Qué Mundo

Julio 2019


Con IIRSA reterritorializando Sudamérica para vaciarla de las posibilidades de buenos vivires.

 

 

 

 

SITUACIÓN/ CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Nos urge, abajo y a la izquierda, destapar cómo los gobiernos e intelectuales progresistas nos han mentido sobre su estar construyendo la Patria Grande y por eso, Mauricio Macri continúa profundizando esa reterritorialización a favor del sistema mundo capitalista.

IIRSA-COSIPLAN:
Un nuevo ciclo de colonización de los mundos indígenas
Enero 2018

Aukin

El plan IIRSA-COSIPLAN está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La transformación de los territorios está en marcha, pero también las resistencias. En estos 17 años, la conflictividad territorial sudamericana se ha intensificado y las reivindicaciones han abierto un nuevo ciclo, donde el control territorial se ha posicionado en el centro del debate político.

Por Ely Jiménez Cortés

En América latina el siglo XXI se abre con la violenta expansión, material y simbólica, de las fronteras extractivas hacia espacios que sólo parcialmente habían sido ‘integrados’ al mundo capitalista, y en los cuales se despliega la vida de pueblos y naciones indígenas que han logrado resistir sucesivos procesos de conquista. Los mundos indígenas se enfrentan a un nuevo ciclo de colonización, donde las opciones para el saqueo se multiplican, como señala Guillermo Tascon de la OIA: “La fiebre del oro y la plata de la primera conquista hizo que no vieran los bosques, el agua, el conocimiento; de pronto la codicia nos salvó a muchos pueblos, porque se llevaron apenas lo más visible y lo que era valioso en ese entonces. Pero ahora todo puede convertirse en oro, en dinero. Vienen hasta por los olores de las plantas, por las palabras bonitas de los abuelos y las abuelas…Sobre nuestros territorios los empresarios y el Estado pintan mapas de recursos naturales donde nunca aparece un indio, y hablan de las tierras como si fueran baldías; otra vez no tenemos alma, no somos seres humanos…”

Mediante programas multinacionales como el Proyecto Mesoamericano (Ex Plan Puebla-Panamá) y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) del COSIPLAN, la máquina extractivista responde a las demandas del capitalismo depredador con megaobras que derriban las barreras naturales que dieron resguardo a los mundos indígenas en resistencia. No se trata de obras aisladas ejecutadas por gobiernos locales o nacionales, sino de programas de planificación territorial, de largo plazo, que son promovidos por la banca multilateral (liderada por el BID) y consensuados como política de Estado. El avance de las obras se legitima con el ‘evangelio’ desarrollista, que promete ‘superar la pobreza’, ‘generar emprendimientos’ y ‘reconocer el valor agregado de la diferencia cultural’. Así, sin renunciar al uso tradicional de la violencia, este nuevo ciclo de colonización se sostiene en la materialidad de la infraestructura, que avanza lenta y silenciosamente.

En la región sudamericana, IIRSA-COSIPLAN abre los territorios con infraestructuras viales (carreteras, puentes, túneles, hidrovías, etc.) que agilizan la circulación de los bienes que se consideran ‘mercancías’ y, paralelamente, nutre los emprendimientos extractivos con megaproyectos energéticos (hidroeléctricas, centrales nucleares, termoeléctricas, redes eléctricas, etc.). Si bien estas obras no se limitan a los territorios indígenas, es ahí donde han encontrado mayor resistencia. Efectivamente, desde sus inicios el año 2000, las obras IIRSA han desencadenado intensos conflictos territoriales que, paradójicamente, evidencian la capacidad de los pueblos y naciones indígenas para enfrentar, en condiciones de extrema desigualdad, las estrategias de ocupación territorial. Pueblos que la historiografía oficial había declarado extintos, se posicionan contra la IIRSA, desarrollando discursos reivindicativos y articulando alianzas con otros sectores subalternizados.

Los hechos demuestran que IIRSA está provocando una acelerada destrucción de la Amazonía, del ecosistema del Pantanal, de los Andes y del Chaco, dañando territorios de los pueblos indígenas, comunidades costeras y ribereñas, desplazando miles de personas, con pérdida de biodiversidad, de medios de vida, agravando la pobreza y arriesgando la pervivencia de las futuras generaciones

 

Aunque no se puede obviar que amplios sectores indígenas han asumido la lógica desarrollista y naturalizado la necesidad de infraestructura como requisito para un mejor vivir, se debe reconocer a los sectores críticos que en defensa de su territorio denuncian el carácter genocida del plan IIRSA-COSIPLAN. En esta línea, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), ha declarado: “Las naciones y pueblos indígenas venimos sufriendo los impactos socio-ambientales y la violación de nuestros derechos humanos como efecto de la implementación de estos proyectos. Los hechos demuestran que IIRSA está provocando una acelerada destrucción de la Amazonía, del ecosistema del Pantanal, de los Andes y del Chaco, dañando territorios de los pueblos indígenas, comunidades costeras y ribereñas, desplazando miles de personas, con pérdida de biodiversidad, de medios de vida, agravando la pobreza y arriesgando la pervivencia de las futuras generaciones”. Más allá de estos impactos ecosistémicos, la ejecución de proyectos IIRSA-COSIPLAN se asocia a un ‘régimen extractivista’ que las impone a través de complejas estrategias de control social, que consideran:

(a)   La negación de la presencia indígena en los territorios que serán intervenidos. En este caso se ponen en juego dos mecanismos; por un lado, asumir que se trata de territorios no habitados, baldíos, que deben ser aprovechados; y por otro, negar el carácter de indígena a las poblaciones que lo habitan. En ambas situaciones, la negación supone que la consulta indígena, estipulada en el Convenio 169 de la OIT, no es necesaria ni pertinente.

(b)   La aplicación selectiva y burocrática de la consulta indígena. En escenarios de conflicto, se aplica la consulta, pero solo a sectores afines o desinformados. Aquí suele operar una aplicación burocrática, que reduce el proceso de consulta a un taller informativo y/o la aplicación de una encuesta individual, que no reconoce las estructuras políticas internas. Generalmente, ésta se aplica cuando el proyecto ya está diseñado y puede usarse para negociar compensaciones.

(c)   La implementación de campañas comunicacionales que favorecen el apoyo a las obras.Estas tienen el objetivo de neutralizar el rechazo y se sostienen en discursos de progreso y desarrollo, que dan centralidad a la generación de empleos. Las campañas suelen usar las memorias y tradiciones locales para lograr que las poblaciones se identifiquen con las obras, además de apelar constantemente al ‘bien común’ de la nación en oposición a los intereses particulares de ciertos grupos, que son estigmatizados como ‘conservadores’, ‘antidesarrollistas’ y en algunos casos ‘ignorantes’.

(d)   La fragmentación de los proyectos y su desconexión del plan IIRSA. Es común que los proyectos sean divididos en tramos o etapas para tramitar los estudios de impacto e invisibilizar su impacto total. Esto también permite que se presenten como iniciativas locales, focalizadas, que responden a necesidades inmediatas, presentándose como desconectadas de IIRSA-COSIPLAN, de esta forma evaden el debate sobre la planificación territorial y el modelo de desarrollo que conlleva.

(e)   Disociar los proyectos IIRSA de los emprendimientos extractivos. Discursivamente se niega o, por lo menos, invisibiliza la relación de las obras de infraestructura, como carreteras o hidroeléctricas, con megaproyectos mineros, hidrocarburíferos, agroindustriales, forestales, etc., que son rentables gracias a ellas. Así se gestiona el rechazo al extractivismo, argumentando que una carretera no explota la naturaleza y una hidroeléctrica es energía renovable.

En su conjunto estas estrategias buscan la ‘pacificación’ de las naciones y pueblos indígenas cuyos territorios serán intervenidos por una obra. En este punto es importante señalar que dichas estrategias, aunque con matices, están presentes en países que claramente asumen el multiculturalismo neoliberal, que les permite gestionar la diferencia cultural bajo las lógicas del mercado (por ejemplo, Chile[2]), y también en los Estados Plurinacionales que constitucionalmente reconocen ciertos niveles de autonomía indígena (Bolivia y Ecuador). En ambos casos, IIRSA-COSIPLAN se ha despolitizado y aceptado como un programa técnico, sin cuestionar su rol como soporte material de la expansión extractivista y, consecuentemente, del ejercicio colonizador.

El plan IIRSA-COSIPLAN está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La transformación de los territorios está en marcha, pero también las resistencias.

 

Algunos conflictos emblemáticos

El plan IIRSA-COSIPLAN está avanzando, hoy son cerca de 600 proyectos y cada uno de ellos se asocia a otras iniciativas que, sin ser parte de la plataforma, la potencian. La transformación de los territorios está en marcha, pero también las resistencias. En estos 17 años, la conflictividad territorial sudamericana se ha intensificado y las reivindicaciones han abierto un nuevo ciclo, donde el control territorial se ha posicionado en el centro del debate político. En los primeros años, la conflictividad derivada de obras IIRSA, se focalizó en tierras amazónicas, la máquina se abría paso desde el Atlántico, hoy está emerge, aun lentamente, en los territorios que miran al Pacífico. En este contexto, destacamos los siguientes conflictos:

(a)   Conflicto por la variante San Francisco-Mocoa en el Putumayo (Colombia). Este proyecto es parte del EID Amazonas, que conecta los puertos de Belem do Pará (Brasil) y Tumaco (Colombia) y, por ende, los océanos Atlántico y Pacífico. Este corredor atravesaría la ruta ancestralZachamates transitada por los sanadores tradicionales y caminantes de los pueblos Kamentsa e Inga. El gobierno colombiano negó la presencia de estos pueblos, argumentando que no había población habitando estos terrenos. La respuesta indígena es que son sus lugares sagrados, no se habitan porque están en resguardo, es el lugar donde nace el agua que los alimenta a ellos y otros pueblos. Los Kamentsa e Inga denuncian que el tramo abrirá el camino a las mineras y petroleras, que los desplazarán de sus territorios y destruirán la vida en el Putumayo. Los Kamentsa y los Inga se han movilizado con marchas y bloqueos, haciéndose parte, junto a otros 14 pueblos del Putumayo, de la Minga por la Vida, movilización indígena de carácter nacional.

(b) Conflicto por la hidroeléctrica Cachuela Esperanza (Bolivia). Este proyecto forma parte del Complejo hidroeléctrico del Río Madera, que incluye también las hidroeléctricas San Antonio y Jirau en Brasil; este complejo forma parte del EID Perú-Brasil-Bolivia. Es un proyecto muy polémico, ubicado en el oriente boliviano. Ha sido rechazado fuertemente por la CIDOB orgánica, institución que agrupa a los pueblos indígenas de tierras bajas (Amazonía y Chaco). Su retractores argumentan que no es una obra necesaria para el pueblo boliviano, pues su función es exportar energía a Brasil a un altísimo costo ambiental, principalmente por el riesgo de grandes inundaciones que afectarían a pueblos indígenas como los Chacobo, uno de los 14 pueblos que habitan la zona. La construcción de esta obra alteraría las dinámicas ecosistémicas de su entorno inmediato y tendría repercusiones en toda la zona del Beni. Si bien el descontento se ha instalado en la escena pública y ha convocado el apoyo urbano, aún se mantiene como un conflicto latente.

c) Conflicto por el tramo II de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos (Bolivia). Más conocido como el conflicto del TIPNIS, se trata del conflicto más intenso que ha vivido la Bolivia postconstituyente. Si bien el tramo no está en la cartera de IIRSA-COSIPLAN, éste se articula con el corredor Bioceánico Norte que conecta el eje sojero de Rondonia (Brasil) con las costas peruanas y desde ahí con los mercados asiáticos. Desde el 2011, que la construcción del tramo, atravesando un parque nacional y el territorio de los pueblos yuracaré, mojeño y chiman, ha convocado un radical rechazo por parte de indígenas y no indígenas. Las movilizaciones, especialmente las marchas de más de 60 días (de la Amazonía a La Paz) generaron una fuerte crisis política que desestabilizó al gobierno de Evo Morales quien el 2012 debió suspender la obra. Hoy el conflicto nuevamente se hace público tras el anuncio presidencial que ha dado el ‘vamos’ al proyecto, desconociendo los acuerdos previos.

(d) Conflicto por la carretera Interoceánica Sur (Perú). Esta obra forma parte el EID Perú-Brasil-Bolivia; y su objetivo es unir el Acre y el Sur del Perú, pasando por las regiones de Madre de Dios, Cuzco y Puno. Esta obra pondría en riesgo a los indígenas en aislamiento voluntario, además de incrementar la migración andina hacía la región amazónica y la invasión de tierras indígenas en general. En este caso la resistencia indígena fue mucho más focalizada y no concitó solidaridades masivas a nivel nacional. Sin embargo, es importante mencionar el caso por su rol en el escándalo de corrupción protagonizado por la empresa Odebrecht, que aun remece la política peruana[3] y brasilera.

        Estos casos ejemplifican claramente la intensidad y el impacto de los conflictos territoriales derivados de la implementación de obras IIRSA-COSIPLAN. Como ya se ha señalado, estas obras no se concentran en territorios indígenas, pero es ahí donde la defensa territorial es más intensa, pues lo que está en juego es la reproducción de territorialidades y sistemas de vida que se despliegan fuera, o en los márgenes, del sistema capitalista. Los proyectos de IIRSA-COSIPLAN ejercen sobre estos territorios un violento proceso de colonización, en que los territorios son domesticados bajo lógicas capitalistas y las identidades gestionadas en función de las nuevas dinámicas de acumulación. Las obras avanzan, pero los pueblos y naciones indígenas se resisten, no han sido derrotados.

[1] Investigadora Colectivo El Kintral www.colectivoelkintral.cl

[2] En este país aún no existe un procedimiento consensuado para la consulta indígena y tampoco acuerdo sobre su rol vinculante. La situación no es muy diferente en los casos boliviano y ecuatoriano, donde este instrumento a pesar de haber sido constitucionalizado, su aplicación no logra cumplir los estándares mínimos.  

[3] Las investigaciones del caso conllevan el actual arresto preventivo del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

Fuente: http://aukin.org/2018/01/12/iirsa-cosiplan-un-nuevo-ciclo-de-colonizacion-de-los-mundos-indigenas/

 

Advirtamos que la IIRSA-COSIPLAN en UNASUR al desterritorializar-reterritorializar (como la construcción de la hidrovía o de megarepresas) causa ecocidios-etnocidios y genocidios. Es decir, el capitalismo al desarrollarse como extractivismos exportadores extermina las biodiversidades no sólo mediante los monocultivos de transgénicos a gran escala sino también arrasando o uniformando las ecorregiones y modificando radicalmente los subsistemas y ciclos imprescindibles para la vida.

 

 

Los impactos ambientales de IIRSA: un análisis de sus últimos 10 años de ejecución

18 enero 2017

Mongabay Latam conversó con el Dr. Timothy J. Killeen, quien ha analizado los impactos ambientales de la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana desde el 2007 hasta el 2016.

Por Milton López Tarabochia 

Carreteras, represas, ferrovías, puertos, estaciones petroleras. Todo lo relacionado con transporte, energía y comunicaciones. Eso es lo que abarca la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que pertenece al Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). IIRSA comenzó en el 2000 y desde entonces no ha dejado de originar discusiones debido a su impacto ambiental en los 12 países en los que se desarrolla: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Guyana, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Surinam, Argentina y Brasil. Todos los países son miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

El economista en recursos naturales Timothy Killeen se dedicó a estudiar el tema. “En 2007 trabajé durante un año sobre la conservación y desarrollo en el contexto de la IIRSA. Luego de ello comencé un proceso de seguimiento. Ahora han pasado 10 años y el análisis que estoy desarrollando tiene nuevas luces en el contexto de los numerosos proyectos de interconexión regional que ya acabaron o están en proceso”, dijo en exclusiva a Mongabay Latam.

Son 593 proyectos los que ha reconocido el análisis del economista, entre algunos que ya finalizaron u otros que se están ejecutando en América del Sur. Y son 30 subregiones de los países mencionados las que han sido afectadas en su medio ambiente, por proyectos de la IIRSA. Uno de los primeros fenómenos en analizarse en la deforestación en zonas fuera de áreas naturales protegidas y comunidades nativas.

“Para comenzar, he distinguido entre los drivers de deforestación a los proximate causes es decir, al hecho tangible que origina una deforestación como una carretera, un funcionario corrupto, plantaciones de monocultivo, entre otros. Por otro lado, están los ultimate drivers, los últimos que promueven la cadena de deforestación. Por ejemplo, mercados internacionales. Los chinos que compran la soya que origina deforestación en Brasil y Bolivia”, afirmó el Dr. Killeen.

Con relación la deforestación en las 30 subregiones, Killeen explica: “Existe deforestación, pero también se ha reducido considerablemente con respecto a 10 años antes. Por ejemplo, en el corredor este de la Amazonía, la tasa anual de deforestación es de 1.6 % y de esto el 57 % es debido a la actividad humana. Por otro lado, Rondonia (estado brasileño) tiene 1.5 % de deforestación anual y 50 % es debido al hombre. En la región de San Martín en Perú (Yurimaguas) hay un 0.7 % de deforestación anual, pero 32 % es debido al ser humano. Esta constante se repite, en mayor o menor grado, en el resto de las zonas identificadas de América del Sur.”

Proyectos e impactos

Son 200 000 millones de dólares que han sido invertidos en los más de 500 proyectos de IIRSA. Todos han sido financiados en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), los propios gobiernos y el sector privado, de acuerdo al economista estadounidense.

Entre los proyectos hay 528 vinculados a transporte, entre ellos 262 carreteras y 67 ferrocarriles; 56 proyecto sobre energía, 31 de ellos vinculados a interconexión energética (cables de alta tensión);  26 relacionados a generación de energía, como las hidroeléctricas; y otros nueve proyectos que tienen que ver con comunicaciones.

“Debemos considerar que no son las carreteras las que en sí deforestan, sino las actividades que atraen. Por ejemplo, en Bolivia son los cultivos de soya; en Perú la palma, cacao, café; en Colombia, la coca; en Brasil la soya también. No olvidemos la actividad ganadera que en Brasil y Bolivia deforestan bastante. Algo que resalta de los proyectos son las represas en Brasil, que gracias a la movilización mediática y de la población se están haciendo cada vez más pequeñas, lo que quiere decir menor inundación. Además, está el placer gold, donde se usa estas pequeñas máquinas para extraer el oro de los ríos y que produce contaminación con mercurio, como en Madre de Dios de Perú”, explicó Killeen.

En medio del desarrollo de los cientos de proyectos de IIRSA, el problema de la tierra ha sido una constante. “Muchas personas no tienen títulos de propiedad y los que lo tienen están incompletos o erróneos. Todo este desorden permite que exista una especulación de tierras que origina muchos conflictos. Por ejemplo, en Brasil existe la práctica de entregar títulos de propiedades falsas, y en el resto de América Latina también”, enfatiza el experto.

Los dos arcos y la corrupción

Las actividades desarrolladas con el proyecto de IIRSA han incrementado la deforestación en toda América del Sur que se concentra en dos grandes arcos: “Uno está en la zona sur de la Amazonía del Brasil y el otro se encuentra en la zona andina y cruza Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia”.

Para luchar contra esto se debe afianzar la autoridad y control de los gobiernos centrales y además de las provincias. “Para limitar la deforestación debes invertir en agricultura a nivel del gobierno regional y con las élites locales, que muchas veces no quieren ordenar la situación porque les conviene por el tráfico de tierras que a veces manejan”, apuntó el economista.

Otro factor importante que los gobiernos deben combatir es la corrupción que ha invadido diferentes proyectos vinculados a IIRSA. “El tema de la corrupción es uno que debe ser tratado con especial fuerza en América Latina. Ya vimos el caso Lava Jato con Odebrecht, que se ha dedicado a hacer diferentes proyectos de interconexión regional como carreteras. Un ejemplo es la Interoceánica Sur. Se prometió al Perú que miles de camiones con productos brasileños iban a ingresar, así como se iba a exportar desde acá, pero fue un fake news: una mentira oficial para que la población apoye el proyecto”, finalizó el experto.

Fuente: https://es.mongabay.com/2017/01/iirsa-deforestacion-contaminacion/

En consecuencia, la mirada limitada a las realidades electorales e inmediatas nos impide situarnos en los cambios casi irreversibles que el capitalismo genera y en que China participa protagónicamente. Nos embaucan que coopera pero contribuye a profundizar las desigualdades sociales y a monopolizar los bienes comunes. Con China: Gana un productor de semillas, de glifosato; gana un pool de siembra, gana una comercializadora de granos y pierde el movimiento campesino indígena, pierde el movimiento de mujeres, pierden los movimientos ambientales, incluso pierden los pequeños productores de distintos productos intensivos en agua porque el uso de agua para los productos que se exportan a China rivaliza con todos estos productos.

China es el gran comprador mundial de energía, de materia y agua; es una gran aspiradora, y no solamente un gran importador y generador de divisas para otros países. Para su seguridad en varios planos, trata de controlar todas las cadenas productivas, desde la extracción de distintos productos hasta la comercialización.

 

El devenir de China como gigante expansivo

29 de agosto de 2018

 

Entrevista: Maria Eugenia Jeria

(Acción por la Biodiversidad)

 

Entrevista a Ariel Slipak, economista argentino. “El tipo de infraestructura y el tipo de inversión de China externaliza, terceriza o deslocaliza contaminación, emisiones de dióxido de carbono, apropiación de agua, en América Latina —así como deslocaliza precarización laboral en su periferia.”

 

El incremento de poder económico, financiero y militar de China, junto con su capacidad para ejercer influencia política global, resulta uno de los fenómenos más notables en un sistema de producción y acumulación que se transforma. Un análisis de los vínculos de América Latina con ese país resulta imprescindible para la discusión sobre el modelo de desarrollo en la región.

 

Cuál es el rol actual de China en la economía mundial, en especial en la agricultura y la alimentación.

 

Para entender a China hoy hay que remitirse a las reformas que encabeza en 1978 Deng Xiaoping. China es una economía que hace un pasaje, de ahí en adelante, hacia relaciones cada vez más capitalistas, con un rol activo del Estado, planificando la economía, con planes quinquenales, con un rol activo del Partido Comunista de China. Tenemos que desmitificar entonces que sea un socialismo con características chinas. La explotación de una clase social por otra se ve cada vez de manera más intensa, la explotación de trabajadores y trabajadoras en China y los campesinos en general.

 

Vemos un tránsito de una economía que cambia su régimen de propiedad y se occidentaliza cada vez más, desde sus formas de producir hasta sus pautas de consumo, con características chinas. Es un capitalismo con características chinas, con retórica socialista; no un socialismo con características chinas. Lo que se dice de China y su rol en la economía mundial fue mutando. Primero: en esa misma época se observa una revolución desde la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones. Cuestiones que a veces se subestiman pero que para el comercio mundial son importantes, como el aumento de la capacidad de los contenedores, los portes de los barcos, todo lo que tiene que ver con la navegación, la infraestructura, etcétera.

 

Es la misma época de la Revolución Verde, llamando con ese eufemismo incluso la edición genética y los transgénicos, aunque en ese momento poco tiene que ver China con ésta.

Todas las normativas de la UPOV que —si bien son de la década de 1960—, se expanden al ámbito de los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas.

Los cambios en la economía mundial de ese momento permiten que las grandes transnacionales fragmenten, profundicen la división del trabajo, segmenten cada vez más los procesos productivos.

Es entre las décadas de 1970 y 1980 que comienzan a cobrar relevancia las maquilas. No necesariamente la manufactura está asociada a la generación de valor agregado y alto contenido tecnológico.

 

Desde l980 en adelante China comienza a asumirse como un sitio donde se incorporan al capitalismo cientos de millones de trabajadores como obreros en el proceso productivo mundial. La esperanza de Europa occidental y de EUA era que se incorporaran también como consumidores, lo que finalmente tarda más, pero también pasa. Entonces su rol en la economía es abaratar la canasta de consumo de toda la economía global. Los trabajadores chinos abaratan los precios de las prendas de vestir, de manufacturas de consumo durables o no durables.

Algo que no se dice es que en ese momento el rol de China en la economía mundial fue garantizar la tasa de ganancia de los capitalistas a escala global, porque lo que abaratan los trabajadores chinos super-explotados es la canasta de consumo de los trabajadores del mundo. En EUA, la clase media estadounidense puede pagar sus hipotecas en los años de 1980 y consumir más porque su canasta de consumo es más barata, por la sobre-explotación de los trabajadores chinos.

 

Pero sobre China tenemos la idea de que es una industria espúrea: te hacen tacitas, camisas, cosas de baja complejidad. Desde incios del siglo XXI, China manufactura productos con alto contenido tecnológico.

Siempre se dice que son empresas transnacionales. Gran parte sí, pero en gran medida es tecnología comprada por China y, desde los últimos años y en algunos casos, tecnología desarrollada en China. En las décadas de 1980 y 1990 China fue una plataforma de exportación al mundo de manufacturas de baja complejidad que abarataban la canasta de consumo de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, dándoles mayores ganancias a los capitalistas.

Pero lo que China supo hacer, al no existir un esquema de inversión extranjera directa, de propiedad privada, fue descolectivizar la tierra, y aceptar la propiedad privada y la mixta.

Y le dice a las grandes transnacionales que creará zonas económicas especiales, en cuatro provincias primero, luego se fue expandiendo, donde las transnacionales pueden venir, tener una plataforma productiva y aprovechar la mano de obra barata, pero obligadas a transferirle tecnología a China, a cambio de aprovechar este paraíso para el capitalista, que es explotar barato.

Son las famosas joint ventures o empresas conjuntas con empresas estatales chinas. Y lo que hacen es irse empoderando tecnológicamente poco a poco. De un modo planificado, paciente. China tuvo desde 1978 hasta 2011 tasas de crecimiento promedio acumuladas anuales del 9.9 % —las famosas tasas chinas. Desde 2011 crece 7 o 6%.

 

La población urbana en China era 18% en el año 1978 —y esto es fundamental para entender la demanda de alimentos— y ahora representa un 57%. La esperanza de vida se elevó. La explotación de la clase trabajadora es más intensa, no menos intensa. Hoy tenemos un país con cientos de ciudades que superan el millón de personas. Algunas cuentan con mayor población que varios países sudamericanos.

En las décadas de1980 y el 1990 China tuvo un superávit increíble, una tasa de ahorro interno muy importante, y era un receptor de inversión extranjera directa pero no era emisor de esa inversión.

 

En 1999 los chinos expresan el famoso China Goes Global, “vamos a salir afuera, a tener una presencia mayor en la economía”. En el año 2000, para darnos una idea, China era el emisor de flujo de inversión extranjera directa número 33 del planeta. Hoy es segundo. Y el tercero, porque estoy contándola aparte, es Hong Kong, que es de propiedad china (por aquello de “un país, dos sistemas”).

El impacto de eso es muy importante, porque empiezan a comprar muchas cosas: empresas europeas o estadounidenses, dueñas de patentes, por lo que compran la marca también, y compran algo que es un intangible pero que genera valor y se lo apropia la firma, que es el conocimiento de los trabajadores, formado colectivamente, del que el capitalismo se apropia a través de diversas técnicas.

Otro cambio importante es cuando China ingresó como economía en transición a la OMC en el 2001. Si uno mira cualquier cifra de evolución del comercio exterior de cualquier país con China, uno ve saltos muy importantes o quiebres en las series de crecimiento exponencial desde el 2001, 2002 en adelante. China tiene, con base en estos superávit comerciales, una gran tasa de ahorro interno, y en vez de que la explotación de la clase trabajadora esté en manos de empresas privadas que acumulan o gastan en gasto suntuario, acá tenemos al Estado.

 

Hay salarios bajos, que están creciendo mucho a partir del siglo XXI pero para varias ramas crece por debajo de la productividad. Por eso insisto que hay más explotación. Porque el salario real puede subir e incluso el bienestar medido como lo miden los economistas, relacionado con capacidad de consumo también mejora, pero la explotación es mayor si la productividad es mayor. La energía que se deja en la jornada de trabajo es mayor. Urbanización, aumento de la esperanza de vida, una economía planificada, controlada, un sistema de partido único, prácticamente, que controla la vida sindical, y necesita que la gente vaya accediendo a estos consumos occidentales.

 

Hoy China es el primer consumidor mundial de energía, es el segundo comprador mundial de petróleo. Uno de los primeros en mineral de hierro, madera, el primero de carbón, carbonato de litio, soja, bananas, harina de pescado, pescado, cigarrillos. Muchas cosas tienen que ver con la alta población. (2) Muchas otras tienen que ver con el ingreso de los sectores medios. Los multimillonarios en China hacen que su consumo de energía y materias primas sea exponencial.

 

China tiene 22% de la población mundial, tiene 7% de los cursos de agua dulce del planeta, y de su agua dulce se calcula que el 70% está contaminada. Para darnos una idea del impacto de China no sólo en lo económico sino en el metabolismo global (para hablar en términos más de una economía ecológica, no de una economía tradicional), en el año 2000 China producía un 8.2% del acero del mundo. Con datos de 2015, producía un 49.6% del acero mundial.

Esto coloca a China como un país cada vez más emisor de dióxido de carbono. En emisiones per cápita, China está muy abajo de Estados Unidos y otros países, pero en valores absolutos es el primer emisor de dióxido de carbono y de otros gases con efecto de invernadero. Y tiene que ver con la dimensión de la población pero también con el crecimiento industrial, con el crecimiento de la población urbana.

 

La famosa huella ecológica de China cuando aumentan los consumos, necesariamente aumenta, y aumenta a un ritmo cada vez más acelerado. Sí, la huella ecológica per cápita de China es mucho menor que la de EUA o la de Luxemburgo; pero el impacto global del incremento de la huella ecológica en China o de la huella hídrica son realmente significativos.

 

En este contexto los economistas hablan elogiosamente de China como la segunda economía del planeta: es el primer exportador mundial de manufacturas, y el segundo comprador mundial de manufacturas, el primer acreedor del tesoro de los Estados Unidos —lo que le da un gran poder. Es el principal tenedor de reservas internacionales.

De las 500 empresas de mayor facturación global, según el ranking de Fortune, más de 110 son de capitales chinos, muchas de ellas estatales o mixtas. Pero a eso hay que agregarle que sus roles no son nada más productivo y comercial. China tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es la segunda potencia en gasto militar del planeta, está por construir su tercer porta-aviones militar con tecnologia 100% china. El primero se lo compró a Ucrania y era uno que le había sobrado a la antigua URSS. Entonces China se está empoderando desde varias dimensiones: la comercial, la productiva, la militar, la financiera. Porque China es tenedor de reservas internacionales, más de cincuenta bancos centrales del mundo usan el renmimbi o el yuan como moneda de reserva. (Y más allá de que el renmimbi o el yuan sean la octava o novena moneda de reserva a nivel mundial, hasta hace diez años no estaba ni entre las primeras diez.) La moneda china en 2016 entró en la canasta de derechos especiales de giro, que es una moneda compuesta que usa el FMI y eso le da tambien poder como moneda de reserva global. China ha sido el impulsor de dos entidades financieras nuevas. El nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y el Banco asiático de Infraestructura e Inversión. Como financista, China tiene SWAPS (3) firmados con más de 25 países.

 

Como consumidora de materia, energía, agua y alimentos China es sumamente relevante. Busca su seguridad alimentaria y energética. Es pura estrategia geopolítica. La estrategia del China Goes Global está también muy relacionada a esas estrategias de seguridad energética y alimentaria. Lo que no ve la mayoría de los economistas que miran los problemas como problemas de divisas es que los flujos comerciales de China con países como los latinoamericanos en efecto son de materias primas por manufacturas —un intercambio tradicional, basado en ventajas comparativas—, pero con un enorme comercio de agua y energía virtual.

¿Cuánta agua se usa para el café, para la soja, las legumbres que compran en China? Lo que ahorra China es agua virtual en el comercio. Y el otro rol geopolítico que tiene China hoy es que es el gran generador de infraestructura a nivel global.

Una iniciativa como la de la “ruta de la seda” que emprende una serie de puertos, gasoductos, oleoductos, carreteras, ferrocarriles, más la construcción de centrales eléctricas con distintos tipos de fuentes de energía, es una dimensión de expansión de infraestructura a nivel global que genera consenso, con los empresarios por lo pronto. Siemens gana contratos en la ruta de la seda, que es una iniciativa de mega conectividad que incluye a más de 70 países en distintas regiones de Asia, el norte de África y Europa.

Es un cambio ecológico, en los ritmos metabólicos a nivel global, muy importantes. Y el criterio de la ruta de la seda y las infraestructuras que promueve China son o están relacionadas con aspectos que hacen a la ecología política y a la geopolítica. Por ejemplo: hoy el petróleo que va de Medio Oriente hacia los puertos del Este de China pasa los dos mares del Océano Índico, después pasa el Estrecho de Málaca —que es donde Estados Unidos tiene bases militares—, y después pasa por el famoso Mar del Sur de China y entra a las costas. Una sola de miles de iniciativas de infraestructura de China en la región es hacer un oleoducto y un gasoducto por Myanmar. Entonces los barcos se ahorran pasar por todo el estrecho de Málaga y el Mar del Sur de China. Eso ahorra energía y también evita que los barcos pasen por el control estadounidense. ¿Pero qué genera en Myanmar? Una clase social que se hace millonaria a costa de cobrar el derecho de paso en el oleoducto y el gasoducto. Entonces genera que la salida productiva para una economía sea la construcción de estas infraestructuras para con eso subsidiar el resto de la economía, o que se enriquezcan las élites locales.

China hoy es una potencia desde lo tecnológico. Es el primer generador mundial de energía eólica y fotovoltaica. China se mete en la producción de paneles solares en el 2008 comprando tecnología alemana, trayendo ingenieros alemanes, y entre el 2008 y el 2011 el precio de los paneles solares bajó un 80% por la sola injerencia de China en ese mercado, y hoy China es el primer productor mundial de paneles solares, de reactores eólicos, etcétera. Es un país que está apostando mucho a las nuevas energías, que van a ser la clave de un nuevo tipo de paradigma tecnoproductivo, post-fósil. Así que China también está controlando esos paquetes tecnológicos.

 

Cuál es el rol de China en el Cono Sur, cómo ocurrió su expansión en esta región de América Latina.

China es también el país que está cambiando la infraestructura y la geopolítica del planeta. Y lo hace con unas estrategias que los economistas internacionales llaman “Soft Power” o poder blando. El concepto de Consenso de Beijing para América Latina implica el ejercicio de coacción y coerción por parte de China a los gobiernos, pero está muy basado en la teoría de la dependencia. Esta relación de subordinación que tiene una nación formalmente independiente con respecto a otra es a través de las élites locales, que ganan dinero.

Los pooles de siembra de Argentina se hacen millonarios exportándole la soja a China. ¿Quién arenga las relaciones con China, y lo hizo tanto en el gobierno de Cristina Fernández como lo hace en el de Macri? Gustavo Grobocopatel. Entonces, en una relación de dependencia de una economía con otra, de un país con otro, siempre hay un rol activo de oligarquías o burguesías locales en la relación de subordinación que son las que hacen negocios. No es un país el que sale perdiendo o ganando en una relación, sino que las clases sociales de un país salen perdiendo o ganando.

Esto que parece tan obvio, para los economistas no lo es. La relación se gana o se pierde según saldos de balanzas comerciales. Y eso es terrible. Gana un productor de semillas, de glifosato; gana un pool de siembra, gana una comercializadora de granos y pierde el movimiento campesino indígena, pierde el movimiento de mujeres, pierden los movimientos ambientales, incluso pierden los pequeños productores de distintos productos intensivos en agua porque el uso de agua para los productos que se exportan a China rivaliza con todos estos productos.

China es el gran comprador mundial de energía, de materia y agua; es una gran aspiradora, y no solamente un gran importador y generador de divisas para otros países. Para su seguridad en varios planos, trata de controlar todas las cadenas productivas, desde la extracción de distintos productos hasta la comercialización.

Los granos no son la excepción. Lo que pasa es que ha tenido dificultades para acaparar tierras en algunos continentes, en África no, en América Latina sí, entonces trata de controlar ahora paquetes para lo que es la producción de granos y, por otro lado, las comercializadoras.

En el 2000 China sale a comprar firmas europeas de productos con alto contenido tecnológico o que tienen una posición de mercado. Compra la marca, los saberes y compra la posición de mercado. Con América Latina, en realidad, la relación en cuanto a inversiones es tardía. Para el abastecimiento de productos primarios, a principios del siglo XXI, China sale a ser un emisor de flujos de inversión extranjera directa. Van hacia África. Luego avanza con infraestructura. En América Latina, entre 1990 y el 2009, China invirtió según datos de CEPAL, unos 6 mil millones 600 mil dólares en flujos totales. Eso no es nada. En el 2010, esos flujos fueron unos 10 mil millones.

Tan sólo en 2010 se superaron los flujos de inversión extranjera directa china en América Latina de los 20 años anteriores. ¿Cuándo empieza esta presencia? Para cada país de Sudamérica, durante el último lustro, China es entre el primero y tercer destino de exportaciones y origen de importaciones.

Es el primer destino de exportaciones brasileras, peruanas, chilenas. Lo que hizo China, desde el inicio del siglo XXI, fue desplazar el comercio —tanto en origen de importaciones como en destino de exportaciones— con Japón, Estados Unidos y la UE.

Por otro lado, durante la primera década del siglo el comercio intra-sudamericano había crecido. Y un fenómeno que empieza más o menos en el 2008, 2009 —se ve más profundo en el 2010, 2011— es que China va desplazando en el comercio de cada país sudamericano a otros socios sudamericanos.

Por ejemplo, desplaza a Brasil como proveedor de Argentina de bienes durables de producción, de maquinaria, equipos. Y va desplazando a la Argentina como proveedor de Brasil. Los economistas acríticos dicen que es un cambio de origen de importaciones. Pero si en los dos países pasa lo mismo, es menos empleo.

Brasil le compraba a Argentina en 2009 un 15% del total de compras de autopartes. En el 2016, esa cuota era de 7.8%. Para los países sudamericanos China es un origen de importaciones y destino de exportaciones cada vez más relevante, y el comercio es en general de dos o tres productos, cuatro con mucha suerte. Concentran entre un 70 y un 90%, según el país sudamericano, de las exportaciones. Para Brasil, entre mineral de hierro, poroto de soja y petróleo crudo, para distintos años eso ha concentrado entre un 75 y un 85% de las exportaciones brasileras a China. Para la Argentina lo mismo, el poroto o frijol de soja, el aceite de soja, y en algún momento el petróleo crudo —alguna vez tuvo un poquito mayor de relevancia el pescado, ahora aumentó la carne—, eso ha concentrado más de un 90% de las exportaciones argentinas a China.

Entonces: exportación de productos primarios o manufacturas basadas en recursos naturales, con alta volatilidad en los precios, con bajo contenido de valor agregado y, como contrapartida, importaciones provenientes de China que tienen cada vez una mayor intensidad tecnológica y de conocimiento. No solamente calzado y demás, que también desplaza empleo local, sino más productos con alto contenido tecnológico.

 

Durante los últimos 3 ó 4 años han logrado diversificar su matriz exportadora pero siempre primarizada. En el caso de Argentina —no por políticas del macrismo sino porque durante el final del mandato del kirchnerismo incluso se firmaron protocolos para exportar distintos tipos de carnes o granos, u otras manufacturas basadas en recursos naturales—, Argentina diversificó su matriz exportadora a China, pero siempre primarizada. Hablamos de una reprimarización de la economía argentina a partir de su relación con China pero ahora más diversificada los últimos años. Lo triste y relevante de la relación de estos países con China es el aumento de las inversiones. En 2008 el gobierno chino publica un documento de cinco o seis páginas conocido como El libro blanco de las relaciones de China hacia América Latina y dice básicamente que Argentina y China son economías complementarias, y con base en esa complementariedad debe ser la relación económica. Al gobierno de China le interesa el potencial de recursos naturales de la región y China, que es un actor que se viene empoderando, puede “ayudar” a estos países mediante la cooperación. Desde el 2010, 2011 empiezan los flujos de inversiones.

Más que nada se orienta en hidrocarburos en Brasil y en Argentina, también en Venezuela. Luego minería en Perú, más recientemente en Ecuador, en Bolivia. Y China tiene distintas estrategias según el país.

Con Chile, Perú y Costa Rica, que son países propensos a firmar Tratados de Libre Comercio, tiene TLCs, y con Colombia están trabajando en uno. En Argentina, donde siempre se vieron mal los TLCs, son desde el 2004 “socios estratégicos” y, desde el 2014 o 2015, “socios estratégicos integrales”. Es decir, diseña una relación bilateral con cada economía, trata de evitar negociar con la región como bloque y, gracias a las asimetrías de poder económico, militar, y geopolítico que tiene China con los demás países, saca ventaja en las negociaciones.

En el 2004 Hu Xin Tao visitó Argentina, Brasil y Chile, también Cuba, y de esa visita consiguió con los tres primeros países memorándums de entendimiento que reconocían a China no como economía en transición, como la OMC, sino como economía de mercado. Y eso le da ventajas a China para evitarse barrerasantidumping en estos países y de alguna manera benefició a la industria china en detrimento de los productos industriales locales. La promesa que le hizo a la Argentina fue en cinco años tal vez comprar más soja. Y la cumplió parcialmente. Y eso lo puede hacer con base en sus asimetrías. Cada vez que China estuvo molesta con Argentina, le dejó de comprar aceite de soja. A estos países sudamericanos les produce un descalabro comercial muy importante.

Este Soft Power no es tan blando en realidad. Algunos analistas de relaciones internacionales hablan de “Poder Inteligente”,Smart Power.

 

A mí todas esas categorías no me gustan. Yo hablo sí de un ejercicio de una política que aparece como benévola pero que en realidad es coercitiva. No como la de Estados Unidos o la de otrora Gran Bretaña, que amenazaban militarmente —jamás va China a hacer eso, pues amenaza con lo económico.

China tiene una base de exploración del espacio profundo en Bajada del Águila, Neuquén, que implica la sesión territorial de 200 hectáreas, donde rigen las leyes laborales y penales de China.

Y si un ciudadano argentino quiere entrar, tiene que pedir permiso a la embajada china. Y cada vez que alguien puso en cuestión la base de observación aeroespacial, hubo algún tipo de represalia económica.

 

Por qué Consenso de Beijing, entonces. Porque el consenso implica la aceptación de dos partes. No del país sino de las élites dominantes de los países. Países con una retórica neoliberal como Chile, Perú, Colombia en sus distintos momentos, veían a China como socio estratégico incuestionable, y la salida para el desarrollo consistía en la exportación de commodities a gran escala a China. Países con un perfil político más radicalizado, que le han dado importancia al empoderamiento de los sectores populares, como Venezuela, o incluso a los movimientos campesinos indígenas, como Bolivia, no se cuestionan la exportación a gran escala de commodities. A eso Maristella Svampa le llama Consenso de los Commodities.

 

Yo reformulo este concepto y digo que estos países ven en China un socio incuestionable. Quien cuestiona la relación con China es considerado como derechista o como un opositor férreo. Y países con gobiernos de perfil nacional popular con una retórica industrialista basada en el consumo interno, con planes sociales importantes, como el Brasil de Lula y Dilma, o la Argentina en la época de Néstor Kirchner y Cristina Fernández han puesto en consideración a China como socio estratégico de manera incuestionable.

 

Entonces la expansión de productos primarios extractivos y de infraestructura en favor de China va en contra de la propia retórica de estos gobiernos como Brasil y Argentina, porque está comprobado económicamente, con cifras, que desindustrializa las economías de la región, que la importación directa de manufacturas amenaza el empleo local de sectores como calzado, textiles, etcétera, pero además provoca la pérdida de terceros mercados para estos países.

Entonces la relación con China reprimariza las economías locales y se presenta como el sendero único hacia el desarrollo. De hecho, algunos países hasta lo presentan como un actor contra-hegemónico.

El concepto de Consenso de Beijing permite exponer una relación de subordinación diferente de la del Consenso de Washington. Y hoy en día, además de expandirse las inversiones de China en hidrocarburos, minerales, también es la banca. En Argentina opera el ICBC, por ejemplo. Ahora se está expandiendo la infraestructura. En Argentina, ¿por qué participan en la refacción del Belgrano Cargas empresas y entidades estatales chinas? Sencillo.

Pasa por el 70% del territorio nacional, en el cual se siembra y se cosecha soja. Ahora con Macri es el San Martín Cargas. La infraestructura que promueve China en la región es una que abarata el traslado de semillas, minerales, granos a China y reduce la intensidad energética del traslado. China ahorra energía a través de inversiones en infraestructura. Y no es una que integre a los pueblos, pues implica pasar por el medio de territorios de distintas comunidades que no quieren ese tipo de proyectos. Lo que se viene ahora es una infraestructura de la conectividad Atlántico-Pacífico.

 

Así como en el momento de la Corona española o de la hegemonía británica en la región necesitaban estructuras ferroviarias macrocéfalas, que llevaban los productos primarios a los puertos, hoy el negocio para China es la conectividad Atlántico-Pacífico. Cortar el continente con corredores bi-oceánicos por ferrocarril. Se ha hablado de uno que entra a Brasil por el Atlántico brasilero y sale por el Pacífico peruano, y otro incluso que salga por el Pacífico a la altura de Chile pasando por Bolivia. Eso traslada de una manera más segura —para China— y más económica, desde los costos económicos pero también en términos de uso de energía y de agua, los distintos productos primarios. Así como nos preocupan iniciativas como IIRSA o como Cosiplan, también hay proyectos de infraestructura de las clases dominantes sudamericanas con la República Popular de China en la región.

 

En el marco del Foro del G-20 en noviembre de este año, se desarrollan entre China y Argentina reuniones bilaterales preparatorias para el primer encuentro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales durante la presidencia argentina del G-20. Cómo juega esto en relación con “el futuro del trabajo” y la “infraestructura para el desarrollo”. ¿Cuál sería la proyección de China en la región en torno a esos temas?

 

Hoy el dilema que le presenta China a los países que se quieren industrializar es que ningún país latinoamericano puede competir en ninguna industria con China, en cuanto a productividad. No es un país que compita por bajos salarios. Es un país donde la productividad del trabajo por la tecnificación y la robotización es muy importante. China es un país que se trata de mostrar multilateral, pero siempre deja las cosas para las negociaciones bilaterales. Entonces los gobiernos nuevos de la región —Temer en Brasil, Macri en Argentina— se quieren mostrar abiertos al mundo y como construyen su retórica como antítesis del gobierno anterior, a China la necesitan para generar divisas, como sea, endeudándose con el FMI o con una inversión primario-extractiva o exportando soja.

En ese marco el gobierno argentino dice sí, necesitamos a China pero estamos abiertos al mundo. En ese marco, la política del G-20 o de la OMC el año pasado tienen que ver con mostrarse así. Los funcionarios macristas hablan de “inserción inteligente”. El abaratamiento de costos locales, entre eso lo que ellos llaman eufemísticamente costo laboral, que es precarizar la vida de los trabajadores, básicamente —no pagar horas extras, ir contra la negociación colectiva, etcétera— y además firmar TLCs y demás. El debate es que China está teniendo una política muy activa en cuanto a aspectos jurídicos que ayudan a la regulación de las inversiones. Históricamente EUA y la UE han tratado que se resuelvan las controversias Estado-inversores en el CIADI, pero a veces hemos visto en Tratados Bilaterales de Inversión o en capítulos de inversión de TLCs, que fijan restricciones incluso peores que las del CIADI.

Bueno, China va a tener un rol muy activo en esta Cumbre del G-20 en tratar de conseguir una manera de mostrarse ambivalente —con el ejercicio de un poder blando que le dé seguridad jurídica en sus inversiones en infraestructura, que son claves para China. China además de promover estos corredores bi-oceánicos que yo nombraba, está tratando de promover dos corredores bi-oceánicos entre Argentina y Chile. El famoso Trasandino de Mendoza, que está tratando de reactivar, y otro que uniría Chubut con Aysén. Y lo trata de negociar incluso con los gobiernos provinciales. China buscará en el G20 primero, mostrarse como un defensor muy activo del librecomercio, como la antítesis de Trump, para lograr el alineamiento de estos países que necesitan divisas, según su lógica gubernamental.

 

Acerca del “futuro del trabajo”, tenemos que pensar que Argentina es un país donde no ven con agrado para sus inversiones que acá haya aguinaldo, y otro tipo de conquistas laborales. Las reformas jubilatorias, previsionales, tributarias, laborales que se ven, sí son para conformar a organismos como el FMI pero también sirven para conformar a China. No tenemos que perder de vista que Sinopec, un gran inversor hidrocarburífero en Argentina, amenazó con irse del país porque un gerente chino se quedó atrapado en una protesta sindical.

Hoy en día proliferan los tratados de nueva generación. La normativa que uno podía ver para el TPP, que potenciaba Estados Unidos, era extender las patentes de los medicamentos, tratar de que la normativa de semillas se ajustara a UPOV 91. Es decir, negociaciones por normativas a favor de diferentes grupos empresariales. O que no se pueda aplicar el Convenio 169 de la OIT. En todo esto China se muestra como un actor no coercitivo, pero que en última instancia va a ser coercitivo. Los chinos son pragmáticos y quieren que se hagan inversiones en infraestructura. Lo que más me preocupa es el tema del agua. A veces hay violaciones de derechos humanos o libertades, o precarización de nuestras vidas que no se ven en una inversión. En Bolivia se recibe con agrado el Proyecto Mutún, donde estaría invirtiendo China, que es de mineral de hierro. Pero lo que no vemos, no calculamos los economistas, los sociólogos, los cientificos sociales, es cómo se incrementan las emisiones de dióxido de carbono en la región por el flujo de inversiones.

 

Hoy China está siendo más observada por la OIT. Entonces ha trasladado todos los procesos espúreos, por ejemplo las maquilas, a Bangladesh, a Laos, a Myanmar, a Camboya, a Vietnam, a su propia periferia. Con sus inversiones China traslada violaciones de derechos humanos, o traslada precariedad laboral. Con las inversiones en América Latina traslada emisiones de dióxido de carbono y uso de agua para este tipo de actividades, y le quita a la población el uso del agua. Entonces más allá de que una empresa determinada pueda respetar el derecho laboral o los derechos humanos, el tipo de infraestructura y el tipo de inversión externaliza o terceriza o deslocaliza contaminación, emisiones de dióxido de carbono, apropiación de agua, en América Latina, así como deslocaliza precarización laboral en su periferia.

Notas:

(1) Economista por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Profesor regular de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) y docente del Ciclo Básico Común de la UBA. Integra la Sociedad de Economía Crítica (SEC), el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) y el Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Naturales del IEALC-UBAA.

(2) China tiene unos mil 380 millones de personas. Hay población china no registrada en los censos, porque hay familias que durante muchos años escondieron a varios hijos o hijas.

(3) Un Swap es un acuerdo entre dos partes para intercambiar flujos de fondos en fechas establecidas y durante un periodo de tiempo en el futuro.

Revista Biodiversidad, sustento y culturas

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/El_devenir_de_China_como_gigante_expansivo

 

 

 

Complementemos la visión sobre las relaciones de China con los países periféricos del capitalismo mediante las notas siguientes respecto a la realidad interna pero también del posicionamiento de los progresistas e izquierdistas afines.

 

En la confrontación entre el imperialismo mundial y la República Popular China, los progresistas deberían saber dónde situarse; no en las gradas.

Este pensamiento binario, en el que las únicas opciones posibles son apoyar a China o a EE.UU., no sirve como análisis ni como orientación para los activistas. El apoyo político al Estado chino resulta particularmente paradójico por parte de personas de izquierdas, ya que una de las citas más conocidas de Deng es “enriquecerse es glorioso”. Este error tiene su origen en la idea de que la revolución de octubre de 1949 y todo lo que siguió supuso el establecimiento de una sociedad socialista en China. Mientras que la retirada forzosa de las potencias coloniales, seguida de la expulsión del bandido Chiang Kai-chek, fue algo que había que apoyar y aplaudir, ello no debía confundirse con el establecimiento de un nuevo orden económico en el que los campesinos y trabajadores administraran colectiva y democráticamente el Estado chino en su propio interés.

 

 

China

Tiananmen, 30 años después

18 de junio de 2019

Por Dennis Kosuth

Jacobin magazine

 

 

Hace 30 años, el gobierno chino ordenó la masacre de cientos de activistas estudiantiles y obreros en la plaza de Tiananmen. El gobierno quiere borrar esta historia de la memoria colectiva, porque teme que los estudiantes y obreros vuelvan a salir a las calles de China.

El 4 de junio de 1989 es el aniversario que el gobierno chino quiere que el pueblo olvide.

A raíz de la muerte, a mediados de abril de aquel año, de Hu Yaobang, exsecretario general del Partido Comunista Chino (PCC), en la plaza de Tiananmen empezaron a reunirse estudiantes durante los días subsiguientes. Los estudiantes veían en Hu a un reformador, mientras que los líderes del partido lo consideraban un político blando con el liberalismo burgués, pues se sentían amenazados por su posicionamiento a favor de limitar la duración de los mandatos.

Las protestas estudiantiles pusieron en movimiento a otra fuerza que el régimen verdaderamente temía, la clase obrera, lo que explica que Deng Xiaoping, el líder supremo tras la muerte de Mao en 1976, quiso utilizar la fuerza extrema para detener la lucha que se avecinaba. El temor sigue percibiéndose hoy, ya que el Estado chino no ha escatimado esfuerzos, ni sigue escatimándolos, para borrar esta historia de la memoria colectiva.

La expansión de la enseñanza superior en la década de 1980 fue un componente necesario del plan de China de impulsar su economía. Un efecto secundario no deseado de los mayores niveles educativos fue que mucha gente empezó a actuar independientemente sobre la base de sus ideas propias. Las primeras manifestaciones de estudiantes en Tiananmen a mediados de abril de 1989 solo reunieron a varios centenares. Las reivindicaciones se ampliaron rápidamente de la rehabilitación del nombre de Hu a consignas contra la corrupción gubernamental, la libertad de expresión y el derecho a manifestarse públicamente. Estudiantes de todos los campus organizaron comités de cinco a siete personas para que representaran a sus facultades, que se coordinaron entre sí para formar una estructura de toda la ciudad. En la capital aparecieron carteles en que se afirmaba que había muerto la persona que no debía, en clara alusión al octogenario Deng.

George Katsiaficas, el autor de Asia’s Unknown Uprisings, nos da una idea de lo que organizaron los estudiantes:

Puesto que el funeral por Hu Yaobang estaba programado para el 22 de abril, los máximos dirigentes del gobierno querían que la plaza de Tiananmen se mantuviera despejada, y pensaron que sería muy fácil conseguirlo. Estaba previsto acordonar la plaza antes de que comenzara el funeral, pero grupos de estudiantes organizados autónomamente se les adelantaron: en la noche del 21 de abril se concentraron alrededor de 60.000 estudiantes… y entraron [en la plaza Tiananmen] al son de la Internacional y al grito de “¡Viva la libertad!” y “¡Abajo la dictadura!”

El número de manifestantes aumentó a varios cientos de miles hacia finales de abril, estimulados por arrogantes condenas y amenazas públicas por parte de representantes del gobierno. Los estudiantes organizaron una manifestación para conmemorar el 70º aniversario del movimiento del 4 de mayo. El 13 de mayo se convocó una huelga de hambre estudiantil. El 17 de mayo, un millón de personas se manifestaron en Pekín durante la visita del líder soviético Mijaíl Gorbachov, nada menos, lo que sin duda resultaría embarazoso para este, ya que su visita marcaría el comienzo del fin de un cisma sino-soviético que había durado 30 años.

Michael Fathers y Andrew Higgins describen la escena en Tiananmen: The Rape of Peking:

Monjes budistas con el cráneo afeitado marchaban con sus túnicas de color amarillo. Jóvenes escolares alzaban sus pequeños puños al aire, encabezados por sus maestros gritando “larga vida a la democracia, abajo la corrupción”. Llegaron trabajadores de la Fábrica de Cerveza de Pekín, la Siderurgia de la capital y la empresa Jeep… De todas las consignas, carteles y pancartas que se veían dentro de la plaza y sus alrededores, la que más preocupó al gobierno fue sin duda una larga pancarta roja que llevaban hombres de cabello rapado en uniforme. “Ejército de Liberación Popular”, rezaba en letras doradas.

Los esfuerzos del Sindicato Autónomo de Trabajadores de Pekín prefiguraron las luchas obreras de las décadas posteriores, estimuladas por los acelerados cambios económicos que se produjeron en la China posterior a 1989. Las reivindicaciones relativas a las condiciones de trabajo y los salarios, contra la corrupción de los cargos políticos, y sobre todo la voluntad de emprender acciones colectivas, caracterizan las luchas obreras actuales en China. Puesto que sus quejas se contemplaban a través de la lente de una sociedad ostensiblemente socialista, sus palabras eran sumamente incisivas, reflejo de la distancia entre las experiencias vividas y sus supuestos derechos como trabajadores.

Andrew G. Walder y Gong Xioxia han citado uno de sus panfletos, que decía: “hemos calculado con precisión, sobre la base del Capital de Marx, la tasa de explotación de los trabajadores. Hemos descubierto que los ‘servidores del pueblo’ se quedan con toda la plusvalía producida por la gente con su sudor y su sangre”. Una octavilla posterior decía: “compañeros trabajadores, la tiranía no es espantosa, lo que es espantoso [para los tiranos] es una rebelión general bajo la tiranía”. En una sociedad que ensalzaba retóricamente los derechos de los trabajadores, la tarea de señalar esta contradicción resultaba fácil.

Con trabajadores y algunos soldados manifestándose abiertamente en las calles junto con los estudiantes, el gobierno estaba preocupado, con razón, por su supervivencia. En la tarde del 19 de mayo declaró la ley marcial y acuarteló a los soldados. Uno de estos soldados era Chen Guang. Oriundo de la provincia de Henan, se había enrolado en el ejército el año anterior, a los 16 años de edad. Simuló tener más años, porque así podía ver cumplido su sueño de estudiar arte en la universidad. Chen fue destinado a la capital junto con otros 250.000 soldados, muchos de los cuales eran hijos de campesinos que nunca habían estado antes en la capital. Entrevistado por Louisa Lim para su libro The People’s Republic of Amnesia, Chen recordó que “no estábamos asustados, pensamos que sería divertido, pensamos que ir a Pekín sería más divertido que haciendo instrucción en el campamento”.

Los estudiantes y habitantes de Pekín ofrecieron resistencia al avance de los soldados, utilizando métodos como recordarles que formaban parte de lo que se llamaba Ejército de Liberación Popular, de modo que no deberían ser utilizados para reprimir al pueblo ni para acordonar las calles para que nadie pudiera pasar. Chen recuerda que “los estudiantes eran muy amables, nos recibían con sonrisas de oreja a oreja. Si actitud era cordial… De pronto sentías que no habías entendido a esta sociedad. ¿Es cierto que China tiene tanta gente corrupta? ¿Hay tanta injusticia? De repente empezabas a reflexionar sobre estos problemas. Hasta entonces no tenías esta clase de conciencia. Pese a que no podías hablar con los estudiantes, lo que decían influía en tu mente”.

Pero llegaron órdenes de despejar la plaza por la fuerza, y desde la tarde del 3 de junio hasta la mañana del día 4, soldados armados desalojaron a los manifestantes de la plaza. Chen tenía tal ansiedad que era incapaz de sostener el rifle con firmeza, de manera que le dieron una cámara para documentar los hechos. Recordaba que al principio vio las actuaciones desde demasiado lejos y no comprendió plenamente qué estaba ocurriendo hasta ya entrado el día.

El libro de Lim describe gráficamente cómo la unidad a la que pertenecía Chen recibió la misión de devolver “la plaza a la normalidad, eliminando cualquier traza de lo que había sucedido. Todo lo que habían dejado los estudiantes en su huida fue amontonado en grandes pilas y quemado: bicicletas destartaladas, bolsas con pertenencias, tiendas, pancartas y los papeles arrugados en que estaban escritos sus discursos. Entonces empezó a llover, y pequeños riachuelos de agua negra fluían a través de la plaza, oscureciendo el pavimento. Estas eran las escenas que capturó Chen Guang con su cámara. Se quedó con algunos de los negativos, otros los escondió, movido por cierto instinto que no supo explicar”.

No se sabe cuántos murieron a causa de la represión; las estimaciones van desde los 300 hasta el millar. Pasaron 15 años hasta que Chen afrontó los hechos en que había participado; ha tratado de digerirlo pintando sobre el tema a escondidas. Días antes del 25º aniversario, organizó una performance en su estudio, en mayo de 2014. El gobierno se enteró del acto y castigó a Chen confiscando todos sus cuadros y manteniéndolo detenido durante 38 días.

Las manifestaciones de 1989 no estaban circunscritas a Pekín, sino que también proliferaron en docenas de ciudades más. Fuera de la capital, hubo cientos de muertos en Chengdu cuando la policía reprimió violentamente los actos de protesta. El miedo del régimen de Deng a un levantamiento de estudiantes y obreros estaba justificado, pero no podemos saber hasta dónde podría haber llegado su lucha colectiva.

En la izquierda, algunos todavía defienden los actos represivos como una exageración por parte de los medios occidentales y una respuesta necesaria a una amenaza contrarrevolucionaria. Liberation News ha vuelto a publicar recientemente un artículo de Brian Becker de hace cinco años titulado Tiananmen: The Massacre that Wasn’t. El artículo afirma que el “objetivo del gobierno de EE UU era provocar un cambio de régimen en China y derribar al PCC… Si triunfara la contrarrevolución en China, las consecuencias serían catastróficas para el pueblo chino y para China… En la confrontación entre el imperialismo mundial y la República Popular China, los progresistas deberían saber dónde situarse; no en las gradas”.

Este pensamiento binario, en el que las únicas opciones posibles eran apoyar a China o a EE.UU., no sirve como análisis ni como orientación para los activistas. El apoyo político al Estado chino resulta particularmente ridículo por parte de personas de izquierdas, ya que una de las citas más conocidas de Deng es “enriquecerse es glorioso”. Este error tiene su origen en la idea de que la revolución de octubre de 1949 y todo lo que siguió supuso el establecimiento de una sociedad socialista en China. Mientras que la retirada forzosa de las potencias coloniales, seguida de la expulsión del bandido Chiang Kai-chek, fue algo que había que apoyar y aplaudir, ello no debía confundirse con el establecimiento de un nuevo orden económico en el que los campesinos y trabajadores administraran colectiva y democráticamente el Estado chino en su propio interés. Bajo Mao siguió existiendo y prosperando una minoría de la clase dominante que explotó económicamente a la vasta mayoría de la población y reprimió violentamente toda disensión política.

Podemos condenar la represión del 4 de junio y al mismo tiempo reconocer que el apoyo a las manifestaciones por parte de las potencias occidentales a través de sus medios de comunicación es todo un ejemplo de hipocresía. Justo 30 años antes, el gobierno de EE.UU. coordinaba la represión violenta de una parte de su propia población durante la lucha por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam, por no hablar ya de cómo sus propias fuerzas armadas han asesinado a gente en numerosos países, o de que pocas veces se ha encontrado con un régimen represivo al que no quisiera financiar en aras a sus propios objetivos de política exterior.

La incesante campaña represiva lanzada por el presidente Xi Jinping contra los uigures y la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, con un coste de varios billones de dólares, muestran las prioridades actuales de China: represión de las minorías en el interior y expansión del poder económico en el exterior. Un guion que resulta familiar en América. La clase dominante china no puede considerarse una fuerza progresista en el interior por impulsar supuestamente un modelo alternativo de desarrollo económico, ni por ser un contrapeso a la agresividad militar de EE UU en el plano internacional.

Muchos pensadores occidentales opinaban que el éxito económico de China no iría muy lejos sin adoptar un marco político más liberal y democrático. El régimen ha logrado alcanzar sus objetivos a este respecto sobre todo ofreciendo a la población un mayor nivel de vida en general a cambio de la renuncia al ejercicio de una mayor libertad política. Este modelo presupone la continuidad del crecimiento, cosa que es imposible de garantizar a largo plazo, y puede cuestionar su método en general e incluso dar pie a su posible fracaso.

Paralelamente a la reciente expansión del interés por la política socialista y el activismo aquí en EE UU, el resurgimiento del interés por el marxismo como filosofía activista entre los estudiantes chinos muestra el camino a seguir. Estudiantes integrados en la Asociación de Estudiantes Marxistas de la Universidad de Pekín se han implicado en la organización y el apoyo a luchas obreras, como la de Jasic Technology, una empresa que cuenta con fábricas cerca de Shenzhen. En las últimas semanas han sido detenidos 21 activistas estudiantiles, lo que demuestra la amenaza que supone esta solidaridad.

Sara Nelson, la dirigente de la Asociación de Tripulantes de Cabina que contribuyó a poner fin al cierre de la administración estadounidense decretada por Trump, explicó a la multitud que asistió a un acto reciente de los Socialistas Demócratas de América, celebrado en Chicago, que “nuestras vidas y nuestro bienestar están completamente vinculados a los trabajadores de México y Canadá, China y Alemania”. Este sentimiento constituye una alternativa bienvenida a los líderes sindicales y políticos supuestamente de izquierdas que han aceptado la lógica nacionalista de las guerras comerciales de Trump. Nacerá un futuro mejor, fruto de las alianzas de estudiantes y obreros, tanto dentro de China como más allá de sus fronteras.

Dennis Kosuth es militante socialista y miembro del Sindicato de Maestros de Chicago.

Fuente: https://jacobinmag.com/2019/06/tiananmen-square-anniversary-ccp-repression 

Traducción: viento sur

https://www.vientosur.info/spip.php?article14909

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=257312

 

 

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A 30 años de la masacre de Tiananmen:

Memoria, verdad y justicia, acá y en la China

14 de junio de 2019

Por Pedro Perucca

Sonambula

 

 

Pedro Perucca recuerda la lucha heroica de estudiantes y trabajadores chinos por ampliar sus libertades democráticas durante la primavera de 1989, un movimiento que fue clausurado a sangre y fuego por el Partido Comunista Chino, como premisa necesaria para la construcción de uno de los capitalismos más brutales y antidemocráticos del mundo.

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Este 4 de junio se cumplen 30 años de la masacre de Tiananmen, cuando el Ejército Popular, por orden del Partido Comunista Chino (PCCh), desalojó por la fuerza a los miles de estudiantes y trabajadores acampados en la Plaza de la Puerta de la Paz Celestial, la principal de la ciudad de Beijing, ubicada frente a la Ciudad Prohibida. Lejos de cualquier tipo de paz, la represión estatal dejó un número de muertos indeterminado, que van de unos 400 reconocidos oficialmente por el gobierno chino hasta más de 10.000 según otras fuentes, con decenas o cientos de miles de heridos y miles de encarcelados o enviados a campos de “reeducación”.

Por supuesto, los líderes de las democracias neoliberales de entonces, empezando por la primera ministra inglesa Margaret Thatcher y el presidente estadounidense George W. Bush, intentaron presentar las demandas del movimiento estudiantil como una exigencia de derrocamiento del régimen comunista y su reemplazo por una organización parlamentaria occidental. Pero el planteo de los manifestantes era mucho más complejo. En la plaza de los estudiantes y los obreros se construyó una estatua de cuatro metros de la Diosa Democracia, pero también se cantaba La Internacional. Se reclamaba, sí, el fin del partido único, se pedía libertad de prensa, se peleaba por derechos de asociación estudiantil por fuera de las entidades partidarias y se denunciaba la corrupción de muchos líderes del PCCh, pero el objetivo mayoritario no era la restauración capitalista. Se trató de un movimiento por libertades democráticas como el que obligó al comunismo soviético a aceptar la glásnost o deshielo, contrapartida política de la perestroika. Pero el PCCh no estaba dispuesto a conceder ninguno de esos reclamos y denunció a los manifestantes como “agitadores pro occidentales”, como conspiradores contra el régimen. En la primavera de 1989 se iría más allá de la mera denuncia para propiciar la eliminación física de estos “contrarrevolucionarios”.

En los años previos a la crisis de Tiananmen la situación se había tornado caótica, con la reforma económica lanzada por Deng Xiaoping en 1978 (que apuntaba a un parcial restablecimiento de una economía de mercado y a algunas tímidas reformas políticas) haciendo agua, un fuerte brote inflacionario, un creciente déficit comercial y una constante pérdida del valor adquisitivo de los salarios para los trabajadores de las ciudades. A partir de 1985 comenzaron huelgas y motines campesinos y urbanos exigiendo mejoras en las condiciones de vida y al año siguiente se multiplicaron los reclamos democráticos, expresados en cartas abiertas, movilizaciones y dazibaos (periódicos murales). Pero el incipiente movimiento fue reprimido por el gobierno chino, especialmente su componente obrero.

Para 1989, la crisis del PCCh era inocultable y el ala “occidentalista” (que pujaba por acelerar el paso de las reformas) se enfrentaba al sector “conservador” (que buscaba frenarlas para mitigar el recalentamiento económico y social). Cuando el 15 de abril muere el ex secretario general del PCCH Hu Yaobang (un infarto en medio de debates en el buró político, se dijo), miles de estudiantes consideraron llegado el momento para salir a la calle. En el funeral del dirigente, impulsor de las reformas económicas junto a Deng pero que considerado como un ala más democrática del Partido chino, marchó medio millón de personas exigiendo más democracia. Las movilizaciones se extendieron varias ciudades y el 28 de abril se fundó la Asociación Autónoma de Estudiantes de Beijing, que sería un actor clave del movimiento. A mediados de mayo toma el control del movimiento estudiantil un sector más radicalizado y comienza con un masivo acampe y huelga de hambre en la plaza de Tiananmen, exigiendo ser recibidos por las autoridades del partido. La visita del líder ruso Mijail Gorbachov a China le dio difusión internacional a la protesta estudiantil (aunque ya también miles de obreros se habían sumado a los reclamos).

Ante el temor de que el movimiento creciera y se transformara en una verdadera impugnación del poder del PCCh, el Gobierno chino ya no esperó más y envió al Ejército Popular a la carga contra civiles desarmados. El 3 de junio se produjeron los primeros combates, con parte de la población demorando el arribo de los tanques con barricadas y el 4 la lucha se trasladó a las inmediaciones de la plaza. El 5 de junio el icónico “hombre del tanque” demoró durante algunos minutos el arribo de otra columna de blindados, en una imagen que daría la vuelta al mundo pero que hoy en China no es conocida por la mayoría de la población.

Luego de la brutal represión, donde los muertos se contaron por miles según algunas versiones, continuaron las detenciones, el confinamiento en campos de “reeducación”, las purgas e incluso los fusilamientos contra algunos líderes del movimiento. Nuevamente fueron más duramente castigados los obreros que los estudiantes, a muchos de los cuales se les permitió abandonar el país. Se supone que aún hoy quedan varios detenidos por los hechos de hace 30 años.

Victoria Marconi (autora de China: La larga marcha. De la revolución a la restauración) en un artículo por el 50 aniversario de la revolución de 1949, destacaba que las masas chinas “han luchado por su autoorganización independiente a lo largo de los cincuenta años de dominio estalinista”. Y luego detallaba: “El movimiento de las Cien Flores, en 1957, las movilizaciones antimaoístas a la muerte de Chou en 1976, la Primavera de Pekín en 1978, la preparación de Tiananmen en 1987-88, y finalmente Tiananmen en 1989. En todas esas instancias, las masas chinas salieron a la calle a reclamar el derecho a expresarse libremente, sin los controles establecidos por las organizaciones del Partido Comunista”.

El especialista en la historia del comunismo en Asia Pierre Rousset (en Revolución y contrarrevoluciones en la República Popular de China) piensa en la importancia del movimiento contrarrevolucionario impulsado por la jerarquía “comunista” china para sentar las bases del orden político y económico actual:

“Para triunfar, la contrarrevolución burguesa ha debido deshacer todo aquello a lo que la revolución había dado nacimiento. Una conmoción social hacia atrás se ha emprendido, tan radical como la que había sucedido a la revolución de 1949. El sector económico de Estado ha sido en parte desmantelado, privatizado o gestionado según criterios capitalistas. Una nueva clase de empresarios ha nacido, formada por burócratas convertidos al enriquecimiento personal, aliados al capital chino transnacional. La antigua clase obrera con estatus protegido ha sido metódicamente desintegrada para dejar lugar, por una parte, a una capa de técnicos y obreros cualificados y, por otra parte, a un joven proletariado inestable salido del éxodo rural, a menudo privados de derechos”.

“Las desigualdades sociales estallan. Los pobres son de nuevo ignorados; los ricos están de moda. PCC no quiere decir ya Partido Comunista Chino, sino ¡Partido Capitalista Chino! Representa -no sin contradicciones- las aspiraciones de las nuevas élites. (…) Pero el recuerdo de la revolución podría mañana servir de fermento político a las resistencias sociales contra el ascenso de las desigualdades y de la precariedad”, insiste Rousset.

Hoy la contrarrevolución ha triunfado definitivamente en China, instalando un sistema político y social que no cuestiona al capitalismo ni a la existencia de las clases sociales y sólo se propone “superar” a sus rivales occidentales en términos económicos y militares. Por lo que sabemos de China, los nacidos después de la masacre de Tiananmen o no la conocen o la justifican, aceptando la ecuación que propone la renuncia a las libertades civiles y democráticas a cambio de garantías de desarrollo económico (personal y como nación, porque existe un importante “patriotismo” chino que siente orgullo por el nuevo status mundial de su país).

La “guerra comercial” en curso con los Estados Unidos es apenas la más reciente manifestación del fenómeno. Por supuesto, no se trata de dos sistemas en pugna sino de los capitalismos más poderosos de la actualidad disputándose el control del planeta. Con la diferencia de que China hoy ni siquiera trata de embellecer la dominación con la farsa democrática de occidente y apoyando el poder del PCCh en los sistemas de control poblacional más avanzados del mundo: cámaras en todas las esquinas de algunas ciudades, identificación facial más efectiva que en occidente, sistema de puntajes ciudadanos construidos también en base al control de las intervenciones en redes sociales, algoritmos sofisticados que impiden en acceso a informaciones online que el régimen considera peligrosas, etc.

Aunque algunxs pocxs valientes estuvieran dispuestxs a intentar una búsqueda en redes sobre la historia de la masacre de Tiananmen (hecho que ya te constituye como sospechoso y puede llevarte a una condena de prisión efectiva), este 3 de junio la palabra y cualquier referencia lateral a los hechos habrá sido cuidadosamente eliminada del ciberespacio por uno de los gobiernos más autoritarios del mundo. Centenares de madres de los mártires del 4 de junio siguen reclamando el esclarecimiento de los hechos y la asunción de la responsabilidad estatal en los crímenes (para el Gobierno chino, Tiananmen es apenas un “incidente”, plenamente justificado para garantizar la pervivencia y el desarrollo del país). En un manifiesto que circuló en el 25 aniversario de la masacre, las madres de Tiananmen reclamaban: “Nuestras tres reivindicaciones son: volver a investigar el Cuatro de Junio y hacer públicos los nombres y el número de los fallecidos; dar una explicación y una indemnización a las familias de cada una de las víctimas, de conformidad con la ley; y procesar penalmente a los responsables de la tragedia del Cuatro de Junio. En resumen, buscamos verdad, compensación y responsabilidades”.

Los enemigos de nuestros enemigos no necesariamente son nuestros amigos. Por más que China -o Rusia, con toda su brutalidad política y su legitimación de la homofobia- puedan jugar un contrapeso al poder también totalitario de los Estados Unidos, eso no transforma a estos regímenes autoritarios en progresistas. Porque pensamos que la revolución social implica la mayor autodeterminación de las sociedades y creemos que el proceso es inescindible del máximo despliegue de las libertades, condenamos tanto los crímenes chinos o rusos como los estadounidenses y europeos. Especialmente cuando se llevan adelante contra poblaciones civiles desarmadas, como hizo el Ejército Popular Chino hace 30 años. “Memoria, verdad y justicia” es una consigna válida acá y en la China. La reivindicación de la memoria contra las maniobras de un régimen totalitario empeñado en borrar de la historia las luchas más heroicas de su pueblo debería ser un acuerdo inclaudicable para todx revolucionarix.

https://sonambula.com.ar/a-30-anos-de-la-masacre-de-tiananmen-memoria-verdad-y-justicia-aca-y-en-la-china/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=257181

 

 Crisis civilizatoria

 

Nos resulta perentorio generalizar la toma de conciencia sobre que UNASUR con eje en IIRSA y CELAC sometida a China no son la Patria Grande soñada e imprescindible. Al contrario, han hecho a la expansión de los mega emprendimientos extractivistas con conexión construida de modo que los pueblos no supieran de esa reterritorialización continental.

 

Centroamérica: Inversión en infraestructura de transporte, ambiciones corporativas e intereses geoestratégicos*

4 de agosto de 2014

 

Autores: Joel Arriola, Elías Córdova y Ricardo Granillo

 

*El presente trabajo fue presentado en forma de ponencia para la Cátedra Abierta denominada: “La trasformación de la red vial, planificación territorial y desafíos en el gran San Salvador” (14 de mayo del 2014), en forma de contrapunto a las interpretaciones oficiales del gobierno salvadoreño de cara a las millonarias inversiones en infraestructura de transporte.

Resumen

Durante los últimos seis años, millonarias inversiones en obra pública de infraestructura de transporte (autopistas, autovías, carreteras, caminos, puertos, canales, aeropuertos, etc.) se están sucediendo en toda la región Centroamérica, desde ampliación de carreteras hasta proyectos de canales interoceánicos, canales secos, etc. Sólo en este tipo de obra pública, se calcula, se han invertido o están por invertirse, alrededor de US$60.000 millones. Esta magna inversión, sin precedentes en la historia contemporánea de Centroamérica, se enmarca en frustrados tratados internacionales como el Plan Puebla Panamá ahora convertido en Proyecto Mesoamérica, cuyas inversiones buscan la conectividad (vial y energética) de toda la región, desde Colombia, hasta México, con el propósito de facilitar la circulación de mercancías, y sobre todo conectar los núcleos manufactureros con los centros de producción de materia prima y plataformas geográficas de exportación. Por último, estas mega-obras se enmarcan, desde el punto de vista del comercio mundial, en la ampliación del comercio entre China y Estados Unidos y, como apéndices, América Latina y los países del Sureste de Asía.

 

Introducción

Centroamérica: Inversión en infraestructura de transporte, ambiciones corporativas e intereses geoestratégicos es un ensayo de interpretación política y geoeconómica sobre el proceso de inversión en obra pública de infraestructura de transporte sucedido en Centroamérica en los últimos años. Su objetivo es revisar una serie de datos empíricos sobre las inversiones destinadas a la ampliación y/o creación de una nueva infraestructura de transporte en Centroamérica, con el fin de ubicarlos –en la medida de lo posible– en el marco político internacional al que responden y bajo el cual se orientan, así como comprender los intereses geoestratégicos y geoeconómicos del capital chino y estadounidense en el desarrollo de este tipo de infraestructura en la región.

El tema aquí estudiado toma relevancia debido a que los gobiernos de toda la región centroamericana –incluidos los otrora movimientos guerrilleros que hace años propugnaban una ideología anti-imperialista y que hoy gobiernan Nicaragua y El Salvador– están ejecutando estas millonarias inversiones, sin que hoy por hoy, el movimiento social y la academia dé una correcta interpretación de ello. Por el contrario, los gobiernos de la región y, en muchos casos, sectores de la izquierda y la academia han visto en la millonaria inversión en infraestructura de transporte un hecho progresivo.

Nosotros aquí, ofrecemos un contrapunto a dichas visiones. La idea central del tema, como se aborda acá, gira en torno al hecho de que las millonarias inversiones en infraestructura de transporte se ubican en el marco del extinto Plan Puebla Panamá, hoy llamado Proyecto Mesoamérica, y que a partir de allí, la modernización vial, transporte aéreo y marítimo en toda Centroamérica no responde a intereses de integración regional de los pueblos, sino a los intereses económicos de las compañías trasnacionales instaladas en la región, así como a los intereses geoestratégicos y geoeconómicos del capital monopólico chino y estadounidense. La metodología utilizada ha sido la recolección de datos a partir de la revisión de documentos históricos, análisis de revistas y periódicos sobre el tema; por otra parte es evidente que el presente trabajo no es la aplicación de ningún marco teórico a un problema concreto, sin embargo no prescindimos de ello.

 

Es claro que en el presente trabajo va inmersa una concepción teórica determinada, a saber: el materialismo histórico y la economía política marxista. Por otra parte, como en todo trabajo de investigación sobre una situación concreta, nos hemos visto obligados a auxiliarnos de diversas disciplinas científicas, como será evidente a lo largo del estudio: desde la economía hasta la política, desde la historia hasta la sociología, y desde aquí hasta la geografía. Por último, el siguiente trabajo se divide en tres apartados fundamentales. En el primero, estudiamos de forma somera las millonarias inversiones que se suceden actualmente en la región, en un esfuerzo de recolección de datos empíricos sobre dicha situación a nivel centroamericano. En el apartado dos, intentamos ubicar la millonaria inversión mencionada en el marco político internacional al que consideramos responde, y bajo el cual se orienta; además, intentamos dilucidar sobre los intereses a los que responden dichas inversiones. Por último, en el apartado tres estudiamos el actual proceso de inversión en infraestructura de transporte en Centroamérica desde el punto de vista del comercio internacional. Después de ofrecer un esbozo de la situación de China, pasamos a explicar la lógica geoestratégica y geoeconómica a la que responde y a la cual es orgánica la millonaria inversión mencionada, para finalizar con el apartado de las conclusiones.

Inversión en Infraestructura de Transporte en Centroamérica

La Obra Pública de Infraestructura de Transporte es un tipo específico de construcción que incluye el transporte por carretera (autopistas, autovías, carreteras, caminos, etc.), el marítimo o fluvial (puertos, canales, etc.), el transporte aéreo (aeropuertos) y el ferroviario. En este trabajo estudiamos la inversión pública en infraestructura de transporte, realizada en los últimos años, en toda Centroamérica1 , específicamente con el comienzo del nuevo milenio y la firma del tratado del Plan Puebla Panamá en el 2001. Entendemos la inversión pública como: Toda erogación de recursos de origen público destinados a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y/o producción de bienes; concepto que tiende a asociarse principalmente con infraestructura física de carácter público (Ministerio de Hacienda, 2010, pág. 2).

 

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En la actualidad la región centroamericana atraviesa un intenso proceso de inversión pública en infraestructura de transporte: desde inversiones en desarrollo vial, hasta los ambiciosos megaproyectos de un canal interoceánico en Nicaragua, canales secos en Guatemala y Honduras, una infinidad de carreteras ramales2 en toda la región, desarrollo e innovación de puertos y aeropuertos, etc. Un rápido y somero recorrido por toda Centroamérica, observando los principales destinos de la inversión pública en obra pública de infraestructura de transporte, nos puede ayudar a comprender mejor el actual panorama de la región, en cuanto a este tipo de inversión se refiere.(...)

 

 

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Hemos calculado someramente la enorme cantidad de capital físico destinado a la inversión en infraestructura de transporte en Centroamérica, durante los últimos años. Parte de la ejecución de algunos de estos montos aún están en proceso. Cabe preguntarse ahora, si el voraz impulso de inversión en obra pública de este tipo es un hecho aislado o, por el contrario, corresponde más bien a una lógica política, económica y geoestratégica de las principales potencias imperialistas. En el apartado que sigue intentaremos explicar la lógica económica y el marco político en el cual se insertan y a la que corresponden las millonarias inversiones arriba descritas; abordaremos los intereses de las compañías transnacionales en el desarrollo de este tipo de obra pública, y más tarde en el apartado tercero explicaremos esta millonaria inversión desde el punto de vista del comercio mundial y de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y China.

 

2. Marco político internacional e intereses del gran capital

2.1. El Plan Puebla-Panamá sigue vivo

A pesar del silencio de los gobiernos y sus osados intentos por ocultar los vínculos de los millonarios proyectos de inversión arriba mencionados con el Plan Puebla-Panamá (PPP), su íntima y estrecha relación es evidente.

El PPP siguió avanzando, pero de forma silenciosa. Muchos de sus proyectos dejaron de considerarse parte del PPP y fueron planteados como parte de obras de los diferentes gobiernos o de instituciones internacionales, para desviar la atención de la resistencia, y permitir que el PPP siguiera avanzando de forma silenciosa. Muchos lo dieron por muerto” (Zunino, 2010). Es claro que el desarrollo y la enorme inversión en infraestructura de transporte que hoy en día se ejecuta en toda Centroamérica, estaba contemplada en los planes originarios del PPP. Una rápida revisada de los documentos oficiales del mismo, muestra de forma palmaria esta aseveración. La estructura originaria del PPP se dividía en dos ejes fundamentales, uno de los cuales era precisamente el Eje de Integración Productiva y Competitividad, que incluía a la vez la Iniciativa Mesoamericana de Integración Vial con el fin de “promover la integración física de la región para facilitar el tránsito de personas y mercancías y, de esta manera, reducir los costos de transporte” (FLACSO, 2007, pág. 19).

 

La importancia del desarrollo de infraestructura de este proyecto se hace evidente cuando observamos la distribución del financiamiento para cada una de sus ramas. El Grafico No.1. muestra que el 85% del presupuesto total originario para el PPP estaba destinado a la integración vial. Aún más, las rutas estratégicas en infraestructura de transporte vial contempladas en el PPP se concretizan en la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), que más tarde sería retomada en su totalidad por el Proyecto Mesoamérica. En conclusión, la RICAM es pues, precisamente la red de carreteras que ahora mismo se encuentran en ejecución en toda Centroamérica. La RICAM consiste en un plan para la construcción de carreteras por una extensión de casi 9000 km. compuestos por los corredores del Pacifico y del Atlántico y una serie de carreteras ramales complementarias. Este plan se complementa con el proyecto de modernización de aduanas y pasos fronterizos y, en un segundo momento, con la ampliación de puertos y aeropuertos, tal y como se muestra en el mapa No.1 (Martínez E. P., pág. 15). En todo caso, es claro que la millonaria inversión en infraestructura de transporte sigue la lógica del antiguo PPP. En el mapa No.2 se muestran los corredores de la RICAM que precisamente coinciden, tanto con el PPP originario como con el Proyecto Mesoamérica, y las inversiones actuales en infraestructura vial de Centroamérica.

El PPP original, por la misma resistencia del movimiento social y popular, en Junio del 2008, posterior a la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, donde los presidentes de los países firmantes (incluido Colombia), se trasforma en el Proyecto Mesoamérica. Los gobiernos de cada país, decidieron transformar el PPP en Proyecto Mesoamérica, es decir, lo esencial y estratégico del PPP pasa a ser integrado al Proyecto Mesoamérica. Lo único novedoso del Proyecto Mesoamérica, respecto al PPP es la integración de la “lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, calcando del Plan Mérida colombiano el componente puramente militar de la guerra al narcotráfico. No es casual o accidental que Edward Snowden, un ex agente de la CIA quien ha divulgado cables secretos del gobierno de Estados Unidos, reveló a mediados del 2013 que “Detrás de la militarización de las policías de Guatemala, Honduras y El Salvador, y de la instalación de centros de espionaje en esas tierras, se encuentra la intención estadunidense de controlar los océanos y aguas territoriales para asegurarse rutas comerciales y militares” (Martínez Martínez, 2013). Es evidente, por lo tanto, que la millonaria inversión en Obra Pública de Infraestructura de Transporte que actualmente se ejecuta en toda Centroamérica, responde al marco internacional y a la lógica política, económica y geoestratégica del Plan PueblaPanamá en su nueva versión, es decir, el Proyecto Mesoamérica. Tal es la primera conclusión de extrema importancia a la que hemos llegado, y sobre la que insistiremos a lo largo de este estudio.

 

2.2. Plan Puebla Panamá e intereses del gran capital

Entendido el proceso millonario de inversiones en infraestructura de transporte como una lógica regional del otrora denominado Plan Puebla Panamá, ahora Proyecto Mesoamérica, nos corresponde analizar los intereses del capital en dicho proyecto, que no es más, en última instancia, que el voraz impulso del capital foráneo concretizado en las empresas trasnacionales. Tal como dice García Aguirre en sus reflexiones sobre las imbricaciones entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el PPP: “comprendimos [que la construcción de enormes carreteras] respondían a necesidades extra nacionales de reproducción ampliada del capital monopolista norteamericano” (García Aguirre, 2005, pág. 190). En el caso centroamericano, en línea con lo planteado por Aguirre, la construcción y ampliación de toda la infraestructura de transporte tiene como objetivo, en última instancia, la necesidad, no sólo de la reproducción ampliada de capital a nivel global, y particularmente para Estados Unidos, sino también con una necesidad objetiva de realización de mercancías de los centros de la economía mundial, principalmente de Estados Unidos.

Así pues, la construcción de largas carreteras innovadoras sólo tiene sentido si se considera que la construcción de estas son en realidad una manera de asegurar una circulación rápida, eficaz y a menor costo de mercancías, desde la costa Este de Estados Unidos hasta Colombia y con este hasta Sur América y viceversa, así como asegurar la conectividad entre los centros de abastecimiento de la materia prima, con los llamados nodos o ciudades de ensamblaje (zonas francas) abundantes en Centroamérica, y los puntos de exportación, siempre sobre la base de mejorar los enlaces y la conectividad territorial y marítima para la circulación de mercancías y el potenciamiento de la reproducción ampliada de capital de acuerdo a los intereses de las compañías trasnacionales instaladas en la región.

En el mapa No.3 podemos observar cómo la construcción de uno de los ejes de la Iniciativa Mesoamericana de Integración Vial, como lo es la carretera del corredor del Pacifico, se articula con las principales carreteras que conducen hacia Estados Unidos, incluyendo las que conducen a la costa Este de los Estados Unidos donde se concentra alrededor del 85% de la producción agrícola e industrial de ese país.

No es casual entonces, que este proyecto del PPP se conecte en el Norte con el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), un acuerdo comandado por el imperialismo norteamericano y concebido principalmente para apropiarse de los recursos estratégicos de Canadá (petróleo, gas, agua, biodiversidad), así como ampliar y asegurar el control de las principales carreteras de conexión de México con Centroamérica. A la misma vez, no es casual tampoco que el PPP se conecte en el Sur con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), un proyecto que representa una cartera de 350 proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones con una inversión de aproximadamente $38.000 millones. En la práctica, el PPP, el ASPAN y el IIRSA en su conjunto no son sino la base material de la extinta Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ahora fragmentado en los distintos TLC´s de la región (de Norteamérica, Centroamérica y los pueblos andinos). Es decir, estos proyectos constituyen la matriz de infraestructura de transporte y energética para el funcionamiento pleno del libre comercio, visto éste como la circulación de mercancías a bajo costo, principalmente desde los Estados Unidos hacia América Latina. Por otra parte, este proceso también contribuye a masificar la exportación mercantil hacia los territorios de América Latina como una forma de resolver las crisis de sobreproducción recurrentes en sus territorios, a la vez que extrae con ello, parte de la renta nacional de los trabajadores y sectores populares.

Infraestructura de transporte e intereses geoestratégicos: China y Estados Unidos

De lo analizado hasta hoy, se desprende que las magnas inversiones en infraestructura de transporte no son sino la concretización del otrora denominado PPP, ahora llamado Proyecto Mesoamérica. Este proyecto además, resulta ser orgánico a los intereses de expansión de las empresas transnacionales en la región, ello mediante la búsqueda de la conectividad entre los centros de abastecimiento, las zonas francas y los focos de exportación, con el objetivo de reducir el costo de movilidad de la mercancía a nivel centroamericano primero y luego a nivel continental. Nos corresponde estudiar, en esta tercera parte del trabajo, el desarrollo de la infraestructura de transporte en la región desde el punto de vista del comercio mundial y, particularmente, desde el punto de vista de los intereses comerciales del gran capital chino y estadounidense.

 

3.1. Algunas consideraciones necesarias sobre China

En este apartado dedicado al estudio de los intereses capitalistas chinos y estadounidenses en el desarrollo de la infraestructura de transporte en Centroamérica, creemos necesario dar, por 19 lo menos, algunos aportes que contribuyan a contextualizar al lector con la situación de la China actual, sobre todo porque después de la revolución de 1949 se expropiaron las propiedades estratégicas (léase, los medios fundamentales de producción) hasta entonces en manos de la burguesía China y del capital monopólico extranjero, superando de esta forma mediante una revolución social, el modo de producción capitalista. Dicho en términos pragmáticos, China se convirtió en un Estado socialista. Sin embargo, desde 1978 tras las agudas y recurrentes crisis económicas, comienzan a gestarse en el seno de China una serie de reformas destinadas a abrir su economía al mercado mundial. Las reformas llevadas a cabo por el mismo Partido Comunista de China terminarían derrumbando las bases económicas que sostenían el régimen socialista, a saber: la economía nacional planificada y centralizada, monopolio del comercio exterior por parte del Estado y la propiedad estatal sobre los medios de producción. Al igual que todas las formaciones económicas, el socialismo se levanta sobre bases materiales, en este caso las tres citadas anteriormente, que fueron precisamente las que se trastocaron con las reformas de 1978. No es nuestra intención estudiar acá como se restauró el capitalismo en China tras las citadas reformas. Un estudio de este tipo puede verse en Martín Hernández: El veredicto de la Historia. Rusia, China, Cuba… de la revolución socialista a la restauración capitalista (2009), sin embargo, una cita del informe del Banco Mundial destinado precisamente al estudio de la liberación e inserción de las economías del Este europeo al mercado mundial, podría resultar reveladora. Después de la muerte de Mao Tse-tung –dice el citado informe– y de la denuncia de la revolución cultural, la reformas iniciadas en 1978 abrieron la puerta a emprendimientos conjuntos y comenzaron a liberar los precios, primero marginalmente, después de manera más extensiva… progresivamente, fueron abolidas las restricciones al comercio exterior y a las inversiones extranjeras, y se iniciaron varias reformas institucionales, inclusive la creación de un banco central (Banco Mundial, 1996, págs. 10-11).

 

Estas reformas que culminarían con la restauración del capitalismo y el alzamiento de masas que provocó, así como su aplastamiento en la simbólica plaza de Tiananmen por las fuerzas represivas del Estado burocrático (ya, capitalista), determinan la lógica de China en los años posteriores, en tanto que el mantenimiento de la burocracia gobernante, tomando de contrabando el viejo nombre de Partido Comunista, se mantiene al frente del Estado, pero esta vez, no ya, dirigiendo una economía socialista centraliza y planificada, sino administrando un Estado capitalista. Quizás este hecho visto desde el punto de vista de la economía mundial parecería insignificante, puesto que tanto la libre operación de las fuerzas del mercado como la propiedad privada sobre los medios fundamentales de producción son características generales a la economía mundial; sin embargo, en China tiene un diferente carácter, en tanto que estas condiciones y las relaciones sociales que genera no son producto del largo desarrollo burgués al estilo clásico, sino producto de reformas instauradas en un economía otrora socialista o al menos en plena transición al socialismo. Es, en ese sentido, una involución histórica. El hecho de que China haya involucionado, por una serie de acontecimientos históricos que no es el objeto tratar acá (Véase Martin Hernández, Ob Cit.), de una economía históricamente superior a una inferior, tiene consecuencias, sobre todo a nivel salarial de la fuerza de trabajo, pues es conocido que todos los Estados en transición al socialismo, además de la implementación del salario nominal, implementan una serie de salarios sociales como lo son la educación gratuita completamente hasta el nivel universitario, sistema de salud completo y gratuito, etc.

 

Pues bien, estos salarios sociales fueron poco a poco eliminados con las reformas iniciadas en 1978, mientras que los salarios nominales se mantuvieron prácticamente fijos, cuando no bajaron. Este hecho generó una serie de condiciones históricas, casi únicas en los países donde se restauró el capitalismo en los años de 1978-1986, pues conjugó una serie de condiciones históricas que hicieron, en el caso de China, una enorme base territorial sobre la cual se instalaron miles de empresas trasnacionales de capital Europeo, Estadounidense, Japonés y de los países llamados Tigres Asiáticos3 . Como bien dicen Martín Hernández “El crecimiento de la economía china debería ser una amenaza para las potencias imperialistas y, en especial, para los llamados “tigres asiáticos”, sin embargo, no es así. Porque lo que está ocurriendo es que, por un lado, son las grandes multinacionales imperialistas las que están ocupando el fabuloso mercado interno chino y, por otro, en muchos casos, son capitales extranjeros los que están por detrás de los productos “made in China” que invaden el mercado mundial” (Hernandez, 2009, pág. 78). En efecto, como menciona el informe del mismo Banco Mundial: La apertura de China alteró la ventaja comparativa de los tigres en el comercio mundial, y ellos, en lugar de resistir, aprovecharon la oportunidad transfiriendo recursos de la manufactura simple para líneas de producción más sofisticadas, valiéndose de su especialización para expandir su producción en China(...)

 

Las exportaciones chinas simplemente sustituyeron a las de los cuatro tigres, lo que ocasionó una caída de la participación combinada de éstos en las exportaciones de vestuario, juguetes y artículos deportivos para el mercado mundial (...) Eso ocurrió con la ayuda de las inversiones directas de los propios tigres, cuyas empresas, en muchos casos, simplemente transfirieron sus líneas de producción a China (Banco Mundial, 1996, pág. 149). Por otra parte, para 1995 “De las cien primeras multinacionales del mundo, 53 han establecido oficinas en Beijing. De las 50 primeras multinacionales norteamericanas, 28 tienen oficinas en esa misma ciudad” (Hernandez, 2009, pág. 79). Estas empresas usufructuaron la fuerza de trabajo de la clase obrera China; una fuerza de trabajo que además de desgastada políticamente y desorganizada, después de la masacre de Tiananmen cobra un bajo nivel salarial, en relación, por ejemplo, con sus vecinos asiáticos y más aún comparado con los países capitalistas de Occidente. El mantenimiento de la dictadura burocrática gobernante de China sin duda ha posibilitado este hecho.

 

Por todo ello, para el estudio de los intereses comerciales de China en el desarrollo de la infraestructura de transporte en Centroamérica, partimos de la premisa de que éste no es más un Estado socialista o en transición al socialismo, sino que es un Estado donde se ha restaurado el capitalismo, y donde existe una dictadura burocrática encabezada por los dirigentes del mal llamado Partico Comunista Chino, que tras implementar las reformas procapitalistas quedaron simplemente encabezando una dictadura burguesa al servicio del capital extranjero. Es importante recalcar que el desarrollo de la economía China no es, en el fondo, el desarrollo chino, sino el desarrollo de las empresas trasnacionales instaladas en la región, que ocupan esta base geográfica, como la misma Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) ha reconocido, como “fabrica del mundo” (CEPAL, 2011, pág. 7), por ello, el interés chino en el desarrollo de la infraestructura de transporte no es más que, en última instancia, el interés de estas empresas transnacionales en expandir la comercialización de su producción hecha sobre bases territoriales chinas, en el resto del mundo. En ese sentido no hay diferencia, desde el punto de vista del comercio mundial, entre China y Estados Unidos, pues el interés de ambos es el interés de sus compañías transnacionales en realizar, es decir vender, comercializar su producción, tanto entre ellas, como entre ellas y los países de las periferias.

 

3.2. China y Estados Unidos: El interés geoestratégico en la región centroamericana

 

Las economías China y estadounidense están ligadas por una espesa red de comercio e inversión. El mismo presidente de los Estados Unidos Barack Obama ha reconocido públicamente que “nuestras exportaciones a China están creciendo casi dos veces más rápidamente que nuestras exportaciones al resto del mundo” (Merle Jr., 2011), mientras que Gary Looke, el embajador de Estados Unidos en China, afirma públicamente que “las economías China y Estadounidense son altamente complementarias (Xinhua, 2013)”. Estas declaraciones no son casuales ni una apología a las relaciones chinoestadounidenses. Sólo en el 2013 el comercio Chino con Estados Unidos, su segundo mayor socio comercial, aumentó un 7,5 por ciento interanual mientras que el comercio con su vecina la Unión Europea y mayor socio comercial creció apenas un 2,1 por ciento interanual (Xinhua, 2014)

 

Este inusitado comercio entre China y Estados Unidos, –Las exportaciones de China a Estados Unidos en el 2013 fueron de un volumen total de US$368.400 millones, mientras las importaciones sumaron US$152.600 millones (Xinhua, 2014)–, las dos economías más grandes del mundo, tiene como ruta principal el canal de Panamá; en el 2013 por ejemplo, el flujo de la carga de comercio de China hacia Estados Unidos sumó 10,9 millones de toneladas largas4 , convirtiéndose con ello en la principal ruta de todo el flujo de Asia a la costa Este de Estados Unidos (incluido Japón, Corea del Sur, Taiwán, etc.), que el año anterior, es decir el 2012, sumó 24 millones de toneladas largas. A la inversa, el flujo de carga de mercancía que atravesó el canal de Panamá en 2013, principalmente desde la costa Este de Estados Unidos fue de un total de 25.8 millones de toneladas, de 30,5 millones que atravesaron el canal en esa dirección durante dicho año (Meléndez, 2014). Otras economías como la venezolana, que en 2013 representó 1,3 millones en flujo de carga por el canal de Panamá hacia China, aunque pequeña, también son importantes.

 

Las causas para que la abrumadoramente mayoritaria parte del comercio entre China (y también toda Asia) y Estados Unidos se haga por medio del canal de Panamá y no directamente por las costas pacificas del Oeste de Estados Unidos obedece a razones geográficas. Estados Unidos posee una topografía profundamente accidentada que le imposibilita la construcción de carreteras modernas que atraviesen el país de Este a Oeste. Dos cordilleras que van desde alturas sobre los 2000 hasta los 6000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) cortan el territorio estadounidense. En las costas del Pacifico los llamados Montes Apalaches se elevan hasta unos de 2037 m.s.n.m., mientras que en el Atlántico las Montañas Rocosas que cruzan desde Alaska hasta México superan los 4000 m.s.n.m. En Alaska los picos de las Montañas Rocosas alcanzan más de los 6000 m.s.n.m. (Segarra, págs. 8-16).

 

En el mapa No. 4 y 5 puede verse la composición de esta accidentada geografía que imposibilita el comercio de la costa Oeste-Este por medio de carreteras internas en Estados Unidos, mientras que en el mapa No. 6 y 7 se puede observar la composición de las principales carreteras, particularmente en el No.7 donde se traza la famosa Ruta 66, la carretera relativamente más corta que conecta las costas Este-Oeste. Al problema geográfico se le suma otro de carácter histórico: Estados Unidos concentró su actividad industrial y la mayor parte de su actividad agrícola en la costa Noreste. Veintisiete de sus treinta complejos industriales más importantes se encuentran al norte de la costa atlántica, lo que constituye alrededor de un 80-85% de su actividad industrial y agrícola (Ver Mapa No.8); a la vez, es en esta zona de Estados Unidos donde se concentra la mayor parte de su población-consumo. No es casual entonces, que así mismo el mayor número de puertos y los más sofisticados se concentren también en su costa atlántica, como puede apreciarse en el mapa No.9.

 

En consecuencia, no es accidental el hecho de que tanto el capital chino, que como hemos dicho no es sino el capital estadounidense, europeo, japonés, etc., como el capital estadounidense estén interesados en el desarrollo e inversión de infraestructura de transporte en Centroamérica, pues el canal interoceánico en Nicaragua, la ampliación del canal de Panamá, la creación de canales secos en Guatemala y tal vez en Honduras, corredores de carreteras en el Pacifico y el Atlántico, así como la serie de carreteras ramales y conectivas, no hacen sino posibilitar y ampliar el horizonte del tráfico de mercancías entre Este y Oeste a escala planetaria, pero sobre todo abren las posibilidades para el desarrollo y profundización de las relaciones comerciales entre la zona Este de Estados Unidos y China. Por otra parte, aunque es menor, no son para nada despreciables las puertas que se le abren a China con la ampliación del Canal de Panamá, la creación y ampliación de corredores interoceánicos y sobre todo la creación del canal en Nicaragua, para el comercio con América Latina, sobre todo si consideramos que en los últimos años el comercio de la región latinoamericana con China ha sido de los más importantes, tanto en exportaciones como en importaciones.

 

En el período 2005-2010, las tasas de crecimiento de las exportaciones de China hacia América Latina y el Caribe y de sus importaciones desde esta región duplicaron las de sus exportaciones e importaciones totales. Así, la participación de América Latina y el Caribe ha crecido hasta alcanzar el 6%, tanto de las exportaciones como de las importaciones chinas (CEPAL, 2011, pág. 8). Por si esto se fuera poco, en los últimos años, como bien dice la CEPAL: China se ha transformado en un socio comercial de mucho mayor peso para la mayoría de los países de América Latina… Como destino de exportaciones, China aumentó su participación en 14 de los 17 países seleccionados y fue uno de los 5 principales destinos de 7 países: la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, el Perú, el Uruguay y Venezuela (Rep. Bolivariana de). Como fuente de importaciones para la región, China mejoró su ubicación en todos los países considerados y se convirtió en uno de los 5 principales orígenes para 16 de los 17 países con información disponible (solo Honduras escapa a esta tendencia, pero en este caso China se ubica en la posición sexta)” (CEPAL, 2011, pág. 15). Aún más, la importancia de América Latina para China radica en que es en esta región donde encuentra parte de la materia prima necesaria para la producción de bienes. Es más, la penetración del comercio chino ha hecho que América Latina privilegie una tendencia hacia la re-primarización de las economías, quedando debilitadas éstas y dependientes de las fluctuaciones del mercado internacional. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela, que del total de exportaciones a China, el petróleo crudo representa el 78,3%. Es claro, por tanto, que la región latinoamericana merece importancia para los intereses comerciales chinos, y que la inversión de obra pública en infraestructura de transporte en Centroamérica representa una base material para la ampliación de tales intereses mercantiles.

 

En conclusión, es evidente que la actual lógica de desarrollo e inversión en infraestructura de transporte no responde a un desarrollo humano en abstracto o a la búsqueda de conectividad e integración regional de los pueblos, sino a una lógica mercantilista de los principales centros del imperialismo a escala mundial. En ese sentido es cuestionable el papel de los gobiernos de la región centroamericana, que invierten sumas millonarias de los fondos públicos, además de endeudarse con onerosos préstamos otorgados por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI´s), para ejecutar un plan que sólo beneficia a los capitales monopólicos a escala mundial. En ese sentido, también es impugnable el actuar de los gobiernos centroamericanos por la entrega de los países de la región a los voraces intereses de los capitales monopólicos que violentan la soberanía nacional, convierten la región en una semi-colonia, no solo por sus características económicas, sino también políticas y sociales, contribuyen a revitalizar el modelo de acumulación capitalista a escala mundial, al posibilitar una reproducción ampliada de capital a escala planetaria, a la vez que ayuda a ralentizar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia para los capitales chino-estadounidenses, japoneses, etc.

 

Conclusiones

Durante los últimos años se suceden en Centroamérica millonarias inversiones en obra pública de infraestructura de trasporte. De conjunto, toda la región, tal vez a excepción de Costa Rica, atraviesa por un proceso de inversión de alrededor de US$60.000 millones. Este millonario proceso, lejos de ser un hecho aislado o casual, como lo intentan mostrar los gobiernos de cada país de la región, es un ambicioso proyecto que se enmarca en el tratado internacional del extinto Plan Puebla Panamá, ahora llamado Proyecto Mesoamérica. La millonaria inversión es un proyecto de que presente subir la rentabilidad de las corporaciones trasnacionales instaladas en la región, mediante la disminución del costo de transporte de mercancías, desde los focos productores de materias primas, los nodos o ciudades de ensamblaje (zonas francas) y los centros de exportación. Por otra parte, la ampliación y creación de moderna infraestructura de transporte tiene que ver con el proceso de expansión comercial y los intereses estratégicos del capital chino y estadounidense que utilizan el canal de panamá y la región centroamericana como un puente para el tráfico de mercancía Este-Oeste. Por último, el capital chino también tiene interés en aumentar sus vínculos y relaciones comerciales con la región latinoamericana, propósito que logrará principalmente con la construcción del canal interoceánico en Nicaragua, a la vez que aprovechará la infraestructura de transporte construida por el extinto Plan Puebla Panamá, incluido la ampliación del canal de Panamá. Por todo ello, es cuestionable el actuar de los gobiernos centroamericanos, que mientras gastan enormes sumas de dinero y endeudan con millonarios préstamos a la región para la construcción de infraestructura de trasporte público que, como ya dijimos tiene el propósito de satisfacer los intereses de expansión comerciales del capital chinoestadounidense, así como aumentar la rentabilidad de las corporaciones transnacionales instaladas en la región, dejan de lado otras áreas importantes como la gratuidad de la educación superior, la ampliación del sistema de salud pública universal, la protección del medio ambiente, etc.

Fuente: http://www.rebelion.org/docs/188087.pdf

 

 

Destapemos que no hay antagonismo irreconciliable de los gobiernos progresistas con los neoliberales lo demuestran la constitución de UNASUR y el siguiente artículo:

 

 

Brasil toma el Consejo de Infraestructura

de Unasur y relanza la IIRSA
28 de febrero de 2012

ENA-Fobomade

El Estado brasilero ejecuta un ambicioso plan de expansión energética en América Latina y el Caribe (ALC) con el fin de atender la creciente demanda de su industria. Brasil pretende construir represas en al menos siete países de la región, planea aumentar la producción de etanol, militariza sus yacimientos petroleros y fuentes de energía en la Amazonía y el mar, y coordina desde el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planificación de Unasur el relanzamiento de la “IIRSA del siglo XXI”.

El gobierno de Dilma Rousseff acelera la ejecución de varios proyectos en Brasil y otros países de ALC para ampliar la oferta de energía y atender la creciente demanda de la región, que vive un período de expansión económica. Brasil intenta ampliar las fuentes de energía en el exterior, previendo retrasos en la construcción de generadoras en su territorio.

La carencia de energía en ALC favorece a largo plazo la concreción de varios proyectos hidroeléctricos contemplados en el Plan Decenal de Expansión de Energía, según la compañía estatal Eletrobras. En ese sentido, avanzan las negociaciones con Perú, Uruguay, Argentina, Bolivia y Venezuela para nuevos emprendimientos (no solamente hidroeléctricas), mientras que Colombia, Guyana y Surinam mantienen conversaciones con el gobierno federal, Eletrobras y con el sector privado.

Solo Eletrobras pretende aumentar 18 GW al sistema con unidades construidas en el exterior hasta el año 2020. El gobierno brasilero realiza estudios para construir represas en al menos siete países de la región, todas ellas integradas por 10 mil kilómetros de cables y con una capacidad de generación de 12 mil MW.

El acuerdo de integración energética firmado por los ex presidentes Lula da Silva y Alan García en 2009 proyecta la instalación de las hidroeléctricas Inambari, Pakitzapango, Tambo 40, Tambo 60 y Mainique en los ríos de Perú. La construcción de las seis centrales con potencial para generar 6.000 MW está a cargo de Eletrobras.

Eletrobras inició negociaciones para la construcción de represas en la Guyana Francesa (1.500 MW) y está mapeando el potencial hidroeléctrico total del país. Además, evalúa la hidroeléctrica Cachuela Esperanza en Bolivia con 800 MW de capacidad. Brasil y Argentina prevén instalar dos usinas binacionales en el río Uruguay, que producirán 2 mil MW.

Brasil participa en la construcción de la central de Tumarín en Nicaragua, un megaproyecto valorado en más de 800 millones de dólares, adjudicado al consorcio Queiroz Galvão-Electrobras-Astaldi. En Costa Rica, Electrobras y Sinohydro se disputan el proyecto hidroeléctrico en el río Reventazón, en el límite entre Siquirres y Turrialba, valuado en mil millones de dólares. Por otro lado, la constructora Odebrecht ejecuta el proyecto hidroeléctrico Palomino en República Dominicana, y prevé construir una gran represa en la cuenca del río Rufiji en Tanzania, país ubicado en África oriental.

Sin embargo, el gobierno brasilero reconoce que la construcción de hidroeléctricas, muchas de ellas en territorios indígenas y reservas forestales vulnerables, no es viable a corto plazo, ya que éstas requieren una serie de estudios y licencias que se tramitan en no menos de 10 años, y además tienen un alto costo político. Las represas brasileras han comenzado a movilizar a pueblos indígenas, grupos ambientalistas y a críticos del “imperialismo” brasilero en todo el continente.

Por esa razón, una de las prioridades de la nueva presidenta de la estatal Petróleos de Brasil (Petrobras) María das Graza Foster es incrementar la producción de etanol y la oferta en el mercado interno y disminuir la dependencia de la gasolina importada. “Quiero producir petróleo, quiero producir etanol, que considero extremadamente importante”, sostuvo dos días después de tomar posesión como la primera mujer del mundo en comandar una petrolera del tamaño de Petrobras. (Telenoticiero Jornal da Globo) [1]

Hace poco, el ministro de Relaciones Exteriores Antonio Patriota y el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) Luciano Coutinho acordaron financiar investigaciones sobre bionergía en Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Mali, Níger, Senegal y Togo, miembros de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (Uemoa). Brasil y la Uemoa suscribieron el Memorando de Entendimiento en octubre de 2007.

La presidenta Rousseff consideró “estratégica” la relación de Brasil con los países caribeños y latinoamericanos, por la importancia económica de la región, y aseguró que la política externa de su gobierno en 2012 priorizará la aproximación con las naciones de ALC y África.

Para evitar que la expansión brasilera sea vista como una arremetida neo imperialista en la región, el gobierno de Rousseff aboga por que las relaciones con países vecinos no se centren solamente en asuntos económicos sino también en programas de cooperación, seguridad fronteriza e integración física.

 

Brasil relanza la IIRSA

 

Brasil coordina el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planificación (Cosiplan) de la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), organismo que acaba de aprobar un nuevo Programa de Acción Estratégica que prioriza la ejecución de 31 proyectos de infraestructura en los próximos 10 años, con una inversión estimada de 16 mil millones de dólares.

Los 12 ministros de Planificación de la Unasur aprobaron a fines de 2011 en Brasilia el nuevo plan de integración 2012-2022 que contempla hidrovías, ferrovías y carreteras. Los cuatro proyectos priorizados son el corredor ferroviario entre los puertos de Paranagua (Brasil) y Antofagasta (Chile) con un costo de 3.700 millones de dólares; la carretera Caracas-Bogotá-Buenaventura-Quito-Pacífico valuado en 3.350 millones de dólares; el ferrocarril bioceánico Santos-Arica trecho boliviano que costará 3.100 millones; y la carretera Callao-La Oroya-Pucallpa de 2.500 millones de dólares.

 

Todas estas obras son parte de la cartera de proyectos de la antigua Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA), pero los responsables del Cosiplan juran que el enfoque es diferente. En vez de “pasillos de exportación de insumos” para fuera del subcontinente, será privilegiado el “desarrollo interno” de la región, asegura Brasil, principal beneficiario de dicho “desarrollo”.

La secretaria general de la Unasur María Emma Mejía informó que a Brasil le interesan particularmente las generadoras de energía y el ramal ferroviario Paranaguá-Antofagasta. “Las exportaciones brasileñas a China a través del Pacífico deben recorrer casi 7.000 kilómetros, lo que será acortado en tiempos y reducido en costos con el funcionamiento de un ferrocarril de 1.200 kilómetros que vincule al Pacífico con el Atlántico a través de Bolivia”, justificó el Presidente boliviano Evo Morales.

Un grupo de trabajo de la Unasur se encargará de buscar financiamiento público y privado en todo el mundo. Se invitará a la Corporación Andina de Fomento (CAF), al Banco de Desarrollo de Venezuela, al Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina y al Banco del Sur, pero todo indica que el principal financiador de la “IIRSA del siglo XXI” será el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).

Imperialismo brasilero

El Estado de Brasil alienta la internacionalización del capital privado y las inversiones brasileras en los países de la región con el objetivo de “crear flujos de comercio” y asumir un papel más importante en el mercado mundial, señala Lia Valls Pereira, economista de la Fundación Getulio Vargas. El gobierno fortalece a las grandes empresas nacionales para que actúen como multinacionales regionales a fin de tener “el monopolio de los mercados latinoamericanos y el acceso a los recursos naturales de esos países”, afirma Guilherme Carvalho de la ONG Fase-Amazonia.

El proceso de internacionalización de las empresas brasileras comenzó en 1970, cuando la dictadura militar impulsó la edificación de megaobras de infraestructura e incubó conglomerados privados que prosperaron con el dinero del BNDES y la ayuda directa de la diplomacia brasilera.

El BNDES “se hizo más conocido como financiador de grandes proyectos de infraestructura en América Latina (condicionados a la participación de constructoras brasileñas o a la compra de bienes y servicios) a través de lo que hacemos en pro de las exportaciones brasileñas”, precisó a la AFP Luciane Machado, superintendenta de comercio exterior del banco. [2]

El ex presidente Lula da Silva negoció personalmente contratos de construcción de hidroeléctricas en Venezuela y Colombia; grandes obras como el metro de Caracas, y puertos, autopistas, represas y petroquímicas en Bolivia, Cuba, Nicaragua y Perú. [3]

Con semejante respaldo, las actividades de las constructoras brasileñas en ALC y África experimentaron un crecimiento de 544% en los últimos 10 años. Actualmente, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, OAS y Camargo Corrêa construyen en por lo menos 16 países de América Latina. Odebrecht ha realizado obras de ingeniería en unos 20 países y está presente en Angola, Mozambique y Liberia. [4]

Según la investigadora Ana Saggioro Garcia, las acciones de las empresas brasileras en el exterior están íntimamente ligadas a las políticas públicas del Estado de Brasil. Se trata de “una alianza entre empresa y Estado para la realización de proyectos, en el marco de un proyecto de desarrollo específico, y contra las poblaciones locales que viven y trabajan en el territorio”. (BBC Brasil)

Saggioro Garcia identifica diferencias sustanciales entre la instalación de una industria brasilera en el exterior y la construcción de represas, carreteras y otras obras de infraestructura que “transforman territorios y vidas…”. “Es un combate entre actores desiguales”, apunta la investigadora y pone como ejemplo el caso boliviano.

Desde que llegó al poder, Evo Morales siempre defendió un proyecto de “retorno al campo” fundamentado en las pequeñas comunidades, pero se vio obligado a aliarse con Brasil y ceder a un proyecto más orientado al “desarrollo”.

El común denominador de los proyectos de “desarrollo” brasileros en Bolivia y en otros países es que están diseñados expresamente para satisfacer las necesidades de la industria privada brasilera. No toman en cuenta las necesidades del mercado nacional ni los altos costos socioambientales para las poblaciones locales.

Aron Berlinki, coordinador de Procesos Internacionales del Instituto brasileño Vitae Civilis, considera que “Brasil tiene potencial para mostrar en la Conferencia Río+20 que es posible conciliar el desarrollo y el medio ambiente y políticas que compatibilicen la inclusión social y el desarrollo limpio, con menos emisiones de gases efecto invernadero que los países ricos. Pero aún hay una serie de dificultades prácticas para direccionar la actividad económica en un sentido más sostenible… y corregir algunas “distorsiones graves de la política energética”, como por ejemplo la posible flexibilización de las leyes ambientales previstas en el Código Forestal, y la decisión de seguir invirtiendo en grandes proyectos hidroeléctricos, en detrimento de otras energías renovables.

 

“No vengas a colonizar”

La misión principal del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea brasileñas en los próximos 20 años será defender las fuentes energéticas halladas en Amazonía y en el espacio marítimo nacional, expuso el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas general José Carlos de Nardi, en el segundo Seminario Estrategia Nacional de Defensa celebrado este 15 de febrero en Brasilia. (Agencia Cámara de Noticias).

De Nardi precisó que la Marina modernizará su poder naval y construirá submarios para el monitoreo y control de las aguas jurisdiccionales de la llamada Amazonía Azul brasileña, que alberga recursos petrolíferos. El plan contempla la disminución de brigadas en el Sureste y Sur; la implantación de la segunda Escuadra en el Norte y el Noreste, y la creación de nuevas brigadas para monitorear las fronteras. La Estrategia Nacional de Defensa Aeronáutica prevé la producción de aeronaves KC-390 por la Empresa Brasileña de Aeronáutica, y el desplazamiento de aviones cazas hacia la Amazonía.

Es necesario que la Unasur proteja la biodiversidad, los alimentos, agua potable y otras riquezas de los países que la componen, enfatizó el ministro de Defensa de Brasil Celso Amorim, tras considerar que en las próximas décadas “podríamos ser afectados por guerras entre países de fuera de la región en disputa por recursos naturales”.

Varios analistas creen que la potencia sudamericana utilizará a la Unasur y al Mercosur como instrumentos para consolidar su liderazgo regional. El presidente del Uruguay José Pepe Mujica advirtió recientemente a Brasil que si de verdad pretende ganarse la confianza de sus vecinos, debe relacionarse con ellos de igual a igual y renunciar a todo afán de conquista.

En una entrevista con la revista Políticas, Mujica exhortó: “Nosotros en cada instancia relativamente difícil podemos tener enemigos exteriores, pero los peores enemigos somos nosotros mismos (…) En el caso del Brasil, nosotros les dijimos bien lo que pensamos: la época de los ingleses pasó. Si queremos unificar no vengas a colonizar, vení a asociarte, vení a buscar aliado, vení a juntar barra, pero no vengas a apropiarte de todo”.

Notas:

[1] Foster fue directora del Área de Gas y Energía y titular de la Petrobras Gas S.A. (Gaspetro), miembro de los Consejos de Petrobras Transporte, de la Petrobras Biocombustibles y de la Braskem, y presidenta de los Consejos de Administración de la Transportadora Brasileña Gasoducto Bolivia-Brasil y de la Transportadora Asociada de Gas. Es graduada en Ingeniería química de la Universidad Federal Fluminense, y también posee un posgrado en Ingeniería Nuclear de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

[2] Entre 2001 y 2010, los financiamientos del BNDES para construcciones brasileras en el exterior registraron un alza aproximada de 560%, saltando de 194,5 millones a 1,3 billones de dólares. Entre enero y junio de 2011 los desembolsos sumaron 776 millones de dólares. Los préstamos del BNDES en ALC aumentaron más de siete veces en casi una década, 80% para infraestructura y 20% para importación /exportación de productos brasileños.

[3] Datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) confirman que las constructoras son las mayores financiadoras de las campañas electorales del Partido de los Trabajadores. En las elecciones de 2006 las donaciones llegaron a R$22,5 millones y Camargo Corrêa donó R$6,5 millones. Para la campaña de Dilma aportaron R$37 millones, Camargo Corrêa puso R$8,5 millones.

[4] Según Boston Consulting Group (BCG), hay 100 multinacionales con sede en ocho países latinoamericanos: 34 en Brasil, 28 en México, 21 en Chile, siete en Argentina, cinco en Colombia y tres en Perú. A fines de 2009, las 30 principales multinacionales brasileras poseían cerca de 90 billones de dólares en activos en el exterior y empleaban a cerca de 200 mil personas en otros países. Apenas nueve empresas contaban con activos internacionales superiores al billón de dólares y otras 10 con más de 100 millones de dólares. En total, sus inversiones directas en el exterior bordeaban los 160 billones de dólares.

Con información de BBC Brasil, Folha, O Globo, Andina, Reuters, Prensa Latina, La Jornada, Plataformabndes, Valor Econômico, www.maisdemocracia.blogspot.com y http://m.estadao.com.br

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2012/02/28/brasil-toma-el-consejo-de-infraestructura-de-unasur-y-relanza-la-iirsa

En consecuencia, nos resulta perentorio generalizar la toma de conciencia sobre que UNASUR con eje en IIRSA y CELAC sometida a China no son la Patria Grande soñada e imprescindible. Al contrario, han hecho a la expansión de los mega emprendimientos extractivistas con conexión construida de modo que los pueblos no supieran de esa reterritorialización continental. Constatemos qué ejecuta el gobierno surgido, en México, de las elecciones como "progresista contra los anteriores de carácter neoliberal":

 

La “guerra” contra el

Congreso Nacional Indígena

19 de junio de 2019

 

Por Zoísmo Camacho

Contralínea

 

 

Al menos 117 integrantes del Congreso Nacional Indígena han sido asesinados desde su fundación en 1996. Otros 11 se encuentran desaparecidos. Diez de los asesinatos ocurrieron durante los primeros 5 meses del gobierno de López Obrador. Para la organización indígena, es el peor inicio de sexenio al que se enfrenta.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) se encuentra bajo fuego. Está ante el peor inicio de un sexenio desde que fuera fundado el 12 de octubre de 1996. Andrés Manuel López Obrador cumple medio año de haber asumido la Presidencia de la República, tiempo en el que 10 casos se sumaron a la larga lista de asesinatos y desapariciones contra activistas indígenas de esta organización: un nahua de Colima, cuatro nahuas de Guerrero, un tsotsil de Chiapas, un me’phaa de Guerrero, un nahua de Morelos y dos choles de Chiapas. Todos, activistas en la defensa de su cultura, sus montes y sus aguas.

Los perpetradores de tales crímenes se permitieron la saña de quienes se saben impunes. Algunos de los muertos fueron torturados y descuartizados. A otros se les ultimó en las inmediaciones de sus domicilios. Otros más fueron emboscados. Nadie ha sido detenido por estos asesinatos y las investigaciones no avanzan. La muerte, en lo que va de la “cuarta transformación”, tiene permiso si de indígenas rebeldes se trata.

Invariablemente, las comunidades que lloran a estos 10 asesinados están en procesos de resistencia contra megaproyectos que buscan cercenar territorios indígenas y que atentan contra la subsistencia de sus culturas. Sus tierras están en disputa, ya sea como fuente de recursos naturales (minería, carreteras, termoeléctrica) que como zona de trasiego de drogas, personas y armas.

 

La violencia se recrudece, pero no es nueva, señala Carlos González, nahua de Jalisco, abogado especialista en derecho agrario. Explica que lo que viven los pueblos indígenas es una “guerra permanente”. En entrevista con Contralínea, el integrante de la Coordinación del Concejo Indígena de Gobierno del CNI abunda en que las agresiones contra las comunidades son parte de “una política sistemática y perfectamente planificada para destruir y para exterminar a los pueblos indígenas”.

Explica que por ello el CNI busca “articular una política nacional de resistencia, a través del Concejo Indígena de Gobierno”.

Un recuento no exhaustivo, con datos del CNI, arroja 117 asesinatos y 11 desapariciones contra sus integrantes, desde que fue fundado en 1996. La cifra real es mayor, porque en esta lista tentativa generalmente sólo aparecen aquellos que tenían responsabilidades políticas y/o operativas. Faltan los nombres de quienes resultaron muertos y resistían desde sus milpas, sus ceremonias, sus labores cotidianas.

El peor año para las comunidades del Congreso Nacional Indígena ha sido 1997. En una sola acción, paramilitares del grupo priísta Máscara Roja, masacraron a 49 indígenas en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre. Entonces el CNI cumplía 1 año con 2 meses.

De la lista preliminar de asesinados, en construcción en el CNI, se contabilizan: 51 tsotsiles (de tres comunidades de Chiapas); 33 nahuas (22 de Michoacán, cinco de Jalisco, cuatro de Guerrero, uno de Morelos y uno de Colima); seis binnizá (de dos comunidades de Oaxaca); seis choles (de tres comunidades de Chiapas); cinco purépechas (de dos comunidades de Michoacán); cinco chontales (de dos comunidades de Oaxaca); tres triquis (de dos comunidades de Oaxaca); tres tseltales (de dos comunidades de Chiapas); dos chinantecos (Oaxaca) una nu’saavi (Oaxaca), un me’phaa, un mixe (Oaxaca).

Las 11 personas indígenas integrantes del CNI desaparecidas son 10 nahuas de Michoacán, Jalisco, Veracruz y Puebla y un indígena oaxaqueño desaparecido en la Ciudad de México.

Por estado de la República, son 60 indígenas asesinados de Chiapas; 27 de Michoacán; 18 de Oaxaca; cinco de Guerrero; cinco de Jalisco; uno de Morelos, y uno de Colima. Los desaparecidos son cinco de Michoacán; dos de Jalisco; dos de Veracruz; uno de Oaxaca, y uno de Puebla. La mayoría de estos desaparecidos han superado los 7 años de que no se sepa nada de ellos.

El doctor Gilberto López y Rivas considera que México es el paradigma mundial de un tipo de contrainsurgencia, la que se ejerce contra los pueblos indígenas. Dentro de esta guerra, se encuentra un componente: el del combate a las drogas, que en realidad no combate al crimen organizado sino que lo utiliza de pretexto y es el propio Estado mexicano el que se convierte en mafioso y delincuencial. Por ello, las agresiones del narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado contra las comunidades en resistencia deben ser consideradas parte de la misma guerra contrainsurgente que les hace el Estado mexicano.

Señala que del nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los pueblos indígenas no pueden esperar un cambio a su favor. Cuestiona una supuesta militancia de izquierda del hoy presidente de la República, pues todo su proyecto de gobierno se inscribe en los márgenes del neoliberalismo.

 

Explica que incluso el modo de producción y modelo económico vigente en México es el del llamado “necrocapitalismo”, un capitalismo basado en la muerte, la destrucción y la guerra. De acuerdo con el antropólogo, la lucha de los pueblos indígenas es la respuesta a un proceso de recolonización de los territorios, ahora no a nombre de una Corona o gobierno extranjero, sino de las empresas; “y dentro de ellas, la gran corporación capitalista que es el crimen organizado”.

 

Considera que la “cuarta transformación” vendrá a “acentuar las políticas de despojo. Y la Guardia Nacional es un instrumento de cómo controlar un país por la vía de los militares que ni soñaron Fox, Calderón o Peña Nieto”.

Diez asesinados desde diciembre

Los asesinados durante el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador son Noé Jiménez Pablo, Santiago Gómez Álvarez, Samir Flores Soberanes, Julián Cortés Flores, Ignacio Pérez Girón, José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote y un joven nahua colimense.

Noé Jiménez Pablo, dirigente chol del Movimiento Campesino Regional Independiente, organización adherida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (Mocri-CNPA MM), fue secuestrado el 17 de enero pasado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, junto con el militante de la misma organización Santiago Gómez Álvarez. Un comando armado irrumpió en el plantón que la organización mantenía en el palacio municipal de Amatán y se llevó aproximadamente a 50 personas.

Todas fueron apareciendo, con la excepción de Noé y Santiago. Sus cuerpos fueron encontrados desfigurados por la tortura un día después, en un basurero a 3 kilómetros de la cabecera de Amatán. Sus captores les dieron tormento con ácido. Por esos sus rostros quedaron irreconocibles.

El Mocri-CNPA-MC mantenía un plantón en el Palacio Municipal de Amatán contra los hermanos Carpio Mayorga, quienes han controlado el municipio por 20 años, bajo las siglas de los partidos Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) –en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI)– y ahora bajo las del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El tercer integrante del CNI caído en lo que va del sexenio es el nahua Samir Flores Soberanes. Fue asesinado el 20 de febrero pasado en las puertas de su domicilio, en Amilcingo, Morelos. Hasta su casa llegó un grupo de personas en dos automóviles. Le llamaron a gritos para supuestamente pedirle solicitarle que transmitiera un mensaje a través de la radio comunitaria. Cuando Samir salió, las personas le dispararon en cuatro ocasiones, dos balazos fueron en la cabeza.

Dirigente de la comunidad, Samir era uno de los principales activistas contra el Proyecto Integral Morelos. Precisamente fue asesinado después de que López Obrador mostrara su respaldo a la puesta en marcha de la termoeléctrica en tierras indígenas de Morelos y a unos días de que se realizara una “consulta” para que se aprobara el megaproyecto. Era campesino, herrero y periodista comunitario.

El cuarto asesinato de un integrante del CNI es el del me’phaa Julián Flores Cortés, quien fue asesinado en San Luis Acatlán, Guerrero, el pasado 12 de abril. Un comando armado lo atacó a balazos a 200 metros de la Casa de Justicia. Era el líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la región de Costa Chica.

El tsotsil Ignacio Pérez Girón, síndico indígena del municipio de Aldama, Chiapas, se convirtió en el quinto indígena asesinado en lo que va del sexenio. El 4 de mayo de 2019 fue secuestrado, torturado y asesinado en Tuxtla Gutiérrez. El activista denunció los ataques de paramilitares contra su comunidad, la cual mantiene una disputa por 60 hectáreas de tierra con la comunidad de Chenalhó. Durante meses, los pobladores han vivido en la zozobra por las constantes emboscadas e incursiones de grupos armados.

El mismo 4 de mayo pasado ocurrieron dos asesinatos más, éstos en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Los nahuas José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián eran integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipo EZ). Fueron emboscados y asesinados cuando regresaban a sus comunidades luego de sostener una reunión en Chilpancingo, capital del estado.

Dos semanas después, el 23 de mayo, y en la misma región, los nahuas Bartolo Hilario Morales, de la comunidad de Tula, e Isaías Xanteco Ahuejote, de la comunidad de Xicotlán, fueron secuestrados, torturados y asesinados. Regresaban a sus comunidades luego de concluir algunas reuniones. También eran integrantes del Cipo EZ y de la CRAC-PC Pueblos Fundadores. Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados.

Estos últimos cuatro asesinatos ocurren en el contexto de resistencia de las comunidades de la Montaña baja de Guerrero ante los cárteles del narcotráfico Los Rojos y Los Ardillos, que buscan controlar el territorio indígena para el trasiego de drogas, armas y personas.

Finalmente, el décimo caso del sexenio es el de un joven nahua que fue víctima de grupos paramilitares que buscan aterrorizar la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, en Colima. El 31 de mayo de 2019, irrumpió un comando armado en las calles del poblado y arremetió indiscriminadamente contra la población. El joven murió y otros tres resultaron heridos. En la región se vive un conflicto por la tierra con una comunidad mestiza del estado de Jalisco.

 

Autonomía, el camino

Amador Cortés Robledo es concejal por la zona me’phaa ante el CNI, ratificado por los nahuas de la Montaña baja. Es parte de la CRAC-PC PF. Sufre junto con las comunidades montañeras el cerco paramilitar que Los Rojos y Los Ardillos ciernen sobre la región. También es integrante del Cipo EZ, la organización que está bajo ataque permanente y a la cual pertenecían los cuatro nahuas asesinados en 20 días.

No se arredra. No hay marcha atrás. Los pueblos que se están organizando no tienen otra opción. Es un asunto de sobrevivencia. Por lo menos, las de la Montaña baja han iniciado un camino sin retorno por la autogestión y el autogobierno.

“Los pueblos indígenas creemos que la única manera de plantear y construir nuestros sueños y reivindicar nuestros derechos es la creación de nuestra propia organización.”

Del CNI, Amador Cortés señala que “es nuestra casa grande”. Señala que este Congreso y el Concejo Indígena de Gobierno permiten que las luchas de los pueblos indios no estén aisladas y sólo queden en el ámbito local. “Los pueblos están en el contexto nacional. La labor de nosotros como concejales es promover estos derechos, sobre todo la defensa del territorio, los minerales, el agua, el petróleo, los árboles y todo lo que nuestro territorio posee”.

Lejos de la teorización, del lenguaje academicista e ideologizado, Amador Cortés tiene claro que los pueblos indígenas deben gobernarse a sí mismos. Para ello, deben construir sus propias instituciones. “Por eso luchamos los originarios y los afromexicanos. Estamos en pie. Ya no podemos parar. Vamos a parar hasta que se respete la manera en que vivimos, nuestra cosmovisión, nuestra relación de respeto con la Madre Tierra”.

Señala que el CNI y, particularmente, los pueblos de la Montaña baja de Guerrero libran una lucha como la que libró Emiliano Zapata hace más de 1 siglo. “Somos orgullosamente zapatistas de corazón, porque Zapata luchó por el regreso de la tierra, que estaba en manos de los hacendados, a los indígenas. Es lo que estamos luchando. Que no entren [los nuevos hacendados] a los territorios”.

Advierte que serán los pueblos indígenas darán la batalla “a nivel nacional” por derogar la reforma al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impulsó Carlos Salinas de Gortari durante su mandato.

Para el activista guerrerense Efrén Cortés Chávez, la violencia que sufren las comunidades se debe a que “el proyecto indígena choca con el proyecto del Estado mexicano, que es un proyecto neoliberal”. Explica que mientras los pueblos indígenas aspiran a construir una sociedad más colectiva, la columna vertebral del proyecto neoliberal es el individualismo.

A lo anterior se suma que “los grandes proyectos de obra no se van a parar, porque es una necesidad del neoliberalismo, del capitalismo financiero. Automáticamente choca [con las organzacines indígenas] porque ahí no entra ya el proyecto indígena. “Desde ahí ya está la contradicción y el antagonismo. Y el antagonismo es en la práctica no en la política: con la explotación, la visión extractista de los recursos naturales. Y ahí está la confrontación. No en el ámbito político sino en la realidad, en el aspecto del quehacer: económico, político, territorial.

María de Jesús Patricio Martinez, médica tradicional nahua, señala que los pueblos indígenas están atentos a las políticas que, diseñadas “desde arriba”, buscan despojar y exterminar a las naciones, tribus y pueblos originarios que habitan México.

Sin embargo, la vocera del CIG y exprecandidata a la Presidencia de la República por parte del CNI señala que lo más importante es lo que se organiza abajo, en las comunidades, porque sólo entre todos los pueblos indígenas podrán “parar todo este despojo”.

 

Asesinados

24 de mayo de 1997, Unión Yaxjemejel, Chiapas. Tsotsil Cristóbal Pérez M, profesor y representante de la comunidad. Su cuerpo y su cabeza fueron encontrados en llugares distintos 4 meses después de que había desaparecido.

22 de diciembre de 1997, Acteal, Chiapas. 49 tsotsiles de la organización Las Abejas asesinados por paramilitares de del grupo paramilitar Máscara Roja, vinculado al PRI y adiestrado por exmilitares y expolicías. Adultos asesinados: Manuel Santiz Culebra, Daniel Gómez Pérez, Victorio Vázquez Gómez, Miguel Pérez Jiménez, Ignacio Pucuj Luna, Alonso Vázquez Gómez, Lorenzo Gómez Pérez, Antonio Vázquez Luna, María Pérez Oyalté, Narcela Capote Ruiz, Marceka Pucuj Luna, Catalina Luna Pérez, Manuela Pérez Moreno o Manuela Paciencia Moreno, Margatita Méndez Paciencia, Marcela Luna Ruiz, Juana Pérez Pérez o Florinda Pérez Pérez, María Gómez Ruiz, Verónica Vázquez Luna, Paulina Hernández Vázquez, Susana Jiménez Luna, Rosa Pérez Pérez, Antonia Vázquez Pérez, Marcela Vázquez Pérez, Juana Luna Vázquez, Juana Gómez Pérez, María Capote Pérez, Marcela Capote Vázquez. Menores de edad: Martha Capote Pérez, Rosa Vázquez Luna, Loida Ruiz Gómez, Micaela Vázquez Pérez, Josefa Vázquez Pérez, Sebastián Gómez Pérez, Juana Pérez Luna, Roselina Gómez Hernández, Lucía Méndez Capote, Graciela Gómez Hernández, María Luna Méndez, Silvia Pérez Luna, Vicente Mendoza Capote, Micaela Vázquez Luna, Juana Vázquez Luna, Alejandro Pérez Luna, Juan Carlos Luna Pérez, Guadalupe Gómez Hernández, más cuatro bebés no nacidos.

8 de agosto de 2003, Juchitán, Oaxaca. Binnizá Carlos Sánchez López, originario de la comunidad Unión Hidalgo e integrante de la Coalición Obrero Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI) y del Concejo Ciudadano Unidalguense contra el Plan Puebla Panamá (PPP). Asesinado a golpes cuando caminaba de noche en calles de Juchitán.

5 de abril de 2004, Unión Hidalgo, Oaxaca. Binnizá Manuel Posada Chévez, integrante de la COCEI y del Concejo Ciudadano Unidalguense contra el PPP. Interceptado de noche por policías municipales y asesinado a puñaladas.

31 de diciembre de 2004, Ayotitlán, Jalisco. Nahua Nazario Aldana Villa, integrante del Concejo de Mayores y último juez tradicional de la Sierra de Manantlán. Asesinado a balazos en su comunidad.

11 de marzo de 2006, Cuzalapa, Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Nahua Francisco Concepción Gabiño Quiñonez, oponente a las actividades de la Mina Peña Colorada (propiedad de la multinacional italiana Ternium del Grupo Techint) y la introducción del Programa de Certificación en Comunidades (Procecom). Su cuerpo fue encontrado amarrado, degollado y con rastros de tortura.

13 de noviembre de 2006, Viejo Velasco, Ocosingo, Chiapas. Choles Filemón Benítez Pérez, Antonio Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz, integrantes de la organización Xi-Nich. Asesinados por elementos por la Policía Sectorial de Chiapas.

20 de abril de 2007, Rancho Viejo, Ayotitlán, Jalisco. Nahua Aristeo Flores Rolón, integrante del Concejo de Mayores de Ayotitlán. Emboscado y asesinado cuando llegaba a su hogar, de noche, luego de la reunión en que el Concejo acordaba acciones para echar a las mineras del territorio indígena.

26 de julio de 2008, Aquila, Michoacán. Nahua Diego Ramírez Domínguez, coordinador de la comisión especial que la asamblea general de comuneros nombró para la defensa y recuperación de la totalidad de las tierras de Santa María Ostula. Su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura.

15 de agosto de 2009, Santa María Ostula, Michoacán. Nahuas Simón Pineda Verdía y Simón Pineda hijo, comuneros e integrantes de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. Emboscados y asesinados.

11 de septiembre de 2009, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Quintín Regis Valdés, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

15 de septiembre de 2009, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Érik Nemesio Domínguez, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

27 de abril de 2010, La Sabana, San Juan Copala Oaxaca, Nu saavi Alberta Cariño Trujillo, impulsora de la autonomía de los pueblos indígenas, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos. Asesinada en una emboscada contra una caravana de ayuda humanitaria.

20 de mayo de 2010, Yosoyuxi, Copala, Oaxaca. Triquis Timoteo Alejandro Ramírez, líder natural de los pueblos triquis, fundador del MULT, el MULTI e impulsor del Municipio Autónomo en San Juan Copala, y Tleriberta Castro, impulsora de la autonomía y esposa de Timoteo. Fueron asesinados a machetazos en su casa, frente a sus hijos, por peronas que se habían hecho pasar por vendedores de abarrotes.

1 de enero de 2011, Santa María Ostula, Michoacán. Nahuas Ernesto Nicolás López y Pedro Nazario Domínguez, comuneros e integrantes de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaba en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios.

1 de febrero de 2011, Aquila, Michoacán. Nahua Pedro Guzmán Ramírez, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

20 de marzo de 2011, La Cofradía de Ostula, Michoacán. Nahuas Isidro Mora Domínguez y Feliciano Cirino Domínguez, comuneros e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. Interceptados y asesinados con armas de uso exclusivo de las Fuerza Armadas.

2 de mayo de 2011, Aquila, Michoacán. Nahuas Jonathan Verdía Gómez y Fortino Verdía Gómez, comuneros e integrantes de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. Fueron quedamos vivos.

13 de mayo de 2011, Aquila, Michoacán. Nahuas Ambrosio Verdía Macías y Francisco Verdía Macías, comuneros de Santa María Ostula. El primero, también integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. El segundo, director de la escuela primaria de Ostula.

28 de mayo de 2011, Aquila, Michoacán. Nahuas Nicolás de la Cruz Rojas y Rafael Nicolás de la Cruz Nemesio, padre e hijo, comuneros de Santa María Ostula. El primero, comandante del tercer grupo de la Guardia Comunal que recuperó las tierras de Xayacalan que estaban en poder de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

29 de mayo de 2011, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Juan Faustino Nemesio, comunero y comandante del segundo grupo de la Guardia Comunal que recuperó las tierras Xayacalan que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

10 de junio de 2011, Xayacalan, Ostula, Michoacán. Nahua Pedro Leyva Domínguez, comunero de Santa María Ostula integrante de Comisión de Defensa de los Bienes Comunales y de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

6 de junio de 2011, tierras de Santa María Ostula, Michoacán. Nahua J Trinidad de la Cruz Crisóstomo, líder comunero, comandante de la Guardia Comunal que recuperó las tierras que habían sido arrebatadas por narcotraficantes y “pequeños propietarios” y jefe de la encargatura de Xayacalan. Interceptado, secuestrado, torturado y asesinado por paramilitares.

28 de diciembre de 2011, La Ticla, Ostula, Michoacán. Nahua Crisóforo Sánchez Reyes, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. Torturado y asesinado en un campo de futbol de la comunidad.

18 de mayo de 2012, Aquila, Michoacán. Nahua Teódulo Santos Girón, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

17 de diciembre de 2012, San Lucas Camotlán, Oaxaca. Mixe Pablo Jarquín Ruiz. Asesinado por militares.

24 de abril de 2013, San Sebastián Bachajón, Chiapas. Tseltal Juan Vázquez Guzmán. Asesinado por defender el territorio.

30 de junio de 2013, San Antonio Las Palmas, Jocotepec, Oaxaca. Chinanteco Maximino Salas Hernández, presidente del Comisariado Ejidal de su comunidad e integrante de Fuerza Chinanteca Kia-nan. Asesinado a machetazos cuando reparaba la cerca de un potrero.

1 de agosto de 2013, Juchitán, Oaxaca. Binnizá Héctor Regalado Jiménez, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. Asesinado por elementos de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial y elementos de seguridad de la empresa Gas Fenosa.

21 de marzo de 2014, San Sebastián Bachajón, Chiapas. Tseltal Juan Carlos Gómez Silvano. Asesinado por defender el territorio.

2 de mayo de 2014, La Realidad, Chiapas. Tseltal José Luis Solís López, Galeano, integrante de la Junta de Buen Gobierno de La Realidad y votán de La Escuelita La Libertad según los Zapatistas. Asesinado de 2014 por integrantes de la CIOAC-H.

24 de septiembre de 2014, San Andrés Lovene, San Juan Ozolotepec, Oaxaca. Binnizá Jaime López Hernández, secretario del consejo directivo de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO). Fue asesinado de un disparon por la espalda cuando vistaba la tumba de su madre.

12 de enero de 2015, Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca. Triqui Julián González Domínguez, uno de los impulsores de la autonomía de San Juan Copala. Fue sacado de su domicilio por hombres armados; su cuerpo fue encomtrado horas después con las manos atadas por la espalda.

20 de octubre de 2015, Cerro Caliente, San Pablo Jocotepec, Oaxaca. Chinanteco Jeremías Mendoza Ramos, dirigente en la Cuenca del Papaloapan de la Unión Campesina Indígena de Oaxaca Emiliano Zapata (UCIO EZ). Fue emboscado cuando se dirigía a su domicilio.

5 de abril de 2017, Arantepacua, Michoacán. Purépechas Santiago Crisanto Luna, Francisco Jiménez Alejandre, José Carlos Jiménez Crisóstomo y menor de edad Luis Gustavo Hernández Cuenete. Asesinados con armas de fuego por policías del estado que irrumpieron en la comunidad.

8 de abril de 2017, San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. Binnizá Alberto Toledo Villalobos, activista contra la mineria y contra los altos cobros del serviici de la energía eléctrica. Fue intecreptado en un tramo carretero y torturado hasta morir.

16 de enero de 2018, Chilchota, Michoacán. Purépecha Guadalupe Campanur Tapia, originaria de la comunidad de Cherán y fundadora de la Ronda Comunitaria.

12 de febrero de 2018, carretera Puerto Angel-Oaxaca. Chontales de la Costa de Oaxaca Abraham Hernández González, Ignacio Basilio Ventura y Luis Ángel Martínez; el primero, coordinador regional y los segundos, integrantes del Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas. Emboscados por personas que portaban aermas de uso exclusivo de as Fuerzas Armadas.

17 de julio de 2018, San Pedro Pochutla, Oaxaca. Chontal de la Costa de Oaxaca Abraham Hernández González, coordinador rgional en la comunidad Los Ciruelos del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas. Fue sustraído de su domicilio por hombres armados. Su cuerpo se encontró horas después en Pochutla.

22 de julio de 2018, Juchitán, Oaxaca. Binnizá Rolando Crispín López.

25 de octubre de 2018, Barra de la Cruz, Santiago Astata, Oaxaca. Chontal de la Costa de Oaxaca Noel Castillo Aguilar, integrante del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas. Le dispararon con armas de fuego cuando se trasladaba en taxi rumbo a su domicilio.

17 de enero de 2019, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Choles Noé Jiménez Pablo y Santiago Gómez Álvarez, líder y militante, respectivamente, del Movimiento Campesino Regional Independiente, organización adherida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA MM). Secuestrado, torturado y asesinado.

20 de febrero de 2019, Amilcingo, Morelos. Nahua Samir Flores Soberanes, dirigente de la comunidad, uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos y delegado del Congreso Nacional Indígena. Asesinado con armas de fuego a las puertas de su domicilio.

12 de abril de 2019, San Luis Acatlán, Guerrero. Me’phaa Julián Cortés Flores, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

4 de mayo de 2019, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tsotsil Ignacio Pérez Girón, síndico indígena del municipio de Aldama, activista que denunció los ataques de paramilitares contra su comundad. Secuestrado, torturado y asesinado.

4 de mayo de 2019, Chilapa de Álvarez, Guerrero. Nahuas José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, concejal y delegado, respectiamente ante el Concejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena. A,bos integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipo EZ). Emboscados y asesinado cuando regresaban a sus comunidades luego de sostener una reunión en Chilpancingo.

23 de mayo de 2019, Chilapa de Álvarez, Guerrero. Nahuas Bartolo Hilario Morales, de la comunidad de Tula, e Isaías Xanteco Ahuejote, de la comunidad de Xicotlán. El primero era comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria Pueblos Fundadores y el segundo, integhrante de la misma organización. Ambos eran promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipo EZ). Fueron secuestrados y sus cuerpos fueron encontradoos descuartizados.

31 de mayo de 2019, Zacualpan, Comala, Colima. Joven nahua asesinado por hombres armados que irrumpieron en la comunidad.

Telcruz, Ayotitlán, Jalisco. Nahuas Juan Monroy y José Luis Rosales. Perseguidos por talamontes y asesinados a balazos.

Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Feliciano Corona Cirino, comunero e integrantes de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

 

Desaparecidos

23 de febrero de 2010, Aquila, Michacán. Nahuas Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orcino, comuneros de Santa María Ostula. Fueron levantados a las 15:30 de un restaurante, luego de que habían sostenido una reunión del Cabildo municipal.

20 de abril de 2010, Palma Sola, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Francisco de Asís Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, organizador de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad que habían sido ocupadas por narcotraficantes y “peqeños propietarios”. Fue levantado de su domcilio por un grupo de personas que porraba armas de uso exclusivo de laas Fuerzas Armadas.

8 de abril de 2011, El Ranchito, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua menor de edad Enrique Domínguez Macías. Fue levantado de su domicilio por un grupo de peronas armadas.

22 de octubre de 2012, Sierra de Manantlán, Jalisco. Nahua Celedonio Monroy Prudencio, originario de la comunidad Loma Colorada del ejido de Ayotitlán. Ocho supuestos policías ministeriales irrumpieron en su domicilio y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Octubre de 2012, Sierra de Manantlán, Villa Purificación, Jalisco. Nahua Agustín Mancilla Partida.

20 de diciembre de 2012, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nahuas Flavio Granados Llanos y Cornelio Viveros Benvides, originarios de San Francisco Agua Fría, Tatahuicapan, Veracruz.

23 de marzo de 2013, Ciudad de México. Migrante indígena de Oaxaca Teodulfo Torres Soriano.

1 de diciembre de 2013, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Martín Santos, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comnidad que estaban en poder de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

24 de agosto de 2018, San Pablo Zoquitán. Puebla. Nahua Sergio Rivera Hernández, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y del movimiento de comunidades en resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzalá. Fue perseguido y capturado por hombres armados en un tramo carretero.

Fuente original: https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/06/17/la-guerra-contra-el-congreso-nacional-indigena/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=257361

 

 

Debemos, abajo y a la izquierda, rechazar la consigna de "batalla de ideas" y sustituirla por un proceso de encuentro de una creciente mayoría de nosotros con las comunidades y pueblos pertenecientes a las oficializadas como "zonas de sacrificio". En este camino anda:

"El ecosocialismo que se diferencia de las intenciones, deseos piadosos y asistencialistas reactivos a la emergencia con las víctimas de las desastrosas, e incluso mortales, consecuencias medioambientales del desarrollo capitalista, rechazar la invocación a principios abstractos de reglamentación social e idealizaciones románticas de tiempos pasados de la humanidad; para, en cambio, fundamentarse en las posibilidades que ofrecen el desarrollo de las contradicciones capitalistas y la descarnada realidad de la lucha de clases.

La situación que actualmente padecen los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví en la V región se suma a otros hechos de similar naturaleza que han afectado a distintas localidades del país en los últimos años (Freirina, Chiloé). El común denominador de todos ellos responde a la anatomía específica que el desarrollo del capitalismo en Chile le ha impuesto a la actividad económica.

Históricamente, y liberado de toda traba bajo la fase neoliberal, la incesante búsqueda de ganancias ha llevado al gran capital en Chile a afincarse en la explotación rentista de recursos naturales: minería, pesca, acuicultura, actividad forestal, agroindustria, etc., las cuales le han permitido extraordinarios y permanentes niveles de rentabilidad.

Complementariamente, y parte del mismo complejo industrial, se ha instalado paralelamente a dichas actividades una industria manufacturera procesadora de recursos naturales de escaso valor agregado y altamente contaminante: fundiciones, plantas de procesamiento de pescado y elaboración de celulosa, etc.

 

 

 

 

“Zonas de sacrificio”, acción política de clase

y ecosocialismo

10 de septiembre de 2018

 

Por Maximiliano Rodríguez (Rebelión)

Existe la idea en la izquierda de que la problemática medioambiental es una cuestión ajena a las clases sociales. Pareciera que compete a la ciudadanía, a la humanidad, a las personas conscientes, etc. Los más fieles a la ortodoxia, admitiendo la existencia de estas, pero al no calzar con sus representaciones idealizadas, argumentan que en este tipo de problemáticas dichas diferencias se diluyen, adquiriendo un carácter indeterminado, “aclasista”.

Por el contrario, sostenemos que la problemática medioambiental es una cuestión que involucra especialmente a las distintas clases sociales. Ninguna solución puede existir al margen de estas, y de sus respectivos intereses y proyectos. Y aún más, en el estadio actual del capitalismo global, la problemática medioambiental no es sino una expresión de “la lucha de clases realmente existente”.

Esta es una contradicción del capitalismo que emplaza directamente a la moderna clase obrera. Golpea sus condiciones de vida, y abre espacio para su constitución como actor político con capacidad de acción colectiva propia, y posibilidad de organizar y aunar extensos sectores populares tras un proyecto de transformación social.

La izquierda tiene que tomar nota respecto de las nuevas realidades que impone la actual etapa del capitalismo y las formas que adopta la lucha de clases, y debe dar cuenta de estas en lo político-programático. En el asunto medioambiental, el desafío está en la formulación de un ecologismo obrero. O sea, un ecologismo que se asiente en la moderna clase trabajadora y que además se inserte en el proyecto emancipador histórico de esta clase: el socialismo.

Este ecosocialismo tiene que diferenciarse de las intenciones, deseos piadosos y asistencialistas reactivos a la emergencia con las víctimas de las desastrosas, e incluso mortales, consecuencias medioambientales del desarrollo capitalista, rechazar la invocación a principios abstractos de reglamentación social e idealizaciones románticas de tiempos pasados de la humanidad; para, en cambio, fundamentarse en las posibilidades que ofrecen el desarrollo de las contradicciones capitalistas y la descarnada realidad de la lucha de clases.

 

Las “zonas de sacrificio” del capitalismo chileno

La situación que actualmente padecen los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví en la V región se suma a otros hechos de similar naturaleza que han afectado a distintas localidades del país en los últimos años (Freirina, Chiloé). El común denominador de todos ellos responde a la anatomía específica que el desarrollo del capitalismo en Chile le ha impuesto a la actividad económica.

Históricamente, y liberado de toda traba bajo la fase neoliberal, la incesante búsqueda de ganancias ha llevado al gran capital en Chile a afincarse en la explotación rentista de recursos naturales: minería, pesca, acuicultura, actividad forestal, agroindustria, etc., las cuales le han permitido extraordinarios y permanentes niveles de rentabilidad.

Complementariamente, y parte del mismo complejo industrial, se ha instalado paralelamente a dichas actividades una industria manufacturera procesadora de recursos naturales de escaso valor agregado y altamente contaminante: fundiciones, plantas de procesamiento de pescado y elaboración de celulosa, etc.

Bajo esta modalidad de acumulación se han configurado zonas enteras en que, en el altar del crecimiento económico, sus habitantes son población sacrificable. Si bien no se reconoce oficialmente, para nadie es un misterio que para las propias autoridades hay zonas del país cuya población debe cargar con los costos medioambientales que el capitalismo chileno genera, incluso a costa de su propia salud. Son las denominadas “zonas de sacrificio”.

Entre estas comunas se encuentran: Tocopilla, Mejillones y Huasco en zona la norte; Quintero, Puchuncaví y Titil en el centro; y Coronel y Hualpén en el centro-sur del país. Ocho en total.

 

Trabajadores y zonas de sacrificio

Habitan en estas comunas unas 330 mil personas. Población con altos contingentes de pobreza, que la expone al chantaje económico del gran capital y sus representantes que les prometen empleos y mejores condiciones de vida.

Desde el punto de vista de la composición social destaca el marcado sesgo hacia las clases populares de su población, con especial predominancia obrera. Si a nivel nacional la clase obrera, con su grupo familiar incluido, se acerca al 44% de la población total, en las zonas de sacrificio esta proporción se eleva al 54%.

El 51% de ocupados que habitan en las zonas de sacrificio laboran como obreros, mientras que a nivel nacional es un 42%. Una proporción importante de estos (42%) se desplaza cotidianamente fuera de estas áreas. De este modo, con el flujo de obreros que habita en estas zonas y que se desplaza a trabajar fuera y aquel que, habitando fuera, se desplaza hacia dichas comunas, se tiene que un poco más de dos tercios (70%) de la clase obrera que se desempeña en las zonas de sacrificio corresponde a población lugareña, mientras que el resto es una población obrera “foránea”.

 

Las clases sociales ante la cuestión medioambiental

La cuestión medioambiental cruza transversalmente a la sociedad chilena, y seguramente irá cobrando mayor fuerza con el correr de los años.

Sus impactos son tales que obligan a las distintas clases sociales a tomar posición. Particularmente amplios sectores de las clases medias se sensibilizan con el tema, que puede llegar a constituirse en uno de los elementos para nuevos arreglos institucionales en el sistema de dominación burguesa. Arreglos que busquen encausar “racionalmente” la actividad de los capitales individuales en pos de garantizar la sostenibilidad general de la acumulación.

Las clases populares, en tanto, son impulsadas a la acción ante la desesperación por el deterioro de sus condiciones de vida y salud, llegando incluso a la pérdida de sus fuentes laborales y de sustento (pescadores artesanales, trabajadores de la industria salmonera).

Para la clase obrera, que sufre con particular fuerza las consecuencias del daño ambiental, esta lucha se constituye en otro espacio de su acción contra el capital. Un ámbito más de su experiencia como actor político.

Casos como los de Quintero y Puchuncaví literalmente constituyen para la clase obrera, una cuestión de vida o muerte. El capitalismo le pone ante una disyuntiva sin solución posible en este sistema de dominación político y económico. Las únicas alternativas reales dentro sus límites son simplemente una muerte lenta por envenenamiento o la miseria por falta de trabajo.

 

La alternativa socialista

El desastre ecológico es la expresión de las contradicciones que desgarran globalmente al capitalismo contemporáneo. Su solución demanda que la naturaleza de dicho régimen social sea cambiada. Se requiere que la producción adquiera una forma social distinta a la capitalista, una socialista.

Solo la socialización de los medios de producción podrá poner a funcionar a la economía bajo un plan global que aproveche los avances científico-técnicos disponibles. Posibilitará además la puesta en práctica de patrones de producción y consumo socialmente racionales y que garanticen los equilibrios ecológicos, despojándolos a su vez del estrecho y peligroso marco al que los constriñe la incesante búsqueda de ganancias.

La solución de la cuestión medioambiental, por tanto, se inscribe necesariamente dentro del proyecto emancipador de la clase obrera. No hay otro actor que pueda dar una respuesta real y definitiva al problema.

 

Consideraciones para una política ecosocialista

Algunas consideraciones acerca del ecosocialismo como programa político de los trabajadores.

- Renovación programática de la izquierda

Una de los asuntos que el desastre ecológico del capitalismo ha desnudado con particular crudeza es la obsolescencia del programa industrialista levantado por la izquierda durante el siglo XX. La industrialización ha dejado de ser una demanda revolucionaria en tanto que lo que hoy enfrenta la clase obrera no es la pobreza derivada de la falta de desarrollo industrial capitalista, sino de las consecuencias que este último impone sobre sus condiciones de vida.

Ya nada soluciona que la producción pase del capital privado al Estado, para que este a su vez emule y sustituya a la burguesía como agente del desarrollo económico. De hecho, precisamente los sucesos de Quintero y Puchuncaví han develado la responsabilidad de empresas modélicas de la fase desarrollista del capitalismo chileno.

Si alguna vez el desarrollismo burgués y el socialismo pudieron haber tenido puntos en común en sus respectivas agendas programáticas, hoy ya no. Para efectos de la acción política de la clase obrera, deben quedar claramente diferenciados el capitalismo de Estado del socialismo.

 

El industrialismo no constituye una opción ecológicamente viable. La reciente emergencia de nuevas potencias industriales ha demostrado que si se replicara el patrón de desarrollo de los capitalismos desarrollados las consecuencias medioambientales serían insostenibles. No resulta ecológicamente factible que los países monten individualmente una industria propia a escala nacional a imagen y semejanza de los grandes centros de la acumulación mundial.

Por lo mismo, el ecosocialismo requiere una perspectiva internacional. La racionalización de los procesos de producción y consumo que éste implemente no podrán ser completos si no se llevan a cabo en un marco que traspase las fronteras nacionales, y bajo el principio de una nueva división internacional del trabajo que aproveche racionalmente el actual desarrollo de las fuerzas productivas. La tragedia medioambiental encontrará una solución sostenible y definitiva solo con la integración económica de las naciones basada en la complementariedad socialista, en oposición a la actual integración de competencia capitalista.

- Conciencia y acción de clase

Otro de los elementos que ha evidenciado la situación de las zonas de sacrificio ambiental en Chile es la separación que enfrenta la clase obrera en relación al lugar de trabajo con el que ella y su núcleo familiar habitan. A partir, entonces, de esta separación relativa entre las condiciones de vida y las condiciones salariales-laborales, las cuales no tienen por qué tener una conexión directa entre sí, bien pueden originarse comportamientos diferenciados -y hasta contradictorios- en el seno de esta.

Precisamente una de las potencialidades de la problemática medioambiental para la clase obrera es la necesidad que se le plantea a crecientes contingentes de esta de elevarse por sobre la conciencia corporativista-sindical /1, y confluir además en la acción con otras clases populares.

 

- Independencia de clase

Finalmente, las organizaciones de izquierda que actúen en el seno de los trabajadores deben ante todo velar por preservar su independencia de clase. Esclarecer a ojos de estos los distintos intereses en juego con el fin de que no terminen siendo usados como elemento de fuerza en las pugnas inter burguesas. Evitar que la clase obrera se desgaste y divida inútilmente librando una guerra que no es la suya.

www.puntofinalblog.cl


1/De hecho, fue Marcos Varas, presidente del sindicato de ENAP, quien rápidamente salió a deslindar responsabilidades de la estatal en la crisis de Quintero y Puchuncaví. Sibilinamente esgrimió la condición estatal en defensa de esta, deslizando supuestos intereses privatizadores tras las voces del gobierno que la señalaban como responsable. Cabe recordar que los gobiernos corporativos de ENAP y Codelco contemplan la presencia de representantes sindicales en sus respectivos directorios. Varas es precisamente, a parte de presidente del sindicato, miembro del directorio de ENAP.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246255

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

 

Nos urge, abajo y a la izquierda, destapar que las elecciones nos hacen cómplices del crecimiento raudo en:

Las víctimas colaterales del “progreso” económico

9 de agosto de 2018

 

Por Homar Garcés (Rebelión)

 

Como parte del sentido común y de la vida cotidiana, la realidad ilusoria y deformada de las ventajas materiales individuales -propiciada por la gran industria ideológica que resalta los valores capitalistas- impulsa a mucha gente alrededor del mundo a emigrar de sus países natales en búsqueda de unas mejores y más seguras condiciones de vida. Esto se ve año tras año en la frontera que separa a Europa de África o en la que separa a Estados Unidos de nuestra América, lugares donde comúnmente acontece una infinidad de situaciones que condenan a los inmigrantes (indocumentados, para mayor precisión) a la detención, la deportación y, en el peor de los casos, la muerte sin dolientes, incluyendo a niños, como se pudo apreciar mediante las imágenes difundidas a nivel global en relación con el trato dispensado a los hijos de inmigrantes retenidos por las autoridades de Estados Unidos, siendo colocados en jaulas cual si se tratara de animales.

Esto comprueba, además, el grado en que el modo de producción -como régimen de producción y reproducción de la vida social- ha marcado, cual hierro candente, la mentalidad de muchas personas (hasta podrá afirmarse que al cien por ciento de la humanidad), por lo cual se esmeran en hallar un trabajo asalariado de mejor remuneración, al margen de cualquiera otra consideración que supondría despojarse de la falsa conciencia que poseen. Ello está acompañado por el comportamiento asumido en la actualidad por el Estado en muchas naciones del mundo al privilegiar la protección de los intereses supremos de las grandes corporaciones transnacionales más que la de sus propios ciudadanos, a quienes les reserva una situación de represión y militarización en previsión de exigencias económicas y políticas que hostilicen su nuevo rol al servicio del capital. Algo, por cierto, nada excepcional, en vista de sus antecedentes históricos, pero que ahora se cumple con una mayor notoriedad y desparpajo.

Como se extrae de la afirmación hecha por Zygmunt Bauman en el libro ‘Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias’, “refugiados, desplazados, solicitantes de asilo, emigrantes, sin papeles, son todos ellos los residuos de la globalización. No obstante, no se trata de los únicos residuos arrojados en cantidades crecientes en nuestros tiempos. Están también los residuos industriales ‘tradicionales’, que acompañaron desde el principio a la producción moderna. Su destrucción presenta problemas no menos formidables que la eliminación de residuos humanos, cada vez más horrorosos, y por razones muy similares: el progreso económico que se propaga por los rincones más remotos del ‘saturado’ planeta, pisoteando a su paso todas las formas restantes de vida alternativas a la sociedad de consumo”.

Para los dueños del capital, estas víctimas colaterales del “progreso” económico, en un sentido amplio, solo tendrían algún derecho a existir siempre y cuando estén impregnados (y así lo hagan ver, sin disidencia alguna) de la visión e intereses de los sectores dominantes. Es lo que ocurre en diversas naciones, incluyendo las periféricas, con gentes de toda edad, deambulando en las calles, sin atención social. Así, junto a los graves efectos de la depredación sufrida año tras año por la naturaleza a nivel mundial, hay que considerar también lo equivalente respecto a las personas excluidas por este “progreso”. A fin de evitar su multiplicación negativa, la misma dinámica socioeconómica del sistema capitalista globalizado impone la necesidad de construir unas nuevas formas de vivir y de comprender la vida, además de nuevas institucionalidades que tengan por fundamento una mayor expresión de democracia; todas las cuales, en conjunto, representarían abrir caminos a una nueva clase de sociedad. Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=245101

 

Reconozcamos que compartimos desafíos de buenos vivires convivires en todo el planeta con los pueblos europeos y norteamericanos (estadounidenses, canadienses) para superar la crisis civilizatoria en que el capitalismo nos subsume hasta amenazar de extinción a las vidas planetarias.

 

 

ReCommonsEurope : Manifiesto por un nuevo internacionalismo de los pueblos en Europa

23 de mayo de 2019 

Texto colectivo presentado por más de 160 co-firmantes

 

Por Eric Toussaint , Esther Vivas , Catherine Samary , Mikel Noval , Sergi Cutillas , Janire Landaluze , Daniel Albarracín , Tijana Okic , Pablo Cotarelo , Nathan Legrand , Alexis Cukier , Jeanne Chevalier , Yayo Herrero , Walter Actis

 

Este texto es la versión reducida del «Manifiesto por un nuevo internacionalismo de los pueblos en Europa» publicado el 21 de marzo de 2019 en inglés, francés y castellano.

 

Este Manifiesto ha sido elaborado por un colectivo de activistas e investigadores de una docena de países europeos cuya voluntad es la de proponer un plan que pudiese ser implementado por fuerzas de la izquierda popular. Forma parte del proyecto «ReCommonsEurope» iniciado por dos redes internacionales, CADTM y EReNSEP, así como por el sindicato vasco ELA, con el fin de contribuir a los debates estratégicos que atraviesan a la Izquierda popular en la Europa actual. El texto fue escrito en un año por dieciséis personas activas en seis países diferentes (Bélgica, Bosnia, Estado español, Francia, Grecia y Gran Bretaña), activistas de diferentes organizaciones y movimientos (sindicatos, partidos políticos, movimientos de activistas) y con conocimientos diversos y complementarios (economía, ciencias políticas, filosofía, antropología, derecho, ecología, sindicalismo, feminismo, solidaridad Norte/Sur, etc.). Están representadas tres generaciones. El Manifiesto cuenta con el apoyo de más de 160 firmantes de 21 países europeos. De estas y estos 160 firmantes, la mayoría son mujeres. La recogida de firmas, así como la reflexión y elaboración colectivas de las que ha surgido este Manifiesto, continúan Hemos elaborado una propuesta coherente sobre los compromisos, iniciativas y medidas que deben adoptar las fuerzas populares de izquierda en Europa. Las propuestas abordan los principales problemas a los que tendrá que hacer frente un gobierno popular tan pronto como llegue al poder. El Manifiesto está dirigido a organizaciones políticas y movimientos sociales (sindicatos, asociaciones, ciudadanos) que luchen a nivel local, nacional e internacional por los derechos humanos fundamentales y la igualdad para todas y todos, por la emancipación social y la democracia, y contra la destrucción de los ecosistemas.

Nuestro objetivo es el de someter estos análisis y propuestas al debate de la izquierda social y política, así como de todos las y los activistas y ciudadanos de Europa que están convencidas y convencidos de que es necesario un cambio radical si queremos hacer frente a los grandes retos del momento. Europa atraviesa una crisis importante y prolongada. La Unión Europea sigue construyéndose de forma antidemocrática y al servicio de los más ricos. En los últimos años se han perdido varias oportunidades, especialmente en 2015 en Grecia. La crisis ecológica, las violentas políticas de austeridad, el peligro que representa el ascenso de una extrema derecha racista y xenófoba hacen que sea aún más urgente definir una estrategia que combine la autoorganización, los movimientos sociales y las organizaciones políticas, con el fin de poner la política al servicio de la mayoría.

 

Introducción

Desde hace una década, la ira popular se ha ido expresando en Europa contra las políticas que sirven a las empresas más grandes y más ricas, así como contra las medidas discriminatorias y antidemocráticas implementadas por los gobiernos nacionales, a menudo coordinadas por la Unión Europea (UE). Este descontento se ha reflejado en iniciativas sindicales, pero también en nuevos movimientos como el «15-M» en el Estado español (también llamado movimiento de los “Indignados«en el extranjero), la ocupación de plazas en Grecia y las masivas manifestaciones en Portugal en 2011, los movimientos contra la reforma laboral en Francia (creador del movimiento»Nuit Debout «) y contra el impuesto sobre el agua en Irlanda en 2016, las grandes manifestaciones a favor de la autonomía y contra la represión política en Cataluña en 2017. Las luchas feministas han dado lugar a movilizaciones históricas en Polonia (»Czarny Protest«contra la ley antiaborto en 2017), Italia (»Non Una di Meno«desde 2016), en el Estado español (con una huelga feminista de 5 millones de mujeres el 8 de marzo de 2018), así como a una victoria contra la influencia política de la Iglesia Católica en Irlanda con la legalización del aborto por referéndum en mayo de 2018, y están imponiendo finalmente su centralidad en todas las luchas sociales.

El año 2018 fue testigo del surgimiento de nuevas movilizaciones sociales contra el orden económico y político dominante, con, por ejemplo, el movimiento contra la»ley de la esclavitud«(una reforma neoliberal de la legislación laboral) en Hungría, y el crecimiento del movimiento antirracista llamado»Indivisible«en Alemania, y en Francia y la Bélgica francófona, el movimiento de los Chalecos Amarillos, que se opone especialmente a las políticas fiscales injustas y a la falta de democracia en las instituciones políticas. Sin olvidar también de las manifestaciones ecologistas por el clima, organizadas por jóvenes que han llamado a la huelga en muchos países como Suecia, Dinamarca, Suiza, Bélgica, Francia y Gran Bretaña. Todos estos y muchos otros movimientos, han desafiado la austeridad y la orientación autoritaria de las políticas en Europa, planteando, directa o indirectamente, la necesidad de un proyecto de sociedad radicalmente alternativo al capitalismo, al productivismo, al saqueo ecológico, al racismo y al patriarcado. Este Manifiesto se inscribe en estos movimientos y comparte sus objetivos: la lucha contra todas las opresiones, por los derechos de todas y todos, por la igualdad y por la invención de una democracia que no se detenga en las puertas de las empresas y de los barrios obreros, y que sea radicalmente antinómica con la lógica capitalista (ya pretenda ser»proteccionista«y, por lo tanto, contra los»extranjeros«, o»liberal") que destruye tanto los derechos sociales como el medio ambiente.

Este Manifiesto se inscribe en el seno de movimientos sociales indisociables de las urgencias sociales, ecológicas, democráticas, feministas y por la solidaridad.

Estos movimientos sociales son inseparables de la situación de emergencia social, ecológica, democrática, feminista y solidaria. Una emergencia social porque las condiciones de vida y de trabajo de las clases trabajadoras en Europa se han deteriorado de forma constante en los últimos treinta años, y de forma más acelerada desde la crisis que golpeó al continente en 2008-2009. Una emergencia ecológica porque el consumo exponencial de combustibles fósiles que requiere el capitalismo y la relativa destrucción de los ecosistemas, amenazan la existencia misma de la humanidad. Emergencia democrática porque las clases dominantes no han dudado en adoptar en los últimos treinta años métodos de dominación cada vez menos preocupados por mantener las apariencias democráticas y cada vez más coercitivos, en respuesta a los desafíos a los que se han enfrentado. Urgencia feminista porque la opresión patriarcal en sus diversas formas está provocando reacciones de rechazo cada vez más masivas proclamadas alto y claro por millones de mujeres y hombres. Por último, existe una necesidad emergencia de solidaridad, porque el cierre de las fronteras y la construcción de muros en respuesta a los millones de personas migrantes en todo el mundo que huyen de la guerra, la pobreza, los desastres ambientales o los regímenes autoritarios, no constituyen más que una negación de la humanidad. Cada una de estas emergencias conduce, como respuesta, a que existan movilizaciones de desobediencia, auto-organización y construcción de alternativas, todas ellas posibles fuentes de alternativas democráticas en Europa.

En este Manifiesto, nuestra reflexión y nuestra voluntad de actuar están enraizadas en estas movilizaciones a escala europea, pero sin encerrarnos en las fronteras e instituciones existentes: todos los retos y derechos mencionados tienen una dimensión global, declinándose en cada país y en cada continente, con sus propias especificidades e historias. Los ataques sociales se articulan de lo local a lo global a través de las estrategias de las corporaciones multinacionales y sus grupos de interés dentro de los estados e instituciones de la globalización capitalista, basadas en las normas del llamado «libre comercio». De hecho, es esta lógica la que rige las «acuerdos de asociación» profundamente desiguales que la UE está desarrollando con los países del sur y del este de la zona europea.

Las instituciones europeas incitan y a veces obligan a los gobiernos nacionales a acelerar en cada país los procesos de bajada de salarios y de pensiones, de desmantelamiento de los derechos laborales y sociales, de privatización de los servicios públicos. 

Las instituciones europeas desempeñan un papel esencial en la elaboración, la organización y la coordinación de las políticas neoliberales a nivel internacional. Alientan y a veces obligan a los gobiernos nacionales a acelerar en cada país los procesos de bajada de salarios y pensiones, el desmantelamiento de los derechos laborales y sociales, la privatización de los servicios públicos, etc. Es evidente que las políticas neoliberales no son dictadas únicamente por las instituciones europeas -de hecho, los países que no forman parte de la UE también las aplican-, pero es cierto que los tratados y las instituciones son un poderoso instrumento para fomentarlas y hacerlas cumplir. Sean cuales sean las interpretaciones que se puedan hacer de las fases pasadas del proceso de «integración europea», es evidente que la UE siempre ha sido un conjunto de instituciones pro-capitalistas, y que desde el Tratado de Roma se ha construido como un gran mercado de capitales y una «competencia libre y sin distorsiones», protegida de la intervención popular y democrática. Pero su reciente evolución ha radicalizado esta naturaleza desigual y autoritaria de las políticas europeas. Este último período se caracteriza por un aumento considerable de las desigualdades económicas y sociales, tanto dentro de cada país como entre el centro y las periferias internas y externas (sur y este) de la UE; también se caracteriza por un agravamiento de la crisis ecológica: el cambio climático y las denominadas catástrofes naturales, provocadas por la destrucción de los ecosistemas, que se observan de forma intensa y continua. Sin embargo, las instituciones europeas prefieren sistemáticamente salvaguardar la existencia del capitalismo antes que la existencia de la humanidad.

Enfrentados a un agravamiento de la crisis ecológica, las instituciones europeas prefieren salvar de forma sistemática la existencia del capitalismo antes que la de la humanidad.

La respuesta de la mayoría de los gobiernos a los crecientes movimientos de protesta consiste en aumentar el nivel de represión estatal: se amenaza a opositores sociales y políticos en Grecia, en Francia y Bélgica se suceden las leyes liberticidas y la violencia policial se multiplica, se criminaliza a las y los activistas de los movimientos por la acogida y la solidaridad con los inmigrantes, etc. Las fuerzas de extrema derecha, xenófobas y autoritarias están avanzando de forma significativa hasta el punto de participar en gobiernos europeos (como por ejemplo en Italia), o de marcar la agenda política de los gobiernos de «extremo centro» (como es el caso en Francia). Las instituciones europeas, por su parte, nunca habían estado protegiendo tan activamente los intereses capitalistas y nunca han estado tan cerradas ante cualquier intervención de la voluntad popular y la elección democrática como en estos últimos años. En Grecia, respondieron con una política de asfixia monetaria (agotamiento de la liquidez del Estado) ante la victoria electoral de Syriza en enero de 2015 y luego, tras la victoria del «NO» en el referéndum de julio de 2015, continuaron las negociaciones a puerta cerrada con el mismo Gobierno en vistas a neutralizar la voluntad popular e imponer, con la ayuda del Gobierno griego, un tercer memorando austeritario. Con los acuerdos sobre políticas migratorias firmados entre la UE y terceros países, como el acuerdo con Turquía de abril de 2016, estas instituciones se han sumado a la injusticia del Reglamento Dublín III y a la violencia de Frontex (la agencia para la represión de los inmigrantes en las fronteras de la UE), a la violación sistemática del derecho internacional, en especial el derecho al refugio, y a la financiación directa de una política represiva externalizada a terceros países. Hoy en día, los proyectos dominantes para la «reforma» de la UE son militaristas (aumento del presupuesto de Euroforce), antidemocráticos (control europeo automático de los presupuestos nacionales) e incluso aún más neoliberales (proyectos para la privatización generalizada de los servicios públicos). Para esta UE, más que nunca, «no puede haber una opción democrática contra los tratados europeos», como afirmó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en 2015, desde el punto de vista de las instituciones europeas.

Frente a esta construcción pro-capitalista, antidemocrática y xenófoba que representa la UE, ¿qué podemos hacer? Una reforma a escala europea por la vía electoral no es una opción realista. Una (muy) hipotética mayoría de una coalición de la izquierda popular en el Parlamento Europeo no bastaría para imponer un cambio en los principales tratados y control democrático de la Comisión Europea y del BCE, que son las dos principales máquinas de guerra del neoliberalismo en Europa. El Parlamento no tiene las prerrogativas necesarias para tales reformas, y el BCE, la Comisión Europea, así como el TJCE y las diversas agencias europeas se han vuelto absolutamente autónomas con respecto a la soberanía popular. Y una elección simultánea de gobiernos que pretendan reformar la UE en la casi totalidad de los Estados miembros también parece ilusoria, aunque sólo sea por los diferentes calendarios y ciclos electorales. La Unión Europea no es hoy únicamente uno de los líderes mundiales del neoliberalismo, sino que también es un conjunto de instituciones irreformables, razón por la cual una izquierda transformadora de la sociedad no podrá seguir siendo creíble y realista sin que ponga en el centro de su estrategia la ruptura con los tratados e instituciones de la Unión Europea.
Pero, ¿qué forma debería tomar esta ruptura? Sabemos que no puede consistir en negociaciones que busquen el consenso sin un equilibrio de poder con las instituciones europeas, como ha demostrado claramente la experiencia del primer Gobierno de Syriza en 2015. También sabemos que las rupturas políticas deben basarse necesariamente en movilizaciones sociales a gran escala. Estas movilizaciones fueron cruelmente insuficientes en Grecia a principios de 2015, y podrían haber ayudado a orientar la campaña de Brexit en una dirección diferente a la nacionalista y xenófoba que lamentablemente prevaleció en Gran Bretaña en 2016. En otras palabras, la violación de los tratados e instituciones de la Unión Europea debe estar basada en el conflicto social además de tener un carácter democrático e internacionalista. Este Manifiesto defiende la necesidad y la posibilidad de 
oponerse a la vez a fuerzas y políticas desiguales y reaccionarias (ya se presenten como “liberales” o como “proteccionistas”) a nivel nacional, europeo e internacional, basadas tanto en la iniciativa de las y los ciudadanos y los movimientos sociales organizados como en la acción de un gobierno popular que defienda los derechos para todas y todos.

Es necesario y posible de oponerse al mismo tiempo a las fuerzas y políticas desiguales y reaccionarias a nivel nacional, europeo e internacional.

Sin embargo, hará falta que lo que en Europa se conoce como «izquierda popular» pueda estar a la altura de las circunstancias. Hasta la fecha, todos sus componentes carecen cruelmente de claridad y valentía en su relación con las instituciones europeas, de radicalidad y ambición en las propuestas políticas que defienden, y de apoyo popular debido a su desconexión con los movimientos sociales que, desde abajo, desafían el orden existente. Es hora de debatir, a nivel local, nacional e internacional, sobre medidas e iniciativas realistas y radicales, cuya aplicación permita realmente satisfacer las necesidades sociales, garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y hombres que residen en Europa o desean establecerse en ella, mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, conquistar el poder democrático y comenzar a superar el capitalismo, emprendiendo la transición ecológica.

Los capítulos de este Manifiesto están concebidos como propuestas para el debate, fruto de una reflexión orientada tanto hacia acciones inmediatas como hacia el largo plazo. Se dirigen a ciudadanas y ciudadanos y activistas, de la izquierda social, sindical y política de los distintos Estados miembros o que estén en la órbita de la UE, presentando para el debate diagnósticos y propuestas que los movimientos sociales y las fuerzas de izquierda que pretenden constituir un gobierno popular podrían defender conjuntamente. En esta versión reducida -que no sustituye a la versión completa- se incluye primero una presentación general del recorrido del Manifiesto y luego un resumen de cada uno de los capítulos, centrado en las propuestas presentadas para su discusión y orientado a la acción.

 

En el capítulo 1 se someten al debate los principios, estrategias e instrumentos para alcanzar los citados objetivos y aplicar esas propuestas. Se propone responder a esta pregunta: ¿Qué debe hacer un gobierno popular en los primeros días y meses de su actividad? Al igual que los capítulos siguientes, distingue y enumera las medidas inmediatas, a medio y largo plazo que deben adoptarse en los planos nacional e internacional. Los siguientes capítulos contienen propuestas relativas a:

 la deuda pública, de la cual debe ser abolida la parte ilegítima, ilegal, odiosa e insostenible (Capítulo 2);

 los bancos, que deben ser socializados como parte de un servicio bancario público que ponga el dinero al servicio de las necesidades básicas y no de la acumulación de beneficios (capítulo 3);

 el empleo y los derechos sociales, que deben ser desarrollados y reinventados para mejorar las condiciones de vida y ganar poder democrático sobre los medios y la finalidad del trabajo (Capítulo 4);

 la transición energética y ecológica, que debe ser implementada con urgencia para detener la destrucción de los ecosistemas e inventar nuevas formas de vida sostenibles (Capítulo 5);

 Las luchas feministas, que deben estar en el corazón de un proyecto radicalmente democrático y ser transversales en todas las luchas sociales y políticas (capítulo 6);

 la educación y la salud, que deben ser defendidas como derechos fundamentales, desarrollados y extendidos a todas y todos como servicios públicos, en contra de su mercantilización y degradación en curso (Capítulo 7);

 la política internacional y las migraciones, que deben estar orientadas en la práctica hacia la realización de los derechos fundamentales de todas y todos, la paz y la solidaridad entre los pueblos (Capítulo 8).

El capítulo 9, al igual que el primero, propone principios, estrategias y herramientas para lograr los objetivos presentados. Su objetivo es el de responder a la pregunta siguiente: ¿qué hacer frente a la hostilidad y a los obstáculos impuestos por las instituciones europeas? Presenta un enfoque de desobediencia (en todos los niveles territoriales), de confrontación (incluyendo herramientas defensivas y ofensivas), de ruptura (de diferentes posibles maneras) y plantea el desafío de la reconstrucción de alianzas y procesos constituyentes para establecer formas democráticas y de cooperación internacional, alternativas a las de la UE.

La soberanía popular no puede construirse si no se ataca a las formas actuales de las instituciones políticas, a nivel nacional, europeo e internacional y creando sobre la base de la autoorganización de nuevas instituciones democráticas.

 

Nuestro campo social debe rechazar tanto los planes irrealistas de reforma institucional de las instituciones europeas, que en última instancia solo refuerzan el statu quo, como los planes nacionales de retirada, que solo conducen al fortalecimiento del capitalismo nacional. Una fuerza de izquierda que pretenda aspirar a ser un gobierno popular y emprender cambios sociales inmediatos debe comprometerse a desobedecer a las instituciones de la UE, a romper con su funcionamiento normal, a defenderse de los ataques y represalias de las instituciones europeas y de las grandes empresas, así como de los intentos de bloquear el orden existente por parte de las instituciones nacionales, y a trabajar hacia la construcción de nuevas alianzas internacionales con actores de dentro y fuera de la UE actual, con el fin de crear nuevas formas de cooperación y solidaridad. La soberanía popular sólo puede construirse abordando las formas actuales de instituciones políticas, a nivel nacional, europeo e internacional, y creando, sobre la base de la autoorganización, nuevas instituciones democráticas. Para ello, es necesario convencer a la gente de la necesidad de una ruptura política con las instituciones nacionales, europeas e internacionales que llevan a cabo las políticas contra las que luchamos, y consolidar los vínculos entre las redes, la resistencia y todos los componentes políticos, asociativos y sindicales que comparten los objetivos de un cambio progresista y radical, con el objetivo de tener un peso a escala europea. En el futuro más inmediato, es urgente fortalecer y coordinar las iniciativas de desobediencia, ruptura y autoorganización existentes, así como de iniciar otras nuevas, dándoles sistemáticamente una dimensión internacional, y dirigiéndolas claramente en contra las instituciones al servicio del gran capital y a favor de nuevas formas de solidaridad entre los pueblos.

Reconstruir espacios y un mundo que sean habitables, justos y democráticos.

Mediante estas propuestas de desobediencia y ruptura con las instituciones europeas no se trata, por tanto, de buscar una solución nacionalista a la crisis y a la protesta social. Como en el pasado, es necesario el adoptar una estrategia internacionalista y abogar por una federación europea de pueblos que se oponga a que continúe el modelo actual de integración que está totalmente dominado por los intereses de las grandes empresas. También se trata de desarrollar constantemente campañas y acciones coordinadas a nivel continental (y más allá) en las cuestiones de la deuda, la ecología, el derecho a la vivienda, la acogida de migrantes y personas en busca de refugio, la sanidad, la educación y otros servicios públicos, y el derecho al trabajo. Hay que luchar por el cierre de las centrales nucleares, la reducción drástica del uso de combustibles fósiles, la prohibición del dumping fiscal y de los paraísos fiscales, la socialización de los bancos, las aseguradoras y el sector energético, la reapropiación de los comunes, la defensa y la extensión de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI, la promoción de los bienes y servicios públicos, el lanzamiento de los procesos constituyentes. Más que nunca, ha llegado el momento de actuar contra la evolución cada vez más autoritaria de los gobiernos y de luchar por la democracia en todos los sectores de la vida social,

Se argumentará que este camino revolucionario es demasiado radical o demasiado difícil. A esto respondemos que los otros caminos constituyen callejones sin salida, y que es la única manera de romper con el orden existente, ahora y donde que sea posible, para reconstruir los espacios locales, regionales, nacionales, internacionales, y hacia un mundo que sea habitable, justo y democrático.

 

Capítulo 1 - Primeras medidas de un gobierno popular

¿Qué debería hacer la izquierda popular si accediera al gobierno de un país de Europa? En este capítulo proponemos una serie de medidas e iniciativas comunes -a poner en marcha en cualquiera de los casos- y dos escenarios diferentes -entre los que habría que escoger- respecto a la cuestión monetaria.

Medidas inmediatas:

Desde el primer día de su entrada en funciones, un gobierno popular debe estar preparado para promulgar decretos relativos a: el respaldo de los depósitos bancarios (hasta un cierto montante de dinero); el control de los bancos, compañías de seguros, etc.; el Banco Central deberá ser puesto inmediatamente bajo la autoridad del gobierno y será autorizado a emitir moneda; una moratoria del servicio de la deuda pública; el control de capitales; medidas importantes que permitan mejorar inmediatamente y de manera evidente las condiciones de vida de la mayoría, tales como el incremento del salario mínimo y de las pensiones de jubilación.

La prioridad será acabar con la austeridad. Para ello, el gobierno popular deberá poner en marcha una serie de medidas económicas que respalden la adecuada aplicación de una agenda social. En especial, deberá: confrontar el Pacto europeo de estabilidad y crecimiento; suspender el pago de la deuda pública decretando una moratoria o una auditoría ciudadana de la misma, optando por un impago selectivo que proteja los fondos de la Seguridad social, el pago de jubilaciones y los depósitos de los pequeños ahorradores; establecer un control de capitales para prevenir su fuga y la evasión fiscal; establecer el control de precios sobre los bienes y servicios de primera necesidad; tomar el control del sistema bancario y de seguros; poner en marcha una reforma progresista de la fiscalidad (con mayores tasas sobre los beneficios y la riqueza), priorizando la tributación de grandes empresas y salarios muy elevados para financiar la política de inversión pública; proteger a las clases populares en caso de disminución temporal de los ingresos públicos, haciendo pagar la crisis a las clases dominantes.

 

La prioridad es acabar con la austeridad.

Un gobierno popular debe lanzar un gran abanico de medidas en materia de derechos sociales: aumentar el salario mínimo y las pensiones de jubilación; extender los servicios públicos universales y gratuitos en los ámbitos sanitario, educativo, de cuidado de menores y personas mayores, de los transportes colectivos y de vivienda social; crear empleos de calidad en el marco de un cambio de modelo productivo en el marco de la transición ecológica; poner en marcha medidas legislativas de reducción del tiempo de trabajo, junto con una reforma progresista del derecho laboral que limite el poder de los propietarios en las empresas, con vistas a una democratización del conjunto de los espacios de trabajo.

Un gobierno popular debe reestablecer, ampliar y reforzar los derechos sociales y desarrollar un amplio programa de socialización que implique prioritariamente la expropiación de los capitalistas en los sectores estratégicos de la economía.

En cuanto a los sectores estratégicos de la economía se tratará de desarrollar un amplio programa de socialización, lo que supone expropiar a los capitalistas, prioritariamente en los sectores financiero (banca y seguros), energético, telecomunicaciones e industria farmacéutica, poniendo sus actividades al servicio de la población. Un gobierno popular debe tomar medidas concretas para socializar completamente los sistemas de educación, de sanidad y de cuidados, derivando al sector público los servicios que controle el sector privado (hospitales, escuelas, universidades, etc.).

Puesto que tales medidas implican desobedecer los tratados e instituciones de la Unión Europea, ésta reaccionará seguramente para intentar impedir su puesta en marcha.

Con el fin de estar mejor preparados para responder a estas reacciones hostiles, un gobierno de izquierda popular debe iniciar de forma inmediata conversaciones públicas con otros gobiernos y dirigirse a los otros pueblos de la U.E. para lanzar campañas internacionales de apoyo a sus políticas, federando diversas iniciativas por el cambio.

 

Opciones para actuar en materia de soberanía monetaria:

Para responder a la reacción hostil de las instituciones de la U.E. la cuestión crucial es la de la soberanía monetaria. Sobre este asunto existen muchos debates en el seno de la izquierda popular europea; la red ReCommonsEurope plantea aquí dos de ellas, en el marco de un proceso abierto de discusiones que sus participantes consideran abierto a la discusión.

La soberanía monetaria es una cuestión crucial

Escenario 1: Salida inmediata de la Unión económica y monetaria y creación de una nueva moneda nacional

Una etapa crucial que deberá emprender un gobierno popular en su camino es la del rechazo de la Unión económica y monetaria (UEM), y de su estructura económica neoliberal actual. Para los países periféricos, especialmente los de la periferia Sur de Europa, la salida de la UEM actualmente existente resulta imperativa. Salir de esta jaula de hierro es un medio necesario para poner en marcha políticas que permitan desarrollar la economía, absorber el desempleo mediante la creación de empleo bien remunerado y reducir la pobreza. La salida no será necesariamente un proceso sencillo, pero hoy existen conocimientos considerables sobre la manera de conseguirlo mínimo las perturbaciones posibles. Para los países del centro la cuestión de la UEM es mucho más compleja, pues esto supondría el total desmantelamiento de la unión monetaria y la puesta en marcha de dispositivos alternativos. En ningún caso la UEM debería ser sustituida por una competencia abierta entre países en los mercados de cambio. Europa necesita un sistema estabilización de las tasas de cambio y de un sistema de pagos entre países que sean radicalmente diferentes a los de la UEM. Si fuera provocado por las fuerzas populares, el desmantelamiento de la UEM podría constituir un paso importante contra el régimen neoliberal de la U.E.

Salirse o cortocircuitar la UEM permitirá poner en marcha políticas económicas concretas creando una real base de solidaridad en Europa.

Escenario 2: Una moneda alternativa para cortocircuitar la UEM

Un gobierno popular podría poner en marcha una autoridad monetaria capaz de emitir inmediatamente una moneda alternativa al euro, cualquiera que fuera la decisión final (permanecer en la UEM o volver a una moneda nacional). La ventaja política de una moneda nacional alternativa, incluso si su papel es solo complementario en un primer momento, es que permitiría al gobierno popular -sin abandonar inmediatamente el euro- responder a varios desafíos inmediatos y defenderse preventivamente de las medidas de represalia de las instituciones de la U.E., que defenderán las restricciones de los tratados vigentes. La moneda complementaria puede jugar un papel transitorio y amortiguador, ofreciendo un importante margen de maniobra. El gobierno aceptará el pago de impuestos en esta moneda que también servirá como medio de pago para una serie de servicios, para los aumentos salariales del personal de los servicios públicos, de las pensiones y de las prestaciones sociales. Esta nueva moneda tendrá, la menos inicialmente, un valor paritario con el euro. De este modo, la moneda complementaria será parte de una estrategia que busque cortocircuitar el poder vinculante de la UEM, sosteniendo una política de ruptura con los tratados europeos en la vía de permitir, en última instancia, la recuperación completa de la soberanía monetaria, incluyendo una salida d ella UEM si fuese necesario.

Iniciativas en el ámbito internacional:

Abandonar o cortocircuitar la UEM, y eventualmente salir de la Unión Europea, si se trata de una vía para desarrollar políticas de apoyo a los trabajadores (cualquiera sea su nacionalidad) contra le capital, no constituye un planteamiento nacionalista ni significa un retorno a Estados en competencia y en guerra en Europa. Al contrario, será signo de la emergencia de un internacionalismo radical que se apoye en la voluntad popular expresa de rechazo de las estructuras disfuncionales y hegemónicas de la U.E. Dicha ruptura, al reflejar una nueva relación de fuerzas favorable al campo popular, permitirá impulsar políticas económicas que generen una base de solidaridad europea, dando un nuevo contenido a la soberanía popular y a los derechos democráticos, dentro o más allá de las fronteras existentes. Conducirá a nuevas formas de alianza interestatales en Europa, incluso a un modelo alternativo de espacio supranacional, democrático y solidario basado en la cooperación entre los pueblos y sobre el internacionalismo, desconectado de la lógica capitalista.

Capítulo 2 - La banca

La moneda, el ahorro, el crédito y el sistema de pagos, en tanto tienen utilidad para el interés general, deben responder imperativamente a una lógica de servicio público (por tanto, ser utilizados y dirigidos en el marco de un servicio público). La socialización del sector bancario (es decir, el monopolio público de la actividad bancaria y su gestión por parte de trabajadoras y trabajadores con la participación de sus usuarios, de asociaciones cívicas y de representantes de administraciones) es una condición necesaria para el cambio de modelo social. Una medida como esta supone una amenaza seria para el capitalismo, por lo que el apoyo popular será una condición indispensable para su realización.

La socialización del sector bancario es una condición necesaria para el cambio de modelo social

Medidas de adopción inmediata por un gobierno popular:

Para tener margen de maniobra una vez llegado al poder y limitar los riesgos de asfixia financiera, un gobierno popular debe instaurar un control de movimientos de capital. También debe adoptar inmediatamente un nueva regulación bancaria que imponga especialmente: un incremento significativo de los fondos propios de los bancos en sus balances, con un suelo mínimo del 20%; la obligación de los bancos de sanear sus compromisos fuera de balance; la separación d ella banca comercial de la banca de inversión y la prohibición de relaciones crediticias entre entidades de distintos tipos, así como la prohibición de la titulación, de las operaciones a corto plazo, de la especulación, de los mercados financieros de derivados, de los vínculos de bancos con la banca en la sombra y los paraísos fiscales y judiciales, y de la socialización de pérdidas; el fin del secreto bancario; la persecución sistemática de los dirigentes responsables de delitos y crímenes financieros; la instauración de una responsabilidad financiera real de los grandes accionistas, especialmente en caso de quiebras; el incremento de impuestos a la banca para obligarla a participar en el esfuerzo tributario del país. Un gobierno popular también debe recuperar el control de su Banco Central, en la perspectiva de retomar el control de su política monetaria y de sus condiciones de financiación.

Poner en marcha una nueva regulación bancaria y recuperar el control del Banco Central con el objetivo de tener márgenes de maniobra y de limitar los riesgos de asfixia financiera

Hacia la socialización del sistema bancario privado:

Tanto en el seno de la izquierda popular, como en la red ReCommonsEurope, es necesario continuar el debate para lograr una posición unificada. En este momento existen dos posiciones en discusión: bien socializar una parte del sector bancario creando un polo público concebido como una etapa en la socialización integral del sector (escenario 1), o bien proceder de entrada a la socialización completa del sistema bancario, integrando los bancos de inversión y finanzas, así como el de los seguros (escenario 2). Mientras que el concepto de nacionalización puede confundirse con el de estatalización y con la toma de control de la banca por élites dirigentes en el marco de un capitalismo nacional, el de socialización remite más explícitamente a una colectivización en la que las y los trabajadores ejercen el poder de decisión y el control, con la participación de las y los usuarios, de representantes de asociaciones y de autoridades políticas. Un gobierno popular debería indemnizar a las y los pequeños accionistas (aquellas y aquellos que no intervienen en las decisiones de los bancos), mientras que podría decidir no reembolsar más que un euro simbólico a grandes accionistas, recuperando el coste del salvamento de la banca a costa del patrimonio de estos.

El concepto de socialización reenvía explícitamente a una colectivización en la cual las y los trabajadores ejercen el poder de decisión y de control con la participación de las y los usuarios

Escenario 1: Un polo bancario público

Si la opción de la socialización inmediata de todo el sector bancario no fuera compartida por el conjunto de fuerzas que sostengan el gobierno popular, el polo bancario público podría resultar una solución de compromiso que permitiese al gobierno disponer de medios de financiación para sus políticas.

En materia de gobernanza, dentro de ese polo público cada establecimiento conservaría su autonomía de funcionamiento y sus propias instancias de dirección. No obstante, la acción de estas entidades se inscribirá en un marco común definido por una instancia nacional de dirección que asegurará la coherencia del conjunto. Dicha instancia de coordinación nacional estará integrada por autoridades políticas nacionales y locales, responsables de establecimientos bancarios y de representantes de la sociedad civil, especialmente sindicatos y asociaciones. Mientras subsiste un sistema bancario privado, emergerá un sistema bancario tripartido: un polo financiero público, integrado por los bancos socializados y otras instituciones públicas, coexistirá con la banca privada y con un polo mutualista. Además, podrá establecerse el derecho de información y de veto sobre los proyectos a financiar por parte de representantes del personal asalariado del sector. La socialización impone una revisión fundamental de la composición de los consejos de administración y de sus formas de designación. Para el conjunto de bancos que no pertenezcan al polo público una “Ley bancaria” deberá determinar sus tareas, así como la composición y forma de nombramiento de los miembros de sus consejos de administración y sus direcciones, sea cual sea su estatus jurídico.

Escenario 2: Socialización completa del sector bancario

La completa socialización del sector bancario implica la expropiación sin indemnización (o con una indemnización simbólica) de los grandes accionistas (los pequeños accionistas, en cambio, serán indemnizados): el otorgamiento al sector público del monopolio de la actividad bancaria (con una excepción: la existencia de un sector de banca cooperativa de pequeño tamaño, sometida a las mismas reglas que el sector público); la definición -con participación ciudadana– de una carta sobre los objetivos y metas a conseguir, que ponga al servicio público del ahorro, del crédito y de la inversión al servicio de las prioridades definidas por un proceso de planificación democrática. La socialización del sector bancario y de los seguros y su integración en los servicios públicos permitirá sustraer a la ciudadanía y a los poderes públicos de los mercados financieros; financiar los proyectos ciudadanos y de los poderes públicos; dedicar la actividad bancaria al bien común cuya misión será, entre otras, la de facilitar la transición desde una economía capitalista, productivista y nociva hacia una economía social, sostenible y ecológica.

Con la socialización del sector bancario los bancos privados desaparecerían: tras su expropiación, el personal será integrado en el sector público de banca y seguros, respetando su antigüedad y salarios y con una mejora de sus condiciones de trabajo. Las agencias locales otorgarán créditos sin riesgo a individuos, hogares, PYMEs y estructuras privadas locales, a las asociaciones, a los municipios y a las instituciones públicas. Los proyectos locales a financiar serán definidos de forma democrática con un máximo de participación ciudadana.

Sea cual sea el escenario elegido, la recuperación del control sobre el banco central resulta indispensable.

Capítulo 3 - La deuda

Todo gobierno popular debe impugnar la legitimidad de la deuda pública que ha sido contraída para reforzar las instituciones financieras privadas y la acumulación privada de capital, y ha de rechazar el principio de equilibrio presupuestario. Este proceso debe comenzar por la suspensión del pago de la deuda y la puesta en marcha de un control de capitales con el fin de iniciar una auditoría, ejercicio de transparencia y de soberanía que permitirá al nuevo gobierno determinar qué parte de la misma es ilegítima y debería ser repudiada o reestructurada unilateralmente. Dando por descontado el nivel de conflicto que ello implicará con los acreedores, resultará muy importante que este proceso sea llevado a cabo con el suficiente apoyo popular.

Cuestionar la legitimidad de ladeuda soberanaque ha sido contraída para financiar las instituciones financieras priva das y acumular capital privado.

Cuestionar la legitimidad de la deuda pública

La legitimidad de una gran parte de la deuda pública de los estados miembros de la U.E. debe ser cuestionada. La necesidad de reducir radicalmente el importe de la deuda no se debe sólo a la pesada carga que supone el pago de los intereses para el tesoro público, sino también al hecho de que las políticas de austeridad impuestas por las instituciones trasnacionales para adecuarse a sus obligaciones de pago tienen generalmente consecuencias desastrosas para los países deudores. La vigencia de estas políticas de ajuste debe ser detenida de forma inmediata por cualquier gobierno de izquierdas que quiera proponer un programa progresista. Es muy probable que un gobierno progresista que quiera plantar cara a sus acreedores y poner fin a la austeridad llegase al poder en un contexto de fuertes turbulencias en el mercado, como sucedió en Grecia en 2015. En ese contexto, la necesidad del control de capitales es inmediata para impedir la fuga masiva de capitales fuera del país (por parte de capitalistas que teman por sus intereses inmediatos o que busquen abiertamente sabotear los esfuerzos del gobierno progresista), y contribuir a evitar la inestabilidad y el hundimiento bancario.

La auditoría de la deuda pública como herramienta para tomar medidas unilaterales contra las deudas públicas ilegítimas

Debe realizarse una auditoría ciudadana de la deuda para argumentar y obtener el apoyo popular a las medidas unilaterales contra la carga de la deuda pública, desde la suspensión de pagos a la reestructuración o su repudio. Hay que airear las cuentas de la deuda, sometiéndolas al examen público y un análisis bajo control democrático deberá determinar qué deudas no deben ser reembolsadas. Por una cuestión de principios, las deudas consideradas odiosas, ilegítimas, ilegales o insostenibles (de acuerdo con las definiciones elaboradas por la Comisión por la verdad sobre la deuda pública de Grecia) no deben ser pagadas.

Las políticas de austeridad impuestas por los acreedores con el fin de satisfacer el reembolso de la deuda pública tienen consecuencias desastrosas para los países deudores. La puesta en marcha de estas políticas debe pararse inmediatamente.

Los gobiernos de izquierda popular deberán incluir en la auditoría de la deuda los créditos que sus Estados posean sobre otras naciones. Aquellos que fueran considerados ilegítimos, ilegales, odiosos y/o insostenibles deberán ser anulados.

En el momento de una anulación de deudas públicas se protegerá a los pequeños ahorradores que han invertido en títulos públicos, así como a la población asalariada y jubilada que ha visto una parte de sus cotizaciones sociales (jubilación, desempleo, enfermedad, familia) colocadas en ese tipo de títulos por las instituciones u organismos de gestión.

Las deudas odiosas, ilegítimas, ilegales, injustificables no deben ser pagadas.

Reducción de la deuda privada

Un gobierno de izquierda deberá aplicar un programa de reducción de la deuda privada, reduciendo o anulando las deudas de individuos o familias cuyo volumen ha aumentado fuertemente bajo la ofensiva neoliberal contra el empleo, los salarios, los servicios públicos, etc. Dichas medidas de urgencia deberán ser acompañadas por políticas destinadas a revertir dichas políticas.

Capítulo 4 - Trabajo, empleo y derechos sociales

Es necesario un cambio radical en las políticas de empleo y las políticas sociales para garantizar un empleo justo y decente, así como el derecho a la democracia económica para todas y todos.

Iniciativas de los movimientos sociales y ciudadanos:

Las reivindicaciones e iniciativas de los movimientos sociales y ciudadanos son precondiciones para superar la lógica neoliberal. Dichas iniciativas deberían apuntar a la anulación e inversión de los procesos de degradación de derechos sociales y el desmantelamiento de la negociación colectiva desplegado en los últimos años; al establecimiento de un salario mínimo de referencia; a la reducción de la jornada de trabajo, con el horizonte de las 32 horas semanales, y la garantía del derecho a la vivienda; el derecho de toda persona a migrar y a recibir una acogida digna que le garantice la plena ciudadanía; el desmantelamiento del poder de las grandes empresas, especialmente las multinacionales, por la vía de su socialización y regulación pública; la reconversión social, ecológica, democrática y feminista del modelo económico.

Reforzar las iniciativas de los movimientos sociales que busquen parar y darle la vuelta al proceso de degradación de los derechos sociales.

Las medidas inmediatas de un gobierno popular:

Un gobierno popular debería adoptar medidas inmediatas para restablecer los derechos perdidos en el ámbito del empleo y de la negociación colectiva, aumentando el poder de la clase obrera y de los sindicatos; anular los recortes impuestos a las pensiones de jubilación e incrementar su cuantía, al igual que las prestaciones de desempleo y otros beneficios sociales; garantizar plenos derechos a todas las personas forzadas a migrar por motivos económicos, sociales o políticas; anular y oponerse a la “nueva generación” de tratados comerciales.

Romper con los mecanismos impuestos por la lógica de las políticas de “convergencia” a nivel europeo y democratizar la economía. 

Los gobiernos populares deberían aplicar a continuación medidas en los siguientes ámbitos: reducción de la jornada de trabajo semanal a 35 horas, como primer etapa de una reducción más importante, sin pérdida de salario; aumento del salario mínimo; abolición de las actuales restricciones para la mejora de convenios colectivos en los distintos ámbitos territoriales y sectoriales; prohibición de despidos en empresas con beneficios; abolición de la desigualdad de género en el empleo, haciendo efectivo el principio de igualdad salarial entre mujeres y hombres con igual cualificación; fijar un número mínimo significativo de horas remuneradas en los empleos a tiempo parcial; la democratización de los lugares de trabajo y una mayor participación de los trabajadores en los procesos de decisión de las empresas; el aumento de la protección social y de la parte de la riqueza nacional destinada a sanidad, educación, prestaciones sociales, etc.; impulso de experiencias democráticas en el mundo laboral: cooperativas, producción auto-organizada de bienes y servicios, economía social y solidaria, etc.; creación de nuevos derechos sociales que permitan vivir dignamente: acceso a vivienda pública, derecho al trabajo (que es preferible a una renta básica); reconocimiento de las situaciones de dependencia específica por medio de un sistema público de cuidados y de acompañamiento, universal y gratuito; garantía de plazas disponibles y gratuitas en guarderías públicas; creación de un “subsidio de autonomía” (o salario estudiantil) que permita a los jóvenes financiar sus estudios eludiendo las presiones del mercado laboral, etc. Estas medidas implican un incremento de los empleos de alta calidad en sectores económicos socialmente necesarios y ecológicamente sostenibles.

Las medidas a medio plazo de un gobierno popular:

A medio plazo las medidas sociales y económicas de un gobierno popular deberían consistir, prioritariamente, en romper con los mecanismos impuestos por la lógica de las políticas “de convergencia” a nivel europeo (criterios presupuestarios, limitación del gasto público, etc.) y en democratizar la economía: el derecho de las y los trabajadores a decidir sobre las condiciones y organización de su trabajo, así como sobre los medios y los fines de su actividad, debe ser reconocido como un derecho social y democrático garantizado por las leyes laborales. Esto implica otorgar a todas las personas un derecho inalienable al trabajo, a la educación y a la vivienda y a concebir de forma distinta el papel del trabajo transformándolo en una institución democrática.

Promover a nivel internacional iniciativas a favor de la transformación social, democrática, ecológica y feminista del trabajo.

Las iniciativas a medio plazo en el ámbito internacional:

En el ámbito internacional hemos de promover sistemáticamente iniciativas en favor de la transformación social, democrática, ecológica y feminista del trabajo. Esto significa que todas las instituciones políticas y sociales deben ser puestas al servicio del cambio en las maneras de producir, de distribuir y de consumir, de la relocalización de empleos en sectores social y ecológicamente necesarios, y del establecimiento de condiciones de trabajo justas y dignas. Además, debemos promover la transformación radical de las reglas de la mundialización especialmente rompiendo con los “acuerdos comerciales” que en realidad constituyen sistemas de dominación del gran capital y de las multinacionales- dando prioridad a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

En lo concerniente a las cuestiones estratégicas en el ámbito europeo, las prioridades deberían ser las huelgas trasnacionales, para confrontar colectivamente el poder de las multinacionales con una perspectiva de lucha de clases; las campañas europeas o internacionales impulsadas por sindicatos y movimientos sociales respecto a los retos mencionados: la pedagogía respecto a los efectos desastrosos de la Unión Europea respecto al empleo, las desigualdades y los derechos sociales; la oposición, desobediencia y lucha frente a todas las instituciones del capitalismo neoliberal, incluida la Unión Europea, que obstaculizan la aplicación de los derechos sociales de trabajadores y la ciudadanía.

Capítulo 5 - Ecosocialismo y transición energética

Un compromiso ambiental coherente no puede limitarse a modificar el vínculo entre humanidad y naturaleza de forma genérica; es necesario exigir al mismo tiempo la igualdad social que garantice la satisfacción de las necesidades sociales básicas y proteja a las clases populares: se trata de conciliar la preservación de un entorno sustentable (especialmente mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, de un 58% hasta 2030 y de un 100% hasta 2050) y de la justicia social, de lograr la igualdad social al margen del productivismo. En resumen, necesitamos un programa de decrecimiento anti-productivista, ecosocialista y anticapitalista. En Europa esto implica una ruptura radical con la Unión Europea capitalista y sus “políticas climáticas”, especialmente sus permisos de emisiones, los certificados verdes y los bonos, y más genéricamente todo lo relacionado con el “capitalismo verde” que intenta promover la Comisión Europea.

Necesitamos un programa de decrecimiento antiproductivista, ecosocialista y anticapitalista.

Iniciativas ciudadanas inmediatas:

Sólo será posible abordar los cambios necesarios para afrontar la crisis descrita contando con un gran apoyo social, basado en una ciudadanía bien informada y dispuesta a impulsar y corresponsabilizarse de las transformaciones a abordar junto con las instancias políticas. Por ello es necesario impulsar, proteger y desarrollar iniciativas ciudadanas orientadas hacia una transición socio-ecológica (cooperativas de servicios públicos, consumo agroecológico, reciclaje, restauración ecológica, sectores en proceso de reconversión, etc.). Asimismo, hay que promover la toma de consciencia y el desarrollo de iniciativas auto-organizadas que actúen como laboratorios de experiencias que puedan ser reproducidas a gran escala.

Necesitamos urgentemente un control público sobre el sector energético, es decir la expropiación de las empresas privadas en este sector y su transferencia a un sector público y socializado de la energía.

Medidas de urgencia a ser adoptadas por un gobierno popular:

Para garantizar un programa democrático en favor de la mayoría necesitamos urgentemente un control público del sector de la energía, es decir, la expropiación de las grandes empresas privadas del sector, transfiriéndolas a un polo público socializado de la energía. Resulta igualmente necesario establecer un control ciudadano de los medios de producción y de los objetivos esperados en todos los sectores, control que deberá recaer en personas lo más próximas posibles al campo y al tipo de necesidades implicadas. Además, necesitamos establecer un control democrático en el ámbito estatal respecto a factores claves como las infraestructuras, los agentes económicos, los mecanismos financieros, la planificación estratégica y los sectores asociados. Para que el sector público pueda cumplir su misión de catalizador de la transición y recibir financiación sin la presión del mercado capitalista necesita contar con autonomía monetaria. Para ello habrá que abandonar las reglas de la Unión monetaria europea y reemplazarlas por otras formas de cooperación financiera en Europa. Debemos promover un modelo que favorezca la producción local, reduzca el impacto socioambiental global y genere prosperidad local, incluso sin crecimiento del PIB.

La magnitud de los problemas ambientales exige importantes transformaciones socioeconómicas en un plazo de tiempo muy breve. Además de las acciones ya mencionadas, el gobierno deberá poner en marcha mecanismos excepcionales de urgencia para sostener los cambios radicales inmediatos destinados a la preservación de la naturaleza y la biodiversidad, especialmente del control del proceso de urbanización y de ocupación de tierras; el refuerzo de leyes y reglamentos para reducir la contaminación y la alteración de los ciclos bio-geoquímicos; la reforestación y el desarrollo de la agroforestación. Las medidas de urgencia también deben extenderse al ámbito de la energía y el clima, especialmente vía un plan de nacionalización/socialización de los medios de producción en el sector energético, las infraestructuras, los operadores y los sistemas de fijación de precios y tasas; un plan de financiación energético con criterios de prioridad social y de redistribución de la riqueza; el desarrollo de un sector energético socializado, relocalizado y de propiedad pública que utiliza fuentes de energías renovables y no contaminantes; prohibición de técnicas de fractura hidráulica y cierre de centrales nucleares y de las térmicas que funcionan con combustibles fósiles; promoción de la agroecología, sin utilización de pesticidas ni de agentes químicos.

Objetivos concretos para un gobierno popular:

Un gobierno popular comprometido en el apoyo a las clases populares y a garantizar la sostenibilidad ecológica debe redefinir los principales sectores económicos. Éstas son algunas de las medidas a desarrollar: establecimiento de objetivos y estrategias a largo plazo, plasmados en la Constitución o en leyes; creación de mecanismos democráticos de inversión y financiación de una transición ecosocialista (mediante la socialización de bancos, pero también de la anulación de la deuda pública ilegítima, ilegal, odiosa e insostenible, etc.); preservación de los sistemas ecológicos esenciales como el suelo, los cursos de agua, napas freáticas, costas y mares, reforzando la gestión pública de los bienes comunes; eliminación de obstáculos jurídicos a la producción agroecológica en unidades de economía campesina; desarrollo de servicios públicos con acceso gratuito y sencillo para toda la población urbana y rural; impulso de las zonas rurales y descongestión de las zonas urbanas, preservando las zonas aún “vírgenes”; aumento de la autosuficiencia de las ciudades; organización de un amplio plan de aislamiento de viviendas en la perspectiva del derecho a un alojamiento decente para toda la población; desarrollo de un nuevo modelo de gestión de la energía garantizando el control de precios; prohibición de la obsolescencia programada; puesta en marcha de una estrategia que permita prever conflictos ecológicos locales, promoviendo soluciones democráticas en el marco de la reconversión y relocalización económica.

El intentar hacer frente a los desafíos socio-ecológicos y energéticos a nivel estatal es esencial pero irrealizable si estas iniciativas no están acompañadas de medidas a nivel internacional.

Iniciativas en el ámbito internacional:

Tratar de resolver los desafíos ecológicos desde cada país es algo imprescindible pero totalmente inviable si no existe una estrategia de acción internacional. Se trata principalmente de modificar las reglamentaciones de la Unión Europea. Para conseguir un verdadero control público necesitamos, por una parte, librarnos de las reglas de competencia europeas, así como de las reglas sobre los mercados públicos, la regla europea de estabilidad y de los límites al déficit público como las restricciones monetarias vigentes; por otra parte, de introducir cláusulas que limiten la intervención de empresas e inversores en las estrategias europeas de biodiversidad, especialmente en lo referido a salud pública (reducción de la contaminación del aire, prohibición de pesticidas patógenos y contaminantes, etc.); abolir los tratados multilaterales (como la Carta de la energía, los mecanismos de resolución de diferendos por tribunales privados contemplados en los llamados acuerdos de “libre cambio”, etc.) y todos los tratados que contradigan los objetivos fijados por el gobierno popular.

Necesitamos un plan radical de transición ecosocialista en Europa y en el resto del mundo. Los esfuerzos destinados a una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser más importantes en los países del norte global, con el fin de garantizar a los países del Sur un derecho prioritario a desarrollarse utilizando lo que la humanidad aún pueda permitirse de energías no renovables, desde este momento hasta que la transición energética esté asegurada a nivel mundial. Superar el capitalismo no es solo cuestión de igualdad y de democracia sino también de supervivencia y de renovación de los ecosistemas en los que se inscribe la humanidad. En esta perspectiva, una ruptura radical con las instituciones y tratados europeos actuales y su reemplazo por otras formas de cooperación internacionales son condiciones sine qua non.

 

Capítulo 6 - Feminismo

Una posición política feminista coherente exige que nos opongamos a toda forma de explotación, de sexismo, de expresión del patriarcado y a todas las formas de violencia que hacen que las personas explotadas y vulnerables se vuelvan unas contra otras mientras el capital logra dividir nuestras luchas comunes sin ser inquietado. Nuestra fuerza reside en las luchas y en la solidaridad de las/os oprimidas/os, mujeres, comunidades LGTBIQ+, minorías, personas víctimas del racismo y trabajadoras/es contra la tiranía del mercado y el capital y contra la Unión Europea que impone medidas de austeridad.

Nuestra fuerza reside en las luchas y en la solidaridad de las y los oprimidos; necesitamos gobiernos populares que sinteticen estas luchas

Los gobiernos populares deberán sintetizar las luchas de estos movimientos e ir más allá de las simples exigencias de igualdad formal, poniendo en cuestión las bases de género de la división del trabajo y de la reproducción social, así como su exclusión de la esfera pública. Hay que socializar las tareas de reproducción social [1] invirtiendo, por ejemplo, de forma masiva en guarderías comunales, lavanderías y comedores colectivos, con el objetivo de ofrecer dichos servicios de forma gratuita. De esta forma se crearán las condiciones necesarias para la integración en pie de igualdad de mujeres y hombres en todos los sectores económicos y con los mismos salarios. Se trata de crear las condiciones para acabar con el trabajo doméstico subalterno de las mujeres y transformar la división de género del trabajo en un sentido realmente igualitario y liberador. Durante el período de transición habrá que recurrir a un sistema de cuotas, para asegurar que las mujeres, particularmente las de origen inmigrante, estén debidamente representadas en los sectores de su elección, especialmente el sector público. En seno de este último queremos crear formas de flexibilidad que no sirvan a los intereses del capital, que se asegura una reproducción barata de la fuerza de trabajo en las familias a expensas de las mujeres. Las mujeres deben poder elegir libremente su maternidad, de tomar o no permisos de maternidad, de realizar o no una carrera, de tener el derecho de decidir por sí mismas lo que quieren hacer de sus vidas y de su desarrollo personal en el trabajo y en la sociedad. El sector público socializado servirá de palanca para desarrollar cambios radicales de la estructura social. Nuestro objetivo es el de inscribirnos en las luchas de los movimientos de liberación para transformar la reproducción social desde abajo, a través de las iniciativas de movimientos auto-organizados.

Permitiendo a las mujeres el decidir libremente sobre sus vidas, el sector público podrá servir como palanca para traer cambios más radicales en la estructura social.

Por tanto, los movimientos sociales deben trabajar, mediante campañas y movilizaciones, para obtener la igualdad completa para todas y para todos, la penalización de toda forma de violencia y de discriminación fundadas sobre las construcciones sociales de género, de clase, de raza o de edad; la descriminalización de las protestas contra las políticas anti-inmigración y las acciones de solidaridad con las migrantes y otros grupos vulnerables; salario igual por igual trabajo; socialización de las tareas de reproducción social: inversiones en equipamientos colectivos (guarderías, comedores, lavanderías); mayor participación ciudadana en las decisiones políticas a nivel local; protección de las fuentes de agua potable y de todos los medios básicos de subsistencia; lucha contra el sector de las grandes finanzas, el endeudamiento y las políticas de austeridad; acceso gratuito a la atención sanitaria reproductiva; apertura de fronteras, derecho de circulación y de instalación; fin de las guerras imperialistas, impulsadas especialmente por la OTAN, que destruyen sociedades enteras.

Las medidas concretas a adoptar por un gobierno popular deben imponer elevar los impuestos al gran capital financiero para invertir en la expansión masiva del sector público, especialmente en empleos vinculados con la transición ecológica; incrementar el empleo femenino a tiempo completo en el sector público; aplicación la legislación sobre igual salario para trabajos iguales con sanciones a los empresarios privados que no la respetan; aumentar la oferta de guarderías infantiles, comedores y lavanderías colectivos; impedir la feminización de empleos en la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, tendiendo a un equilibrio entre trabajadoras y trabajadores; evitar la interrupción de la carrera profesionales de las mujeres tras un permiso de maternidad; mejorar y aplicar la legislación en defensa de los derechos cívicos y laborales de las poblaciones LGTBQI+; promulgación de una ley que instaure cuotas para promover el empleo público, en igualdad de condiciones, a población de origen inmigrado; apoyar la legislación en favor de la igualdad con campañas públicas en favor de las comunidades y movimientos que combaten el racismo y la opresión y discriminación ligados al género; reformas legislativas para apoyar a las víctimas de violencia sexista, en especial las/os menores, apoyadas en campañas públicas y de apoyo material a las mujeres y movimientos de jóvenes; incrementar la participación ciudadana en todo lo referido a la vida cotidiana, introduciendo mecanismos de autogestión en todos los centros de trabajo del sector público y mecanismos de autogestión comunitaria.

Luchamos por un feminismo de lucha contra las políticas que matan y explotan a las mujeres, porque nuestro enemigo es el capital presente en todas las dimensiones de nuestras vidas.

El feminismo por el que luchamos no es el de una pequeña minoría de mujeres que ocupan posiciones de poder en bancos y empresas en detrimento de las trabajadoras, de las migrantes, de los sectores vulnerables y de nuestros hijos. Es un feminismo de lucha contra las políticas que producen la muerte de miles de mujeres y la explotación de cientos de miles de otras, pues somos conscientes de que nuestro enemigo es el capital, presente hoy en todas las dimensiones de nuestras vidas.

Capítulo 7 - Sanidad, educación y vivienda

Desde el estallido de la crisis financiera de 2008, las medidas de austeridad aplicadas en el mundo y en Europa han socavado el gasto social. Han impuesto una “disciplina” presupuestaria estricta, imponiendo nuevos recortes del gasto en educación y sanidad que ya estaba disminuyendo, imponiendo un escenario de guerra a los sectores de población que con ingresos nulos o bajos. Es esto lo que queremos cambiar. La lucha por la educación, la sanidad, los cuidados y el derecho a una vivienda decente son parte de la lucha por nuestra emancipación y por la mejora sustancial de nuestras condiciones de vida.

Nuestras propuestas se dirigen simultáneamente a los movimientos sociales y a las fuerzas políticas que pueden acceder al gobierno. Pensamos que la lucha por una sanidad y una educación pública gratuita y accesible es la única alternativa viable.

La lucha por la educación, la salud, los cuidados y el derecho a una vivienda decente forman parte de la lucha por nuestra emancipación y por la mejora sustancial de nuestras condiciones de vida.

Propuestas inmediatas para los movimientos sociales:

 

Las prioridades deberán dirigirse, por una parte, a fomentar educación, sanidad, servicios de cuidados y vivienda públicos, accesibles y gratuitos, por otra, a socializar la industria farmacéutica y el acceso a los productos farmacéuticos a través del sistema de sanidad pública, y a aumentar los salarios y la dignidad del empleo y las condiciones de vida. También hay que exigir el cese inmediato de la liberalización, de la privatización y la mercantilización en los sectores en los que debe garantizarse el acceso a toda la población; promover auditorías ciudadanas de los contratos de asociación público-privada y de las deudas contraídas a través de estos; acabar con la financiación de sistemas privados de educación y sanidad; impulsar la socialización de la educación, la sanidad y los sistemas de cuidados; fomentar un permiso de maternidad de 12 meses para todas; exigir acceso igual y gratuito a todos los niveles educativos, desde la primera infancia hasta la universidad; comedor gratuito para todo el alumnado; fomentar la calidad por encima de la cantidad: los seres humanos no somos cifras.

Propuestas inmediatas para un gobierno popular:

En lugar de incrementar las inversiones en equipamiento militar y de defensa, un gobierno popular deberá invertir sus recursos en la educación, la vivienda, la sanidad y los servicios de cuidados en beneficio de toda la colectividad. Además, deberá restaurar la dignidad y elevar los salarios del personal de los servicios educativos, sanitarios y de cuidados; acabar con los planes de asociación público-privada; definir la vivienda como un valor de uso básico (antes que un valor de cambio); invertir en los sistemas públicos de sanidad, educación y cuidados en lugar de promover el interés privado basado en la ideología de la libre elección; acabar con las inversiones en los sistemas privados de estos servicios básicos; asegurar que los menores excluidos del sistema educativo por motivos de discapacidad, pobreza u otras formas de discriminación sean integrados, dedicando los recursos necesarios para su desarrollo y para ofrecerles la necesaria atención educativa especializada; poner fin a la segregación educativa, sanitaria y de cuidados basada en la renta o la raza; invertir en la calidad antes que en sistemas de test cuantitativos dirigidos a fomentar la competencia; disminuir el número de alumnos por clase; reducir la presión sobre las instituciones públicas incrementando el empleo del profesorado, profesionales de la medicina y la enfermería y trabajadoras y trabajadores del sector de cuidados que aseguren un servicio de calidad que responda a las necesidades sociales.

Impulsar una campaña por los servicios públicos accesibles y gratuitos, la socialización de la industria farmacéutica y el acceso a los productos farmacéuticos por medio del sistema de sanidad pública, el aumento de los salarios y de la dignidad en el empleo y en la existencia.

Programa a medio plazo de los gobiernos populares:

Un gobierno popular debe socializar completamente los sistemas de educación, sanidad y cuidados, reintegrando en el sector público los servicios que actualmente se prestan desde el sector privado. Deberá promover la creación de un parque de viviendas públicas administradas colectivamente; expropiar los fondos inmobiliarios cuando sus parques de vivienda no cumplan su función social o no estén al alcance de la mayoría de la población. También deberá promover y desarrollar la autogestión de los servicios educativo, sanitario y de cuidados por parte de sus profesionales con la participación de usuarios, de la ciudadanía y de representantes políticos de la administración local; fomentar la implicación directa de la ciudadanía a través de asambleas de autogestión de los servicios sanitarios y educativos; garantizar el acceso completamente libre y gratuito a la educación, a las medicinas y a los cuidados; asegurar la completa gratuidad de la enseñanza superior, concesión de una ayuda universal de estudios a toda la población estudiante; impulsar la cooperación internacional en materia de investigación pública, especialmente en el ámbito de la sanidad, para enfrentar la fragmentación, la acción de los monopolios, las compras no justificadas y los costes masivos impuestos por la gran industria farmacéutica; organizar un sistema de redistribución de la riqueza desde los países más ricos hacia los más pobres, orientada especialmente hacia los sectores educativo, sanitario y de cuidados; garantizar el respeto de igualdad de derechos -independientemente de la nacionalidad- a la ciudadanía y al empleo para todas las trabajadoras y trabajadores empleados en el sector público socializado.

Desarrollar, preservar y reforzar los sistemas públicos de educación y sanidad, de cuidados y de vivienda no es posible si no atacamos también la economía de la deuda y de la austeridad y en este sentido al marco de la Unión Europea y del euro.

El desarrollo, la preservación y el refuerzo de sistemas públicos de educación, de sanidad, de cuidados y de vivienda de acceso gratuito no son posibles en el marco de la Unión Europea y del euro. Las posibilidades de llevar a cabo este programa son inexistentes si no combatimos la economía de la deuda y de la austeridad. Este capítulo se ha referido a los servicios educativos, sanitarios y al acceso a la vivienda decente, pero también es necesario abordar otras cuestiones relacionadas con los servicios públicos, como el transporte público y otros relacionados con las necesidades y exigencias de las comunidades locales.

 

Capítulo 8 – Políticas internacionales

Debemos oponernos tanto a las desigualdades entre el centro y la periferia de la Unión Europea, la fortaleza europea responsable de la muerte de miles de migrantes, especialmente en el Mediterráneo, como al neocolonialismo de las principales potencias europeas en el resto del mundo.

Iniciativas ciudadanas inmediatas a nivel nacional e internacional a ser impulsadas particularmente por los movimientos sociales:

La izquierda popular en Europa debe participar y desarrollar los movimientos sociales existentes que desafíen a las políticas anti-inmigración de la Europa Fortaleza, como aquellos que organizan el alojamiento de los migrantes, les ayudan a cruzar las fronteras, denuncian los centros de internamiento de migrantes, organizan manifestaciones masivas a favor de la apertura de las fronteras y acogen a las y los migrantes con dignidad. También debe establecer vínculos con grupos e individuos implicados en las políticas para la emancipación fuera de Europa.

Participar en los movimientos sociales a favor de la apertura de las fronteras y de la acogida digna de las y los migrantes y en oposición al imperialismo económico y militar.

Debemos iniciar y desarrollar auditorías de las deudas de terceros paísescon los países europeos con la finalidad de cancelar las deudas ilegítimas y odiosas reclamadas por la UE o sus miembros a estos países, así comocuestionar los acuerdos de libre comercio firmados con los países en desarrollo y otras políticas económicas que refuerzan la dependencia de las naciones dominadas. También debemos participar activamente en la campaña «Boicot, Desinversiones, Sanciones» (BDS) contra el colonialismo populista del Estado israelí. Los grupos de izquierda y los movimientos sociales en Europa deben oponerse a las guerras imperialistas y contrarrevolucionarias, vengan de donde vengan, y denunciar activamente la cooperación entre sus propios gobiernos actualmente en vigor y los regímenes implicados en violaciones de los derechos humanos.

Romper con la OTAN y comprometerse con el desarme mundial.

Primeras medidas hacia un gobierno popular a nivel nacional:

Para significar una ruptura radical en el enfoque de las políticas internacionales, un gobierno popular de un país miembro de la OTAN deberá abandonar esta organización y cesará toda cooperación con ella. El mando militar más estrechamente vinculado al Estado y la clase capitalista será destituido y el ejército será reorganizado bajo control democrático. Si el Estado participa en guerras en el extranjero (como por ejemplo en Malí), iniciará un proceso de retirada que se completará lo antes posible y sustituirá su acción por apoyo humanitario bajo el control democrático de las poblaciones afectadas. Socializará la industria armamentística y establecerá una moratoria sobre la producción y venta de armas en el extranjero. Se comprometerá con el desarme mundial y desmantelará su arsenal nuclear en caso de tenerlo.

Un gobierno popular debe abrir sus fronteras, garantizar el acceso seguro a su territorio para las y los migrantes (especialmente en lo que respecta a las vías marítimas) y garantizar la libertad de movimiento y de asentamiento para todas y todos. Se suprimirán los centros de internamiento para migrantes. Deben garantizarse la igualdad de derechos, incluido el acceso gratuito a la atención sanitaria y la educación pública y el acceso a una vivienda digna; toda persona que se traslade a la jurisdicción de un gobierno popular debe tener todos los derechos civiles, incluido el derecho al voto en todos los niveles de la jurisdicción. Se cancelará cualquier contribución financiera a los presupuestos europeos comunes para el control de las fronteras (como por ejemplo Frontex). Si el Estado tiene una fuerza militar marítima, será desarmado, sometido a control democrático y utilizado para acciones humanitarias (como por ejemplo en el Mar Mediterráneo).

El gobierno popular establecerá una moratoria sobre el pago de las deudas contraídas por otros países hasta que se conozcan los resultados de una auditoría participativa. Todas las deudas contraídas por naciones dominadas, tanto dentro como fuera de la UE (como por ejemplo Grecia), serán canceladas, así como también serán canceladas las reclamaciones ilegítimas y odiosas. Un gobierno popular pondrá fin a su participación financiera en las instituciones financieras internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, que contribuyen a la dominación de los países dependientes. Desobedecerá las normas de la OMC, se retirará de cualquier acuerdo de libre comercio que sea desfavorable para los países menos desarrollados y, en su lugar, propondrá un comercio justo a estos países. Tomará sanciones contra las empresas que operen en su país y que violen las leyes nacionales e internacionales en el extranjero. Prohibirá las transacciones con paraísos fiscales e impondrá sanciones a los mismos. Transferirá gratuitamente cualquier tecnología útil a las naciones dominadas.

Abrir las fronteras, garantizar rutas seguras para las personas migrantes y asegurar la libertad de circulación y de instalación para todas y todos.

Un gobierno popular reconocerá el papel destructivo que ha jugado la colonización, incluyendo la esclavitud, las guerras coloniales, las guerras de exterminio y las masacres coloniales; iniciará un proceso para determinar la compensación financiera que se pagará a sus antiguas colonias, si las hubiera; y devolverá los bienes culturales que les fueron robados.

Un gobierno popular sancionará a los regímenes que violen el derecho internacional y los derechos humanos fundamentales, asegurándose en el caso de los países dependientes que las poblaciones de estos regímenes no se vean amenazadas en este proceso. Apoyará activamente a las naciones oprimidas y a los grupos étnicos (como por ejemplo a palestinos, kurdos, saharauis, rohingya) mediante asistencia humanitaria y diplomática. Asistirá a las poblaciones cuyas vidas están directamente amenazadas, incluso mediante la adopción de medidas para impedir que los regímenes criminales cometan asesinatos masivos.

Un gobierno popular deberá romper con el aislamiento y llamar a las movilizaciones internacionales por la paz, la solidaridad y la justicia social.

Pasos a medio plazo de un gobierno popular en relación con los movimientos sociales:

Será necesario que un gobierno popular salga del aislamiento a través de movilizaciones de masas contra las amenazas contrarrevolucionarias desde dentro y desde fuera. Un gobierno de este tipo llamará a la movilización internacional por la paz, la solidaridad y la justicia social. Hará público el constante chantaje y amenazas que utilizan los gobiernos pro-capitalistas en las negociaciones y en las instituciones multilaterales. Para salir del aislamiento, el gobierno popular tendrá que establecer una nueva cooperación bilateral y multilateral con gobiernos pro-capitalistas en el extranjero. Para ello, distinguirá claramente entre lo que esté motivado por cálculos diplomáticos tácticos (que motivarían dicha cooperación) y lo que respecte a alianzas políticas estratégicas (que no pueden ser establecidas con gobiernos pro-capitalistas), y someterá estas directrices a un estricto control democrático por parte de la población.

Medidas a medio plazo a nivel internacional:

Los gobiernos populares crearán una institución financiera común basada en la solidaridad, ofreciendo préstamos sin intereses a los países dependientes, tanto dentro como fuera de la UE. Establecerán una nueva cooperación en los ámbitos económico, social y ecológico, adoptando una legislación igualitaria (por ejemplo, en los ámbitos de los derechos laborales, la seguridad social y las políticas de vivienda) basada en las normas más estrictas existentes en el grupo de países de que se trate. Los gobiernos populares adoptarán un tratado jurídicamente vinculante para obligar a las empresas transnacionales a respetar el derecho internacional y actuarán conjuntamente a nivel internacional para promover el cambio social y la transición ecológica. Establecerán una correlación de fuerzas lo suficientemente fuerte como para entablar negociaciones significativas con las potencias opresoras para la solución de los problemas nacionales (como por ejemplo con Palestina, el Sáhara Occidental, Kurdistán) y las guerras civiles prolongadas (como por ejemplo en Siria).

 

Capítulo 9 - Luchas sociales, confrontaciones políticas y procesos constituyentes

Desobedecer, enfrentar y romper con las instituciones europeas no democráticas y capitalistas para sustituirlas por nuevas formas de cooperación popular e instituciones democráticas en Europa.

Las instituciones europeas (de la UE y de la zona euro) son estructuralmente neoliberales, antidemocráticas y refuerzan la desigualdad. Constituyen un obstáculo para la satisfacción de las necesidades, reivindicaciones y derechos de las clases trabajadoras en cada uno de los Estados miembros, así como para la solidaridad y la igualdad entre los pueblos europeos. Contrariamente a la lógica de la competencia y dentro de la perspectiva de una transición ecológica, la escala europea de luchas y alternativas concretas resulta muy importante. Queremos que Europa sea algo común, pero esto es imposible en el marco de las instituciones europeas existentes. Nuestro escenario propone construir sobre las luchas sociales existentes a nivel local, nacional y transnacional para desobedecer, confrontar y romper con las instituciones europeas no democráticas y capitalistas, y reemplazarlas por nuevas formas de cooperación popular e instituciones democráticas en Europa.

 

Las principales etapas del escenario de «rebelión» para una Europa común 

Desobedecer de forma coordinada a los tratados, dictados y decisiones de la UE.

1. Debemos poner inmediatamente en práctica nuestros objetivos sociales, medioambientales y políticos alternativos a través de plataformas permanentes y de una desobediencia coordinada en Europa, orientada hacia la cooperación entre los pueblos. Se trata, a nivel local, regional, nacional y europeo, y con respecto a todas o algunas cuestiones específicas (por ejemplo, la deuda, las políticas de migración, la transición ecológica, los acuerdos neocoloniales con el Sur global y con Europa Oriental, etc.), de que varios actores políticos decidan no cumplir con los tratados, dictados y decisiones de la UE. Deberían declarar que lo hacen juntos para aplicar políticas alternativas y establecer una nueva cooperación instituida y a largo plazo (sobre todas las cuestiones o sobre cuestiones específicas). Estos procesos de desobediencia pueden basarse en las luchas existentes y en campañas concretas (en todos los ámbitos como el derecho laboral, las políticas monetarias, la lucha contra el racismo, etc.) para demostrar la eficacia de la aplicación de los objetivos democráticos, medioambientales y sociales a escala europea, y la contradicción existente con respecto a los tratados y políticas neoliberales actuales. Si un actor político está temporalmente aislado, puede, sin embargo, contribuir por sí solo a deslegitimar la política y las instituciones existentes, desobedeciéndolas mediante la implementación de soluciones alternativas y proponiendo públicamente nuevas formas de cooperación y autoorganización popular en todos los niveles posibles.

2. Las luchas existentes a nivel nacional deben llevarse a cabo poniendo de relieve las interacciones entre la política de las clases dominantes nacionales, por un lado, y la ideología y la economía política dominantes dentro de las instituciones europeas, por otro. Para romper con la hegemonía del capital, las consultas y movilizaciones populares deberían centrarse en los objetivos y programas concretos que deberán ser propuestos en contra de las clases dominantes y las instituciones de la UE. La confrontación también implica poner en marcha herramientas defensivas contra las amenazas y ataques de la UE, así como iniciativas políticas ofensivas para desestabilizar el bloque neoliberal y provocar una crisis de legitimidad y funcionamiento de las instituciones europeas. Estas herramientas deben ser utilizadas lo antes posible por un actor político (un gobierno a nivel de estatal, comunidad, municipio o cualquier nivel institucional que lo permita) a través de medidas unilaterales, tales como la suspensión del pago de la deuda pública durante una auditoría; la implementación de un programa de política pública que cree puestos de trabajo sobre la base de una imposición específica del capital; el control de los flujos de capital; y ciertas socializaciones y/o nacionalizaciones relacionadas con luchas y demandas concretas. Si un actor político se encuentra temporalmente aislado, debe implementar estas herramientas por sí mismo y, al llamar a la movilización popular en toda Europa (y no sólo en su propia área geográfica), debe proponer a otros actores que contribuyan a la deslegitimación y a la crisis política de las instituciones europeas.

Enfrentarse a las clases e instituciones dirigentes de la UE, defendiéndose frente a los ataques y lanzando iniciativas políticas ofensivas para desestabilizar el bloque neoliberal y provocar una crisis de legitimidad y de funcionamiento de las instituciones europeas.

3. Tales herramientas defensivas e iniciativas políticas ofensivas implican necesariamente una ruptura con los Tratados e instituciones europeos por parte de los gobiernos populares a nivel nacional. Todas las medidas tomadas por un gobierno popular, como se describe anteriormente en el Manifiesto, requieren, al menos a nivel nacional una ruptura con las políticas y normas europeas dominantes. Debemos dejar claro que lo que defendemos no está vinculado al «interés nacional», sino a objetivos políticos, sociales, medioambientales y democráticos, que afectan a todas las personas dentro y fuera de la Unión actual. Debemos defender absolutamente la necesidad de una moneda y un sistema monetario democráticamente controlado y, por lo tanto, la necesidad de socializar los bancos y controlar los flujos de capital. Sin embargo, estas medidas entran en conflicto con la UEM y los tratados de la UE. El gobierno popular puede decidir el abandonar la UEM y/o la UE (por ejemplo, activando el artículo 50 si es útil), o aceptar el reto de ser expulsado de la UEM o de la UE.

Iniciar procesos constituyentes a todos los niveles posibles en vista de crear nuevas cooperaciones, de favorecer procesos de ruptura, de desmantelar la Europa Fortaleza y finalmente de crear instituciones alternativas a nivel europeo e internacional.

4. Deben iniciarse procesos constituyentes a todos los niveles posibles para construir alternativas para una nueva cooperación política en Europa basada en una plataforma común contra las clases dominantes locales y las instituciones europeas, así como contra las corrientes xenófobas, y a favor de los derechos sociales de las y los trabajadores y de todas las clases subalternas y en favor de la protección del medio ambiente. El escenario no puede fijarse de antemano, pero a título de ejemplo, una alianza de asociaciones, ciudades, regiones o Estados rebeldes podría lanzar un «proceso constituyente rebelde» (relativo a prerrogativas funcionales globales o específicas), abierto incluso a espacios políticos que no estuvieran implicados desde el principio en el proceso de desobediencia. Estos procesos constituyentes, que pueden adoptar diversas formas en función de las situaciones y escalas de que se trate (desde foros y redes municipales hasta asambleas constituyentes a nivel nacional o europeo, asociadas a plataformas internacionalistas), deben iniciarse con el fin de crear nuevas cooperaciones, promover procesos de ruptura por parte de los actores políticos vecinos que aún no se han comprometido con ella, desmantelar la Europa Fortaleza y, por último, crear instituciones alternativas a nivel europeo e internacional. Si un actor político está temporalmente aislado, debe lanzar este «proceso constituyente rebelde» en solitario en el territorio en cuestión y sobre el tema específico en cuestión, y proponer a otros actores que se unan al proceso.

Propuestas: iniciativas inmediatas:

Cada una de las etapas descritas anteriormente requiere iniciativas inmediatas. Las condiciones principales conciernen el diseño colectivo y la apropiación popular de las herramientas concretas necesarias para la desobediencia, la confrontación y la iniciativa de los procesos constituyentes, así como la unión de las fuerzas sociales y políticas que pueden implementarlas.

Proponer a todas las fuerzas progresistas el reforzar la crítica de las instituciones europeas, de poner en común y de divulgar nuestras elaboraciones convergentes, animando el desarrollo de todas las iniciativas a favor de “procesos constituyentes rebeldes”, de lanzar campañas e iniciar debates populares con respecto a la cuestión de los escenarios propuestos aquí.

En concreto, para el año 2019, proponemos a todas las fuerzas progresistas (sindicatos, organizaciones políticas, asociaciones, colectivos militantes) que compartan objetivos similares: el reforzar conjuntamente sus críticas a las instituciones europeas capitalistas y antidemocráticas y precisar sus propuestas para romper con la hegemonía de estas instituciones y reconstruir nuevas formas de cooperación popular; reactualizar, poner en común y popularizar los desarrollos convergentes como el Manifiesto de Altersummit y el Manifiesto ReCommonsEurope; fomentar el desarrollo de todas las iniciativas destacadas a nivel local, nacional y europeo en favor de «procesos constituyentes rebeldes» como los desarrollados por algunos participantes en el movimiento de los «Chalecos Amarillos» en Francia; aprovechar la oportunidad de las Elecciones europeas para lanzar campañas e iniciar debates populares sobre este escenario y sus implicaciones, informar sobre las iniciativas existentes y los espacios alternativos que podrían tomar parte en este escenario, y reunir a las fuerzas sociales y políticas en torno a esta perspectiva.

Lista de las y los 150 primeros firmantes: (…) Leer

Fuente: http://www.cadtm.org/ReCommonsEurope-Manifiesto-por-un-nuevo-internacionalismo-de-los-pueblos-en

 

En consecuencia, hoy ante el destape de los gobiernos progresistas como promotores del capitalismo y de este último como sistema de expoliación-muerte, comienza a haber esclarecimiento del imperativo de unión de los pueblos continentales y planetarios para abrir caminos de buenos vivires convivires abajo. Esto desafía al Abya Yala a desobedecer, enfrentar y romper con el dominio de las alianzas de capitales y estados imperialistas con los locales. Dos pueblos hoy confrontan con la democracia representativa al descubrirla en su función, cada vez más degradada, de legalizar-legitimar el exterminio masivo y la destrucción de las condiciones de vida tanto presentes como futuras.

 

HAITÍ: ¿Quiénes y por qué sostienen

al impopular gobierno haitiano?

 

Jovenel Moïse, presidente de Haití, no es un rey sin corona. Al contrario, tiene corona, cetro, trono, y todos los atributos formales del poder político. Pero prácticamente ninguno de sus atributos reales. Pero siendo así, ¿cómo es posible que se sostenga en el poder un presidente que sorteó innumerables movilizaciones de masas en los últimos dos años, huelgas generales, una insurrección popular que lo dio vuelta todo en julio del 2018 y un bloqueo que paralizó al país en febrero de este año durante más de diez días?

¿Cómo es posible que lo haga concertando el repudio unánime de partidos de todo el espectro político; de los movimientos sociales rurales y urbanos; de los organismos de derechos humanos y las ONGs progresistas; de los parlamentarios que decidieron no convalidar la designación del primer ministro por él elegido; de parte del poder judicial y sus máximos tribunales, que insisten en su culpabilidad en el desfalco de fondos millonarios; de los ex primeros ministros que se han sucedido espasmódicamente en el cargo e invariablemente lo han abandonado con invectivas contra su persona; e incluso de los sectores patronales agrupados en el Foro Económico Privado y de la Iglesia Católica, que amenaza con pasarse con velas y bagajes al difuso y contradictorio campo de la oposición?

 

Jovenel Moïse se sostiene en el poder desde que fuera elegido en 2016 en unas elecciones reconocidamente viciadas que debieron ser repetidas, reincidiendo en un fraude por el que el candidato designado por el ex presidente Michel Martelly y la embajada norteamericana fue aupado a un fantasmagórico primer lugar, desplazando al ganador legítimo, el ex-senador Jean-Charles Moïse, a un tercer puesto que no le permitió ni proyectar su sombra en un balotage. El presidente está al frente de un estado en completa bancarrota, impedido en su constitución desde hace doscientos años, firmemente sujetado por las correas del FMI y del Banco Mundial, militarmente ocupado desde el año 2004 por las misiones de “pacificación” y “justicia” de las Naciones Unidas. Y se demuestra netamente deficitario, cuando no inexistente, en la provisión de derechos sanitarios, educativos o habitacionales. Un estado que, por otra parte, usa instrumentos represivos desproporcionados para reprimir ciudadanos de a pie, pero que carece de la capacidad o de la voluntad de poner un límite a las bandas criminales organizadas y financiadas por el propio poder político, que en un hecho grotesco protagonizan algo así como el primer paro de delincuentes del que se tenga registro. Son estos grupos, los “gangs”, los que perpetran masacres y aterrorizan las comunidades para que los senadores o ex-presidentes que los organizaron y armaron para realizar trabajos opacos, vuelven a financiarlos y cobijarlos bajo su ala, como sucedió con el por estas alturas ya casi mítico Anel, amo y señor de Grand-Ravine. De paso cumplen también objetivos inestimables: forzar a la ciudadanía a abandonar las calles que ocupan casi sin solución de continuidad desde hace años contra la crisis económica, la carestía de la vida, la ocupación internacional y la corrupción gubernamental. También la violencia sexual es utilizada como instrumento de control territorial, como quedó demostrado con las violaciones sistemáticas perpetradas contra jóvenes estudiantes de la Universidad Quiskeya. Detrás de todo caos hay un orden secreto, y el descalabro de la seguridad en Haití no es la excepción.

 

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¿Cómo puede la llamada comunidad internacional (esencialmente los Estados Unidos y sus socios atlánticos) hacer la vista gorda frente al escándalo de un presidente acusado con pruebas solventes y un extensísimo informe del Tribunal Superior de Cuentas, de haber participado en la malversación de los fondos de Petrocaribe que llegaron al país para ser destinados a proyectos de infraestructura social y energética, como aconteció para provecho del resto de las naciones caribeñas? Por aquí, en cambio, solo hubo sobreprecios, subejecuciones, contratos yuxtapuestos, obras fantasmales, liquidación precoz de fondos, evasión fiscal, nepotismo, etc. E incluso, según el segundo informe de la segunda auditoría del citado tribunal, Jovenel Moïse habría participado de forma directa a través de empresas propias tales como “Agritrans”. También aparecen vinculados a la trama de corrupción funcionarios de carrera, primeros ministros, ex ministros y directores de empresas.

 

Se trata en suma de un hecho de corrupción que, a escala local, quizás resulta aún más significativo que el escándalo trasnacional en torno a la constructora Odebrecht. Y sin embargo, como son las cabezas de un gobierno plenamente consustanciado con los intereses norteamericanos las que penden de un hilo, nadie ha puesto ni pondrá el grito en el cielo.

 

Jovenel Moïse, un empresario anodino, el “rey banana” como es llamado con sorna por sus detractores en relación a su trayectoria como exportador de plátanos, pende de un hilo. Esto es algo que se dice y se repite en el país y los medios de comunicación desde al menos julio del año pasado. Y es absolutamente cierto. Y sin embargo el tambaleante Moïse nunca termina de caer porque es un hilo grueso el que lo ataja. Aquel que lo enlaza a los poderes fácticos del país, esencialmente la embajada norteamericana, la lumpenburguesía importadora y las potencias de segunda línea que mantienen intereses en la nación caribeña. El apoyo de la administración Trump ha sido reiterado y se mantiene imperturbable, aparentemente indiferente a la coyuntura insurreccional y a los costos evidentes, aunque limitados por el cerco informativo, que genera estar pegado a semejante descalabro.

 

La testarudez de la administración republicana se debe centralmente a tres causas. En primer lugar a los buenos servicios prestados por Moïse en el saqueo del país, de los cuáles podríamos enumerar rápidamente: la consolidación de un paraíso fiscal en la Isla Gonave y de zonas francas comerciales; la política de puertas abiertas a los proyectos megamineros en el norte grande del país donde campean también capitales canadienses; el manso sometimiento al FMI y la garantía de avanzar en la privatización de las últimas empresas estatales que sobrevivieron a la rapiña neoliberal; el sostenimiento de salarios paupérrimos que aseguran la rentabilidad de las maquiladoras que confeccionan textiles para el sur de los Estados Unidos a precio de ganga; la ruina agrícola inducida y la apertura del extenso mercado haitiano para los productos alimenticios de baja calidad tanto norteamericanos como dominicanos; la utilización de Haití y sus islas como estación de paso para la cocaína producida en el sur para el consumo del norte; el lucrativo negocio de las empresas como Sogebank y Wester Union que monopolizan las remesas de la nutrida diáspora haitiana y un largo etcétera.

 

Pero también hay una dimensión estrictamente geopolítica, que se ha reforzado desde que Moïse decidiera poner fin a su inestable equilibro diplomático y se transformara en un operador caribeño de la cruzada internacional contra la revolución bolivariana de Venezuela. Por el lado político del asunto, Haití decidió reconocer en la OEA al autoproclamado e igualmente anodino Juan Guaidó, e impugnar a destiempo la legitimidad del chavismo, que tanta ayuda solidaria ha ofrecido al país desde el primer gobierno de Hugo Chávez, que fue recibido y aclamado en 2007 como si se tratara de Jean-Jacques Dessalines, el padre de la patria. Después de esto Haití se fue sin que lo echaran de la Plataforma Petrocaribe, vital para el abastecimiento de hidrocarburos de las islas caribeñas, las anti-imperialistas y también las otras.

Por ese accionar suicida el país comenzó a comprar combustible a los Estados Unidos a un costo mucho más elevado. Pero, paradojas del destino, se trata de los mismos hidrocarburos que los norteamericanos compran a Venezuela, que remarcan con especulación y mayores costos logísticos, y triangulan hacia la isla que antes era abastecida desde una geografía más próxima, sin usura y con acuerdos preferenciales (una auténtica ayuda humanitaria). El resultado inmediato ha sido en Haití el desabastecimiento de nafta, querosén y gasoil, al auge del contrabando y el incremento desmedido de precios. Dentro de esta misma dimensión política el Ministro de Asuntos Extranjeros y Culto, Bocchit Edmond, ha devenido un insistente lobbysta de los llamados de guerra contra Venezuela, aunque sin éxito, en organismos regionales como la Comunidad del Caribe. Por si fuera poco, según fuentes de los movimientos sociales, Moïse habría ofrecido algo que de todos modos debe entenderse como una mera cortesía formal: la libre navegabilidad de las costas haitianas para el paso de buques de guerra ante la hipótesis, hoy algo desinflada, de una intervención militar directa de los Estados Unidos sobre Venezuela.

 

Pero quizás el apoyo irrestricto del “gran país del norte” al gobierno de Moïse tenga aún otra explicación. Y es que la lectura de fondo, compartida por tirios y troyanos, es que lo que atraviesa Haití es una crisis orgánica profunda, con el colapso simultáneo de sus estructuras económicas, el completo desprestigio de su sistema político-electoral, la incapacidad del estado para ejercer su soberanía sobre el territorio común, la probada inviabilidad de este modelo de nación, y la completa ausencia de perspectivas de futuro para las cuatro quintas partes de la población. Perdida por perdida toda mascarada liberal-republicana, y obligados a sostener este esquema de dominación con la pura coerción y la creciente militarización y paramilitarización de la vida, Estados Unidos y sus socios imperiales apuestan a lo conocido. Parafraseando la entrañable descripción de Cordel Hull, Secretario de Estado de Franklin Delano Roosvelt sobre el dictador Anastasio Somoza, Moïse podrá ser un hijo de puta (y un incompetente) pero es su incompetente hijo de puta. Siempre desde su óptica, abrir siquiera un resquicio a un recambio del elenco gubernamental no descomprimiría demasiado la explosiva situación social como no lo ha hecho la danza incesante de primeros ministros, y quizás las masas soliviantadas podrían darse aún más aire ante una victoria táctica de ese calibre. La malversación de fondos públicos, aún en esta escala, no deja de ser el catalizador de dramas aún más profundos y estructurales en el país más pobre (o empobrecido) del hemisferio. Las consecuencias de tal transición, para propios y extraños, son aún difíciles de prever.

 

De todos formas, más allá de la irritante continuidad de Moïse en el poder, la alianza formada entre el estado patrimonialista, la lumpen-burguesía haitiana y las potencias imperiales, se encuentra en una encerrona. La cercanía de unas elecciones parlamentarias que deberían ser convocadas para fines de este año llevan a los factores de poder a una disyuntiva. Por un lado podrían optar por abrir la caja de Pandora de un proceso electoral que necesariamente no pueden ganar, dado que la nula credibilidad de Moïse o de cualquier otra figura del establishment posibilitaría que un candidato de izquierda o progresista capitalice la crisis y se alce con el triunfo como sucedió en 2016. Viene siendo interesante, en ese sentido, la demorada tentativa de unidad de un amplio arco de organizaciones de izquierda, democráticas, patrióticas y progresistas. De dar cauce a las elecciones el gobierno volverá a recurrir a un nuevo y ominoso fraude, lo cual haría crecer exponencialmente la magnitud y radicalidad de las protestas como ha sucedido en otras oportunidades. La otra posibilidad lógica sería terminar de clausurar los últimos vestigios de democracia liberal con un autogolpe o con la postergación ad infinitum del simulacro electoral, o bien con la remilitarización del país a través de la declaración de un estado de excepción. El propio presidente ha solicitado en conversaciones con representantes norteamericanos remover la burocrática mediación de la MINUJUSTH (así se llama la actual misión de ocupación de la ONU) por una presencia directa y aún más discrecional de marines norteamericanos de este lado de la isla.

 

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Por recurrente, la imagen no resulta menos sobrecogedora. Decenas de miles de personas remontan la larga pendiente de la Avenida de Delmas y se dirigen en una peregrinación que se hace a buen ritmo hacia Champ de Mars, el centro político de Puerto Príncipe, no sin antes hacer una escala en Pétionville, el distrito más rico del país, tradicional zona de la burguesía mulata y epicentro de grandes hoteles, supermercados y embajadas. No es de extrañar que las mayorías abrumadoras sean magnéticamente atraídas a los símbolos de la corrupción de la clase política haitiana: el Hotel Marriot, el viaducto del cruce del Aeropuerto Internacional, el Parlamento o el Palacio Nacional. Empuñan apenas carteles y alguna que otra remera identificatoria, aunque los más sólo agitan ramas de árboles. Algunos hasta llevan cuerdas consigo simbolizando la necesidad de atar, de arrestar, a los culpables del desfalco. Un joven en silla de ruedas carga un neumático sobre sus piernas rígidas y lo arroja sobre otros que arden. Aquí todo mundo lucha en la medida de sus posibilidades. Pronto se pliegan otras grandes ciudades a las protestas: desde Cabo Haitiano, la antigua capital de la colonia de Saint-Domingue, los manifestantes marchan hacia Vertières, el campo de batalla de la primera independencia americana, y se postran frente a la imagen de los héroes de la independencia para implorar asistencia para arrancarse de encima a los colonizadores de este sigo. Se suman también importantes centros económicos como Gonaïves y Saint-Marc, las grandes ciudades-puerto del Artibonite; completan el grueso de la geografía nacional Belladere en el departamento central y Les Cayes, Jérémie y Miragoâne, las capitales de un sur que se estira hacia el oeste.

 

Si a esa virtual implosión del sistema político electoral de la que hablamos sumamos una situación económica menos tendiente a la crisis que al colapso, es fácil entender porque en el país se ha hecho cotidiano lo extraordinario: cientos de miles de personas, cuando no millones, saliendo espontáneamente a las calles de todo el país una y otra vez, batiendo récords históricos cada mes, cada semana. Julio, Octubre, Noviembre, Febrero, y ahora Junio. La enumeración de esos meses que quizás nada signifiquen para otros, es de rigor y bien conocida para quiénes vivimos en Haití. Se trata de la larga saga de movilizaciones de masas que configuran un estado de insurrección popular permanente que apenas si encuentran en el medio períodos de la latencia en los que la vida parece transcurrir con increíble normalidad. Pero la pólvora sigue acumulándose y cualquier hecho de la coyuntura, trascendente o trivial, vuelve a detonarlo todo. La crisis es sistémica, y sin precedentes. El edificio del aparato colonial está corroído hasta los cimientos. El neoliberalismo se ahoga en su propio pus. Nadie podría achacar el fracaso a factores ideológicos presuntamente extraños como el comunismo o el estatismo. Aquí reinan, sin contrapeso alguno, el libre mercado, las ONGs europeas y norteamericanas y el imperialismo. Por eso la estrategia de las agencias oficiales de comunicación es bien sencilla: el silencio más deliberado. Haití, sin tremendismos, como ningún país de nuestro continente, podría enfrentarse en los próximos días o meses a grandes transformaciones decisivas.

 

El último experimento progresista y popular en el año 1991, el último vestigio de una democracia con olor a pueblo, la del cura salesiano Jean Bertrand-Aristide, que supo conducir a una verdadera avalancha de voluntades y votos (“Lavalas”, “avalancha” en la lengua nacional haitiana, se llamaba precisamente la coalición de Aristide), fue abortado con repetidos golpes de estado, con la presión externa financiera y diplomática, con su regreso condicionado al país y finalmente con una ocupación militar que no cesa. El pueblo haitiano ha perdido la última chispa de su entusiasmo ciudadano: hoy descree, malcree o simplemente reniega. Y se moviliza. Y paradójicamente en ese escepticismo coinciden la burguesía y la casta política, que también descreen, a nadie convencen ni intentan convencer. Por eso sólo reprimen y esperan el impacto a ojos cerrados. Estas son, al desnudo, las formas neoliberales del consenso. Este es el proyecto del imperialismo para el sur global, sin tapujos.

La movilización continúa en su segundo día al momento de escribir esta nota, con resultados aún inciertos. Dos muertos han sido reconocidos ya por la Policía Nacional, y muchos otros están siendo identificados por los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos, los cuales de seguro serán negados por el estado. Y sin embargo, en la ciudadela amurallada de su residencia personal en Pelerin, o en el militarizado Palacio Nacional, aún próximo de la catástrofe nacional o personal, Jovenel Moïse, el rey ensimismado, el intumbable, resiste por ahora.

Imágenes: MODEP
* miembro de la Brigada Jean-Jacques Dessalines

Fuente:  http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/06/11/haiti-quienes-y-por-que-sostienen-al-impopular-gobierno-haitiano

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Honduras. Un país en llamas. Entrevista a Gilberto Ríos, Dirección Nacional del partido Libre

Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 21 junio 2019.-

Muertos, heridos y una tensión creciente entre los manifestantes que piden la renuncia del «narcopresidente» Juan Orlando Hernández (JOH), y las fuerzas de represión. Honduras se enciende, dando lugar a una situación que, según varios analistas, es preinsurreccional. Manuel Zelaya, presidente de Honduras de 2006 a 2009 y fundador del Partido Libre, invita a los militantes a continuar la protesta hasta el final.

Hace diez años, en la noche del 28 de junio, Zelaya fue víctima de un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas que lo tomaron por la fuerza y lo deportaron, aún en pijama, a Costa Rica. Detrás de ese golpe, como admitirá Hillary Clinton en su libro de Memorias, estaba la mano de Estados Unidos, con la intención de mantener el control sobre el país que alberga la base militar más grande de América del Norte en el continente. Ahora la situación social es explosiva.

Es desde finales de abril que el país se ve sacudido por las crecientes protestas de diversos sectores sociales, golpeados por las políticas neoliberales de un gobierno que se ha impuesto con el fraude y está involucrado en numerosos escándalos de corrupción. Los policías también están en huelga. Muchos de ellos se negaron a apuntar con armas a los manifestantes y denunciaron la falta de personal, los turnos dobles y los bajos salarios. El jueves, el presidente Hernández convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad en la que participaron los jefes de los tres poderes estatales, las fuerzas armadas y la policía, con la cual se abrió una mesa de negociaciones para eliminar de la protesta un combustible peligroso. Pero las manifestaciones no se detienen. Lo hablamos con Gilberto Ríos, líder del Partido Libre.

Una situación explosiva. ¿Cómo surgió esto?

Estamos completando un ciclo de diez años, iniciado por el golpe de estado contra Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009. Un ciclo durante el cual Honduras fue aplastada por políticas neoliberales que han habido una violenta aceleración en los últimos meses. Muchos sectores han sido privatizados: telecomunicaciones, electricidad, agua, puertos y aeropuertos. En este sentido, Honduras se utiliza como laboratorio latinoamericano de neoliberalismo, para probar los mecanismos de privatización y convertirlo en un modelo. Hubo varios momentos y diferentes crisis que coincidieron con los plazos electorales: desde la represión de 2013, seguida al primer triunfo del partido Libre, hasta la de este año implementada contra los sectores que se manifestaban para exigir derechos, como los estudiantes, o contra esa parte de la ciudadanía que protesta contra la corrupción desenfrenada y la impunidad. También muy importante fue la protesta contra el fraude electoral de 2017, reprimida violentamente.

La gente ha estado luchando por un cambio estructural del modelo neoliberal durante diez años y para liberarnos de la dependencia de los Estados Unidos. Una década en la que la deuda externa alcanza los 16.000 millones de dolares. El presupuesto estatal para gastos sociales se redujo drásticamente luego de la visita del Fondo Monetario Internacional en marzo de este año. Primero que todo, dijo el FMI, la deuda externa debe ser pagada, y por esta razón el gobierno ha comenzado a reducir el presupuesto para la educación y la salud, a despedir masivamente a maestros y médicos, y de allí surgieron las movilizaciones.

¿Cuál es el papel de los Estados Unidos?

En el fraude electoral de 2017, la participación de los EE. UU. fue muy evidente, la acompañaron y protegieron, ya que consideran a Honduras un país de gran importancia a nivel geopolítico. Tenemos tres fronteras terrestres, nueve marítimas. Somos el país de América Central más cercano a Cuba, con una amplia frontera también con Nicaragua, y somos una importante retaguardia para planificar los ataques a Venezuela. No olvidemos que en Honduras existe la base más grande de América del Norte en el continente, la base aérea de Palmerola. En la década de 1980 se usó como un portaaviones gigante contra las insurgencias centroamericanas. Honduras tiene algunos antecedentes muy tristes. En 1954, con el apoyo del gobierno hondureño, las tropas que llevaron a cabo el golpe contra Jacobo Arbenz, en Guatemala, salieron de nuestro país. Lo mismo en 1963 con el golpe de estado contra Juan Bosch en la República Dominicana. En la década de 1970, nuestro territorio nacional se usó para combatir a las guerrillas salvadoreñas y en la década de 1980 Honduras se convirtió en la base de la contrarrevolución nicaragüense. En el año 2000, por absurdo que parezca, enviamos tropas a la coalición que invadió Irak. Hoy el gobierno hondureño se ha unido al Grupo de Lima y está llevando a cabo el ataque a la Venezuela bolivariana. Somos un país colonia, invadido, sin independencia y sin soberanía.

¿Es cierto que está en marcha una insurrección y que el presidente ha dejado el país con destino a los Estados Unidos?

No, Hernández sigue aquí. Contra las medidas neoliberales tomadas por el gobierno, se estableció una Plataforma unitaria en defensa de la educación y la salud, que el Partido Libre apoya y acompaña plenamente y que ha dado paso a la movilización social. Ahora que las manifestaciones son cada vez más políticas, se requiere el fin del gobierno fraudulento, corrupto y narcotraficante de JOH. Los bloqueos de carreteras aumentan a nivel nacional, en las últimas semanas ha habido una importante huelga de transporte, es la tercera vez que la policía hace huelga y se niega a disparar contra el pueblo. La situación es muy delicada, por lo que probablemente encontrarán un acuerdo con la policía. Desatarán a toda la prensa al servicio de la oligarquía.

Pero el pueblo está decidido a no rendirse, continúa chocando con las fuerzas armadas. En este momento, a dos cuadras de mi casa, los estudiantes tomaron el liceo. Se oyen disparos y se puede ver gas lacrimógeno. También se están produciendo muchos saqueos, la situación social está fuera de control, y esto proporciona un pretexto para que las fuerzas reaccionarias exijan más represión, tal vez el estado de emergencia que los grandes medios de comunicación manejarán a su manera. Necesitamos que se hable de nuestra lucha, de lo que está sucediendo en Honduras. Necesitamos solidaridad internacional.

Revisión Gabriela Pereira

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/06/21/honduras-en-llamas-entrevista-a-gilberto-rios-direccion-nacional-del-partido-libre/