Qué Mundo

Junio 2016

Con autodeterminación de los pueblos planetarios e internacionalistas en la lucha por la vida versus negocios capitalistas.

 

 

 

 

SITUACIÓN/ CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Averigüemos cuán relevante es esta lucha de pueblos originarios para la emancipación del capitalismo no sólo de Bolivia sino también de todos los países de Nuestra América:

 

El TIPNIS y la orientación y contenido del proceso de cambio

14 de septiembre de 2011

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

La historia reciente de Bolivia está marcada por una increíble dinámica y profundidad de acontecimientos que se han producido en muy pocos años, y por innumerables momentos y coyunturas de carácter episódico pero fundacional, que han sentado las bases del proceso de cambio y transformación democrático cultural.

Al efecto, baste mencionar las denominadas guerras del agua y del gas, las revueltas populares de febrero y octubre de 2003, la Asamblea Constituyente y el establecimiento del nuevo Pacto Social con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, etc.

En ese marco y luego de aquel crítico momento de quiebre que se produjo a fines del año 2010 cuando el Gobierno de Evo Morales tuvo que echar marcha atrás a la decisión inicial de imponer sobre las espaldas del pueblo el decreto del gasolinazo; ahora surge otro asunto de interés nacional originado en la decisión de construir y cortar por el núcleo el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que junto a la realización de la VIII Marcha Nacional de los Pueblos Indígenas de Bolivia, también ha provocado el pronunciamiento y manifestación de todos los sectores sociales del país, e inclusive a nivel internacional de referentes institucionales y personalidades, que han buscado contribuir al debate, el abordaje del conflicto y los caminos de solución.

De la amplia y muy rica contribución de pronunciamientos, análisis y aportes realizados sobre el conflicto del TIPNIS, baste mencionar y destacar los siguientes asuntos de preocupación que continúan siendo debatidos y forman parte de la agenda pública y política de Bolivia:

· La incongruencia entre el discurso y la práctica gubernamentales en lo que se refiere a la lucha contra el sistema capitalista, la defensa y protección de los derechos de la Madre Tierra (Pachamama), y la aplicación efectiva del paradigma civilizatorio del Vivir Bien (Suma Qamaña), para que no se quede como una mera formulación declarativa a nivel constitucional.

· La necesidad y demanda popular para efectivizar en la práctica la lucha contra el modelo neoliberal y los intereses transnacionales orientados a la depredación de la naturaleza, el extractivismo y la explotación de los recursos naturales.

· El incumplimiento de la legislación constitucional, nacional e internacional referida a los derechos de los pueblos indígenas y las restricciones y prohibiciones expresas referidas a los parques nacionales y las áreas protegidas como el TIPNIS.

· La intolerancia y agresividad discursiva gubernamental, basada en el fantasma de una supuesta confabulación (opositora, internacional y oenegista), que se ha traducido en actitudes confrontacionales excluyentes, orientadas a descalificar y desconocer una justa demanda indígena y nacional.

· La extraña reticencia y rechazo presidencial a establecer espacios de diálogo directo con las organizaciones de los pueblos indígenas, cuando no solamente se ha adoptado el principio de “gobernar obedeciendo al pueblo”, sino que existe la ineludible obligación de cumplir y efectivizar el derecho de consulta y participación establecidas en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas, ratificados por leyes expresas de la nación.

· El falso y engañoso dilema entre desarrollo nacional y preservación de la naturaleza y protección de los derechos indígenas, que conduce a soluciones excluyentes que se traducen en construir la carretera “quieran o no quieran”, sin considerar alternativas acordes al carácter plurinacional del país, al enfoque civilizatorio del Vivir Bien en armonía con la naturaleza y a la preservación de la soberanía y dignidad nacional.

· El cuestionamiento gubernamental a la agenda de 16 puntos de los pueblos indígenas de Bolivia (que forman parte de las demandas de la VIII Marcha Nacional), en la que extrañamente se cuestiona los pedidos de paralización de los proyectos de explotación hidrocarburífera que corresponden a una lógica capitalista de explotación de los recursos naturales, bajo el argumento de que son totalmente inatendibles porque implicarían paralizar el país, pero que paralelamente no cuestiona el interés de los pueblos indígenas por adjudicarse los recursos económicos emergentes de los servicios ambientales que brindan las áreas protegidas y los territorios indígenas, cuando en realidad ello significaría adscribirse al enfoque mercantilista vinculado a la economía verde y los mercados de carbono, que solo favorecen los intereses capitalistas y otorgan un paraguas supuestamente ecologista, que da piedra libre al emprendimiento de los mega negocios y los mega proyectos, no contribuye a la reducción de la emisión de gases y solo crea una nueva fuente mercantil y financiera acorde a la lógica extractivista y depredatoria del capitalismo.

Aunque ciertamente no se trata de asuntos menores para el interés nacional, sobre los que no se realizará mayor abundamiento en vista de la profusa difusión de ideas que se ha dado al respecto; en cambio, sí se quisiera contribuir a poner atención a otros asuntos que entrañarán (a nuestro modesto entender), el sinceramiento del Gobierno y el Proyecto Nacional que se encara, así como la definición de los contenidos y la orientación del proceso de cambio que se encuentra en curso. Estos asuntos son:

a) El verdadero perfil de aplicación y cumplimiento al derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas que se encuentra establecido y aprobado constitucionalmente. De forma muy sugerente, la forma de abordaje de este asunto ha transitado como si se tratase únicamente de establecer un espacio de diálogo para atender algunas demandas indígenas, pasando por el cumplimiento de un requisito meramente formal de consulta (asociado a la idea de consulta pública que no corresponde) en el que expresamente se ha intentado desechar el carácter vinculante del consentimiento previo, libre e informado que el Gobierno está obligado a cumplir en todos aquellos proyectos, medidas o legislación que pueda afectar a los pueblos indígenas. No debe olvidarse que tanto el carácter plurinacional del Estado como el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, están estrecha y directamente relacionados con el cumplimiento y aplicación del derecho de consulta, puesto que mal podría hablarse del ejercicio y capacidad de autogobierno de los pueblos indígenas, así como del carácter plurinacional de nuestro Estado, si ni siquiera se cumple con el derecho de consulta establecido y aprobado, y tampoco se respeta la identidad, la dignidad y el territorio de los pueblos indígenas. Un asunto no menor en el proceso de aplicación y cumplimiento del derecho de consulta de los pueblos indígenas, está relacionado con el rol del Gobierno Nacional en representación del Estado, y si aquel, como está sucediendo actualmente, debe constituirse en juez y parte del proceso. Es decir, como garante y ejecutor al mismo tiempo del derecho mencionado.

b) El tipo de desarrollo y el enfoque del Proyecto Nacional que Bolivia pondrá en práctica a partir de las decisiones que se adopten con el TIPNIS. La ambivalencia prevaleciente hasta ahora entre un discurso retórico que afirma defender los derechos de la Madre Tierra y la construcción de un paradigma alternativo del Vivir Bien en armonía con la naturaleza y la convivencia complementaria de diversas y diferentes identidades culturales, en contraposición a la lógica de explotación mercantil y extractivista del capitalismo, que alienta el desarrollo de megaproyectos como la carretera que pretende cruzar por el TIPNIS, ya no será posible sostener. Es decir, que la forma de resolución de las llamadas “contradicciones creativas” ya no será posible mantenerlas en una esfera indeterminada de indefiniciones, puesto que los hechos demandarán la adopción de un enfoque claramente identificable. Al respecto, es de desear que se impongan los postulados y directrices estratégicas contenidas ya en la Constitución Política del Estado y otras normas como la ley de la Madre Tierra o el propio Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien (que por cierto ya hace mucho tiempo debía estar acompañado de un sistema de evaluación, seguimiento y ejecución con indicadores de medición apropiados), aunque paralelamente no se puede ignorar los signos y las orientaciones en contrario que el Poder Ejecutivo se ha encargado de transmitir al pueblo, desde que se conoció la decisión de construir la carretera por el TIPNIS.

c) La recomposición o ruptura del bloque social de sustento del proceso de cambio y transformación. La importancia estratégica que este asunto entraña, está relacionada con la composición de las fuerzas sociales y populares que forman parte del proceso y que indiscutiblemente le otorgan un determinado contenido y orientación. Al cabo de algo más de 5 años de gestión gubernamental, ya se ha mencionado la supuesta restitución de aquel repudiado “pacto militar campesino” promovido por regímenes dictatoriales de los generales René Barrientos y Hugo Banzer, como el sustento principal del Gobierno de Evo Morales. Aunada a esa circunstancia no puede ignorarse la reiterada e incomprensible actitud de colonizadores y campesinos (incluidos legisladores del Congreso Plurinacional que responden a esos sectores), que nuevamente han amenazado con impedir y bloquear (es decir, enfrentarse) a la marcha de los pueblos indígenas de Bolivia, siendo que este sector popular constituye (o al menos debería entenderse así) otro de los principales aliados y base de sustentación del Estado Plurinacional. Por otra parte, no es menor la frágil y muy inestable alianza con los sectores obreros y populares aglutinados en la COB, que también han demandado que el gobierno escuche, atienda y cumpla con los derechos y demandas de los pueblos indígenas originados en el conflicto del TIPNIS, con lo que se configura un escenario complejo que con seguridad marcará la reconfiguración de fuerzas sociales y su correlación dentro del proceso de cambio.

Es claro que en este caso, la forma de cómo se aborde y resuelva el conflicto del TIPNIS, también determinará el contenido y orientación del proceso de cambio y transformación. De la lucidez de los actores, no sólo depende una adecuada y esperada solución del conflicto, sino el destino y ruta del proceso de transformación democrático cultural que ha empeñado las esperanzas y el compromiso de muchos bolivianos. La iniciativa que se tome y la profundidad de las decisiones, están en manos del Gobierno.

Arturo D. Villanueva Imaña es sociólogo, boliviano
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=135588

 

 

Continuemos analizando cómo el gobierno de Evo Morales, al igual que los otros del progresismo, han privilegiado el extractivismo por sobre necesidades e intereses de sus pueblos hasta el extremo de criminalizar la resistencia de estos al avasallamiento de derechos humanos.

 

 

 

El TIPNIS y el futuro del proceso de cambio y transformación

26 de septiembre de 2011

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

A pesar de la innumerable, continua y creciente demanda popular, tanto nacional como internacional, que sigue expresando la imperiosa necesidad de que el Presidente del Estado Plurinacional atienda y dé cumplimiento al incuestionable derecho de consulta y participación que reclaman los pueblos indígenas que participan de la VIII Marcha Nacional en defensa del TIPNIS; lo que se ha recibido en respuesta hasta ahora es desprecio, soberbia y autoritarismo que se traducen en actitudes coloniales de agresión, descalificación y violencia verbal y policial contra quienes en realidad no sólo les asiste el derecho de ser consultados para alcanzar su consentimiento libre e informado, sino que deberían ser reconocidos y tratados como uno de los pilares fundamentales del Estado Plurinacional y del proceso de cambio.

Aquello que en principio podía haberse interpretado como una desatinada actitud o una apreciación equivocada sobre el carácter del conflicto; en realidad, a medida que pasa el tiempo y se conocen los criterios y el posicionamiento del Gobierno; se ha hecho patente la profunda incongruencia e incompatibilidad entre el discurso y la práctica gubernamental, así como entre el contenido y la letra de la Constitución Política del Estado y las nuevas leyes aprobadas, respecto de la forma cómo se están aplicando en los hechos. Es decir, que el conflicto suscitado a raíz de la decisión de construir una carretera y cortar por su núcleo el TIPNIS, ya no sólo tiene que ver con la forma cómo el Gobierno está encarando y pretende resolver el asunto, sino que se está poniendo en tela juicio el enfoque y contenido del proceso de cambio y transformación democrático cultural.

Sin desmerecer en absoluto la atención que debe prestarse a la evolución y desenlace del conflicto del TIPNIS, que de hecho ya está marcando y proyectará las pautas centrales sobre la orientación y la forma de gestión gubernamental que se encarará a futuro con relación a temas como: el derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas, los alcances de la protección y conservación de las áreas protegidas, la orientación y los destinatarios de la distribución de tierras en el país, el tipo de relación que se establecerá con la naturaleza, los recursos naturales y los pueblos indígenas, etc.; lo que quisiera destacar en este breve artículo, son algunos de los temas fundamentales que hacen al futuro de la agenda central y el mandato popular del proceso de cambio.

La pertinencia de discutir y aportar al análisis de estos aspectos, está ligada a la necesidad de esclarecer el rumbo que está tomando el proceso de cambio, y contribuir al sinceramiento de la gestión gubernamental, que parece entender esta coyuntura sólo como un episodio sin mayor trascendencia de un proceso por etapas (el Vicepresidente hace referencia a una quinta fase) que discurre sin contar con espacios autocríticos y con análisis a posteriori, autocomplacientes, que se reducen a ensalzar algunos logros comparados con lo que hicieron gobiernos neoliberales anteriores, pero cuidándose de no hacer referencia a los objetivos trazados por mandato del pueblo y que no estuvieron referidas a metas cuantitativas sino a transformaciones de fondo.

En principio es importante hacer mención a algunos temas planteados por el Gobierno para justificar y fundamentar su decisión de llevar adelante la construcción de la carretera. En los últimos días, el Vicepresidente hizo referencia a 4 razones sociales, económicas, históricas y geopolíticas que explicarían la necesidad ineludible de llevar adelante el programa de vinculación vial y la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS.

Resumiendo la conferencia de prensa realizada, señaló que socialmente debía efectuarse la carretera, puesto que permitiría vincular a las comunidades aisladas, luchar contra la pobreza, la falta de acceso a los servicios de salud y la falta de educación a la que se encuentran sometidas las comunidades indígenas que viven en el TIPNIS. Lo que no dijo es que el trazo inicial aprobado y respaldado gubernamentalmente, y que pasa por el núcleo del territorio indígena y parque nacional, no vincula a la mayoría de las comunidades indígenas que supuestamente se busca integrar al “desarrollo nacional” (salvo a las de colonizadores y productores de coca que se instalaron en dicho territorio invadiendo sus espacios). En el aspecto económico señaló que Beni aporta únicamente con el 2.5% del PIB nacional, lo que muestra el escaso y reducido desarrollo alcanzado por dicha región. Sin embargo, lo que omitió señalar es que en ese departamento se concentran la mayoría de los 36 pueblos indígenas de Bolivia, que mantienen una relación armoniosa con la naturaleza y una forma de vida diferente al extractivismo capitalista de los recursos naturales. Tampoco señaló que ese indicador de pobreza utilizado, corresponde a una visión neoliberal y capitalista de desarrollo, cuyo enfoque y forma de medición del bienestar de la población, está muy alejado de la forma de vida, trabajo, costumbres e identidad de los pueblos indígenas que habitan ese departamento. En los aspectos histórico y geopolítico, señaló que se trata de una muy antigua demanda de integración espacial y poblacional que ha impedido la articulación nacional del país. Sin embargo, no mencionó que la intención “integradora y articuladora” que se dio en el pasado, estuvo vinculada estrechamente a la necesidad de colonizar a la población y el territorio de tierras bajas, para ampliar la frontera agrícola a costa de los bosques y la naturaleza; así como al objetivo de construir una sociedad monocultural homogenizante, cuyo prototipo de sociedad es diametralmente opuesta a la existencia de un Estado plurinacional, intercultural y diverso que se encuentra establecido en la Constitución Política del Estado. Tampoco señaló que esta forma de integración y articulación vial de grandes carreteras, corresponde a una visión transnacional que favorecerá los intereses comerciales para la conexión de los mercados internacionales, que se encuentra en franca contradicción con la necesidad de vincular los pueblos y las comunidades al interior del país, para garantizar soberanía, la complementariedad, el intercambio y la solidaridad de la población nacional.

En definitiva, la imagen objetivo expuesta por el Vicepresidente para fundamentar la construcción de la carretera, traslucía una sociedad occidental, culturalmente homogénea y económicamente desarrollada bajo los patrones capitalistas, y basada en el desarrollo de una infraestructura vial acorde a las necesidades de explotación y comercialización de los recursos naturales, que evidentemente se encuentran en la antípoda del Vivir Bien y la armonía con la naturaleza.

Como se puede advertir, la exposición realizada por el Vicepresidente Alvaro García Linera, ya pergeña algunos lineamientos de la nueva sociedad que se busca construir con la actual gestión gubernamental. En ese sentido, importa plantear algunos temas que deberían formar parte del debate nacional y la construcción del nuevo Estado plurinacional. Mencionemos algunos:

  1. ¿Cuál será el liderazgo social (vanguardia se decía en el pasado) que se encargará de guiar y orientar el proceso?. Se reeditará aquel repudiado Pacto militar-campesino, sobre la base de la conformación de una burguesía campesino-colonizadora?. ¿Cómo entonces se logrará construir una sociedad intercultural, plurinacional y con respeto a la diversidad y la diferencia cuya base es la confluencia en igualdad de condiciones de todos los sectores sociales y étnico culturales?.

  2. ¿Cómo se resolverá la actual confluencia del enfoque de desarrollo capitalista y neoliberal basado en la sobreexplotación y extractivismo de los recursos naturales y las fuerzas productivas que persiste en la gestión gubernamental, junto al paradigma del Vivir Bien, la armonía con la naturaleza y el socialismo comunitario que se propugna en la Constitución Política del Estado?. ¿Es posible convivir indefinidamente con aquellas “tensiones creativas” que han marcado una permanente ambivalencia de enfoques y contradicciones en la gestión gubernamental?. ¿Es posible compatibilizar principios y valores como la competencia, el rentismo, el intercambio comercial y la explotación que corresponden al sistema hegemónico prevaleciente, respecto del comunitarismo, la solidaridad, la reciprocidad, la complementariedad que corresponden a la lógica, la cosmovisión y el paradigma del Vivir Bien?.

  3. ¿Cuál es el modelo o la idea determinativa que contribuirá a construir el nuevo Estado plurinacional: El capitalismo andino, el socialismo comunitario, el paradigma del Vivir Bien…?

La importancia y trascendencia de que el Gobierno tome la iniciativa de convocar y abrir los espacios de debate y construcción de propuestas (para abordar y resolver esas y otras preguntas) , se explica tanto por la necesidad de canalizar las capacidades propositivas del pueblo y sus organizaciones, pero también por la inocultable demanda de reconducción del proceso que se viene reclamando insistentemente por todos los sectores y organizaciones sociales del país. No sería deseable de ninguna forma, que ante la ausencia de propuestas y acciones concertadas y construidas conjuntamente con el pueblo, ésta termine en un impulso revocatorio de autoridades el próximo año 2012, cuando se cumple la mitad de la gestión gubernamental; lo que daría lugar a un indeseable escenario de “rio revuelto”, componendas espurias y pugnas intersectoriales que solo estarían dirigidas a copar espacios de poder y anular toda posibilidad de profundizar y precisar los alcances y objetivos del proceso de transformación democrático cultural.

Estamos a tiempo y parece claro que, visto el curso seguido por el conflicto del TIPNIS, ya no bastará únicamente con atender y resolver las demandas de los pueblos indígenas que marchan hace más de un mes, sino que se hace indispensable replantear el futuro del proceso.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=136309

En consecuencia, urge la toma generalizada de conciencia en Nuestra América sobre: "La persistencia del (neo)colonialismo se explica porque el bienestar y la riqueza de los países capitalistas desarrollados, se subvenciona con la pobreza y el sometimiento de los países marginales. Estos países sometidos a la condición de semicolonias dependientes, son destinados y forzados a proveer de materias primas a las grandes industrias transnacionales a costa de su soberanía y de su hambre".

 

Antiimperialismo cipayo y descolonización

15 de septiembre de 2012

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

Antiimperialismo cipayo fue el denominativo que René Zavaleta Mercado utilizó para identificar y caracterizar a aquellos sectores políticos entreguistas, pronorteamericanos y antinacionales, cuya suerte está asociada a los intereses del imperialismo y que, por tanto, aunque discursivamente pueden aparecer circunstancialmente como razonables o muy agresivos y radicales; en la práctica son totalmente ineficaces e ideológicamente incongruentes y engañosos, porque sencillamente no responden al interés ni al empuje de las clases populares, y tampoco conducen al cumplimiento de la tarea de la liberación nacional y la descolonización.

 

Esta especie de alienación del antiimperialismo, por el cual se le otorga a éste de un contenido totalmente diferente y contradictorio a la lucha por la liberación nacional y la soberanía, para ceder paso a los intereses capitalistas y transnacionales, constituye un aspecto central del proceso de cambio y transformación democrático cultural, porque de ello dependerá finalmente si el contenido y orientación del Estado plurinacional se traducirá en la construcción del socialismo comunitario para Vivir Bien en armonía con la naturaleza, o simplemente en un capitalismo dependiente, desarrollista y extractivista, aun a pesar de que el país logre industrializar las materias primas (hidrocarburíferas, mineras y naturales) que explota.

 

Estas ideas introductorias, como seguramente se podrá deducir, están asociadas a las preocupaciones y el debate que se han originado como consecuencia de dos hechos trascendentales que están estrechamente vinculados con el modelo de desarrollo que Bolivia discute y busca encarar a futuro. Se trata del conflicto del TIPNIS que (entre otros asuntos) ha puesto en cuestión el tipo de desarrollo que el gobierno está dispuesto a impulsar, y la denominada “Agenda Patriótica” que el Presidente Evo Morales perfiló hacia el año 2025 en su discurso informe del 6 de Agosto pasado.

 

·         En el primer caso, ha quedado clara la disonancia e incongruencia que existe entre el discurso de defensa de los derechos de la Madre Tierra y la formulación de un nuevo paradigma alternativo al desarrollismo capitalista que discursivamente el gobierno plurinacional ha impulsado en diversos foros internacionales, y la intencionalidad manifiesta de construir una carretera que atraviese “quieran o no quieran” el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que está claramente asociado al modelo desarrollista, extractivo y procapitalista que supuestamente se rechaza.

·         En el segundo caso, el Presidente Evo Morales ha sorprendido a la opinión pública nacional, porque luego de bastante tiempo de un accionar y una gestión gubernamental caracterizada por el inmediatismo, la atención y solución de asuntos y conflictos coyunturales, plantea una agenda de 4 puntos que espera cumplir hasta el año 2025, cuando se cumple el segundo centenario de la independencia nacional.

 

Al margen del aporte loable de perfilar una agenda de mediano plazo, lo sorprendente de su contenido está relacionado a las tareas que busca cumplir, en vista de que siendo menos completa e integral que los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM) que se acordaron desarrollar en una Cumbre de las Naciones Unidas hasta el año 2015 (lo cual ya marca incumplimiento, limitaciones y deficiencias preanunciadas a un compromiso firmado internacionalmente), en realidad responde muy claramente a un enfoque y un modelo de desarrollo capitalista que se concentra en la lucha contra la pobreza, que implica renunciar implícitamente a la lucha contra las causas que lo originan.

 

Veamos, aunque evidentemente la lucha contra la pobreza, el hambre (seguridad y soberanía alimentaria) y la provisión de servicios básicos que se han planteado en la Agenda Patriótica, son objetivos loables e irrenunciables para el país; la pregunta principal tiene que ver con el método y la forma de conseguir erradicar estos males y no solamente combatirlos para reducir su incidencia. No debe olvidarse que una agenda de desarrollo con enfoque capitalista y neoliberal como los Objetivos del Milenio, no se plantea en ningún caso atacar las causas que originan la pobreza, el hambre, la falta de acceso a los servicios básicos, etc., sino únicamente reducir su incidencia y aplacar los efectos que sufre la mayoría de la población. Una agenda de desarrollo de ese tipo, solo busca combatir los efectos perniciosos de la explotación del hombre y la naturaleza, pero nunca resolver y erradicar las causas que originan el hambre, la pobreza, la contaminación y las demás secuelas que origina el sistema. En otras palabras, debería considerarse que al no atacar las causas que originan los males, en realidad lo que se hace es contribuir a perpetuar el sistema y la lógica de desarrollo extractivista que constituye su base de sustento.

 

Desde esa perspectiva, los objetivos del Milenio acordados en el marco de la ONU, constituyen el instrumento (sutil y perverso) que el sistema capitalista y neoliberal ha creado para perpetuar la lógica de desarrollo extractivista del capitalismo salvaje, porque si bien muestra una voluntad para mejorar y reducir la incidencia de los males que aquejan al mundo, en realidad anulan toda posibilidad de atacar y resolver las causas que los originan y, mucho menos, cambiar y transformar el sistema de explotación que da lugar al hambre, la pobreza y la desigualdad que supuestamente se combate.

Señalado aquello, es pertinente retornar a las reflexiones relacionadas con la descolonización y el antiimperialismo que, a decir de Zavaleta Mercado, deberían formar parte de las acciones de aquel “horizonte de posibilidad” que se abre junto y a partir del proceso de cambio (pero que sintomáticamente no son mencionadas como parte de las tareas de la Agenda Patriótica).

 

A pesar de lo que pudiera pensarse (lamentablemente parece predominar un criterio superficial en el gobierno), la descolonización no es (exclusiva ni principalmente) una tarea para deshacerse de taras y prácticas heredadas del pasado en diversas esferas, como si la condición colonial sólo fuese un resabio y una herencia del pasado histórico. En realidad y quizás constituya lo más importante de este fenómeno que suele ser muy complejo y esquivo a la comprensión ciudadana, la descolonización consiste en romper la condición de país penetrado, ocupado y acosado, en diferentes niveles y grados, por el sistema imperialista predominante actualmente. Se trata por tanto de una tarea de liberación nacional, de recuperación de la soberanía y la dignidad nacional, que se traduce en la conformación de un Estado nacional independiente, pero ya no de los estados monárquicos de los siglos XVII y XVIII, sino del imperialismo capitalista predominante.

La persistencia del (neo)colonialismo se explica porque el bienestar y la riqueza de los países capitalistas desarrollados, se subvenciona con la pobreza y el sometimiento de los países marginales. Estos países sometidos a la condición de semicolonias dependientes, son destinados y forzados a proveer de materias primas a las grandes industrias transnacionales a costa de su soberanía y de su hambre. El imperialismo no es un adjetivo resultante de un esfuerzo intelectual, sino del crecimiento de la gran industria que provocó el agotamiento de mercados nacionales, para dar lugar al expansionismo y la internacionalización de la economía capitalista. La única forma de garantizar la expansión de la economía y garantizar la obtención del lucro y la ganancia que constituyen el fin último del sistema capitalista, ya no es únicamente explotar la naturaleza y la fuerza de trabajo del hombre, sino de acceder, someter y dominar al conjunto de los países y las economías del mundo, a fin de imponer su modelo y su lógica de explotación. Por estas razones no sólo se explica el por qué a los países dependientes y subdesarrollados solo les queda la alternativa de someterse a la condición de semicolonias del imperialismo, o luchar por la soberanía y la liberación nacional; sino también el de discutir y definir el tipo (modelo) de desarrollo que se empleará para la construcción del Estado nacional. Queda claro de esta forma que no todos los tipos de desarrollo liberan, sino que inclusive dependiendo del modelo y el contenido del desarrollo que se adopte, bien puede favorecerse la condición colonial o semicolonial y la dependencia del país.

Retornando a lo que sucede en Bolivia a esta hora, y habiendo podido advertir las implicaciones que van perfilándose en el modelo de desarrollo que se deduce del propósito gubernamental y la lectura de la Agenda Patriótica planteada por el Presidente, así como de la decisión de llevar adelante la construcción de la carretera por el TIPNIS, que también refleja una opción de desarrollo para los pueblos indígenas que lo habitan, así como también para el país, por todos los componentes que están inmersos en esta iniciativa; la pregunta obvia es si se ha decidido abandonar la lucha por la liberación nacional y la construcción de un Estado nacional acorde a la Constitución Política del Estado.

 

Al respecto, no parece constituir un argumento serio y consistente, afirmar que la construcción de la carretera por el TIPNIS sea parte de una lucha nacional para derrotar los resabios de dominación latifundista y patriarcal que subsisten en el Oriente boliviano (e inclusive en alguna dirigencia indígena que también es acusada y descalificada por haber absorbido supuestamente dichas prácticas), cuando en realidad lo que se promueve es la participación de capitales transnacionales para la construcción de la carretera que, al margen de reforzar la dependencia nacional respecto de dichos intereses capitalistas, al mismo tiempo implicarán el desarrollo de iniciativas extractivas y depredadoras del medio ambiente y la naturaleza. Tampoco resulta convincente entender que la Agenda Patriótica de 4 puntos que el Presidente hizo pública en el aniversario patrio, pueda ser entendida como parte de las tareas de liberación nacional y la construcción de un Estado Nacional antiimperialista y soberano, que dista mucho del modelo desarrollista que implica emprender solamente tareas de mitigación de la pobreza, acceso a servicios básicos, seguridad y soberanía alimentaria e industrialización de los recursos naturales explotados que se ha planteado realizar hasta el año 2025, por la sencilla razón de que estas acciones cuadran perfectamente con una agenda de desarrollo capitalista y, específicamente, con la Agenda del Milenio a la que se hizo referencia más arriba.

Para terminar y reproduciendo textualmente conceptos que René Zavaleta Mercado utilizó en su ensayo “Estado Nacional o Pueblo de Pastores”, se puede reafirmar que “por nuestra parte, debemos establecer que hay un desarrollo que libera y un desarrollo que no libera. Precisamente por la falta de elección clara de las prioridades específicas, nuestro plan puede elegir cualquiera de los 2 cursos (liberación nacional o entreguismo neocolonial, aclara el suscrito), y está demás decir que los intereses antinacionales pugnan a estas horas por la elección de un camino que represente cierto aumento del consumo, mayor número de escuelas, obras sanitarias y hasta ciertos renglones inofensivos de la industria liviana, es decir, todos los aspectos que, aun siendo interesantes y atractivos, no son liberadores”.

Diferir o, peor aún, distorsionar la responsabilidad de llevar adelante una agenda de liberación nacional para conformarse con el desarrollismo, equivale a reforzar la condición colonial y el sometimiento a los intereses de las transnacionales y el imperialismo. Las iniciativas a emprender están en manos del gobierno.

Arturo D. Villanueva Imaña. Sociólogo, boliviano. Cochabamba – Bolivia.
Fuente:
 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=156006

 

 Crisis civilizatoria

 

Sepamos en qué consistió la:

 

 

VIII Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS, por la Vida y Territorio (Pronunciamientos)

 

Los Pueblos Indígenas de las tierras bajas y habitantes del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), organizados en instancias como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Sub Central TIPNIS, Asamblea del Pueblo Guaraní, Sub Central TIM, son los actores directos de la VIII Gran Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS, por la Vida, la Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas que partió desde Trinidad hacia La Paz el pasado 15 de agosto.

Desde que empezó el pedido de las comunidades del TIPNIS de frenar la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos -que  atravesaría por su territorio con impactos sociales, ambientales y económicos para estos pueblos indígenas-  los mismos han expresado en diferentes pronunciamientos y cartas su rechazo a la construcción de la misma y los argumentos para esta medida de presión -en curso- que han tomado.

Indígenas del occidente organizados en la Consejo de Ayllus y Marckas del Qollasuyo (Conamaq) se han sumado y han dado su apoyo a la demanda y a la marcha. A continuación ponemos a su disposición los pronunciamientos salidos de las diferentes Asambleas y Reuniones de emergencia así como cartas de sus representantes.

 

Comunicado a la opinión pública de la Central de Pueblos Etnicos y Mojeños del Beni CPEMB

11 de octubre de 2011

Los 34 Pueblos Indígenas de Tierras Bajas del Estado Plurinacional de Bolivia ante la flagrante violación de nuestro derechos individuales y colectivos establecidos en la Constitución Política del Estado y Convenios Internacionales por parte del gobierno nacional con la construcción de la carretera VillaTunari - San Ignacio de Mojos que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS, poniendo en riesgo la vida de los pueblos indígenas Mojeño, Yuracare, Tsimane y la integridad de este territorio, nos encontramos movilizados desde el pasado 15 de agosto del presente año, en la "VIII Gran Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS, los territorios, la dignidad, la vida y los derechos de los pueblos indígenas".

El gobierno nacional a la cabeza de nuestro Presidente Evo Morales Ayma, en su afán de concretar su decisión unilateral de construir la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Mojos "Sí o sí" "se oponga quien se oponga, viene realizando una serie de hechos y acciones ilegales violando los derechos humanos y de los pueblos indígenas, detallamos a continuación. VER MÁS

 

Resolución de la VIII Gran Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS,

los Territorios, la Vida y la Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas.

San Borja-Rurrenabaque-Beni, Bolivia

27 de septiembre de 2011


Considerando:

Que el 25 de septiembre será recordado como el día de la vergüenza en la Bolivia Plurinacional, porque es la primera vez en la historia que una marcha indígena ha sido intervenida y violentamente reprimida.

Que la represión criminal, premeditada y planificada desde el Gobierno nacional, realizada a la VIII Marcha Indígena no tiene razón de ser ni justificación posible, pues se realizó sin justificación ni argumento para desatar semejante atropello.

Que nuestro sentimiento es de indignación, por tanto abuso y violencia contra nosotros y nosotras; y de congoja también por la situación en que nos encontramos, con heridos, desaparecidos y desarraigados de nuestras familias y humillados por el trato recibido, discriminatorio y altamente racista.

Que agradecemos el levantamiento del pueblo de San Borja, impidiendo que avancen las flotas y camionetas en que llevaban a nuestros hermanos secuestrados hacia rumbo desconocido, así como la triunfal liberación que el pueblo de Rurrenabaque nos regaló, junto a los vecinos de San Buenaventura y Tumupaza, así como hermanos Mosetenes, Tacanas y Thsimanes, quienes en una acción audaz tomaron el aeropuerto para impedir nuestro forzado traslado hacia destinos desconocidos, en aviones fletados por la Fuerza Aérea Boliviana. A esos valientes hermanos y hermanas nuestro eterno agradecimiento.

Que consideramos que algunos ministros de Estado, con argumentaciones totalmente inconsistentes, han salido descaradamente a justificar la represión policial como un acto de preservación del orden público, o quisieron descargarse de la responsabilidad de las decisiones tomadas por las autoridades de alto mando.

Que la represión que sufrimos refleja también la impotencia del Gobierno ante el fracaso de la gestión de un conflicto en el que privilegió la descalificación calumniosa a la dirigencia, la persecución a las ONG que nos apoyan, el pago a compañeros para que se salgan de la marcha, las propuestas de diálogo falso, la consulta pública ilegal e inconstitucional en el TIPNIS (realizada de forma extemporánea y sin la dirigencia que se encuentra en la marcha), así como la descalificación permanente a nuestra marcha, a la forma de organizarnos y hacer nuestros planteamientos en nuestra plataforma de 16 puntos; sumado a esto el bloqueo Yucumo, montado, manipulado, sostenido, resguardado y defendido en todo momento por el Gobierno y la Policía, que tenía el objetivo de frenarnos indefinidamente hasta dividirnos y debilitarnos.

Que un pretendido referéndum entre dos departamentos implicaría una acción que usurparía la decisión de los hermanos indígenas del TIPNIS -quienes en su momento debieron ser consultados- entregándola a la población que no habita ni es titular de los derechos de consulta y territorialidad indígena, es inaceptable por ser ilegal e inconstitucional también.

Que ante estos fracasos de las autoridades nacionales, no les quedó otra salida que masacrarnos para desconocer nuestras demandas y reivindicaciones históricas y hacernos desaparecer; pese a eso, los hechos muestran que el pueblo todo está de nuestro lado.

Que después de la brutal arremetida nos encontramos ante una situación desesperada, con padres y madres detenidas y golpeadas que aún buscan a sus hijos; y con otros hermanos que se refugiaron en el monte y fueron atemorizados por la sistemática persecución policial.

Que agradecemos la reacción de toda la ciudadanía boliviana movilizada en todo el país, en repudio a la represión que sufrimos, lo cual nos da aliento para continuar con nuestra demanda. Esperamos que todos los bolivianos y bolivianas que creen en nuestra lucha se sumen y nos acompañen a nosotros, como la Central Obrera Boliviana (COB), que se ha solidarizado y se ha articulado a nuestra movilización social en todos los departamentos, con maestros, universitarios, colectivos ambientalistas y feministas, vecinos y trabajadores en general, quienes reivindican el respeto al territorio emblemático, los derechos de los pueblos indígenas de Oriente, Chaco y Amazonía, el medio ambiente y el Vivir Bien, tal como lo hemos planteamos en el proceso constituyente.

Que esperamos que la comisión del Ministerio Público actúe de forma independiente e imparcial para investigar los hechos, y luego se establezcan sanciones legales de acuerdo a la responsabilidad y grado de participación de quienes instruyeron, organizaron y operativizaron la represión.

Que el anuncio del Presidente sobre la paralización de la construcción del proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es absolutamente insatisfactorio, pues no sabemos si se trata de todo el proyecto o de las fases 1 y 3, que ya se encuentran en construcción; y además no garantiza que esa carretera no atravesará el TIPNIS, como es nuestra justa e indeclinable demanda.

Que la decisión tomada por el Presidente y su Gobierno sobre la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos se ha hecho sin contar con la voluntad de los pueblos indígenas del TIPNIS, y a sabiendas de la oposición existente en el territorio, hecho que ya es violatorio a las leyes vigentes y a la Constitución Política del Estado (CPE).

Por tanto,

RESOLVEMOS:

Primero. 
Las naciones y pueblos indígenas originarios y las organizaciones matrices correspondientes, particularmente la subcentral del TIPNIS, agradecen al pueblo boliviano movilizado en apoyo de la marcha en defensa del TIPNIS, en repudio a la descomunal violencia desencadenada contra el campamento de la marcha, donde sin molestar a nadie nos disponíamos a alimentarnos. Nos conmueve la solidaridad de miles de bolivianos y bolivianas, de hombres y mujeres que se movilizan, que hacen vigilia, que hacen huelga de hambre, que se pronuncian en apoyo a nuestra demanda.

Segundo. Repudiamos la violenta intervención perpetrada contra los marchistas y la marcha indígena en defensa del TIPNIS y de otras reivindicaciones manifestadas en nuestra plataforma, violencia que –queremos destacar- no ha sido un hecho aislado, sino que ha venido a sumarse a la violencia ya desplegada previamente por la Policía para desbloquear y disolver las manifestaciones locales de nuestros hermanos indígenas en todo el país, y que ha contrastado con la protección brindada por la Policía a los bloqueos de los colonizadores en Yucumo.

Tercero. Exigimos la inmediata atención de los heridos, la devolución de nuestras cosas robadas por la Policía en la intervención, destruidas salvajemente y con saña.

Cuarto. Denunciamos a todo el país que esta actuación de la Policía, tanto en la intervención de la marcha, como en la disolución de todas las manifestaciones indígenas de apoyo a la marcha, acaecidas en distintos puntos del país, ha violado nuestros derechos consagrados en la Constitución; por lo cual pedimos una investigación formal que dé con los autores materiales e intelectuales, y que esta investigación no sea dirigida por la ministra de Transparencia, Nardy Suxo; así como el juicio y castigo a los responsables de la represión brutal contra la VIII Marcha Indígena.

Quinto. Informamos a la opinión pública nuestro total rechazo a la propuesta gubernamental expresada en el mensaje brindado por el presidente Morales al país, en el sentido de que se realice un referéndum en los departamentos de Beni y Cochabamba para definir la construcción de la carretera por el TIPNIS; propuesta que no es otra cosa que la expresión clara de la intención gubernamental de persistir con la construcción de la carretera por el TIPNIS, pasando por alto los mandatos de la CPE, la normativa ambiental y, principalmente, la voluntad de los pueblos indígenas que habitamos el TIPNIS y los pueblos del país, quienes decidimos proteger nuestro territorio de la destrucción que provocaría dicha carretera. Dejamos claro que, no habiéndose hecho la consulta oportunamente, ninguna consulta amañada y manipulada –o ningún referéndum como el que se pretende hacer- son válidos ni legítimos, una vez que se avasallaron los derechos múltiples mencionados; por tanto, ratificamos que no aceptaremos ninguna propuesta de construcción de la carretera que atraviese el TIPNIS.

Sexto. Para garantizar el respeto a la voluntad de las naciones y pueblos indígenas originarios, de las comunidades afectadas del TIPNIS, de los marchistas y del pueblo movilizado de que la carretera no atraviese el TIPNIS, exigimos que el Presidente del Estado tome la decisión histórica de modificar el proyecto carretero a través de la promulgación de una ley que establezca expresamente que la carretera no atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.

Séptimo. 
En relación a las víctimas de la represión del campamento de los marchistas indígenas, exigimos una investigación exhaustiva y que se identifique y enjuicie a los autores intelectuales y materiales de semejante violencia; asimismo, que se devuelvan los bienes de los marchistas incautados por la Policía (dinero, celulares, carpas, alimentos y otras vituallas) y que se indemnice a las víctimas por los daños causados.

Octavo. Nos declaramos en emergencia, conjuntamente con las organizaciones y el pueblo movilizado, estableciendo que la marcha continúa, así como deben continuar las movilizaciones, las vigilias, las huelgas de hambre en todo el país, mientras no se promulgue esta ley y no se nos restablezcan todos los derechos conculcados.


Noveno. Pedimos la renuncia del Ministro de la Presidencia, del Ministro de Obras Públicas, de la Ministra de Justicia, de la Ministra de Medio Ambiente y Agua, así como de la Viceministra de Biodiversidad y Cambios Climáticos.

Décimo. Desconocemos toda intención o convocatoria de diálogo que no sea autorizada por el seno de la marcha para el tratamiento de los 16 puntos de nuestra plataforma de demandas.

Décimo primero.
 
Pedimos el amparo y respaldo de todo el pueblo boliviano, y en particular del pueblo de La Paz, para continuar con nuestra marcha. Por ello, convocamos a todos los bolivianos y paceños a acudir a nuestro encuentro y acompañar nuestra marcha pacífica hasta la ciudad de La Paz.

 

Por nuestra histórica VIII Marcha indígena en defensa de nuestros territorios y nuestros derechos


Firman:

Yenni Suárez, presidenta del Comité de Marcha
Jorge Mendoza Valdez, del pueblo Guaraní, vicepresidente de la Comisión de Marcha
Fernando Vargas Mosúa, del pueblo Mojeño, presidente de la Subcentral del TIPNIS
José Bailaba Parapaino, del pueblo Chiquitano, Primer Gran Cacique General de la Organización Indígena Chiquitana (OICH)
Melva Hurtado Áñez, del pueblo Moré, presidenta de la Central de Mujeres Indígenas de Beni (CMIB)
Guillermo Suárez, del pueblo Movima, secretario de Tierra y Territorio de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB)
Porfidia Viri Noe, secretaria de Educación, Salud y Juventudes de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB)
Miguel Charupá, del pueblo Chiquitano, secretario del Comité de Marcha
Walberto Baraona Garnica, del pueblo Quechua, mallku de Medio Ambiente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)

Ver documento en PDF

En consecuencia, "el gobierno nacional a la cabeza de nuestro Presidente Evo Morales Ayma, en su afán de concretar su decisión unilateral de construir la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Mojos "Sí o sí" "se oponga quien se oponga", viene realizando una serie de hechos y acciones ilegales violando los derechos humanos y de los pueblos indígenas, detallamos a continuación. VER MÁS". Pero atendamos qué otras explicaciones hay:

 

Desde la VIII Marcha Indígena
Un mensaje de Adolfo Moye del TIPNIS para todos los bolivianos

 

"Más allá de que se diga que la marcha indígena es por la carretera, yo creo que la carretera es un punto más de debate porque en el fondo de esto es el ejercicio de nuestros derechos. Hoy el TIPNIS no es el único territorio con problemas, hay muchos territorios que los tienen, y es por eso que tenemos un total apoyo de más de 1500 marchistas y cada día se van sumando más."

¿Qué le pedimos a la población paceña? Más que a la población paceña, a la población boliviana le pedimos que entienda definitivamente esta marcha, esta lucha, es de convicciones, de sacrificio, es una lucha honesta, sana, organizada y con gente legítimamente llegada desde los territorios indígenas, especialmente del TIPNIS, y obviamente sumados a este movimiento gente del Occidente como es el CONAMAQ, y realmente agradecemos la solidaridad del CONAMAQ, esto no es un trabajo que se ha montado de la noche a la mañana, ha sido un esfuerzo enorme de trabajo de por lo menos toda mi gestión como Presidente del TIPNIS desde que inicié, el primer año, el 2007 cuando se hizo el primer desalojo, el 2008 otra vez desalojo, 2009 desalojo pero esta vez con enfrentamiento, entonces todo esto ha sido el fruto ahora de eso, hemos demostrado de que nadie está imponiendo una conspiración para demostrar de que no nos gusta una política de gobierno, de personas, sino que estamos pidiendo una reivindicación y ejercicio de nuestros derechos porque nuestros derechos ya son legalmente reconocidos en instancias nacionales, internacionales, hay normas, tratados internacionales, entonces estamos pidiendo a través de esta marcha el cumplimiento de estas normas para que se dé el ejercicio de nuestros derechos.

Más allá de que se diga que es por el tema de la carretera, no a la carretera, yo creo que la carretera es un punto más de debate porque en el fondo de esto es el ejercicio de nuestros derechos, por lo cual pedimos que la población boliviana, la población paceña, esto lo tome muy bien en cuenta. Somos el pilar fundamental en idealismo para construir un proceso de cambio real, positivo, con miras hacia construir un desarrollo equitativo, participativo, organizado, y sobre todo beneficioso para la gente que realmente sufre y que nadie se acuerda pues de esta gente.

Desde anteriores gobiernos, nos hemos dado cuenta de que hemos sido objeto de politiquerías partidarias, y de que todo el mundo habla cuando está en campaña de que el pueblo indígena, que la clase baja, que es momento de tomar decisiones por esta gente, pero solamente son momentos de urnas. Una vez que están en el poder, como es en este caso con nuestro gobierno que ha logrado tener nuestro apoyo rotundo, total, ahora somos la espina contra él, pero creo que no estamos en contra de nuestro gobierno, estamos a favor de nuestro gobierno para consolidar nuestro gobierno realmente con legitimidad de ese derecho que tenemos.

Queremos tener un gobierno que nos apoye para reconducir esa política de nuestro gobierno, esa política de nuestro hermano presidente, entonces eso es lo que en este momento estamos pidiendo, remarcando, en esta marcha. Lo estamos haciendo con sacrificio y honestamente para que vamos a tratar de adornarlo este es un sufrimiento bastantemente fuerte, no es tan fácil, estamos obviamente con muchas dificultades sobre todo en la parte logística, es complicado, la sed que nos ahoga mucho por estas intensas calores del tiempo, y bueno tal vez poder pensar preocuparnos por la gente que nos acompaña pero eso es una cosa de fuerza física que nos viene un poco tal vez cansando pero lo que si no nos cansa nunca hasta ahora es la fuerza de voluntad. Tenemos un físico un poco cansado pero con una moral altamente positiva, concientes de que vamos a lograr nuestra lucha, porque no estamos pidiendo nada extraño, nada raro, nada que no sea difícil de poder conseguir, de poder resolver y entender, entonces por eso la moral la tenemos bastantemente alta, las dificultades las iremos superando paso a paso, de acuerdo a nuestras condiciones, y el apoyo que tengamos de las poblaciones de donde sean.

Nuestra solidaridad también para con aquellos pueblos que también están sufriendo y en este momento no tienen la posibilidad de expresar su petición, su protesta, de ser atendido pues nosotros también estamos pidiendo no solamente para nosotros como TIPNIS sino para todos los pueblos indígenas de Bolivia, allí donde estén y cómo estén, con sus posibilidades, imposibilidades, estamos unidos también hacia ellos, por lo cual yo creo también que esta marcha sea la oportunidad de poder reencontrarnos, sentarnos un momento donde debatiremos nuestras grandes problemáticas, y sacaremos conclusiones para solucionar nuestros temas.

Hoy el TIPNIS no es el único territorio con problemas, hay muchos territorios que los tienen, pero como digo esta marcha el esfuerzo de cuatro años de gestiones, del esfuerzo propio de los comunarios, como pobladores, y como pueblo indígena, y es por eso que tenemos un total apoyo de más de 1500 marchistas y cada día se van sumando más.

Eso queremos hacer entender a todos, a todos aquellos que pueden estar escuchándonos, y si hay alguna duda, alguna sugerencia, alguna opinión hacernos llegar, no importa como sea, una carta, algo que se les ocurra estamos nosotros para recibir y si también nos piden más información, estamos también para hacerles llegar porque es nuestro deber informar, para que en verdad se transparente esta marcha, al menos esa siempre ha sido mi visión, mi decisión, mi lineamiento por el cual, como digo, hemos ido construyendo esta marcha.


Saludamos a todos los que nos apoyan, por lo cual nos sentimos seguros de que no los vamos a defraudar porque estamos seguros y concientes de lo que hacemos, y auguramos felicidades al final de esta marcha, éxitos para todos, no solamente para todos nosotros sino también para toda Bolivia.

—Una sola pregunta: ¿van a llegar a La Paz?

—Nosotros en principio hemos decidido marchar y llegar hasta La Paz pero si todos nuestros puntos se solucionan en el camino será bastantemente importante y bueno, no tendríamos porque llegar pero si no hay solución, tendremos que llegar a La Paz

—Muchas gracias.

* Ex dirigente de la Subcentral del TIPNIS. Grabado el 2 de septiembre de 2011. Responsable de la transcripción: Pablo Cingolani.
Fuente: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011090604

----

 

VIII MARCHA INDIGENA ORIGINARIA DE TIERRAS BAJAS

CONTINUA EN SU LUCHA POR LA TIERRA Y TERRITORIO-TIPNIS.

De retorno a la VIII Marcha Indígena

La hipocresía del gobierno de Evo Morales oculta las verdades al pueblo boliviano, nunca informara el compromiso electoral con los colonizadores de distribuir las tierras del TIPNIS en caso  de que le sean siempre fieles a su poder. Es el ejército cocalero que puede sustentar en el poder para el beneficio de las transnacionales, los narcotraficantes y los contrabandistas, quienes cumplen la CPE del vivir bien.

El trayecto a la Marcha, en la población de Yucumo se realiza un bloqueo de camino de un grupo minúsculo de colonos, quienes violan francamente los derechos fundamentales de la marcha, que impiden la llegada de apoyo en alimentación y vitualles como gesto de solidaridad desde el interior, Es el gobierno del MAS con sus ministros que han organizado este bloqueo, ¿porque no hay gasificación ni militarización a los bloqueadores?. EL Defensor del Pueblo se comprometió a colaborarles y en las verdades resulta que es también como un funcionario de gobierno porque el apoyo verbal ya se ha terminado y calla por ocultar la verdad que él conoce, además en el boqueo cometen  abusos  que intimidan con dinamitas y amenazan de  secuestrar a los marchistas que transitan por este camino.

Yucomo es la última comunidad de los llanos, de allí empiezan las serranías con pendientes muy fuertes, existen muchas comunidades las más importantes donde llegarían los marchista en caso de continuar con su lucha y la marcha son: Quiquevey,  (frontera entre La Paz y Beni) el Sillar, Inicua, Sapecho, comunidad 52, Cercado y Caranavi. Tal vez las condiciones topográficas para  los hermanos marchista ya no son tan adecuadas a su realidad de caminatas, pero están dispuestos a vencer.

Como dije en mis comunicados anteriores, es que los niños y niñas sufren mucho y como me comunican que ha fallecido un niño de meses, su velorio y su entierro en pleno campamento. Ya hay dos mártires por el TIPNIS, uno en accidente en San Ignacio, luego un dirigente que ha sido atropellado por un ganado y que está  en el hospital y finalmente éste niño mártir.

La comunidad nacional e internacional debe juzgar estos hechos, para saber quiénes son los verdaderos responsables, a tan solo 50 Km esperan otros compañeros campesinos colonos quechuas y aimaras, por el otro viene los hermanos indígenas de tierras bajas, un gobierno indígena que consolida una 
política de confrontación. En qué proceso de cambio nos encontramos, ¿esto era lo buscamos en nuestras luchas durante los gobiernos neoliberales  de los 90 y mitad de 2000? Es siglo XXI y como dije también  que las nuevas generaciones pedirán cambios substanciales y estructurales de los estados, a los diferentes gobiernos de turno  con un discurso revolucionario y con prácticas extremadamente neoliberales y pro-capitalistas  en contra de sus pueblos humildes.

El MST-Bolivia, después de analizar con su dirigencia y bases nuevamente retornará a la marcha con más fuerza.

Moisés Torres V.
Vicepresidente MST-Bolivia

¡¡JALLALLA LA LUCHA POR EL TIPNIS Y LA VIII MARCHA INDIGENA¡¡¡

Ver documento original AQUÍ

 

 

 

También, en Madrid, marchan:

"Salimos a la calle otra vez, y cuantas sean necesarias, porque no acallarán nuestra voz mientras no consigamos que la Democracia vuelva a ponerse al servicio de la Dignidad de los Pueblos y a la altura de nuestra propia Dignidad individual".

 

 

#Rebelión28M

Por una Rebelión Democrática de los Pueblos de Europa: Soberanía, Dignidad y Solidaridad

27 de mayo de 2016

El 28 de mayo de 2016, numerosos movimientos sociales, colectivos y organizaciones nos ponemos en marcha y salimos a las calles de Madrid. Exigimos la Democracia y la Soberanía, usurpadas por esta Unión Europea al servicio del capital y por los gobiernos de los Estados miembros, entre ellos el español, que aceptan sumisamente políticas insolidarias que atentan contra Derechos Humanos universalmente reconocidos, desoyendo el mandato de la ciudadanía y la voz del pueblo. Salimos a la calle otra vez, y cuantas sean necesarias, porque no acallarán nuestra voz mientras no consigamos que la Democracia vuelva a ponerse al servicio de la Dignidad de los Pueblos y a la altura de nuestra propia Dignidad individual.

 

MARCHAMOS por una mayor Soberanía de los países que componen la Unión Europea y de su ciudadanía, y para construir una Europa Democrática. Con la excusa de una crisis causada por los bancos, la UE, una institución antidemocrática en sí misma, se ha adueñado de la Soberanía de los países que la componen, empleando como arma la moneda controlada por el Banco Central Europeo, obligándoles a ejecutar políticas en contra de su población y a favor del capital.

 

MARCHAMOS contra los abusivos acuerdos comerciales, como el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) entre Estados Unidos y la Unión Europea, el CETA y el TISA, que supondrían un mayor y permanente recorte a nuestros Derechos y someterían a la ciudadanía al yugo y control exclusivo de las grandes corporaciones económico-financieras. No vamos a permitir el control sin Democracia de nuestros países. Exigimos transparencia y justicia. No aceptamos el secretismo en las negociaciones que se están llevando a cabo sin el control parlamentario de los Estados miembros de la UE. Negocian de espaldas a la Democracia tratados antidemocráticos que hipotecan nuestros Derechos y que nos condenarían irremediablemente durante generaciones.

 

MARCHAMOS contra las políticas impuestas por la Unión Europea y exigimos el fin del austericidio y de los recortes impuestos por la Troika. Porque nos están ahogando con una deuda soberana ilegítima que en su origen era de los bancos, priorizando su pago a cualquier gasto social y llegando a sumir a pueblos, como el griego, en la esclavitud. No debemos, no pagamos una deuda ilícita, ilegitima, odiosa e insostenible, que no nos corresponde a los ciudadanos y las ciudadanas pagar.

 

MARCHAMOS contra los paraísos fiscales y exigimos a la Unión Europea que acabe con ellos y que persiga y penalice duramente a los evasores. Se puede hacer si hay voluntad política para hacerlo. Exigimos una reforma tributaria más justa, donde paguen más las rentas más altas, los beneficios empresariales que actualmente se encuentran exentos de tributación por numerosas medidas exencionistas. Grandes empresas, empresarios y grandes fortunas tienen que contribuir para levantar el país. No vamos a seguir siendo sólo las trabajadoras y los trabajadores quienes hagamos esta labor.

 

MARCHAMOS contra la actitud negligente, xenófoba e inhumana de las instituciones de la Unión Europea con las personas refugiadas. La Solidaridad no entiende de fronteras, ni alambradas, ni muros, ni banderas. Hombres, mujeres y niños huyen de las guerras provocadas bajo el amparo de la OTAN ante la vergonzosa complicidad e inacción de varios países europeos, haciendo saltar por los aires cualquier derecho internacional y sin respetar los más elementales Derechos Humanos. Esta nefasta política de seguridad nos inclina a repudiar las guerras, la OTAN y el silencio cómplice de esta Unión Europea en la que no nos sentimos representados.

 

MARCHAMOS por una Europa Verde y exigimos a la Unión Europea que implemente medidas radicales y eficientes que acaben con el deterioro de nuestro medio ambiente. Exigimos a los Estados miembros que cumplan con los compromisos adquiridos en las cumbres internacionales para reducir sus emisiones de CO2 y poner freno al calentamiento global.

 

MARCHAMOS contra el gobierno español, que se ha convertido en el campeón de los recortes y en líder de las políticas de degradación del bienestar, gracias a la vergonzosa modificación unilateral de la Constitución para blindar el pago de una deuda ilegítima que han colocado por encima de las personas, por encima de Derechos Universales y de las necesidades básicas. El artículo 135 prioriza y asigna nuestros presupuestos al pago de la deuda, antes que destinarlos a financiar los Derechos recortados en pensiones, sanidad, educación, o el acceso al agua, a la vivienda y a la energía con independencia de la capacidad económica. Exigimos el fin de las privatizaciones de los servicios públicos y la reversión de los procesos privatizadores. Porque otra política económica es posible, una política al servicio de las personas y no de los poderes financieros.

 

MARCHAMOS contra los desahucios y por los cientos de miles de familias que han perdido su casa. Porque la vivienda es un Derecho indiscutible y no hay nada más inhumano que desalojar a una familia de su hogar, solo para alimentar la voracidad insaciable de unos banqueros sin escrúpulos. Y exigimos al gobierno español que modifique la normativa vigente, la más dura de la Unión Europea, y que cumpla la legislación comunitaria contra cláusulas abusivas, ejecuciones hipotecarias y órdenes de pago.

 

MARCHAMOS contra el saqueo reiterado del Fondo de la Seguridad Social para financiar al Estado, poniendo en serio riesgo el futuro del sistema de pensiones. Y mientras roban el futuro de nuestros mayores —nuestro futuro—, los fondos legítimos del Estado se escapan a paraísos fiscales dentro y fuera de Europa. Territorios con leyes que benefician a los grandes capitales y a las grandes empresas, constituyendo plataformas para la elusión, la evasión y el fraude fiscal, para los negocios turbios, la especulación financiera o el lavado del dinero de los corruptos y de la criminalidad.

 

MARCHAMOS contra las reformas laborales que han aprobado y permitido cientos de EREs, y la sustitución de empleos fijos y con derechos por empleos temporales, precarios y sin futuro. Y nos revelamos contra la peor de sus consecuencias, la más dura: una tasa de paro por encima del 20% y una menguante cobertura de desempleo que disminuye cada mes aumentando la pobreza, la desigualdad y el riesgo de exclusión social, que asciende ya a un 25% en todo el país. Denunciamos a la Unión Europea, la principal responsable de la miseria y de la precariedad laboral en que vivimos porque es Bruselas quien exige e impone estas reformas laborales como paso previo a un nuevo modelo económico. Denunciamos al gobierno español y a los partidos que apoyan esta política.

 

MARCHAMOS contra el exilio obligado de nuestro jóvenes, empujados a emigrar descapitalizando al país de su experiencia y su conocimiento. Marchamos por esos cerca de dos millones que ya se han ido en busca de un futuro laboral que aquí no existe, a pesar de su preparación, y que sí lo han encontrado en otros países donde ahora trabajan.

 

MARCHAMOS contra la Leyes Mordaza, aprobada por el gobierno como arma para reprimir y silenciar la voz del pueblo, y contra el art. 315.3 del Código Penal. Intentos burdos para suprimir el derecho a expresarnos en contra de sus políticas. Pretenden criminalizar el derecho a la huelga, imponiendo multas y encarcelamientos injustos de luchadores y sindicalistas, convirtiéndolos en los nuevos presos políticos. Una vuelta a la represión de libertades que ya habían sido conquistadas y por las que tanta gente fue encarcelada e incluso perdió la vida. MARCHAMOS contra el olvido de todas las personas enterradas sin Dignidad en las cunetas, ocultas todavía y contraviniendo los acuerdos firmados por el Estado español sobre delitos de lesa humanidad y desaparición forzada de personas.

 

MARCHAMOS por la igualdad de Derechos para todas las personas, independientemente de su sexo, raza, nacionalidad u orientación sexual. Las mujeres sufren con más dureza las consecuencias de las crisis y son penalizadas laboralmente por su maternidad. Son excluidas del mercado laboral, reciben menor salario y son discriminadas en la promoción, por lo que deben tener una especial protección. Por eso reivindicamos el feminismo y EXIGIMOS una política de Estado que sea realmente efectiva contra las violencias machistas, y una verdadera política de conciliación de la vida laboral y familiar.

 

MARCHAMOS para exigir y EXIGIMOS reformas constitucionales en España que deroguen el art. 135 de la Constitución y blinden como derechos fundamentales la Sanidad, la Vivienda, la Enseñanza, el Sistema Público de Pensiones y la Dependencia. EXIGIMOS la derogación de la Ley de Reforma Laboral del PSOE y del PP, y de las Leyes Mordaza; la supresión del artículo 315.3 del Código Penal, y una legislación efectiva de la Memoria Histórica que repare, de una vez por todas, la histórica injusticia que arrastra este país en su memoria colectiva. Tenemos razones de sobra para seguir luchando en las calles y en las plazas por la Solidaridad de los Pueblos y para enfrentarnos a las políticas antisociales. La movilización es un paso necesario en la organización de poder popular, imprescindible para garantizar el cumplimiento de los programas electorales de los gobiernos que elegimos democráticamente, y el derribo de las instituciones antidemocráticas que gobiernan Europa. Por todo esto llenamos Madrid de DIGNIDAD.

Por una Rebelión Democrática de los Pueblos contra la dictadura de los mercados financieros, y contra los acuerdos mercantilistas y la violación del Derecho de asilo y refugio. Por la SOBERANÍA, la DIGNIDAD y la SOLIDARIDAD. Marchas, sábado 28 de mayo de 2016, a las 12:00 horas, de: • Columna 1.- Plaza del Callao • Columna 2.- Plaza Jacinto Benavente • Columna 3.- Plaza de la Villa • Columna 4.- C/ Alcalá, 30 (Consejería de Educación…

 

Fuente: http://www.rebelion.org/docs/212457.pdf

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

 

La actualidad de los países que han tenido o tienen gobiernos progresistas muestra cómo han bloqueado las potencias sociales que les dieron origen. En referencia al de Evo Morales  Arturo D. Villanueva Imaña señala: "como resultado de la gestión gubernamental y la orientación predominante que se ha dado a las obras, las inversiones y los diversos emprendimientos económicos, productivos y financieros; se ha hecho cada vez más evidente un sesgo desarrollista, productor y abastecedor de materias primas y extractivista de los recursos naturales, cuyo muy entusiasta impulso se encuentra en plena armonía con los intereses transnacionales y el capitalismo neoliberal predominante. Es decir, existe una fuerte interpelación y cuestionamiento respecto del modelo económico y el tipo de desarrollo que se ejecuta en el país, cuyo perfil no corresponde al socialismo comunitario para Vivir Bien que se ha diseñado como horizonte en la Constitución Política del Estado".

 

Asuntos estratégicos de la agenda popular abandonada
8 de febrero de 2013

 

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

 

Constituye un hecho singular y comprobado que la enorme dinámica y velocidad de los acontecimientos sociales y políticos de Bolivia, impiden detenerse en un análisis y comprensión más profunda de lo que ellos significan para los asuntos de fondo que tienen que ver con el destino de la nación o, sencillamente, pasan desapercibidos al ser sustituidos por nuevos y diferentes acontecimientos que acaparan la atención ciudadana.

En los últimos meses, se han producido hechos de gran significación, pero que por ejemplo, hoy por hoy, han quedado relegados por temas como la profusa sucesión de interpelaciones recíprocas entre los gobiernos de Bolivia y Chile, originadas en nuestro derecho a la reivindicación marítima, o los reiterados y cruentos asesinatos y violencia contra mujeres, adolescentes y niños que, sin desmerecer en absoluto su importancia, han contribuido a relegar y secundarizar otros que deberían ser entendidos como estratégicos, respecto del cumplimiento del ideario y los postulados del proceso de cambio y transformación, así como de la contribución a una nueva forma de hacer política.

En esa perspectiva, el presente artículo abordará algunos de los temas que deberían merecer mayor atención pública, así como una intervención más decidida y comprometida del gobierno.

En vista de que la idea no consiste en hacer un listado e identificar problemas, sino aportar a que el proceso no abandone el curso y los objetivos de la transformación y cambio que el pueblo ha decidido emprender y llevar adelante como resultado de sus luchas; se incluirán sugerencias de acción para que puedan ser tomadas en cuenta (a pesar de la eventual ingenuidad que ello represente frente al modo de gestión que parece imponerse).

Agenda Patriótica para el 2025. 

En ocasión de un nuevo aniversario de la gestión gubernamental, el Presidente Evo Morales hizo conocer una Agenda Patriótica hasta el año 2025 cuando se cumplirá el segundo centenario de independencia, en el que se plantean 13 puntos que deberán orientar el proceso de desarrollo nacional.

Paralelamente, como resultado de la gestión gubernamental y la orientación predominante que se ha dado a las obras, las inversiones y los diversos emprendimientos económicos, productivos y financieros; se ha hecho cada vez más evidente un sesgo desarrollista, productor y abastecedor de materias primas y extractivista de los recursos naturales, cuyo muy entusiasta impulso se encuentra en plena armonía con los intereses transnacionales y el capitalismo neoliberal predominante. Es decir, existe una fuerte interpelación y cuestionamiento respecto del modelo económico y el tipo de desarrollo que se ejecuta en el país, cuyo perfil no corresponde al socialismo comunitario para Vivir Bien que se ha diseñado como horizonte en la Constitución Política del Estado.

Adicionalmente, los 13 puntos de la Agenda Patriótica perfilada por el presidente Evo Morales, están en consonancia con dicha orientación, y se ha echado de menos la inclusión de aquellos asuntos fundamentales que hacen a la esencia del proceso de transformación y cambio. Esta constatación permite plantear la necesidad de que dicha Agenda Patriótica incorpore expresamente acciones y objetivos claros, orientados a construir y efectivizar: el socialismo comunitario para Vivir Bien; la descolonización interna y externa; la despatriarcalización del Estado y la sociedad; la construcción de indicadores para Vivir Bien y en armonía con la naturaleza; las tareas de liberación nacional y la lucha contra el imperialismo y, asimismo, la construcción de la interculturalidad y el respeto a la diversidad y diferencia que permitirán afirmar la condición plurinacional de nuestro país.

No está por demás señalar que, al incluir en dicha Agenda acciones y objetivos claros a cumplir hasta el 2025, no sólo contaremos con un Programa Político claro para el país, sino que también se reafirmará la condición transformadora y de cambio del proceso democrático cultural que, de esa forma, establecerá su diferenciación con los riesgos y tentaciones desarrollistas, neoliberales, extractivistas y procapitalistas que aún se advierten en algunas corrientes gubernamentales.

 

Inversión pública y construcción de obras. 

Hay que congratularse de que las condiciones económicas del país y la actual disponibilidad de recursos económicos permiten impulsar y desarrollar múltiples obras que el presidente Morales inaugura y entrega cotidianamente a lo largo y lo ancho de todo el país; sin embargo, en consonancia al contenido de la Agenda Patriótica anteriormente sugerida y en sintonía y acompañamiento a los objetivos del proceso y no a los intereses desarrollistas y el enfoque urbano occidental que claramente está privilegiando lo que puede denominarse como la “siembra del cemento y el síndrome de las mega obras” (y cuanto más monumentales y elefanteásicas mejor), se pueda dar lugar a un tipo de planificación estratégica y el cambio en la orientación de las obras, para diseñar y realizar emprendimientos que permitan: desarrollar e impulsar tecnología propia, transformar e industrializar los recursos naturales explotados en una lógica de armonía con la naturaleza y respecto a los derechos de los pueblos indígenas; efectuar inversiones en áreas y sectores de elevada demanda de mano de obra (como por ejemplo la agricultura campesina); transformar y diversificar la producción para generar empleo directo, permanente y digno; promover prácticas ecológicas en armonía con la naturaleza y el fortalecimiento de las relaciones comunitarias de producción, el empleo y la distribución de ingresos y recursos; priorizar las iniciativas productivas de diverso tipo, orientadas a lograr la soberanía y seguridad alimentarias, la producción colectiva y comunitaria, y la sustitución de la competencia, el consumismo y el individualismo capitalista, por la solidaridad, el intercambio y la complementariedad.

El solo fortalecimiento y desarrollo de la economía y la producción nacional no es suficiente, e inclusive puede ser contraproducente (para consolidarse como pro-capitalista y explotador de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo), sino parte desde su inicio impulsando y construyendo iniciativas armónicas con la naturaleza y relaciones sociales comunitarias para Vivir Bien.

Plan estratégico de desarrollo para el TIPNIS. 
Como resultado de la intención y mandato presidencial para erradicar la pobreza en el TIPNIS, se ha divulgado el compromiso del Ministerio de la Presidencia que ha anunciado la elaboración y presentación en las próximas 2 o 3 semanas, de una estrategia de desarrollo para esa región.

Tomando en cuenta los antecedentes y profundas implicaciones que ha conllevado el conflicto del TIPNIS en lo que corresponde al cumplimiento y aplicación de los derechos de consulta y participación, que han derivado en una fuerte interpelación nacional e internacional sobre el accionar gubernamental e, inclusive, sobre su abierta contradicción respecto de los postulados para construir un paradigma alternativo al desarrollismo extractivista del capitalismo salvaje y que ha tenido como colofón la violenta represión sufrida por los pueblos indígenas que efectuaban la VIII Marcha en defensa de dicho territorio indígena y Parque Nacional; resulta ciertamente sustancial y estratégico precisar la verdadera y última intencionalidad que se encuentra detrás de la Estrategia de desarrollo mencionada.

Salvo que se arriesgue un grave nuevo atropello y se esté dispuesto a asumir las consecuencias de una previsible reacción social de proporciones en contra de esta iniciativa, sería conveniente que la estrategia de desarrollo sea elaborada y consensuada con las propias organizaciones indígenas de dicho territorio indígena y parque nacional, para dar cumplimiento y aplicación plena a su derecho a decidir y participar en cualquier tipo de iniciativa, proyecto o actividad que pueda afectarles, según se reconoce constitucionalmente y en otras normas del ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Debe tomarse en cuenta que diseñar propuestas que no respondan al interés indígena, pero sobre todo anulen la posibilidad de generar iniciativas que afecten su modo de vida y terminen asimilándolos a una lógica contracultural e identitaria, que vayan en contra de su derecho a la autodeterminación y que no tome en cuenta su derecho a decidir sobre el tipo de desarrollo acorde a su cultura e identidad, podría implicar una intencionalidad para asimilarlos a un tipo de sociedad y un tipo de desarrollo ajeno que implique su desaparición como pueblos. Aunado a ello, se encuentra el deber y la obligación constitucional del gobierno, de efectuar acciones conducentes a construir la interculturalidad, el respeto a la diversidad y diferencia y la consolidación del Estado Plurinacional.

Adicionalmente, un proceso consensuado, de buena fe y que obtenga el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas del TIPNIS, puede redundar en el restablecimiento de aquellas buenas, transparentes y constructivas relaciones, que pueden contribuir a recuperar uno de los aliados estratégicos del bloque social del proceso de cambio.

Recomposición del Pacto de Unidad y el bloque social hegemónico. 
Una de las debilidades y deficiencias más notables del proceso de transformación en curso, es la ruptura del Pacto de Unidad y el alejamiento de dos sectores sociales estratégicos, que constituyen el proletariado y los obreros representados en la COB y la FSTMB, así como los pueblos indígenas agrupados en CONAMAQ y la CIDOB.

Aunado a ello, no puede dejar de mencionarse la penosa y sistemática desideologización de los sectores, movimientos y organizaciones sociales (principalmente llamados a constituirse en vanguardia), que han optado por privilegiar las demandas inmediatistas, las movilizaciones coyunturales y reivindicacionistas de fuerte contenido corporativista y la elevada agresividad y violencia ejercida en sus movilizaciones. También resalta la ausencia de una visión nacional, de una dirección política que oriente el proceso que, a su turno, tampoco ha sido ejercida (o cubierta) por el MAS, que se supone constituye el instrumento político de los movimientos y sectores sociales del país.

En razón de ello y con el objeto de revertir esta perniciosa y contraproducente situación que afecta, debilita y otorga una cualidad conservadora y hasta reaccionaria a la composición y orientación del bloque social hegemónico (y por tanto a las perspectivas del proceso de cambio), el gobierno debería efectuar todos los esfuerzos necesarios, sin desmayar, para convocar, reunirse y restablecer la relación rota y distante que actualmente existe con las principales organizaciones matrices de los pueblos indígenas (CONAMAQ y CIDOB), así como del proletariado y los obreros (COB y FSTMB), en la perspectiva de rearticular el Pacto de Unidad y otorgar el lugar protagónico que les corresponde en este proceso de cambio y transformación, y que debe constituir el referente social y político del mismo.

Una dirección política no acorde el proceso de transformación y cambio demandada por los sectores populares, no es revolucionaria y mucho menos contribuirá a la construcción del socialismo comunitario para Vivir Bien en armonía con la naturaleza.

Lucha contra la impunidad. 
El avance y facilitación de las investigaciones judiciales para esclarecer e identificar a los culpables de la represión y brutal agresión contra los pueblos indígenas del TIPNIS que defendían sus derechos constitucionalmente reconocidos; constituye un asunto de fundamental gravitación, tanto en lo que se refiere a la responsabilidad y la obligación gubernamental de evidenciar una forma transparente y ética de ejercer funciones y hacer política, como por la imperiosa necesidad de coadyuvar a una administración de justicia ágil y oportuna.

A partir de los violentos hechos sufridos por los marchistas de la VIII Marcha Nacional de los pueblos indígenas, y posteriormente con la incomprensible y lamentable declaración vicepresidencial de que las autoridades de gobierno conocían a los culpables pero negándose a denunciarlos como es su obligación; se ha provocado una sensación pública que percibe que el gobierno no es transparente, oculta información y no cumple con su responsabilidad para ayudar a esclarecer los hechos. Adicionalmente, también se ha tomado la determinación de nombrar embajador ante la ONU, al exministro de Gobierno; con lo cual se ha alimentado el criterio que aunado a lo anterior, muestra a un gobierno que premia y eventualmente protege a una autoridad sobre la que pesan sospechas sobre su responsabilidad en tan graves hechos de Chaparina.

Esta situación permite afirmar que no es posible hablar de lucha por la transparencia y contra la corrupción (en este caso ética y política, puesto que la corrupción no es exclusivamente económica), que no implique la lucha contra la impunidad. Por esta razón, en correlación y consecuencia a la lucha contra la corrupción y por la transparencia que ha emprendido el gobierno del Estado Plurinacional, es imperioso que ésta se haga extensiva a la lucha contra la impunidad, retirando de sus funciones al Embajador ante las Naciones Unidas, Sr. Sacha Llorenti, de modo que pueda otorgarse y favorecer las condiciones más deseables para una administración de justicia que esté libre de toda duda o sospecha de influencia, lo que permitirá desvirtuar aquella percepción ciudadana sobre el supuesto premio y/o protección que el Gobierno ejercería en favor de ese ciudadano.

Alternabilidad en cargos electivos. 
El cumplimiento de la mitad del periodo de ejercicio gubernamental ha evidenciado “compromisos políticos” al interior del partido oficialista, que han constituido la base para que candidatos suplentes demanden un supuesto derecho de alternabilidad en la ocupación de los cargos electivos.

En vista de la insistencia y riesgo de generalización que actualmente se está produciendo en algunas alcaldías y otros organismos electivos de autoridades, en lo que representa una flagrante maniobra y una alevosa distorsión de aquel sano principio democrático que ha caracterizado a nuestras organizaciones originarias y comunitarias, donde acostumbra a una rotación y paulatino ascenso de cargos para el SERVICIO NO REMUNERADO a la comunidad, pero que en este caso expresa una descarada y subalterna intención de beneficiarse personalmente de una especie de “pasanaku”, que además tendrá previsiblemente el efecto de retrasar, perjudicar y, eventualmente, mal utilizar los cargos de autoridad en beneficio de particulares; se hace indispensable instruir la prohibición expresa para la realización de este tipo de “compromisos políticos”, para reafirmar en cambio el derecho popular y democrático de revocatoria que sí efectivamente puede ser una herramienta para alejar de sus cargos a aquellas autoridades que no cumplan, sean corruptos o hagan mal uso de su condición de servidores públicos.

El pueblo elige autoridades para que cumplan un servicio público y no para que utilicen los cargos en un pasanaku en su beneficio. Por lo demás, dar curso y ser permisibles con esta pretensión perniciosa, solo se habrá contribuido a establecer un funesto precedente a las prácticas democráticas más elementales, a la propia institucionalidad y el concepto de servicio público y a la efectividad en la gestión pública, que quedará embargada y distorsionada por claros intereses subalternos.

Arturo D. Villanueva Imaña. Sociólogo boliviano. Cochabamba.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=163521

 

 

Los gobiernos progresistas de Sudamérica han privilegiado al sistema global de agronegocios por sobre la soberanía alimentaria. Prueba ésta que garantizaron el desarrollo del capitalismo dependiente de imperialismos sin importarles las graves consecuencias sociales y ambientales. Han promovido y subsidiado al extractivismo que se despliega:

 

 

Hacia el exterminio del campesinado

2 de octubre de 2014

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

El ex ministro de Gobierno y actual candidato a primer senador por Santa Cruz, Carlos Romero, ya anunció el desplazamiento político del campesinado y los sectores populares del bloque hegemónico de poder, para conformar un “nuevo liderazgo político nacional”, en base a sectores empresariales tradicionalmente conservadores, que en el pasado se opusieron al gobierno y el proceso (Ver periódico La Razón de 15 de agosto).

Este artículo abordará lo que hace años se va perfilando en el plano económico y productivo con el sector agropecuario del Oriente (pero que afectará al campesinado), y cuyo proyecto está siendo ampliamente difundido por el vicepresidente Alvaro García Linera, especialmente en reuniones sostenidas con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y los sectores empresariales. (Ver y escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=9oWtM6arFWk&feature=youtu.be)

Entre las expresiones más perversas del extractivismo y la explotación salvaje de los recursos naturales (en este caso la tierra), puede identificarse al sector agropecuario industrial de monocultivos extensivos y la ganadería. La afirmación se sustenta, porque este tipo de actividad al mismo tiempo de hacer desaparecer grandes extensiones de bosques y biodiversidad, e introducir monocultivos extensivos generalmente transgénicos que atentan contra el medio ambiente y la vida, también promueven la concentración de tierras en pocas manos de latifundistas y esquilman el suelo hasta su desertificación, como resultado de los paquetes agroquímicos utilizados y la desesperación por incrementar los rendimientos y la productividad.

En vista de la crisis alimentaria mundial, los desastres naturales y la falta de seguridad alimentaria que sufrimos diversos países, resulta cuando menos una curiosa ironía (y una inconcebible alternativa) que, atendiendo los intereses del capitalismo financiero internacional, se continúe impulsando este modelo agroindustrial, que además tiene la perversa virtud de forzar la desaparición del campesinado, como resultado del acaparamiento de tierras y la imposibilidad de competir contra el gran capital y los terratenientes. Mucho peor, sabiendo que el propósito no es otro que seguir especulando con los commodities, para incrementar lo más posible las ganancias de unas pocas empresas transnacionales y propietarios agroindustriales, mientras una gran parte de la población del mundo (y del propio país) se muere de hambre, desnutrición y pobreza. Es decir, se prefiere producir para el mercado internacional y las grandes empresas y no productos para alimentarse.

Como si aquello no fuese suficiente y dada la creciente necesidad de expansión del capital que se requiere para incrementar las ganancias, éste ha encontrado el mecanismo del acaparamiento y compra de tierras a nivel global, que en el caso de Bolivia se expresa por medio de la extranjerización de tierras. Este fenómeno ha permitido el establecimiento de grandes extensiones en manos de extranjeros, lo cual también ha afectado a las comunidades campesinas e indígenas asentadas en estos lugares, forzándolos a la migración o a convertirse en peones, generalmente en condición de servidumbre y semiesclavitud de los grandes latifundios.

No es lo mismo buscar la autosuficiencia en la producción de alimentos para garantizar seguridad y soberanía alimentarias (sobre la base de la producción comunitaria, asociativa y ecológica), que establecer un modelo agropecuario de exportación para el mercado internacional. En el segundo caso, de un modelo de agricultura industrial que no está orientado a abastecer la canasta familiar ni cubrir la necesidad de alimentos del pueblo, los campesinos están demás, salvo para convertirse en campesinos sin tierra o migrantes masivos a los centros urbanos, donde finalmente terminan estableciendo barrios marginales extremadamente pobres, que disputan salarios bajos y/o empleos precarios, temporales e inseguros, tal como se establece del incesante crecimiento caótico de las ciudades que se ha agudizado en los últimos años. Es decir, se trata de un modelo que por favorecer grandes emprendimientos agroindustriales, anula todas las posibilidades de competencia y subsistencia del campesinado frente al capital agropecuario, y tiende a hacerlo desaparecer y provocar su exterminio, en una especie de genocidio.

Ahora bien, cuando el vicepresidente del Estado Plurinacional (al margen de haber propiciado la aprobación de normas que ya legalizaron quemas y desmontes ilegales de millones de hectáreas de bosques, la concesión de millonarios créditos, la flexibilización y ofrecimiento de nuevas facilidades y normativas y el compromiso de seguir otorgando mayores incentivos, garantías y seguridad para la inversión de capitales), plantea y desafía “ampliar la superficie cultivada y expandir la frontera agrícola en un millón de hectáreas por año”, porque “producir alimentos para el mercado internacional es producir oro”, y que por tanto de lo que se trata es de “exportar 6.000 millones de dólares” para expandir el ritmo de crecimiento de la economía, es imposible imaginarse que esté pensando en cubrir las necesidades de alimentación del pueblo, o atender los problemas de hambre, desnutrición y pobreza de los sectores populares, o siquiera promover la agricultura comunitaria campesina, asociativa y ecológica. Pero lo más grave, es que en realidad está insinuando la desaparición y exterminio del campesinado, bajo el argumento eufemístico de potenciar el país y desarrollar el sector agropecuario. ¿O queda alguna duda? Porque teniendo como horizonte la incorporación y ampliación de un millón de hectáreas anuales a la producción agrícola, no parece tener sentido que se esté pensando en cultivar lechugas, locotos o rábanos… ¿O cómo se explica entonces que se criminalice, persiga y penalice los avasallamientos campesinos por falta de tierra para producir alimentos que demanda la población y al mismo tiempo se otorguen todos los medios y condiciones para ampliar la frontera agrícola y entregar más tierras a los empresarios latifundistas agroindustriales?
Arturo D. Villanueva Imaña es Sociólogo, boliviano.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=190276

 

El plan de "implantar tecnología transgénica anula la capacidad y la libertad de sembrar y producir alimentos propios y adecuados. Lleva a depender de la compra obligada de semillas ajenas, que han sido privatizadas por corporaciones transnacionales".

 

En otras palabras, "el afán de concretar buenos agronegocios e incrementar mayores ingresos económicos, no reparan siquiera en el hecho de que este encaprichamiento por incorporar transgénicos en la producción de alimentos, los convierte en dependientes y sometidos a la provisión de semillas, la arbitrariedad del mercado y los costos que impone la tecnología transgénica. Pero además, contribuyen a la pérdida de libertad, la soberanía y la capacidad autónoma del país para producir alimentos propios, diversos y descontaminados".

 

 

Cumbre nacional agropecuaria

Sembrando Bolivia
11 de febrero de 2015

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

No todo lo que parece, en verdad lo es. Por ejemplo, últimos datos de la producción agropecuaria del país, dan cuenta que Santa Cruz se ha convertido en el principal productor de alimentos que concentra el 70% de la producción nacional. Por la cantidad, el volumen y la extensión de tierras utilizadas para la producción, podría asumirse la sensación y el criterio de que se habría resuelto prácticamente el problema de la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, lo que esas cifras ocultan, es que de ese gran total de alimentos producidos, la mayor cantidad constituyen productos de exportación como la soya, el azúcar, el aceite y la carne que se producen en grandes extensiones de tierra y con tecnología transgénica, cuyo destino principal es el mercado internacional. Por tanto, una cosa es la cantidad total de productos alimenticios que produce Bolivia, y otra cosa muy diferente es la cantidad, diversidad y los requerimientos que cubren el consumo y la canasta familiar de los bolivianos. En este último aspecto, Bolivia ha incrementado su dependencia de la importación de los alimentos que requiere para cubrir sus necesidades de alimentación. Es decir, tenemos cada vez menos seguridad alimentaria.

Tomando en cuenta esas diferencias que suelen ser inducidas por el manejo de la información, este artículo busca advertir del riesgo inminente de aprobar una medida antinacional, que bajo el loable argumento de mejorar la producción nacional de alimentos, el crecimiento económico y la seguridad alimentaria, sea precisamente todo lo contrario, hasta el punto de constituir una especie de traición a la patria.

En primera instancia, con la idea de que la Cumbre de referencia debe tener un carácter exclusivamente técnico y económico (supuestamente descontaminado de intereses políticos), el empresariado agroindustrial cruceño sostiene que la única manera de lograr el incremento de los rendimientos y la productividad agropecuaria, para contribuir al crecimiento económico nacional y mejorar la seguridad alimentaria del país, pasa indispensablemente por incorporar la tecnología de los transgénicos. Ello oculta deliberadamente el hecho de que si fuese cierto, entonces ya hace varios años se debía haber logrado mejores rendimientos y resultados en la producción de soya (que respecto de los demás productos alimenticios que se cultivan, constituye el principal producto de exportación y siembra en grandes extensiones de terreno), porque se trata de un cultivo extensivo que en su generalidad es sembrado con semilla transgénica y sin embargo no ha logrado alcanzar los estándares de rendimiento y productividad de otros países que tienen esa tecnología.

En realidad, lo que ha sucedido es que la agroindustria ha logrado insertarse en los flujos financieros internacionales de comercialización de commodities, y lo que pretende ahora es que esta inserción que le ha permitido disfrutar de grandes ingresos extraordinarios mientras el precio de los productos se mantuvo alto, ahora (tras la decisión largamente acariciada y presionada frente al gobierno), se logre generalizar para utilizar transgénicos en otros productos y cultivos extensivos que son demandados por el mercado internacional. La seguridad alimentaria y el mejoramiento de los rendimientos y la productividad, son solamente un señuelo artificioso para convencer; la clave es imponer, garantizar y ampliar la visión empresarial de los agronegocios, inclusive como modelo de desarrollo y producción agropecuaria.

Desde el gobierno, empecinados por incrementar el crecimiento económico de los últimos años y preocupados por sustituir la baja de los precios internacionales de los hidrocarburos que mermarán los ingresos recibidos por su exportación; están equivocadamente convencidos que la única manera de lograr este propósito es sobre la base del impulso e incentivo a la gran agroindustria terrateniente de una muy reducida cantidad de empresarios, pero que concentran grandes extensiones de tierra. Bajo el criterio equivocado de que únicamente los que cuentan con grandes emprendimientos agroindustriales serían capaces de encarar satisfactoriamente el despropósito de ampliar la frontera agrícola en un millón de hectáreas anuales que ha sido planteado como desafío por el vicepresidente Alvaro García Linera; lo que se ha venido haciendo hace varios años, es otorgar las más increíbles y hasta ilegales concesiones e incentivos (como la de legalizar la quema y desmonte de grandes extensiones de bosques y biodiversidad), a título de generar condiciones favorables para la producción, el crecimiento económico y el potenciamiento nacional.

Al margen de que este tipo de razonamiento no solamente desalienta y castiga a los sistemas de producción ecológica, familiar y comunitaria campesina que concentran a la mayor cantidad de población productiva, sino que también promueve el desmonte, la quema y pérdida de grandes extensiones de bosques y biodiversidad; en realidad no solo decreta en la práctica la desaparición de este tipo de sistemas de producción agropecuaria que efectivamente contribuyen al abastecimiento de la canasta familiar, la seguridad y la soberanía alimentarias del país; sino que realmente suponen el exterminio del campesinado (una especie etnocidio planificado y concertado), puesto que imposibilitados de convertirse masivamente en mano de obra de las grandes empresas agroindustriales a las que apoya incondicionalmente el gobierno (porque la nueva tecnología agroindustrial requiere cada vez menos mano de obra), terminarán engrosando los cinturones peri y semiurbanos de las ciudades, sometidos e incrementando las condiciones de miseria y pobreza que han sufrido por siglos.

No es un dato menor que una de las principales artífices de la búsqueda de concertación y acuerdos con los empresarios agroindustriales para alcanzar semejantes “logros”, es nada menos que la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, antigua dirigente nacional de las mujeres campesinas de la Confederación Bartolina Sisa.

Pero lo peor de esta estrategia no es ni siquiera aquello, sino más bien su carácter antinacional y neocolonial. Todos sabemos que quien controla las semillas, controla la alimentación. Este atributo (incluido el conocimiento, las prácticas, el almacenamiento y la diversidad de cultivos, plantas y semillas), ha sido conservado ancestralmente por el campesinado en los diversos lugares y comunidades del mundo, como un bien colectivo de la humanidad. Sin embargo, con el avance de la tecnología transgénica, se ha ido produciendo un fenómeno singular por el cual se pretende concentrar y privatizar el control de las semillas en manos privadas de grandes empresas transnacionales. Es decir, no solo se pretende usurpar aquel bien colectivo que pertenece a toda la humanidad, para enajenarlo en pocas manos privadas, sino que además se busca concentrar y monopolizar el control de las semillas, para convertirlo en un negocio particular de grandes intereses transnacionales. De esa forma, al concentrar y privatizar el control sobre las semillas, se tiende a adueñarse del derecho a la alimentación de las personas y la sociedad. Equivale a convertir el derecho a la alimentación en una propiedad privada, particular. De esa forma inclusive, en la medida en que la producción de alimentos transgénicos se generalice, ya no habrá necesidad siquiera de comprar y concentrar tierras, porque al haberse asegurado del control y la provisión de las semillas transgénicas en el mercado, también se habrá asegurado el control de la producción, en vista del desplazamiento de las otras semillas y la consolidación de la dependencia de las semillas transgénicas introducidas.

Desde esa perspectiva, no es posible imaginar mayor envilecimiento, incapacidad y sometimiento que embarga a aquella clase empresarial de la agroindustria (que supuestamente estaba llamada a emprender el compromiso patriótico para encarar el crecimiento y desarrollo productivo agropecuario del país), así como de algunas autoridades nacionales, que no tienen mejor idea que tratar de embargar y enajenar dicha responsabilidad, nada menos que cediendo la potestad de controlar y administrar soberanamente la producción de alimentos de la nación. Parecería que en el afán de concretar buenos agronegocios e incrementar mayores ingresos económicos, no repararan siquiera que este encaprichamiento por incorporar tecnología transgénica en la producción de alimentos, no solamente los convierte en dependientes y sometidos a la provisión de semillas, la arbitrariedad del mercado y los costos que impone la tecnología transgénica, sino que contribuyen a la pérdida de libertad, la soberanía y la capacidad autónoma del país para producir alimentos propios, diversos y descontaminados. Tal es la estrechez de sus intereses, que no se percatan siquiera que al enajenar su iniciativa para encarar la responsabilidad elemental de producir con sus propios medios, terminan embargando y sometiendo la soberanía nacional en un acto de la más evidente colonialidad mental y antipatriotismo, que nos convertiría en dependientes de la cadena de agronegocios de las transnacionales. No se comprende que al pretender implantar tecnología transgénica, se anula la capacidad y la libertad de sembrar y producir alimentos propios y adecuados, para adquirir y depender de la compra obligada de semillas ajenas, que han sido privatizadas por corporaciones transnacionales.

Literalmente es como si una voluntad superior se hubiese apoderado de sus seres, obligándolos a entregar su alma al diablo, o lo que viene a ser lo mismo, sostener una propuesta tan contraproducente como antinacional, como lo es la de utilizar transgénicos en la producción agropecuaria.

Menos mal que estamos a tiempo.

 Arturo D. Villanueva Imaña es Sociólogo, boliviano. Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195335

----

 

Cumbre agropecuaria anticonstitucional, regresiva y restauradora

 

2 de mayo de 2015

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

 

Al mismo tiempo de finalizar el día Mundial de la Madre Tierra, también concluía en la ciudad de Santa Cruz (con las palabras de clausura del Vicepresidente García Linera), la Cumbre Nacional Agropecuaria. Luego de las sucesivas postergaciones que tuvo para realizarse, y muy a pesar de la importancia estratégica para el desarrollo y el futuro nacional de los temas abordados, éstos no solo fueron tratados a puertas cerradas (como ocultando un tema vital para todos), sino que extrañamente también pasaron a segundo plano, porque noticiosamente fueron abordados con un bajo perfil.

Sorpresa fue la primera reacción que despertó en la ciudadanía, al conocerse que tras un inusitado e intenso despliegue de presiones y declaraciones oficiales a favor de la introducción de transgénicos en la producción agrícola, se haya decidido finalmente postergar su tratamiento. Es decir, sólo se establecía una pausa momentánea para continuar con la gran campaña emprendida por los empresarios agroindustriales del Oriente.

En consideración a la trascendencia de los acuerdos alcanzados, el presente trabajo busca destacar y ahondar algunos de sus aspectos medulares, cuyo tratamiento parece también haber pasado desapercibido.

 

1. La Cumbre como mecanismo de sometimiento a los intereses agroempresariales y la restauración oligárquica

La Cumbre Agropecuaria no constituye un hecho puntual y aislado. Es el resultado de un largo proceso de negociaciones, concesiones e incentivos, que el gobierno nacional y los empresarios agroindustriales del Oriente concretaron desde hace varios años. No es desconocido que paulatinamente dichas tratativas se fueron traduciendo en diversas leyes, disposiciones y medidas que los favorecieron expresa y preferencialmente (inclusive llegando al extremo de legalizar lo ilegal, o penalizar y criminalizar derechos de expresión, manifestación y protesta), pero que además tiene la pretensión de otorgar un carácter de mandato a los “acuerdos” alcanzados, en la perspectiva de legitimar y llevar adelante la denominada Agenda (anti) Patriótica al 2025, que se distingue por su carácter desarrollista y extractivista. Por tanto, solo viene a ser un capítulo más de una serie de “cumbres” previstas para perfilar el accionar gubernamental en el próximo quinquenio.

Conocidas las conclusiones del evento, la opinión pública llegó a la certeza y pudo constatar dos hechos sorprendentes. Primero, que el gobierno se había dado a la tarea de organizar y llevar adelante semejante acontecimiento, nada menos que con el criterio de efectuar una modificación constitucional y normativa de facto (¡ilegal!), al margen del Congreso Plurinacional, para aprobar la introducción de transgénicos en la producción agrícola (hecho que es prohibido expresamente por la Constitución Política del Estado y varias leyes en vigencia, que se aprobaron en la perspectiva de construir un paradigma alternativo de desarrollo, basado en una relación armoniosa con la naturaleza). Segundo, que toda la Cumbre había sido ideada para ponerse al servicio y formalizar todas las medidas posibles e imaginables, en favor de los intereses de la oligarquía agroempresarial.

Bajo el argumento falaz de la urgente necesidad de incrementar la productividad agropecuaria, ampliar la frontera agrícola y elevar sustancialmente los índices del crecimiento económico para un supuesto beneficio del país, y sabiendo que ello podía ayudar a convencer a una población escéptica y reticente a los transgénicos, el gobierno se esmeró y se ufana de haber alcanzado acuerdos y las grandes concesiones que se otorgaron en ese nombre del crecimiento económico, pero que efectivamente favorecen un sector específico y minoritario.

En realidad, lo único que verdaderamente se buscaba, era incrementar el lucro, la ganancia y el excedente para una oligarquía agroempresarial cipaya (que a su turno no tiene ni se le ocurre mejor iniciativa que defender y someterse a los intereses de transnacionales de transgénicos, que al margen de ampliar sus exorbitantes beneficios y su red de influencia, intentan adueñarse del sistema productivo y las tierras del país).

Al efecto, se tiene el mayor cuidado para omitir y evitar cualquier referencia a que dichos acuerdos solo beneficiarán a ese pequeño grupo dominante, pero cuyo correlato se traducirá en los enormes daños y efectos socio ambientales, pérdida de bosques y biodiversidad, acaparamiento de tierras en pocas manos, pérdida de soberanía nacional y alimentaria, e inclusive exterminio del campesinado.

La sociedad sabe que los empresarios agroindustriales han salido con su gusto. Sin embargo, lo que no parece percibirse con la misma claridad, es que no sólo han logrado enormes ventajas, beneficios y concesiones económicas; sino que han logrado imponer su voluntad y el modelo de desarrollo agropecuario antinacional y contraecológico. Es decir, que detentando aquel poder económico tradicional que caracterizó su dominio, ahora el gobierno decide devolverle el poder político perdido, que se supone había sido derrotado material e ideológicamente el año 2008. Aquella oligarquía terrateniente, reaccionaria e incapaz de desarrollar su sector por sus propios medios e iniciativa, vuelve nuevamente a adquirir un protagonismo inmerecido, nada menos que con la ayuda (cuando no), de aquel Estado nacional que quiso despedazar.

No estaban en juego únicamente la concesión de unas pocas granjerías; el gobierno y los empresarios agroindustriales habían apostado a sellar una alianza para redefinir el modelo de desarrollo agropecuario (casi con el mismo formato que se hizo con cooperativistas y empresarios mineros para aprobar la ley minera, entreguista y antinacional).

 

2. Implicaciones en el modelo de desarrollo agropecuario nacional

Las implicaciones de aquella situación no son menores, porque insensiblemente han llevado el debate a un lugar totalmente insólito. Sucede que el modelo de producción biotecnológica alternativa (o agroecológica social comunitaria), que efectivamente garantizarían la seguridad y la soberanía alimentaria y nacional, han quedado totalmente relegados y prácticamente descartados, para destinar toda la atención y el esfuerzo estatal, en el modelo de expansión extensiva de la frontera agropecuaria y el incremento de la productividad y los rendimientos a toda costa, cuyo principal beneficiario, impulsor y defensor, es el sector agroindustrial del Oriente (que no descansará por imponer la ingeniería genética y la introducción de transgénicos).

Se trata de un panorama sombrío, porque estamos hablando de cientos de miles y millones de hectáreas anuales de tierras, bosques y biodiversidad que serán quemadas y chaqueadas, para destinarlas a la siembra de monocultivos extensivos, solo para alardear que los índices de crecimiento económico han mejorado, o se ha diversificado la exportación de productos; mientras el país seguirá importando los alimentos de consumo cotidiano y popular, y se habrá cerrado toda posibilidad de construir y desarrollar un modelo alternativo de desarrollo biotecnológico en armonía con la Madre Tierra. No otra cosa demuestra por ejemplo la decisión de ampliar la superficie objeto de desmonte de 5 a 20 Ha., la ampliación de plazo para la verificación de la FES (que está amarrada a la obligación de invertir y realizar obras), o la de extender por 18 meses adicionales la ley 337 que legaliza y otorga un perdonazo a la ilegal quema y chaqueo de bosques y biodiversidad, cuyo plazo ya había concluido a inicios del presente año.

Aún más, estas conclusiones acordadas a instancias del gobierno y la presión agroempresarial, echan por tierra los preceptos y conquistas establecidos en la ley de derechos de la Madre Tierra, así como a todos los derechos y garantías constitucionales sostenidos con relación al medio ambiente y al paradigma del Vivir Bien en armonía con la naturaleza. Se anteponen los agronegocios y el beneficio económico para un sector tradicionalmente antinacional, al mismo tiempo que se desprecia y desecha todo el esfuerzo y contribución históricas de selección, mejoramiento y resguardo de la variedad de alimentos y semillas que los productores campesinos e indígenas han aportado a la mesa y los hogares del país y el mundo.

 

Quienes verdaderamente comparten su producción, alimentan a la población y luchan contra el hambre y la pobreza ofreciendo el fruto de su esfuerzo (hasta el punto de subvencionar y vender por debajo de su costo y trabajo invertidos), son tratados como sujetos indeseables, que primero deben demostrar que su producción es mejor que la transgénica, siendo que ésta última no solo es resultado de la manipulación genética de diferentes especies que alteran su naturaleza, sino que forman parte de una cadena de agrotóxicos, probadamente nocivos para la salud y la vida. Y por si esto no fuese suficiente, la Cumbre hizo caso omiso y no realizó la más mínima referencia a los pronunciamientos públicos de la CSUTCB, la Conamaq orgánica y de otras importantes organizaciones sociales e instituciones que se pronunciaron en contra y plantearon alternativas.

 

3. La persistencia colonial y otras aristas no menos importantes

La pretensión de imponer a espaldas de la Constitución, de la normativa y el pueblo, la introducción de transgénicos en la producción agrícola del país, contiene además un sustrato y una carga colonial. Sucede que tal criterio responde a una idea impuesta, inoculada sutil o expresamente en la mente y la actitud del sometido, por la cual éste piensa y termina sosteniendo los argumentos del referente o el patrón colonial.

De esa manera se instala el convencimiento que todo lo que proviene de aquel patrón colonial, en este caso la tecnología de la ingeniería genética de los transgénicos, es la mejor y la única forma de resolver los problemas de rendimiento y productividad, pero que además contrae supuestos beneficios para el sujeto colonizado que defiende y sostiene dichos argumentos. Por eso mismo, sometido y enajenado como está, no tiene y/o pierde toda capacidad y voluntad para generar alguna iniciativa que no responda a su dependencia del patrón colonial. Esta es la razón por la que desprecian y desechan toda otra alternativa que no provenga de su mandante y referente, pero principalmente si surge de aquel álter ego al que excluye, discrimina y odia, generalmente personificado en los indígenas, campesinos y sectores populares que permanentemente le interpelan.

 

No es casual entonces que ni siquiera exista la más mínima predisposición para escuchar y debatir otros modelos tecnológicos. Sobre todo y especialmente, el de la biotecnología alternativa y agroecológica, que efectivamente constituye el mejor modelo para garantizar seguridad y soberanía alimentaria y nacional.

Al respecto, es oportuno mencionar aquella infortunada idea por la cual, dada la encrucijada planteada por el gobierno y los empresarios agroindustriales para introducir transgénicos, se plantee que la opción sería “desarrollar una ingeniería genética propia en función de los intereses nacionales”. Es decir, que la manipulación genética que provoca la mutación de organismos y que genera toda la discusión acerca de los daños y males que contrae, sólo serían malos si están en otras manos, pero NO si lo hace el país (¿?!!). Es por decir menos, una curiosa forma de ver las cosas, porque equivaldría a sostener por ejemplo, que si roban o destruyen otros es malo, pero si lo hacemos nosotros, no.

Bajo esta misma lógica de razonamiento, habría que concluir (contra el más elemental sentido común) que la energía atómica y el desarrollo de centrales atómicas que postula desarrollar el gobierno, no contraerán todos los gravísimos y nefastos efectos causados y conocidos en otros países (por lo demás alta y tecnológicamente muy desarrollados), porque sencillamente lo haríamos en nuestro territorio y bajo nuestros intereses (¿?). La respuesta es rotunda y no amerita mayores comentarios.

Finalmente, dado que la idea de introducir transgénicos no ha sido desechada como corresponde, sino que ha sido postergada sin fecha, ello contribuye a que puedan desencadenarse (sin ningún control) diverso tipo de iniciativas (como la de introducir transgénicos en forma regionalizada, de acuerdo a lo dicho por la propia Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, que ha venido jugando el más vil de los roles). Sin embargo, dado que se trata de una decisión ya establecida en la Constitución y normada en diversas leyes y otras disposiciones vigentes, debe quedar claro que cualquier iniciativa en contrario de lo dispuesto, es totalmente ilegal e inconstitucional.

Es más, dado que introducir transgénicos supone embargar y enajenar el control de las semillas y la responsabilidad de realizar, controlar y administrar la producción de alimentos de la nación, para ceder esta potestad en favor de intereses transnacionales; entonces no sólo se estaría perdiendo la capacidad soberana para garantizar el derecho a la alimentación del pueblo, sino la propia soberanía nacional. Es decir y como ya fue señalado en otro trabajo [1], se trataría de un acto de traición a la Patria, puesto que en el afán de concretar buenos agronegocios e incrementar mayores ingresos económicos, no reparan siquiera en el hecho de que este encaprichamiento por incorporar transgénicos en la producción de alimentos, los convierte en dependientes y sometidos a la provisión de semillas, la arbitrariedad del mercado y los costos que impone la tecnología transgénica. Pero además, contribuyen a la pérdida de libertad, la soberanía y la capacidad autónoma del país para producir alimentos propios, diversos y descontaminados.

Tanta es la estrechez de sus intereses, que no se percatan siquiera que al enajenar su iniciativa de encarar la elemental responsabilidad de producir con sus propios medios (me refiero a esa oligarquía agroindustrial), terminan embargando y sometiendo la soberanía nacional en un acto de la más evidente colonialidad mental y antipatriotismo, que nos convertiría como país en dependientes de la cadena de agronegocios de las transnacionales.

En esa perspectiva, la única transformación agraria posible que debe ser resistida, dados los términos acordados en la denominada Cumbre Agropecuaria (que ha sido utilizada y manipulada para usurpar y desvirtuar la participación social, así como la decisión popular y nacional que ya se adoptó al aprobar la nueva Constitución vigente); es la de devolver y restaurar los privilegios y el poder político a aquella oligarquía agroempresarial y terrateniente, que termina imponiendo sus intereses antinacionales y vuelve a doblegar a un gobierno cegado y obcecado por la quimera del desarrollismo extractivista. 

Nota: 

[1] Ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195335&titular=sembrando-bolivia- 

Arturo D. Villanueva Imaña. Sociólogo, Cochabamba (Bolivia).

Fuente: www.rebelion.org/noticia.php?id=198354

 

En consecuencia, urge reconocer que el período posneoliberal no se debió a los gobiernos progresistas sino a las luchas e insurrecciones populares. "Tal fue la envergadura y potencia social de los acontecimientos de rebelión e insurgencia que sentaron los cimientos y abrieron las compuertas para que dicho proyecto nacional fermentado en el seno de las masas populares; que éste se tradujo primero en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente y, luego, en la aprobación y refrendación por medio del referéndum nacional ratificatorio de la nueva Constitución Política del Estado, en la que (a pesar de las modificaciones efectuadas en un Parlamento que todavía cobijaba los resabios conservadores y reaccionarios que se encontraban en retirada y derrotados), se perfilan las líneas maestras que deben orientar aquella condición de posibilidad abierta por el pueblo".

 

Condiciones de posibilidad para el proceso de cambio y transformación

4 de octubre de 2013

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

Las condiciones de posibilidad para que el proceso de cambio y transformación pueda transitar desde el modelo neoliberal protocapitalista de mercado y el Estado republicano monocultural y excluyente, hacia la construcción del socialismo comunitario para Vivir Bien en armonía con la naturaleza y el nuevo Estado plurinacional; fueron abiertas por las luchas populares y las revueltas nacionales que se dieron con las denominadas guerras por el gas y el agua a inicios del nuevo siglo. Tal fue la envergadura y potencia social de dichos acontecimientos de rebelión e insurgencia que sentaron los cimientos y abrieron las compuertas para que dicho proyecto nacional fermentado en el seno de las masas populares; que éste se tradujo primero en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente y, luego, en la aprobación y refrendación por medio del referéndum nacional ratificatorio de la nueva Constitución Política del Estado, en la que (a pesar de las modificaciones efectuadas en un Parlamento que todavía cobijaba los resabios conservadores y reaccionarios que se encontraban en retirada y derrotados), se perfilan las líneas maestras que deben orientar aquella condición de posibilidad abierta por el pueblo.

Habida cuenta de las medidas y decisiones gubernamentales que se vienen ejercitando (algunas de las cuáles analizaremos para indagar su trascendencia e implicaciones), el presente trabajo buscará explorar si aquellas condiciones de posibilidad que habían sido abiertas y sembradas por las luchas del pueblo, lograrán alcanzar buen puerto y cumplir el ideario y los objetivos planteados por mandato popular y la Constitución Política del Estado; dando por entendido que aquella creación de condiciones favorables para realizar efectivamente el proceso de cambio transformación democrático cultural, puede ser insuficiente si no es seguida de las medidas y el cumplimiento de las tareas nacionales compatibles y acordes a dicho proyecto nacional pergeñado en la Constitución.

En síntesis, de lo que se trata es de indagar si existe un patrón de continuidad y secuencia entre las medidas y decisiones gubernamentales que se van adoptando en los últimos años, con aquellas condiciones de posibilidad abiertas por las luchas populares, que permitan cristalizar aquel proyecto nacional emprendido por el proceso de cambio y transformación.

A confesión de parte, relevo de pruebas

Dícese en el ámbito de las prácticas jurídico legales, que frente al reconocimiento y confesión de las personas respecto de un hecho sucedido o de la imputación realizada, ya es irrelevante y deja de constituir un requisito indispensable la presentación de pruebas, en vista de haberse efectuado o anticipado dicha declaración de culpabilidad.

Al respecto y aunque no tuvo la misma repercusión causada cuando el Presidente Evo Morales confesó haber sido el “culpable” (sic) para que se eligiera al actual Defensor del Pueblo en el Congreso Plurinacional (con lo cual no solo reconoce injerencia en el Poder Legislativo que debería actuar con plena libertad e independencia, sino también el sometimiento del mismo a las “sugerencias” del Poder Ejecutivo), también es oportuno recordar aquellas otras declaraciones efectuadas en el marco de los festejos departamentales de Santa Cruz, cuando afirmó que “reconocía sinceramente” el gran interés gubernamental para ganar las elecciones en dicho departamento y realizar todos los esfuerzos necesarios para que ello suceda, habida cuenta que electoralmente llevará al Congreso Nacional a una mayor cantidad de parlamentarios respecto de todos los demás departamentos de Bolivia. Debe recordarse que dichas declaraciones fueron realizadas teniendo como telón de fondo varios días de estadía del Presidente en la región cruceña, donde se efectuaron y concretaron una serie de acuerdos, ofrecimientos y entrega de obras conjuntamente los sectores empresariales tan atacados y echados a menos, que resultaba sumamente sorprendente que en muy poco tiempo se haya producido un acercamiento y preferencia tan destacables que llamaron la atención pública nacional.

Más allá de la controversia acerca de quién (empresarios o gobierno) había terminado seduciendo, doblegando y sometiendo a su interlocutor, el hecho es que paralelamente a estas declaraciones, la estadía del Presidente en la capital del departamento de Santa Cruz en su mes aniversario, terminó cerrando un largo periplo de viajes, negociaciones, encuentros y acuerdos realizados a puerta cerrada (y sin necesidad de guardar siquiera las formas de un requerimiento de los interesados para una audiencia que debía realizarse en la sede de gobierno, porque fue el Vicepresidente Alvaro García Linera que tomó la feliz iniciativa de trasladarse y acudir ante los empresarios), en los que se consolida y amplía las enormes concesiones y perdonazos que ya se habían perfilado al aprobar la ley 337 (mal llamada de apoyo a la producción y restitución de bosques), sino que se ofrece la realización de enormes inversiones que beneficien las iniciativas empresariales en dicho departamento, y que culminaron con la explícita complacencia del empresariado, en vista de que inclusive llegaron a inmiscuirse en la definición de los términos y las fechas de realización del censo nacional agropecuario (hecho que, ni siquiera por un elemental sentido de equilibrio, fue tratado o consultado con las organizaciones y sectores campesinos e indígenas del país).

La declaración, antecedida por ese enorme despliegue efectuado y descrito muy escuetamente más arriba y que puede ser más ampliamente precisado en sus alcances con una revisión correlativa de la prensa; tiene adicionalmente una trascendencia no abordada por las noticias que dieron cuenta del inédito e inusual desprendimiento y atención que el gobierno brindó para favorecer los intereses empresariales (nacionales y transnacionales), entre los que no se puede dejar de mencionar las negociaciones con los sectores financieros y bancarios para aprobar la nueva ley financial, o la otorgación (por iniciativa propia y sin requerimiento), de incentivos, facilidades y nuevas concesiones (como el ofrecimiento de la apertura de las áreas protegidas a la exploración y explotación hidrocarburífera, el reajuste e incremento de precios pagados por Bolivia a las transnacionales para incentivar la explotación de petróleo, e inclusive el ofrecimiento de mora y retraso en el pago del IDH a los municipios, gobernaciones y otras instancias que reciben esta regalía, nada menos que con el argumento de promover la exploración hidrocarburífera que por asuntos de soberanía nacional y creación de capacidad tecnológica nacional debería hacerlo YPFB, pero que bajo las condiciones prevalecientes terminarían sometiendo nuestra capacidad, para beneficiar nuevamente a las mismas empresas y los intereses transnacionales, nada menos que afectando las iniciativas de producción y desarrollo que legítimamente deben emprender los departamentos y municipios con el dinero del IDH).

Se trata pues inocultablemente de una lógica inmediatista (que no parece estar acorde a las tareas nacionales de transformación y cambio), que tiene una repercusión económica y otra política. En lo económico y con el afán de aprovechar los réditos de la economía y los precios internacionales de materias primas y commodities, junto a la explotación hicrocarburífera y la construcción de grandes obras de infraestructura (que explícitamente buscan flexibilizar normas para no dar cumplimiento al derecho de consulta y participación de los pueblos indígena originarios), se ha decidido también desarrollar y emprender iniciativas de inversión, ampliación de la frontera agrícola para el monocultivo transgénico, extensivo y agroindustrial que relega la diversificación agrícola y la producción campesina y ecológica, sin reparar que ese intento de establecer un nuevo ciclo acumulación de riqueza nacional, se produce sin cambiar las relaciones de producción imperantes. Es decir, reproduciendo las relaciones capitalistas de explotación de la fuerza de trabajo y la naturaleza, con lo cual no solo se provoca la reproducción y fortalecimiento del sistema capitalista y extractivo que tenía la obligación de transformar, sino que se conforma con la sustitución de las antiguas elites dominantes, ante la emergencia de una nueva burguesía que antes se encontraba sometida o segregada por razones étnicas o culturales. Sin embargo, no hay que olvidar que esta nueva élite, acompañada de una floreciente nueva clase media, tiene los mismos intereses económicos y eventualmente políticos, que la antigua casta señorial (que ahora vuelve a tomar protagonismo por acción que los redime de oficio por la iniciativa del gobierno que ha decidido emprender las acciones anteriormente descritas en el departamento de Santa Cruz); lo que lamentablemente se traduce en la percepción ciudadana como una situación de bonanza y progreso económico, cuando en realidad no es sino la postergación (sino abandono) de las tareas de transformación económica. La ilusión de bienestar y progreso, encubre y oculta la ausencia del cambio y la transformación económica y productiva que permitiría garantizar la soberanía nacional y la descolonización.

Por otra parte, el ofrecimiento de grandes inversiones y la construcción de megaobras de impacto regional y departamental como mecanismo de seducción y convencimiento electoral, responde a una lógica desarrollista y un modelo que exacerba las prácticas consumistas de mercado, además de transferir recursos económicos nacionales a las grandes empresas transnacionales que serán contratadas para realizar dichas obras, cuyos emprendimientos se encuentran inocultablemente en la acera opuesta del proceso de cambio y transformación que constituía el horizonte de realización nacional.

Pero además, dados los términos de los ofrecimientos realizados y los objetivos electorales declarados, los mismos adquieren una connotación prebendal y clientelar muy alejada de los principios, valores y fines marcados por la Constitución. Así, la electoralización del proceso, se constituye en una apuesta por el corto plazo, que va en consonancia con las antiguas prácticas politiqueras repudiadas, interesadas el reproducir el gobierno, olvidando las tareas y deudas históricas y sociales pendientes. La disputa por ganar las elecciones y conseguir mayores escaños, no muestra sino un afán inmediatista de reproducción del poder y el gobierno, incorporando intereses conservadores y reaccionarios que tradicionalmente estuvieron en contra del proceso, pero que mediáticamente se muestran como indicadores de apertura democrática y tolerancia para garantizar el avance y progreso económico, cuando en realidad constituyen la consolidación de un modelo desarrollista y burgués.

Promover el incremento de la producción, las inversiones y la acumulación de riqueza, sin cambiar las relaciones de producción y construir relaciones comunitarias y sociales, viene a convertirse en una especie de señuelo para convencernos de que primero hay que mejorar la economía y el bienestar, siendo que en realidad lo que se hace es sembrar relaciones de explotación capitalista y el surgimiento de nuevas castas dominantes que buscarán perpetuar aquel modelo económico repudiado.

En lo político y muy a pesar del revés no asimilado en las elecciones departamentales del Beni en las que ya se ejercitó la estrategia de establecer alianzas y acuerdos con sectores conservadores y de grandes ganaderos; sucede que el gobierno opta por intentar ganar un apoyo electoral esquivo y tradicionalmente opositor, con tal de reproducir el gobierno, sabiendo que ello denota un afán inmediatista y de resultados efímeros, que inclusive podrían acabar (antes de la conclusión del periodo gubernamental) con un revocatorio.

Quien antepone y prioriza la campaña electoral para ganar las elecciones y reproducir el gobierno, no solo está reproduciendo prácticas de los partidos políticos tradicionales que no repararon en ningún límite ni argumento para justificar alianzas espúreas y contubernios, sino que lo hace a costa de establecer y efectuar nuevas concesiones y ventajas a los antiguos sectores dominantes y separatistas, a costa de desvirtuar, relegar o abandonar los objetivos del proceso e inclusive a los sectores populares, con lo cual se termina empeñando y embargando las tareas de transformación y cambio. Bajo esa lógica, es inevitable una reconfiguración en la correlación de fuerzas, porque los nuevos sectores dominantes emergentes y aliados por la conveniencia de ganar las elecciones, a no dudar, pugnarán y contaminarán con nuevos contenidos y los antiguos intereses de clase al proceso. Es el germen y la semilla de coyunturas históricas similares que terminaron traicionando, revirtiendo y hasta restaurando intereses y proyectos antinacionales que cerraron ciclos y condiciones de posibilidad histórica para la transformación y el cambio.

El discurso antiimperialista como señuelo

En un plano paralelo a los hechos, declaraciones y medidas analizadas anteriormente; entre fines del mes de agosto, e inicio del mes de septiembre, se realizó la Cumbre mundial antiimperialista y anticapitalista en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, cuya iniciativa se originó en aquella impensada y colonial decisión de algunos países europeos presionados y obsecuentes lacayos del gobierno de los Estados Unidos, que impidieron el paso del avión y retuvieron ilegalmente al Presidente del Estado plurinacional de Bolivia a inicios del mes de julio, cuando retornaba de Rusia.

La innegable importancia y trascendencia de dicho evento internacional que convocó innumerables líderes, representantes y dirigentes de movimientos sociales del mundo, no sólo estuvo relacionada a la rearticulación de un bloque global de lucha contra el imperialismo, sino con la construcción de un discurso que fuera amplificado y reproducido a nivel mundial, por ese conjunto de movimientos sociales y organizaciones anticapitalistas que tuvieron la ocasión de encontrar un nuevo espacio de expresión y lucha.

La repercusión de este acontecimiento inédito a nivel nacional, tuvo una fuerte resonancia mundial, e inclusive sirvió de base y respaldo a diverso tipo de acciones diplomáticas y políticas que pusieron a la orden del día la agenda internacional de la descolonización y el rechazo generalizado a la intromisión, el abuso y la prepotencia del imperio, que con esta y otras acciones que fueron denunciadas casi simultáneamente (como por ejemplo el control y espionaje de las comunicaciones de sus propios aliados y de todos los países del mundo que Snowden denunció y puso en evidencia, o las declaradas intenciones para invadir Siria como ya lo había hecho antes con otros países); lo que terminó desnudando la inadmisible injerencia de los Estados Unidos, nada menos que a título de la defensa de la democracia, la libertad y la paz del mundo.

En lo que atañe a Bolivia, dicha cumbre mundial sirvió para actualizar la agenda y el discurso del antiimperialismo y la descolonización, que siguiendo el libreto de la denuncia y la interpelación, volvió a reproducir encendidos y agresivos argumentos orientados a desenmascarar y desnudar el rostro y las facetas más perversas del dominio imperialista, logrando ciertamente incomodar y poner en tensión las relaciones internacionales y al propio gobierno de los Estados Unidos. En lo interno, logró despertar nuevamente los impulsos antiimperialistas y el sentimiento de dignidad y soberanía que los bolivianos llevamos dentro, al mismo tiempo de promover la movilización y pronunciamiento de las organizaciones sociales y los sectores populares, en una especie de efecto catártico. Es decir, se logró agendar y sacudir una de las aspiraciones intrínsecas más importantes del pueblo, con lo cual se lograba remozar las tareas pendientes del proceso de cambio y transformación.

Sin embargo, al haberse limitado a la formulación de denuncias, declaraciones y pronunciamientos (por más estridentes y agresivos que fueran), sin que se acompañen con acciones concretas que cambien y transformen las relaciones de producción y trabajo imperantes (que son indispensables para liberarse de la explotación, el dominio y el sometimiento que imponen las relaciones capitalistas y financieras imperantes), sólo se limitaron a incomodar y provocar una molestia pasajera, sin haber afectado en lo más mínimo las relaciones de poder que imponen los intereses transnacionales y el imperialismo. Es decir, dejando pendientes las tareas de liberación nacional y descolonización, que tienen que ver más con el establecimiento y construcción de relaciones comunitarias y sociales en los diversos sectores de la producción y la economía nacional, antes que con la emisión de discursos y denuncias, por más urticantes que fueran.

No hay otra forma para liberarse del imperialismo y el sometimiento neocolonial, que cambiar las relaciones de producción capitalistas imperantes y echar a andar las tareas de liberación nacional y la descolonización externa. Toda otra iniciativa que no contemple estas acciones, sólo servirá para perpetuar el sistema imperialista y estancar o retroceder, paralelamente, el proceso de cambio y transformación.

Una consideración final

En varias coyunturas de la historia nacional reciente, los bolivianos hemos empeñado nuestra lucha y esperanzas, unas veces para conquistar la democracia, la liberación nacional o por los procesos revolucionarios que performaban cambios y transformación, pero que fueron traicionados y/o revertidos, restaurando los intereses y el dominio capitalista y transnacional de siempre…

Ahora, parecería que nuevamente nos vemos ante ese mismo espejo regresivo, alimentado por las acciones gubernamentales que en un principio fueron percibidas como aisladas e inconexas, pero que cada vez más aparecen como sistemáticas y continuas; lo cual podría reproducir aquellos procesos truncos o traicionados como el del 52 y el de los años 80 con la Asamblea Popular.

De continuar esta lógica, se corre el riesgo de sepultar el proceso por otras nuevas décadas de acumulación social, hasta que se presente una nueva coyuntura de rebelión e insurgencia, mientras el mundo avanza y nos vuelve a dejar en aquellas puertas de la prehistoria de la que no podemos salir, no para desarrollar y progresar al estilo, las formas y los intereses capitalistas predominantes, sino para marcar y construir aquella nueva ruta del Vivir Bien y el socialismo comunitario, que siendo nuestro destino manifiesto y paradigma alternativo al sistema capitalista decadente, puede convertirse sólo en un proyecto nacional inconcluso, o peor, traicionado y abandonado, por la conveniencia de atender y priorizar tareas y objetivos inmediatos y coyunturales, antes que emprender las tareas nacionales perfiladas en la Constitución.

Como al inicio, cuando se abrieron las condiciones de posibilidad, todavía estamos a tiempo; pero cuanto más tiempo pase y cuanto más concesiones y acuerdos se hagan con sectores tradicional e históricamente conservadores y reaccionarios, más lejos estaremos de cumplir lo que manda la Constitución y menos condiciones favorables existirán para cumplir el mandato popular.

Arturo D. Villanueva Imaña. Sociólogo, Cochabamba (Bolivia) Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=174966

 

Es hora de romper con nuestro racismo y nuestros saberes e interpretaciones de colonizados porque urge situarnos en los desafíos a que nos convocan los pueblos indígenas del Abya Yala y del mundo.

 

 

Pueblos del Abya Yala frente a los desafíos climáticos

LOS  PUEBLOS INDIGENAS TE LLAMAN A  LA ACCION
10 de diciembre de 2014

Nosotros, representantes de los pueblos indígenas del Abya Yala y del mundo, reunidos en la Maloca del Pabellón Indígena de la COP20, desde el 2 de diciembre para discutir y reflexionar las causas del Cambio Climático en el mundo y aportar a los caminos de solución que se deben asumir en las Cumbres Mundiales, elevamos nuestra voz para decir:

1° El Cambio Climático está enfermando nuestra Madre Tierra, está interrumpiendo la unidad entre humanos y naturaleza que durante siglos ha permitido la vida sobre el planeta.  Esta situación nos provoca un sentimiento profundo de tristeza porque impacta en la relación que los pueblos indígenas hemos desarrollado con la naturaleza; una naturaleza viva que la comprendemos como totalidad de la que formamos parte.  Así, si se enferma la Tierra,  los pueblos indígenas también nos enfermamos.

2° Los jefes de Estados están reunidos para discutir este problema, para buscar soluciones al desastre que se viene produciendo con la Madre Tierra.  Sin embargo, vemos con gran preocupación que las salidas que se están buscando no hablan del verdadero problema, y por lo tanto no cambiarán el destino de desastre en el cual estamos.  Estamos afectando la Madre Tierra y no se está encontrando soluciones verdaderas que reviertan el proceso, que protejan y defiendan la integridad de la naturaleza.

3° Para nosotros, los pueblos indígenas del Abya Yala y del mundo, el desastre que se está produciendo con la Madre Tierra tiene un origen, una causa estructural; tiene que ver con un modo de desarrollo que se ha instaurado y generalizado en el mundo, un modo de vida que busca incansablemente crear nuevas necesidades, aunque éstas sean fugaces.  Estamos ante un modelo de desarrollo que tiene como centro la producción de riqueza y la distribución profundamente desigual de ella.

4° El modelo de desarrollo que está enfermando la Madre Tierra tiene nombre y apellido, se llama capitalismo del siglo XXI, y aquí en el Abya Yala tiene un rostro perverso de largo aliento llamado extractivismo, extracción de riqueza y expropiación de territorios a favor del capital global, a favor de la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y despojo de territorios para los pueblos indígenas.  Nos están despojando de nuestro Vivir Bien y Vida Plena que implica vivir en armonía con la naturaleza.

5° El extractivismo del Abya Yala se muestra en todas las iniciativas que toman los gobiernos de nuestra región y que implican: ampliación de la frontera hidrocarburífera, priorización de las actividades mineras y de hidroeléctricas respecto de las necesidades de los pueblos, crecimiento de la deforestación para la conversión de los bosques en zonas con cultivos agroindustriales.  Lo más triste de esta situación es que los gobiernos de izquierda y de derecha se comportan de manera similar ante la acumulación por despojo como característica fundamental del capital global, cuyas principales víctimas somos los pueblos indígenas.

6° Los gobiernos progresistas de nuestra región, los que acuñaron el horizonte del socialismo del siglo XXI, en realidad se han convertido en hacedores e impulsadores del capitalismo del siglo XXI.  Usando frases populares como Revolución Ciudadana o Revolución Democrático Cultural, redistribuyendo riqueza de manera menos asimétrica y componiendo sus gobiernos con algunos sectores sociales que en un pasado formaron parte de las luchas, hoy en día pretenden mostrarse como alternativos sin modificar las claves y los compases de ese rostro reverso de larga data del capitalismo global que en nuestra región del Abya Yala se llama extractivismo.

7° Nosotros, los pueblos indígenas del Abya Yala, hemos resistido y luchado a lo largo de nuestra historia con este modelo de desarrollo, con este modelo de colonización, con este modelo de acumulación de riqueza fundamentado en el despojo de nuestros territorios y recursos naturales.  Con nuestras luchas hemos buscado dignificar el nacimiento colonizado de los Estados y Naciones que conforman el Abya Yala, que conforman la región de América Latina, por eso no nos sorprende que un derecho tan fundamental como es el de Consulta para el consentimiento libre e informado, hoy día sea utilizado como una herramienta que antes que proteger el Derecho de Consulta, lo desnaturaliza y usan a su antojo.

8° Este panorama nos lleva a convocar a todos los pueblos del mundo, y a quienes  se congregan en la Cumbre de los Pueblos en Lima-Perú, a tomar caminos alternativos que nos acerquen a las verdaderas soluciones del Cambio Climático, a las verdaderas soluciones que reviertan los impactos que está sufriendo la Madre Tierra.  La defensa de la Madre Tierra y sus derechos es también la defensa de los pueblos y la vida.  La acumulación de riquezas a cambio del despojo de nuestros territorios es la agenda de las grandes corporaciones financieras y económicas que están metidas dentro en los Estados.

9º Llamamos a persistir en nuestro  camino de la autodeterminación de los pueblos, de la sociedad civil organizada, como la alternativa principal que nos permitirá encontrar salidas al problema estructural del Cambio Climático. Consolidar y reconstituir nuestra Territorialidad y titularidad integral de nuestros territorios y el control de todos sus recursos. Detener  los grandes motores del calentamiento global como son las operaciones extractivas y agroindustriales. Exigir el acceso directo de los fondos climáticos, y en especial de las mujeres indígenas en las estrategias de adaptación. Detener la criminalización y judicialización de la libre determinación porque es imposible defender a la madre tierra persiguiendo a los que la defienden.

Ni  despojo  colonial  ni  desarrollismo extractivista.

Solución climática  global.

Territorialidad y libre determinación de los pueblos indígenas

para el buen vivir y vida plena para el enfriamiento global.

Fuente: http://www.cop20.coica.org.ec/index.php/component/k2/item/152-pueblos-del-abya-yala-frente-a-los-desafios-climaticos