Qué País

Julio 2019

Con la reestructuración transnacionalizadora mediante Consenso de Washington y Consenso de Commodities.

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

Tengamos presente a los dos gobiernos peronistas cuyo presidente fue Carlos Saúl Menem. No olvidemos ni conciliemos (aun cuando nos cuelguen el sambenito de "gorilas") con el Partido Justicialista (PJ). En los noventa hizo posible al Capital maximizar su ofensiva contra los trabajadores y pueblos de Argentina consolidando la derrota infringida mediante los terrorismos de estado del gobierno peronista y de la dictadura genocida en los setenta. Desde aquellos años se fue convirtiendo al neoliberalismo no sólo participando en los negocios del poder fáctico sino también masacrando, matando a las dirigencia y militancia de izquierda del peronismo. La Triple A y la CNU, así como el Operativo Independencia, no hubieran sido efectivas sin el Estado represor bajo gobierno Perón-Perón.

 

Aclaremos, antes de examinar los Consensos de Washington y de los Commodities que el PJ hizo viables, sobre:

 

Neoliberalismo y crítica marxista
26 de diciembre de 2016

Por Rolando Astarita

Los gráficos sobre aumento relativo del gasto estatal en las economías capitalistas, que he presentado en la nota anterior (aquí), han movido a algunas personas a preguntarse si estoy negando la existencia del neoliberalismo. En realidad, en ningún momento negué el neoliberalismo. Simplemente defiendo una caracterización de ese fenómeno distinta de la que sostiene la mayoría de la izquierda. En particular, sostengo que lo distintivo del neoliberalismo no fue la mayor o menor participación del Estado en la economía; y que es equivocado interpretarlo en términos de ascenso del capital financiero sobre otras formas del capital.

Traté este asunto en varios lugares. Por ejemplo, en El capitalismo roto, donde critiqué la tesis de la financiarización; o en la nota reciente sobre keynesianismo (aquí). También incorporaré el tema en la segunda edición (corregida y aumentada) de Keynes, poskeynesianos y keynesianos neoclásicos, que espero se publicará en 2017. Allí escribo:

“El ascenso desde mediados de la década de 1970 del neoliberalismo -englobando con este término al conjunto de doctrinas que desembocan en el nuevo consenso neoclásico keynesiano- ha sido interpretado por buena parte del pensamiento progresista y de izquierda como un asalto del sector financiero a los puestos de mando del capital.

Nuestra interpretación es diferente. Consideramos que el neoliberalismo expresa una política de todo el capital, no solo de una de sus fracciones. Esto es, el apoyo que tuvieron, y tienen, las políticas recomendadas por monetaristas, nuevos clásicos, nuevos keynesianos y similares excede en mucho al capital financiero. Los ataques a los derechos sindicales; los ajustes que implican caídas del salario; las legislaciones para flexibilizar las relaciones laborales; la reducción o supresión de subvenciones a los desempleados; el empobrecimiento de pensionistas y jubilados; las ofensivas contra los inmigrantes, fueron medidas que apuntaron a restablecer la rentabilidad del capital de conjunto. Por esta razón fueron apoyadas a nivel global no solo por los bancos y financistas, sino también por las cámaras empresarias de la industria, el comercio, el agro, la minería, el transporte, más amplios sectores de las clases medias y de las patronales pequeñas y medianas.

Por otra parte, las privatizaciones, las aperturas comerciales y las libertades para el movimiento transnacional de los capitales tuvieron como efecto someter de manera más abierta y plena a todas las economías a la ley de la ganancia. Y esta orientación fue alentada por capitales industriales, comerciales, agrarios, junto al capital financiero. Incluso las fracciones más débiles de los capitales nacionales buscaron insertarse en esta mundialización del capital.

La reacción neoliberal, a su vez, fue acompañada por una movilización reaccionaria en la política, la cultura y la ideología. En muchos ámbitos se impuso la consigna “que gane el mejor y el más fuerte”, que por lo general son los más ricos. Se rechazaron los movimientos críticos y las culturas contestatarias; resurgieron movimientos racistas y xenófobos; y se exaltaron valores conservadores burgueses. Todo ello contribuyó a que el trabajo fuera subsumido de forma más completa al capital de conjunto, sin distinciones. Por eso pensamos que el neoliberalismo expresa el programa de la clase capitalista global frente a la crisis de rentabilidad que estalló en los 1970, y la posterior profundización de la mundialización del capital.”

Lo esencial: aumento de la tasa de explotación

En esta descripción el tema de si el gasto del Estado tuvo más o menos intervención en la economía no tiene mayor relevancia para la caracterización de las políticas que se aplicaron en los países capitalistas en las últimas décadas. Lo esencial es que el programa del capital pasó por aumentar la tasa de explotación del trabajo. Lo cual explica también por qué el neoliberalismo tuvo la adhesión de prácticamente todas las facciones del capital; naturalmente, el aumento de la tasa de explotación del trabajo es la raíz de la hermandad del capital.

En este respecto, en la nota en la que analizo el libro de Piketty (aquí) señalé que hay mucha evidencia empírica del aumento de la participación de los beneficios en el ingreso a nivel global; eso es, hubo una tendencia al aumento de la relación beneficios / salarios, que nos da un proxy a la tasa de plusvalía. Escribí:

“Según Kristal (2010), y para 16 países industrializados, la relación W/Y aumenta en promedio en la posguerra y hasta los 1970, pero baja desde el 73% en 1980 al 60% en 2005. Sostiene que en las dos últimas décadas los aumentos de productividad superaron a los aumentos salariales.

Por otra parte, de acuerdo a Karabarbounis y Neiman (2013) la participación de los salarios ha estado declinando a nivel global desde 1980: tomando su participación en el valor bruto añadido de las corporaciones, habría caído un 5% en los últimos 35 años, desde el 64% al 59%. De 59 países con al menos 15 años de datos entre 1975 y 2012, 42 muestran tendencias decrecientes en la participación del trabajo. La tendencia se verifica también en China, India y México. Blanchard y Giavazzi (2003) también encuentran la caída de la participación de los salarios en los países desarrollados en las últimas décadas. Otra manera de ver el aumento de la participación de los beneficios en el ingreso es a través de la distancia entre los ingresos de los CEO de las grandes corporaciones (plusvalía) y los salarios promedio. En EEUU, en 2013, la paga de los altos ejecutivos es 343 veces mayor que la de la media de los empleados y 774 veces mayor que la de aquellos que menos cobran. En 1983 la diferencia con la media era 46 veces (Executive Paywatch, de la AFL-CIO).

También el “Informe mundial sobre salarios 2012-2013” de la OIT muestra esta dinámica. En 16 economías desarrolladas la proporción media del trabajo disminuyó del 75% del ingreso nacional a mediados de los 1970 a 65% en los años previos de la crisis de 2007. En Japón la participación del salario en el ingreso pasó del 68,4% en 1970 al 79,93% en 1977, para bajar al 54,5% en 2010. En EEUU pasó del 71,98% en 1970 al 63,27% en 2010; y en Alemania fue del 69,75% en 1970 al 63,66% en 2010. A su vez, en 16 economías en desarrollo y emergentes, disminuyó del 62% del PBI en los primeros años de los 1990 al 58% justo antes de la crisis.

Por otra parte, la evolución de la plusvalía relativa parece clara. Según la OIT, el índice de productividad del trabajo (producto por trabajador) en las economías desarrolladas, con base 100 en 1999, se había elevado a 114,6 en 2011; en tanto que el índice de los salarios, en el mismo período, había aumentado a 105,9. En EEUU la productividad real por hora en el sector empresarial no agrícola aumentó 85% desde 1980 a 2011, y la remuneración salarial lo hizo el 35%. En Alemania, en las dos últimas décadas, la productividad se incrementó cerca del 25%, pero los salarios reales permanecieron sin cambios. Esto está indicando que la tasa de plusvalía aumenta, aun cuando aumenta la canasta de bienes salariales. Incluso en China, a pesar de que los salarios se triplicaron en la última década, el PBI aumentó a una tasa superior, de manera que W/Y disminuyó” (W: salario; Y: ingreso).

Subrayamos entonces que la cuestión de si el Estado tuvo más o menos participación en las economías capitalistas es secundaria a la hora de definir en qué consiste el neoliberalismo. Más importante aún es que no tuvo un papel neutral en la ofensiva contra el trabajo. Contra lo que piensa el sentido común del izquierdismo progresista, el Estado no está por fuera de las relaciones de clase; no se lo puede pensar haciendo abstracción de su carácter de clase. De hecho, a lo largo de las últimas décadas el Estado contribuyó  (y sigue haciéndolo) al fortalecimiento de las posiciones del capital frente al trabajo. Así, por ejemplo, las empresas que se mantienen bajo control estatal se rigen cada vez más según la lógica de la rentabilidad: compiten con empresas privadas, cotizan en bolsa, establecen relaciones con el mundo financiero según las reglas del mercado, subcontratan trabajo y lo precarizan, y remuneran a sus ejecutivos como cualquier otra empresa capitalista. De la misma manera, cada vez más en reparticiones del Estado encontramos trabajo precarizado y trabajadores con derechos laborales mínimos. Todo apunta a la misma conclusión: el Estado no está por fuera de la unidad orgánica que conforma el modo de producción capitalista.

 

Por eso, el punto de partida del análisis deben ser las relaciones entre las clases sociales fundamentales de la sociedad moderna. Y por eso también, y contra lo que imaginan los ideólogos del reformismo pequeño burgués, el aumento de la explotación del trabajo es perfectamente compatible con la no reducción o el aumento de la participación del gasto estatal en el producto. Más aún, la participación del gasto social en el producto ha tendido a aumentar, en el promedio de los países de la OCDE, entre 1980 y 2015. Las razones de por qué sucedió así deberán investigarse, pero de nuevo esto no impidió el aumento de la tasa de explotación (en Argentina esta cuestión tiene particular relevancia a la hora de caracterizar a la política del gobierno de Macri). En otras palabras, el aumento del gasto público no está en contradicción con la ofensiva del capital desde mediados de los 1970.

 

Textos citados
Blanchard, O. y F. Giavazzi, (2003): “Macroeconomic Effects of Regulation and Deregulation in Goods and Labor Markets”, Quarterly Journal of Economics, vol. 118, pp. 879-907.
Karabarbounis L., y B. Neiman (2003): “The Global Decline of the Labor Share”, NBER Working Paper Nº 19.136, junio.
Kristall, T. (2010): “Good Times, Bad Times: Postwar Labor’s Share of National Income in Capitalist Democracies”, American Sociological Review, vol. 75, pp.729-763.
Descargar el documento: [varios formatos siguiendo el link, opción Archivo/Descargar Como]:Neoliberalismo y crítica marxista

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2016/12/26/neoliberalismo-y-critica-marxista/#more-7151

 

Enmarquemos el neoliberalismo del PJ-Menem-Cavallo dentro del:

 

Consenso de Washington

26 de diciembre de 2012 

Por Eduardo  Bidaurratzaga

 

El denominado Consenso de Washington se refiere al conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta para, por un lado, hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de los setenta, y por otro, como salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a los países del Sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos.

El concepto como tal fue acuñado por el economista británico John Williamson en un artículo publicado en 1989, donde enunciaba una serie de medidas de estabilización y ajuste de las economías respecto a las cuales determinadas instituciones con sede en Washington —mayormente el FMI y el BM, así como el gobierno y la Reserva Federal de EE.UU.— parecían tener un consenso sobre su necesidad. En términos generales, el entonces nuevo ideario apostaba por un paquete conjunto de políticas económicas como: la lucha contra el déficit público por la vía de reducción del gasto, las reformas para reducir la progresividad impositiva, la PRIVATIZACIÓN de empresas públicas, la liberalización del comercio y de los MERCADOS de capitales a nivel internacional, la minimización de las condiciones a la entrada de INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA y la desregulación de los mercados laborales internos, entre otras.

 

Influencia sobre la teoría y práctica económica

En la evolución del pensamiento sobre el desarrollo y la consiguiente aplicación de medidas acordes con este, el Consenso de Washington marca un punto de inflexión determinante en la orientación de las políticas económicas para las décadas posteriores, y contribuye significativamente a la creación y consolidación del patrón de globalización neoliberal actualmente dominante. Si bien durante los años setenta el pensamiento sobre el desarrollo logra superar la obsesión previa por el crecimiento económico, las inversiones en infraestructuras y la industrialización como objetivos en sí mismos, pasando a hacer más hincapié en la lógica de la satisfacción de necesidades básicas y la lucha contra la pobreza, las desigualdades o el desempleo, la década de los ochenta establece un giro radical en estos planteamientos, retomando una visión reduccionista del desarrollo como meta a alcanzar y del camino para acceder a este.

Tal y como se desprende de las medidas mencionadas, las principales características de este enfoque han sido: el restablecimiento del mercado como mecanismo central para la asignación de recursos en la economía; la priorización del SECTOR PRIVADO como motor de la economía y la minimización del peso del sector público; la liberalización de mercados y la apertura como estrategia fundamental de inserción en la economía mundial; y la negación de una economía del desarrollo, mediante la utilización de un único análisis y aplicación de recetas universalistas para todas las economías con independencia de su nivel de desarrollo y su contexto particular.

En los países del Norte, este cambio de tendencia se produjo como respuesta a la crisis de los años setenta, mediante políticas restrictivas centradas en la lucha contra la inflación y el déficit público, enfrentándose a las políticas de corte keynesiano aplicadas en la mayor parte de esos países en las décadas anteriores. A este respecto, la llegada al poder de los partidos conservadores en Estados Unidos y Gran Bretaña, de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, entre otros factores, fue determinante para la puesta en marcha del proceso de liberalización de las economías y de desestructuración del Estado de bienestar emprendido a partir de entonces.

Más allá del giro radical que ello supuso en las políticas económicas de los países del Norte, la influencia de estos en organismos internacionales como el FMI y el BM trasladó directamente estos análisis y políticas a los países del Sur tras el estallido de la crisis de la deuda externa a primeros de la década de los ochenta. La intervención por parte de estos dos organismos trataba de minimizar el riesgo de colapso del sistema financiero internacional por medio de la oferta de financiación a los países deudores del Sur que encontraban grandes dificultades para poder hacer frente a los pagos correspondientes. No obstante, el acceso a financiación por parte de las INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES venía condicionada a la aplicación del ya mencionado conjunto de medidas de política económica, comúnmente conocidas con el nombre de programas de ajuste estructural. La mayor parte de los países del Sur, primeramente latinoamericanos y posteriormente africanos y asiáticos, se vieron obligados a recurrir a la financiación externa de las INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, lo que se tradujo en la imposición generalizada de dichas severas reformas estructurales y duras políticas de austeridad en estos países sobre todo durante las décadas de los ochenta y noventa. La inclusión durante los años noventa de las economías en transición de la Europa del Este y de las antiguas repúblicas soviéticas acabó ampliando el ámbito de actuación de esta agenda neoliberal a la gran mayoría de las economías del mundo.

 

Críticas y tendencias recientes

Estos paquetes de políticas y sus instituciones promotoras recibieron fuertes críticas como consecuencia de sus graves efectos sociales sobre los sectores de la población más vulnerables, así como por los escasos resultados de sus reformas a la hora de alcanzar uno de sus pretendidos objetivos, esto es, estimular la actividad económica. Todo ello además, en un contexto en el que otros países que no han seguido fielmente las propuestas del Consenso de Washington han obtenido mejores resultados económicos, como Corea del Sur o China, entre otros.

Dichas críticas, lanzadas desde diversos ámbitos de la academia, agencias de NACIONES UNIDAS y amplios sectores de la sociedad civil en los países afectados, llevaron desde mediados de los noventa a una amplia demanda de superar la fase anterior y caminar hacia el que se vino a denominar el post-Consenso de Washington. Desde esta perspectiva, se criticaba la fe ciega en el ideario neoliberal y en sus recetas universalistas, acuñándose conceptos como “fundamentalismo de mercado” para explicar esta tendencia que tanto se ha extendido por todo el mundo en los últimos treinta años. A este respecto, la influencia de académicos como Joseph Stiglitz, economista jefe del BM entre 1997 y 2000 y premio Nobel de Economía en 2001, ha sido muy destacada. Sus críticas a la forma en que se gestionó la transición de Rusia hacia el capitalismo neoliberal o la crisis financiera del sudeste asiático en 1997 por parte del FMI, y en general al malestar causado por el actual formato de globalización, han contribuido significativamente a alimentar el cuerpo teórico del post-Consenso de Washington.

Todo ello ayudó a provocar también diversos cambios en el discurso del BM desde finales de los años noventa a partir de planteamientos neoinstitucionalistas, como en el caso de su propuesta de Marco Integral de Desarrollo. La confluencia del FMI y del BM entre las muchas instituciones que trabajan en el marco del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) podría verse también como un cambio en esa dirección. Pese al cambio de discurso en la lógica de priorización de la lucha contra la pobreza, la práctica de la condicionalidad macroeconómica, el ajuste y las políticas de austeridad sigue aún muy vigente en los países del Sur y del Este que reciben financiación de estas instituciones.

En este mismo sentido, la crisis financiera de 2008 y la respuesta a la misma por parte de gobiernos e INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES ha puesto de manifiesto que la presencia de los principios del Consenso de Washington y sus políticas neoliberales desgraciadamente sigue siendo todavía muy amplia. Si bien la reacción inicial por parte de muchos gobiernos, de la mano de la intervención pública y las operaciones de rescate a la banca y otros sectores privados, evidenciaban lo inapropiadas que habían sido las políticas previas de desregulación y liberalización de MERCADOS a ultranza, el resultado final de todo ello, sin embargo, dista de alejarnos de dicho ideario y de la práctica neoliberal. Es decir, como consecuencia de esto, la aplicación del principio de «PRIVATIZACIÓN de las ganancias y socialización de las pérdidas» ha hecho que la crisis financiera, y la consiguiente recesión económica, se acabe convirtiendo en una crisis fiscal para muchos de esos gobiernos, como hemos visto en el caso de diversos países de la periferia europea. Paradójicamente, todo ello ha hecho resurgir con gran fuerza el discurso y la práctica más neoliberal del Consenso de Washington. La apuesta de nuevo por fuertes ajustes presupuestarios por la vía del gasto y la mayor desregulación de los mercados laborales internos, entre otras medidas, se está traduciendo en un drástico deterioro de los sistemas de protección social, con graves consecuencias sobre las condiciones de vida de los sectores sociales más vulnerables, así como en amplio descontento y rechazo popular.

Fuente: http://omal.info/spip.php?article4820

 

Sigamos contextualizando al plan de reorganización de la Argentina que la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales tuvo cuando se valió del terrorismo de estado para derrotar a la clase trabajadora. Comprobaremos cuán falso es que el PJ represente a la última y sea nacional, popular.

 

Neoliberalismo y Consenso de Washington

2 de julio de 2013

 

La verdadera internacionalización de las empresas españolas —obviando estos antecedentes que, en cierto modo, no responden de forma ajustada a la definición de empresa transnacional— ha sido un fenómeno que ha tenido lugar en una época muy reciente: las multinacionales españolas han nacido, crecido y se han expandido internacionalmente desde finales de la década de los noventa del siglo pasado.

¿Cómo se explica este rápido despegue en la expansión y conformación de las grandes corporaciones españolas? La construcción de la Unión Europea bajo el paradigma neoliberal y la aplicación del Consenso de Washington en la región latinoamericana fueron la clave para que estas empresas dieran el salto fuera de las fronteras estatales

De esta manera, a principios de la década de los noventa, cuando se encontraban en pleno auge las políticas neoliberales, tuvieron lugar simultáneamente dos procesos complementarios. En España, se produjo una sucesión de fusiones, reestructuraciones y privatizaciones que hizo que las compañías del país crecieran en tamaño y capital y pudieran estar en disposición de lanzarse a competir en otros mercados. Al mismo tiempo, en América Latina se pusieron en marcha las reformas establecidas en el Consenso de Washington, es decir, la privatización de las mayores compañías estatales de la región, la liberalización de los mercados con el fin de facilitar la entrada a las transnacionales extranjeras y la reducción de la intervención gubernamental en la actividad productiva.

 Fuente: http://omal.info/spip.php?article5784

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Cooperación internacional y desarrollo

¿Cuál ha sido la evolución de la agenda oficial de la cooperación internacional?

 

Del Consenso de Washington al capitalismo inclusivo

3 de julio de 2013

En los años ochenta y noventa, la cooperación internacional contribuyó a apoyar el Consenso de Washington y las reformas estructurales que posibilitaron la expansión global de las grandes corporaciones que tienen su sede en los principales países donantes de AOD. Hoy, tras analizar la evolución que se ha producido en la Agenda Oficial de la Cooperación Internacional (AOCI), puede afirmarse que la función esencial de la cooperación está progresivamente pasando a ser la de asegurar los riesgos y acompañar a estas empresas en su internacionalización, así como contribuir a la apertura de nuevos negocios y nichos de mercado con las personas pobres que habitan en la base de la pirámide.

A partir del crash global, en realidad, no ha hecho otra cosa que terminar de concretarse un proceso en el que el sector privado ha adquirido un papel central como agente de desarrollo dentro de la AOCI. El enfoque del desarrollo humano ha cedido definitivamente el protagonismo al paradigma del capitalismo inclusivo, un esquema de relación triangular entre las compañías multinacionales, las instituciones públicas y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo con el que trata de culminarse el proceso de mercantilización de la cooperación al desarrollo.

Tras la crisis financiera, la idea de que crecimiento económico es equivalente a desarrollo se ha vuelto definitivamente dominante en la AOCI, desplazando al resto de enfoques al terreno de lo discursivo, sin que éstos alcancen ninguna concreción práctica.

Fuente: http://omal.info/spip.php?article5878

 

Pensemos, por un lado,  cómo el PJ se mantiene alternativa de la derecha por su constante renovación de camaleón o simulacro de afinidad con los deseos mayoritarios y de embaucador o apropiador de ideales para ahuecarlos según las mismas subjetividades colectivas se apartan de esos proyectos por irse enyugando a la sociedad de consumo. Por otro lado, reflexionemos la centralidad de los extractivismos en la ofensiva del Capital contra los trabajadores y los pueblos.

 

 

 

Del Consenso de Washington al de los Commodities.

Entrevista con la socióloga argentina Maristella Svampa

16 de octubre de 2016

Por: 

Debido al debate cada vez más extenso y necesario que se viene dando en nuestro pais con relación al Decreto Nro. 2.248, de fecha 24 de febrero de 2016, publicado en el Nro. 40.855 de la GO, mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional ‘Arco Minero del Orinoco'", publicamos esta reseña y entrevista a la socióloga argentina Maristella Svampa realizada en noviembre del 2011 y quien a partir de 2006 comenzó a escribir sobre el Modelo Extrativista como una segunda fase del modelo neoliberal:"La primera estaba consagrada sobre todo a la privatización de los servicios públicos y de los recursos naturales, y la segunda apunta a la ola de desposesión. Creo que este análisis no es del todo representativo porque ello implicaría ver solo un costado del problema. En los últimos tiempos he estado repensando el tema y creo que el panorama es mucho más complejo hoy en día del que teníamos hace diez años; además han emergido gobiernos de izquierda o de centro izquierda, por lo que ahora empleo una nueva categorización y es hablar del paso del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities que me parece que da cuenta mucho mejor del cambio de escenario económico que implica que las economías latinoamericanas que siempre han sido adaptativas al capitalismo dan un giro importante a un nuevo marco de la nueva división del trabajo territorial y global por el cual América Latina aparece exportando naturaleza una vez más."

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Este modelo conocido como extractivismo (explotación de los recursos naturales) tiene en la minería a cielo abierto, "la actividad más perversa en la medida en que muestra lo peor: desposesión y despojo descarnado, altos índices de contaminación del medio ambiente, aprovechamiento al máximo de los territorios objeto de explotación no dejando ganancias económicas para los países, y amenaza a la democracia y a los derechos humanos", explica en forma categórica la socióloga e investigadora argentina Marsitella Svampa, principal referente hoy en día en Latinoamérica en este tema.

Entrevista con la socióloga argentina Maristella Svampa 

En América Latina se viene ejecutando una segunda fase del criminal modelo neoliberal que tantos perjuicios económicos, sociales y políticos generó a la región durante el último cuarto de siglo, mediante la puesta en marcha de lo que el presidente conservador colombiano Juan Manuel Santos ha dado en llamar la "locomotora minera" para significar unas supuestas "ventajas y oportunidades económicas".

Este modelo conocido como extractivismo (explotación de los recursos naturales) tiene en la minería a cielo abierto, "la actividad más perversa en la medida en que muestra lo peor: desposesión y despojo descarnado, altos índices de contaminación del medio ambiente, aprovechamiento al máximo de los territorios objeto de explotación no dejando ganancias económicas para los países, y amenaza a la democracia y a los derechos humanos", explica en forma categórica la socióloga e investigadora argentina Marsitella Svampa, principal referente hoy en día en Latinoamérica en este tema.

Svampa ha recorrido buena parte de la geografía latinoamericana para estudiar in situ la realidad socioeconómica de las comunidades afectadas por la explotación minera, lo que le ha permitido analizar en profundidad las múltiples consecuencias que esta actividad extractivista viene causando en la descomposición del tejido social y con ella la irrupción de conflictos sociales y políticos que, como bien señala, amenazan la estabilidad democrática y el respeto por los derechos humanos en la región.

En sus múltiples investigaciones, libros, ensayos y artículos periodísticos, esta científica social ha sido contundente en sus conclusiones al señalar que el modelo minero a cielo abierto que han adoptado varios gobiernos latinoamericanos ya sean de derecha, centroizquierda o izquierda, "no solo genera más conflicto social, sino que contribuye a la reprimarización de las economías latinoamericanas". Lo grave, añade, es que "estamos consolidando enclaves de exportación que, lejos de generar desarrollo endógeno, producen más pobreza y desigualdad".

MAYOR GANANCIA DEL CAPITAL Y NULA GENERACIÓN DE EMPLEO

Uno de los argumentos centrales que suelen esgrimir los defensores de esta actividad es asociar minería con creación de puestos de trabajo, señala Svampa, frente a lo cual, agrega, "suele ocultarse que los proyectos mineros a gran escala generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales que crea la ilusión de trabajo permanente. En realidad, la minería de gran escala se caracteriza por ser una de las actividades económicas más capital-intensivas. Por cada 1 millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos. 

Cuanto más capital-intensiva es una actividad, menos empleo genera, y menor es la participación del salario de los trabajadores en el valor agregado total que ellos produjeron con su labor: la mayor parte es ganancia del capital".

Para ilustrar esta situación trae a colación los casos de Perú, Chile y Argentina, cuyas cifras demuestran el casi nulo aporte en generación de empleo.

"En Perú, -explica- la minería es la actividad que menos contribuye a la generación de empleo: ocupa apenas el 1,5 de la Población Económica Activa (PEA), contra un 32,7% de la agricultura y un 26% de los servicios. Para el caso de Chile, las estadísticas muestran de forma contundente el fuerte incremento de los volúmenes de explotación y extracción, y de los valores de exportación, producidos a la par de una paralela caída en la cantidad absoluta y relativa del empleo minero. En Argentina, pese a las promesas de los megaemprendimientos mineros, la minería representa menos del 0,7% del total de los asalariados registrados".

DEL CONSENSO DE WASHINGTON AL CONSENSO DE LOS COMMODITIES

Para analizar con detenimiento las consecuencias del modelo extractivista y uno de sus principales componentes, la explotación de la minería metalífera, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano WWW.CRONICON.NET, dialogó en Buenos Aires con esta destacada científica social, licenciada en Filosofía por la Universidad de Córdoba y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

Maristella Svampa alterna su actividad de investigación social y docente universitaria con la literatura. Ha publicado dos novelas: Las reinas perdidas y Dónde están enterrados nuestros muertos. Actualmente se desempeña como catedrática de la Universidad de la Plata e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Conferencista internacional, es autora de varios libros en los que analiza diversas realidades sociales, políticas y económicas en el ámbito latinoamericano; en 2006 obtuvo una beca otorgada por la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, así como el Premio Konex al mérito en Sociología; y en 2001 fue distinguida con la Cátedra Simón Bolívar de la Université Nouvelle Sorbonne de París.

- ¿El modelo extractivista en América Latina en el que sobresale la explotación de minas de oro a cielo abierto tan funesta desde el punto de vista medioambiental, corresponde como lo han señalado algunos investigadores sociales a una segunda fase del esquema neoliberalismo, en el que paradójicamente están comprometidos algunos gobiernos que se denominan progresistas?

- En 2006 cuando comencé a escribir sobre estos temas yo planteaba que, efectivamente, esta es la segunda fase del modelo neoliberal. La primera estaba consagrada sobre todo a la privatización de los servicios públicos y de los recursos naturales, y la segunda apunta a la ola de desposesión. Creo que este análisis no es del todo representativo porque ello implicaría ver solo un costado del problema. En los últimos tiempos he estado repensando el tema y creo que el panorama es mucho más complejo hoy en día del que teníamos hace diez años; además han emergido gobiernos de izquierda o de centro izquierda, por lo que ahora empleo una nueva categorización y es hablar del paso del Consenso de Washington al Consenso de los commodities que me parece que da cuenta mucho mejor del cambio de escenario económico que implica que las economías latinoamericanas que siempre han sido adaptativas al capitalismo dan un giro importante a un nuevo marco de la nueva división del trabajo territorial y global por el cual América Latina aparece exportando naturaleza una vez más. En algunos casos acompañan la consolidación de una matriz neoliberal como pueden ser los casos de Colombia, México, o Perú, si es que Humala no cambia en algo el marco, y en otros casos viene acompañado de reformas, de procesos de centroizquierda y de izquierda que aparecen en escenarios específicos como Bolivia, Argentina, más allá de la diferencia que hay, caracterizados por lo nacional-popular.

- ¿Se puede señalar que la privatización de los recursos naturales a través del modelo extractivista es parte de la consolidación del modelo neoliberal?

- Cuando se habla de la mercantilización de los bienes de la naturaleza no hay que olvidar que eso se hizo en la década de los 90 y lo que ha habido es consolidación de ese modelo. En esa década lo que se hace es desarrollar el marco jurídico a partir del cual se posibilita la comercialización de recursos naturales, y sobre todo, se hace el ajuste sectorial en relación con la minería a cielo abierto.

- En el desarrollo de este proceso usted habla de desposesión, ¿por qué?

- En líneas generales el capitalismo hoy en día, como dice David Harvey, acentúa más lo que es la acumulación por desposesión que la acumulación por reproducción ampliada, retomando la concepción de Rosa Luxemburgo y otros teóricos, en eso coincidimos todos. Pero lo que hay que leer es con qué está coexistiendo esa dinámica de desposesión y hay que dar cuenta de los distintos escenarios nacionales. Si hablamos solo de lógica o dinámica de desposesión estamos perdiendo de vista otros procesos políticos y simbólicos que son importantes en América Latina. Digo esto tratando de subrayar esos procesos. En Argentina, por ejemplo, veo que hay una exacerbación de la lógica nacional-popular nuevamente en clave peronista que coexiste de manera perversa con la dinámica de desposesión.

- ¿En qué sentido?

- En el sentido de que coexisten varios modelos de desarrollo: hay un modelo industrial relativamente reactivado que es defendido como el gran avance por parte del gobierno; hay un modelo de agronegocios; otro de acaparamiento de tierras que habla de la mercantilización de los recursos naturales y de los megaemprendimientos turísticos; y también está el de la minería a cielo abierto. Esas tres cuestiones modales están lejos de ser un costado débil del gobierno argentino, es en realidad parte del principio mismo del modelo de dominación, por eso hay que analizar esa coexistencia dañina.

UN MODELO DE MAL DESARROLLO

- Hablemos del caso concreto de la minería...

- En el caso de la minería uno se encuentra con una suerte de figura extrema porque la misma es un modelo que sintetiza devastación institucional dado que tiene un marco jurídico que favorece ampliamente a las grandes empresas transnacionales; es un modelo de expoliación económica porque no deja ganancias en el país, lo que crea son economías de enclave como espacios socioproductivos absolutamente dependientes sin crear desarrollo endógeno, y además estimula y genera depredación ambiental. Entre todas las actividades ligadas al extractivismo la minería de cielo abierto es la más perversa en la medida en que muestra lo peor.

- Pero además, usted ha señalado que la minería a cielo abierto atenta contra los derechos humanos. ¿Por qué?

- Ese es un tema muy importante porque a la hora de debatir si se hace minería a cielo abierto, se tratan de involucrar por lo general en los distintos países argumentos económicos ligados a la rentabilidad del sector o argumentos sociales en el sentido de las ventajas que se obtienen de la explotación de los recursos naturales; se afirma que se pueden desarrollar políticas sociales compensatorias y suele dejarse de lado todo lo que tiene que ver con la efectiva violación de derechos humanos.

El extractivismo abre un nuevo capítulo en la violación de los derechos humanos porque hablando de los contrastes y de las grandes paradojas en América Latina, hoy en día lo que observamos es que este modelo de desposesión viene acompañado de una expansión de la frontera de los derechos: los derechos ambientales, los derechos territoriales de los pueblos indígenas, los derechos fundamentales en general que aparecen en la letra de nuestras constituciones y raras veces son cumplidos. Cuando hablamos de extractivismo aludimos a "desarrollo" entre comillas a gran escala, lo que supone decir una gran envergadura y por ende el impacto sobre la población va a ser mayor con lo cual esto coloca mucho más en el centro la necesidad de que sean discutidos de manera participativa y democrática por aquellos que están necesariamente involucrados como comunidad afectada. Es decir, que la cuestión de la democracia es central para evitar el impacto que tienen estos modelos.

Entonces, uno de los elementos fundamentales a la hora de analizar el extractivismo consiste en subrayar el déficit de democracia en el cual nos instala porque no se consulta a las poblaciones y estos modelos avanzan sin el consenso de las mismas, por lo general se escamotean las consultas previas que deben hacerse a los poblaciones indígenas o las consultas públicas que deben hacerse a las poblaciones urbanas o rurales. Ahí radica uno de los grandes peligros que en nombre de las ventajas comparativas dado el alto precio de los commodities, en nombre de políticas sociales compensatorias que se pueden llevar a cabo con la rentabilidad que produce la explotación, se está violando el derecho de las poblaciones a decir no a un tipo de emprendimiento o supuesto modelo de desarrollo que afecta no solo el estilo de vida, su presente, sino el futuro de las generaciones. En el caso del modelo minero es un modelo de mal desarrollo no solamente porque contamina y no deja ganancias económicas sino porque amenaza la democracia, al menos la democracia bien entendida que implica sostener una política de participación, de discusión y debate de los modelos o supuestos modelos de desarrollo para la adopción de decisiones.

- Usted también ha analizado pormenorizadamente el grado de conflictividad social que generan los proyectos de minería a cielo abierto. ¿Cuál es la situación de América Latina en ese sentido?

- En la actualidad no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados por las empresas mineras o los gobiernos con las comunidades. Se pueden observar los casos de México, varios países centroamericanos como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá; en Suramérica, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) existen actualmente 120 conflictos activos que involucran a más de 150 comunidades afectadas a lo largo de toda la región. En Perú, donde más acelerada y descontroladamente se ha dado la expansión minera, los conflictos por esta actividad concentran el 70% y éstos a su vez, representan el 50% del total de conflictos sociales en ese país.

- El impulso del modelo extractivista en América Latina responde, ha dicho usted, no sólo a una decisión económica o ambiental, sino política...

- Efectivamente, porque de lo que se trata es saber si queremos debatir lo que entendemos por desarrollo sostenible; si apostamos a que esa discusión sea informada, participativa y democrática, o bien, aceptamos la imposición de nuestros gobernantes locales y las grandes corporaciones en nombre de "las nuevas oportunidades económicas", el nuevo consenso de los commodities, y de un falso desarrollo. Infortunadamente, no hay plan estratégico en los países de América Latina para enfrentar la explotación de recursos naturales.

GIRO ECOTERRITORIAL, ALTERNATIVA DE LUCHA

- ¿Tras este completo análisis y desolador panorama, cuál cree que es la alternativa política para contrarrestar el modelo extractivista en América Latina?

- El punto de partida para pensar en alternativas a este modelo radica en el giro eco-territorial de las luchas que atraviesa la región y plantean una redefinición de las reglas de juego, cuestionando el modelo de desarrollo y las lógicas de acumulación. Por «giro eco-territorial» hay que entender la potenciación de un lenguaje de valoración acerca de la territorialidad, que expresa la convergencia entre visión ambientalista y revalorización de la matriz comunitaria; no se halla restringido al ámbito rural, exclusivamente referido a las resistencias campesinas e indígenas; también se expande al ámbito urbano, sobre todo en pequeñas y medianas localidades, ampliando el registro étnico y de clases y, por ende, el tipo de actores involucrados. Desde el punto de vista económico se debe exigir altos impuestos a las actividades extractivistas, así como a las sobreganancias de las transnacionales por la explotación del sector energético.

Buenos Aires, noviembre de 2011.

Fuente: https://www.aporrea.org/internacionales/n298733.html

En consecuencia, abajo y a la izquierda, precisamos generalizar la reflexión crítica sobre nuestra subsunción en el capitalismo. Comencemos por independizarnos del PJ como el partido de estado más eficaz para derrotarnos en nuestros proyectos emancipatorios. La ruptura va más allá de pruebas documentadas y vivenciadas de décadas sobre su gestión del enriquecimiento de oligopolios locales e imperialistas y de sus burocracias tanto política como sindical. Implica profundizar la lectura de la macroeconomía y la cotidianeidad para poner en debate a la reestructuración de Argentina en enclaves conectados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Consideremos:

 

El «Consenso de los Commodities» y

lenguajes de valoración en América Latina
marzo-abril de 2013

Por Maristella Svampa

El «Consenso de los Commodities» subraya el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. Este orden va consolidando un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas comparativas, visibles en el crecimiento económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales y político-culturales. Tal conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras mismas de la democracia.

 

Introducción

En el último decenio, América Latina realizó el pasaje del Consenso de Washington, asentado sobre la valorización financiera, al «Consenso de los Commodities», basado en la exportación de bienes primarios en gran escala. En este artículo utilizamos el concepto de commodities en un sentido amplio, como «productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente» (1), o como «productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios internacional y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento» (2). Ambas definiciones incluyen desde materias primas a granel hasta productos semielaborados o industriales.

 

Para el caso de América Latina, la demanda de commodities está concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros (3). Así, si bien es cierto que la explotación y exportación de materias primas no son actividades nuevas en América Latina, resulta claro que en los últimos años del siglo XX, en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha intensificado notoriamente la expansión de megaproyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado. Por ende, lo que de modo general aquí denominamos «Consenso de los Commodities» subraya el ingreso en un nuevo orden, a la vez económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes, lo cual genera indudables ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico y el aumento de las reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas.

En términos de consecuencias, el «Consenso de los Commodities» es un proceso complejo y vertiginoso que debe ser leído desde una perspectiva múltiple, a la vez económica y social, política e ideológica, cultural y ambiental. En razón de ello, para ilustrar esta problemática proponemos al lector una presentación en tres partes. En primer lugar, avanzaremos en una conceptualización de lo que entendemos por «Consenso de los Commodities» y las formas que asume el actual estilo de desarrollo neoextractivista. En segundo lugar, proponemos un recorrido breve por lo que hemos denominado el «giro ecoterritorial», como expresión de los nuevos lenguajes de valoración que atraviesan las luchas socioambientales en el continente. En fin, cerraremos con una referencia a los desafíos que hoy afronta gran parte de las organizaciones sociales y del pensamiento crítico latinoamericano.

 

Hacia una conceptualización de la nueva fase

 

-En primer lugar, desde el punto de vista económico y social, la demanda de commodities ha originado un importante proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar la reorientación de estas hacia actividades primarias extractivas o maquilas, con escaso valor agregado (4). Esta dinámica regresiva se ve agravada por el ingreso de potencias emergentes, como es el caso de China, país que de modo acelerado se va imponiendo como un socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región (5). Asimismo, este proceso de reprimarización viene también acompañado por una tendencia a la pérdida de soberanía alimentaria, hecho ligado a la exportación de alimentos en gran escala cuyo destino es el consumo animal o, de modo creciente, la producción de biocombustibles, lo cual comprende desde la soja hasta los cultivos de palma o los fertilizantes.

 

 -En segundo lugar, desde el punto de vista de la lógica de acumulación, el nuevo «Consenso de los Commodities» conlleva la profundización de la dinámica de desposesión (6) o despojo de tierras, recursos y territorios y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación. Entre los elementos comunes de esta dinámica podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción o la escasa diversificación económica y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva. En efecto, en función de una mirada productivista y eficientista del desarrollo, se alienta la descalificación de otras lógicas de valorización de los territorios, los cuales son considerados como socialmente vaciables, o lisa y llanamente como «áreas de sacrificio», en aras del progreso selectivo. No es casual que una parte importante de la literatura crítica de América Latina considere que el resultado de estos procesos es la consolidación de un estilo de desarrollo neoextractivista (7), que puede ser definido como aquel patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como «improductivos».

 

El neoextractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana. Así caracterizado, el neoextractivismo desarrollista contempla actividades consideradas tradicionalmente como tales (minería y explotación de hidrocarburos) y aquellas ligadas al nuevo sistema agroalimentario, como los agronegocios o la producción de biocombustibles (8). Incluye también aquellos proyectos de infraestructura previstos por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (iirsa), programa consensuado por varios gobiernos latinoamericanos en el año 2000 en materia de transporte (hidrovías, puertos, corredores bioceánicos, entre otros), energía (grandes represas hidroeléctricas) y comunicaciones, cuyo objetivo estratégico es facilitar la extracción y exportación de las materias primas hacia sus puertos de destino.

 

La escala de los emprendimientos nos advierte también sobre la gran envergadura de las inversiones (se trata de actividades capital-intensivas y no trabajo-intensivas), así como sobre el carácter de los actores involucrados y la concentración económica (grandes corporaciones transnacionales)(9).

 

En razón de ello y de modo similar al pasado, este tipo de emprendimientos tiende a consolidar enclaves de exportación asociados a una lógica neocolonial, que generan escasos encadenamientos productivos endógenos, operan una fuerte fragmentación social y regional y van configurando espacios socioproductivos dependientes del mercado internacional. Así, la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética (que incluye también la explotación de gas no convencional o shale gas, con la tan cuestionada metodología del fracking), la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, en fin, la generalización del modelo de agronegocios (soja y biocombustibles), constituyen las figuras emblemáticas del neoextractivismo desarrollista.

 

Por otro lado, la misma expresión «Consenso de los Commodities» conlleva una carga no solo económica sino también político-ideológica, pues alude a la idea de que existiría un acuerdo – tácito, aunque, con el paso de los años, cada vez más explícito– acerca del carácter irrevocable o irresistible de la actual dinámica extractivista, dada la conjunción entre la creciente demanda global de bienes primarios y las riquezas existentes, potenciada por la visión «eldoradista » de una América Latina como lugar por excelencia de abundantes recursos naturales. Esta conjunción, que en economía adopta el nombre tradicional de «ventajas comparativas» (10), ha ido cimentando las bases de una ilusión desarrollista que recorre, más allá de las diferencias y los matices, el conjunto de los países latinoamericanos.

De este modo, nos interesa subrayar que, más allá de las diferencias entre los regímenes políticos hoy existentes, el «consenso» sobre el carácter irresistible de la inflexión extractivista terminaría por funcionar como un umbral u horizonte histórico-comprensivo respecto de la producción de alternativas y suturaría así la posibilidad misma de un debate. La aceptación – tácita o explícita– de tal «consenso» contribuye a instalar un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que refuerza, en el límite, la «sensatez y razonabilidad » de un capitalismo progresista, al imponer la idea de que no existirían otras alternativas al actual estilo de desarrollo extractivista.

En consecuencia, todo discurso crítico u oposición radical terminaría por instalarse en el campo de la antimodernidad o la negación del progreso, o simplemente en el de la irracionalidad y el fundamentalismo ecologista. Sin embargo, la actual etapa puede leerse tanto en términos de rupturas como de continuidades en relación con el anterior periodo del Consenso de Washington. Ruptura, pues existen elementos importantes de diferenciación respecto de los años 90. Recordemos que el Consenso de Washington colocó en el centro de la agenda la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y privatizaciones, lo cual terminó por redefinir el Estado como un agente metarregulador. Asimismo, operó una suerte de homogeneización política en la región, marcada por la identificación o fuerte cercanía con las recetas del neoliberalismo. A diferencia de ello, en la actualidad, el «Consenso de los Commodities » coloca en el centro la implementación masiva de proyectos extractivos orientados a la exportación y establece así un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado.

 

Esto permite el despliegue y la coexistencia entre gobiernos progresistas, que han cuestionado el consenso neoliberal en su versión ortodoxa, y aquellos otros gobiernos que continúan profundizando una matriz política conservadora en el marco del neoliberalismo. Pero también hay continuidades, ya que existen claras líneas de filiación entre los 90 y la actualidad, que remiten a diferentes planos. Por un lado, una de las continuidades se vincula al mantenimiento de las bases normativas y jurídicas que permitieron la actual expansión del modelo extractivista, al garantizar «seguridad jurídica» a los capitales y una alta rentabilidad empresarial. Asimismo, aun en los casos en que el Estado adopta un rol activo (a través de las expropiaciones), durante la etapa de los commodities las nuevas normativas tienden a confirmar la asociación con los capitales transnacionales.

 

En un plano general, la confirmación de América Latina como una «economía adaptativa» respecto de los diferentes ciclos de acumulación y, por ende, la aceptación del lugar que la región ocupa en la división global del trabajo constituyen uno de los núcleos duros que atraviesan sin solución de continuidad el Consenso de Washington y el «Consenso de los Commodities», más allá de que los gobiernos progresistas enfaticen una retórica industrialista y emancipatoria que reivindica la autonomía económica y la soberanía nacional, y de que postulen la construcción de un espacio político latinoamericano. En nombre de las «ventajas comparativas» o de la pura subordinación al orden geopolítico mundial, según los casos, los gobiernos progresistas, así como aquellos más conservadores, tienden a aceptar como «destino» el nuevo «Consenso de los Commodities», que históricamente ha reservado a América Latina el rol de exportador de naturaleza, minimizando las enormes consecuencias ambientales, los efectos socioeconómicos (los nuevos marcos de la dependencia y la consolidación de enclaves de exportación) y su traducción política (disciplinamiento y formas de coerción sobre la población).

 

Por último, pese a la tendencia a querer erigirse en «discurso único», el «Consenso de los Commodities» aparece atravesado por una serie de ambivalencias, contradicciones y paradojas, ligadas de manera abierta a la enorme y creciente conflictividad socioambiental que la dinámica extractivista genera, así como también a los múltiples cruces existentes entre dinámica neoliberal, concepción del desarrollo, izquierdas y progresismo populista. En efecto, tradicionalmente, en América Latina, gran parte de las izquierdas y del progresismo populista suelen sostener una visión productivista del desarrollo, que privilegia una lectura en términos de conflicto entre capital y trabajo, y tiende a minimizar o coloca escasa atención en las nuevas luchas sociales concentradas en la defensa del territorio y los bienes comunes. En este marco político-ideológico tan cegado por la visión productivista y tan refractario a los principios del paradigma ambiental, la actual dinámica de desposesión se convierte en un punto ciego, no conceptualizable.

 

Como consecuencia de ello, las problemáticas socioambientales son consideradas como una preocupación secundaria o lisa y llanamente sacrificable, en vistas de los graves problemas de pobreza y exclusión de las sociedades latinoamericanas. En la visión progresista, el «Consenso de los Commodities» aparece asociado a la acción del Estado como productor y regulador, así como a una batería de políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables, cuya base misma es la renta extractivista (petróleo, gas y minería). Ciertamente, no es posible desdeñar la recuperación de ciertas herramientas y capacidades institucionales por parte del Estado, que ha vuelto a erigirse en un actor económico relevante y, en ciertos casos, en un agente de redistribución. Sin embargo, en el marco de las teorías de la gobernanza mundial, que tienen por base la consolidación de una nueva institucionalidad a partir de marcos supranacionales o metarreguladores, la tendencia no es precisamente a que el Estado nacional devenga un «megaactor», o a que su intervención garantice cambios de fondo. Al contrario, la hipótesis de máxima apunta al retorno de un Estado moderadamente regulador, capaz de instalarse en un espacio de geometría variable, esto es, en un esquema multiactoral (de complejización de la sociedad civil, ilustrada por movimientos sociales, ongs y otros actores), pero en estrecha asociación con los capitales privados multinacionales, cuyo peso en las economías nacionales es cada vez mayor.

 

Ello coloca límites claros a la acción del Estado nacional, y un umbral inexorable a la propia demanda de democratización de las decisiones colectivas por parte de las comunidades y poblaciones afectadas por los grandes proyectos extractivos. Tampoco hay que olvidar que el retorno del Estado en sus funciones redistributivas se afianza sobre un tejido social muy vulnerable, lo que fue acentuado por las transformaciones de los años neoliberales, y que las actuales políticas sociales se presentan en muchos casos en continuidad –abierta o solapada– con aquellas políticas compensatorias difundidas en los años 90 mediante las recetas del Banco Mundial (BM). En este contexto, y mal que le pese, el neodesarrollismo progresista comparte con el neodesarrollismo liberal tópicos y marcos comunes, aun si busca establecer notorias diferencias en cuanto a las esferas de democratización. Los escenarios latinoamericanos más paradójicos del «Consenso de los Commodities » son los que presentan Bolivia y Ecuador.

 

El tema no es menor, dado que ha sido en estos países donde, en el marco de fuertes procesos participativos, se han ido pergeñando nuevos conceptos-horizonte como los de descolonización, Estado plurinacional, autonomías, «buen vivir» y derechos de la naturaleza. Sin embargo, y más allá de la exaltación de la visión de los pueblos originarios en relación con la naturaleza (el «buen vivir»), inscripta en el plano constitucional, en el transcurrir del nuevo siglo y con la consolidación de estos regímenes, otras cuestiones fueron tomando centralidad, vinculadas a la profundización de un neodesarrollismo extractivista.

 

Sea en el lenguaje crudo de la desposesión (neodesarrollismo liberal) o en aquel que apunta al control del excedente por parte del Estado (neodesarrollismo progresista), el actual estilo de desarrollo se apoya sobre un paradigma extractivista, se nutre de la idea de «oportunidades económicas» o «ventajas comparativas» proporcionadas por el «Consenso de los Commodities», y despliega ciertos imaginarios sociales (sobre la naturaleza y el desarrollo) que desbordan las fronteras político-ideológicas que los años 90 habían erigido. Así, por encima de las diferencias que es posible establecer en términos político-ideológicos y de los matices que podamos hallar, tales posiciones reflejan la tendencia a consolidar un modelo de apropiación y explotación de los bienes comunes que avanza sobre las poblaciones con una lógica vertical (desde arriba hacia abajo), colocando en un gran tembladeral los avances producidos en el campo de la democracia participativa e inaugurando un nuevo ciclo de criminalización y violación de los derechos humanos.

 

En suma, fuera de toda linealidad, desde esta perspectiva múltiple, el «Consenso de los Commodities» va configurando un espacio de geometría variable en el cual es posible operar una suerte de movimiento dialéctico, que sintetiza las continuidades y rupturas en un nuevo escenario que legítimamente puede caracterizarse como posneoliberal, sin que esto signifique empero la salida del neoliberalismo11.

 

Territorio y lenguajes de valoración12

Una de las consecuencias de la actual inflexión extractivista ha sido la explosión de conflictos socioambientales que tienen por protagonistas a organizaciones indígenas y campesinas, así como de nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el ambiente.

 

Entendemos por «conflictos socioambientales» aquellos ligados al acceso y control de los bienes naturales y el territorio, que suponen, por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de ellos, en un contexto de gran asimetría de poder. Estos conflictos expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente, al tiempo que van estableciendo una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y, de manera más general, por democracia. Ciertamente, en la medida en que los múltiples megaproyectos tienden a reconfigurar el territorio en su globalidad, no sólo se ponen en jaque las formas económicas y sociales existentes, sino también el alcance mismo de la democracia, pues esos proyectos se imponen sin el consenso de las poblaciones y generan así fuertes divisiones en la sociedad y una espiral de criminalización y represión de las resistencias.

 

En este contexto, la explosión de conflictos socioambientales ha tenido como correlato aquello que Enrique Leff llamara la «ambientalización de las luchas indígenas y campesinas y la emergencia de un pensamiento ambiental latinoamericano»13. En este entramado también se insertan los nuevos movimientos socioambientales, rurales y urbanos (en pequeñas y medianas localidades), de carácter policlasista, caracterizados por un formato asambleario y una importante demanda de autonomía. Asimismo, juegan un rol no menor ciertas ONG ambientalistas –sobre todo, pequeñas organizaciones, muchas de las cuales combinan la política de lobby con una lógica de movimiento social– y diferentes colectivos culturales, en los cuales abundan intelectuales y expertos, mujeres y jóvenes, que no solo acompañan la acción de organizaciones y movimientos sociales, sino que en muchas ocasiones forman parte de ellos. Esto significa que estos actores deben ser considerados menos como «aliados externos» y mucho más como actores con peso propio en el interior del nuevo entramado organizacional.

En este contexto, lo más novedoso es la articulación entre actores diferentes (movimientos indígenas-campesinos, movimientos socioambientales, ONG ambientalistas, redes de intelectuales y expertos, colectivos culturales), que se traduce en un diálogo de saberes y disciplinas que conduce a la emergencia de un saber experto independiente de los discursos dominantes y a la valorización de saberes locales, muchos de ellos de raíz campesina-indígena. Estos lenguajes de valoración acerca de la territorialidad han ido impulsando la sanción de leyes y normativas, incluso de marcos jurídicos que apuntan a la construcción de una nueva institucionalidad ambiental, en oposición a las actuales políticas públicas de corte extractivista.

 

En términos generales, y por encima de las marcas específicas (que dependen, en mucho, de los escenarios locales y nacionales), la dinámica de las luchas socioambientales en América Latina da lugar a lo que hemos denominado «giro ecoterritorial», esto es, un lenguaje común que ilustra el cruce innovador entre matriz indígena-comunitaria, defensa del territorio y discurso ambientalista: bienes comunes, soberanía alimentaria, justicia ambiental y «buen vivir» son algunos de los tópicos que expresan este cruce productivo entre matrices diferentes. En este sentido, es posible hablar de la construcción de marcos comunes de la acción colectiva, que funcionan no solo como esquemas de interpretación alternativos, sino como productores de una subjetividad colectiva.

Así, a contrapelo de la visión dominante, los bienes naturales no son comprendidos como commodities, esto es, como pura mercancía, pero tampoco exclusivamente como recursos naturales estratégicos, como apunta a circunscribir el neodesarrollismo progresista. Por encima de las diferencias, uno y otro lenguaje imponen una concepción utilitarista que implica el desconocimiento de otros atributos y valoraciones –que no pueden representarse mediante un precio de mercado, aunque algunos lo tengan–. En contraposición a esta visión, la noción de bienes comunes alude a la necesidad de mantener fuera del mercado aquellos bienes que, por su carácter de patrimonio natural, social o cultural, pertenecen al ámbito de la comunidad y poseen un valor que rebasa cualquier precio14.

Resulta imposible hacer una lista de las redes autoorganizativas, nacionales y regionales de carácter ambiental que hoy existen en América Latina. A título de ejemplo, podemos mencionar la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), nacida en 1999 en Perú; la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) surgida en Argentina en 2006, que congrega organizaciones de base que cuestionan la megaminería, el modelo de agronegocios y, de manera más reciente, el fracking; la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) de México, creada en 2008 contra la megaminería, las represas hidroeléctricas, la urbanización salvaje y las megagranjas industriales. Entre las redes transnacionales podemos citar la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que desde 2006 agrupa organizaciones de Perú, Bolivia, Colombia y Chile y aboga por la creación de un Tribunal de Delitos Ambientales. Por último, son varios los observatorios consagrados a estos temas, entre ellos, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), creado en 1991 y con sede en Chile, y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), fundado en 1997 y que articula más de 40 organizaciones, entre las cuales se halla Acción Ecológica de Ecuador.

Entre todas las actividades extractivas, la más cuestionada hoy en América Latina es la minería metalífera a gran escala. En efecto, en la actualidad no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales que enfrenten a las empresas mineras y el gobierno contra las comunidades: México, varios países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá), Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile15. Según el Ocmal16, existen actualmente 184 conflictos activos, cinco de ellos transfronterizos, que involucran a 253 comunidades afectadas a lo largo de toda la región. Este contexto de conflictividad contribuye directa o indirectamente a la judicialización de las luchas socioambientales y a la violación de derechos que, en no pocos casos, como en Perú, Panamá y México, ha culminado en asesinatos de activistas17.

En suma, lo que definimos como giro ecoterritorial apunta a la expansión de las fronteras del derecho al tiempo que expresa una disputa societal en torno de lo que se entiende o debe entenderse por «verdadero desarrollo» o «desarrollo alternativo», «sustentabilidad débil o fuerte». Al mismo tiempo, coloca en debate conceptos tales como los de soberanía, democracia y derechos humanos: en efecto, sea en un lenguaje de defensa del territorio y los bienes comunes, de los derechos humanos, de los derechos colectivos de los pueblos originarios, de los derechos de la naturaleza o del «buen vivir», la demanda de las poblaciones se inscribe en el horizonte de una democracia radical, que incluye la democratización de las decisiones colectivas y, más aún, del derecho de los pueblos a decir «no» frente a proyectos que afectan fuertemente las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y comprometen el porvenir de las futuras generaciones.

 

Los desafíos para las organizaciones y el pensamiento crítico

El actual proceso de construcción de territorialidad tiene lugar en un espacio complejo, en el cual se entrecruzan lógicas de acción y racionalidades portadoras de valoraciones diferentes. De modo esquemático, puede afirmarse que existen diferentes lógicas de territorialidad, según nos refiramos a los grandes actores económicos (corporaciones, elites económicas), a los Estados (en sus diversos niveles) o a los diferentes actores sociales organizados o intervinientes en el conflicto. Las lógicas territoriales de las corporaciones y las elites económicas se enmarcan en un paradigma economicista, el de la producción de commodities, que señala la importancia de transformar los espacios donde se encuentran los bienes naturales en territorios eficientes y productivos. Por su parte, la lógica estatal, en sus diversos niveles, suele insertarse en un espacio de geometría variable, que apunta a articular una visión de los bienes naturales como commodities y, al mismo tiempo, como recursos naturales estratégicos (una visión ligada al control estatal de la renta extractivista), eludiendo toda consideración que incluya, como proponen movimientos sociales, organizaciones indígenas e intelectuales críticos, una perspectiva en términos de bienes comunes.

Dicho esto, es necesario reconocer la existencia de diferentes obstáculos, vinculados a las dificultades propias de los movimientos y espacios de resistencia, atravesados a veces por demandas contradictorias, así como por la persistencia de determinados imaginarios sociales en torno del desarrollo. Así, una de las dificultades aparece reflejada en la persistencia de una mirada «el doradista» sobre los bienes naturales, que se encuentra extendida incluso en comunidades indígenas y determinadas organizaciones sociales18. Otro de los problemas existentes es la desconexión entre las redes y organizaciones que luchan contra el extractivismo, más ligadas al ámbito rural y a las pequeñas localidades, y los sindicatos urbanos, que representan a importantes sectores de la sociedad y que en varios países (México, Argentina, Brasil, entre otros) tienen un fuerte protagonismo social. La falta de puentes entre estos movimientos es casi total, y ello reenvía también a la presencia de un fuerte imaginario desarrollista en los trabajadores de las grandes ciudades, generalmente ajenos a las problemáticas ambientales de las pequeñas y medianas localidades. En todo caso, la lejanía respecto de los grandes nodos urbanos ha contribuido a reforzar las fronteras entre campo y ciudad, entre la sierra, la selva y la costa, como en Perú y Colombia; o entre las pequeñas localidades y las grandes ciudades, como en Argentina, en la medida en que estos megaproyectos (mineras, agronegocios, represas, fracking, entre otros) solo afectan de manera indirecta a las ciudades. Esto se ve reforzado por los procesos de fragmentación territorial, producto de la implementación de proyectos extractivistas y de la consolidación de enclaves de exportación.

En este escenario, el avance del extractivismo es muy vertiginoso, y en no pocos casos las luchas se insertan en un espacio de tendencias contradictorias, que ilustran la complementariedad entre izquierdas tradicionales, lenguaje progresista y modelo extractivista. Pese a ello, la colisión entre, por un lado, gobiernos latinoamericanos y, por el otro, movimientos y redes socioambientales contestatarios en torno a la política extractiva no ha cesado de acentuarse. Asimismo, la criminalización y la sucesión de graves hechos de represión se han incrementado notoriamente y ya recorren un amplio arco de países, desde México y Centroamérica hasta Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. En este marco de fuerte conflictividad, la disputa por el modelo de desarrollo deviene entonces en el verdadero punto de bifurcación de la época actual.

Por otro lado, no es menos cierto que el «Consenso de los Commodities» abrió una brecha, una herida profunda en el pensamiento crítico latinoamericano, que en la década de 1990 mostraba rasgos mucho más aglutinantes frente al carácter monopólico del neoliberalismo como usina ideológica. Así, el presente latinoamericano refleja diversas tendencias políticas e intelectuales, entre aquellos posicionamientos que proponen un capitalismo «sensato y razonable», capaz de aunar extractivismo y progresismo, y posicionamientos críticos que cuestionan abiertamente el modelo de desarrollo extractivista hegemónico.

En un contexto de retorno del concepto de desarrollo como gran relato, y en sintonía con los cuestionamientos propios de las corrientes indigenistas, el campo del pensamiento crítico ha retomado la noción de «post-desarrollo» (elaborada por Arturo Escobar19), así como elementos propios de una concepción «fuerte» de la sustentabilidad. En esta línea, la perspectiva del post-desarrollo ha venido promoviendo valoraciones de la naturaleza que provienen de otros registros y cosmovisiones (pueblos originarios, perspectiva ambientalista, ecocomunitaria, ecofeminista, decoloniales, movimientos ecoterritoriales, entre otros). Así, el pensamiento post-desarrollista se asienta hoy sobre tres ejes-desafíos fundamentales: el primero, el de pensar y establecer una agenda de transición hacia el post-extractivismo. En razón de ello, en varios países de América Latina ha comenzado a debatirse sobre las alternativas al extractivismo y la necesidad de elaborar hipótesis de transición, desde una matriz de escenarios de intervención multidimensional20. Una de las propuestas más interesantes y exhaustivas ha sido elaborada por el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), bajo la dirección del uruguayo Eduardo Gudynas21, y plantea que la transición requiere de un conjunto de políticas públicas que permitan pensar de manera diferente la articulación entre cuestión ambiental y cuestión social.

Asimismo, Gudynas considera que un conjunto de «alternativas» dentro del desarrollo convencional sería insuficiente frente al extractivismo, con lo cual es necesario pensar y elaborar «alternativas al desarrollo». Por último, subraya que se trata de una discusión que debe ser encarada en términos regionales y en un horizonte estratégico de cambio, en el orden de aquello que los pueblos originarios han denominado «buen vivir». En un interesante ejercicio para el caso peruano, los economistas Pedro Francke y Vicente Sotelo22 demostraron la viabilidad de una transición al post-extractivismo a través de la conjunción de dos medidas: reforma tributaria (mayores impuestos a las actividades extractivas o impuestos a las sobreganancias mineras) para lograr una mayor recaudación fiscal, y una moratoria minera-petrolera-gasífera, respecto de los proyectos iniciados entre 2007 y 2011.

El segundo eje se refiere a la necesidad de indagar a escala local y regional en las experiencias exitosas de alter desarrollo. En efecto, es sabido que, en el campo de la economía social, comunitaria y solidaria latinoamericana existe todo un abanico de posibilidades y experiencias que es necesario explorar. Pero ello implica una previa y necesaria tarea de valoración de esas otras economías, así como una planificación estratégica que apunte a potenciar las economías locales alternativas (agroecología, economía social, entre otras), que recorren de modo disperso el continente. Por último, también exige contar con mayor protagonismo popular, así como una mayor intervención del Estado (por fuera de todo objetivo o pretensión de tutela política).

El tercer gran desafío es avanzar en una idea de transformación que diseñe un «horizonte de deseabilidad», en términos de estilos y calidad de vida. Gran parte de la pregnancia de la noción de desarrollo se debe al hecho de que los patrones de consumo asociados al modelo hegemónico permean al conjunto de la población. Nos referimos a imaginarios culturales que se nutren tanto de la idea convencional de progreso como de aquello que debe ser entendido como «calidad de vida». Más claro: hoy, la definición de qué es una «vida mejor» aparece asociada a la demanda por la «democratización» del consumo, antes que a la necesidad de llevar a cabo un cambio cultural respecto del consumo y la relación con el ambiente, en función de una teoría diferente de las necesidades sociales.

En fin, son numerosos los desafíos, paradojas y ambivalencias que hoy afronta el pensamiento post-desarrollista, vinculado tanto al proceso de ambientalización de las luchas sociales como, de manera más precisa, a las vertientes más radicales del pensamiento crítico. No obstante, la discusión sobre el post-extractivismo se ha abierto, y muy probablemente éste sea uno de los grandes debates no sólo en el pensamiento latinoamericano del siglo XXI, sino también para el conjunto de nuestras sociedades.

 

1.Andrés Wainer: «Inserción argentina en el comercio mundial: de la restricción externa al desarrollo económico» en Realidad Económica No 264, 11-12/2011, p. 77, disponible en www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-d90c-6211.pdf.

2.«Los commodities» en Mundo Finanzas, 12/6/2012, www.mundofinanzas.es/finanzas/los-commodities/.

3.Es interesante observar cómo, a escala mundial, «la geografía de la extracción es muy diferente a la geografía del consumo». Por ejemplo, América Latina produce 26,2% de la bauxita en el mundo, pero solo consume 2,9%; en cuanto al cobre, produce 45,1% y consume 6,1%; respecto del oro, produce 15,2% del total mundial y consume 3%. Cita y datos extraídos de Horacio Machado Aráoz: Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno, tesis de doctorado, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca, 2012.

4.Tal como observa Ariel Slipak, el concepto de reprimarización alude a un proceso complejo. «Parece haber consenso en que la reprimarización significa una reorientación de los recursos de una economía, o de su perfil productivo, hacia actividades con reducido contenido de valor agregado, predominantemente las primario-extractivas, aunque podemos incluir a la actividad de ensamblaje y otros procesos industriales con escasa utilización de conocimientos». A. Slipak: «De qué hablamos cuando hablamos de reprimarización», 2012, mimeo.

5.En la actualidad, las exportaciones de América Latina hacia China se concentran sobre todo en productos agrícolas y minerales. «Así, para el año 2009 las exportaciones de cobre, hierro y soja representaban 55,7% de las exportaciones totales de la región al país oriental. Al mismo tiempo, los productos que China coloca en América Latina son principalmente manufacturas que cada vez poseen mayor contenido tecnológico». A. Slipak: «Las relaciones entre China y América Latina en la discusión sobre el modelo de desarrollo de la región. Hacia economías reprimarizadas» en Iberoamérica Global vol. 5 No 1, en prensa.

6.David Harvey: «El ‘nuevo imperialismo’: acumulación por desposesión» en Socialist Register, 2004, disponible en bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf.

7.Eduardo Gudynas: «Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo» y Jürgen Schuldt y Alberto Acosta: «Petróleo, rentismo y subdesarrollo. ¿Una maldición sin solución?» en aavv: Extractivismo, política y sociedad, caap/claes, Quito, 2009. Maristella Svampa: «Néo-‘développementisme’ extractiviste, gouvernements et mouvements sociaux en Amérique latine» en Problèmes d’Amérique Latine No 81, verano de 2011, pp. 103-127; Raúl Zibechi: «Tensiones entre extractivismo y redistribución en los procesos de cambio» en Aldeah,www.aldeah.org/es/raul-zibechi-tensiones-entre-extractivismo-y-redistribucion-en-los-procesos-de-cambio-de-america-lat, 20/1/2011; G. Massuh: Renunciar al bien común. Extrativismo y (pos) desarrollo en América Latina, Mardulce, Buenos Aires, 2012.

8.E. Gudynas: ob. cit.

9.Colectivo Voces de Alerta: 15 mitos y realidades sobre la minería transnacional en Argentina, El Colectivo / Herramienta, Buenos Aires, 2011.

10.Recordemos que, en la actualidad, son varios los defensores del modelo extractivo que eluden la crítica tradicional, realizada en otras épocas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, v. Raúl Prebisch: Capitalismo periférico. Crisis y transformación, Fondo de Cultura Económica, México, df, 1981), acerca del «deterioro de los términos de intercambio» como cierre y destino final del ciclo económico, pues consideran que perdió vigencia, en función de la creciente demanda de materias primas y el alza de los commodities, así como de la consolidación de una determinada matriz energética y civilizatoria, asentada sobre el consumo creciente de combustibles fósiles. Otros argumentan que la exportación de productos primarios es lo que permite generar las divisas para redistribuir el ingreso y crecer sobre la base de una estrategia mercado internista, o bien para reorientarlas hacia actividades con mayor contenido de valor agregado.

11.Algunos hablan de «posneoliberalismo neodesarrollista». M. Féliz: «Neoliberalismos, neodesarrollismo y proyectos contrahegemónicos en Suramérica» en Astrolabio No 7, 2011.

12.Retomamos aquí el concepto de Joan Martínez-Alier: El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración, Icaria Antrazo, Barcelona, 2004.

13.E. Leff: «La ecología política en América Latina. Un campo en construcción» en Héctor Alimonda: Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana, Clacso, Buenos Aires, 2006.

14.Plataforma 2012: «Por una verdadera estatización de los recursos energéticos: La crisis de ypf o el fracaso de una política energética» en Plataforma 2012, http://plataforma2012.org/2012/05/15/por-una-verdadera-estatizacion-de-los-recursos-energeticos/, 15/5/2012.

15.Colectivo Voces de Alerta: ob. cit.

16.V. «Sistema de información para la gestión comunitaria de conflictos socio-ambientales mineros en Latinoamérica», http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/.

17.Ocmal: Cuando tiemblan los derechos. Extractivismo y criminalización en América Latina, Ocmal /Acción Ecológica, Quito, 2011.

18.Tomamos esta expresión del sociólogo boliviano René Zavaleta, quien afirmaba que el mito del excedente «es uno de los más fundantes y primigenios en América Latina». Con ello, el autor boliviano hacía referencia al mito «eldoradista» que «todo latinoamericano espera en su alma», ligado al súbito descubrimiento material (de un recurso o bien natural), que genera el excedente como «magia», «que en la mayor parte de los casos no ha sido utilizado de manera equilibrada». Aunque las preocupaciones de Zavaleta poco tenían que ver con la problemática de la sustentabilidad ambiental, creemos legítimo retomar esta reflexión para pensar en el actual retorno de este mito fundante, de larga duración, ligado a la abundancia de los bienes naturales y sus ventajas, en el marco de un nuevo ciclo de acumulación. Por ende, entendemos la «visión eldoradista» de los bienes naturales como una expresión regional de la actual ilusión desarrollista. Ver R. Zavaleta Mercado: Lo nacional-popular en Bolivia [1986], Plural, La Paz, 2009.

19.A. Escobar: «El post-desarrollo como concepto y práctica social» en Daniel Mato (coord.): Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2005, pp. 17-31.

20.Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburg: Más allá del desarrollo, América Libre, Quito, 2012. 21.E. Gudynas: ob. cit.22.P. Francke y V. Sotelo: «¿Es económicamente viable una economía post extractivista en el Perú?» en Alejandra Alayza y E. Gudynas (eds.): Transiciones. Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú, Cepes, Lima, 2011

Fuente: http://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/

 

 Crisis civilizatoria

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, generalizar análisis que vayan más allá de acontecimientos y medidas gubernamentales para descubrir el funcionamiento de los cuadros estatales sobre todo del PJ. Es reconocer que son máscaras para nosotros. Se rigen por la lógica de hacer negocios de ahí que el  justicialista Roberto Dromi en tiempos de menemismo protagonice las privatizaciones mientras durante el gobierno CFK asesora la nacionalización parcial de YPF. Asimismo la ex presidenta puede enorgullecerse de entregar el país a la Barrick Gold, a Monsanto y a Chevron y también convocar a defender la 'patria de los buitres'. No son contradicciones, actúan en acuerdo con los intereses lucrativos del capitalismo y de sus propias personas. No nos representan y nos manipulan simulando ser intérpretes del bien común.

 

Gladys Lechini nos advierte: "debemos enfrentar el hecho de que el capitalismo y la profundización de la democracia no son más compatibles, y que el desafío yace en la naturaleza y el grado de las restricciones que le imponemos al mercado, mientras que reestructuramos el sistema de producción y consumo en torno a la satisfacción de las necesidades de la gente y la comunidad más que alrededor de las ganancias corporativas".

 

Aún más, a la democracia vigente desde diciembre de 1983 debemos escudriñarla para percibir que continúa y profundiza la dictadura genocida. No sólo acoge la centralidad de la oficializada como deuda pública externa y vuelve intocables a las leyes dictatoriales que son fundamentales para el acaparamiento gran capitalista sino también está subsumida en:  

Colección Sur/Sur

La globalización y el Consenso de Washington

Sus influencias sobre la democracia y el desarrollo en el Sur

septiembre de 2008

 

Gladys Lechini*[compiladora]

Marco Gandásegui Alicia Girón Arturo Anguiano Helmy Sharawy Patrick Bond Mammo Muchie Beluce Bellucci Walden Bello Virginia Miralao Utsa Patnaik Romer Cornejo

 

Introducción

Gladys Lechini

 

Este libro es el resultado de un taller organizado en el año 2006, en el CENDES (Centro de Estudios para el Desarrollo) en Caracas, en el marco de un proyecto trianual de colaboración entre instituciones académicas del Sur. La iniciativa fue desarrollada por APISA, CLACSO y CODESRIA durante el periodo 2005-2007, gracias al generoso aporte de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI). Este proyecto multifacético y ampliamente comprensivo fue diseñado para implementar y en algunos casos restaurar la cultura de la promoción de redes académicas entre instituciones de investigación regionales y sub-regionales de América Latina, África y Asia. El objetivo es incrementar el entendimiento recíproco entre estas regiones y al mismo tiempo contribuir a la producción y diseminación de conocimientos relevantes para el Sur, que sirvan tanto para entender y abordar los desafíos regionales como para incentivar la adopción de nuevas orientaciones políticas. A través de la organización de Talleres e Institutos de Verano en los tres continentes, el proyecto fomenta la circulación de ideas y resultados de las investigaciones tanto en el espacio académico como en el ámbito público de las regiones impli cadas. El proyecto también apunta a tener un impacto en la discusión académica que se desarrolla en el Norte, generalmente ajena a las realidades y las consideraciones teóricas y metodologías utilizadas en el Sur. Para ello, el resultado de estas actividades de colaboración será publicado en forma de libros y documentos de trabajo.

 

Durante el mencionado seminario en Caracas, académicos provenientes de diferentes regiones del Sur compartieron ideas y experiencias sobre realidades y problemáticas comunes, aprendiendo sobre diferencias y similitudes, compatibilidades y contradicciones en relación a temas principalmente relacionados a la arquitectura financiera internacional y su influencia sobre la estabilidad democrática y las perspectivas de desarrollo en el Sur. Tal como fue reconocido durante las discusiones, las políticas de ajuste estructural fueron introducidas desde comienzo de los ochenta como un marco ampliamente inclusivo para la aplicación de “reformas” (amigables reformas del mercado) a partir de las cuales los países del Sur superarían sus tradicionales problemas de desarrollo. Muy por el contrario, más que resolverlos, las recetas ortodoxas de estabilización y ajuste estructural se convirtieron en factores que profundizaron las dinámicas de crisis y declinación experimentadas, salvo raras excepciones, en la mayoría de los países del Sur, reforzando las dificultades existentes y generando otras nuevas. En este proceso de ajuste, las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) jugaron un rol fundamental. De hecho, agencias como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y, en nuestras regiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo Asiático y el Banco de Desarrollo Africano, tuvieron un doble papel de gran influencia en los procesos políticos domésticos. Por un lado, un influyente papel económico, promocionando e implementando las políticas neoliberales en un amplio arco de mercados e instituciones económicas –algunas veces hasta contribuyendo con sus propios recursos humanos a la burocracia estatal a cargo–, y, por otro, un rol político, ayudando a “disciplinar y alinear” dentro de los estrechos límites establecidos por el Consenso de Washington a gobiernos nacionales que pudieran resistirse. En este contexto, las instituciones financieras se convirtieron en avenidas críticas para posibilitar el avance de una estructura hegemónica internacional –liderada por fuerzas políticas y económicas globales– sobre el diseño de políticas y agendas domésticas de estados supuestamente soberanos, determinando nuevas formas de subordinación y control.

Esta red asimétrica de relaciones sociales, políticas y culturales impidió a los países de la periferia implementar decisiones soberanas en áreas de gobierno cruciales, con la consecuente erosión de sus legitimidades democráticas. Una de las consecuencias más importantes de las políticas del Consenso de Washington ha sido el debilitamiento del Estado, una institución que fue severamente demonizada y atacada, siendo múltiples los esfuerzos realizados para deslegitimarla como actor en el proceso de desarrollo. Pero tal vez más perturbador aun fue la erosión sistemática de un proceso efectivo de generación de políticas así como de sus capacidades para gestionarlas y la relocalización de la toma de decisiones macro-económicas clave en manos de los mercados y de las instituciones financieras internacionales, arriesgando tanto la consolidación democrática como el proceso de desarrollo en el Sur.

 

En este sentido, una temática relevante para investigar desde el punto de vista de nuestros estados se refiere a las condiciones bajo las cuales la tan ansiada democratización podría producir una distribución más justa de los recursos y promover la disolución de las arraigadas estructuras de dependencia. Otra cuestión importante con la cual deben lidiar los países del Sur, y que es muy difícil de sobrellevar, es el desafío planteado por la necesidad de garantizar el proceso de construcción del Estado en un contexto generalizado, aunque muy desigual, de erosión de la soberanía. Una clara comprensión de esta situación compleja es absolutamente esencial para vislumbrar las enormes dificultades que enfrentan los países del Tercer Mundo para implementar prácticas políticas democráticas. Ésta es la razón por la cual el buen desempeño y la legitimidad de los gobiernos en África, Asia y América Latina requieren un nuevo pensamiento y un nuevo marco teórico. Consecuentemente, si los países no pueden ser soberanos en sus relaciones internacionales, difícilmente puedan honrar la soberanía en el ámbito doméstico, que es justamente el otro nombre para la democracia. Por otra parte, las condicionalidades de las instituciones financieras internacionales han incrementado los niveles de pobreza y exclusión, provocando no sólo una actuación negativa en términos económicos, sino también afectando negativamente las oportunidades para lograr tanto la gobernabilidad como la estabilidad y legitimidad democráticas.

 

La búsqueda de un camino para superar las políticas ortodoxas es una cuestión esencial para el futuro de la democracia y el desarrollo en el Sur. Reunidos alrededor de estos desafiantes temas, los académicos de las tres regiones del Sur discutieron en Caracas cuestiones generales concernientes al proceso global y al rol de las instituciones financieras internacionales en el diseño de una nueva estructura internacional. También examinaron problemas más específicos relacionados con: (a) el impacto de las políticas de ajuste estructural sobre la pobreza y la exclusión social; (b) la difícil tarea de reconciliar la democracia y el desarrollo en África, Asia y América Latina; y (c) los ejemplos concretos de México, Etiopía, Mozambique, India, Filipinas, China y Taiwán.

 

A continuación se presentará un sucinto resumen de los diferentes trabajos discutidos. En “Los procesos globales y sus efectos sobre América Latina. Mundos policéntricos vs. mundos perturbados”, Marco Gandásegui (h.) hace referencia al sistema expansivo capitalista y sus vínculos con el Estado-Nación así como a las posibilidades de las organizaciones políticas del Sur para actuar de manera independiente, con márgenes razonables de autonomía. En este contexto, Gandásegui propone la desvinculación de las relaciones capitalistas para comenzar a construir estrategias alternativas para el desarrollo. Para el autor, la desvinculación implica la opción política tomada por una clase social predominante o una alianza de clases, para liberarse de las ataduras económicas e ideológicas impuestas por el centro de poder capitalista y procurar nuevas vías hacia la creación de proyectos nacionales autocentrados. Sin embargo, se pregunta si la desvinculación puede ser un paso hacia la profundización de las relaciones capitalistas o el primer paso en el camino hacia el socialismo. Gandásegui recurre a las teorías de Samir Amin, para quien la única alternativa para los países de la periferia es desvincularse del sistema-mundo que no les ofrece ningún futuro. Si nuevas alternativas aparecieran en el horizonte, varios centros podrían entonces competir con su propias dinámicas, creando un mundo policéntrico. Amin también considera la posibilidad de una vía intermedia que conduzca a una nueva fase de expansión del mundo sobre la base de una acelerada acumulación de la periferia integrada.

 

Las propuestas teóricas de Samir Amin son precisamente lo que más preocupa a los estrategas norteamericanos, quienes esperan que Estados Unidos pueda continuar controlando los eventos en América Latina, tal como lo viene haciendo desde que se anexó la mitad de México en 1846. A pesar del hecho de que Estados Unidos está planeando “redibujar” las fronteras políticas con sus vecinos sureños (a través la extensión de sus prerrogativas migratorias y comerciales, entre otras) depende de América Latina construir sus propias alternativas. Gandásegui concluye que este desafío solamente será superado por los pueblos latinoamericanos cuando las necesarias alianzas populares los habiliten a desvincular su propio desarrollo de las demandas de la transnacionalización.

 

En su presentación “Fondo Monetario Internacional: de la estabilidad a la inestabilidad. El Consenso de Washington y las reformas estructurales en América Latina”, Alicia Girón se basa en el supuesto de que el Consenso de Washington y sus consecuentes reformas han contribuido a agravar la inestabilidad en América Latina en un contexto democrático. Para la autora, el desarrollo del capitalismo y las reformas económicas del Consenso de Washington han profundizado la transformación de las estructuras económicas de los gobiernos, que han pasado de ser regímenes autoritarios y regulados a regímenes desregulados, democráticos y orientados por el sistema del mercado. Sin embargo, la democracia y su rol en el proceso hacia la reorganización económica, política y social no le ha dado nuevas oportunidades a la mayoría de la población, que no ha recibido ningún beneficio de las relaciones entre los países en el proceso de globalización. Es por ello importante subrayar la constante disputa entre el sistema financiero que busca el equilibrio de las variables macroeconómicas y la persistente inestabilidad financiera del desarrollo capitalista.

 

En su análisis, Girón describe el sistema monetario internacional desde su creación hasta la era post-Bretton Woods; los mercados financieros globales y sus implicaciones para la globalización financiera en los países emergentes; el Consenso de Washington y las transformaciones sufridas por las economías reguladas hacia sistemas de mercados desregulados, en el marco de regímenes democráticos, para concluir con algunas reflexiones sobre la democracia y los resultados de las reformas estructurales. El problema es que luego de la “década perdida” en los ochenta, estas reformas fueron aplicadas sin tener en cuenta las condiciones específicas de cada país. De este modo, debilitaron las instituciones públicas y no lograron el fortalecimiento del empresariado nacional ante la competencia extranjera que invadió los sectores financieros e industriales de los países periféricos. Las grandes corporaciones internacionales se convirtieron en los actores principales en la era post-Bretton Woods a través de la adquisición de las empresas que habían sido recientemente privatizadas. En tanto, con respecto al ambiente financiero, las políticas de desarrollo, las reformas y la liberación de los sistemas financieros iniciaron la internacionalización de los servicios financieros, en oposición a los intereses de cualquier proyecto nacional de desarrollo.

El resultado ha sido la creciente desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo y una disminución del consumo, llegando a picos sin precedentes en la historia de América Latina. Arturo Anguiano, en su trabajo sobre “México: contradicciones e incertidumbres de un proceso democrático trunco”, expresa su desilusión por el fracaso del gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006), del Partido Acción Nacional (PAN), en la erradicación de los males causados por setenta y dos años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El autor explica cómo, en un muy corto periodo de tiempo, este supuesto gobierno innovador se convirtió en una grotesca caricatura de la fuertemente criticada administración del PRI, acudiendo a los mismos métodos y prácticas tradicionales de manipulación y control político, provocando desencanto, enojo y hasta polarización y desesperación en todos los sectores de la sociedad mexicana. Sin embargo, admite algunos avances en el nivel de transparencia, como el hecho de que las elecciones institucionales de 2006 fueron realizadas bajo la organización y supervisión de cuerpos electorales relativamente autónomos de las autoridades oficiales (el Instituto Federal Electoral y sus equivalentes en cada uno de los estados mexicanos). Éste puede ser considerado un primer paso hacia la emergencia efectiva, en México, de una ciudadanía soberana cuyos derechos fueron siempre usurpados por el Estado y sus instrumentos político-corporativos. No obstante, este paso es muy pequeño, pues el disfrute de la libertad continúa siendo segmentado, diferenciado e irrestricto hacia arriba y restricto, condicionado e incluso uniformado para aquéllos que sobreviven en los estratos más bajos de la sociedad. En la democracia que se supone que llegó a México bajo los auspicios de la globalización neoliberal, los «partidos políticos» se convirtieron en máquinas electorales sin alma política, sin programa ni ideología. Apoyados por los fondos públicos y los mecanismos que garantizan el monopolio de la participación política, los partidos parecen estar florecientes, ricos gracias al dinero público, promovidos por los medios modernos de comunicación y partícipes de una sociedad política cada vez más exclusiva. Pero por otra parte, esta sociedad se está desintegrando y segmentando bajo la influencia de políticas económicas regresivas que tienen como consecuencia la pérdida masiva de puestos de trabajo y condenan a un estrato cada vez más amplio de la población al empobrecimiento, la emigración y la incertidumbre.

 

Similar al caso de América Latina es la situación vivida en África y el Mundo Árabe, tal como lo explica el académico egipcio Helmi Sharawy, quien en “La globalización americana como el mayor obstáculo para el desarrollo de la democracia en el Mundo Árabe y en África” analiza las consecuencias negativas del proyecto hegemónico norteamericano para los países de la región. Sharawi argumenta que Estados Unidos diseña sus políticas en la región árabe-africana en el contexto de su estrategia global, impactando negativamente sobre los desarrollos democráticos del área. Sin embargo, a pesar de estar alertados sobre esta situación, los académicos y los miembros de la sociedad civil de la región han sido incapaces hasta el momento de organizar y producir una respuesta local apropiada. Ésta es la razón por la cual es importante restaurar la cooperación Sur-Sur para poder lidiar con la estrategia global y unilateral estadounidense.

 

Sharawy destaca que a fines del siglo XX las Instituciones Financieras Internacionales forzaron a los países del Tercer Mundo a adoptar políticas de ajuste estructural en forma paralela a los supuestos cambios democráticos. Sin embargo, para resguardar los intereses de Washington y de sus aliados imperialistas y para asegurar la provisión de petróleo del Golfo se le dio apoyo absoluto a los regímenes dictatoriales en Medio Oriente. Es más, un año después del 11 de setiembre fue dada a conocer al público en general la “Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos”, un importante documento donde los objetivos de la dominación global estadounidense se disfrazan en términos morales, glorificando la “democracia” del Libre Mercado, el internacionalismo estadounidense y el modo de vida americano. Algunos han argumentado que la lógica de la economía de mercado refuerza las posibilidades de afianzar la democracia liberal en el caso del desarrollo capitalista liberal. Sin embargo, en una región como Medio Oriente, donde tal desarrollo está ausente debido a la supremacía de la economía de renta “tributaria” (rentas del petróleo en la mayoría de los casos) y a una larga historia de gobiernos despóticos, mucho más cercanos al modo de producción asiático que al capitalista, la tan mentada economía de mercado conduce al despotismo antes que a la democracia.

 

En el caso del continente africano, los regímenes han tratado de justificar su despotismo apelando a un discurso sobre luchas étnicas, a la carga de la deuda externa y a la injusticia del sistema de comercio internacional. En ambas regiones, no obstante, el objetivo es instalar regímenes leales a Estados Unidos y bloquear cualquier intento de diálogo Sur/Sur. A comienzos del siglo XXI, bajo la guía de la guerra contra el terrorismo, varias formas de políticas regionales fueron promovidas por Estados Unidos. Luego de que en setiembre de 2002 el presidente Bush anunciara su “Visión Estratégica para Estados Unidos”, su secretario de Estado, Colin Powell, dio a conocer su iniciativa para la “Asociación Estados Unidos/Medio Oriente, para la construcción de la esperanza” en diciembre de 2002. Por ella, Estados Unidos, independientemente de su discurso sobre democracia y derechos humanos, imponía arbitrariamente su derecho a destruir cualquier régimen que amenazara su hegemonía. Dos años después, en setiembre de 2004, esta iniciativa fue renombrada “Medio Oriente Ampliado”, adoptándose en este contexto la “Declaración de Alejandría” con una agenda neoliberal de economía de mercado. De acuerdo al autor, el progreso de esta iniciativa para Medio Oriente debe ser relacionado con el “Internacionalismo Americano”, anunciado varios años antes. Este “internacionalismo” que tuvo su reunión preparatoria en Varsovia, luego creó el “Foro Mundial para la Democracia” en Chile. Para Sharawy, esta organización privada internacional, más abarcadora que el Foro de Davos o el G-8, está dirigida contra las actividades populares y el Foro Social Mundial. Como incluye a numerosos países del Tercer Mundo, como India, Sudáfrica y México, que tienen especial preponderancia entre los países del Sur, representa un obstáculo real para cualquier diálogo Sur/Sur.

Por todas estas razones, Sharawy propone reactivar el movimiento tricontinental que comenzó en 1955, revigorizando la comunidad de naciones Sur/Sur y promoviendo una globalización democrática alternativa para reemplazar a la actual, bajo el liderazgo estadounidense, que ha causado tantos problemas en el mundo. En “El saqueo de África”, Patrick Bond demuestra que el continente está empobreciéndose progresivamente, y que su integración a la economía mundial no ha generado riqueza, sino que ha perfeccionado los mecanismos a través de los cuales se asegura la fuga de la misma. África continúa perdiendo poder en frentes como el comercio y la inversión. La pobreza y la desigualdad son características en África, donde se pueden encontrar los peores ejemplos. Sin embargo, el saqueo de África no es nuevo, sino que data de muchos siglos atrás, cuando la transferencia de valores comenzó vía la apropiación de mano de obra esclava y el tráfico de esclavos. En ese entonces, materiales preciosos y materias primas eran extraídos por medios coloniales forzosos.

En décadas recientes, se ha intensificado la extracción de la riqueza a través de las relaciones imperialistas, y algunas de las tácticas primitivas de saqueo han regresado y se han expandido a través de todo el continente. En su trabajo, Bond analiza cómo África se ha subdesarrollado a través del comercio y las inversiones vinculadas a la extracción de minerales, depredando los recursos naturales y mostrando la relación entre apertura comercial y globalización, pobreza y deterioro general de las condiciones sociales. La “marginalización” de África ocurre entonces no sólo por la insuficiencia de su integración a los mercados mundiales, sino porque otras áreas del mundo –especialmente el Este Asiático– se mueven hacia la exportación de bienes manufacturados, en tanto el potencial industrial africano está en continuo declive debido a la excesiva desregulación asociada con los ajustes estructurales. Otro problema está relacionado con el sistema de subsidios agrícolas del Norte, el cual ha causado una creciente desigualdad rural en el mundo. Los subsidios agrícolas reflejan actualmente las contribuciones a las campañas de las agro-corporaciones y la importancia de los bloques de votantes rurales en los países capitalistas desarrollados.

 

La cuestión estratégica crucial es si las estrategias de desarrollo autosuficientes –que fueron la necesaria (aunque insuficiente) condición para la mayoría de los procesos de industrialización en el pasado– pueden ser aplicadas si los países exportadores de bajos ingresos continúan estancados en las exportaciones de commodities. Los mismos puntos deben ser analizados en relación a las exportaciones africanas de minerales, donde el agotamiento de recursos no renovables drena la riqueza de las futuras generaciones.

 

En los casos más extremos, el sector petrolero demuestra cómo las ganancias generadas, generalmente lubricadas por la corrupción, han tenido consecuencias extremadamente negativas. En este sentido, diversas fuerzas de la sociedad se han apartado de la concepción de que el petróleo es una propiedad privada, que puede ser negociada entre corporaciones y gobiernos, y lo consideran como bien “común” del capital natural de la sociedad. La deuda ecológica que el Norte tiene con el Sur, específicamente en África, es muy vasta. Pero sólo algunos de estos factores son incorporados en los sistemas contables alternativos del Banco Mundial y en otros indicadores sociales y ecológicos, como aquéllos propuestos por el instituto “Redefining Progress” de San Francisco. Finalmente, la riqueza de África también está disminuyendo debido a la importante migración de mano de obra calificada, que produce fuga de cerebros. De acuerdo a Bond, el desafío será establecer una perspectiva diferente desde la política y las políticas públicas.

 

La solución al saqueo de África está en las propia actividad de africanos progresistas, en sus campañas y declaraciones, en sus luchas –a veces victoriosas, aunque muchas sean frustrantes– y en sus expectativas para un África que pueda finalmente romper las cadenas de una economía mundial explotadora y de una poderosa elite global que trata al continente sin ningún respeto.

 

En su trabajo sobre “El impacto del Consenso de Washington sobre la estabilidad democrática: el caso de Etiopía”, Mammo Muchie analiza la implementación de los objetivos de reducción de la pobreza en los estados africanos, en el periodo en que se ejecutaron los programas de ajuste estructural. Para el etíope, la mayor debilidad de estos programas promovidos por las instituciones financieras con sede en Washington es la ruptura que se produce entre la economía y la política y el desenganche entre la economía y la sociedad. En este proceso, la autonomía y la rendición de cuentas, el crecimiento y la redistribución, y el consenso y la inclusión se movieron en direcciones opuestas y bifurcadas. Este dilema puede ser bien ilustrado si se considera la cuestión de la gobernanza. Sólo la gobernanza democrática y no lo que generalmente es considerado como “buena gobernanza” provee las condiciones necesarias para erradicar la pobreza. Para Muchie, la diferencia entre gobernanza democrática y buena gobernanza es significativa. Los donantes inventaron la llamada “buena gobernanza” y con ella se refieren a cualquier cosa menos a la participación y al fortalecimiento de la ciudadanía. Con la gobernanza muchas veces señalan la capacidad gerencial, autoritaria, orientada al mercado. En el caso africano, la llamada “nueva generación de líderes” ha sido seleccionada de acuerdo a cuán buenos y receptivos sean hacia los donantes, y no a cuán democráticos sean con sus pueblos. Por el contrario, en las gobernanzas democráticas, la legitimidad proviene del pueblo y de la sociedad, no de donantes externos.

La democracia está basada en la elección popular, fortaleciendo a los ciudadanos y a la sociedad a través del control de la autoridad estatal. En el caso de Etiopía, los agentes del Banco Mundial argumentan que el presente régimen está comprometido con la reducción de la pobreza y con los “Objetivos del Milenio”, mientras que la economía del país continúa dependiente en materia de alimentos y no se observa ningún compromiso con la democracia por parte del gobierno. De acuerdo a Muchie, para la erradicación de la pobreza en Etiopía es fundamental profundizar la democracia para así tener legitimidad para llevar adelante las retrasadas revoluciones verde (producción agrícola de alimentos), azul (producción de agua) y blanca (producción lechera). Los donantes no deberían disociar la democracia de la reducción de la pobreza si desean ser política, moral e intelectualmente sensatos y coherentes. Beluce Belluci en “Todo y nada: la apuesta del capital en Mozambique” analiza las posibilidades y limitaciones de dos apuestas económicas para reducir la miseria del país, mostrando la total esquizofrenia entre capital por un lado y trabajo por el otro, con el capital beneficiándose, como siempre. Para el autor, la actual violencia social e institucional, en un contexto donde la policía y los paramilitares mantienen el orden, es fruto del normal proceso de acumulación de capital, entre los que tienen y los que no tienen. La modernización de Mozambique, incluidos el establecimiento del Estado nacional y la implementación del socialismo, ocurrió tardíamente en el contexto mundial, a mediados de los setenta, justo cuando los estados-nación comenzaban a perder peso en las relaciones internacionales y a encontrar constreñidos sus márgenes de maniobra y soberanía. Con la independencia, la modernización socialista fue impuesta como un sistema para producir bienes manufacturados, apoyándose en un Estado fuerte, formalmente diferente de los modelos capitalistas. Pero en 1992 se instituyó un modelo capitalista democrático y liberal, con un sistema legal acorde que insertó internacionalmente al país en función de las necesidades de los grandes inversores. Sin embargo, nunca antes el país había enfrentado una miseria tan grande con tan poca autonomía. En el caso de Mozambique se propuso la inversión extranjera directa (IED) como uno de los pilares de la política económica a través del Proyecto Mozal, que comenzó a ejecutarse en el año 2000. Para el gobierno este proyecto es de gran importancia porque, al estar orientado a la exportación, traerá beneficios al vincular Mozambique con la economía internacional. Mozal, junto con otro megaproyecto que está en proceso de diseño, tendrá un gran impacto en el PBI del país y en su balanza comercial, pero no en los ingresos nacionales, en la balanza de pagos y en la creación de empleo local. Otra alternativa a los megaproyectos para implementar una estrategia de desarrollo “pro-pobreza” ha sido atraer inversiones a través de las industrias manufactureras orientadas a la exportación con mano de obra intensiva (LIME, por su sigla en inglés), las cuales crearán más puestos de trabajo que los megaproyectos. Pero de acuerdo a Belluci, este proceso basado en el trabajo individual y familiar intensifica y agudiza la explotación. La experiencia indica que este modelo es también responsable de la exclusión en otros países y regiones.

Desde una perspectiva metafórica, los megaproyectos actúan en el viejo panorama mozambiqueño con “mucho trabajo muerto y casi sin trabajo vivo, en tanto las LIME actúan con mucho trabajo vivo y casi sin trabajo muerto”. La exclusión mozambiqueña es social, política y económica. Mozambique ha adherido incondicionalmente a las cartas de intención del FMI y ha obedecido las imposiciones establecidas por los prestamistas internacionales. El gobierno estableció un proceso de paz con Renano, democratizó al país a través de elecciones directas y posibilitó la libertad de actuación a los partidos políticos, a la prensa y a la circulación de capital. Por sobre todo, trajo gobernabilidad, permitiendo altas tasas de ganancias y su repatriación.

 

La propuesta del FMI, el Banco Mundial y los grandes inversionistas internacionales, aprobada por el gobierno, de atraer megaproyectos y LIME –en un país con un 70% de su población viviendo bajo la pobreza absoluta– le dio una nueva cara a la explotación. De acuerdo con el autor, todo esto está en línea con los mismos objetivos coloniales de saquear al pueblo mozambiqueño. Ésta es la esencia de la nueva política económica, que se aprovecha de la reinante miseria para aumentar las ganancias del capital, bajo el supuesto de la democracia, la paz, seguridad y el buen gobierno. En “La crisis global de la legitimidad de la democracia liberal”, Walden Bello aborda la actual crisis de la democracia lockiana, el  modelo de democracia promovido por Estados Unidos como el sistema de gobierno tanto para el Norte como para el Sur.

 

Este modelo se encuentra en crisis en los Estados Unidos, así como en los países del Sur, tal como el autor muestra a través de varios ejemplos, principalmente el de Filipinas. Aunque dos décadas atrás el “Poder del Pueblo” solía ser sinónimo de Filipinas, los acontecimientos recientes han demostrado que la mayoría está cada vez más desilusionada con el sistema político implementado en 1986. Este sistema ha promovido e incrementado la competencia entre facciones dentro de la elite, mientras que les ha permitido cerrar filas en contra de cualquier propuesta de cambio en la estructura social y económica. Las elecciones han transformado a los votantes en activos participantes de la legitimación del statu quo social y económico, creando la gran paradoja filipina: el desarrollo de un juego electoral muy animado por encima de una estructura de clases que es una de las más inmóviles de Asia.

A pesar de algunas variaciones institucionales y culturales, se puede decir que las dinámicas de las políticas democráticas en países como Brasil, Argentina, México, Ecuador y Tailandia son similares a las de Filipinas. En todos estos casos, los dictadores perdieron la credibilidad en los ochenta porque no pudieron implementar ni respaldar los programas de “ajuste estructural” que demandaban los actores externos. Pero los nuevos gobiernos democráticos rápidamente confrontaron su propio dilema cuando las agencias multilaterales les pidieron que usaran la legitimidad democrática para imponer las reformas económicas que los militares no fueron capaces de aplicar. De este modo, la democracia electoral se convirtió en el primer mecanismo de imposición de programas de estabilización o ajuste estructural en Jamaica, Haití, Filipinas, Perú y Pakistán, entre otros.

 

Desde mediados de los ochenta hasta el 2002, una serie de gobiernos erosionaron la credibilidad democrática al realizar infructuosos esfuerzos por imponer la estabilización económica deseada por Washington y el FMI. El punto central que remarca Bello es que actualmente la democracia, tanto en el Norte como en el Sur, sufre un proceso de erosión debido a varias amenazas. Para responder a estas amenazas es necesario iniciar un proceso de reconceptualización o revisión fundamental de lo que es la democracia en diferentes niveles, en tanto la democracia ha sido identificada por mucho tiempo con el proceso electoral, no atendiendo a las advertencias de Rousseau o Michel. Por esta razón es necesario avanzar hacia mecanismos de gobierno democráticos más directos y participativos, teniendo en cuenta al movimiento anti-globalización que enfatiza el uso de métodos democráticos directos para la toma de decisiones.

La igualdad debe ser restaurada como una de las dimensiones clave de la democracia, alcanzando una distribución más equitativa del capital y los ingresos. Pero por sobre todo, debemos enfrentar el hecho de que el capitalismo y la profundización de la democracia no son más compatibles, y que el desafío yace en la naturaleza y el grado de las restricciones que le imponemos al mercado, mientras que reestructuramos el sistema de producción y consumo en torno a la satisfacción de las necesidades de la gente y la comunidad más que alrededor de las ganancias corporativas. Éste es un tema muy complejo, que necesita un enfoque multidimensional para enfrentar las diversas dimensiones del problema con ideas y soluciones institucionales acordes a los tiempos que corren para que la democracia no se convierta en algo del pasado.

 

En línea con la contribución de Bello, Virginia Miralao en “Globalización, democracia y desarrollo: algunos modelos asiáticos y la experiencia filipina” describe el impacto de la globalización sobre la democracia y el desarrollo en Asia, con especial atención al caso de Filipinas. En primer lugar, Miralao expone algunos modelos relevantes de globalización, democracia y desarrollo en Asia. Brevemente analiza los casos de India, Filipinas, Singapur, Malasia, Corea del Sur, Taiwán, China y Vietnam para mostrar la diferencia entre los conceptos de democracia y desarrollo en los países de la región, y a partir de allí, el modo en que están relacionados con las nociones de desarrollo y crecimiento económico. En general, las experiencias de los países de la región apoyan la proposición según la cual la apertura de las economías nacionales hacia los mercados globales presiona a las sociedades a liberalizar también sus sistemas políticos. Pero en el caso de los países miembros de la ASEAN, esta alianza no ha sido exitosa en ciertos casos, como el de Myanmar, para lograr la democratización y el incremento de las libertades políticas de sus ciudadanos. Posteriormente, la autora se ocupa de la situación actual de Filipinas. Desde mediados de los noventa, Filipinas ha tratado de abrir su economía y alcanzar varias “reformas de mercado”, como así también reformas sociopolíticas, para hacer al país “globalmente competitivo”. Analiza particularmente las consecuencias de la globalización sobre los niveles y perfiles educativos y sobre la estructura del empleo y encuentra razones para creer que el proceso de globalización empeorará el estado de las desigualdades socioeconómicas en Filipinas. Finalmente concluye que si bien existen tendencias emergentes que marcan una posible revitalización de la economía nacional, las mismas no parecen estar desarrollándose de la manera correcta para solucionar problemáticas como la pobreza y la desigualdad.

En su trabajo “Teorías sobre la pobreza y la seguridad alimentaria en la era de las reformas económicas”, Utsa Patnaik analiza el impacto de las políticas económicas neoliberales sobre las problemáticas de la seguridad alimentaria y la pobreza en la India durante los últimos quince años, criticando los enfoques predominantes y sus prescripciones. La autora remarca que la persistente y crítica crisis agraria que actualmente afecta a la India fue generada por políticas públicas deflacionarias y por la liberalización comercial, en un momento en el cual los precios internacionales de los productos primarios estaban en baja. Esto se refleja en la caída del consumo de cereales y de energía calórica ingerida por la población india. Patnaik critica el procedimiento de estimación utilizado por el gobierno y gran parte de los académicos para calcular la pobreza. Ellos llegan a la conclusión de que la pobreza en el país está descendiendo, sin comprender que los adversos efectos del desempleo y la deflación pueden barrer cualquier beneficio proveniente de la caída de los precios de los alimentos.

 

Para Patnaik, los datos muestran que la pobreza se ha incrementado considerablemente durante los últimos quince años de reformas neoliberales, con más cantidad de gente descendiendo forzadamente hacia niveles nutricionales más bajos en la mayoría de los estados indios. Por tanto no hay una sobreoferta de cereales, sino un declive, y lo que es aun peor, durante los últimos años se observa una dramática caída de la demanda efectiva, especialmente en las zonas rurales, debido a una anormal pérdida del poder adquisitivo de los estratos más bajos Su propuesta ofrece una alternativa al recorte de la producción de granos. Para Patnaik, la política correcta sería aumentar el poder adquisitivo de los sectores populares y restaurar la demanda efectiva y el acceso a alimentos a través de la combinación de un esquema de empleo garantido universal, y no sectorial. Patnaik evalúa la relevancia de un adecuado análisis de la situación, porque la incorrecta teorización en los círculos académicos y del gobierno lleva a la formulación de políticas y a la ejecución de medidas que solamente empeoran el bienestar de las masas y empujan, especialmente a grandes sectores de la población rural, a una mayor desocupación y privación alimentaria. El cálculo oficial utiliza un particular método de estimación que desvincula completamente la pobreza de las normas nutricionales, ignorando datos actuales que muestran el aumento de la privación nutricional y la pobreza. De esta forma se rehúsa a reconocer que, mientras que en las sociedades desarrolladas los consumidores pueden separarse de una minoría que son productores agropecuarios, en un país pobre como la India, la mayoría de los consumidores son rurales y están directamente involucrados en la producción como agricultores, por lo que las políticas deflacionarias los golpean duramente en el doble rol de consumidor y productor. La deflación de los precios no beneficia a los trabajadores rurales en tanto son parte del proceso de deflación que aumenta el desempleo más rápido que la caída de los precios.

 

La estimación de los economistas sobre la pobreza a través del método indirecto está todavía atrapada en la vieja trampa conceptual de equiparación entre la caída relativa de los precios de los alimentos con las bajas en los índices de pobreza, sin entender que los efectos adversos del desempleo y la deflación pueden barrer con cualquier beneficio que sea producto de la caída de los precios de los alimentos. Patnaik concluye que no hay racionalidad económica para continuar un sistema público de distribución limitado cuando la pobreza rural actual es tan alta, cercana al 4/5 de la población, y cada vez una mayor proporción de gente cuyos niveles nutricionales descienden constantemente. Utsa Patnaik concluye argumentando que no hay razón económica para continuar con un sistema de distribución público centrado. Romer Cornejo, por su parte, demuestra que no hay una inevitable relación entre liberalismo económico y democracia. En su trabajo “La participación política y los desafíos de las nuevas democracias: notas sobre China y Taiwán”, expone cómo en China los factores endógenos junto con la preponderancia de un Estado autoritario pesan más que la internacionalización de la economía; en Taiwán, por otra parte, el proceso democrático puede ser vinculado a la búsqueda de legitimidad internacional.

 

Los cambios en el sistema político chino durante las reformas pueden ser resumidos como la transición de un régimen totalitario a un autoritarismo de partido único. Este último ha requerido la descentralización de las decisiones y la introducción de innovadoras formas de participación, pero siempre preservando la posición hegemónica del Partido Comunista, lo cual está contemplado por la Constitución y otras leyes. De este modo, los cambios en el sistema político (las elecciones locales directas son el principal ejemplo) no pueden ser considerados como mecanismos tradicionalmente relacionados con el sistema democrático, sino más bien como instrumentos para posibilitar la supervivencia del régimen autoritario. Las elecciones locales han sido utilizadas por los nuevos líderes para enfrentar las amenazas a la gobernabilidad y el descontento generalizado de la población debido a la corrupción de los funcionarios locales. De acuerdo a Cornejo, a causa de su sistema político Taiwán ha sido reconocido mundialmente como uno de los países más liberales y democráticos. La transición desde una dictadura de partido único a una democracia electoral comenzó en los ochenta, junto con el proceso de taiwanización del gobierno. Desde 1991 la Constitución ha sido enmendada varias veces con el objetivo de cambiar algunos cimientos de la estructura de gobierno y los mecanismos electorales. Todas estas reformas han implicado una redefinición de las relaciones con China, en tanto la nueva elite taiwanesa en ascenso quería renunciar al proyecto de reunificación y comenzar a construir una estructura política propiamente taiwanesa y una nueva forma de nacionalismo. El actual proceso de apertura no fue solamente producto de las fuerzas sociales domésticas de la isla, sino también de su relación con el sistema internacional y China. Hasta el momento, la intensificación de las relaciones económicas ha aumentado la dependencia de la isla del comercio con el continente. Beijing, por su parte, ha jugado sus cartas para influir sobre las elecciones de Taiwán a través de diversos medios. Otro aspecto relevante señalado por Cornejo es la existencia de una sociedad con una movilidad de clases dinámica resultante del acelerado proceso de desarrollo, oportunidades económicas y políticas estatales efectivas (una reforma de la tierra eficiente y fuertes inversiones en materia educativa, industrial y de infraestructura). Habiendo analizado el actual sistema político y las elecciones locales, Cornejo reconoce que actualmente uno de los problemas en Taiwán es la creciente falta de confianza de los votantes hacia los partidos políticos, debido al avance de la corrupción y a la “nueva cultura electoral pop”. Concluye que la democracia es más que procedimientos e instituciones establecidos; la cultura política es particularmente importante y las nuevas democracias todavía necesitan de la educación política para formar ciudadanos reales.

 

* Doctora en Sociología por la Universidad de San Pablo. Investigadora del CONICET. Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Consultora Académica del Programa Sur/Sur de CLACSO. La globalización y el Consenso de Washington : sus influencias sobre la democracia y el desarrollo en el sur / compilado por Gladys Lechini.- 1a ed. - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2008. 238 p. ; 23x16 cm. - (Programa Sur-Sur) Traducido por: Carla Morasso

Primera Edición La globalización y el Consenso de Washington: sus influencias sobre la democracia y el desarrollo en el sur (Buenos Aires: CLACSO, septiembre de 2008)

Fuente: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100711075347/lechini.pdf

En consecuencia, es hora de destapar a la falsedad del progresismo de justificar los extractivismos como solución a la pobreza y a la criminalidad implícita en ese posicionamiento.

Espiral (Guadalaj.) vol.23 no.66 Guadalajara may./ago. 2016

Neoextractivismo y

conflictos ambientales

en América Latina

Marco Antonio Merchand Rojas* 
Profesor-Investigador del Departamento de Sociedad y Economía del Centro Universitario del Sur (CUSUR), Universidad de Guadalajara, merchandrojas@yahoo.com.mx

Introducción

El capitalismo globalizado territorial, a través de los sucesos de la historia (fordismo y posfordismo), ha construido una división internacional del trabajo y una división territorial de la producción mundial que determinan un rol fundamental para América Latina como proveedora de recursos naturales (agua, suelos, yacimientos minerales e hidrocarburos -recursos estratégicos-).

La apropiación de dichos recursos naturales (materias primas) se caracteriza por un coloniaje formal e informal que impone una lógica de acumulación a través de los mecanismos de compra,  alquiler o concesión; estos mecanismos logran ser utilizados para dominar los recursos naturales (RN) gracias a dos protagonistas claves: el Estado-nación y el capital, que configuran espacios y lugares para la explotación de los RN.

Este nuevo paradigma de la actual geografía económica propicia una disputa global por los recursos naturales, siendo este suceso uno de los elementos más importantes de la dinámica del capitalismo contemporáneo para reproducir una lógica de acumulación sobre América Latina. Por la dimensión de las reservas de recursos estratégicos que posee América Latina, y por su condición histórica de ser una región exportadora de materias primas (commodities),1 esta región tiene un alto grado de vulnerabilidad y dependencia de importaciones, no sólo de los Estados Unidos, sino, ahora, de la creciente demanda de China, que cobra auge como la mayor potencia comercializadora de commodities. Algunos analistas de la geopolítica ven en China una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos en el ámbito mundial, especialmente en el contexto de la crisis económica más reciente en Estados Unidos y Europa.

En la esfera económica, la reprimarización de las economías latinoamericanas está vinculada al incremento en la demanda de materias primas por el robusto crecimiento económico chino y su peso demográfico. Las empresas chinas han comenzado a invertir fuertemente en las industrias extractivas de América del Sur, y sus bienes manufacturados baratos compiten con los producidos en México y América Central.

En general, las economías latinoamericanas han ampliado su frontera extractiva, donde participan activamente las transnacionales. La ocupación de estos espacios locales o regionales por parte de estas empresas ha afectado profundamente los derechos y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas. Así lo demuestran el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL, 2015) a través de su mapa interactivo, y los informes asociados a cada caso que ha elaborado la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El estilo de desarrollo y el modelo neoextractivista

El estilo de desarrollo y el modelo neoextractivista se corresponden con las propias estrategias macroeconómicas desplegadas por el Gobierno neoliberal que no sólo han sacrificado la economía real de los mexicanos, sino que también estas estrategias de estabilización, auspiciadas por el consenso de Washington, han sido la causa de la explotación de los recursos naturales y de la degradación ambiental de los países en desarrollo, como el caso de México, con un Estado-nación más que nunca dedicado a crear un clima de negocios benigno para la inversión extranjera que explota en forma indiscriminada los recursos naturales sólo con el fin de producir un excedente exportable, y que internaliza las externalidades negativas a cargo de los recursos naturales que sobreexplota.

Esta necesidad de los países en desarrollo de exportar bienes que socavan su patrimonio natural ahonda la deuda ecológica, que no es más que las exportaciones mal pagas que realizan los países en desarrollo a los países desarrollados. Es claro que los precios de estas materias primas exportadas no incluyen diversos costos sociales y ambientales, propios de la explotación irracional que realizan las transnacionales de los países desarrollados.2

Como bien lo explican Martínez-Alier y Jusmet (2001), se propicia un comercio ecológicamente desigual que proviene de dos causas: en primer lugar, falta frecuentemente en el sur la fuerza necesaria para lograr incorporar las externalidades negativas locales en los precios de exportación; y, en segundo lugar, el tiempo natural necesario para producir los bienes exportados desde el sur es frecuentemente más largo que el tiempo necesario para producir los bienes y servicios importados, lo que provoca que en las economías del sur, o economías latinoamericanas, su crecimiento económico, con sus modalidades de la globalización de mercados bajo el esquema neoliberal, representa una seria amenaza para el medio ambiente e imposibilita su desarrollo sustentable.

Aquí se sostiene, al igual que lo hace Veltmeyer (2013), que se registra un impacto negativo del desarrollo de los recursos naturales en la tasa de intercambio en otros sectores -la llamada enfermedad holandesa, por ejemplo-, la volatilidad de los precios de las mercancías en el mercado mundial, la propensión hacia un ciclo de rápidos incrementos y rápida decadencia (boom-bust cycle), la susceptibilidad a la corrupción, la excesiva confianza en la inversión extranjera directa, la estructura de producción de enclave con escasas vinculaciones hacia adelante o hacia atrás con otros sectores de la economía, y una estructura social que inhibe el desarrollo más amplio de las fuerzas productivas de la sociedad y deriva en formas desiguales y exclusivas de crecimiento y en conflictos y guerras por los recursos.

De este modo, desde el estructuralismo latinoamericano y la escuela marxista de la dependencia hasta en los economistas neoclásicos y neoliberales, hay acuerdo en que la extracción de recursos ofrece una vía bastante difícil hacia el desarrollo. Sin embargo, los cambios en la economía mundial en años recientes han dado origen a la noción de que esta vez será diferente, que las modificadas condiciones del mercado mundial permitirían ahora que los países ricos en recursos exploten su ventaja comparativa en recursos naturales y se convierta en una bendición lo que alguna vez fue una maldición.

Los exponentes de esta perspectiva incluyen a varios economistas del Banco Mundial, quienes han publicado una serie de estudios que sugieren que el aumento reciente en la inversión extranjera a gran escala en tierra y en la extracción y explotación de los recursos naturales bajo las actuales condiciones tiene implicaciones positivas para muchos países en desarrollo, permitiéndoles aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece una fuerte demanda de estos recursos en el mercado mundial (Banco Mundial, 2010 y 2011).

Por lo que respecta a las especificidades que cobra el neoextractivismo3 en los países emergentes, éstas se refieren a aquellas actividades económicas que remueven grandes cantidades de recursos que no son procesados (o que lo son limitadamente) y que se destinan a la exportación. Sin embargo, esto no se limita a los minerales, gas o petróleo, sino que engloba materias primas agrarias, forestales e incluso productos pesqueros. Por ello, en la actualidad se plantea que los países de América Latina son exportadores de naturaleza.

La definición que le otorga una especificidad al neoextractivismo es la de la consolidación de un estilo de desarrollo definido como un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como improductivos. El neoextractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad, profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana (Gudynas, 2009).

El llamado "modelo extractivista" fue interrumpido por algunos pocos países latinoamericanos a partir de la crisis mundial de 1929 (Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y Uruguay), y estos iniciaron el camino hacia la industrialización dirigida por el Estado, o industrialización por sustitución de importación (ISI). Los países restantes no lograron superar las estructuras de exportaciones primarias. Sin embargo, se debe aclarar que las exportaciones primarias, si bien perdieron dinamismo, continuaron como principales fuentes de divisas, ya que los productos manufacturados se dirigían al mercado interno y eventualmente al regional. La participación de empresas transnacionales en el mercado local se benefició también del proteccionismo imperante en el mercado local.

Para la década de los años setenta del siglo pasado, la ISI ya no se sostenía, abatida por sus límites estructurales para poder llegar a otras etapas de industrialización más sofisticadas, con lo cual se puso fin al ciclo desarrollista y la regulación del Estado. Durante los años ochenta, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) recomendaron a los países en desarrollo la aplicación de políticas de estabilización, primero, y ajuste estructural después.

Los programas de ajuste estructural (PAE) son la condición impuesta por el FMI y el BM a un país para otorgarle respaldo financiero destinado a afrontar un grave problema de pagos internacionales. Los PAE surgieron a comienzos de los años ochenta como respuesta a la crisis de la deuda externa de los países en desarrollo. Obedecen a una concepción extremadamente ortodoxa de la política económica, que años más tarde sería bautizada por sus propios impulsores como el «consenso de Washington».

En efecto, desde los años setenta, y hasta el día de hoy, las economías de los países en desarrollo han estado dominadas por el enfoque neoclásico impuesto por los neoliberales, donde los operadores mundiales de tal modelo son los dos organismos financieros (FMI y BM) que sustentan el liderazgo de los Estados Unidos.

De igual manera, la teoría neoliberal se sustenta primordialmente en dos bases: primero, la defensa de la eficacia del mercado como mecanismo de asignación óptima de los recursos, junto con la crítica a la intervención pública en las actividades económicas en tanto generadora de distorsiones; segundo, la insistencia en las ventajas de una participación plena en el comercio internacional, junto con la crítica al modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el cual muestra un claro sesgo antiexportador (Merchand, 2012).

A partir de las reformas impuestas por el consenso de Washington, se postuló que tendríamos que reaprovechar nuestras ventajas comparativas cifradas en productos cuya producción interna costara menos, así que se reivindicó por los neoliberales apostar de nuevo al modelo extractivista que nos ofrecía una mejor inserción al mercado mundial, sobre todo aprovechando un mercado más diversificado a partir de otros demandantes, como son los países asiáticos, fundamentalmente China, ávidos de invertir y comprar nuestras cotizadas materias primas.4

El Cuadro 1 refleja la importancia que tienen, sobre todo para los países sudamericanos, sus exportaciones de materias primas en el total de su producto interno bruto (PIB).

Como se ha sostenido, en las décadas de 1980 y 1990 se reafirmaron los programas de ajuste y estabilización, consistentes, entre otras cosas, en el acotamiento del papel del Estado (Merchand, 2012). Esto hizo que las empresas mineras o petroleras disfrutaran de un contexto de liberación de flujos de capital, acompañado de flexibilización o reducción de las regulaciones (laborales y ambientales, y de concesión de permisos para explotar nuestros recursos sin ninguna restricción).

En el contexto señalado aquí, el Estado mínimo concede licencias o títulos para acceder a un recurso natural que corresponde a parte de la renta que se genera a través de una red de favores políticos-empresariales, renta que incluye regalías y tributos bajos a los capitales nacionales y extranjeros que apuesten por explotar los recursos mineros, energéticos y agrícolas (Gudynas, 2009, pp. 187-225). Aquí, las empresas transnacionales tienen un rol determinante; el Estado es funcional a esa transnacionalización que dinamiza sectores con ganancias extraordinarias.

Este neoextractivismo se caracteriza por mantener e incluso profundizar la extracción minera y petrolera, sea por un aumento de los rubros clásicos o por la incorporación de nuevos recursos (por ejemplo, países tradicionalmente no mineros que intentan la megaminería, como Uruguay, o países mineros que buscan nuevos rubros, como el litio en el caso de Bolivia). A su vez, el modo extractivista de organizar la producción se expande a otros sectores, en particular el de los monocultivos de exportación, como la soja en Argentina, Brasil y Paraguay.

El Estado juega un papel mucho más activo que en el extractivismo clásico, sea por una participación directa por medio de empresas estatales, como la petrolera venezolana PDVSA, o por medios indirectos: asistencias financieras, subsidios, apoyos en infraestructura, etc. El empresario transnacional reaparece o cobra importancia bajo otros modos de asociación, tales como la migración o los contratos por servicios en el sector petrolero (joint-ventures) para la comercialización, como sucede en Bolivia.

Con el neoextractivismo, el Estado capta, o al menos intenta captar, mayores proporciones del excedente generado por los sectores extractivistas apelando a medidas como regalías o tributos más altos. A su vez, estos Gobiernos que apoyan y defienden estas prácticas sostienen que se permite recaudar más fondos, y que estos son utilizados en programas de lucha contra la pobreza. El hecho sustancial es que todos los Gobiernos progresistas5 defienden ese estilo, y uno de sus argumentos predilectos consiste en ligarlos a los planes contra la pobreza u otros tipos de programas en el campo de la justicia social; de esta manera ganan una legitimación social y política sustantiva.

Sin embargo, se genera un círculo vicioso, donde los planes contra la pobreza requieren de nuevos proyectos extractivistas, y estos a su vez generan nuevos impactos sociales y ambientales que requerirán de futuras compensaciones. De este modo, el Estado busca lograr delicados equilibrios entre sus concesiones al capital y la necesidad de regularlo, entre alentar el extractivismo y amortiguar sus impactos sociales y ambientales.

El Cuadro 2 muestra la expansión del extractivismo en América del Sur desde 2002

Este cuadro refleja ejemplos y tendencias de las inversiones llevadas a cabo por los Estados de América del Sur y, como bien lo explica Eduardo Gudynas (2012), la minería, hidrocarburos y monocultivos han recibido grandes inversiones y se han iniciado nuevos emprendimientos en casi todos los países. Se apela a prácticas cada vez más intensivas, a veces utilizando productos tóxicos y peligrosos, muchas veces usando explosivos, y se cubren áreas geográficas mayores, afectando por ejemplo las cuencas hidrográficas. Viejos emprendimientos son reactivados y profundizados, y países que no eran extractivistas ahora están comenzando a serlo.

Este extractivismo también es adjetivado por Svampa (2013), quien retoma las ideas planteadas en el libro compilado por Massuh (2012). La etiqueta empleada para este extractivismo es la de consenso de los commodities, que se define y caracteriza como el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes.

Este orden va consolidando un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas comparativas, visibles en el crecimiento económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales y político-culturales. Tal conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras mismas de la democracia.

El concepto de commodities, en un sentido amplio, se entiende como productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente, o como "productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios internacionales y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento" (Svampa, 2013, p. 32). Ambas definiciones incluyen desde materias primas a granel hasta productos semielaborados o industriales. Para el caso de América Latina, la demanda de commodities está concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros).

Cabe destacar que a partir de datos extraídos de Horacio Machado (2012) es interesante observar cómo, a escala mundial, la geografía de la extracción es muy diferente a la geografía del consumo. Por ejemplo, América Latina produce 26.2% de la bauxita en el mundo, pero sólo consume 2.9%; en cuanto al cobre, produce 45.1% y consume 6.1%; respecto al oro, produce 15.2% del total mundial y consume 3%.

Esta demanda de commodities ha originado un importante proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas al acentuar la reorientación de estas hacia actividades primarias extractivas o maquilas, con escaso valor agregado. Esta dinámica regresiva se ve agravada por el ingreso de potencias emergentes, como es el caso de China,6 país que de modo acelerado se va imponiendo como un socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región.

Si a este consenso de los commodities se le enfoca desde el punto de vista de la lógica de acumulación, conlleva la profundización de la dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios, y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación. Entre los elementos comunes de esta dinámica podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción o la escasa diversificación económica y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva (Merchand, 2013).

Estas caracterizaciones generales sobre el neoextractivismo operan con la escala de los emprendimientos, que nos advierte también sobre la gran envergadura de las inversiones (se trata de actividades capital-intensivas y no trabajo-intensivas), así como sobre el carácter de los actores involucrados y la concentración económica (grandes corporaciones transnacionales). En razón de ello, y de modo similar al pasado, este tipo de emprendimientos tiende a consolidar enclaves de exportación asociados a una lógica neocolonial que generan escasos encadenamientos productivos endógenos, operan una fuerte fragmentación social y regional, y van configurando espacios socioproductivos dependientes del mercado internacional.

Así, la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética (que incluye también la explotación de gas no convencional, o shale gas, con la tan cuestionada metodología del fracking), la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, la generalización del modelo de agronegocios (soja y biocombustibles), en fin, constituyen las figuras emblemáticas del neoextractivismo desarrollista.

Por último, pese a la tendencia a querer erigirse en discurso único, el consenso de los commodities7 aparece atravesado por una serie de ambivalencias, contradicciones y paradojas, ligadas de manera abierta a la enorme y creciente conflictividad socioambiental que la dinámica extractivista genera, así como también a los múltiples cruces existentes entre dinámica neoliberal, concepción del desarrollo, izquierdas y progresismo populista.

Los escenarios latinoamericanos más paradójicos del consenso de los commodities son los que presentan Bolivia y Ecuador. El tema no es menor, dado que ha sido en estos países donde, en el marco de fuertes procesos participativos, se han ido arreglando nuevos conceptos-horizontes como los de descolonización, Estado plurinacional, autonomías, buen vivir y derechos de la naturaleza.

Sin embargo, y más allá de la exaltación de la visión de los pueblos originarios en relación con la naturaleza (el buen vivir), inscripta en el plano constitucional, en el transcurrir del nuevo siglo, y con la consolidación de estos regímenes, otras cuestiones fueron tomando centralidad, vinculadas a la profundización de un neodesarrollismo extractivista. Incluso, como lo menciona Gabriela Massuh (2012) en su libro Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos) desarrollo, el llamado giro a la izquierda acontecido en la última década en América Latina, si por un lado incorpora un discurso marcadamente antineoliberal, por otro continúa haciendo valer un modelo primario, extractivo y exportador, al servicio del interés capitalista, y con consecuencias nefastas para la región en términos ambientales, sociales y culturales, sobre las cuales resulta urgente actuar.

La siguiente cita textual, ilustra con claridad el párrafo anterior:

Este nuevo ciclo de "mineralización" de la América Latina se extiende ya a lo largo de la vasta diversidad biológica y climática de sus territorios, y abarca también los más diversos paisajes ideológicos de los Gobiernos vigentes. Hoy por hoy, el "consenso minero" unifica a todo el espectro variopinto de los oficialismos gobernantes: desde los Gobiernos de "derecha" (de la "moderada" y de la extrema), a los autoproclamados "progresistas" y hasta "revolucionarios"; desde aquellos que abren las puertas a la expansión del militarismo norteamericano, permiten la instalación de nuevas "bases" e impulsan los TLC con las potencias dominantes, a los que adoptan una retórica "antineoliberal", e incluso, a aquellos que modificaron sus constituciones y consagraron los "derechos de la naturaleza" y el "buen vivir". Al unísono con las grandes corporaciones del sector, los Gobiernos latinoamericanos defienden a rajatabla "la minería". El oficialismo prominero se ejerce instalando, día a día, a través de diferentes canales y lenguajes, el mensaje de que "sin minería no se puede vivir" (Machado, 2014, p. 12).

El común denominador de casi todos los Gobiernos latinoamericanos en términos de política económica, sean estos Estados progresistas o conservadores, es que todos se sometieron, como fue en su tiempo, al recetario hegemónico del neoliberalismo más voraz. El consenso de Washington, hoy en día, sigue persistiendo en América Latina, (re)articulado en lo que, en su ensayo, Svampa (2013) denomina consenso de los commodities, el cual responde, conforme a lo anterior, a un modelo que, igualmente integrado dentro del neoliberalismo, se sirve de la lógica extractiva sobre bienes naturales sin valor agregado, su alta rentabilidad para los actores económicos -que no para las comunidades locales-, su abundancia y su tendencia alcista tanto en los precios como en el consumo del mercado internacional.

Este llamado consenso de los commodities, también denominado por Eduardo Gudynas (2012)capitalismo benévolo, se erigiría, pues, desde un extractivismo transversal que afectaría igualmente a los recursos fósiles, a la producción de biocombustibles o al agronegocio de la soja y el maíz, llevando consigo consecuencias más que perjudiciales para la región. Algunas de ellas, aparte de una reprimarización de las economías latinoamericanas -por encima incluso de los niveles de la década de los ochenta-, serían la precarización del empleo rural, la conformación de una pérdida de soberanía alimentaria, la proliferación de prácticas de desposesión de tierra, además de elevadísimas dosis de fragmentación social y regional que, ahondando en las dinámicas socioproductivas del mercado internacional, habrían terminado por generar un escenario sumamente pernicioso para el medioambiente y los derechos humanos.

Para seguir con la tónica de Gudynas, el Estado sudamericano se ajusta al estilo de desarrollo de talante extractivista y a la vez lo reproduce. El éxito actual de los Gobiernos, y en particular sus posturas optimistas frente a la crisis, sólo son posibles en la medida en que se mantenga el flujo de exportaciones de materias primas, sus altos precios y la atracción de inversiones. La caracterización que realiza Gudynas sobre el Estado es el rasgo común de los actuales Estados latinoamericanos, sean estos conservadores o progresistas.

El Estado libera y apoya dinámicas propias de una economía capitalista, permitiendo una intensa apropiación de la naturaleza, pero, por otro lado, intenta regular e intervenir esos ámbitos mercantiles. En efecto, todos los Gobiernos proclaman que su objetivo en el área económica es lograr crecimiento, lo que sería indispensable para generar empleo, captar renta para poder financiarse, etc. Por lo tanto, este Estado liberaliza y protege dinámicas propias del capitalismo contemporáneo, y se abstiene de intervenir cuando se ponen en riesgo esos procesos de acumulación. La promoción se hace con diferentes grados de apoyo y participación, que van desde cobertura jurídica hasta subsidios de diverso tipo, el aliento y protección al ingreso de inversiones, y hasta, en algunos casos, directamente el desarrollo de la actividad por medio de empresas nacionales.

Sin embargo, independiente de qué tipo de Estado se tiene (sesgo ideológico), este es un actor indispensable para asegurar las altas rentabilidades de una economía extractivista, como la minera, petrolera, forestal y de agronegocios, que tienen múltiples aspectos en común, como lo explican Norma Giarracca y Miguel Teubal:

Fueron impulsadas en el marco del neoliberalismo económico difundido a escala mundial; se vinculan con el interés de grandes corporaciones que las impulsan y que controlan sectores clave del espacio económico donde operan; se remiten a escalas de producción mucho mayores a las tradicionales y desplazan multiplicidad de actividades preexistentes; utilizan tecnologías de punta; se localizan territorialmente porque dependen de la existencia y la persistencia de determinados recursos naturales; desplazan masivamente tanto a trabajadores rurales como al campesinado, a la agroindustria en general y a pobladores cordilleranos circundantes; significan actividades con alto consumo de otros recursos no reproducibles, como el agua, la tierra fértil, la biodiversidad; se orientan fundamentalmente hacia las exportaciones, con lo cual no contribuyen a resolver necesidades internas; son altamente conflictivas respecto de las tradicionales actividades existentes en las distintas regiones (agricultura, ganadería, turismo, cultivos industriales); no son esenciales para la vida de las comunidades -o del mundo en general-. Estas actividades también son generadoras de grandes deseconomías externas, no consideradas por sus promotores (Giarracca y Teubal, 2011, p. 9).

La especificidad de estas actividades extractivistas es que son impulsadas con gran ahínco por grandes empresas transnacionales que dominan sectores clave de la producción y tecnologías utilizadas en estos procesos. Como bien lo señala el OMAL, los Estados han ejercido un poder fáctico que ha impulsado, tanto como ha impuesto, la adopción de normas subordinadas a los principios neoliberales: las privatizaciones, las desregulaciones y el adelgazamiento del Estado de bienestar son reglas que preparan la pista de aterrizaje de las transnacionales para que estas exploten indiscriminadamente los recursos naturales.

Explosión de conflictos socioambientales

Necesariamente, hay que citar de nuevo a Svampa (2012) porque refleja muy bien lo acontecido con la instauración del modelo neoextractivista. Como más arriba se ha sostenido, desde el punto de vista de la lógica de acumulación, el nuevo consenso de los commodities conlleva la ampliación de la dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios, y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación.

Entre los elementos comunes de esta dinámica podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción o la escasa diversificación económica, y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva. En efecto, en función de una mirada productivista y eficientista del desarrollo, se alienta la descalificación de otras lógicas de valorización de los territorios, que son considerados como socialmente vaciables, o lisa y llanamente como áreas de sacrificio, en aras del progreso selectivo (Merchand, 2013).

En otras palabras, el neoextractivismo instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas, así como violentando procesos de decisión ciudadana.

Respecto a lo que se debe de entender por conflictos socioambientales, y estando al tono con lo explicado porSvampa (2008), los conflictos socioambientales son aquellos que están sujetados al acceso y control de los bienes naturales y el territorio, lo que supone, por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de ellos, en un contexto de gran asimetría de poder. Estos conflictos expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente, al tiempo que van estableciendo una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y, de manera más general, por democracia. En la prevención en que los múltiples megaproyectos tienden a reconfigurar el territorio en su globalidad, no sólo se ponen en jaque las formas económicas y sociales existentes, sino también el alcance mismo de la democracia, pues esos proyectos se imponen sin el consenso de las poblaciones y generan de este modo fuertes divisiones en la sociedad y una espiral de criminalización y represión de las resistencias.

Sin embargo, es necesario encuadrar estos conflictos por la disputa de los recursos naturales en un marco conceptual que permita explicar las causas de dichos conflictos. Gian Carlo Delgado Gian Carlo Delgado (2013), en la parte introductoria del libro Ecología política del extractivismo en América Latina: casos de resistencia y justicia socioambiental, presenta una semblanza de cómo dio origen al enfoque teórico de la ecología política, y sus aportes para estudiar el objeto de estudio.

Gian Carlo Delgado Delgado (2013) comenta que la ecología política, como campo de estudio específico interesado en develar las causas y no meramente los síntomas, ha sido y es un proceso diverso, con énfasis heterogéneos y que da cuenta de la importancia que tienen en los análisis teórico-empíricos el reconocimiento explícito de los sistemas de poder, la influencia y la subordinación presentes en las relaciones sociales y productivas contemporáneas, en todas las escalas temporales y espaciales.

Gian Carlo Delgado agrega que el concepto como tal, de acuerdo a Robbins,8 fue probablemente utilizado por primera vez en 1972 por Wolf en su trabajo "Ownership and Political Ecology", en el que se introdujeron una serie de trabajos propios de la antropología y la ecología cultural para la zona andina, y en los que para Wolf se discuten transversalmente dos elementos clave: por un lado, el tema del acceso de cara a la propiedad de los recursos; y, por el otro lado, el de las dinámicas de la gestión de los territorios con visión de largo plazo, y de innegable naturaleza colectiva de frente a la propiedad privada de acciones individuales y a la gestión cortoplacista.

Después, se tienen estudios más contemporáneos y acotados sobre el desarrollo extractivista y sus consecuencias sociales, económicas, y ecológicas. Destacan los trabajos de Martínez-Alier (1991 y 2003), Martínez-Alier y Jusmet (2001), Escobar (2010 y 2011), Toledo (1980, 1990, 1996 y 2003), Leff (1986 y 2006), y, por supuesto, los trabajos de Alimonda (2002 y 2006) y Quijano (1992, 2004 y 2007). Hay otros estudios más, pero estos son los que aportaron originariamente al debate ecológico-político, como sostiene Delgado (2013). Si bien estos textos no necesariamente son típicos de la diversidad y complejidad de la ecología política de los recursos naturales del continente, son, sin lugar a dudas, contribuyentes apreciables al debate actual.

El Cuadro 3 indica algunos casos que registran los conflictos ambientales en América Latina. Por la cantidad de estos conflictos no hay espacio para hablar de su problemática específica; simplemente se enumeran por subsector.

Por supuesto que este cuadro es una aproximación de los casos de explotación de recursos naturales y los conflictos que se provocan. Por ejemplo, se reporta en 2016 que "el Gobierno boliviano acaba de conceder a la empresa china Sinosteel la construcción de una planta para procesar el hierro del Mutún, uno de los yacimientos más importantes de Sudamérica, cerca de la frontera entre Bolivia y Brasil. Con ello, Bolivia comenzará su propia industria siderúrgica, una constante aspiración del presidente Evo Morales. La operación costará algo menos de USD 400 000 000 y confirma el predominio de Bolivia de los proveedores y socios de China" (Molina, 2016).

Este cuadro refleja los conflictos socioambientales y cómo estos se han convertido, de manera creciente, en denominador común de planes y políticas de desarrollo y conservación en América Latina.9 Las tendencias y proyecciones para el corto y mediano plazo indican que estos conflictos irán en sostenido aumento, tomando en consideración el uso exponencial al cual están sometidos los recursos naturales en la región, así como a escala planetaria. Casi sin excepción, se trata de conflictos que involucran a una gran diversidad de actores en disputa por el uso de los mencionados recursos, donde se ven confrontados actores del Estado, comunidades y organizaciones locales, pueblos indígenas, empresas nacionales o corporaciones transnacionales, y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Si bien los conflictos socioambientales pueden potencialmente causar un deterioro irreparable de los recursos naturales, así como sobre las relaciones entre instituciones, empresas y grupos sociales, pueden también potenciar procesos de transformación.

La intensificación de la extracción de los recursos naturales en las últimas décadas ha ampliado las fronteras donde las empresas transnacionales explotan minerales, hidrocarburos, bosques, ríos, etc., ocasionando crecientes conflictos socioambientales. Un caso representativo de los conflictos entre las empresas extractivas y los pueblos amazónicos por la propiedad y el uso del territorio es lo ocurrido en la provincia de Condorcanqui, en la cordillera del Cóndor, cerca la frontera de Perú con Ecuador. En esta zona, Minera Afrodita, subsidiaria de la compañía canadiense Dorato Resources, obtuvo unas 5 100 ha de concesión para la exploración minera con miras a extraer oro, cobre y uranio. Los pueblos awajum y wampis, ancestralmente asentados en esta zona, se han opuesto sistemáticamente y por diversas vías a las actividades mineras, pues consideran que contaminarán con mercurio y cianuro los ríos Cenepa y Marañón y alterarán el ecosistema en su conjunto. El malestar provocado por el avance de la minería, pese a las reiteradas solicitudes de las organizaciones indígenas sustentando su oposición, llevó a que los nativos awajum retuvieran a cinco trabajadores de la empresa para exigir al Estado que intervenga y regule las actividades contaminantes en una zona que ya había sido considerada reserva ecológica (Durand, 2011).

Sin embargo, acorde con la base de datos de conflictos mineros del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA)10 y la Coordinación Ejecutiva del Observatorio de Conflictos Mineros en América latina (OCMAL), se registraban -hasta 2013- un total de doscientos cuatro conflictos en diecinueve países de la región (seis de ellos son de carácter transfronterizo), los cuales afectaban a doscientas noventa y siete comunidades. En el mapa de la base de datos señalada se observa el número de conflictos mineros (ver, también: Hazin -2013-). La minería no es cualquier actividad, sino aquella que ostenta el mayor grado de militarización del modelo extractivo. Perú es, junto con México y Chile, el país que concentra más conflictos mineros, según el OCMAL. Entre los grandes países de la región, los mencionados son los tres donde el militarismo ha convertido a las comunidades indias, negras y mestizas, rurales y urbanas, en campos donde se impone el estado de excepción permanente.

Cabe aquí hacerse los planteamientos de Massuh (2012), quien dice que violencia, despojo y capitalismo contienen aquí, con toda su crudeza, su referencia primigenia. Ahora bien, ¿todo proceso de desarrollo supone esta tríada? ¿La modernidad es apenas esto? ¿Nos referimos a fenómenos semejantes cuando describimos el capital, la modernidad y el desarrollo?

Lo cierto es que, en el caso de conflictos provocados por el extractivismo, se genera una perspectiva que plantea la importancia de los dirigentes comunitarios para la resistencia. Por ello, se han descrito casos de muertes y asesinatos a líderes locales y de movimientos por la defensa de los territorios y los recursos naturales. En otras palabras, el escenario descrito da cuenta del avance de un modelo neoliberal de mercado que en Latinoamérica significó la instalación de un neoextractivismo actual, sustentado en un colonialismo interno y transnacionalizado que ha propiciado la emergencia de conflictos.

Como sostienen Correa y Rodríguez (2005), hoy más que nunca los conflictos socioambientales son una parte central de los procesos de desarrollo y de rearticulación de América Latina en las agendas globales, así como de la práctica de políticas públicas y de la gestión y administración del territorio y los recursos naturales. Estos conflictos se caracterizan por su complejidad, variedad temática y por la gran diversidad de actores involucrados. Entre los temas resaltantes, destacan los problemas de contaminación y deforestación, los impactos de megaproyectos como la minería y la explotación hidroeléctrica, el acceso y uso de áreas protegidas, la planificación y ordenación de zonas urbano-rurales, el acceso a la tierra, la posesión de territorios tradicionales, y el manejo de recursos pesqueros. Casi sin excepción, se trata de conflictos que involucran desde actores del Estado, comunidades y organizaciones locales, pueblos indígenas, empresas nacionales o corporaciones transnacionales, hasta organizaciones no gubernamentales y académicas. La raíz común de la mayor parte de estos conflictos es el incremento de la competencia por el acceso y uso de los recursos naturales en nuestra región y en el mundo en general.

Regresando de nuevo al argumento central del trabajo, según lo explicado por Composto y Navarro (2011), desde su génesis, la historia del capitalismo ha estado atravesada por el ejercicio permanente del despojo sobre la naturaleza, los seres humanos y sus mundos de vida. Efectivamente, el capitalismo es un sistema global que responde a una dinámica de expansión constante, tanto en términos productivos como geográficos, guiada por un único principio rector: la acumulación incesante (Wallerstein, 2008). Para ello, necesita separar a los hombres de sus medios de producción y reproducción de la vida, a fin de convertirlos en fuerza de trabajo "libre" -desposeída- y susceptible de ser explotada.

En otras palabras, necesita transformar a la naturaleza en un mero medio de producción, y a todos los procesos vivos que le son inherentes en potenciales mercancías, y destruir todas aquellas relaciones sociales, constelaciones culturales y lenguajes de valoración propios de otras matrices civilizatorias para subsumirlas a la lógica unidimensional del mercado (el tiempo abstracto, el individualismo y la ganancia privada). La violencia y el despojo constituyen la condición y signo del origen neoextractivista.

De modo que la violencia y el despojo son los pilares fundacionales del andamiaje capitalista, pero de ninguna manera pueden reducirse a un conjunto de acontecimientos explicativos del pasado, ya que han mantenido un rol continuo y persistente en la amplia geografía histórica de la acumulación de capital hasta nuestros días. En definitiva, los procesos de desposesión son constitutivos e intrínsecos a la lógica de la acumulación del capital, o en otras palabras, representan la contracara necesaria de la reproducción ampliada. Si esta última se presenta como un proceso principalmente económico, que cobra preeminencia durante los periodos de estabilidad y crecimiento sostenido, el despojo se expresa generalmente en procesos extraeconómicos de tipo predatorio y toma las riendas en momentos de crisis, a modo de solución espacio-temporal o huida hacia adelante.

También habría que agregar otra forma de análisis, la que expone Machado (2009, 2010 y 2012): los procesos de expropiación ecológica tienen profundas consecuencias económicas y políticas; implican inexorablemente que lo que unos consumen es lo que a otros les es quitado. El agua y la energía que consumen las mineras en los territorios de nuestra región, por ejemplo, es agua y energía que es negada y expropiada a las propias poblaciones locales.

Conclusiones

Se ha analizado cómo los Gobiernos de América Latina justifican un estilo de desarrollo extractivista que genera círculos viciosos no sólo en la población (explotación desmedida, bajos salarios, no se cuenta con prestaciones labores -seguro médico, ahorros, etc.-), sino también en el entorno territorial de estas poblaciones: al estar sometido a una sobrecarga de sus recursos naturales, se tiene como resultado depredación y degradación de su medio ambiente.

Esta paradoja perversa del sistema es propia de la lógica que opera en los Gobiernos en comparsa con las empresas para mantener un sistema productivo con altos rendimientos para una clase empresarial nacional y extranjera. Sin embargo, estas empresas productivas que comercializan exitosamente sus productos en el exterior, aprovechando sus "ventajas comparativas", no generan para sus trabajadores una vida digna y decorosa.

Las comunidades originarias y dueñas de sus recursos (tierra, agua) son despojadas arbitrariamente de sus medios de subsistencia. Estas poblaciones inertes e indefensas luchan por que se les restituya lo que les pertenece. Esto genera creciente conflictividad socioambiental entre los actores involucrados (Estado, empresas y trabajadores). No obstante que han crecido los conflictos por disputas y conquistas de territorios entre los involucrados, el Estado sigue manteniendo una política de defensa a favor de los intereses empresariales que socaban y depredan la biodiversidad de los territorios ocupados, destruyendo por consecuencia el tejido productivo social y cultural de sus pobladores originarios.

Habría que agregar, también, que el negocio lucrativo sobre el aprovechamiento de los recursos naturales se expresa en un neoextractivismo que constituye un escenario favorable para una próspera clase rentista (empresas nacionales, transnacionales y operadores de Gobierno) que acumula más y más riqueza y poder y es situada privilegiadamente en un sistema económico-político exclusivo y explotador de fuerza de trabajo y recursos naturales. El dominio que ejerce la clase rentista (por ejemplo, los titulares de los derechos de propiedad minera, agrícola, petrolera) sobre los denominados activos y recursos "naturales" le permite crear y manipular la escasez, así como especular con el valor de los activos que controla.

Esta clase rentista ejerce el derecho del "acaparamiento de tierras" que se está llevando a cabo actualmente en todo el mundo (América Latina, África), y que tiene que ver más con la creciente competencia por monopolizar los recursos y la cadena alimentaria con vistas a la extracción de rentas que con el temor a unos inminentes límites naturales impuestos a la producción de alimentos y la extracción de minerales.

También es a través del comercio internacional de materias primas que existe una transferencia real o virtual de insumos (agua, energía, minerales, biomasa y nutrientes, así como los efectos del trabajo humano) de una parte a otra del planeta. Este comercio es el adhesivo que mantiene unido el sistema capitalista, y es su expansión la que extiende e intensifica las actividades que tienen lugar dentro del mismo. En este sentido, la categoría de transferencia ecológica se ejemplifica en el caso de la explotación de petróleo crudo de México, que se exporta a Estados Unidos y que este regresa procesado como gasolina o gas.

El sistema capitalista está plagado de desigualdades y desarrollos geográficos irregulares, precisamente como consecuencia del patrón desigual de estas transferencias. Los beneficios se amontonan en una parte del mundo a costa de la otra. Un claro ejemplo de esto es lo que ha acontecido con América Latina en cuestión de transferencia de los beneficios ecológicos a partir de la explotación de su naturaleza y recursos naturales. Hay que recordar que el capital ha agotado, e incluso destruido, de forma irreparable los recursos latentes en la naturaleza de ciertos lugares (ejemplos como el gaucho, el henequén, etc.). Las colonias y las neocolonias fueron explotadas y son explotadas por sus recursos, sin importar el bienestar de las poblaciones locales (a menudo indígenas).

La extracción de minerales y la explotación de los recursos energéticos y forestales suelen seguir una lógica similar, dejando tras de sí un paisaje desigual de ciudades mineras abandonadas, suelos agotados, vertederos de residuos tóxicos y valores de activos devaluados. Estas prácticas extractivas y explotadoras se tornan doblemente voraces y violentas bajo regímenes imperiales y coloniales. Los beneficios y las pérdidas desiguales casi siempre redundan, sin embargo, en beneficio de los ricos y los poderosos, dejando a los vulnerables y a los pobres mucho peor de lo que estaban. Esto es, al fin y al cabo, en lo que siempre ha consistido el imperialismo extractivo.

La explotación de la tierra, la erosión del suelo y la extracción incontrolada de los recursos naturales han dejado una huella de enormes proporciones en los paisajes de todo el mundo, y en algunos casos han provocado la destrucción irreversible de aquellos valores de uso necesarios para la supervivencia humana. Sin embargo, el capital no puede menos que privatizar, mercantilizar, monetizar y comercializar todos aquellos aspectos de la naturaleza a los que tiene acceso. Sólo así le es posible absorberla cada vez más intensamente de modo que se convierta en una forma de capital, esto es, en una estrategia de acumulación. La colonización de nuestro mundo de vida por el capital se acelera. La infinita y cada vez más absurda acumulación exponencial de capital se ve acompañada de una infinita y cada vez más absurda invasión del mundo de vida por la ecología del capital.

Como se analizó, se instaura un proceso que se denomina "ofensiva extractivista", con acelerado avance expropiatorio, mercantilista y depredador de los bienes comunes naturales de la región. El agronegocio, la minería a gran escala, la explotación de hidrocarburos no convencionales, la industria forestal y la construcción de megaproyectos de infraestructura (carreteras, gasoductos, termoeléctricas, represas, etc.) son actividades únicas de esta nueva ola de saqueo, dependencia y recolonización a la que están sujetos los países de América Latina. Se puede decir que casi todos los estudios académicos recientes coinciden en las que las actividades de extracción de minerales o hidrocarburos generan situaciones de pobreza y de autoritarismo, y que se propician relaciones entre unas y otras.

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1Los commodities son un grupo específico de bienes que se comercializa mayoritariamente en el mercado internacional y que posee la característica particular de que los productos comerciados no se encuentran diferenciados entre sí (se los denomina, vulgarmente, "genéricos"). Por tal motivo, los precios pueden fijarse de forma transparente y ex ante en mercados específicos de alcance global.

2Se puede definir a la deuda ecológica como "aquella que ha venido siendo acumulada por el Norte, especialmente por los países más industrializados hacia las naciones del tercer mundo, a través de la expoliación de los recursos naturales por su venta subvaluada, la contaminación ambiental, la utilización gratuita de sus recursos genéticos o la libre ocupación de su espacio ambiental para el depósito de los gases de efecto invernadero u otros residuos acumulados y eliminados por los países industrializados" (Schatan, 1998, p. 18).

3El neoextractivismo está asociado a la existencia de enclaves, explotación laboral sin límite, violaciones a derechos humanos, el exterminio de grupos indígenas y la subordinación de los Gobiernos al poder de empresas multinacionales. Es un callejón del que es difícil escapar. La estrategia de sustitución de importaciones aplicada entre 1940 y 1980 estaba diseñada para escapar de esta trampa, pero la crisis de la deuda de los años ochenta permitió imponer el régimen neoliberal, y el extractivismo regresó con ánimos de venganza.

4Países asiáticos, y en especial China, se han convertido en compradores voraces de recursos naturales. Por ejemplo, el consumo chino de cobre fue de menos de 1 000 000 t en 1990, saltando a más de 6 000 000 en 2007, para lo cual debió importar más de 4 500 000 t. Cabe señalar que la extraordinaria expansión económica de China desde la década de 1990 se vio reforzada a partir de 2000 por los procesos de crecimiento de la India y otras economías emergentes. La demanda de hierro, cobre y aluminio, entre otros minerales de exportación, está asociada al crecimiento de los sectores de la construcción, la infraestructura y la manufactura (que requieren acero, conductores eléctricos y metales industriales, entre otros); estos sectores presentaron una rápida expansión en el marco del proceso de aceleración del desarrollo económico que han experimentado las grandes economías asiáticas. La rapidez del crecimiento económico de estas economías también ha contribuido a impulsar la demanda mundial de petróleo crudo y otros bienes primarios (UNASUR, 2013; Guydnas, 2012).

5A partir de la década de los 2000, gobiernos progresistas y de la llamada nueva izquierda accedieron al Gobierno en países de América como: Argentina (Néstor y Cristina Kirchner); Bolivia (Evo Morales); Brasil (Lula da Silva y Dilma Rouseff); Ecuador (Rafael Correa); Venezuela (Hugo Chávez, y hoy Nicolás Maduro); Chile (durante la etapa de Michelle Bachelet, y que puede repetirse con el nuevo mandato); Paraguay (Lugo); Perú (Ollanta Humala); y Uruguay (Tabaré Vázquez y José Mujica).

6En la actualidad, las exportaciones de América Latina hacia China se concentran sobre todo en productos agrícolas y minerales. "Así, para el año 2009 las exportaciones de cobre, hierro y soja representaban 55.7% de las exportaciones totales de la región al país oriental" (Merchand, 2013, p. 12).

7"Si durante la colonización española fue el trabajo esclavo o semiesclavo la fuente principal a partir de la cual se extraían y luego exportaban los recursos, a partir de la constitución de naciones latinoamericanas independientes fue, y sigue siendo, la contradicción principal entre capital y trabajo y el comercio desigual bajo condiciones de periferia y dependencia económica y política lo que determina los principios de la extracción-producción-exportación de los recursos. Es así que las naciones latinoamericanas se configuraron a lo largo de su historia como uno de los principales dadores de commodities al mundo industrializado. Recursos energéticos, biodiversidad y minería constituyen entonces los componentes fundamentales en la historia del desarrollo latinoamericano en tanto territorio complejo oferente de commodities" (Galafassi, 2012, s/p).

8Citado por Delgado (2013).

9Sólo en Perú, los conflictos socioambientales habían aumentado de veintitrés, en 2007, a ciento cuarenta y nueve, en septiembre de 2012; es decir, representaban más del 60% del total (Sanborn y Dammert, 2013).

10Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN). Para más información, ver:http://www.avina.net/esp/10427/incontext-32/#sthash.rQiTI0fa.dpufhttp://ocrn.info/

Recibido: 08 de Abril de 2015; Aprobado: 19 de Febrero de 2016

Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652016000200155

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Aclaremos sobre el desafío, abajo y a la izquierda, de revertir el planteo del bloque dominante sobre las necesidades del país. La perversión del último consiste en el chantaje de aceptar los extractivismos para solucionar la pobreza cuando, lo cierto, es que la generan. Tengamos en cuenta la realidad concreta de los conflictos socioambientales: "mientras que la ampliación de la frontera extractivista intensificó las resistencias protagonizadas por organizaciones de poblaciones afectadas y movimientos socioambientales, por el otro lado, fuerzas políticas y gobiernos sostuvieron a rajatabla ese modelo de crecimiento. En especial, los gobiernos progresistas defendieron sus políticas extractivistas presentándolas como condición necesaria para «la superación de la pobreza» y la «inclusión social» de los sectores sociales históricamente marginados. La concepción ideológica de que había que optar entre la «preservación del medioambiente» o la «superación de la pobreza» fue rearticulada en este nuevo escenario como clave de bóveda de las disputas políticas".

 

La defensa de sus territorios por la autoorganización de las diversidades de abajo debería involucrarnos porque implica:

 

Extractivismo minero y

fractura sociometabólica.

 El caso de Minera Alumbrera Ltd.,

a veinte años de explotación

9 de agosto de 2017

 

Horacio Machado Aráoz (Argentina) Univ. Nacional de Catamarca CITCA-CONICET machadoaterreno@arnet.com.ar

 

Leonardo Javier Rossi (Argentina) CITCA - CONICET leo.j.rossi@live.com.ar

 

Fecha de recepción: 30/06/2017 Fecha de aceptación: 9/08/2017

 

A modo de introducción

 

Las problemáticas ecológicas como fuente de conflictividad social y movilización política, se han constituido como un rasgo característico y cada vez más relevante del capitalismo tardío, en particular, desde la crisis del régimen de acumulación de posguerra en adelante. El drástico proceso de reconfiguración neocolonial del mundo operado a través de la globalización neoliberal y la intensificación de las modalidades de acumulación por despojo (Harvey, 2004) ha repercutido de manera agravada en la geografía económica y política latinoamericana, cuya riqueza en recursos naturales ha pasado a ser un factor indispensable para los proyectos interesados en “sostener” la tasa de crecimiento de la economía mundial.

Un caso emblemático de este fenómeno lo constituye la abrupta expansión de la minería transnacional a gran escala en América Latina en general y en Argentina en particular, a partir de las reformas impulsadas por el Banco Mundial en los años 90. Instauradas por gobiernos neoliberales, el apoyo explícito del Estado a la expansión de la minería transnacional se ha sostenido férreamente en las décadas siguientes, aún en los países que experimentaron significativos cambios de gobierno, con el arribo de fuerzas progresistas y/o de centroizquierda al poder estatal. En la primera década del nuevo milenio la región asistió a un fuerte ciclo de crecimiento económico de la mano de la aceleración de la exportación de materias primas, en un contexto donde la demanda china mantuvo los precios en alza. Ese contexto signó un derrotero de cambio radical en la matriz productiva y socioterritorial en la región, caracterizada por una ruta de reprimarización, concentración, y extranjerización de sus economías. Paradójicamente, el proceso de reversión de las políticas de ajuste de los 90 y de mejoramiento relativo de los indicadores socioeconómicos que experimentaron amplios sectores sociales, en el marco de la primera década del siglo XXI en la región, ha estado estructural y materialmente sustentado en el fuerte dinamismo de las exportaciones de materias primas, fenómeno que -como ha sido analizado- significó la recreación y el rediseño de las modalidades históricas de la dependencia estructural y la inserción subordinada de la economía regional, ahora articulada a la voracidad industrial de China (Machado Aráoz, 2015b).

Los debates y conflictos sociopolíticos emergentes en este escenario parecieron intensificar el aparente antagonismo entre “sociedad” y "naturaleza". Más específicamente, mientras que la ampliación de la frontera extractivista intensificó las resistencias protagonizadas por organizaciones de poblaciones afectadas y movimientos socioambientales, por el otro lado, fuerzas políticas y gobiernos sostuvieron a rajatabla ese modelo de crecimiento. En especial, los gobiernos progresistas defendieron sus políticas extractivistas presentándolas como condición necesaria para “la superación de la pobreza” y la “inclusión social” de los sectores sociales históricamente marginados. La concepción ideológica de que había que optar entre la “preservación del medioambiente” o la “superación de la pobreza” fue rearticulada en este nuevo escenario como clave de bóveda de las disputas políticas1 . Un argumento, en realidad, neoliberal (la primacía del crecimiento económico, resolverá, a largo plazo, los problemas sociales y ecológicos)2 fue férreamente asumido por los gobiernos de la región, incluso aquellos que se reivindicaban como “postneoliberales” y/o “de izquierda”.

 

A nuestro entender, estas disputas ideológico políticas expresan sintomáticamente la separación ontológica que la Razón Moderna instituyó entre Sujeto y Naturaleza, como fundamento epistémico y práctico de su modo de concebir, conocer y relacionarse con el Mundo.

El imperativo del dominio, control y explotación (aunque sea “racional”, ahora predicado como “sustentable”) de la Naturaleza como “condición” para la emancipación humana, sigue reproduciendo esa idea primordial de la Razón imperial, que concibió a la Tierra como “objeto colonial”, fundamento y base de todas las conquistas (Machado Aráoz, 2010). El imaginario colonial desarrollista que atraviesa e impregna las modulaciones ideológicas tanto de los gobiernos de “derecha” y de “izquierda” en la región sigue reeditando esa gravosa dicotomía. En buena medida ese imaginario sigue resultando eficaz para invisibilizar los procesos de depredación de las fuentes primarias de la vida, como condición y efecto de la dinámica de la acumulación capitalista.

En este trabajo ofrecemos una mirada crítica que justamente apunta a correr el velo ideológico del “crecimiento” como amortiguación de los efectos expropiatorios de la acumulación por despojo. Para ello recurrimos a la revisión del concepto de metabolismo social y de fractura sociometabólica provisto originariamente por Marx para analizar los efectos e implicaciones que la expansión del extractivismo (en este caso, el extractivismo minero) tiene sobre las economías locales, en términos de acumulación por despojo y expropiación ecobiopolítica. Dar cuenta de estos procesos nos parecen fundamentales para revisar y reorientar las búsquedas teórico políticas de nuevos horizontes emancipatorios en el siglo XXI.

 

Desvincular(nos) de la Naturaleza, el origen

Para afrontar en términos realistas los cruciales problemas ecológicos del presente, creemos imprescindible una revisión de los análisis críticos en torno a la relación Sujeto-Naturaleza, tal como ha sido hegemónicamente concebida por la colonialidad del saber/poder moderno. El materialismo histórico de Marx provee, a nuestro entender, una base ontológica apropiada para restablecer una concepción relacional dialéctica, allí donde ha primado erróneamente una mirada dicotómica y, en última instancia, antropocéntrica.

 

El punto de partida de Marx para comprender la relación Naturaleza-Sociedad es el concepto de «Metabolismo Social» que, en definitiva, pone en el centro de los procesos de hominización/ humanización de la Naturaleza al proceso social de trabajo. Pues, para Marx, “(L)la primera premisa de toda la historia humana es la existencia de individuos humanos vivos. El primer hecho a constatar es, por tanto, la organización corpórea de esos individuos y la relación por eso existente con el resto de la naturaleza (Marx y Engels, 1974: 19). Partir de los individuos humanos vivientes, implica, ante todo, negar radicalmente toda separación entre Naturaleza y Sociedad y rechazar todo antropocentrismo. O, si se prefiere, supone partir de la afirmación básica de que el ser humano es naturaleza, tal como puede leerse en los Manuscritos de 1844:

La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre; es decir, la naturaleza en cuanto no es el mismo cuerpo humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el que debe mantenerse en un proceso constante, para no morir. La afirmación de que la vida física y espiritual del hombre se halla entroncada con la naturaleza no tiene más sentido que el que la naturaleza se halla entroncada consigo misma, y que el hombre es parte de la naturaleza.

 

Sobre esa base, Marx introduce la noción de metabolismo social para dar cuenta de la especificidad de lo humano. Con ella Marx refiere a los imprescindibles y continuos intercambios energético materiales que vinculan a los cuerpos humanos vivientes con el resto de los seres y elementos de la biósfera, haciendo de tal modo materialmente posible su sobrevivencia. Dichos intercambios consisten en flujos energético materiales que circulan en dos grandes direcciones, y cuyos vectores claves son el alimento y el trabajo: de un lado, hay un flujo fundamental de agua, aire y alimento que va de la Tierra a los cuerpos/poblaciones proveyendo los nutrientes básicos de los que dependen. Del otro lado, ello supone un correlativo flujo energético que va de los de los cuerpos-poblaciones a la Tierra en forma de trabajo social. Éste, como energía inseparablemente física-psíquica-emocional, es la condición universal para la interacción metabólica entre el hombre y la naturaleza, la perenne condición de la existencia humana impuesta por la naturaleza (Marx, 1867). Se comprende así, en qué medida, para Marx, el metabolismo social es «la condición ecológico política» fundamental para la existencia de los individuos y las sociedades humanas.

 

A través de las nociones de metabolismo social y de trabajo, da cuenta, por un lado, del proceso de irrupción de lo humano en la historia de la materia (hominización). La emergencia de lo humano como tal dentro del proceso geo-histórico-biológico de complejización de las formas de vida, acontece como producto el específico obrar humano (trabajo) en la procuración de su subsistencia; es por medio de su propia práctica, que el ser humano viviente va produciendo a sí mismo como un ser socio-cultural, tecnológico y político, como rasgos distintivos de la especie. Y esta misma categoría es la que toma como punto de partida para el análisis de la especificidad histórica del capitalismo, entendido éste como modo de producción que opera y emerge de una drástica fractura sociometabólica (Marx, 1867; Foster, 2000).

 

Marx emplea la noción de fractura metabólica como categoría para dar cuenta de los procesos históricos que se suscitaron en Europa en torno los masivos cercamientos de campos, la expulsión a gran escala de campesinos hacia las ciudades, y el cambio de patrón productivo en vastas áreas agrícolas. Su centro de atención es la pérdida de nutrientes naturales en los suelos ahora dedicados a abastecer las incipientes urbes, y despojados de sus ciclos de reposición de fertilidad en una proyección plausible, mediante una agricultura artesanal que va dejando paso a la industrialización de la actividad. Esta fractura metabólica no sólo operaba en la división antagónica entre ciudad y campo al interior europeo sino que a un nivel más global, colonias enteras veían el robo de sus tierras, sus recursos y su suelo en apoyo de la industrialización de los países colonizadores (Foster, 2000: 253). En términos de Wallerstein, la economía-mundo europea del siglo dieciséis se volvió irremediablemente capitalista (115).

El cambio trascendental que implica la creciente privatización de toda forma de trabajo y de aspectos básicos para el desarrollo de la vida, como el suelo, el alimento, la vestimenta hasta entonces regidos bajo otras lógicas de reproducción lleva a alertar ya en el siglo XIX sobre la imposibilidad física de ese proceso incesante de acumulación de capital. Una mirada crítica de este proceso epistémico de largo y profundo alcance lleva a considerar que la sociedad capitalista ha violado las condiciones de sostenibilidad impuestas por la naturaleza (Foster, 252).

 

Basado en este análisis y tomando en cuenta sus propias investigaciones históricas sobre el proceso de expansión colonial del capitalismo, Jason Moore ha destacado que la incesante dinámica de la acumulación requiere como condición sine qua non, el continuo corrimiento de la «frontera mercantil», lo que va arrasando ecosistemas desde sus inicios hasta la actualidad.

En un comienzo, centrado en la desestructuración de sistemas socioeconómicos feudales, y con la tala de bosques como una de las principales degradaciones ecológicas desatadas en tierras de lo que luego sería Europa, para posteriormente avanzar a territorios de ultramar. Como destaca Moore, las fronteras mercantiles más significativas se basaron en la explotación del medio ambiente con los ejemplos coloniales extractivos del azúcar, la minería de plata y oro, tabaco, entre otros (2003:24). El concepto de «frontera mercantil» nos permite ver con mayor claridad la fractura metabólica operada entre la expansión del espacio capitalista y la producción anclada territorialmente. El gran triunfo del capitalismo a lo largo de su derrotero ha sido evitar los costos de la degradación ecológica local y regional mediante la reubicación de sus actividades de acumulación.

 

En otros términos, el capitalismo es constitutivamente un sistema global y globalizador (Moore, 2003:43). La modernidad capitalista aparece como el resultado desde sus inicios de transacciones transcontinentales cuyo carácter verdaderamente global sólo comenzó con la conquista y la colonización de las Américas (Coronil, 111). En este recorrido se torna clave la noción de extractivismo que, como observamos a la luz de esta síntesis histórica, es una práctica económico político cultural estructural del actual sistema mundo.

 

El capitalismo nace de y se expande con y a través del extractivismo (Machado Aráoz, 2015a:15); es el eje de la acumulación originaria o bien de la acumulación por desposesión (Harvey). El extractivismo es un profundo proceso de desterritorialización, transformaciones ecológicas, desplazamientos de poblaciones junto con sus prácticas productivas y culturales que hacen parte inescindible de este permanente proceso de reproducción del capital (Machado Aráoz 2013, 2015a).

 

Minería colonial, condición del capital

La “acumulación primitiva” colonial, lejos de ser una precondición para el desarrollo capitalista, ha sido un elemento indispensable de su dinámica interna (Coronil, 111). Dentro de la larga historia colonial de América Latina el rol de la actividad minera ha tenido un lugar protagónico. Desde la centralidad que encarnó la extracción de plata y oro en la primera fase colonial, con el cerro de Potosí como geografía destacada, hasta la actual etapa de multiplicación de proyectos megamineros a lo largo de las montañas de sur y centro América, el extractivismo minero recrea una y otra vez el ciclo de fractura metabólica: desplazamiento de poblaciones locales, afectación de los ciclos naturales en los territorios sacrificados, irrupción de las prácticas económicas-culturales autóctonas. Tanto en la etapa de colonización y conquista; la era liberal y la conformación de las economías primario exportadoras (fines del siglo XIX e inicios del XX); como en la etapa neoliberal actual permanece la condición colonial con la explotación de recursos naturales como una de sus dinámicas centrales (Teubal y Palmisano).

 

Para dimensionar el impacto que significó el territorio colonizado en la dinámica del capital internacional, vale observar que en el siglo XVI sólo en Potosí se producía el 74% de la producción mundial de plata (Id. 137). Potosí significó el ejemplo por excelencia del capitalismo moderno temprano. En este territorio y sus alrededores, dinámicas culturales de raigambre agraria fueron arrasadas para dar paso a una de las grandes urbes del mundo en ese entonces, en paralelo que miles y miles de cuerpos nativos eran extinguidos como mano de obra minera; las prácticas de la empresa colonial contaminaban cursos de agua como nunca antes; y poblados de regiones próximas eran incorporados a la dinámica capitalista como abastecedores de alimentos reformulando los ciclos de producción e intercambio de comunidades enteras (Moore, 2003).

 

Destaca Moore en La Naturaleza en la transición del feudalismo al capitalismo: La división ciudad-campo del trabajo que tomó forma con el auge de Potosí no sólo expresaba relaciones de poder económico y político. Expresaba igualmente las contradicciones metabólicas del sistema que surgía (p. 27). Ese corrimiento de la frontera minera hacia América implicaba el avance de otras fronteras al interior del territorio americano: desde el altiplano hasta la costa, el proceso de anexión al capitalismo significó desentramar procesos ecológicos, complementariedad en el abastecimiento alimentario, tiempos agroproductivos con base en el territorio habitado, destrucción de sistemas hidráulicos, hambre. La frontera minera alteró estos sistemas en todas las zonas, apunta Moore (2003:29- 30). Las minas exigían grandes desplazamientos de población y desarticulaban las unidades agrícolas comunitarias; no sólo extinguían vidas innumerables a través del trabajo forzado, sino que además, indirectamente, abatían sistemas colectivos de cultivo (Galeano, 64). Potosí escenificó el consumo, la ostentación, la acumulación, la inversión, el cálculo, el costo-beneficio y su revés: hambre, pobreza extrema, una pobreza inédita y desconocida hasta el momento” (Machado Aráoz, 2014:97).

Genocidioecocidio-epistemicidio son eslabones inseparables de la férrea cadena que marca históricamente el principio de la minería colonial (Machado Aráoz, 2014:111). Pero este principio colonizador no será sólo devastación y ruina sino que sentará bases histórico culturales y geográficas mediante complejos sistemas de violencia que moldearán los territorios y los cuerpos disciplinados para su cíclica reproducción. Como destaca Porto Gonçalves (2009): el colonialismo no fue simplemente una configuración geopolítica por medio de la cual el mundo se mundializó sino más bien la colonialidad es constitutiva de las relaciones sociales y de poder del sistema-mundo en sus más diferentes escalas (126). En términos de Gunder Frank, las relaciones metrópolis-satélites no se circunscriben sólo a la escala imperial sino que permean y estructuran la propia vida económica, sociopolítica, y cultural de los países colonizados (148). Esa dinámica, como se observó en el ejemplo fundante del Potosí, se recrea en los diversos territorios colonizados en múltiples direcciones, convirtiendo a satélites de las metrópolis en centros al interior de la tierra colonial. Desde ese entonces a la actualidad se reinventa la lógica imperial y el colonialismo interno en términos de dominación del capital nacional e internacional, como en la ocupación de los espacios territoriales y sociales de un país a otro y al interior de un mismo país (González Casanova, 421,422).

 

Desde una mirada actual, esta lógica (siempre en diálogo con el pasado colonial) configura regiones enteras dependientes de una actividad económica implantada externamente que somete no sólo con objetivos económicos sino en lo político, cultural, social, psicológico y jurídico. Como nos plantea la teoría de la dependencia, en estos enclaves las decisiones del proyecto extractivista se toman en el exterior, mientras que los beneficios de la empresa apenas pasan en su flujo de circulación por el suelo donde tiene su origen sin tener realmente conexiones con la economía local. El capital inversor sí se vincula con el poder central dependiente (naciónprovincia-municipio) para gestionar la concesión en negociaciones, siempre desligadas de la posibilidad de cualquier desarrollo autónomo por parte de quienes habitan los territorios elegidos para la apropiación de recursos por parte del capital inversor (Cardoso y Faletto). A decir de Milton Santos, las economías primario exportadoras significan una sucesiva pérdida de control en la organización espacial por parte de los Estados dependientes, donde mediante las inversiones del capital la demanda procedente del centro queda directa e inmediatamente marcadas en la sociedad, en la economía y en el espacio (50).

El reimpulso en clave neoliberal

Desde fines de la década del ochenta una nueva avanzada minera atraviesa América Latina. Esta vez, tras la crisis de sobreacumulación del capitalismo internacional iniciada en la década del setenta reaparece un voraz apetito del capital trasnacional por los recursos naturales como medio de anclaje del capital excedente (Harvey, 2004). Harvey (2001) analiza cómo en el marco de una geografía imperial del capital, los espacios subalternizados son objetos de recursivos ciclos de acumulación por despojo, mediante nuevos corrimientos de la frontera del capital. En el marco neoliberal, se produce un desplazamiento en los mecanismos de regulación política que tenderá a trastocar de forma radical las relaciones entre espacio y poder estatal. Opera entonces una disipación de la ilusión de competencia y control sobre el territorio por parte del Estado, en favor de una amplia autonomía del capital que se traduce en la aprobación jurídica-política a una diversidad de tecnologías utilizadas para explotar la naturaleza, humana y no humana (Ciuffolini, 18-19).

 

Consenso de Washington mediante, los países de la región dieron paso a la liberalización y des-re-regulación de la economía en pos de incentivar las inversiones extranjeras directas, según marcaban las pautas de los organismos económicos internacionales. Tres fueron los pilares centrales de estos lineamientos: Plena seguridad jurídica sobre la propiedad de las concesiones mineras (preeminencia de la propiedad minera sobre los derechos superficiarios; total garantía legal y judicial de las inversiones extranjeras); Grandes beneficios fiscales y comerciales (estabilidad jurídica por períodos de entre 25 y 30 años; eliminación de tasas de importación y exportación; desgravación de impuestos internos y de regalías mineras o su limitación a tasas insignificantes; libre disponibilidad de divisas y desregulación total sobre la remisión de utilidades); Una legislación y sistema de controles ambientales extremadamente laxos (Machado Aráoz, 2011, 159)

Argentina dio paso a la Ley de Inversiones Mineras (24.196/93) que habilitó la privatización del subsuelo, en sintonía con lo que ocurría por la misma época en países como México, Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú. En ese escenario se desató un boom minero que se tradujo en un crecimiento de las inversiones en exploración medidas en millones de dólares de 400 por ciento en ocho años en Latinoamérica. La expansión de la megaminería no detuvo su marcha pese al cambio de escenario político que atravesó la región en la década del 2000. Con la irrupción creciente de gobiernos de centroizquierda, nacionales-populares y progresistas el avance del extractivismo minero también vio acrecentarse, triplicándose las exportaciones de la actividad en otro lapso de ocho años. Facilidades comerciales, fiscales, financieras, ambientales, y de las fuerzas de seguridad forman parte del apoyo estatal a la actividad que renovó su impulso en los últimos quince años bajo el denominado consenso de los comoditties (Svampa) o consenso de Beijing (Machado Aráoz, 2014), junto con otras actividades extractivas (granos, hidrocarburos, forestal). La megaminería se torna política de Estado por encima de cualquier matiz político-partidario.

 

El reimpulso minero trae una vez más, bajo nuevos lenguajes y prácticas, el anclaje colonial de la economía latinoamericana. Esta laxitud del Estado para con el capital extractivo se encuentra amparado, nuevamente, en discursos que transitan en torno a las categorías de desarrollo, modernización y progreso. Otra vez, la razón colonial-moderna-eurocentrada permea y modela el andamiaje institucional que soporta estas prácticas de expoliación. En esta línea, como nos plantea Antonelli, con el marco legal y la decisión política sólo no alcanza:

Como toda colonización, la megaminería trasnacional requiere no sólo de la legalidad de las normativas […] sino una lengua, una episteme, una genealogía, iconografías y retóricas, su ética y su filantropía, sus afectos públicos y pasiones políticamente fuertes, y una profusión de discursos e instituciones de legitimación (100).

La naturaleza cosificada, quebrada en su vínculo metabólico del ser humano, tiene como destino inevitable ser puesta a disposición del capital mega-minero sin reparar en la historia etnosocioecológica del territorio a sacrificar. No se contemplan los millones de litros de agua que se utilicen en tiempo récord en zonas semiáridas o los riesgos de contaminación con metales pesados ni el quiebre de las prácticas agrícolas que serán desplazadas de esa geografía. Podemos pensar esta nueva arremetida del capital extractivista en términos de fascismo territorial (Sousa Santos, 2010:26), enclaves donde el capital trasnacional regula socialmente a los habitantes del territorio sin su participación y contra sus intereses, previa neutralización y/o cooptación del Estado, cuando no de forma violenta, justamente en naciones que ya están marcadas por la huella colonial europea. Bajo diferentes formas, la tierra originaria tomada como prerrogativa de conquista y la subsecuente ‘privatización’ de las colonias se encuentran presentes en la reproducción del fascismo territorial (Ibíd.). El desarrollo de la minería metalífera a gran escala puede pensarse como un ejemplo paradigmático en el cual una visión de la territorialidad se presenta como excluyente de las existentes (o potencialmente existentes) (Svampa, Bottaro y Sola Álvarez, 43). Las múltiples territorialidades (Porto Gonçalves, 2003; 2009; 2016) campesinas, indígenas, de pequeños agricultores con sus prácticas, saberes e historias son tensionadas, cuando no eliminadas, por esta territorialidad megaminera, discurso y práctica extractiva, que tiene como permanente línea de llegada el desarrollo, donde toda innovación tecnológica producida en el contexto de la modernidad se ve necesariamente como avance, independientemente de sus motivaciones, impactos y consecuencias (Machado Aráoz, 2014:57).

 

Catamarca, explosiones “socio-metabólicas” (...)

 

Las múltiples heridas de la fractura sociometabólica

En el escenario analizado pudimos apreciar cómo una compleja trama de operaciones se pone en juego a partir del avance de la frontera del capital megaminero: la promoción de sujetos sujetados a la dinámica del valor de cambio, la negación de discursos “oficiales” sobre la agricultura campesina como modo de vida posible -que redunda en falta de apoyo estructural a esas economías-, el avance de la frontera urbana, y la competencia por los bienes comunes (agua-tierra montañas) se traducen en un despoblamiento silencioso del campo, de los agricultores y de sus actividades tradicionales. El ser agricultor, a fin de cuentas, es puesto en tela de juicio como horizonte de existencia posible en este territorio de sacrificio. Ese desplazamiento, si bien implica la migración campo-ciudad, significa una profunda transformación del territorio, donde se borran un amplio espectro de saberes y prácticas transmitidos por generaciones. Ni más ni menos se pierde un potente entramado cultural vinculado a producción, intercambio y consumo autónomo de alimentos, y al necesario uso sostenible de la naturaleza. Estos relatos nos permiten una primera aproximación a cuestiones a profundizar en torno a las transformaciones ecosocioterritoriales que la fractura sociometabólica, impulsada por la megaminería, implica en esta región catamarqueña. Como observamos, aparecen a primera vista cambios en las dinámicas alimentarias, en las prácticas económicas, en los valores sociales, y las relaciones comunales, tensionadas a niveles que desfiguran la cotidianeidad y la historia local. Los testimonios expresan como factor común las tensiones entre tiempos distintos. Recordemos que el tiempo del capital industrial, con su obsesión de acumulación incesante para desarrollarse construye a los otros tiempos como atrasados, donde toda diferencia y diversidad (natural o cultural) debe ir dejando paso a la monocultura que tiene en el progreso, la modernidad, y la ciudad “civilizada” su locus por excelencia, su horizonte (Porto Gonçalves, 2016). La penetración del capital como mediador de los vínculos al interior de la comunidad no desemboca en otra dirección que una dependencia estructural extrema por parte de la población local. Comunidades históricamente agrarias, productoras de alimentos para autoconsumo, van dando paso a una progresiva pérdida de capacidad de autosuficiencia alimentaria, que no es otra cosa, que las energías vitales que el hombre como parte de la naturaleza intercambia con otros componentes de la biosfera a fin de reproducir la vida. Es en este sentido que planteamos la noción de expropiación ecobiopolítica para explicitar cómo opera un sistema integral de dominio, control y disposición que se ejerce sobre el complejo de la vida social en general (Machado Aráoz, 2013, 140), desde sus expresiones materiales más elementales como el agua, la tierra y el alimento hasta las diversas dinámicas sociocomunitarias y culturales. Si a nivel macro la actual fase del extractivismo se caracteriza por la degradación extrema de las condiciones biofísicas de existencia de la especie humana; a nivel microbiopolítico la producción capitalista está signada por la configuración de subjetividades crecientemente desvinculadas y enajenadas de los flujos que nos sostienen como cuerpos humanos vivientes” (Machado Aráoz, 2016:224). En otros términos, esta “hiperindustrialización/ tecnificación/artificialización de la vida (patrones de consumo) de unas economías/sociedades demanda y requiere de la híper-reprimarización de otras”. La megaminería materializa la expropiación geográfica (Machado Aráoz, 2011) de un “occidente” que aún corre su frontera mercantil en base a la extinción, una y otra vez, de las culturas economías-territorialidades otras negadas, allí donde se asienta el capital extractivo. Expropiación que en su dimensión biopolítica expropia los medios que nos hacen cuerpos: el agua, el aire, el suelo, en suma, el territorio (Id. 172).

Esta dinámica necroeconómica del capital se asienta principalmente en la sistemática depredación sobre las agroculturas (Machado Aráoz y Paz, 151), siendo éstas sabedoras de los ciclos de la naturaleza, entendedoras del territorio como espacio de vida y para la vida, defensoras de la autonomía alimentaria moldeada a lo largo de generaciones, artesanas de saberes que han transitado el territorio por siglos. En base a los planteos pioneros de Marx sobre la fractura sociometabólica y los ejemplos analizados, intentamos evidenciar la potencia del capitalismo en reinventar una y otra vez la maquinaria devastadora de los ciclos energéticos naturales que hacen al complejo proceso de vida del que el hombre es victimario y víctima. A modo de cierre, tomamos la energía vital de esas comunidades que se resisten a aceptar el “destino inevitable” que ofrece el discurso minero oficial, culturas que apuestan a sembrar en las “zonas de sacrificio” un “campo de historia-esperanza”, que practican desde su estar en el territorio la defensa de la agricultura y la soberanía alimentaria, que reivindican el ser agricultores, y aleccionan sobre la olvidada reciprocidad con la naturaleza. Parafraseando a Porto Gonçalves (2016, 310), comunidades que hacen de su lucha por la tierra, una lucha por la Tierra.

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Horacio Machado Aráoz y Leonardo Javier Rossi | Extractivismo minero y fractura sociometabólica RevIISE | Vol 10 Año 10 - octubre 2017 - marzo 2018. Argentina. pp. 273-286 | ISSN: 2250-5555 | www.reviise.unsj.edu.ar

Fuente: https://noalamina.org/wp-content/uploads/2018/06/extractivismo-minero-y-fractura-sociometabolica_minera-alumbrera.pdf

 

 

"Tomemos la energía vital de esas comunidades que se resisten a aceptar el 'destino inevitable' que ofrece el discurso minero oficial, culturas que apuestan a sembrar en las «zonas de sacrificio» un «campo de historia-esperanza», que practican desde su estar en el territorio la defensa de la agricultura y la soberanía alimentaria, que reivindican el ser agricultores, y aleccionan sobre la olvidada reciprocidad con la naturaleza. Parafraseando a Porto Gonçalves (2016, 310), comunidades que hacen de su lucha por la tierra, una lucha por la Tierra".

 

Percibamos (conozcamos e involucrémonos en) las luchas contra todas las megaminerías. Como no es a cielo abierto se la clasificaba como distinta pero:

 

 

Litio y espejos de colores

27 de diciembre de 2018

Por Darío Aranda
Pressenza

“Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene”.
Bruno Fornillo (investigador del Conicet y Clacso)¹

La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.

“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.

Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.

 

Veinte años

El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas (kollas y atacama en Jujuy y Salta).

El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y está en manos de la multinacional multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.

A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.

Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.

 

Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.

 

Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.

 

¿Desarrollo nacional?

“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.

“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

 

Académicos

 

El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.

El Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales es heterogéneo, en formación (economistas, cientistas políticos, historiadores) y miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.

 

“Geopolítica del litio”, es el libro publicado en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en ciencias sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.

Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.

Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.

Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.

“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.

Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo reivindicó el modelo boliviano, donde –remarcó– se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.

Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.

“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.

En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.

¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.

 

Entrevista a Slipak.

–¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?

–La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.

–¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?

–Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.

–Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, “menos contaminante”. Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.

-Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.

Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación.

 

Lucha

Las comunidades indígenas ya dijeron “no a la minería de litio”. Algunos académicos, con discurso progresista, impulsan la explotación (Foto de Iwgia).
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron qué implicaba la consulta, cómo debía ser, qué implicaba. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.

Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.

Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.

Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.

 

Ambiente y presiones

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.

Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada por que el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.

Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.

 

EEUU y represión

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.

El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.

“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.

¹ Libro “Geopolítica del litio”. Página 87.

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2018/12/litio-y-espejos-de-colores/

 

Posicionarnos al lado de los pueblos Kolla de Salinas Grandes y Laguna Guyatayoc es luchar por la vida planetaria y  la dignidad humana de responsabilizarse de cuidar los equilibrios ecológicos donde el ciclo del agua es fundamental.

 

Los pueblos Kolla de Salinas Grandes y Laguna Guyatayoc en Argentina

defienden su cultura y su territorio de la mimería del litio

“No comemos baterías”

23 de abril de 2019

 

 

Por catarsimagazin.cat

Las comunidades indígenas Kolla de las Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc en la provincia de Jujuy, Argentina, han pasado todo el mes de febrero movilizados para protestar contra la amenaza que supone para la supervivencia de su territorio y su cultura ancestral la minería del litio. La demanda global de carbonato de litio para la fabricación de baterías se ha disparado exponencialmente en la última década como resultado del giro digital –teléfonos celulares, computadoras, etc.—y de la inminente transición a una economía no dependiente del petróleo a través de la fabricación de vehículos eléctricos de todo tipo.

El territorio de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc es una gran extensión de tierra situada en la puna argentina, entre las provincias de Salta y Jujuy. La altura media de estas tierras oscila entre los 3,500 y los 4,000 metros de altitud. La dureza infinita de estos incomparables parajes está salpicada de salares, grandes lagunas de sal ricas en una multiplicidad de minerales (litio, potasio, boro, etc.), porque se formaron durante millones de años como resultado de la actividad volcánica que rodea estas cuencas cerradas de agua y salmuera. La naturaleza endorreica de estas cuencas es la que hace precisamente que los recursos hídricos estén interconectados y dependan de un delicado equilibrio que no permite extraer grandes cantidades de agua, como requiere la minería del litio, sin que los impactos se sientan en todo el territorio.

Los indígenas Kolla llevan habitando en estos territorios desde tiempos inmemoriales. De hecho, en muchos de los pueblitos que rodean la cuenca de Salinas Grandes –El Moreno, Lipán, Rinconadilla o San Miguel de Colorados, centro del conflicto actual—hay vestigios arqueológicos que dan fe de su pertenencia histórica al Tawantinsuyo o más específicamente al Coyasuyo, como denominaban los Incas a esta parte sur de sus dominios. Pero sobre todo siguen perviviendo en estos territorios formas de organización social, prácticas culturales y visiones del mundo que agrupadas simbólicamente bajo la Wiphala, la bandera de los pueblos indígenas del altiplano andino, señalan otros modos de organización económica y, muy especialmente, otra relación con la naturaleza.

El conflicto de las comunidades Kolla con las empresas mineras del litio tiene ya varios años, pero el incidente más reciente se remonta a principios de febrero de este año cuando miembros de las comunidades descubren que las empresas Ekekos S.A, de titularidad argentina y AIS Resources, de titularidad Canadiense, están perforando el centro de la Laguna Guayatayoc para explorar la extracción del litio, “afectando gravemente al suelo, la flora, la fauna y las napas de agua dulce en el centro de la laguna”[1].

Para empezar, este emprendimiento minero vulnera el kachi yupi (huellas de sal en quechua), un protocolo creado por las propias comunidades Kolla en 2015 para celebrar una consulta previa, libre e informada que autorice cualquier actividad en sus territorios. Por otro lado, los habitantes de la cuenca sienten el impacto de estas perforaciones en el corazón de la Laguna Guayatayoc como un “dolor” en su propio cuerpo, porque los pueblos Kolla consideran la laguna como un ser vivo, un familiar que pertenece a la Pachamama (madre tierra) y con el que mantienen un vínculo sagrado, al igual que lo hacen con las montañas, los ojos de agua o los camélidos con los que comparten el territorio.

Durante demasiado tiempo los occidentales tendimos a considerar esta forma de relacionarse con la naturaleza bien como un mito irracional, bien como una forma de “espiritualidad” exótica con la que identificarnos y de la que apropiarnos, pero como explica magistralmente la antropóloga peruana Marisol de la Cadena, estos “seres de tierra” como, por ejemplo, el Nevado del Chañi en la cuenca de Salinas Grandes, establecen vínculos ontológicos con las comunidades indígenas de maneras que son inconmensurables con la división tajante naturaleza/cultura que establece el mundo occidental [2]. En otras palabras, quizá no lleguemos nunca a entender del todo porque los pueblos Kolla sienten como un dolor la “ruptura de una vena de agua” en el salar, pero sí podemos romper la “colonialidad del poder” [3] e incluir esta diferencia en el campo de la historia y de la política para comprender que el rechazo a la minería del litio tiene que ver con el agotamiento de las fuentes de agua en un espacio de por sí árido, pero también con la amenaza de genocidio cultural que representa la transformación de estos territorios ancestrales en “zonas de sacrificio”.

De momento –y lamentablemente quizá no sea ninguna sorpresa- tanto las empresas mineras como el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que se había comprometido a respetar el Kachi Yupi, han decidido darle la espalda a las 300 familias que viven en la cuenca de Salinas Grandes. Ante tal negativa las comunidades organizaron un corte de carretera entre las rutas 52 y 79 para protestar por la situación de vulneración legal en que se encuentran. Al ver que las faenas mineras seguían operando las 24 horas, el día 8 de febrero se dirigieron al emprendimiento minero y ellos mismos expulsaron a las empresas del salar. En su declaración conjunta al final de la jornada afirman que “no aceptaran más ninguna consulta previa e informada, ya que el gobierno utiliza este mecanismo de manera aparente para lograr el consentimiento de proyectos extractivos en el territorio” Y añaden: “que el gobierno sepa de una vez por todas que no vamos a aceptar ninguna exploración ni explotación minera del litio”[4]. La declaración termina con dos demandas: que el gobierno anule el concurso de oferentes N1/2018 para la prospección y licitación de extracción de litio en la zona y que declare la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc como patrimonio cultural y ancestral de los pueblos originarios libre de minería y proyectos extractivos que ocasionen graves daños a la pachamama.

Tras esta declaración y ante la convocatoria de nuevos cortes de ruta para protestar por la negativa a retirar los proyectos mineros el Gobernador de la provincia de Jujuy decidió militarizar el conflicto y enviar a la policía y a las tropas de infantería para defender a unas empresas mineras que, según él, cuentan con los permisos pertinentes. Tras el palo vino la zanahoria y el gobernador trató de convocar a los líderes de las comunidades indígenas a una reunión en la sede del gobierno provincial. Los lideres replicaron que la reunión debía celebrarse en el territorio de las Salinas Grandes, frente al salar, las montañas y los ojos de agua que, según la epistemología descrita arriba, deben ser participantes activos de la negociación, sujetos de derecho. El Gobernador Morales no pudo o no quiso entender por qué es importante celebrar la reunión en el territorio y emitió un comunicado trufado de lugares comunes y en el que subrepticiamente se llama a las comunidades a “evitar la interferencia de sectores, personas o instituciones interesadas en el conflicto y en consecuencia dispuestas a utilizar para beneficio propio la causa de los pueblos originarios” (20/02/19 El tribuno de Jujuy)

Ni siquiera la autonomía política está dispuesto Morales a conceder a los pueblos originarios de la Salina, retratados como “buenos Salvajes” manipulados por fuerzas y agentes exteriores. La respuesta es lamentablemente muy poco original y entronca con una tradición de violencia colonial tristemente conocida para los pueblos Kolla de Jujuy y cuyos episodios más notables incluyen por supuesto las prácticas genocidas de los conquistadores españoles, pero también episodios de represión por parte del Estado Argentino como la Batalla de Quera a finales del siglo XIX en la que fueron masacrados centenares de pobladores Kolla que luchaban por sus tierras o el Malón por la Paz, una marcha a pie organizada por líderes del pueblo Kolla en 1946 para convencer a Perón de que les devolviera las tierras usurpadas por los terratenientes criollos que generó amplia cobertura mediática, pero termino con los líderes del pueblo kolla confinados en un sanatorio y más tarde deportados a Jujuy contra su voluntad.

Por eso, es importante que los ojos del mundo estén puestos en la cuenca de Salinas Grandes, para evitar otra tragedia, otro destierro más en la larga noche colonial que han sufrido y resistido los pueblos indígenas del noroeste argentino. El modelo extractivo intensificado que impulsa el presidente Mauricio Macri en la Argentina aparece intrínsecamente ligado a las cadenas de dependencia que produce el consumo de baterías eléctricas en el norte global. A medida que las economías de la Unión Europea establecen plazos para eliminar los vehículos que funcionan con combustibles fósiles por vehículos eléctricos propulsados por energías renovables, es esencial pensar en los impactos medioambientales y humanos que estas nuevas energías producen en lugares del sur global como la cuenca de Salinas Grandes. Nadie en su sano juicio puede disputar la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono, pero los pueblos indígenas de las Salinas Grandes no tienen porque pagar el precio de nuestros patrones de consumo energético o nuestra incapacidad de buscar soluciones realmente efectivas.

La aceptación dócil de la llamada “economía verde” es peligrosa, porque obedece al mismo patrón que cualquier otra economía extractiva, es decir, agota los recursos naturales en función de los márgenes de beneficio de las empresas y gobiernos, sin atender a los pasivos medioambientales ni a las potenciales soluciones más eficientes. La industria petrolera, por ejemplo, no piensa renunciar a extraer todo el crudo del suelo para obtener el máximo beneficio, aunque ya existan otras tecnologías para generar energía. De modo similar, la industria del litio no piensa renunciar a extraer el litio, aunque existan soluciones potencialmente menos dañinas como las baterías de hidrógeno o el desarrollo del trasporte público.

“El progreso es un tren sin frenos” y los pueblos indígenas de la puna lo entendieron antes que el filósofo alemán Walter Benjamin, como muy bien explica uno de sus eslóganes --“no comemos baterías”. Por lo tanto sus territorios ancestrales no deben ser transformados en “zona de sacrificio” para la llamada “nueva economía digital” o para los nuevas formas de transporte “limpio” en el norte. La comunidad internacional debe prestar atención a los efectos que produce nuestro modo de vida en lugares como la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc y presionar al gobierno de Jujuy y de Argentina para que establezca un dialogo honesto y claro con las comunidades Kolla que les permita mantenerse en sus territorios ancestrales en libertad y en contacto con la memoria viva de sus salares, sus montañas, sus antepasados, sus animales y plantas. 

Notas

[1] Comunicado de la asamblea de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc 11/02/19.

[2] Marisol de la Cadena. Earth Beigns: Ecologies of Practice Accross Andean Worlds. Durham: Duke University Press, 2015

[3] El concepto de “colonialidad del poder” fue originalmente acuñado por el sociólogo peruano Anibal Quijano para referirse a los modos en que el que las epistemologías occidentales se presentan como únicas y universales para naturalizar el proyecto colonial que hace posible la modernidad capitalista eurocentrada.

[4] Comunicado de la asamblea de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc 11/02/19

https://catarsimagazin.cat/no-mengem-bateries/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=255133

 

En consecuencia, la elecciones implica incluirnos como cómplices por legitimar a quienes  gestionan la acumulación gran capitalista a costa de ecocidios-genocidios y etnocidios. Hagamos posible generalizar la toma de conciencia que "mientras que la ampliación de la frontera extractivista intensificó las resistencias protagonizadas por organizaciones de poblaciones afectadas y movimientos socioambientales, por el otro lado, fuerzas políticas y gobiernos sostuvieron a rajatabla ese modelo de crecimiento. En especial, los gobiernos progresistas defendieron sus políticas extractivistas presentándolas como condición necesaria para «la superación de la pobreza» y la «inclusión social» de los sectores sociales históricamente marginados. La concepción ideológica de que había que optar entre la «preservación del medioambiente» o la «superación de la pobreza» fue rearticulada en este nuevo escenario como clave de bóveda de las disputas políticas".

 

Desde décadas la mayoría de nosotros hemos votado por el mal menor. Hoy es contra la derecha explícita. Reflexionemos sobre lo medular del enfrentamiento con los opresores que la grieta oculta y Zibechi sintetiza: "Mi impresión es que en el trasfondo de toda esta situación tan crítica está la acumulación por despojo, por robo, eso que llamamos extractivismo y que se resume en monocultivos muy contaminantes, minería depredadora, grandes obras como Belo Monte y frenética especulación urbana. Esto es el modelo financiero en esta etapa de crisis del imperio y de retraimiento del capitalismo. No quiero hacer esa operación cosmética que hace una parte de la izquierda y que me parece tramposa: si cambia el gobierno y asumen los progresistas, ya no estamos en el neoliberalismo. No, el neoliberalismo no es un gobierno, es un sistema que tiene un pie en la economía de despojo, un pie en la sociedad militarizada (las leyes antiterroristas las aprobó la izquierda y son parte del modelo) y otro pie en la política. La única luz que tenemos en este período tan oscuro son los movimientos de mujeres y de indígenas, que en el fondo son muy parecidos porque tocan la tecla de la opresión y sólo se pueden combatir las opresiones partiendo del cuerpo".

 

Entrevista a Raúl Zibechi

“Sabemos los límites de esta derecha y

debemos pensar el día siguiente a ella”

29 de mayo de 2019

Por Rafael Sanz

Correio da Cidadania

 

 

Pasados casi cinco meses desde la llegada de Jair Bolsonaro al poder, vimos que los movimientos populares volvieran a las calles en Brasil. Las protestas contra el ajuste en la educación la semana pasada dejaron bien claro que el actual gobierno no goza de ninguna tranquilidad, como hacía creer el clima en las calles del país luego de las elecciones. En Argentina, el gobierno Macri entrega una sociedad más empobrecida de lo que encontró y en Colombia, masivas manifestaciones tomaron las calles y carreteras del país contra un narco-estado que niega un proceso de paz sobre décadas de guerra interna. En Venezuela, bien, la presentación es innecesaria. Sobre esta coyuntura continental, entrevistamos al periodista e investigador uruguayo Raul Zibechi días antes de las manifestaciones del 15 de mayo en Brasil.

 

-Correio da Cidadania: En nuestra última entrevista, de enero de 2018 (1), hablamos de los errores del progresismo y el del fin de este ciclo que abría las puertas de un avance conservador. Bueno, en Argentina ya estaba Macri, pero cerca de un año después, el país más grande del continente eligió a Jair Bolsonaro como presidente. ¿Qué impresiones tienes de este gobierno y de su proyecto para el país?

Raúl Zibechi: Creo que la principal característica del gobierno Bolsonaro es que no tiene proyecto de país. Entre otras cosas, porque lo llevó al gobierno un movimiento que es de rechazo a la izquierda, pero apenas eso, un rechazo negativo que no es capaz de construir algo como una nación.

Esto contrasta incluso con el golpe de 1964, que era muy anticomunista pero tenía un proyecto que, en aquel momento, Ruy Mauro Marini definió como sub-imperialismo. Hoy el gobierno no tiene ni siquiera esa intención. Hay una idea de subordinarse a Estados Unidos, o más en concreto, al gobierno de Trump, pero eso ya no alcanza porque se trata de una potencia en declive que lo único que busca es alargar la caída.

Entonces estamos en un momento histórico muy diferente al de medio siglo atrás. El gobierno actual en Brasil es un gobierno sin rumbo, sin proyecto, sin perspectivas.

-Correio da Cidadania: ¿Ves una profundización del modelo extractivo, especialmente en las nuevas políticas para el agronegocio, la minería y la demarcación de tierras indígenas?

Es el mismo modelo de los últimos 20-25 años pero con menores trabas, con menos impedimentos para la expansión del agronegocios. Eso es cierto, pero no debemos perder de vista que es exactamente el mismo modelo, con las mismas características. Sólo que durante algunos años hubo ciertas trabas legales y políticas. Pero ya en la última década, o mejor en los últimos años de Dilma, esas trabas empezaron a levantarse.

-Correio da Cidadania: Si miramos los índices de popularidad del gobierno, que caen cada día y los movimientos sociales y populares que vuelven a organizarse, sumados a las propias peleas palaciegas entre militares y olavistas (2), ¿qué tipo de gobernabilidad tendrán?

Desde hace tiempo pienso que el fin del ciclo progresista no será sucedido por un ciclo conservador, sino por una gran inestabilidad. Hoy asume la forma de crisis de gobernabilidad permanente, de la cual Argentina es el mejor ejemplo, pero Brasil entra también en esa situación.

Un dato mayor en Brasil es que los militares están siendo los que imponen un poco de racionalidad, en casos como Venezuela, o de sentido común, en las reformas que se quieren implementar. Eso revela la profunda crisis de la clase política brasileña que ya no es capaz de gobernar con un mínimo de sentido común. Es evidente que esto no puede durar mucho, a ello sumo los cuatro años que le corresponden a Bolsonaro, si es que llega al final de su mandato. Ya tuvo que resignar al ministro de Educación y es probable que en algún momento caiga el canciller, aunque ya lo tienen neutralizado los militares.

Pero me gustaría decir, además, que la crisis de gobernabilidad es estructural y que va a afectar también a los progresistas si retornan al gobierno.

-Correio da Cidadania: ¿Crees que con las dificultades para gobernar, el gobierno pueda dar un giro aún más autoritario? ¿Cómo esto se aplica a liderazgos comunitarios y de movimientos sociales?

Hoy los gobiernos saben que navegan en aguas turbulentas. Los sectores populares son actores muy importantes y ellos tienen claro que Junio 2013 puede repetirse, lo que cambia todo. Un giro autoritario sería muy peligroso, lo intentan, claro, pero no lo veo como algo que pueda consolidarse. Otra cosa son acciones muy represivas, fuera de control, aparentemente, que sí son muy peligrosas. Por otro lado, si dejamos a las clases medias en sus barrios “nobres” y vamos a la favela, ¿qué sería un giro autoritario allí donde no hay otra cosa que autoritarismo militar, policial y de las milicias?

Por eso creo que no podemos hacer una lectura ideologizada como hace la izquierda electoral. Si somos realistas, sabemos los límites que tiene esta derecha y debemos pensar en el día después. O sea, ¿qué construimos, partidos electorales o movimientos de base que son los que pueden hacernos salir del modelo extractivo?

-Correio da Cidadania: En este contexto, ¿cómo se queda la situación de Venezuela?

Con un gran aislamiento internacional y una gran crisis interna. El gran problema es la economía y las finanzas. No consiguen mejorar la producción y en particular la extracción de petróleo que está cayendo cada mes y se sitúa en un tercio de la que tuvo cuando Chávez llegó al gobierno en 1999. Esto es el punto clave, porque si no consiguen enderezar PDVSA, la economía deja de funcionar en algún momento.

Además hay un grave problema con los precios y con la moneda. Se trata de problemas que no parecen encontrar el modo de resolverse y eso lleva a que el apoyo de la población al régimen chavista-madurista sea cada vez menor. Eso lleva a un cierre autoritario que es inevitable si no consiguen modificar la economía. A todo esto se suma la desestabilización política de la derecha y Estados Unidos y la agresión económica, que terminan de configurar un panorama muy difícil.

-Correio da Cidadania: Se miramos a otros grandes países del continente (3), vemos una Argentina completamente desfigurada, con las cifras de fuga de capital en las alturas, una reforma jubilatoria que despierta el más profundo rechazo de la población y movimientos de mujeres muy fuertes en las calles (4). Colombia, después de décadas de guerra interna, tiene manifestaciones muy fuertes en oposición a las políticas uribistas. ¿Qué lecciones podemos tomar de estas realidades vecinas?

Mi impresión es que en el trasfondo de toda esta situación tan crítica está la acumulación por despojo, por robo, eso que llamamos extractivismo y que se resume en monocultivos muy contaminantes, minería depredadora, grandes obras como Belo Monte y frenética especulación urbana. Esto es el modelo financiero en esta etapa de crisis del imperio y de retraimiento del capitalismo. No quiero hacer esa operación cosmética que hace una parte de la izquierda y que me parece tramposa: si cambia el gobierno y asumen los progresistas, ya no estamos en el neoliberalismo. No, el neoliberalismo no es un gobierno, es un sistema que tiene un pie en la economía de despojo, un pie en la sociedad militarizada (las leyes antiterroristas las aprobó la izquierda y son parte del modelo) y otro pie en la política. La única luz que tenemos en este período tan oscuro son los movimientos de mujeres y de indígenas, que en el fondo son muy parecidos porque tocan la tecla de la opresión y sólo se pueden combatir las opresiones partiendo del cuerpo.

-Correio da Cidadania: Volviendo a la entrevista de 2017, usted habló de Lenin Moreno, entonces el nuevo presidente de Ecuador, y que aún no se sabía si haría una gira a la derecha o no. Pasados dos años, ¿cómo podemos analizar este país, que en tiempos de Correa jugó un importante papel en el ámbito de los gobiernos progresistas?

No hay dudas de que Moreno hizo un viraje a la derecha, en alianza con el empresariado local y con Washington. Creo que ese viraje es para un buen tiempo, porque como lo demuestran las cifras, no es fácil que retorne Correa.

Ahora, hay que preguntarse cómo fue posible. La “traición” no explica nada, porque detrás de Moreno se fue la mayor parte de Alianza País que hasta el día anterior estaba con Correa. Mi impresión es que Correa dejó una situación económica muy mala, con un gran endeudamiento, y que había una gran tensión política sobre todo con los movimientos populares e indígenas. Correa se enemistó con los movimientos y éstos le pagaron apoyando a los adversarios de Correa. No comparto esa actitud, pero la entiendo.

-Correio da Cidadania: ¿Y cómo miras la entrega de Julian Assange por parte de Moreno? Más allá de las imágenes de sus fiestas y excesos, ¿qué esto dice sobre la libertad de prensa o el momento del periodismo, especialmente lo que va en contra de los intereses de los poderosos? ¿Cómo esto puede reflejar en un país como Brasil, donde según la Unesco, es el 6º país más peligroso para ejercer esta profesión?

La libertad de prensa no existe. Sólo hay libertades de todo tipo para las clases medias y altas, pero no hay libertades ni derechos para la mitad pobre, negra y favelada, y sobre todo para los y las jóvenes. Tenemos que crear nuestros propios medios, nuestros propios espacios y poderes, porque un pueblo con derechos pero sin poder, no es nada. Este es el punto. Seguir reclamando derechos y libertades al Estado, está muy bien para los sindicatos cuya base social son individuos con empleo en blanco, formal, con todos los derechos de seguridad social, pensiones, y acceso a la salud y la educación que viven en barrios donde hay saneamiento y así. Pero la otra mitad, la que no tiene empleo ni acceso a ningún servicio digno, pedir derechos no tiene sentido. Está bien que los pidan, pero si además construyen lo propio, “su” salud, “su” educación, o sea su propio mundo.

-Correio da Cidadania: ¿Cuáles son los desafíos más importantes puestos para el campo popular en esta coyuntura?

Lo que acabo de decir: construir el mundo propio. Ese mundo que tuvieron los obreros el siglo pasado, hasta que el Estado del Bienestar desmontó los ateneos, las escuelas populares, el tiempo libre de los obreros, todos los espacios de socialización que eran espacios de poder popular. Si no hacemos esto, estamos a merced de los poderosos.

Para mi esta es la estrategia más importante y eso implica pensar en el largo plazo. La clave de la resistencia de los pueblos originarios es ésta, que no dejaron sus comunidades, que las siguen construyendo y sosteniendo. Veo que los pueblos negros están transitando un camino similar, re-construyendo quilombos, que son la clave de la acción popular no estatista como ya lo planteaba Abdias do Nascimento.(5)

Notas

1) “El mayor error de los progresismos fue no haber tocado la riqueza; ahora vemos avance continental de las derechas”, Raúl Zibechi, Correio da Cidadania, 6 de janeiro de 2018.

2) Referencia a los partidarios del escritor Olavo de Carvalho, gurú ideológico del presidente Bolsonaro.

3) “La imposible gobernabilidad de las derechas”, Raúl Zibechi, Correio da Cidadania el 7 de mayo de 2019.

4) “Para aprobar reformas impopulares, gobierno Macri reinaugura era de violaciones del Estado”, Correio da Cidadania, 23 de diciembre de 2017.

5) Abdias do Nascimento (1914-2011), dramaturgo, actor, escritor y poeta, activista vinculado al movimiento en defensa de los derechos de los afrobrasileños. Doctor honoris causa en las universidades del Estado de Río de Janeiro (1993) y Federal de Bahía (2000), entre otras. En 1983 resultó electo como diputado federal por el PDT (Partido Democrático Trabalhista). En 1991 y entre 1997 y 1999 ejerció como senador. Sus discursos y proyectos de ley apuntaron a la superación del racismo y el apoyo al movimiento negro. Fue también secretario de Defensa de la Promoción de la Población Afrobrasileña de Río de Janeiro entre 1991 y 1994, y secretario estadual de Ciudadanía y Derechos Humanos del Estado de San Paulo entre 1999 y 2000.

http://www.correiocidadania.com.br/

Traducción de Raphael Sanz para Correspondencia de Prensa: https://correspondenciadeprensa.com/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=256503

 

 

 

Apreciemos la autoorganización popular con el objetivo expresado como: "Debemos fortalecer la movilización social y la construcción de ejercicios y dinámicas de poder popular que construyan nuestras visiones de gobierno propio".

 

 

 

Congreso de los Pueblos de Colombia: Llamamos a luchar desde la Unidad, por la Democracia y el respeto de los DDHH

Resumen Latinoamericano / 26 de mayo de 2019

El gobierno de Iván Duque repite el libreto de la más rancia oligarquía colombiana: sometimiento a los designios del imperialismo, garrote y miseria para el pueblo; en esta ocasión en medio de una estrategia de violencia generalizada y guerras en el mundo.

Este gobierno representa únicamente los intereses económicos de los grandes gremios y las multinacionales, y para ello hace uso de las fuerzas militares, pretendiendo avanzar en la profundización del modelo neoliberal y la potenciación de la economía extractiva. La política contrainsurgente que ha desangrado el país se articula al control del territorio dejando un paisaje de despojo y muerte.

En estos 10 meses de desgobierno se han elevado los índices de pobreza, de criminalidad, de prácticas terroristas de Estado, el aumento de los conflictos territoriales producto de la profundización de la guerra; ante este panorama, el movimiento social popular ha respondido con la movilización, la defensa de la vida y sus territorios.

Pasamos por una crisis que mantiene un crecimiento constante de índices desfavorables como el de desempleo que está sobre el 12.8% y la informalidad por encima del 60%; esta situación se acentúa en las ciudades donde la marginalidad y miseria son más evidentes. La violencia social es cada vez más fuerte con altos índices de feminicidios y muerte de nuestros jóvenes. La criminalización de la protesta social y las judicializaciones de líderes y lideresas son estrategias adelantadas por parte del Gobierno nacional y la Fiscalía para neutralizar el trabajo social y político en defensa de los derechos humanos y los territorios. La cifra de asesinatos de líderes y lideresas sociales es aberrante. Desde las firmas de los acuerdos de La Habana, se registran más de 700 asesinatos, 135 de ellos de militantes del partido FARC, acentuándose la sistematicidad y la evidencia de que quienes hoy gobiernan son quienes se benefician de esta masacre; en este gobierno donde las cifras de asesinatos van en 236 líderes asesinados (indígenas, campesinos, afrocolombianos, comunales, ambientalistas), dejan claro una política de gobierno para desconocer los acuerdos firmados con la insurgencia y el movimiento popular, con el propósito de sabotear el cumplimiento de los mecanismos pactados, datos que se muestran de manera precisa en el informe del pasado 23 de mayo de este año el cual es presentado por la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular en articulación con el Movimiento político y social Marcha Patriótica e Indepaz.

En los últimos días se ha agitado la política nacional: los hechos de corrupción del ex fiscal Néstor Humberto Martínez que pretendió ocultar con el fallo de la JEP y sus actuaciones ilegales e ilícitas en el caso de Santrich, sus múltiples delitos, deja en evidencia que tenemos gobiernos sin soberanía, que permiten que los EEUU siga violando nuestra autodeterminación para cumplir el triste papel de administrar el patio trasero de los intereses del imperialismo. El artículo presentado por New York Times donde se demuestra el plan criminal de las FFMM sustentado en la política de seguridad y defensa nacional, que retoma la macabra política del gobierno de Uribe de promover los incentivos por bajas, dando lugar a ejecuciones extrajudiciales y la violación de todos los derechos de los pueblos, demuestra que el terror por parte del Estado, como visión y estrategia, nunca se ha ido.

También fue aprobado el PND que va a profundizar el modelo extractivo y el despojo; un plan sustentado en la renta minero-energética que justificará en el corto plazo nuevas reformas tributarias y una ola de enajenaciones o privatizaciones de empresas como ECOPETROL, CENIT e ISA. Vienen una serie de reformas entre ellas un proyecto que pretende criminalizar la protesta social y en estos días se plantea el proyecto legislativo 003 que reforma le ley 160 y que pretende legalizar la apropiación de los baldíos, las tierras robadas por los empresarios y multinacionales bajo el actuar paramilitar, y desconoce el sujeto campesino. Es un retroceso a un elemento central de los acuerdos de paz y pilar del conflicto social y armado: la concentración de tierras.

Y como si fuera poco, en medio de este contexto, avanza rápidamente, promovido por el gobierno del centro democrático, la idea de volver a instaurar un FRENTE NACIONAL, léase, un pacto de la oligarquía para hacer trizas no solamente la paz, sino la endeble “democracia” que aún nos queda. Esta jugada nos acercaría a un estado de cosas donde la represión dictatorial tomaría estatus de legalidad.

Ante este panorama, el movimiento social popular, las fuerzas democráticas y el pueblo organizado debemos incrementar la movilización y el debate político. Nuestras formas van en varios caminos y deben ser potenciados desde la UNIDAD, en aras de fortalecer un bloque popular y democrático que detenga el avance del proyecto de los oligarcas y el imperio. Debemos fortalecer la movilización social y la construcción de ejercicios y dinámicas de poder popular que construyan nuestras visiones de gobierno propio. Como parte de ese desarrollo y en respuesta a la guerra que el gobierno ha declarado a las organizaciones sociales y al pueblo, es preciso fortalecer y promover el desarrollo de las guardias campesinas, cimarronas, indígenas y populares, como referentes de la protección de la vida, los territorios y nuestra visión de país para la vida digna. Pero especialmente, es el momento de actuar como movimiento político unitario, en los campos y ciudades, levantando las banderas de la paz, la democracia y la vida digna; contra la dictadura oligárquica e imperialista.

El Congreso de los Pueblos, hace un llamado a que nos encontremos en la construcción de propuesta de país para la vida digna en las calles y carreteras.

Mandato, mandato popular
Congreso de los pueblos forjando la unidad

Marylen Serna
Edgar Mojica
Eduardo León
Ernesto Alexander Roa
Jimmy Alexander Moreno
Adelso José Gallo

Equipo de conducción política
Congreso de los Pueblos

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/05/26/congreso-de-los-pueblos-de-colombia-llamamos-a-luchar-desde-la-unidad-por-la-democracia-y-el-respeto-de-los-ddhh/

 

Asumamos el compromiso de facilitar el encuentro de las diversidades de abajo sin fronteras. Es un desafío muy duro y que hay que hacerse cargo, y saber que nos vamos a equivocar y que vamos a poder dejar de equivocarnos también cuando ampliemos nuestra sensibilidad para entender lo que nos quieren decir; y que eso no es pura empatía, es más que eso: es ánimo, es disposición, es ganas de, también ahí, movernos.

 

 

Raquel Gutiérrez: “Debemos aprender a mirar el mundo en clave de interdependencia”

21 de mayo de 2019

 

Por Nazaret Castro y Ana María Morales

"Raquel reside en México, donde es profesora de la Universidad Autónoma de Puebla. En octubre del 2018 estuvo en Buenos Aires, en coincidencia con el 33 Encuentro Plurinacional de Mujeres que se celebró en Trelew (provincia de Chubut) y con la visita a estas tierras de la italiana Silvia Federici. En esta entrevista hablamos de ese tejido entre mujeres a cuya emergencia asistimos y del que somos parte, entre atónitas y esperanzadas".

Matemática, socióloga, filósofa y feminista de origen mexicano, Raquel Gutiérrez Aguilar tiene a sus espaldas una extensa y vibrante historia de militancia. En la década de los 80, la que consolidó el neoliberalismo en América Latina, viajó a Bolivia, donde fue parte de la fundación del Ejército Guerillero Tupac Katari (EGTK), de inspiración aymara. En 1992 fue detenida junto a otros miembros del EGTK, entre ellos, su pareja en aquel momento, el actual vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera. Pasó cinco años en la cárcel, acusada de terrorismo. De aquellos años nació su libro ¡A desordenar! Por una historia abierta de la lucha socialEs autora, también, de Los ritmos del Pachakuti. Movilizacion y levantamiento indígena popular en Bolivia y Horizontes comunitario-populares. Producción de lo común más allá de las políticas estado-céntricas.

Raquel reside en México, donde es profesora de la Universidad Autónoma de Puebla. En octubre del 2018 estuvo en Buenos Aires, en coincidencia con el 33 Encuentro Plurinacional de Mujeres que se celebró en Trelew (provincia de Chubut) y con la visita a estas tierras de la italiana Silvia Federici. En esta entrevista hablamos de ese tejido entre mujeres a cuya emergencia asistimos y del que somos parte, entre atónitas y esperanzadas.

Amazonas: ¿Cómo se ha ido articulando tu trayectoria militante y vital con tus elaboraciones teóricas?

Raquel: Yo me he vivido a mí misma cuando un tipo de experiencia está terminando y otro está comenzando a gestarse. Es decir, casi siempre me han tocado tiempos de transición… aunque quisiera decir otra palabra. Tiempos en los que algo se agota y algo empieza a existir. Me tocó la última parte de la vieja manera de acción, totalmente masculina, guerrillera, muy centrada en una confrontación directa. Ahí yo podía ver todos los límites, y es algo en lo que pude reflexionar mucho en la época de la cárcel. Era, también, el momento en que esa forma antigua de pelear y de hacer se debilitaba y surgían otras formas más parecidas a lo que, como experiencia general, significa el zapatismo. El entretejimiento de lo viejo disminuido con lo nuevo naciendo, es esta capacidad comunitaria, básicamente indígena de poner en escena nuevas formas de lucha y de tener claridad de qué es lo que se propone obtener. En la experiencia guerrillera en la que yo milité esta hibridación era muy clara: unos jóvenes que éramos los últimos marxistas leninistas del continente, con unas comunidades aymara y también quechua, una trama comunitaria que comenzaba a rebelarse y organizarse. A mí me permitió aprender cómo iba emergiendo esa otra forma de luchar que tiene que ver con ocupar el espacio, con cuidar el adentro, con tener un sentido de equilibrio todo el tiempo como un punto muy claro. Y luego tuve cinco años en la universidad de la vida que me pagó el Estado, la “beca cárcel”, para pensarlo. Ese bagaje me permitió la posibilidad de una apertura hacia lo que iba a ser la lucha del agua, las feministas, en un momento en que la lucha era muy dura; me hice muy amiga del grupo de feministas y lesbianas Mujeres Creando. Tuve la suerte de poder ir transitando entre tradiciones y aprendiendo de una experiencia vital muy dura de vivir, la gran expropiación patriarcal de todo lo hecho y todo lo armado: me tocó atravesar vitalmente un momento de gran expropiación; todas lo hemos sufrido y sabemos de qué estamos hablando. El momento de perderte a ti misma, de no saber qué está pasando que te separa de lo que fue creado y te confronta a pensar cómo volver a relanzarte.

Amazonas: Hay, ahí, una superposición de unos tipos de violencia con otros…

Raquel: Eso me proporcionó cierta sensibilidad para entender la continuidad de los procesos de violencia que venía sufriendo: la violencia institucional patriarcal de la organización política marxista, la violencia del Estado, tanto en la detención como en la cárcel; la violencia, después, de esta articulación del mundo privado y público que habilita que la fuerza construida entre muchos quede significada por un sólo gran apropiador que entonces puede establecer alianzas con otros de su género. Y eso traté de ordenarlo como experiencia vital de algún modo. Por eso ahora me conmueve tanto este renovado momento de despliegue de las luchas de mujeres, lesbianas, trans y travestis, que pone en el centro la violencia sistemática que vienen sufriendo, los diferentes pliegues de esa agresión con mensaje, como dicen los del CELS [Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina]. Pasa por sentir que puedes reconocer esas violencias y sentirte habilitada para hablar porque aspectos de la experiencia vital -que en momentos hay que guardar porque duele o porque parece que no sirviera-… de repente vuelve a servir.

Amazonas: Esa experiencia nos hace pensar en ese vínculo, tan destacado por las feministas, entre lo político y lo personal…

Raquel: La vida es una sola, y ahora la puedo contar así, no como una sucesión recortada de pedazos, de tramos, sino como una sola vida que va madurando, que va envejeciendo y consolidándose, pero que tiene que atravesar una serie de casillas y de marcos ordenadores absolutamente patriarcales y coloniales, absolutamente capitalistas; por eso con frecuencia sientes que todo está roto.

Amazonas: Junto a [la socióloga argentina] Verónica Gago, plantean la existencia de una constelación feminista, un conjunto de conceptos que siempre beben de la praxis política. ¿Cómo pensar, desde ahí, los encuentros y desencuentros entre el marxismo y esos entramados comuntitarios?

"Raquel reside en México, donde es profesora de la Universidad Autónoma de Puebla. En octubre del 2018 estuvo en Buenos Aires, en coincidencia con el 33 Encuentro Plurinacional de Mujeres que se celebró en Trelew (provincia de Chubut) y con la visita a estas tierras de la italiana Silvia Federici. En esta entrevista hablamos de ese tejido entre mujeres a cuya emergencia asistimos y del que somos parte, entre atónitas y esperanzadas".

Matemática, socióloga, filósofa y feminista de origen mexicano, Raquel Gutiérrez Aguilar tiene a sus espaldas una extensa y vibrante historia de militancia. En la década de los 80, la que consolidó el neoliberalismo en América Latina, viajó a Bolivia, donde fue parte de la fundación del Ejército Guerillero Tupac Katari (EGTK), de inspiración aymara. En 1992 fue detenida junto a otros miembros del EGTK, entre ellos, su pareja en aquel momento, el actual vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera. Pasó cinco años en la cárcel, acusada de terrorismo. De aquellos años nació su libro ¡A desordenar! Por una historia abierta de la lucha socialEs autora, también, de Los ritmos del Pachakuti. Movilizacion y levantamiento indígena popular en Bolivia y Horizontes comunitario-populares. Producción de lo común más allá de las políticas estado-céntricas.

Raquel reside en México, donde es profesora de la Universidad Autónoma de Puebla. En octubre del 2018 estuvo en Buenos Aires, en coincidencia con el 33 Encuentro Plurinacional de Mujeres que se celebró en Trelew (provincia de Chubut) y con la visita a estas tierras de la italiana Silvia Federici. En esta entrevista hablamos de ese tejido entre mujeres a cuya emergencia asistimos y del que somos parte, entre atónitas y esperanzadas.

Amazonas: ¿Cómo se ha ido articulando tu trayectoria militante y vital con tus elaboraciones teóricas?

Raquel: Yo me he vivido a mí misma cuando un tipo de experiencia está terminando y otro está comenzando a gestarse. Es decir, casi siempre me han tocado tiempos de transición… aunque quisiera decir otra palabra. Tiempos en los que algo se agota y algo empieza a existir. Me tocó la última parte de la vieja manera de acción, totalmente masculina, guerrillera, muy centrada en una confrontación directa. Ahí yo podía ver todos los límites, y es algo en lo que pude reflexionar mucho en la época de la cárcel. Era, también, el momento en que esa forma antigua de pelear y de hacer se debilitaba y surgían otras formas más parecidas a lo que, como experiencia general, significa el zapatismo. El entretejimiento de lo viejo disminuido con lo nuevo naciendo, es esta capacidad comunitaria, básicamente indígena de poner en escena nuevas formas de lucha y de tener claridad de qué es lo que se propone obtener. En la experiencia guerrillera en la que yo milité esta hibridación era muy clara: unos jóvenes que éramos los últimos marxistas leninistas del continente, con unas comunidades aymara y también quechua, una trama comunitaria que comenzaba a rebelarse y organizarse. A mí me permitió aprender cómo iba emergiendo esa otra forma de luchar que tiene que ver con ocupar el espacio, con cuidar el adentro, con tener un sentido de equilibrio todo el tiempo como un punto muy claro. Y luego tuve cinco años en la universidad de la vida que me pagó el Estado, la “beca cárcel”, para pensarlo. Ese bagaje me permitió la posibilidad de una apertura hacia lo que iba a ser la lucha del agua, las feministas, en un momento en que la lucha era muy dura; me hice muy amiga del grupo de feministas y lesbianas Mujeres Creando. Tuve la suerte de poder ir transitando entre tradiciones y aprendiendo de una experiencia vital muy dura de vivir, la gran expropiación patriarcal de todo lo hecho y todo lo armado: me tocó atravesar vitalmente un momento de gran expropiación; todas lo hemos sufrido y sabemos de qué estamos hablando. El momento de perderte a ti misma, de no saber qué está pasando que te separa de lo que fue creado y te confronta a pensar cómo volver a relanzarte.

Amazonas: Hay, ahí, una superposición de unos tipos de violencia con otros…

Raquel: Eso me proporcionó cierta sensibilidad para entender la continuidad de los procesos de violencia que venía sufriendo: la violencia institucional patriarcal de la organización política marxista, la violencia del Estado, tanto en la detención como en la cárcel; la violencia, después, de esta articulación del mundo privado y público que habilita que la fuerza construida entre muchos quede significada por un sólo gran apropiador que entonces puede establecer alianzas con otros de su género. Y eso traté de ordenarlo como experiencia vital de algún modo. Por eso ahora me conmueve tanto este renovado momento de despliegue de las luchas de mujeres, lesbianas, trans y travestis, que pone en el centro la violencia sistemática que vienen sufriendo, los diferentes pliegues de esa agresión con mensaje, como dicen los del CELS [Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina]. Pasa por sentir que puedes reconocer esas violencias y sentirte habilitada para hablar porque aspectos de la experiencia vital -que en momentos hay que guardar porque duele o porque parece que no sirviera-… de repente vuelve a servir.

Amazonas: Esa experiencia nos hace pensar en ese vínculo, tan destacado por las feministas, entre lo político y lo personal…

Raquel: La vida es una sola, y ahora la puedo contar así, no como una sucesión recortada de pedazos, de tramos, sino como una sola vida que va madurando, que va envejeciendo y consolidándose, pero que tiene que atravesar una serie de casillas y de marcos ordenadores absolutamente patriarcales y coloniales, absolutamente capitalistas; por eso con frecuencia sientes que todo está roto.

 

Amazonas: Junto a [la socióloga argentina] Verónica Gago, plantean la existencia de una constelación feminista, un conjunto de conceptos que siempre beben de la praxis política. ¿Cómo pensar, desde ahí, los encuentros y desencuentros entre el marxismo y esos entramados comuntitarios?

Raquel: Cuando estás observando la realidad desde determinado mirador teórico que admite las segmentaciones dadas, entonces tú también piensas desde clasificaciones instituidas; lo rural y lo urbano, lo ‘a’ y lo ‘b’; y entonces estás en separación. Es algo en lo que acá viene insistiendo el movimiento de mujeres: que todo se va hibridando, mezclando, entreverando, no licuando, no haciendo una cosa homogénea, sino tejiéndose. Yo lo vi en [el Encuentro Plurinacional de Mujeres de] Trelew, cuando veías esas pequeñas variaciones en las letras de las canciones y, en lugar de cantar “Aborto legal en el hospital”, decimos “en cualquier lugar”, o cuando sustituyen la palabra “brujas” por “machis” [las autoridades espirituales del pueblo mapuche, que tienen el don de sanar] en el canto: “Somos las nietas de todas las machis que nunca pudieron quemar”. No es que canto tu canción y niego la mía, o viceversa: es que a tu canción yo le quiero añadir algo, no en una lógica de apropiación sino de entretejimiento, de guiño, para mostrar que estoy viendo tu fuerza y que tu fuerza me da fuerza y que estoy dispuesta a darte fuerza. Es un poner en común para generar y ampliar una fuente de fuerzas. Parece bastante místico-mágico, pero así lo veo.

Amazonas: Eso nos lleva a pensar si, tal vez, el feminismo puede convertirse en un movimiento internacionalista y transversal…

Raquel: Lo está haciendo, la cosa es que nos cuesta mucho verlo. De la misma manera que nos cuesta mucho ver y creer que lo que nosotras hacemos es importante. Haces el mejor libro de tu vida, empiezas a encontrar reconocimiento, empiezas a ver que gente te dice que está super bien lo que has hecho y tú, de todos modos, dudas. La experiencia general, es igual en el movimiento. Se mandan tamaña cosa gigante, repercute en España de tamaño loco, hace temblar a todos los lados, desde el Ecuador, el Perú, desborda hasta Chile y todavía decimos, “¿será que se va a poder?”. No es que seamos bobas, no es eso; es que estamos produciendo el lenguaje para reconocer nuestra propia creación, que es nuestra creación en otra clave, que confronte los sistemáticos desconocimientos de lo que hacemos. Así como tú haces la mejor cosa de tu vida y tu profesor varón te dice: “está bueno chava”, y ya. Es una experiencia muy común, ves un colega que tiene algo bastante parecido a lo tuyo y ese brinca hasta el cielo en el reconocimiento por la línea de esperma, digamos simbólica o real. Igual nos pasa. No vamos a estar saliendo en la tele más que cuando saquemos dos millones a la calle; nos van a responder desde el Parlamento que no nos ven, que todo lo que podamos hacer es insuficiente. Eso nos van a responder, como nos responden en la casa, como nos responden en la escuela, como nos responden en el trabajo. Pero ahí es que vamos trabajando nuestra propia autopercepción y nos vamos autoconvenciendo de la grandiosidad de lo que estamos logrando y conociendo; el desafío de cómo lo estamos haciendo en otra clave: como cuando, en estos días atrás [en el mes de octubre pasado], las compas de Ni Una Menos le arman una gira a Silvia Federici en la que muestran una manera de tejer por debajo que desestructura lo instituido. Y con ello habilitan la posibilidad de establecer un piso común de todas las mujeres que está incorporadas en los distintos lados; y habilitan el espacio de su encuentro para que ellas puedan, con la fuerza de cada una, movilizar lo otro: así armaron el paro. Es tan raro que cuesta trabajo entenderlo, soy amiga de Vero [Gago] hace muchos años y tenemos comunicación fluida, y yo no había entendido lo que quería decir “interseccional” en este lenguaje renovado, hasta que vine a verlo a Argentina. Tienes que sentirlo, tienes que verlo, tienes que entender qué está pasando. Como dijo León Felipe, “las palabras no sirven cuando la derrota, pero tampoco sirven cuando uno está luchando desde una cosa tan honda. Las palabras entonces no sirven, son palabras”. Los conceptos a rato no nos alcanzan, y esa disputa es constante. El concepto de constelación nos sirve para evitar el intento desde la jerarquía académica de sintetizar nuestro pensamiento.

Amazonas: Esa “constelación” tiene un impacto en lo que está afuera, en el espacio público y en lo común, en lo cotidiano… y nos va transformando a cada una.

Raquel: Exactamente. Es ese desplazamiento vertiginoso lo que genera temblor. Cuando tratábamos de hacernos una idea de qué había pasado en el 8 de marzo del 2017 que fue un primer gran momento de, “¡ah!”, sorprendernos de lo que estaba ocurriendo, yo estaba en Madrid. Parecía que había hecho erupción un volcán. Así lo sentía yo: esos guiños que veía, las viejitas cantando las consignas, las jóvenes; en fin, hay una especie de movimiento telúrico en el sentido social de la palabra, de que las capas añejas, multiseculares, de la estructuración de la jerarquización y fijación de lo dado, todo eso tiembla y se empieza a reacomodar. Entonces, las mapuches podemos ser travestis y las mexicanas podemos ser madrileñas, y las trans pueden ser señoras. Es un momento de sacudón fuerte. Y no sabemos qué palabra ponerle a eso que estamos sintiendo. En la descripción, ponemos una palabra; en la conceptualización, buscamos una palabra más amplia, más abarcadora, que sea más difícil sintetizarla, para que todas las cosas, todas las luchas quepan.

Amazonas: En España hubo una demanda muy clara de las mujeres racializadas, especialmente las gitanas, de las mujeres migrantes y negras que no se habían sentido incluidas en el movimiento feminista y el caso concreto de las temporeras de Huelva. Se viene corrigiendo pero todavía es complicado: hay compañeras que no se sienten representadas por el feminismo hegemónico; y está, también, esa disputa sobre el sujeto político, si nos sirve el sujeto ‘mujer’ o si hay que visibilizar otras identidades.

Raquel: Yo veo dos estrategias: de un lado, la peninsular, que ha sido: “Juntas y fuertes, feministas siempre”, como se cantaba en Madrid. Es decir, tratar de plantear el feminismo como un gran paraguas; en él, caben todas, pero se usa en singular. Luego se dio una vuelta de tuerca y empezó a hablarse de feminismos, en plural. De nuevo se trata de construir un paraguas que pueda abarcar, y ahí se da el debate acerca del descentramiento del feminismo blanco, que se corra para que quepamos todos los feminismos. La otra estrategia ha sido la de compañeras acá, que ha sido una subarticulación de sujetos dispersos que, cuando en asamblea se dieron cuenta de que no era suficiente con hablar de “mujeres”, dijeron, “bueno, hagamos una lista”, y enumeraron: mujeres, trans, lesbianas y travestis. Acá no se trata de un binarismo: lo que no es masculino dominante, es una diversidad. A su vez, vienen las mapuches y dicen: “hagámonos cargo de la herida colonial, nosotras estamos acá”, y lo plantean en términos de plurinacionalidad, que supone integrar, asumir y tomar en cuenta también esas diferencias. Pero no lo asumen como un plan político en el sentido tradicional, no hablan de Estado Plurinacional, como decía la CONAIE   [Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador] hace años. En Trelew cantamos: “Este Encuentro ya es Plurinacional”, es decir, nos hacemos cargo de esa diferencia, la volvemos visible y ahí se trata no de estabilizarla ni de congelarla, sino de gestionarla; y esa gestión no va a estar exenta de tensión. Es decir: es una cosa que abre para poder fluir y fluye para poder equilibrar y, otra vez equilibrado, vuelve a fluir. Es más una mecánica de fluidos que una ingeniería de sólidos. Así lo logro pensar. Entonces, en España han dicho: “juntas y fuertes feministas siempre”; eso apaciguaba la confrontación cuando empezaba a haber bronca. Acá quizá sea una consigna aun más inteligente, que le da una vuelta de tuerca a eso. Hay que ver qué trata de expresar cada una. Hay dos maneras de acercarte a este problema, las dos son útiles, pero conviene que estén atentas a ver qué lógica habilita esa estrategia, qué problema contiene. Hay ahí un esfuerzo teórico pendiente; pero ahorita lo lindo es lo que viene emergiendo de la propia colectividad, que trata de expresar su disposición a estar juntas antes de otra cosa. Confiar en una solución teórica que logre la síntesis sería caer en un pensamiento patriarcal. No: de lo que se trata es de registrar la voluntad de alcanzar un equilibrio. El pensamiento sistemático nos puede ayudar a pensarlo, acompañando, para identificar qué aspectos estamos dejando pendientes; pero siempre en voluntad de diálogo, no en competencia por ver cuál gana. Es un modo de hacer distinto y lo estamos viendo pasar: por eso es tan emocionante.

Amazonas: Eso nos deja una reflexión, también, de hasta qué punto están presentes, en este florecer de los feminismos, el racismo y las heridas coloniales.

Raquel: AA mí no me gusta mucho, aunque lo entiendo, la clave “renunciar a los privilegios”. No me gusta porque siento que permite culpabilizar; de lo que se trata es de cuánto vas a desacomodarte de ese lugar que tú no elegiste, a ti te tocó igual que a la otra. Cuánto estás dispuesta a desplazarte, a moverte, a militar, a cooperar. No tengo una palabra para ponerle: no negar, pero tampoco admitir que te quieran poner en un lugar, porque tú te estás moviendo de ese lugar. Todas estamos peleando por las desclasificaciones, las desidentificaciones: se trata de lograr que, sin dejar de mirar las jerarquías que nos separan, evitemos entrar en el juego de la reclasificación mutua.

Amazonas: Quisiéramos hablar de mil cosas más, pero se nos acaba el tiempo. Una última cuestión: existe todo un debate dentro de los feminismos acerca de la necesidad de revalorizar la crianza y los cuidados; en la praxis política del movimiento, esto se concreta en las apuestas por la crianza con apego o la defensa de la lactancia prolongada, ambas apuestas que son absolutamente incompatibles con la lógica capitalista. Sin embargo, aparecen riesgos de que las mujeres caigamos en nuevas servidumbres, si no logramos salir de la lógica de individualización. ¿Cómo hacemos para pensar los cuidados y el trabajo reproductivo desde la óptica de lo común?

Raquel: Para pensar en lo común, no puedes pensar en forma contractual: no se trata de unidades que firman un contrato. Carole Pateman, por ejemplo, discute el contractualismo y señala que la vida no es así. Lo que estamos cuestionando es la figura del individuo abstracto en el que todas debemos reflejarnos, en esta sociedad pretendidamente unisex, que en realidad es masculina: masculina en su neutralidad, en tanto no cuida, no reproduce, todo lo compra y todo lo vende, todo lo mercantiliza. Es el ideal del capital. Del otro lado, está la lógica de la interdependencia, y así sí es que funciona la vida. A nosotras, mujeres urbanas, nos cuesta mucho verlo, parece que sólo lo entendemos en términos de la afectividad. Pero debemos aprender a mirar de otra forma: a pensar de dónde tomamos agua, de dónde comemos, quién cultivó el algodón para hacer la ropa que traemos, quién la tejió. O sea, si piensas en interdependencia, tienes que empezar a entender la cuestión global, y dejas de ser un particular, pero de otra forma: no porque te vuelvas un universal, sino porque te empiezas a hacer cargo de los flujos de la vida que son del planeta, de su conjunto. Le tengo un poquito  de miedo a la economía de los cuidados, que no vaya a poner una especie de límite que refuerce la diferencia, sobretodo ciudad- campo. Debemos darle la vuelta, poner el énfasis en la conexión; porque el chiste es que estamos buscando nuevas formas de reconectarnos, de tejer una trama de interdependencias que la llamamos comunitaria o popular, que antepone lo que se comparte, se disfruta y se gestiona, y también se produce. Lo común no es cosa: es relación social, es manera de estar.

 

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Raquel-Gutierrez-Debemos-aprender-a-mirar-el-mundo-en-clave-de-interdependencia

 

 

 

Tema: Las elecciones están subordinadas al poder real desde 1983. El PJ es garante clave de:

 

 

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Con la reestructuración transnacionalizadora mediante Consenso de Washington y Consenso de Commodities.