Qué País

Junio 2017

Sin nadies erguidos imprescindibles por lucha e independencia de clase.

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

Pensemos, tanto desde las derechas como desde las izquierdas, hay participación electoral interpelándonos abajo para que los votemos en nombre de mejorar el país. Pongamos en duda esa función de los poderes legislativo y ejecutivo en el capitalismo estimando la desterritorialización-reterritorialización de Nuestra América al compartir la acumulación gran capitalista local e imperialista que es el extractivismo exportador. De ahí el valor de la voluntad expresada en:


María de Jesús Patricio electa candidata indígena presidencial

“No vamos por votos,

nuestra pelea es por la vida”

30 de mayo de 2017

 

Por Elio Henríquez (La Jornada)

“Nuestra pelea es por la vida. Este paso que damos es difícil pero necesario. Tenemos que darlo si queremos seguir existiendo como pueblos. También abrimos la invitación a toda la sociedad civil organizada y no organizada a sumarse a esta lucha por la vida” señaló la vocera electa del Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Indígena Nacional, María de Jesús Patricio Martínez. 

La Primera Asamblea del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) realizada este 27 y 28 de mayo en el Cideci de San Cristóbal de las Casas nombró a sus 71 integrantes y a su vocera: María de Jesús, ‘Marichuy’, como muchos le llaman, es una mujer nahua de Tuxpan al sur de Jalisco, dedicada a la medicina tradicional y a la lucha por su comunidad.

Los 71 concejales elegidos, representantes de los pueblos indígenas de México y su vocera, que entre todos, mujeres y hombre, integran el Concejo Indígena de Gobierno para México, respondieron a las preguntas de medios nacionales e independientes, bosquejando así el rumbo de su propuesta. “Nuestra pelea es por la vida, no vamos por votos. Vamos por la organización y la construcción del poder desde abajo” señalaron María de Jesús, Sara López González y Betina Cruz Velázquez, mujeres representantes nahua, maya y binizá respectivamente.

En la plenaria, con la asistencia de casi 1,500 personas, con la que cerró el trabajo de la Asamblea Constitutiva del CIG, estuvieron presentes representantes de las múltiples luchas que existen en el país como invitados del CNI, entre ellos, los padres y madres de Ayotzinapa, Araceli Osorio, la madre de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada en Ciudad Universitaria y mucho más que expusieron el momento que viven en su búsqueda de verdad y justicia. En la Asamblea participaron 693 delegados, 492 invitados del CNI, 71 concejales y 230 delegados Zapatistas.

“Este es un camino que comienza y es un camino colectivo. Los partidos políticos tienen que ser deconstruidos, se deben terminar. Esa forma de hacer política ya no tiene una salida viable para nuestros problemas” explicó Fortino Domínguez, zoque de Chapultenango, Chiapas, desplazado de su lugar de origen e integrante del CIG.

El Profe Filo, de la mixteca poblana, intervino para precisar: “No se confundan, esto es un asunto que tiene que ver con la civilización, no es una vulgar lucha de poder”.

Sara, del pueblo maya, reiteró “No vamos por votos, vamos por todo. No vamos a cuidar urnas, vamos a reconstruir este país que se cae a pedazos. No estamos en una campaña electoral, estamos en una campaña por la vida, por la defensa de la vida y el rescate de este país”. Y agregó: “ Es una campaña por la vida y la organización de los pueblos, es una campaña por la construcción del poder desde abajo, no aspiramos a tomar el poder de arriba”.

A la pregunta sobre la opinión acerca de la Ley de seguridad interior, la respuesta por parte de Gabriela, representante tzeltal fue: “El término seguridad es de los de arriba, para nosotros el término es represión. En nombre de la ‘seguridad’ nos reprimen y nos criminalizan. Nos tratan como delincuentes cuando lo único que hacemos es defender nuestros territorios y defender la vida sobre la tierra”.

Mario Luna del pueblo yaqui comentó: “Hay una gran desilusión del trabajo de los partidos políticos y es importante destacar que es el CIG quien encabeza esta campaña. Como la ley no permite registrar un Concejo, se registrará a la compañera María de Jesús. No estamos ofreciendo una solución mágica. Estamos invitando a que nos organicemos desde abajo”.

Para subrayar la diferencia de la propuesta del Concejo Indígena de Gobierno con el sistema de partidos políticos, Fortino Domínguez, representante zoque señaló: “Los partidos políticos tienen una concepción del mundo individualista. Los pueblos pensamos en colectivo, como la representación que estamos aquí”.

No vamos a hacer una campaña sino buscamos organizarnos junto con todo el país para desmontar el poder que desde arriba nos imponen. Este es un camino que comienza y es un camino colectivo. La experiencia en México nos dice que los partidos políticos tienen que ser deconstruidos, se deben acabar. Esa forma de hacer política ya no tiene una salida viable para nosotros” comentó Fortino quien señaló “debemos deconstruir este Estado Nación. Nosotros ya estamos decididos a hacerlo”.

Por su parte, el ‘Profe Filo’ representante de la región mixteca poblana abundó en el tema: “En el mundo nahua hay una escena muy bella: un abuelo antes de morir le dice a su nieta ‘el día, nuestro día, tú sí lo verás, tú sí lo vivirás”. Ese día llegó. Esto es muy complejo porque hablamos de la civilización que parió esta tierra. El CIG está parado sobre miles de años de historia que nos anteceden. Entonces no se confundan, este es un asunto de civilización, no es una vulgar lucha por el poder”.

“Desde hace 500 años el proyecto que ha dominado este país es el occidental. Puede decir la historia de arriba lo que quiera, para nosotros la historia es otra. Para nosotros da lo mismo si son conservadores o liberales, o si son izquierda o derecha. El proyecto desde hace 500 años es el mismo” señaló el Profe Filo y, haciendo referencia a la pregunta específica sobre López Obrador, respondió: “Andrés Manuel no engaña a nadie, su proyecto se enmarca en este contexto occidental. Lo dice muy claro cuando le pide a las mineras que no contaminen tanto y que nos paguen un poquito más. Lo está diciendo cuando se junta con una bola de criminales, por eso no está engañando a nadie”.

“Es un sistema mundo el que está en crisis y se está derrumbando, y otro, el nuestro, está ahora resurgiendo, no lo ven, no lo oyen. Pero aquí estamos sobre nuestra historia, aquí estamos nosotros los pueblos indígenas hoy en los albores del siglo XXI” concluyó el Profe Filo de la mixteca poblana.

A la pregunta sobre cómo puede afectarlos el racismo y la discriminación en este proceso, la representante tzeltal señaló: “Durante 500 años hemos vivido en un sistema de castas que queremos sustituir por una sociedad igualitaria. Sustituir la cultura de la discriminación por una cultura del respeto”. En otra intervención, un integrante del CIG subrayó: “el racismo está en la mente de quien lo ejerce, entonces el problema no es de nosotros”.

El Profe Filo, subraya la importancia de lo que sucede en esta Primera Asamblea del Concejo Indígena de Gobierno y haciendo un recuento del proceso de consulta y difusión de la propuesta en muchos sitios comentó: “No estamos mirando arriba, estamos mirando abajo. Fuimos a muchos lugares, dialogamos con mucha gente. Vemos que arriba está el caos, la muerte, la destrucción y las mentiras de los propios medios de comunicación. Lo que vimos abajo da miedo, porque algo está pasando, algo se está moviendo. Fue entonces que decidimos que sí aceptaríamos esta propuesta, porque vimos que sí hay con qué y con quién para levantar un nuevo país, vimos que ya se mira el horizonte”.

“El día de hoy es el más grande de nuestra historia. Nos tomó 20 años conocernos. Durante cinco siglos estuvimos en resistencia y hoy estamos haciendo un alzamiento indígena, el más grande en la historia de México y es no violento. No violento” finalizó. 

http://desinformemonos.org/no-votos-nuestra-pelea-la-vida-concejo-indigena-gobierno/
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227231

 

 

 

Apreciemos que nuestro objetivo, abajo y a la izquierda, no puede contentarse con constituir la Patria Grande que el progresismo nos propuso cuando, en verdad, desplegó la IIRSA o infraestructura para el saqueo de Sudamérica y nos sometió a China. Nosotros privilegiamos el hermanamiento con todos los pueblos planetarios contra el capitalismo y por el socialismo. Reflexionemos qué nos enseñan desde los trabajadores y pueblos de España.

 

 

Las Marchas de la Dignidad y la reconstrucción del movimiento obrero

27 de mayo de 2017

 

Por Ángeles Maestro (Rebelión)

En la Transición se inició un lento proceso de degradación de las iniciales comisiones obreras, que ha terminado haciendo de CC.OO. –junto a UGT- unas de las piezas claves para el mantenimiento de la estructura de poder de la burguesía.

Su apuesta –compartida por el PCE– por la integración del Estado español en la CEE, asumiendo íntegramente el mito de que “Europa” era sinónimo de riqueza, democracia y derechos sociales y laborales, fue clave para bloquear cualquier posicionamiento de clase mínimamente riguroso.

En los años 80 se estaban implementando ya en los países europeos las políticas neoliberales, estrenadas a sangre y fuego en el Cono Sur de América Latina. Era pues evidente que lo esperable en los estados capitalistas centrales, en cuanto a políticas sociales se refiere, era exactamente lo contrario de lo que se vendía: la ampliación de los servicios públicos y de la protección social y laboral.

La integración del Estado español en la CEE primero y en la UE después supuso la destrucción del importante tejido industrial público y la privatización de las grandes empresas a precio de saldo1. En el duro proceso cínicamente llamado reconversión industrial, que implicó las destrucción de centenares de miles de puestos de trabajo, la colaboración sindical fue clave para que las luchas obreras –duras muchas veces– no se unificaran. No hubo así posibilidad alguna de alterar el guión estratégico de las fracciones dominantes del capital europeo que –con la colaboración del PSOE- pretendían eliminar la competencia y ganar mercados.

Otro tanto ocurrió con las privatizaciones de las grandes empresas públicas realizadas por gobiernos PSOE y rematadas por el PP. Se transfirieron a precio de saldo monopolios que se hacían con el negocio asegurado de vender productos de primera necesidad a una clientela cautiva. La corrupción inherente llevó a una legión de exministros y ministras2 a sus consejos de administración en pago a los servicios prestados. Ex cargos públicos que sirvieron para seguir utilizando los mecanismos de coerción y corrupción del Estado para forzar la privatización de las correspondientes empresas de países latinoamericanos, como se ha visto con el escándalo del Canal de Isabel II. Todo esto sucedió sin que, salvo en casos puntuales y por sindicatos minoritarios, se pusieran en funcionamiento -¡en la época de la globalización de las comunicaciones!- los más elementales mecanismos de solidaridad obrera internacional.

La garantía del negocio pasó sobre todo por liquidar masivamente y cuanto antes las antiguas plantillas con salarios relativamente altos y con más derechos de los que implantaba la precariedad reinante. Uno de los instrumentos ha sido el brutal mecanismo de presión para llevar a cabo el proceso de “auto-despido” que ha conllevado el aniquilamiento personal de miles de trabajadores, incluido el suicidio3. Otro ha sido la doble escala salarial que, rompiendo la unidad de clase, ha permitido la instauración generalizada de la precariedad en las grandes multinacionales procedentes de empresas públicas.

Ninguno de los dos procedimientos ha sido confrontado por los dos grandes sindicatos.

La crisis capitalista ha venido a sumarse a este tsunami destructivo de empleo y de derechos instalando una jungla de explotación salvaje y de “ejército de reserva” desesperado dispuesto a trabajar como sea.

Tras el 15 M y frente a la Cumbre Social, las Marchas de la Dignidad.

En este marco caracterizado desde el punto de vista sindical por el gran desprestigio de CC.OO. y UGT, la debilidad y la fragmentación del sindicalismo alternativo, y en un escenario de auge de la movilización popular contra la crisis, surgen las Marchas de la Dignidad.

Se construyen tras comprobar el cenagal de impotencia y engaño a que pretendía abocar al movimiento popular surgido en torno al 15M, una “Cumbre Social” que bajo el disfraz de multitud de ONG,s y “movimientos sociales” apenas encubría a los artífices del montaje: CC.OO., UGT, PSOE e IU.

Tras haber jugado el indigno papel de facilitadores y legitimadores del programa del capital, encubierto por enésima vez de la justificación de “es lo que hay y no es posible impedirlo” y arropado por quienes se encargan de hacer realidad la profecía, los hacedores de la Cumbre Social reclamaban en 2012, “la vuelta de la Europa Social”, de “los aspectos progresistas de la Constitución de 1978” y del Estado del Bienestar”4.

Para dar idea de la envergadura del montaje y de su papel distorsionador de la realidad, baste recordar que acababa de producirse la reforma del artículo 135 de la Constitución (2011), el Tratado de la Zona Euro (2012) y la Ley Orgánica 2/2012 imponiendo férreamente a todas las administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, los objetivos del pago de la Deuda y de la reducción del Déficit5.

En este contexto se empiezan a construir en el otoño de 2013 las Marchas de la Dignidad como espacio de confluencia de sindicatos, movimientos sociales y organizaciones políticas en torno a un programa político de ruptura cuyo primer punto es: No al Pago de la Deuda, y que identifica a los gobiernos de la Troika como agentes de las políticas que asolan las condiciones de vida de la clase obrera y sectores populares.

La movilización más grande desde la Transición cerró la boca de quienes encubrían su connivencia con el poder arguyendo que “para que las movilizaciones sean masivas hay que rebajar contenidos políticos” o que “la gente no entiende lo de la Deuda y la UE”.

El tiempo transcurrido no ha hecho más que reforzar la validez de los planteamientos de las Marchas. Cada vez es más evidente que la Deuda y el cumplimiento del Déficit, y en definitiva la pertenencia a la YE y al Euro, actúan como tenaza que imposibilita cualquier política alternativa. Desde los estibadores, a la lucha de los pensionistas o las políticas de gasto social de cada una de las administraciones públicas, chocan una y otra vez contra el mismo muro.

A todo ello se une la evidencia incontestable del escarnio que el gobierno de Satiriza protagonizó en 2015 y que se agiganta cada día. No sólo traicionó todos sus compromisos políticos –incluyendo el respeto al resultado del Referéndum que le exigía no acatar los designios de la Troika– sino que demostró a todos los pueblos de Europa que no hay posibilidad alguna de alternativa política en el marco de la UE y del Euro. Lo que ocurrió en Grecia no hace aún dos años, y de lo que ninguna organización de la izquierda institucional habla, sitúa al programa de las Marchas de la Dignidad como la única plataforma política del movimiento popular que hace del cuestionamiento de la UE el centro de su discurso político.

Por eso precisamente, porque ese programa político deja en evidencia los nuevos-viejos señuelos de la impotencia reformista –hoy menos creíble que nunca– las Marchas de la Dignidad están plagadas desde sus comienzos de tensiones internas. Quienes pretenden reconducirlas a lo políticamente correcto, sueñan estar en el gobierno en fecha no lejana y quisieran no encontrarse con una clase obrera y unos pueblos que van aprendiendo lo inútil y peligroso que es darse una y otra vez con el mismo muro. Y que al mismo tiempo van viendo cómo, frente a una izquierda débil y sin política alternativa, se alzan cada vez con más fuerza opciones electorales de extrema derecha.

Por ello, la reconstrucción del movimiento obrero inevitablemente debe realizarse confrontando radicalmente las políticas de colaboración de clase, entre las que la defensa de la UE y el Euro ocupa un lugar central. Líneas de demarcación como el No Pago de la Deuda (que curiosamente fue una de las primeras decisiones del Soviet de Petrogrado frente a un empréstito multimillonario suscrito por el Zar con la banca francesa), junto a la unificación de las luchas obreras y movimientos sociales son elementos clave.

Tal y como recoge el Manifiesto-llamamiento de las Marchas para el 27 de mayo6: “En la lucha difícil que hemos emprendido por un cambio real, no un simple cambio de gobierno, necesitamos que quienes estemos dispuestos a pelear nos unamos. La construcción de poder popular exige pasos pacientes y firmes que no se dejen seducir por los cantos de sirena de falsas soluciones institucionales que tan caro pagamos en la Transición y que hoy, en el marco de la Unión Europea, son más engañosos que nunca”.

Mayo de 2017

Notas:

1 http://informes.seminaritaifa.org/el-impacto-de-la-ue-en-la-industria-espan%CC%83ola/

2 http://canarias-semanal.org/not/10499/la_increible_bicoca_de_los_ex_ministros__del_ppsoe__listado_de_sus_suculentos_salarios_y_ocupaciones_/

3 Este asunto ha sido analizado recientemente por mi en un capítulo titulado “El grito”, integrado en el libro colectivo Capitalismo y salud mental (2017) . http://www.cismaeditorial.esy.es/saludmental.html

4 Un lúcido análisis sobre ese proceso puede encontrarse aquí: http://redroja.net/index.php/comunicados/831-el-mito-de-la-vuelta-al-estado-del-bienestar-otro-capitalismo-es-imposible

5 Un riguroso análisis de los mecanismos de coerción de la Euro-zona para imponer recortes del gasto público y privatizaciones puede encontrarse aquí: http://www.redroja.net/index.php/noticias-red-roja/noticias-cercanas/1910-informe-de-red-roja-sobre-la-ley-organica-22012-el-final-de-cualquier-soberania-y-el-arma-de-destruccion-masiva-de-los-servicios-publicos

6 El Manifiesto-llamamiento completo para el 27 de mayo se puede consultar aquí: http://marchasdeladignidad.org/el-27-de-mayo-volvemos-a-madrid/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227135

 

 

 

"Necesitamos que quienes estemos dispuestos a pelear por un cambio real, no un simple cambio de gobierno,  nos unamos. La construcción de poder popular exige pasos pacientes y firmes que no se dejen seducir por los cantos de sirena de falsas soluciones institucionales que tan caro pagamos en la Transición y que hoy, en el marco de la Unión Europea, son más engañosos que nunca”.  Lo que se proponen los diversos de abajo de España nos interpela a dar un salto cualitativo que ponga fin a la subordinación a burocracias tanto políticas como sindicales y a la creencia en las elecciones como solución a nuestros problemas fundamentales. A nuestras experiencias de décadas en contra de nuestro conformismo con estas reglas del sistema, sumemos las siguientes de otros países:

 

 

Paradojas de la “nueva Turquía”

30 de mayo de 2017

Por Sinem Adar (Jadaliyya.com)

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Desde 2014, la “nueva Turquía” se ha convertido en el eslogan popular que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) utiliza para expresar su proyecto político de transformación del país. Sin embargo, Turquía está inmersa en un abismo político desde las elecciones parlamentarias del 7 de junio de 2015, cuando el Partido Democrático del Pueblo (HDP) consiguió el 13% de los votos, convirtiéndose así en el primer partido prokurdo en superar el umbral electoral en la historia de la democracia parlamentaria. Una de las consignas que marcó la campaña del HDP fue: “No vamos a permitir que te conviertas en presidente”, en referencia al muy amenazante plan del AKP de aprobar una serie de enmiendas constitucionales que otorgaran amplios poderes a Recep Tayyip Erdogan como futuro presidente del país. Desde entonces, tanto la violencia simbólica como física se han convertido en algo habitual en el escenario político, facilitando la consolidación de un régimen estatal de partido único, controlado por el gobierno del AKP bajo el liderazgo de facto del presidente Erdogan. El fallido intento de golpe de Estado 15 de julio de 2016 y el referéndum constitucional del 16 de abril de este año -donde ganó el voto del SI (por un 51,4%) por un estrecho margen sobre el voto del NO, con serias preocupaciones respecto al pedigrí democrático del referéndum y toda una una nube de acusaciones de fraude- constituyen importantes puntos de inflexión en la institucionalización de un régimen estatal de partido único. Sin embargo, esta consolidación conlleva implicaciones bastante paradójicas.

A continuación, trataré de arrojar luz sobre esas implicaciones paradójicas centrándome en lo que es nuevo y en lo que no lo es en la Turquía de hoy en día. Sostengo que las paradojas del actual entorno político turco están profundamente marcadas por continuidades incluso en medio de rupturas.

Violencia física y simbólica

Tras el atentado del suicida-bomba de Suruç el 20 de julio de 2015, en el que murieron 33 personas y resultaron heridas 104, y el asesinato de los policías en Sanliurfa (que fue en principio adjudicado al PKK, aunque el grupo negó su responsabilidad en mismo), el alto el fuego entre el ejército turco y el movimiento de la guerrilla llegó a un abrupto final. En la mayor parte de las ciudades y pueblos del sureste y este kurdos se pusieron rápidamente en marcha amplias e intensas políticas de seguridad en lo que se definió como “zonas especiales de seguridad”, en las que directamente se atentaba contra la vida misma al estar destruyendo las ciudades, los hogares y los cuerpos kurdos. Según un informe publicado en marzo por la Unión de Municipalidades del Sudeste de Anatolia, alrededor de 400.000 personas se vieron obligadas a desplazarse como consecuencia de esa violencia, trasladándose a otras ciudades de la región kurda. Un reciente informe de Amnistía Internacional señala que sólo en el sur, en el distrito central histórico de Diyarbakir, 2.024 hogares resultaron dañados o totalmente destruidos.

Durante este tiempo, diversas ciudades de la zona oeste del país fueron también objeto de ataques violentos, reclamando el ISIS la autoría de algunos de ellos, como el letal ataque contra un popular club nocturno en Estambul la víspera de Año Nuevo de este año. Entre el 7 de junio y el 1 de enero de 2017, murieron asesinados un total de 1.512 ciudadanos, y la cifra de víctimas aumenta a 1.793 si en el recuento se incluye a quienes murieron durante el fallido intento de golpe y a los soldados fallecidos durante la reciente intervención militar turca en Siria, denominada por Turquía “Operación Escudo del Éufrates”.

Sin embargo, en la Turquía actual la muerte no se limita a la terminación real de la vida de uno. Es algo más físico. Es también algo simbólico que trata de apoderarse de las mentes. Que trata de silenciar todas las formas de disidencia. Toda la esfera civil está amenazada por una muerte simbólica. De hecho, esta muerte simbólica es de alguna manera continuación de los esfuerzos del Estado turco para estrangular la disidencia y silenciar a la sociedad civil tras los golpes del pasado. Sin embargo, la escala, ámbito y alcance del actual impulso aniquilador es más amplio que en anteriores episodios. Desde el fallido intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, miles de personas dentro de la academia y la burocracia estatal han perdido sus puestos de trabajo, se les ha revocado su estatuto de funcionarios y se les ha anulado el pasaporte. Según el Índice de Libertad de Prensa Mundial de 2017, Turquía se sitúa en el puesto 155º de un total de 180 países. Además, y desde esa misma fecha, se han cerrado 560 fundaciones, 1.125 asociaciones y 19 sindicatos.

¿Qué elementos son nuevos?

Aunque la violencia estatal ha sido una práctica habitual en Turquía desde que se estableció la República en 1923 (e incluso antes de la fundación de la misma) y el Estado turco no ha sido nunca sustantivamente democrático más allá de la celebración de elecciones relativamente transparentes, este momento histórico es muy diferente por dos razones. La primera se refiere a los cambios habidos en el aparato de seguridad del Estado en los últimos dos años. Entre esos cambios figuran varias iniciativas legislativas aprobadas en el parlamento en 2014 respecto a la reestructuración de la Organización de la Inteligencia Nacional (MIT) bajo el Consejo de Ministros, y la expansión del acceso de la MIT a la información personal y privada; la expansión del poder otorgado a los alcaldes nombrados por el gobierno para el despliegue de medidas de seguridad; y la reorganización de la fuerza policial. Además de estos cambios a nivel nacional en el aparato de seguridad, dos decretos del estado de emergencia emitidos el 29 de abril de este año anunciaron que iban a crearse 7.000 puestos para guardias de barriada (bekçi). No sabemos exactamente aún cuáles van a ser sus responsabilidades, pero podemos adivinar con certeza que estos guardias van a ser la piedra angular de las micropolíticas totalitarias del Estado de partido único de Erdogan.

La segunda novedad en el actual entorno político turco tiene que ver con la purga masiva que viene produciéndose desde el intento fallido de golpe de 2016. En términos de grado, se trata de la purga más amplia habida en Turquía, superando incluso la que siguió al golpe de 1980. Teniendo en cuenta que hay un total de 135.610 personas purgadas –incluyendo miles de miembros del ejército, la policía y el sistema judicial-, no está claro cómo va a poder continuar funcionando el mecanismo estatal, dada la gran escasez de personal con formación y experiencia. Además, los conflictos y tensiones internas dentro del AKP –que van adquiriendo cada vez más peso en los esfuerzos actuales para reestructurar la base del partido tras la reelección de Erdogan como líder real del mismo en un congreso celebrado el 21 de mayo- contribuyen a un futuro ambiguo de las instituciones. Es probable que el constante debilitamiento institucional del Estado tras el fallido intento de golpe acelere la tendencia a utilizar la violencia en un entorno de creciente paranoia y sospecha en las altas esferas del Estado.

¿Qué no es nuevo?

Sin embargo, hay también cosas que no son nuevas en la Turquía actual. La principal fuente de continuidad se basa en un fuerte nacionalismo que sigue ejerciendo un potente papel unificador entre los diversos actores políticos alrededor de sensibilidades políticas profundamente arraigadas y susceptibilidades fuertemente moldeadas por la cuestión kurda en Turquía. La guerra en Siria, especialmente tras la revolución de Rojava, ha catalizado aún más esas sensibilidades y susceptibilidades preexistentes en Turquía. Como tal, han posibilitado la consolidación de un frente político contra los parlamentarios kurdos y la cuestión kurda de manera más general, adquiriendo un fuerte carácter regional e internacional con la implicación de EEUU y Rusia.

Un ejemplo muy revelador de todo esto es la posición unificada del Partido Republicano del Pueblo (CHP), el principal partido de la oposición, y del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) durante las votaciones parlamentarias de mayo de 2016, a fin de eliminar la inmunidad política de los parlamentarios kurdos. Los colíderes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Selahattin Demirtas y Figen Yüsekdag, fueron detenidos por primera vez el 4 de noviembre de 2016 y desde entonces permanecen en la cárcel como consecuencia de su pérdida de inmunidad. A partir de abril de 2017, 14 de los 59 miembros parlamentarios del HDP se hallan en prisión.

La exclusión de los dirigentes del HDP de la asistencia a lo que se llamó “vigilia democrática”, organizada por el AKP en Estambul en agosto de 2016 contra el fallido golpe de Estado, es otro ejemplo en tal sentido. Los líderes del CHP y del MHP, Kemal Kiliçdaroglu y Devlet Bahçeli, respectivamente, fueron ambos invitados por el AKP para que mostraran su solidaridad asistiendo a la vigilia. No cabe duda de que merece la pena que los ciudadanos normales y corrientes celebren la resistencia contra un golpe de Estado como manifestación de voluntad democrática. Además, el espectáculo de solidaridad desarrollado en la vigilia por el AKP, el CHP y el MHP puede quizá interpretarse como un esfuerzo táctico para sortear las secuelas del fallido golpe de Estado.

Sin embargo, lo que subyace en el esfuerzo táctico de reunir a esos actores políticos, a pesar de las diferencias en sus orientaciones políticas, es su aspiración a reclamar la propiedad sobre el establishment del Estado. El silencio de los dirigentes del CHP y del MHP frente a la exclusión del HDP de la vigilia es el indicador más obvio, aunque esperado, de tal aspiración. Sin embargo, lo que resulta más sorprendente es su silencio, igualmente inquietante, sobre la disolución de la alianza, en otro tiempo firme, entre el AKP y Fethullah Gülen, a quien el gobierno responsabiliza de estar detrás del intento de golpe de julio de 2016.

Sin embargo, la lucha de los dirigentes del CHP y del MHP para poder participar en la propiedad del establishment estatal se basa en razones frágiles, teniendo en cuenta las tensiones internas dentro de las bases de ambos partidos. La división dentro del MHP se hizo visible durante la campaña del referéndum cuando un grupo dirigido por Meral Aksener decidió volver a la campaña por el NO, mientras que el liderazgo del partido hacía campaña por el SI. La consecuencia fue que Aksener fue expulsada del partido por desafiar a los dirigentes. Por otra parte, las tensiones dentro del CHP se hicieron más patentes a raíz del referéndum. La pasividad del dirigente del CHP Kiliçdaroglu respecto al fraude en el referéndum provocó que algunos parlamentarios dimitieran de sus puestos en protesta a primeros de mayo. Más o menos en las mismas fechas, el liderazgo del partido envió a uno de sus parlamentarios a su junta disciplinaria para que le expulsaran de forma permanente debido a una entrevista que concedió al diario Aksam, en la que criticaba abiertamente al líder del partido por sus déficits democráticos.

Conclusión

Las paradojas del entorno político actual de Turquía están profundamente marcadas por continuidades aún en medio de rupturas. La institucionalización de un régimen de partido estatal único se ha visto irónicamente facilitada por los líderes del CHP y del MHP, a la vez que el nacionalismo y un fuerte compromiso con el establishment estatal sirven para unificar a esos actores por encima de sus diferencias. Sin embargo, el abismo político en el que está actualmente inmersa la “nueva Turquía” responde a diversas razones. La primera y principal radica en que, por una parte, se ha vaciado a las instituciones estatales de conocimientos y fuerza laboral y, por otra, en el clima creciente de paranoia y sospecha, especialmente en los niveles superiores del Estado, que hacen el país se hunda en el caos hasta las previstas elecciones presidenciales de 2019. En segundo lugar, las divisiones internas dentro del AKP, del CHP y del MHP tensan la política, acelerando así los procesos de toma de decisión ya existentes que van de arriba abajo dentro de los partidos políticos. Por último, pero no menos importante, el silenciamiento del HDP contribuye más aún a desestabilizar el país en medio de una oposición totalmente inadecuada del CHP y del MHP.

Estamos inmersos en un momento kafkiano. El tiempo fluye velozmente sin darle a nadie el espacio mental y la energía para poder reflexionar y comprender. Quizá hayamos perdido demasiadas oportunidades de reflexionar y comprender en el pasado antes de llegar a este momento. Quizá sea esta una forma de justicia divina por todas las injusticias presentes y pasadas cometidas por la República contra todos los cuerpos y mentes indeseados. ¿Quién sabe? La historia de la República de Turquía sigue siendo la de una violencia constante y sistemática.

 

Sinem Adar es socióloga y forma parte del Grupo de Investigación sobre Diversidad Religiosa, Política Constitucional y Derechos Humanos del Lichtenberg-Kolleg, en la Universidad de Gottingen. Sus investigaciones se centran en los temas de nacionalismo y construcción de la nación; pertenencia, ciudadanía e identidad; y religión en Turquía y Egipto.

 

http://www.jadaliyya.com/pages/index/26602/paradoxes-of-%E2%80%98new-turkey%E2%80%99

Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y a Rebelión.org como fuente de la misma.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227243

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La Portugal socialista conquista Bruselas

30 de mayo de 2017

Por Alexandre Mato (CTXT)

 

Lisboa cierra ocho años de estricta vigilancia económica de la UE con una felicitación pública al haber reducido su déficit por debajo del 3% “en una forma duradera”

El día de su elección, el 26 de noviembre de 2015, Antonio Costa dejo claras las dos claves que regirían su futuro gobierno: quería “dejar atrás las políticas de austeridad” y ser una alternativa “realista, cuidadosa y prudente”. El primer ministro de Portugal, que logró la segunda posición en las elecciones, había negociado y conseguido el apoyo del Partido Comunista y del Bloco de Esquerda, el Podemos luso. En la UE muchos auguraban un futuro negro para el país, ante el riesgo de que diese marcha atrás en las reformas y recortes del anterior gobernante, el conservador Passos Coelho. En el interior del país hubo quien aseguró un breve futuro a ese “gobierno de lageringonça”, débil o inestable, por no contar con una mayoría parlamentaria suficiente.

Y, sin embargo, este pasado lunes 22 de mayo, Lisboa cerró un capítulo oscuro de su reciente historia, los ocho años de estricta vigilancia económica por parte de Bruselas. Y lo hizo además con una felicitación pública del comisario comunitario de Economía. “Portugal ha reducido su déficit por debajo del 3% en una forma duradera”, aplaudió Moscovici. La Comisión recomendó al Consejo, el órgano que reúne a todos los países de la UE, el cierre del procedimiento por déficit excesivo luso, abierto hace 9 años. Sólo falta la confirmación en junio.

Portugal es el ganador de las Country Specific Recommendations, los informes económicos país por país de la Comisión Europea, destinadas a ‘recomendar’ la adopción de medidas en el mercado de trabajo, en las pensiones, en el gasto público, en el sector financiero y hasta en la lucha contra la corrupción. Francia y España están entre los perdedores.

En 2017, “no se requieren nuevos compromisos”, relata el informe luso de la Comisión, “tras la derogación del proceso de déficit excesivo, Portugal está en el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”. Traducido, el país cumple con el déficit, escapa a futuras multas y las exigencias de Bruselas se relajan. Sólo cuatro estados permanecen dentro del brazo correctivo, el de las sanciones: Reino Unido, que no puede ser multado al estar fuera de la eurozona, Grecia, bajo una situación especial por su rescate soberano, Francia y España.

Mientras que Portugal cerró 2016 con un déficit del 2% --y según las previsiones lo reducirá hasta el 1,5% en 2017 y al 1% en 2018--, el agujero de las cuentas españolas es más abultado. Bruselas pronostica un 3,2% este año y un 2,6% para el siguiente pese a “la velocidad de crucero de la economía” de la que suele hacer gala Luis de Guindos. Más discretos, los portugueses han adelantado a los españoles por la izquierda tras escapar ambos países a una multa europea el verano pasado. La situación de partida de España era peor, pero los informes de la Comisión no sólo hablan de cifras.

Menos paro y menos precariedad en Portugal

Aunque España y Portugal tienen estructuras económicas parecidas, con un sector servicios hegemónico donde la hostelería y el turismo son claves en la ocupación de la mano de obra, el desempleo luso baja desde 2014 y “el número absoluto de parados de larga duración también está cayendo”, explican en la Comisión. El país vecino no solo tiene un paro del 9,8%, sino que además es donde más se ha reducido en la UE en los últimos meses. “El empleo crece al doble que en la zona euro”, presume Mario Centeno, su ministro de Finanzas. En España, la tasa de paro es del 18,2%, la segunda más alta en la UE tras el 23,5% de Grecia, según los últimos datos de Eurostat.

La reducción del desempleo tiene mucho que ver con el impacto diferenciado de la crisis. En España afectó a sectores intensivos en mano de obra como la construcción y sus industrias auxiliares. En Portugal, sin embargo, buena parte del desempleo llegó de un sector bancario que precisamente estaba en manos españolas. El economista Antonio Sanabria, profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid, apunta para CTXT otro dato interesante, Portugal habría ajustado más vía salarios y España en empleo.

El salario medio en España ha crecido durante los años de crisis, aunque parezca una paradoja, porque los millones de despedidos procedían en gran parte “de empleos menos remunerados”, explica Sanabria, “lo que hace subir la media al desaparecer los valores más bajos”. En Portugal, asegura el economista del Colectivo Novecento, “el salario medio nominal cayó entre 2010 y 2015". Es decir, España ajustó destruyendo puestos de trabajo y Portugal vía salarios. Por eso el pico del paro luso fue sólo del 16% en 2013, el mismo año que en España alcanzó un pico del 26%.

La diferente situación de partida favorece también que Portugal pueda ahora centrarse en mejorar las condiciones de los trabajadores, mientras que en España los mordiscos al paro son gracias a la temporalidad y los contratos a tiempo parcial. Comparando los informes de la Comisión, la gran diferencia aparece en la precariedad laboral y la capacidad para crear empleo. Sobre Portugal, Bruselas explica que “las condiciones del mercado laboral han mejorado” mientras que a España le da un severo toque de atención porque el desempleo “sigue estando entre los más altos de la UE, en particular el juvenil o el de la gente con baja cualificación, implicando riesgos de una desvinculación del mercado laboral”. Y todo ello con “una de las tasas de empleo temporal más elevadas en la UE y donde muchos de esos contratos son de muy corta duración”.

La temporalidad española es un cáncer del mercado laboral español. La movilidad hacia contratos permanentes está entre las más bajas de la UE, sólo superada por Polonia. Y este problema genera otro, el del subempleo, un concepto que engloba a los trabajadores a tiempo parcial que quieren trabajar más horas. En España afecta a 1,4 millones de trabajadores, el 7,7% de la población ocupada, según los datos de Eurostat. De nuevo, en el furgón de cola europeo, en este caso junto a Chipre.

La agenda progresista del gobierno luso funciona

Año y medio después de la llegada al poder de Antonio Costa, las inversiones y exportaciones lusas crecen en torno al 10% y el PIB cabalga, tras trece trimestres consecutivos de expansión, a ritmo del 1% trimestral. El ministro Centeno no sólo tiene claro que estos datos son el “reflejo de la confianza iniciada en 2016”, sino que además defiende que estos demuestran que las políticas seguidas por su ejecutivo eran “correctas y que era posible hacer más y mejor”.

Lisboa ha subido por tercer año consecutivo el salario mínimo, reducido la jornada laboral para los funcionarios a 35 horas y, una vez que las cuentas cuadraron en 2016, aplicó nuevos incentivos fiscales para la conversión de contratos temporales en indefinidos y rebajas en las contribuciones a la seguridad social para los nuevos empleos juveniles.

Para el economista José Carlos Díez, redactor de la ponencia económica del PSOE, también ha ayudado al gobierno portugués la “política monetaria ultraexpansiva del BCE”. Algo que comparte el economista Sanabria, quien añade a esto “el fin de las medidas de la troika, porque al mejor contexto se unió poner fin a medidas contraproducentes”.

Díez insiste además en que la política fiscal de Costa ha sido neutral con ligeras subidas de impuestos, como los pequeños incrementos en las tasas al combustible o al tabaco, para recaudar 400 millones de euros, o en el impuesto a la circulación a los automóviles, y ligeros recortes. Es decir, que no se han puesto frenos al crecimiento.

Portugal se ha ganado el reconocimiento de la Bruselas de la austeridad, que tiene que admitir que las políticas de Costa y Centeno ofrecen resultados. “Una parte significativa de los nuevos empleos creados son indefinidos”, se lee en el informe de la Comisión. Un guante que se apresuró a recoger el ministro de finanzas luso. “El compromiso con las mismas políticas debe seguir”, reivindicó en la capital comunitaria el día en que se presentó el informe.

Todavía hay más de 300.000 desempleados más que en 2007, lo que lleva a Sanabria a advertir de que Portugal todavía está mal, tiene una deuda pública enorme, lleva arrastrando problemas de productividad desde antes de la crisis y el sector bancario está tocado. Eso sí, al menos sus políticos parecen limpios de toda duda, algo que no ocurre en España

La lacra de la corrupción

Más allá de los palos propinados al mercado laboral, a la precariedad o a que su vecino luso haya salido ya del proceso de déficit excesivo, la gran diferencia entre España y Portugal es la corrupción. La Comisión menciona esa palabra cuatro veces en el informe luso para destacar “el aumento de la transparencia y la lucha” contra la corrupción al tiempo que destaca que “se ha convertido en una prioridad real de los servicios de la fiscalía”.

La palabra maldita aparece sólo una vez más en el informe sobre España, pero Bruselas duda de las verdaderas intenciones de sus gobernantes. Pese a un aumento de las investigaciones por corrupción a nivel local y regional, “no se han desarrollado estrategias preventivas a medida para mitigar los riesgos de esos gobiernos y tampoco existe una estrategia preventiva compartida entre los diferentes niveles de la administración”, se afirma en el informe de la Comisión. Además, se reprocha al gobierno de Mariano Rajoy que la enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, destinado a reducir el tiempo de las investigaciones, “podría derivar en la impunidad en casos de corrupción complejos en los cuales la limitación de tiempo no sería suficiente para construir un caso”. El peligro del sobreseimiento está presente y en la Comisión advierten a Madrid.

La cuarta potencia de la eurozona sale señalada de los informes de Bruselas. Portugal está de moda, sus políticos de momento parecen inmaculados. La depresiva socialdemocracia europea mira al ejecutivo de Costa como un ejemplo a seguir y, además, se ha ganado el respaldo de sus ciudadanos. “Las políticas sociales deben estar funcionando bien a juzgar por la distancia que le saca a la derecha en intención de voto”, destaca Díez sobre el actual gobierno portugués.

Alexandre Mato, periodista por la UCM, donde cursó un máster en Relaciones Internacionales. Antiguo editor jefe de cierre de Mercados, ha pasado por la Cadena Ser, Informativos Telecinco y El Confidencial. Colabora con la TVG y Telemadrid. Vive en Bruselas. @XANDRE_MATO

http://ctxt.es/es/20170524/Politica/12944/portugal-antonio-costa-recuperacion-alexandre-mato.htm

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227207

En consecuencia, abajo y a la izquierda, tenemos el desafío de cuestionar las elecciones como legitimadora del sistema de saqueo, de destrucción tanto de los ecosistemas como de las comunidades y de envenenamiento de la vida de todos los seres. El reto consiste en suscitar una toma generalizada de conciencia respecto a que nuestra situación de profundización del empobrecimiento responde al capitalismo local e imperialista y no sólo al gobierno de Mauricio Macri. En principio es fundamental el descubrimiento de cuál ha sido y es la historia en oposición a la autodeterminación de los pueblos de tanto la socialdemocracia como de los gobiernos progresistas. Comparten su carácter de conciliación con el capitalismo y su conducción hacia callejones sin salida. Analicemos:

 

Elecciones griegas y el fracaso de una táctica

 

21 de septiembre de 2015

 

Por Rolando Astarita

Rolando Astarita [Blog]

 

Ayer, 20 de septiembre, Syriza se impuso en las elecciones griegas con el 35% de los votos. Recordemos que el primer ministro, Alexis Tsipras, había llamado a elecciones anticipadas, luego de haber aceptado el programa de ajuste y privatización que le fue impuesto en Bruselas. Un programa muy alejado de las promesas de acabar con la austeridad con que había triunfado en las elecciones de enero (he tratado el asunto aquí, aquí, aquí, aquí). En la reciente campaña electoral, sus ejes fueron la crítica al “viejo y corrupto sistema político” y la afirmación de que “Grecia es sinónimo de lucha y dignidad”. Una frase hipócrita con la que procura tapar una realidad indisimulable: prácticamente todas las decisiones económicas fundamentales “han sido hechas por los ministros europeos de Finanzas y por los responsables de los bancos centrales, y cualquier desviación amenaza con detener los pagos de ayuda [se refiere a la refinanciación de la deuda]” (Bloomberg).

 

Tal vez esto ayude a explicar por qué, a diferencia de lo ocurrido hace nueve meses, el triunfo de la formación izquierdista no despertó el entusiasmo en las masas. Apenas un puñado de simpatizantes anduvo de festejo por las calles de Atenas. De hecho, solo el 56% de los electores concurrieron a votar, el porcentaje más bajo desde los años 1990; aunque Syriza logró apenas un uno por ciento menos que en enero. Tsipras tuvo el apoyo de Podemos, de España, de Die Linke, de Alemania, y del PC francés.

En seguida de conocidos los resultados, Tsipras anunció que continuará la alianza gubernamental con el partido de derecha nacionalista Griegos Independientes (que logró el 3,7% de los votos). Naturalmente, los mercados y el establishment económico recibieron el triunfo con tranquilidad. El premier fue felicitado, entre otros, por Martin Schultz, el presidente del Parlamento Europeo, y por Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo. Diego Ferro, director de Greylock Capital Management, un fondo que es fuerte inversor en deuda griega, manifestó a Bloomberg que “ahora se ha quitado la incertidumbre porque Tsipras tiene el mandato político para implementar las medidas de austeridad y Grecia debería empezar a moverse hacia adelante”. De hecho, los bonos griegos subieron muy fuerte desde el 15 de julio, cuando Tsipras aceptó el severísimo plan de ajuste.

Destaquemos también que el segundo puesto fue para Nueva Democracia, partido conservador de derecha, que obtuvo el 28% de los votos. En tercer lugar quedaron los nazis de Amanecer Dorado, con el 7%, y cuartos los socialdemócratas con el 6,4%. Unidad Popular, el partido que se formó a partir de la escisión de la Plataforma de Izquierda de Syriza, no logró siquiera el 3% de los votos. UP rechaza el programa de Bruselas y plantea una salida del euro (lo que implicaría una devaluación) y un programa reformista burgués. Está liderado por el ex ministro de Energía Panagiotis Lafazanis, y tiene como referente a Costas Lapavitsas, un economista heterodoxo que hace centro en la crítica al sistema financiero internacional.

 

El repetido fracaso de una táctica política repetida

En la parte final de una de las notas citadas más arriba, planteé que “la izquierda debería tomarse en serio una recomendación de Marx: aprender a luchar sin ilusiones. Entendiendo por ‘ilusión’ una esperanza sin fundamento real de lograr lo que se anhela. Para esto, lo primero es presentar las cosas de forma realista. Es que no hay nada más desmoralizador que llevar a las masas a callejones sin salida. Y no hay nada más estúpido que convertirse en comparsa por izquierda de la desmoralización organizada. Es el primer paso, además, para avanzar hacia la independencia de clase”.

Las elecciones que acaban de realizarse en Grecia son el resultado más puro de esa “desmoralización organizada” a la que hacía referencia en esa nota. Pero también desnudan el fracaso de las tácticas de “apoyos críticos”, que instrumentan una y otra vez partidos de izquierda.

Tengamos presente que la idea que subyace en esta orientación es la de “acompañar desde la izquierda el proceso abierto”, en la creencia de que cuando la dirección reformista-burguesa “traicione”, la izquierda será reconocida como “la verdadera defensora del programa originario”. Las tácticas de entrismo, que ya he criticado en otras notas, (ver aquí, aquí, aquí, aquí), se basan en este supuesto. Pero para aplicarlas se maquillan caracterizaciones de clase y se disimulan las incoherencias y utopías de los programas reformistas. La orientación consistente en “exijamos que cumplan con su programa”, en la esperanza de que las masas “sacarán las conclusiones revolucionarias pertinentes”, tiene este enfoque como telón de fondo. Otra variante de la misma política es llamar a “profundizar y radicalizar el programa reformista en un sentido anticapitalista”, a fin de que “los trabajadores movilizados superen a los dirigentes pequeñoburgueses conciliadores”.

Pero en la realidad nada de esto funciona como se piensa en la izquierda que va a funcionar. Es que de alguna manera la gente intuye que en el modo de producción capitalista existen restricciones que no se pueden superar con discursos o elecciones. De ahí que en un punto termine dándole la espalda a los “espejitos de colores” que tratan de vender los reformistas pequeñoburgueses al estilo Unidad Popular.

 

Por eso también, cuando no se tiene una alternativa social de fondo, se cae en el desánimo y la desmoralización, aun cuando haya habido movilizaciones y luchas, como fue el caso en Grecia. Es que los combates reivindicativos y contra los ajustes, en medio de la crisis económica y sin un horizonte político superior al existente, terminan en un callejón sin salida. En otros términos: no existe la superación espontánea del capitalismo por la sola movilización. Tampoco se superan espontáneamente, y en una dirección anticapitalista, las variantes de socialismos burgueses y pequeñoburgueses, con su capacidad camaleónica para sobrevivir y engatusar. De ahí que el resultado final de los “apoyos críticos” sea, paradójicamente, el mantenimiento de los mecanismos de dominación burguesa.

 

Termino con una idea del autor de El Capital que puede ayudar a la reflexión. Refiriéndose al rol de la crítica, Marx decía que “la teoría se convierte en poder material cuando prende en las masas. Pero la teoría puede prender en las masas a condición de que argumente y demuestre ad hominem, para lo cual tiene que hacerse una crítica radical” (“En torno a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel”). En cualquier caso, la breve e intensa experiencia de Syriza es merecedora de un balance serio y argumentando.

Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2015/09/21/elecciones-griegas-y-el-fracaso-de-una-tactica/

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Syriza y los resultados del socialismo burgués

 

1 de junio de 2017

 

Por Rolando Astarita

 

El 13 de julio de 2015 Alexis Tsipras, cabeza del gobierno de Syriza, aceptaba aplicar el programa de austeridad y privatizaciones que le imponían la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo. Fue la condición para otorgarle un crédito por 86.000 millones de euros y evitar el default de la deuda, o la salida del euro. Aunque apenas seis meses antes, en enero de 2015, Syriza había ganado las elecciones prometiendo acabar con las medidas de austeridad y recuperar la economía. Más aún, ocho días antes de que Tsipras capitulara ante los acreedores y los ministros de finanzas, los griegos habían rechazado, en un referéndum, el programa de ajuste de Bruselas. En la noche victoriosa buena parte de la izquierda latinoamericana y europea saludó el resultado como “la derrota de los banqueros, el imperialismo y la patronal griega”. Pero a los banqueros y el establishment económico el “triunfo popular” no les importó. “O se someten a nuestras condiciones, o salen del euro” fue su respuesta. Syriza aceptó. Y aunque en  la campaña electoral de septiembre de ese año todavía proclamó que “Grecia es sinónimo de lucha y dignidad”, ya no entusiasmó a sus seguidores. La opinión pública se hizo consciente de que Syriza no tenía alternativa programática frente a la “solución” capitalista de la crisis.

Lo de Syriza se convirtió así en un fracaso estrepitoso. Un fracaso que, por lo demás, interpela al progresismo izquierdista europeo –Podemos, de España; Die Linke, de Alemania; los partidos comunistas- y al nacionalismo e izquierdismo latinoamericano –castristas, chavistas, kirchneristas, PCs y variantes-. Como ha sucedido históricamente con la socialdemocracia y otros gestores “por izquierda” del capitalismo, las recetas frente a las crisis confluyen, invariablemente, con las que prescribe la denostada “derecha neoliberal”. A fin de tener en claro de qué hablamos, veamos la evolución de algunas variables.

 

Un balance en gráficos(…)

Precisemos que en el primer trimestre de 2017 la economía volvió a la recesión, y el gobierno redujo su previsión de crecimiento en 2017 de 2,7% a 1,8%.

La caída en términos de acumulación fue profunda, y la inversión sigue sin levantar cabeza:

El desempleo, si bien bajó algún punto con respecto a su pico entre 2013 y 2014, se mantiene por encima del 23%, y afecta a un millón de personas.

 

Agreguemos que la tasa de desempleo entre los jóvenes de entre 15 y 24 años llega al 48%.

A la par que retrocedió la economía durante la crisis, aumentó la deuda pública, como se muestra en el siguiente gráfico: (…)

En 2017 la deuda es de 326.500 millones de euros; el 67,6% está a tasa variable. Casi 255.000 millones corresponden a créditos recibidos principalmente del European Stability Mechanism por los planes de rescate. Los pagos por la deuda este año rondarán entre los 8.500 y 9.000 millones de euros.

 

Un dato significativo: la recapitalización de los bancos agregó, desde 2010, 43.000 millones de euros a la deuda pública; es el 24% del PBI. A pesar de estas inyecciones, los préstamos en problemas (non performing) continuaron aumentando y en diciembre de 2016 representaban el 44% del total de los préstamos.

 

Ajuste, miseria y privatizaciones

El programa de salida de la crisis pasa, básicamente, por bajar salarios, aumentar la presión sobre el trabajo (flexibilización y precarización laboral, disminución de derechos sindicales y laborales, y similares), recortar el gasto social por parte del Estado y someter, vía privatizaciones de activos estatales, a todas las ramas y sectores a la lógica del mercado y la ganancia. Según el FMI, el ajuste realizado en los siete años de recesión que arranca en 2009 equivale al 16% del PBI. Algunos gastos se redujeron dramáticamente. Por ejemplo, el gasto en salud pública se comprimió al 4,5% del PBI (el promedio en la zona del euro es del 7%). Las pensiones también bajaron. Por caso, según las reformas introducidas en 2016, los ingresos de los pensionados por discapacidad, o jubilados con 15 años de aportes a la seguridad social, se han reducido un 30%. Paralelamente, subieron los impuestos. Como resultado de estas medidas, el superávit primario (esto es, antes del servicio de la deuda) en 2016 fue del 3,9% del PBI. Pero la pobreza alcanza al 30% de la población.

En cuanto a las privatizaciones, está previsto que involucre activos por 50.000 millones de euros; aunque en los cinco años que van hasta 2016 se privatizó por solo 3.000 millones de euros. Por eso el gobierno está buscando acelerar el proceso. La operación se realiza a través del fondo estatal Hellenic Republic Asset Development Fund. El HRADF se ocupa de vender activos estatales, formar asociaciones con participación de capital privado y entregar concesiones para operar puertos, aeropuertos, desarrollos inmobiliarios en lugares turísticos y playas, marinas, empresas de agua, gas, correos, telecomunicaciones, activos de los Juegos Olímpicos, empresas de generación eléctrica, ferroviarias y construcción de autopistas, entre otros (véase http://www.hradf.com/en/portfolio). Una de sus operaciones más importantes ya concretadas fue la venta del 51% de la Autoridad del Puerto del Pireo a Cosco Shipping Corporation.

 

Más exigencias

Grecia sigue sumergida en la crisis. En la medida en que la inversión no se recupera, la reducción del gasto reduce la demanda, lo que a su vez afecta a la inversión, reproduciéndose un círculo contractivo de la economía. En medio de este panorama, los ministros de finanzas europeos, encabezados por el alemán Wolfgang Schäuble, exigen que el superávit primario de Grecia, a partir de 2018, debe ser de por lo menos el 3,5% del PBI durante unos 20 años. El FMI objeta que eso es insostenible. Por eso, por ahora, el FMI, el BCE y los ministros de finanzas acordaron que el superávit del 3,5% será durante cinco años, a partir de 2018. En cualquier caso, hay consenso en exigirle a Grecia más reducción del gasto y aumento de impuestos. También en avanzar con las reformas laborales y las privatizaciones. Es la condición que ponen ahora para renovar los créditos. Es que en julio Grecia debe pagar 7.000 millones de euros al BCE y el FMI, y si los créditos no se renuevan, la deuda entrará en default.

Como corresponde, el gobierno de Syriza y el Parlamento responden haciendo los deberes. Recientemente se aprobaron medidas para eliminar subsidios a familias pobres con niños en edad escolar; a jóvenes con primer empleo en la eventualidad de que sean despedidos; a niños sin protección; y a gente que está en la pobreza absoluta. Se calcula que significarán un ahorro al Estado de 8.800 millones de euros en 2017. Aunque, como vimos, los acreedores van por más.

 

En conclusión, lo actuado por Syriza pone en evidencia las limitaciones insalvables del “socialismo burgués”. El gobierno de Tsipras ha llevado al movimiento progresista y de izquierda, y a las masas trabajadoras, a un callejón sin salida. Es que en la sociedad capitalista las crisis sólo se superan si se restablecen las condiciones apropiadas para la inversión, que está en manos privadas. Se trata de una restricción objetiva; no puede superarse con buenos deseos o con discursos. El problema de fondo es que las condiciones apropiadas para la inversión pasan, fundamentalmente, por la rentabilidad del capital y la seguridad de la propiedad privada. En consecuencia, es imposible pretenderse “socialista” y administrar los asuntos públicos de manera que el capital esté satisfecho. Los intereses de los obreros y los intereses del capital son irreconciliables, y esto es lo que se muestra con toda agudeza en la crisis.

Como lo evidencian los números, el balance de lo actuado por Syriza es lapidario. Por supuesto, no se puede negar que en algún momento la economía griega ha de recuperarse (no hay crisis capitalista sin salida). Pero será a costa de infinitos padecimientos del pueblo trabajador y destrucción de fuerzas productivas. Bajo el actual sistema de explotación, la idea de que “la crisis la paguen los capitalistas” es una reivindicación imposible; más precisamente, es una cortina de humo que solo lleva a la frustración. Lo ocurrido en Grecia confirma, una vez más, que los reformismos burgueses terminan siendo válvulas de contención social funcional a la continuidad del modo de producción burguesa.

Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2017/06/01/syriza-y-los-resultados-del-socialismo-burgues

 

Distingamos a los gobiernos K de los otros gobiernos progresistas por vertebrarse en el partido de estado que es el Partido Justicialista y por representar al bloque opresor contra la rebelión popular desde fines de 2001 hasta comienzos de 2002. Su barniz de izquierda proviene de los burocratizados partidos comunistas, de sus derivados como Nuevo Encuentro,  de organizaciones de los desocupados con creencias peronistas y de intelectuales de la izquierda sin antagonismo irreconciliable con el capitalismo. 

 

Uno de los mitos K es que propiciaron e indujeron la militancia política de la juventud cuando, en verdad, la rebelión 2001-2002 la tuvo como una de las principales protagonistas. Ya su compromiso tenía arraigo en los noventa y fue clave en la agitación de  "trabajo, dignidad y cambio social". Lo más destacable es su humanismo ejemplificado en Darío y Maxi.

 

 

 

La intensa vida de Darío Santillán: "Sabían a quién mataban"

26 de junio de 2010

 

A ocho años de la “Masacre de Avellaneda”, AUNO ofrece una semblanza de Darío Santillán, quien junto a Maximiliano Kosteki fue asesinado en una represión durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Su padre y su hermano hablaron de la infancia de Darío, de sus inquietudes adolescentes y del temprano compromiso que asumió en la lucha contra la injusticia social.

 

“Desde que estaba en el jardín, Dari se destacaba. Las maestras me decían que tenía una inteligencia más elevada de lo normal”, cuenta con nostalgia Alberto Santillán sobre su hijo, para hacer con AUNO una semblanza de ése joven que junto con Maximiliano Kosteki fue asesinado en una represión policial efectuada durante el gobierno de Eduardo Duhalde, y que pasó a la historia como “La masacre de Avellaneda”, de la que hoy se cumplen ocho años. Varios años más tarde, ese niño ya convertido en un adolescente empezó a acercarse a la militancia social mientras cursaba tercer año de la secundaria. “Lo que lo convocó fue el rechazo a las políticas educativas neoliberales”, recuerda Leonardo, su hermano. Cuando empezó a conocer las problemáticas educativas, también se fue interiorizando sobre otras situaciones conflictivas, como las carencias de los chicos que viven en las villas.

 

Por esos años de la adolescencia comenzó a dar apoyo escolar junto algunos compañeros de su escuela en el barrio 11 de agosto, de Quilmes, y a realizar otras actividades solidarias. “Con 15 años llamaba y decía 'esta noche no voy a casa porque me voy a ayudar a los inundados’, ejemplificó su padre. Y destacó que “siempre era el primero que iba a la iglesia a ayudar o que iba manguear a los supermercados y almacenes para armar ollas populares”. Alrededor del año 2000 salió a militar en el barrio donde vivía, que era Claypole. En ese año, se integró al Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Almirante Brown que recién nacía. Había un gran problema de desocupación en la zona y él apostaba por que los vecinos sean impulsores de sus propias políticas. Leonardo resaltó que “el laburo principal que fomentó fue la toma de conciencia por parte de los vecinos para que salgan a la calle a solucionar sus problemas. Y eso era algo nuevo en el barrio”. En Claypole formó parte del armado de un centro comunitario que tenía un comedor y un ropero popular. Además, trabajó en crear una pizzería para generar trabajo desde el MTD. Sobre todas las actividades que su hijo fomentaba, Alberto cuenta que “jamás se vanagloriaba de lo que hacía. Nunca venía a decir 'yo hago esto o hago lo otro’”.

 

En mayo de 2001, Darío decidió irse al barrio La Fe, en Lanús. Allí se encontró con un lugar “con demasiada exclusión; más golpeado que Calypole”, explica Leo. Su padre agregó que en esa decisión “eligió dejar su casa donde tenía ciertas comodidades, para irse a vivir a un lugar con mucha pobreza”. “Cuando los vecinos lo vieron no entendían qué hacía ese 'pendejo’ metido entre ellos. Un pibe con secundario completo, que entendía computación y algo de inglés. Era un bicho raro para ellos”, describió Alberto. La lucha por la vivienda era un tema central del barrio, como así también la falta de alimento en los comedores comunitarios. Darío ayudó en la coordinación de varias tomas de tierras y encabezó la última que se hizo antes de su asesinato. Él también buscaba tener su terreno y construir su casa allí. También encaraba los reclamos por la falta de presupuesto para los merenderos y comedores barriales. Por otra parte, estaba armando con sus compañeros una “bloquera”. El objetivo era fabricar bloques para que los vecinos puedan construir sus casas ya que la construcción de viviendas se dificultaba por los altos costos. Con todo ese compromiso en el barrio “se ganó el respeto de los vecinos y lo han llegado a amar, porque él sentía propia esa falta de derechos de la gente humilde”, destaca Alberto. “A veces me encuentro con 'las doñas de La Fe’, como las llamaba Darío, y me cuentan cómo lo extrañan, porque él las cuidaba”, narra orgulloso. Al describir a Darío, tanto su padre como su hermano desbordan de gratitud.

 

Sobre su hermano, Leonardo reflexionó: “Ya a los 17 años tenía la conciencia de dónde estaba parado y entendía muchas cosas que nosotros recién hoy entendemos”. Y además reconoció que “no sólo tenía un gran carisma y una buena formación. Lo principal es que fue consecuente entre sus actos y lo que decía”. En esa dirección su papá enfatizó que “las palabras son lindas, pero en una situación límite se ve si hacés lo que decís y eso lo demostró en su último acto de vida”. Y es que “Darío tenía una actitud de desprotegerse a si mismo para cobijar al otro”. Sobre ese compromiso último que tuvo antes de morir, Alberto relató: “Se quedó con Maxi aunque no lo conocía, porque era un compañero que se desangraba. Levantó su mano y dijo 'loco paren que el pibe se está muriendo’. Igual le dispararon. Pero por lo menos le pudo dar dignidad a la muerte de Maxi, porque no murió solo; él tuvo las manos de mi hijo apretándolo”. A modo de confesión, el hombre reconoce que “generalmente los hijos aprenden de sus padres, y algo aprendió de su madre y de mí. Pero él me enseñó lo que es la dignidad, el respeto y el orgullo”. Por eso, cuando lo mataron, “pegaron donde más duele. Sabían a quién mataban; sabían que era un pibe con un potencial terrible para luchar”. A sus 22 años, Darío Santillán fue ejecutado por un policía, el 26 de junio de 2002 en la estación de Avellaneda mientras socorría a Maximiliano Kosteki, el otro militante social que estaba herido de bala por disparos que efectuó otro efectivo de esa fuerza estatal. Kosteki también murió ese día. Ambos participaban del corte del Puente Pueyrredón encabezado por una decena de organizaciones sociales. Los movimientos piqueteros reclamaban al gobierno de Eduardo Duhalde aumentos en los subsidios para los desocupados, mejoras en la educación y la salud de los barrios más humildes y además se solidarizaban con la persecución que sufrían los trabajadores de la fábrica recuperada Zanón.

LR-AFD
AUNO

Fuente: https://auno.org.ar/article/la-intensa-vida-de-dario-santillan-sabian-a-quien-/

 

 

Valoremos el humanismo creado por Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen  de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.  Por amor a sus hijos, militancias e ideas mantuvieron la independencia de clase o su antagonismo irreconciliable con el capitalismo asumiendo la diversidad de luchas de los de abajo sin fronteras por la justicia social. Veamos su constante profundización de la militancia por otra sociedad y otro mundo:

 

 

 

Nació la Red Latinoamericana Contra las Desapariciones Forzadas

28 de mayo de 2017

 

Desde las solidaridades de organizaciones de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Argentina se busca sumar las experiencias de búsqueda de las personas desaparecidas y las luchas contra el olvido, la impunidad y la indiferencia social ante este crimen de que debería doler a toda la humanidad. Mirta Baravalle, es cofundadora del surgimiento, sumando a esta iniciativa a otras madres, como Nora Cortiñas y Elia Espen.

 

Por  Pablo Cala.

 

“(…) Dicen que no están muertos / - escúchalos, escucha - / Mientras se alza la voz / Que los recuerda y canta. / Escucha, escucha; / Otra voz canta. / Dicen que ahora viven / En tu mirada. / Sostenlos con tus ojos, / Con tus palabras; / Sostenlos con tu vida / Que no se pierdan, / Que no se caigan. / Escucha, escucha; / Otra voz canta”
Daniel Viglietti

 

A 40 años del surgimiento en Argentina de las Madres de la Plaza de Mayo, cuando aquel 30 de abril de 1977, en medio de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, realizaron la primera ronda que se convertiría en el ritual sagrado de cada jueves, como expresión de memoria y dignidad, las Madres de la Plaza de Mayo -de la Línea Fundadora- se han convertido en una inspiración ética de la lucha contra la impunidad de las desapariciones forzadas. Una de ellas, Mirta Baravalle, es cofundadora del surgimiento, en la primera semana de abril del 2017, de la nueva Red Latinoamericana Contra las Desapariciones Forzadas, sumando a esta iniciativa a otras madres, como Nora Cortiñas y Elia Espen.

 

Junto a ellas resalta la figura de Eduardo Nachman, hijo del actor y director de teatro Gregorio Nachman, uno de los más de 30.000 detenidos-desaparecidos en Argentina, y militante de H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio). Desde hace varios años, estas personas construyen solidaridades a través del continente, con fuerte cercanía con el pueblo colombiano desde el 2002, cuando participaron en el Cacarica-Chocó, en el surgimiento de la Comisión Ética de la Verdad, iniciativa de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y estrategia vinculada al MOVICE, desde su creación en el 2005.

 

Desde visitas y encuentros con Mirta, Norita, Edu, aquí en Colombia o en Argentina, en Chiapas-México o Guatemala, se fueron construyendo cercanías, complicidades, identidades y confianzas, que resultaron contagiosas con las experiencias más recientes de familiares de desaparecidos y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Ellos han optado por batallar contra este crimen, y fue así que la propuesta de sumar solidaridades y experiencias en la búsqueda de los desaparecidos en el continente encontró más precursores.

 

En México se sumaron Blanca Martínez, Michael Chamberlain y Maru Arriaga, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo-Coahuila, quienes desde hace 10 años decidieron centrar su labor al acompañamiento a familias de víctimas de desapariciones forzadas, hoy congregadas en el movimiento Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México-FUNDEM. A través de una de sus integrantes, María Antonia Melo, también participaron en el surgimiento de esta Red. FUNDEM está presente en 10 Estados de México, y en uno de ellos surgió la Asociación Desaparecidos Justicia A.C. Querétaro, que se incorporó a la creación de la Red a través de Yadira González, cuyo hermano fue desaparecido en el 2006, uno de los más de 26.000 desaparecidos por el Narco-Estado mexicano en los últimos 10 años.

 

Desde México hacia Centroamérica se sumó la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho-FJEDD, que impulsa mecanismos alternativos de búsqueda de migrantes desaparecidos en su tránsito por México hacia los EEUU, buscando verdad y justicia para las personas migrantes que se han convertido para los gobiernos en el nuevo “enemigo interno”, desde las lógicas de las Doctrinas de Defensa y Seguridad Nacional que persisten en nuestros países desde hace más de 40 años. La FJEDD apoya la consolidación de los Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos, quienes también participaron a través de COFAMIDE, COFAMIDEG, COFAMIPRO y COFAMICENH de El Salvador, Guatemala y Honduras, respectivamente.

 

Junto a ellas y ellos, desde Guatemala, participaron la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala-Conavigua, mujeres mayas que han reivindicado las luchas de los pueblos originarios contra la impunidad del genocidio y buscado a sus desaparecidos con el apoyo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala-FAFG. Con más de 25 años de trabajo forense y de identificación genética, esta llega a la Red Latinoamericana para compartir sus aprendizajes y ponerlos a disposición de todas las organizaciones.

 

Bertha Oliva de Nativi, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras-COFADEH, aumentó la participación internacional en esta iniciativa, con su experiencia en la búsqueda de los más de 129 desaparecidos entre 1980 a 1989 y las que se incrementaron con el golpe de Estado desde el 2009, en un país que no ha tenido conflicto armado pero sirvió de centro de operaciones de la contrainsurgencia en Centroamérica.

 

Estas experiencias se dieron cita en los Llanos Orientales, para el nacimiento de la Red Latinoamericana Contra las Desapariciones Forzadas junto a las organizaciones de Colombia: Fundación Nydia Erika Bautista, Familiares Colombia, Mujeres Caminando por la Verdad de la Comuna 13, Corporación Jurídica Libertad, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado-Capítulo Meta, Familiares de desaparecidos del Alto Ariari, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial- EQUITAS, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Red de Comunidades construyendo paz desde los territorios-Conpaz, Red de familiares de desaparecidos en cementerios de los Llanos Orientales y Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, como convocante.

 

Durante esa semana de abril, participaron en San José del Guaviare de un Acto Público de reconocimiento de responsabilidad del Ministerio de Defensa por la ejecución extrajudicial del líder campesino José Vicente Narváez, en un acto de memoria y dignidad en homenaje a las personas desaparecidas y víctimas de ejecuciones en la región, visitaron uno de los cementerios donde el ejército ha llevado a víctimas de desapariciones forzadas para que sean sepultadas como no identificados, reportándolos como “muertos en combate”, conociendo desde allí el sentido de la campaña “Contemos la Verdad, porque todas las personas no identificadas tienen una historia”. Visitaron una Zona Veredal Transitoria de Normalización-ZVTN, la de “Mariana Páez” en Mesetas, donde intercambiaron con mujeres y hombres que le apuestan a otra forma de hacer política con la terminación del conflicto armado, centrando lo acordado con el gobierno en el resarcimiento de los derechos de las víctimas. Intercambiaron valoraciones sobre los nuevos contextos de las desapariciones forzadas, la lucha contra la impunidad y el olvido, el derecho a la verdad en el marco de una justicia transicional, a través de un foro público en el Cementerio de Villavicencio, que está siendo recuperado como un “Sitio de Conciencia y Memoria”. Y continuar el intercambio de sus experiencias como cimiento de lo que hoy se conoce como la “Proclama constitutiva de la Red Latinoamericana Contra las Desapariciones Forzadas”, dada a conocer el 07 de abril en medio de un conversatorio en la Universidad Nacional, con las nuevas generaciones llamadas a continuar la búsqueda de los desaparecidos de Colombia y todo el continente americano.

No es la primera vez que se da un nacimiento de este tipo de iniciativas; ya se había dado la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos-FEDEFAM, como una herramienta de lucha contra las desapariciones forzadas, surgida a inicios de la década de los 80, que logró por el esfuerzo de los familiares la Convención de la ONU contra las desapariciones forzadas, fortaleciendo la labor de la búsqueda por los desaparecidos. La nueva iniciativa de la Red Latinoamericana Contra las Desapariciones Forzadas se nutre también de esta experiencia involucrando a defensores y defensoras de los derechos humanos que han asumido desde el acompañamiento a los familiares, una opción preferencial contra este crimen y contribuyen a la búsqueda de las personas desaparecidas, a la verdad y a la justicia. Esta nueva iniciativa, asume que muchos familiares se han convertido en defensores de derechos humanos de muchas causas y no solo la propia, así como que defensores y defensoras han asumido en su proyecto de vida la causa de buscar a las personas desaparecidas.

 

Comprender la acción conjunta de familiares y organizaciones es comprender la integralidad de la lucha contra las desapariciones forzadas, y su necesario tránsito a que la sociedad deje de ser mera espectadora y se vuelva actuante, que se conmueva y mueva, evoque y convoque, a exigir a una sola voz respuestas a preguntas que siguen pendientes: ¿dónde están los desaparecidos? ¿Quién se los llevó? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Cuáles fueron las razones? Nunca más deben existir desapariciones forzadas en una sociedad que haga suyos los rostros y nombres de los desaparecidos, sus historias, sus memorias. Que en cada uno de nuestros hogares estén colgadas en la pared las fotos de los desaparecidos, junto a la de nuestra familia, como expresión de que ellos y ellas son parte de nuestras historias, de nuestras vidas.

“No son sólo memoria, / Son vida abierta, / Son camino que empieza / Y que nos llama. / Cantan conmigo, / Conmigo cantan”
Daniel Viglietti

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article14283

 

 

"Nos siguen diciendo que votemos, que creamos en el poder de arriba, que sigan dibujando e imponiendo nuestro destino". Frente a esta realidad que compartimos en toda Nuestra América, es fundamental la toma generalizada de conciencia sobre:

"Ese es el destino que los de arriba construyen para nosotros, atenidos a que la destrucción del tejido social, de lo que nos hace sabernos pueblos, naciones, tribus, barrios, colonias, incluso familias, nos mantenga aislados y solos en nuestro desconsuelo, mientras consolidan la apropiación de territorios enteros, en las montañas, en los valles, en las costas, en las ciudades".

 

 

México - CNI / EZLN: Llegó la hora

2 de junio de 2017

"Nuestro llamado es a organizarnos en todos los rincones del país, para reunir los elementos necesarios para que el Concejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera sea registrada como candidata independiente a la presidencia de este país y si, echarles a perder su fiesta basada en nuestra muerte y hacer la propia, basada en la dignidad, la organización y la construcción de un nuevo país y de un nuevo mundo."

 

Al pueblo de México

A los pueblos del Mundo

A los medios de comunicación

A la Sexta Nacional e Internacional

Desde la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno, donde nos dimos cita pueblos, comunidades, naciones y tribus del Congreso Nacional Indígena: Apache, Amuzgo, Chatino, Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca, Cuicateco, Mestizo, Hñähñü, Ñathö, Ñuhhü, Ikoots, Kumiai, Lakota, Mam, Matlazinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Me`phaa, Mixe, Mixe-Popoluca, Mixteco, Mochó, Nahua o Mexicano, Nayeri, Popoluca, Purépecha, Q´anjob´al, Rarámuri, Tének, Tepehua, Tlahuica, Tohono Odham, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tseltal, Tsotsil, Wixárika, Xi´iuy, Yaqui, Binniza, Zoque, Akimel O´otham, Comkaac decimos al mundo nuestra palabra urgente.

 

LA GUERRA QUE VIVIMOS Y ENFRENTAMOS

Nos encontramos en un grave momento de violencia, de miedo, de luto y de rabia, por la agudización de la guerra capitalista en contra de todas y todos en el territorio nacional. Vemos el asesinato de mujeres, por el hecho de ser mujeres, de niños por el hecho de ser niños, de pueblos por el hecho de ser pueblos.

La clase política se ha empecinado en hacer del Estado una corporación que vende la tierra que es de los pueblos originarios, campesinos, urbanos, que vende a las personas como si fueran una mercancía que se mata y se entierra como materia prima de los cárteles de la droga, para venderlas a las empresas capitalistas que los exploten hasta que enfermen o mueran, de venderlas en partes para el mercado ilegal de órganos.

El dolor de los familiares de desaparecidos y su decisión de encontrarlos a pesar de que los gobiernos estén empecinados en que no los encuentren, pues junto con ellos, también va apareciendo la pudrición que manda en este país.

 

Ese es el destino que los de arriba construyen para nosotros, atenidos a que la destrucción del tejido social, de lo que nos hace sabernos pueblos, naciones, tribus, barrios, colonias, incluso familias, nos mantenga aislados y solos en nuestro desconsuelo, mientras consolidan la apropiación de territorios enteros, en las montañas, en los valles, en las costas, en las ciudades.

 

Es la destrucción que hemos no sólo denunciado, sino enfrentado durante 20 años y que evoluciona en la mayor parte del país en una abierta guerra emprendida por corporaciones criminales, que actúan en una descarada complicidad con todos los órganos del mal gobierno, con todos los partidos políticos e instituciones. Todos ellos configuran el poder de arriba y son causa de repugnancia para millones de mexicanos de los campos y las ciudades.

En medio de esa repugnancia nos siguen diciendo que votemos, que creamos en el poder de arriba, que sigan dibujando e imponiendo nuestro destino.

En ese rumbo, sólo vemos guerra que crece y en el horizonte está la muerte y la destrucción de nuestras tierras, nuestras familias, nuestra vida; está la certeza absoluta que esto se pondrá peor, mucho peor, para todos, para todas.

 

NUESTRA APUESTA

Reiteramos que sólo en la resistencia y la rebeldía hemos encontrado los caminos posibles donde podamos seguir viviendo, que en ellas, están las claves no sólo para sobrevivir la guerra del dinero contra la humanidad y contra nuestra Madre Tierra, sino para renacernos junto con cada semilla que sembremos, con cada sueño y con cada esperanza que se va materializando en grandes regiones en formas autónomas de seguridad, de comunicación, de gobiernos propios de protección y defensa de los territorios. Por lo tanto no hay mas camino posible que el que se va andando mero abajo, pues arriba no es nuestro camino, es el de ellos y les estorbamos.

 

Esas únicas alternativas nacidas de la lucha de nuestros pueblos están en las geografías indígenas de todo nuestro México y juntos somos el Congreso Nacional Indígena, que decidimos no esperar el desastre que indudablemente nos traen los sicarios capitalistas que gobiernan, sino pasar a la ofensiva y hacer esa esperanza un Concejo Indígena de Gobierno para México, que apueste a la vida desde abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea laico y que responda a los siete principios del mandar obedeciendo como nuestra garantía moral.

 

Ninguna reivindicación de nuestros pueblos, ninguna determinación y ejercicio de autonomía, ninguna esperanza hecha realidad ha respondido a los tiempos y formas electoreras que los poderosos llaman democracia. Por lo que no sólo pretendemos arrebatarles el destino que nos han quitado y desgraciado, pretendemos desmontar ese poder podrido que está matando a nuestros pueblos y la madre tierra y las únicas grietas que hemos encontrado y que han ido liberando conciencias y territorios, dando consuelos y esperanza están en la resistencia y rebeldía.

 

Por acuerdo de nuestra asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno, decidimos nombrar como vocera a nuestra compañera María de Jesús Patricio Martínez del pueblo Nahuatl, cuyo nombre buscaremos que aparezca en las boletas electorales para la presidencia de México en el año 2018, que será portadora de la palabra de los pueblos que conformaran el C.I.G, que a su vez altamente representativo de la geografía indígena de nuestro país.

 

Entonces pues, no buscamos administrar el poder, queremos desmontarlo desde las grietas que sabemos, somos capaces.

 

NUESTRO LLAMADO

Confiamos en la dignidad y honestidad de los que luchan; de los maestros, de los estudiantes, de los campesinos, de los obreros, jornaleros, y queremos que se profundicen las grietas que cada uno de ellos han ido labrando desmontando en lo chiquito y en lo grande el poder de arriba, queremos hacer tantas grietas, que ellas sean nuestros gobierno anticapitalista y honesto.

 

Nuestro llamado es a los miles de mexicanos y mexicanas que dejaron de contar a sus muertos y desaparecidos, que con luto y sufrimiento levantaron el puño y con la amenaza a cuestas de terminar su propia vida, se lanzaron sin miedo al tamaño del enemigo y vieron que los caminos si existen y están ocultos en la corrupción, la represión, el desprecio y la explotación.

 

Nuestro llamado es a quienes creen en si mismos, en el compañero que tienen al lado, que creen en su historia y en su futuro, es a no tener miedo de hacer algo nuevo, pues esa vereda es la única que nos permite certeza en los pasos que demos.

 

Nuestro llamado es a organizarnos en todos los rincones del país, para reunir los elementos necesarios para que el Concejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera sea registrada como candidata independiente a la presidencia de este país y si, echarles a perder su fiesta basada en nuestra muerte y hacer la propia, basada en la dignidad, la organización y la construcción de un nuevo país y de un nuevo mundo.

 

Convocamos a todos los sectores de la sociedad a estar atentos a los pasos que vaya acordando y definiendo del Concejo Indígena de Gobierno a través de nuestra vocera a no rendirnos, no vendernos, no desviarnos ni descasar para ir tallando la flecha que portará la ofensiva de todos los pueblos indígenas y no indígenas, organizados y no organizados para apuntarla al verdadero enemigo.

Desde CIDECI-UNITIERRA, San Cristóbal de las Casas, Chiapas

A 28 de mayo de 2017

 

Por la Reivindicación Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más Un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Enlace Zapatista

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Mexico_-_CNI_EZLN_Llego_la_hora

 

 

 Crisis civilizatoria

 

Indaguemos más allá de la visión dicotómica sobre Venezuela que, como en la Argentina, tiende a polarizarnos de un modo contrario a los intereses de los de abajo. Como en nuestro país y en Nuestra América, el gobierno de Nicolás Maduro despliega el extractivismo a favor del capitalismo o enriquecimiento de la gran burguesía local e imperialista y en contra de los pueblos. Leamos:

 

Plataforma contra el Arco Minero exige justicia

en el caso del asesinato del líder indígena
26 de mayo de 2017

Freddy Menare

Por: Aporrea.org 

En un comunicado público la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco expresó su profunda preocupación por el caso del líder indígena asesinado el pasado 13 de mayo, Freddy Manane. Así mismo realizó un llamado a redoblar los esfuerzos por detener el proyecto del Arco Minero y contra los proyectos extractivistas que se imponen con fuego y miedo sobre los territorios ancestrales de los pueblos originarios. A continuación el comunicado:


 Exigimos justicia para el pueblo Uwottüja y para todo el pueblo venezolano

El pasado sábado 13 de mayo de 2017 un grupo de sicarios dio muerte al activista indígena Uwottüja Freddy Menare en la ciudad de Puerto Ayacucho. Líder del municipio Autana del estado Amazonas y fundador de la Organización Indígena del Pueblo Piaroa de Sipapo (O.I.P.U.S), Menare se destacó por su incansable compromiso con la defensa de los territorios de los pueblos originarios de la Amazonía y la denuncia del extractivismo minero que, en sus diferentes modalidades, avanza en esa región.


En momentos en los que Venezuela atraviesa una crisis sin precedentes en todos los órdenes, en cuyo contexto se promueven políticas y megaproyectos etnocidas, ecocidas y neocoloniales, como por ejemplo el Arco Minero del Orinoco, y se criminalizan luchas por la defensa del ambiente, los derechos humanos y los derechos ancestrales, el asesinato de Menare, nos obliga a centrar nuestra atención en que se investigue en torno a los reales motivos que expliquen este crimen y la identidad de sus autores materiales e intelectuales.


Exigimos a las autoridades del Estado que de manera perentoria se investigue exhaustivamente y se aclare lo ocurrido, demandando castigo para los culpables. Apoyamos la justa iniciativa de las organizaciones indígenas que se plantean hacer valer la jurisdicción propia en este caso.


Compartimos con vastos sectores del pueblo venezolano y, en particular, con los pueblos indígenas, la preocupación en lo que concierne a la atmósfera de creciente violencia e inseguridad que está presente en la vida cotidiana de diversas áreas y sus entornos en las que se desarrollan actividades mineras. Por ello, demandamos se garantice la vida de los habitantes del estado Amazonas y de otros territorios fuertemente afectados por actividades extractivas legales e ilegales y expresamos nuestra solidaridad con los amigos, compañeros de lucha y parientes de Menare, así como con el conjunto del pueblo Uwottüja.

Finalmente hacemos un llamado a las organizaciones y movimientos sociales, sindicatos, profesionales, intelectuales, artistas, trabajadores y ciudadanía en general, a redoblar esfuerzos con miras a impedir la ejecución de proyectos extractivistas sin ninguna clase de evaluaciones de impacto ni consulta previa a las comunidades cuyos modos de vida entran en contradicción con los intereses de ganancia máxima de las transnacionales causando graves perturbaciones ecológicas, destrucción de tejidos sociales y proyectos de vida; el despojo de comunidades campesinas, urbanas e indígenas; la privatización de bienes comunes; masacres y desplazamiento forzado de poblaciones, y pérdida de soberanía.

Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco

Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/n309096.html

 

 

Prosigamos viendo qué fundamentos tienen venezolanos que se oponen a "la simplificación interesada de una polémica de fondo" . Esto también nos permite descubrir las semejanzas en las políticas de estado frente a la baja en los precios de las commodities de la gestión progresista con la neoliberal.

 

 

Carlos Carcione: “En la crisis, la vieja izquierda muestra sus miserias”

“Nos estamos moviendo entre la falsa Constituyente de Maduro,

la guerra civil/aplastamiento que propone Atilio Borón o

la recuperación de la vigencia de la Constitución del ‘99”

5 de junio de 2017

 Por: Puntodecorte.com/Aporrea.org 

Carlos Carcione es periodista, investigador y coordinador del Equipo de Investigación de Marea Socialista. Cómo militante internacionalista reside desde hace  una década en Venezuela acompañando la experiencia del Proceso Bolivariano. Es integrante del equipo de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y miembro de la Plataforma por la Auditoria Pública y Ciudadana que lucha contra el Desfalco a la Nación. Columnista en varios medios digitales entre los que destacan Aporrea.org, Rebelion.org, Questiondigial.com, MST.org.ar, Portal de la Izquierda. Integra en la actualidad los equipos de investigación del recientemente creado, Centro de Estudios de la Realidad Latinoamericana (CER/Latinoamericana).

A raíz de la complicada e incierta situación venezolana se ha abierto un debate en lo que genéricamente podríamos denominar el movimiento de la  izquierda latinoamericana e internacional. A medida que la situación del país se vuelve más crítica, parecerían actuar como referencia dos sectores más o menos claros. Uno defendiendo al gobierno de Nicolás Maduro y otro cuestionándolo.  ¿Cómo ve usted esta polémica?

Lo que se expresa así a nivel periodístico es para mí la simplificación interesada de una polémica de fondo. Quiero aclarar que la nuestra es una mirada desde una ubicación como parte del Proceso Bolivariano y no sólo frente al gobierno de Nicolás Maduro. Gobierno que un querido amigo, Santiago Arconada, bautizó acertadamente como el “Gobierno Maduro, Diosdado, Padrino”[1]. Porque, desde mi punto de vista, lo que está en juego en ese debate es la posición de cara al contenido de las políticas del Gobierno/PSUV; su orientación, a qué sectores sociales expresa, a qué intereses representa y cuáles consecuencias le provocan al país y a la población, y no sólo sobre las figuras del gobierno o los discursos, o a la apelación abusiva, excluyente, a la disputa geopolítica.

Hablando desde lo que se llama genéricamente “izquierda”, si analizamos estos elementos, teniendo en cuenta lo que señalaba antes y a la luz de la propuesta de Constituyente de Maduro,  vemos que hay dos sectores que, en Venezuela, se podrían referenciar hoy, grosso modo, por un lado en las cúpulas del PSUV-Gobierno-Polo Patriótico, y por otro un conjunto de plataformas de lucha social y política de carácter amplio y plural como la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución,  la que lucha contra el Arco Minero del Orinoco, nacientes reagrupamientos de sectores sindicales y de lucha de las comunidades, la Plataforma por la Auditoria Pública y Ciudadana, Marea Socialista como organización política y partidos del Proceso ubicados recientemente en este espacio como UPP-89, además de destacadas personalidades. Las corrientes de esa izquierda que describo, defienden propuestas opuestas para enfrentar el colapso actual del modelo rentista petrolero venezolano[2]. Si entendemos esto, si comprendemos cuáles son las diferencias y que ellas son radicales, se hace más transparente la polémica. Queda más claro qué es lo que estamos defendiendo unos y otros.

Esta ubicación desde el proceso tiene una importancia adicional,  porque, por ejemplo,  Marea Socialista que  en el último periodo ha salido del PSUV y más tarde se ha definido primero por no sentirse representada ni por el PSUV ni por la MUD y luego como oposición de izquierda al gobierno de Maduro[3], no reniega de su pertenencia al Proceso Bolivariano, como tampoco lo hacen un grupo de ex ministros de Chávez[4], o el heterogéneo movimiento denominado por los medios como “chavismo crítico”. Por el contrario: las críticas, las advertencias, las propuestas y políticas que se vienen desarrollando tanto desde Marea como desde estos otros espacios, se hacen a partir de la defensa consciente, es decir critica, de los logros y/o conquistas económicas, sociales y políticas del Proceso, entre ellos la Constitución del ’99, logros que están siendo atacados ferozmente por el gobierno. 

Mientras que el sector que nombramos anteriormente y quienes los acompañan desde el exterior, con el apoyo incondicional y automático al presidente, al no cuestionar las políticas que el gobierno está llevando adelante ni a la propia Constituyente, expresan tácitamente a veces y explícitamente otras, la aprobación de esas políticas.

Podría aclarar cuáles son esas diferencias que señala que existen entre esos dos sectores de la izquierda en Venezuela e internacionalmente

En términos esquemáticos esas diferencias giran alrededor del brutal crak económico que estamos viviendo, del pronunciado retroceso con fuertísimos rasgos autoritarios del sistema político que se pretenden consolidar y profundizar con la Constituyente y de las contrarreformas tremendamente regresivas en las políticas sociales. Trataré de sintetizar, brevemente, a que me refiero:

En lo económico se pueden ver dos periodos claros del gobierno de Nicolás Maduro. Un primer momento de ajuste macroeconómico gradual que fracasa estrepitosamente. Este momento lo podemos ubicar en el tiempo entre la devaluación de febrero de 2013, un mes antes de la muerte de Chávez y el segundo semestre de 2014 donde se sanciona un primer paquete de Leyes Habilitantes, es un intento de ajustar el gasto fiscal y la inversión social en las Misiones a la baja; la reducción de importaciones; y una reducción del nivel salarial real vía el estímulo de proceso inflacionario.  Esta política que tiene una clara tendencia regresiva, de contrarreformas económicas, porque el ajuste se carga fundamentalmente sobre los ingresos y la posibilidad de acceso a bienes básicos de las familias trabajadoras y de los sectores más desposeídos, fracasa.

Y fracasa entre otras razones porque no sólo no ataca, sino que profundiza, el patrón mafioso de acumulación rentista[5], que se asienta en la Fuga delictiva de capitales a partir de dos mecanismos financieros fraudulentos: las maniobras ilegales con la asignación de los dólares petroleros para las importaciones, para las grandes obras o grandes contratos o convenios internacionales y en segundo lugar por el manejo especulativo, ilegítimo, de la deuda soberana de la nación y de la deuda de PDVSA, incluso de la deuda interna que según se ha demostrado es una deuda externalizable. Los mecanismos de este endeudamiento, que lleva, según un estudio en profundidad de Oly Millán Campos y Paulino Núñez[6] con los que comparto en la Plataforma por la Auditoria Pública y Ciudadana, a niveles que estarían en el orden del 80% del PIB. Estos mecanismos convierten a esa deuda, como bien insiste Paulino toda vez que puede, en una deuda además de ilegitima, odiosa.

A pesar de todas las advertencias sobre esto, de las investigaciones presentadas, de las exigencias realizadas, el gobierno paga puntualmente cada vencimiento, reduciendo importaciones lo que está provocando la aguda situación de escasez en alimentos y medicamentos que nos tiene al borde de la crisis humanitaria. Y comprometiendo seriamente el patrimonio de la nación.[7]

Al contrario de aceptar la propuesta que hemos venido realizando de Auditoria Pública y Ciudadana para que Maduro emule la actitud de Correa con la deuda Ecuatoriana, se obstina en pagar sin ningún tipo de investigación ni auditoria independiente, y ya lleva dilapidados de esta manera 60.000 millones de dólares en tres años. Y no nos cansaremos de insistir que está pagando esta deuda al costo del hambre, literalmente hablando, del pueblo venezolano, porque lo que se destina para el cumplimiento con la Deuda se elimina de las importaciones esenciales.

El segundo periodo que señalamos se inicia a finales del 2014 con la sanción de una nueva Habilitante que le permite gobernar al presidente por decreto. Estas leyes habilitan la creación de Zonas Económicas Especiales donde no rige la legislación venezolana. Y toma fuerte impulso a partir de la caída de los precios del petróleo. Y sobre todo, desde principios de 2016 con  los llamados 15 motores de la economía productiva, presentados como un plan de superación del rentismo petrolero, cuando lo que en realidad hacen es ampliar de manera colosal la frontera extractivista y la primarización de la economía del país. Desde el Motor Minero con el Arco Minero del Orinoco, el Motor Energético con la apertura total de la Faja petrolífera,  pasando por el motor Forestal y hasta el Motor Turístico, están transversalizados por una política de apertura feroz al capital transnacional.

Sobre nada de esto se pronuncia la vieja izquierda que apoya incondicionalmente a Nicolás Maduro. Ni explican por qué razón sería necesario este plan, ni si es conveniente, ni tampoco se les ha oído ni leído ningún cuestionamiento sobre el mismo ni hacer propuestas alternativas. En este terreno hacen silencio, un silencio cómplice, es como si esto no existiera, como si la realidad se hubiera quedado congelada en el año 2012. Sobre lo único que hablan es sobre el chantaje, la extorsión y la guerra económica del imperialismo, que nosotros no desconocemos, pero que no tendría ni la décima parte del impacto actual, si no se apoyara en esta política de entrega y en el patrón mafiosos de acumulación de capital que existiendo desde mucho antes, el gobierno de Maduro organizó y disparó exponencialmente hasta llegar a los niveles de saqueo actual del país.

Como escribe Oly Millán en su artículo, “Es la Economía Estúpido…”[8] La Constituyente tiene entre otros objetivos darle sustento jurídico a ese modelo.

Cuáles son según usted las contrarreformas en las políticas sociales.

En lo que hace a las políticas sociales esta izquierda en solidaridad automática con el gobierno, continúa utilizando las estadísticas de 2012-2013, las últimas publicadas de manera completa, y lo hace de forma global. Esas estadísticas hablan de un país que ya no existe. Se aferran a esos números porque, de reconocer la realidad actual, gran parte de su argumentación se desvanecería.

Lo que en realidad sucede es que: donde había mercados populares como Mercal o PDVDAL en los que gran parte de la población podía acceder a alimentos de relativamente buena calidad a precios subsidiados, hoy apenas existe un sistema de distribución estatal puerta a puerta, los CLAP, que aún no ha logrado regularizar la atención de un número muy bajo de familias, que apenas pueden acceder a esas cajas o bolsas cada mes y medio.

Donde había un sistema nacional de atención médica primaria, elogiado por todos, los Barrio Adentro, en los que se realizaba el diagnostico, se hacían estudios elementales y hasta de cierta complejidad y se entregaban medicamentos gratuitos de ser necesarios, hoy hay tierra arrasada, con equipos inoperantes, sin medicamentos, sin posibilidad de hacer los más elementales estudios básicos, con una infraestructura que sin mantenimiento está en situación decadente. Y, donde el personal profesional se ha reducido de manera dramática.

Donde había casas de alimentación en las zonas más vulnerables, organizadas para que los que lo necesitaran comieran sin costo, sostenidas por el trabajo voluntario y solidario de amas de casa de los barrios. Hace ya larguísimos meses sino años, que no llegan los suministros para cocinar, lo que provoca un fenómeno desconocido en la Venezuela Bolivariana: que haya cada vez más ciudadanos comiendo de la basura.  Al igual que otra larga lista de políticas sociales exitosas durante años, que hoy están desaparecidas.

Lo mismo sucede con toda la legislación progresiva, como por ejemplo  la Ley Orgánica del Trabajo. Quedan en el papel, que aguanta todo, pero no se aplican. Y no hablemos del salario que de ser unos de los primeros en América latina  cayó a niveles de Haití. Mientras el gran capital local y extranjero recibe beneficios insultantes de todo tipo.

Frente a esto, esa izquierda prefiere no ver la realidad, mira para otro lado y repite las viejas estadísticas, los viejos logros y conquistas, hace mucho tiempo desmentidas por los kilogramos perdidos por lo que los venezolanos bautizaron la “Dieta de Maduro”. Por el maltrato, por la persecución a los sectores más oprimidos y por el ocultamiento criminal de toda la información oficial, hoy no se conoce ni siquiera cuál es el Presupuesto de la Nación, que se ha convertido en un secreto guardado bajo 7 llaves.

Qué es lo que usted llama la fuerte tendencia autoritaria en el sistema político.

Hace aproximadamente dos años, se viene desarrollando por parte del gobierno, diría que como política de Estado, un proceso de desmantelamiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución del ’99. Supresión de derechos políticos y sociales, eliminación en gran parte del territorio nacional de derechos económicos y eliminación de soberanía. Suspensión, obstaculización y eliminación de elecciones sindicales, estudiantiles, de instituciones autónomas como las universidades  y de cargos políticos como las regionales a gobernadores, eliminación de hecho del derecho al Revocatorio. Cómo señala Edgardo Lander en una reciente entrevista, “Creo que después de las elecciones parlamentarias del 2015 el gobierno parece asumir que su continuidad en el ejercicio del poder no es posible ni apelando a la votación popular ni respetando la Constitución.”[9]

Aquí no voy a describir el crecimiento, también exponencial de la violencia policial del Estado por fuera de la protestas, en relación, por ejemplo, a la política de las OLP[10], operaciones de limpieza y exterminio de la denominada por la prensa, “hampa común”, contra todo norma legal y humana.

Esta tendencia que viene de antes, y que tiene un hito importante con las fracasadas resoluciones 155 y 156 del TSJ[11] de finales de marzo, resoluciones que configuraron un mini autogolpe, pero que tuvieron que ser “revisadas” por el rechazo nacional e internacional que provocaron[12]. Esta tendencia se ha acelerado desde el momento que comenzaron las protestas en abril de 2017. Hay dos trabajos recientes que describen y evalúan correctamente la situación en la que ya se han producido 60 muertes en el marco de las manifestaciones[13]. Pero quizás el símbolo más contundente de la profundización de esta tendencia es la actuación, contra todo principio legal, de Tribunales Militares para el juzgamiento sumario de civiles, y la utilización de predios militares para la detención de esos civiles condenados por los tribunales militares. La Constituyente está diseñada, según los objetivos que le asignan todos los voceros oficiales, para consolidar esta tendencia autoritaria.

Vamos a insistir en este punto en que es evidente que existen desde el lado de la MUD sectores  que aprovechan el clima de protestas para desarrollar acciones foquistas. Estos grupos que no hay duda son financiados y alguno de ellos entrenados por Estados Unidos o el Uribismo, no buscan una salida democrática ni electoral a la crisis sino la liquidación del chavismo[14].  Pero esto, que repudiamos, de ninguna manera puede justificar la eliminación de facto del derecho a la protesta y de otros derechos humanos elementales, ni mucho menos, la represión desproporcionada e indiscriminada a las protestas por parte del Estado.

En este caso ocurre lo mismo que en los anteriores. Esa izquierda que responde con mecanismos de alineamiento automático con el gobierno de Maduro, carga las tintas en el papel “terrorista” de las acciones foquistas y libera de responsabilidad al Estado por cómo está manejando las protestas y la represión. Llegando al caso extremo de Atilio Borón quien aconseja al presidente Maduro en un reciente artículo que “aplaste”[15] a unos no identificados “terroristas”. Este “aplaste” es un término que en el contexto del articulo puede leerse como “extermine”.

Por eso, donde esa vieja izquierda exige cerrar filas incondicionalmente con una supuesta “dirección revolucionaria” frente a las amenazas imperialistas. Nosotros exigimos la aplicación de políticas claras de ruptura con la dominación del capital financiero, empezando por la suspensión de los pagos de la Deuda. Y denunciamos todas aquellas políticas que consolidan la dependencia con el sistema del capital, depredan el ambiente, eliminan la soberanía, desmontan las conquistas sociales, económicas y políticas del Proceso, consolidan el rumbo de capitulación del gobierno al imperialismo y abren las puertas a una injerencia o intervención extranjera todavía superior. Cuatro años después de iniciado este periodo ya no se puede hablar de errores, por el contrario, para nosotros el gobierno Maduro, Cabello, Padrino, desarrolla una política planificada, con la esperanza de enamorar a esos sectores concentrados del gran capital.

Por eso mismo, porque a diferencia de la confusión que instalan los sectores de izquierda que apoyan incondicionalmente a Maduro, o que tibiamente le reclaman un parcial y limitado cambio de política, a nosotros no nos despierta confianza esa cúpula del PSUV/Gobierno, y por eso es que estamos empeñados en la construcción de una nueva referencia o alternativa política anticapitalista, ecologista, feminista, que recupere las claves democráticas, antiimperialistas y bolivarianas del Proceso, para luchar por profundizarlas.

Pero ¿La Constituyente no sería un canal de salida a la crisis? ¿No podría detener la escalada de violencia y abrir una ruta de dialogo para establecer reglas de juego que todos acepten?

Antes de contestar su pregunta es necesario establecer una caracterización del momento actual. Y por qué, desde mi punto de vista, la resolución de la crisis sólo puede ser favorable al país y al pueblo que vive de su trabajo, con más democracia y no con más autoritarismo. Y más democracia quiere decir en este momento, recuperar la vigencia de la Constitución del `99.

Hoy nos estamos moviendo entre la propuesta de Constituyente fraudulenta de Maduro, la guerra civil/aplastamiento que propone Borón, sabiendo que estas dos opciones buscan el establecimiento de un sistema autoritario para poder consolidar el modelo de entrega que le vengo señalando,  o por el contrario la recuperación de la vigencia de la Constitución del ’99, la realización de las elecciones regionales, y municipales y un claro cronograma para la elección presidencial. Esto con plenas garantías de participación política para todas las expresiones del pensamiento político nacional, sin exclusiones ni proscripciones.

Creo también importante hacer otra definición: La caracterización de la actual confrontación entre las cúpulas, a diferencia del 2002/2003, y en contra de lo que sostienen la cúpula del Gobierno y repiten y adornan con ríos de tinta, los  intelectuales que lo respaldan a nivel internacional, no es una pelea entre los sectores populares contra los oligárquicos. Por el contrario, es una lucha por definir cuál de las cúpulas se garantiza, en el próximo periodo el control del Estado para administrar y distribuir la renta. Son dos sectores de las elites, subordinados al capital financiero internacional, uno tradicional y otro emergente. Y ninguno de los dos sectores es democrático, ambos tienen claro que necesitan un sistema político completamente autoritario para lograr aplicar con éxito la contrarrevolución económica en curso y las contrarreformas a los logros políticos y sociales alcanzados, que con todas sus deficiencias y limitaciones, se obtuvieron en los mejores años del periodo de Chávez. Porque cómo dice la compañera Oly Millán en el artículo que cito antes: “Pero también, esa historia petrolera tiene otra característica muy sui géneris y es que en cada proceso de boom petrolero, se produce un reacomodo de los grupos de poder, es decir unos caen en desgracia, mientras que otros se fortalecen y emergen nuevos.”[16]  Hoy, en la declinación del boom petrolero y en un momento de colapso del modelo, hay una guerra de rapiña entre estos dos sectores de las Elites.

En este Contexto otro objetivo de la Constituyente es: que la cúpula que hoy tiene el control del poder del Estado pero está amenazada de perderlo y con él sus privilegios, como castigo por la política antipopular y antinacional que viene aplicando en los últimos cuatro años, intenta retenerlo por medio de una Constituyente cuya convocatoria es espuria y sus bases comiciales son a todas luces tramposas[17], sin necesidad de revalidar su mandato en ninguna elección universal, en la que, sin dudas, según todos los estudios, saldría derrotada.  

En estas condiciones la Constituyente no es un arma de Paz, como se dice desde la cúpula PSUV/Gobierno, por el contrario es el arma con la que se pretende construir un régimen autoritario. Las elecciones regionales ofrecidas para diciembre o el propio referendo aprobatorio que indicó que pediría Maduro para la nueva Constitución, son apenas la máscara con la que maquillar  de falsa amplitud democrática, el engaño. Y al no ser un arma de Paz, el enorme peligro que encierra de realizarse es que termine convirtiéndose, en la palanca con la cual, la actual escalada de violencia polarizada por las cúpulas de la nueva elite que controla el Estado y la antigua elite, que cree, ahora sí, llegado su momento de recuperar ese control, le abran la puerta a una confrontación civil de consecuencia impredecibles.

Sin embargo, la convocatoria ha abierto otra puerta, inesperada por la cúpula del PSUV, por la que se ha empezado a colar con fuerza el rechazo de una parte importante del chavismo. Militantes, diputados y dirigentes medios del partido, funcionarios actuales, ex funcionarios, intelectuales y académicos, y muchas informaciones señalan que hasta una parte sustantiva de las fuerzas armadas,  rechazan con sólidos argumentos la maniobra antidemocrática. Con este sector coincidimos en un punto esencial: el único camino democrático, y que por lo tanto no puede ser secuestrado por las cúpulas que instigan a la violencia, es la lucha por la recuperación de la vigencia de la Constitución del ¨99.  En eso estamos, mientras la vieja izquierda, en su decadencia, con su alineación y disciplina automática con un gobierno que ha roto con el proceso que lo llevó hasta allí, sigue mostrando al mundo todas sus miserias.

[1] Nicolás Maduro, Presidente, Diosdado Cabello, Diputado, Vicepresidente primero del PSUV y cabeza del segundo grupo de poder más importante de este trio y Vladimir Padrino Ministro de Defensa y Jefe de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

[2] Es bueno aclarar que estos dos sectores con todos los matices y diferencias en cada uno de ellos, no son solo nacionales, tienen también expresión a nivel internacional.

[3] Para dejar taxativamente establecido que no tiene nada que ver con la oposición de derecha organizada en la MUD.

[4] Las personalidades más destacadas de este grupo son, entre otros, Héctor Navarro, ex ministro de Educación y de Energía Eléctrica; Oly Millán Campos, ex ministra de Economía Popular, y de Comunas y movimientos sociales; Gustavo Márquez Marín, Ex Ministro de Comercio Internacional y Ex Embajador en Colombia; Ana Elisa Osorio, Ex ministra de Ambiente Y destacadas personalidades como el Mayor General Cliver Alcalá Cordones, los profesores Edgardo Lander, Esteban Emilio Mosonyi y Freddy Gutiérrez Trejo, y luchadores Sociales como Santiago Arconada.

[5] Este patrón que se inicia con la explotación petrolera, cruzó todo el periodo de gobierno del Proceso Bolivariano y no fue desmontado hasta la actualidad.

[6] Situación Actual de la Deuda de Venezuela como expresión de un modelo económico de extracción delictiva de capitaleshttps://www.aporrea.org/economia/a245302.html. Oly Millán Campos, Paulino Núñez.

[7] Últimamente se  ha hipotecado el capital accionario de CITGO, subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos, empresa que cuenta con refinerías aptas para el crudo pesado venezolano y una red de 17.000 gasolineras, el 49% como garantía para  un préstamo de un Fondo Buitre y con la petrolera rusa Rosnef, otro 50%. Esta operación se ha realizado para obtener liquidez para pagar deuda. Y el broche de oro, por ahora, es la venta, a precio de gallina flaca, por parte del BCV de Bonos de PDVSA que no estaban en el circuito financiero internacional a Goldman Sachs, banco del que fue directivo el actual Secretario del Tesoro de Trump.

[8] Es la economía estúpido… Lo que está detrás de la Asamblea Constituyentehttps://www.aporrea.org/economia/a246950.html por Oly Millán Campos.

[9] Edgardo Lander: “La Constituyente nos lleva a un punto sin retorno”https://www.aporrea.org/ddhh/n309163.html

[10] OLP. Operación de liberación del Pueblo. Política policial que consta de ingresas a las zonas más marginadas de las grandes ciudades para detener, allanar, reprimir y hasta asesinar, sin ningún tipo de respeto por las garantías constitucionales y legales mínimas.

[11] TSJ. Tribunal Supremo de Justicia

[12] El hecho más destacado de este rechazo fue la declaración de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señalando que esas Resoluciones, rompían el hilo constitucional.

[13] Balance hechos violentos: del 6 de abril al 25 de mayohttps://www.aporrea.org/actualidad/a247131.html por Keymer Ávila y ¨Represión y violencia ¿Qué está pasando?¨https://www.aporrea.org/actualidad/n308819.html por Marea Socialista Caracas.

[14] Referimos aquí a la entrevista a Edgardo Lander, más arriba mencionada.

[15] Venezuela sumida en la guerra  civil por Atilio Borónhttps://www.aporrea.org/tiburon/a246559.html

[16] Es la economía estúpido… Lo que está detrás de la Asamblea Constituyente https://www.aporrea.org/economia/a246950.html por Oly Millán Campos.

[17] Sobre esto se pueden consultar decenas de artículos y entrevistas de militantes, intelectuales y académicos chavistas y/o de izquierda, en Aporrea.org, entre los que recomiendo las entrevistas a Héctor Navarro y Edgardo Lander, Gonzalo Gómez y los artículos de Nicmer Evans, Jesús Puerta, Sergio Sánchez, Felipe Pachano Azuaje y Javier Biardeau, entre muchos otros. 

Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/n309525.html#_ftn1

En consecuencia, el esclarecimiento sobre qué sucede en nuestro país hermano nos ayuda a discutir sobre cómo posicionarnos junto al pueblo venezolano para unirnos a todos los de Nuestra América en discutir porqué erradicar el extractivismo y cuáles son las alternativas socialistas.

 

Es tener en cuenta que si los gobiernos progresistas pudieron apropiarse del poder popular de deliberación y decisión sobre el destino común e incluso ilusionar de estar emancipando fue a causa, fundamentalmente, del predominio de ideas sin deconstrucción colectiva en base a las experiencias e investigaciones sobre el actual capitalismo imperialismo en el contexto de luchas de los pueblos planetarios. Atendamos al siguiente análisis esclarecedor.

 

Venezuela desde adentro:

siete claves para entender la crisis actual

20 de abril de 2017

 

Por: Emiliano Terán Mantovani

No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’, y que no son explicados en su conjunto por los principales medios de comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se resalta que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso venezolano ni es una especificidad regional de ese país. A su vez planteamos que se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal y que se está canalizando el devenir y las definiciones políticas de la actual situación por la vía de la fuerza y a través de un buen número de mecanismos informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que el horizonte compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal, que estamos ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y que comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a un progresivo socavamiento del tejido social.

 

El trato que se le da a Venezuela en los grandes medios de comunicación internacionales es sin duda especial en todo el mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones, demasiado maniqueismo, demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y omisiones.

Más allá de las versiones cretinizantes de la neolengua mediática que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de ‘crisis humanitaria’, ‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa heroica de la Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay muchos temas, sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar adentro y que esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’.

El criterio de acción e interpretación basado en la lógica ‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los partidos políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las clases trabajadoras y la defensa de los bienes comunes. Es necesario apostar por miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que contribuyan a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura actual.

Presentamos 7 claves para su comprensión, analizando no sólo la disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se están desarrollando en las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en las tramas económicas, al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el neoliberalismo y los regímenes de gobierno y gobernanza en el país.

 

I. No es posible comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea

El rico y vasto conjunto de los llamados ‘recursos naturales’ del país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial a las políticas del Consenso de Washington; su influencia regional para la integración; así como sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un notable significado geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores intelectuales y mediáticos que continuamente buscan obviar las muy fluidas dinámicas internacionales que impactan y determinan el devenir político en el país, donde resalta el persistente accionar intervencionista del Gobierno y los diferentes poderes fácticos de los Estados Unidos.

En este sentido, estos sectores se encargan de ridiculizar la crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional como el único actor de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto de interpelación política.

 

Sin embargo, desde la instauración de la Revolución Bolivariana se ha desarrollado un intenso intervencionismo estadounidense hacia Venezuela, el cual se ha recrudecido y tornado más agresivo a partir de la muerte del presidente Chávez (2013) y del contexto de agotamiento del ciclo progresista y restauración conservadora en América Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015 en la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU –‘an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States’[1]. Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son catalogados de esta manera por la potencia del norte.

 

Actualmente, además de las amenazantes declaraciones del Jefe del Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017), planteando que la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar adelante una respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela could eventually compel a regional response’[2]–, y de la evidencia de la agresividad de la política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a Siria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encabeza junto a varios países de la región el intento de aplicación de la Carta Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la democracia’ en el país.

Los ideólogos y operadores mediáticos de la restauración conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus análisis porque extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del mismo tipo frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y Colombia. En este sentido parece que la indignación moral es relativa y prefieren callar.

Sea pues, por razones de intencionalidad política o ingenuidad analítica, estos sectores despolitizan el rol de los organismos supranacionales desconociendo las relaciones geopolíticas de poder que los constituyen, que hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una lectura paranoica de todas las operaciones impulsadas por estos organismos globales y otra muy diferente es una interpretación puramente procedimental de su accionar, obviando los mecanismos de dominación internacional y control de mercados y de recursos naturales que se han canalizado a través de estas instituciones de gobernanza global y regional.

 

Pero hay algo importante que agregar. Si hablamos de intervención, no podemos sólo hablar de los EEUU. En Venezuela hay crecientes formas de intervencionismo chino en la política y las medidas económicas que se han ido tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía, incremento de la dependencia con la potencia asiática y procesos de flexibilización económica.

Una parte de la izquierda ha preferido callar estas dinámicas, dado que parece que la única intervención que merece ser señalada es la estadounidense. Pero ambas vetas de injerencia foránea se están desarrollando para favorecer la acumulación capitalista transnacional, la apropiación de ‘recursos naturales’ y para nada tienen que ver con las reivindicaciones populares.

 

II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el caso venezolano

Casi desde el inicio de la Revolución Bolivariana se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto sigue siendo objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha sido desafiado por las transformaciones y complejización de los regímenes y ejercicios de poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada, lo que plantea serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.

 

La ‘dictadura’ suele estar asociada a regímenes políticos o tipos de gobierno en los cuales todo el poder está concentrado, sin limitaciones, en una sola persona o un grupo de ellas; hay una ausencia de división de poderes; ausencia de libertades individuales, de libertad de partidos, libertad de expresión; e incluso en ocasiones el concepto ha sido vagamente definido como ‘lo opuesto a la democracia’.

 

El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido utilizado y masificado en la jerga mediática de manera bastante superficial, visceral y de una forma moralizante, prácticamente para plantearlo como una especie de especificidad venezolana, distinguiéndose así de los otros países de la región, donde en teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.

El asunto es que en Venezuela en la actualidad difícilmente se puede decir que todo el poder está concentrado sin limitaciones en una sola persona o un grupo de ellas, debido a que en el país estamos ante un mapa de actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez fragmentado y volátil –sobre todo después de la muerte del presidente Chávez–, en tanto la existencia de diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.

Aunque exista un gobierno con un componente militar importante, con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta capacidad de centralización, el escenario es altamente movedizo. No hay dominación total de arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos de poder en disputa. En cambio el conflicto podría desbordarse, caotizando aún más la situación.

 

El hecho de que la oposición venezolana controle la Asamblea Nacional, la cual ganó contundentemente por la vía electoral, señala además que antes que una pura ausencia de división de poderes, hay en cambio una disputa entre ellos, hasta ahora favorable a la combinación Ejecutivo-Judicial.

 

Antes pues que hablar de un régimen político homogéneo, estamos ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis de la corrupción hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o bien se dificulte su centralización por parte del Poder Constituido.

Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto romano de dictadura, es que en este contexto el Gobierno nacional está gobernando por medio de decretos y medidas especiales en el marco de un declarado ‘estado de excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En nombre de la lucha contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y del paramilitarismo, y los avances subversivos de la oposición, numerosas mediaciones institucionales y procedimientos democráticos están siendo omitidos. Destacan por su gravedad políticas de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que representan intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para "combatir el hampa", los cuales suelen tener polémicos saldos en muertes; la paralización del referéndum revocatorio; la suspensión de las elecciones a gobernación en 2016 sin todavía quedar claro cuando se realizarán; crecientes represiones y excesos policiales ante el descontento social producto de la situación en el país; y un incremento de procesos de militarización, resaltando las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.

Este es el mapa político que, junto a las diversas formas de intervención foránea, configuran el escenario de guerra de baja intensidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de los venezolanos. Es este el marco en el que se desenvuelven las libertades individuales, la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y realización de marchas, expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras formas de la llamada democracia en Venezuela.

 

III. En Venezuela se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal

Si hay algo que podría definirse como una especificidad del caso venezolano es que su escenario socio-político actual está desgarrado, profundamente corrompido y altamente caotizado. Hemos sostenido que en el país estamos ante una de las crisis institucionales más severas de toda América Latina[3], haciendo referencia con esto al conjunto de las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que conforman la República venezolana.

La crisis histórica del modelo de acumulación rentista petrolero, la metástasis de la corrupción en el país, severas vulneraciones al tejido social desde el ‘período neoliberal’ y en especial desde 2013, y la intensidad de los ataques y disputas políticas, han desbordado en su conjunto los marcos de las instituciones formales de todos los ámbitos de la sociedad, canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía de mecanismos informales, subterráneos e ilegales.

En el ámbito económico, la corrupción se ha transformado en un mecanismo transversal y motorizador de distribución de la renta petrolera, desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos pocos, y socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera determinante con PDVSA[4], la principal industria del país, así como con fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas empresas nacionalizadas.

El colapso de la economía formal ha hecho de la informalidad prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional. Las fuentes de oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad de mayores ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de alimentos (el comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro)[5] u otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de divisas, medicinas, gasolina, etc.

 

En el ámbito político-jurídico, el estado de derecho carece de respeto y reconocimiento por parte de los principales actores políticos, quienes no sólo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas políticas dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan operaciones violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras. En este escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy vulnerable a la población venezolana.

 

Cada vez reina una mayor impunidad, la cual se ha expandido a todos los sectores de la población. Esto no solo hace que se enquiste aún más la corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la población no espere nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con sus propias manos.

El colapso del contrato social genera tendencias de ‘sálvese quien pueda’ en la población. La fragmentación del poder también ha contribuido a que se generen, crezcan y se fortalezcan diversos poderes territoriales, como lo son los llamados ‘sindicatos mineros’ que controlan con armas minas de oro en el estado Bolívar, o bandas criminales que dominan sectores de Caracas como El Cementerio o La Cota 905[6].

El marco presentado implica nada más y nada menos que el devenir y las definiciones políticas de la actual situación en el país se están desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.

 

IV. La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017)

El hundimiento de los precios internacionales del crudo ha sido determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero no es el único factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80 hay crecientes síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el extractivismo petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual fase de caotización de la economía nacional (2013-hoy) es también producto del devenir económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?

 

Varias razones lo explican. Alrededor del 60% de los crudos venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son económicamente más costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de procesamientos adicionales para su comercialización. La rentabilidad del negocio que alimenta al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores, cuando prevalecían crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el modelo exige cada vez más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social no sólo para paliar las crecientes necesidades de una población que sigue en aumento.

La hiper-concentración poblacional en las ciudades (más de 90%) promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en el consumo (de bienes importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas de bonanza promueven el fortalecimiento del sector extractivo (primario) –los efectos de la llamada ‘Enfermedad Holandesa’– lo que vulnera notablemente a los ya débiles sectores productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a fines de los 70 y ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún más débil para enfrentar una nueva crisis.

La corrupción socio-política del sistema también posibilita fugas y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que impide el desarrollo de políticas coherentes de distribución para paliar la crisis.

 

La creciente volatilidad de los precios internacionales del crudo, así como cambios en los balances de poder global en torno al petróleo (como la progresiva pérdida de influencia de la OPEP) tienen también significativos impactos en la economía nacional.

 

Mientras se desarrollan todos estos vaivenes económicos en el país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando, lo que amenaza los medios de vida de millones de venezolanos para el presente y futuro.

 

La actual solución que impulsa el Gobierno nacional ha sido incrementar notablemente el endeudamiento externo, distribuir la renta de manera más regresiva para la población, expandir el extractivismo y favorecer al capital transnacional.

En suma, cualquiera de las élites que gobierne en los próximos años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites históricos que se han alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No bastará sólo esperar un golpe de suerte para que los precios del petróleo suban. Se vienen trascendentales cambios y habrá que estar preparados para enfrentarlos.

V. ¿Socialismo? en Venezuela se está llevando a cabo un proceso de ajuste y flexibilización económica progresivo

 

En el país se está desarrollando un proceso de ajuste progresivo y sectorizado de la economía, flexibilizando previas regulaciones y restricciones al capital, y desmantelando paulatinamente los avances sociales alcanzados en tiempos anteriores en la Revolución Bolivariana. Estos cambios aparecen enmascarados en nombre del Socialismo y la Revolución, aunque representan políticas cada vez más rechazadas por la población.

Destacan políticas como la creación de las Zonas Económicas Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas regiones. Se trata de una de las medidas más neoliberales desde la Agenda Venezuela implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90, bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

También resaltan la paulatina flexibilización de los convenios con las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del Orinoco; liberalización de precios de algunos productos básicos; creciente emisión de bonos soberanos; devaluación de la moneda, creándose un tipo de cambio flotante (Simadi); aceptación de algunos trámites comerciales directamente en dólares, por ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos de deuda externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.Se está impulsando el relanzamiento de un extractivismo flexibilizado,  apuntando fundamentalmente hacia las nuevas fronteras de la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un territorio de 111.800 kms2 de extensión, amenazando fuentes de vida claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas. Estos proyectos suponen además el atornillamiento por largo plazo a los esquemas de dependencia que produce el extractivismo[7].

Cabe destacar que estas reformas se combinan con el mantenimiento de algunas políticas de asistencia social, continuos aumento de los salarios nominales, algunas concesiones a demandas de las organizaciones populares y el uso de una narrativa revolucionaria e antiimperialista. Esto evidentemente tiene como uno de sus principales objetivos el mantenimiento de los apoyos electorales que quedan.

 

Estamos en presencia de lo que hemos llamado un ‘neoliberalismo mutante’, en la medida en la que se combinan formas de mercantilización, financiarización y desregulación con mecanismos de intervención estatal y asistencia social.

Parte de la izquierda ha estado muy enfocada en evitar la llegada de gobiernos conservadores al poder para así evitar la ‘vuelta del neoliberalismo’. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas también avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza[8].

VI. ¿La alternativa? El proyecto de los partidos de la ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es neoliberal

 

La derechista ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con esta.

 

La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio existen sectores que van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha –que podríamos llamar ‘uribistas’–, hasta llegar a algunos sectores de conservadurismo light, y de liberalismo elitario con cierta tendencia distribucionista. Estos diversos grupos tienen una relación conflictiva entre ellos y con eventuales careos y desplantes mutuos.

 

A pesar de sus diferencias, a los diferentes grupos de la MUD los une al menos tres factores fundamentales: su matriz ideológica, las bases de su programa económico y su agenda reaccionaria ante el Gobierno nacional y ante la posibilidad de una profunda transformación de corte popular emancipatorio. Nos referiremos a las dos primeras.

 

Su matriz ideológica está profundamente determinada por la teoría neoclásica y por el liberalismo conservador, enalteciendo obsesivamente la propiedad privada, el fin de la ‘ideologización’ por parte del Estado y el auge de las libertades empresariales e individuales.

 

Estos pilares ideológicos son más claros en la programática de este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde la retórica es simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más acabada de su modelo económico se encuentra en los ‘Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)’[9]. Se trata de una versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en relación al proyecto del actual Gobierno venezolano.

 

Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar la bandera del ‘cambio’ y la ‘Venezuela productiva’, su propuesta plantea llevar la extracción de petróleo en Venezuela hasta 6 millones de barriles diarios, poniendo énfasis en el incremento de las cuotas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen públicamente, las propuestas petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo para tu Progreso)[10] y Leopoldo López (Petróleo en la Mejor Venezuela[11]) son gemelas, y consensuan con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el Gobierno nacional. El cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con el extractivismo, más rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas e impactos socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.

 

VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo socavamiento del tejido social

 

En todos estos procesos de guerra de baja intensidad y caos sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La potente cohesión socio-política que se configurara en los primeros años de la Revolución Bolivariana ha sufrido no solo un desgaste sino una progresiva desarticulación. Pero estas afectaciones han llegado incluso a la propia médula de los tejidos comunitarios del país.

 

La precariedad para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana; los incentivos a la resolución individual y competitiva de los problemas socio-económicos de la población; la metástasis de la corrupción; la canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía de la fuerza; la pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la polarización debido al descrédito de los partidos; la agresión directa a experiencias comunitarias fuertes o importantes y a líderes comunitarios por parte de diversos actores políticos y territoriales; hacen parte de este proceso de vulneración de los tejidos sociales que apunta a socavar los verdaderos pilares de un potencial proceso de transformación popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de la población ante un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.

 

Mientras tanto, diversas organizaciones de base popular y movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en construir una alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cual será su capacidad de resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para articularse entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto político nacional.

Si hay una solidaridad irrenunciable que debería impulsarse desde las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este pueblo luchador, ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la explotación y los costos de la crisis. Ese que frecuentemente ha desbordado y se ha re-apropiado de las calles buscando que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Ese que en la actualidad se enfrenta a los complejos dilemas que suponen los actuales tiempos de reflujo y regresiones. Este pareciera que es el verdadero punto de honor de las izquierdas. El costo de darle la espalda a estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación del poder podría ser muy alto.

Caracas, abril de 2017

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, ecologista político e investigador en ciencias sociales. Artículos suyos:

§   Venezuela desde adentro: siete claves para entender la crisis actual    20/04/2017

§    La geopolítica del caos y el fin de ciclo en las entrañas de América Latina    12/12/2016

§    Arco Minero del Orinoco y fin de ciclo en Venezuela    17/08/2016

§    Los peligros del Arco Minero del Orinoco: un breve análisis desde la economía ecológica    11/05/2016

§    Las nuevas fronteras de las commodities en Venezuela    08/03/2016

§     Chavismo, crisis histórica y fin de ciclo: repensarnos desde el territorio    04/01/2016

§     Escapar de Paris: por una justicia ambiental desde los territorios    13/12/2015

§      América Latina: tensión neoliberal y territorialización del poder    09/09/2015

§      La encíclica papal, el ecosocialismo y el avance de la minería en Venezuela    07/07/2015

§      El sentido comunal de la crítica al extractivismo    20/05/2015

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/184922

 

 

En confrontación con la disputa por el Estado "de los diversos bloques de poder existentes que pueden aliarse o bien estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición":

 

 

 

Movimientos sociales convocamos a la 4ta asamblea

este jueves 8 de junio en AIPO a las 4pm

7 de junio de 2017

Por: Aporrea 

Junio 06 de 2017.- Los movimientos sociales que se han venido reuniendo en AIPO, presentan el siguiente material que se ha venido discutiendo como parte de las agendas, estrategias y acciones urgentes de lucha:

1- Visibilizar la tendencia no bipolar, en la que estamos incluidos la gran mayoría de los venezolanos, que ya ha comenzado a expresarse políticamente, como parte de la fuerza y la diversidad que nos constituye, a fin de

2- Activar el Poder Originario en todas sus posibilidades para hacer frente a las transformaciones cupulares de la CRBV, en una "constituyente express", cuyos propósitos, no están explícitos, pero como pueblo bolivariano sentimos un tufo a "constitución liberal boliburguesa", lo que requiere en este momento, retomar la carta magna que nos dimos en 1999 y reconocer sus aportes, también sus debilidades, pero que en ningún caso pueden ser suprimidos si el poder constituyente originario no lo solicita, y eso no ha ocurrido pues no ha habido ninguna consulta, de allí que necesitamos.

3- Constituir un Equipo Generador y Organizador de la Asamblea de Caracas, como espacio del poder constituyente originario de esta ciudad, que tiene que expresarse, porque no basta decir no a la constituyente espress, hay que ser poder originario activo para detener, los planes del capital financiero internacional y los intereses de cada una de las cúpulas en pugna por el poder. Para este logro requerimos.

4- Organizar equipos de trabajo que respondan en un primer momento a las necesidades de comunicación, enlaces y recursos para facilitar las tareas concernientes a la realización de

5- Foro, Rueda de Prensa y Asamblea de Caracas, así como otras iniciativas que contribuyan a la activación del poder originario.

 

Propuestas que han surgido para trabajar en colectivo:

PLAN BÁSICO DEL COMITÉ

 

Ante la profundización de la crisis política, social, económica, que vivimos simbolizada en la confrontación de dos grandes bloques de poder: uno sustentado en las cúpulas autocráticas de gobierno, cada vez más distante y traidora de todos los principios que dieron origen a la revolución popular que nació de la rebelión del 89 y apegada a los vampiros capitalistas que pretenden las riquezas de un país a costa de sus necesidades y terrible condición de descapitalización, y otra dirigida desde las huestes de la más nefasta y apátrida cofradía derechista, soportada en otras fracciones nacionales y externas de los mismos intereses, y donde ambos bandos juegan a un campo de guerra y caotización que sirve a sus propios intereses políticos.

 

Ante la iniciativa desesperada del gobierno por aplazar toda forma de participación popular directa cercenando un poder constituyente inalienable con el llamado a una constituyente diseñada para ser manejada por sus mismas cúpulas, garantizándole a ella y toda su estela de saqueo, corrupción, entrega, la permanencia relegitimada y constitucionalizada en el poder, y como resultado de las discusiones sostenidas en las tres asambleas efectuadas, se propone:

 

FINALIDAD:

Crear las condiciones necesarias para un verdadero escenario de reunión, debate, acción y ejercicio asambleario del poder originario y constituyente del pueblo, donde se rescaten los caminos extraviados de una verdadera democracia revolucionaria y directa del pueblo, se confronten los intentos por imponer los intereses políticos de quienes se convirtieron desde siempre o en este mismo proceso en enemigos de todo proceso de liberación de las clases trabajadoras y el pueblo pobre.

 

OBJETIVOS

- Constituir una orgánica que respondiendo al espíritu de la democracia participativa y directa impulse acciones que deriven en el ejercicio del poder originario y constituyente del pueblo y que se reabra el proceso popular constituyente cancelado desde hace más de diez años dentro de esta historia.

- Conformar un Comité para promover acciones acciones de movilización, debate, y síntesis de esta fuerza originaria y constituyente del poder popular que no claudique ante ese escenario y anteponga el pensar y la voluntad colectiva sobre todo el fraude a la soberanía popular y toda alternativa reaccionaria y antipopular que se nos quieran imponer.

- Constituir una asamblea popular de Caracas donde se exprese ese poder originario, dándole cabida a las manifestaciones más diversas del movimiento popular y la organización social, pero siempre sobre la búsqueda de una unidad que trascienda estas diferencias, creando las condiciones de un poder de fuerza que ayude al renacimiento de la participación, la organización de toda las formas constituyentes del poder originario del pueblo, asumiendo la diversidad que nos constituye , y el sentido del país multiétnico y pluricultural.

- Retomar la capacidad de gobierno directo sobre los derechos a la alimentación, la salud, la seguridad, la educación, las comunicación, la recreación ambiental, la seguridad laboral, la creación de nuevas fuentes de producción y conocimiento básicas a la reconstrucción de nuestro país, las formas comunales y obreras como expresiones de los derechos al autogobierno de los pueblos.

- Fortalecer al sujeto contralor e impugnador del poder constituido y todas las estructuras del poder burocrático.

- Asumir la primera fuente de defensa nacional y comunitaria ante todas las formas de agresión imperial y externa que podamos sufrir como país dentro de la situación que vivimos.

 

METAS

- Constituir este Comité por la defensa del poder originario del pueblo como instancia coordinadora que garantice las acciones y grandes retos que tenemos por delante.

- Darle a este Comité una regularidad y organización propia decidida en asamblea general constitutiva de este comité.

- Promover un conjunto de foros públicos donde se debata a profundidad el problema nacional planteado, las posiciones ante la Asamblea Constituyente que se nos ha impuesto.

- Llamar a una rueda prensa donde el comité de coordinación del Comité elegido expresa las razones políticas y las tareas del comité ante la coyuntura que abre.

- Redactar un documento donde se expongan los criterios básicos que impulsan la creación de este Comité.

-Sancionar y coordinar las acciones propuestas en asamblea general del Comité. Entre ellas: movilizaciones de calle, acciones culturales, recoger firmas, acciones de solidaridad con los pueblos en lucha.

- Articular las iniciativas de este Comité con el conjunto de iniciativas dirigidas a la recreación de los poderes originarios y constituyentes

 

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RECHAZO A LA VIOLENCIA BIPOLAR GOBIERNO OPOSICIÓN

RECHAZO A LA CONSTITUYENTE EXPRESS

ACTIVACIÓN DEL PODER ORIGINARIO YA

La situación que vivimos los venezolanos en estos momentos, en la que se enfrentan gobierno y oposición en las calles, caotizando los espacios públicos e institucionales, obstaculizando vías de acceso a los centros de trabajo, paralizando el transporte, causando muertos y heridos, además de destrozos del patrimonio público, demanda de parte de la mayoría de la población una respuesta de rechazo contundente, que se diferencie de la bipolaridad violenta en la que ambos bandos tiene sumido al país.

Es claro que la mayoría de los venezolanos que no participamos de la política caotizante de gobierno y oposición, somos los que estamos resistiendo y evitando se desate una violencia generalizada, pese al hambre, la falta de medicinas y la inseguridad a la que estamos sometidos por un gobierno que paga la deuda externa, le da todos los reales del mundo a los empresarios y hace negocios con el capital financiero internacional, y por una oposición cuya cúpula no duda en pactar con el gobierno a la hora de los negocios, de los que solo nos llega el CLAP, con los que juntos, mantienen el control del hambre.

Ante esa realidad, una parte del descontento genuino de la población, ha sido captado y dirigido por fuerzas mercenarias asesinas por la ausencia de una opción que se diferencie de la línea violenta caotizante, pero que exprese con autonomía el descontento generalizado contra las cúpulas y defienda los derechos consagrados en la CRBV, evitando que sea cambiada por el aparato PSUV-Gobierno-Fuerzas Armadas, en una constituyente EXPRÉS que no fue consultada y tampoco va a ser sancionada, con lo que el poder originario queda cercenado.

Se impone entonces que como pueblo libertario que hemos sido desde los tiempos de Guicaipuro, retomemos el espíritu de lucha anticúpulas que inspiró a la revolución bolivariana a partir de 1989 y activemos el poder originario en defensa de nuestros derechos constitucionales, evitando que se legitime una nueva constitución de aparato, porque la que nos dimos en 1999, no es perfecta, para nada, pero no puede ser transformada sin haberla evaluado antes y sin nuestro consentimiento.

"La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos" (CRBV 1999 Art. 5 )

¿Será que la constituyente "exprés" que pretenden hacer va a cambiar este máximo postulado? ¿Si no es así, por qué el poder originario no va a sancionarla?

 

¡¡¡Rechazo a la constituyente "expréss" el poder originario debe decidir !!!!

¡¡¡Pagan la deuda externa y nos dejan sin alimentos y sin medicinas !!!!

!!!ACTIVACIÓN DEL PODER ORIGINARIO YA!!!!

 

AIPO: Ave. Urdaneta, al lado del Edf. Sudameris
Edf. de Banmujer, PB.

Fuente: https://www.aporrea.org/ideologia/n309628.html

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Averigüemos qué está sucediendo en Venezuela por solidaridad pero sobre todo por un hermanamiento real y efectivo al escudriñar cómo los gobiernos progresistas frente a la caída de precios de los commodities respondieron y responden de la misma manera que los neoliberales demostrando su carácter capitalista o expoliador de los pueblos y trabajadores. Consideremos:

 

Acontecimientos centrales y escenario económico-social

Venezuela en disputa (I)

8 de junio de 2017

Por Luismi Uharte (Rebelión)

Cada vez resulta más complejo analizar la realidad política venezolana debido al incremento de las contradicciones del proceso. Además, el tratamiento de la información por parte del latifundio mediático global es más simplista, manipulador e infantilizante que nunca. A su vez, las lecturas acríticas pro-gubernamentales de algunos sectores, tanto desde dentro como fuera del país, no favorecen una comprensión más certera y dialéctica del momento presente.

En consecuencia, gran parte de la izquierda internacional está oscilando entre la repetición ingenua de las críticas diseñadas en los lugares comunes del pensamiento liberal o en una defensa numantina del Ejecutivo, incluso de alguna medida difícilmente justificable.

En este contexto, un análisis más matizado, lo que no significa de ninguna manera equidistante, exige un mayor rigor intelectual y un abordaje combinado de las siguientes dimensiones: una secuencia de los episodios centrales del último trienio; una evaluación del escenario económico-social; una sistematización de la disputa político-militar; una identificación de los agentes internacionales que están interviniendo; y una radiografía actual del chavismo.

Breve cronología. En primer lugar es importante identificar los episodios centrales del último tiempo, ya que nos van a mostrar una fotografía sintética de los movimientos más importantes de los principales agentes en disputa. La secuencia se inicia en 2014 con la activación, por parte de los sectores más extremistas de la oposición, del Plan de derrocamiento denominado ‘La Salida’, que provocó más de 40 muertos tras los disturbios violentos dirigidos por grupos ultras. 

La derecha no había aceptado su derrota electoral en las presidenciales de 2013 y apostaba por la vía violenta para lograr la restauración oligárquica. El gobierno consiguió sortear el golpe y detuvo al dirigente ultra de la oposición Leopoldo López, convertido por la maquinaria mediática transnacional en un ‘demócrata de toda la vida’. A su vez, el Ejecutivo activó una mesa de negociación con la patronal opositora, intentando aplacar el boicot económico de los grandes grupos empresariales. 

La relativa paz política –nunca económica-, obligó a la derecha a priorizar la vía electoral, presentándose a las legislativas de 2015, en las que obtuvo una victoria clara, logrando así el control del Parlamento tras más de 15 años en minoría. A partir de ese momento, el Legislativo se convirtió en el instrumento para bloquear las decisiones del Ejecutivo y para intentar tumbarlo. El plan de derrocamiento institucional proponía dos vías: o referéndum revocatorio o reforma constitucional para reducir el mandato presidencial. Tanto una como otra pretendían desalojar del gobierno al chavismo a lo largo de 2016. 

La apuesta por la vía del revocatorio fracasó, tanto por los fraudes de la oposición en la recolección de firmas como por la táctica gubernamental de dilatar los plazos de su aprobación y dejar sin sentido su celebración. Esta postura del Ejecutivo le pasó factura entre importantes sectores de la izquierda internacional. A su vez, la suspensión de las elecciones regionales de 2016 perjudicó aún más la imagen del gobierno de Maduro, a pesar de la evidente y creciente desestabilización económica.

La parálisis institucional intentó ser superada con varios intentos de negociación en los que destacaron la mediación de UNASUR y la del Papa Francisco. La participación de actores externos, no precisamente cercanos al Ejecutivo, como los expresidentes de República Dominicana (Leonel Fernández) y del Estado Español (Rodríguez Zapatero), no fue suficiente para que la oposición apostará por el diálogo. Esta inflexibilidad de la derecha evidenció su desinterés en una salida negociada al conflicto. 

Los sectores más extremistas volvieron de nuevo a cobrar fuerza al interior de la MUD, imponiendo su estrategia violenta. El primer paso fue el intento de golpe parlamentario, al estilo de los recientes de Paraguay y Brasil, promoviendo un “juicio político” inexistente en el marco jurídico venezolano y por tanto, ilegal. Mientras esto sucedía, el gobierno de Maduro volvió a cometer otra torpeza al impulsar un nuevo registro de partidos que exigía un número de avales y requisitos de tal magnitud que sólo las grandes fuerzas podían cumplirlo. La obvia consecuencia fue la inhabilitación de varios partidos pequeños, entre ellos algunos del chavismo crítico de izquierda, como Marea Socialista. 

Los primeros meses de 2017 se caracterizan por el fortalecimiento de las tesis de la extrema derecha, es decir, de la línea del partido ‘Voluntad Popular’ de Leopoldo López y Freddy Guevara. Las visitas en febrero de Lilian Tintori (esposa del ultra López) a EE.UU., y de otros miembros del partido, en las que se reunieron con el presidente Donald Trump, permitieron obtener el visto bueno de la nueva administración estadounidense. 

La consecuencia ha sido la reedición del modelo ‘La Salida’, es decir, la generación de violencia en las calles para provocar el mayor número de muertos posible que justifique el derrocamiento de Maduro. Esto se combina con la presión continental a través de la OEA y el ataque mediático internacional contra el gobierno venezolano.

Los últimos episodios a subrayar son tres. En primer lugar, la recuperación de la capacidad de movilización del chavismo el 19 de abril, equilibrando las fuerzas en la disputa en la calle. Segundo, la decisión del gobierno venezolano de salirse de la OEA, el 26 de abril, en un gesto de dignidad soberana que pilló a contrapié a Washington y a su actual subordinado en dicha organización, Luis Almagro. Por último, el anuncio de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente el 1 de mayo, día de la clase trabajadora.

Escenario económico-social.
Si existe un escenario donde la disputa es encarnizada y las contradicciones son cada vez mayores, ese es el socio-económico. Para entender qué está pasando en este terreno hay que evaluar tres aspectos: por una parte, las teorías más importantes que intentan explicar la crisis; por otra parte, las principales medidas tomadas por el gobierno; y por último, las críticas a éstas, realizadas por la izquierda del chavismo.

En cuanto a las visiones que intentan explicar la profunda crisis económica debemos destacar fundamentalmente dos. Por un lado, la teoría defendida por los sectores más gubernamentales, que se centran en enumerar las diferentes variables de la guerra económica, las cuales serían: primero, la manipulación del tipo de cambio en el mercado negro, incrementando cada vez más la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el informal y provocando, en consecuencia, una cadena especulativa descomunal en los precios de todos los productos y servicios que se ofertan en el país; segundo, el ya conocido desabastecimiento programado de bienes por parte de diversos grupos patronales, al cual se le ha agregado en el último tiempo una reducción de la producción, para multiplicar aún más, si cabe, la hiperinflación; tercero, un bloque internacional bancario para ahogar financieramente al país; y cuarto, un sabotaje a las transacciones monetarias, dificultando la adquisición de billetes en muchas entidades bancarias y dejando así sin liquidez a la población.

La otra teoría plausible que intentaría explicar la actual crisis económica, asume los citados aspectos de la guerra económica pero agrega variables exógenas y autocríticas. Por un lado, se alude a la caída de los precios del petróleo y al intento de mantener el gasto público y social al mismo nivel, lo cual está provocando un incremento severo del endeudamiento. No hay que olvidar que una gran parte del crudo venezolano es pesado y extra pesado y por lo tanto muy caro de extraer, por lo que los ingresos en el último periodo han sido muy bajos. 

Por otro lado, desde una óptica autocrítica, intelectuales del chavismo alertan de las ventajas que algunas fracciones de la elite del propio chavismo obtienen de la guerra económica. Un referente intelectual de la izquierda como Javier Biardeau advierte de la articulación entre “grupos importadores, mafias cambiarias y una ‘burguesía patrimonalista’ ligada a altos cargos de la administración pública (la tecno-burocracia)”, que están lucrándose del actual deterioro económico. Además, la imposibilidad literal de subsistir exclusivamente del salario estimula el denominado “bachaqueo”, es decir, la reventa especulativa, provocando que los circuitos de la economía informal tengan cada vez más peso en el conjunto de la economía.

Medidas gubernamentales. En la orientación económica del Ejecutivo para intentar superar la crisis ha primado cada vez más el intento por generar alianzas productivas con diversos sectores empresariales, buscando, por un lado, contrarrestar la estrategia de desestabilización y por otro, incrementar la producción nacional. En el actual rumbo, de perfil más netamente neo-desarrollista, destacan tres grandes proyectos. Por una parte, el mega-proyecto del ‘Arco Minero del Orinoco’, que ampliaría la frontera minera en más de 100.000 km2, para explotar oro, hierro, níquel, carbón, etc. Una actividad que podría generar, según el gobierno, de 3 a 4 mil millones de dólares anuales, pero que ha provocado un rechazo muy fuerte de sectores ecologistas y del chavismo crítico. Por otra parte, la flexibilización de convenios en la Faja Petrolífera del Orinoco, para atraer más socios internacionales. Por último, la creación de ‘Zonas Económicas Especiales’, facilitando la llegada de inversiones extranjeras.

Críticas y propuestas de la izquierda chavista. Tanto el chavismo opositor como grupos críticos al interior del chavismo oficial coinciden en criticar algunas de estas medidas y plantean un cambio de rumbo. Por un lado, alertan del crecimiento preocupante de la deuda externa y plantean la suspensión del pago y una renegociación. Los intereses que la mafia bancaria internacional está obligando a pagar a Venezuela son absolutamente desproporcionados y han vuelto a poner sobre el tapete la urgencia de una auditoria de la deuda.

Por otro lado, la desaparición progresiva del control de precios de muchos productos básicos, como consecuencia de la presión de sectores empresariales, no ha servido para estabilizar precios, por lo que la dificultad de acceso a alimentos y medicinas se ha incrementado. Los denominados CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) han permitido un abastecimiento directo a los sectores populares pero no parecen en absolutos suficientes para garantizar un acceso mínimo. En consecuencia, el no pago de la deuda y el restablecimiento del control de precios son algunas de las demandas más urgentes del movimiento popular.

Luismi Uharte. Parte Hartuz Ikerketa Taldea
Fuente:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227630

 

Comprobamos que, en Venezuela, la unión en diversidad de los de abajo y a la izquierda requiere de objetivos anticapitalistas que divide a las izquierdas de modo aparentemente irreconciliable.  Escrutemos cómo se expresa este problema en Brasil.

 

 

Correlación de fuerzas, agendas políticas y posibles escenarios

14 de abril de 2016

Por Luismi Uharte (Rebelión)

La última movilización de masas contra el golpe el 31 de marzo en diversas ciudades brasileñas demostró que la izquierda, en toda su diversidad y complejidad, está viva y dispuesta a dar la batalla, como nos manifestó un viejo militante en las calles de Salvador de Bahía. Se evidenció que la disputa política en el marco del intento de golpe sigue su curso y que el desenlace es imprevisible. En este contexto, resulta crucial medir la correlación de fuerzas entre los diversos bloques políticos, las agendas de los múltiples actores y los posibles escenarios a corto plazo.

Derecha VS Izquierda. La correlación de fuerzas entre golpistas y antigolpistas está en estos momentos muy equilibrada, por lo que la habilidad táctica en estas próximas semanas será determinante. Una de las bazas fundamentales de la derecha está siendo intentar legitimar el golpe tanto en el país como internacionalmente, bajo el argumento que la destitución parlamentaria de la presidenta (‘impeachment’) es legal y además similar a una moción de censura clásica.

Sin embargo, el argumento es insostenible ya que una moción de censura es propia de sistemas parlamentarios (como ocurre por ejemplo en la mayoría de países europeos), mientras que en sistemas presidencialistas (como Brasil y la mayoría de los del continente americano) no existe la moción de censura. La figura del ‘impeachment’ es radicalmente diferente, ya que exige, para justificar la destitución de la presidenta, que ésta haya sido sancionada por algún acto muy grave (corrupción o similar), lo que en el caso de Dilma Rousseff no ocurre. A pesar de esto, los grandes medios locales con la ayuda inestimable del latifundio mediático global están haciendo un gran esfuerzo para normalizar y legitimar un ruptura del orden político.

La izquierda por su parte, sabe que una de las herramientas clave para contratacar es la lucha de masas y en estos días uno de los principales mensajes que ha lanzado, frente a la arrogancia oligárquica de las últimas semanas, ha sido contundente: “si hay golpe no tendréis paz ni estabilidad, sino ingobernabilidad”.

Las “izquierdas”. La mayoría de las organizaciones políticas y sociales de izquierda se han sumado a una articulación coyuntural por la urgencia de frenar el golpe pero las agendas y el análisis del momento presente son muy dispares. En términos de correlación de fuerzas, el PT, a pesar de la orientación del gobierno cada vez más alejada de la izquierda, sigue siendo el principal referente partidario de la izquierda (o del centro-izquierda) y obviamente su postura hay que tenerla muy en cuenta.

En estos momentos, la posición de la corriente mayoritaria del partido es sostener al gobierno de Dilma, defender el buen nombre del PT y Lula y proyectar a este último como candidato para 2018. No realizan una autocrítica del rumbo de los 2 últimos años ni contemplan una reorientación más social del gobierno. Consideran además que el impeachment se puede solucionar a través del modelo tradicional de ‘conciliación’, es decir, con la compra de voluntades en el congreso. Esto puede ser efectivo a corto plazo, pero a medio plazo no soluciona la crisis legitimidad del PT, sino que la agravará.

Las corrientes críticas del PT, más a la izquierda pero también más minoritarias, comparten la necesidad de frenar el golpe en el congreso pero apuestan por la vía de la ‘confrontación’, lo cual pasaría por un giro en las políticas de gobierno, y fundamentalmente con un aumento de la inversión social.

El Partido Comunista do Brasil (PCdoB), principal socio del PT por la izquierda tiene una visión similar a las corrientes izquierdistas del Partido de los Trabajadores y su línea hasta la actualidad ha sido no presionar al gobierno para evitar que se debilite aún más. En el PSOL, por su parte, escisión del PT nacida en 2003, la mayoría se ha posicionado contra el golpe, aunque en las movilizaciones en las que ha compartido calle con el PT ha lanzado un mensaje bien contundente: contra el golpe, pero también “contra los recortes sociales y contra la reforma de la seguridad social y pensiones”. Cabe destacar también la lectura del PCB (Partido Comunista Brasilero), organización menor que el PCdoB y radicalmente crítica con el gobierno. No están compartiendo espacio de movilización con los grupos ya citados pero están claramente contra el golpe, como nos manifiesta Mauro Iasi, ex candidato presidencial.

Por último, cabe mencionar al PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado), de orientación troskista, uno de los pocos que no se posiciona contra el golpe. Consideran que el gobierno es de derechas, corrupto y que su caída generará un escenario favorable al incremento de la lucha de clases, replicando el clásico discurso del troskismo.

Escenarios más probables. En primera instancia hay que señalar que en estos días se ha producido una leve reducción de la presión que sufre el gobierno y el PT. Por una parte, por la difusión pública de la ‘lista de Odebrecht’ (empresa constructora) en la que aparecen numerosos líderes de los partidos de derecha (PSDB, PMDB…) que han recibido ‘regalos’ por sus servicios prestados. Por otra parte, porque la Corte Suprema ha apartado al juez ultra Sergio Moro de la causa abierta contra Lula. En tercer lugar, por el músculo popular mostrado en las movilizaciones del 18 y 31 de marzo. La salida oficial del PMDB del gobierno se puede considerar el principal revés, aunque según diversos analistas habría que matizarlo, ya que los diputados de este partido son sumamente ‘pragmáticos’ y el sentido de su voto siempre es muy volátil, en función de los premios prometidos.

Sin embargo, las previsiones para una agenda de izquierda a corto plazo, no son muy halagüeñas. Un giro del gobierno y el PT hacia la izquierda es prácticamente improbable. Por su parte, los grandes movimientos de masas –CUT (sindicalismo) MST (campesinado)- están más preocupados en evitar una restauración oligárquica que en confrontar con su partido histórico aliado. El resto de la izquierda, ni política ni movimientista, no tiene suficiente fuerza para reorientar el tablero. El reciente acercamiento entre el ‘Frente Brasil Popular’ (más cercano al PT) y el ‘Frente Povo sem Medo’ (más crítico), los dos frentes que articulan a numerosos movimientos sociales de la izquierda, es un claro síntoma de la urgente necesidad de una respuesta unitaria.

Mientras tanto, algunos analistas del exterior predicen rebeliones movimientistas de los de abajo, confundiendo deseos con realidad. Que el modelo de conciliación lulista se haya agotado no significa que se abra un escenario favorable para el campo popular, por muy deseable que esto sea. La poesía política resulta muy seductora pero se torna analíticamente inútil para comprender el momento presente. Militantes de la izquierda de sectores sumamente diversos vaticinan un escenario muy desfavorable si el golpe y la consecuente restauración oligárquica triunfan. Lo demás es pura fantasía política.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=211144

 

 

Diferenciémonos de la conclusión de Luismi Uharte que es la mayoritaria y dominante entre las izquierdas de Argentina y Nuestra América. Distingamos el progresismo de la izquierda latinoamericana clásica.

 

 

 

Izquierda y progresismo: la gran divergencia

23 de diciembre de 2013

Por Eduardo Gudynas

Uno de los mayores cambios políticos vividos en América Latina en los últimos veinte años fue el surgimiento y consolidación de los gobiernos de la nueva izquierda. Más allá de la diversidad de esas administraciones y de sus bases de apoyo, comparten atributos que justifican englobarlos bajo la denominación de “progresistas”. Son expresiones vitales, propias de América Latina, en cierta manera exitosas, pero ancladas en la idea de progreso. Su empuje, e incluso su éxito, está llevando a que esté en marcha una divergencia entre este progresismo con muchas de las ideas y sueños de la izquierda latinoamericana clásica.

 

Para analizar estas circunstancias es necesario tener muy presente la magnitud del cambio político que se inició en América Latina en 1999 con la primera presidencia de Hugo Chávez, y que se consolidó en los años siguientes en varios países vecinos. Quedaron atrás los años de las reformas de mercado, y regresó el Estado a desempeñar distintos roles. Se implantaron medidas de urgencia para atacar la pobreza extrema, y su éxito ha sido innegable en casi todos los países. Vastos sectores, desde movimientos indígenas a grupos populares urbanos, que sufrieron la exclusión por mucho tiempo, lograron alcanzar el protagonismo político.

Es también cierto que esta izquierda latinoamericana es muy variada, con diferencias notables entre Evo Morales en Bolivia y Lula da Silva en Brasil, o Rafael Correa en Ecuador y el Frente Amplio de Uruguay. Estas distintas expresiones han sido rotuladas como izquierdas socialdemócrata o revolucionaria, vegetariana o carnívora, nacional popular o socialista del siglo XXI, y así sucesivamente. Pero estos gobiernos, y sus bases de apoyo, no sólo comparten los atributos ejemplificados arriba, sino también la idea de progreso como elemento central para organizar el desarrollo, la economía y la apropiación de la Naturaleza.

El progresismo no sólo tiene identidad propia por esas posturas compartidas, sino también por sus crecientes diferencias con los caminos trazados por la izquierda clásica de América Latina de fines del siglo XX. Es como si presenciáramos regímenes políticos que nacieron en el seno del sendero de la izquierda latinoamericana, pero a medida que cobraron una identidad distinta están construyendo caminos que son cada vez más disímiles. Es posible señalar, a manera de ejemplo, algunos puntos destacados en los planos económico, político, social y cultural.

 

La izquierda latinoamericana de las décadas de 1960 y 1970 era una de las más profundas críticas del desarrollo convencional. Cuestionaba tanto sus ideas fundamentales, incluso con un talante anti-capitalista, y rechazaba expresiones concretas, en particular el papel de ser meros proveedores de materias primas, considerándolo como una situación de atraso. También discrepaba con instrumentos e indicadores convencionales, tales como el PBI, y se insistía que crecimiento y desarrollo no eran sinónimos.

 

El progresismo actual, en cambio, no discute las esencias conceptuales del desarrollo. Por el contrario, festeja el crecimiento económico y defiende las exportaciones de materias primas como si fueran avances en el desarrollo. Es cierto que en algunos casos hay una retórica de denuncia al capitalismo, pero en la realidad prevalecen economías insertadas en éste, en muchos casos colocándose la llamada “seriedad macroeconómica” o la caída del “riesgo país” como logros. La izquierda clásica entendía las imposiciones del imperialismo, pero el progresismo actual no usa esas herramientas de análisis frente a las desigualdades geopolíticas actuales, tales como el papel de China en nuestras economías. La discusión progresista apunta a cómo instrumentalizar el desarrollo y en especial el papel del Estado, pero no acepta revisar las ideas que sostienen el mito del progreso. Entretanto, el progresismo retuvo de aquella izquierda clásica una actitud refractaria a las cuestiones ambientales, interpretándolas como trabas al crecimiento económico.

 

La izquierda latinoamericana de las décadas de 1970 y 1980 incorporó la defensa de los derechos humanos, y muy especialmente en la lucha contra las dictaduras en los países del Cono Sur. Aquel programa político maduró, entendiendo que cualquier ideal de igualdad debía ir de la mano con asegurar los derechos de las personas. Ese aliento se extendió, y explica el aporte decisivo de las izquierdas en ampliar y profundizar el marco de los derechos en varios países. En cambio, el progresismo no expresa la misma actitud, ya que cuando se denuncian derechos violados en sus países, reaccionan defensivamente. Es así que cuestionan a los actores sociales reclamantes, a las instancias jurídicas que los aplican, incluyendo en algunos casos al sistema interamericano de derechos humanos, e incluso a la propia idea de algunos derechos.

 

Aquella misma izquierda también hizo suya la idea de la democracia, otorgándole prioridad a lo que llamaba su profundización o radicalización. Su objetivo era ir más allá de la simples elecciones nacionales, buscando consultas ciudadanas directas más sencillas y a varios niveles, con mecanismos de participación constantes. Surgieron innovaciones como los presupuestos participativos o los plebiscitos nacionales. El progresismo, en cambio, en varios sitios se está alejando de aquel espíritu para enfocarse en mecanismos electorales clásicos.Entiende que con las elecciones presidenciales basta para asegurar la democracia, festeja el hiperpresidencialismo continuado en lugar de horizontalizar el poder, y sostiene que los ganadores gozan del privilegio de llevar adelante los planes que deseen, sin contrapesos ciudadanos. A su vez, recortan la participación exigiendo a quienes tengan distintos intereses que se organicen en partidos políticos y esperen a la próxima elección para sopesar su poder electoral.

 

La izquierda clásica de fines del siglo XX era una de las más duras luchadoras contra la corrupción. Ese era una de los flancos más débiles de los gobiernos neoliberales, y la izquierda lo aprovechaba una y otra vez (“nos podremos equivocar, pero no robamos”, era uno de los slogans de aquellos tiempos). En cambio, el progresismo actual no logra repetir ese mismo ímpetu, y hay varios ejemplos donde no ha manejado adecuadamente los casos de corrupción de políticos claves dentro de sus gobiernos. Asoma una actitud que muestra una cierta resignación y tolerancia.

 

Otra divergencia que asoma se debe a que la izquierda latinoamericana luchó denodadamente por asegurar el protagonismo político de grupos subordinados y marginados. El progresismo inicial se ubicó en esa misma línea, y conquistó los gobiernos gracias a indígenas, campesinos, movimientos populares urbanos y muchos otros actores. Dieron no sólo votos, sino dirigentes y profesionales que permitieron renovaron las oficinas estatales.Pero en los últimos años, el progresismo parece alejarse de muchos de estos movimientos populares, ha dejado de comprender sus demandas, y prevalecen posturas defensivas en unos casos, a intentos de división u hostigamiento en otros. El progresismo gasta mucha más energía en calificar, desde el palacio de gobierno, quién es revolucionario y quién no lo es, y se ha distanciado de organizaciones indígenas, ambientalistas, feministas, de los derechos humanos, etc. Se alimenta así la desazón entre muchos en los movimientos sociales, quienes bajo los pasados gobiernos conservadores eran denunciados como izquierda radical, y ahora, bajo el progresismo, son criticados como funcionales al neoliberalismo.

 

La izquierda clásica concebía a la justicia social bajo un amplio abanico temático, desde la educación a la alimentación, desde la vivienda a los derechos laborales, y así sucesivamente. El progresismo en cambio, se está apartando de esa postura ya que enfatiza a la justicia como una cuestión de redistribución económica, y en especial por medio de la compensación monetaria a los sectores más pobres y el acceso del consumo masivo al resto. Esto no implica desacreditar el papel de ayudas en dinero mensuales para sacar de la pobreza extrema a millones de familias. Pero la justicia es más que eso, y no puede quedar encogida a un economicismo de la compensación.

 

Finalmente, en un plano que podríamos calificar como cultural, el progresismo elabora diferentes discursos de justificación política pero que cada vez tienen mayores distancias con las prácticas de gobierno. Se proclama al Buen Vivir pero se lo desmonta en la cotidianidad, se llama a industrializar el país pero se liberaliza el extractivismo primario exportador, se critica el consumismo pero se festejan los nuevos centros comerciales, se invocan a los movimientos sociales pero se clausuran ONGs, se felicita a los indígenas pero se invaden sus tierras, y así sucesivamente. 

Estos y otros casos muestran que el progresismo actual se está separando más y más de la izquierda clásica. El nuevo rumbo ha sido exitoso en varios sentidos gracias a los altos precios de las materias primas y el consumo interno. Pero allí donde esos estilos de desarrollo generan contradicciones o impactos negativos, estos gobiernos no aceptan cambiar sus posturas y, en cambio, reafirman el mito del progreso perpetuo. A su vez, contribuyen a mercantilizar la política y la sociedad con su obsesión en la compensación económica y su escasa radicalidad democrática.

 

El progresismo como una expresión política distintiva se hace todavía más evidente en tiempo de elecciones. En esas circunstancias parecería que varios gobiernos abandonan los intentos de explorar alternativas más allá del progreso, y prevalece la obsesión con ganar la próxima elección. Eso los lleva a aceptar alianzas con sectores conservadores, a criticar todavía más a los movimientos sociales independientes, y a asegurar el papel del capital en la producción y el comercio.

 

El progresismo es, a su manera, una nueva expresión de la izquierda, con rasgos típicos de las condiciones culturales latinoamericanas, y que ha sido posible bajo un contexto económico global muy particular. No puede ser calificado como una postura conservadora, menos como un neoliberalismo escondido. Pero no se ubica exactamente en el mismo sendero que la izquierda construía hacia finales del siglo XX. En realidad se está apartando más y más a medida que la propia identidad se solidifica.

 

Esta gran divergencia está ocurriendo frente a nosotros. En algunos casos es posible que el progresismo rectifique su rumbo, retomando algunos de los valores de la izquierda clásica para buscar otras síntesis alternativas que incorporen de mejor manera temas como el Buen Vivir o la justicia en sentido amplio, lo que en todos los casos pasa por desligarse del mito del progreso. Es dejar de ser progresismo para volver a construir izquierda. En otros casos, tal vez decida reafirmarse como tal, profundizando todavía más sus convicciones en el progreso, cayendo en regímenes hiperpersidenciales, extractivistas, y cada vez más alejados de los movimientos sociales. Este es un camino que lo aleja definitivamente de la izquierda.

Eduardo Gudynas es analista en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), Montevideo. Twitter: @EGudynas 

 Fuente: http://www.alainet.org/es/active/70074

 

 

Nos urge, por la crisis civilizatoria o barbarie que en Nuestra América se sintetiza en el extractivismo,  promover la toma generalizada de conciencia sobre:

 

 

La identidad del progresismo, su agotamiento y

los relanzamientos de las izquierdas
7 de octubre de 2015

 

 Por Eduardo Gudynas

            

Las circunstancias que afectan a los gobiernos progresistas en América Latina siguen despertando mucha atención. Algunas reflexiones recientes señalan una crisis, un final o un agotamiento del progresismo, mientras que otros rechazan cualquier debilidad o retroceso (1). Intentando salir del ruido en este debate, se confirma la divergencia entre izquierdas y progresismos, donde éstos últimos muestran una condición propia de un agotamiento antes que un final. Sorpresivamente, unos cuantos defensores de los progresismos en lugar de repotenciarlo confirman esta situación.

 

El reconocimiento que los progresismos tienen una identidad política en sí misma es evidente desde los dichos y prácticas de esos gobiernos y sus bases de apoyo. Estos usan ese rótulo, lo defienden, e incluso lo usan en sus coordinaciones continentales (como los Encuentros Latinoamericanos Progresistas, ELAP).

 

Esta distinción del progresismo como un régimen político distintivo, que resulta de una “gran divergencia” con las izquierdas desde las cuales se originaron, ya fue señalada poco tiempo atrás (2). En efecto, las izquierdas de fines de los años noventa, entre otras cosas criticaban las bases conceptuales del desarrollo, se comprometieron a terminar con la corrupción en el estado y la política, defendían la ampliación de los derechos y la justicia, buscaban una radicalización de la democracia con más participación y consultas, y estaban estrechamente vinculadas a diversos movimientos sociales.

 

Los progresismos actuales, en cambio, abrazan las ideas del desarrollo aunque disputan la apropiación de sus excedentes, parecen haberse rendido ante la corrupción, recortan algunos derechos ciudadanos, insisten en una mirada economicista de la justicia, detuvieron o retrocedieron en los mecanismos de democracia participativa y deliberativa para volcarse hacia el hiperpresidencialismo, y poco a poco se fueron desconectando de muchos movimientos sociales hasta terminar enfrentados con algunos de ellos.

 

Los progresismos se reconocen a sí mismos como una familia política y establecen claras distinciones con otras posturas. Se presentan como parte de un mismo agrupamiento progresista gobiernos que van desde Nicolás Maduro en Venezuela hasta Tabaré Vázquez en Uruguay. A la vez se consideran distintos, por un lado de los gobiernos conservadores (otro amplio conjunto que incluye a O. Humala en Perú o J.M. Santos en Colombia), y por otro lado, del resto de las izquierdas, a las que varios califican como infantiles, ultra, radicales o trotskistas. Por todo este tipo de razones, las diferencias entre izquierdas y progresismos se han vuelto fáciles de capturar y las organizaciones ciudadanas las usan cada vez más.

 

Es comprensible que existan muchos entusiastas del progresismo, pero también hay que aceptar que sus ideas y prácticas merecen ser sopesadas críticamente. Si eso se hace con seriedad, está claro que estos progresismos no se han vuelto neoliberales. Calificarlos de esa manera no sólo me parece exagerado, sino que muestra problemas conceptuales en entender el concepto de neoliberalismo.

 

Pero los progresismos también son diferentes de las posiciones de las izquierdas plurales, independientes y democráticas de las que partieron a finales de los años noventa. Los progresismos rehúyen de las pluralidades y prefieren los pensamientos únicos, no les gusta mucho la independencia ya que reclaman obediencia, y privilegian la delegación democrática hacia el hiperpresidencialismo antes que radicalizarla localmente.

En cuanto a sus ideas sobre el desarrollo, cuando se analiza lo que dicen y hacen los progresismos, si bien hay matices en sus estrategias, todas ellas buscan el crecimiento económico a partir de la exportación de recursos naturales y la atracción de inversiones, apoyan la ampliación del consumo popular y aplican algunas medidas compensatorias con los sectores más pobres. Sus Estados conceden al capital en varios frentes para conseguir estabilidad económica e inserción comercial, mientras que intenta controlarlo en otros, en especial allí donde puede aumentar la captura estatal de excedentes. Supieron aprovechar una coyuntura de altos precios de las materias primas y crisis en las naciones industrializadas para crecer económicamente.

Fin de ciclo o agotamiento

Esas estrategias están enfrentando variados problemas, y que son especialmente evidentes en Venezuela y Brasil. Bajo ese contexto resurgió el debate sobre si esos progresismos están en una crisis terminal o se están agotando. La distinción entre las dos condiciones no es menor, ya que sería muy arriesgado hablar de un final de ciclo. Aún bajo condiciones muy adversas, los agrupamientos políticos progresistas pueden ganar una elección y retener el poder (como sucedió con la reelección de Dilma Rousseff en 2014 en Brasil). Incluso hay progresismos que por ahora tiene buen respaldo y son estables (como el Frente Amplio en Uruguay).  

 

Pero más allá de si retienen o no los gobiernos, es más claro que se ha debilitado la reflexión teórica que los sostenía, están perdiendo sus capacidades de innovación, de responder a las nuevas circunstancias, y les cuesta mucho mantener alineada a su propia militancia por lo que deben recurrir asiduamente a las adhesiones de sus propios funcionarios o a impresionantes campañas publicitarias. Se le hace más difícil explicar los pactos económicos para sostener sus estrategias de desarrollo (como las concesiones al capital extranjero, las flexibilizaciones sociales y ambientales o los acuerdos con la vieja derecha). Siguen pendientes problemas serios, como la violencia urbana o agudos deterioros ambientales. La conclusión es que no estamos ante una crisis final sino que presenciamos un agotamiento.

 

Al sumarse los problemas, la conflictividad retoma en varios países, pero ya no se logra apaciguarla fácilmente apelando al encantamiento con ideas y sensibilidades progresistas. A la vez, hay menos opciones para revertirla por medio de compensaciones económicas. El Estado progresista se ve forzado a lidiar con la conflictividad mediante otros instrumentos, como recortando algunos derechos, criminalizando la protesta, e incluso ha llegado a cruzar algunas líneas rojas de la represión (como ha ocurrido recientemente contra movilizaciones indígenas en Ecuador y Bolivia). Son medidas que alejan a esos gobiernos todavía más de la izquierda y los vuelve aún más progresistas.

 

Las defensas progresistas

Es bajo esta coyuntura que aparecen las recientes defensas a los progresismos. En muchas de ellas los alcances son limitados y se repiten ideas comunes, pero lo que más impacta es que en su propia formulación refuerzan esta percepción de agotamiento. Algunos ejemplos ilustran esta situación.

 

Como los argumentos escasean, posiblemente las defensas más comunes están en afirmar que cualquier cuestionamiento expresa pensamientos conservadores o sirve a los intereses de la derecha. No se analizan las puntualizaciones de la izquierda, sino que el progresismo inmediatamente la rotula de conservadora. O bien, se afirma que las prédicas de la izquierda son funcionales a las ideas conservadores. Tampoco hay argumentos, sino que se parte de un juicio previo donde cualquier crítica al progresismo siempre serviría a intereses conservadores y por ello debe ser rechazada.

 

Otras defensas se centran en destacar hechos positivos, como la reducción de la pobreza o el control nacional sobre algunos recursos naturales. Sin duda allí hay avances progresistas, y esas son sus herencias más positivas. Pero parece que no se asume que ese tipo de justificaciones están perdiendo su fuerza, y que las contradicciones actuales de ese tipo de desarrollo son cada vez más claras. La insistencia en reducir la justicia al campo de los instrumentos de compensación económica parece estar chocando son sus límites, y se hace evidente que por ese sendero se vuelve a caer en una mercantilización de la vida social y la Naturaleza, un extremo que las izquierdas rechazan pero los progresismos parecen aceptar bajo ciertas condiciones.

 

Están los que afirman que los progresismos no pueden ser culpados por los problemas actuales ya que ellos se deben a lo que ocurrió diez o quince años atrás, bajo los gobiernos neoliberales. Por ejemplo, la desindustrialización en Brasil sería culpa de las administraciones Collor o Cardoso, y se evita analizar en detalle las responsabilidades de los dos gobiernos de Lula da Silva o Dilma Rousseff. En la misma línea, otros van todavía mucho más atrás, sosteniendo que contradicciones actuales, como los extractivismos, no se pueden resolver porque venimos haciendo lo mismo durante cinco siglos.

 

Aquí el agotamiento se expresa como fugas al pasado que desnudan las trabas en asumir un análisis crítico sobre el presente. Siguiendo con el ejemplo de Brasil, hay dificultades para evaluar el papel del progresismo en exacerbar la primarización de las exportaciones, el desmedido apoyo gubernamental a las grandes corporaciones (los llamados “campeones nacionales”, algunos de los cuales ahora se sabe participaban en redes de corrupción con el mundo político), las resistencias a lograr cadenas productivas compartidas con los países vecinos, o las medidas financieras que sobre todo beneficiaron a la banca.

 

Otras defensas, en cambio, se atrincheran en la dimensión internacional, aunque por momentos se cae en simplificaciones fenomenales. Los progresismos por cierto han tenido momentos estelares, como la derrota del ALCA, y que debemos reconocer. Pero eso no impide analizar problemas actuales, como los roles concedidos a China, las razones que explican la ausencia de políticas regionales comunes en rubros claves como energía o agroalimentos en espacios como UNASUR, o las incapacidades en concretar efectivamente el Banco del Sur o el SUCRE.

 

Por último, hay defensas progresistas que son bastante sinceras en dejar al desnudo este agotamiento. Como no hay argumentos piden adhesión y obediencia. Esto se puede ver, pongamos por caso, en los cuestionamientos de Emir Sader a los que denomina como mesiánicos escritores de misivas (tal vez en alusión a una carta pública donde varios intelectuales alertábamos sobre el hostigamiento del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, a un puñado de ONGs). Sader dice, con mucha acidez, que los que firman esas cartas públicas son personas sin “ninguna capacidad de influencia en la realidad”, sin “ningún vínculo con la izquierda latinoamericana realmente existente”, y que cuando fueron candidatos partidarios tuvieron “votaciones irrisorias” (3). Su posición es clara: abandona el sitio de un intelectual independiente y crítico, para reclamar disciplina y adhesión partidaria.

 

Si se apelara a una defensa basada en argumentos y explicaciones, habría que fundamentar qué tiene de izquierda amenazar con cerrar a organizaciones ciudadanas que trabajan en temas de desarrollo o ambiente, o que apoyan a sindicatos o indígenas. O analizar si un gobierno es realmente tan pero tan débil que siente que cuatro pequeñas ONGs lo amenazan. O explicar cuál es la lógica política de entender que una carta pública será cierta o errada según el caudal de votos que pudieron tener algunos de sus firmantes. Uno de los adherentes en defensa de esas ONGs fue Noam Chomsky, de donde habría que preguntarse si lo que ha escrito ese académico debe ser desechado por no haber ganado nunca una elección.

 

Cuando el único camino que queda para este tipo de defensas es apelar a una incondicional y disciplinada adhesión al gobierno, es evidente que estamos ante un agotamiento conceptual. No se analiza si lo que hace un gobierno está bien o mal, sino que se exige no hacer públicas las críticas.

 

Relanzando debates en clave de izquierdas

¿Cómo lidiar con esta situación?  Las izquierdas que son plurales e independientes no pueden quedar atrapadas bajo estas circunstancias. El debate de ideas sigue siendo fundamental, el entendimiento de las prácticas y urgencias de los movimientos sociales es indispensable, y el antídoto ante los slogans sigue siendo manejos serios y rigurosos de la información y los análisis. Las voces de las izquierdas son necesarias, aunque sin duda deberán navegar bajo condiciones adversas ya que en muchos casos serán hostigadas desde los progresismos como por la derecha.

 

Las izquierdas plurales, democráticas e independientes siguen teniendo un papel crítico, tanto para evitar retornos a gobiernos y posturas conservadoras, como para alertar sobre consecuencias negativas de los progresismos actuales. Muchas medidas que están tomando estos gobiernos ante la presente crisis tienen efectos casi contrarios a los supuestos beneficios que dicen sus defensores. Por ejemplo, la adicción progresista a los extractivismos, está dejando economías todavía más dependientes de las materias primas, un viejo sueño de las corporaciones transnacionales que manejan el comercio en esos rubros, y a la vez se traban las exploraciones de alternativas postextractivistas, otro sueño de las empresas mineras y petroleras.

 

Las izquierdas plurales y democráticas también deben estar atentas a no caer en reflejos conservadores, ni ser partícipes de una restauración neoliberal. El antídoto está en permanecer siempre enfocadas en los compromisos con la justicia social y ambiental. Pero tampoco deberían caer en guerrillas intelectuales donde la diferencia es personificada en enemigos a combatir, o en una lucha para ver quién es más de izquierda.

 

Muy por el contrario, las izquierdas deben relanzar sus propias miradas críticas, que rescaten los aportes positivos de los progresismos, pero que también sean capaces de entender sus contradicciones y retrocesos. Ellas dejan en claro que los progresismos no son el final del camino, sino una etapa en procesos de cambio que necesita proseguir. No pueden quedarse calladas, y todos tenemos que escuchar sus reflexiones sobre justicia social y ambiental. 

Notas

1. Algunas defensas conocidas son: ¿El final del ciclo (que no hubo)?, Emir Sader, ALAI (Quito), 14 setiembre 2015; Diagnosticadores de la capitulación, Aram Ahoronian, Nodal (Buenos Aires), 15 setiembre 2015; Geopolítica de América latina: entre la esperanza y la restauración del desencanto, Alfredo Serrano M., ALAI (Quito), 15 setiembre 2015. Entre las críticas recientes se pueden señalar a: El fin del relato progresista en América Latina, S. Schavelzon, Animal Político, La Razón, La Paz, 21 junio 2015; Hora de hacer balance del progresismo en América Latina, R. Zibechi, Brecha (Montevideo), agosto 2015; Venezuela: ¿crisis terminal del modelo petrolero rentista?, E. Lander, Aporrea (Caracas), Octubre 2014.

2. Esta distinción fue adelantada, por ejemplo, en Izquierda y progresismo: la gran divergencia, E, Gudynas, ALAI, Quito, 24 diciembre 2013, http://alainet.org/active/70074

 3. Os missivistas messiânicos, E. Sader, Carta Maior (S. Paulo), 30 agosto 2015.

- Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Este artículo adelanta algunas ideas de un libro en preparación sobre la divergencia entre las izquierdas y los progresismos en América del Sur. Twitter: @EGudynas

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/172855

 

 

Discrepamos con Eduardo Gudynas cuando señala: "las izquierdas deben relanzar sus propias miradas críticas, que rescaten los aportes positivos de los progresismos, pero que también sean capaces de entender sus contradicciones y retrocesos. Ellas dejan en claro que los progresismos no son el final del camino, sino una etapa en procesos de cambio que necesita proseguir".  

 

Todos los gobiernos progresistas surgen debido a las luchas antineoliberales de diversidades de abajo donde los pueblos originarios fueron esenciales e imprescindibles a la radicalización de los gobiernos de Evo Morales y de Rafael Correa. Y todos hicieron posible la profundización del neoliberalismo como estructuración socioeconómica e institucional a favor de la acumulación gran capitalista por desposesión totalitaria de bienes comunes (sociales y naturales) y por superexplotación de los trabajadores. También la viabilizaron suscitando e imponiendo la derrota en la lucha de clases de los de abajo.

 

De modo que es prioritario la ruptura cultural e ideológica con el progresismo para emanciparnos del capitalismo y erradicar la criminalidad e impunidad descripta en la nota siguiente. Por supuesto, sus juzgamientos sólo provendrán de tribunales populares desde ahora abriendo caminos libertarios.

 

 

 

 

Corrupción, extractivismos y daño ambiental:

una íntima asociación

14 de abril de 2016

 

Por Eduardo Gudynas

La corrupción se ha convertido en uno de los problemas centrales en América Latina, hasta ocupar lugares centrales en las disputas políticas y poner en jaque a algunos gobiernos. Buena parte de esas polémicas se han centrado en aspectos partidarios y económicos, pero muy poco se ha dicho sobre sus impactos ecológicos. Sin embargo, no debe pensarse que la corrupción sea inocua desde el punto de vista ambiental, sino que, por el contrario, desencadena muchas consecuencias. Esto es particularmente evidente en los extractivismos, donde para imponerlos u ocultar sus impactos, una y otra vez aparece la corrupción, revelando una íntima y mutua asociación.

 

No puede negarse que denuncias e investigaciones sobre corrupción cruzan a casi toda América Latina. Si bien se atienden sobre todo en sus implicaciones políticas y económicas, cuando se observan con cuidado los principales casos, se encontrarán que en muchos de ellos están envueltos emprendimientos sobre los recursos naturales. Son casi siempre extractivismos mineros, petroleros o agrícolas, o las obras necesarias para llevarlos adelante, desde represas a carreteras. Por esa misma razón están repletos de impactos ecológicos, todos los cuales vienen siendo denunciados desde hace años.

 

Algunos ejemplos ilustran que esa asociación entre corrupción y extractivismos de alto impacto ambiental se repite en todos los sectores y atraviesa gobiernos de todo tipo. Si de un lado se observa a Colombia, se encuentra que una reciente revisión del desempeño minero alerta sobre corrupciones que van desde tráfico de influencias a delitos tributarios, desde acciones para obtener permisos sociales y ambientales a la tolerancia de la violencia. Si en otro extremo se considera a Bolivia, se repiten denuncias similares, y hasta el Ministerio Anticorrupción encontró contratos mineros irregulares.

 

La apelación a empresas estatales también se ha mostrado incapaz de detener la corrupción en los extractivismos. En efecto, en todas las petroleras estatales sudamericanas se han encontrado casos de corrupción o se están investigando denuncias. Estas van desde los sobornos para conseguir contratos en Ecopetrol de Colombia a las acciones contra gerentes y directores de PDVSA en Venezuela, pasando por las alarmas ante contratos de explotación o remodelaciones en PetroEcuador.

 

La corrupción en los extractivismos puede estar años sin investigarse. Muy ilustrativo de esas resistencias es el caso de los “petroaudios” en Perú, que estalló en 2008, durante el gobierno de Alan García pero cuyo proceso judicial realmente se inició en 2014 (se grabó a un directivo de la estatal petrolera negociando sobornos en favor de una empresa noruega).

 

Estos y otros ejemplos muestran una íntima asociación entre los extractivismos y la corrupción. Es que los extractivismos en casi todos los casos implican emprendimientos que tienen efectos ambientales (y sociales) tan negativos, que la corrupción es necesaria al menos en dos frentes: para ocultar sus impactos y consecuencias, y para lograr la asistencia del Estado en imponerlos.

 

Sin sobornos nunca se habrían concretado esos emprendimientos

 

Hurgando entre los extractivismos se encuentran todos los tipos posibles de corrupción. Los más conocidos son los sobornos (coimas, mordidas), pero además están el cohecho, por ejemplo para que un funcionario público autorice un mal informe de impacto ambiental, el tráfico de influencias para favorecer concesiones mineras o petroleras que anulan territorialidades indígenas o campesinas, encubrimientos para ocultar impactos, pongamos por caso, de un derrame, la obstrucción de la justicia por funcionarios públicos, o la prevaricación en los juzgados que no atienden la violencia ejercida por empresas extractivistas.

 

Se repiten abordajes entre medios y analistas convencionales que reaccionan ante la corrupción sobre todo por sus impactos económicos. Ellos se alarman por las pérdidas que todo eso acarrea para el crecimiento económico o cómo entorpecen el clima de negocios para las empresas. Esto ocurre cuando la corrupción escala a tales niveles que incluso impide la dinámica que ellos consideran debería ser “normal” en los mercados.

 

Pero es necesario dar unos pasos más allá de esa mirada. Sin duda, la corrupción tiene efectos económicos que no pueden ser negados, y son más amplios, afectando por ejemplo a pequeñas empresas o cooperativas locales que pueden ser desplazadas, y que incluso llega hasta la economía familiar. Pero también hay un costo económico cuando una comunidad debe lidiar con el agua o los suelos contaminados por un emprendimiento extractivista autorizado gracias a la corrupción.

 

Ahora sabemos que la corrupción jugó papeles decisivos en proyectos que no tenían sentido económico y mucho menos ecológico. Ese es el caso de la enorme represa de Belo Monte, en el río Xingú (Brasil). Esa obra implica un fenomenal impacto ambiental en ecosistemas amazónicos, es innecesaria desde un punto de vista energético, y tendrá consecuencias negativas para los pueblos indígenas del área. Era un proyecto rechazado una y otra vez por las comunidades locales, por académicos, e incluso por buena parte de las autoridades ambientales del gobierno brasileño.

 

Sin embargo, a pesar de todo, se la impuso y fue finalmente construida. Ahora sabemos que, según las denuncias, para llevarla adelante se pagaron sobornos por un poco más de 40 millones de dólares. Este caso muestra un fenómeno perverso, donde una obra es impuesta para así poder recibir los sobornos, y éstos, a su vez, eran requeridos para otros fines, tanto empresariales como partidarios.

 

Ningún país está a salvo de estos problemas. Los titulares actuales están centrados en los casos en Argentina, Brasil o Venezuela, pero aún en los países que se presentan como los más inmunes a la corrupción, Chile y Uruguay, están afectados, y allí también encontramos a los extractivismos.

 

En Uruguay, la estatal petrolera ANCAP fue objeto de una investigación parlamentaria que hará denuncias en la justicia. Se descubrió, por ejemplo, que uno de sus gerentes participaba en una empresa privada que la propia petrolera contrataba. En Chile, en el llamado “caso Penta” se encontró que el subsecretario de minería del gobierno Piñera recibía un sobresueldo que posiblemente servía para aprobar un proyecto minero. A ese caso le siguió la revelación de la trama de pagos de la minera SQM hacia políticos y partidos.

 

La corrupción en los extractivismos es mucho más grave de lo que parece a simple vista por estos casos. Poco a poco está penetrando en ámbitos más profundos de la vida social, cayendo en extremos de mercantilizar de la vida social y la Naturaleza. Nadie está a salvo, y es alarmante que ya esté erosionando a comunidades campesinas e indígenas.

 

Por ejemplo, en Bolivia, el llamado Fondo Indígena se nutría de un impuesto sobre los extractivismos de hidrocarburos, y su manejo recaía en delegados de confederaciones indígenas y campesinas. Las investigaciones hoy en marcha muestran que varios dirigentes desviaron fondos para beneficios personales y hacia actividades electorales para apoyar al gobierno. Algunos dirán que este es un caso más de corrupción ligada al extractivismo petrolero. Pero allí hay un problema mucho más intrincado al develarse que una lógica utilitarista y mercantil obsesionada con el dinero, y ubicada por encima de cualquier otro saber o sensibilidad, o sea, la actitud del que adhiere a la corrupción, también ha alcanzado esos “mundos” indígenas. En el mundo de la corrupción no hay lugar para muchos de los grandes aportes que nos muestran los modos de pensar y sentir indígenas, como la Pachamama o el Buen Vivir.

 

Para que quede claro: los extractivismos están inmersos en redes de corrupción, presentes en todos los sectores, y en todos los países. Nadie está a salvo. Allí donde encuentren los grandes emprendimientos extractivos, con los mayores impactos ambientales, territoriales y sociales, es más probable que en algún sitio se esconda la corrupción. Esta es útil para lograr aprobaciones o mantenerlos funcionando. Es también necesaria para ocultar o minimizar impactos, o para controlar a las comunidades locales y la resistencia ciudadana. Los enormes volúmenes de dinero que mueven algunos de esos emprendimientos generan muy fuertes presiones para encontrar canales que usan la corrupción.

 

Si se mantienen los extractivismos depredadores se repetirán una y otra vez los casos de corrupción. Por ello, queda establecida una asociación que muestra que la lucha contra la corrupción obliga a abandonar esos extractivismos.

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES); contacto: @EGudynas

Fuente:http://www.alainet.org/es/articulo/176732

En consecuencia, nos resulta imprescindible generalizar la deliberación abajo sobre el nefasto papel antipopular de los gobiernos progresistas como nos advierte Carlos Carcione.

 

Lección de esquizofrenia: Los nombres,

las cosas y la Asamblea Constituyente de Maduro

3 de mayo de 2017

 

Por Carlos Carcione (Aporrea)

Cuando “socialismo” es sinónimo de zonas económicas especiales para desarrollar el más despiadado capitalismo. Cuando se habla de “minería ecológica” y se instaura un ministerio con ese nombre para designar a la barbarie extractivista del Arco Minero del Orinoco. Cuando “democracia” es igual a manipulación autoritaria por parte del ejecutivo, de todos los poderes públicos contemplados en la actual y vigente Constitución de Chávez. Cuando “poder popular” significa, en el lenguaje de la cúpula, órganos administrativos locales de control clientelar social y político y distribución de la miseria por medio de los CLAPs, cuando sólo se realizan elecciones en los espacios, cada vez más reducidos, donde el PSUV se asegura el triunfo. Los nombres y los contenidos de las cosas que señalan han perdido toda correspondencia.

Esto sucede con la convocatoria de Maduro a la Asamblea Constituyente “Popular”. Una Asamblea Constituyente sin partidos, sin referendo para aprobar la convocatoria y sin referendo para sancionarla, como si ocurrió con la Constitución del 99. Una “Constituyente” donde los constituyentistas serán elegidos por mitades, entre unos organismos del “poder popular” dedicado como decíamos, a cumplir las tareas que les asigna el Estado, Burgués por cierto, y el Partido Único de Venezuela, y un espacio “territorial” para cumplir la cuota que corresponde a gobernadores y alcaldes psuvistas.

Una “Constituyente” para que menos de la mitad del país apruebe la supuesta “radicalización” de un “socialismo” como el que señalamos al inicio de esta nota. Una “Constituyente” con la que se terminan de suspender las elecciones, se elimina toda posibilidad de legalizar partidos excepto el PSUV, y se eterniza el control alimentario del país, los salarios miserables, el desabastecimiento programado o no, el desfalco continuado a la nación y el pago de una deuda externa a todas luces ilegitima. Una Constituyente que “superará” la dependencia del petróleo, podemos imaginar cómo y a qué costo, y sin ninguna duda podemos afirmar que será con la liquidación y descuartizamiento de PDVSA. Ya se ha dado el primer paso en este camino habiendo hipotecado CITGO para pagar deuda externa.

Una Constituyente cuya parte económica la escribirá sin dudas el capital transnacional de la Barrick Gold y las grandes petroleras, y los Cisneros y los Vollmer en nombre de la mafia burguesa local. En la que la decadente nomenclatura deposita su vana ilusión de permanencia, en el reparto y administración de la renta nacional y el control del Estado. Y lo peor una Constituyente que legitima de manera desgraciada a la oposición neoliberal de la MUD y a sus sectores más extremos y foquistas como si se estuviera buscando provocar una conmoción, un desastre. Y que brinda una excusa de oro para que el mismo gran capital y sus gobiernos imperialistas extorsionen a esa nomenclatura pusilánime para repartirse el país en las mejores condiciones.

 

La izquierda del GPP, la de Latinoamérica y la mundial que apoya este esperpento en el que se ha convertido la cúpula del PSUV, y que se alegran con la “buena noticia” de la “Constituyente Popular”, esa izquierda boba, stalinoide, autoritaria, correrá a felicitar a un gobierno que acaba de clavarle el puñal por la espalda a la obra mejor de Chávez, y que lo hace justo en el momento en que es más necesaria que nunca, para evitar una escalada de violencia que puede convertirse en imparable. Esa izquierda quedará manchada por siempre con el estigma de la indignidad y la ignorancia.

 

Sin embargo el futuro no está escrito. Nunca lo ha estado. Con esta convocatoria del gobierno se abre un nuevo capítulo en la lucha por el rescate de las conquistas del Proceso Bolivariano y por la refundación de una izquierda verdadera y no domesticada por la defensa de sus miserables “espacios” de poder. Será una lucha desigual y difícil, pero no se ha podido demostrar nunca qué difícil sea sinónimo de imposible. Confiemos en la voluntad de un pueblo que venció adversidades mayores, que se levantó cuando todo parecía perdido, que arriesgó a pesar de las dificultades. Confiemos en el pueblo de Bolívar.

https://www.aporrea.org/ddhh/a245216.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226140

 

 

Nos planteamos qué izquierdas son necesarias a la emancipación de Nuestra América y el mundo del capitalismo.  Pero hallamos la convicción de Zibechi sobre que:

 

 

 

Venezuela, el Estado y el poder

Cuando la izquierda es el problema

 

17 de abril de 2017

Por Raúl Zibechi (Brecha)

 

Estamos ante una lucha entre una burguesía conservadora venezolana que fue apartada del control del aparato estatal y una burguesía emergente que utiliza el Estado como palanca de acumulación.

Lo que está sucediendo en Venezuela no tiene la menor relación con una “revolución” o con el “socialismo”, ni con la “defensa de la democracia”, ni siquiera con la manida “reducción de la pobreza”, por desgranar los argumentos que se manejan a diestra y siniestra. Podría mentarse “petróleo”, y estaríamos más cerca. Pero los hechos indican otras inflexiones.

Estamos ante una lucha sin cuartel entre una burguesía conservadora que fue apartada del control del aparato estatal, aunque mantiene lazos con el Estado actual, y una burguesía emergente que utiliza el Estado como palanca de “acumulación originaria”.

No es la primera vez que esto sucede en nuestras breves historias. Las guerras de independencia fueron eso: la lucha entre los decadentes “godos” (peninsulares monárquicos) y la emergente oligarquía “criolla” que utilizó el control del aparato estatal para legalizar la usurpación de tierras de los pueblos originarios. Los segundos se apoyaban en las potencias coloniales británica y francesa que competían con la decadente España por el control de las colonias independizadas, con la misma lógica de los progresismos que se apoyan en China, incluyendo conservadores como Macri, frente a la imparable decadencia estadounidense.

La débil burguesía criolla se montó en la movilización de los pueblos (indios, negros y sectores populares) para derrotar a los poderosos peninsulares. Concedió la emancipación de los esclavos con los mismos objetivos que hoy la nueva burguesía aplica políticas sociales que reducen la pobreza: en ambos casos los de abajo siguen estando en el sótano como mano de obra barata, sin haberse movido un ápice del lugar estructural que ocupan.

Nuevas élites

Las nuevas elites venezolanas, lo que popularmente se denomina “boliburguesía”, son una mixtura de altos funcionarios de empresas públicas y del aparato estatal, militares de alta graduación y algunos empresarios enriquecidos a la sombra de las instituciones. Gestores incrustados en el aparato estatal. Por eso se resisten a perder poder, ya que todo el entramado se les vendría abajo.

Algunos ya consiguieron trans­formar la renta apropiada en propiedad privada. Pero una buena parte está aún en ese proceso. Por eso el sociólogo brasileño Ruy Braga denomina a los gestores sindicales de los fondos de pensiones de su país, la nueva clase emergente, como parte de una “hegemonía frágil”.

Roland Denis sostiene que en su país gobiernan las mafias: “Maduro podrá tener la mejor voluntad pero se ha impuesto un lobby muy fuerte de mafias internas del gobierno” (La Razón, 27-XII-17). El filósofo y ex viceministro de Planificación y Desarrollo (2002-2003) asegura que varias de estas mafias son banqueras y otras vienen de viejos grupos de “chupa-renta petrolera” instalados desde hace muchos años.

Le pega duro a los “intelectuales” que encubren las matufias del poder. “Con un lenguaje de izquierda justifican una política que sólo ha favorecido a banqueros, grandes importadores, cadenas monopólicas y trasnacionales. A su vez, es una política que mediante la imposición de precios y corporaciones ha destruido al pequeño productor de azúcar y café para beneficiar a los importadores. Mientras tanto, los paquetes de Café Venezuela que vienen en las bolsas de los comités locales de abastecimiento y producción (Clap) sólo sirven para confundir a incautos.”

La otra mirada, la chavista-madurista que culpa de todo a otros, es la que esboza Marta Harnecker: “El tiempo histórico está a nuestro favor. Lo que nos ayuda en esta lucha contra las fuerzas conservadoras es que el tipo de sociedad que proponemos, y que estamos empezando a construir, responde objetivamente al interés de la inmensa mayoría de la población, en contraste con las fuerzas conservadoras que sólo benefician a las elites” (Rebelión, 4-IV-17).

Misma urdimbre

A la luz de lo sucedido en la región en las dos últimas décadas podemos arribar a una redefinición del concepto de izquierda: es la fuerza política que lucha por el poder, apoyándose en los sectores populares, para incrustar sus cuadros en las instituciones que, con los años y el control de los mecanismos de decisión, se convierten en una nueva elite que puede desplazar a las anteriores, negociar con ellas o fusionarse. O combinaciones de las tres.

La izquierda es parte del problema, ya no la solución. Porque, en rigor, aunque ahora empiecen los deslindes, los progresismos son hechuras de la misma urdimbre. Miremos al PT de Lula. Niegan la corrupción que es evidente desde hace una década, cuando Frei Betto escribió La mosca azul luego de renunciar a su cargo en el primer gobierno Lula, cuando se destapó el escándalo del mensalao: “La picada de la mosca azul inocula en las personas dosis concentradas de ambición por el poder. Las personas, entonces, son más receptoras al veneno de la mosca cuando viven situaciones en las cuales disponen, de hecho, de posibilidades más concretas de ejercer un poder mayor. Esto es, cuando las condiciones objetivas son favorables a los impulsos que están siendo estimulados en el plano subjetivo”.

¿Qué tipo de personas (militantes, activistas, dirigentes) surgirían en un proyecto político que no se proponga tomar el poder? Esta pregunta se la formularon, palabras más o menos, los zapatistas hace ya cierto tiempo. ¿Cómo le llamaríamos a una fuerza que se proponga, “apenas”, transformar la sociedad desde la vida cotidiana?

No lo sabemos porque el imaginario construido durante dos siglos apunta en dirección al poder estatal. Como si lo que hubiera que transformar fuera algo externo y no pasara, en primerísimo lugar, por las mismas personas que se dicen militantes. Lo que sí sabemos es que la izquierda realmente existente se ha convertido en un obstáculo para que las mayorías se hagan cargo de sus vidas. La polarización derecha-izquierda es falsa, no explica casi nada de lo que viene sucediendo en el mundo. Pero lo peor es que la izquierda se ha vuelto simétrica de la derecha en un punto clave: la obsesión por el poder.

http://brecha.com.uy/cuando-la-izquierda-problema/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225420

 

 

Apreciemos otra mirada sobre Venezuela e izquierdas: "Para reimpulsar y profundizar los objetivos primordiales del proyecto de la Revolución Bolivariana es necesario que se abandonen y se combatan en todo momento los patrones burocrático-representativos institucionalizados que impiden, confrontan, impugnan y buscan tutelar el surgimiento de un verdadero poder popular revolucionario".

 

 

"Inventar" un Poder Popular Revolucionario

24 de mayo de 2017

Por: Homar Garcés 

De existir en Venezuela, como generalmente se proclama, un poder popular revolucionario que, además de verdadero, actuara de una manera totalmente autónoma frente a las diversas instituciones que conforman al Estado, hace largo tiempo se habría dilucidado el dilema en cuanto a continuar o no con las viejas estructuras políticas, económicas y sociales liberal-burguesas aún vigentes o, contrariamente, reemplazarlas de raíz, dando lugar a una transformación estructural y, por ende, produciendo una revolución popular que se extienda a todos los aspectos o ámbitos de la sociedad. De resultar positiva esta segunda situación, jamás habría tenido efecto nada de lo hecho o pretendido por las agrupaciones opositoras y el imperialismo gringo para acabar con todo lo logrado en más de una década de gobierno chavista. Pero ello no ha sido posible en un cien por ciento gracias a la cooptación de dirigentes populares por parte de gobernantes locales que recurren con suma frecuencia al clientelismo político tradicional, evitando así que se incremente el protagonismo y el nivel de conciencia revolucionaria de los sectores populares y, adicionalmente, su organización revolucionaria independiente.

Cuestión que también es aprovechada por la oposición de derecha, alimentando la ilusión de una prosperidad a granel para todos a través del sistema capitalista (aunque no lo mencionen específicamente), dando por sentado que sólo se requiere renovar el antiguo sistema de élites gobernantes y seguir incondicionalmente las pautas dictadas por Washington para librar al país de las consecuencias de las políticas socioeconómicas del «nefasto régimen» que actualmente lo estarían destruyendo. Esto último, obviando, por supuesto, las causas que han llevado a Venezuela a la condición actual de dificultades productivas y económicas, con una propaganda negra internacional y nacional que busca acentuar el malestar y frustración del pueblo, mayoritariamente chavista.

Para reimpulsar y profundizar los objetivos primordiales del proyecto de la Revolución Bolivariana es necesario que se abandonen y se combatan en todo momento los patrones burocrático-representativos institucionalizados que impiden, confrontan, impugnan y buscan tutelar el surgimiento de un verdadero poder popular revolucionario.

Es preciso, por tanto, "inventar" un poder popular revolucionario. Asumir una mayor audacia revolucionaria para que se alcancen estos importantes objetivos, de modo que estos sirvan para desmantelar no solamente estos patrones contrarrevolucionarios sino también para fortalecer la organización y la conciencia de los sectores populares frente a las pretensiones derechistas de restaurar las distintas realidades del pasado. Esto implica adoptar posiciones radicales que cuestionen en todo momento las políticas de Estado que estarían afectando, de una u otra manera, la marcha de los cambios revolucionarios que anticipen este nuevo modelo de sociedad. Fuente: https://www.aporrea.org/ideologia/a246617.html

 

Reflexionemos sobre las dos visiones contrapuestas desde las izquierdas: "una que hace eje en que el movimiento obrero mantenga una actitud autónoma y hostil hacia el conjunto de la clase dominante y el Estado. Y otra que pone el acento en la colaboración con el proyecto del socialismo siglo XXI, dirigido desde el Estado".

 

 

Chavismo o independencia de clase

19 de marzo de 2014

Por Rolando Astarita

Como lo ponen en evidencia los intercambios que he tenido en “Comentarios” a raíz de la nota sobre control bonapartista, mis diferencias con la izquierda chavista son profundas. Alguna gente se sintió ofendida porque planteé que, de hecho, estamos en “veredas opuestas”, ideológica y políticamente, pero no hay otra manera de decirlo. Es que hay dos visiones contrapuestas: una que hace eje en que el movimiento obrero mantenga una actitud autónoma y hostil hacia el conjunto de la clase dominante y el Estado. Y otra que pone el acento en la colaboración con el proyecto del socialismo siglo XXI, dirigido desde el Estado. En esta entrada amplío sobre qué significa un accionar independiente, autónomo, de clase.

 

Carácter irreconciliable del antagonismo

El fundamento último de una estrategia política autónoma de las fuerzas del trabajo es la conciencia de clase. En términos leninistas, conciencia de clase es conciencia del carácter irreconciliable del antagonismo entre el capital, de conjunto, y el trabajo. Es también conciencia de la naturaleza burguesa del Estado, de su rol en el sostenimiento de la relación de explotación, y de la imposibilidad de reformarlo “desde adentro”. Este carácter del Estado no se altera en los países dependientes (ver más abajo).

Por eso la independencia de clase exige una actitud hostil de los explotados hacia la clase dominante de conjunto. Es un criterio general que ordena las orientaciones tácticas y los programas de acción. De ahí el rol de la crítica. La critica hacia toda forma de explotación y sujeción de los trabajadores es la condición indispensable para avanzar en la autonomía de la clase trabajadora. La raíz última de esta crítica es la teoría de la plusvalía de Marx (esto es, la teoría de la explotación del trabajo por el capital). Por esta razón no puede haber política socialista y revolucionaria sin teoría, sin crítica, sin debates y elaboración colectiva.

 

Contradicción de clase en el país dependiente

Precisemos también que la autonomía de clase tiene como fundamento el reconocimiento de que en los países dependientes la relación social fundamental es capitalista. Esta afirmación se enfrenta al discurso “nacional marxista”, o “nacional y popular”, que sostiene que los trabajadores de los países dependientes deberían colaborar con las fracciones “nacionales” de la clase dominante, o de las instituciones estatales, para liberar al país o sostener la independencia nacional. Como he argumentado en otras notas, en prácticamente ningún país de América Latina está pendiente la liberación nacional. Y en particular en Venezuela, hoy no existe ninguna fracción de la clase dominante que tenga como proyecto convertirla en una colonia o semicolonia. Así como el ascenso del chavismo al poder no cambió el carácter dependiente del país, un eventual ascenso de la burguesía opositora no implicará algún cambio significativo del estatus de dependencia. Agrego: hoy no hay ninguna posibilidad de que EEUU lance una operación colonialista sobre Venezuela. No hay, por lo tanto, razón para que el movimiento obrero se plantee alguna forma de “unidad de acción antiimperialista”.

 

Golpes militares o fascistas e independencia de clase

A lo largo de la historia, la independencia de clase no fue impedimento para que los marxistas distinguieran entre diversas formas de regímenes políticos burgueses. Hay una diferencia apreciable entre ir a parar a un centro de detenciones clandestino, a ser detenido con derechos al habeas corpus y abogado defensor. Los socialistas defendemos una democracia burguesa frente a un golpe fascista, o una dictadura militar. Ningún marxista dejó de luchar contra Pinochet o Videla; y la izquierda de conjunto estuvo en contra del intento de golpe militar en Venezuela de 2002. Pero se trata siempre de defensas de la democracia burguesa ante ataques concretos, identificables.

 

Sin embargo, se plantea una situación muy distinta cuando el gobierno o alguna fracción de la clase dominante agitan el peligro del golpe, o del fascismo, con la única intención de impulsar a la conciliación con la burocracia y el Estado, o reforzar el control sobre las masas populares. Y todo indica que esto es lo que está sucediendo en Venezuela. A diferencia de 2002-3, hoy la línea mayoritaria de la oposición burguesa no es favorable al golpe, y el Ejército está alineado con el proyecto chavista. ¿Quiénes entonces va a dar ese golpe de Estado? Estudiantes haciendo barricadas y tirando bombas molotov no son sinónimo de golpe fascista o militar, por más que pidan el cambio de gobierno.

Tener claridad en este tema es vital para la actitud frente al Estado, y al conjunto de la clase dominante. Tal vez en este punto tiene sentido traer al recuerdo una vieja enseñanza de Lenin. También en Rusia el ala menchevique del partido socialista y los liberales agitaban el peligro de la extrema reacción (los centurianegras) para aconsejar la conciliación de clases. Respondía entonces el dirigente bolchevique que “el partido obrero debe rechazar con desprecio el acostumbrado método liberal de atemorizar al filisteo con el espectro del peligro centurionegrista” (diciembre de 1906). Y en otras notas destacaba que el “cuento del peligro centurionegrista” sólo sirve para proteger a los liberales del peligro de la izquierda, y embota la conciencia de las masas, pues no las impulsa a distinguir las verdaderas líneas de clase. Mutatis mutandi, la idea mantiene su vigencia. Agitando el peligro del fascismo, o del golpe de Estado, la dirección nacional burocrática chavista confunde y paraliza. Los análisis deben basarse en relaciones de las fuerzas sociales y políticas objetivas.

 

Tomar distancia de todas las variantes burguesas

Mucha gente sostiene que aun cuando Capriles no esté hoy por una salida fascista, los socialistas deben alinearse con el chavismo porque éste es progresivo frente al resto de la oposición burguesa. El criterio que defiendo es muy distinto: tratándose de variantes políticas propias de cualquier democracia burguesa, la clase obrera no gana nada sustancial apoyando a una u otra. O como decía el viejo dirigente socialista Wilhem Liebknecht, aun cuando pudiera haber alguna ventaja apoyando “el mal menor contra la reacción y el enemigo común”, el verdadero mal reside en oscurecer los antagonismos de clase, e inducir a la idea de que con falsos “amigos” los obreros pueden avanzar en organización y conciencia socialista.

 

Es con este criterio que hace un tiempo firmé un manifiesto internacional en apoyo de la candidatura obrera, en Venezuela, de Orlando Chirino, que se presentó como alternativa independiente frente a Chávez y Capriles. La idea central era: ni Chávez ni Capriles, sino una alternativa no subordinada a corriente burguesa alguna. Muchos trabajadores, desilusionados con el chavismo, votaron a Capriles; otros, temerosos de la oposición burguesa, siguieron alineados con Chávez, pero un pequeño grupo obrero, con un programa socialista, se presentó con su propuesta. Sin coincidir totalmente con ese programa (no soy trotskista), lo consideré altamente progresivo. Una pequeña voz que se levanta para decir que no hay que conciliar es fundamental.

 

¿Significa esto que los marxistas negamos la defensa de conquistas? En absoluto. La clase obrera puede defender conquistas sin embanderarse políticamente detrás de una corriente burguesa, o burocrática estatista. Para dar algunos ejemplos: los socialistas en Argentina defendieron la limitación legal de la jornada de trabajo de 8 horas, sin por ello apoyar políticamente al gobierno de Alvear (que por cierto, era bastante reaccionario); defendemos el pago del aguinaldo, sin adherir al peronismo; y consideramos progresivo el derecho al divorcio, sin por ello apoyar políticamente al gobierno de Alfonsín. De la misma manera, los socialistas en Venezuela pueden defender conquistas -por ejemplo, avances en el cuidado de la salud de los sectores más sumergidos- sin por ello adherir al chavismo. Así como también defender libertades democráticas -por caso, en los sindicatos- cuando son atacadas por el Gobierno, sin adherir a las fuerzas de la oposición burguesa que denuncian esos ataques. Todo esto se resume en una vieja táctica del marxismo, “golpear en unidad de acción por demandas concretas, mantener banderas separadas”. Incluso desde un punto de vista “práctico”, la autonomía de clase potencia la capacidad de defensa de libertades democráticas o reivindicaciones económicas de la clase obrera.

 

Actitud crítica frente al capitalismo de Estado

Uno de los pilares de la autonomía de clase es la postura ante el capitalismo de Estado. En varias notas de este blog me referí al tema, recordando la crítica de Marx y Engels a los socialistas estatistas alemanes. Con las adaptaciones del caso, la crítica se aplica al estatismo venezolano. Hay que llamar a las cosas por su nombre:las estatizaciones y la administración chavista de empresas no mejoraron un ápice la fuerza social ni políticade la clase obrera. De hecho, el país se desindustrializó y la economía se primarizó. Los conflictos de Guayana, donde está ubicada la industria pesada, siderúrgica y aluminio, son expresión del desastre de la administración burocrática; desastre que fue denunciado repetidas veces por los trabajadores. Algo similar ocurre en el sector eléctrico. Incluso la producción de PDVSA (2,8 millones de barriles diarios) está estancada. ¿Qué tiene esto de progresivo para la clase obrera?

 

Por otra parte, los trabajadores no tienen participación real en la conducción de las empresas estatales. Las conducciones son jerárquicas y burocráticas, y la relación entre la burocracia “socialista” y los obreros es una relación de explotadores y explotados. El burócrata puesto a dirigente estatal no es un “compañero con contradicciones”, sino un enemigo de clase de los productores directos. En donde los conciliadores nacionalistas ven unidad esencial, nosotros vemos antagonismo de clase. Las diferencias en este punto no pueden ser más marcadas.

 

Hay que agregar que las estatizaciones han sido utilizadas por el chavismo para atacar al movimiento sindical en las empresas. Entre otras cosas, el Gobierno ha planteado que siendo las empresas “propiedad del pueblo”, no tienen sentido las huelgas, ni la acción sindical; y el control del Estado se ha utilizado para perseguir opositores, o discriminar a trabajadores que no adhieren al “socialismo siglo XXI”. Sólo gente que concibe el socialismo “a lo Corea del Norte” puede ver algo progresivo en todo esto.

 

El manejo estatal de la renta no crea poder obrero

La actitud crítica y hostil hacia el Estado se extiende al manejo de la renta petrolera. A lo largo de estos años Venezuela ha recibido una gigantesca renta petrolera, posibilitada por el aumento de los precios del petróleo. El chavismo ha utilizado una parte importante de esta renta para mejorar las condiciones de vida de amplias masas de la población. Como resultado, en 2011 los hogares por debajo de la línea de pobreza eran el 24,6% del total, contra el 33% en 2001; los hogares de extrema pobreza representaban el 11,4%, contra el 7%. A su vez, el índice Gini, que mide la desigualdad, bajó de 0,486 en 1998 a 0,398 en 2013. Se trata de avances importantes, pero también deben ser relativizados.Hoy la pobreza afecta a casi un cuarto de la población, y la situación está agravándose a raíz de las devaluaciones, la inflación y el desabastecimiento. La desigualdad disminuyó, pero sigue siendo mucho más elevada que la media de los países europeos, por caso, o aproximadamente igual a la que existe en Uruguay. Cuando se ponen las cosas en contexto -en casi toda América Latina mejoraron los índices de desarrollo humano en los 2000- se toma distancia crítica.

Pero además, y por sobre todas las cosas, el reparto de una parte de la renta por el Estado no crea poder obrero, ni es sinónimo de socialismo. En Venezuela la clase obrera no tiene ninguna incidencia en el manejo y destino de la renta. Cuando el Gobierno decide pagar religiosamente los intereses de los bonos de la deuda externa, y como contrapartida suspende los pagos de proveedores de insumos básicos (entre ellos, alimentos y remedios), la clase obrera no tiene arte ni parte en tales decisiones. Y la desindustrialización, el desquiciamiento de la economía, el desabastecimiento, las colas para conseguir lo indispensable y la especulación, no contribuyen en nada a mejorar la relación de fuerzas en favor de los explotados.

 

La unidad del trabajo

Desde las filas de la corriente nacional y popular se sostiene que trabajadores de los sectores salud, educación o periodismo que se manifiestan y protestan son fascistas de las “clases medias” que “defienden sus privilegios”. Sin embargo, desde un análisis materialista, un asalariado de la salud, de la educación, del sector financiero, los medios de comunicación o el comercio, no pertenece a la “clase media”; por el contrario, es explotado y forma parte de la clase obrera. Este enfoque pone el acento en la base material, social, de la unidad obrera: la fuerza productiva del trabajo está conformada por todos los que están subsumidos bajo la relación capitalista y contribuyen, directa o indirectamente, a la generación de plusvalía. La perspectiva del socialismo se basa en esta gigantesca capacidad transformadora de la principal fuerza productiva. Por eso, cuando hablamos de independencia de clase, aludimos a la independencia de todas las fuerzas del trabajo. No es casual el empeño de los ideólogos del campo “nacional” por ocultar y disimular esta cuestión.

Es necesario, además, decir que no existe nada particularmente reaccionario en reclamos contra el desabastecimiento, la falta de insumos en los hospitales, el cierre de periódicos, o a favor de libertades sindicales, que han levantado esos sectores del trabajo. Alguno podrá objetar que las demandas de los docentes, periodistas o trabajadores de la salud son apoyadas por políticos de derecha. Pero eso no las convierte en fascistas y reaccionarias. Después de todo, la inmensa mayoría de las movilizaciones obreras y populares que ocurren en el mundo tienen direcciones burocráticas o burguesas, y a nadie se le ocurre repudiarlas por reaccionarias o fascistas. Exigir el freno de la represión, mejoras en los aprovisionamientos, o protestar contra el cierre de periódicos, en nada perjudica a la clase obrera. Por el contrario, debilita el control burocrático de la sociedad, y quita banderas a la derecha que los socialistas no tienen por qué ceder.

 

Ataques a la actividad sindical y poder militar

En los últimos años organismos defensores de derechos humanos, sindicatos independientes y partidos de izquierda han denunciado el ataque a las libertades sindicales en Venezuela (ver referencias). Entre otros hechos, se señala la apertura de juicios penales a líderes sindicales por ejercer el derecho a huelga; el dictado de cautelares que prohíben a los sindicalistas acercarse a los lugares de trabajo; las amenazas de despido a trabajadores si participan en asambleas; la prohibición de asambleas en horarios laborales; y los despidos injustificados de sindicalistas. También se denuncia que se somete a sindicalistas a investigaciones penales, se los procesa, y en algunos casos se los encarcela por convocar a manifestaciones; y que desde el Estado se fomenta el “paralelismo sindical”, esto es, la creación de sindicatos paralelos cuando no se domina a los existentes.

 

Además, sindicalistas y organismos defensores de derechos humanos señalan que el Gobierno tiene una amplia injerencia -establecida por ley- en la organización de elecciones gremiales, lo que ha merecido quejas ante la OIT. También que se ha recortado el derecho de huelga, ya que la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y el Decreto Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios castigan con prisión a quienes paralicen servicios públicos o impidan el traslado de bienes esenciales para la población. Esta normativa ha sido utilizada para perseguir sindicalistas y activistas. A esto se suman los asesinatos de sindicalistas. Sólo entre junio de 2008 y agosto de 2010 se contabilizaron 122 sindicalistas asesinados, pero el presidente Chávez declaró (1/08/10) que no había asesinato de sindicalistas . Y la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación no toman el problema. Todo esto, que ha sido silenciado por el “nacional marxismo”, parece encajar muy bien en la concepción burocrático bonapartista de “construcción socialista”.

 

Por otro lado, se asiste al aumento del poder e injerencia de las Fuerzas Armadas en el Estado. De los 23 Estados de Venezuela, 12 son gobernados por militares. Los militares también están en alcaldías, ministerios, viceministerios, en la Asamblea Nacional, en consulados y embajadas. Por la ley Orgánica de Seguridad de la Nación, de 2002, se les dio participación en el desarrollo nacional y mantenimiento del orden interno. Lo cual fue reafirmado por una nueva Ley Orgánica en 2005, que contempló también la reincorporación de militares retirados al servicio activo, por decisión presidencial. Los militares conducen las políticas de defensa y seguridad, tienen puestos de responsabilidad política, gran influencia en la dirección de la obra pública. Los ascensos en las Fuerzas Armadas son potestad del Presidente y de los militares. La clase obrera, como clase, por supuesto, no tiene ninguna participación en esta estructura. La izquierda nacional y el nacional marxismo miran para otro lado, en tanto siguen parloteando sobre “la construcción de poder popular”.

 

Naturalmente, la situación no cambió con la creación, en 2007, de la Milicia Nacional Bolivariana. Ésta constituye un quinto componente de las FFAA venezolanas (Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional), organizado desde el Estado, y cuyos integrantes son, mayoritariamente, afiliados al partido del Gobierno. La MNB no tiene ninguna autonomía práctica; depende del Presidente en todos los aspectos operacionales, a través del Comando Estratégico Operacional, y del Ministerio para la Defensa, en lo que hace a los aspectos organizativos. En cuanto a las Comunas, se trata de entidades locales donde, formalmente, la ciudadanía ejerce el poder popular y autogobierno comunal. Pero en los hechos son organizadas y supervisadas por el Estado, a través del Ministerio de las Comunas.

 

La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores

Lo desarrollado hasta aquí puede explicar la ausencia casi absoluta de una respuesta de clase, independiente, a la crisis y al desquicio de la economía. Respuesta que permitiría atraer a sectores medios, incluso a muchos estudiantes, que hoy están bajo la influencia de la derecha y no ven salida, como aliados de la clase obrera. Pero manifestaciones más o menos regimentadas de trabajadores estatales no son sinónimo de intervención autónoma de la clase obrera. Alguna vez Lenin escribió que “la fuerza de los combatientes sólo es real cuando es la fuerza de las masas obreras con conciencia de clase”. Sin embargo, no puede haber conciencia de clase cuando se llama a confiar en un “poder efectivo” que está en manos de la burocracia bonapartista militar, autoproclamada “socialista”. Son los resultados prácticos de la “construcción de poder popular desde adentro del movimiento popular, bajo conducción del comandante Chávez”.

 

Como he planteado en otra nota, todo esto fue un fraude ideológico, alimentado y celebrado por muchos intelectuales y militantes de izquierda de todo el mundo que alegremente saltaron al barco del “socialismo siglo XXI”. Algunos llegaron a anunciar que el chavismo había puesto de nuevo en la agenda de la clase obrera mundial la construcción del socialismo. Por supuesto, nada de esto sucedió. El socialismo, en tanto programa liberador, en tanto crítica radical de toda forma de opresión y explotación, sólo podrá reinstalarse en la agenda de la clase obrera mundial desde la autonomía y autodeterminación de los explotados. Jamás podrá regenerarse bajo la conducción de bonapartes “socialistas”, cultos a la personalidad, enriquecimiento del lumpen burgués, milicos en las cumbres del Estado y absurdas mezcolanzas de nacionalismos y socialismos burgueses. Es hora de volver a las concepciones fundantes del comunismo. Y en particular, a la idea rectora de la independencia de clase: la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos.

Referencias sobre situación de libertades sindicales:

http://www.conflictove.org.ve/criminalizacion-de-la-protesta/informe-sobre-el-derecho-a-la-libertad-sindical-en-venezuela-presentado-a-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos.html.

     http://desinformemonos.org/2013/10/avanza-el-control-estatal-sobre-los-sindicatos-en-venezuela/).

Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2014/03/19/chavismo-o-independencia-de-clase/

 

 

Indaguemos en una forma contemporánea y minoritaria de ir asumiendo la independencia de clase y es el humanismo (el sentimiento de disposición a hermanarse con los otros y de aprecio por la Tierra Madre) en la praxis de cada cual y grupal. Ejemplifiquemos:

 

 

“Me parece un genocidio programado contra los pueblos originarios”

29 de marzo de 2014

 

El gobierno de la provincia de Formosa impidió la atención médica de “unas mil personas”, miembros del pueblo originario Wichí, en los últimos días. Así lo cuenta José Antonio “Tano” Boggiano, fundador y líder del grupo Enfermeros para la Asistencia Humanitaria (ENASHU) de Buenos Aires en una entrevista para ANRed, con graves acusaciones hacia las autoridades del Estado. Es el relato de un horror: desnutrición generalizada, epidemias de enfermedades letales y amenazas del Estado contra voluntarios brindando ayuda médica. Una campaña humanitaria en el territorio Wichí de Formosa se convirtió, según Boggiano, en “una expedición en una zona de conflicto. Es descabellado pero allá la realidad supera la imaginación”. 

 

Por Stefan Biskamp, corresponsal alemán para América Latina, para ANRed / Fotos: Franco Velazquez y Stefan Biskamp.

 

Veintisiete voluntarios enfermeros, médicos y bomberos estuvieron presentes, desde el 19 hasta el 24 de marzo, en la ciudad de Ingeniero Juárez, en el pueblo Pozo de Masa y unas comunidades casi abandonadas, para atender a los Wichí. Fue la segunda intervención de José Antonio “Tano” Boggiano allá; él tiene larga experiencia en campañas de este tipo y fue integrante de Médicos sin Fronteras en muchos países de África y de América Latina. Sin embargo califica como “única en lo peor” la situación de los pueblos originarios en Formosa.

 

Stefan Biskamp: El gobierno de la Provincia de Formosa trató de parar la campaña humanitaria de tu grupo en las comunidades Wichí. Pero siguió. ¿Con qué resultado?

José Antonio “Tano” Boggiano: Los logros sanitarios fueron 972 personas registradas que se atendieron en dos días, de esas más de la mitad recibieron medicación. Creemos que se nos escaparon doscientas o trescientas fuera de los registros porque la enfermedad que tenían era el hambre. Dolores abdominales, acidez, mareo, malestar y cuando les dábamos turrones o alfajores se les iba. Igual manifestación teníamos con el tema del agua. No es que necesitaban medicamentos sino que lo que necesitaban era agua. Estas personas se fueron sin ser registradas. Por eso perdimos esa parte de la estadística. Pero bueno no podemos cumplir el rol del Estado. También es duro curar a personas y saber que las enfermedades van a volver porque la gente tiene que tomar el mismo agua podrido que antes.

 

S.B: Sin embargo parece un éxito con sólo 27 voluntarios.

T.B: Depende del punto de vista. El segundo día planificamos nuestra atención médica con base en el Barrio Obrero de Ingeniero Juárez. La última ayuda que recibió la gente Wichí allá fue en el 2004 y lo hizo UNICEF, después no ha recibido ayuda de ningún tipo. Hoy en día, el centro de salud allá no tiene nada prácticamente pero lo que sí tienen es este espacio físico, que es lo que necesitábamos para trabajar cómodos. Pero por laintervención del gobierno provincial, que nos obligó a armar el centro de salud lejos de este barrio, perdimos la oportunidad de atender unas mil personas. Mucha gente no se enteró o se enteró tarde. Este segundo día de nuestra campaña empezó cinco horas más tarde por todas las negociaciones con los funcionarios del Gobierno de la provincia y bueno, no lograron todo su objetivo, pero en parte lo lograron.

 

S.B: Tratar de parar la asistencia médica, ¿no te parece que tiene un elemento psicópata?

T.B: No sé cómo calificarlo psicológicamente pero parece un genocidio programado: no permitir la atención médica, la atención de salud, ver chicos que se desesperan por un caramelo y que ni siquiera tienen ropa para ponerse, sacan agua podrida de un pozo de tierra.

 

S.B: ¿Y ahora cómo va a seguir la atención médica en estas condiciones después de la intervención?T.B: Logramos traer 18.000 medicamentos los cuales se usaron en las comunidades. Por el hecho de que perdimos unas mil personas como pacientes nos sobró medicación para donar al hospital de Ingeniero Juárez. Además de eso se dejaron equipos para nebulizar y varios equipos para la medición de glucemia. Tenemos el registro de gente que necesita medicación, que se les va a enviar. Y desde Ingeniero Juárez el director del Hospital se haría cargo de repartirlo. En eso quedé con él. Y, cuando volvamos en julio, me darían el hospital como base y del gobierno me darían dos o tres comunidades donde ellos no llegan o lo tienen como área roja, o sea donde hay mucha sífilis, tuberculosis y Chagas vinculadas a otras manifestaciones clínicas como el colon que se agranda e insuficiencias cardíacas. Así que bueno, si se da eso, sería un logro muy importante; hay que ver si el gobierno cumple, si el gobierno nos permite trabajar.

 

S.B: ¿Cuáles eran los problemas sanitarios más graves, hubo alguna sorpresa?

T.B: No hubo sorpresa porque volvimos a ver lo mismo que en nuestra primera visita en enero. Sí hubo casos más graves que lamentablemente van a generar casos aún más graves y en eso no tuve respuesta de las autoridades sanitarias en Ingeniero Juárez. Había dos o tres pacientes que se atendieron en la escuela de Pozo de Maza que estaban con tuberculosis activa y tenían toda la sintomatología de estar en el medio de la enfermedad, esto significa que en contacto con toda la gente que estuvieron los iban a contagiar. Yo informé estos casos en medio de todos los problemas que tuvimos con las autoridades. Me dijeron que les informara de dónde era, pero no les interesó ni el nombre ni cómo ni cuándo, así que no creo que lo hayan ido a buscar. Esos pacientes están en aislamiento respiratorio y con una medicación que nosotros teníamos. Entoncestenemos tuberculosis, parasitosis y cánceres de mama no tratados y de piel.

 

S.B: ¿De dónde vienen esos casos de cánceres?

T.B: El cáncer de piel puede estar sujeto a la alta exposición al sol, los de mama no sé si es debido a una predisposición genética normal. Lo que sí sé es que no están tratados. Los pacientes que hemos visto no tienen muchas chances porque no fueron tratados en su momento. Y algunos tienen el diagnóstico porque tienen los estudios hechos pero después no se les dio tratamiento.

 

S.B: Pero entonces es grave porque el sistema de salud los detecta pero no les da seguimiento.

T.B: Bueno ahí es delicado porque entramos en contradicción entre lo que dicen unos y otros. Los servicios sanitarios dicen que les ofrecieron el tratamiento y que la gente no fue, y la gente dice que nunca les dieron tratamiento y que les dijeron que no era tan grave lo que tenían. Entonces quedó una línea media donde él que se muere es el paciente y el Estado se salva de pagar el tratamiento oncológico.

 

S.B: Parece desesperante cambiar esto en unos días.

T.B: Cambiar todo esto sería la tarea del Estado. Y en total más que mil personas atendidas son razón de esperanza. Lo cierto es que no conozco otro grupo en Latinoamérica que haya hecho esto. Sí hay grupos en catástrofe que han atendido la misma cantidad de gente pero no hay ninguno que haya hecho atención primaria de la salud en dos días con semejante cantidad de gente. Obviamente, si una ONG o un grupo humanitario están en el lugar es porque el Estado no cumple con su función, en muchas partes del mundo ocurre esto.

 

S.B: ¿Cómo comparar la situación con otros países?

T.B: Una diferencia es que normalmente no se ataca a los grupos de ayuda humanitaria. En nuestro caso el equipo de ayuda humanitaria estaba intervenido, vigilado, intimidado, custodiado. A mí me han llevado al hospital para pedir datos para pedir datos, me han llevado con diferentes autoridades de la provincia, cosa inédita.Mandaron farmacéuticos para revisar y embargar medicación, mandaron abogados, y nosotros no tenemos abogado ni defensa legal como para responder frente a un abogado. Según me manifestaron en su momento tenían la orden para que yo vaya a hablar con un juez sobre lo que estamos haciendo y me llegaron a decir que yo no podía ejercer en la provincia, sin embargo es Argentina y yo puedo ejercer en Argentina porque mi matrícula es nacional. De hecho nuestras matrículas ahora son del Mercosur. Lo que te quiero decir es que estos grupos de ayuda humanitaria sólo en zonas de conflicto son hostigados. Acá oficialmente no hay un conflicto armado y sin embargo fuimos sistemáticamente vapuleados y la gente Wichí está expuesta, repito, a un genocidio programado.

 

S.B: Viajando por la provincia de Formosa se pueden ver nuevas escuelas, nuevos hospitales, unas nuevas viviendas cada tanto kilómetros.

T.B: Los edificios nuevos, por ejemplo las escuelas que han hecho y arreglado para esas comunidades originarias, lo llamativo es que tienen ventiladores, pero nosotros estuvimos sin luz, no se entregaba electricidad al lugar mientras nosotros estuvimos deliberadamente. En un momento determinado y por pedido mío al director de la escuela y al intendente de Pozo de Masa nos dieron dos horas de luz. En la primera campaña que hicimos este año en otra comunidad, ellos solamente tienen luz dos horas o tres en el día y lo llamativo es que no tenían agua, la cual sacaban del arroyo contaminado. Además de las casas de abobe y pajatenían puesta por el gobierno una antena de DirecTV, aunque no tenían televisor donde ver y tampoco electricidad para que funcione. Visto desde afuera ypara la foto en un periódico es una casa nueva, muy linda, con antena, pero adentro no hay nada.

 

S.B: Un habitante de Pozo de Masa contó que en las nuevas casitas que les construyeron también hay vinchucas, que el peligro de Mal de Chagas no terminó. Entonces ¿es verdad que las vinchucas pueden sobrevivir en casa de material?

T.B: Las vinchucas, los vectores del Mal de Chagas, pueden transitar. Si vos no fumigas en los alrededores y la gente no tiene agua ni tampoco elementos para limpiar, lo que les estás dando es un refugio de material y nada más que eso. El Mal de Chagas sigue.

 

S.B: Cuenta más de los problemas con las autoridades.

T.B: Tuvimos una primera señal de intimidación cuando una médica del grupo recibió en su habitación dos panes con moho y una nota debajo que decía “bienvenidos al hotel”. A esa nota al principio no le dimos importancia pero después empezamos a notarpresencia policial excesiva; en un pueblo como Juárez que debe de haber cuatro o cinco policías de guardia nosotros teníamos dos o tres custodiando el hotel. Y esta movilización de funcionarios de alto rango provincial también intimida para alguien que no está acostumbrado. Encontrarme a las siete de la mañana con cinco funcionarios de alto rango que venían a preguntarme qué estaba haciendo allí, cuando de entrada lo sabían. Porque yo un mes antes que me había comunicado para decirles que yo venía a colaborar con las autoridades de la provincia de Formosa. El decirme que no podía estar donde estaba porque no tenía permiso, me hace dudar si estoy en la Argentina y de si la constitución nacional existe o no. Me parece entonces que hay un montón de elementos y mecanismos de la seguridad jurídica que no funcionan o que no existen. De repente encontrarme “gentilmente acompañado” a que me tomaran los datos, a controlar las fichas de todos los voluntarios, me parece algo más de la época de la represión en la Argentina que de un estado de democracia.

 

S.B: Pero no a punta de pistola.

T.B: Pero en todo caso no teníamos más remedio. Nos hicieron llevar todas las fichas que teníamos de los voluntarios e hicieron fotocopia. En mi caso me pidieron mi DU, mi matrícula y mi ficha. Si esto no es un hecho intimidatorio, cuál es. Y más si uno piensa qué es lo que hice, un ilícito no. Vine a ayudar a gente que no tiene nada y que la propia provincia no la ayuda. Una camioneta de la policía provincial con las puertas abiertas con los efectivos vestidos como si fueran a una guerra y disparando contra la pared donde estábamos nosotros es también un acto intimidatorio. Las comunidades a través de sus representantes también nos metieron presión porque ellos pedían nuestra ayuda, pero el Estado no nos dejaba y ellos amenazaban con cortes de ruta y la toma del centro de salud. Y creo que si eso no se resolvía hubiese terminado en una batalla campal.

 

S.B: Parece, que la idea fue provocar exactamente eso.

T.B: Obvio, todo fue una provocación. Es descabellado pero en Formosa la realidad supera la imaginación. Como estar con 27 personas a cargo con las que vinimos a ayudar y terminamos en medio de un conflicto. Pero no tenemos que olvidar por qué estuvimos en el lugar. Te cuento esto: teníamos una chiquita que se atendió y la señora que la traía le dijo a la pediatra que si quería se la regalaba, para que comiera todos los días, para que tuviera una oportunidad.

Notas relacionadas:

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Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article7481

 

Hallamos otro surgimiento de la ruptura con las subjetividad e individualidad producidas por el capitalismo mundial integrado. Es a causa de sensibilizarse en sus profesiones, conmoverse por dramas y catástrofes socioambientales, aprender de saberes de los campesinos e indígenas y percibir cómo involucrarse en el cambio social.

 

 

 

Documento Constitutivo de la Unión de Científicos Comprometidos

con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

19 de junio de 2015

 

"Es imprescindible que todo proceso de generación y aplicación de tecnologías en la sociedad sea convalidado por la licencia social y ambiental correspondiente, fruto de legítimos procesos participativos que tengan como eje el respeto por las culturas, los territorios, los mecanismos de decisión y los sistemas sociales locales."

En homenaje póstumo al doctor Andrés Carrasco (1946-2014)

Presidente Honorario Permanente

 

Vivimos una crisis civilizatoria global sin precedentes en todas las esferas de las actividades humanas a la que nos ha llevado el capitalismo y modelos similares que fragmentan al hombre de la naturaleza, cuyas principales manifestaciones son una inequidad socioeconómica que no cesa de profundizarse, el creciente ejercicio del poder mediante la violencia, el avasallamiento de la diversidad biológica y cultural, y un sinnúmero de desajustes ambientales. En América Latina, la expansión del extractivismo y el agronegocio han abonado esta crisis sometiendo a nuestros territorios y sus habitantes a un incesante despojo y extinción.

 

Desde el discurso dominante, se la asignan a las soluciones científico tecnológicas un rol cada vez más preponderante en la resolución de las crisis, desplazando la discusión ético-política de fondo.

Sin embargo, la generación y uso del conocimiento científico tecnológico están cada vez más comprometidos con dar respuesta a las demandas de las corporaciones que impulsan el modelo que nos ha llevado a esta crisis y cada vez menos al servicio de los pueblos. La creciente tendencia a la privatización del conocimiento en desmedro de su uso público va en consonancia con una ciencia cada vez más funcional a los intereses del corporativismo capitalista (o gran capital), tendencia que se ve reflejada en el estímulo al patentamiento del conocimiento a nivel académico y en la creciente tendencia a la privatización de entidades públicas de investigación y de educación superior.

En este contexto son las comunidades locales, los pueblos indígenas, los campesinos y campesinas, los recolectores y recolectoras, los habitantes de las periferias de las ciudades, quienes se están enfrentando a la destrucción de sus sistemas de vida, a la ruptura de sus redes comunitarias y al acaparamiento de sus territorios, siendo ellos, al mismo tiempo, quienes con sus luchas, sus saberes ancestrales, sus ejemplos convivenciales y su concepción del buen vivir y su organización, los que siembran semillas emancipadoras para reconstruir los paradigmas necesarios para enfrentar estas crisis.

 

Frente a este panorama los abajo firmantes —investigadores, profesores y estudiantes, dedicados a labores de investigación y enseñanza superior—, hemos decidido conformar la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) con el objeto de:

El conocimiento científico y tecnológico, en particular aquel desarrollado en un contexto reduccionista, sin el debido control social, ha contribuido a crear problemas ambientales y de salud, con alcances muchas veces catastróficos e irreversibles o, si tienen solución, ésta suele ser difícil y costosa. En forma creciente, la ciencia y la tecnología son puestas al servicio de la acumulación del capital y del ejercicio ilegítimo del poder, incluyendo el desarrollo de tecnologías con una inmensa capacidad destructiva.

Resulta necesario que las sociedades de los países de nuestra región puedan decidir sobre las políticas de ciencia y tecnología. En estas decisiones deben participar no solo los científicos de diversos campos del saber, sino también las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y representantes legítimos de los diferentes grupos sociales.

Resulta imperativo aplicar los principios de precaución y de prevención.

Empero, en vez de respetar estos principios éticos, con frecuencia los intereses políticos o económicos conducen a la explotación prematura de tecnologías cuya seguridad e inocuidad no están garantizadas o probadamente dañinas.

Uno de los ejemplos más dramáticos en ese sentido es el desarrollo de cultivos transgénicos que claramente describió Andrés Carrasco en su último documento público conocido después de su desaparición física: “La transgénesis altera directa o indirectamente el estado funcional de todo el genoma como lo demuestra la labilidad de la respuesta fenotípica de un mismo genotipo frente al medio ambiente. En la ignorancia de la complejidad biológica (hoy hablamos de desarrollo embrionario, evolución y ecología como un sistema inseparable) se percibe la presencia de un insumo esencial: la dimensión ontológica del gen. No reconsiderar este concepto clásico del gen como unidad fundamental del genoma rígido concebido como un ‘mecano’, una máquina predecible a partir de la secuencia (clasificación) de los genes y sus productos que pueden ser manipulados sin consecuencias, expresa el fracaso y la crisis teórica del pensamiento reduccionista de 200 años”.[i]

Ante estos y otros problemas similares, manifestamos nuestra convicción de que el quehacer científico debe desarrollarse de una manera éticamente responsable y con un claro compromiso con la sociedad y la naturaleza, privilegiando los principios de sustentabilidad, equidad, democracia participativa, justicia socio- ambiental y diversidad cultural. Al mismo tiempo asumimos la necesidad de replantearnos los mecanismos de generación de conocimientos de los modelos científicos vigentes buscando nuevos paradigmas que contemplen la complejidad, la diversidad y la incertidumbre, a la vez que el beneficio para las grandes mayorías.

Finalmente, la investigación científica y tecnológica puede y debe ser conducida sobre un pluralismo de estrategias, rechazando aquellas que se encuadran en un abordaje descontextualizado, y acudiendo a las que permiten investigaciones que integran y articulan las dimensiones ecológicas, sociales y culturales de los pueblos.[ii]

Por lo anterior hacemos la siguiente

Declaración

El conocimiento científico y tecnológico es siempre parte de un proceso social, atravesado por tensiones, conflictos e intereses. Nunca es absoluto y definitivo, siempre es susceptible de cambios, revisiones y está sujeto permanentemente al debate.

La realidad es compleja así como los fenómenos que subyacen en la crisis civilizatoria del mundo actual. Por ello es necesario fortalecer las instituciones e iniciativas enfocadas en el estudio de sistemas complejos desde una perspectiva holística, abriendo las ciencias a los métodos epi-disciplinarios, así como al diálogo de las ciencias con otros saberes. No debemos olvidar que la humanidad desarrolló durante miles de años un sinnúmero de saberes, prácticas y conocimientos diversos que son la base sobre la que se han edificado todos los conocimientos actuales, y que éstos son una fuente imprescindible para enfrentar los desafíos que como humanidad tenemos por delante.

En virtud de que los sistemas científico-tecnológicos son también generadores de amenazas sociales y ambientales, es imprescindible desarrollar análisis integrales y críticos de sus procesos y aplicaciones. Al respecto debe enfatizarse el imperativo ético de aplicar los principios de prevención y precaución en las situaciones y contextos pertinentes.

Debe promoverse los análisis desde la filosofía y las ciencias sociales acerca de los impactos de la ciencia y la tecnología en la sociedad y en la naturaleza.

Debe analizarse de manera crítica las teorías y prácticas científicas para modificar las relaciones de poder en su seno. Rechazamos las ideologías que fomentan actitudes y tendencias mercantilistas, mecanicistas, reduccionistas, sexistas, racistas y elitistas, muchas de las cuales permean los lenguajes, códigos de comunicación y conceptos que subyacen en las teorías y prácticas científicas.

Es necesario generar espacios permanentes para el debate social acerca de para qué y para quién es la ciencia y la tecnología que se desea promover, y decidir colectivamente los temas y modalidades de producción científica y tecnológica que se desarrollarán en función de las necesidades sociales que se prioriza atender y el tipo de sociedad que se desea construir y valorar y dialogar apropiadamente con los conocimientos tradicionales que muchas veces son producto de prácticas milenarias.

Es imprescindible que todo proceso de generación y aplicación de tecnologías en la sociedad sea convalidado por la licencia social y ambiental correspondiente, fruto de legítimos procesos participativos que tengan como eje el respeto por las culturas, los territorios, los mecanismos de decisión y los sistemas sociales locales.

Compromisos para una Agenda Común

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina se plantea los siguientes compromisos y estrategias:

1. Analizar desde perspectivas epidisciplinares los conocimientos científicos ya existentes, recientes o en proceso de establecerse, sus aplicaciones y riesgos para la sociedad y la naturaleza en su conjunto.

2. Abrir los debates de la ciencia y la tecnología hacia un diálogo de saberes propiciando la mayor participación pública posible.

3. Apoyar, acompañar y fortalecer a los trabajadores de la educación y la salud, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y comunidades locales en sus procesos de resistencia contra el saqueo, la contaminación en sus territorios y destrucción de los ecosistemas.

4. Analizar crítica y propositivamente las políticas públicas y el papel de las corporaciones, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en América Latina, así como la forma en que se realiza, legitima y evalúa el trabajo científico y los métodos, contenidos y propósitos con que se forman los nuevos investigadores.

5. Promover la formación de nuevos científicos con conciencia de sus responsabilidades éticas y sociales, con capacidades críticas y autocríticas, abiertos al trabajo epidisciplinario, respetuosos de otras prácticas cognitivas y abiertos al diálogo de saberes.

6. Contribuir a la discusión y asimilación crítica de nuevos paradigmas y de valores éticos dentro de las prácticas científicas y tecnológicas.

7. Construir un acervo de estudios críticos acerca del papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad.

8. Producir informes científicos alternativos a aquellos elaborados desde la ciencia hegemónica, especialmente cuando estos invisibilizan un problema socioambiental en el proceso de toma de decisiones, a la opinión pública y la sociedad en general.

9. Promover el diálogo con otros saberes, como las artes, las cuales nos plantean la búsqueda del conocimiento desde otras concepciones filosóficas y metodologías insustituibles para alcanzar una comprensión holística de la realidad.

En suma, nosotros, los investigadores, profesores y estudiantes dedicados al quehacer científico, tecnológico y social nos comprometemos a contribuir a la aplicación social, creativa y libertaria del conocimiento, y así revertir aquellas tendencias destructivas sobre la naturaleza y la sociedad que la modernidad basada en la ciencia reduccionista está generando. Se trata de un compromiso ético para fomentar una práctica científica transparente y autocrítica.

Propuestas

1. Frente a los transgénicos, hacemos nuestras una vez más las palabras del Dr. Andrés Carrasco: “Es una tecnología que ya no forma parte del estado del arte de la ciencia actual, porque está basada en supuestos falaces y anacrónicos que reducen y simplifican la lógica científica que los defiende, al punto de no ser ya válida. Los transgénicos han quedado al margen de la ciencia más rigurosa. Al mismo tiempo, es la razón por la cual los transgénicos incluyen la necesidad de destruir las matrices complejas, como la de los pueblos originarios. Un verdadero plan de exterminio de saberes, culturas y pueblos. La tecnología transgénica es el instrumento de la decisión geopolítica para la dominación colonial de estos tiempos.” Y su propuesta: “Por lo antedicho la activación del principio precautorio ambiental, biológico y alimentario y la no aceptación de la equivalencia sustancial, debe ser inmediata. Pero más aún, debido a la debilidad y la falacia de los argumentos de sus defensores, es urgente la prohibición absoluta de todo Organismo Genéticamente Modificado en el territorio Latinoamericano”[iii].

2. Frente al uso de agrotóxicos ligado al modelo de monocultivos agrícolas extractivistas impuestos por el agronegocio, el cultivo de semillas transgénicas y la expansión de una agricultura basada en los monocultivos destinados a la agro-exportación y la agroindustria y ante las evidencias sociales, médicas, científicas y agronómicas que demuestran los riesgos e incertidumbres que implican para la salud de los trabajadores rurales, campesinos y campesinas, habitantes de zonas rurales y consumidores, es que proponemos su prohibición total y una transición hacia un modelo de producción agroecológica.

3. En relación al extractivimo minero e hidrocarburífero, que producen impactos negativos sociales y ambientales, así como locales y globales en todas sus fases (prospección, extracción, transporte, transformación y consumo), incluyendo el desplazamiento de comunidades locales, destrucción de ecosistemas naturales, cambio climático, etc., planteamos avanzar hacia una sociedad post-extractivista, con una generación y distribución de energía descentralizada, limpia, sustentable, que no cree dependencias a la población.

4. Nos comprometemos también a abordar otras problemáticas socio-ambientales, como el avance de la deforestación, la erosión y la desertificación de los suelos, la sobre-pesca, la producción industrial de animales, el impacto de los monocultivos forestales, los impactos de grandes obras de infraestructura (represas hidroeléctricas, centrales nucleares, etc) la emergencia de nuevas tecnologías que atentan contra la sociedad y la naturaleza.

5. Teniendo en cuenta el modelo extractivista y la demanda de agua como insumo principal y como medio receptor de la contaminación derivada, proponemos generar acciones orientadas a garantizar el acceso al agua segura de manera igualitaria para todos los pueblos de América Latina, escencial para el desarrollo de una vida sana y, conjuntamente promover su declaración como un Derecho Humano.

6. Frente al avance de la resistencia microbiana, respuesta natural de los microorganismos, acelerada por el uso masivo e indiscriminado de antibióticos, cuyos efectos sobre el continuum seres humanos-naturaleza son imprevisibles, pues los microbios están en la base de los procesos biogeoquímicos del planeta, sostenemos que urge suplantar la metáfora de la guerra en la relación seres humanos-gérmenes por “una metáfora más ecológicamente fundamentada, que incluya el punto de vista de los gérmenes sobre la infección"[iv]. En este marco, nos comprometemos a investigar el fenómeno global de la resistencia bacteriana a los antibióticos desde la perspectiva dela salud socioambiental, a generar herramientas para la participación comunitaria e implementar soluciones integrales para restablecer la salud de los ecosistemas y promover equidad.

7. Reafirmamos nuestro respeto a la vida en todas sus formas, por lo que nos oponemos a su mercantilización, ya sea a través su patentamiento u otras formas de derechos de propiedad intelectual, la venta de servicios ambientales, su financiarización y otras formas similares que promueven la privatización de la naturaleza.

Ciudad de Rosario (Argentina) junio de 2015
Primeras firmas
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