioja, son emblemáticos en este sentido). Lo expuesto hasta aquí sirve para resaltar la importancia que reviste el concepto de APA a la hora de pensar la naturaleza de la articulación entre el Estado y las empresas transnacionales. Efectivamente, la presencia de APA en torno a las actividades de extracción de recursos mineros se erige como un factor explicativo fundamental del extraordinario desempeño de las firmas controladas por capitales extranjeros en los últimos tiempos.

 

Por otro lado, advierte sobre la presencia de significativas continuidades con respecto a los años noventa, subvirtiendo el alcance real del discurso “rupturista” desplegado por los distintos actores estatales de la posconvertibilidad. En última instancia, cabe señalar que el proceso de extranjerización experimentado dentro del sector minero no debe entenderse de forma aislada. Por el contrario, se encuentra enmarcado en un proceso de dimensiones mucho más amplias, que abarca la estructura económica argentina en su totalidad. La implicancia que reviste la consolidación del capital extranjero como actor dominante en la Argentina reciente no ha sido abordada, aún, con la profundidad que amerita. En efecto, se trata de un actor con un considerable poderío económico y, por lo tanto, dueño de una significativa capacidad de veto, tal como refleja el estudio de caso presentado. Esta investigación, en este sentido, invita a reflexionar sobre la importancia que reviste la articulación, en la etapa actual, entre el Estado y las empresas transnacionales y su implicancia en el despliegue de diferentes procesos de desarrollo sostenido a largo plazo. De allí la trascendencia que adopta el concepto de ámbitos privilegiados de acumulación. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS(…)

*Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestrando en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín (IDAES-UNSAM), dirigido por Ana Castellani y Martín Schorr. Correo electrónico: aledulitz@hotmail.com

http://www.unsam.edu.ar/institutos/idaes/docs/LA%20RELACI%C3%93N%20ESTADO%20ETS%20(Versi%C3%B3n%20Final)%20con%20caratula.pdf

 

 

Entonces la democracia vigente( el gobierno Perón-Perón y los constitucionales desde 1983 hasta hoy) ha hecho a la actual extensión de la desposesión total y totalitaria. Esta se comprueba tanto en el grado de maximización de concentración y transnacionalización económico territorial como en los ecocidios-genocidios y la sobreexplotación laboral.

 

La ruptura con la obediencia debida a tal contubernio es un desafío imprescindible para los diversos de abajo y a la izquierda. Nos convoca a percibir o posicionarnos a partir de conocer los conflictos en todo el país-mundo mediante el qué nos dicen nuestros hermanos en lucha e investigar constantemente cómo se están articulando y pueden unirse en diversidad hacia la democracia otra. Es asumir que el desarrollo del capitalismo implica sobreexplotación tanto de la Madre Tierra como de los trabajadores y ésta es la política de Estado que surge de tener en cuenta al contexto sociohistórico del presente. Ejemplifiquemos sobre esas dos contradicciones básicas con el buen vivir de los pueblos:

 

Argentina extractiva

El cambio era la profundización

19 de diciembre de 2016

 

Por Dario Aranda (Fundación Heinrich Böl

El primer año del nuevo gobierno mostró continuidad y profundización del modelo extractivo. Beneficios para el sistema de agronegocios y la megaminería. Desfinanciamiento, vulneración de derecho y criminalización para campesinos, indígenas y asambleas socioambientales.

Pergamino. Corazón de la pampa húmeda, las mejores tierras de Argentina. El presidente Mauricio Macri viajó junto a su gabinete y anunció el quite total a las retenciones (impuesto a las exportaciones) agropecuarias y rebaja de cinco puntos para la soja. San Juan, provincia cordillerana. El Presidente anunció el quite total a las retenciones a la megaminería (que eran de entre 5 y 10 por ciento). Las dos medidas fueron tomadas en el primero mes de gobierno.

Macri, que llegó al gobierno con las promesas de "cambio", mostró continuidad y profundización en las políticas extractivas.

Agronegocios

Al frente del Ministerio de Agricultura nombró a Ricardo Buryaile, propietario de estancias en Formosa, ex vicepresidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), una de las entidades productoras de soja. Su primera medida fue rebautizar el ministerio: pasó a llamarse de Agroindustria. También nombró a Guillermo Bernaudo como jefe de Gabinete (de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola -Aacrea-), Néstor Roulet como secretario de Valor Agregado (de CRA), Ricardo Negri como secretario de Agricultura (Aacrea -asociación de empresarios del agro-), Beatriz "Pilu" Giraudo en la flamante Coordinación de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable (presidenta de la poderosa Asociación de Productores de Siembra Directa -Aapresid-).

Aacrea y Aapresid son engranaje fundamental del agronegocios, empresarios mentores ideológicos y de lobby transgénico. Nunca sus cúpulas habían formado parte del Gobierno.

A cinco días días de asumir la presidencia, Macri viajó a Pergamino y anunció el quite de retenciones para los productos agropecuarios. Un medida de 10.000 millones de pesos, según el gobierno. Sin embargo, desde el diario económico El Cronista estimaron, en base a la devaluación, un cifra distinta: 60.000 millones de pesos.

En un cambio con el gobierno kirchnerista (que estuvo enfrentado con sectores del campo, desde 2008), el macrismo estableció alianzas y amplió los beneficios para el agronegocio, que en Argentina toma forma de transgénicos (soja, maíz, algodón), uso masivo de agroquímicos y concentración de tierras en pocas manos.

Una muestra en ese sentido fue el envío de un proyecto para nueva ley de semillas. El sector empresario exige desde hace una década una nueva legislación, que limite el "uso propio" (práctica tan ancestral como la agricultura, que implica cosechar, guardar parte de esas semillas y volver a sembrar).

En 2012 el gobierno de Cristina Fernández intentó, en acuerdo con Monsanto, modificar la ley, pero tuvo resistencias incluso dentro del Frente para la Victoria (FPV) y no pudo tratarla en el Congreso Nacional.

En abril pasado, la máxima autoridad de Monsanto, Brett Begemann, viajó desde Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con el ministro Buryaile. Reclamó el cobro de regalías extendidas (no quieren sólo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas). Brett Begemann destacó que "fue una buena reunión, porque tenemos una visión común sobre el valor de las tecnologías, y tuvimos la oportunidad de compartir la necesidad de contar con un sistema confiable para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el cobro de regalías por cada uso de semillas con tecnologías patentadas”.

El 14 de octubre, el Ministerio de Agroindustria anunció: "El proyecto de ley de semillas ingresó al Congreso". Afirmó que se busca "garantizar la investigación, tecnología y productividad". El Ministerio remarcó que "desde el Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo de regularizar el mercado de semillas".

No fueron convocados ni se escuchó la opinión de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos críticos al modelo ni de consumidores.

En el Congreso Nacional no se logró acuerdo para su tratamiento. Incluso organizaciones del agronegocios (como CRA y Sociedad Rural Argentina) rechazaron que las grandes semilleras quieran cobrar las regalías extendidas.

Se conformó la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. Se trata de medio centenar de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas que cuestiona que el proyecto enviado por el Ministerio de Agroindustria "es producto de las negociaciones entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores".

En 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, la superficie con soja era de 12 millones de hectáreas. En 2015 fue de 20 millones, un crecimiento geométrico. La estimación oficial para 2017 marca un aumento a 20,6 millones. El maíz pasó de tres millones de hectáreas (2003) a 6,9 millones (2015). Para 2017 se aumentará a 7,3 millones. El trigo pasó de 6,3 millones en 2003 a (sojización mediante) 4,4 en 2015. Las proyecciones para 2017 es aumentar a 5 millones. En todos los casos hay uso masivo de agroquímicos y el aumento de la superficie ("corrimiento de la frontera agropecuaria") implica avance sobre campesinos, indígenas y desmontes masivos (en Argentina se desforestan un promedio de 32 hectáreas por hora).

Campesinos

En la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF --área dedicada a la agricultura campesina e indígena--) fue nombrado Oscar Alloatti. Despidió 250 trabajadores en diez meses y realizó (bajo la órbita del ministro Buryaile) un ajuste económico que dejó el área sin financiamiento. Renunció en octubre. Y el área aún sigue acéfala.

"Hemos vivido un año durísimo y muy negativo por el embate continuo del sector empresarial hacia nuestros territorios, con mucha violencia e impunidad, notando mayor intensidad que años anteriores. Se nota el gran envalentonamiento a raíz del gran apoyo que sintieron del actual gobierno nacional, que ha respaldado al agronegonegocio y a la megaminería en desmedro del sector campesino-indígena", afirmó Roger Almaraz, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).

Ciencia

El Gobierno confirmó en sus cargos al ministro de Ciencia, Lino Barañao, y al director de Biotecnología, Martín Lema, hombre clave en la aprobación de transgénicos en el país. Barañao es reconocido promotor y aliado de las empresas de transgénicos y agroquímicos. Llegó a afirmar que el "el glifosato es como agua con sal" y, otra de sus máxima en defensa del herbicida, fue en diciembre pasado: "De acuerdo con el prospecto de los plaguicidas, no hay peligro".

Lema está al frente de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio fundamental para autorizar las nuevas semillas transgénicas (en base a estudios de las propias empresas). En 2016 aprobaron seis transgénicos de soja y maíz. Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto.

Minería

Por decreto número 160/2015, el 21 de diciembre de 2015 el Presidente eliminó las retenciones a las exportaciones mineras. El diputado nacional del Pro Eduardo Cáceres, vicepresidente de la Comisión de Minería de Cámara de Diputados, había adelantado la medida luego de una reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren (ex CEO de Shell): “Esto le abre la puerta de par en par a las inversiones mineras”. Y aclaró que entre los proyectos en carpeta sobresalen Agua Rica (Catamarca) y Potasio Río Colorado (Mendoza).

Pero el mayor exponente público de la minería no provino del Ministerio de Energía (donde depende la actividad). "La minería es una actividad productiva que el gobierno nacional apoya y desarrolla. Las posiciones extremas terminan politizando y desprestigiando actividades productivas que, cuando se hacen seriamente, traen bienestar para la comunidad", señaló el ministro de Ambiente, Sergio Bergman.

Durante todo el primer semestre el Ministro de Ambiente visitó ciudades claves en el rechazo a la megaminería: Chubut (Esquel, Trelew, Rawson, Pirámides), Catamarca (Andalgalá), San Juan (Jáchal) y La Rioja (Famatina y Chilecito).

En todas las provincias Bergman repitió el mismo libreto. Propuso "debates serios, diálogo" sobre minería y señaló que el problema era la "falta de controles". Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, explicitó cómo se define a Bergman en las asambleas socioambientales: "Es un lobbista de las mineras".

En 2003, cuando el kirchnerismo llegó al poder, había en Argentina 40 proyectos mineros en estudio. En 2015, antes de dejar el gobierno, el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, celebró que existían 800 proyectos en estudio.

El nuevo Gobierno mantiene la misma línea e impulsa la puesta en marcha de una decena de proyectos mineros. De extracción de litio en Jujuy y Salta, Pascua Lama (San Juan), San Jorge y Potasio Río Colorado (Mendoza), Suyai y Navidad (Chubut), Agua Rica y Filo Colorado (Catamarca), entre otros. En todos los casos, existen rechazos de las comunidades locales.

"La política extractiva se mantiene. La minería es política de Estado. Los funcionarios siguen jugando para las mineras", resume Aldo Flores, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Hace veinte años que allí está instalada Minera Alumbrera y no ha cumplido con ninguna de las promesas (trabajo, desarrollo local, cuidado del ambiente). La población no quiere más minería y rechaza un nuevo proyecto (llamado Agua Rica), tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad, donde nacen las fuentes de agua.

En 2010 cerraron el paso a los camiones de Agua Rica. Una feroz represión cayó sobre los habitantes de Andalgalá y sobrevino una pueblada. Luego un juez local suspendió el proyecto minero y la causa escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con dos acampes de los asambleístas en Buenos Aires, para que los jueces no duerman la causa). En septiembre pasado, el Concejo Deliberante de Andalgalá prohibió la megaminería en la localidad.

"Las mineras ahora tienen perfil bajo acá, saben que no son queridas, pero aparecen los políticos y dan la cara por ellos, son títeres adictos a la corrupción que les proponen las mineras. Ahí anda la gobernadora (Lucía Corpacci) diciendo que Agua Rica se hará sí o sí", cuestiona Flores, pero antes de terminar la llamada avisa: "Acá estamos decididos a defender el territorio. Nos van a reprimir, lo sabemos, pero no van a pasar".

En Esquel, lugar emblemático donde en 2003 el 80 por ciento de la población votó en contra de la actividad, y aún se mantiene en lucha. Corina Milán es parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Esquel y de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, no tiene dudas del accionar del gobierno nacional en su primer año: "Muy negativa". Cuestionó la quita a las retenciones y destacó el "cambio de estrategia" al enviar al ministro de Ambiente, Bergman, "que repite slogans coucheados por publicistas, tratando de plantear que 'la minería es una actividad productiva'". Recordó que en Esquel llegó a reconocer que su objetivo era “sacarlos de la calle (a las asambleas)".

También cuestionó que el Gobierno incluyó en el presupuesto 2017 la construcción de una planta de uranio en Chubut, sin tener en cuenta que está vigente la ley 5001 que prohíbe esa actividad.

Pasteras

Una lucha socioambiental que marcó la última década se dio en la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos) y motivó un conflicto binacional. En febrero de 2005, el gobierno uruguayo autorizó la construcción de una planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia (luego UPM) en el margen del río compartido con Argentina. La población entrerriana rechazó el emprendimiento, con numerosas pruebas de la contaminación de ese tipo de plantas. En enero de 2006, miles de entrerrianos desbordaron el puente General San Martín (que une los dos países). La marea de gente sorprendió a los propios vecinos de la tranquila Gualeguaychú. El “conflicto por las papeleras” encontró su punto alto en la agenda nacional y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú comenzó un corte en el puente.

El presidente Néstor Kirchner visitó Gualeguaychú el 5 de mayo de 2006. En el escenario del Corsódromo, ante unas 35.000 personas, el Presidente prometió: “Es una cuestión ambiental que atañe a todo el país”. Cuestionó a los países de primer mundo por trasladar sus industrias contaminantes: “No pueden traernos como solución a la pobreza la creación de puestos de trabajo a costa de nuestra degradación ambiental”.

El Gobierno fue tomando distancia del reclamo y pactó "controles" conjuntos con Uruguay. La Asamblea de Gualeguaychú cuestionó al Ejecutivo Nacional (primero a Néstor Kirchner, luego a Cristina Fernández) por haber negociado con Uruguay y los acusaron de darle la espalda a los entrerrianos.

En diciembre de 2011, la Asamblea de Gualeguaychú emitió el comunicado “1500 días de Botnia”. El subtítulo fue “con las emisiones tóxicas, se va confirmando lo anunciado”. Puntualizó doce ítems de contaminación, derrames, dioxinas, vertidos al Río Uruguay, emisiones de gas sulfhídrico, daños en flora y aumento de la temperatura de los efluentes, entre otros.

La última escalada gubernamental fue en 2013, cuando Uruguay autorizó a UPM-Botnia a aumentar la producción a 1,2 millones de toneladas anuales (cien mil toneladas más de pasta de celulosa al año). Argentina retrucó el mismo día. El canciller Héctor Timerman hizo público el informe de científicos que confirmaba la contaminación de la pastera en el Río Uruguay. Altas temperaturas de efluentes, exceso de fósforo en el agua (36 veces más de lo permitido), pesticidas, cromo y fenoles (400 por ciento más de lo establecido por ley). El estudio era responsabilidad de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por uruguayos y argentinos.

Con seis años de funcionamiento, el Gobierno aseguró que la pastera contaminó con fenoles, fósforo, níquel y cromo. Y precisó que volcó por día 61 millones de litros de efluentes que superan en un 60 por ciento la temperatura permitida (32 grados sobre los 20 grados del río). Y recordó lo insólito de la manera de controlar a Botnia: las autoridades deben avisar a la empresa y, recién diez días después, los científicos podían visitar la planta.

La asamblea de Gualeguaychú apuntó contra ambos gobiernos y UPM-Botnia. Cuestionó que se hayan ocultado durante cuatro años los estudios que confirman la contaminación.

El 6 de enero de 2016, Macri se reunió con su par uruguayo, Tabaré Vázquez y le propuso "dar vuelta la página" en el conflicto por las pasteras. Acordaron un “monitoreo medioambiental de ríos y espacios comunes”. Vázquez anunció “la creación de un laboratorio de última generación de control medioambiental”.

En julio, el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez anunció la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en la zona del río Uruguay. Y en noviembre se dio a conocer un informe conjunto, entre Uruguay y Argentina (de la Comisión Administradora del Río Uruguay --CARU--) que confirma que Botnia-UPM contamina pero también señala que "Gualeguaychú contamina más". Así lo divulgó el discurso oficial (de ambos gobiernos) y así lo replicaron los grandes medios de comunicación de Buenos Aires.

Horacio Melo, ex delegado argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay (entre 2005 y 2016), rechazó el informe por “inconsistente”. Explicó que el trabajo difundido "hizo “desaparecer el 90 por ciento de las exigencias” vigentes en materia de control ambiental y denunció que ambos gobiernos "utilizaron normas uruguayas dictadas exclusivamente para la empresa UPM-Botnia”.

Gustavo Rivollier, de la Asamblea de Gualeguaychú, anunció que la población está de pie para rechazar la nueva planta de celulosa y cuestionó el informe sobre contaminación: "La pulseada la ganó UPM (Botnia), qué a través de la delegación uruguaya impuso los parámetros más laxos, obviando las reglamentaciones impuestas por el Tratado del Río Uruguay, y asegurándose así un resultado fácil de dibujar por la prensa adicta, que sin ningún pudor pregonó 'UPM no contamina'”.

Denunció que la delegación del gobierno argentina (en la CARU) prestó acuerdo para archivar decenas de denuncias sobre emanaciones gaseosas contaminantes por parte de UPM, que se tramitaron a través de la Comisión. "Desde Uruguay se insiste con anuncios en continuar el modelo extractivo con nuevas plantas celulósicas, y desde el gobierno argentino lo miran hasta con cierta envidia. La depredación nunca cesó, pero hoy muestra los dientes por la calle sin ninguna vergüenza", afirmó Rivollier.

Criminalización

Corina Milán, de la Asamblea de Esquel, destacó la preocupación por "el escenario de criminalización de la protesta social que se está planteando y que debe ser leído en sintonía con la avanzada extractivista que se promueve".

En el mismo sentido, un centenar de organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas emitió un comunicado conjunto en noviembre. "La lucha indígena no es delito. Estigmatización y persecución al pueblo mapuche", es el título del documento emitido por Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y organizaciones pueblos originarios.

Es una respuesta al Ministerio de Seguridad de la Nación, que en su informe de gestión acusó a los pueblos indígenas de la Patagonia de delitos federales y los responsabiliza de hechos delictivos (sin aportar pruebas).

"Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social", denunció el comunicado de los organismos de derechos humanos. También denunciaron la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (provincia de Neuquén), una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencional del mundo. "El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche", cuestionan Amnistía Internacional, APDH, la Confederación Mapuche de Neuquén y el Parlamento Mapuche de Río Negro, entre otras organizaciones.

El gobierno nacional había acusado a los mapuches de "armar comunidades indígenas y tomar tierras en zonas petroleras". El ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentan la "usurpación" que realizarían comunidades indígenas sobre campos de hidrocarburos.

"El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo", denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.

Luchas

La comunidad mapuche Campo Maripe lleva seis meses de bloqueo a YPF-Chevron en Vaca Muerta. En un contexto de criminalización (e invisibilización) exigen el cumplimiento de los derechos indígenas (consulta previa y consentimiento libre, previo e informado). El gobierno impulsa la llegada de nuevas empresas, donde viven más de veinte comunidades mapuches. Anuncio de mayor conflictividad para 2017.

Entre el 8 y el 11 de diciembre se realizó en La Rioja el 27 Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio que reúne a organizaciones de todos el país que luchan contra el extractivismo (muchas vinculadas a la megaminería, pero también contra el agronegocios, pasteras y contaminación urbana). “En el mundo se consolidan gobiernos de derecha que ya no ocultan la decisión de destruir y saquear nuestros bienes comunes como países periféricos, pero al mismo tiempo también avanza nuestra resistencia y nuestras propuestas para construir ese mundo que queremos. Nosotros nos constituimos como una alternativa a partir de otra manera de organizarnos”, explicó Cecilia Matta, integrante de la Asamblea Riojana Capital.

Participaron más de 300 asambleas y organizaciones sociales, remarcaron los logros de este año, entre ellos el sostenimiento de la Ley 7722, que protege el agua en Mendoza (y que las empresas extractivas intentaron dar de baja), el freno a las compañías mineras en La Rioja y la paralización del proyecto Agua Rica en Catamarca. El encuentro de la UAC, considerado una "asamblea de asambleas", finalizó con un documento que invita al optimismo: "Se potencia la construcción de una forma diferente de hacer política, impulsando la defensa del territorio y el derecho a decidir".

Quizá el mayor hito de las luchas de 2016 de Argentina provenga de la localidad de Malvinas Argentinas (en Córdoba). En 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado la llegada de Monsanto, con su mayor planta de maíz transgénico del continente. Los vecinos comenzaron a organizarse, nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida y rechazaron la instalación de Monsanto.

Fueron cuatro años de resistencia, medio docena de represiones, judicialización, amenazas y bloqueos al predio de treinta hectáreas de la empresa. Desde 2014 estaba suspendida por un fallo judicial (solicitado por los vecinos) y por el rechazo (por parte de la Secretaría de Ambiente de Córdoba) del informe de impacto ambiental presentado por la compañía. Pero Monsanto insistía en el proyecto, con apoyo del Municipio, la Provincia y Nación.

En septiembre circularon versiones sobre la partida de la compañía. En noviembre, la intendenta, Silvina González, confirmó que la empresa AMG Obras Civiles había adquirido el predio de Monsanto.

El 4 de diciembre hubo festejos en Malvinas Argentinas. La invitación destacaba: "Luchamos, resistimos, triunfamos. Llegó el momento de celebrar". No es para menos. Los vecinos de la pequeña localidad cordobesa lograron lo que parecía imposible: derrotar a la mayor empresa del agronegocio del mundo.

Sobre el autor

Darío Aranda, periodista argentino especializado en extractivismo. Trabaja en el diario Página/12, la cooperativa de comunicación La Vaca y las radios FM Kalewche (Esquel), la Cooperativa La Brújula (Rosario) y Los Ludditas (FM La Tribu).

Colaboró con el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). Escribe en el diario La Jornada de México (suplemento “Del Campo”) y es consultor de Amnistía Internacional.

http://cl.boell.org/es/2016/12/16/argentina-extractiva-el-cambio-era-la-profundizacion

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220625

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Ley de Riesgos de Trabajo

Otra vez a favor del capital
17 de febrero de 2017

Por Fabiana Arencibia (Red Eco Alternativo)

La Cámara de Diputados convirtió anoche en ley el proyecto del Poder Ejecutivo, aprobado en diciembre pasado por el Senado, que modifica el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Terminar con “la industria del juicio” volvió a prevalecer como móvil principal más allá de las causas de fondo en los accidentes laborales: la falta de prevención y de un sistema de salud laboral en cada empresa.

Esta nueva reforma sigue el camino de su origen en 1995 y su reforma en 2012: el de pensar solo en los costos empresarios, de las patronales o de las ART. La legislación nunca sirvió para garantizar condiciones dignas y equitativas de labor y la salud de los trabajadores, sino solo la rentabilidad empresarial. 

El sistema beneficia además a los funcionarios de los gobiernos, en tanto el Estado empleador, ya que no existe sanción alguna ante el incumplimiento de normas de seguridad. “En el universo de trabajadores/as estatales - cerca de 3.000.000- solo se realizan los exámenes periódicos a un puñado de miles, en general vinculados a actividades productivas. El método es simple: no declaran los riesgos a los que están expuestos los trabajadores/as, así las ARTs no solo no realizan los exámenes sino que tampoco hacen las inspecciones que los obliga la ley”, afirma Orestes Beto Galeano, Secretario de Salud Laboral de ATE Nacional.

En este sentido, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo reveló que hay 9 provincias y 300 municipios fuera de la Ley y que en muchos casos los accidentes de trabajo se atienden a través de las obras sociales provinciales, es decir, con la propia plata de los trabajadores.

De dónde venimos 

El sistema de riesgos de trabajo comenzó a regir desde 1995 (Ley 24.557) en el contexto del avance de otras normas que flexibilizaron las relaciones laborales, llevándose por delante muchos de los derechos de los trabajadores y beneficiando al empresariado.

En el 2012 la norma fue reformada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Las modificaciones mantuvieron el negocio para las ART y para las empresas, impidiendo a los trabajadores reclamar ante la justicia laboral, ámbito creado en 1944 justamente para protegerlos.

Decíamos en nuestra nota publicada entonces en Red Eco (1): Los cambios introducidos están lejos de tratar los accidentes y enfermedades laborales con un carácter proteccionista y preventivo. La nueva ley queda constituida en beneficio para las empresas, para las aseguradoras y para el sindicalismo empresario. Y bajo el subtítulo “Cambiar algo para que nada cambie”, afirmábamos: Con la reforma continúa sin ser modificado el régimen de prevención de riesgos de accidentes laborales, por uno que ejerza un control eficaz y en el que los trabajadores sean parte del diseño, implementación y fiscalización de las medidas de prevención en la empresa. Un sistema que responsabilice a las ART en forma solidaria con los empleadores, por el incumplimiento de esas normas. 

La Comisiones Médicas continuarán siendo las que determinen si el accidente o enfermedad son de naturaleza laboral y cuál es el grado de incapacidad. Las Comisiones dependen de instituciones que no son diferentes a las que brindan las prestaciones y por lo tanto no se garantiza la autonomía de sus dictámenes. 

Sigue, además, existiendo enfermedades que para la Superintendencia de Riesgos de Trabajo no son reconocidas como originadas por el desarrollo de la tarea.

Aquella nota conserva hoy plena vigencia y la reforma macrista viene a empeorar lo que ya no era bueno, profundizando los defectos, consolidando un sistema legal basado en el gran negocio de la enfermedad, que garantiza la ausencia de prevención y por lo tanto la generación de enfermedades de origen laboral. 

Durante el debate de ayer en Diputados, Emilia Soria del Frente para la Victoria, señaló que "este proyecto tiene olor a pescado podrido porque es un negocio para los bancos", y que "vulnera la Constitución Nacional". "La solución no está en cerrar el acceso de los trabajadores a los tribunales, sino en fortalecer los trabajos de prevención, en legislar para el bien común”, dijo, sin hacer referencia a que estas críticas le hubiesen cabido también a la modificación que realizaron cuando eran gobierno. 

“Cuidar y maximizar las ganancias de las empresas y evitar que el Estado se haga cargo de sus obligaciones de control (y también las de empleador) es, sin duda, una política de Estado, que han sostenido sistemáticamente Menem, Duhalde, De La Rua, Kirchner, Fernández, Macri, desde la promulgación de la Ley de Riesgos del Trabajo 24557 en el año 1995. Dicha política está basada en el gran negocio de la enfermedad, que en el mundo del trabajo se expresa en garantizar que los trabajadores se sigan enfermando mientras trabajan, a esta altura no se puede sostener que es un efecto no buscado”, afirma Orestes Galeano. 

A dónde llegamos 

Antes de la reforma del kichnerismo, los trabajadores podían cobrar la indemnización a través de la compañía aseguradora (ART) pero además utilizar la vía de la Justica del Trabajo en caso de que entendieran que ese monto no se correspondía con el daño sufrido y poder así compensar la totalidad del mismo, según lo disponen las normas civiles. 

La reforma de 2012 obligó en primera instancia a que el trabajador opte por cuál de los dos caminos tomaría para resarcirse, imposición extorsiva porque entre elegir una indemnización posible de cobrar en pocos días (aunque sea menor a la que le correspondiese) o tener que esperar los tiempos que dure el juicio sin contar con ningún resarcimiento, la elección resultaba más que obvia.

Pero además reemplazó la Justicia laboral por la Justicia civil, para el caso que se optase por la vía legal, desalentando la opción de hacer juicio porque de la justicia Civil obtendrían indemnizaciones menores y en procesos más largos hasta llegar al fallo. 

Ahora, la reforma del macrismo establece un trámite administrativo a través de las Comisiones Médicas, constituidas como la instancia administrativa previa, única, obligatoria y excluyente. 

Estas comisiones - responsables de determinar si se trata de una enfermedad laboral, cuál es el grado de discapacidad y la indemnización - tendrán 60 días hábiles “prorrogables” para expedirse. Si el trabajador no está conforme con la decisión de la Comisión médica de su jurisdicción podrá apelar a la comisión médica Central.

Ambas instancias deben transitarlas antes de recurrir a la justicia salvo que aleguen y prueben que existe una demora injustificada de parte de las comisiones médicas.

“Sólo hay 35 comisiones médicas en todo el país y en 16 provincias sólo funciona una oficina. Es decir, que el trabajador que padece una enfermedad o está incapacitado producto de las jornadas laborales deberá trasladarse hasta las comisiones médicas”, informaron desde el portal Izquierda Diario.

La nueva ley también establece que los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores que no contrataron a una ART, no estarán obligados a la instancia previa ante las comisiones médicas.

La reforma kichnerista definió una actualización semestral de los montos de las indemnizaciones por accidentes de trabajo
y un plazo de 15 días para que las Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART) paguen las mismas.

La nueva norma modifica el Cálculo del Ingreso Base para “evitar el deterioro de las indemnizaciones.” Establece que la indemnización se estime con el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) en base al promedio de las remuneraciones del último año anterior a la primera manifestación invalidante. Además crea un Sistema de Homologación para verificar que las indemnizaciones acordadas con las ART no resulten inferiores a las establecidas en la Ley, y garantizar el cobro inmediato.

Así como la reforma de 2012 pensó en el negocio del sindicalismo empresario - habilitando por el decreto 1720/2012 a las cámaras empresarias, asociaciones de empleados y sindicatos que participasen en las negociaciones colectivas, a crear las ART MUTUALES y obligando a utilizar de manera prioritaria los servicios de obras sociales en las prestaciones previstas en el Régimen de Riesgos de Trabajo- la reforma macrista fija la compensación automática de parte de las aseguradoras a las obras sociales por la atención de los trabajadores accidentados, además de la imposición de sanciones a las ART que no cumplan con ese requisito.

La nueva ley, incorpora empleados públicos, provinciales, municipales y comunales, hoy fuera del sistema, a través del Autoseguro Público Provincial y permite ampliar el período de Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) hasta 2 años, para favorecer la rehabilitación y la reincorporación del trabajador.

Por último compromete a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a presentar ante el Comité Consultivo Permanente (integrado por representantes del Gobierno, los trabajadores y las aseguradoras) en un plazo de 3 meses, un anteproyecto de ley de prevención de acuerdo a las prácticas internacionales, previendo un tratamiento específico para cada actividad en los Convenios Colectivos de Trabajo.

Algunas opiniones
 

Para la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, es sistema de Riesgos de Trabajo “descuida la vida y salud de los trabajadores al colocar como gestores del mismo a ARTs que tienen intereses opuestos a los de las víctimas. Se desinteresa por la prevención, rechaza la cobertura de la mayoría de las enfermedades laborales e incumple sistemáticamente con los derechos de los trabajadores en lo que hace a su salud laboral: se otorgan prestaciones médicas deficientes, se brindan altas prematuras, se cubren parcialmente los accidentes sufridos, se cuantifica en forma inferior las incapacidades, no se recalifica, etc. Si se quiere reducir la “litigiosidad”, se debería atacar la causa que la genera: un sistema perverso que excluye la cobertura de las principales afecciones laborales”.

“En el actual sistema de ARTs, prácticamente no existe la enfermedad de origen laboral. Sólo el 3% (promedio) de las denuncias corresponden a enfermedades profesionales (así definidas por la ley). No cabe duda que han sido muy eficientes en el ocultamiento de las enfermedades de origen laboral, que sin duda son por la falta de un ámbito de trabajo saludable. Recordemos que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) denuncia la muerte de 2,4 millones de trabajadores/as por año, que el 86% de esas muertes originadas por el trabajo corresponden a enfermedades, calificando la situación de pandemia mundial”, afirma el Secretario de Salud Laboral de ATE Nacional Galeano.

“Seguimos sosteniendo que para cambiar la situación de fondo la enfermedad debe dejar de ser un gran negocio, debe existir un sistema público no estatal que garantice la atención de las contingencias procurando la máxima rehabilitación, y no sólo asegurando una exigua indemnización. Para garantizar la prevención eficaz es condición necesaria la participación de los trabajadores no sólo como sujeto individual sino como sujeto de derechos colectivos organizado conscientemente. Es imprescindible que exista una política de salud destinada a detectar las enfermedades de origen laboral. Por ejemplo, a través de programas y protocolos de cumplimiento obligatorio que permitan vincular la posible relación de la causa de enfermedad con la actividad laboral. Esto posibilitaría prevenir consecuencias en la salud. El método de diagnóstico y tratamiento, sin investigar las causas y sin prevención sólo garantiza el negocio de la enfermedad, cuyo costo pagamos los trabajadores/as”, agrega Galeano.

Desde la Asociación de Abogados Laboralistas afirman que esta reforma significa un avasallamiento al derecho laboral, un beneficio para empleadores y la ART y un retroceso de 20 años en materia de jurisprudencia sobre el tema. “Ese es el verdadero objetivo de la ley, beneficiar a las ART y a las empresas. Por eso, el caballito de batalla es reducir los costos laborales, la litigiosidad, los costos del sistema y volver a esa vieja receta de que si reducís los costos de contratación eso redundará en más empleo, una política que ya fracasó y que fue demostrado que no genera empleo”, asegura el presidente de la entidad, Matías Cremonte.

Quizás sirva como corolario lo que el mismo Cremonte explicó en un artículo que publicamos en Red Eco, en octubre de 2016 (2): “Uno de los pilares del Derecho del Trabajo es el principio de indemnidad, según el cual un ser humano debe salir ileso de una relación laboral. Ello supone obligaciones para los empleadores, sobre todo, la de prevenir los accidentes. Si a pesar de ello un trabajador sufre un daño, éste debe ser reparado”. Sin embargo, agregó, “un ser humano dañado, por más que sea reparado, no queda igual. Una justa indemnización tampoco resuelve la cuestión, pues una afección en la integridad psicofísica ocasiona daños. Es por eso que reviste tanta importancia la prevención. Y el Estado debe velar por ella. Pero el Estado delegó ese deber en las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), cuya finalidad es su rentabilidad: el zorro cuidando el gallinero”.

http://www.redeco.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=20811:ley-de-riesgos-de-trabajo-otra-vez-a-favor-del-capital&catid=23:gobierno&Itemid=508

Nota relacionada:

Empresarios y ART... agradecidos! 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=223067

 

 

 

Verificamos, a lo largo del siglo XXI, la continuidad-profundización en la unidad del Estado con los oligopolios a favor del saqueo, envenenamiento y destrucción tanto de territorios como de comunidades pero también en el avasallamiento de derechos de los trabajadores y los pueblos e individuos. Esto cuestiona el enfoque vanguardista- paternalista  de resistir y acumular «para» el pueblo trabajador" que, aún peor, lo limita al neoliberalismo cuando los gobiernos progresistas coincidieron con los neoliberales en garantizar y promover la acumulación gran capitalista por desposesión. Reconoce que "el proyecto macrista implica un ataque feroz a las demandas populares" y no lo contextualiza como el del actual sistema capitalista mundializado ni plantea la ruptura con la conciliación de clases implícita tanto en la CGT y en  las paritarias como en el año electoral y en la votación.

 

 

Editorial A Vencer - La Llamarada, febrero de 2017

 

Resistir y acumular para el pueblo trabajador

12 de febrero 2017

La avanzada neoliberal del macrismo plantea desarrollar una lucha unitaria desde el movimiento obrero. Es fundamental, además, levantar una alternativa política de izquierda que ponga en el centro las principales demandas de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo.

 

AUTOR

Izquierda Revolucionaria - Hombre Nuevo

 

El proyecto macrista implica una ataque feroz a las demandas populares. El ajuste cotidiano, marcado por aumento de precios y de servicios públicos, congelamiento salarial e inflación, es acompañado por toda una serie de medidas de fondo que se orientan en el mismo sentido: realizar una brutal transferencia de recursos desde la clase trabajadora y los sectores humildes hacia los socios empresarios del gobierno de los CEOs.

 

El centro de esa avanzada lo constituye la reforma laboral, que pretende abaratar (aún más) los "costos" del capital, recortando condiciones a los/las trabajadores con más flexibilidad laboral, lo que es lo mismo que menos salarios, más trabajo en negro, menos cobertura social, etc. Como parte de la reforma laboral se impulsan cambios estructurales similares en el plano de las jubilaciones, de las ART, así como en el sistema educativo y de salud. Con la misma lógica, se pretenden desplegar modificaciones penales, como la baja de edad de imputabilidad, que apuntan a fortalecer una salida represiva para nuestro pueblo.

 

La experiencia de AGR-Clarín, donde casi 400 trabajadores gráficos sufren el atropello patronal, es expresión de esta avanzada flexibilizadora y un caso testigo de la lucha contra la reforma laboral. Se trata de la "Corpo" mediática más importante del país, una empresa millonaria beneficiada por todos los gobiernos nacionales, que pretende maximizar aún más sus ganancias a costa de golpear a los laburantes. A su vez, este conflicto, es un caso más que pone a la luz las muchas experiencias de lucha que hoy se desarrollan, aunque fragmentariamente, en nuestro país.

 

Desde abajo, forjar la unidad de los trabajadores y trabajadoras

 

El ataque sufrido por la clase trabajadora amerita una respuesta conjunta. Lamentablemente aún existiendo importantes muestras de lucha, sigue primando la dispersión.

 

La CGT sigue de tregua, mientras los despidos y el ajuste contra los y las laburantes pasan por sus narices. Las promesas de movilizaciones y de un paro a futuro son nuevos fuegos de artificio para negociar, pero la central está jugada con todo a mantener una posición conciliadora. Mientras tanto, las acciones de la CTA no han ido más allá de iniciativas esporádicas y en los conflictos actuales juega un rol similar al de la CGT: leves pronunciamientos pero un acompañamiento magro a las acciones concretas que plantean las y los trabajadores.

 

El necesario y urgente paro general y plan de lucha, no provendrá de la iniciativa de la burocracia sindical sino de la presión que se ejerza desde abajo en cada fábrica o lugar de trabajo y en cada gremio.

 

El ejemplo de numerosas luchas y experiencias de organización combativa que hoy se llevan adelante pueden ser pilar de un plan de lucha que ponga en agenda y brinde condiciones para la realización efectiva de medidas que incluyan también a los sectores burocráticos.

 

En esa perspectiva es vital avanzar hacia mayores niveles de coordinación obrera, por un lado de los sectores combativos, pero a su vez con la capacidad de desplegar la unidad más amplia posible para ampliar la base social, sindical y política de cada conflicto y poder golpear con fuerza al macrismo y los empresarios.

 

La lucha testigo de AGR, se acompaña de toda una serie de peleas importantes (Canale, Textil Neuquen, Roux Ocef, Banghó, línea 41, docentes, estatales, precarizados, etc.) y experiencias de organización obrera que es preciso poner en una misma dirección. Por eso se vuelve fundamental dar impulso a un encuentro de trabajadores en lucha que pueda con el objetivo de desarrollar un plan de lucha nacional.

 

Una respuesta política a la derecha

Para poder superar efectivamente este ataque constante contra los intereses populares, necesitamos poner en pie un proyecto político alternativo, que dé respuesta a las necesidades de las y los trabajadores y sectores humildes de nuestra patria. Se trata de una tarea de largo aliento, pero que precisa cristalizarse en pasos efectivos, en herramientas concretas de acumulación de fuerzas y confluencia política para un proyecto emancipador.

 

Es por eso que diversas organizaciones y compañeros/as estamos dando impulso a una herramienta política común: PODER POPULAR. Por medio de esta corriente de izquierda, numerosos compañeros y compañeras intervendremos en la arena política y electoral de este 2017. No se trata de relegar nuestras iniciativas al plano institucional, sino de ampliar a todo nivel la presencia de las luchas actuales y sus protagonistas, para que así como en las calles, también en la campaña electoral y su marco institucional pongamos en el centro los problemas populares, las demandas del movimiento obrero, las luchas del movimiento de mujeres, los reclamos de la juventud.

 

La construcción de PODER POPULAR es una experiencia abierta. Desde el acto realizado en diciembre bajo la consigna "hacia una corriente de izquierda por el poder popular", diversos compañeros y compañeras han expresado su voluntad de incorporarse o de iniciar formas de articulación común, lo que empalma de lleno con el espíritu planteado por la corriente. Se trata de construir una herramienta común para la intervención política y electoral de muchos y muchas que luchamos codo a codo y nos encontramos en la militancia por un proyecto anticapitalista, antiimperialista, antipatriarcal y latinoamericanista. Con esa perspectiva es que, desde PODER POPULAR, se plantea sumar a una propuesta política unitaria de la izquierda que intervenga con fuerza de cara a millones, en disputa frente a la derecha neoliberal y a las otras variantes patronales.

 

Un programa para construir el poder del pueblo trabajador

El plan del macrismo para el país sólo tiene medidas antipopulares: el endeudamiento externo, beneficios a los grandes capitalistas con baja de retenciones y de aranceles, tarifazos, reforma laboral y despidos contra los trabajadores y trabajadoras. Mientras, miles de mujeres sufren la violencia machista sin que haya políticas de Estado para contrarrestarlo, y desde el poder se estigmatiza a la juventud y a los/las migrantes pobres, a los/las que se acusa de responsables de la "inseguridad".

 

Quienes vivimos de nuestro trabajo levantamos como reclamo inmediato la defensa de los derechos conquistados por años de lucha y rechazamos la reforma laboral. Como medida urgente, planteamos la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras despedidos/as, la promulgación de la ley de prohibición de despidos, la defensa del salario, el combate a la desocupación con la incorporación de todos los/las desempleados/ as a planes de trabajo y el blanqueo de todos los trabajadores en negro.

 

Rechazamos que los costos de la crisis la paguemos los trabajadores y trabajadoras. Por eso decimos que, ante la falta de recursos, en vez de atacar el trabajo y el salario, hay que tomar de quienes más tienen: gravar a las grandes empresas y aumentar las retenciones a los grandes productores y propietarios.

 

Quienes conocemos la realidad diaria de la barriadas, asediadas por el gatillo fácil y las detenciones arbitrarias, quienes como jóvenes construimos en nuestros trabajos, lugares de estudio y barrios, enfrentamos la avanzada represiva y la criminalización de la juventud, por eso rechazamos la baja de edad de imputabilidad, que se apoya en una interpretación mentirosa de la realidad y sólo busca incrementar el control social. Decimos que los niños y las niñas no son peligrosos/as, sino que están en peligro, y que no es con reformas punitivas ni con represión como se resuelven la pobreza y la exclusión.

 

Quienes nos enfrentamos y repudiamos la violencia machista, los femicidios, la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas, y sabemos que funcionarios y empresarios son cómplices de las redes de violencia y señalamos la responsabilidad del Estado en ante la falta de respuestas. Exigimos una política activa en defensa de los derechos de las mujeres y los colectivos disidentes, el cumplimiento y ejecución de la ley 26.485, la construcción y habilitación de refugios estatales en todas las provincias, para asistir a mujeres víctimas de violencia con trabajadoras/es de planta permanente y formación con perspectiva de género. También exigimos una educación sexual integral, anticonceptivos gratuitos y disponibles, y legalización del aborto gratuito y seguro en los hospitales.

 

Sobre la base de esta perspectiva, desde Izquierda Revolucionaria y OP Hombre Nuevo nos proponemos impulsar, junto a las demás organizaciones y activistas de PODER POPULAR, una campaña de movilización y agitación en lugares de trabajo, barrios y lugares de estudio, que instale en la agenda algunos de los principales reclamos de nuestro pueblo trabajador, generando instancias de deliberación y organización para librar la lucha contra la avanzada macrista y en la perspectiva de un proyecto propio de las y los trabajadores y el pueblo.

Fuente: http://izquierda-revolucionaria.org/articulo/1678/resistir-y-acumular-para-el-pueblo-trabajador/

 

 

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, salir de la construcción K de consenso. Abarcó y abarca esquemas de señalamiento de enemigos públicos en quienes son fácilmente identificables como tales pero lo cierto es que tal operación sirvió y sirve al ocultamiento del sistema en su trama de complejidades. También lo modeló mediante la apelación a la multiplicidad de la población desde escenificaciones y relatos del estar viviendo épicamente detrás de la conducción K.  

 

Hoy derechas e izquierdas preparan su competencia electoral. Es increíble que las segundas no recapaciten en su ejercicio de la política y en su comprensión de cómo establecer comunicación recíproca con las minorías que constituyen la gran mayoría de Argentina. Pero lo más grave no es sólo la situación socioeconómica sino sobre todo la persistencia en polarizaciones falsas cuya resultante es la alternancia que conserva la incesante hiperconcentración e impunidad de los poderes establecidos con terrorismo de estado. De ahí lo trascendente del balance de más de una deKada.

 

 

 

La economía que deja el kirchnerismo y el ajuste que viene
23 de noviembre de 2015 | Edición del día

El resultado de ayer, tuvo en el deterioro económico que se profundiza hace varios años, uno de sus condimentos de fondo. Las raíces del deterioro exponen una continuidad con las políticas noventistas que desmiente el relato kirchnerista.

 

Por Esteban Mercatante

@estebanm1870

 

Los doce años de gobiernos kirchneristas que concluirán el 10 de diciembre, conoció algunos de los años de mayor crecimiento continuado a tasas elevadas de la historia argentina. Pero también conoció, desde 2012 hasta hoy, un notorio estancamiento cuyas raíces se encuentran en el efecto de hondos condicionantes que caracterizan la economía dependiente del país, que mostraron la distancia entre los cambios que se venían proclamando y una realidad condicionada por el peso del imperialismo y el atraso económico, y dispararon medidas de un ajuste paulatino aplicado por el gobierno de Cristina Fernández. En La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo, analizamos la economía desde 2003 hasta la actualidad, y contrastamos este desempeño con lo que sostuvieron los discursos ficialistas y opositores, desde una mirada marxista. Acá, algunos de los elementos más salientes de dicho balance.

 

“Buenas” herencias

La economía política del kirchnerismo, signada por la necesidad de encauzar la crisis del régimen político que había tenido su punto más alto en las jornadas de movilizaciones de masas que empujaron a la caída de De la Rúa en diciembre de 2001, se caracterizó por alimentar la pretensión de que era posible sostener a lo largo del tiempo crecimiento elevado, altas ganancias y recuperación de los ingresos de los trabajadores y sectores populares, partiendo del bajo piso que estos habían alcanzado en el año 2002 (con un desempleo del 25 %, hundimiento del salario por el efecto inflacionario de la megadevaluación que se produjo con la salida de la convertibilidad, y una pobreza que llegó a casi el 50 %).

Si esta pretensión pareció sostenible durante varios años, fue gracias al margen de maniobra que había dejado el ajuste sin precedentes que la clase dominante impuso en 2002 durante el gobierno de transición de Duhalde. La megadevaluación de 2002 condujo a un desplome de los costos salariales para el conjunto de la clase capitalista. Con los precios moviéndose al calor de la desvalorización del peso en relación al dólar (de forma desigual en distintas ramas), los empresarios adecuaron sus ingresos a la nueva situación; pero en la abrumadora mayoría de los casos, un costo fundamental, el del salario, se mantuvo casi incambiado en términos nominales. La degradación de las condiciones de los trabajadores asalariados fue un elemento fundamental para abrir un nuevo panorama para la economía nacional.

 

Este desplome en el valor de la fuerza de trabajo, unido al mercado que se abrió para un montón de sectores productivos gracias al sideral encarecimiento de productos importados que significó pasar del “1 a 1” al “3 a 1” en pocos meses, constituye la base de la reactivación económica. No sorprende entonces que el hoy ministro de Economía Axel Kicillof, todavía no reportaba en las filas del kirchnerismo, se refiriera al salto en la rentabilidad empresaria que ocurrió a partir de 2002 como la verdadera “caja negra” del crecimiento económico de esta década.

 

Durante 2002 también se produjo un fuerte recorte en el gasto fiscal, gracias al default de la deuda y el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, mientras que se incrementaba la recaudación gracias a las retenciones.

 

En 2003 se inició también el boom internacional en los precios de los commodities, que acompañó prácticamente todo el período kirchnerista y alteró la ecuación económica del país de una forma sin precedentes en muchas décadas. Hacía varias décadas que las ventas al exterior no superaban a las importaciones tan holgada y sostenidamente como lo hicieron durante estos doce años. Por lo general la economía argentina de los últimos cuarenta años solo alcanzaba un superávit comercial cuando entraba en recesión, lo que reducía las compras al extranjero. Los momentos de crecimiento y superávit existieron durante este período, pero tuvieron duración efímera. Esta inusitada posición externa fue algo que la Argentina compartió con buena parte de América del Sur. Desde finales de 2013 esta situación se está transformando para todo este conjunto de países, y el viento de cola empieza a transformarse en uno de signo contrario.

 

De esta forma, el período kirchnerista se inicia con aprovechando los efectos benéficos de un ajuste que mejoró la rentabilidad y dio “competitividad” a costa de los salarios, y con el beneficio de los superávit gemelos, fiscal y comercial. Una “buena” herencia conseguida mediante un feroz ajuste, sin el cual no habría podido desarrollarse el llamado “modelo de crecimiento con inclusión”.

El bajo techo de la recuperación del salario

Si tomamos el empleo registrado del sector privado, este pasó de 3,5 millones en 2002 a 6,4 millones de trabajadores en 2014. El crecimiento del empleo privado fue consecuencia del aprovechamiento que hicieron los empresarios del abaratamiento de la fuerza de trabajo que señalamos antes. Gracias a la elevada capacidad ociosa con la que partieron en 2002, los capitalistas pudieron hacer amplio usufructo del “insumo” barato en que se había convertido la clase trabajadora. En estas condiciones de crecimiento del empleo, no resulta sorpresiva la recuperación de las remuneraciones. Lo que salta a la vista es el nivel limitado que esta ha tenido. Como ya hemos señalado en este diario, hoy el poder adquisitivo que arroja el promedio de los salarios está por debajo del de diciembre de 2001. Aclaremos que estamos haciendo la comparación con un punto ya bajo, porque ése era el cuarto año de una de las depresiones más prolongadas y severas de la historia argentina, que produjo una híper desocupación y ya había mellado los salarios antes de que el ajuste cambiario hiciera lo suyo. En 2012 se alcanzó la mayor recuperación, y desde entonces viene cayendo porque los precios suben en promedio más que los salarios. La “década ganada”, mantuvo un techo bajo para la recomposición de los salarios. No sorprende entonces que la pobreza sea hoy de 25 %, como muestran los relevamientos de la Comisión técnica de la Junta Interna de ATE INDEC.

¿Cómo se explican estos resultados limitados? Ante todo, por la capacidad que tuvo el empresariado para contener las aspiraciones de los trabajadores gracias al mantenimiento de la precarización de una franja importante de los trabajadores (34 % siguen empleados en negro), y por las condiciones de flexibilización de la fuerza de trabajo que se mantuvieron firmemente durante estos años. Una política de Estado mantenida desde los noventa contra el pueblo trabajador.

 

Desendeudamiento y otros desfalcos

La pretensión del kirchnerismo de arbitrar aspiraciones contradictorias, manteniendo las condiciones de precariedad estructurales pero subsidiando algunos consumos, financiando (de manera directa o indirecta) una parte de la rentabilidad capitalista con recursos fiscales cada vez mayores, se chocó contra los límites que impuso la llamada “restricción externa”: desde 2011 al país le faltan dólares, a pesar de que siguió exportando abundante soja y mantuvo hasta 2014 superávit comercial.

Esta falta de dólares es el principal limitante que viene aquejando la economía, ya que condujo al kirchnerismo a tomar medidas como el freno a las importaciones para limitar la salida de dólares. Y todo para asegurarse que no falten dólares para pagar la deuda.

El lugar que tuvo el pago de la deuda en la política kirchnerista explica las medidas aplicadas por el gobierno desde 2012, así como por qué se llegó a la situación de falta de dólares. Después de renegociar la deuda en default en 2005, con una quita que en los hechos era de 54 % (y terminó siendo menor gracias a las ganancias que obtuvieron los bonistas con el cupón por crecimiento que acompañó a los bonos), Néstor Kirchner y Cristina Fernández se trazaron como meta central reducir los pasivos en dólares del país. Reivindican haber pagado 190 mil millones de dólares, lo que no impidió que la deuda pública total pasara de 126 mil millones de dólares luego del canje de 2005 a 222 mil millones a fines de 2014. La parte en dólares con acreedores privados se redujo de manera considerable, ya que pasó de ser el 80 % de la deuda total a ser un 26 % (representa hoy el equivalente a 11 % del PIB). Pero esto se logró al precio de un fuerte crecimiento del endeudamiento del tesoro nacional con otros organismos del Estado, sobre todo con ANSES.

El precio de la continuidad de la dependencia se expresó también en la medida en que los capitalistas extranjeros –que durante los años kirchneristas mantuvieron todo su peso en la economía nacional– y la burguesía “nacional” colocaron en el exterior buena parte de las ganancias amasadas en el país, bajo la forma de giros de utilidades a sus casas matrices los primeros, como lisa y llana fuga (acompañada casi siempre de evasión) los segundos. Durante el período 2002-2014, la Argentina acumuló un superávit comercial de 184 mil millones de dólares, pero el mismo no tuvo como correlato ninguna canalización de recursos que sentara las bases para la transformación –siquiera mínima– de la estructura productiva. En tiempos de abundancia tanto el estado como la burguesía –la imperialista y la “nacional”– transfirieron recursos al exterior a ritmo acelerado, hasta llegar a la situación de estrechez administrada que rige desde 2011.

Un ajuste cocinado a fuego lento

Como venimos analizando en este diario, el gobierno de Cristina Fernández está llegando literalmente con lo justo hasta el 10 de diciembre de 2015. Un eje central de la campaña de Scioli fue el ajuste que aplicaría Macri. El kirchnerismo hace tiempo viene azuzando contra el ajuste que aplicará quien lo suceda (y antes de que el dedazo dejara afuera de la interna a Florencio Randazzo, incluían al propio Scioli dentro de los ajustadores).

Pero más allá de la indudable vocación de Macri de tomar rápidamente una serie de medidas para recuperar la rentabilidad de los empresarios, la magnitud del ajuste fue preparada por el propio kirchnerismo, que liquidó las reservas en aras de pagar la deuda, dejó fugar impunemente, y no atinó a tomar la menor medida contra las maniobras de la banca y los grandes exportadores, que hoy tienen un verdadero monopolio privado del comercio exterior. Y está determinada por el fin de las condiciones internacionales extraordinariamente favorables para las exportaciones de soja que se dieron hasta 2014.

El ajuste que se viene se basa en presupuestos compartidos por el actual gobierno y quien lo sucederá: que es tabú cualquier medida para enfrentar la crisis que vaya de raíz contra el peso del saqueo imperialista y de sus socios locales. Sólo el Frente de Izquierda propuso en estas elecciones un programa que puso en cuestión estos principios incuestionables para la clase dominante; estos planteos son el punto de partida necesario para desplegar la resistencia a los ataques al pueblo trabajador que prepara Macri.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/La-economia-que-deja-el-kirchnerismo-y-el-ajuste-que-viene

 

 

 

Apreciemos  luchas, reflexiones, construcciones y propuestas provenientes de nuestros países hermanos que nos ayudan a situarnos en el desafío de articular todas las luchas por la vida y la dignidad humana que hay a lo largo y ancho de Argentina. Precisamos convencernos de lo que afirma Gilberto López y Rivas (La Jornada):  "Valen más expresiones de la democracia en la calle y en los territorios que en el parlamento, porque es la fuerza del pueblo movilizado la que vuelve vinculantes sus propuestas de transformación, y la que hace que las clases dominantes lo tengan en cuenta como sujeto indispensable a la hora de tomar decisiones que marcan el destino y la paz de Colombia". Leer

 

Nuestro estar atentos a qué procuran los pueblos de los países hermanos nos conducirá, también, a construir no sólo la Patria Grande sino sobre todo el internacionalismo revolucionario.

 

Democracia boliviana en perspectiva

12 de diciembre de 2015

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión

En otro artículo realicé algunas reflexiones acerca de la democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Allí se efectúa un rápido repaso sobre el actual estado de situación de la democracia en los últimos 10 años. (Ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217900&titular=democracia-en-el-estado-plurinacional-).

Aquí intentaré efectuar un análisis sobre las perspectivas que surgen como resultado de los acontecimientos y el contexto nacional, en un periodo que parte de mediados de los años 80, (cuando se impuso el modelo y gobiernos neoliberales), hasta la actualidad. Es decir, se tratará de efectuar un abordaje a partir de los hechos, antes que de principios, valores o visiones (de carácter más intelectual, conceptual o esquemático), que pueda tenerse sobre la democracia. El propósito es escudriñar el tipo y las características que la democracia ha ido tomando en nuestra realidad, para perfilar el futuro.

Se ve la conveniencia de efectuar este tipo de abordaje, en el entendido de que la democracia es un constructo que responde más a la dinámica de los acontecimientos históricos y sociales, antes que constituir un referente imaginario que responde a preocupaciones intelectuales o conceptuales (cosa que por supuesto no es desdeñable en sí misma). Por consiguiente, lo que se quiere resaltar es la forma, los mecanismos y la dinámica de los acontecimientos que dan lugar a la conformación y construcción de un determinado tipo de democracia en los hechos, antes que remitirse a un imaginario que surge más bien de lo que pudiera esperar o desearse para que se produzca en la realidad.

Hay una diferencia sustancial entre concebir y propugnar una idea de democracia emergente de la imaginación de algún intelectual, o extraída del modelo de una sociedad (como por ejemplo del estilo uruguayo, chileno o inglés), que construir una forma de democracia que responda a la propia realidad y la manera cómo los acontecimientos sociales han generado su forma de gobierno.

El descabezamiento y la desmembración material e ideológica.

La situación actual de la democracia en Bolivia, es imposible entenderla sin tomar en cuenta la Marcha Nacional por la Vida de los mineros en el año 1986. Este acontecimiento histórico marcó no solamente la demolición material e ideológica del proletariado y la clase obrera boliviana (que eufemísticamente terminó “relocalizada”; es decir despedida, dispersa y atomizada a lo largo del país), sino que en términos democráticos acabó con la fuerza de contrapeso que la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y las clases obreras habían creado y constituido frente al poder del Estado y las tentaciones autoritarias y despóticas que regularmente surgían en asonadas golpistas.

Esta derrota que impuso el largo periodo neoliberal en Bolivia hasta finales del siglo XX, también implicó un largo periodo de desideologización y desmontaje de las organizaciones sociales que habían quedado huérfanas de su referente político y organizativo, que hasta ese momento representaban la poderosa COB y la FSTMB.

Desde entonces, hasta que estallan las revueltas sociales de la Guerra del Agua (en el año 2000) y Octubre Negro (en el 2003) [1] /, la relación entre el Estado y la sociedad se había caracterizado por débiles acciones interpelatorias en vista del vacío dejado por la COB, y la consecuente predominancia de gobiernos y regímenes que aprovecharon esa especie de anomia organizativa y la ausencia de su referente popular, para apostar por el neoliberalismo y la enajenación de la nación y el Estado.

Dispersos y atomizados, a los sectores sociales que formaban parte de la COB y otras organizaciones matrices, no les quedaba otro camino que expresarse y pugnar (en muchos casos aisladamente), por la reivindicación y conquista de sus derechos que eran sistemáticamente conculcados por el modelo impuesto (con el respaldo y entusiasta iniciativa de los organismos internacionales, que no dudaron en hacer prevalecer sus directrices).

El neoliberalismo tuvo varios años para regodearse por su arremetida. Sin embargo y sin proponérselo, ni sospechar; al desmembrar y fraccionar a la COB que durante décadas se había constituido en el contrapeso necesario de la sociedad frente al poder del Estado, el neoliberalismo estaba logrando todo lo contrario de lo que se había propuesto y todo lo contrario de lo que sus intereses aconsejaban. Es decir, abrieron una nueva fase de múltiples y diversos conflictos que estallaban en las situaciones y los lugares más inesperados. Allí, los sectores sociales (que anteriormente canalizaban en forma unitaria su protesta por medio de la COB), terminaron rechazando y poniendo en jaque la “democracia pactada” que le había servido a las élites dominantes tradicionales para gobernar y turnarse en el poder.

Descabezada y fraccionada material e ideológicamente la COB, el largo periodo neoliberal sólo tuvo la oposición de incipientes sectores sociales que emergían tímidamente por la sistemática conculcación y violación de sus derechos y el tácito desconocimiento y descalificación de sus organizaciones matrices que literalmente habían sido destruidas. Tan brutal había sido el golpe contra las clases obreras y sus organizaciones matrices, que los sectores sociales no sólo perdieron un referente ideológico, sino que tuvieron que rehacerse partiendo de la desmovilización provocada por el neoliberalismo. Es decir, volver a rearticularse habiendo perdido el horizonte y partiendo de la elemental reacción cuando se vulneran derechos básicos. La iniciativa para perfilar un nuevo tipo de sociedad y Estado, había quedado embargada en manos del neoliberalismo. Y el neoliberalismo, a su turno, no tuvo mejor idea que enajenar el Estado, sus recursos y la misma nación.

Como secuencia natural del nuevo modelo impuesto, se producía el sistemático achicamiento del aparato del Estado (y consiguientemente de sus facultades, o las posibilidades de crear una fuerte institucionalidad por ejemplo), porque se decidió favorecer a los intereses privados (nacionales y extranjeros), entregándoles las facultades para “organizar” y apropiarse de las empresas, los recursos naturales y la economía del país, atendiendo las directrices neoliberales y privatizadoras que ordenaban los organismos internacionales y las empresas transnacionales.

A medida que se producía la paulatina pero sistemática enajenación de las empresas, los recursos y el propio Estado nacional; los sectores sociales y sus demandas fueron cobrando cada vez mayor fuerza, esta vez sin la necesidad de contar con un único referente organizativo como era la COB en el pasado. A pesar de la eventual dispersión inicial de las luchas, probablemente el mayor logro de este proceso signado por las demandas sectoriales (muchas veces con carácter corporativo y excluyente), haya sido la construcción y fortalecimiento de espacios de deliberación, interpelación y acción colectivas. Como correlato, esta fuerza era movilizada en las calles, primero para que sean escuchadas y atendidas sus demandas y, posteriormente, (cuando la acumulación y potencia social alcanzaron la fuerza necesaria), para establecer la agenda nacional de transformaciones.

RECONFIGURACIÓN Y MOMENTO CONSTITUTIVO.

La democracia en este punto, tal y como se había inscrito en el imaginario social, evidentemente estaba cercada y jaqueada. El Estado no sólo estaba políticamente deslegitimado por la recurrencia permanente a los “pactos electorales” que burlaban la voluntad del pueblo, sino que había sido sistemáticamente achicado por sus propios detentores que decidieron ponerlo al servicio de intereses privados y transnacionales. Es decir, era imposible reclamar un mínimo de respeto, porque sencillamente el pueblo percibía que ese ya no era su Estado, sino todo lo contrario, un ente al servicio de intereses antinacionales.

A diferencia de lo que ocurrió el 86 con el asedio militar, el cerco y la amenaza de bombardeo a la Marcha por la Vida que terminó desmembrando y fraccionando ideológica y materialmente a la COB; las revueltas populares del 2000 y 2003, deben ser entendidas como un verdadero momento constitutivo. Dicha coyuntura no solamente marca la derrota y expulsión de intereses transnacionales y corporativos, así como el establecimiento de una agenda popular que establecía el mandato de la Constituyente y las nacionalizaciones; sino porque el propio concepto y praxis de la democracia adquiere un nuevo sentido. Se trata de lo que podría denominarse como una democracia plebeya, mucho más arraigada a la participación directa, la deliberación y la decisión que el pueblo y los sectores sociales tomaban para sí en la acción y las movilizaciones, rescatando una larga tradición asambleística, las propias formas de decisión comunitaria y los innumerables episodios de lucha social. Muy en contrario de lo que los sectores reaccionarios y conservadores quieren hacer creer (para defender y preservar sus mezquinos intereses), como si se tratase de acciones subversivas y conspirativas contra orden democráticamente establecido; en realidad constituyen una respuesta alternativa y legítima, ante la pretensión y tácito intento neoliberal de embargarla y enajenarla en manos de intereses extranjeros y antinacionales.

Es por eso que el desenlace posterior que terminó en la Asamblea Constituyente y la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado (muy a pesar de haber sido viciada posteriormente por modificaciones acordadas con la derecha y la reacción conservadora), no puede ser considerada como un acontecimiento despreciable, fortuito o aislado, puesto que se trata de un momento histórico de confluencia colectiva, que deja de ser una reivindicación o demanda sectorial, para convertirse en una voluntad nacional que marca un momento constitutivo de una nueva fase democrática.

Por eso, no por nada se insertan en la Constitución las nuevas formas de democracia comunitaria y participativa (además de la representativa que corresponde a la antigua visión liberal y republicana), así como la configuración de un nuevo tipo de Estado.

PERSPECTIVAS A FUTURO.

A 7 años de la aprobación de la nueva Constitución y más de 10 del gobierno que fue elegido mayoritariamente para encarar y cumplir aquellos mandatos populares y constitucionales, la democracia y la relación Estado – pueblo, ha adquirido características y connotaciones diferentes a las esperadas.

Los sectores sociales y populares que se constituyeron innegablemente como los protagonistas para la apertura y puesta en marcha de aquel proceso de cambio y transformación, han terminado cooptados, prebendalizados y corrompidos por el manejo clientelar de una buena parte de sus dirigentes, que a su turno han permitido el secuestro y usurpación de su independencia organizativa y política, que constituía la única herramienta para garantizar el control social sobre la gestión gubernamental y el Estado.

Como retribución a la desmedida pretensión de conservar y reproducir el gobierno “cueste lo que cueste”, que (traicionando y abandonando las tareas de transformación y cambio), se ha convertido en el principal objetivo del gobierno del Presidente Evo Morales y los sectores sociales oficialistas que lo respaldan; se ha generalizado la práctica del cuoteo y la asignación de puestos legislativos y canonjías en todo el aparato del Estado y sus instituciones. Los cargos y prebendas son repartidos entre sectores afines y dirigentes, como pago por las adhesiones y el respaldo electoral que les permite reproducirse y crear las nuevas élites económicas y políticas del país.

Antes que ejercer el control social en base a la independencia organizativa y política que les había permitido ganar la fuerza y potencia necesarias en el pasado; los sectores sociales y sus dirigentes, permitieron su cooptación para convertirse en funcionarios y burócratas del Estado. De esa manera se condenaron a una suerte subsunción y sometimiento a los intereses electorales para conservar el poder a como dé lugar, que se había adueñado del gobierno.

El resultado de esta perversa distorsión del proceso de cambio (incluyendo las novedosas formas democráticas que se perfilaban), ha sido la corporativización del poder y la pérdida de independencia (organizativa e ideológica) de los sectores sociales que prefirieron medrar por cuotas de poder en el aparato del Estado. Así, perdieron toda oportunidad para ser el contrapeso indispensable que controle los excesos de poder y el gobierno (así como sus desvaríos y tentaciones autoritarias y prorroguistas). Tampoco pudieron exigir el cumplimiento de aquella agenda nacional que estaba orientada a construir una nueva democracia y un nuevo Estado.

Por eso se puede sostener que los sectores oficialistas y el propio gobierno se han extraviado y persisten terca y obstinadamente, en el propósito de reelegir otra vez más (y muy a pesar de haber perdido un referéndum nacional que mayoritariamente decidió que no), nada menos que para “cumplir” y ejecutar una agenda salvajemente extractivista y desarrollista que se encuentra en la antípoda del mandato popular y Constitucional.

Tal es el extravío y la traición, que las propias megaobras, el incesante despilfarro de los recursos públicos, el salvaje extractivismo (incluida la quema, como el propósito de inundar grandes extensiones de bosques y biodiversidad), así como la incesante tarea de endeudar el país con el argumento de conseguir “inversiones” extranjeras; constituyen el mentís principal y la más grande prueba de que han hecho todo, menos cumplir aquello que manda la Constitución y ni siquiera las elementales y básicas tareas para garantizar derechos esenciales para la vida, como el agua para la gente.

A más de 10 años de gobierno, parece que aquella idea de construir una manera diferente de gestionar el Estado y la democracia, cuya lógica se empate con la construcción de un nuevo paradigma que se enfrente y resista al sistema capitalista; hubiese quedado en el pasado. Peor aún, queda(ría) demostrado que un verdadero “gobierno del pueblo” (demos=pueblo; kratos=gobierno), nunca puede constituirse como parte del aparato del Estado, porque se burocratizará, pervertirá y jerarquizará las decisiones que le competen a la comunidad y el mismo pueblo (tal como se puede apreciar de la actual gestión gubernamental). Que el poder corrompe si es que no está del lado del pueblo y en sus bases.

Es decir, que existe un correlato directo entre la forma de gobierno y el tipo de democracia que se ejerce, dependiendo de si el poder reside y permanece en el pueblo, o más bien es secuestrado por el Estado y el aparato de gobierno (aun cuando diga hacerlo a su nombre).

·         En el primer caso, cuando el poder y la capacidad de decisión residen en el pueblo, se sientan las bases y condiciones para horizontalizar el Estado, anulando la jerarquización burocrática que tiende a imponer intereses sectarios. En este caso, en la medida en que la sociedad y sus organizaciones sociales ejercen libre e independientemente la capacidad de participar y decidir, entonces cuentan y tienen las condiciones para constituirse en un verdadero contrapeso que evita y controla las tentaciones autoritarias y despóticas, al mismo tiempo de conservar su capacidad propositiva.

·         En el segundo caso, cuando el poder es absorbido en el Estado y el aparato de gobierno, naturalmente se tiende a reducir y coartar las libertades que constituyen la fuente de acumulación y secuestro del poder en manos de los grupos o sectores que se han hecho cargo (o han tomado) el gobierno. No es casual que todo proceso democrático en el marco del sistema capitalista, de manera natural, tenderá a desplazar unos sectores para catapultar y perfilar nuevos actores emergentes y nuevas élites. Se reconstituye el tejido social y se tiende a reproducir un nuevo ciclo de acumulación económica, con nuevos sectores beneficiados y la emergencia de nuevas élites dominantes. Bajo este régimen democrático (incluida la versión republicana y liberal que propugna la construcción del Estado de derecho, el fortalecimiento de la institucionalidad y la vigencia de los derechos humanos), se perpetúa el criterio de construir poder sobre la sociedad (por eso aparece como importante la institucionalidad o la independencia de poderes que “equilibren”), y no construir libertad y autodeterminación para devolverle al pueblo la capacidad de decisión y autogestión. En realidad y muy a pesar de que idílicamente se la quiera mostrar como un régimen perfecto de equilibrios por contrapeso, respeto a los derechos humanos, fortaleza institucional basada en el estado de derecho; finalmente mantiene aquella jerarquización tan útil para preservar las decisiones y el poder en manos de unos pocos (y con ella la corrupción y los males consiguientes del sistema).

Retornando a lo que ocurre en la realidad nacional y comprobada la distorsión y manoseo de un proceso que había despertado tantas esperanzas, como sacrificadas luchas sociales; la sociedad desencantada con los sectores sociales y el propio gobierno por su franca traición, ha ido construyendo innumerables colectivos, redes, plataformas, grupos de diverso propósito e interés, para hacer patente su presencia.

Desengañados y en muchos casos furiosos por el desempeño, la cooptación y el envilecimiento de los dirigentes, así como del caudillismo predominante que se lo entiende como uno de los peores males de las organizaciones y los sectores sociales, porque únicamente han servido de escalera para acomodarse y usufructuar del poder y el mando; diversos movimientos sociales se organizan (inclusive fugazmente), para infinidad de propósitos.

Una característica resaltante es su rechazo a la formalización, una institucionalidad forzada y la definición de jerarquías y “jefes”, para hacer prevalecer la horizontalidad, el respeto a la diferencia y el disenso y la voluntad para alcanzar objetivos concretos. Es como si existiera un escarmiento respecto de las institucionalidades organizativas, las jerarquías y los caciques.

Se trata de una potente como innumerable fuerza que se manifiesta periódicamente haciendo conocer su criterio en diversos campos, logrando coincidencias masivas en temas de interés nacional.

Así como no se puede hablar de una militancia (mucho menos permanente y continua, de acuerdo al modo clásico), destacan grupos y colectivos que se han dado a la tarea de resolver por propia iniciativa problemas que les atañen directamente, así como impulsar iniciativas comunitarias de autogestión que encaran la satisfacción de necesidades que el Estado o el aparato de gobierno y las instituciones competentes no realizan, ni cumplen.

Se trata de movimientos sociales que aunque su característica es la dispersión, al tener problemas comunes, sufrir la desatención del Estado, o formar parte de aquellos colectivos histórica y tradicionalmente excluidos y desamparados, suelen confluir en movilizaciones de mayor envergadura y establecer alianzas coyunturales.

Este germen, cada vez más influyente y masivo a medida que el gobierno y los sectores sociales afines van encapsulándose y pretendiendo retener el poder a cualquier costo, no expresan ni parecen tener ninguna afinidad con una alternativa democrática al estilo occidental, máxime si se extrapola lo sucedido con movimientos similares que decidieron lo que decidieron en EE.UU. Colombia, Inglaterra, etc. En todo caso, parece claro que aquella idea de una democracia idílica con Estado de derecho, institucionalidad, jerarquías y preservación del orden (conservador) constituido, etc., no parece ser parte de su imaginario y la forma de gobierno que quieren, aunque en el corto plazo tengan que volver a acudir a las urnas para elegir un nuevo gobierno. 

Notas[1] / Es ampliamente conocido que se trata de movilizaciones populares cuya envergadura y trascendencia implicaron, en el primer caso, la expulsión de una corporación transnacional que pretendía privatizar y apropiarse de un recurso vital como es el agua, así como anular el acceso, uso y ejercicio del derecho al agua que constituye un recurso esencial para la vida. Y en el segundo caso, agendar el proceso Constituyente, así como establecer el mandato de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos y las empresas estratégicas del país, que finalmente fueron instituidos en la Constitución Política del Estado. 

Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia. Noviembre 30 de 2016.

Fuente:  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220318

 

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¿Qué significa Todas Las Luchas, Una Lucha?
13 de febrero de 2017

Por Andrés Figueroa Cornejo (Rebelión

 

1. Desde sus orígenes (años 20 y 30 del siglo XX), la actualmente denominada ‘izquierda tradicional’ ha manifestado un comportamiento político institucionalista y electoralista. Esto es, por variables complejas (entre ellas, la enorme capacidad de adaptabilidad del régimen político dominante en Chile y su capacidad de integrar subordinadamente y tras sus intereses a la mayoría oprimida y sus representaciones político partidistas, como por elementos obreristas y propios del populismo político), la izquierda tradicional adoptó tempranamente la estrategia de modificar la realidad “por dentro y por arriba” del régimen político del Estado de la minoría opresora. Sus medios, al menos los proclamados de acuerdo a las diversas épocas del desenvolvimiento histórico del capitalismo, pasaron desde modelos ‘bolcheviques’ (huelga general + insurrección popular), hasta punch militares (“La República Socialista” de Grove y Matte Hurtado), los ‘frentes populares (o populistas)’, la radicalización de la democracia representativa, las reformas pro-populares básicamente redistributivas y la lucha antifascista durante la última dictadura cívico militar.

2. Amplias facciones de la llamada ‘izquierda tradicional chilena’ abrazaron la política de la conciliación de clases y supeditaron y recondujeron al movimiento popular y real tras proyectos ligadas a la modernización capitalista gradual, bajo el dogma de cierto marxismo económico, editado a conveniencia y secuestrado en sus potencias transformadoras, que planteaba una necesaria industrialización y crecimiento productivista como antesala a la creación de las fuerzas sociales potencialmente emancipadoras (el proletariado clásico), pero en la realidad, fueron sometidas por la dictadura del capital a cambio de prebendas eventuales y movilidad social para sus militantes a través de su conversión en empleados del Estado.

El pueblo trabajador y los pobres, como los pueblos indígenas y las franjas inestables de los sectores sociales medios, postergaron tanto su organización independiente respecto de los poderes establecidos, como su autonomía, autogestión, autodeterminación, autodefensa, su lucha e intereses históricos ante la promesa incumplida de las izquierdas tradicionales de la “creación de las condiciones materiales” para arribar por etapas al ‘socialismo’ a través de la lucha institucional.

Entre otras causas, lo anterior provocó, de arriba hacia abajo, de las direcciones partidarias a la militancia de base actuante en sindicatos, gremios, comunidades, graves confusiones políticas entre los oprimidos/as en general. Entre las más notables se encuentran la homologación de ‘mientras más Estado, más socialismo’; la liberación de las mayorías sometidas puede ofrecerse dentro de los marcos de la institucionalidad dominante (el parlamentarismo, e incluso mediante la conquista electoral del Ejecutivo); y la extraña convicción de que el partido militar del Estado o su alta oficialidad, eran respetuosas de la democracia representativa y constituían una fuerza coercitiva no política, ‘neutral’, ‘arbitral’, ajena a la lucha de clases. Como es de profuso conocimiento, semejante ideología axiomática (hija de una lectura miope de las relaciones de fuerza concretas y tutelada por las internacionales socialdemócrata y comunista, y luego por la “guerra fría”) fue destruida trágicamente en septiembre de 1973.

Por su parte, las fracciones de los pueblos organizados y conscientes de sus intereses, a modo de relámpagos históricos, procuraron desbordar la institucionalidad de la opresión mediante insubordinaciones y el uso de la acción directa contra el capital, sin éxitos perdurables. Así ocurrió con las regiones enfrentadas al centralismo metropolitano, como en los combates por sus derechos sociales, populares y humanos conculcados en los márgenes del campo y la ciudad. Al respecto, un momento en común fue y es cierta subestimación del enemigo y de la armadura de la opresión capitalista (que es local e imperialista) y la ausencia de pericia a la hora de establecer alianzas orgánicas con los llamados “sectores medios”. ¿Y qué son los denominados “sectores medios”? En la nomenclatura tradicional, anterior a la mundialización financiera de mediados de los 70 del siglo XX (ya caracterizada hace más de un siglo por Lenin), los “sectores medios” se confundían con la “pequeña burguesía”. Desde un comerciante hasta un profesional liberal o, aun, un obrero calificado de la gran minería del cobre, fueron tachados de “pequeñoburgueses”. En la actual fase que cursa el capitalismo, los comerciantes (o quienes controlan una fracción cada vez menor del momento del intercambio económico frente a la dominación del retailer o de la industria oligopólica y transnacional de la gran venta minorista) y los profesionales, forman parte del pueblo trabajador asalariado súper-explotado, y de grupos sociales auto-explotados y sujetos a los precios impuestos por el gran capital, el sistema bancario, la deuda, las bolsas. En el caso de los obreros calificados de la gran minería del cobre, por ejemplo, además de sufrir su disminución cuantitativa debido a la cuarta revolución industrial (inteligencia artificial o robótica), su fuerza de trabajo sólo aumenta en la forma del subcontrato y las relaciones laborales precarizadas. No vale la pena siquiera mencionar el incremento de la cesantía en el sector por la caída de la inversión y subsecuentemente de los precios de las materias primas a escala mundial y su impacto en el extractivismo minero, forestal, pesquero y agropecuario-alimentario, ejes del patrón exportador con pobre valor agregado que caracteriza a los países dependientes en relación a los grandes centros de acumulación capitalista. Vale indicar que Chile, por efecto de su historia y situación geo-económica y política, también es plataforma de distribución comercial y financiera (EEUU, China, UE) para parte de América Latina.

¿Qué se quiere decir? Que la recomposición del movimiento popular (o del movimiento real, o sea de todas aquellas fuerzas sociales de los oprimidos/as que en su devenir por la lucha de sus derechos sociales enfrentan los intereses de la minoría opresora y se constituyen en la promesa de la superación del orden dominante), entre sus tareas fundamentales cuenta la de incluir a esos llamados “sectores medios” en su interior. En este sentido, el arte revolucionario consiste en que el pueblo trabajador y los pobres hegemonicen en ese compuesto.

3. El carácter del movimiento real y popular en Chile, fundado en la razón práctica, en el ethos de los oprimidos/as (el aprender – haciendo o la praxis), es antifascista, antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal, ecosocialista, internacionalista, y su punto de llegada es el desmantelamiento y superación de las relaciones de producción y culturales, materiales y simbólicas de la reproducción del capital. Y si el capital se sostiene sobre la propiedad privada del gran capital, incluso más allá de la propiedad privada de sus medios de producción; en el trabajo asalariado y la súper-explotación de las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños y los ancianos; en la razón instrumental, desarrollista y objetivamente devastadora de la biodiversidad; en la apropiación enajenada de la fuerza de trabajo; en consecuencia, el desenvolvimiento concreto del movimiento de los pueblos es un proceso que se sintetiza en la ruina escalonada de la propiedad privada; en la debacle premeditada de toda relación de poder y de clase social (y del propio Estado como manifestación madura de esas mismas relaciones); en el fin de la asimetría estructural entre el centro y la periferia, entre las grandes ciudades y el campo; y en la libertad plena. Entonces el movimiento real y popular en Chile también tiene como horizonte de sentido el socialismo radical y la socialización de la vida.

Lo anterior puede resultar ‘teórico’ por efecto de los límites que supone un simple texto. Sin embargo, en otro momento, cobra superiores determinaciones en su devenir explicativo.

4. ¿Qué significa Todas Las Luchas, Una Lucha? Antes que todo, no significa la unión o unidad sin principios ni objetivos sociales y políticos claros. Arriba ya están esbozados (que no terminados, que se trata de un proceso). En Chile significa colaborar disciplinadamente con la articulación del conjunto de luchas por los derechos sociales que, hasta ahora, aparecen desintegradas, pero que tras los fenómenos particulares e incluso corporativos o de grupos de interés, son el resultado de una misma causa orgánica: el modo de producción capitalista. Esto es, los grupos de personas más organizados, solidarizan dinamizando la convergencia de las luchas sociales y populares realmente existentes. Los grupos de personas más organizados hoy pueden adquirir distintas formas (partidos, colectivos, agrupaciones, etc.), pero no pueden sustituir al movimiento real y popular por más balcanizado que se encuentre. Los/as comunes y oprimidos son los protagonistas de su propia liberación. La delegación representativa de su auto-emancipación sólo pospone y desplaza su rol fundamental. Por ello el calendario electoral impuesto por el régimen político dominante apenas comporta un accidente en su devenir. Más todavía cuando la crisis de representatividad de la democracia liberal hace agua por sus cuatro costados. Claro, la población está disconforme. Por más márquetin y afeites con los que se embadurne.

Pero semejante fenómeno no es obra de la ‘franca politización’ de la gente. Simplemente la depresión y recesión mundial golpea las costas de Chile y la inmensa mayoría de la sociedad vive peor que antes. De nuevo se enfrenta el dilema entre barbarie fascista versus humanidad y vida. En este sentido, lo que se aprendió es que el antifascismo es insuficiente para superar el capitalismo. Y si el capital concentrado como nunca antes tiende a decrecer en su tasa de ganancia, las contratendencias que emplea tienen directa relación con la hegemonía del momento financiero sobre la totalidad capitalista. En breve: no hay marcha atrás para el capital. Los procesos de acumulación capitalista se montan sobre sí mismos, se combinan asimétricamente, pero siempre existe una estrategia que predomina. Los llamados Estados de Bienestar (que en las sociedades dependientes, como la chilena, jamás se conocieron), donde aún existen, paulatina o violentamente se transforman en Estados que aplican políticas económicas de “austeridad fiscal” y “ajustes de los servicios sociales”. Así como no hay un “mal menor” (para los de abajo siempre ha sido el mismo mal), tampoco hay un “capitalismo con rostro humano”.

Por otro lado, la agenda de los grupos de personas más organizadas y que bregan por la superación del capitalismo, está condicionada por la densidad de la lucha de clases. No existen vanguardias auto-proclamadas. Pero eso no quiere decir que no es necesario que exista la iniciativa, la audacia y las tareas multidimensionales de los grupos de personas más organizadas. Lo cierto es que no pueden estar más “adelante” que las facciones de pueblos en lucha más conscientes de sus derechos arrebatados o por conquistar.

¿Que tomará tiempo; que la lucha de clases no tiene mi edad biológica y entonces me desespero; que los pueblos en Chile están en mejor pie de lucha que en los 90 pero menos que en los 80; que hay todo por hacer, aunque bastante que hemos aprendido de nuestros errores; que la izquierda tradicional y el poder y el imperialismo no duermen jamás; que cómo pasar del testimonio hasta ser uno y lo mismo con el movimiento real?

Por supuesto. ¿En la historia de Chile y de la humanidad hubo algo fácil para los/as insumisos, disidentes, rebeldes? ¿Alguna vez los/as oprimidos han vencido siquiera temporariamente sin luchar y sin la reunión virtuosa de sus luchas?  Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222875

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Luchas campesinas e indígenas en defensa de

la madre naturaleza y la vida frente a empresas trasnacionales

17 de febrero de 2017

 

Desde hace muchos años en Guatemala se vienen realizando luchas en defensa de la madre naturaleza y el territorio de los pueblos originarios. Actualmente esta tierra está siendo afectada por el impulso de monocultivos, hidroeléctricas y minería, impactando en la organización social de los pueblos y alterando nuestras formas de vida comunitaria. Por ello luchamos por la fundación del Estado plurinacional de los pueblos.

 

A inicios de 2016 el Gobierno del Frente deConvergencia Nacional (FCN)-Nación, presidido por Jimmy Morales Cabrera y Jafeth Cabrera Franco como vicepresidente, asumió el poder político del Estado tras la crisis político-institucional de 2015, dando continuidad a un Estado en el que existe una maquinaria política, ideológica y militar articulada para mantener el sometimiento de nuestros pueblos en el territorio de Guatemala. Así, apostando por una lógica de la economía totalmente mercantilizada, en la que las leyes se adecúan para facilitar el impulso de megaproyectos extractivistas de despojo de nuestros elementos naturales de vida, los Gobiernos han generado las condiciones para que las transnacionalespuedan explotar y saquear nuestros territorios, no importando los costos sociales, medioambientales y económicos.

 

Además, actualmente Guatemala tiene firmados varios tratados de libre comercio, con EEUU y la Unión Europea entre otros, lo que facilita la entrada de transnacionales con total libertad y la violación de derechos humanos. Así, el Estado ha propiciado las condiciones jurídicas a las transnacionales para patentar y registrar (incluso concesionando los derechos colectivos) los sistemas de tenencia de las tierras ancestrales, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, sin que estas tengan conocimiento al respecto.

 

Despojo extractivista en un modelo neo-autoritarista

 

En 2015 Guatemala tenía registradas un total de 342 licencias de exploración y explotación de minería vigentes y otras 552 en trámite. Una brutal situación ante la que las comunidades han desarrollado Consultas Comunitarias de Buena Fe, un mecanismo de defensa del territorio ancestral reconocido por el convenio 169 de la OIT, a través de las cuales han expresado su total rechazo a la imposición de estas concesiones mineras.

 

Se trata de luchas justas y legítimas, y de derechos ya reconocidos por las leyes del país a través de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, o la Declaración sobre Derechos Universales, entre otros. Siendo ilegal cada una de las licencias mineras otorgada violando el derecho de consulta a los pueblos indígenas.

 

En Retalhuleu la población de los municipios de El Asintal y Nuevo San Carlos está siendo gravemente afectada por la construcción de hidroeléctricas: “El Manantial”, propiedad Jack Irving Cohen Cohen; “La Libertad”, propiedad del Héctor Leal Pivaral; y “El Prado”, propiedad de Oscar Berger Perdomo (expresidente de Guatemala). Megaproyectos que en la práctica suponen la apropiación de los ríos Nil, Xab y Ayal, principales subcuencas de abastecimiento de agua para consumo y servicio humano, para la generación eléctrica; no generando ningún beneficio para las comunidades afectadas y provocando además pérdida de ecosistemas, biodiversidad y un inminente peligro de inundaciones.

 

En 2014 se realizó una primera denuncia por la degradación del agua, y en 2016 se consiguió que los viceministros de Energía y Minas y el MARN elaborasen un informe en el que se reconocen los daños ocasionados por la construcción de las hidroeléctricas, pero no se específica ninguna acción para revertirlos ni obliga a los propietarios a repararlos.

 

Paralelamente, la expansión de los monocultivos de caña de azúcar está afectando a esta región. Situación ante la cual 18 comunidades de Champerico especialmente damnificadas convocaron a los representantes de los ingenios azucareros para exponerles sus problemas e informarles de su firme decisión de no permitir la siembra de caña debido a que los pozos de agua de uso familiar se están secando, al deterioro de las tierras por el uso de agrotóxicos, el desperfecto de las carreteras y la aparición de enfermedades por la zafra.

 

Las comunidades muestran su compromiso por continuar su lucha por el respeto a la vida, los derechos humanos y la defensa del territorio, exigiendo al Estado la suspensión inmediata y definitiva de este tipo de megaproyectos en sus territorios. Sin embargo el Gobierno, en complicidad con las empresas, ha intensificado la criminalización, represión, judicialización y persecución contra una población que lucha por la defensa del territorio, los derechos humanos, el agua, los bosques, la biodiversidad y en definitiva, la vida.

 

Estos megaproyectos son implementados a través de una política de intimidación y criminalización contra los movimientos sociales y mediante el encubrimiento de las violaciones de los derechos de los pueblos. Política que se refleja en la remilitarización del país. Así por ejemplo, en la región de Ixquisis (San Mateo Ixtatan) las comunidades sufren un permanente hostigamiento por parte del Ejército, que bajo el pretexto de estar construyendo infraestructuras controla y amenaza a la población mediante disparos por la noche, la presencia de soldados en escuelas y carreteras, etc. A pesar de que según la Constitución su única función es vigilar las fronteras del país.

 

A esta conflictiva situación hay que sumar la criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos mediante procesos planificados de acusación y persecución judicial. Esta estrategia ha provocado centenares de órdenes de captura y procesos penales contra líderes y lideresas sociales y la existencia de presos políticos, todavía hoy en día en prisión. Se trata de batallas jurídicas pero también políticas que han generado una amplia y profunda solidaridad nacional e internacional hacia los pueblos de Guatemala.

 

Mención especial merece la lucha de las esposas de los líderes criminalizados. Como ellas dicen “siempre hemos estado a la par de nuestros esposos, ahora estamos en su defensa”. Así, estas mujeres se han convertido en defensoras de la vida al mismo tiempo que han tenido que resolver su alimentación y la de sus hijos e hijas.

 

El Estado plurinacional como alternativa

 

Además de las acciones de resistencia ya mencionadas hay que destacar la propuesta integral construida por los pueblos mayas en Guatemala articulada en la construcción de un Estado plurinacional que no solo reconozca que coexistimos varias nacionalidades con derecho a nuestras propias culturas, cosmovisiones, espiritualidad y por la reconstitución de nuestros territorios; sino que se convierta en un ejercicio de autodeterminación política, económica, jurídica, espiritual, cultural, etc. Un proceso emancipatorio de los pueblos para avanzar hacia el buen vivir. Todo ello en un contexto de severa crisis socioambiental que ha desencadenado una pérdida irreversible de la biodiversidad que nuestros ancestros han cuidado
a lo largo generaciones.

 

La fundación de un Estado plurinacional está basada en las demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de Iximulew, que abordan siete puntos importantes:

  • Derecho al territorio y derechos de la Madre Tierra: reconocer a la madre tierra como sujeta de derechos, tiene vida y da vida, que no debe ser violentada, ni saqueada.

  • Derecho a la libre determinación, autonomía y fundación del Estado Plurinacional, con respeto a las diferentes nacionalidades que convivimos en esta madre tierra.

  • Desarrollo del sistema jurídico de los pueblos indígenas y construcción del pluralismo, tomando en cuenta los diversos sistemas jurídicos, así mismo la aplicación de justicia.

  • Ejercicio pleno de todos nuestros derechos, ya que mientras haya una transición del Estado actual a un Estado plurinacional, todas y todos tenemos derechos al acceso de los servicios del Estado actual.

  • Un Estado con una visión desmercantilizada y que apueste por una economía para la vida, para un desarrollo real de los pueblos de Iximulew.

Fortalecimiento de nuestras culturas, cosmovisiones e identidades como pueblos indígenas, reconociendo el derecho a tener nuestras propias formas de ver la vida y la espiritualidad para la reconstitución del ser originario de nuestros pueblos.

Ceiba, Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad. Guatemala. @AsociacionCEIBA.
Artículo publicado en el 
nro 72 de Pueblos – Revista de Información y Debate, cuarto trimestre de 2016
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