Qué Economía

Junio 2017

Sin resistencias al extractivismo y al pago de la deuda eterna.

 

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

El kirchnerismo y las izquierdas afines nos quieren convencer que el gobierno de Macri surgió por el voto mayoritario y el nulo y abstención de otras izquierdas.  De modo que se esmeran por presentar el antagonismo de ambas gestiones y no que la actual es la profundización de la anterior ante un período de agudización de la crisis capitalista mundializada.

 

La deuda pública Kirchner-Macri

26 de mayo de 2017

Por Héctor Giuliano

El Kirchnerismo y el Macrismo son enemigos íntimos; se necesitan mutuamente:

 

Pero cuando estas cosas se observan no desde el llano de una visión inmediata o cortoplacista de los hechos sino desde una óptica más amplia o abarcativa de las Políticas de Estado que fijan las grandes estructuras de poder financiero y económico esta falsa antinomia se revela como las dos caras de una misma moneda, donde los gobiernos de turno terminan trabajando en tándem: uno – a través de todas las torpezas cómplices posibles - deja preparado el terreno y las condiciones para que el otro se declare víctima de tales situaciones heredadas y las utilice como excusa de continuidad y profundización política.

 

Es la tradicional alternancia de Social-Democracia y Neo-Liberalismo que rige en la Argentina desde hace más de 40 años en el marco del Capitalismo Financiero que maneja los asuntos de Estado de nuestra Patria y que tiene por eje el Sistema de la Deuda Pública perpetua como instrumento de dominio.

 

El objeto del presente trabajo es fundamentar estas aseveraciones, acotadas aquí al tema de la Deuda y sus implicancias; y hacerlo más específicamente en función de las declaraciones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en su programa televisivo de ayer (25.5) por C5N y de las decisiones actuales del gobierno Macri.

  1. Tanto el gobierno Macri como el anterior gobierno Kirchner ocultan la Deuda Pública Nacional, total y consolidada: las cifras del endeudamiento se refieren solamente al Estado Central y no incluyen la deuda de Provincias/Municipios, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios, Banco Central, Deuda Flotante o exigible y juicios contra el Estado con sentencia en firme; por lo que no se sabe cuánto debe en total la Argentina.

  2. La ex presidenta CFK insiste en el mito del des-endeudamiento bajo su gestión, que es falso y engañoso: primero, porque la deuda aumentó más de 100.000 MD (Millones de Dólares) durante los 12 años de administración K – pasó de 152.000 MD a mediados de 2003 a 254.000 MD al fin de su mandato en Diciembre de 2015 – y segundo porque mantiene la formulación engañosa de referirse a la Deuda Externa y no a la Deuda Pública Total.

  3. El Kirchnerismo vivió pagando deuda pública – y deuda externa pública en especial – a niveles históricos récord. CFK se jactó incluso públicamente de ello enfatizando la frase “Somos pagadores seriales” en su discurso del 26.8.2013, donde habló de haber abonado 173.700 MD entre 2003 y 2012.

  4. CFK ratificó esta postura ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24.9 del año siguiente, donde habló allí de haber pagado más de 190.000 MD desde el 2003 hasta esa fecha.

  5. Con la observación importante que ninguna de estas dos cifras tuvieron luego explicaciones claras y concretas por parte de su gobierno, descontándose que la gran mayoría de tales pagos – o directamente la totalidad – no correspondían a reducciones netas de pasivos sino, en realidad, a la regla permanente de cancelar vencimientos íntegramente con nuevas obligaciones (novaciones con el mismo acreedor y/o con terceros), por lo que no había des-endeudamiento por baja efectiva del monto total adeudado y además, dicho monto seguía creciendo por deudas nuevas adicionales.

  6. Fue la misma época en que su gobierno – el de CFK – presentó ante Naciones Unidas la propuesta de internacionalizar los procesos de reestructuraciones de Deuda Soberana, que era una variante de la ponencia presentada en el 2002 por la vicepresidenta del FMI, Anne Krueger, y cuya finalidad esencial era sustraer los casos de default a la justicia de los países estableciendo un régimen supra-nacional de tratamiento para este tipo de casos.

  7. La misma ex presidenta, que ahora pide revisar y auditar la nueva Deuda Externa Macri, es la que se negó a investigar la deuda heredada e incrementada por su administración K1 y que luego, tardíamente, hacia finales de su mandato, remató dejando en la inoperancia la Comisión Investigadora de la Ley 26.9842.

  8. La negativa a investigar la cuestión de la ilegitimidad de la Deuda Pública fue una constante de la administración Kirchner y no difirió en absoluto del mismo comportamiento cómplice de todos los gobiernos de turno anteriores con los acreedores financieros, desde el Proceso hasta nuestros días, siendo ésta la principal clave de sometimiento exigida por dichos acreedores al Sistema de la Deuda y la base institucional del mecanismo de re-endeudamiento permanente o deuda perpetua.

  9. El gobierno Kirchner, como agravante, fue uno de los más fieles cumplidores de los dictados del Fondo Monetario cuando el FMI le exigió – lo mismo que a Brasil – el pago contado total y por anticipado de la deuda bilateral con el organismo (9.530 MD); directiva que la administración K cumplió en forma inmediata – inaugurando con ello su política de pagos de deuda externa con reservas del Banco Central – con el agravante adicional que lo hizo pese a que se trataba del acreedor más cuestionable de nuestro país y que se tenía a favor de la Argentina las graves irregularidades internas del organismo demostradas como producto de la propia auditoria de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI. Y con el añadido que ese pago total y por adelantado al FMI se hizo sin desafiliarse del Organismo, que es la única y verdadera forma de liberarse de sus condicionalidades y reclamar la devolución de la cuota-aporte integrada por nuestro país.

  10. La falsía del planteo K con respecto a una supuesta resistencia o confrontación suya frente al problema de la Deuda – una falacia enmascarada bajo el mito del des-endeudamiento – tuvo como remedo, años más tarde (en 2014) el arreglo con el Club de París bajo la gestión Kicillof, por el que nuestro país aceptó pagar un total de otros 9.700 MD, 3.600 de los cuales correspondían a intereses punitorios y compensatorios adicionales a los intereses acumulados por mora.

  11. Peor todavía fue el manejo cómplice e irracional de la administración K en la cuestión de los Holdouts, donde reconoció abiertamente la competencia de tribunales extranjeros en la ciudad de Nueva York, aceptó la validez de las acreencias reclamadas a valor nominal y no a valor de mercado, no objetó las irregularidades manifiestas en las obligaciones de origen y luego de perder los juicios en todas las instancias posibles en los Estados Unidos incurrió al país en un desacato indefendible.

  12. Con el agravante que el gobierno CFK desechó incluso la recomendación de última instancia hecha por el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (el mismo que patrocinaba a la Argentina desde los tiempos del ministro Cavallo y sobre el cual pesaban y pesan conflictos de intereses con los acreedores del Estado) en el sentido de declarar nuevamente el default o cesación de pagos frente al problema de las cláusulas RUFO y Acreedor más favorecido, dejando al país en las peores condiciones legales y financieras posibles, que fueron así aprovechadas por el Partido de la Deuda que retorna con el gobierno Macri para llegar a su acuerdo secreto e irrestricto de rendición ante los Fondos Buitre. Pocas veces una administración saliente devino tan funcional a los intereses del sistema de la Deuda y a la nueva administración entrante, con su legión de funcionarios ligados incondicionalmente a los intereses de los acreedores del país y preparados para aprovechar la oportunidad servida en bandeja merced a las torpezas K.

  13. La misma técnica de presentar sus concesiones como supuestas victorias, las aplicó el gobierno K con respecto al Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010, vendido a la opinión pública como un éxito de renegociación cuando fue un allanamiento a las exigencias de los acreedores financieros, sin quitas ni ventajas para nuestro país porque la reducción relativa en los valores de capital fue íntegramente compensada con cupones PBI y las nuevas obligaciones (que en su mayoría correspondían al Megacanje delictivo De la Rúa-Cavallo del 2001) fueron pactadas a una tasa promedio del 8.28 % a 30, 35 y 42 años de plazo, convalidando además la novación de deudas que estaban y están todavía – al menos teóricamente - investigadas por la justicia.

  14. Paradójicamente, el Ministro Lavagna y su Secretario de Finanzas Nielsen – durante el mandato de Néstor Kirchner – esperaban con este acuerdo volver a colocar nueva Deuda Externa en el mercado internacional de capitales (que tal era el objetivo central del nuevo Megacanje K) mientras quedaba abierto el conflicto con los Holdouts por más de 20.000 MD.

  15. Este objetivo de reestructurar Deuda Externa para volver a endeudarse en el exterior fue el mismo que luego retoma el ministro Boudou con su Hoja de Ruta del 2008, que aspiraba llegar a un arreglo con los holdouts y con el Club de París (este último, concretado en condiciones fuertemente gravosas) con la misma finalidad K: volver al mercado global de bonos.

  16. La presidenta CFK critica ahora al presidente Macri por la toma de 97.000 MD de nueva Deuda Externa en lo que va de su mandato – una irresponsabilidad financiera mayúscula que, en lo personal, venimos denunciando en forma permanente – pero omite decir que esa vuelta al endeudamiento externo fue facilitada precisamente por su gestión de “pagadora serial”, que descongestionó parcialmente sus obligaciones externas en aras de volver al Mercado Internacional de la Deuda (el objetivo frustrado del Megacanje K y de la Hoja de Ruta Boudou).

  17. Es notable, por no decir sintomático, que sea justamente esta política sistemática de pago privilegiado de Deuda Externa con Reservas Internacionales - llevada a cabo por la administración K – el único mérito que la nueva administración Macri, la gran Partidocracia con representación parlamentaria y el establishment financiero le reconocen y valoran a la gestión Kirchner para facilitar así la colocación de nuevos bonos en el exterior.

  18. Lo que no pudo lograr la administración K en materia de re-endeudamiento externo es lo que ahora – gracias a su costosa gestión – utiliza, aprovecha y agradece el Partido de la Deuda que adviene nuevamente con el gobierno Macri.

  19. Y todo ello fue producto de la engañosa política de Deuda intra-Estado del gobierno K, que consistió en el pago prioritario y privilegiado de la Deuda Externa con Terceros – Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales – traspasándole así la deuda impagable a los entes del propio Estado Argentino para dejar allanada la vuelta a un nuevo endeudamiento externo del país (que tal era el objetivo declarado de la administración Kirchner bajo las gestiones Lavagna, Boudou y Kicillof, en sus últimas negociaciones para pago a los holdouts a partir del 2015).

  20. La presidenta CFK advierte hoy el peligro cierto de que el dinero de los jubilados se vaya a terminar usando por la administración Macri para pagar Deuda Externa, pero omite decir que su administración – siempre en el marco de su Deuda intra-Estado – dejó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES comprometido en un 65 % de su monto con deudas impagables del Tesoro Nacional, que su gobierno – a través de la sub-indexación inflacionaria – fue licuando fuertemente el valor de los títulos públicos en pesos que tenía mayoritariamente la ANSES y que la re-estatización de las AFJP por Boudou en 2008 se hizo para poder trasladar al propio Estado la carga de endeudamiento sin capacidad de repago liberando del correspondiente riesgo de insolvencia a los grandes bancos que controlaban dichas AFJP.

  21. Fue algo parecido al rol que jugó con el Kirchnerismo – y que sigue jugando hoy en día - el Banco Nación (BNA), cuya mitad de la cartera de créditos está prestada al Tesoro y/o al Banco Central (BCRA) contra obligaciones igualmente sin capacidad de pago.

  22. Pero seguramente la nota más singular dentro de las declaraciones de la ex presidenta CFK es la que corresponde al rol del BCRA y particularmente a su política de endeudamiento a cortísimos plazos vía Lebac. CFK se escandaliza de la aberrante desproporción actual del pasivo cuasi-fiscal del BCRA en relación a la Base Monetaria (BM) – hecho que, también en lo personal, venimos denunciando desde hace largos años – pero soslaya que dicha política fue desarrollada por su gobierno y con el mismo procedimiento: comprar divisas con deuda para reponer las reservas prestadas al Tesoro para pagar Deuda Externa, mantener artificialmente un retraso cambiario para poder cubrir obligaciones en moneda extranjera y elevar las tasas de interés que paga el BCRA para subsidiar a los bancos y al sistema financiero en general.

  23. Ciertamente la proporción era distinta en cuanto a magnitudes: al fin del mandato K la relación Lebac / BM era de un 57 % (346.300 M$ - Millones de Pesos – sobre 612.300 M$, según datos al 7.12.2015), aunque con un tipo de cambio entonces a 9.73 $/US$. Hoy, bajo la gestión Sturzenegger, dicha relación asciende a más del doble: 123 % (959.400 / 777.700 M$, según datos al 15.5.2017 y con el tipo de cambio 15.48 $/US$).

  24. Entonces, como ahora – con las variaciones de montos señaladas en los dos puntos precedentes – la política financiera del BCRA era básicamente la misma: favorecer el sistema bancario con el subsidio resultante de las altas tasas de interés pagadas por las Lebac y también por las Operaciones de Pase, lo que hizo – bajo la administración K - y mantiene hoy - con la administración M – que los bancos sigan siendo el sector de la actividad económica que mantiene niveles récord de ganancias especulativas a costa del Estado (capitales financieros locales y capitales golondrina externos que lucran con el enorme diferencial de tasas de interés locales e internacionales bajo la política oficial de retraso cambiario para poder pagar servicios de la deuda externa).

  25. Fue y es esta misma política de atraso cambiario combinada con altas tasas de interés, de mantenimiento de un BCRA sin reservas propias sino tomadas con Deuda y de Lebac calzadas con seguros de cambio en el Mercado Rofex y en el MAE que se dio – y amenaza repetirse – el negociado conjunto Kirchner-Macri de contratos de dólar futuro que le costaron al Estado Nacional (y, por ende, al Pueblo Argentino) más de 50.000 M$ por diferencias de cambio después de la macro-devaluación Macri de Diciembre de 2015.

  26. No es casual que en un país donde un tercio de la población se encuentra bajo la Línea de Pobreza, sea el sector financiero-bancario el que mantenga los más altos niveles de rentabilidad.

Hasta aquí, parte de lo que principalmente pueda decirse a raíz de los recientes dichos de la ex presidenta CFK y la realidad concurrente de su política de deuda y financiamiento que hoy el Partido Macrista de la Deuda está llevando irresponsablemente a niveles financieros inmanejables.

Es parte de las Políticas de Estado que la Plutocracia Financiera que rige hoy la vida de las Naciones impone a los pueblos precisamente en contra de los verdaderos intereses del Estado.

 

Lic. Héctor L. GIULIANO

Buenos Aires, 26.5.2017

Asesor del

FORO ARGENTINO de la DEUDA EXTERNA

Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada

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El análisis siguiente conduce a responsabilizar al gobierno de Macri en vez de centrar la mirada de los de abajo sobre el capitalismo bien explícito en la actualidad. Gambina  realiza el análisis desde una visión inmediata o cortoplacista de los hechos sin contextualizarlos en el proceso de reestructuración socioeconómica y estatal a favor fundamentalmente de las transnacionales o corporaciones imperialistas desde 1983 hasta hoy sin interrupción. De suerte que aporta a que el sistema no sea cuestionado aun cuando lo aluda, también los señalamientos quedan descolgados al soslayar que los gobiernos K han sido cruciales tanto en la expansión del extractivismo y la deuda eterna como en ilusionar sobre las posibilidades de un "capitalismo serio". Ya desde el título de la nota desorienta:

 

 

Argentina subordinada a la agenda del capitalismo mundial

10 de junio de 2017

Por Julio C. Gambina (Rebelión)

Pasó Angela Merkel por la Argentina y elogió al Presidente y su política; antes Mauricio Macri visitó a Donald Trump con el mismo resultado; y aun antes había venido al país Barack Obama y desde otra visión al actual ocupante de la Casa Blanca también batió palmas por el rumbo local.

Son varios los jefes de Estado y Organismos Internacionales que elogian y saludan el proceso político de la Argentina, aun cuando no aparecen los resultados económicos.

Pese a la baja del índice de precios, la inflación continúa castigando a gran parte de la población, la que tiene ingresos fijos y bajos. El crecimiento es mínimo y proyecta una imagen de estancamiento, especialmente en la producción industrial, con sus secuelas de cesantías y suspensiones.

Lo que elogian es la subordinación del país al guión elaborado por ese poder mundial, al que lógicamente aspira integrar el gobierno argentino. Además, pretenden marcar el camino en la región, no ya con golpes blandos sino con consenso electoral.

Ese es el atractivo del Gobierno Macri para el poder mundial, el consenso que se apresta a recrear y confirmar en octubre para así afirmar el rumbo de la liberalización.

 

Intereses materiales por la liberalización

La cuestión de fondo es que atrás de unos y otros, los de afuera y los de acá, están las corporaciones transnacionales, los que definen las inversiones y que con sus ganancias acumulan y se valorizan en la renovada disputa por el poder y la dominación.

Por eso también, la crónica informa de visitas al país de líderes empresarios o cónclaves del presidente en el exterior con esos eventuales inversores.

Es un entramado de poder entre grandes Empresas, Estados nacionales y Organismos internacionales que disputan entre sí la orientación del destino mundial.

Todos ellos, las corporaciones transnacionales, los jefes de gobierno de los países capitalistas desarrollados y los organismos internacionales, todos, coinciden en destacar el rumbo asumido por el gobierno Macri.

Ahora Merkel elogió el camino hacia la apertura económica y el libre comercio, dejando la esperanza que eso fructificará algún día, si se es consecuente y disciplinado en las medidas que se impulsen para asegurar la inserción del país en el sistema mundial.

El discurso es reiterativo en loas a la liberalización, como si ésta política fuera nueva en el país. De hecho, nos remite a la lógica ortodoxa de los equipos de Martínez de Hoz o de Cavallo, emblemáticos en la aplicación de políticas de inserción mundial subordinada de la Argentina en las últimas cuatro décadas.

 

Institucionalidad del poder mundial

Argentina quiere integrarse en los ámbitos que definen el poder global y no es nuevo. Ello tiene antecedentes más atrás de las aspiraciones menemistas por integrarse al primer mundo y nos los recuerdan personajes de las clases dominantes cuando recuperan el destino de grandeza de la Argentina del centenario, lugar perdido desde la aspiración por la industrialización.

Por eso Macri insiste en el retorno a los “mercados”, que es su credo y su tradición familiar de empresario, y ahora tiene más sentido la pertenencia de Argentina al G20, que en 2008 apareció como el ámbito global desde la hegemonía del G7 (EEUU, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y Japón) para ampliar el consenso con otros países que emergían a la visibilidad de inversores (China, Rusia, India, Brasil, México y Argentina, entre otros), y juntos encontrar salidas liberalizadoras a la crisis de entonces.

Merkel entregará la posta de la coordinación del Grupo de los 20 a Macri, ya que Alemania ejerce esa función este año y a la Argentina le tocará el próximo.

Además, la Argentina es sede entre el 10 y 13 de diciembre próximo de la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, OMC, con el propósito de estimular precisamente el libre comercio, forma eufemística para denominar el programa de máxima de los grandes capitales por apropiarse del mercado mundial.

Ambos jefes de gobierno, Merkel y Macri se interesan para que la cumbre próxima del G20 en Berlín, el 7/7/17 organice adecuadamente la agenda de discusión mundial favorable a la liberalización, con el condimento conflictivo que supone la presencia de Trump en el cónclave.

Todos quieren y profesan el libre comercio, el libre cambio y la libre competencia. Son líderes e ideólogos del orden capitalista. Sin embargo, cada quien atiende su juego. Trump aspira a desarmar a su favor la institucionalidad lograda en tratados o acuerdos internacionales en gestiones anteriores. Necesita hacerlo para cumplir con sus promesas de “hacer grande América otra vez” y mantener los consensos internos.

Merkel defiende los intereses de la hegemonía alemana en Europa, y Macri tiene la ilusión que su prédica por la liberalización, su credo ideológico, promueva la llegada de inversiones que tanto EEUU como Europa pretenden para sus territorios, salvo que el ajuste fiscal y la pérdida de derechos laborales y sociales hagan atractiva a la Argentina para las empresas extranjeras.

 

El debate por los acuerdos de París

Lo curioso es que todos lo critican a Trump por anunciar el retiro de EEUU de los acuerdos sobre el calentamiento global y el cambio climático, cuando EEUU, Alemania y otras grandes potencias son principales productores materiales y difusores de la contaminación en cada territorio que asienta sus empresas transnacionales.

Vale también para la Argentina que se propone el objetivo de llegar rápidamente al millón de autos producidos en el país y aspira hacer realidad, vía fractura hidráulica (fracking) la explotación de vaca muerta, al tiempo que celebra acuerdos para potenciar la depredación de la naturaleza en cómplices acuerdos con gobernadores e inversores de una producción primaria exportadora que más que progreso acelera la devastación.

Es un debate mentiroso el que se suscita entre los responsables del cambio climático, que con el modelo productivo profundizan el carácter depredador de un orden económico social que junto a la pobreza, la desigualdad y la explotación, ofrece campo arrasado con inundaciones y contaminación que afectan la flora, la fauna y nuestra vida.

Ni siquiera alcanza con la mitigación sustentada en los acuerdos internacionales y convoca a discutir a fondo la crítica a la forma hegemónica de la producción, la distribución, el cambio y el consumo, colocando por delante la convergencia de un metabolismo social y natural que ofrezca horizonte de continuidad a la vida.

Lamentablemente no es lo que se discute y todo queda en discursos diplomáticos que esconden el interés de las grandes empresas por asegurar su lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227755

 

"La corrupción no puede ser caracterizada como una mera consecuencia de las “malas prácticas” de ciertos políticos y empresarios: es una concepción de la economía política, una forma de gobierno, que hunde sus raíces en la propia base del capitalismo global". Esta conclusión nos ubica en la criminalidad de más de una deKada de maximización de la transnacionalización económico territorial de Argentina. Es develar la destrucción tanto de ecosistemas como de comunidades, el envenenamiento de poblaciones y de los sustratos de la vida (agua, aire, suelo, biodiversidades) en todo el país, el desalojo y la exclusión de un creciente número de familias e individuos, etc..

 

 

 

Las empresas transnacionales en la arquitectura de la impunidad:

poder, corrupción y derechos humanos

5 de mayo de 2017

Estafa, soborno, blanqueo de capitales, evasión de impuestos, posición abusiva de mercado, apropiación indebida, manipulación contable, fraude. Y también paraísos fiscales, ingeniería financiera, doble contabilidad, lobbies, diplomacia económica, pago de comisiones, puertas giratorias. El modus operandi de las empresas transnacionales se compone de aquellas prácticas ilegales que se definen como delitos económicos y, al mismo tiempo, de todas esas otras que, sin contravenir la legalidad vigente, pueden ser incluidas dentro de una categoría, la corrupción, que no hace referencia tanto a una serie de excepciones como a la propia regla.

Y es que, como se muestra al analizar la evolución histórica de las grandes corporaciones españolas, la corrupción no puede ser caracterizada como una mera consecuencia de las “malas prácticas” de ciertos políticos y empresarios: es una concepción de la economía política, una forma de gobierno, que hunde sus raíces en la propia base del capitalismo global.

Las big four [1] ayudando a cientos de multinacionales a montar complejas estructuras societarias para trasladar sus beneficios a Luxemburgo y así casi no pagar impuestos. Volkswagen reconociendo que manipuló el software instalado en once millones de automóviles para que sus emisiones de gases contaminantes parecieran menores que las reales. Goldman Sachs fichando como asesor a José Manuel Durão Barroso, expresidente de la Comisión Europea, cinco años después de que el vicepresidente de este banco de inversión, Mario Draghi, fuera nombrado máximo responsable del Banco Central Europeo. Las constructoras FCC, Sacyr y OHL donando importantes sumas de dinero al Partido Popular a la vez que les eran concedidos grandes contratos de obras públicas de infraestructura. Telefónica funcionando como una gran agencia de colocación de la clase político-empresarial que nos gobierna y fichando sucesivamente a Iñaki Urdangarín, Eduardo Zaplana, Rodrigo Rato y Trinidad Jiménez. Son apenas algunos ejemplos de un listado interminable de nombres propios que demuestra que, al fin y al cabo, lo que hemos dado en llamar corrupción no es otra cosa que la forma habitual de operar de las empresas transnacionales.

Multinacionales, corrupción y derechos humanos

“En su carrera por la acumulación de ganancias, todas las grandes corporaciones de todos los sectores se ven obligadas a romper las reglas en algún momento”, afirman en su libro La empresa criminal los profesores Steve Tombs y David Whyte. [2] Y, efectivamente, así es: en un contexto de fuerte competencia en el mercado mundial y con una constante presión de los accionistas y los fondos de inversión por aumentar sus ganancias, las grandes compañías están en una continua carrera a la baja —devaluación de los salarios, “flexibilización” de las condiciones laborales, externalización de las tareas y responsabilidades menos rentables, etc.— que implica, cuando la situación lo requiere para defender sus negocios, pasar por encima de las legislaciones nacionales y los pactos internacionales. La historia de la expansión global de las multinacionales, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, así lo evidencia.

A lo largo del siglo pasado, para que pudiera producirse el proceso de internacionalización de las grandes corporaciones industriales, extractivas y financieras, fue necesario disciplinar a los gobiernos, las comunidades locales y los movimientos sociales que se opusieron a este modelo de “desarrollo”. Y las empresas transnacionales, en el marco de una alianza estratégica con los Estados centrales —no en vano, como nos recuerdan Tombs y Whyte, “la corporación es una creación del Estado-nación y se mantiene sobre una obscena variedad de actividades estatales”— [3] no dudaron en utilizar todos los medios a su alcance para conseguir sus propósitos. United Fruit Company —hoy Chiquita Brands—, por poner un ejemplo, fue responsable en 1928 de lo que en Colombia se conoce como “la masacre de las bananeras” [4] y, desde entonces, ha venido siendo denunciada por acaparamiento de tierras, condiciones esclavistas de trabajo y prácticas sistemáticas de soborno y corrupción para controlar gobiernos; sin ir más lejos, quedó acreditada su implicación en el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y ya en este siglo ha sido condenada en Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares por proporcionar armamento a grupos paramilitares colombianos.

Estafa, soborno, blanqueo de capitales, evasión de impuestos, posición abusiva de mercado, apropiación indebida, manipulación contable, fraude. Y también paraísos fiscales, ingeniería financiera, doble contabilidad, lobbies, diplomacia económica, pago de comisiones, puertas giratorias. El modus operandi de las empresas transnacionales se compone de aquellas prácticas ilegales que se definen como delitos económicos y, al mismo tiempo, de todas esas otras que, sin contravenir la legalidad vigente, pueden ser incluidas dentro de una categoría, la corrupción, que no hace referencia tanto a una serie de excepciones como a la propia regla.

Y es que, como se muestra al analizar la evolución histórica de las grandes corporaciones españolas, la corrupción no puede ser caracterizada como una mera consecuencia de las “malas prácticas” de ciertos políticos y empresarios: es una concepción de la economía política, una forma de gobierno, que hunde sus raíces en la propia base del capitalismo global.

Las big four [1] ayudando a cientos de multinacionales a montar complejas estructuras societarias para trasladar sus beneficios a Luxemburgo y así casi no pagar impuestos. Volkswagen reconociendo que manipuló el software instalado en once millones de automóviles para que sus emisiones de gases contaminantes parecieran menores que las reales. Goldman Sachs fichando como asesor a José Manuel Durão Barroso, expresidente de la Comisión Europea, cinco años después de que el vicepresidente de este banco de inversión, Mario Draghi, fuera nombrado máximo responsable del Banco Central Europeo. Las constructoras FCC, Sacyr y OHL donando importantes sumas de dinero al Partido Popular a la vez que les eran concedidos grandes contratos de obras públicas de infraestructura. Telefónica funcionando como una gran agencia de colocación de la clase político-empresarial que nos gobierna y fichando sucesivamente a Iñaki Urdangarín, Eduardo Zaplana, Rodrigo Rato y Trinidad Jiménez. Son apenas algunos ejemplos de un listado interminable de nombres propios que demuestra que, al fin y al cabo, lo que hemos dado en llamar corrupción no es otra cosa que la forma habitual de operar de las empresas transnacionales.

La expansión de las grandes empresas españolas

El empresario Javier López Madrid, gran amigo de los reyes de España y consejero delegado del Grupo Villar Mir —conglomerado dueño de OHL y con participaciones en otras compañías como Abertis, Fertiberia y Colonial—, investigado en la operación Púnica por la financiación ilegal del Partido Popular en Madrid y acusado de apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. El presidente de FCC Construcción y el director de infraestructuras de Acciona en España, detenidos junto a otras once personas por el supuesto pago de comisiones a ejecutivos de la empresa estatal Acuamed a cambio de proyectos de infraestructuras y sobreprecios. Entre las compañías privadas que hacían donaciones a la fundación de Convergencia Democrática de Cataluña, Agbar era la que más dinero entregaba, y dejó de hacerlo tras no serle concedida la privatización de Aguas Ter-Llobregat. Día tras día, cientos de noticias como estas recientes hacen que la corrupción nunca deje de estar de actualidad y, más que una mera suma de irregularidades, lo que vienen a mostrar es el entramado de intereses de una élite político-empresarial que preside el modo en el que operan las grandes empresas españolas.

En realidad, lejos de ser una situación novedosa, la corrupción como modus operandi habitual de lo que hoy son las grandes multinacionales españolas, así como de buena parte de la clase político-empresarial que nos gobierna, se remonta a los inicios del desarrollismo franquista. Y es que fueron sobre todo el turismo y la construcción —también ciertos sectores industriales y energéticos—, contando con un fuerte apoyo de los grandes bancos, los que en buena medida contribuyeron a sostener el modelo de crecimiento económico del franquismo y permitieron el rápido enriquecimiento de las oligarquías nacionales. Este modelo de capitalismo familiar aún hoy controla un número significativo de las grandes compañías españolas.

En los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, los proyectos relacionados con la construcción de grandes infraestructuras fueron la vía más directa para favorecer a los dueños de las empresas más allegadas al régimen franquista. Y además de tener el apoyo del presupuesto público para desarrollar las obras, pudieron contar con mano de obra esclava, los presos republicanos, para construir pantanos y carreteras. Así es como la familia Entrecanales, propietaria de lo que hoy es Acciona, construyó un canal para evacuar los vertidos de los barrios ricos de Sevilla. Y de esa misma manera la empresa Dragados —integrada más tarde en ACS— abarató los costes de la construcción del embalse de Mediano en Huesca, [12] al igual que Coviles —luego parte de OHL— en el embalse de Cenajo en Murcia, [13] entre muchas otras. Un puñado de grandes corporaciones y familias propietarias que, desde entonces, cuentan con una posición privilegiada en la economía española. [14]

Con el final de la dictadura franquista no se produjo ninguna ruptura; al contrario, los Pactos de la Moncloa y las reformas económicas de los años setenta sentaron las bases para establecer una línea de continuidad con los privilegios y propiedades controlados por las clases dominantes desde la posguerra. De este modo, las patronales empresariales y los nombres clave del capitalismo familiar español mantuvieron el control sobre sus sectores y siguieron siendo muy influyentes a la hora de decidir quiénes pilotaban la Transición y cómo habrían de actuar los primeros gobiernos elegidos en democracia. Como recuerda el historiador Emmanuel Rodríguez, “hacia 1975, dos centenares de familias, con presencia en los consejos de los grandes bancos y las grandes empresas españolas, controlaban más de un tercio de las acciones cotizadas en bolsa”. [15]

“Este es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de toda Europa y quizás también de todo el mundo”, afirmaba en 1988 Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda y exponente de la cultura del pelotazo, refiriéndose a las grandes oportunidades de negocio que se abrieron en los años ochenta con la expansión de las políticas económicas iniciadas en ese periodo. Así, con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea se impusieron multitud de reformas que configuraban el modelo económico neoliberal que ha llegado hasta nuestros días. Fue en los gobiernos “socialistas” de Felipe González (1982-96) cuando se promovió la mayor “liberalización” de la economía, el aumento de la “flexibilización” de las condiciones laborales y la privatización acelerada de las empresas estatales. Una labor que retomó con fuerza José María Aznar en sus años como presidente del gobierno (1996-2004), profundizando y extendiendo todas estas políticas con su “Programa de modernización del sector público empresarial”. Para cerrar el círculo, ambos mandatarios fueron contratados una década después como consejero y asesor de Gas Natural y Endesa, respectivamente, compañías multinacionales provenientes de empresas públicas privatizadas precisamente por sus mismos gobiernos.

Con todo ello, muchos empresarios amigos de los gobiernos de turno fueron situados en los consejos de administración y las direcciones de lo que luego serían las mayores multinacionales españolas: Telefónica, Gas Natural, Argentaria (BBVA), Repsol, Iberia, Endesa… Se conformaba así una renovada clase político-empresarial, complementaria y bien relacionada con los clanes históricos del capitalismo familiar, que sería la que dirigiría el proceso de internacionalización a finales de los años noventa y principios de este siglo. En permanente y constante sintonía, eso sí, con todos lospolíticos giratorios que, desde los sillones en las instituciones públicas o desde los asientos en los consejos de administración de las grandes compañías —desde 1977, el 40% de los ministros de los gobiernos de la democracia se ha incorporado a las direcciones de las grandes corporaciones privadas—, [16] se fueron sumando a recoger los beneficios que este modelo de crecimiento económico proporcionaba a quienes lograran colocarse en lo más alto de las estructuras del poder político-económico. Las trayectorias paralelas del BBVA, Telefónica y Repsol, por ejemplo, se constituyen como casos paradigmáticos para entender cómo ha venido funcionando la maquinaria político-empresarial desde finales de la década de los noventa, la época dorada de las privatizaciones, hasta la fecha. [17]

El “segundo desembarco” en América Latina

Las grandes empresas españolas y sus principales directivos quedaban así muy bien posicionados para dar el salto a nuevos mercados donde seguir con su lógica de crecimiento y acumulación. Además, la amenaza de compra por parte de algunos capitales europeos, a través de operaciones lideradas por corporaciones de gran envergadura y capitalización, cobraba mucha fuerza, con lo que la mejor defensa era seguir expandiéndose a otras regiones. Tenían las herramientas para ello, habían adquirido el tamaño y la capacidad financiera suficiente para expandirse fuera de las fronteras españolas; en ese mismo momento, América Latina estaba bajo la ortodoxia del Consenso de Washington y vivía una ola de privatizaciones y fusiones empresariales.

“Establecer y hacer cumplir un marco de reglas claras que reduzcan la incertidumbre es el mejor vehículo para canalizar la inversión hacia Latinoamérica”, recomendaba Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa —más tarde diputado nacional del PP—, en el Foro Latibex del año 2006. Una declaración que resulta paradójica cuando sabemos que las inversiones españolas en la región llegaron a niveles récord precisamente en ese período, en el que se daban continuos cambios en la regulación y se evidenciaba el incumplimiento gubernamental y empresarial de esas mismas normas. Y es que el boom privatizador que vivió América Latina en la década de los noventa representó un contexto perfecto para hacer de la corrupción no sólo una política económica sino también la mejor vía para la entrada masiva del capital transnacional.

En esta línea, los gobiernos que abrieron las economías latinoamericanas a la inversión extranjera se caracterizaron por crear un contexto económico que profundizaba las desigualdades, fortalecía una relación privilegiada entre el sector privado y la esfera política, y promovía el enriquecimiento de las élites nacionales y también transnacionales, mediante vías tanto legales como ilegales. Así fue para el caso de Brasil y el ejecutivo de Fernando Henrique Cardoso, que salvó con dinero público a bancos implicados en fraudes millonarios —y luego el “favor” le fue devuelto con donaciones ilegales—, albergó numerosos casos de corrupción y hasta compró votos para su reelección. Un panorama similar se vivió en Argentina con el gobierno de Carlos Menem, calificado como el presidente más corrupto de la historia del país por una larga lista de irregularidades en sus mandatos. Y qué decir de los ejemplos del gobierno mexicano de Ernesto Zedillo, del de Alberto Fujimori en Perú, etc. Como lo demuestra la forma en la que se llevó a cabo el segundo desembarco de las multinacionales españolas en América Latina, los entramados creados por la alianza entre los grandes capitales y los gobierno no solo beneficiaron a los cargos públicos corruptos, sino sobre todo a las empresas transnacionales que gracias a las privatizaciones asentaron sus posiciones de control de los sectores estratégicos de la economía de la región.

En esta reformulación de condiciones ventajosas para las empresas transnacionales se ha contemplado un amplio margen de políticas que, aunque no puede decirse que hayan sido ilegales, suponían sin duda un grave perjuicio para las mayorías sociales. Y cuando a través de vías legales no han podido obtener la rentabilidad deseada, multinacionales como Telefónica, Repsol, BBVA y Endesa, por citar solamente algunos casos, no han dudado en ampliar las posibilidades de negocio hacia el intercambio de favores, los sobornos, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Así es como, en resumen, las grandes empresas españolas se transformaron en multinacionales y llegaron a dominar los sectores clave de las economías latinoamericanas.

En 2012, el rey Juan Carlos, en una visita diplomática a Brasil, ensalzaba la labor del gobierno de Dilma Roussef porque había “entendido bien que son las economías más abiertas y que mejor respetan el principio de seguridad jurídica las que más bienestar ofrecen a sus ciudadanos”. Lo decía en un encuentro empresarial en el que estuvo acompañado por los presidentes del Banco Santander, Iberdrola, Repsol y Telefónica. El monarca, eso sí, pasó por alto que una de las empresas allí presentes —Iberdrola, accionista principal de Neoenergía— es responsable de la destrucción del Amazonas por la construcción de la megapresa hidroeléctrica de Belo Monte; [18] tampoco hizo ninguna mención a los pagos que entonces realizaba Telefónica a quien fue ministro brasileño de Presidencia, José Dirceu, para garantizarse la obtención de contratos. [19] “Seguridad jurídica”, en este contexto, parece ser un concepto únicamente referido a asegurar las condiciones de operación del capital transnacional, por encima de otras consideraciones como los derechos humanos y de la naturaleza.

Utilizar la corrupción para garantizar un negocio lucrativo no ha sido sólo un episodio relacionado con las ventas de empresas latinoamericanas; se ha establecido como una forma de gobierno y una moneda de uso corriente en el desarrollo de las grandes actividades empresariales. Es apenas una parte del entramado político-empresarial que pone la función pública y los recursos del Estado a disposición de las empresas transnacionales, donde actúan la diplomacia económica y hasta las intervenciones militares con un papel destacado en la consolidación y ampliación de los negocios por todo el globo. Esta confusión entre intereses privados y el interés general ha sido manifiesta cuando algunos gobiernos latinoamericanos han intentado cambiar las condiciones de las que tanto se han beneficiado las multinacionales en las últimas décadas; veamos, sin ir más lejos, lo que ocurrió en 2006 con el decreto de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia y, en 2012, cuando el gobierno de Argentina expropió las acciones de Repsol en YPF. “Allí donde haya una empresa española, allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses”, concluía el presidente Mariano Rajoy en una gira para promocionar la marca España.

Propuestas de control y alternativas

Prohibir la circulación sin obstáculos de altos cargos y representantes políticos entre el sector público y privado, la cooptación del proceso decisorio de las políticas públicas —la cooperación reguladora, la coescritura de legislación, la elaboración de normas tipo o de anteproyectos de leyes—, el soborno y otras prácticas de corrupción. Obligar a gobiernos y parlamentos a someter a consultas —tanto en línea como en audiencias públicas— con las empresas, grupos de presión, movimientos sociales, sindicatos, ONG y pueblos autóctonos, entre otros, las tomas de decisiones que afecten a sus intereses. Regular el complejo entramado de bancos, empresas, grupos de inversores, agencias, consultoras, comisionistas y otros actores que operan en los mercados financieros. Aprobar normas sobre la transparencia de las prácticas financieras; el control de capitales y de los servicios financieros; el control de los fondos de inversión (hedge funds), el fraude y la elusión fiscal, las agencias de calificación, la retribución de los altos directivos y el secreto bancario; la sanción a los flujos ilícitos de capital.

Estas son, junto a muchas otras que ya se están haciendo por parte de un buen número de organizaciones de la sociedad civil, algunas propuestas de control de las actividades de las grandes empresas que, desde hoy mismo, podrían ser aplicadas sin mayores impedimentos técnico-jurídicos si hubiera la voluntad política para hacerlo. Y es que, ante la falta de controles democráticos para frenar la corrupción que atraviesa todo el actual sistema socioeconómico, ha vuelto a ponerse en el centro del debate —aunque este viene al menos desde los años setenta— [20] la necesidad de establecer mecanismos de regulación para obligar a las corporaciones transnacionales a cumplir las garantías democráticas y respetar los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

Bien es verdad que ya existen algunas medidas en relación al control democrático de las grandes empresas, pero a nuestro entender resultan ser parciales e ineficaces. Hablamos, por ejemplo, de los registros para los lobbies, como el Lobbying Disclosure Act de Estados Unidos y el Transparency Register de la Unión Europea; mientras el primero es obligatorio, el segundo es voluntario y no contempla sanciones cuando las corporaciones no se registren o lo hagan con datos inexactos. A escala español, hace tres años llegó a plantearse la aprobación de un registro de lobbies por parte del Congreso de los Diputados, con la intención declarada de “mejorar los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas y responsabilidad de las instituciones”—, [21] cosa que hasta la fecha no ha sucedido. Igualmente, existe una evidente debilidad para frenar las puertas giratorias: en el Estado español hay una ley que establece un período mínimo de dos años entre el cese de cargos públicos y las actividades en empresas privadas “relacionadas con el cargo desempeñado”; en la Unión Europea ese lapso de tiempo se reduce aún más y sólo se prolonga hasta el año y medio para los ex comisarios y comisarias europeas. Y a pesar de que se trata de una regulación muy laxa, ni siquiera se cumple: antes de que se hiciera efectivo el plazo estipulado en la normativa, la ex vicepresidenta Elena Salgado fue contratada por la filial de Endesa en Chile.

En este contexto, para contrarrestar la fuerza de la lex mercatoria y el enorme poder político, económico, cultural y jurídico de las empresas transnacionales, ha de invertirse la pirámide normativa, situando en el vértice los derechos de las mayorías sociales en lugar de los intereses privados de la clase político-empresarial que nos gobierna. Así, necesitamos un nuevo modelo donde las personas y el medio ambiente tengan prioridad sobre los beneficios y los intereses corporativos. En este sentido, viene reclamándose hace tiempo la aprobación de una normativa internacional jurídicamente vinculante para obligar a las multinacionales al respeto de los derechos humanos operen donde operen, así como la creación de un tribunal internacional para juzgar a las empresas transnacionales y la puesta en marcha de un centro para hacer un seguimiento de sus operaciones. Todas estas iniciativas que pueden plantearse son, a su vez, complementarias de otras como elTratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales, “una propuesta alternativa de carácter radical — elaborada gracias al trabajo de los movimientos sociales y las redes de solidaridad internacional—, cuyos objetivos son, por un lado, proponer mecanismos de control para frenar las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales y, por otro, ofrecer un marco para el intercambio y la creación de alianzas entre comunidades y movimientos sociales para reclamar el espacio público, ahora ocupado por los poderes corporativos”. [22]

Pedro Ramiro y Erika González son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)  Paz con Dignidad.

OMAL

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En consecuencia, es fundamental generalizar la toma de conciencia entre los de abajo sobre que: "las críticas a los gobiernos progresistas en modo alguno buscaron “hacerle el juego a la derecha”; todo lo contrario. Simplemente procuraron remarcar que hablar de “capitalismo salvaje” es una tautología y que predicar el “capitalismo humanizado” es un oxímoron. El capitalismo no admite adjetivaciones; es simplemente eso: un régimen de relaciones sociales que opera la fagocitosis de las energías vitales como medio para la acumulación pretendidamente infinita del valor abstracto. En ese proceso consume la vitalidad de la Tierra y la humanidad de lo humano".

El extractivismo demuestra que el capitalismo está generando el exterminio de la vida planetaria y el progresismo e izquierdas afines eluden priorizar discutir alternativas emancipatorias.

 

La naturaleza americana y el orden colonial del capital

El debate sobre el “extractivismo” en tiempos de resaca
12 de abril de 2016

Por Horacio Machado Aráoz (Rebelión)

A la Memoria de Berta Cáceres

“Desde su origen, el capital ha utilizado todos los recursos productivos del globo… tiene necesidad de disponer del mundo entero y de no encontrar límite ninguno en la elección de sus medios de producción”. (Rosa Luxemburgo, 1912).

 Hace poco más de un lustro ya, inmersos todavía en el clima refrescante de las expectativas emancipatorias abiertas por el “giro a la izquierda” en América Latina, asistíamos a la irrupción de las discusiones en torno a la matriz socio-productiva y las estrategias económico-políticas seguidas en la región como curso para salir y, eventualmente, superar el trágico estadío del neoliberalismo. Por entonces, los debates sobre el “extractivismo” corrieron como reguero de pólvora en las siempre agitadas tierras ideológico-políticas de la región (Gudynas, 2009; Acosta, 2011; Svampa, 2013; Lander, 2013). Para ser precisos, los revuelos causados por la materia, repercutieron con mayor fuerza en el hemisferio ideológico de actores y referentes (políticos, intelectuales y movimientos) de la izquierda. Pues como bien precisó en su momento Eduardo Gudynas (2009), no estábamos ante una problemática que pueda decirse “nueva”; más bien todo lo contrario.

Lo ‘novedoso’ o lo extraño del caso residía en que eran ahora gobiernos y fuerzas políticas auto-identificadas como de izquierda los que asumían la defensa y el impulso de políticas centradas en la profundización de la vieja matriz primario-exportadora, aquella misma con la que nuestras sociedades fueran violentamente incorporadas al mundo del capital y su estructura de división internacional del trabajo. Esa matriz primario-exportadora, que fraguara como indeleble marca colonial de las economías latinoamericanas, y cuyas implicaciones externas (en términos de dependencia y “desarrollo del subdesarrollo”) e internas (configuración de élites oligárquicas autoritarias y rentísticas, estratificación social dualista y altamente desigual, etc.) fueran objeto de crítica y de análisis de lo mejor de la teoría social latinoamericana, era ahora reivindicada como una vía popular-emancipatoria por políticas (dichas) de izquierda.

Como ya es harto sabido, las críticas y las resistencias a estas políticas, fueron sistemáticamente rechazadas y reprimidas, generando una escalada de violencia que, en este punto, llegó a equiparar las respuestas que se daban desde “derechas” e “izquierdas” en el poder. El argumento central de la izquierda oficialista era que estas posturas “le hacían el juego a la derecha” (Borón, 2013). Se reivindicaba el uso estatal de la renta extractivista como motor de las políticas de “desarrollo con inclusión social” y se veía en las críticas sólo intentos solapados o abiertos de desestabilización. Lamentablemente, para los gobiernos progresistas de la región –para los intelectuales y fuerzas políticas adherentes- el concepto de “extractivismo” acabó oficialmente devenido en “arma ideológica” del ambientalismo de derecha. El vicepresidente de Bolivia oficializó esta postura, señalando que “detrás del criticismo extractivista de reciente factura contra los gobiernos revolucionarios y progresistas, se halla pues la sombra de la restauración conservadora” (García Linera, 2012: 110). Los presidentes que más públicamente se mostraron en los ámbitos internacionales como “defensores de la Madre Tierra” y/o de los Derechos de la Naturaleza, fueron paradójicamente quienes más lejos llegaron en sus acusaban a los movimientos sociales que se intentaban frenar el “extractivismo”. Tempranamente, Rafael Correa planteó que “no crean a los ambientalistas románticos, pues todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista” (Cit. por Isch, 2014). En el mismo sentido, Evo Morales sentenció que “el ambientalismo es el nuevo colonialismo del siglo XXI” (Cit. por Stefanoni, 2012). El abanico de las descalificaciones iba desde los motes de infantilismo, romanticismo, pachamamismo, hasta las acusaciones de “eco-terroristas” y/o “agentes encubiertos del imperialismo”.

Luego, reunidos en la XII Cumbre del Alba en Guayaquil, los gobiernos progresistas emitían una declaración en la que señalaban: “rechazamos la posición extremista de determinados grupos que, bajo la consigna del anti-extractivismo, se oponen sistemáticamente a la explotación de nuestros recursos naturales, exigiendo que esto se pueda hacer solamente sobre la base del consentimiento previo de las personas y comunidades que vivan cerca de esa fuente de riqueza. En la práctica, esto supondría la imposibilidad de aprovechar esta alternativa y, en última instancia, comprometería los éxitos alcanzados en materia social y económica” (XII Cumbre del ALBA, Declaración de Guayaquil, 30 de julio de 2013).

Así, alegando los intereses de las clases oprimidas y la bandera de la lucha contra el imperialismo, los gobiernos progresistas terminaron justificando la senda del “extractivismo” como una condición necesaria para sostener los empleos, los salarios, las políticas sociales. Lamentablemente, ese razonamiento pasó por alto que sostener el empleo, los salarios, el consumo, etc., es sostener el crecimiento, las inversiones, las tasas de ganancia… En fin, el sistema mismo. El énfasis “anti-neoliberal” llevó a ocluir el fondo del problema. La prioridad de las políticas de “reactivación” condujo a soslayar los desafíos del cambio revolucionario. Como señaló Ruy Mauro Marini para ciclos anteriores, “se confundió crecimiento con transformación estructural” (Marini, 2013). Por desgracia para el curso presente y futuro de los procesos sociopolíticos, los tan ponderados “éxitos alcanzados en materia social y económica” no fueron comprometidos por la eficacia de las resistencias “anti-extractivistas”, sino, elementalmente, por el agotamiento del ciclo de alza de las commodities.

Esto cambia drásticamente las condiciones del diálogo, pero no el fondo de la cuestión. Es que, cuando iniciamos estos debates, vivíamos inmersos aún en un clima signado por la borrachera del crecimiento. La oficialidad del poder hacía gala de mayorías aplastantes forjadas al ritmo de las cotizaciones de petróleos, soja, pasta de celulosa, aceites y proteínas básicas prensadas, hierro, cobre, molibdeno, y por supuesto, oro y plata… Hoy, el escenario ha cambiado rotundamente. Ahora en cambio, el cuerpo social latinoamericano está atravesando el tiempo de la resaca… Como tantas otras veces en la historia económica de la región, el momento cíclico de auge, duró poco; tras el mismo, los efectos y los síntomas de las expropiaciones y devastaciones, afloran a la superficie. El dolor de la expropiación se siente a flor de piel (Machado Aráoz, 2012); los efectos anestésicos del consumismo -del consumo ostentoso de las élites; del consumo imitativo de las clases medias y el consumo compensatorio de las bases de la pirámide (Machado Aráoz, 2013; Scribano y DE Senna, 2014) han perdido eficacia. Son tiempos de aturdimientos y confusiones; también de crisis y levantamientos oblicuos, de efervescencia de la conflictividad social y política; en suma, de agudización y explicitación de las violencias y los violentamientos expropiatorios (Antonelli, 2016). Quizás, lo único promisorio de este sombrío escenario presente, es que, tal vez, estemos ahora, en mejores condiciones para volver a plantear y a re-pensar, precisamente, el fondo de la cuestión.

El extractivismo como geo-metabolismo del capital

El capitalismo vive a expensas de economías coloniales; vive, más exactamente de su ruina. Y si para acumular tiene absoluta necesidad de ellas, es porque éstas le ofrecen la tierra nutritiva a expensas de la cual se cumple la acumulación”. (Rosa Luxemburgo, 1912).

El fondo de la cuestión, a nuestro modo de ver, sobre la problemática del –probablemente mal llamado- fenómeno del “extractivismo” es el de la naturaleza colonial del capitalismo y, más genéricamente, el de los resabios (por cierto contradictoriamente antimaterialistas) antropocéntricos, productivistas y evolucionistas que aún hoy afectan la radicalidad revolucionaria del pensamiento marxista1.

Sobre la primera cuestión fundamental, cabe señalar que la razón progresista ha incurrido (interesadamente o no) en una gravosa omisión teórico-política sobre las raíces, los alcances y las funciones del extractivismo en la ecología-mundo del capital. Pretendiendo limitarlo temporalmente a ciertos períodos y/o restringirlo espacialmente a las geografías donde se localizan las “actividades extractivas”, los voceros de los gobiernos progresistas han procurado desconectar / desconocer los insoslayables vínculos histórica y geográficamente existentes entre extractivismo, colonialismo y capitalismo. Por caso, García Linera ha planteado que el extractivismo es sólo una fase o etapa de los procesos productivos que se halla en cualquier formación social, independientemente de sus características y condiciones histórico-políticas específicas. Para él, “el extractivismo, el no-extractivismo o el industrialismo (…) son sistemas técnicos de procesamiento de la naturaleza mediante el trabajo y pueden estar presentes en sociedades precapitalistas, capitalistas o sociedades comunitaristas. (…) Los críticos del extractivismo confunden sistema técnico con modo de producción y a partir de esa confusión asocian extractivismo con capitalismo, olvidando que existen sociedades no-extractivistas, las industriales ¡plenamente capitalistas!” (García Linera, 2012: 107).

Sin embargo, esto se contradice con (y reniega de) los análisis elementales de Marx sobre los orígenes y la naturaleza del capitalismo. El capitalismo es un modo histórico de producción que, desde sus orígenes, surge y se constituye como tal en cuanto sistema-mundo, no apenas como “economía nacional”. Aún cuando Marx se concentró en el análisis del capitalismo británico, como la expresión más acabada de éste en el siglo XIX, nunca postuló que la economía británica podía ser comprendida en sí misma, al margen de las relaciones coloniales establecidas con el resto del mundo. Y más aún, el apogeo británico del siglo XIX, no es un hecho azaroso, sino el resultado del proceso histórico de despliegue de las relaciones coloniales que Europa protagoniza a partir de fines del siglo XV.

Para una mirada pretendidamente marxista no es posible pasar por alto que en “los albores de la era de la producción capitalista” hallamos como, hechos determinantes, “el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros…” (Marx, 1976: 638). Además, como han destacado los análisis de Rosa Luxemburgo (1912) y de David Harvey (2004), los hechos desencadenantes de la acumulación originaria no revisten apenas el valor de acontecimientos del pasado que signan los orígenes del capitalismo, sino que se trata de un modus operandi que revela la lógica intrínseca, constitutiva y constituyente del capitalismo. Lejos de ser una etapa en el desarrollo del capitalismo que se restringe a sus orígenes, esas formas de expoliación y de saqueo constituyen un aspecto inherente y continuo del capitalismo a lo largo de sus diversas fases históricas.

El análisis de Rosa Luxemburgo es sumamente esclarecedor de esta desigualdad geográfica permanente en el tiempo, propia del capitalismo como sistema mundial. Para ella, el proceso de producción de plusvalía que acontece en las metrópolis imperiales (“la acumulación como proceso puramente económico”) es inseparablemente subsidiario de “la política colonial” que “se desarrolla en la escena mundial”, donde la acumulación acontece ya, “sin disimulo” por medio de “la violencia, el engaño, la opresión y la rapiña” (Luxemburgo, 1912). En la economía-mundo del capital, las geografías industrializadas están “orgánicamente vinculadas” a las geografías coloniales (donde impera lisa y llanamente la acumulación por despojo); por tanto, “la evolución histórica del capitalismo sólo puede ser comprendida si las estudiamos conjuntamente” (Luxemburgo, 1912).

Así, es preciso descartar de plano una burda falacia argumental sobre el “extractivismo” : no se puede concebir extractivista a la economía brasileña por su alta tasa de exportación de bauxita y no-extractivista a la economía alemana, que es la de mayor índice de consumo de aluminio per cápita tiene a nivel mundial, cuando precisamente, el aluminio que consume la economía alemana está provisto por yacimientos ubicados en territorio brasileño. El “vínculo orgánico” que plantea Rosa entre las economías industrializadas y las zonas coloniales remite directamente al des-en-cubrimiento del extractivismo como dispositivo colonial del geo-metabolismo del capital.

De tal modo, efectivamente, el extractivismo no es un modo de producción, pero tampoco es una fase de los procesos productivos, ni es algo que defina apenas la economía de un país o región donde se realiza la extracción. Ni es un fenómeno reciente, ni es algo atemporal. El extractivismo es un fenómeno estructural, históricamente delimitado a la moderna era del Capital. Emerge como producto histórico geopolítico de la diferenciación y jerarquización originaria entre territorios coloniales y metrópolis imperiales; los unos concebidos como meros espacios de saqueo y expolio para el aprovisionamiento de los otros.

En este sentido, no es posible pasar por alto el fundacional y determinante papel performativo desempeñado por la conquista y colonización de América en el surgimiento, expansión, y consolidación del capitalismo como patrón de poder mundial y modelo civilizatorio hegemónico. El hallazgo de la naturaleza americana se erige así como el pilar fundacional de ese proceso y la condición de posibilidad misma del capitalismo como tal. Desde entonces hasta el presente, ininterrumpidamente, la “riqueza” de la naturaleza americana (y de las zonas coloniales, en general) se constituirá en la materia prima de la acumulación capitalista global; proveerá las bases materiales y simbólicas de la producción capitalista de la naturaleza y de la configuración de la naturaleza como objeto colonial del capital.

Esto es, la cosmovisión propiamente moderno-capitalista de la Naturaleza -basado en una concepción eminentemente antropocéntrica/utilitarista de la misma- y el patrón hegemónico de relacionamiento extractivista resultante, se con-formaron en el específico contexto socio-histórico del “descubrimiento” y la conquista de la naturaleza americana. Así, el modus operandi del conquistador fungió como habitus a partir del cual se construyeron las tecnologías materiales, institucionales y representacionales de apropiación, uso y manipulación de la Naturaleza, a la postre, instituidas como “únicas”, “universales”.

Ese habitus conquistador está en la quintaesencia del sujeto moderno, del prototipo del individuo racional; el que ya encarnado en sus roles decientífico, de empresario, y/o de funcionario estatal (intercambiablemente) se arrogó el monopolio del tratamiento y disposición (ya “científica”, ya “eficiente”, ya “legal”) de la Naturaleza. Así, a partir de entonces y hasta la fecha, la Naturaleza-Vida, degradada ya a su condición de mero recurso, va a ser unilinealmente pensada, concebida y tratada como objeto de conquista, de explotación, al servicio de la acumulación.

La idea de colonialidad de la naturaleza remite a este dispositivo epistémico a través del cual el capital trazó una trayectoria de objetualización, cientifización y mercantilización de la Naturaleza, tanto de la naturaleza exterior (=territorios-recursos naturales), como de la naturaleza interior (=cuerpos-fuerza de trabajo). El historiador de la ciencia Peter Bowler destaca cómo la formación del “espíritu científico” moderno y la propia constitución de las ciencias naturales estuvieron motivacionalmente fundadas “no sólo por el deseo de explorar sino también de explotar una proporción siempre mayor de la superficie terrestre… Tal actitud exigía una visión más impersonal de la naturaleza; una imagen de los seres vivos como meros artefactos que estaban ahí para ser explotados” y no es una detalle menor el hecho de que esos descubrimientos fueran protagonizados “por hombres que no eran ilustrados, sino comerciantes que partían en busca de ganancias” (Bowler, 1998: 50-55). De tal modo, desde el siglo XVI en adelante, asistimos al ascenso de una concepción mecanicista de la naturaleza como verdad científica, que coadyuvó a “legitimar la despiadada actitud de una época donde el lucro era lo único que importaba” (Bowler, 1998: 50).

Ahora bien, vale remarcar entonces que ese sistema representacional no se creó en el aire; ni con anterioridad a la organización global de la economía política del saqueo. La colonialidad como la cara oculta de la Modernidad no es concebible al margen y/o independientemente de la dinámica material-energética, socio-geo-metabólica, de imposición de un patrón mundial estructural de explotación de los territorios y los cuerpos así con-vertidos en botines de guerra/objetos de conquista. Como precisa el geógrafo brasileño Carlos Walter Porto Goncalves, “sin el oro y la plata de América, sin la ocupación de sus tierras para las plantaciones de caña de azúcar, de café, de tabaco y de tantas otras especies, sin la explotación del trabajo indígena y esclavo, Europa no sería ni moderna, ni centro del mundo” (Porto Goncalves, 2003: 168).

Esto significa que no hay colonialidad sin colonialismo; y que no hay capitalismo sin extractivismo. El extractivismo, tal como lo hemos definido y caracterizado (Machado Aráoz, 2015), remite al patrón geográfico-colonial de apropiación y disposición de las energías vitales (las primarias energías naturales y las secundarias, socioterritoriales) por parte de una minoría social violenta que ha impuesto la economía de guerra, como cosmovisión y práctica de relacionamiento con el mundo; lo que, a largo plazo, produce condiciones (ecobiopolíticas) de superioridad en unos (pocos) seres humanos y grupos socioculturales, y efectos (ecobiopolíticos) de inferiorización en vastas mayorías de aquellos.

Por otro lado, al ser un sistema autoexpansivo, que toma como finalidad un objeto abstracto (la acumulación de valor) desentendiéndose de la materialidad concreta del mundo de la vida, el capitalismo crea una Naturaleza donde la producción de “riqueza” está dialéctica e inexorablemente ligada a la depredación de las fuentes y medios de vida. La capitalización de la Naturaleza -incluso en las formas del conservacionismo- es la muerte de la Naturaleza.

Ahora bien, esa muerte no se distribuye proporcional y simétricamente; anida de modo diferencial, en las economías coloniales, así marcadas comozonas de sacrificio. La economía imperial del capital, el modo de vida imperial (Brand y Wissen, 2013) de las élites que detentan el control oligopólico de los medios de violencia, sólo se hace “sostenible” a costa de la explotación extractivista de los cuerpos y los territorios; es decir, de la Vida en sus formas históricas elementales. Por eso el capital, es una necro-economía de frontera. “La apropiación de la tierra y el trabajo de frontera ha sido la condición indispensable para las grandes olas de acumulación de capital (…). Las apropiaciones de frontera envían vastas reservas de trabajo, alimento, energía y materias primas a las fauces de la acumulación global de capital” (Moore, 2013), sin las cuales ésta no sería materialmente posible.

¿Crecer para salir del neoliberalismo? Los espejismos del “crecimiento con inclusión social”

El capitalismo de crecimiento ha muerto. El socialismo de crecimiento, que se le parece como un hermano gemelo, nos refleja la imagen deformada de nuestro pasado, no la de nuestro futuro” (André Gorz, “Ecología y Libertad, 1977).

Ver y comprender hasta qué punto el capitalismo no puede funcionar sino a expensas de la explotación extractiva de economías coloniales, podría no ser políticamente tan importante si no fuera que estamos viviendo y hablando de y desde Nuestra América. Entender y sentir hasta qué punto la explotación de la Tierra es, en sí misma, la explotación de los cuerpos, es algo crucial para quienes estamos situados en una perspectiva epistémico-política del Sur (Souza Santos, 2009). Pues precisamente, ello nos hace tomar conciencia de que la “riqueza” que el capital acumula y que (en sus versiones progresistas) promete “redistribuir” es la riqueza del valor abstracto, esa cuya acumulación se amasa a costa de la fagocitosis de los expropiados; de” los condenados de la Tierra” (Fanon, 1961).

Como ya señalamos en otras oportunidades, los extravíos de la razón progresista nacen precisamente de aquella omisión. Al abrazar fervientemente la fe ciega en el progreso (esto es, el credo colonial-capitalista del evolucionismo, el cientificismo y la omnipotencia y la ‘neutralidad’ tecnológica), la razón progresista cree firmemente en el crecimiento infinito como horizonte universal y deseable de la historia y en la redistribución de ese crecimiento como “camino” de la redención social. Ese imaginario colonial ha “atacado” de nuevo los esfuerzos emancipatorios nuestroamericanos recientes. En las encrucijadas del capitalismo/colonialismo senil, los gobiernos progresistas de América Latina, surgidos e impulsados por resistencias populares contra el neoliberalismo, han recaído –una vez más- en la ceguera colonial de las fantasías desarrollistas. Han tentado romper las cadenas de la opresión histórica, profundizando sin embargo, las sendas estructurales que las forjaron. Omitiendo que el problema de fondo era y es el capitalismo/colonialismo, se optó por confrontar con el “neoliberalismo”. Confundiendo “crecimiento” con “revolución social”, apostó al crecimiento –sí, claro, con redistribución del ingreso- como “vía de salida” hacia el “post-neoliberalismo”. Pese a todas las advertencias en contrario, la obsesión por el crecimiento, por la expansión del consumo, el “ascenso de las clases medias” como vía de “superación de la pobreza”, terminó provocando una gravosa amnesia política sobre qué es lo que crece y sobre los efectos eco-biopolíticos de ese crecimiento.

Ineludiblemente, lo que crece con el crecimiento (del PBI, de las inversiones, de los empleos, y aún de los salarios y el consumo popular) es el capitalismo. El crecimiento no nos saca ni nos aleja de éste; sino que nos hunde cada vez más en sus fauces necro-económicas. Nuestro crecimiento, el de nuestras economías latinoamericanas, es el crecimiento específicamente del capitalismo periférico-colonial-dependiente. Por tanto, es la profundización de las condiciones histórico-estructurales de súper-explotación (Marini, 1973); de depredación de la Tierra y de los Cuerpos como materia prima para la realización de la acumulación global. Nuestro crecimiento no nos alejó del capitalismo, sino que fue funcional a su reactivación e intensificación. No sólo en términos macro-geopolíticos, ya que el boom de los commodities alimentó el crecimiento industrial chino, como locomotora del mundo; sino también en términos micro-bio-políticos, pues la expansión del consumo opera como una gran fábrica de producción capitalista de subjetividades, de sensibilidades y sociabilidades hechas cuerpos, donde las formas de percepción de la realidad, los modos de estructuración de las relaciones sociales y hasta los modos de pensar la propia vida, los sueños, los deseos y el sentido de la existencia, están completamente mediados y colonizados por la lógica fetichista de la mercancía.

La expansión de la fiebre consumista, lo sabemos, provoca estragos en las energías revolucionarias. Cuando la forma mercancía se convierte en portadora de la felicidad; cuando el acceso a éstas es tomado como indicador de “bienestar social”; cuando el universo de los ideales políticos, las máximas aspiraciones libertarias, igualitarias y de justicia, se reducen drásticamente a la aspiración minimalista de ‘participar’ en el consumo de mercado, es cuando ya hemos perdido completamente el rumbo y hasta el sentido de la vida.

Nuestras críticas a los gobiernos progresistas en modo alguno buscaron “hacerle el juego a la derecha”; todo lo contrario. Simplemente procuraron remarcar que hablar de “capitalismo salvaje” es una tautología y que predicar el “capitalismo humanizado” es un oxímoron. El capitalismo no admite adjetivaciones; es simplemente eso: un régimen de relaciones sociales que opera la fagocitosis de las energías vitales como medio para la acumulación pretendidamente infinita del valor abstracto. En ese proceso consume la vitalidad de la Tierra y la humanidad de lo humano.

Ahora, que se vienen de nuevo tiempos de “ajuste y recesión” bien vale la pena recordar lo que dijimos en tiempos de auge y expansión: el neoliberalismo no es apenas sinónimo de privatizaciones, ajustes, recortes de salarios y de las políticas sociales. El neoliberalismo es una fase del capital cuya característica central está dada por el predominio de procesos de acumulación por despojo (Harvey, 2004), vale decir, por laintensificación de las dinámicas de mercantilización mediadas por múltiples y crecientes recursos de violencia. El neoliberalismo es, ni más ni menos, que el capitalismo en su fase senil; la era de la acumulación en tiempos de agotamiento del mundo y de crisis terminal de las energías vitales, tanto las primarias (que brotan de la Tierra) como de las sociales (que surgen y se movilizan por el trabajo).

Precisamente porque la economía política de la devastación (Foster, 2007) ha llegado a sus límites, la fase del extractivismo neoliberal implica el inicio de una nueva era: la era de la explotación no convencional. Es que las formas convencionales de la explotación (tanto de la fuerza de trabajo-naturaleza interior, como de la Tierra-naturaleza exterior) han tocado fondo. Es el agotamiento de las formas neotayloristas de disposición de los cuerpos y extracción de las energías sociales; es el agotamiento de las formas convencionales de extracción de energías en sus formas primarias (petróleo, minerales, nutrientes, proteínas). Es, por consiguiente, el inicio de nuevos regímenes de trabajo/tecnologías de extracción de plusvalía y de nuevas tecnologías de extracción y súper-explotación de los “recursos no convencionales”: la era de la del fracking, del shale-oil y el presal; de la minería hidro-química a gran escala; de las mega-plantaciones también químicas y carburíferas; la era de la transgénesis y de la intervención mercantilizadora sobre las estructuras microscópicas de la vida (nanotecnología) así como de las geo-ingenierías y los mercados de carbono, oxígeno, fósforo, nitrógeno, etc. Bajo esta dinámica, el capital avanza creando nuevos regímenes de naturaleza (capital natural) y nuevos regímenes de subjetividad (capital humano), cuyos procesos de (re)producción se hallan cada vez más subsumidos bajo la ley del valor. Ese avance del capital supone una fenomenal fuerza de expropiación/apropiación de las condiciones materiales y simbólicas de la soberanía de los pueblos; de las condiciones de autodeterminación de la propia vida. Y todo ello se realiza a costa de la intensificación exponencial de la violencia como medio de producción clave de la acumulación.

Así, pues, vivimos tiempos de agudización y explicitación de las violencias y los violentamientos expropiatorios. No casualmente, días atrás, el relieve sociopolítico de Nuestra América se ha visto sacudido por el brutal asesinato de Berta Cáceres, acompañado también de agresiones y de intentos de incriminación a Gustavo Castro Soto, otro compañero, aunados en las luchas contra los mega-proyectos hidroélectricos, de minería a gran escala y monoculturas extractivistas varias que implican, en el fondo, los nuevos “enclosures” del Siglo XXI. Incontrastablemente, el motivo de semejante crimen fue que Berta se había tornado en un duro obstáculo para los proyectos del poder. Como lideresa firme y clara, tenía plena conciencia que su vida corría peligro. Ella misma, unos meses antes de su asesinato denunciaba que el terrorismo, la militarización y las persecuciones que estaban viviendo campesinos, pueblos originarios, el pueblo Garífuna en Honduras, eran parte de una estrategia cuyo fin era “decapitar el movimiento social que está resistiendo en los territorios el avance del capitalismo”. En una entrevista de noviembre de 2014, el periodista le pregunta: “Berta, frente a esta ola de asesinatos, ¿temes por tu vida?”; y Berta contesta: “Sí, sí. Bueno, tenemos temor… En Honduras no es fácil; es un país en el que se vive una violencia brutal; son constantes los asesinatos, las amenazas, los atentados a la vida… El encarcelamiento, las órdenes de prisión, bueno, esos son riesgos menores. (…) Lo más peligroso en Honduras, que yo misma lo siento, es el riesgo de perder la vida… (…) Pero sí, tememos por nuestra vida, pero yo también quiero decir categóricamente que no nos van a paralizar por el miedo. Eso sí, que lo sepan ellos. Además, aunque sucediera, yo estoy absolutamente convencida de que el pueblo lenca y la resistencia del pueblo hondureño no va a cesar, al contrario, va a crecer más aún”2.

Forma extrema de los violentamientos, el asesinato de Berta, como el de tantas y tantos otros sujetos/cuerpos-conscientes de su territorialidad en Nuestra América, emerge como inequívoco síntoma de la fase senil, ultra-predatoria en la que ha ingresado el metabolismo necro-económico del Capital, esa ecología-mundo que ha prosperado y ha usurpado el nombre de la humanidad, a costa de la depredación sacrificial de las economías de frontera; de su Tierra y su Trabajo. Berta tenía clara conciencia de que el modo de vida capitalista, colonial, patriarcal contra el que luchaba, precisaba, para progresar, fracturar las conexiones vitales-existenciales entre cuerpos-trabajo y Tierra-territorios de vida. Berta lucha junto a esoscuerpos primitivizados por la violencia modernizadora del capital. Por eso, para la “opinión pública”, en las crónicas periodísticas convencionales, Berta era presentada como “defensora de los Derechos Humanos”. Para quienes la conocimos, para muchas y muchos que hacen parte de esoscuerpos en re(ex)sistencia, Berta es una Defensora de la Madre Tierra. Tenemos la íntima convicción que ella misma prefería esta última presentación; porque su vida es, en sí, una pedagogía política que nos enseña que no hay derechos humanos por afuera ni por encima de la Madre Tierra; que no hay “dignificación del ser humano” ni “lucha contra la explotación de la/os trabajadora/es” que se logre a costa de la explotación y la depredación de la Tierra.

De la cuestión de fondo a lo fundamental. Pensar-nos Tierra como clave para re-orientar nuestras luchas emancipatorias.

La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre; es decir, la naturaleza en cuanto no es el mismo cuerpo humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el que debe mantenerse en un proceso constante, para no morir. La afirmación de que la vida física y espiritual del hombre se halla entroncada con la naturaleza no tiene más sentido que el que la naturaleza se halla entroncada consigo misma, y que el hombre es parte de la naturaleza” (Karl Marx, Manuscritos Económicos Filosóficos de 1844).

Salvo notables excepciones, el pensamiento tradicional de izquierda y el marxismo ortodoxo en general ha tendido a priorizar la opresión de clasepor sobre la explotación de la Naturaleza, como si fueran dos problemáticas distintas e inconexas. Sin embargo, este tipo de razonamiento está en abierta contradicción con la ontología materialista de Marx, que al pensar los fundamentos de la realidad, en lugar de la conciencia, del Sujeto o del Objeto, parte del cuerpo. En efecto, para Marx, “(L)la primera premisa de toda la historia humana es la existencia de individuos humanos vivos. El primer hecho a constatar es, por tanto, la organización corpórea de esos individuos y la relación por eso existente con el resto de la naturaleza”(Marx y Engels, 1974: 19).Se trata de una premisa fundamental sobre la que se edifica todo el pensamiento filosófico, antropológico y político de Marx.

Pues, en primer lugar, partir de los individuos humanos vivientes, implica, ante todo, negar radicalmente toda separación entre Naturaleza y Sociedad y rechazar todo antropocentrismo. O, si se prefiere, supone partir de la afirmación básica de que el ser humano es naturaleza. La materialidad del cuerpo remite indefectiblemente al enraizamiento histórico-material que lo humano tiene respecto de la Naturaleza en general. Una perspectiva histórico-materialista –como la que propone Marx- nos lleva a reconocer que, históricamente, venimos de la Naturaleza: somos parte del proceso natural de irrupción, despliegue y complejización de la materia en el transcurso geológico de la vida en el planeta. Y que fisiológicamente, dependemos de la Naturaleza: los cuerpos humanos vivientes (naturaleza interior) tienen una relación de dependencia existencial con el conjunto de seres vivos y de factores y condiciones biosféricas de la Tierra (naturaleza exterior). La Tierra -como sistema viviente- nosexcede, nos precede y nos contiene absolutamente. Nuestra vida es estructural y funcionalmente dependiente de una sistemática e ininterrumpida vinculación material con el resto de la Naturaleza en general. Por tanto, lo humano no puede ser escindido de la naturaleza; no puede ser pensado o concebido como algo exterior, ajeno o contrapuesto a la naturaleza.

En segundo término, al partir de los cuerpos, Marx coloca la cuestión de la vida -la problemática de los individuos humanos vivientes- en la base de su construcción teórica y en el centro de sus preocupaciones políticas. A diferencia del idealismo, del empirismo naturalista y del materialismo mecanicista (cada uno, en sus diferentes variantes), Marx no concibe el mundo ni como “idea” ni como “cosa”, sino como vida-práctica. En Marx, lo real es lo vivo en cuanto tal: el conjunto de procesos práctico-materiales a través de los cuales acontece la vida en general; y también, en particular, la vida humana, como una expresión histórico-específica de aquella.

Así, la centralidad del cuerpo, en cuanto permite despejar la ficción idealista de todo antropocentrismo, es fundamental para una epistemología política que se piensa en clave de emancipación y realización plena de la Vida. Pues, cuando lo que ocupa el centro de nuestras preocupaciones epistémicas y políticas es la vida plena de los seres humanos vivientes, no hay lugar ahí para sustentar la falacia del antagonismo de “el hombre” vs. “la naturaleza”. Por el contrario, se hace evidente que, en realidad, la contradicción Capital vs. Trabajo, no es anterior ni exterior, a la contradicción Capital vs. Naturaleza-Vida; que no se trata de dos contradicciones (O´Connor, 2001), sino pues solo de una única gran contradicción fundamental, en la que la dinámica necro-económica del capital supone (y requiere) sacrificar la vida (en la radicalidad de sus fuentes y en la diversidad de sus formas y manifestaciones) en el altar del valor abstracto. Se hace, en definitiva, manifiesto que el encarcelamiento de la Tierra –a través de la propiedad- es el primer eslabón de los grilletes que encadenan al Trabajo.

Así, la crucial cuestión de la liberación humana (de las ataduras del capital) requiere hoy, más que nunca, en los umbrales del Siglo XXI, re-pensar la Tierra. Re-pensar la Tierra como cuestión vital-fundamental, es re-pensarla y re-descubrirla como Madre. Y es también re-pensar-nos a los seres humanos, como ontológicamente hijos de la Tierra; seres terrestres, en el sentido existencial de que no sólo vivimos apenas sobre la Tierra y de la Tierra, sino que literalmente somos Tierra. Precisamos, de modo urgente, volver a saber-nos y, sobre todo, sentir-nos Tierra.

Pues, si la (in)civilización del capital ha llegado tan lejos en la devastación y denigración de la Vida, es precisamente porque no sólo ha crecido y se ha mundializado declarándole la guerra la Madre-Tierra, sino porque además, decisivamente, ha sido muy eficaz en la creación de sujetos-individuos que no se conciben como hijos-de-la-Tierra, sino que la sienten y conciben desde la exterioridad, la superioridad y la instrumentalidad. Individuos que creen y que sienten que viven del dinero y no de la Madre-Tierra; que conciben el progreso y el desarrollo de lo humano, en términos de dominio y explotación presuntamente infinita de los “recursos” de la Tierra.

Frente al escenario de barbarie mundializada y diversificada que nos ofrece el siglo XXI, tras más de cinco siglos de “desarrollo capitalista”, necesitamos, de modo urgente, re-pensar la Tierra para re-orientar el horizonte y el sentido de nuestras luchas emancipatorias.

Re-pensar la Tierra como Madre no es romanticismo pachamamista ni oscurantismo anti-científico. Si bien sí es una afirmación efectivamente pre-científica (en el sentido de que se trata de un saber humano cuya articulación como tal antecede históricamente a la propia constitución de la ciencia, como régimen hegemónico de producción de conocimientos), se trata, sin embargo, de una verdad fundamental, no sólo en el más profundo sentido filosófico, sino también en el más riguroso sentido científico. Re-conocerla como tal y adecuar a ella nuestros modos de vida, nuestras instituciones, nuestras subjetividades, es decir, nuestros cuerpos y nuestros sueños, nuestras formas de concebir, percibir, pensar, sentir y vivir nuestro lugar en el mundo, es quizás, el mayor desafío pedagógico-político que afrontamos como especie, en un momento donde el camino de la emancipación se ha tornado, ni más ni menos, que el camino por la sobrevivencia; la sobrevivencia, al menos, de la humanidad de lo humano.Si las fuerzas de izquierda no asumen como propio este desafío, ¿entonces quiénes?
Bibliografía: (…)
1 Sobre este punto, remito a lo planteado en nuestro artículo “Marx, (los) marxismo(s) y la ecología. Notas para un alegato ecosocialista”. Revista GEOgraphia, Vol. 17, N° 34. Universidade Federal Fluminense. 2015. Pp. 09-38.http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/view/837

2 Entrevista realizada por Resumen Latinoamericano, Noviembre de 2014. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=R7vrgwbS074

 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=211020

 

 Crisis civilizatoria

 

Percatémonos sobre porqué los gobiernos progresistas contribuyen a la crisis civilizatoria con origen en el capitalismo y refuerzan nuestro sometimiento. También percibamos que sólo las autoorganizaciones de abajo argumentan, aclaran y emprenden caminos de solución a necesidades e intereses populares. En toda Nuestra América se lucha contra leyes de semillas para oligopolizarlas. Consideremos la realidad de Ecuador silenciada e invisibilizada por las izquierdas y el progresismo que desestiman la criminalidad del extractivismo y su implicancia de concentración y transnacionalización económico territorial.

Ecuador: Yasunidos frente a la "Ley de semillas"

5 de mayo de 2017

Creemos que el extractivismo en nuestro país, no sólo está presente en la explotación petrolera y minera, también se expresa en otros temas como el de la agrobiodiversidad, porque Ecuador es centro de origen de un sinnúmero de especies de maíz, papas, frutas, y otras variedades vegetales fundamentales para la alimentación nacional y mundial.

Las diferentes variedades de cultivos con las que contamos actualmente, son producto de los saberes milenarios de agricultores/as ecuatorianos que han “cruzado”, compartido y distribuido sus semillas libremente. Las semillas nativas resultantes de estas prácticas y saberes se han adaptado a los diferentes agroecosistemas locales que existen en Ecuador, contribuyendo así al aumento y conservación de nuestra agrobiodiversidad.

En ese sentido, nos preocupan sobre manera, aspectos como:

En este contexto, consideramos sumamente riesgoso que este proyecto de ley de semillas (que la asamblea pretende aprobar en segundo debate, este jueves 4 de mayo), no tome en consideración las preocupaciones expresadas por movimientos campesinos, indígenas, ecologistas y de consumidores.

Frente a la cada vez más escasa participación de la sociedad civil dentro de los procesos legislativos, nos preguntamos:

Señor Licenciado Lenin Moreno, garantizar el libre acceso y circulación de las semillas nativas en nuestro país y escuchar las opiniones de los/as campesinos/as al respecto, son la base para construir políticas que promuevan y protejan la agrobiodiversidad, la Soberanía Alimentaria y un mejor país.

Nota:

[1] Se puede ver un interesante informe del grupo ETC al respecto, en el siguiente link: Ver aquí

Yasunidos

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Ecuador_Yasunidos_frente_a_la_Ley_de_semillas

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Yasunidos revive con dolor los momentos previos al fraude del CNEE

 

Quito, 20 de febrero de 2016

¡NO a un nuevo fraude perpetrado por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador! esa es nuestra posición ante los sucesos que mantienen a la sociedad ecuatoriana sin poder conocer con certeza los resultados de las elecciones presidenciales, de asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y de la consulta popular.

En 2013, promovimos la celebración de una consulta popular por el Yasuní, donde el Consejo Nacional Electoral, a través de sus más altas autoridades (algunos aún continúan allí), Paul Salazar, Juan Pablo Pozo y otros, fueron actores de un descarado fraude al negar la voluntad de todos los ecuatorianos que querían una consulta popular sobre este tema. Todos los candidatos en esta elección presidencial se comprometieron con YASunidos a investigar y sancionar este hecho excepto Lenin Moreno. Hoy hay graves señales que hacen temer un nuevo fraude al conjunto del país.

YASunidos denunció cómo se concretó el fraude en el 2013: se impedía que exista el suficiente número de delegados del colectivo revisando el proceso; los funcionarios a cargo de verificar las firmas entregadas, eran personas afines al movimiento político de gobierno;  se escanearon actas en mala resolución; la instrucción de quienes verificaban las rúbricas, era eliminar firmas y formularios enteros;  las firmas fueron transportadas sin respetar un proceso transparente donde se controle la custodia de las mismas;  se suspendió el proceso y en varios momentos se nos impidió entrar al lugar de verificación; de la noche a la  mañana aparecían actas anuladas  arbitrariamente, entre otros tantos hechos denunciados oportunamente.

Los Yasunidos vimos cómo en pocas horas  se pueden anular de manera arbitraria miles de firmas. Se requiere ahora algunos cientos de miles de votos adicionales para evitar una segunda vuelta electoral. Hablamos con experiencia, y por eso ahora CNE LOS ESTAMOS OBSERVANDO.

Porque solo  en democracia podremos defender y precautelar lo más importante que tiene este país, la diversidad y la vida de su gente, la riqueza de nuestra naturaleza y la supervivencia de nuestros pueblos originarios..

Nunca más ¡democracia en extinción!

YASunidos

 

 

 

Veamos en qué resultó el triunfo de Lenin Moreno en "la batalla de Stalingrado" según Atilio Boron caracterizó las elecciones en Ecuador. Atilio Boron convocó desde esa exageración mistificadora de las elecciones y  les dijo a los ecuatorianos "el balance que cada ciudadana y ciudadano debe hacer concluirá sin duda que los aciertos del gobierno ecuatoriano en los últimos diez años, tanto en el plano nacional como en el internacional superan con creces los desaciertos en que haya incurrido. Y ese es el quid de la cuestión y la razón por la que, en toda América Latina, esperamos que el pueblo ecuatoriano vote por la continuidad del gobierno de la Alianza País y se abstenga de dar un salto al vacío como el que dieran los argentinos inducidos por la malignidad de la plaga mediática que hoy asola al Ecuador". Leer

 

Tiene premio al pensamiento crítico, formación académica y solidaridad de una unión de progresistas e izquierdistas pero termina su artículo no sólo con un enfoque reduccionista del porqué de Macri sino con un lenguaje evangélico. Lo concreto es:

 

 

 

Corrupción, crisis e incertidumbre

¿Una bomba de tiempo?

8 de junio de 2017

Por Alberto Acosta y John Cajas Guijarro (Rebelión)

 

 “A culpar a todos esos que hoy se mueren de risa y que en lugar de estar presos llevaron la plata a Suiza ” -Carlos Portela, La Bronca   

El Ecuador vive momentos políticos muy particulares, y eso que recién inicia el gobierno de Lenín Moreno. Quizá los hechos más notorios son los múltiples casos de corrupción que han salpicado a funcionarios del gobierno del hoy ex presidente Rafael Correa, a la cúpula de los organismos de control del régimen correista (p.ej. contralor, fiscal ), a familiares de miembros del anterior y del actual gobierno (p.ej. tío del vicepresidente Jorge Glas ) e incluso con menciones al propio Correa ( que inmediatamente respondió ). Una serie de revelaciones de corrupción ya venía sacudiendo a la sociedad en los últimos años del gobierno de Correa. Entre esos casos podemos mencionar, como ejemplo, a la corrupción en el sector petrolero (p.ej. Petroecuador ) y demás sectores estratégicos (p.ej. Caminosca ). En un océano de casos de corrupción, lo de Odebrecht es sólo un caso adicional, pero quizá de los más sonados.

A tal punto ha llegado la indignación frente a la corrupción, que ya suenan voces exigiendo que a Jorge Glas se le retiren funciones e incluso querenuncie . Sin embargo, al momento el gobierno de Moreno no da respuesta a dichas exigencias. ¿Qué hubiera hecho el correísmo si alguien de la oposición se veía envuelto en una situación similar a la de Glas (es decir, un familiar envuelto en corrupción)? Probablemente hubiera sido implacable. Pero cuando se trata de uno de los propios, el correísmo ha demorado groseramente los procesos (llegando a retrasar investigaciones hasta por “ falta de traductores ”), he incluso ha salido inmediatamente en defensa de los suyos (p.ej. caso del exministro Mosquera en electricidad). Para muestra, recordemos cómo en vez de escuchar a la Comisión Nacional Anticorrupción, el correísmo acusó a dicha comisión de calumnias y de daño a la honra de su contralor (quien, como lo vemos hoy, está prácticamente prófugo mientras que es investigado por corrupción y hasta llevado a juicio político por el propio correísmo ).

Además no sólo indigna la lentitud y falta de acciones específicas para enfrentar la corrupción en el correísmo, sino que la desproporcionalidad de las condenas es infame. Hay varios casos donde la justicia ha dictaminado penas menores cuando se han generado pérdidas millonarias al país (p.ej. caso de Álex Bravo o la prisión domiciliaria al tío de Glas ). Tales condenas contrastan con las penas excesivas impuestas a delitos menores (tema discutido por propios funcionarios del régimen 
), o aquellas penas usadas por el correísmo para criminalizar la protesta social (usando figuras como “terrorismo o sabotaje” y con penas que han llegado hasta los doce años de prisión ).

La corrupción, la falta de agilidad y la desproporcionalidad de las penas parecen denotar una descomposición del correísmo “hacia afuera”. Pero si a tales situaciones sumamos la confrontación de funcionarios dentro del propio correísmo, la detención de exfuncionarios o de familiares de funcionarios, podríamos pensar que el correísmo también podría estar viviendo una descomposición “hacia adentro”. En otras palabras, el correísmo parece vivir una fuerte crisis política en donde, para colmo, podría estarse dando una “implosión” en donde distintas facciones se están enfrentando entre sí.

Mientras que el correísmo vive problemas internos y externos, Correa todavía intenta ejercer presión. Por ejemplo, apenas pocos días después de que el caso de Odebrecht generó detenidos en el país, el expresidente Correa - en un comunicado difundido por los medios oficialistas - declaró que: Creer que las detenciones y allanamientos de la madrugada del 2 de junio, son fruto de poco más de una semana de trabajo -con feriado incluido-, es ingenuidad extrema o abierta mala fe. […] se mantuvo bajo vigilancia a los sospechosos y se ubicaron sus domicilios y oficinas, para poder actuar inmediatamente con las detenciones y allanamientos. Si molesta y ofende la falta de mención de todo este trabajo de meses, haciéndole el juego a la oposición sobre que se quiso ocultar algo. Prometimos una revolución ética y cumplimos . Argumentar que se tenía “bajo vigilancia” a los sospechosos es realmente vergonzoso, peor cuando, en el caso del contralor, éste había sido posesionado por la Asamblea Nacional apenas dos meses antes de que se lo involucre en el caso de Odebrecht . En términos más amplios, la declaración de Correa es una mera cortina de humo que, a la desesperada, desea oscurecer las cosas para evitar la discusión sobre el manejo irresponsable de la mayor cantidad de recursos que tuvo gobierno alguno en la historia del Ecuador (más de 300 mil millones de dólares en manos del sector público no financiero entre 2007-2016). Recursos que fueron despilfarrados, en gran medida, por más de diez años en los que no hubo fiscalización y control alguno.

Ante semejante escenario complejo de descomposición del correísmo, vale la pena preguntarnos cuáles son las alternativas. En particular, ¿hacia dónde va el país? Si bien los casos de corrupción indignan, no debemos olvidar que el Ecuador no sólo vive una crisis política sino, sobre todo, una drástica crisis económica. Si queremos hacernos una idea del rumbo del país en semejante situación, a nuestro criterio, debemos ir más allá del campo de la política o la economía aisladas. Debemos entrar en la economía política del correísmo en crisis.

Empecemos por los discursos. Faltando apenas dos días para que Lenín Moreno se posesione como Presidente de la República, el 22 de mayo de 2017 Correa dijo que dejaba “una economía en crecimiento y estabilizada”. Es más, a criterio del caudillo, “ la historia sabrá reconocer que cuando mejor gobernamos fue en esos dos últimos años [2015-2016] ”.

Pues bien, la realidad indica todo lo contrario: resulta ser que en la última década no sóo se dieron despilfarros -y hasta “robos”- millonarios (que según nuestras estimaciones tendrían un impacto de, al menos, 11 mil millones de dólares), sino que además se dejó a la economía del país en la cuerda floja. Es decir, más allá de cualquier discurso correísta, vivimos una crisis económica sostenida. Algunas breves evidencias en el campo de la producción y el empleo son: - Desaceleración y hasta contracción del PIB en 2015 (0.2%) y 2016 (-1,5%), golpeando a las ramas de actividad que otorgan la mayor cantidad de empleo (agricultura, manufactura, comercio, construcción); - Caída del peso de la inversión en el total de la economía (de 27% a 23,2% del PIB entre 2013-2016); - Deterioro drástico del empleo, al punto que a marzo de 2017 un 61,5% de trabajadores estuvieron desempleados o empleados de forma inadecuada (deterioro más alto de la década, y que golpea sobre todo a empresas pequeñas de 1 a 9 trabajadores); - Caída de la demanda de fuerza de trabajo, al punto que hasta el número de horas promedio trabajadas a la semana se ha reducido de 40 a 37 entre diciembre de 2013 y diciembre de 2016. - Ingresos estancados, pues tanto a diciembre de 2015 como a marzo de 2017 la mitad de la población vivió con apenas 5 dólares o menos al día; - Curiosamente, mientras los sectores débiles están siendo golpeados, los salarios en el sector público se han sostenido, en promedio, como los más altos de todos los ingresos laborales; asimismo, incluso en 2016 -año de contracción- apenas 30 compañías obtuvieron utilidades que sumaron más de 1.461 millones de dólares (equivalentes a 1,5% del PIB).

Aparte de estos problemas, una tendencia preocupante que vive el país es el agresivo endeudamiento externo visto especialmente desde finales del gobierno de Correa e inicios del gobierno de Moreno. El caso más drástico se encuentra en las emisiones de bonos realizadas a un ritmo vertiginoso entre fines de 2016 e inicios de 2017: - Dos emisiones de bonos soberanos 2026, una por 750 y otra por 1.000 millones de dólares a 10 años plazo y tasa nominal de 9,65%; la primera emisión anunciada a inicios de diciembre de 2016, la segunda a inicios de enero de 2017 
. - Emisión de bonos de Petroamazonas por 670 millones de dólares por tramos de 2 a 3 años y tasas de 2% y 4,625% respectivamente; emisión anunciada a mediados de febrero de 2017 y que habría servido para “pagar deudas a proveedores” . - Dos emisiones de bonos soberanos de 1.000 millones cada una, la primera a 6 años plazo y tasa de 8,75%, la segunda a 10 años plazo y tasa de 9,625%; emisión anunciada a fines de mayo de este año. Estas fueron las primeras emisiones de bonos en el Gobierno de Moreno, apenas seis días después de estar en funciones. 
A estos montos se suma el incremento de la deuda del Gobierno central con el Banco Central del Ecuador que entre diciembre de 2016 y abril de 2017 (último dato confiable disponible) aumentó en 1.553 millones de dólares. Solo sumando estas emisiones de bonos y la deuda con el Banco Central vemos que, en apenas 6 meses (diciembre a mayo), el correísmo inyectó liquidez a la economía por casi 6 mil millones de dólares (decimos esto pues todos estos créditos llegan al país como dinero contante y sonante). Para dimensionar semejante endeudamiento alegre de casi mil millones por mes, tomemos en cuenta que cada mes el sector público no financiero requiere alrededor de 850 millones de dólares para cubrir exclusivamente su gasto en remuneraciones; además que cada mil millones, grosso modo, representan 1 punto porcentual del PIB…

Para completar el escenario complejo en el cual se encuentra la economía ecuatoriana debemos tomar en cuenta que, desde junio de 2017, se eliminaron tanto las salvaguardias a la vez que se redujo el IVA del 14% al 12%. En el caso de la adopción de salvaguardias, si recordamos que tal medida -casi desesperada- se justificó en reducir la salida de dólares vía importaciones, entonces su eliminación daría a entender que ese riesgo de salida de dólares se ha apaciguado. Pero si ese riesgo sigue vigente, es muy probable que el retiro de las salvaguardias nuevamente genere presiones en balanza comercial, aunque también cabe tomar en cuenta que la demanda agregada se encuentra deprimida, de modo que el resultado final aún se encuentra en la incertidumbre. 

En el caso del IVA, el hecho de que este se haya reducido del 14% al 12% no garantiza que los precios vuelvan a los niveles previos a la medida temporal adoptada con el pretexto de contar con recursos para enfrentar el terremoto del 16 de abril. Decimos esto porque las empresas que hayan podido lucrar con el IVA al 14% y una economía en contracción, de hecho ganarán más si baja el IVA al 12% pero sostienen el mismo nivel de precios. Quizá la medida beneficie más a los pequeños negocios que se han deteriorado drásticamente en los últimos meses y que, a fin de estimular sus ventas, de hecho ya han bajado sus precios incluso con el aumento del IVA, aunque en un contexto de demanda debilitada tal opción no parece muy probable. Por lo mismo el escenario no es claro, y más bien resulta preocupante (como -paradójicamente- ha reconocido el propio Rafael Correa ). Ojalá el gobierno haya hecho los estudios necesarios para tener una idea del efecto concreto que tales medidas tendrían en una economía en estado crítico (admitimos que decimos esto de forma irónica).

Finalmente, debemos mencionar en este escenario grave la situación de las reservas internacionales: desde marzo y abril de 2017 tales reservas ya no son capaces de dar cobertura al 100% de los depósitos que la banca privada posee en el Banco Central. Es decir que, si por cualquier urgencia la banca privada tuviera que retirar sus depósitos del Banco Central, este último ya no tendría la posibilidad de responder con dinero en efectivo. Nos parece que es urgente la necesidad de que se haga un análisis más detallado del tema, pues si las tendencias económicas no cambian ( y no se abre el debate sobre temas cruciales como la rigidez cambiaria ), aquí podría estar un factor crucial que pone a la dolarización en incertidumbre…

En definitiva, el gobierno de Correa ha dejado crisis, corrupción e incertidumbre, no una economía “en crecimiento y estabilizada”, menos aún una democracia fortalecida. Se necesitan cambios urgentes tanto en lo económico y en lo político (elementos que siempre van de la mano). Si no llegan a tiempo esos cambios, el gobierno de Moreno puede vivir un verdadero colapso, donde quienes van a perder no serán los grandes grupos económicos sino las clases populares.

Penosamente, las señales del nuevo gobierno son decepcionantes. En un inicio Moreno llamó a una revisión de los datos económicos del país, lo cual sonaba como algo favorable. Sin embargo, en los hecho su gobierno no sabe (¿o no quiere?) aprovechar el momento político de golpe a la corrupción para aceptar la crisis y denunciar la herencia económica de Correa. Más bien el gobierno de Moreno -a través de su ministro de Finanzas- ha empezado a “santificar” los resultados económicos de su predecesor, y hasta ha empezado a repetir el mensaje del caudillo: “ hay recuperación económica ”. Si ni siquiera se acepta la crisis, ¿cómo se la va a enfrentar? ¿O es que al interior del gobierno se sabe que hay crisis, pero no se la quiere aceptar para no golpear la imagen de Correa?



El caso es que no basta con cambios menores: la crisis se afronta con hechos y de la mano con las clases populares, no de la mano con los grandes grupos económicos. En este punto el gobierno de Moreno parece una “agudización” de la dominación burguesa correísta: una parte importante de su gabinete está compuesta por representantes directos de los grandes grupos económicos que lucraron en la década gobernada por Correa .

Por todo esto, y juntando el tema político con el económico, consideramos que la renuncia del vicepresidente Glas es apenas el primer paso: ¡hay que superar el correísmo pues es una bomba de tiempo! Si el actual gobierno no es capaz de hacerlo, y no es capaz de romper con los grupos económicos en favor de las clases populares, quizá sea hora de recuperar un grito que en su momento marcó historia: ¡que se vayan todos! 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227641

En consecuencia, las izquierdas que se unieron y unen a favor de gobiernos progresistas lo hacen negando que estos fueron  posibles por la rebelión antineoliberal de los pueblos y que el modelo extractivo causa tanto la reestructuración socioeconómica que consolida la recolonización de Nuestra América como las catástrofes socioambientales y el empobrecimiento y muerte de las comunidades. No dan relevancia a los ecocidios-genocidios que esas expropiaciones sistémicas perpetran.

 

Es hora de la ciencia e intelectualidad dignas con origen en quienes humanizan y desalienan sus trabajos respectivos al ir entablando vínculos con las alteridades de los mismos. En simultáneo se incorporan a la construcción de nuevas relaciones sociales entre los diversos de abajo y sin fronteras que están creando las luchas consecuentes con los buenos vivires convivires e independientes del Estado.

 

Es hora de análisis como el siguiente, discutirlos, corregirlos, planificarlos, practicarlos, rectificarlos...con la participación en las decisiones y controles de todos los hacedores del trabajo correspondiente.

 

Ecuador: Un factor de control de la deuda: la agricultura campesina e indígena

2 de mayo de 2017

 

Por François Houtart

Aún si se trata de un factor de tamaño relativamente menor en las economías generales de los países latinoamericanos, no se puede omitir el hecho que la agricultura campesina familiar e indígena asegura lo esencial de la soberanía alimentaria. |1| Además de las funciones propias de esta última, importantes para evitar las dependencias y la cultura de la “macdonalización”, este tipo de agricultura tiene también su influencia sobre la balanza comercial. Los déficits de ella llevan varios países a recoger a préstamos y a endeudarse más. Menos alimentación se importa, menos también el peligro.

I. La referencia al Ecuador

1. La situación de la Agricultura Campesina familiar e indígena (ACFI)

Desde hace tiempo que se habla de modernizar la sociedad en el Ecuador, es decir más o menos desde 45 años y la entrada en la era del petróleo, la agricultura no fue una prioridad. Para medir su importancia relativa, basta estudiar los presupuestos nacionales. En 2016, el Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca (MAGAP) tenía un presupuesto de 193 millones de dólares, al cual se puede añadir otros puestos del presupuesto nacional en relación con el campo |2|, lo que llega a una suma de 349 millones, sobre un total de 29.835 millones de dólares del Presupuesto General del Estado, es decir 1,17 %. (0,64 % para el MAGAP).

Podemos hacer otras comparaciones -con algunos otros puestos: Justicia, 438 millones; Ministerio de Transporte y Obras Públicas: 603.001; Servicio de Construcción de Obras (SECOB): 769.549; Policía: 1.111 millones; Energía: 1.194 millones; Defensa: 1.414 millones. Además, dentro del presupuesto del MAGAP, una parte minoritaria del presupuesto está consagrado a la ACFI. En 2010, solamente el 3,5 % era gastado para Reforma agraria y titularización.

Otro indicador es la tasa de pobreza. Según el Reporte de Pobreza por Ingresos de Marzo 2015, del INEC, la pobreza en el país ha disminuido hacia el 24,12 % en 2015. Es un fenómeno que hemos conocido en el conjunto de América Latina tanto en los países progresistas como en los liberales, con una filosofía diferente: mejorar las bases del mercado para los últimos y la dignidad humana para los primeros. Así, Colombia está al 29 %. (El Comercio, 23.03.17).

La pobreza rural en Ecuador, siempre según el INEC, ha pasado entre 2007 y 2015, del 61,34 % al 43,35 %, es decir una disminución de 17,99 puntos. La extrema pobreza pasó del 33,34 % al 19,74 %, manifestando una diferencia de 13,60 puntos (un poco más que un tercio en 8 años). Son resultados apreciables. Sin embargo, con la crisis, existe una tendencia a la estabilización de las proporciones, sino a un nuevo aumento de la pobreza, sin embargo no medible de manera significativa por las estadísticas de 2015. La disminución de la pobreza está atribuida por el INEC, en mayor parte al aumento de actividades no-agrícolas y en segundo lugar a los bonos humanitarios. Una política de apoyo a la ACFI habría podido mejorar la situación de manera más general y más rápida, como un tercer elemento de cambio.

En concreto eso significa que en 2014, según el INEC, 2.53 millones de personas del campo vivían en la pobreza, con un ingreso promedio (calculado en 2015) de un poco más de 82 dólares por mes. Dentro de este total, casi la mitad, es decir más de un millón de personas, vivían en la extrema pobreza, con 46 dólares por mes. Para la consciencia nacional, es un estado de catástrofe . Por eso debemos preguntarnos, primero porque la ACFI es un fracaso productivo y, segundo si su promoción puede ser un elemento de un paradigma post-capitalista.


2. ¿Porque es la Agricultura Campesina Familiar e Indígena un desastre productivo?

La primera respuesta es que se trata de un modelo arcaico, del pasado y que por eso debe ser remplazado por una agricultura moderna, empresarial, industrial, productiva. Sin embargo, el 21 de Febrero 2017, la FAO afirmo una vez más, que la agricultura campesina era una solución de futuro, más productiva a largo plazo, y menos destructiva del ambiente natural |3|.

De hecho, existe otra manera de concebir una respuesta: estudiar la situación real del sector en la sociedad e intentar entender el impacto que eso tiene sobre su productividad. Hay muchos factores que intervienen en el asunto. En primer lugar viene la desigualdad de la posesión de tierras y el nivel de concentración. Damos cifras nacionales, recordando, sin embargo, que las tres regiones: costa, sierra y Amazonía, tienen cada una sus especificaciones.

Esteban Daza recuerda las cifras del INEC en 2012: “El 75,5 % de las familias campesinas tienen propiedades de menos de 10 has, lo que representa el 11,8 % de las tierras del país. El 18,1 % de las familias en el campo, tienen tierra entre 10 y 50 has y representan el 27,4 % de la tierra para producir. Solo el 6,4 % de las familias tienen propiedades de más de 50 has que representan más del 60,7 % de la tierra cultivable en el país." (Esteban Daza, 2016, 5). El índice de Gini aplicado a la propiedad y que mide el grado de desigualdad (0 igual poca desigualdad y 1, mucha), se ubicaba en 0,80 en 2000 (año del último censo), el Ecuador siendo el segundo país más desigual del continente. En este panorama, la proporción de minifundios (menos de medio ha.) representaba 165.000 familias, una verdadera zona de pobreza (François Houtart y Michel Laforge, 2016, 23-24).

 

El peso económico, social y político del sector de grandes propiedades y de capitales en la sociedad ecuatoriana es evidente y tiene incidencias importantes sobre las decisiones colectivas. Es un factor de freno a cualquier reforma agraria y como se ubican en mayor parte en cultivos de exportación, constituyen un elemento clave en la balanza de pagos y en los ingresos del Estado. Es probable que en los últimos tiempos, la concentración de tierras aumentó, pero no se puede asegurar de manera precisa, por falta de un censo agrario. Por otra parte, la triste realidad de los minifundios de autoconsumo, indica claramente que no basta distribuir tierras para resolver el problema.

 

El acceso a la tierra es sin embargo un primer elemento. En la historia, fue una dificultad mayor, que influyó también la cultura campesina, a menudo de auto-flagelación e inferioridad. Los indígenas en particular, fueron concentrados en tierras de segunda calidad, especialmente en zonas montañosas. Aún hoy en día, la situación no parece mejorar. La Ley de Tierras Rurales y de Territorios ancestrales de 2016, que intento mejorar la suerte de los pequeños agricultores y fue saludada en la Asamblea Nacional como la base de una reforma agraria, tiene a la vez contradicciones internas y una aplicabilidad muy relativa. Una de las contradicciones es la venta a precio del mercado a los pequeños campesinos, de las tierras recuperadas por el Estado quien también paga el precio del mercado (muy pocas con la reglamentación actual). Eso obliga los campesinos a recurrir a préstamos o subsidios. Fue el caso en Corea del Sud y 25 años después de este tipo de reforma agraria, cada día, tres o cuatro campesinos se suicidan por imposibilidad de pagar sus deudas.

 

Por otra parte, la puesta en un mismo nivel de la ACFI y los monocultivos de exportación significa una ignorancia del peso relativo de cada uno de los sectores en la sociedad ecuatoriana. De verdad, muchas limitaciones objetivas a los monocultivos son previstas en la ley, pero ¿quien va ha llevar a juicio estas empresas que no respetan la ley, ni a menudo la legislación sobre el medio ambiente y el código laboral, pero que entran tan felizmente en la filosofía de la nueva matriz productiva? Lo mismo para el apoyo a la ACFI que corre el riesgo de quedarse solo como planteamientos declarativos. Es por eso que, a pesar de las intenciones, podemos pensar que un día estas leyes podrían ser presentadas para un premio Nobel, pero de literatura.

 

Otro problema es el recurso del agua. El principio constitucional es la no privatización del agua, lo que es fundamental. En lo concreto, se suprimió la regulación tradicional del agua en más de 1000 sistemas existentes, para burocratizar el sector y no se ve muchas medidas para aplicar la ley en casos de acaparamiento del agua por grandes empresas en detrimento de las comunidades vecinas o de pequeños agricultores. Los trabajos de riego realizados en “la década ganada” del Gobierno de Alianza País han sido eficaces y sirvieron a mitigar los efectos del cambio climático, pero no cambiaron las desigualdades de acceso. El 51 % de los grandes propietarios tienen acceso al riego, frente al 21 % de los pequeños (François Houtart y Michel Laforge, 2016, 26-27).

Si abordamos la cuestión del crédito, sabemos lo difícil que es para los pequeños campesinos acceder al sistema financiero. No solamente intermediarios abusivos absorben una parte importante de la ganancia, sino que los organismos creados para ayudarlos funcionaron con normas muy complicadas (Banco del Fomento, por ejemplo). La garantía que pueden dar los grandes productores es evidentemente mayor. Para dar solamente un ejemplo, El Fondo Nacional de Tierra entregó en el año 2010, el 89 % de sus recursos a la agroindustria y el 11 % a los pequeños productores (Esteban Daza, 2016, 25, citando Diego Carrión, 2012).

De verdad, las actividades del campo no se limitan a la agricultura. Lo hemos notado a propósito de la disminución de la pobreza. Es un factor universal, que hemos observado por ejemplo en el estudio de una Comuna rural del delta del Rio Rojo en el Vietnam, donde la mayoría de las actividades eran no-agrícolas, desde por lo menos el principio de los años 1980 (François Houtart, 2004, 207-217). Luciano Martínez señala esta situación desde hace muchos años en el Ecuador: nuevos empleos en el comercio, servicios, sector público, iniciativas locales, aumento de mercados locales, acceso a caminos, educación, etc. (Luciano Martínez, 2009,21). El Censo de 2000 revela que el 39,9 % de la población rural realizaba actividades no-agrícolas, perteneciendo al empleo rural no-agrícola (ERNA).

Puede ser un factor de “descampezinación”, como lo indica David Ayora León a propósito de los jóvenes (2016). Se añade el fenómeno de constitución de “productores agrícolas” según el concepto de Luciano Martínez. Todo eso indica una dinámica interna de la realidad social rural, tal vez de manera más intensiva alrededor de las ciudades, que ofrece posibilidades para el futuro. Sin embargo, la agricultura familiar, campesina e indígena, no ha recibido los incentivos que habrán permitido a este sector participar de manera positiva a un mejoramiento general.

Al contrario, el resultado de estas situaciones acumuladas en zonas de prevalencia de AFCI, es un vacío social y cultural siempre más grande de una parte importante de la sociedad rural. Muchos hombres buscan trabajo en las ciudades, dejando las mini-propiedades en manos de los mayores y de las mujeres (un tercio según estimaciones) a menudo con trabajo de niños y la educación pre-escolar en carga de las abuelitas muy limitadas culturalmente (Marta Rodríguez Cruz, 2017, 283). En su encuesta realizada en la provincia de Azuay, David Ayora revelo que el 77% de los jóvenes rurales de la parroquia estudiada, no optarían para una actividad agropecuaria, aún si mejorarían las condiciones de vida en el campo (David Ayora León, 2016, 90).

Por otra parte, el plan de cerrar 18.000 escuelas comunitarias (nombradas “de la pobreza”) en favor de las escuelas del milenio (al principio de 2017: 71 construidas, 52 en construcción y para el fin de 2017, 200 en funcionamiento) (Marta Rodríguez Cruz, 2017, 199) acentúa el problema. Sin duda estos establecimientos están bien equipados, con maestros competentes, pero dentro de una filosofía en ruptura con la vida tradicional y con una apertura a una modernidad hoy en día puesta en duda por sus consecuencias sociales y ambientales. No responden tampoco fácilmente al principio constitucional de la educación bilingüe. Además, el sistema de transporte en varios casos no ha podido corresponder a las necesidades y obliga alumnos a caminar horas por senderos en mal estado, provocando también una tasa elevada de absentismo (Ibídem, 246). Al contrario, en Cuba, se eligió el mejoramiento de las escuelas rurales con un maestro por varios grados, con un éxito comparable a los resultados de las escuelas urbanas y gastos mucho menores (Granma Internacional, 2017).

En el marco cultural se debe señalar también la dificultad en estas circunstancias de mantener una espiritualidad indígena orientada al respeto de la madre tierra y a la armonía social y personal. Se añade finalmente la reacción, en las Iglesias cristianas y en particular la Iglesia Católica, contra la teología de la Liberación y la pastoral indígena, que se manifiesto por la invisibilidad de la obra de Monseñor Proaño.

Fuera de las estadísticas, basta viajar en las zonas rurales del país, para constatar el aislamiento de las comunidades indígenas del Cañar; las condiciones de las viviendas de los campesinos del norte de la Provincia del Oro; la lucha por el agua de comunidades del Chimborazo para la conservación de los páramos; el estado miserable de los caminos y senderos vecinales que obligan los pequeños campesinos a levantarse muy en la madrugada para ir a vender sus productos. Las condiciones de vida de estas zonas rurales son muy a menudo inhumanas.

Todo eso muestra la marginalización de la ACFI en el Ecuador, no por el simple efecto de la naturaleza, sino por la construcción social que la reduce a un apéndice destinado a la desaparición y que por razones humanitarias se trata con bonos de tipo asistencialista. El Ecuador no se encuentra solo en el caso. Es casi universal. La cuestión es de saber si la agricultura campesina familiar e campesina puede ser un elemento de un nuevo paradigma. Pero antes examinaremos el estado de la agricultura industrial, de hecho en competencia con la ACFI.


3. La promoción del modelo agro-empresarial y agro-exportador

En el mundo entero, se trata de una nueva frontera para el capitalismo (agrario y financiero), con versiones nacionales e internacionales. Según el Horizonte de Desarrollo hacia 2025, en el Ecuador, este sector aportará 15.000 millones de dólares a la economía nacional, creará 250.000 empleos y significará una contribución de 10.000 millones al balance comercial del país. Hay diversas ramas: bananos, azúcar, palma africana, flores, brócolis. En su campaña electoral de 2017, el vice-presidente Jorge Glass insistió mucho sobre este aspecto: la productividad del sector, su contribución a la riqueza del país, la extensión de la producción de agro-combustibles, la necesidad de atraer el capital extranjero, sin ninguna referencia a los costos ecológicos, a los territorios ancestrales, al tipo de empleos que se crean, ni al poder económico del sector en la economía del país.

La frontera agrícola se extiende con la deforestación: entre 2000 y 2010, 618.000 has (Atlas, 2011,3), aún si la proporción anual ha disminuido. Hay considerables daños al paisaje (los plásticos de las flores, por ejemplo). Hay una tendencia que se reafirma hacia privilegiar los transgénicos: en septiembre 2012, el presidente afirmó: “El uso de semillas transgénicas mejorara notablemente la producción del campo” (Esteban Daza, 2016,21). El capital extranjero se introduce: entre 2000 y 2008, el aporte fue de 49 % para las empresas de exportaciones (Franck Brassel et al, 2011, 29).

 

La característica de esta política de capitalismo agrario no es solamente la concentración de las tierras o el control de los circuitos de insumo y de comercialización, sino la ignorancia de las externalidades, es decir los daños ambientales y sociales, no pagados por el capital, sino por la madre tierra, las comunidades y los individuos. Así, por el primer aspecto se puede señalar la perdida de la biodiversidad, la erosión de los suelos, la contaminación de las aguas, la producción de gases invernaderos: CO2 y metano. La simple contabilización de estos gastos reales cambiaría totalmente la estructura de los precios de estos bienes. A propósito de las flores, un productor orgánico holandés retirado, que visitó varias empresas ecuatorianas en 2015, afirmo que si los europeos sabían en qué condiciones las flores estaban producidas, no comprarían ni una rosa.

 

Las consecuencias sociales y culturales no son menos nocivas. Las enfermedades de la piel, de los pulmones, los canceres son elevadas con la utilización masiva de productos químicos. Con la visita del papa en el Ecuador, en 2015, se utilizaron más de 90.000 rosas, pero al mismo tiempo estaba en la Fundación Pueblo Indio del Ecuador en Quito, una pareja indígena. La mujer, de 40 años, con 4 hijos, padecía de leucemia y esperaba una cita al hospital público. Había trabajado durante 10 años en la industria de las flores. Pura coincidencia o precio humano de las rosas.

A pesar de todo, el Ecuador ha podido conservar un grado elevado de soberanía alimentaria, concepto diferente de seguridad alimentaria, porque supone que el país produce lo que consume. Sin embargo existen señales de perdida de la primera, a causa de la extensión del sector de los monocultivos. En 2000, según el censo agrario, la ACFI producía el 60 % de la alimentación del país.

Los derechos de los trabajadores, aún establecidos en la ley , son frecuentemente violados (Franck Brassel y al., 2011, 42): empleos temporales, horas extras no pagadas, prohibición de sindicatos. La sindicalización por ramas está prohibida en el país y las últimas leyes laborales favorecen la flexibilización del trabajo. El discurso macro-económico es predominante orientado hacia la producción e ignora los factores estructurales de la desigualdad de productividad (Ibídem).

Para terminar, vale la pena citar el estudio hecho en 2013 sobre la producción de brócolis en la región de Pujilí en la provincia de Cotopaxi (François Houtart y Maria Rosa, 2013). El 97 % de la producción de brócolis se exporta hacia países en mayor parte capaces de producir brócolis (EEUU, EU, Japón), en función de ventajas comparativos (bajos salarios, leyes ambientales menos exigentes). La empresa productiva acapara el agua, que no basta más para las comunidades vecinas; bombardea las nubes para evitar que los chaparrones caigan sobre los brócolis, sino en los alrededores. Se utilizan productos químicos, aún a menos de 200 metros de las habitaciones como lo exige la ley. Las aguas contaminadas corren en los ríos. La salud de los trabajadores está afectada (piel, pulmones, canceres). Los contratos se hacen en parte a la semana, con un capataz que recibe el 10 % de los salarios, lo que permite escapar al seguro social. Horas extras son a menudo no pagadas. La empresa de proceso de los brócolis para la exportación, trabaja 24 horas en tres turnos. No era excepcional que trabajadores sean obligados a hacer dos turnos enseguida. El sindicato está prohibido. Además las dos empresas, hoy en día fusionadas, tenían sus capitales, la una en Panamá y la otra en las Antillas holandeses.

Como autores, nos hemos preguntado en nuestro informe, si era posible construir el socialismo del siglo XXI con el capitalismo del siglo XIX ¿ Seis meses después, el vice-presidente que había recibido el informe, visitó la empresa y declaro que ella era un modelo de la nueva matriz productiva. Una vez más en la historia, es el campo y sus trabajadores los que pagan el precio de la modernización. Fue el caso del capitalismo europeo en el siglo XIX, de la Unión Soviética en los años 20 del siglo XX, de China, después de la Revolución comunista.

Evidentemente, uno se pregunta si había una alternativa posible. El Estado ecuatoriano necesita medios para financiar sus políticas sociales. El petróleo bajó de precio. La minería no ha tenido todavía un lugar equivalente y se encuentra frente a problemas sociales y conflictos serios con comunidades indígenas. Incluir las externalidades en el precio de los productos exportados significaría la pérdida de toda competitividad.

 

Estas políticas son también a corto plazo. No tienen en cuenta los cambios naturales y sus efectos a largo plazo, la soberanía alimentaria, los derechos de los trabajadores, el origen de la pobreza rural. Se acentúa un modelo agro-exportador presentado como una meta, sin indicar las consecuencias. Algunas alternativas son posibles: reorganizar las condiciones de la ACFI, con una producción orgánica asegurando la soberanía alimentaria; garantizar los derechos de los trabajadores de los monocultivos, reduciendo el margen de arbitrariedad de los dueños de la tierra; reconocer de verdad los derechos de la naturaleza; implementar la integración latino-americana para imponer medidas comunes en materias de protección de la naturaleza, de paraísos fiscales y de resistencia a los monopolios trasnacionales; llevar luchas más radicales en las instancias mundiales con objetivos similares. Un pequeño país no puede actuar eficazmente solo, pero puede ser protagonista. Lo que podemos afirmar desde una perspectiva del sector agrario, puede ser aplicado a varios otros sectores también.


4. El debilitamiento de los movimientos sociales campesinos e indígenas

Los movimientos sociales campesinos e indígenas, portadores de la lucha del mundo rural en sus varias componentes, han pasado por periodos particularmente difíciles. Habían tenido un protagonismo político muy importante en los años 90, en particular el movimiento indígena, pero sufrieron después de dos fenómenos que contribuyeron a su debilitamiento. El primero fue la cooptación por el poder político en función de ventajas inmediatas: regalías petroleras y mineras, cooperación para el desarrollo y proyectos provinciales y parroquiales. El segundo, la absorción por la política electoral a corto plazo. Los dos factores llevaron a la división de las bases populares y a la dificultad de concentrarse sobre el largo plazo de la lucha de los pueblos indígenas como pueblos y de los campesinos como clase. Por una parte, en las políticas post-neoliberales, hubo un deseo de modernizar el campo, pero sin tomar suficientemente una distancia frente al carácter capitalista de este proyecto y por otra parte, los objetivos fundamentales de las luchas sociales no fueron totalmente ignorados, sino sometidos a preocupaciones secundarias que los absorbieron e impidieron acciones comunes.

Estos factores contribuyeron a la marginalización de la ACFI en el Ecuador, hasta el punto que se puede hablar para el sector, de una década perdida, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores del MAGAP, de ONGs, de movimientos y de grupos locales.


II. ¿Puede la Agricultura Campesina Familiar e Indígena contribuir a elaborar un paradigma post-capitalista?

1. Condiciones generales

Desde el punto de vista del Bien Común de la Humanidad como paradigma nuevo, los cuatro ejes de cambio concreto encuentran en la ACFI aplicaciones interesantes. La relación con la naturaleza se caracteriza por el respeto de su capacidad de regeneración, vía cultivos orgánicos (agroecología) y biodiversidad. La producción de la base material de la vida en el sector especificó de la agricultura, privilegia el valor de uso sobre el valor de cambio, no somete el trabajo al capital y exige el usufructo de la tierra, pero no necesariamente su propiedad y excluye su acumulación en tanto que capital. La organización colectiva (comunitaria u cooperativista) del acceso al agua, a insumos, a maquinaria, al crédito; la organización en conjunto de ciertas fases del trabajo (mingas, reforestación); la comercialización en circuitos cortos, en ferias y tiendas comunes, tienen, en la filosofía de una economía popular solidaria, una base democrática. Finalmente la interculturalidad encuentra en esta forma de agricultura una posibilidad de diversidad de expresiones y de lecturas de lo real.

Evidentemente, el capitalismo puede también instrumentalizar el sistema, como en muchos casos. Los contratos con pequeños cultivadores de palma integran estos últimos en una dependencia total de las grandes empresas. En Europa los agricultores familiares “modernos” con alto grado de mecanización y acceso al crédito, son integrados en cadenas de producción dominadas por el capitalismo agrario y financiero. El micro-crédito de muchos países está administrado por el sistema bancario. Organizaciones que al principio eran mutualidades o cooperativas, con el tiempo y el éxito, se transformaron en pilares de la economía capitalista.

Por eso, la ACFI no es solamente una cuestión técnica, sino un objetivo de lucha social, una resistencia de clase y de comunidad, un problema político. El papel de los movimientos sociales es esencial. Constituye una de las transiciones hacia otro paradigma, pero no como un proceso mecánico, sino como fruto de actores verdaderos sujetos de la construcción social y eso va mucho más allá que un aumento de productividad.

Al mismo tiempo, la ACFI debe cumplir con las tres funciones de la agricultura. Primero nutrir la población no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente. Lo hace, eligiendo las semillas, respetando la diversidad, operando orgánicamente. En segundo lugar, contribuir a la regeneración de la tierra, lo que no cumple la agricultura industrial, al contario. Finalmente procurar el bienestar de los que trabajan en el sector: proletarizar el campesinado bajo el pretexto de crear empleos esta lejos de responder a esta necesidad. Evidentemente todo eso requiere condiciones económicas, sociales e políticas, que se llaman, como lo dice el MST de Brasil, una reforma agraria integral y popular.


2. En Ecuador

Como lo hemos señalado antes (F. Houtart y M.Laforge, 2016, 30-36), existen en Ecuador bases para el desarrollo de una ACFI. Hay un real despertar: iniciativas de comunidades indígenas, campesinos que se unen, mujeres campesinas que se organizan para producir carne, cacao, fabricar sombreros, producir obras de arte con desechos de plástico, etc. En varios casos, son apoyadas por ONGs (FIAN, Fundación Heiffer, Populorum Progresio, Oxfam; etc…) y a veces por Gobiernos provinciales, cantonales, parroquiales, y cooperaciones internacionales. Sin embargo son dispersas y a menudo aisladas.

Lo nuevo de la década de 2010 es la aparición de propuestas al nivel nacional y con perspectivas estructurales. Vienen de diversas fuentes. Podemos citar iniciativas de movimientos sociales, campesinos e indígenas: La Red agraria en 2012 y más reciente, en 2016, la Cumbre agraria, convocada por la CONAIE. En 2017, durante la campaña electoral, varios movimientos, dentro de los cuales, la CLOC (rama latino-americana de La Vía Campesina) y la FENOCIN, elaboraron un documento de política general en favor de la ACFI, que fue firmado por el binomio de Alianza País. El movimiento montubio prepara un texto de ley, obligando los grandes terratenientes a ceder 30 % de sus tierras para los pequeños productores. Dentro de movimientos políticos también surgieron propuestas, como el grupo Revolución agraria que nació en el seno de Alianza País en 2011.

 

El mundo académico tomó también iniciativas. El IAEN organizó un seminario abierto durante un año en 2015-2016 y publicó el Manifiesto para una Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Ecuador (2017). Un grupo de trabajo, llamado Tierra reúne mensualmente varias universidades y centros de investigaciones, como SIPAE y el IEE-OCARU, sobre los problemas rurales. Este último propone un “pacto ético para el campo” (Esteban Daza, 2017). Se está preparando un elenco de todas las investigaciones realizadas sobre el agro en Ecuador y la colaboración se extenderá a universidades de las varias provincias. Las tres universidades, Andina, Central y Salesiana de Quito, tienen un proyecto de desarrollo rural con Cayambe, un centro de de capacitación y un espacio urbano de consumo ecológico.

 

Órganos del Estado no se quedaron inactivos. El MAGAP realizó varios seminarios sobre Agricultura campesina. El CONGOPE, órgano de coordinación de los GAD (unidades descentralizadas), prepara publicaciones e investigaciones sobre el tema. Se debe subrayar en particular el trabajo de la COPISA (Conferencia Plurinacional e Intercultural para la Soberanía Alimentaria) que estableció en colaboración con el IAEN, un documento de síntesis de las propuestas de los movimientos sociales, para una acción política después de las elecciones.

Los ejemplos del exterior no faltan. El Vietnam, segundo exportador de arroz en el mundo, lo produce con agricultura campesina. En Brasil una ley de 2008 obliga todas las instituciones públicas de abastecerse con los pequeños productores. En Nicaragua, el programa de bonos productivos para las mujeres campesinas (entrega de gallinas, de cabras o de una vaca) ha permitido al país de conservar su soberanía alimentaria.

Para el futuro, la solución no se encuentra en un capitalismo oligárquico vinculado con el capital financiero. Tampoco la continuidad de un capitalismo moderno dará la respuesta que no ha podido proponer durante la última década. Se trata de una nueva propuesta, basada sobre una refundación del proyecto, como un elemento de una transición hacia un paradigma post-capitalista. Por eso las fuerzas de la lucha social deben reconstruirse desde la base, movilizando las energías en un Frente Unido, con metas precisas y propuestas concretas, donde nadie, en particular los movimientos indígenas, pierde su identidad. Es urgente. Es posible. Mañana será demasiado tarde.

Biblografía: 

Notas|1| Texto presentado en el seminario del IAEN sobre El Bien Común de la Humanidad, con Frei Betto y Antonio Salamanca,el 23 de marzo 2017.

|2| Instituto de Proveimiento de Alimentos ; Instituto de Pesca, INP; Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del Agro; Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria; COPISA; FAO.

|3| FAO

Fuente: http://www.cadtm.org/Ecuador-Un-factor-de-control-de-la

 

 

Advirtamos que el «trabajo» fue hominizante y hoy el desafío, abajo y a la izquierda, es humanizarlo y humanizarnos. Porque con nuestros trabajos directa o indirectamente y nuestras personas, al estar subsumidos en el capitalismo, posibilitamos:

 

 

Ecocidio o la destrucción sistemática de la vida

3 de mayo de 2017

 

¿Hasta cuándo el poder de las transnacionales se llevará puesta la vida, el medio ambiente y la cultura de los pueblos?; ¿Cómo frenar este plan sistemático de destrucción regido sólo por la desenfrenada acumulación?

El Primer Juicio Civil Internacional a la multinacional biotecnológica Monsanto, dejó a la vista la significativa organización social existente en los 5 continentes para frenar este desquiciado modelo productivo y cambiar de paradigma. En diálogo con enREDando la abogada y activista Victoria Dunda, que participó del juicio, explica qué significa la figura de “Ecocidio” como un crimen de lesa humanidad y el juicio histórico realizado en La Haya, donde Argentina tuvo una protagónica participación.

Duele tener que hablar de ecocidio.

Duele su magnitud y la necesidad mundial de tipificar este delito de lesa humanidad, no tan nuevo pero globalizado, que ha llevado a la destrucción de nuestro propio hábitat, de la casa común que nos cobija indistintamente.

Duele porque a través de esta figura jurídica queda a la vista el histórico desprecio al perfecto sistema que posibilita la vida del ser humano, entre otras millones de especies, dentro del planeta.

Desde una perspectiva latinoamericana, vale recordar que desde que los conquistadores españoles comenzaron a expoliar nuestro continente, “Abya Yala” para los primeros pueblos de estas tierras, los ecosistemas no han tenido respiro, el mentado “desarrollo” se ha sostenido sobre una misma matriz de saqueo y desguace de la Madre Tierra.

Al día de hoy nuestros países siguen exportando naturaleza, seguimos proveyendo materias primas a los países del “primer mundo”, somos campeones en la exportación de commodities. Se llama commodities o materias primas a los bienes transables en el mercado de valores: los hay de carácter energético (petróleo, carbón, gas natural), de metales y de alimentos o insumos (soja, trigo, maíz).

Pero los pueblos también saben decir basta.

Como ha sucedido a lo largo de la historia, los avances y transformaciones reales en materia de derechos y defensa de la vida, se entretejen desde abajo. Es a fuerza de la obstinada lucha de las comunidades que logran frenarse megaproyectos extractivos y la permanente depredación de los bienes comunes. Son las víctimas del actual sistema económico productivo (extractivista / agroindustrial) quienes están poniendo en agenda este tema urgente e insoslayable.

Y fue por impulso de la sociedad civil organizada, que por primera vez en la historia a través del El Tribunal Internacional a Monsanto (TIM), logró denunciarse pública y mundialmente la obscena brecha entre la legislación internacional de derechos humanos y ambientales, y la legislación internacional de comercio e inversión.

El TIM, constituido como tribunal de opinión (sin competencia jurídica), fue creado para “aclarar las obligaciones legales y consecuencias de algunas de las actividades de la compañía Monsanto”. Entre las referentes mundiales más visibles de esta iniciativa que tuvo lugar en los tribunales de La Haya en octubre de 2016, se encuentran la investigadora y periodista francesa Marie-Monique Robin y la filósofa y escritora india, pionera del movimiento ecofeminista, Vandana Shiva.

En el marco del juicio, el Tribunal integrado por 5 prestigiosos jueces, entre ellos, la argentina Eleonora Lamm, subdirectora de derechos humanos de la Suprema Corte de Mendoza, escuchó las denuncias de 30 testigos de todo el mundo y se comprometió a evaluar los hechos que se recriminan a la empresa Monsanto y juzgar los daños causados por la multinacional en virtud del derecho internacional vigente.

El dictamen de los jueces se dio a conocer el 18 de abril, entre las conclusiones más relevantes se dictaminó que la multinacional es responsable de violar derechos en salud, ambiente y propiedad, y de entorpecer la libre investigación científica de estos temas. Uno de los reclamos prioritarios fue la introducción del delito de “ecocidio” dentro de la jurisprudencia internacional, para litigar en función de este crimen de lesa humanidad.En diálogo con enREDando, la abogada y activista Victoria Dunda, referente de la Red de Pueblos Fumigados que estuvo en La Haya, nos ayuda a comprender qué significa la figura de “Ecocidio” como un crimen de lesa humanidad y el juicio histórico realizado en La Haya:

- Desde el Tribunal se pidió incorporar el delito de ecocidio dentro del Estatuto de Roma, el concepto tiene que ver con todas aquellas destrucciones que se hagan sobre el ambiente en forma general, o se desequilibren los efectos o beneficios ambientales que generan los ecosistemas, que sea en forma masiva.

- El concepto ha tenido varias transformaciones, por un lado el primer biólogo que habla de esto, que es el creador de alguna manera del agente naranja, termina diciendo que es imprescindible legislar sobre el delito de ecocidio por la masividad de las cosas que se estaban poniendo en el mercado, y de la magnitud que contenían y el tema de la guerra química aplicada en Vietnam. Plantea esta destrucción masiva sobre los ambientes y todo tipo de vida, tanto humana como no humana. Pero implicaba a quien tuviera intención de hacer ese daño.

Hoy el concepto se amplía, haya o no intención, los efectos masivos que se pueden producir en el ambiente prolongadamente, ya genera un delito de ecocidio y tendría que estar planteado así. La opinión del Tribunal Internacional Monsanto es con respecto a que se incorpore esta figura penal dentro del derecho penal internacional. El Estatuto de Roma tiene tipificado el delito de genocidio, el delito de lesa humanidad y el delito de guerra. Entonces, estamos pidiendo que se incorpore en esa nominación de delitos, el de ecocidio.

- ¿Qué nos queda después del dictamen del Tribunal?

- Muchísimo, primeramente el camino andado, de llegar hasta acá. Estos tribunales, si bien no son judiciales y no tienen competencia a nivel vinculante de su sentencia, sí son opiniones mundiales de la sociedad civil, que tiene la necesidad de salir a cubrir una falencia dentro de los Estados por connivencia o por omisión, sobre cuestiones que son fundamentales en la vida de las Derechos Humanos. Esto es insoslayable.

Argentina había tenido un tribunal en el año 2010 contra las multinacionales y transnacionales, dentro del esquema del Estado. Eso fue presentado en el TIM como prueba de lo que habíamos decidido éticamente en Argentina en su momento.

Por otro lado, muchas vicisitudes acerca de cuál es límite que hay que poner con respecto al límite de las transnacionales sobre los derechos humanos y sobre el ambiente, establece que el derecho al ambiente es fundamental y sostenedor para que se cumplan todos los otros derechos. No hay vida sin un ambiente sano, no hay desarrollo ni dignidad sin salud, sin ambiente y demás. Así que plasma esas cualidades que ya estaban en el Convenio Estocolmo en 1972, pero las vuelve a declarar.

Desde lo jurídico nos deja fuertes antecedentes, y principalmente, el poder que tenemos que tener los ciudadanos ejerciendo la democracia, como construcción indivisible, que le está diciendo a la comunidad mundial que hay que poner un límite con respecto a las empresas transnacionales, a los derechos de las transnacionales, los derechos empresarios no pueden ir en contra del derecho a la vida, a la salud y al ambiente, porque iríamos en un camino de -autodestrucción –en el que estamos, precisamente- y que es preciso salir con responsabilidad y con conciencia, apuntamos a eso y creo que es fundamental el Tribunal Monsanto.

- Además de la presentación de los testimonios, nuestro país presentó un informe/ documento elaborado por organizaciones y profesionales de distintos puntos del país…

- Sí, Argentina participó con 6 testimonios orales, 4 dentro del Tribunal y 2 en la Asamblea de los Pueblos, con testimonios presenciales. Asimismo, nuestro país presentó un documento que fue elaborado por las organizaciones sociales, que presentaron todos los testimonios con todo lo que se viene diciendo sobre los efectos que tiene este modelo para la Argentina, tanto en la salud como del ambiente. Una recopilación que se hizo con todos los estudios científicos, tiene un anexo específico sobre el glifosato, mayoritariamente son estudios de la UNL, de la Universidad de Rio Cuarto, de la UBA, que reflejan la realidad de nuestros pueblos y de nuestros ecosistemas.

Los testimonios de Andrés Carrasco, de Damián Marino, de las escuelas fumigadas, de los niños a través de sus dibujos, de las maestros. Presentamos un informe muy interesante que como material jurídico también es importante, donde las comunidades y organizaciones argentinas también se hicieron voz a través de ese escrito. Así que fuimos con muy buena representación, por un lado está bueno y por otro, es triste tener que replicar tantas cosas para que entiendan los propios y los ajenos qué estamos viviendo con este modelo.

- ¿Qué es lo que más te llamó la atención al escuchar los testimonios?

- Que se replicara este modelo en todas las partes del mundo que se expresaron ahí, cada continente tenía representantes que demostraban cómo Monsanto sistemática y estratégicamente iba actuando. Eso fue muy impresionante para mí, porque uno lo ve acá pero no cree que sea tan grande, pero lo es y está pensado y es sistemático.

La vulnerabilidad de los pueblos en cuanto a la destrucción del ambiente, y una gran responsabilidad social y civil para seguir adelante en esto, que implica cambiar sujetos, cambiar sociedades, formas de vida y estructuras. En este camino en que estamos todos de alguna manera.

También, la calidad de la gente, los científicos que han sido atacados, como les costaba en esta dualidad de estar por un lado convencidos de lo que hacen y prueban en sus laboratorios, y por otro no poder decirlo o comprometerse abiertamente porque son perseguidos, sobornados, cuestionados gravemente. El proceder de las multinacionales dentro de la comunidad científica.

Y por otro lado me llenó de satisfacción confirmar que desde la sociedad civil tenemos herramientas, que nos han dado anteriormente otras luchas, y que eso lo podemos seguir llevando adelante y poner en la opinión pública lo que nos pasa en este sentido.

EnREDando

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Ecocidio_o_la_destruccion_sistematica_de_la_vida

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Comprobemos caminos emancipatorios:

La perspectiva feminista en

la conformación de Modelos Económicos Alternativos, una mirada necesaria

3 de junio de 2017

Por María Atienza (CTXT)

 

Es necesario plantearse la cuestión de qué es una vida vivible, lo que implica redefinir el propio término de bienestar más allá de la identificación con la capacidad de consumo mercantil que plantea la economía ortodoxa.

 

La cartografía global actual podría configurarse como una gran arquitectura en la que se van superponiendo fronteras que aíslan y excluyen a las personas, reordenan los territorios bajo mecanismos de violencia estructural, expulsiones y desalojos en la que, sin embargo, las mercancías siguen ampliando sus niveles de movilidad.

En este escenario, se ha venido produciendo una “crisis de los cuidados” provocada por un sistema económico neoliberal que ha venido excluyendo de manera sistemática a amplios sectores de la población del acceso a recursos básicos necesarios para satisfacer sus necesidades de reproducción, biológica y social.


 

Esta crisis de los cuidados se ha producido como consecuencia de avanzar hacia un proceso de globalización en el que el mercado libre aparece en el epicentro y el objetivo último es la acumulación de capital, empleando a las personas y a la naturaleza como recursos para ser explotados.

Dejar atrás el sistema neoliberal radica en conformar otros modos de pensar y hacer economía, afrontar una transformación de fondo para desplazar a los mercados y volver a poner la vida y las personas en el centro. Es crucial construir teorías críticas cuyos postulados avancen hacia la consecución de otros objetivos con diferentes principios y valores, un cambio en las visiones y políticas de quiénes y cómo hacer economía, qué y cómo producir, qué y cómo consumir para, en última instancia, reproducir la vida.


 

Para propiciar el desarrollo de una “contrageografía global” es necesario, por tanto, un nuevo modelo construido desde unas economías enraizadas en los saberes populares, la clase, etnia y territorio. La inclusión de una perspectiva feminista en la construcción de estas iniciativas de desarrollo (local) bajo los parámetros de un sistema alternativo (social y solidario) es una cuestión ineludible para poder incluir en su conformación el papel de la mujer en la sociedad y en el territorio, reconociendo las diferencias de roles y la situación desigualitaria desde la que parten en cualquier ámbito de análisis.


 

A lo largo de la historia de la Teoría Económica más reciente, se ha planteado un modelo en base a un esquema por el cual las empresas contratan tiempo de trabajo remunerado (empleo) a través de un salario, que permite a los hogares adquirir todos los bienes y servicios para la subsistencia de las personas, reproduciéndose así la fuerza de trabajo que vuelve a ser contratada por las empresas.


 

En este esquema no se está teniendo en cuenta el trabajo doméstico y de cuidados y su importancia, no sólo como reproductor de la fuerza de trabajo, sino como paradigma del bienestar humano. El cuidado humano supone tiempos, espacios y relaciones en los que se desarrollan trabajos y actividades que producen bienes, servicios y atención necesarios para la reproducción cotidiana y generacional de la gente y de las colectividades –no sólo de la fuerza de trabajo-.


 

La Economía Feminista plantea, como una de las cuestiones centrales de su discurso, el papel del trabajo doméstico y de cuidados. Su abordaje, desde una visión anticapitalista y antipatriarcal, se contrapone al sistema mercantilista centrado únicamente en las relaciones de producción monetizadas, olvidándose del resto de relaciones que son, sin embargo, cruciales para el desarrollo de la vida.


 

Hablar de la sostenibilidad de la vida desde la corriente feminista se refiere a una consideración del sistema socioeconómico que excede los mercados y lo entiende como un engranaje de diversas esferas de actividad (unas monetizadas y otras no). Desde esta perspectiva, es necesario plantearse la cuestión de qué es una vida vivible, lo que implica redefinir el propio término de bienestar más allá de la identificación con la capacidad de consumo mercantil que plantea la economía ortodoxa.


 

Paralelo a este discurso aparecen otras propuestas alternativas al modelo hegemónico que también cuestionan el centralismo de los mercados y que articulan otras formas de desarrollo y conformación de un sistema socioeconómico como es la Economía Solidaria (ES).


 

Las diferentes visiones de la ES valoran los bienes y servicios por su valor de uso, es decir, por su contribución a la reproducción de las comunidades y no por el valor de cambio, mecanismo usual del sistema mercantilista en su búsqueda por el alto margen de ganancia en los intercambios económicos. Esta visión (es) plantea entonces desmercantilizar las relaciones y los bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas y garantizan la vida de todas las personas.

Asimismo, este modelo devuelve centralidad al trabajo y contribuye a recomponer el nexo entre producción y consumo, lo que permite ver las contradicciones y límites del modelo económico actual.


 

La Economía Feminista y la Economía Social y Solidaria abordan, por tanto, aspectos involucrados en la crisis de reproducción de amplios sectores de la población y en particular de las mujeres. El patriarcado, la naturalización de lo reproductivo como una responsabilidad femenina, la separación entre producción y reproducción son factores presentes en la construcción hegemónica de lo que se ha entendido como “economía” dando lugar a procesos de injusticia estructural.


 

No obstante, aunque los principios de la Economía Solidaria se integran con los objetivos y propuestas de la Economía Feminista, no siempre está explícito el enfoque de género. Como ya afirma Yolanda Jubeto, esta ausencia no es algo excepcional sino que se repite en la mayoría de las teorías consideradas alternativas como el Enfoque de las Capacidades o las propuestas del Buen Vivir.

La articulación de las diferentes propuestas para la conformación de un discurso capaz de romper con el modelo imperante es, sin duda, uno de los desafíos a los que se enfrentan todas las escuelas de pensamiento heterodoxas contrarias a un sistema en el que las personas jugamos un papel meramente instrumental.

Nota:

La temática de este artículo está basada en la publicación de Economistas Sin Fronteras El enfoque de género en la Economía Social y Solidaria: Aportes de la Economía Feminista, que he tenido el placer de coordinar y cuenta con siete miradas y experiencias distintas de –casi en su totalidad mujeres- personas vinculadas a entidades de la sociedad civil, movimientos de mujeres y la academia.

María Atienza. Técnica de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid y colaboradora en Economistas sin Fronteras.

http://ctxt.es/es/20170531/Politica/12832/feminismo-sin-fronteras-globalizacion-economia-mercados-libres.htm 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227388

 

 

Pensemos cómo lo señalado respecto a refugiados e inmigrantes en España, en Argentina se da también respecto a los desocupados, trabajadores precarizados e informales y  desalojados pero también en los feudos provinciales. Nuestra creencia en que estas realidades agravadas cada vez más por el capitalismo escapan a nuestra capacidad de contribuir al cambio social nos mantiene desinformados y permite que, por ejemplo, el progresismo destaque la pobreza de la mitad de los niños y adolescentes como fotografía del hoy en vez del capitalismo con el máximo acaparamiento de los bienes comunes a consecuencia de la profundización actual de más de una de una deKada y del neoliberalismo desde mediados de los setenta.

 

Otras trampas para encerrarnos en el conformismo residen en "la inclusión" en vez de la justicia social, la subordinación a dirigencias que pactan y las leyes de emergencia. Constatemos:

 

 

Ciudadanías mermadas: mercado laboral y discriminación

10 de junio de 2017

Por Arturo Borra (Rebelión)

 

Demasiado a menudo los «discursos de la integración» en torno a inmigrados y refugiados pasan de puntillas por los obstáculos estructurales que se les plantean en el mercado laboral español a estos colectivos. Aunque existe una minoría de empresas (especialmente cooperativas y, de forma menos usual, Pymes) que están desarrollando políticas laborales inclusivas con respecto a estos grupos, resulta imprescindible identificar problemas persistentes al momento de lograr este objetivo. Categorías como «integración», «gestión de la diversidad», «buenas prácticas laborales», entre otras, resultan categorías problemáticas en tanto no seamos capaces de situarlas en un contexto sistémico que obstruye de forma sistemática su consecución.

Se trata, pues, de partir del contexto socioeconómico actual, marcado por regularidades empíricas que de forma tendencial marginan (cuando no excluyen) a una parte significativa de la población activa extranjera. A pesar de las declaraciones en sentido contrario, las prácticas empresariales dominantes ni siquiera contemplan dentro de la «gestión de la diversidad» la inclusión laboral de estos colectivos, como si lo “diverso” se restringiera a una cuestión de género o edad y, en el mejor de los casos, a una cuestión de discapacidad u orientación e identidad sexual. Por el contrario, cabe constatar que tanto las instituciones públicas como privadas se han desentendido ante esta otra ciudadanía mermada en derechos.

Si bien algunas de esas regularidades también afectan a personas trabajadoras autóctonas, hay información suficiente para saber que ciertas dinámicas discriminatorias afectan con especial intensidad a los colectivos inmigrados y refugiados. De ahí las siguientes constataciones, sin pretensiones exhaustivas.

1) Lo primero que hay que señalar es la existencia continuada de una economía sumergida que, además de los perjuicios económicos que supone para las arcas públicas, priva a más de 4.000.000 de personas trabajadoras de buena parte de sus derechos laborales, condenándolas a una precariedad que, de manera habitual, se transforma en una práctica de sobreexplotación laboral (o explotación severa). El empleo irregular implica millones de puestos de trabajo precarizados, de los cuales cientos de miles (que oscilan entre medio y un millón) están ocupados por personas inmigradas, no necesariamente en situación irregular, afectadas también por la «especialización por género» según la cual ciertos trabajos sólo podrían ser ejercidos por mujeres u hombres de forma excluyente.

Basta pensar solamente en muchas empleadas de hogar para dimensionar la magnitud de este problema. Según los escasos datos disponibles, esta es la situación de muchísimas trabajadoras inmigradas: empleo sumergido a cambio de salarios y condiciones laborales paupérrimas, en jornadas laborales que superan con creces las 9 horas estipuladas. Es evidente que este tipo de empleo –que con cierta frecuencia plantea un régimen de semi-esclavitud- forma parte del funcionamiento económico actual. Además de ejercer una presión salarial a la baja, impide que muchas personas trabajadoras extranjeras puedan mantener su situación regular en España y, en general, acceder a los diferentes servicios públicos en igualdad de condicionesi. Por si fuera poco, las personas inmigradas y desplazadas que se emplean en la economía sumergida ni siquiera pueden acceder a una pensión jubilatoria, pensar en la conciliación laboral o disponer de derechos laborales básicos, como vacaciones, pagas extra, horas de descanso, etc. Eso hace que este colectivo esté especialmente desprotegido ante situaciones abusivas. Apenas hace falta señalar que una situación semejante no favorece la «integración» en lo más mínimo, máxime cuando el desarrollo de una actividad laboral semejante supone a menudo conflictos con los trabajadores locales por considerarse “competencia desleal”. Para mayor escarnio, aquellas trabajadoras que logran acceder a un contrato de trabajo en el sector, son discriminadas institucionalmente, estando privadas del derecho a ser beneficiarias de las prestaciones por desempleo.

2) La segunda regularidad está ligada a la segregación ocupacional que afecta de manera inequívoca a la mayoría de las personas inmigradas o refugiadas. No es ninguna novedad señalar que aproximadamente el 80 % de estos colectivos trabaja en sectores de baja cualificación, con tasas de temporalidad y precariedad comparativamente más altas que las de la población local: 8 de cada 10 inmigrantes sigue trabajando en hostelería, industria, comercio minorista, servicio a personas, agricultura y pesca y construcción. Confinados en sectores económicos intensivos y con empleo de carácter estacional, la inestabilidad laboral se transforma en períodos de alternancia entre empleo y paro dificultando seriamente la consolidación de un proyecto migratorio satisfactorio. No es azar que la tasa de pobreza también afecte más a esta categoría de trabajadores. Si hace unas décadas la idea de “trabajador pobre” parecía un oxímoron, dada esta situación de empleo precario y salarios bajos, hoy día se conjugan de forma creciente, afectando a uno de cada tres trabajadores inmigrados, en un proceso social de etnificación de la pobreza que afecta, según la EAPN, al 63,9 % del total de la población extracomunitaria, a diferencia de la tasa AROPE de la población española que es del 25,5 en el mismo añoii. No hay “integración” sociolaboral satisfactoria si se trata desigualmente a los otros, si sólo se les reservan puestos laborales considerados indeseables o si se los emplea como mano de obra barata y precaria, acorde a una visión puramente instrumentalista de las migraciones. No es superfluo preguntar qué presencia tienen estos colectivos en nuestros espacios de trabajo (incluyendo el ámbito educativo) y qué posiciones laborales ocupan. Es fácil advertir que el lugar que socialmente se les asigna a estos otros es un lugar tendencialmente subalterno o subordinado, más allá de sus capacidades o competencias técnicas y sociales. Ante esta desigualdad de trato, es previsible que las barreras que dividen población local y población inmigrada no cesen de acentuarse.

3) De forma complementaria a esta segregación, en el contexto del mercado laboral se produce un fuerte desconocimiento de la formación y educación de origen (de forma similar a la experiencia laboral de origen, que tampoco suele reconocerse por falta de acreditación o por no reconocerse las acreditaciones de los países de origen). Siguiendo a Euroestat, los niveles educativos y formativos de la población inmigrada, contrariamente a los prejuicios dominantes, es porcentualmente semejante a la de la población local. Aunque a menudo suelen plantearse las desigualdades laborales como diferencias en las cualificaciones profesionales, un análisis comparativo de cualificación desmonta esta falacia. Si la sobrecualificación profesional en España es de por sí elevada, el fenómeno de la sobrecualificación se acentúa de forma notable entre los colectivos inmigrantes. A pesar de ello, a efectos laborales, una parte significativa de trabajadores inmigrados son considerados como mano de obra no cualificada, cuando no directamente analfabeta (incluso en los servicios públicos de empleo, cuando no han logrado homologar o convalidar sus estudios o acreditar sus competencias). Si bien una parte de la población inmigrada se embarca en el “laberinto burocrático” que suponen los procesos de homologación o convalidación de títulos (dados los tiempos prolongados para gestionarlos, las tasas que implican y las dificultades operativas que suponen), es previsible que una amplia mayoría de inmigrados sin estudios superiores desista de convalidar sus estudios en España, entre otras cuestiones, por no poder reunir toda la documentación requerida, incluyendo traducciones juradas, programas de estudios con especificación de horas, contenidos desarrollados en cada materia y promedio de estudios, todos debidamente apostillados por organismos internacionales. La consecuencia más manifiesta es que una parte muy significativa de la población o bien termina re-cualificándose en el país de destino según sus previsiones de inserción (sin garantías de éxito) o bien terminan accediendo a puestos de baja cualificación, reforzando la segregación ocupacional.

4) De forma complementaria a este confinamiento, la «tasa de desempleo» de inmigrantes supera en más del 7 % la tasa de paro de trabajadores nacionales, situándose en el primer trimestre de 2017 en el 25,46%, a diferencia de la tasa de paro de nacionales que es de 17,85%iii. A pesar de que la tasa de actividad en estos colectivos es porcentualmente mayor al de la población local, el desempleo se ensaña especialmente con estos grupos. Cabe preguntarse si, además de cuestiones idiomáticas, de convalidación de títulos o de acreditación profesional, no hay aquí un claro factor discriminatorio que opera bajo la forma de una desigualdad manifiesta en el acceso y permanencia en el mercado laboral. Hay indicios suficientes para responder afirmativamente: ¿por qué hay más parados extranjeros que nacionales si los niveles formativos son similares, aunque no siempre estén acreditados de forma oficial? ¿Se sigue considerando que los trabajadores nacionales deben tener preferencia en el acceso al empleo, contrariamente a la presunta igualdad de oportunidades? Y, finalmente, ¿qué políticas de empleo específicas se están desarrollando para corregir esta situación desigual?

5) De forma similar a lo que ocurre con otros grupos, el análisis sistemático y comparativo de las condiciones laborales de los inmigrantes extracomunitarios que logran acceder a un empleo arroja resultados de mínima preocupantes: tanto en términos salariales como en acceso a puestos jerárquicos dentro de empresas y otras organizaciones (incluyendo la administración pública, ONG y asociaciones), la desigualdad es notoria y relevante. Si por una parte la calidad desigual de los empleos a los que acceden respectivamente inmigrantes y locales es clara, por otra se repiten los fenómenos que ya conocemos con respecto a los colectivos de mujeres: techo de cristal, brechas salariales, falta de promoción interna o de movilidad ascendente y serias dificultades para la conciliación (especialmente, en el caso de mujeres inmigradas monoparentales). En cualquier sentido relevante, la “integración” supone no sólo la obtención de un empleo, sino garantizar su calidad y dignidad, en igualdad de condiciones. Basándonos en diferentes informes de “Inmigración y mercado de trabajo” elaborados por el SEPE, cabe constatar que las diferencias salariales entre españoles y extranjeros se mantiene. Ya en el informe de 2011 se señalaba la “discriminación” como uno de los factores de esta desigualdad.

El informe es contundente: “La participación laboral de los extranjeros nacidos fuera de España sufre de sesgos terciarios y sesgos femeninos, concentraciones en puestos de trabajo de baja cualificación y mayor especialización en ramas y categorías laborales concretas”iv.

A estas regularidades socioeconómicas hay que introducir un elemento heterogéneo pero no menos importante: la permanente producción de estereotipos y prejuicios en torno a estos colectivos, comenzando por los discursos dominantes en los medios masivos de comunicación. Sería un error suponer que esos discursos que estigmatizan a los otros no incide en la discriminación laboral. Hay que seguir recordando que la xenofobia y el racismo aparecen como refugio no sólo de grupos de ultraderecha, sino también de una parte importante de la población, expuesta a situaciones de exclusión social y a la caída de su calidad de vida. Ello crea las condiciones ideológicas propicias para que los discursos xenófobos y racistas tengan mayor calado, incluso dentro del mercado laboral. No por azar escuchamos de forma frecuente que la inmigración es una “amenaza laboral”, cuando no una amenaza para la seguridad e incluso para la “identidad europea”. La extensión del racismo y la xenofobia exige un debate público pendiente, que constituye una deuda estructural de cualquier sociedad democrática. Nada señala que esta ofensiva discriminatoria (que incluye la islamofobia, el antisemitismo o el antigitanismo) que recorre Europa vaya a detenerse en los próximos años, como no sea con un giro no sólo de las políticas públicas predominantes sino también de los discursos mediáticos hegemónicos.

La resultante de estas regularidades es una fuerte segmentación al interior de las poblaciones inmigradas y refugiadas dentro del mercado laboral. Eso significa que incluso dentro de estos colectivos se construye una jerarquía entre diferentes categorías socio-económicas. Por un lado, se favorece la movilidad geográfica de inmigrantes con tarjeta azul (ejecutivos, universitarios, profesionales con alta cualificación) y, de manera más reciente, además de los inversores, a un tipo de inmigrante de una franja de ingresos elevada (como es el caso de los compradores de viviendas de 500000 € que adquieren permiso de residencia y trabajo de larga duración o de pensionistas europeos que se instalan en España como segunda residencia). Por otro lado, se multiplican las dificultades para el paso a flujos migratorios marcados no sólo por sus carencias económicas sino también por sufrir un importante rechazo cultural.

En síntesis, el mercado laboral se caracteriza por una fuerte selectividad de inmigrantes según su posición socioeconómica (o, si se prefiere, según su poder adquisitivo) y su identidad cultural, instaurando un patrón selectivo que plantea una relación de apertura ante elites profesionales y económicas en simultáneo a la restricción de derechos que padecen especialmente trabajadores manuales y personas en situación precaria procedentes del sur.

La discriminación laboral por razones de origen o etnia, en definitiva, se hace manifiesta de diversas formas: bajo la forma de una mayor precariedad y pobreza, segregación ocupacional y especialización por género, desigualdad salarial y contractual, tasa de paro más elevada, mayor temporalidad de los contratos, falta de promoción interna y asimetría en las oportunidades laborales, entre otras cuestiones. Es evidente que semejante trato desfavorable hacia los inmigrantes extracomunitarios obstruye seriamente cualquier «integración» que se diferencie realmente de la mera asimilación. Volviendo al Informe antes citado se señala: “Apenas existen estudios que hayan determinado con rigor la discriminación que sufren los trabajadores extranjeros en el mercado laboral, pero hay indicios claros de que tal discriminación existe. Por el momento, la discriminación no ha merecido una atención especial en el proceso de inserción laboral de la población inmigrada, porque la simple legalización de tal inserción ha sido prioritaria. Ahora, sin embargo, combatir la discriminación es ya asunto inaplazable y ello demanda, en primer lugar, cierto aprendizaje para detectarla y calibrarla. La lucha contra la discriminación requiere una vigilancia específica que comienza por el acceso al trabajo, asegurando que se cumple el principio de igualdad de oportunidades y sigue con las condiciones laborales y los procesos de promoción interna en las empresas. La discriminación en algunos casos puede ser burda, pero en otros es muy sutil, y es por ello por lo que no puede ser detectada ni corregida sin mecanismos específicos establecidos a tal efecto”v. Cito este informe de 2011 porque lamentablemente esta advertencia fundamental no ha sido retomada en los informes sucesivos y, lo que es peor, ni siquiera ha dado lugar a decisiones que corrijan estas graves falencias no sólo económicas sino también sociales. Varios años después, todavía estamos esperando que deje de aplazarse este “asunto inaplazable” en el que se juega la vida de millones de personas.

En cualquier caso, sigue siendo pertinente preguntar qué políticas y medidas se están implementando a nivel público para garantizar la inclusión institucional igualitaria de estos sujetos diversos, en función de sus perfiles competenciales y no de su procedencia étnica o cultural. Queda todavía por saber si en la próxima década España afrontará de forma más efectiva esta auténtica fractura en términos de derechos o si se limitará a disimularla bajo la alfombra del empleo precario y la marginación social. 

Notas:

i El empleo sumergido, además de privar del acceso a las prestaciones contributivas, conlleva a menudo la pérdida de los permisos de trabajo y residencia de miles de personas inmigradas, que necesitan trabajar al menos 6 meses por año para poder renovar su documentación según la actual Ley de Extranjería. La imposibilidad de cumplir con este requisito supone el tránsito hacia una situación irregular, así como la exclusión del sistema sanitario gratuito y, con ello, el deterioro de sus condiciones materiales de vida, la dificultad para asumir sus deudas y la urgencia de trabajar en cualquier condición laboral, lo que significa seguir trabajando en la economía sumergida en condiciones penosas.

ii Según el informe de la EAPN, la mayoría de la población inmigrante extracomunitaria en 2015 ya estaba afectado por al menos uno de los tres factores que integran el AROPE: desempleo, pobreza y privación material. Semejantes informaciones, en este sentido, reafirman que la crisis económica no ha afectado de forma similar a los diferentes colectivos sino que se ha ensañado con la población inmigrada.http://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2016_Resumen_Ejecutivo.pdf

iii Ver “Nota de prensa: Encuesta de población activa. Primer trimestre de 2017”, en http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0117.pdf, p.5.

iv Carrasco Concepción y García Carlos (2011): “Inmigración y mercado de trabajo”, p. 158, versión electrónica enhttp://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/fichas/archivos/OPI_28_Inmigracion_y_Mercado_de_trabajo-Informe2011.pdf.

v Carrasco Concepción y García Carlos, op. cit., pág. 160.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227748

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Emergencia Social: se crea el CEPSSC para la distribución de fondos sociales
15 de febrero de 2017

A dos meses de la sanción de la ley de Emergencia Social, se crea el Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario, y se negocia el pago de $4000 para los trabajadores del sector informal.

Por Luigi Morris

@LuigiWMorris

 

En el día de ayer se realizó una reunión entre Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, y algunos de los líderes de los llamados movimientos sociales: Emilio Pérsico y Juan Grabois, por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Menéndez, por Barrios de Pie y Fredy Mariño, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

En dicha reunión se estableció la conformación del Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario (CEPSSC) que tendrá como objetivo la distribución de fondos previstos en la Ley de Emergencia Social.

El Consejo estará integrado por tres funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y tres dirigentes de las organziaciones. Por parte del Gobierno, estarán Matías Kelly por el Ministerio de Desarrollo Social, Sebastián Galiani por parte de Hacienda y Miguel Ponte en representación del Ministerio de Trabajo. Por el lado de las organizaciones sociales participarán Menéndez (Barrios de Pie), Juan Carlos Alderete (CCC) y Esteban Castro (CTEP).

Estos pasos estaban ya contemplados en la Ley de Emergencia Social. La demora en la implementación había generado malestar por parte de las organizaciones sociales que lo integrarán.

Uno de los acuerdos sobre el cual, en 15 días, se juntarían para terminar de definir, es el pago complementario de $4000 para los trabajadores del sector informal que figuren el padrón del Registro Trabajadores de la Economía Popular que será armado por la CEPSSC.

Otro de los aspectos que se espera que empiece a regir es el aumento del 15% mensual de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social. Serían las primeras liberaciones del fondo de $ 30 mil millones, asignados hasta diciembre de 2019.

Estos acuerdos con el macrismo son los mismos a los que Grabois se refería hace algunos meses alegando "es bastante menos de lo que reclamábamos. La peleamos, dimos todo y es lo que pudimos conseguir".

No obstante estas críticas tibias, los dirigentes dejaron clara su estrategia de continuar en el camino del buen entendimiento con el Gobierno en los despachos del Ministerio de Desarrollo Social. Esa misma definición es la que ha llevado, en los hechos, a abandonar todo reclamo en las calles. Esto, a pesar del aumento de la pobreza y la desocupación en los últimos meses.

Con la conformación del Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario (CEPSSC) los dirigentes de las organizaciones sociales se convierten, prácticamente, en funcionarios gubernamentales.

Demostrando su voluntad política de sostener una tregua con el Gobierno, al momento estas organizaciones sólo confirmaron su participación en la movilización del próximo 13 de marzo, en la marcha "Tierra, Techo y Trabajo", para celebrar los cuatro años de asunción del papa Francisco al Vaticano. Cabe destacar que el pontífice es la figura política que jugó de nexo fundamental en el establecimiento de esta paz social para blindar al ajuste macrista.

Los aumentos logrados son más que insuficientes en relación a la inflación y los aumentos en curso. Aún contando con los fondos extras y el pago complementario de $4000 para que los trabajadores del sector informales alcancen los $8060 que establece el escandoloso Salario Mínimo, Vital y Movil, se sigue estando muy por debajo de los$13.155,83 que estableció el INDEC para que una familia deje de ser pobre. Mientras que para el gobierno ahora la promesa de pobreza cero tendrá que esperar muchos años, en lo que no pierden el tiempo es en tarifazos y aumentos que golpean fuertemente a estos sectores.Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Emergencia-Social-se-crea-el-CEPSSC-para-la-distribucion-de-fondos-sociales

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Crisis social: más sectores reclaman declarar la "emergencia alimentaria"

13 de junio de 2017

Por Enrique de la Calle (APU)

 

Por la inflación en los alimentos y por la crisis económica, intendentes, especialistas y dirigentes políticos piden declarar la "emergencia alimentaria"

El informe anual de Unicef reveló que en Argentina el 47% de los chicos de 0 a 17 años está bajo la línea de la pobreza. Se trata de 6 millones de niños. Es una fotografía de 2016. Por la inflación constante, sobre todo en alimentos, y por el parate de la actividad, la situación se mantiene o empeoró en 2017.

Además, Unicef señaló otro dato preocupante: 1,3 millones de chicos están en la extrema pobreza, es decir residen en hogares cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. En ese contexto, desde muchos sectores se reclama la declaración de una "emergencia alimentaria". En enero de 2002, se sancionó un decreto similar luego de la peor crisis que tuvo lugar en el país.

Desde mediados del año pasado, intendentes del Gran Buenos Aires insisten sobre el agravamiento de las condiciones de vida de los sectores humildes. "Volvimos a ver situaciones de hambre", describió más de una vez Verónica Magaria, intendenta de La Matanza. En Moreno, el jefe comunal Walter Festa recordó que se multiplicó la gente que se alimenta en los comedores.

Ante ese panorama, desde la oposición coinciden en la necesidad de sancionar la "emergencia alimentaria". En ese pedido acercan posiciones el peronismo kirchnerista y el massismo. Moreno ya la declaró en el distrito y pide que provincia de Buenos Aires haga lo mismo. Un proyecto será presentado por legisladores del Frente para la Victoria. En ese marco, los gremios docentes bonaerenses también solicitaron que aumente el presupuesto que se destina a los comedores escolares. Advierten que la gobernadora María Eugenia Vidal congeló los recursos que se enviaban, lo que en la práctica es un fenomenal ajuste: esa plata alcanza para mucho menos por la inflación y por la demanda creciente.

En una entrevista con C5N, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner también se refirió al tema. La suba de precios de algunos alimentos superó el 100% desde que Cambiemos llegó a Casa Rosada. El tópico signará la campaña electoral. La inflación se combina con el parate de la actividad, más golpeada aún en lo que respecta a la economía popular (la crisis de las "changas").

Desde el Frente Renovador, quien insiste con esa medida es Daniel Arroyo, el encargado de los temas sociales del espacio que conduce Sergio Massa. “Decretar la emergencia alimentaria ya que permitiría volcar más dinero en los comedores comunitarios, en los comedores escolares", describió. Los renovadores están juntando firmas para solicitar esa y otras medidas destinadas a "bajar los precios". 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/crisis-social-mas-sectores-reclaman-declarar-la-emergencia-alimentaria

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227826

 

 

Observamos perspectivas de cambio social en:

 

 

Una UAC emblemática y necesaria

 

Se desarrolló el 28° Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. A esta nueva reunión del movimiento socioambiental, llegaron referentes de colectivos provenientes de Cuyo, el Noroeste, la Patagonia, el Litoral. Miembros de grupos y asambleas de Uruguay, Chile y Brasil también se hicieron presentes ante la alarmante realidad que viven los pueblos del cono sur.

Luego de las presentaciones del sábado los participantes del encuentro analizaron la gravedad de la situación, donde millones de personas sufren las consecuencias de un modelo económico genocida sostenido por las corporaciones con la complicidad de los gobiernos locales. Los debates comenzaron a partir de un “hervidero de ideas”, iniciado con cuatro exposiciones que giraron en torno a la defensa los ríos, soberanía alimentaria, agroecología y la propuesta de una Universidad de la Tierra.

Por la tarde se realizaron reuniones en comisiones que profundizaron la reflexión sobre las problemáticas y elaboraron propuestas para enfrentar la actual coyuntura. El arte atravesó el encuentro aportando herramientas para la concientización y difusión. Mural colectivo, proyecciones, festival de música, fueron algunas de las expresiones artísticas que crecieron en el encuentro. La primera jornada se cerró con tambores y candombe en el balneario municipal, a orillas del río Gualeguaychú.

El domingo 30 de abril se realizó una nueva edición de la gigantesca marcha sobre el puente General San Martín que une Argentina con Uruguay, organizada por las Asamblea de la ciudad anfitriona, donde surgió el rechazo a la instalación de plantas pasteras de celulosa frenando la instalación de la pastera ENCE y denunciando la contaminación de la pastera Botnia-UPM.

Ya sobre el atardecer, al regreso de la marcha, la UAC acompañó a vecinas y vecinos de Pueblo Belgrano que reclamaron la relocalización y saneamiento de un basural a cielo abierto, denunciando además el desmonte de bosque nativo llevado adelante por el grupo empresarial Amarras.

Por la noche se proyectó una producción audiovisual hondureña en homenaje a la luchadora ambiental Berta Cáceres, en el marco de la Semana de la Soberanía Audiovisual. La segunda jornada cerró con un festival de música litoraleña al aire libre. Varios músicos aportaron el color local y Joselo Shuaps desde Misiones se presentaba para saludar al 28º Encuentro de la UAC.

Deforestaciones, desmontes, luchas por la tierra, residuos urbanos y nucleares, represas, megaminería, pueblos fumigados, parques industriales y su contracara, la construcción del mundo del buen vivir, la  soberanía alimentaria y la agroecología fueron los ámbitos transitados por debates y propuestas que al fin se plasmaron en el plenario final.

Las voces de compañeros y compañeras asambleístas dan testimonio de las diferentes urgencias socioambientales en cada territorio

“Cuando la bronca estalle, nadie la va a poder parar”
Juanchi Godoy – Asamblea Sanjuanina contra la contaminación y el saqueoSan Juan 

“La UAC ha sido para nosotros un sostén durante muchos años, nos permitió seguir resistiendo para enfrentar a la megaminería. Hoy con tres derrames encima, tenemos una población movilizada. Pero cuando está el diablo instalado no es fácil echarlo. las asambleas hemos pasado a cumplir un rol. Tuvimos que salir desde las organizaciones a avisarles a nuestros vecinos que estaban tomando agua contaminada. No fue ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Ambiente. Esa acumulación de bronca, algún día va a estallar y cuando suceda, no la va a poder frenar nadie”.

https://soundcloud.com/pinkflor/juanchi-godoy-asamblea-sanjuanina-contra-la-contaminacion-y-el-saqueo


“Quedan abiertos interrogantes para seguir aportando a la lucha”
Viqui Veronesi – Camoatí – Gualeguaychú

“El proceso de armado de este encuentro fue con mucha alegría de lo que iba a suceder y con el propósito de que la ciudadanía de Gualeguaychú conozca otras problemáticas, además de la que se popularizó en estas latitudes que es la de las papeleras. La idea es llenar de otras consignas que reflejen las luchas de otros territorios y generar más conciencia. Queremos además mostrar que hay alternativas, que hay otras posibilidades, de soberanía alimentaria, de agroecología y propuestas pedagógicas distintas. Quedan abiertos varios interrogantes para seguir construyendo y aportando a la lucha”.

https://soundcloud.com/pinkflor/viqui-veronesi-camoati-gualeguaychu

 

Entre Ríos le dijo NO al fracking
Oscar Villanova – Asamblea Ciudadana Concordia

“Recientemente se aprobó por unanimidad en la provincia de Entre Ríos una ley que le dice no al fracking. Se trata de una ley que fue debatida desde las asambleas hacia los diputados y senadores para que saliera lo mejor posible. No logramos todo lo que creíamos conveniente, pero es un gran paso que hemos dado, que seamos la primera provincia que le dice no al fracking. Venimos a participar de la UAC para dar a conocer esta nueva noticia y a pedirles a los compañeros que están en provincias ubicadas sobre el Acuífero Guaraní que se sumen a legislar contra el fracking como en Entre Ríos”.

https://soundcloud.com/pinkflor/oscar-villanova-asamblea-ciudadana-concordia

 

Misiones: “El 92% del pueblo se expresó en contra de las represas”
Nora Dedieu – Mesa Provincial No a las Represas – Misiones

“Es un orgullo porque éramos tres personas al principio y hoy esta mesa provincial está compuesta por 42 organizaciones. En 2013 hicimos una marcha de 155 kilómetros, durante una semana, cuando todo el pueblo estuvo acompañándonos incluso llevando sus productos para que tengamos qué comer durante la marcha. Y, en 2014, hicimos una consulta popular que salió con el 92% en contra de las represas. Estamos muy felices de estar hoy en la UAC porque nos une con otras organizaciones que están en la misma pelea por defender dónde vivimos”.

https://soundcloud.com/pinkflor/nora-dedieu-mesa-provincial-no-a-las-represas-misiones

 

Moconá: “Buscamos el acompañamiento de la UAC para proteger nuestro territorio”
Germán Gruber – Defensores de la Selva – Misiones

“Es nuestra primera UAC. Vinimos para colaborar con las distintas asambleas y articular con otras organizaciones que estén en el mismo camino de defensa de los bosques, la tierra. Estamos viviendo una problemática de despojo de los campesinos en el Parque Provincial Moconá, una zona está declarada por la Ley de Bosques como categoría I,  como intangible, pero sobre la que hay intereses hoteleros que afectan a siete comunidades indígenas. Buscamos acompañamiento de otras organizaciones y de la propia UAC”.

https://soundcloud.com/pinkflor/german-gruber-defensores-de-la-selva-misiones

 

“Córdoba ha tomado conciencia”

Juan Nicastro y Gustavo Barreriro – Coordinadora en defensa del bosque nativo – Córdoba

Nos queda solamente el 3% de bosque nativo, en este desestamos teniendo inundaciones cada vez más graves que la estamos enfrentando con mucha organización. La Coordinadora en Defensa del bosque Nativo tiene más de 100 organizaciones en este momento, organizaciones de vecinos, pueblos originarios, el movimiento campesino. Creo que es un buen momento en el que Córdoba ha tomado consciencia.

Paravachasca por La Vida “Queremos pertenecer a la UAC”

Tenemos el mismo problema que en todas partes con las fumigaciones, grandes cantidades de tierras arrasadas. Se nos suma la instalación de un megabasural, canteras y agua contaminada. Tenemos para hacer dulces. Esto llevó a que los grupos de vecinos nos vayamos juntando y somos una organización madre que fusiona un montón de otras organizaciones que funcionan en el valle de Paravachasca, Córdoba que tomamos la definición de pertenecer a la UAC.

https://soundcloud.com/pinkflor/juan-nicastro-y-gustavo-barreriro-coordinadora-en-defensa-del-bosque-nativo-cordoba

 

Entre Ríos, Basavilbaso “La agroecología se está expandiendo cada vez más”
Alicia Schvartzman – Productora agroecológica de Basabilvaso, Entre Ríos

“Soy campesina y hago todas las actividades de forma agroecológica sin ningún químico. Estoy bien contenta porque se va expandiendo más que se está cultivando de una manera sana, haciendo alimentos sanos. Y la UAC es un medio importantísimo para nosotros, para la difusión y para el apoyo”.

https://soundcloud.com/pinkflor/alicia-schvartzman-comando-batata-la-dorita-gualeguaychu

 

Salta: “No podemos estar tranquilos con Nitratos Austin”
Liliana Courdet – grupo Yuyo Colorado

Fuerte testimonio sobre la situación en Salta, donde son constantes los desalojos de indígenas y campesinos para desmontar y sembrar soja transgénica. Habla Liliana, una de las vecinas salteñas que está en pié de la lucha contra la instalación en la localidad de El Galpón de la empresa Nitratos Austin S.A., que fabricará explosivos para proveer a las empresas mineras.

https://soundcloud.com/pinkflor/lilana-vecina-saltena-contra-la-instalacion-de-nitratos-austin-sa

 

Mensaje del Flaco Claret, uno de los primeros vecinos de Gualeguaychú que comenzó a movilizarse ante la instalación de la papelera Botnia, hace unos quince años.

https://soundcloud.com/pinkflor/mensaje-del-flaco-claret-gualeguaychu

Cobertura fotográfica en facebook

Cobertura colectiva por @prensaUAC

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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

-- 
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
 
(pdf cuadernillo uac:) --> http://go4.es/0aJa

 

Constatemos porqué involucrarnos en la disputa por los bienes comunes que la UAC desarrolla desde julio de 2006 en confrontación con la expansión del extractivismo durante más de una deKada y cómo el gobierno de Macri pretende profundizar.

 

 

Cuestionan desde organizaciones y comunidades el plan minero del Gobierno

Desacuerdo federal extractivo

13 de junio de 2017

 

Por Darío Aranda (Página/12)

 

El gobierno nacional presentará el Acuerdo Federal Minero, un plan nacional de extractividad impulsado por empresas. Amplio rechazo. En Chubut, el gobernador Das Neves aseguró que no habrá ningún proyecto de megaminería ni nuclear en la provincia.

Asambleas socioambientales, organizaciones sociales y pueblos indígenas cuestionaron al gobierno nacional por su intento de avanzar con megaminería violando leyes (entre ellas, la Ley de Glaciares y el derecho a la consulta de pueblos originarios). Denunciaron el llamado “Acuerdo Federal Minero”, impulsado por empresas, provincias y funcionarios nacionales. Luego de quince años de rechazo minero en Chubut, el gobernador Mario Das Neves afirmó que no habrá ningún proyecto megaminero ni nuclear en la provincia.

Desde 2016 el Gobierno intenta un nuevo “Acuerdo Federal Minero”, que haga “más atractivo” el contexto tributario y de “controles” para las empresas extranjeras. También pretende que los gobernadores unifiquen los impuestos locales, redoblen las políticas para “atraer inversiones” y deroguen las leyes que limitan la actividad extractiva.

En la mayor feria mundial del sector “PDAC 2017” en Canadá (Asociación de Prospectores y Desarrolladores), en marzo pasado, el Gobierno fue explícito en los emprendimientos que ofertaba a las empresas. Dividido en mapas por regiones, estaban los 5000 kilómetros de Cordillera con colores y nombres de los proyectos, muchos de ellos en provincias donde la actividad está prohibida (Chubut, Mendoza, Córdoba) y otros en conflicto por no cumplir con los derechos indígenas (de oro en Neuquén, de litio en Salta y Jujuy).

A fines de marzo, en Londres, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el secretario de Minería, Daniel Meilán, hicieron lo propio ante un centenar de empresarios. Ofertaron quince proyectos mineros, de oro, cobre, plata y litio.

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) tiene más de una década de vida y es un espacio de referencia en la articulación de organizaciones sociales de todo el país. Su último encuentro nacional fue en abril (en Entre Ríos), el rechazo al nuevo pacto minero fue unánime y anunciaron un aumento de la conflictividad, con decenas de comunidades donde no dejarán pasar a las mineras: Famatina y Chilecito (La Rioja), Jáchal (San Juan), Andalgalá y Santa María (Catamarca), Esquel y Gan Gan (Chubut), entre otros.

“Repudiamos el Acuerdo Federal Minero porque proponen un modelo de enclave y extractivista. Violando los principios de protección ambiental y derechos de muchísimas comunidades originarias”, alertaron en un comunicado las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap) y recordaron la vigencia de la Ley provincial 7722, que es un freno a la minería.

Chubut es una referencia en la lucha contra la megaminería. En 2002 comenzó la organización en Esquel (frente al intento de un proyecto de la empresa canadiense Meridian Gold) y en 2003 el 80 por ciento de la población, mediante votación, rechazó la minería. Nacieron asambleas en la costa provincial (Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Puerto Pirámides, entre otros).

Los distintos gobiernos provinciales intentaron “zonificar”, para avanzar con la minería en la meseta (centro geográfico de Chubut). Allí se encuentra la multinacional Pan American Silver (la mayor empresa de plata del mundo), con intenciones de explotar el yacimiento llamado “Navidad”. El máximo ejecutivo de la empresa, Ross Beaty, se reunió en septiembre con el presidente, Mauricio Macri, y le prometió un desembolso de 1.000 millones de dólares para extraer plata y plomo.

En un vuelco en su postura histórica, el gobernador Mario Das Neves, reconoció el lunes pasado que “el 63 por ciento” de los chubutenses rechaza la actividad extractiva. “Son números claros y contundentes. No vamos a permitir ningún tipo de emprendimiento, ni minero ni de la central nuclear”.

Es la primera vez que un gobernador (donde existen proyectos con probadas reservas minerales y empresas instaladas) se expide contra la actividad.

Las asambleas socioambientales y comunidades mapuche-tehuelche tuvieron un encuentro en Trelew el 28 de mayo. “Todo proyecto de ley relacionado con el agua, el territorio y los bienes comunes debe tener la consulta previa a toda la sociedad y el tiempo necesario para consensuarlo, dando participación a todas las partes involucradas, y que incluya a las comunidades mapuche-tehuelche”, señaló el documento firmado por la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACCH). Y, respecto al Gobernador, dieron la bienvenida al cambio de Das Neves referido a la minería, pero lo tomaron con pinzas: “Porque tenemos memoria, las asambleas permaneceremos movilizadas y en estado de alerta”.

El Ministerio de Energía y la Cámara de Empresas Mineras (CAEM) reforzaron el avance de la extracción de litio (utilizado para los autos eléctricos, baterías de celulares y computadoras). Omiten las denuncias de contaminación (afectación de salinas y sobre consumo de agua, entre otros) y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, que deben ser consultados por cualquier actividad que pudiera afectar sus territorios. En las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), 33 comunidades kollas y atacama rechazan la actividad desde hace cinco años.

En Catamarca es muy fuerte el rechazo en Andalgalá al proyecto minero Agua Rica (que impulsan Provincia y Nación). En la región del oeste provincial, la Unión de los Pueblos Diaguita emitió un comunicado el 28 de mayo. Reafirmó su “rotunda negativa” a los proyectos mineros y alertó: “Por la Pachamama, nuestros ancestros y por nuestros hijos, defenderemos hasta las últimas consecuencias los territorios donde convivimos desde tiempos inmemoriales”.

http://www.pagina12.com.ar/43640-desacuerdo-federal-extractivo

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227835

En consecuencia, abajo y a la izquierda, tenemos el desafío de generalizar el Nunca Más al extractivismo. Es poner en discusión a dónde el capitalismo (neodesarrollista o neoliberal) conduce al privilegiar los súper negocios del poder real por sobre las necesidades y aspiraciones de los pueblos. Recordemos a Cristina Fernández de Kirchner, durante la celebración del bicentenario, diciendo a los pueblos originarios que el territorio con petróleo vale más que el territorio con sus comunidades y por tanto, serían desalojadas. Ninguneó la destrucción catastrófica de la extracción y el desarraigo. Sobre todo menospreció el ecocidio y el consiguiente etnocidio. Lo decidió con total impunidad por el desconocimiento mayoritario de nosotros. De ahí la importancia de involucrar a una creciente mayoría en las luchas de la UAC.

 

Tesis doctorales de Ciencias Sociales

Problemas ambientales y conflicto social en Argentina: (…)
Parte del texto

2011

Por Lucrecia Soledad Wagner

 

La Unión de Asambleas Ciudadanas: la articulación de las luchas

 

La problemática minera no es la única presente en las luchas socioambientales. En otras provincias también han surgido movimientos con diferentes nombres y diversas reivindicaciones, que con el paso del tiempo han encontrado una causa en común: luchar contra aquellas actividades que generan saqueo y contaminación.

 

En julio de 2006, se realizó en Córdoba una “Cumbre de presidentes del Mercosur”. Paralelamente, diversas asambleas socioambientales se reunieron en esta provincia. Este primer encuentro fue convocada por el “Grupo Ecológico 9 de Julio Valle del Carmen”, de Colonia Caroya, provincia de Córdoba. Sus integrantes, inspirados en un artículo del periodista Javier Rodríguez Pardo, que incitaba a la articulación entre las diferentes luchas socioambientales que se estaban llevando a cabo en el país, invitaron a aquellos grupos que conocían, y de esta forma se fue tejiendo una red que dio forma finalmente a la “Unión de Asambleas Ciudadanas contra la contaminación y el saqueo” (UAC), de la que la “Asamblea Mendocina por Agua Pura” (AMPAP) forma parte.

 

La UAC reúne asambleas y grupos de todo el país, que surgieron no sólo en oposición a la megaminería, sino también contra el monocultivo de soja, la instalación de empresas pasteras, la deforestación de bosques, la apropiación de territorios de pueblos originarios, la expulsión de campesinos de sus tierras, la especulación inmobiliaria, la contaminación urbana, entre otros. Es decir, la UAC nace con el propósito de articular y potenciar las diferentes organizaciones que en los últimos años han emergido en todo el país para repudiar el avance sistemático de diversos emprendimientos, con la convicción de que la consulta popular y la autodeterminación de las comunidades es la única vía para lograr un modelo de desarrollo regional sustentable, respetuoso del medioambiente, las economías regionales, las culturas y las identidades locales.

 

Quienes se encuentran abocados a las problemáticas socioambientales, se cuestionan sobre la vinculación de las diversas formas de extracción de bienes naturales con otras experimentadas en el continente americano a lo largo de su historia. Extracciones producto también de las necesidades impuestas por mercados externos. Y considerando la importancia estratégica (económica pero también social y política) de estos bienes comunes, cabe preguntarse, parafraseando a Gligo y Morello (1980), ¿cuál es el grado de afectación y deterioro de los ecosistemas, si cada día aumenta la población y las necesidades, si la tasa de extracción se acelera, si se consolidan formas de penetración del capital foráneo, si el nuevo estilo depredador se intensifica?

 

Concurren a los encuentros de la UAC asambleas de casi todas las provincias argentinas, ONGs, diferentes grupos y colectivos sociales, y profesores e investigadores de diversas universidades del país, entre otros. También han participado de algunos encuentros de la UAC organizaciones de otros países, como la “Comisión Multisectorial de la República Oriental del Uruguay”, y el “Movimiento Anti Pascua Lama” de Chile, entre otras. Desde entonces, ya se han llevado a cabo once encuentros, realizados en diferentes lugares del país(…)

Fuente: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2011/lsw/Union%20de%20Asambleas%20Ciudadanas.htm

 

 

Ahondemos en conceptos claves para fundamentar porqué generalizar el involucramiento en las luchas por los derechos humanos de la diversidad de abajo que lleva acabo la UAC y otras autoorganizaciones populares.

 

 

 

De lo común, lo Público y lo Privado

5 de junio de 2013

 

Posted POR iraunpermakultura

Al hilo de lo que escribimos en el anterior post sobre el cuidado de las personas hemos de reconocer que han surgido bastantes reflexiones y debates al respecto. Cuando te paras a observar el mundo de los cuidados como si de un hilo del que no puedes parar de tirar se tratara, surgen debates y conceptos que merecen ser atendidos. Uno de ellos sin duda es el de LO COMÚN.

 

En plena ofensiva privatizadora de todo lo que huela a servicio público, por parte de los gobernantes, más que nunca merece la pena que nos paremos a reflexionar cómo encaramos este nuevo desafío. Como se suele decir, lo urgente no puede pisar a lo importante y es por ello que debemos ir más allá de las dos únicas opciones que el sistema parece ofrecernos: lo público o lo privado.

 

Para lograr abrir una vía de escape a esta mal intencionada dicotomía que nos ofrecen, es imprescindible hacer un esfuerzo por crear alternativas desde abajo, desde los nadie,  y desde un nuevo imaginario que podría realizarse a través del rescate de “lo común”:

 

El filósofo y escritor Michel Hardt lo explica así: “Tenemos la mala costumbre de ver al mundo dividido entre privado y público, ya que parecen ser las dos únicas posibilidades. La tierra, por ejemplo, o era propiedad pública o era propiedad privada. Lo mismo también si hablamos de otros bienes, por ejemplo bienes inmateriales como las ideas, la música, etcétera. Así que si queremos atacar la estrategia neoliberal de privatizar todo parece que la única arma que tenemos es la propiedad pública, el control estatal.

 

Pero también está claro que hay mucho mundo natural, y también muchas ideas y muchas prácticas, que no son ni públicas ni privadas, es decir, son parte de una autorganización de la comunidad o de diversas comunidades.” 

Por tanto parece imprescindible que empecemos haciendo un diccionario común sobre qué significan ciertos términos que usamos con asiduidad y que en muchas ocasiones utilizamos indistintamente sin ser conscientes de que hay matices importantes a tener en consideración. Es el caso de términos como lo COMÚN, lo PÚBLICO y lo COMPARTIDO. Resignificar las palabras, reapropiarnos de su sentido original, el que ha sido usurpado por el poder, se convierte pues en una tarea imprescindible. En un ejercicio de reflexión y debate interno, nuestra propuesta sería la siguiente:

 

LO PÚBLICO y LO COLECTIVO: Servicios y bienes que se han construido con los esfuerzos y aportes de las personas que habitan un territorio, pero que están controlados o gestionados por el Estado y sus instituciones.

LO COMÚN es lo compartido, lo que nos une y hace crear comunidad. Generalmente, una comunidad se conforma al amparo de la consecución de un objetivo, una necesidad, o una meta compartida.

 

La diferencia es evidente: mientras en lo común te sumas voluntariamente a la consecución del objetivo compartido, en lo público tu aportación se reduce al uso de un espacio o un servicio sin que por ello tenga que existir un nexo -una relación- entre las personas.

Aclarados los términos, como decíamos, lo público está siendo privatizado por el Estado; no lo controlamos, ellos lo gestionan y deciden cómo tenemos que usarlo. Como si en una trinchera estuviéramos, defendamos lo público, pero vayamos más allá y reivindiquemos lo común.

 

Debemos hacer un esfuerzo en esquivar el debate que nos intentan imponer y generar nuevos foros en los que construir y recuperar términos sugerentes y emancipadores. Ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante.

Convendréis con nosotras que vivimos en tiempos de crisis y confusión, así que aprovechemos el lance y  démosle la vuelta para que se conviertan en tiempos de oportunidades para crear el mundo que queremos vivir. Merece  la pena intentarlo!

Fuente: https://iraunpermakultura.wordpress.com/2013/06/09/de-lo-comun-lo-publico-y-lo-privado/

 

 

Apliquemos esos conceptos claves para desechar la propuesta de estatización de los subte en CABA y fundamentemos teniendo en cuenta a:

 

 

Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad

 

Por Ana Castellani (CONICET/IDAES-UNSAM y FCS-UBA)

 

En este trabajo nos proponemos retomar algunas de las ideas desarrolladas en el artículo de Gastón Varesi publicado en este volumen dedicado a analizar la naturaleza del modelo de la postconvertibilidad, con la intención de contribuir al debate sobre las continuidades y rupturas que supone este “nuevo” modelo de acumulación y sus principales consecuencias sobre el desenvolvimiento económico general y sobre la configuración de las distintas fracciones de clase.

 

En especial, nos interesa abordar el tema de la relación entre el Estado y los grandes empresarios, para demostrar la persistencia de una particular modalidad de articulación entre estos dos actores que obstruye las posibilidades de construir un proceso de desarrollo sostenido. Proceso de desarrollo que no sólo acreciente la dotación de capital, sino que además conlleve una mejora sustantiva en la calidad de vida de amplios sectores de la población terriblemente perjudicados por las políticas neoliberales de los años noventa y por la feroz devaluación que siguió a la crisis de la convertibilidad. Según Varesi, el modelo que se fue configurando a partir de 2002 permitió la armonización de las relaciones al interior de la clase dominante, a través de diversas transferencias de ingresos públicos hacia las diversas fracciones del capital.

El autor destaca seis políticas iniciales que posibilitaron estas transferencias (devaluación, retenciones a las exportaciones primarias, pesificación asimétrica de las deudas privadas, “salvataje” al sector financiero, cesación de pagos externos y control de las tarifas de los servicios públicos) a las que debería agregársele el vasto plan de obras públicas puesto en marcha desde los inicios de la gestión kirchnerista, la reimplantación de subsidios diversos a la producción de ciertos bienes y servicios, y la intervención directa en las actividades productivas a través de procesos de “reestatización” o de creación de empresas públicas. Como analizaremos más adelante, todas estas políticas permitieron acrecentar los márgenes de beneficios de las grandes empresas locales, pero además facilitaron el crecimiento exponencial de otras que antes ocupaban lugares marginales en la dinámica de acumulación general, en algo que vulgarmente se ha dado en llamar “capitalismo de los amigos”.

 

La relación Estado/empresarios y las restricciones al desarrollo.

Es muy abundante la literatura que reconoce la importancia de los factores endógenos a la hora de explicar los procesos de desarrollo sostenido en los países de industrialización tardía (Amdsen 1992, 2001, 2004; Evans, 1996 y 1995; Sikkink, 1993). Todos estos autores coinciden en señalar dos factores centrales a la hora de explicar estos procesos: a) la realización de intervenciones económicas estatales de alta calidad, es decir: que sean coherentes, estables, relativamente autónomas, eficientes en cuanto al diseño y eficaces a la hora de la implementación de las diversas políticas; y b) la existencia de una clase capitalista “disciplinada” y comprometida activamente con el desarrollo nacional, dispuesta a colocar sus excedentes fronteras adentro, a realizar innovaciones de productos y procesos que permita menguar la dependencia tecnológica y proclive a realizar inversiones productivas que le permitan competir en el mediano plazo en el mercado internacional, al menos en algunos nichos estratégicamente seleccionados. Concretamente, una articulación entre el Estado y los empresarios que facilite la construcción de un proyecto de desarrollo sostenido requiere la estabilidad en la orientación de políticas públicas que promuevan el desarrollo de ciertas ramas estratégicas de actividad, la existencia de reglas de juego claras para el capital, la construcción de canales institucionales de diálogo duraderos entre funcionarios y capitalistas para definir el contenido de esas cruciales intervenciones públicas, y el disciplinamiento del capital por parte del Estado, para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos oportunamente.

 

Este tipo virtuoso de articulación permite la construcción de lo que podríamosdenominarámbitos de acumulación estratégicos,basados en la existencia de privilegios selectivos, transitorios, consensuados e institucionalizados, que en el largo plazo,logran incrementar la dotación de capital físico, el desarrollo de innovaciones tecnológicas (tanto de productos como de procesos), la productividad del capital y la competitividad internacional. Diversas experiencias de este tipo se registraron en los países del sudeste asiático a partir de los años sesenta, y dentro de la región latinoamericana, Brasil constituye un buen ejemplo de esta modalidad de articulación, que claramente está dando sus frutos en la actualidad.

Por el contrario, el análisis del caso argentino nos muestra la ausencia de procesos de desarrollo sostenido. En su lugar se suceden alternativamente ciclos de crecimiento y decrecimiento del producto y la inversión, acompañados de una persistente salida de capitales y escasas articulaciones de las empresas con el sistema nacional de innovación. Estos rasgos sobresalientes de la dinámica de acumulación argentina estarían dando cuenta de una particular modalidad de relación entre el Estado y los grandes empresarios, un vínculo proclive a la generación y sostenimiento de diversos ámbitos privilegiados de acumulación. En efecto, como hemos analizado en otros trabajos (Castellani, 2006, 2008a y b, 2009), durante varias décadas la perversa articulación entre ciertas políticas públicas destinadas a financiar directamente o indirectamente al capital local y diversas acciones desplegadas por los grandes empresarios permitieron que un reducido grupo de firmas lograra internalizar amplios márgenes de beneficios extraordinarios al calor de estos ámbitos.

Pero ¿qué se entiende exactamente por ámbitos privilegiados de acumulación? Es posible pensar este concepto como un espacio virtual articulado por diversas prácticas que permiten la generación de ganancias extraordinarias para un conjunto de empresas privadas, beneficios que se sostienen en la existencia de múltiples y diversos privilegios (que pueden o no estar institucionalizados). Si se los define por su función este tipo de ámbitos constituyen una fuente de generación de cuasi rentas de privilegio1 (Nochteff, 1994) para las empresas que operar en él; si se los define por su forma, pueden pensarse como un entramado de relaciones y/o prácticas que involucran actores públicos y privados que se sostienen a lo largo del tiempo2 . Ahora bien, la difusión de diversos ámbitos privilegiados en distintos sectores de la economía restringen las posibilidades de desarrollo en tanto:

● Desalientan la competencia empresaria por la obtención de cuasi rentas tecnológicas3 , ya que a nivel micro resulta mucho más razonable intentar conseguir (y luego mantener) ciertos privilegios derivados del accionar estatal que garanticen rentabilidades positivas elevadas, antes que invertir en desarrollos innovativos de más riesgo.

● Generan procesos de crecimiento “burbuja” basados en opciones blandas (Nochteff, 1994). Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, estas opciones no permiten iniciar un proceso de desarrollo sostenido sino una sucesión de booms o burbujasque cuando se terminan dejan sólo unas “gotas” aisladas de capacidades tecnológicas que impiden iniciar un nuevo ciclo de desarrollo. Esto conduce a un menor crecimiento del ingreso en el largo plazo4 .

● Favorecen la difusión de comportamientos rentísticos (rent seeking) entre los funcionarios públicos y los empresarios (inclusive en burócratas de posiciones menores en el entramado estatal).

● Deterioran las diversas capacidades del Estado dificultando las posibilidades de intervención futura de alta calidad.

● Profundizan el alto grado de inestabilidad e incoherencia de la intervención económica estatal, en tanto ésta se vuelve cada vez más heterónoma por la gran cuota de poder que acumulan los grandes capitalistas.

● Conspiran contra la posibilidad de construir un proyecto nacional de desarrollo estable al interior del empresariado ya que las firmas orientan su accionar a la obtención de privilegios que le permitan sostener procesos de acumulación acelerados, favoreciendo estrategias cortoplacistas que dificultan la construcción de proyectos colectivos.

 

Estado/empresarios durante la postconvertibilidad: la persistencia de los ámbitos privilegiados de acumulación

A la hora de analizar las intervenciones estatales realizadas durante los primeros años de esta década y el comportamiento y desempeño de los grandes agentes económicos se observan ciertas constantes que ponen en cuestión la ruptura del denominado “modelo postconvertibilidad” y que permiten inferir la permanencia de los ámbitos privilegiados de acumulación como tipo predominante de articulación público-privada. En cuanto a las acciones estatales, las evidencias disponibles muestran que se incrementaron las transferencias públicas destinadas al capital concentrado local a través de diversos mecanismos, entre los que se destacan la obra pública y diferentes subsidios directos e indirectos a ciertas ramas de la industria. En efecto, el gasto público en servicios económicos en general, se incrementó en valores constantes en un 103% entre 2003 y 2006 (cuadro 1). En el sector transporte y en el sector energético estos incrementos fueron aún mucho mayores (188% y 418% respectivamente) para sostener las tarifas de los servicios públicos y para ampliar la infraestructura, en particular en el sector eléctrico.

Estos cuantiosos recursos se canalizaron principalmente a través del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, uno de los hombres de mayor confianza del ex presidente Kirchner. Los fondos administrados por este ministerio pasaron de representar el 3,8% del PBI en 2003, al 18,7% en 2007. Una parte considerable de los mismos se destinaron a la realización de vastos planes de obra pública, entre los que se destacan el Plan Federal de la Vivienda y el Plan Federal de Transporte Eléctrico. En todos estos planes se vieron involucradas empresas de escasa trayectoria en el sector pero cuyos dueños contaban con gran llegada al Gobierno (Electroingeniería, de Marcelo Mindlin y Gotti SA y Austral Construcciones SA de Lázaro Báez) junto con otras de mayor antigüedad, como Skanska (ex SADE), Techint y Roggio. Claramente, en un país como éste con un déficit de infraestructura importante, la obra pública constituye una intervención estratégica y necesaria para el desarrollo económico y para mejorar la calidad de vida de la población.

El problema es que cuando esa intervención se da en un marco de interrelación entre funcionarios y empresarios proclives a la obtención de ganancias extraordinarias o de “retornos” necesarios para sostener la “caja grande de la política”, se desvirtúa la orientación de esa intervención (y por ende, sus resultados)5 .El escándalo generado en torno del “caso Skanska”, donde se descubrieron pagos de sobornos mediante la utilización de facturas apócrifas en el que se vieron involucrados diversos funcionarios y empresarios afines al Gobierno, es una muestra clara de este tipo de vínculos viciados entre el sector público y el privado. Ahora bien, además de las transferencias derivadas de la inversión pú- blica directa, durante estos años se implementó un régimen de “promoción a la inversión industrial” mediante una serie de desgravaciones impositivas, que terminó favoreciendo a las más grandes empresas extranjeras y nacionales que operan en ramas de la industria que generan escaso valor agregado.

 

Firmas líderes de rubros ampliamente beneficiados por la devaluación de la moneda (commodities y “armaduría automotriz”, por ejemplo), con inserción exportadora, acceso al financiamiento, y posición oligopólica en sus respectivos mercados. Tal como sostienen Ortiz y Schorr: Se trató de una fenomenal transferencia de recursos públicos hacia Aluar, Techint, Aceitera General Deheza, Repsol-YPF y las terminales automotrices, entre otros capitales oligopólicos; es decir, hacia empresas y conglomerados económicos que conforman el núcleo de los grandes ganadores del “modelo de dólar alto” y con capacidad de inversión propia. Ello ha tendido a profundizar un perfil de especialización de escasas potencialidades, limitados efectos difusores y dependiente de las estrategias desplegadas por las transnacionales y, en menor grado, un conjunto selecto de grupos económicos nacionales. (2009a: 18.)

 

A estas transferencias dirigidas al capital concentrado local, se le suman otras facilidades derivadas de la apertura de nuevos negocios (por ejemplo, en torno de la creación de ENARSA o en la adjudicación de licencias para abrir salas de juegos que favoreció al empresario “amigo” Cristóbal López) o de la aplicación de regulaciones que convalidan el amplio grado de concentración de la economía argentina6 . Por razones de espacio no podemos tampoco detenernos en otro tipo de “negocios” propios de esta época derivados de la “reestatización” y creación de empresas públicas, en donde la compra de Transener por parte de ENARSA y otros socios privados, y el ingreso del empresario Eskenazi (Grupo Petersen) como propietario minoritario de Repsol-YPF de manos del Estado, aparecen como los más relevantes.

Los diversos mecanismos de transferencia de recursos públicos que mencionamos permitieron que la mayor parte de las grandes empresas que operan en el mercado local incrementaran la relación entre sus utilidades y el valor de su producción (especialmente notable en el caso de las industriales) incluso por encima de los niveles alcanzados en la década del noventa (grá- fico 1). Al considerar la evolución de la rentabilidad sobre ventas de las empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores, se corroboran estos indicios de recomposición de las utilidades empresarias, ya que las mismas pasaron del 7% al 13,2% entre 2003 y 2007 (Ortiz y Schorr, 2009b). Esta sustantiva mejora no se tradujo, sin embargo, en un incremento sustantivo del acervo productivo local; por el contrario, gran parte de esos activos líquidos se fugaron progresiva y constantemente hacia el exterior.

Esta revitalización del papel del Estado en la economía durante el período no vino acompañada de un aumento en la calidad de sus intervenciones, más bien por el contrario se observa, al igual que en los años noventa, una importante distancia entre cantidad y calidad de la intervención económica estatal, bruscos cambios en la orientación de esas intervenciones, incoherencias e ineficiencias a la hora de diseñar las políticas, y baja calidad a la hora de implementarlas. Estas deficiencias en la calidad de la intervención estatal resultan sumamente funcionales al crecimiento económico no sólo de los empresarios privilegiados por las políticas públicas implementadas, sino también para los principales funcionarios gubernamentales que, más allá de enriquecerse a título personal, con sus acciones contribuyen al armado de “la caja” necesaria para el “financiamiento de la política”7 .

 

¿Y qué sucede con las grandes firmas?¿Qué transformaciones se observan en su perfil y desempeño durante estos años? Hay ciertas características que sobresalen y que muestran la persistencia de algunos rasgos propios del modelo anterior. Antes que nada se observa un alto grado de inestabilidad en la composición de la cúpula empresaria, acompañado por varios fenómenos conexos: el crecimiento vertiginoso de ciertas empresas, fuertes cambios en cuanto al origen del capital de las grandes firmas (procesos de extranjerización de la cúpula)y en cuanto a la actividad que desarrollan (progresivo vuelco hacia las actividades primarias). También se mantiene un alto grado de concentración de la economía, especialmente en el sector industrial y en la fracción exportadora de la cúpula empresaria. Tal como señalan Ortiz y Schorr: (…)

 

A estas características de tipo perfil estructural hay que sumar otros rasgos preocupantes como la continua salida de capitales desde el sector privado (tanto financiero como no financiero), el incremento de la dotación de los activos líquidos en la cartera de las principales firmas, la existencia de grandes empresarios industriales convertidos en rentistas financieros, inmobiliarios y/o terratenientes, y el importante crecimiento de empresas (y empresarios) estrechamente vinculados con el sector público (por ejemplo el Grupo Petersen, Pampa Holding, Electroingeniería, Cristobal López y el Grupo Sigman) . Pero el tipo de comportamiento desplegado por los grandes capitalistas locales no puede atribuirse a una conducta “irracional” ni a la existencia de un “patrón cultural argentino” poco proclive al riesgo. Por el contrario, la ausencia de un empresariado comprometido con el desarrollo económico del país (burguesía nacional en los términos establecidos por Poulantzas) y la consolidación de un patrón de comportamiento cuasi-rentístico y cortoplacista, es el resultado de un proceso histórico de articulación muy particular entre el Estado y los capitalistas, que se dio en el marco de un deterioro progresivo de los niveles de autonomía relativa del Estado y que permitió mantener el perfil adaptativo del patrón de acumulación generando consecuencias perniciosas (y en varios momentos devastadoras) sobre el conjunto social y sobre el propio aparato estatal. En ese sentido, los rasgos que adquiere un patrón de acumulación en determinado momento histórico, son producto de los condicionamientos ideológicos, políticos y económicos que genera el contexto estructural, pero fundamentalmente, de las múltiples articulaciones que se establecen entre las diferentes fracciones de clases entre sí y entre éstas y el Estado. Es precisamente en el accionar del aparato estatal donde se expresa la correlación de fuerzas existente entre las distintas fracciones y se garantiza a través de un complejo sistema de transferencias, el sostenimiento de los principales resortes de acumulación del capital concentrado local. Es por eso, que al menos en ese punto, no encontramos una verdadera ruptura entre los dos modelos. Cambia la orientación de la intervención, se modifican los actores, se complejizan las prácticas, se diversifican los negocios, pero el tipo de articulación prevaleciente sigue siendo la misma: aquella que permite la difusión de los ámbitos privilegiados de acumulación.

 

Bibliografía: (…)

 

Castellani, Ana Gabriela 2009, no. 5-6, p. 223-234 Cuestiones de Sociología Cita sugerida: Castellani, A. G. (2009) Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad. Cuestiones de Sociología (5-6), 223-234. En Memoria Académica

Fuente: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4059/pr.4059.pdf Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad.