Qué Economía

Marzo 2017

Sin objetivos de lucro oligopólico devastando buenos vivires abajo.

 

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Consideremos cómo el gobierno progresista de Cristina Fernández de Kirchner privilegió el lucro de transnacionales por sobre necesidades e intereses de la diversidad de abajo:

 

 

La “Ley Chevron”
16 de febrero de 2015

Por Luciano Cornelli / sendasargentinas.wordpress.com/

En Noviembre pasado se sancionó la nueva Ley de Hidrocarburos que impulsó el kirchnerismo con el objetivo de atraer inversiones para la explotación y producción de petróleo y gas a fin de suplir la falta de divisas, así como también lograr el autoabastecimiento energético y dejar de importar gas parar equilibrar la balanza comercial.  Los partidos políticos de centro derecha/derecha (PRO, Frente Renovador, UCR, etc) votaron en contra de la Ley, discutiéndole al kirchnerismo un punto porcentual más o menos. En lo esencial, que es favorecer al capital extranjero, ambos sectores están de acuerdo.  

La implementación de la Ley es una de las entregas de recursos naturales más grandes de las últimas décadas,  las multinacionales tendrán libre disponibilidad de lo producido y  grandes beneficios impositivos. Los artículos más importantes establecen que: se reducen los requisitos de inversión para las empresas (se pasa de 1000 millones a 250 millones); se limita el tope del 12% de regalías (derecho que se debe pagar para explotar el recurso natural) a empresas concesionarias; el Estado renuncia al control de la actividad y se excluye de la posibilidad de explotación y exploración. Por último, la Ley no establece ninguna regulación ambiental, esto significa vía libre para la explotación de los recursos a través del fracking(fractura hidráulica), metodología extractiva que genera gravísimas consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente. 

Es evidente que estamos ante una Ley hecha a la medida de las multinacionales como la estadounidense Chevron, permitiéndoles la extracción de nuestros recursos con poca inversión y generando ganancias extraordinarias gracias a los beneficios impositivos que les otorga el Estado Nacional. En este sentido hay que entender el acuerdo firmado en Julio del 2013 entre YPF y Chevron, en el que la empresa pasó a tener el derecho de explotar petróleo a través del fracking en un área de Vaca Muerta, Neuquén. Con la implementación de la Ley de Hidrocarburos se le termina de dar el marco legal a la política del gobierno nacional de favorecer los negocios y las inversiones de las empresas multinacionales en la explotación de los yacimientos.

Fuente: http://www.juventudguevarista.com.ar/la-ley-chevron/

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La ley del más fuerte
19 de noviembre de 2014

 

Un informe de Darío Aranda sobre leyes clave del modelo extractivo que están forzando las corporaciones a sancionar antes de fin de año.

 

Vaca Muerta, en Neuquén, es publicitada como una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales. Con la cuestionada técnica de la fractura hidráulica (“fracking”).

El 15 de julio de 2013 el Gobierno CFK publicó en el Boletín Oficial el Decreto 929/2013 de “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”. Estableció beneficios de exportaciones para las empresas con proyectos de más de 1000 millones de dólares y beneficios a partir del quinto año de la ejecución de sus proyectos de inversión del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20 por ciento de la producción de hidrocarburos y, de ese 20 por ciento, “libre disponibilidad del cien por ciento de las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos”.

Al día siguiente, el 16 de julio el Gobierno firmó un acuerdo con Chevron para explotar yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. Según lo difundido por YPF y la agencia oficial Telam, implica una inversión de 1240 millones de dólares en los próximos cinco años.

Publicitado por el Gobierno como un acuerdo importante hacia la “soberanía energética” y que podría marcar un quiebre en la situación energética del país, el contrato no fue público.

El acuerdo firmado entre Chevron e YPF debía contar con un voto positivo de Neuquén. El 28 de agosto de 2013 la legislatura de Neuquén trataría el acuerdo entre el gobierno provincial e YPF. También implicaba, de manera directa, darle la última luz verde a Chevron para explotar Vaca Muerta.

Una masiva movilización comenzó en la mañana del 28. Organizaciones sociales, partidos de izquierda, sindicatos, estudiantes y comunidades mapuches, entre otros. La Legislatura lucía repleta de policías y, en lo alto de la barda, militantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), desafiantes.

Un grupo de manifestantes derribó vallas. Excusa perfecto para que la policía entre en acción. Gases lacrimógenos y balas de goma. “Acá hay niños, mujeres con sus bebés, abuelos. Reprimieron a todos. Es culpa de la policía y los gobernantes. No pasaba nada, estaba tranquilo y reprimieron. Reprimen, no dan la cara, solo les importa los derechos humanos cuando están las urnas”, denunció Inés Ragni, de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, presente en la marcha.

Comenzó lo que duraría más de cinco horas. Los manifestantes se replegaban y volvían a acercarse a la Legislatura. La policía volvía a tirar gases y balas de goma.

Por la tarde, cuando aún se mantenía la represión, la mayoría del Movimiento Popular Neuquino y el Frente para la Victoria aprobaron el pacto entre Provincia e YPF.

 

Chevron, Chevron qué grande sos

“Necesitamos muchos chevrones”. Afirmó en público, y reiteradas veces, el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Y gestó un proyecto de ley de hidrocarburos en ese sentido, consensuado con los gobernadores de las provincias con petróleo (Ofephi, Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).

Fue aprobada el 30 de octubre a la madrugada. Con 130 votos a favor y 116 en contra. En línea con el “decreto Chevron” (929), otorga numerosos beneficios a las empresa.

 

·         Y es muy escaso e impreciso en lo referido a las normas ambientales. “Aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de desarrollar una actividad con un adecuado cuidado del ambiente”, señala la ley en una suerte de gesto de buena voluntad. No precisa normas mínimas de protección ambiental ni mucho menos del principio precautorio vigente en la Ley Nacional del Ambiente.

Otro aspecto muy criticado es la nula participación del resto de las provincias (las no petroleras) y de las organizaciones de la sociedad civil. Una ley nacional de enorme trascendencia y discutida y decidida sólo por un puñado de gobernadores y funcionarios nacionales.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, definió a la flamante norma como “una ley a medida de las multinacionales”, recordó que el derecho a la consulta (a los pueblos indígenas) está vigente en el marco normativo argentino desde hace veinte años, y sin embargo la nueva ley petrolera no lo tuvo en cuenta. Alertó que impugnarán la norma en tribunales locales e internacionales y seguirán dando las lucha en los territorios.

 

Otra vez sopa

La ley de hidrocarburos fija como lugar de resolución de conflictos los tribunales extranjeros. Nueva York y París. El Gobierno es muy crítico respecto a los “fondos buitre”, donde un juez de Nueva York decide sobre acciones y hechos de Argentina. Suele atribuir ese pecado a los Gobiernos que le precedieron (y tiene razón), pero repite esa práctica con las petroleras, sector empresario con frondosos antecedentes de contaminación y violación de contratos.

 

“Con la nueva ley se pretende cumplir con los requerimientos de las petroleras transnacionales, fijando beneficios económicos para bajar costos y garantizar una mayor rentabilidad en la explotación de hidrocarburos no convencionales, offshore y cuencas de frontera, con la falsa promesa de que esto permitirá al país salir del atolladero energético”, afirmó la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén (espacio donde confluyen organizaciones sociales, ambientales, indígenas, sindicales y políticas) y alertó que el nuevo marco jurídico “permite la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y una muerte segura para las comunidades que habitamos dentro del territorio”.

 

La Multisectorial acusó a Nación y provincias de no buscar el bien común sino “sólo discutir quién se queda con el negocio que les permita la continuidad de la política doméstica”, lamentaron que no se discuta sobre la necesaria diversificación de la matriz energética y dejaron una advertencia: “La crisis actual (económica, financiera y energética) no se salda siendo más flexible con las transnacionales”.

Enrique Martínez, ex presidente del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y parte del Movimiento Evita, fue una de las pocas voces que –desde el kirchnerismo– cuestionó la ley. Llamó a no confundir abastecimiento con soberanía. “La actual reforma de la ley refuerza el camino de canjear soberanía con petróleo, con una fuerza inusitada para los tiempos del mundo en que vivimos. Permite reducir las regalías a valores impensados del cinco por ciento, cuando la tendencia mundial es la inversa, permite disponer de volúmenes importantes de producto para la exportación directa y hasta impide que el Estado en cualquiera de sus formas de participación se reserve futuras zonas. No es el camino”, lamentó.

 

La nueva ley va en línea con la política menemista, busca soluciones de la mano de las mismas empresas que ocasionaron la crisis energética y todo lo ejecuta bajo el paraguas de dos palabras: “Soberanía energética”.

 

Lo que viene

El 28 de octubre se realizó en el edificio anexo del Congreso Nacional una audiencia pública sobre las escuelas rurales fumigadas de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Córdoba, entre otras provincias. Una treintena de maestros, trabajadores y familias de niños afectados dieron testimonios. Exigieron una zona de resguardo para proteger la salud de niños y trabajadores de la educación. En ese mismo momento, sin anuncio público, la Comisión de Agricultura y de Comercio daba luz a un nuevo proyecto de ley de agroquímicos y lo dejo listo para ser votado en el recinto.

Fue presentada por el diputado formoseño Luis Basterra. No establece ningún límite para fumigaciones, no menciona el principio precautorio ni tiene en cuenta las decenas de estudios que dan cuenta de las consecuencias de las fumigaciones. El proyecto de ley modifica reglamentación actual que permite prohibir o recategorizar agroquímicos. El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció que el proyecto es regresivo y viola leyes nacionales.

El dictamen fue firmado por 18 diputados. Entre otros, Mayra Mendoza (La Cámpora) y Miguel del Sel (Pro). Sectores políticos enfrentados, pero unidos por los agroquímicos.

Las organizaciones sociales, ambientales y campesinas también están en alerta por una nueva ley de semillas, llamada “ley Monsanto”, que desde 2012 impulsan las grandes empresas del sector y el Ministerio de Agricultura. De aprobarse, será otra de las leyes en beneficio de las corporaciones.

Fuente: http://www.lavaca.org/notas/la-ley-del-mas-fuerte/

 

 

Veamos qué implica la entrega a Chevron y otros capitales imperialistas y porqué enfocarla como impunidad a erradicar. Desertifica y destruye la soberanía alimentaria por conferirle al fracking “una relevancia que excede el plano energético y que se construye sobre la base de desestimar no sólo las críticas socioambientales sino también las advertencias respecto al corto horizonte productivo de estos yacimientos -dada la fuerte caída que sufren los pozos a poco de entrar en producción– y sus costos de extracción”.

 

 

Un iceberg llamado Vaca Muerta

2 de diciembre de 2016

 Por Hernán Scandizzo (OPSur)

 

Se suele usar Vaca Muerta como sinónimo de Añelo, pero los límites van mucho más allá de la localidad neuquina que se ha transformado en la capital de los hidrocarburos no convencionales. Se suele pensar en fracking cuando se menciona Vaca Muerta, pero es mucho más que eso. Allí radica su carácter extremo.

Vaca Muerta es el único proyecto de explotación masiva de gas y petróleo de lutitas que ha alcanzado un desarrollo comercial por fuera de Estados Unidos y Canadá. Enclavado en el norte de la Patagonia argentina, su puesta en marcha despertó la movilización en contra de la fracturación hidráulica, dados los impactos ambientales asociados a esta técnica. Sin embargo, los procesos de transformación del territorio que desencadenan en una vasta región, exceden las problemáticas ligadas a la contaminación del aire, agua y suelo -y sus dimensiones sociales, culturales, sanitarias y económicas. Esto hace necesario extender la mirada para poder mensurar la intensidad del boom del fracking.

La explotación masiva de yacimientos no convencionales irrumpió en Argentina a principios de esta década1 en un escenario dominado por la caída en la extracción de gas y petróleo y de creciente importación de combustibles.2 El gobierno nacional, entonces encabezado por Cristina Fernández, y la compañía YPF, todavía controlada por la española Repsol3, los presentaron como única alternativa para el país ante la crisis energética. Desde entonces la formación de lutitas4 Vaca Muerta ocupa un lugar central en los relatos de la saga Argentina potencia, desplazando al monocultivo de soja transgénica.

“Según las estimaciones realizadas, las reservas comprobadas en el yacimiento de Vaca Muerta, sumadas a las correspondientes a las cuencas de San Jorge y Austral Magallanes, son del orden de 27.000 millones de barriles de petróleo y 802 TCF (trillón5 de pies cúbicos) de gas, correspondiéndole más del 80% a Vaca Muerta”6, destaca el tercer avance de los Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta, elaborado por el gobierno nacional y equipos técnicos de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública.7 Esto equivaldría a “más de 6 veces las reservas de petróleo explotable en forma convencional y, en el caso del shale gas, más de 27 veces las reservas de gas explotables en forma convencional”, subraya. “De darse las condiciones necesarias y cumplirse las hipótesis indicadas, esta cuantía implicaría no solo alcanzar el autoabastecimiento, sino que la Argentina se convierta en un país exportador y formador de precios”, concluye el documento publicado en febrero de 2016.

En pocas líneas Estudios Estratégicos pasa de las certeras reservas comprobadas a las hipótesis indicadas, sin embargo mantiene un tono propio de cartilla de promoción. “El boom agrícola y ganadero que comenzó a fines del siglo XIX ocupó geográficamente un área mucho más extensa y duró muchos años, pero no tuvo la magnitud que el fenómeno del shale podría presentar. A su vez, el proceso de industrialización de mediados de siglo XX tampoco es comparable, ni por concentración geográfica ni por explosividad inicial [de Vaca Muerta]”.8 Este breve pasaje expresa claramente el lugar que desde el Estado se le adjudica al desarrollo masivo de no convencionales.

A un lustro de los primeros anuncios, tanto desde la Casa Rosada, que ahora aloja al empresario Mauricio Macri, como desde los gobiernos provinciales, se mantiene la apuesta,9 más allá de que la caída global del precio del crudo en 2014 haya puesto paños fríos a la fiebre inicial. En los últimos cinco años Vaca Muerta dejó de ser una formación de lutitas de 30.000 km2 y se transformó en una Región que abarca porciones disímiles de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, y también genera condiciones para la explotación de gas y crudo de arenas compactas. Una relevancia que excede el plano energético y que se construye sobre la base de desestimar no sólo las críticas socioambientales10 sino también las advertencias respecto al corto horizonte productivo de estos yacimientos -dada la fuerte caída que sufren los pozos a poco de entrar enproducción– y sus costos de extracción. 11

Enroque geológico

Con Vaca Muerta el subsuelo emergió desde las entrañas de la Tierra, desplazó lo existente -pueblos, culturas, economías, vidas-, se convirtió en la nueva superficie y el paisaje se valora en barriles equivalentes de petróleo. Lo anterior es prehistoria. En el caso de Neuquén fueron condenados al silencio los informes oficiales que documentaban los avanzados procesos de degradación de suelos y aguas derivados de casi un siglo de extracción de hidrocarburos.12 Uno de aquellos estudios, realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2010, alertaba que esa situación podía condicionar seriamente el desarrollo agroindustrial,13 que desde mediados de la década de 1990 es presentado como el eje de diferentes planes provinciales de diversificación de la matriz productiva.

En este contexto de enroque geológico los pequeños productores y las economías campesinas e indígenas se debaten entre la resistencia, para conservar la tenencia de la tierra/territorio y formas de vida y producción, y la negociación con la esperanza de participar de la abundancia propagandizada o por lo menos recibir algún tipo de rédito ante un avance que parece ineluctable.14 Lo mismo ocurre con las expectativas laborales, los altos sueldos que se pagan en el petróleo relegan el interés de los trabajadores por las actividades agropecuarias. Sin embargo, tanto las autoridades de Neuquén como de Río Negro15 sostienen que es posible la convivencia entre la actividad productiva y la extractiva, a pesar, también, de los incendios de pozos, derrames y otros episodios registrados en zonas de chacras.16

Diego Rodil, técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sostuvo que “la incompatibilidad de actividades se visualiza en la pérdida creciente de suelo productivo y el incremento de montes abandonados, riesgos sanitarios en la fruta por contaminación lumínica, fragmentación del espacio productivo que dificultan los controles sanitarios en bloque (…) y complejiza el mantenimiento del sistema de riego (…); además de riesgos elevados de contaminación de napas y aguas superficiales”. También advirtió que “los estándares de exportación pueden cambiar y ser rechazada la fruta en un futuro17”. “Desde la lógica capitalista de libre mercado, la renta de la tierra para la extracción de hidrocarburos es muy superior al valor para la práctica agropecuaria. En esta ecuación no se tiene en cuenta el costo que representa la pérdida de suelo productivo sistematizado y dotado de infraestructura, la pérdida de capital social que también llevó años construir, y los puestos de trabajos que se pierden”, subrayó. Tales afirmaciones las hizo en el artículo Avance de la frontera hidrocarburífera sobre suelo productivo. Estación Fernández Oro, Alto Valle del Río Negro, que pretendía presentar en las VII Jornadas de Economía Ecológica de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica, realizadas en Neuquén en noviembre de 2015. Sin embargo, a pesar de que su trabajo había sido aceptado por el comité organizador, el INTA no autorizó su intervención.

La creciente demanda de suelo urbano, por el proceso de metropolización que vive el Alto Valle del río Negro y Neuquén, también genera un fuerte avance en zonas de chacras, donde florecen loteos y los montes frutales son reemplazados por metros cuadrados de cemento. Si bien esta tendencia es anterior al boom de los no convencionales, la construcción de Vaca Muerta como tierra de la abundancia aceleró el proceso. Según el informe Estudios Estratégicos, entre 2009 y 2013 se perdieron alrededor de 2.300 hectáreas en el Alto Valle del río Negro y Confluencia. “Sin contar las que se puedan haber perdido entre 2013 y 2015, se estima que se perderán otras 2.440 hectáreas productivas aproximadamente sólo para urbanizaciones requeridas por el crecimiento poblacional”. Si el sector hidrocarburífero recuperara el nivel de actividad previo a la caída del precio del barril de crudo, en un período no menor a cinco años, se incrementaría la población de la Región Metropolitana del Valle y la Confluencia en 200 mil habitantes, ascendiendo a un millón de habitantes, según estimaciones oficiales. Por ejemplo Añelo, ciudad que hace las veces de plataforma de operaciones de Vaca Muerta, pasó de tener 2500 habitantes en 2010 a 6 mil en 2014, tras el boom, y de haber un nuevo despegue, ascendería a 41 mil en poco más de un lustro, de acuerdo a las estadísticas publicadas en Estudios Estratégicos.

En este punto cabe destacar que si bien la planificación oficial problematiza la pérdida de suelo productivo como consecuencia de la extensión de las urbanizaciones, no hace lo mismo con la apertura de locaciones -que reemplaza la capa fértil con una compactación calcárea de 40 a 50 cm- y las infraestructuras requeridas por proyectos petroleros y gasíferos.

Sinergias extractivistas

La explotación masiva de formaciones de lutitas y arenas compactas lleva implícita la ampliación de las fronteras geográfica y tecnológica, pero también, como consecuencia del despliegue de infraestructura y logística que demanda, genera las condiciones para la puesta en marcha de otros emprendimientos. Al respecto, desde el gobierno nacional y las agencias provinciales que participan en la planificación estratégica de la Región Vaca Muerta se especula con que por sinergia se reactive el proyecto de extracción de potasio en el sur de Mendoza, que en 2013 suspendió la minera brasilera Vale18, y se ponga en marcha la construcción del complejo hidroeléctrico Chihuidos, que significaría no sólo generar electricidad sino también tener control sobre las aguas del río -sea para habilitar nuevas zonas bajo riego, evitar crecidas o garantizar el suministro al sector hidrocarburífero.19

En tanto desde el sector empresario, Dow Chemical señaló que un incremento en la oferta de gas, a partir del desarrollo masivo de los yacimientos de la cuenca Neuquina, generaría las condiciones para ampliar sus instalaciones en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires.20 Cabe destacar que la compañía norteamericana se asoció con YPF en 2013 para desarrollar de manera conjunta el área El Orejano, en Neuquén, y asegurarse la provisión de gas para su planta de PBB Polisur21. A fines de la década de 1990 ambas firmas, junto a Petrobras, pusieron en marcha la compañía Mega SA , para abastecer con gas del yacimiento Loma La Lata sus plantas del sur bonaerense.

La onda expansiva de Vaca Muerta es mucho mayor, si se toma en cuenta, por ejemplo, la extracción de arenas silíceas en Dolavon (Chubut), y Aldea Brasilera y Gualeguay (Entre Ríos). Estas arenas son inyectadas durante el proceso de fracturación hidráulica y funcionan como sostén, es decir, mantienen abiertas las grietas producidas en las rocas para permitir el flujo de gas y petróleo. Según estudios realizados por el National Institute for Occupational Safety and Health de EE.UU., quienes están expuestos al polvo de sílice, como los trabajadores de las locaciones petroleras, corren el riesgo de desarrollar silicosis, una enfermedad pulmonar incurable.22 A pesar de ello, 20 camiones diarios salen de Dolavon con su carga que tiene como destino final Añelo.23 En tanto en Entre Ríos, donde existen más de 40 municipios declarados libres de fracking, asambleas socioambientales cuestionaron en octubre que las autoridades impulsen la extracción en canteras de Gualeguay. Hacia mediados de 2015 desde esa provincia se cubría la mitad de la demanda de arena de YPF.24

Si bien hasta el momento las obras ejecutadas en la Región Vaca Muerta se relacionan con la mejora y ampliación rutas y la simplificación de los procesos de importación y exportación de insumos y bienes de capital, está en carpeta la recuperación y extensión de tendidos ferroviarios, construcción de acueductos y redes de suministro de gas y electricidad. “Entre los proyectos que comienzan a estar en gestión figura la prolongación del ramal desde Barda del Medio hasta Añelo, en donde se instalaría una planta de clasificación y despacho de arenas provenientes de Dolavon, en Chubut. Se encuentran en suspenso la construcción de un nuevo ramal desde Chichinales hasta Rincón de los Sauces, como parte del proyecto minero del potasio, y el histórico proyecto de prolongar la línea desde Zapala hasta Pino Hachado y articularla con los ferrocarriles chilenos para dar acceso ferroviario a los puertos del Pacífico”, enumera el informe publicado por el gobierno nacional.25

Justamente una de las claves para “sinergizar las infraestructuras, empresas instaladas y dotación que quede en la RVM [Región Vaca Muerta] para direccionar servicios al golfo de San Jorge”, como plantea la Subsecretaría de Planificación Territorial, son los corredores ferroviarios. No solo se proyecta un tendido que agilice el transporte de arenas entre Dolavon y Añelo26, sino ir más allá y comunicar ambas cuencas, lo que “vertebraría una integración operativo/productiva”27. Por otra parte, Vaca Muerta reactualiza el interés de las autoridades por los corredores bioceánicos impulsados en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)28 y el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento. Esto no sólo se manifiesta en la mejora de pasos fronterizos en la Patagonia norte y extensión de redes viales y ferroviarias -como el tren a Chile-, sino también en la creación de nuevas aduanas que apuntan, en principio, a facilitar la importación de insumos29, pero que también funcionan en sentido inverso. Si para Vaca Muerta el Pacífico siempre estuvo cerca, el proyecto es que esté aún más cerca.

El fracking asoma como la punta de un iceberg llamado Vaca Muerta cuya deriva puede transformar profundamente el territorio, aún más de lo que está a la vista con los riesgos de contaminación de agua, aire y suelo asociados a la técnica, o la pérdida de tierras productivas. Una de las condiciones para garantizar la explotación masiva de yacimientos no convencionales es la construcción de corredores de infraestructura que optimicen la circulación de insumos, maquinarias, personas, etc., lo que se traduce en reducción de costos de producción y acorta la distancia-tiempo con los mercados globales.30 Esas condiciones no sólo hacen a la viabilidad de la extracción de hidrocarburos, sino también a la de proyectos mineros o la producción agroindustrial en gran escala. Del cuello de Vaca Muerta cuelga una campana, su tañido convoca a otros proyectos extractivos.

Notas

1 Si bien para 2006 en la provincia de Neuquén se habían perforado 40 pozos en arenas compactas y dos en lutitas, recién en 2012 se produjo el despegue, hasta llegar a los más de 1150 pozos no convencionales en producción actuales. Estadísticas de Ministerio de Energía de Neuquén hasta agosto 2016 .

2 Los combustibles fósiles constituyen alrededor del 90% de las fuentes de energías primarias del país, en 1998 se registró el pico de extracción de crudo y en 2004 el de gas, desde entonces los niveles convencionales descendieron .

3 En mayo de 2012 el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de YPF, que se encontraban en poder de Repsol. Dos años más tarde se cerró el proceso al acordar las partes el monto de la indemnización.

4 Utilizamos alternativamente lutitas y shale.

5 Según denominación norteamericana.

6 Cabe señalar que el avance y planificación pública de los no convencionales es traccionado a nivel internacional por la Agencia de Información Energética de EEUU y que las estimaciones, tasas de retorno y rentabilidad de formaciones shale son cuestionadas. Por ejemplo, la agencia oficial polaca de Energía, redujo su potencial de shale gas a una décima parte de lo que había hipotetizado su par norteamericana; un hecho que, sumado a la baja productividad de los pozos y a la resistencia social, hizo abortar proyectos de grandes empresas como Chevron (Boletín EJES Nro. 4. Inflar hasta que explote: sobreestimación de recursos ).

7 Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación (2016). E studios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta. Plan Estratégico Territorial. Avance III , pp. 123-124.

8 Subsecretaría de Planificación, 2016: 124 .

9 La cotización interna del barril de crudo por encima de los valores internacionales, así como el incremento del precio del gas en boca de pozo y de los combustibles en el surtidor expresan la decisión de seguir apostando por los no convencionales.

10 Las advertencias sobre los impactos de la técnica en el ambiente y salud de la población fueron desestimadas por las autoridades provinciales y nacionales, que hicieron suyos los argumentos de las empresas petroleras y de servicios, caricaturizaron las críticas y catalogaron de terrorismo ambiental a la militancia de los opositores. Ver Pechen pidió educar en contra del “terrorismo ambiental” (Río Negro, 14/12/2013) y Sapag pidió “no generar terrorismo ambiental” (La Mañana Neuquén, 21/03/2014).

11 A partir de la experiencia norteamericana, Post Carbon Institute concluyó que la curva de declive productivo de los pozos no convencionales se reduce a más de la mitad luego del segundo año (Boletín EJES 4/2016, Recursos no convencionales y el problema de su corto horizonte ). Por otra parte, norteamericana Exxon anunció a fines de octubre que “podría reducir sus reservas de tres mil 600 millones de barriles en el sitio de Kearl [arenas bituminosas en Canadá] y de mil millones en otros lugares en América del Norte, es decir 19 por ciento de sus reservas totales”, si concluyera que los costos financieros tornan inviables esos proyectos ( El Diario, 28/10/2016 ).

12 Programa Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (2010). El riesgo de desastres en la planificación del territorio: primer avance. Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial. 1ra Edición. Buenos Aires
 

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2016/11/17/un-iceberg-llamado-vaca-muerta/

 

 

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, enfocar el progreso del capitalismo (es decir, percibir la ininterrumpida acumulación oligopólica desde los setenta hasta hoy) si procuramos enfrentar el ataque a los trabajadores, campesinos e indígenas y resolver nuestros problemas fundamentales en común. 

 

 

Partamos de:

Argentina - Vaca Muerta: construcción de una estrategia

6 de diciembre de 2016

 

A través de tres artículos buscamos discutir en profundidad las políticas públicas que posibilitaron el desarrollo de Vaca Muerta. Revisamos el rol de las empresas estatales y cómo el kirchnerismo utilizó como "estado empresario" a YPF. Y también analizamos el eterno discurso de la diversificación productiva de Neuquén, que siempre queda trunco por la prioridad que tiene la actividad hidrocarburífera en la región.

Autores: Diego Pérez Roig, Hernán Scandizzo y Diego di Risio

En los últimos 150 años la población mundial se multiplicó por cinco, mientras que, gracias al uso de combustibles fósiles, el consumo de energía se multiplicó casi por 50. Para mantener el standard mínimo de consumo que se ha instalado, el desarrollo de la sociedad moderna se sostiene en un modelo de uso intensivo de energía.

A pesar del contexto global de emergencia y agotamiento de fuentes y sumideros, la imagen de progreso sigue anudada a la idea de un consumo creciente de energía. En ese sentido, en nuestro país una fuerte campaña de distintas dimensiones, instalada principalmente través de los medios, propone la idea de Vaca Muerta como la salvación nacional en tanto futuro, progreso y…¿felicidad?

En Argentina, la agenda energética gira en torno a la pérdida del autoabastecimiento, los impactos sobre la balanza de pagos, la recuperación de YPF y los subsidios, sin embargo, estas temáticas ocultan otra agenda más compleja.

Los autores de esta publicación asumen que la energía no es sólo un concepto físico, sino que también reúne aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. Además, tiene una relación intrínseca con derechos adquiridos que se ven afectados y violentados por el modelo de extracción hidrocarburífera. A través de casos concretos se pone en evidencia que un sistema de producción de energía es un sistema de poder. ¿Energía para qué? ¿Para subsidiar un tipo de sociedad como la actual o como una herramienta para vivir mejor?

El aporte de este libro es sustancial no sólo por el profundo análisis que expone del fenómeno Vaca Muerta, sino por hacerlo mientras este proceso transcurre, alertando sobre sus consecuencias, aspirando a ahorrar dolores a nuestros pueblos y esbozando alternativas.

Pablo Bertinat – Director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad (UTN FRRo) – Miembro de Taller Ecologista

Para acceder al libro (PDF) haga clic en el enlace a continuación y descargue el archivo:

Vaca Muerta. Construcción de una estrategia (1,63 MB)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_-_Vaca_Muerta_construccion_de_una_estrategia

Tengamos presente nuestros objetivos:“Creemos que «volver a darle el valor que tiene la energía en una sociedad y en el planeta» es crear cambios estratégicos que logren transiciones productivas y energéticas, políticas que busquen una sociedad pospetrolera sobre la base de la justicia socioambiental y energética. Sin estos cambios, estaremos reeditando y acentuando los viejos problemas de desigualdad, explotación y degradación ambiental”.

El gran pacto: diálogo de la imposición -

Ante el anuncio del acuerdo para explotar Vaca Muerta

13 de enero de 2017

 

"El anuncio público puso el moño a meses de negociaciones y modificaciones subterráneas donde, a la par de reducir costos laborales específicos para este tipo de proyectos, se incrementó la desregulación y la autonomía empresarial. Tanto los medios como los fines, como se detalla a continuación, comprenden un abordaje neoliberal y mercantil de la energía. En beneficio de unos pocos, se traslada el peso y costos a la mayoría de la sociedad y la naturaleza, como ya viene ocurriendo tanto con las áreas explotadas como con el tarifazo."

Tras declarar el 2017 como el año de las energías renovables, el presidente Mauricio Macri anunció en los primeros días de enero que, teniendo como meta de largo plazo exportar masivamente y traccionar la industria nacional, se llegó a un acuerdo macro para la explotación de Vaca Muerta y otros yacimientos no convencionales. El objetivo es brindar mayores condiciones de ‘competitividad’ al elefante dormido, gravemente afectado por la caída de los precios internacionales. El anuncio público puso el moño a meses de negociaciones y modificaciones subterráneas donde, a la par de reducir costos laborales específicos para este tipo de proyectos, se incrementó la desregulación y la autonomía empresarial. Tanto los medios como los fines, como se detalla a continuación, comprenden un abordaje neoliberal y mercantil de la energía. En beneficio de unos pocos, se traslada el peso y costos a la mayoría de la sociedad y la naturaleza, como ya viene ocurriendo tanto con las áreas explotadas como con el tarifazo.

“[Las campañas del ministro Aranguren] buscan decirles a todos: cuidemos, seamos solidarios, estemos juntos en esto, porque necesitamos realmente volver a darle el valor que tiene la energía en una sociedad y en el planeta.” Mauricio Macri, 10/01/2017

 

El primer acto público de Mauricio Macri al volver de vacaciones fue el postergado anuncio de un gran acuerdo de gobernabilidad para convertir, una vez más, a Vaca Muerta y otros no convencionales en un polo de exportación. En un proceso de “diálogo” y “construcción de equipo”, los actores citados (Nación, provincias, trabajadores, empresas) lograron un acuerdo que, en palabras de Macri, permitirá abastecer “al mundo” de energía, asentándose en una “revolución del empleo” donde habrá “decenas de miles y miles de familias que se van a mudar a la zona de desarrollo”. Todas las partes asumieron compromisos en pos de “generar confianza” y brindar garantías y “certidumbre a los inversores”. Para los “consumidores”, el presidente reclamó ahorrar “la mayor cantidad de energía posible porque es escasa, cara y contamina”. Aseguró que “tenemos que privilegiar usarla para desarrollarnos y minimizar nuestro consumo personal”. El hito “histórico” pretende ser un “punto de solución” al “quiebre de reglas, la no inversión, el derroche, la corrupción” y otras “vivezas criollas” del pasado.

Tales resultados no se plasman en un solo acuerdo, sino en una constelación de modificaciones que, a modo de lectura propia, hemos sistematizado en este documento.

Energía como derecho, planificación democrática para el bien común

Como organizaciones, manifestamos nuestro profundo rechazo al conjunto de medidas impulsadas para explotar Vaca Muerta y otros yacimientos no convencionales, y alertamos de las graves consecuencias que podría acarrear acentuar la escala e intensidad del megaproyecto, donde no se toman en cuenta los crecientes costos y baja productividad de los no convencionales ni el contexto de crisis climática acuciante.

En primer lugar, manifestamos que las medidas vertidas implican un mayor autogobierno y autonomía por parte de los ámbitos estatales y privados, que reduce la capacidad y acceso a la toma de decisiones y planificación de la vida por parte del conjunto de la sociedad. Los nuevos acuerdos firmados no han sido divulgados abiertamente y tenemos como alerta el éxito parcial obtenido en el acceso al contrato entre YPF y Chevron y los resultados encontrados. El llamado “proceso de diálogo” se centró en una cooperación y negociación a puerta cerrada de algunos actores, olvidando que, por las implicancias del megaproyecto, millones de personas estamos siendo afectadas.

Es así que, como segundo punto, tales medidas no han sido consultadas a las organizaciones sociales, las indígenas, las ambientales, otros sectores sindicales y la ciudadanía en general, que también tendrían mucho que decir de Vaca Muerta y otras formaciones no convencionales, incluído el creciente veto al desarrollo mismo. Cuando se elige este último camino, la respuesta muchas veces es la violencia institucional, represión de la protesta y judicialización de quienes se manifiestan.

Si bien se han perforado poco más de mil pozos de la decena de miles proyectadas, el camino emprendido por este tipo de iniciativas nos ha dejado un tendal de degradación ambiental en amplias zonas y ha generado daños concretos tanto en el presente como pasivos y reducción de caminos alternativos a futuro. Advertimos también sobre la flexibilización laboral y al enorme riesgo al que se somete a los trabajadores, primera línea de fuego de exposición a la fractura hidráulica y otras instancias de la cadena productiva, como la extracción misma de arenas. No nos cansaremos de decirlo: el fracking daña la reproducción misma de la vida y no existe un mecanismo que permita balancear los beneficios y costos que implica sobre el conjunto de la sociedad. A esta conclusión han llegado numerosas instituciones públicas y países, por lo que las acciones anunciadas por el ejecutivo no pueden pretender omisión.

En tercer lugar, en cuanto a usuarios y usuarias, (más que “consumidores”), la decisión de aumentar sideralmente las tarifas para garantizar pisos de rentabilidad y dar señales de precio atenta contra el acceso y ejercicio de derechos, donde se incluye la energía como elemento central. Pedir el ahorro en función de expandir la capacidad productiva no es “cuidar el planeta”, sino transferir el costo de acumulación del capital de un sector a otro. En un escenario de ajuste, las ingentes masas de subsidios públicos a las petroleras se incrementan, al tiempo que nuestras tarifas de servicios públicos se dolarizan y se atan a las variables más onerosas, conjunto de medidas que responden a políticas de manual de corte neoliberal. En la misma línea, es preocupante que se anuncien, una vez más, obras de infraestructura específicas financiadas por el ámbito público. Tales resultados se reflejarán como mayor eficiencia en los balances contables de las empresas antes que en la mejora concreta a la población en general.

En cuarto lugar, como detallamos abajo, la creación de consensos rápidos en torno a propuestas mesiánicas obedece a intereses particulares específicos, y no pueden ser extrapolables al conjunto de la sociedad como dice el presidente. A nuestro entender, la creciente fijación de inversión pública en proyectos hidrocarburíferos, la degradación ambiental inherente, el daño social y sanitario, la capacitación de trabajadores en la industria y otro sinnúmero de decisiones que apuntan a reforzar el poder de fuego extorsivo de las empresas, más que abrir espacios de posibilidad para la surgencia de bien común.

Por último, queremos resaltar que este tipo de ecuaciones y estrategias encuentran también eco en otras latitudes del continente. En México, revueltas populares con decenas de personas detenidas están buscando frenar el aumento del llamado ‘gasolinazo’. La lógica aplicada (dar señal de precios para estimular inversión extranjera) como medio para ‘liberar’ la energía en 2018, son puntos desprendidos de la Reforma Energética, proceso de cuña neoliberal que comprendió en parte una privatización de Pemex. Dentro del mismo, el peso de los subsidios a petroleras se pasa del Estado a quienes usan y consumen energía. Como aquí, la pregunta se limita a quién paga y no el por qué y para qué se paga a las petroleras y energéticas.

En suma, creemos que “volver a darle el valor que tiene la energía en una sociedad y en el planeta” es crear cambios estratégicos que logren transiciones productivas y energéticas, políticas que busquen una sociedad pospetrolera sobre la base de la justicia socioambiental y energética. Sin estos cambios, estaremos reeditando y acentuando los viejos problemas de desigualdad, explotación y degradación ambiental.

Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur, en EJES (Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental) – 10/01/2017

Detalles del acuerdo - VACA MUERTA (99,13 kB)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_gran_pacto_dialogo_de_la_imposicion_-_Ante_el_anuncio_del_acuerdo_para_explotar_Vaca_Muerta

 

Valoremos, en vez de a los gobiernos, a: "Activistas, investigadores y representantes políticos de todo el mundo están intentando definir los principios por los que se debería regir un sistema energético justo, progresista y sostenible".

Empresas energéticas y vulneración de derechos humanos

12 de enero de 2017

Alternativas a la impunidad de las empresas transnacionales y a la política energética de la Unión Europea. "Los debates en torno a los impactos económicos, sociales y ambientales de las empresas multinacionales de la energía, así como en torno a la democracia y soberanía energética, deben comenzar con la pregunta de ¿energía para qué y para quién?"

Por Pedro Ramiro y Erika González (OMAL)

Los debates en torno a los impactos económicos, sociales y ambientales de las empresas multinacionales de la energía, así como en torno a la democracia y soberanía energética, deben comenzar con la pregunta de ¿energía para qué y para quién? Y ahondando en la cuestión: ¿quién se beneficia de los proyectos de energía y quién sale perdiendo? ¿A qué intereses sirven? ¿Qué conocimientos se valoran? La historia reciente de los proyectos de energía en muchas partes del mundo está estrechamente relacionada con la imposición colonial de un modelo de desarrollo capitalista y de políticas neoliberales de ajuste estructural promovidos e impuestos por instituciones tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o la propia Unión Europea. Y los beneficiarios han sido, por supuesto, el gran capital, las grandes empresas transnacionales y las instituciones financieras, en detrimento de innumerables vidas y medios de sustento. El desarrollo del capitalismo industrial ha estado y está basado en los combustibles fósiles y, por lo tanto, siempre ha servido a los intereses de ciertas élites. Cuando trabajamos sobre políticas de energía tenemos que hablar de relaciones de poder y cambiarlas.

Otras preguntas que nos tenemos que hacer cuando hablamos de energía y derechos humanos: ¿qué impactos ha tenido la internacionalización de las empresas energéticas europeas, en general, y españolas, en particular, sobre los derechos humanos? ¿Cuál es la relación del metabolismo socioeconómico en Europa en la acción exterior de la Unión Europea? ¿Qué implica la seguridad energética (y la competitividad) como impulsor de la estrategia energética europea? ¿De dónde proviene el creciente protagonismo de las finanzas en el universo energético europeo? ¿Cuál es la influencia de las finanzas en el metabolismo social europeo? ¿Qué papel jugará la UE en la geopolítica global? A algunas de estas preguntas quiere responder este informe, o tocarlas puntualmente porque se están desarrollando con mayor profundidad en otros materiales elaborados por numerosos centros de pensamiento y organizaciones sociales no gubernamentales.

Activistas, investigadores y representantes políticos de todo el mundo están Intentando definir los principios por los que se debería regir un sistema energético justo, progresista y sostenible. Algunas organizaciones hablan de democracia energética, mientras que otras prefieren llamarla justicia energética o soberanía energética. Quedan discusiones pendientes para resolver qué es lo que entendemos cuando proponemos estos conceptos, pero lo más importante es que estamos convergiendo hacia una perspectiva común de la transición energética que es necesario impulsar en el mundo y en lo local.

Son momentos absolutamente determinantes en los que merece la pena reflexionar tanto sobre las enormes deficiencias y vicios que pesan sobre el sistema energético actual como sobre las posibles salidas o transiciones que debemos operar para funcionar sobre paradigmas y sistemas más sostenibles, sustentables, justos y coherentes, tomando la energía y las decisiones sobre su forma de producción, distribución y consumo como verdadero centro articulador de las decisiones sobre las políticas territoriales.

Informe encargado por la oficina europarlamentaria de Miguel Urbán, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Subcomisión de Derechos Humanos, la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscal (PANA), la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe y la Delegación en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo del Parlamento Europeo. (aquí)

Descargue el informe a continuación (PDF):

EMPRESAS ENERGÉTICAS Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS (3,89 MB)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Empresas_energeticas_y_vulneracion_de_derechos_humanos

 

Cuidemos cómo titular una nota para respetar al entrevistado y sobre todo no agregar confusión insistiendo en homologar la actualidad con el menemismo-PJ. Clara Marticorena señala:

"En primer lugar más que hablar de punta de lanza hablaría de un nuevo avance patronal respecto de la flexibilización laboral, porque en general hay mucho desconocimiento de las condiciones de flexibilización laboral que permanecieron, se incorporaron y firmaron en los convenios durante los gobiernos kirchneristas. Es importante marcar este matiz, porque en realidad hay muchas de las condiciones en materia de flexibilización laboral que se implementaron durante la década del ´90 que permanecieron en la letra de los convenios durante la post convertibilidad. Eso por un lado. Y también en lo que hace a la actividad petrolera, después de la privatización de YPF en los ´90 los cambios que se introdujeron en materia de negociación colectiva en el sector: polifuncionalidad, cambios en los tiempos de trabajo o la posibilidad de disponer por parte de la empresa de la distribución de ese tiempo de trabajo, la tercerización de actividades, porque cuando se privatiza YPF hay un proceso de expulsión de trabajadores de la empresa y de recontratación a través de contratistas".

 

Entrevista a Clara Marticorena, autora de Trabajo y negociación colectiva

"Vaca Muerta es un nuevo avance patronal respecto de

la flexibilización laboral que se implementó en los ‘90"

18  de enero de 2017

Por Mario Hernández (Rebelión

M.H.: Clara Marticorena es una joven investigadora que escribió un libro que se llama “Trabajo y negociación colectiva. Los trabajadores en la industria argentina, de los noventa a la posconvertibilidad”. Es socióloga, magister en Ciencias del Trabajo y doctora en Ciencias Sociales por la UBA y se dedica a la investigación como becaria post doctoral del CONICET en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) donde integra el Programa de Estudios Críticos sobre el Movimiento Obrero. También trabaja como docente en la Facultad de Ciencias Sociales.

Hace un tiempo teníamos la idea de entrevistarla fundamentalmente por lo que fue la negociación colectiva en 2016 y las novedades para este año que se inicia, novedades que hoy precisamente han comenzado con lo que ha sido el Convenio colectivo de Vaca Muerta, un convenio flexibilizador.

Antes de esto, vos sos investigadora del CONICET que a fines de año enfrentó un conflicto importante con la ocupación del Ministerio de Ciencia y Técnica. No está claro cómo va a continuar, en febrero tienen previsto volver a reunirse con las autoridades. En una nota de Tiempo Argentino a Dora Barrancos, una de los miembros del Directorio, socióloga también, tiene una visión bastante negativa del futuro del CONICET. ¿Cuál es tu apreciación al respecto?

C.M.: Efectivamente, el tema en CONICET se venía perfilando durante todo el año como un posible recorte en los ingresos de los investigadores que ya habían sido resueltos en la última convocatoria, donde hubo un importante retraso en la efectivización de esos trabajadores que habían sido seleccionados para ingresar a carrera.

Lo que sucedió a fin de año, que fue el detonante principal de la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica, fue que de un total de casi 900 doctores de distintas disciplinas que fueron seleccionados por los mecanismos de evaluación de CONICET para ingresar a la carrera de investigación, ingresarían solamente 350/400. Es decir que quedaban afuera de la carrera 508 doctores, la gran mayoría formados por el CONICET a través de becas doctorales y post doctorales en los años previos, habiendo sido recomendados por la Comisión asesora de cada disciplina y la Junta de calificación y promoción. Esto generó una gran disconformidad entre todos los trabajadores y postulantes y detonó que se haya podido tomar una medida de fuerza tan importante como la toma, a la que por otro lado las autoridades del Ministerio no dieron respuesta durante los primeros días, desconociendo el reclamo y finalmente se logró una solución parcial que abre toda una serie de conflictos y negociaciones que tienen que ver con dar continuidad salarial a través de becas post doctorales a estos postulantes, incluyendo a postulantes que no estaban en el CONICET en el momento inmediatamente previo a su postulación a carrera, con el compromiso que a través de una mesa de negociación donde están distintos sectores gremiales y representaciones del sector y autoridades del Ministerio, se logre su inserción en tareas para las que fueron seleccionados, en condiciones permanentes, como son las de investigador. Esto va a ser una lucha.

Está contemplada esta mesa de negociación en el acta por la cual finalizó la toma, aunque el conflicto continúa, pero la posibilidad efectiva de que estos 508 compañeros puedan ingresar a la carrera de investigador y puedan tener un trabajo de investigación con condiciones de permanencia laboral y no precarias como las que se tiene siendo becario, va a depender de la movilización y de la capacidad de lucha y la fuerza que se pueda lograr desde la organización de los trabajadores de Ciencia y Técnica.

M.H.: O sea que es un conflicto que no está cerrado.

C.M.: No. Para nada.

M.H.: Tengo entendido que en varias provincias fue rechazado, o por lo menos cuestionado, este acuerdo. En la provincia de Santa Fe, Córdoba, La Plata, Rosario.

C.M.: La Plata acordó levantar la toma si se incorporaban una serie de condiciones que fueron resueltas en la asamblea de Buenos Aires. El tema con el interior es que efectivamente hubo distintas posiciones, pero también la situación del conflicto no era la misma, en algunos centros del interior las tomas habían sido por algunas horas, el conflicto no tenía la misma intensidad que en Buenos Aires y acá se resolvieron todas las decisiones por asamblea.

Efectivamente, fue un problema pero tampoco hubo una organización previa que pudiera reflejar aceitadamente y en los tiempos que impone un conflicto con una patronal, porque en definitiva el Ministerio es eso, respecto de los trabajadores de Ciencia y Técnica. Eso complicó la solución planteando todas las situaciones de distintos compañeros del interior, pero la idea es aceitar un mecanismo de cara a las negociaciones que empiezan en febrero.

M.H.: Vimos al Presidente de la Nación anunciando este convenio petrolero de Vaca Muerta que muchos han calificado como una punta de lanza de la reforma laboral. Me gustaría que desarrolles un poco más esta idea, ¿en qué consiste este convenio y por qué es calificado así?

C.M.: En primer lugar más que hablar de punta de lanza hablaría de un nuevo avance patronal respecto de la flexibilización laboral, porque en general hay mucho desconocimiento de las condiciones de flexibilización laboral que permanecieron, se incorporaron y firmaron en los convenios durante los gobiernos kirchneristas. Es importante marcar este matiz, porque en realidad hay muchas de las condiciones en materia de flexibilización laboral que se implementaron durante la década del ´90 que permanecieron en la letra de los convenios durante la post convertibilidad. Eso por un lado. Y también en lo que hace a la actividad petrolera, después de la privatización de YPF en los ´90 los cambios que se introdujeron en materia de negociación colectiva en el sector: polifuncionalidad, cambios en los tiempos de trabajo o la posibilidad de disponer por parte de la empresa de la distribución de ese tiempo de trabajo, la tercerización de actividades, porque cuando se privatiza YPF hay un proceso de expulsión de trabajadores de la empresa y de recontratación a través de contratistas.

Hay entonces muchas condiciones que se implementaron durante los ´90, que permanecieron durante la post convertibilidad y que ahora tienen una nueva vuelta de tuerca en un ajuste y en un avance sobre las condiciones de trabajo establecidas hasta el momento. Si uno mira los convenios más recientes del sector, efectivamente las condiciones de polivalencia existían, ciertas condiciones vinculadas a los turnos rotativos o el “turno americano” también existían.

Muchas veces en esta actividad el soporte material de estas condiciones de flexibilización está dado por las condiciones de producción, al tratarse de un proceso continuo muchas veces se establecen un montón de excepciones a la Ley de Contrato de Trabajo que tienen que ver con estas características del proceso específico de extracción que se fundamenta en esa condición productiva.

En este caso en particular a mediados de 2016 se firma una resolución entre todos los sindicatos del sector petrolero y las Cámaras patronales, donde se establece una mesa de análisis técnico para mejorar la productividad sectorial. Es decir que estos cambios en el convenio en particular de Vaca Muerta, que es el caso particular que Macri anunció hoy, se enmarcan en este proceso de reconfiguración más amplio del sector. Por lo que se plantea en este caso que no es un convenio, sino que algunos hablan de una adenda, una modificación de algunos puntos del convenio, lo fundamentan en que se trata de la explotación de recursos de forma no convencional y, por lo tanto, en principio esto no estaría contemplado en el convenio existente y a través de este mecanismo lo que quieren plantear en realidad es una reducción del tiempo de trabajo pago, aumentar el tiempo de trabajo impago, aumentar la explotación. Por ejemplo, uno de los ejes tiene que ver con el tiempo de traslado a los yacimientos, lo que se llama las “horas taxi”, también los descansos en relación al tiempo de trabajo y otro de los ejes planteados tiene que ver con el tiempo de pernocte, porque muchas veces los trabajadores se instalan porque tienen 15 días de trabajo en el yacimiento. Hay una serie de condiciones que van directamente a buscar cambiar las condiciones de trabajo para lograr aumentar la productividad y achicar la cantidad de trabajadores. Ese es el perfil que tiene esta adenda.

M.H.: También es sustancial la rebaja salarial, algunos hablan de una reducción de hasta el 50%. ¿Afecta al salario también esta medida?

C.M.: Sí. Porque si no se paga el tiempo de traslado y ciertos descansos en relación al tiempo de trabajo, eso va directamente a una reducción del salario.

La Ley de primer empleo apunta a bajar los costos laborales, precarizando los contratos

M.H.: Otro tema que está en agenda y del que se habla mucho, es esta suerte de Ley de primer empleo o como algunos la han denominado “Ley McDonalds”. Cajoneada coyunturalmente en la Cámara de Diputados, pero con intención de parte del gobierno de volver a presentarla en el transcurso del corriente año. ¿En qué consiste ese Proyecto de ley?

C.M.: En ese sentido hay una similitud con la lógica de contratos por tiempo determinado que se introdujeron a principios de la década del ´90 que tienen que ver con reducir o eliminar en algunos casos los aportes patronales, la posibilidad de despedir sin causa y sin derecho a indemnización.

Con esto de la Ley de primer empleo que efectivamente quedó stand by, y lo mismo con distintos discursos en contra de convenios extractivos, o que tratan de promover la negociación por empresas, me parece que en realidad lo que está detrás es el diagnóstico de los sectores patronales, de los principales representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), que lo sucedido durante los gobiernos kirchneristas era que solamente se negociaba salario, no se negociaba productividad, que no les permitían introducir elementos de flexibilización, etc.

Entonces, de alguna manera, lo que se puede ver que está sucediendo este año es una avanzada en todos esos flancos que los sectores patronales vieron con cierta limitación en el período previo y que apunta efectivamente a implementar las medidas que ya se implementaron en la década del ´90, la diferencia es que no se implementan sobre la situación en la que se hizo en esa época, sino que se hace en un mercado de trabajo donde la precarización y la flexibilización ha avanzado mucho más. Apuntan a reducir y flexibilizar la entrada y salida de la relación laboral, reducir los costos laborales, con la excusa de que eso va a generar mayor, y este es un término que le gusta mucho al gobierno actual, “empleabilidad”, o sea, generar las condiciones para que los jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral y la concepción es que la forma de lograr eso es bajando los costos, precarizando los contratos, permitiendo contratos a término, sin aportes y sin cobertura.

A eso apunta la Ley de primer empleo. Lo mismo están planteando ahora respecto de las pasantías educativas, estas ideas vuelven a aparecer en distintos momentos como para ir marcando la cancha del modo en que quieren plantear los derechos laborales en la actualidad. Lo de las pasantías, por ejemplo, es interesante observar, se introdujo durante la década del ´90 y en 2008 hubo una modificación, pero no se eliminó esa forma que fue usada para abaratar costos laborales y flexibilizar el ingreso al mercado de trabajo, utilizado tanto por empresas privadas como por el Estado.

Me parece que apunta a generar ese marco, lo mismo que los discursos que quieren instalar la idea de que hay altos costos laborales y que hay muchas rigideces en el mercado de trabajo, es parte de este discurso neoliberal que quieren instalar, sobre todo, de cara a las paritarias de este año. Eso es clave.

Este avance o este intento flexibilizador del gobierno actual, choca con varios problemas

M.H.: Está claro que en los ´90 se produce una ofensiva sobre las condiciones laborales de los trabajadores. Pero siempre la idea que uno tiene es que durante el período kirchnerista de alguna manera se revirtió esta situación y que con el gobierno de Macri se retoma esta ofensiva. ¿Cuál es tu visión al respecto?

C.M.: Me parece que habría que pensar en qué aspectos se modificaron durante los gobiernos kirchneristas, incluso el punto de inflexión habría que ubicarlo en la crisis del 2001, en el sentido que esta crisis significó una impugnación a las políticas de ajuste neoliberal o, al menos, una fuerte crisis de ese consenso neoliberal. Y que en el marco de las condiciones de crecimiento económico y del empleo en el período post convertibilidad obviamente los trabajadores pudieron recuperar una serie de condiciones laborales que habían perdido durante los ´90.

Pero hay varias cuestiones a apuntar, por un lado, hace poco en una entrevista que me hicieron yo planteaba dos aspectos que creo que hay que diferenciar y que necesariamente están articulados. Creo que en ese período hay un avance en la organización de los trabajadores, desde el punto de vista de las características que asume la conflictividad, la dinámica inflacionaria impuso otras formas de resolver la relación capital-trabajo y en un contexto de caída del desempleo la negociación colectiva ocupó un lugar central, pero no solo desde la cuestión de la recomposición salarial, sino también como forma de encauzar esa conflictividad laboral y de plantear los términos de la disputa capital-trabajo en una forma institucionalizada. De hecho hay distintos estudios sobre la evolución salarial en términos reales durante la post convertibilidad que muestran una recuperación de los niveles previos a la devaluación en los primeros años, y después sí una recuperación donde hay ciertos sectores que repuntan y otros que permanecen por detrás de la inflación. Esto tuvo mucho que ver creo, con los cambios a nivel de las organizaciones sindicales que se dieron, la organización antiburocrática que se dio en algunos sectores, enfrentados a las propias dirigencias, logró mayores conquistas para esos sectores de la clase trabajadora.

También es cierto que tenemos un 35% de trabajadores no registrados, ahora el dato de esta semana es que el 50% de los trabajadores tiene un ingreso menor a los 8.000 pesos y eso, si bien la situación empeoró en el último año, no es exclusivamente achacable a lo que sucedió durante el 2016. Entonces, me parece que hay un aspecto de la correlación de fuerzas que se instala durante los ´90 que sí permanece durante la post convertibilidad como forma de debilidad de la clase trabajadora.

Respecto del tema de los retrocesos uno puede pensar qué pasó desde la política de acción del Estado, ahí yo creo que efectivamente el Estado dejó de promover la flexibilización aunque la mantuvo desde el punto de vista de la organización del trabajo, de convalidar y homologar convenios que incluían formas flexibles en los lugares de trabajo en términos de distribución de tareas, de organización del tiempo de trabajo. Pero si uno mira lo que sucede a nivel de la legislación se pueden ver retrocesos sobre la base del avance previo. No lo terminan de desarticular. Un ejemplo de esto es que uno de los artículos que habilita el cálculo de la disponibilidad de la jornada de trabajo en función de las necesidades de la demanda de la empresa que se implementa por una de las leyes del empleo del año ´91, permanece vigente. Ese establecimiento de jornadas que se llama “jornadas promedio”, que es una especie de banco de horas, se utiliza fundamentalmente en las automotrices, los trabajadores tienen una jornada de 2.000 horas anuales que se distribuyen de manera diferencial a lo largo del año según las necesidades de la empresa y eso le permite reducir el pago de horas extraordinarias.

Dentro de este marco hubo diversos aspectos que lograron modificarse y revertirse. Con la lectura que no acuerdo, porque además me parece que no permite analizar los procesos sociales, es con esta idea de modelo flexibilizador en los ´90, modelo de inclusión durante el kirchnerismo, como si el kirchnerismo hubiera partido de cero. Si se analiza todo el período yendo más atrás, desde la última dictadura a la actualidad, también las formas en las que se recompuso el capitalismo en Argentina, el proceso de reestructuración que significó la década del ´90 y cómo esos pilares y esa correlación de fuerzas en un sentido permanecieron durante la post convertibilidad.

Claramente desde el punto de vista ideológico y de la política estatal más abierta, durante el gobierno de Macri estamos viendo una especie de revival de las herramientas de políticas económicas, herramientas de políticas laborales, la idea de que si reducimos los costos laborales va a caer el empleo no registrado o la informalidad, mientras esto está más que probado que no es así.

Pero me parece importante señalar estos aspectos de continuidad que se pueden ver sobre todo en la relación capital-trabajo, pero hay una clase obrera más organizada durante los últimos 12/15 años, con diferencias sectoriales, pero que en las formas que asume esa organización, en los reclamos, en los niveles de conciencia está plasmada también esa reestructuración capitalista, esa ofensiva que se impuso en la década del ´90.

Igualmente me parece importante señalar que como ese es el punto en el que nos encontramos en la actualidad, este avance o este intento flexibilizador del gobierno actual, tiene una respuesta, choca con varios problemas, más allá de que tenemos la tregua de la CGT que es clave, pero también tenemos varios gremios que le han torcido la mano al gobierno. Es importante tener eso en cuenta al analizar la configuración más general.

M.H.: Una de las cuestiones que durante el período kirchnerista y en la actualidad tiene un peso importante es el denominado trabajo en negro. Se habla de que aproximadamente 1/3 de la fuerza laboral revista en esa condición. ¿Qué papel juega el trabajo en negro en el mercado de trabajo?

C.M.: Así como el desempleo es una forma de presionar a los trabajadores ocupados para aceptar peores condiciones de trabajo, rebajas salariales y una intensificación de los tiempos laborales, el empleo no registrado de algún modo también tiene ese efecto. Más que nada desde el punto de vista de la fragmentación de la clase trabajadora.

Nosotros hablamos de empleo no registrado y existen muchas situaciones heterogéneas, desde el trabajador que está completamente en negro, el que está en “gris”, el que esta tercerizado, el que esta subcontratado. El salario de estos trabajadores es un 30/40% menor al de los trabajadores en blanco del mismo sector. Sin dudas puede operar como una forma de disciplinamiento a los trabajadores en blanco.

Desde el punto de vista de la ganancia patronal, muchos sectores se benefician no solo directamente sino en forma más mediada, del empleo en negro. Recuerdo que en una entrevista a la gente del Ministerio de Trabajo que está encargada de las negociaciones del sector textil, me comentaban que uno de los principales argumentos de las patronales era que ellos están enfrentados a la “competencia desleal” de quienes tienen trabajadores en negro y eso les permitía pelear un techo salarial mucho más bajo para los trabajadores textiles en blanco. Es otra forma de reducir los costos laborales, de fragmentar y lograr un disciplinamiento de la clase trabajadora. No tiene el mismo efecto que el alto desempleo, no es lo mismo tener 25% de desempleo y trabajo en negro del 30%, pero opera aun con una tasa de desempleo más baja, como un factor de disciplinamiento más general. Los trabajadores no registrados pueden ser despedidos en cualquier momento, es muy difícil que ese trabajador logre una indemnización, sólo a través de un juicio. Un montón de condiciones que hacen que la relación laboral en la que está ese trabajador lo discipline objetivamente.

M.H.: ¿Qué podemos esperar desde el punto de vista de la discusión de los Convenios colectivos en este 2017?

C.M.: Me parece que por un lado está planteado este objetivo del gobierno de avanzar estableciendo cláusulas de productividad que permitan abaratar los costos laborales. Por otro lado, un ejemplo de un modelo que se plantea de lo que se viene se observa en la negociación con los estatales bonaerenses. María Eugenia Vidal firmó una paritaria por 15 meses donde incluye un adicional para los últimos meses de 2016 y establece ya el aumento salarial para el 2017, en cuatro tramos de 4,5% trimestral hasta llegar a un 18% en el último trimestre de 2017. Ya está planteando esta idea del gobierno de pensar o discutir la inflación de 2017 no en función de la recomposición de la caída salarial del 2016 sino de lo que el gobierno quiere instalar que va a ser la inflación de 2017. Están planteando una pauta del 17%, aunque este convenio incluya una revisión de la inflación en forma trimestral, antes de cada nuevo tramo de aumento.

Me parece que en este sentido la apuesta fuerte es a negociaciones muy bajas en términos de porcentaje salarial pero, y esto está relacionado con lo que planteaba anteriormente, hay sectores más fortalecidos, combativos, que van a dar batalla. Por ejemplo, los aceiteros que este año lograron un 38% de aumento para todo el año en un solo tramo, mientras hay otros gremios que negociaron en 3 o 4 tramos de aumento, que también lograron un bono salarial de fin de año de 21.500 pesos, muy superior a los 2.000 que acordó el gobierno en la Mesa de diálogo. Y, por otro lado, los bancarios que ya parte del acuerdo por el cual estuvieron en conflicto el último mes, anticipa parte de los montos a negociar en 2017. Este es uno de los puntos que el Ministerio de Trabajo no quiere convalidar porque ya sentaría un piso más elevado del que el gobierno plantea para la negociación del 2017.

Está claro a dónde va a apuntar el gobierno, a porcentajes bajos y a introducir cambios en las condiciones de trabajo, pero lo determinante va a ser la capacidad de organización de los trabajadores y hay sectores más combativos que creo que van a dar batalla en esto. Por otro lado, será determinante el rol de la CGT convalidando este avance de la flexibilización laboral que es lo que viene haciendo durante este año y lo que está haciendo en el sector petrolero. Me parece que está claro a dónde apunta el gobierno, también hay sectores con mayor capacidad de organización que van a tirar la pauta más arriba de lo que el gobierno está dispuesto a negociar en principio.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=221785

 

En consecuencia, el legado de patria socialista de los 30.000 está más vigente que ayer. Hoy estamos subsumidos en la fase de máxima concentración/centralización del sistema capitalista que está arruinando al país-mundo y sus pueblos hasta poner en riesgo sus existencias. Enfrentarlo nos exige prestar atención a conclusiones elaboradas entre nosotros, los diversos de abajo, que resultan esclarecedoras para todos/as respecto a:

 

 

a) Porqué posicionarnos junto a las comunidades indígenas, ruruurbanas y urbanas ante cada conflicto territorial con las corporaciones y los gobiernos. Es aprender a romper con la lógica capitalista que ante todo debemos defender la fuente laboral sea cual sea e independientemente que destruya las condiciones tanto de vida como de trabajo.

 

 

Israel Alegre: "El reclamo más importante aquí es el derecho a la vida"
10 de febrero de 2017

 

La comunidad indígena Nam Qom, ubicada en la capital formoseña, se encuentra alerta por los avances en la instalación de la Empresa Estatal Dioxitek, encargada de la producción de dióxido de uranio en polvo. Se realizarán movilizaciones de concientización dirigidas a los ciudadanos de la provincia. 

 

Por Agencia Periodística Timbó

 

Israel Alegre, histórico dirigente qom de Formosa, manifestó: “La Planta de Uranio se pretende instalar a cuatro kilómetros de la comunidad. El tema no se trata solamente de la ubicación sino también de la contaminación potencial de este proyecto. Vemos que la provincia está violando el Art. 38 inciso 3 de la Constitución Provincial y el Art. 41 de la Constitución Nacional. Estamos hablando de no contaminar el ambiente. El reclamo más importante aquí es el derecho a la vida. A veces seguimos pensando que para la provincia de Formosa, los indígenas no somos seres humanos”.

Dioxitek es una empresa estatal, cuya mayoría accionaria está en manos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (99%, el 1% restante le pertenece a la provincia de Mendoza), y se encarga de la producción del dióxido de uranio en polvo utilizado para el combustible de las centrales de Embalse y Atucha I. La nueva planta tendrá capacidad para producir 460 toneladas de dióxido de uranio por año, lo que significa triplicar el actual nivel de producción con el que cuenta nuestro país. A través de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno Nacional ratificó el año pasado que la planta empezará a operar hacia fines del 2019.

 

El año pasado, en el marco de la audiencia ciudadana "Los derechos humanos y la contaminación ambiental. Caso Dioxitek",

el presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), docente e investigador universitario, Raúl Montenegro, sostuvo que Dioxitek intentó radicarse en varios lugares de Córdoba, en Mendoza y la Rioja, sin lograrlo. Además, dijo que la planta funcionó siempre sin informar a la comunidad sobre sus actividades y que la Comisión Nacional de Energía Atómica ocultó los impactos negativos que producía.

La lucha de la comunidad Nam Qom no es nueva ya que en el 2014 presentaron un recurso de amparo para detener la obra. “Cuando nos presentamos ante la Justicia Federal, el Juez entendió que era competencia de la Justicia Provincial. Se apeló ese falló. En 2016 se eleva la cautelar ante la Corte Suprema de Justica. En enero de 2017, la Procuradora General de la Justicia saca un dictamen diciendo que es competencia de la corte Suprema de Justicia. Aunque el dictamen de la Procuradora General no es vinculante, se puede observar que se tiene en cuenta la violación de la legislación internacional”, señaló Alegre.

En el año 2014 se realizó una audiencia pública en la que se expusieron los beneficios, las ventajas y las posibilidades que la provincia viviría con la puesta en marcha del proyecto nuclear. Desde la empresa estatal se llegó a declarar que su salida de la provincia de Córdoba se debió, entre otras cosas, a una actividad importante de grupos ambientalistas a lo que se suma una "muy mala prensa en materia nuclear”. Israel Alegre, sostuvo que: “La provincia convocó una audiencia pública sin tener en cuenta que hay que llevar esta consulta previa, libre e informada a las comunidades. Pero no sólo a la comunidad Nam Qom, sino también a la ciudadanía formoseña, que también deben ser informados, todos tienen que saber que se va a trabajar con materiales muy nocivos, materiales radioactivos. No hubo consulta previa, libre e informada para desarrollar este proyecto. No hubo espacios y no hubo consultas por asambleas, no hubo información fluida en nuestro idioma. Con todo eso nosotros, como comunidad Indígena, podíamos dar o no el consentimiento”.

Finalmente, Israel Alegre destacó que la ciudadanía formoseña tiene este año la posibilidad de volver a decidir si quiere que nos sigan contaminando con las leyes. 
“Sabemos que cuando esto comience a contaminar vamos a poner en riesgo la vida de muchas generaciones. Uno no puede decirle al viento norte que pase por otro lado. La planta va a trabajar y el viento va a llevar todo ese veneno, ese polvillo, a las casas, los animales, las aguas y los cuerpos de todos nosotros”, concluyó.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article13610

 

b) Cómo el enfoque ecológico desde los proyectos de  buenos vivires convivires de las diversidades de abajo es crucial si  queremos garantizar y promover el presente-futuro de la humanidad y la vida planetaria. Es romper con la lógica capitalista sobre que nuestros dramas, sufrimientos, enfermedades, muertes y precariedades obedecen a la naturaleza o a nuestras personas.

 

 

Inundaciones e incendios, problemas diferentes con causas similares
10 de febrero de 2017

 

"Las inundaciones y los incendios deben preocuparnos no sólo por las consecuencias más evidentes y de corto plazo, sino por el efecto devastador en los ecosistemas naturales y antrópicos que comprometen la vida de las futuras generaciones en el planeta."

 

Por Javier Souza Casadinho, Coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina. RAPAL

Seguramente en los últimos meses, y más de una vez, hemos escuchado y nos hemos alarmado con informaciones sobre las inundaciones que padecen zonas del centro norte de nuestro país y de los focos de incendio que asolan fundamentalmente la zona sur, principalmente las provincias de Bs. As., La Pampa y de Río Negro. Lamentamos las pérdidas económicas, la destrucción de hábitats, la pérdida de vidas humanas, ahora bien pocas veces nos detenemos a profundizar las causas de estos procesos, los naturalizamos atribuyéndoles causas “naturales”, cuando no divinas, a estos sucesos, con lo cual tratamos de esquivar todo origen antrópico, esto es, hacernos cargo de que no son accidentes, y que podrán haberse evitado si fuéramos capaces de incluirnos como seres humanos dentro de la naturaleza en vez de profundizar la escisión que nos separa cada vez más. Esta situación da origen a una relación instrumental con el ambiente que se constituye en fuente de insumos que mediante la extracción, en apariencia ilimitada, permite sostener nuestras pautas de consumo y además es el destino donde se intenta volcar, amontonar, nuestros desechos. Es así como la naturaleza ha pasado de ser sagrada, matriz de creación, a proveedora “ilimitada” de recursos.

Cada vez con más frecuencia la naturaleza da muestras de colapso, que esta relación donde los procesos económicos de producción y sus conexos de extracción, consumo y descarte que operan sin atender a los ciclos, relaciones y flujos naturales están agotados. Esto es lo que sucede por ejemplo con las inundaciones. Aquí actúan de manera sinérgica varios procesos:

A- Las lluvias se han vuelto aleatorias a causa del calentamiento global y del consecuente cambio climático, del cual las actividades industriales, agrícolas y el uso desenfrenado de combustibles en ámbitos urbanos son responsables. En algunas zonas del país las precipitaciones se han vuelto más frecuentes e intensas.

B- El reemplazo de la diversidad natural, en el caso por ejemplo de algunas zonas de la provincia de Córdoba representada por árboles, arbustos y pastos por cultivos anuales para la exportación. Está claro que la demanda de agua de un árbol es muchísimo menor a la de un cultivo anual como la soja, con la cual hay más agua en los suelos.

C- El deterioro en la calidad física, biológica y química de los suelos producto tanto del menor “retorno” o devolución de materia orgánica como de la mayor aplicación de ferti.lizantes y plaguicidas. Entonces llueve más, los suelos son capaces de retener menos agua, porque poseen un menor contenido de materia orgánica y además las plantas requieren y absorben menos agua, de allí el exceso que según la topografía del lugar puede quedarse allí o canalizarse “naturalmente” a otros lugares originando inundaciones.

 

¿Es posible modificar esta situación? Claro que sí, pero los resultados no serán inmediatos. En primer lugar se debe frenar el desarrollo de los monocultivos a partir de rotaciones agrícolas - ganaderas con lo cual no solo se mejorara la calidad de los suelos sino además se requerirán menor cantidad de agrotóxicos. En segundo lugar se deben encarar estrategias y tecnologías agroecológicas adaptadas a cada zona, clima y topografía, practicas agroecológicas que no solo posibilitan generar agro ecosistemas estables y viables económicamente sino capaces de demandar menos energía no renovables y adaptarse al cambio climático.

 

Si bien las causas de los incendios son diferentes encontramos en ellas la misma matriz desaprensiva de relacionamiento con los bienes comunes naturales. En muchos casos el origen se halla relacionado con procesos de sequía a los cuales están sometidos los ecosistemas. Sequías vinculadas a los procesos de cambio climático en lo cual la aleatoriedad en la frecuencia e intensidad de las lluvias son una constante. Los vegetales secos son un caldo de cultivo para desencadenar los incendios, proceso que además requiere de una fuente ígnea , esta puede ser el fuego utilizado para la caza de animales, la quema de vegetación autóctona para implantar cultivos o “hace pasto” cuanto no la acción de rayos solares sobre vidrios acumulados en macro y micro basurales. Al igual que las inundaciones las causas, mal que nos pesen son humanos, no podemos ni pensar, ni hablar de la fatalidad.

 

Las inundaciones y los incendios deben preocuparnos no sólo por las consecuencias más evidentes y de corto plazo, sino por el efecto devastador en los ecosistemas naturales y antrópicos que comprometan la vida de las futuras generaciones en el planeta. Se están afectando los servicios eco-sistémicos, es decir las acciones que “gratuitamente” nos brindan los pastizales, los bosques, las selvas. Esto es absorber dióxido de carbono, producir materia orgánica, reciclar y retener el agua, brindar alimentos, etc. No hay soluciones sencillas pero sí efectivas, las cuales deben pasar por el retorno a una relación armónica con la naturaleza, respetando sus ciclos y relaciones. A su vez modificar las pautas de producción, consumo y descarte atendiendo a procesos cíclicos más que a términos lineales de extracción y desecho. 

Por último se requiere recuperar un sentido de espiritualidad, una noción de trascendencia y armonía que nos ligue entre los seres humanos y con la naturaleza, donde el ser y el estar sean más importantes que el tener y consumir.

Huellas Urbanas

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Inundaciones_e_incendios_problemas_diferentes_con_causas_similares

 

 

 

c) Cuáles son las razones para confiar en el adueñarse de los pueblos de su destino común y esforzarse por ayudar al cuestionamiento tanto de la democracia representativa como de líderes progresistas e izquierdistas.

Es romper con la obediencia debida a los poderes establecidos-constituidos a partir del terrorismo paraestatal-estatal de los '70 y a quienes nos embaucan de estar gobernando para nosotros cuando, en los hechos, posibilitan la acumulación gran capitalista. Es involucrarnos en:

 

"Estamos construyendo, creando, transitando nuevos caminos. Esto es lo que nos une y lo que define el sentido de nuestra lucha… de nuestro caminar.

 

Somos Pachamama.. somos cerro.. somos agua.. somos memoria ancestral..

 

Todos los pueblos, EL PUEBLO.."

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO DEL PUCARÁ,

PUEBLOS CATAMARQUEÑOS EN RESISTENCIA Y AUTODETERMINACION

 

Nosotrxs los pueblos catamarqueños nos hemos reunido en la localidad de Malli, en la ciudad de Andalgalá con el propósito de fortalecernos en experiencias, información y alternativas, generando un espacio de confluencias, acciones y compromisos que recibió el nombre de PUCARA: PUeblos CAtamarqueños en Resistencia y Autodeterminación.

 

Esta iniciativa surge ante el avance extractivista sobre nuestros territorios que esta tomando un cariz más salvaje en la acción y mentes perversas de nuestros gobernantes, quienes sostienen a la megaminería como única actividad de supuesto desarrollo para nuestros pueblos. La realidad demuestra que es lo opuesto, ya que es común a todas nuestras comunidades las carencias en salud, educación, trabajo, desaparición de economías regionales, deterioro de calidad de vida, sanidad y disponibilidad del agua, avizorando un futuro cada vez peor. Sabemos que las empresas transnacionales crecen  con el aval del   Estado Nacional, Provincial y municipal. Crecen las empresas  y desaparecen los pueblos.

 

Es por eso que sostenemos este fuerte empeño en resistir y continuar la construcción de la autodeterminación como una manera real y efectiva de contrarrestar el avance del modelo extractivista. 

 

Como primera medida rechazamos, repudiamos y exigimos la nulidad del Nuevo Acuerdo Federal Minero que se pretende impulsar desde el gobierno nacional con las provincias, donde se intenta una nueva estrategia para modificar y profundizar aun más el contexto legal, social y económico minero para facilitar el avance de la actividad.

 

En el año 2016, en las localidades de Punta de Balasto, departamento de Santa María y en El Peñón, departamento de Antofagasta, se han firmado actas acuerdos entre la secretaria de minería y comunidades, intendentes, concejales, donde se “declara de interés social la actividad minera impulsando su desarrollo”.  Estas actas se han construido sin consultar a la población, vulnerando el derecho a la consulta popular, violando convenios internacionales y queriendo demostrar una falsa licencia social. Desde PUCARA, repudiamos la firmas de estas actas ilegitimas e ilegales.

 

Exigimos la aplicación inmediata de las leyes de glaciares, de bosques, general del ambiente, protección de humedales integrando en esta ultima las lagunas y salares de altura.

 

Denunciamos la ilegalidad de proyecto Agua Rica que sigue instalada en la montaña aun con una sentencia de la CJSN, una medida precautoria del Juez de Garantías y la ordenanza de prohibición de megamineria del CD de Andalgalá.

 

Exigimos el cierre concreto y remediación del yacimiento Bajo la Alumbrera, símbolo del despojo, y puerta de ingreso de todos los proyectos que se encuentran a su alrededor. Hasta el momento incumple con la presentación IIA del cierre de mina, generando preocupación sobre el manejo de los pasivos ambientales.

 

Proyecto Tres Quebradas: Este proyecto de Litio se encuentra en un sitio Ramsar subsitio sur “Lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca” y pone en peligro la disponibilidad de agua y todo su ecosistema e impactando en todo el departamento de Tinogasta. Exigimos el respeto de los sitios protegidos y la consulta a los pueblos.

 

Repudiamos la construcción del Parque Logístico Minero en Belén que se impulsó por medio de una ordenanza de su CD. 

 

Advertimos la militarización de los territorios donde se pretenden impulsar proyectos extractivos como por ejemplo la presencia policial en Minas Capillitas, Andalgalá o la gendarmería en el interior de la provincia como así también la extrema violencia que la policía ejerce sobre lxs ciudadanxs sobre todo en lxs jóvenes.

 

Estamos construyendo, creando, transitando nuevos caminos. Esto es lo que nos une y lo que define el sentido de nuestra lucha… de nuestro caminar.

 

Somos Pachamama.. somos cerro.. somos agua.. somos memoria ancestral..

 

Todos los pueblos, EL PUEBLO..

 

 

Asamblea El Algarrobo, Andalgalá

Asamblea El Chañar, Belén

Asamblea del Yokavil, Santa María

Autoconvocados “Fiambalá Despierta”, Fiambalá

Autoconvocados por la Vida, Tinogasta

Vecinos de Londres, Belén.

Vecinos de Anquincila, Ancasti. 

Colectivo Sumaj Kausay, San Fernando del Valle del Catamarca.

Movimiento Popular La Dignidad, San Fernando del Valle de Catamarca.

 

Andalgalá, 18 de Febrero de 2017.

 

Fuente: Diálogo 2000 Jubileo Sur Argentina

 

 

 Crisis civilizatoria

 

Intentemos analizar porqué el progresismo aparta de caminos emancipatorios. Examinemos dos ejemplos referidos a Ecuador y que desarrollan concepciones acordes al sentido común modelado por el capitalismo. Por un lado, se trata del cambio en la distribución que aparenta solucionar la pobreza y por otro, acordes al cuidado por las instituciones capitalistas. Ambas soslayan al extractivismo y por tanto, mienten sobre la sociedad otra. También dejan la 'democracia' entre centroizquierda y centroderecha.

 

Los dos modelos de sociedad: lo que está en juego el 19 de febrero
11 de febrero de 2017

Por René Ramírez (El Telégrafo

 

La economía en 2017 se empieza a recuperar luego de los shocks externos que afectaron al país el año anterior.

 

Cuando se analiza la economía política de un proyecto político, una pregunta relevante sería cómo se reparte el pastel cuando este crece o cómo se distribuye cuando el pastel se contrae. Analizar qué sucedió en la década de la Revolución Ciudadana (RC) en comparación con lo sucedido en la que la precedió podría dejar traslucir si ha existido o no diferencias en la economía política de la distribución de la riqueza. 

Entre 1996 y 2006, la economía ecuatoriana medida a través del PIB nominal creció 85% al pasar de $ 25.214 millones a $ 46.802 millones; mientras que entre 2006 y 2016 creció el 105,6% (más que se duplicó al alcanzar una producción estimada de $ 96.217 millones). 

¿Cómo se redistribuyó el crecimiento entonces? Como se observa en el gráfico 1 claramente hay dos intencionalidades políticas en la distribución del ingreso entre ambas décadas. Mientras en la década neoliberal el crecimiento de los ingresos personales fue pro-rico, en el período de la RC fue pro-pobre. En efecto, mientras que entre 1996-2006 el ingreso del 10% más rico creció el 112%, el del 10% más pobre aumentó apenas el 20% en toda la década. No es fortuito en este marco que la desigualdad medida según el coeficiente de Gini del ingreso haya aumentado el 18% esos 10 años. En el período de la RC, por el contrario, se invierten los papeles. Si bien gana toda la sociedad en su conjunto, claramente se evidencia que los que más se benefician son los más pobres. Entre 2006 y 2016, los ingresos del 10% más pobre crecieron el 112%, mientras que los ingresos de los más ricos crecieron el 40%. En este marco, no es azaroso tampoco que la concentración del ingreso medido igualmente por el mismo coeficiente señalado haya decrecido el 14%. 

Dicho de otra forma, mientras en la década neoliberal del crecimiento del pastel se dio 5,6 veces más al 10% más rico que al 10% más pobre, en la Revolución Ciudadana tuvimos un pastel más grande, y se le dio tres veces más de pastel al 10% más pobre que al 10% más rico. Cuando se compara la distribución del ingreso real, es decir, el que iguala el poder de compra pues el valor nominal se corrige por el nivel de precios, se tiene otra conclusión que diferencia claramente a los dos períodos. En efecto, como se observa en el gráfico 2, en el período 1996-2006 cayó el ingreso real de todos los deciles o se podría decir, en otras palabras, que los ingresos personales globales se achicaron. Sin embargo, repitiendo lo que se había descrito en el gráfico 1, mientras el ingreso de los más pobres cayó el 87%, el de los más ricos se contrajo en 76%; es decir, los menos perjudicados fueron los más ricos. En cambio en el período 2006-2016 todos los ingresos reales crecieron, casi tres veces más en el decil pobre comparado con el de más altos ingresos. Lo importante de resaltar es que creció en todos los deciles, pero fue desigual porque benefició en mayor medida a los de más bajos ingresos. 

Ahora bien, una cosa es cuando se redistribuye crecimiento y otra es cuando se redistribuye decrecimiento. ¿Qué grupo social se quedó con menos pastel? Es usual que en momentos de decrecimiento económico los gobiernos tomen medidas antipopulares a través de los denominados “paquetazos” que afectan los niveles de vida de las grandes mayorías y sobre todo de los más pobres. Subir los precios de los bienes básicos, bajar salarios, eliminar subsidios al transporte, a la energía, etc., suelen ser medidas que se toman para solventar los problemas macroeconómicos. 

Ecuador entre 2015 y 2016 vivió lo que el presidente Rafael Correa denominó la “tormenta perfecta”: caída de los precios del barril de petróleo, lo cual condujo a que el Gobierno no reciba un dólar por más de un año para financiar la inversión pública; apreciación del dólar (moneda oficial de Ecuador); devaluación de la moneda de Perú y Colombia (principales competidores comerciales de Ecuador); contingencias legales que el Estado tuvo que pagar a Occidental ($ 1.067,7 millones) y Chevron ($ 112 millones); fenómeno ‘El Niño’; erupción del Cotopaxi y -como si esto fuera poco- un terremoto con una magnitud de 7.8 Mw cuyo epicentro fue Pedernales, constituyéndose en el sismo de mayor impacto social de los últimos 60 años. Tales factores exógenos condujeron a que la economía ecuatoriana tenga un decrecimiento económico en 2016. 

En términos de ingreso per cápita se podría decir que este decreció el 3% entre 2015 y 2016. No obstante, los promedios esconden información valiosa de la economía política de la RC. Si dividimos este decrecimiento según deciles de ingreso podemos ver que en promedio el 70% de la población no vio afectado su ingreso y que el peso del decrecimiento económico recayó el 30% más rico (ver gráfico 2). 

En efecto, mientras el 70% de la población no redujo en promedio su ingreso, el ajuste se financió con la reducción en promedio de $ 19 per cápita del 30% más rico (4% de su ingreso total). De esta manera, las medidas tomadas no solo resultaron justas sino que se trata, además de una decisión que es racional desde el punto de vista de la eficiencia y eficacia económicas, de un elemento de ética ciudadana que corresponde a la solidaridad que nos debemos entre los ecuatorianos. ¿Por qué? Si a una persona que gana $ 1.000 se le quita $ 19 mensuales lo más seguro es que no reduzca su demanda. 

En cambio, si a una persona que gana menos de $ 50 (aproximadamente la línea de extrema pobreza) mensuales se le restan los mismos $ 19 no sólo que disminuirá su demanda, sino que tendrá graves impactos en sus condiciones de vida. La decisión política en 2016 fue no afectar a las grandes mayorías (70% de la población) y que el costo del impacto económico lo asuman aquellos grupos sociales que tienen las capacidades para salir adelante sin afectar sus estándares de vida.Si bien cuando hay decrecimiento de la economía usualmente la pobreza y la desigualdad suelen dispararse, en Ecuador, entre 2015 y 2016, ni la pobreza ni la desigualdad se incrementaron. En efecto, si bien la pobreza pasó de 23,3% a 22,9% y el coeficiente de Gini de 0,476 a 0,466 de 2015 a 2016, estas reducciones no resultan estadísticamente significativas. 

La política pública impidió que el malestar macroeconómico conlleve una pérdida de bienestar microeconómico en los sectores más pobres de la población, y que se trastoque la estructura distributiva del ingreso de los ciudadanos. 

Con las medidas tomadas se ha podido demostrar que es posible hacer un “ajuste hacia arriba”, rompiendo de esta manera la ley de la “gravedad” económica vivida en la historia de Ecuador y de la región: en donde se socializan las pérdidas y las grandes mayorías y los más pobres son los grandes perjudicados siempre. Para la RC, las políticas de austeridad hacia abajo son absurdos económicos pues al contraer la demanda de las grandes mayorías, el sector productivo deja de ofertar productos, lo que a su vez impacta en el nivel de empleo y en las condiciones laborales de los trabajadores, quienes al verse afectados también restringen su consumo agravando cualquier panorama económico. No hay mejor salud para una empresa que una buena mejora del bienestar de la población que demande y consuma su producción. 

Debe quedar claro que además de los malos resultados económicos de estrangular a las mayorías con las políticas de austeridad, es imprescindible añadir a la cuenta social del ajuste el socavamiento de la democracia y la cohesión social por las brechas e injusticias que provoca el empobrecimiento de las mayorías y la concentración de la riqueza en una pequeña oligarquía. 

No es de sorprender, que luego de los grandes shocks externos vividos entre 2015 y 2016, Ecuador ya haya recuperado la senda del crecimiento y se espere que en 2017 la economía crezca por encima del promedio de América Latina. El Gobierno de la RC ha tenido claras sus prioridades: proteger a todos los ecuatorianos, pero primero a los pobres y a las grandes mayorías; reivindicando los principios de igualdad y solidaridad que son la base de una democracia política, social y económica, en todas sus dimensiones. Así, frente al mito neoliberal de que por ley de la gravedad los beneficios del crecimiento “caerán por goteo” a la ciudadanía, la política económica de la RC ha demostrado su falsedad y ha evidenciado que no hay fenómenos naturales en el campo de la economía, sino voluntades políticas para cambiar el rumbo de la historia. 

Lo que está en juego el próximo 19-F es el tipo de sociedad en el que queremos vivir. No tomar en cuenta los niveles de disparidad social y económica es negar la posibilidad de consolidación de una sociedad que construya encuentro, vida en común, donde la mercantilización de la vida cotidiana deje de ser el común denominador y donde sea posible gestar colectivamente un porvenir social compartido que no se base en los principios del egoísmo y la envidia, sino en los de la cooperación, reciprocidad y solidaridad. 

René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/los-dos-modelos-de-sociedad-lo-que-esta-en-juego-el-19-de-febrero
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222802

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Elecciones en Ecuador

Entonces, ¿quiénes eran los populistas inescrupulosos?

22 de febrero de 2017

Por Soledad Stoessel (Rebelión)

El discurso construido para atacar a los gobiernos progresistas se apoya arquetípicamente en afirmaciones fáciles sobre la voracidad de las instituciones por parte de los populismos. Semejante relato es derribado sin problemas al mirar breve y rápidamente porciones de nuestras realidades. Una de ellas es la jornada electoral que se vivió en Ecuador hace dos días. Esta jornada reveló un impresionante conjunto de “posverdades” que revelan cuan entrampados estamos por una lógica en que todo, cualquier cosa, puede ser dicha sin apenas reparar en sus consecuencias. El análisis sobre el vínculo entre populismo e instituciones se ha basado más en juicios de valor y lecturas descalificadoras que en análisis sistemáticos sobre lo que efectivamente sucede a nuestro alrededor.

 

Aquellos que se ocuparon incansablemente de pregonar que los populismos avasallan las instituciones básicas de la democracia (representativa), desde el 19 de febrero expresaron todas las muestras de que son ellos mismos los que las repudian. ¿Acaso no eran los gobiernos populistas aquellos que despreciaban a las instituciones democráticas? ¿Acaso no eran los procesos progresistas los que arremetían contra ellas e incluso convocaban a las “masas” a apoyar esa (supuesta) ilegítima embestida?

 

Comedia, proyección psicoanalítica o ansioso intento por torcer resultados populares: desde un candidato presidencial desesperado por desconocer la voluntad popular, hasta actores políticos trajeados como “analistas” y aupados por los grandes medios privados, y algunos sectores de la sociedad fogoneados por irresponsables bombardeos mediáticos, dieron muestras de un rotundo desprecio por las instituciones, incluso de aquellas básicas en cualquier sociedad que se precie de democrática, como son las que autorizan al ente electoral nacional a organizar las contiendas electorales según determinadas reglas.

 

Apenas conocido el primer informe del Consejo Nacional Electoral sobre los resultados de las elecciones generales, el banquero candidato Guillermo Lasso no sólo anunció imprudentemente una segunda vuelta sino que arengó a desconocer los resultados del organismo electoral cuando aún sólo estaba escrutado 20% de los votos ( https://twitter.com/LassoGuillermo/status/833458189387571200 ). Ni bien se cerraron las urnas y se procedía al conteo, el banquero anunció que no permitiría una derrota electoral. Expresiones de odio en redes sociales contra ciudadanos manabitas que votaron por el oficialismo ( https://twitter.com/Canditabil/status/833448591687573504 ), movilizaciones de grupos políticos para advertir extorsivamente un desconocimiento de los resultados si el CNE no anunciaba una segunda vuelta, la presión de actores políticos, como el alcalde quiteño, para que el organismo publique “de inmediato” los resultados, ( http://www.elcomercio.com/actualidad/alcaldedequito-cne-resultados-elecciones2017-mauriciorodas.html ), fueron todas evidencias de la incapacidad de buena parte de la clase política “anti-populista” para hacer estallar un proceso que, excluyendo sus intervenciones, tuvo un alto desempeño democrático –tal como lo señalaron los diversos veedores internacionales-. Si son los populismos (y sus liderazgos) los que se empeñan en derruir las instituciones, ¿acaso los que afirman esta sentencia y se presentan como paladines de su resguardo no deberían haber dado el ejemplo en sentido contrario? Si es el liderazgo populista (en este caso de Correa) el que somete a la institucionalidad democrática a su designio y voluntad, ¿por qué entonces el CNE, supuestamente manipulado, no anunció una victoria del candidato oficialista de inmediato? ¿Para qué dilatar tanto los resultados y generar un caldo de cultivo para mayores sospechas?

 

El día posterior a las elecciones desde el gobierno se anunció que se requería mucha cautela para contar cada uno de los votos que aún faltaban por ser escrutados porque eso definía la elección (entre un 10% y 12%). Sin embargo, hay que reconocer que la actuación del CNE, en un momento en que el margen para que Lenin Moreno alcance el 40% (llevándole 10 puntos al segundo y por tanto gane en primera vuelta) era tan estrecho, requirió mayor prolijidad política y capacidad de comunicación pública para calmar la ansiedad y cualquier tipo de sospecha. Quizás tardíamente, ya habiéndose generado suspicacias y producido desmanes en el espacio público, el CNE convocó a una reunión entre los dos principales candidatos para alcanzar una suerte de tregua hasta que los resultados definitivos se hicieran públicos.

 

En este contexto pareció quedar relegada la cuestión del innovador referéndum que se orientaba a controlar la capacidad de las grandes fortunas para fugar del país y a inmunizar a sus instituciones de la corrupción. La victoria del pueblo ecuatoriano (por ahora, los resultados dicen que el 54% se pronunció a favor del SI) para combatir el privilegio ilegítimo e ilegal de unos pocos que evaden los impuestos (http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38956979 ) pareció ser otra prueba del ejercicio democrático y de la preocupación de la ciudadanía por garantizar mayor transparencia en la institucionalidad. ¿Cómo se puede entender que habiendo edificado su campaña electoral sobre la “lucha contra la corrupción” y sobre la recuperación de las instituciones de las garras populistas, Lasso no haya hecho siquiera un comentario sobre la contundente decisión de la voluntad popular para enfrentar la connivencia entre el poder económico y el poder político?

 

Por ahora, el escenario político está abierto. Habrá que aguardar los resultados y probablemente disponerse a reactivar la campaña de cara a un eventual balotaje el 2 de abril. Quizás las verdades reveladas en este jornada electoral hayan clarificado aún más las propuestas políticas y, sobre todo, evidenciado el modus operandi de ciertos sectores políticos. También la necesidad de que siendo gobierno, exista una aún mayor responsabilidad por garantizar el pronunciamiento de la voluntad popular. El mayor síntoma de que se vive en democracia es respetándola. Nos guste o no, las elecciones se ganan en las urnas, no a punta de fuerza, bravuconeo y captura de los medios de comunicación.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=223213

 

 

Consideremos cómo el gobierno de Correa bloquea e impide que comunidades y pueblos resistan la usurpación o la devastación de sus territorios.

 

 

Entrevista a Alberto Acosta

“El conflicto no tiene nada que ver con el proceso electoral”

25  de enero de 2017

Por Benjamín Beutler (Adyeniat/Rebelión

 

 

En medio de la campaña electoral tiene que enfrentar el gobierno del presidente Rafael Correa un conflicto minero en la Amazonía . Sobre la resistencia a las empresas mineras chinas, la guerra de posiciones entre intelectuales de izquierda y alternativas al sistema capitalista habló con Blickpunkt Lateinamerika –una publicación de Adveniat - con el economista Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas y expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador.

BB. El gobierno de Ecuador ha ampliado el estado de excepción en la provincia de Morona-Santiago , ha aumentado la presencia militar y ha restringido los derechos civiles. ¿Qué es lo que pasa?

La muerte de un policía, acontecida en un enfrentamie nto con un grupo de indígenas, en diciembre del año pasado, en un campamento minero, fue el detonante de la declaratoria de emergencia. Alrededor de este lamentable hecho gira la justificación gubernamental para militarizar dicha provincia . Pero el origen de esta situación violenta es mucho más profundo y complejo. Sus raíces nos conducen, en el corto plazo, al propio gobernante y su política extractivista y , haciendo un ejercicio de memoria larga, a un modelo de acumulación surgido desde tiempos coloniales .

BB. Por favor aclare un poco más este punto…

Miembros de la nacionalidad Shuar resisten desde hace varios años a la introducción de la megaminería en su territorio. Justamente este pueblo indígena fue uno de los pocos que no pudo ser conquistado desde la llegada de los españoles hace más de 500 años. Y su territorio tampoco fue colonizado durante la República, que empezó en 1830.

Ahora, con el gobierno de Rafael Correa se completaría ese afán colonizador. Correa , el mayor promotor de la megaminería de la historia republicana, impone de una manera violenta esta actividad extractiva. Sin siquiera cumplir con las mínimas disposiciones constitucionales , como lo es la consulta a las comunidades, el gobierno entregó una amplia concesión de miles de hectáreas a una empresa minera china en territorios indígenas ancestrales .

BB. … y eso provocó su respuesta defensiva ?

Si. La gente reaccionó. Se tomó el campamento, de donde fue desalojada brutalmente por la fuerza pública. Y en ese enfrentamiento lamentablemente falleció un policía.

BB . ¿Qué es lo que hace que los indígenas de la región se opongan a la minería? ¿Por qué se oponen tan tenazmente a la explotación de recursos naturales?, si a la postre las empresas pagan impuestos que benefician a la colectividad.

La megaminería, en particular, provoca verdaderas amputaciones a la Madre Tierra, la Pachamama como se la define en la Constitución ecuatoriana , en la que se asume a la Naturaleza como sujeto de derechos . Los efectos de la megamineria despedazan los tejidos sociales - especialmente económicos y culturales - de los pobladores de esas tierras: pueblos y nacionalidades indígenas, cuyos derechos están claramente establecidos en la misma Constitución, e incluso a nivel internacional por Naciones Unidas. Y esa destrucción de su hábitat afecta la posibilidad de la existencia misma de esas comunidades.

BB. Usted diría entonces, que los indígenas sólo se están defendiendo…

La violencia no está sólo en disparar un arma o destruir casas o derrocar una iglesia o militarizar un territorio, como sucede en la Amazonía , en un proceso destinado a introducir las empresas mineras. La violencia no sólo es material. La violencia surge también cuando poblaciones enteras o individuos aislados son perseguidos, amenazados e incluso criminalizados por defender sus territorios . Es violenta también la persecución a las personas y organizaciones, como Acción Ecológica, que se oponen pacíficamente –ajustados al derecho constitucional a la resistencia- a la destrucción de esos territorios , que son espacios de vida de comunidades y de la Naturaleza misma .

Todas estas violencias, desplegadas en nombre de la ley y el orden, cobijadas por el credo del progreso y del “desarrollo”, no son una mera consecuencia de la megaminería o de las actividades petroleras. Estas violencias son condición necesaria para ejecutar tales extractivismos . Este es el punto de fondo.

El conflicto ha escalado en tiempos de la campaña electoral , este mes de febrero se realizan elecciones presidenciales. Usted, conjuntamente con otros intelectuales, suscribió un llamado al actual gobierno de parar la megaminería y la ampliación d ela frontera petrolera. Esto generó una crítica del intelectual izquierdista Emir Sader que manifestó que esto le hace el juego a la derecha neoliberal . ¿Cómo ve usted esto ?

Este conflicto no tiene nada que ver con el proceso electoral. La posición de Sader es lamentable. É l está alineado con ciertos poderes apoyando ciegamente a los gobiernos progresistas , vaya uno a saber por qué. Él no acepta que entre la demagogia de esos gobiernos y los derechos de los pueblos median decisiones políticas opacas e inescrupulosas, así como acciones corruptas y violentas a favor de la acumulación del capital, en este caso de los capitales mineros chinos.

Él no ve o no quiere ver que el gobierno de Correa –embarrado e n la corrupción por los cuatro costados , lo de Odebrecht es apenas un hecho menor - ha conseguido logros neoliberales incluso impensables hace pocos años para los propios defensores de esta ideología .

BB. ¿Podría mencionar algunos ejemplos?

Uno de dichos logros es introducir en el Ecuador la megaminería . Otros serían la firma del TLC con la UE, la flexibilización laboral, la privatización de grandes campos petroleros, el debilitamiento y la división de los movimientos sociales, etc. El gobierno de Correa -que ha asumido los intereses chinos como propios y que ha convertido al Estado ecuatoriano en policía de las empresas de ese país- es el que impulsa una restauració n conservadora en toda la línea; recuérdese a modo de ejemplo, la sanción que impuso el presidente a dos asambleístas mujeres que trataron de discutir en el seno del parlamento ecuatoriano el tema del aborto en caso de viola ción, a eso se suman las permanentes restricciones a la libertad de expresión , para mencionar apenas dos casos .

En síntesis, no son los intelectuales críticos al correismo los que le hacen el juego a la derecha. Son personajes como Sader , que santifican a un régimen que sistemáticamente ha buscado sepultar toda posibilidad de cambio profundo de la sociedad ecuatoriana . Es decir, estos personajes son también corresponsables del fracaso de los gobiernos progresistas, sobre todo cuando miran para otro lado , mientras estos regímenes, con su propia gestión neoliberal, extractivista y autoritaria , abren la puerta para el retorno de las derechas oligárquicas.

BB. Menos exportación de petróleo y de minerales representa un fuerte reto para Ecuador. Los elevados ingresos del Estado han contribuido en gran medida a reducir la pobreza. ¿Cuáles son las alternativas que proponen los pueblos indígenas? ¿Cuál es el Buen Vivir posible para todos los ecuatorianos?

El Buen Vivir no es una alternativa de desarrollo. El Buen Vivir es una alternativa al desarrollo. No se trata de seguir por la misma senda desarrollista, como lo hacen todos los gobiernos progresistas y neoliberales de América Latina. Y menos aún se puede aceptar el vaciamiento de su contenido para transformar al Buen Vivir en un dispositivo de poder, como lo hace el caudillo del siglo XXI Rafael Correa.

Lo interesante ahora es que cuando hablamos del Buen Vivir no discutimos opciones por construir. Sus valores, experiencias y prácticas civilizatorias están vivas en diversas regiones. Estas alternativas a la Modernidad hacen del Buen Vivir una utopía realizada y realizable. Sus ejes fundamentales son la vida en comunidad y la relación armoniosa con la Naturaleza.

Entonces, el Buen Vivir, en tanto visiones y prácticas de vida existentes en diversas partes del planeta, ofrece múltiples posibilidades para repensar el futuro desde un presente vivo y con mucha historia . Al cuestionar la civilización dominante –que, como vemos a diario, sofoca la vida y todo lo que tiene que ver con ella , tal como sucede con la megaminería en la Amazonía ecuatoriana -, el Buen Vivir adquiere el potencial para construir alternativas desde una enorme multiplicidad de experiencias. Este es su gran potencial. Y el mundo tiene mucho que aprender de esta opción de vida digna para todos los humanos . 

 La entrevista fue publicada inicialmente –en una versión un poco más corta- en alemán: http://www.blickpunkt- lateinamerika.de/news-details/ article/der-amazonas-konflikt- hat-nichts-mit-wahlkampf-zu- tun.html?no_cache=1&cHash= e1086b220d545294a2f5fe0675b4cd f2

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222059

 

 

 

Contextualicemos la política económica del gobierno de Correa en el capitalismo de Nuestra América y observemos la correspondencia.

 

 

 

Entrevista a Decio Machado

"El 10% más rico concentra el 71% de la riqueza regional en América Latina"
1 de febrero de 2017

 

Por Joao Flores da Cunha (Instituto Humanitas de Unisinos (Brasil) / ADITAL

 

El fin del boom de las exportaciones de commodities alteró el escenario existente hasta hace poco en América Latina e inauguró un período de incertezas. En esta entrevista el investigador Decio Machado aborda el panorama político y económico de la región y el escenario coyuntural del Ecuador, cuya sociedad ira a las urnas el próximo día 19 de febrero para escoger al sucesor de Rafael Correa en la presidencia del país. Machado alerta que "los beneficios derivados del auge del precio de los commodities durante estos años anteriores ya desaparecieron" y "el crecimiento de la deuda externa vuelve a ser una realidad inquietante". Analizando el ciclo de gobiernos progresistas en América Latina, afirmó que existe un déficit de estos gobiernos respecto a la carencia de transformaciones estructurales y combinar la "radicalidad discursiva con la convivencia junto al poder de las élites económicas que históricamente dominaron nuestros países". El pensador desarrolla fuertes críticas al modelo de desarrollo basado en la exportación de materias primas, y defiende que este sea superado. Para él, "tenemos que superar el faso dilema ´extractivismo o pobreza´implementado en América Latina, y "no deja de causar sonrojo que el planteamiento estratégico de los gobiernos latinoamericanos para superar el extractivismo esté basado en implementar cada vez más extractivismo". El investigador abordó las relaciones económicas de la región con China, y considera las medidas proteccionistas que serán implementadas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos profundizarán aún más las "relaciones comerciales, económicas y militares que ya se vienen establecimiento entre América Latina y la zona Asia - Pacífico". 

¿Cuál es escenario político y económico actual en Ecuador?

El país vive un momento de transición política. Tras diez años de mandato, Rafael Correa abandonará su cargo el próximo 24 de mayo, fecha en la que será investido el próximo presidente de la República del Ecuador. Más allá de quien gane las elecciones del 19 de febrero, esto significará un cambio en la política institucional del país, pues el correismo, para bien y para mal, en la práctica se transformó en una propuesta de concentración de poderes en torno a un líder carismático que difícilmente tendrá continuidad sin su presencia en el Palacio de Carondelet. En lo que concierne a lo económico, tras un prolongado período de bonanza derivado del llamado “boom de los commodities” el país se ha visto fuertemente golpeado por la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar y el encarecimiento del financiamiento externo. El sumatorio de estas circunstancias ha hecho que la economía ecuatoriana cierre el año 2016 con una contracción del 1,7%, a la par de que el déficit fiscal se ha mantenido pese a que la deuda pública (interna y externa) se haya incrementado notablemente. Indicadores sociales positivos logrados durante gran parte del período correista en el ámbito de la lucha contra la pobreza, la disminución del desempleo, las mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores y el crecimiento de la capacidad adquisitiva de la población, se encuentran en la actualidad en franco deterioro. 

¿Cómo define usted el gobierno de Rafael Correa? ¿Cuál es el legado de su gobierno?

Considero que quien mejor definió este período fue el propio presidente Rafael Correa cuando dijo aquello de que “básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación”. En la práctica, se trata de un gobierno que impulsó la modernización del sistema capitalista en Ecuador a través del fortalecimiento del rol del Estado. Para ello, se impulsaron políticas sociales compensatorias que fueron el eje de esta nueva gobernabilidad, a la par que se exacerbó el modelo de explotación extractivista de recursos naturales y se fomentó ampliamente la construcción de obras de infraestructura en el país. Su legado combina la estabilización política con el desarrollo de un modelo de Estado-control, lo que implica la desarticulación y neutralización del tejido social organizado que antaño había sido protagonista de grandes luchas sociales. Para ello, el correismo se empeñó en controlar la vida colectiva desde el aparato del Estado mediante la judicialización de la protesta social. Desde esa perspectiva el régimen correista es altamente involucionista, pues entiende al Estado-nación como límite del pensamiento y las prácticas emancipatorias de los distintos pueblos y nacionalidades que conforman Ecuador. En la actualidad, con el advenimiento de la crisis económica fruto del fin de la “década dorada de los commodities”, quedó en evidencia que lo construido en materia de mejoramiento de los indicadores sociales a lo largo de este período tiene unos pilares demasiado frágiles. Esto nos hace reflexionar sobre el hecho de que no es posible mejorar estructuralmente la situación de los pobres sin tocar los privilegios de las élites económicas y los grandes grupos de poder. 

¿Cuál es su expectativa hacia las elecciones presidenciales? ¿Cree que Lenín Moreno será electo?

El hecho que Rafael Correa no esté en la papeleta de votación sumado a que el país se encuentra en recesión económica, generó amplias expectativas en los sectores de oposición al régimen. Sin embargo, han sido los propios errores de estos los que les llevaron a situarse en condiciones desfavorables durante esta contienda electoral. En el ámbito conservador, la rivalidad entre distintas facciones de la derecha no les permitió presentar una candidatura de unidad frente al régimen; y en el caso de las disidencias por la izquierda al correísmo, quienes si consiguieron unificarse en torno a una candidatura presidencial común, les faltó el valor para desarrollar un programa rupturista que fuera más allá de la prédica sobre la recuperación de la democracia y las libertades. El discurso de las diversas candidaturas opositoras, con independencia de su sensibilidad política, terminaron convergiendo en una narrativa común que se basa en el mal manejo económico del régimen durante los últimos años y la corrupción institucional existente, haciendo difícilmente distinguibles sus diferentes propuestas programáticas ante la ciudadanía. Por su parte, la campaña electoral del oficialismo esta basada en evidenciar la obra pública y la inversión social realizada durante esta década, posicionando a su candidato presidencial como cambio de estilo a la hora de gobernar dentro de la continuidad del régimen. Los sondeos serios sobre intención de voto en Ecuador indican que el oficialismo baja su intención de voto en función de que van aflorando distintos escándalos de corrupción durante el mandato del presidente Correa, mientras que los partidos de oposición no crecen en esa misma proporción. Mientras Alianza PAIS mantenga una ventaja superior a 10 puntos porcentuales sobre sus distintos rivales electorales, la disputa está en que la candidatura de Lenín Moreno obtenga el 40% de los votos válidos para ganar en primera vuelta. De no ser así, es decir, en caso de que exista una segunda vuelta o balotaje, la cosa podría complicársele al oficialismo, dado que estaríamos ante un escenario de rearticulación de alianzas entre las fuerzas opositoras.

 
¿Desde un punto de vista de la izquierda, quién es el mejor candidato a la presidencia de Ecuador?

Considero que si algo debemos aprender las izquierdas de este periodo definido como “ciclo progresista” en América Latina, es que más allá de que con determinadas políticas sociales se mejore coyunturalmente los guarismos de la desigualdad, es necesario políticas reales de redistribución de la riqueza que transformen el modelo de acumulación desigual heredado del neoliberalismo. El déficit de los gobiernos progresistas en lo que respecta a la falta de cambios estructurales en nuestras respectivas economías nacionales, deviene del hecho de que combinaron su radicalidad discursiva con la convivencia junto al poder de las élites económicas que históricamente han dominado nuestros países. Esto implicó que la crisis hegemónica neoliberal derivase en un modelo posneoliberal carente de proyecto anticapitalista. Volviendo al caso ecuatoriano, no veo en la candidatura presidencial oficialista ni en la candidatura aglutinadora de las izquierdas disidentes al correísmo ninguna reflexión al respecto. No encuentro ni en uno ni en otro programa la capacidad de imaginar el fin de la depredación capitalista. 

En Ecuador, Correa tuvo desgastes por cuenta del fracaso de la iniciativa Yasuní-ITT. En Bolivia, el presidente Evo Morales tuvo problemas por causa del proyecto de la carretera en el Parque Tipnis. ¿Cómo ve la relación entre esos gobiernos y los movimientos sociales e indígenas de eses países?
 

El problema de fondo entre los llamados gobiernos progresistas y los movimientos sociales es que en estos países ha registrado un aumento de la represión contra la protesta social. Tanto en Ecuador como en Bolivia hemos visto como se han adoptado medidas administrativas en contra de las organizaciones sociales que han explicitado su rechazo al modelo extractivista, a la par que se han aplicado lógicas de criminalización a la protesta social sobre líderes comunitarios, organizaciones de mujeres y comunidades indígenas en resistencia. Estos hechos son un reflejo de la involución de estos procesos políticos, donde a la disidencia social se le ha acusado de rebelión, sabotaje e incluso de terrorismo. Asistimos a nivel planetario a la implementación de una nueva tecnología de poder por parte de los Estados, y para ello se necesita poner en marcha medidas de disciplinamiento que normalicen a la sociedad, descomponga a sus individuos, fijando procedimientos de adiestramiento progresivo y control permanente sobre la sociedad civil. Lo sorprendente en el caso de los países progresistas, es que dichas políticas se asuman con naturalidad por parte de gobiernos que dicen hablar en nombre de sus pueblos y movimientos sociales. 

El desarrollo económico de América Latina en los años recientes fue en gran parte impulsado por la exportación de commodities. ¿Cuáles son los impactos de ese modelo extractivista para los países del continente? 

Durante esta última década y media el modelo de desarrollo latinoamericano ha agudizado su dependiente inserción internacional como proveedores de materias primas. Esto ha implicado una mayor vulnerabilidad de estas economías, subordinándolas a las fluctuaciones erráticas de los mercados globales. Más allá de esto, el impacto ambiental es incuestionable en el ámbito de la deforestación, la contaminación y el deterioro de la salud pública en los territorios afectados; y de igual manera también lo es el impacto en lo político, motivo por lo cual no es casualidad que en todos los países suramericanos se hayan identificado casos de corrupción vinculados a la gestión de sectores estratégicos y empresas extractivas. Junto a lo anterior viene de la mano un proceso de aceleración de lógicas vinculadas a la acumulación por desposesión, produciendo despojo, transformación violenta de las formas tradicionales de vida en las comunidades directamente afectadas, desplazamiento de sectores campesinos e indígenas de sus territorios históricos, militarización, criminalización de la protesta social, violencia estatal y paraestatal. Los defensores del extractivismo entienden este modelo como un mecanismo por el cual capitalizar al Estado, para posteriormente implementar políticas destinadas a la transformación de la matriz productiva e impulsar el desarrollo endógeno en sus respectivos países. Sin embargo, estos procesos extractivistas se caracterizan por ser economías de enclave, no generan actividades económicas nuevas a través del encadenamiento productivo ni se integran en el mercado laboral, orientando la explotación de recursos naturales hacia las necesidades del mercado global. En todo caso, no deja de causar sonrojo que el planteamiento estratégico de los gobiernos latinoamericanos para superar el extractivismo esté basado en implementar cada vez más extractivismo. 

¿Cree Ud. que es posible revertir 500 años de colonialismo y extractivismo en América Latina? ¿Existe alguna alternativa a este modelo? 

Como ya indiqué anteriormente, la superación del modelo primario exportador en el subcontinente basa su urgencia en cuestiones de índole económicas, políticas, ambientales e incluso de salud democrática. Para ello hemos de superar el falso dilema “extractivismo o pobreza”, implementado por los gobiernos latinoamericanos y especialmente por los que se abanderan como progresistas. Para ello es necesario generar una serie de medidas que serían complejas de desarrollar en su integridad durante esta entrevista, pero sobre las cuales voy a apuntar algunas ideas generales ya esbozadas por otros autores: frente a la reprimarización de las economías latinoamericanas es urgente poner en marcha medidas eficaces enfocadas a la diversificación de la producción nacional e incorporar el valor interno del retorno; el proceso de integración regional, hoy paralizado, debe ser la base para la búsqueda de complementariedades económicas entre los países de la región, reduciendo dependencia respecto a los mercados del norte; los países latinoamericanos deben buscar un nuevo perfil de especialización que les permita otra forma de inserción en el mercado global; es necesario generar políticas económicas eficientes en el ámbito del encadenamiento productivo, fiscal y de la demanda; y por último debemos, bajo un criterio de sostenibilidad planetaria, armonizar economía y sociedad con la naturaleza bajo los principios del Buen Vivir, pasando del antropocentrismo al biopluralismo. Estamos obligados, por el bien común y la supervivencia planetaria, a cambiar el actual paradigma civilizatorio.
 (...)
http://www.ihu.unisinos.br/564418-o-cenario-politico-e-economico-e-os-rumos-da-america-latina-entrevista-especial-com-decio-machado

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222335

 

 

Nos urge "la superación del modelo primario exportador en el subcontinente teniendo en cuenta cuestiones de índole económicas, políticas, ambientales e incluso de salud democrática". Implica el cambio radical en el concepto de progreso y de pobreza que da lugar a profundizar el capitalismo o el neoliberalismo.

 

 

Ecuador: Desarrollismo y extractivismo
24  de enero de 2017

 El despliegue del campo en el Ecuador en los años recientes atraviesa fuertemente por dos coordenadas que antes asomaban como opuestas pero que en la realidad se han conjugado: desarrollismo y extractivismo.

 

Por Francisco Hidalgo Flor

La fase más intensa de desarrollismo en la historia del Ecuador, a diferencia de la mayor parte de Latinoamérica, que lo vivió en el siglo anterior, se ha desplegado ahora entre 2007 y 2017 de la mano del régimen denominado progresista presidido por Rafael Correa.

La más intensa por varias razones: el proyecto político que adopta como eje el retorno del Estado logra una estabilidad y un consenso, poco frecuente en el Ecuador. Un solo mandatario que perdura una década y en los recientes seis años con una mayoría de dos tercios controlando la función parlamentaria.

A su vez ese Estado en expansión gozó de los recursos financieros más importantes en la evolución económica del país, fruto del incremento del precio de las materias primas, en especial el petróleo que aporta aproximadamente un tercio del Producto Interno Bruto del país, a lo que habrá que añadir el cambio en el porcentaje de recepción para las arcas estatales de las regalías del hidrocarburo.

Al mismo tiempo un Estado que incrementó notablemente la recaudación y la gama de tributos en el país, convirtiendo a la captación tributaria en la segunda fuente de ingresos estatales sólo superada por el ingreso petrolero, aunque cuando el precio del crudo se reduce debajo de los 35 dólares, pasa a ser el primer rubro.

Pero a la par, la más intensa ofensiva minera de la historia del Ecuador, que antes de esta década se había constreñido a tres o cuatro zonas en la región litoral y amazónica, pero que ahora abarca concesiones mineras a lo largo y ancho del país, en buena medida de la mano de empresas estatales y privadas chinas.

Como evidencia traer una declaración que dice mucho; en el mes de noviembre de 2016, en la primera visita de un presidente de la República Popular de China, Xi Jimping, al país, su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, expresó: “El financiamiento chino nos ha permitido ser el país de América Latina con mayor inversión pública”.

Destacan dos detalles: en la década reciente el principal proveedor de inversión extranjera directa y de crédito externo para el Ecuador ha sido China, y eso ha consolidado una estrategia de inversión que tiene al Estado como su principal ejecutor.

¿Qué ha pasado en el campo en esta década? El retorno del Estado en el campo entre 2007 y 2017 se expresó en el incremento de la infraestructura rural que conecta con lo urbano y los principales puertos y aeropuertos; la red de carreteras es el mejor ejemplo, también la expansión de la obra pública para el incremento de la productividad: represas hídricas y energía eléctrica. También una serie de subsidios al ingreso de las poblaciones consideradas en los márgenes de pobreza.

La principal estrategia gubernamental, denominada Cambio de la Matriz Productiva –expresada en dos cuerpos jurídicos: el Código de la Producción expedido en 2010 y la Ley de la Alianza Público-Privada expedida en 2015– significa que la columna vertebral de la acción de gobierno es la alianza entre el Estado y el agronegocio, para el impulso de la readecuación productiva alrededor de la exportación: banano, flores y camarón, y la expansión de los cultivos flexibles: caña de azúcar, palma aceitera y maíz duro.

En esta década el agronegocio en el Ecuador se expandió alrededor de los denominados “promisorios”, así los registros ecuatorianos indican que la producción en palma aceitera se ubicaba en 2007 en 1.8 millones de toneladas y para 2015 registró 4.1 millones; la caña de azúcar pasó de 6.5 millones a 10.1 millones de toneladas en el mismo periodo y el maíz duro de 900 toneladas a 1.8 millones de toneladas.

Algo que evidencia las tendencias generales en el campo es la evolución de superficie cultivada: en 2002 en cultivos permanentes se registraban 1.25 millones de hectáreas y en cultivos transitorios 1.15 millones de hectáreas, para 2015 los cultivos primeros ascendieron a 1.45 millones de hectáreas y los cultivos segundos descendieron a 970 mil hectáreas.

 

Digamos a favor del desarrollismo que en la década se mantuvo la tendencia de un 70 por ciento de la provisión alimentaria que viene del propio país y un 30 por ciento de importaciones, pero se expanden los cultivos ligados al agronegocio, ejemplo caña de azúcar y palma aceitera.

¿Qué pasó con la agricultura familiar y campesina? El complejo y abigarrado tejido social de la ruralidad ecuatoriana, que según el censo 2010 representa al 30 por ciento de la población total, que ha sido protagonista de primera línea en las movilizaciones sociales de los 90’s e inicios de la década del 2000 que dieron al traste con los regímenes neoliberales, ha debido afrontar ahora la ofensiva desarrollista, con consecuencias negativas en especial para los pueblos y las nacionalidades indígenas afectados por el agudo ángulo extractivista, pues buena parte de las regiones de la expansión minera se encuentra en territorios y zonas de población conformada por comunidades y aglomeraciones ancestrales y originarios.

En la agricultura campesina se han consolidado los cultivos ligados a la exportación, el ejemplo son el cacao y el café. Presentemos el cacao, que pasó a convertirse en el cultivo con mayor superficie, mientras en 2007 la superficie correspondiente a cacao solo (monocultivo) era 314 mil hectáreas y producía 73 mil toneladas, para el 2015 alcanzó las 448 mil hectáreas y una producción de 162 mil toneladas; en lo correspondiente a cacao asociado (diversificado), en 2007 era 108 mil hectáreas y producía 12 mil toneladas y para el 2015 se redujo a 88 mil hectáreas y 17 mil toneladas.

Es decir que dentro del cacao se afirman las líneas de monocultivo y especies modificadas y se debilitan las líneas de cultivos diversificados y especie nacional.

Pero el conflicto mayor no es la evolución en productividad, sino los problemas alrededor del tejido organizativo.

La principal organización indígena: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha sido constantemente acosada por sectores gubernamentales, con casos de acción divisoria y en otros de franca persecución.

La amazonia ecuatoriana ha sido profundamente transformada en esta década, la modernidad se ha expandido de la mano de la ampliación de la estructura estatal y el mejor ejemplo son los denominados “centros educativos del milenio”: la eliminación de escuelas rurales bilingües a favor de centros estatales con control directo estatal.

Diciembre contradictorio. Un buen ejemplo de todo lo indicado son los acontecimientos registrados en diciembre del 2016 y la afectación a pueblos indígenas en nombre del extractivismo.

Por un lado el gobierno de Correa impulsó y aprobó una nueva ley de impuestos que determina un impuesto sobre la ganancia extraordinaria generada alrededor de la especulación de suelo en tierra, en especial en las zonas urbanas, además expidió otro decreto que obliga a la banca privada al retorno de fondos financieros ubicados en el exterior, y finalmente impulsa una consulta popular que generaría la penalización y castigo para funcionarios y políticos con fondos en paraísos fiscales.

Pero por otro lado, al mismo tiempo, al cerrar el año, militariza una región de la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Morona, y persigue a las comunidades en la zona de Panantza, en un conflicto que involucra a la minera Explocobres que representa a capitales chinos. Asimismo, en consonancia con la ofensiva extractivista, ordena la clausura de una de las entidades de sociedad civil con mayor prestigio y difusión como es Acción Ecológica.

Y para completar el cuadro expide, el 16 de diciembre, el reglamento a la Ley de Tierras que refuerza la normatividad que castiga la invasión o toma de tierras y reafirma el articulado a favor de empresas extranjeras públicas o privadas para compra o arrendamiento de tierras.

*Sociólogo. Investigador del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador (SIPAE) y profesor de sociología agraria en la Universidad Central del Ecuador,francisco.hidalgo.flor@gmail.com

La Jornada del Campo, enero de 2017

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Ecuador_Desarrollismo_y_extractivismo

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Correa, un neo-neoliberal
7 de febrero de 2017

Por Alberto Acosta, John Cajas Guijarro  (Rebelión

 

“La larga y triste noche del neoliberalismo en el Ecuador fue la total entrega del país” Rafael Correa, 3.12.2010

El gobierno de Correa concluye transformado en mera herramienta para que el capital pueda satisfacer su voracidad acumuladora explotando trabajadores y Naturaleza. En ese sentido, el gobierno de Correa comparte muchos objetivos de los gobiernos neoliberales de los años 80 y 90. Pero mientras el viejo neoliberalismo apartaba y reducía al Estado para que los grandes capitalistas exploten libremente, el nuevo neoliberalismo fortalece al Estado y le reúne con el gran capital -local y transnacional- para explotar a trabajadores y Naturaleza. Así, Correa -y su gobierno- ha instaurado una suerte de neoliberalismo transgénico con la Intervención del Estado: una fase superior del neoliberalismo a la cual llamaremos neo-neoliberalismo.

Más allá de los discursos, en los hechos Correa y su gobierno han hecho y hacen libremente “lo que quisieron” para que el capital acumule explotando a la fuerza de trabajo y a la Naturaleza, a través de:

- Promover el tratado de libre comercio (TLC) con la Unión Europea: expresión máxima del neoliberalismo;

- Ampliar la frontera petrolera en el centro-sur de la Amazonía, incluyendo elITT-Yasuni;

- Imponer la minería a gran escala criminalizando y persiguiendo a quienes se oponen, ejemplo Kimsacocha, Íntag, Mirador, Panantza;

- Entregar campos petroleros maduros a empresas extranjeras (campo Auca a Schlumberger, campo Sacha a la empresa china CERGG);

- Conceder, sin licitación y por medio siglo, los puertos de Posorja, PuertoBolívar y Manta a capitales extranjeros.

- Apoyar grandes agronegocios, monocultivos y agro-combustibles marginando la soberanía alimentaria y la reforma agraria;

- Promover alianzas público-privadas, es decir, privatizaciones, ejemplo hidroeléctricas y gasolineras públicas; programas de alimentación escolar con las grandes cadenas comercializadoras de alimentos;

- Prácticamente “privatizar la salud” vía convenios con clínicas privadas, incluyendo sobreprecios; fomentar indirectamente a “privatizar la educación” con el auge de cursos y universidades privadas para los “no elegidos”;

- Reintroducir la flexibilización laboral, ejemplo; permitir reducción de horas de trabajo; afectar a beneficios como cesantía;

- Aprobar decretos 016 y 739 (para controlar organizaciones sociales y sociedad civil) y decreto 813 (para disciplinar a trabajadores públicos);

- Crear organizaciones sociales –sobre todo sindicales- paralelas propias y afines al gobierno;

- Tomar, a la fuerza, el Fondo de Cesantía del Magisterio; etc.

A todo esto se suma la represión social (por ejemplo casi 200 personas detenidas en protestas de agosto de 2015), violaciones de otros derechos (mencionemos las agresiones a autonomía universitaria) y hasta control y restricción a la libertad de expresión.

En medio de esa vorágine económica y política neo-neoliberal, se desperdició una gran oportunidad. Pues pese a tener ingresos de 277 mil millones de dólares (ene.2007-oct.2016), el gobierno de Correa, aún antes de la caída de los precios del crudo, endeudó al país de forma alegre: la deuda pública (oficial) aumentó de 13,4 a 37,2 mil millones de dólares, es decir, más que se triplicó (ene.2007-nov.2016) (con una deuda externa que aumentó de 10,1 a 24,8 mil millones): este es el mayor monto de deuda de toda la historia republicana. Y por cierto también desde el 2014 retornó al redil del FMI y Banco Mundial, llegando a entregar más de la mitad de la reserva del oro a un banco de muy dudosa reputación: Goldman Sachs. También, con el aval de semejantes “padrinos”, el Ecuador volvió a los mercados financieros y, a diciembre 2016, mantiene una deuda externa en bonos “soberanos” de 7,3 mil millones, contrata con tasas de interés elevadísimas y a plazos muy cortos, a más de la preventa de importantes cantidades de petróleo.

La “década ganada” fue para pocos, a la cabeza grandes grupos como La Favorita, ElJuri, Banco Pichincha, Pronaca, Claro, Movistar, Nestlé, Fybeca, el capital chino (tanto petrolero como minero), y hasta el clásico capital financiero internacional. Los ingresos de las mil compañías más grandes del país aumentaron de 45,7 a 65,4 mil millones (2011-2015). Y por cierto también personajes del círculo íntimo de Correa lucraron de casos de corrupción escandalosos, ejemplo: Petroecuador. Otro caso destacado –entre los muchos que se podrían mencionar- es la “repotenciación” de la refinería de Esmeraldas originalmente se presupuestaba en unos 180 millones pero, al parecer, terminó con un costo de 2,2 mil millones…

Mientras el correísmo hizo ganar millonarias sumas al capital, el salario básico unificado experimentó incrementos ínfimos de 14 dólares entre 2014-2015, 12 dólares entre 2015-2016, y entre 2016-2017 va a pasar de 366 a 375 dólares mensuales. ¡9 dólares! A ese paso, ni en 10 años llegaremos a un salario básico de 500 dólaresmensuales ¿No es eso otra clara demostración neoliberal?

Ya en su final y en medio de una crisis que explotará el 2017, el gobierno de Correa no tiene el menor recelo en libremente ser cómplice del capital al explotar cada vez más a trabajadores y Naturaleza. La represión a los pueblos indígenas en la Amazonía para imponer la megaminería, algo que no lo lograron los anteriores regímenes neoliberales, parece será la despedida del caudillo del siglo XXI.

En conclusión, Correa: un neo-neoliberal. Ojalá sea así como la Historia lo guarde en su memoria...

(Publicado por la CEDOCUT - Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, Miembro del FUT - Frente Unitario De Trabajadores)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222604

En consecuencia, los gobiernos progresistas no han encaminado otro modelo de sociedad que el capitalista. Ni los más izquierdistas lo han hecho. Examinemos:

 

La implosión de la Venezuela rentista[1]

12 de julio de 2016

Por: Edgardo Lander

Crisis en todos los ámbitos de la vida colectiva

El detonante principal de la crisis por la cual atraviesa hoy Venezuela, más obviamente no la única causa, ha sido el colapso de los precios del petróleo de los últimos tres años. Mientras en el año 2013 el precio promedio de los crudos venezolanos fue de $100, bajó a $88,42 en el año 2014 y a $44.65 en el 2015. Llegó a su nivel más bajo en el mes de febrero del año 2016, con un precio de $24,25.[2] El gobierno del Presidente Chávez, lejos de asumir que una alternativa al capitalismo tenía necesariamente que ser una alternativa al modelo depredador del desarrollo, del crecimiento sin fin, lejos de cuestionar el modelo petrolero rentista, lo que hizo fue radicalizarlo a niveles históricamente desconocidos en el país. En los 17 años del proceso bolivariano la economía se fue haciendo sistemáticamente más dependiente del ingreso petrolero, ingresos sin los cuales no es posible importar los bienes requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la población, incluyendo una amplia gama de rubros que antes se producían en el país. Se priorizó durante estos años la política asistencialista sobre la transformación del modelo económico, se redujo la pobreza de ingreso, sin alterar las condiciones estructurales de la exclusión.

Identificando socialismo con estatismo, mediante sucesivas nacionalizaciones, el gobierno bolivariano expandió la esfera estatal mucho más allá de su capacidad de gestión. En consecuencia el Estado es hoy más grande, pero a la vez más débil y más ineficaz, menos transparente, más corrupto. La extendida presencia militar en la gestión de organismos estatales ha contribuido en forma importante a estos resultados. La mayor parte de las empresas que fueron estatizadas, en los casos en que siguieran operando, lo hicieron gracias al subsidio de la renta petrolera. Tanto las políticas sociales, que mejoraron significativamente las condiciones de vida de la población, como las múltiples iniciativas solidarias e integracionistas en el ámbito latinoamericano, fueron posibles gracias a los elevados precios del petróleo. Ignorando la experiencia histórica con relación al carácter cíclico de los precios de los commodities, el gobierno operó como si los precios del petróleo se fuesen a mantener indefinidamente sobre los cien dólares por barril.

Dado que el petróleo pasó a constituir el 96% del valor total de las exportaciones, prácticamente la totalidad de las divisas que han ingresado al país en estos años lo han hecho por la vía del Estado. A través de una política de control de cambios, se acentuó una paridad de la moneda insostenible, lo que significó un subsidio al conjunto de la economía. Los diferenciales cambiarios que caracterizaron esta política, llegaron a ser de más de cien a uno. Esto, unido a la discrecionalidad con la cual los funcionarios responsables pueden otorgar o no las divisas solicitadas, hizo que el manejo de las divisas se convirtiera en el principal eje de la corrupción en el país.[3]

 

En la época de las vacas gordas todo el ingreso fiscal extraordinario se gastó, incurriéndose incluso en elevados niveles de endeudamiento. No se crearon fondos de reserva para cuando bajasen los precios del petróleo. Cuando estos colapsaron, sucedió lo inevitable, la economía entró en una profunda y sostenida recesión y el proyecto político del chavismo comenzó a hacer aguas.

 

El PIB tuvo un descenso de 3,9% en el año 2014, y de 5.7% en el 2015.[4] Para el año 2016, la CEPAL pronostica una caída del 7%.[5] Hay un importante y creciente déficit fiscal. De acuerdo a la CEPAL, la deuda externa se duplicó entre los años 2008 y 2013[6]. Si bien como porcentaje del PIB todavía no es alarmante, la drástica reducción del ingreso de divisas dificulta su pago.[7] Se ha producido una caída fuerte de las reservas internacionales. Las reservas del mes de junio del año 2016 representaban 41% del monto correspondiente a las de finales del año 2012.[8] El acceso a nuevos financiamientos externos está limitado por la incertidumbre en torno al futuro del mercado petrolero, la falta de acceso a los mercados financieros occidentales, y las muy elevadas tasas de interés que se le exigen al país en la actualidad.

 

A esto se suma la tasa de inflación más elevada del planeta. De acuerdo a las cifras oficiales, en el año 2015 la inflación fue de 180,9%, y la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 315%.[9] Con seguridad se trata de una subestimación. No hay cifras oficiales disponibles, pero la tasa de inflación en el primer semestre del año, particularmente en el renglón de alimentos, ha sido muy superior a la del año anterior.

 

Esta severa recesión económica podría conducir a una crisis humanitaria. Hay un desabastecimiento generalizado de alimentos, medicinas y productos del hogar. Las familias venezolanas tienen que pasar cada vez más tiempo recorriendo establecimientos y haciendo colas en la búsqueda de alimentos que no estén más allá de su capacidad adquisitiva. Se está produciendo una reducción significativa en el consumo de alimentos por parte de la población. De la situación en la que la FAO hizo un "Reconocimiento de progresos notables y excepcionales en la lucha contra el hambre" basado en datos hasta el año 2013, señalando que había una proporción de menos de 6,7% de personas desnutridas,[10] se ha pasado a una situación de crecientes dificultades para obtener alimentos y donde el hambre se ha convertido en un tema de conversación cotidiano. De acuerdo a las últimas estadísticas oficiales, a partir del año 2013 se ha venido produciendo un descenso sostenido en el consumo de prácticamente todos los renglones de alimentos. En algunos casos en forma muy pronunciada. Entre el segundo semestre del año 2012 y el primer semestre del año 2014, el consumo de leche líquida completa se redujo a menos de la mitad.[11] Estas son cifras anteriores a la profundización del desabastecimiento y la inflación ocurrida en el último año. Las encuestas registran que es cada vez mayor el número de familias que ha dejado de comer tres veces al día, incrementándose incluso el porcentaje de familias que afirma comer una sola vez al día. De acuerdo a la encuestadora Venebarómetro, una gran mayoría de la población (86.3%) afirma que compra menos o mucho menos comida que anteriormente.[12]

 

En el ámbito del acceso a medicamentos y servicios de salud la situación es igualmente crítica. Los hospitales y demás centros de salud presentan elevados niveles de desabastecimiento de insumos básicos, así como la ausencia de equipos e instrumental médico debido a limitaciones en el acceso a repuestos y otros insumos, sean nacionales o importados. En hospitales y centros de salud es común que solo se pueda atender y alimentar a los enfermos si los familiares pueden aportar los insumos y alimentos requeridos. Son frecuentes las suspensiones de operaciones por falta de equipos, insumos o personal médico. Pacientes que requieren diálisis no reciben tratamiento. Medicamentos indispensables para el tratamiento de enfermedades tales como diabetes, hipertensión y cáncer escasean severamente.

 

El gobierno no reconoce la posibilidad de que el país esté entrando en una emergencia que requiera asistencia desde el exterior. Por una parte, porque esto sería visto como la admisión del fracaso de su gestión. Pero igualmente, para evitar que ese reconocimiento pueda servir como puerta de entrada para la operación de dispositivos de intervencionismo humanitario, armado de considerarse necesario, cuyas consecuencias son bien conocidas.

 

En estos últimos años el gobierno ha puesto en marcha diversos operativos y mecanismos de distribución de alimentos, los cuales han sido de corta duración y, en general, han fracasado por la ineficiencia y los muy elevados niveles de corrupción. No han logrado desmantelar la redes mafiosas, gubernamentales y privadas, que operan en cada uno de los eslabones de las cadenas de comercialización, desde los puertos hasta la venta al por menor. Por otra parte, todos estos mecanismos han estado concentrados en la distribución, sin abordar en forma sistemática la profunda crisis existente en la producción nacional.

 

La última iniciativa son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), orientados principalmente a la venta de bolsas con algunos alimentos subsidiados directamente en las viviendas. Ha sido este mecanismo muy polémico, entre otras cosas porque no hay suficientes alimentos disponibles para llegar a todos, y por operar a través de estructuras partidistas (el PSUV). Con muy poco tiempo de funcionamiento ya se han formulado múltiples denuncias tanto por su carácter político excluyente de quienes no se identifiquen como partidarios del gobierno, como, una vez más, por la corrupción.

 

Con excepción de Caracas, durante meses en el año 2016 hubo racionamiento eléctrico, con suspensión del servicio por cuatro horas diarias.[13] Para ahorrar electricidad, las oficinas públicas en todo el país sólo trabajaron dos días a la semana durante meses y luego con un horario diario reducido, debilitando aún más la menguada capacidad de gestión del Estado venezolano. La distribución del agua ha estado racionada, afectando desproporcionadamente a los sectores populares. Hay igualmente una severa crisis en el transporte público por falta de repuestos, hasta los más comunes como baterías y cauchos.

 

Todo esto se traduce en un severo deterioro de las condiciones de vida de la población, conduciendo a la acelerada pérdida de las mejorías sociales que se habían logrado en los años anteriores. El gobierno ha dejado de publicar, o sólo publica con mucho atraso, la mayor parte de las principales estadísticas económicas y sociales. Por ello, las únicas fuentes actualizadas con las cuales se cuentan son algunos estudios universitarios y de encuestadoras privadas.[14]En el último estudio difundido por un proyecto interuniversitario,[15] en términos de ingreso y de la capacidad para adquirir lo que definen como la canasta normativa de alimentos, se caracteriza al 75,6% de la población como pobre y la mitad del total de la población como pobres extremos.[16] Esto, más que un deterioro, constituye un colapso del poder adquisitivo de la mayor parte de la población.

 

La reducción de la capacidad adquisitiva es generalizada, pero no afecta por igual a todos los sectores de la población, con lo cual se ha producido un incremento de las desigualdades sociales. La reducción de las desigualdades de ingreso había sido uno los logros más importantes del proceso bolivariano. El actual deterioro de la capacidad adquisitiva afecta en primer lugar a quienes viven de un ingreso fijo como salarios, jubilaciones y pensiones. Por el contrario, quienes cuentan con acceso a divisas que compran cada vez más bolívares, y quienes participan en los múltiples mecanismos especulativos del llamado bachaqueo, con frecuencia terminan favorecidos por la escasez/inflación.

 

En las condiciones actuales, el gobierno ya no cuenta con los recursos que serían necesarios para abastecer a la población mediante programas masivos de importación de alimentos. Por las mismas razones, la incidencia de las políticas sociales, las Misiones, está marcada por un sostenido deterioro.

 

Por la vía de los hechos, la política económica del gobierno opera como una política de ajuste que contribuye al deterioro de las condiciones de vida de la población. Se le ha otorgado prioridad al pago de la deuda externa sobre las necesidades alimentarias y de salud de la población venezolana. De acuerdo al Vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez Abad, Venezuela recortará sustancialmente sus importaciones este año con el fin de cumplir con sus compromisos de deuda.[17] Se ha anunciado que el monto total de divisas disponibles para importaciones no petroleras en el año 2016 será de solo 15 mil millones de dólares[18], lo que representa la cuarta parte del volumen de las importaciones del año 2012. Y sin embargo, el Presidente Maduro ha informado que "...el Estado venezolano ha pagado en los últimos 20 meses 35 mil millones de dólares a los acreedores internacionales..."[19] Esto es extraordinariamente grave, dados los elevados niveles de dependencia de las importaciones que tiene la alimentación básica de la población.

Son variadas las propuestas que se han venido formulando desde organizaciones políticas y académicas, así como movimientos populares, sobre posibles vías para la obtención de los recursos necesarios para responder a las necesidades urgentes de la población. Entre estas destaca la Plataforma de Auditoría Pública y Ciudadana,[20] que exige la realización de una investigación a fondo de los extraordinarios niveles de corrupción con los cuales han operado los procesos de entrega, por parte de organismos del Estado, de divisas subsidiadas para las importaciones.[21] Esta auditoría permitiría comenzar los procesos de recuperación de los recursos sustraídos a la nación. Esta posibilidad ha sido rechazada por el gobierno. Sería abrir una caja de Pandora que, con seguridad, implicaría tanto a altos funcionarios públicos, civiles y militares, como a empresarios privados.

 

Igualmente importante sería la realización de una auditoría de la deuda externa, con el fin de identificar que parte de ésta es legítima y que parte no lo es. A partir de ésta, se plantearía una renegociación de las condiciones de pago de la deuda, partiendo de que es prioritario responder a las necesidades inmediatas de alimentación y salud de la población sobre el pago a los acreedores. Se ha propuesto igualmente la conveniencia de un impuesto extraordinario a los bienes de venezolanos en el exterior, así como una reforma impositiva que aumente el aporte de las grandes fortunas, en especial del sector financiero, que pagan tasa muy bajas.

Nada de esto, por supuesto, tendría mayor impacto si no se crean mecanismos de contraloría social efectivos que garanticen que, en este contexto de corrupción generalizada, estos bienes lleguen a quienes los necesitan.

Una nueva economía: las múltiples caras del denominado "bachaqueo"

En los últimos tres años se han producido reacomodos importantes en la estructura económica del país, muy especialmente en los sectores de comercialización. Una elevada proporción del acceso a bienes básicos en el país ocurre hoy por la vía de los mecanismos informales del llamado bachaqueo. Algunos de los casos más escandalosos de corrupción conocidos en el país en estos años tienen que ver precisamente con el acaparamiento y la especulación en la importación y en las cadenas públicas y privadas de distribución de alimentos.

 

Este complejo nuevo sector de la economía, que ha adquirido en estos años un enorme peso, incluye una amplia gama de modalidades y mecanismos tanto públicos como privados. Dada la presencia simultánea de un generalizado desabastecimiento y la desbordada inflación, la diferencia entre el precio de venta de los productos regulados y el precio al cual estos mismos productos son vendidos en los mercados informales puede ser de diez a uno, de veinte a uno, e incluso más. Esta actividad, que mueve a mucha gente y moviliza mucho dinero, opera en diversas escalas. Incluye, entre otras, el contrabando de extracción de diferentes dimensiones, principalmente hacia Colombia, el desvío masivo de bienes de las cadenas públicas de distribución mayorista, el acaparamiento por parte de agentes comerciales privados, y la compra y reventa en pequeña o mediana escala de productos regulados por parte de los llamados bachaqueros.

 

Por su novedad, heterogeneidad y fluidez no se cuenta con una caracterización confiable sobre la dimensión de este sector de la economía y sus relaciones con los otros sectores de ésta. En esta actividad se pueden obtener ingresos muy superiores a una elevada proporción de los empleos asalariados existentes en el país. Lo que es indudable es que hoy, si dejase de operar de un día para otro este sector de la economía, el país se paralizaría. De acuerdo a una de las principales encuestadoras del país, el 67 % de la población venezolana reconoce que compra los productos total o parcialmente a través de los llamados "bachaqueros".[22] El hecho de que este sector de la economía opere con mecanismos extremadamente diversos no sólo hace difícil su caracterización, sino igualmente su evaluación desde puntos de vista políticos o éticos. Sobre el impacto perverso que para la sociedad tiene la corrupción en las cadenas oficiales de distribución, el acaparamiento y la especulación por parte de agentes privados y las mafias violentas, con frecuencia armadas, que controlan determinados eslabones de las cadenas de comercialización, no queda duda. No es lo mismo el bachaqueo en pequeña escala llevado a cabo por ese amplio sector de la población que, en ausencia de toda otra alternativa para alimentar a su familia, convierten la actividad de compra, trueque y venta especulativa de productos escasos en una modalidad de sobrevivencia.

 

Lo que si puede afirmarse es que en un proceso político orientado durante años por los valores de la solidaridad y la promoción de múltiples forma de organización popular de base en las cuales participaron millones de personas, la respuesta ante esta profunda crisis no ha sido mayoritariamente solidaria, ni colectiva, sino individualista y competitiva. Las significativas transformaciones en la cultura política popular de años anteriores, los sentidos de dignidad, las subjetividades caracterizadas por la auto confianza y el entusiasmo en  relación sentirse parte de la construcción de un mundo mejor, entran en dinámicas regresivas. Buena parte de las organizaciones sociales de base creadas durante estos años (mesas técnicas de agua, consejos comunitarios de agua, consejos comunales, comunas, etc.), se encuentran hoy debilitadas, tanto por la carencia de los recursos estatales de las cuales se habían hecho dependientes, como por el creciente deterioro de la confianza en el gobierno y en el futuro del país. Otras, con mayor capacidad de autonomía, hoy debaten cómo continuar operando en este nuevo contexto.

Es este el paisaje cultural que hace posible, por ejemplo, que miles de niños de hasta 12 años estén abandonando la escuela para incorporarse a bandas criminales, iniciándose generalmente en el micro tráfico de drogas que constituye, gracias a las políticas prohibicionistas con relación a las drogas que siguen vigentes en el país, un lucrativo negocio y una fuente permanente de violencia.Además de las consecuencias de la desnutrición infantil, lo que posiblemente tenga un impacto negativo de más larga duración para el futuro del país es el hecho de que la confluencia de estas dinámicas ha ido produciendo procesos de desintegración del tejido de la sociedad, un estado de desconfianza generalizada y una profunda crisis ética en buena parte de la conciencia colectiva.(...)

 

 

Del rentismo extractivista petrolero al rentismo extractivista minero

La profunda crisis que hoy se vive en Venezuela representa un momento de inflexión fundamental en la historia contemporánea del país. Pero, ¿en qué dirección? Después de un siglo de rentismo petrolero, de hegemonía de una lógica rentista, Estado-céntrica, clientelar y devastadora tanto del ambiente como de la diversidad cultural, éste debería ser el momento en que, como sociedad -más allá de la urgencia de medidas extraordinarias requeridas para responder a la crisis alimentaria y de medicamentos que vive en país- se asuma que se trata de la crisis terminal de este modelo. Es el momento de dar comienzo a un amplio debate y procesos de experimentación colectivos que enfrenten los retos de la urgencia de una transición hacia otro modelo de sociedad. Sin embargo, en lo fundamental, ésta no ha sido la respuesta a la crisis. El consenso petrolero nacional no ha sido cuestionado sino en un terreno retórico. Los programas de gobierno del PSUV y de la MUD en las últimas elecciones presidenciales, a pesar de las profundas diferencias en todos los demás temas, ofrecieron duplicar la producción petrolera para llevarla a 6 millones de barriles diarios para el año 2019. En otras palabras, lo que ambos vislumbraban como futuro para Venezuela era la profundización del rentismo.

 

Más allá de la poco probable recuperación significativa de los precios del petróleo en el mercado internacional, ¿de que le sirve al país contar con las mayores reservas de hidrocarburos del planeta si por lo menos 80% de estas reservas tienen que permanecer bajo tierra si queremos tener alguna probabilidad de evitar transformaciones climáticas catastróficas que pondrían en peligro la vida humana?

 

En la actual coyuntura, el énfasis casi exclusivo de la oposición ha estado en la necesidad de salir del gobierno del Presidente Maduro como condición para regresar a la normalidad del orden ¿neoliberal? interrumpida por el proceso bolivariano. Por parte del gobierno, aparte de múltiples medidas inconexas que reflejan más improvisación que capacidad de reconocer la situación actual del país, la respuesta más importante ha sido la proclamación de un nuevo motor de la economía, la minería, con lo cual se pretende reemplazar al rentismo extractivista petrolero, por un rentismo extractivista minero.

 

El 24 de febrero del año 2016, mediante decreto presidencial, Nicolás Maduro decidió la creación de una Nueva Zona de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco",[45] abriendo casi 112 mil kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, a la gran minería para la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros minerales. De acuerdo al Presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, el gobierno ya ha suscrito alianzas y acuerdos con 150 empresas nacionales y transnacionales, "quienes, a partir de entonces, podrán ejecutar labores de exploración, para certificar las reservas minerales, para luego pasar a la fase de explotación de oro, diamante, hierro y coltán".[46]Se desconoce cuáles son estas empresas y el contenido de estos acuerdos.

 

La explotación minera, sobre todo en la extraordinaria escala que se contempla en el Arco Minero del Orinoco, significa obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. Esta área cubre selvas tropicales húmedas de la Amazonía venezolana, grandes extensiones de sabanas de frágiles suelos, una extraordinaria biodiversidad, críticas fuentes de agua. Todo esto por decisión presidencial, en ausencia total de debate público, en un país cuya Constitución define a la sociedad como "democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural", y en carencia total de los estudios de impacto ambiental exigidos por el orden jurídico vigente.

 

Lejos de representar una mirada alternativa a la lógica rentista que ha predominado en el país durante un siglo, expresa este decreto una decisión estratégica de profundizar el extractivismo y acentuar la lógica rentista. El mineral a explotar en el cual el gobierno ha hecho más énfasis ha sido el oro. De acuerdo al Ministro de Petróleo y Minería y Presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, se estima que las reservas auríferas de la zona serían de 7.000 toneladas, lo que a los precios actuales representaría unos 280.000 millones de dólares.[47]

 

No hay tecnología de minería en gran escala que sea compatible con la preservación ambiental. Las experiencias internacionales en este sentido son contundentes. En regiones boscosas, como buena parte del territorio del Arco Minero, la minería en gran escala, a cielo abierto, produciría necesariamente procesos masivos e irreversibles de deforestación. La rica biodiversidad de la zona sería severamente impactada, generándose la pérdida de numerosas especies. Los bosques amazónicos constituyen una defensa vital en contra del calentamiento global que afecta al planeta. La deforestación de estos bosques implica simultáneamente un incremento de la emanación de gases de efecto invernadero y una reducción de la capacidad de dichos bosques de absorber/retener dichos gases, acelerando así el calentamiento global. Por ello, las consecuencias de estas acciones transcienden en mucho al territorio nacional. En lugar de otorgarle prioridad a la necesidad urgente de frenar los actuales procesos de destrucción de bosques y cuencas generados por la explotación ilegal del oro, con la presencia de grupos paramilitares que controlan importantes extensiones de territorio, con la legalización y promoción de las actividades mineras en gran escala contempladas en el territorio del Arco Minero del Orinoco, se produciría una fuerte aceleración de esta dinámica devastadora.

 

Este proyecto constituye una flagrante y generalizada violación de los derechos de los pueblos indígenas, tal como estos están garantizados en el Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se violan igualmente los derechos establecidos en los principales instrumentos legales referidos a éstos que han sido aprobados por la Asamblea Nacional en estos años: Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas(enero 2001) y La Ley Orgánica de pueblos y comunidades indígenas (LOPCI, diciembre 2005). Entre estas violaciones destacan todas las normas de consulta previa e informada que están firmemente establecidas tanto en la legislación venezolana como internacional (Convenio 169 de la OIT) en los casos en que se programen actividades que podrían impactar negativamente los hábitats de estos pueblos. Dándole un nuevo zarpazo a la constitución nacional, se continúa desconociendo la existencia misma de los Pueblos Indígenas, amenazándolos con su desaparición como pueblos, ahora a nombre del Socialismo del Siglo XXI.

 

En el pasado, tanto en Venezuela como en el resto del planeta, se le dio prioridad a la explotación de minerales e hidrocarburos sobre el agua, asumiendo que se trataba de un bien infinitamente disponible. Fueron muchas y de catastróficas consecuencias las decisiones que basadas en este supuesto de disponibilidad sin límites al agua se tomaron en diferentes países del mundo. El ejemplo más dramático en Venezuela es el del Lago de Maracaibo, el lago de agua dulce de mayor extensión de América Latina. Como consecuencia del canal de navegación abierto para la entrada de buques petroleros, la contaminación agroquímica y la descarga de aguas cloacales sin tratamiento, lenta pero seguramente, durante décadas se ha venido matando este vital reservorio de agua. ¿Está la sociedad venezolana dispuesta a repetir esta catástrofe ambiental, está vez en las cuencas de los ríos Caura, Caroní y Orinoco, en la Amazonía venezolana? La zona del territorio venezolano al sur del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del país. Los procesos de deforestación previsibles con la actividad minera en gran escala inevitablemente conducirán a una reducción de estos caudales.

 

Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la vida de los habitantes del territorio venezolano en los últimos años ha sido el de las sucesivas crisis eléctricas, debidas en parte a la reducción del caudal del Caroní, río cuyas represas hidroeléctricas generan hasta 70% de la electricidad que se consume en el país. A las alteraciones generadas por el cambio climático, la minería en gran escala en el territorio del Arco Minero del Orinoco contribuiría directamente a la reducción de la capacidad de generación de electricidad de estas represas. En primer lugar, por la reducción del caudal de los ríos de la zona impactada por estas actividades. Igualmente, la minera río arriba, al reducir la capa vegetal de las zonas circundantes, inevitablemente incrementaría los procesos de sedimentación de éstas. Con ello se reduciría progresivamente su capacidad de almacenamiento y su vida útil. Todas las represas hidroeléctricas de este sistema del bajo Caroní se encuentran dentro de los límites que han sido demarcados como parte del Arco Minero del Orinoco.

En la explotación del Arco Minero está prevista la participación de "empresas privadas, estatales y mixtas". El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas corporaciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no exigencia de determinados requisitos previstos en la legislación venezolana, la generación de "mecanismos de financiamiento preferenciales", y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para-arancelarias a sus importaciones. Contarán igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado.

Las posibilidades de oponerse a los impactos de la gran minería en la zona del Arco Minero están negadas por las normativas del decreto. Con el fin de impedir que las actividades de las empresas encuentren resistencia, se crea una Zona de Desarrollo Estratégico bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El decreto en cuestión establece en forma expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco Minero.

Artículo 25. Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto.

Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendientes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Los organismos de seguridad del estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo.

 

Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta "Prevalencia del interés general sobre Intereses particulares". Se entiende por "interés general", la explotación minera tal como ésta está concebida en este decreto presidencial. Toda otra visión, todo otro interés, incluso la apelación a la Constitución, pasa a ser definido como un "interés particular", y por lo tanto sujeto a que los "organismos de seguridad del Estado" lleven a cabo "las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas" en el decreto. Pero, ¿cuáles son o pueden ser los intereses denominados aquí como "particulares"? El decreto está redactado en forma tal que permite una amplia interpretación. Por un lado, señala expresamente como "particulares" los intereses sindicales y gremiales. Esto puede, sin duda, conducir a la suspensión, en toda la zona, de los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución, y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Implica esto igualmente que los derechos "gremiales", y por lo tanto "particulares" de los periodistas de informar sobre el desarrollo de las actividades mineras quedan suspendidos?

 

¿Qué implicaciones tiene esto para quién, sin duda, sería el sector de la población más afectado por estas actividades, los pueblos indígenas? ¿Serían las actividades en defensa de los derechos constitucionales de dichos pueblos llevadas a cabo por sus organizaciones, de acuerdo a "sus normativas" entendidos igualmente como "intereses particulares" que tendrían que ser reprimidos si entrasen en contradicción con el "interés general" de la explotación minera en sus territorios ancestrales?

Todo esto es aún más preocupante si se considera que sólo dos semanas antes del decreto de creación de la Zona de desarrollo del Arco Minero, el Presidente Nicolás Maduro decretó la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.[48] Esta empresa tiene atribuciones de amplio espectro para dedicarse "sin limitación alguna" a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. Con la previsible participación de esta empresa en las actividades del Arco Minero, la Fuerza Armada lejos de representar la defensa de un hipotético "interés general" en la zona, tendrán un interés económico directo en que las actividades mineras no confronten ningún tipo de obstáculo. Estarían, de acuerdo a este decreto, legalmente autorizadas para actuar en consecuencia.

De hecho, por la vía de un decreto presidencial, nos encontramos ante la suspensión de la vigencia de la Constitución del año 1999 en 12% del territorio nacional. Esto no puede sino interpretarse como la búsqueda de un doble objetivo. En primer lugar, otorgarle garantía a las empresas transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, de que podrán operar libremente sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia a sus actividades. En segundo lugar, conceder a los militares un poder aún mayor dentro de la estructura del Estado Venezolano, y con ello su lealtad al gobierno bolivariano. Esto pasa por la criminalización de las resistencias y luchas anti mineras.

En síntesis, un gobierno que se auto denomina como socialista, revolucionario y anticapitalista, ha decretado la subordinación del país a los intereses de grandes corporaciones transnacionales mineras, un proyecto extractivista depredador que compromete el futuro del país con previsibles consecuencias etnocidas para los pueblos indígenas.

 

La reacción de diversos sectores de la sociedad venezolana no se ha hecho esperar. Entre múltiples foros, asambleas, movilizaciones y comunicados, destaca el "Recurso de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad con solicitud de medida cautelar del acto administrativo general contenido en el Decreto [Del Arco Minero]", introducido ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de mayo del 2016, por parte de un grupo de ciudadanos y ciudadanas.[49]

La lucha por la anulación del decreto del Arco Minero es una expresión tanto de las luchas por un futuro democrático, no-rentista capaz de vivir en armonía con la naturaleza, como por abrir una brecha que permita ir más allá de la polarización infructuosa entre el gobierno y la MUD en que la reflexión colectiva y el debate público siguen atrapados.

Caracas, julio 2016

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[1]. Este texto fue escrito como un insumo para los debates del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, impulsado por la Oficina Regional Andina de la Fundación Rosa Luxemburg en Quito.(….)

Fuente: https://www.aporrea.org/energia/a230770.html

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Recapacitemos sobre porqué cuestionar a los gobiernos progresistas e independizarse de su posicionamiento capitalista, por ejemplo, en base al siguiente artículo referido a Venezuela.

 

Relanzando el extractivismo: Revolución Bolivariana,

crisis del capitalismo rentístico y tensiones eco-políticas en el territorio venezolano

27 de enero de 2017

 

Las contradicciones producidas a raíz de la crisis del capitalismo rentístico venezolano y la encrucijada de la Revolución Bolivariana, generan extraordinarias tensiones regresivas sobre los avances sociales y económicos que se produjeron en el país en los últimos años. A lo largo del texto, y desde una mirada ecológico-política, trataremos de mostrar dichas tensiones alrededor de procesos que se están configurando en la actualidad y que podrían apuntar a importantes y significativas transformaciones en el país.

Nos referiremos especialmente a tres problemas, que representan serias amenazas de destrucción ambiental, de despojo de bienes comunes y de insostenibilidad sociopolítica, vinculados a la expansión y reformulación del extractivismo en Venezuela. También propondremos algunas ideas alternativas.

Por Emiliano Teran Mantovani

 

No es un secreto que la Revolución Bolivariana se encuentra actualmente en una situación de crisis y encrucijada. Este proceso conviene entenderlo como una confluencia de factores coyunturales y estructurales, que aunque se vinculan con el histórico carácter dependiente y cíclico de la economía rentista venezolana, y con las complejas correlaciones de fuerza geopolíticas, también está determinado por la orientación que ha tenido la política del gobierno nacional. En este sentido debemos resaltar que cuando logra hegemonizarse el proyecto chavista, a partir de 2004-2005, comienzan a replantearse sus bases por medio de un relanzamiento y redimensionamiento de toda la política extractiva, con la mira principalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), con el objetivo de convertir a Venezuela en una “potencia energética mundial». Esto supuso una profundización de la lógica capitalista-rentista, de la reproducción de los históricos elementos profundamente distorsionadores del modelo venezolano, vinculados a una muy marcada sobredeterminación de la renta petrolera; un enorme sesgo urbano (un modelo brutalmente anti-agrícola) e importador; un parasitismo económico y altos niveles de corrupción; una notoria dependencia y vulnerabilidad sistémica –96% de las exportaciones totales provienen del petróleo desde 2012–; una resaltante tendencia al endeudamiento externo; junto a patrones subjetivo-culturales muy vinculados al consumo intensivo y a la movilidad social en torno a la renta.

 

Todos estos factores detienen o dificultan de sobremanera procesos de cambio profundo y emancipatorio en la sociedad venezolana 2. Ya desde 2009/2010, en el marco de la crisis económica global (2008 en adelante), se comienza a configurar un proceso de ralentización y estancamiento de los procesos de transformación popular que se venían produciendo en el seno de esta etapa política en el país. Con la muerte del presidente Chávez en 2013, se van potenciando todas las contradicciones que componen las dinámicas del capitalismo rentístico venezolano –como reflejo de una crisis de hegemonía política–, coronadas ahora con la caída, desde 2014, de los precios internacionales del petróleo. Este proceso, que ocurre después de casi 100 años de historia petrolera en el país, se inscribe en una larga crisis y agotamiento del modelo histórico de acumulación venezolano, que desde hace unos 30-40 años inicia un período de desequilibrios estructurales que, con grados de severidad variables, se ha mantenido permanentemente hasta nuestros días. Los efectos de la “enfermedad holandesa”, que desde mediados de la década pasada impactan de manera diferenciada en toda América Latina a partir del boom de las materias primas, presionando a la reprimarización de las economías, tienen acentuadas secuelas en Venezuela, dado su vulnerable metabolismo socioterritorial3 . Esto ha contribuido a la profundización del carácter entrópico (o “incontrolable”, diría István Mészáros) del capitalismo rentístico nacional, lo cual se une a las condiciones actuales de intensa disputa geopolítica y crisis civilizatoria4 . Es importante atender a estos factores, pues son el marco de lo que pueda ocurrir en Venezuela en el futuro próximo.

 

¿Cuál es la resiliencia de los factores políticos venezolanos gobernantes, ante una latente agudización de la crisis global? E inclusive, ¿cuáles son actualmente las capacidades políticas y económicas endógenas para hacer viable el propio proyecto nacional en el tiempo? En época de vacas flacas se ve con mayor claridad la topografía excluyente e insostenible de los modelos extractivistas. En este sentido crece la tensión neoliberal, y los procesos de acumulación de capital buscan reacomodarse para, por un lado, mantener, “defender” o potenciar procesos desregulados o poco regulados de reproducción capitalista, y por otro lado, atacar al Estado “protector” tal y como un cuerpo canceroso, reconfigurando su composición interna y transformando progresivamente sus normativas, sus canales de operación y manejo de la riqueza, y sus relaciones de fuerza endógenas, con el objetivo de desmantelar las barreras que éste pueda imponer a la apertura a los grandes capitales globalizados.

 

La crisis venezolana actual, vivida como desquiciamiento económico –sobre todo en el valor de la moneda, el contrabando y la corrupción– y como una confrontación política de múltiples escalas, sufre una crecida de la tensión neoliberal, y se agudiza la necesidad de un cambio de rumbo. Pero, ¿qué rumbo se tomará? ¿Es el ajuste, el horizonte próximo de la política venezolana? ¿Qué fuerzas podrían evitar un eventual avance de la acumulación por desposesión en el país? Los recientes debates sobre el fin del ciclo progresista en la región cobran gran importancia, no sólo para advertir e intentar caracterizar los nuevos tiempos que se configuran en Latinoamérica, sino también para evaluar los saldos derivados de la profundización del extractivismo, vinculados a expansiones del despojo territorial, de la devastación ambiental, a la reprimarización de las economías y el aumento de la dependencia, a la construcción de consenso social en torno al consumismo urbano, motorizado por la distribución de las rentas por commodities; en fin, evaluar los vínculos de las consecuencias de la expansión extractivista con la deriva regresiva que se vive en la región y la intensificación de la tensión neoliberal.

 

A lo largo de este texto, trataremos de mostrar algunas de estas tensiones alrededor de procesos que se están configurando en la actualidad y que podrían apuntar a importantes y significativas transformaciones en el país, haciendo una mirada ecológico-política de éstos. Nos referiremos especialmente a tres problemas, que representan serias amenazas de destrucción ambiental, de despojo de bienes comunes y de insostenibilidad sociopolítica, vinculados a la expansión y reformulación del extractivismo en Venezuela, que podría traer consigo nuevas configuraciones territoriales a escala nacional, con trascendentales cambios del orden metabólico. Dado que muchos de estos procesos están en pleno desarrollo, algunas de las hipótesis presentadas serán propuestas de manera tentativa o de forma preliminar. En todo caso, consideramos el avance de la investigación sobre estos temas como un insumo muy útil y profundamente estratégico para los tiempos que vivimos. Veamos.

 

Estado, reconfiguración del extractivismo y disputas territoriales; ¿hacia nuevos ordenamientos socioambientales?

Es necesario reconocer que en la Revolución Bolivariana, el tema ambiental ha tenido un auge en las discusiones públicas, una mayor difusión en los debates sociales y de organizaciones populares, por lo cual éste sube de ranking, en comparación con otros períodos políticos contemporáneos. Recordemos no sólo la vocería crítica del presidente Chávez en las cumbres de cambio climático –resaltando su papel en la COP 15 en Copenhague–, sino también la consideración del problema ambiental como elemento fundamental para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, al colocarse como uno de los cinco Objetivos Históricos del Plan de la Patria: “Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”. El presidente Nicolás Maduro ha intentado seguir una línea discursiva similar. El pasado 18 de junio, saludaba la carta encíclica Laudato sí del Papa Francisco sobre “el cuidado de la casa común”, planteando que se trataba de “uno de los documentos más importantes que han salido en las últimas décadas”, y dijo asumir plenamente el compromiso propuesto en esta carta, proponiendo su difusión en comunas, barrios y organizaciones de base, asegurando que estas premisas se estaban poniendo en marcha en el marco de la construcción del ecosocialismo en Venezuela5.

 

Sin embargo, las bases programáticas de esta narrativa ambientalista están configuradas, como ya hemos dicho, por el relanzamiento del proyecto Bolivariano en torno a la expansión del extractivismo, lo que supone una contradicción fundamental en el seno de la propuesta “emancipatoria” del Gobierno Nacional. Los argumentos que emergen para intentar solventar esta contradicción suelen girar alrededor de algunas ideas centrales, de las que destacamos dos:

 

I.                   La ampliación del extractivismo nos llevará al desarrollo. A partir de ahí, podremos salir del extractivismo. Es algo temporal: en la medida en que se intensifica nuestra especialización en la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza, se ensancha el Estado rentista y su relación clientelar con los sujetos; se amplían las firmas de obligaciones de mediano y largo plazo con compañías transnacionales; se extiende la modernización capitalista a nuevos territorios, subsumiendo y disolviendo comunidades, saberes, culturas y economías ancestrales, desestimulando poderosamente las economías productivas y devastando ecosistemas; y se propaga el modo de vida consumista y de individuación propio del rentismo. En esta medida, se hace cada vez más complicado salir del extractivismo. Además, esta idea ignora otras modalidades y alternativas que se pueden poner en marcha como políticas de transformación post-extractivista. No hay motivos para pensar que más extractivismo nos puede abrir el camino hacia un proceso de transformaciones emancipatorias “ecosocialistas”.

 

II.                 La ampliación del extractivismo es para salir de la pobreza: cabe destacar, en primer lugar, que eso que llamamos ambiente no sólo son “recursos naturales” o paisajes, sino también es tierra y territorio. Por eso, en los procesos de modernización y los proyectos extractivos no sólo hay una degradación de biodiversidad, sino que también está involucrada una desterritorialización social que supone que la gente que habita esas áreas sufre los despojos que hacen posible el desarrollo, pierden el suelo que pisan, el agua y los frutos de la tierra de los que se abastecen directamente, y esto es algo que el ideal del progreso siempre ha querido ocultar. La pobreza está en estrecha relación con la propiedad –el despojo de la modernización capitalista apunta a la creación de los “desposeídos”–, con la autonomía comunitaria –la dependencia necesariamente genera pobreza y viceversa– y con el acceso a los bienes comunes para la vida, y si éstos son despojados o destruidos, estamos en presencia de una pérdida neta de riqueza. Así que el extractivismo, aunque prometa y prometa riqueza y desarrollo, siempre generará gente que se empobrece. Luego, en segundo lugar, la riqueza está generalmente asociada a la cobertura de las necesidades básicas, y de consumos suntuarios, de los ciudadanos por la vía de la redistribución de la renta –solventada con dinero–.

 

Esto refleja que la pobreza y la desigualdad estructural no son tocadas, y que este hechizo de riqueza monetaria desaparece en la misma medida que caen los precios de las materias primas, dejando un saldo de mayor dependencia social y de mayor pobreza ecológica. En la actualidad, tanto los proyectos expansivos de “desarrollo” que se han anunciado, como la propia crisis integral del sistema venezolano, han hecho que el discurso ambientalista se haya venido precarizando, se haya relegado a un segundo plano, en relación a su momento de auge anterior. La tensión neoliberal presiona, entre otras cosas, también a la flexibilización ambiental, para así mantener tasas de ganancia sostenibles para el capital.

 

Esto, como ya lo hemos advertido, podría tener extraordinarias repercusiones socioambientales en el corto y mediano plazo. A continuación presentamos tres problemas eco-políticos, que expresan y sintetizan estas tensiones y disputas:

 

a) Expansión de la minería en Venezuela: ¿hacia una escala sin precedentes? En el marco de este relanzamiento del extractivismo en el país y de una profunda alianza con China, se ha propuesto que, junto a la meta de llevar la “producción” petrolera nacional a 6 millones de barriles diarios –4 MM en la FPO–, se adelante una injustificable expansión de la minería. El 23 de agosto de 2011, el presidente Chávez declaraba la importancia estratégica de lo que ha denominado el Arco Minero de Guayana, una especie de faja minera rica en oro, bauxita, coltán, diamantes, entre otros, con un “gran potencial y poderío económico”, ubicada justo al sur del río Orinoco (estado Bolívar). Ese mismo día, Chávez aprobaba por decreto el Plan de Acción Estratégica en Dos Horizontes6 , que persigue engranar dos zonas “geoeconómicas” como lo son la FPO con el gran proyecto de la faja minero-industrial de Guayana, “en un sólo gran proyecto de desarrollo” 7.

 

 La idea de convertir a Venezuela en una “potencia energética mundial” se proyecta hacia la minería con la premisa de “Desarrollar el poderío económico utilizando los recursos minerales”, como lo expresa el Plan Socialista de Desarrollo 2013-2019. De esta manera, se propone aumentar la certificación de reservas de minerales a nivel nacional (punto 3.1.15.1) bajo la figura de empresas mixtas (punto 3.1.16.4), para así “duplicar las reservas minerales de bauxita, hierro, coltán (niobio y tantalita), níquel, roca fosfórica, feldespato y carbón con la certificación de los yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana, Cordillera de los Andes, Sistema Montañoso del Caribe y la Sierra de Perijá” (punto 3.1.15.3). Lo mismo con las reservas minerales de oro y diamante en los yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana (punto 3.1.15.4)8. Ya en septiembre de 2013, el Gobierno Nacional suscribía con el Banco de Desarrollo de China, el Banco de China y la constructora asiática Citic, un memorando de entendimiento para la elaboración del mapa minero de Venezuela, junto a los estudios técnicos para la explotación de Las Cristinas (estado Bolívar), uno de los principales yacimientos auríferos del mundo –estimaciones de unas 17 millones de onzas–9. Este plan minero ha sido confirmado recientemente (20/08/2015), cuando el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez, planteaba que se quiere completar un proyecto de certificación similar al Proyecto Magna Reserva –que desde 2005 cuantificó y validó las reservas petroleras de la FPO–, para certificar “todo el potencial minero que existe en Venezuela” 10. Otra muestra concreta de este avance, y de las tensiones y pugnas que produce, representa el decreto 1.606 del 10 de febrero de este año (Gaceta Oficial 40.599), que aprobaba la explotación de carbón en 24.192 hectáreas de los municipios Mara y Guajira (estado Zulia)11, una ampliación histórica significativa de las áreas de extracción carbonífera, a pesar de los múltiples conflictos y denuncias que ha creado la insistencia en ampliar este tipo de extractivismo en la zona. Pero es importante resaltar que una persistente campaña y movilizaciones de grupos ambientalistas de Zulia, junto a otros grupos sociales y universitarios en el país, influyen en la decisión de modificar este decreto (Gaceta Oficial Nº 40.733 del 27/08/2015), reduciéndose el área de explotación a 7.249 has., lo que supone que, al menos por el momento, no habrá apertura de nuevas minas de carbón en la poligonal señalada en este decreto. Hablamos de un significativo cambio de escala de la minería en el país, que acarrearía extraordinarias consecuencias ecológicas, sociales, económicas y culturales.

 

Si el objetivo es profundizar notablemente el esquema extractivo petrolero, con el fin de alcanzar posteriormente el “desarrollo” de una economía “productiva” –léase, “salir del rentismo” o “sembrar el petróleo”–, resulta paradójica una apertura al extractivismo minero a mayor escala. El apetito de “recursos naturales” del mercado mundial –en nuestro caso, haciendo énfasis en China– parece ser el determinante para que el megaproyecto de explotación petrolera de la FPO no sea suficiente. Pero existe otro factor importante que valdría la pena mencionar. Al estar en declive histórico la producción en los yacimientos convencionales de crudo (ligeros y medianos) del país, el futuro del “crecimiento” nacional se encuentra depositado en el desarrollo de la explotación de los petróleos no convencionales, léase los crudos extrapesados de la FPO. Ahora bien, con la notoria caída de los precios internacionales del petróleo, es muy probable que los proyectos de la FPO estén en el congelador –sólo son rentables con precios altos–, al igual que ocurre con tantas otras fuentes de hidrocarburos no convencionales en el mundo12. En este sentido, una ampliación significativa del extractivismo minero en el país podría cumplir un papel compensatorio ante las dificultades del extractivismo petrolero venezolano, y mucho más cuando se avizora que se añada a la oferta mundial de crudo la producción iraní, y mayores volúmenes de países como Irak y Argelia, entre otros; junto con un estancamiento de la demanda, entre otras cosas, por la ralentización de la economía china, lo que podría mantener por un tiempo los precios internacionales del crudo a la baja13 .

 

Las devastadoras consecuencias ambientales producidas por la minería, conocidas por todos, se unirían a los históricos daños provocados por la industria petrolera y a los nuevos desafíos de la FPO. No sólo se ampliarían los males producidos por esta actividad extractiva en zonas de reserva, como por ejemplo los provocados por la minería ilegal en Guayana (sur del país), que además perjudica terriblemente a los pueblos indígenas que habitan la zona14, sino que también podría afectar cursos de agua que alimentan ciudades, como lo ha planteado la Sociedad Homo et Natura, al referirse a cómo la extracción masiva de carbón a cielo abierto afectaría dramáticamente las cuencas de los ríos Guasare –que ya se encuentra afectado– y Socuy, y al propio suministro de agua de ciudades tan importantes como Maracaibo y otros poblados15 . Adicionalmente, los conflictos sociales vinculados a la minería se harían aún más problemáticos, sobre todo en los pueblos indígenas, como ya ha ocurrido en el país sobre todo a partir del segundo gobierno de Chávez. Destacan sobremanera las disputas que se han desarrollado con parte del pueblo yukpa en la Sierra de Perijá, o en zonas rurales y boscosas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, que pueden estar en el marco de la minería formal o ilegal. Conscientes de esto, el 2 de junio de 2014, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia (COIAM) se pronunciaba acerca de la “nueva política minera del Estado venezolano”, resaltando la terrible y contradictoria práctica de la minería ante un proyecto político que se hace llamar ecológico, y “la urgencia debida, [para que se] realice una revisión de sus políticas de desarrollo para la Amazonía venezolana (nueva política minera), estudiando y explorando modelos de desarrollo alternativos y ambientalmente sostenibles, decretando una MORATORIA DE LA ACTIVIDAD MINERA al sur del Orinoco, como garantía de protección de los grandes recursos hídricos y forestales de la Amazonía, así como la importante biodiversidad y sociodiversidad presente en estos territorios” 16.

 

La amenaza a la propia supervivencia de los pueblos indígenas en Venezuela es enorme, lo que no puede provocar indiferencia en la opinión pública nacional.

 

b) Extractivismo flexibilizado y acumulación por desposesión

Como ya hemos expresado, la intensa situación de conflicto político y la crisis del modelo rentista petrolero, intensificada con la caída del precio del crudo, ha presionado al Gobierno Nacional a mantener el movimiento de la economía (fundamentalmente del consumo) a través de la emisión de bonos y un creciente endeudamiento con China, junto con diversos procesos de flexibilización económica selectiva, donde destaca la apertura, en febrero de este año, de la tasa de cambio SIMADI (Sistema Marginal de Divisas, que se une a otras dos tasas de cambio reguladas), la cual opera “totalmente libre” y se cotiza por la dinámica de la oferta y la demanda. A estas alturas se han adquirido préstamos con la nación asiática que superan los 50.000 millones de dólares, de los cuales diversas estimaciones plantean que ya se ha cancelado la mitad17. Esta deuda no se salda en efectivo, sino por medio de envíos de petróleo a China, cotizados a precios de mercado. Dado que las cuotas se establecen a partir de una “cantidad mínima” desde la cual se calcula el número de barriles por día y dado que los precios del crudo cayeron, esto supone que el gobierno venezolano debe enviar más barriles para cubrir dicha cuota. Esta situación está vinculada con los recientes “protocolos de enmienda” del financiamiento conjunto chino-venezolano, en los cuales se han establecido algunas flexibilizaciones que favorecen a Venezuela, como la posibilidad de establecer el número de barriles enviados al día mediante notas diplomáticas, o la supresión del plazo de tres años que tenía el gobierno venezolano para el pago de los préstamos18 . De esta forma, la conexión entre la situación de crisis nacional y el papel de “protector” geopolítico y financiador “condescendiente” de China, favorecen a una situación de flexibilización interna a la operación de sus capitales. La medida más relevante al respecto es el decreto 1425 de la Ley de Regionalización Integral (nov. de 2014), que plantea la figura de las Zonas económicas especiales (ZEE) –tomadas del modelo chino–, las cuales representan una liberalización integral de regiones geográficas del país, para derribar obstáculos al capital (IED) y así “afianzar el desarrollo y enfrentar la pobreza estructural”19.

 

En estas Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional (ZEDN), o en las ZEE, se plantean políticas tales como: a) planes especiales de estímulos fiscales y aduanales, e incentivos económicos a las empresas para el desarrollo de las zonas; b) liberación de restricciones arancelarias y para-arancelarias, suspensión de impuestos a empresas, posibilidad de retención de la totalidad del impuesto al valor agregado por parte de éstas; c) definición de una autoridad (coordinador) de la ZEDN; d) definición de un régimen especial y extraordinario de contrataciones, acorde a los objetivos de la ZEDN que se cree; e) posibilidad de una administración especial de los ingresos generados en las zonas; f) autorizaciones para la movilización de mercancías y facilidades de despacho, simplificación de trámites y obtención de permisos de forma sencilla, expedita y simplificada; y g) orientación de las ZEE a la exportación y comercio internacional (aunque no únicamente)20 . La FPO ha sido declarada como una de las ZEE de la República Bolivariana de Venezuela21, en el marco de una política en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que desde la asunción de Eulogio Del Pino como su presidente (sept. de 2014), pudiésemos catalogar de pragmática, es decir, orientada fundamentalmente hacia la funcionalidad del negocio.

 

Recientemente (agos. de 2015), el vicepresidente del Consejo de Ministros para Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, anunciaba que la FPO es una “vitrina de la Venezuela que se quiere construir”, y añadía que “el petróleo es la fuerza para impulsar las potencialidades productivas de todos los ejes sectoriales, para dejar atrás la cultura de la renta petrolera. No hay que repetir errores del pasado” 22, con lo que replica, por enésima vez, la promesa de dejar atrás la cultura petrolera a partir del impulso y la fuerza del petróleo23. Aparte de las diversas consecuencias políticas, económicas, geopolíticas, sociales y culturales que conllevan estas formas de liberalización territorial, preocupa, en un sentido integral, las consecuencias ecológicas. El anuncio de Menéndez de que “La Faja es territorio virgen, no hay resistencias” 24 pareciera la típica premisa de todo proceso de acumulación originaria. Pero además, el hecho de su “virginidad” y su “ausencia de resistencias” parece conectarse armónicamente con la facilitación para la obtención de trámites anunciada en esta Ley de Regionalización. Aunque la Ley no hace referencia específica a ningún parámetro ambiental, preocupa que esta liberalización territorial suponga un cheque en blanco para la devastación ambiental y haga prácticamente imposible detener estos procesos destructivos de la vida, si acaso pudiendo apenas remediarlos posteriormente. Las débiles y parcializadas contralorías ambientales a la explotación petrolera en el país, el hecho de que es la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) el ente encargado de desarrollar los lineamientos de la política ambiental de Pdvsa, y que las auditorías ambientales en la FPO las realizarán las propias empresas mixtas (CVP y empresas transnacionales)25, no representan antecedentes alentadores. Este problema es aún más significativo en la FPO, dado que se trata de, por un lado, una explotación de crudos extrapesados, los cuales son mucho más perniciosos que los convencionales, en lo que respecta a contaminación de aguas, generación de desechos tóxicos, emisiones de GEI y gasto energético, entre otros; y por otro lado, se trata de un proyecto que pretende replicar toda una regionalización desarrollista, de ciudades, agroindustria y grandes infraestructuras, que acompañarían a las estructuras de la industria petrolera.

 

Si este modelo, presente también en Paraguaná (estado Falcón), en el eje Morón-Puerto Cabello (estado Carabobo) y en el eje Ureña-San Antonio (estado Táchira), se replica incluso a otras zonas estratégicas del país, el tema de la regulación ambiental sería casi inexistente, por lo que podríamos estar ante un proceso de devastación ambiental desregulada, que tendría no sólo consecuencias respecto a la conservación de ecosistemas, sino al propio orden metabólico de la territorialidad venezolana, que sería aún más dependiente y vulnerable, al mermar los bienes comunes disponibles, tanto por su degradación como por sus formas de privación política y económica.

 

c) Formas delincuenciales de acumulación, operaciones de extracción y disputas territoriales

Las disputas políticas en Venezuela han estado muy permeadas en años recientes por operaciones masivas de extracción de bienes de consumo, e incluso de producción, en formas de contrabando que en buena medida están motorizadas por grupos delincuenciales. Ante las actuales formas de caotización del orden sociopolítico y económico venezolano –desquiciamiento de la economía, metástasis de la corrupción, generalización de diversas formas de violencia y ampliación de redes informales de poder territorial, entre otras–, es difícil saber a ciencia cierta cuáles son las proporciones de salida de bienes de consumo o producción por las fronteras, o bien el porcentaje de la población que está involucrada en estas redes de economía informal26 . Según el presidente Nicolás Maduro, “entre 30% y 40% de los productos del mercado nacional son desviados a Colombia por el contrabando” 27, y quien fuera vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez, afirmaba que el contrabando de gasolina a Colombia se ha traducido en una pérdida para el Estado venezolano de 100.000 barriles diarios de petróleo28 . Es importante mencionar que esta creciente estructuración de redes delincuenciales de escalas nacional y transfronteriza ha tenido un severo impacto en los circuitos económicos del capitalismo rentístico venezolano, y por tanto, trastoca también las formas de ejercicio del poder, muy vinculadas en el país al control y distribución de la renta petrolera.

 

Esto tiene notables repercusiones en el metabolismo del sistema extractivista nacional, de las que quisiéramos destacar dos:

 

I. Contrabando, déficits ecológicos y expansión del extractivismo: la reproducción del capitalismo rentístico requiere de una creciente entrada de divisas y productos importados, que cubran la expansiva demanda interna. La intensificación y ampliación de las economías de contrabando generan un extraordinario aumento de los déficits en la oferta interna de bienes de consumo, lo que hace que el Estado necesite aún más divisas y productos importados para tratar de solventar la situación. Esta coyuntura, en la medida en la que se agrava –junto a la caída de los precios del crudo– y ante la incapacidad de producción doméstica, presiona al Estado a un mayor endeudamiento externo y a la apresurada búsqueda de nuevos ingresos a partir de la proyección del aumento de sus cuotas extractivas (en la FPO, en las plataformas gasíferas offshore, en minería), junto con una flexibilización de las políticas petroleras nacionalistas y de su soberanía territorial respecto a las empresas multinacionales, las cuales, ante la situación deficitaria de su contraparte venezolana, desean que se hipotequen los territorios y la naturaleza del país. Podemos hacer este ejercicio: si sumáramos los bienes de consumo fugados, los barriles de petróleo extraídos y no capitalizados debido al contrabando transfronterizo de gasolina, y le añadimos la enorme fuga de capitales de los últimos años en Venezuela, que también está vinculada en muy buena medida a estafas y a la reproducción de economías delincuenciales29, lo que tendremos es una enorme cantidad de naturaleza liquidada domésticamente –una expansión de la huella ecológica nacional–, que ni siquiera responde a las exigencias de necesidades básicas de la población venezolana, y mucho menos a inversiones para salir del modelo rentista/extractivista. Esta modalidad de fuga de riqueza y formas de déficit ecológico, allana el camino para la expansión del extractivismo, y por ende, al avance de las fronteras del desarrollismo y a la devastación ambiental del país.

 

II. Disputas territoriales, órdenes geográficos y control de bienes comunes naturales: como ya hemos señalado, las complejas disputas territoriales que se desarrollan en Venezuela –atravesadas por disputas de orden geopolítico– están también relacionadas a diversas formas de reproducción económica. Es fundamental cartografiar los vínculos que existen entre estas pugnas situadas y la administración y gestión de bienes comunes naturales. Se trata de un ejercicio exploratorio –al menos para el caso venezolano–, pero urgente para intentar detectar las formas que toman estas modalidades de control territorial en el país. Resaltan diversos controles territoriales mafiosos, como los vinculados a las minas de oro y extracción maderera del sur del país (estado Bolívar, principalmente en los municipios Sifontes, El Callao y Roscio). Según el diputado Américo De Grazia, de la Causa R por el estado Bolívar, desde hace cinco años, aproximadamente, una serie de bandas criminales tomaron los campamentos mineros bajo la figura de “sindicatos mineros”, quienes cobran “vacuna” e imponen su ley30. El periodista Manuel Isidro Molina ha denunciado esta misma problemática, asegurando que estas mafi as actúan articuladas con sectores de las fuerzas militares y policiales nacionales31. El fenómeno ha sido reconocido por el Gobierno Nacional, cuando quien fuera ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunciara medidas contra estas mafias. Cabe añadir los efectos de contaminación ambiental por el uso incontrolado de mercurio y cianuro, que han provocado estas actividades en los pobladores de los municipios mencionados. También destacan las mutaciones que en tiempos recientes ha sufrido el crimen organizado, con la configuración de megabandas con armamento de guerra, capacidad de expansión territorial y dominación de redes de economía ilegal e informal, que parecen ser el precedente de las llamadas “Bacrim». El diputado por el PSUV, que estuvo al frente de la comisión presidencial para la reforma policial, Freddy Bernal, planteaba que esta “cultura paramilitar” se ha ido extrapolando en diversas partes del país, instalándose en el estado Guárico, en la zona sur de Aragua, en los Valles del Tuy, en Barlovento, en el sur del estado Bolívar, en zonas de Caracas e inclusive en la propia Faja Petrolífera del Orinoco32 . Estas formas “irregulares” de disputa política han incluso permeado la propia industria petrolera. Por ejemplo, en abril de este año (2015), PDVSA anunciaba que un grupo comando armado saboteó instalaciones petroleras en Monagas, al oriente del país33 . En el marco de esta situación, desde julio de 2015 el Gobierno Nacional ha impulsado la “Operación para la Liberación del Pueblo” (OLP), que implica intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para “combatir el hampa” –al estilo de las operaciones en las favelas brasileñas–34. También se ha declarado estado de excepción en varios municipios de los estados fronterizos Táchira, Zulia y Apure, con lo que se pueden suspender las garantías constitucionales35 . A su vez, recientemente (10/09/2015) se instaló el Comité de Zonas de Seguridad para resguardar las instalaciones, recursos y operaciones estratégicas de la FPO36 . En todo caso, es conveniente intentar estudiar estas dinámicas en el marco no sólo de disputas entre sectores de poder político nacional o territorial, sino también de procesos de acumulación de capital a variadas escalas, y de control y apropiación de recursos y bienes comunes. ¿Cómo se articulan formas de la política formal con la informal, de la legal con la ilegal, de la central con la territorial?

 

Los análisis sobre extractivismo deben intentar dar cuenta de las transformaciones y mutaciones en los mecanismos de poder en estos tiempos de cambio en América Latina, lo que supondría que también pueden mutar los objetos del reclamo político y por ende las estrategias de resistencias populares.

 

Alternativas

Es necesario reconocer las particularidades de la situación venezolana –poniendo, por supuesto, la mirada en la situación latinoamericana y global–, para poder intentar plantear algunas vías de resistencias, tránsitos hacia transformaciones emancipatorias y la construcción de formas sociales post-extractivistas. En este sentido, puntualizamos las siguientes ideas:

 

 i. Difícilmente se puedan sugerir nuevos planteamientos de políticas públicas si no se reactivan las luchas desde abajo. Todo proceso contra-hegemónico de horizonte social emancipatorio se mueve y produce a partir de la lucha popular –es su factor constituyente y originario–, la cual puede generar una recomposición que mejore las condiciones de disputa, la gestión común de la vida y las posibilidades de transformación social. Esto, por supuesto, no sólo constituye la propia historia de la Revolución Bolivariana de Venezuela, sino que aplica para luchas articuladas que intenten detener los avances de la acumulación por desposesión y de proyectos desarrollistas y extractivistas que terminan destruyendo tejidos sociales y ecosistemas.

 

ii. En Venezuela hay una potencia política popular sin precedentes que se ha configurado alrededor de unos códigos comunes, de un complejo proceso identitario que podemos llamar chavismo37. Si pensamos en movilizaciones masivas de calle, a estas alturas esta fuerza se encuentra fragmentada; en la política en general presenciamos una falta de referentes éticos y políticos, y hay ausencia de efervescencia y motivaciones sociales que caracterizaron los primeros años de la Revolución Bolivariana. Pero esto no supone la ausencia de esta fuerza y de tejidos políticos populares. Dependiendo del tipo de asimilación que desde el campo popular se dé a estos tiempos de cambio, podremos presenciar la activación de otro tipo de ciclo de lucha en el país.

 

iii. En Venezuela, la proporción urbano-rural es extraordinariamente sesgada hacia lo urbano, pues casi el 90% de la población vive en ciudades. Es por tanto necesario reconocer que en el país, paradójicamente, las principales potencialidades para resistencias contra el modelo extractivista tienen que nutrirse, en gran medida, de las luchas en las ciudades. En los territorios clave de extracción (FPO, AMG), las densidades poblacionales suelen ser muy pequeñas, o bien la población ha sido muy asimilada o subsumida al modo de vida rentista. Ha sido en las ciudades donde el rentismo petrolero se ha alimentado con más fuerza, dado que es el lugar donde se concreta la gran promesa histórica de progreso, modernidad y civilización, “posible” rápidamente a partir de la masiva distribución de la renta del petróleo. Pero también es el núcleo de las movilizaciones contra-hegemónicas más potentes –la fuerza del chavismo popular es fundamentalmente urbana–. En este sentido, en Venezuela uno de los aspectos más sensibles es una transformación cultural para intentar trascender la llamada “cultura del petróleo”. ¿Cómo generar imaginarios críticos ante el modelo extractivista petrolero, en los cuales la gente no sólo cuestione modos de vida muy vinculados al consumo, sino a la sensibilización sobre territorios donde no vive?

 

iv. Esto apunta a la imperiosa necesidad de construir nuevas narrativas, en las cuales los venezolanos podamos pensarnos más allá del petróleo –y ahora incluso de la minería–, más allá del rentismo y más allá de una política que gira básicamente en torno al Petro-Estado.

 

Es fundamental asumir que estas nuevas narrativas no deben ser labor de un Estado, sino principalmente producto de la construcción discursiva de los movimientos populares. Esto supone plantearse incluso una disputa cultural con el propio Estado.

 

v. La crisis del capitalismo rentístico venezolano, no sólo refleja el conflicto sociopolítico nacional originado por las contradicciones del sistema, sino que también abre caminos a nuevas oportunidades para pensar y producir otras modalidades de organización social. Las crisis desarmonizan la relación que existe entre las ideas hegemónicas y la realidad material, por lo que se posibilitan la resignificación y la reformulación de los paradigmas sociales reinantes. El desquiciamiento de la economía venezolana y la situación crítica generalizada han provocado un nuevo escenario productivo, que obliga a la reactivación de múltiples procesos populares moleculares, urbanos y rurales, que intentan pensarse más allá del gobierno nacional, pero que además persiguen configurar un entorno de subsistencia, producción y autogestión. Estas numerosas experiencias representan un sustrato de tejido social postextractivista y post-rentista de incalculable valor, pero suelen ser poco difundidas38 .

 

vi. Por último, pero no menos importante, se encuentra la propuesta de las comunas, impulsada a partir de 2007 por el presidente Chávez. Se trata de un complejo campo en disputa. Todo el movimiento social contra-hegemónico en Venezuela, en general, se ha debatido, por un lado, entre los formatos corporativos que ha propuesto el Estado para administrar las comunas, y por el otro, entre sus propias modalidades populares de autogobierno, producidas desde abajo. Las tensiones varían en grados, de un lado u otro de la balanza. Pero lo central que queremos resaltar es la posibilidad abierta de nuevas territorialidades, de otras gestiones de la vida que tienen relaciones complejas y contradictorias con el rentismo petrolero, pero que buscan reproducir otros modos de vida en formas diferentes a las hegemónicas. Bibliografía:(...)

Descargue el documento (PDF) a continuación:

Relanzando el extractivismo. Revolución bolivariana, crisis del capitalismo rentístico y tensiones eco-políticas en el territorio venezolano (531,77 kB)
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Relanzando_el_extractivismo_Revolucion_Bolivariana_crisis_del_capitalismo_rentistico_y_tensiones_eco-politicas_en_el_territorio_venezolano

 

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, nos urge generalizar el cuestionamiento de la sociedad de consumo mediante la percepción del extractivismo que está desertificando, amenazando nuestra supervivencia e incluso incurriendo cada vez más en genocidios-ecocidios ninguneados. Se trata de construir la unión de quienes vivimos en las grandes ciudades con quienes pertenecen a las "zonas de sacrificio" de la principal acumulación gran capitalista de riquezas y poder. Contra este avasallamiento de derechos resisten comunidades campesinas e indígenas y las organizaciones de vecinos autoconvocados de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Sus disputas de territorios con las corporaciones y su Estado las han hecho converger en luchar por decidir sobre el destino común. Pero, sobre todo, comparten que es imprescindible otro modo de producción y desarrollo.  De suerte que son, quizás inconcientemente, las pioneras en asumir el legado emancipatorio de los/as 30.000.

 

Emiliano Teran Mantovani nos plantea el desafío de deconstrucciones culturales en el comunicarnos o en los diálogos con las minorías formadoras de la gran mayoría extrañada (por el capitalismo y sus medios de difusión masiva) de cómo está siendo cómplice de la destrucción de sus condiciones de vida y trabajo tanto del presente como del futuro.

 

En ese sentido valoremos:

 

Análisis de coyuntura y proyección en el contexto de los "incendios forestales"

Construyamos una alternativa ecosocialista

6 de febrero de 2017

Por Isaías Urzúa y Juan Paulo Concha (Rebelión

 

Actualmente el pueblo chileno atraviesa una de las crisis humanitarias, sociales y políticas más profundas de su historia. Nuevamente los pauperizados son los que se llevan la parte más amarga de una inmensa catástrofe que, mientras se escriben estas líneas, no tiene fecha cierta de finalización. Sin embargo, a diferencia de los recientes terremotos o tsunamis, lo que caracteriza a la situación actual es que su causa estructural no se debe a “caprichos de la naturaleza”, sino que encuentra sus raíces más profundas en un modelo de producción que extrae sus ganancias a partir de la renta de la tierra, y que tiene su expresión jurídica acabada en el DL 701, promulgado en dictadura, y que ha sido actualizado en los gobiernos civiles de la Concertación y la Alianza.

Frente a esta situación la izquierda se ha manifestado de diversas formas que oscilan entre una “conspiranoia” ciega y palabras críticas que demuestran muchas veces bastante agudeza, no obstante, de lo que se trata hoy es de que las palabras se transformen en una acción política transformadora. Si bien es necesario denunciar los intereses que se esconden tras los incendios y la degradación de nuestras tierras, no podemos conformarnos con la mera propaganda, por muy elocuente que sea, ya que ésta no ofrece salidas políticas para el pueblo trabajador.

Un ejemplo de lo anterior corresponde a lo ocurrido hace un par de años en Valparaíso. Muchos habitantes de los cerros de la ciudad quedaron sin hogares debido a una pésima planificación urbana que demostró su peor cara frente a un incendio. Una vez ocurrida la emergencia, poco y nada fue lo que se problematizó, la atención mediática se perdió, e incluso, dado que por la autoridad saliente no se hizo una transformación estructural de la situación, este año se volvió a vivir episodios de incendios de similares características. Así pues, en las zonas afectadas por los incendios se corre el riesgo de volver a repetir la historia de Valparaíso.

Es posible que en este escenario sean dos las soluciones que se nos ofrezcan. Por una parte, desde la Nueva Mayoría y Chile Vamos no caben dudas de que se fijará la atención en protocolos de crisis, reestructuración de la Conaf en un organismo público y acusaciones de lado a lado que intentarán solapar la real fuente de la degradación socioambiental que atravesamos. Por otro lado, la así llamada izquierda emergente enarbolará las banderas de una necesaria refundación del modelo extractivista, criticando las posibles ampliaciones a los subsidios a privados, ofreciendo una salida política refundacional a partir de un reemplazo de las antiguas élites políticas a través de la elección de cargos de representación.

Quienes por razones de índole política no estamos convencidos de esas soluciones nos vemos en la obligación de dar un salto político que problematice seriamente la crisis socioambiental que nos hunde como pueblo.

En ese sentido, vemos tres tareas necesarias al corto y mediano plazo:

1) Incorporar un diagnóstico riguroso de las causas globales que producen crisis como la que se vive actualmente, causas que son eminentemente económicas y políticas. Además, dicho diagnóstico debe ser enfático al señalar que ya no es sostenible la lucha socioambiental a partir de expresiones localizadas o fragmentadas. Menos todavía sólo enfocando los efectos y no los factores de fondo. Ejemplo de lo anterior es que la derogación (actualmente no renovación) del DL 701 ha sido una demanda del Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, sin embargo, debido al carácter hermético y reducido del mismo, recién hoy se empieza a cuestionar dicho cuerpo legal.

2) Establecer redes de solidaridad y coordinación a nivel nacional, que vinculen de manera inmediata a las organizaciones políticas y sociales involucradas en conflictos socioambientales con el fin de que frente a situaciones como las que vivimos con los incendios, lamentablemente con alta probabilidad de volver a repetirse, seamos capaces de dar una respuesta rápida, clara y efectiva, que no espere únicamente las iniciativas de la institucionalidad y ONG’s afines a ella.

3) Que dichas redes tiendan a generan un frente de disputa sectorial, similar a lo que ha sido el ámbito de las pensiones, la educación, salud, género y feminismo, entre otras. Es decir, que los sectores de la denominada izquierda revolucionaria planteen la perspectiva ecosocialista como un horizonte posible de acción transformadora, que tenga capacidad de movilización a nivel nacional, que pueda interpelar y disputar a los grandes poderes políticos y empresariales del país y que pueda presentar un programa político y reivindicaciones concretas que orienten su despliegue. Entendemos que esto no puede ser un mero gesto declamativo, por lo cual se vuelve urgente una orgánica que aúne las diferentes disputas del ámbito socioambiental, que, si bien nace y se impulsa desde espacios de militancia, es decir, organizaciones ya conformadas, tenga capacidad y vocación de extenderse a otros sectores de la sociedad y construir un entramado de agrupaciones sociales y políticas, sindicatos, individualidades, grupos universitarios, centros culturales, etc., que hagan suya la problemática ambiental desde una perspectiva anticapitalista y revolucionaria.

Isaías Urzúa y Juan Paulo Concha, integrantes de Colectivo L

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222435

 

 

 

“RATIFICAMOS: La resistencia y movilización permanente de los pueblos y nacionalidades del Abya Yala como legítima y sagrada y como el único camino de construcción del Sumak Kawsay. (..)Nuestro apoyo incondicional a los pueblos afectados por el extractivismo, reconocemos en su lucha la esperanza de abandonar la «civilización extractivista», por la civilización del Sumak Kawsay".

 

 

 

Declaración Encuentro Internacional Agua y Pachamama

9 de febrero de 2017

 

Nosotros, los pueblos de la Abya Yala Andina, hijos e hijas del cóndor, del quetzal y del águila, nos encontramos en Guapondelig hoy 3 y 4 de febrero del 2017, en un gran abrazo comunitario, junto a académicos, investigadores, científicos, escritores, poetas, artistas, soñadores, criadores de la vida, para defender el agua y la Pachamama.

 

Durante estos días hemos intercambiado experiencias, reflexionado, debatido y construido propuestas que van a guiar nuestro andar en esta gran Minka por la Vida.

Convidamos a nuestros hermanos y hermanas del continente y del mundo, nuestros acuerdos:

 

CONSIDERANDO: La dimensión de la devastación ecológica y de nuestro hábitat humano, a consecuencia del modelo civilizatorio/colonial cuyo eje es el mercado y la acumulación de riqueza mal habida de pocos.

  • Que es hora de tomar urgentes medidas para frenar y revertir esta barbarie expresada en el modelo extractivista y particularmente en la minería de gran escala, así como en la ampliación de la frontera petrolera que arrebata los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, violando Derechos Humanos y de la Naturaleza, incluso bajo la forma de servicios ambientales solapados en la figura de programas de conservación.
  • Que el extractivismo profundiza el modelo colonial capitalista, explota y contamina los territorios y los pueblos, causa enfermedad y muerte, somete a las mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora su participación a la hora de realizar consultas para los proyectos o políticas, genera violencia, femicidios y violaciones.
  • Que el Sumak Kawsay es la vida en armonía entre los seres humanos y la Pachamama de la cual es parte, que el Sumak Kawsay nace de los pueblos andinos como una propuesta universal.
  • Que la agroecología es parte de la soberanía alimentaria y de la cosmovisión del Sumak Kawsay
  • Que el agua es fuente de vida y el acceso a ella constituye un derecho humano, ratificamos la defensa de las fuentes de agua y los ecosistemas, y de sus ciclos vitales, indispensables para la reproducción de la vida.
  • Que la criminalización a personas y organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades y de la naturaleza, se ha constituido en una política de Estado, que vulnera los derechos humanos y aquellos establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales.

DECLARAMOS:

  • A nuestra Abya Yala Andina libre de minería metálica a gran escala, del saqueo y depredación.
  • A la intervención territorial y la destrucción que generan las corporaciones mineras como crímenes de Lesa Naturaleza.
  • Nuestra total oposición y resistencia a toda forma de despojo de los territorios, tierras, aguas y fuentes naturales por el modelo colonial/capital/extractivista.

RATIFICAMOS:

  • La resistencia y movilización permanente de los pueblos y nacionalidades del Abya Yala como legítima y sagrada y como el único camino de construcción del Sumak Kawsay. Consecuentemente ratificamos el 12 de Octubre como el Día de la Libertad y Resistencia Continental.
  • Nuestro apoyo incondicional a los pueblos afectados por el extractivismo, reconocemos en su lucha la esperanza de abandonar la “civilización extractivista”, por la civilización del Sumak Kawsay.
  • La gestión comunitaria del agua como garantía para preservar los derechos de la naturaleza, el derecho human al agua y de las comunidades.
  • La importancia y el valor de los conocimientos, saberes, sentires ancestrales y toda su cosmovisión, como parte del acervo científico y cultural de la humanidad.

EXIGIMOS:

  • La inmediata aprobación de Declaración Universal de los Derechos de la Pachamama.
  • El cese de la explotación extractiva, en el Ecuador, los Andes y la Abya Yala. Que se restauren los sitios afectados por la industria extractiva y se devuelva su vocación natural.
  • El Derecho de comunidades a continuar con sus formas de vida y a decidir sobre el destino de sus tierras y territorios aplicando el derecho a la libre determinación.
  • El respeto y aplicación del Consentimiento Previo, Libre e Informado como un derecho irrenunciable, expresión de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, cuya decisión debe ser tomada en cuenta y respetada.
  • Poner fin a su complicidad y patrocinio de los gobiernos con los intereses de las empresas extractivistas nacionales y transnacionales, permitiendo la violación de derechos humanos y de la naturaleza.
  • Poner fin a la criminalización de los y las defensoras de la naturaleza.
  • La desprivatización y desconcentración del agua para su redistribución social.
  • Que los gobiernos de las Américas develen las negociaciones sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Agua, que encubren la privatización de las funciones de la Naturaleza y apropiación de los territorios.
  • Que los gobiernos prioricen el Buen Vivir de los pueblos, su Soberanía Alimentaria y los Derechos de la Naturaleza.
  • Que las universidades contribuyan a promover el Sumak Kawsay, a través de los encuentros de saberes y prácticas ancestrales, a la producción del conocimiento y la recreación de la ciencia con ética, soberanía y autonomía, libre de los conflictos de intereses de las transnacionales, comprometida con la defensa de la Vida y la Naturaleza.
  • Que los Estados y empresas privadas (bancos, museos, iglesias y otras) resarzan y devuelvan a los pueblos indígenas la producción de sus bienes patrimoniles como los Khipus, objetos ceremoniales, textiles, metalúrgicos y otros y permitan la administración de todos las pertenencias, como legítimos herederos de sus ancestros.

NOS COMPROMETEMOS A:

  • Defender el agua, la vida y radicalizar la resistencia local e internacional. Dejando para el solsticio del 21 de junio del ano colonial 2017 en el Intiy Raymi realizar una marcha desde el sur del Ecuador a su capital para presentar el mandato de los pueblos al nuevo gobierno de Ecuador. Y apoyar toda jornada de resistencia anticapitalista, extractivista y colonial desde sus territorios para globalizar la resistencia.
  • Solidarizar con el pueblo Shuar por la persecución del gobierno de Ecuador, exigir su desmilitarización, se levante el estado de excepción en su territorio y demandar ante organismos de DDHH internacionales para que nunca mas se repita estos actos de violencia colonial.
  • Impulsar acciones para derogar instrumentos jurídicos que facilitan el extractivismo, así como la construcción de hidroeléctricas y otras obras de infraestructura destinadas al saqueo y devastación. Apoyaremos las acciones legítimas de los pueblos para impedir su operación.
  • Rechazar públicamente y de manera contundente el concepto de Servicios Ambientales, que constituye una expresión de la mercantilización de la vida.
  • Promover la aplicación de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y la real aplicación del Convenio 169-OIT, así como de los instrumentos que amparan los derechos colectivos (Territorio, Consulta, Políticas Interculturales, etc.)
  • Solicitar desde los pueblos indígenas y mas organizaciones sociales la visita in situ a los territorios en resistencia de los Relatores de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Pueblos Indígenas, Libre Asociación, Derecho Humano al Agua a fin de que constate la situación en que se encuentran las y los defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza.
  • Exhortar a todo los GAD parroquiales, cantonales y provinciales a declarar en sus territorios, sus fuentes de agua, páramos y zonas de biodiversidad libre de minería metálica.
  • Dar seguimiento a las propuestas de este encuentro mediante la realización de eventos regionales, nacionales, locales y provinciales, foros, redes sociales, publicaciones. Exigir la anulación de todas las concesiones mineras sin consentimiento previo en las comunidades por su carácter de ilegítimas y la aplicación del mandato minero en el Ecuador.
  • Desconocer todas las ventas anticipadas de los recursos naturales a nivel nacional y de la Región Andina, recordado que nuestras vidas no están en venta.

Vamos a globalizar la resistencia, en minka a descolonizarnos.

Resistid y la resistencia nos hará libres.

Atentamente las comunidades, organizaciones, colectivos, instituciones, mujeres y hombres de: VIETNAM, BÉLGICA, URUGUAY, BOLIVIA, PERÚ, COLOMBIA, ECUADOR y sus comunidades en Resistencia (Intag/Imbabura;Tundaime/Zamora; San Luis de Pambil/Bolívar: Río Blanco/Azuay: Kimsakocha/Azuay; Fierro Urco/Loja; Pillzhun/Kañar; Mozo /Nabón

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Declaracion_Encuentro_Internacional_Agua_y_Pachamama