Qué Estado

Julio 2019

Con feudos provinciales reforzando a la CGT en la represión a los trabajadores y pueblos de Argentina.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Podemos comprobar la responsabilidad e impunidad del Partido Justicialista que designa como su presidente a José Luís Gioja en el año 2016.

 

José Luis Gioja, el ‘hijo putativo’ de

la Barrick Gold corporation

Cuando el lobo Barrick cuida las gallinas

La rotura del caño con cianuro de Barrick Gold en San Juan y el no accionar de su gobernador José Luis Gioja, es otra evidencia de la estrecha relación que hay entre la empresa minera y funcionarios.

En ese marco, los tres principales candidatos a presidente, proponen profundizar esta actividad cuyo pasivo ambiental los argentinos estamos comenzando a pagar.

FUENTE: strepteasedelpoder.com/

 

Por Silvia Ferreyra, Coordinadora del Área de Ambiente de la ONG ISEPCI

 

En San Juan es muy difícil establecer el límite entre el accionar del estado y el de las empresas mineras. La relación es de ida y vuelta: muchos funcionarios tienen o han tenido fuertes vínculos con el sector, como el actual secretario de minería de Nación, Jorge Mayoral, secretario y luego director ejecutivo de la Cámara Minera de la provincia (1994-2001). Y muchos asesores y técnicos de las mineras prestan “colaboración” en el diseño de políticas públicas y normas que rigen la actividad, como sucedió con Barrick y el veto a la ley de glaciares primero, y luego con las leyes provinciales presentadas por los gobernadores ante la inminente sanción por segunda vez de la norma nacional. Esta sintonía perfecta se mantiene intacta desde épocas del menemismo y se repite en todas las provincias mineras.

 

El domingo pasado se rompió “una válvula de una cañería que conduce solución cianurada” en la mina Veladero, de la Barrick Gold, en el departamento Iglesia de San Juan. El accidente alertó rápidamente a la población de Jáchal, localidad aguas abajo del emprendimiento, que por temor a la contaminación se movilizó por la noche al municipio. Gustavo Herrnann, vecino del pueblo, habló en una entrevista para la Olla.TV:

Las noticias que nosotros teníamos es de un derrame de cianuro y mercurio de aproximadamente 15 mil litros, ellos dicen que eso es imposible. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero estamos obligados a monitorear las aguas, porque esto ha sucedido a 5 mil metros de altura, las aguas escurren allá y vienen directamente por el río para acá. De boca de la gente que trabaja en la empresa nos venimos a enterar que el incidente fue ayer (por el domingo) a la mañana. Si no hubiera sido por la presión de las redes sociales y que se viralizó todo, a nosotros nos queda toda la sensación de que esto se hubiera tapado, no nos hubiéramos enterado de absolutamente nada”.

 

De boca del secretario de Minería (de la provincia) nos enteramos que ayer al mediodía ya estaba la policía minera ahí arriba. Si está la policía minera con tanta premura es porque había algo, después ha dicho que los monitoreos de agua se hacen cada dos horas. Eso nos da la sensación de que “algo” ha pasado. Ahora hay gente de Salud Pública y Obras Sanitarias que están haciendo monitoreos en todas las plantas y habrá que hacer monitoreo de aguas subterráneas y aguas arriba. Lo que pasa es que implica un costo, implica movilización y hay gente que desconfía porque acá no tenemos laboratorios para hacer análisis de agua y desconfiamos de los análisis de agua que hace el gobierno. Entonces hay gente que quiere hacer análisis paralelos en laboratorios particulares y eso también tiene un costo. Pero la gente no está tranquila”.

La empresa difundió el lunes un comunicado mostrando todo bajo control. “Nuestro equipo de Medio Ambiente está investigando las causas del incidente y monitoreando todas las variables ambientales en la zona” “No existen peligros para nuestros trabajadores o para la comunidad con el incidente ocurrido”. En igual sintonía se manifestó el gobernador José Luis Gioja, quien siempre que va a Jáchal toma agua directamente de una acequia, en respuesta a quienes critican a la minería. En este caso dijo que iniciará un sumario para determinar responsabilidades por lo ocurrido, calificó el hecho como “una contingencia técnica que fue controlada y no generó problemas”. “Hay que llevarle seguridad a todos. Están todos los recaudos tomados, son cosas que pueden llegar a pasar”. En cuanto a la información trascendida en las redes sociales, señaló que “quienes quieran tergiversar o llevar agua para su molino no sirve la situación. Ustedes lo podrán ver si esto se usa políticamente”.

En la Corte Suprema de Justicia de nuestro país están vigentes dos causas contra Barrick: una impulsada por la Fundación Ciudadanos Independientes – FUCI, por afectación de glaciares y por ocultar la presencia de estas fuentes de agua en el Informe de Impacto Ambiental de la mina Veladero, realizado por la consultora Knight Piésold. Como prueba ofrece la documentación del Informe de Impacto Ambiental de Pascua Lama, proyecto argentino-chileno de la misma empresa, elaborado por otra consultora (BGC) con notables diferencias sobre la misma zona geográfica. La otra causa es por daños, fue iniciada por Ricardo Vargas y está patrocinada por Diego Seguí. Refieren los daños ambientales a partir del inicio de Veladero y solicitan se suspenda la construcción de Pascua Lama del lado argentino -del lado chileno ya se encuentra suspendido por orden de la Justicia-, hasta tanto se realice el inventario de glaciares. Sostienen que este proyecto se está construyendo sobre glaciares de su provincia. Ambos expedientes, vinculados, esperan la respuesta del Tribunal.

 

¿A quién le tienen que creer los vecinos de Jáchal, para quedarse tranquilos? ¿A los funcionarios provinciales que controlan la actividad? ¿Al gobierno nacional que nunca intervendrá, si no es por orden expresa de la provincia? ¿A la empresa? ¿Cuál es el trato que recibe cualquier voz crítica a la actividad en estas provincias? ¿La persecución, el apriete, el ninguneo, el despido, o todas a la vez?

En julio pasado, el candidato a presidente Daniel Scioli viajó a San Juan y envió un mensaje claro al sector minero: “los empresarios, trabajadores, a los inversores y a los potenciales, la mayor de la certidumbre, tranquilidad y previsibilidad que van a encontrar en Argentina una tierra extraordinaria para invertir a distintos mercados del mundo”. En otra oportunidad su contrincante Mauricio Macri señaló en dicha provincia la importancia de la actividad y que “hay países que salieron adelante con la minería y son respetados desde el punto de vista ambiental”, mientras que Sergio Massa sostiene que “donde haya licencia social, hay que bancar a muerte a la minería y donde no la hay, no debe haber minería”.

 

Nuestro país necesita una reforma minera profunda, que vaya más allá de lo estrictamente económico, que aborde las estructuras de poder fortalecidas desde Menem en adelante de la mano del clientelismo, la compra de voluntades y la corrupción. Que contemple la defensa del agua y de la vida, y el respeto por la cultura de nuestro pueblo y su forma de vivir. Que garantice mecanismos de control transparentes y participativos, sobre todo de la población involucrada, con funcionarios idóneos e independientes de los intereses de las empresas. Sólo así se podrá construir un puente de confianza de cara a la sociedad.

Fuente: http://fundavida.org.ar/web2.0/jose-luis-gioja-el-hijo-putativo-de-la-barrick-gold-corporation/

 

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Derrame de cianuro en Veladero:

todo lo que necesitás saber de esta catástrofe ecológica provocada por la Barrick Gold en la cordillera de San Juan

9 de noviembre de 2015

 

El día 13 de septiembre de 2015, Barrick Gold vertió de manera repentina más de cinco millones de litros de cianuro y metales pesados a los ríos de San Juan, en la Mina Veladero. El derrame se produjo por la rotura de una válvula de un caño que lleva estos químicos disueltos en agua, de la planta de lixiviación al dique de colas (tranque de relaves) de la mina. El vertido terminó fluyendo hacia los cursos de agua, contaminando la cuenca del Río Jáchal.

 

¿CÓMO NOS ENTERAMOS DE SEMEJANTE CATÁSTROFE?

 

Como siempre ocurre en TODOS estos casos, la corporación al principio ocultó el incidente, el cual trascendió porque los trabajadores de la mina enviaron mensajes por las redes sociales, a sus familiares residentes aguas abajo, para que tomaran precauciones con el agua, ante la inminente contaminación. Los medios, al principio hablaron de "supuesta" contaminación. De acuerdo a las primeras versiones, el vertido fue de 15.000 litros y se volcó directamente en un curso de agua de la Cuenca del Río Jáchal, estimándose inicialmente que el vertido pudo haber ocurrido durante 4 horas. Luego veremos que estas primeras estimaciones se quedaron cortas

Como la cadena de mensajes se viralizó, la población empezó a movilizarse y a reclamar medidas al gobierno para salvaguarda de la población. La respuesta de la corporación volvió a ser de manual: salió a reconocer el hecho, aunque minimizándolo, como si se hubiera tratado de un incidente menor.

 

En ese sentido, el gobernador de San Juan y otros funcionarios, en completa complicidad con la empresa, se despacharon ante los medios con expresiones poco felices que subestiman la inteligencia de las personas: El Gobernador Gioja salió a decir que "son cosas que pueden pasar" . Hasta hubo falsos iluminados, como el Presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, que dijo públicamente, sin el más mínimo tapujo, que "se puede tomar medio vaso y no pasa nada" olvidándose que el ser humano requiere más de dos litros diarios.

Respecto de las causas, al principio, la corporación, comunicaba que pudo haber sido "un temblor o las bajas temperaturas". El tono dubitativo que empleó en la redacción de sus comunicados, los hacían quedar especulativos y poco creíbles, con lo cual o no sabían las causas y consecuencias de lo que pasó, o las estaban ocultando.
Como suele ocurrir en estos desastres completamente previsibles provocados por la negligencia de las propias corporaciones, la información más aproximada y fehaciente de lo sucedido
 surgió de medios alternativos. Ante la elocuencia de los hechos y lejos de hacerse cargo o de aplicar un plan de contingencias para salvaguardar la salud de la población, en una torpe actitud, en vez de tomar cartas en el asunto, los lobbystas utilizaron los medios corporativos para criticar el uso de las redes sociales, obviando que en escencia, fue la única forma de enterarse respecto de lo que pasó en ese lugar alejado e inaccesible, por tratarse de una enorme porción del territorio en manos de Barrick Gold, con acceso vedado para el público.

 

Recordemos además que, más allá de las declaraciones delirantes de empresarios y funcionarios asociados, el cianuro es veneno. Es un veneno altamente tóxico y letal que puede provocar la muerte de plantas, animales y personas, como ya a sucedido en varios derrames megamineros en diferentes partes del mundo.

Por su parte, los Vecinos Autoconvocados de Jáchal desde un principio y en medio del desconcierto y la conmoción que generó el hecho, salieron a la calle (como hacía mucho no lo hacían) y exigieron ser escuchados, conocer información concreta del hecho, el monitoreo imparcial del Río Jáchal y el cierre definitivo de la mina Veladero,tal como ocurrió en Chile con Pascua Lama.
Rápidamente también fue difundido el hecho por todo el país y el mundo, y desde los diferentes colectivos populares empezaron a emitir comunicados de apoyo a la gente afectada y reclamando las mismas exigencias de los vecinos del lugar.

 

A modo de ejemplo, uno de ellos fue la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que emitió un comunicado público de apoyo a los Vecinos de Jáchal, exigiendo el cierre de todas las explotaciones megamineras en funcionamiento y rechazo de todos los proyectos en marcha y con la consigna NO a Veladero, NO a Pascual Lama. Este comunicado tuvo amplia difusión, incluso en Chile, donde fue leído en los escraches que se hicieron a las oficinas de Barrick Gold, en respuesta a esta catástrofe ambiental y como parte de su lucha contra Pascua Lama.

 

¡ALARMISTAS QUE CAUSAN PÁNICO EN LA POBLACIÓN!

 

A dos días de ocurrido el vertido de cianuro en los ríos de esa provincia, el Gobierno de San Juan, comunica que en algunas localidades YA NO SE PUEDE CONSUMIR AGUA. Así las cosas, tenían la presunción concreta de que el agua de los ríos que provienen de la zona de Veladero está contaminada, cuando resultó ser que horas antes salían a decir que éramos alarmistas.

Evidentemente, ante una catástrofe como esta (que en el fondo sabíamos que iba a pasar), alguna vez iban a tener que llegar a aplicar los principios preventivo y precautorio (art 4º de la Ley Nacional 25.675), aunque sea de manera transitoria y eso no le simpatice a gobierno y corporación. Esperábamos también que reconocieran que el pueblo tenía razón en descreer de las promesas de "responsabilidad empresaria" y "estrictos controles", aunque eso, seguramente nunca va a ocurrir, sobre todo teniendo en cuenta la actitud corporativa que ha adoptado el lobbyng megaminero local, defendiendo sus intereses económicos particulares por sobre la vida y la salud de la población.

Queda en evidencia, también, que de no haber sido por aquellos mensajes que mandaron los trabajadores de la mina y la posterior movilización del pueblo de Jáchal, empresa y gobierno habrían tapado todo y no hubiéramos sabido que ocurrió el derrame sino hasta sus consecuencias; total, pasó allá arriba, lejísimos del punto a partir del cual no se puede ingresar, si no es con permiso de la Barrick. La persistencia del reclamo masivo en Jáchal y San Juan finalmente logró que se empezara, a conocer la punta del iceberg de una verdad que sinceramente jamás conoceremos del todo.

 

Versiones contradictorias: conforme iban tomando estado público las dimensiones del vertido de cianuro que se produjo en Veladero, empezaron a circular versiones contradictorias respecto de la contaminación y el riesgo para la población, ya sea en declaraciones de funcionarios y voceros de la empresa, o en sus comunicados oficiales.

 

EL PUEBLO QUIERE SABER DE QUÉ SE TRATA...

 

Durante mucho tiempo se pensó que el pueblo de San Juan estaba durmiendo una larga siesta, desanimado, rendido ante el gigante extractivista y silenciado por el aparato estadual censor y represor de la protesta social. Sea como fuere, lo cierto es que un día pasó lo que indefectíblemente ya sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, y por ende, despertó. Los días posteriores al derrame se sucedieron movilizaciones como nunca había pasado en esa provincia, desde que es gobernada por Gioja. La respuesta fue masiva y contundente:

 

POR DECISIÓN UNÁNIME DEL PUEBLO AUTOCONVOCADO EN ASAMBLEA SOBERANA EN JACHAL con más de 3.500 personas contra Barrick y el Gobierno de San Juan, Argentina. Ante el derrame de cianuro en la cuenca del río Jáchal por parte de la minera Barrick Gold, se ha decidido: El día Miercoles 16 de septiembre el PUEBLO DE JACHAL no tiene ningún tipo de actividad. Se mantienen cerrados los comercios, no se envían a los alumnos a clases, y se realiza una convocatoria ante las puertas de la Municipalidad a partir de la hora 8. Con el pedido de renuncia del gobernador Gioja y todo sus funcionarios, se cierra la asamblea popular realizada en la noche del martes 15 de septiembre. También se determinó que, mientras tanto se conoce y soluciona el problema, el Gobierno y la Empresa Barrick suministre agua mineral en bidones a todos los ciudadanos de Jáchal.

Esa misma noche se presenta a la Municipalidad de Jáchal una Iniciativa popular, a raiz del derrame de cianuro en Veladero, que da lugar a la sanción de la ordenanza que declara la emergencia ambiental, social, sanitaria, educativa y laboral, ordena a la Muicipalidad de Jáchal iniciar un juicio de amparo colectivo ambiental y autoriza a realizar los gastos necesarios para la provisión de agua mineral envasada, con cargo a la empresa.

 

LA VERDAD DE LA MILANESA SOBRE LOS ESTRICTOS CONTROLES Y LA TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE DICEN EMPLEAR LAS CORPORACIONES MEGAMINERAS

 

Luego de que se ordenara un allanamiento a la mina Veladero, comenzaron a circular fotografías del lugar del derrame y a trascender las verdaderas causas del vertido tóxico, así mismo se conocieron detalles de la operatoria de la mina y el control de los procesos y materiales empleados en la explotación.

Por lo que se concluyó en esas inspecciones oculares, una válvula de venteo del caño que lleva solución cianurada, se rompió y el vertido que emanó debería haber vuelto al dique de colas (valle de lixiviación), sin embargo, escurrió directamente al Río Potrerillos, que nace en la zona y alimenta la cuenca del Río Jáchal.

 

De cómo la vida y la economía del pueblo jachallero depende de una compuerta de morondanga: De acuerdo a los trascendidos, el agua con químicos tóxicos escapada de la válvula rota, escurrió al río porque alguien dejó una compuerta abierta...

Pero de acuerdo a las fotografías que circularon, pudimos saber que, lo que Barrick Gold usaba como compuerta era una lata carcomida por el óxido, doblada porque evidentemente la colocaban a golpes o  pateándola... ¿Será esta la ecnología de punta de la que tanto hablan? Lo cierto es que ni el tomero más ciruja y rasca usa una porquería como esa para tapar una acequia...

Al parecer y por lo que se ve en las fotos e imágenes satelitales, existe una zanja de hormigón por donde debería haber sido recuperado el vertido, pero, ¡oh casualidad!, es la misma zanja por donde escurre el deshielo de las intensas nevadas que ocurren en invierno en esa zona, el cual es desviado a los cursos naturales de agua, para no saturar el dique de colas. Esta operación se lleva a cabo tan sólo levantando la susodicha compuerta, que tanta polémica generó y que podría haber sido (en parte) evitado, si en lugar de esa lata, con una mínima inversión para los costos que maneja la corporación, hubieran construido otra zanja paralela.

Cabe mencionar además algunos detalles que pintan de cuerpo entero los "estrictos controles" que realiza el gobierno y la empresa en Veladero (por propiedad transitiva en el resto de las explotaciones megamienras):

a) de acuerdo a datos que trascendieron, pasaron varias horas desde la última vez que fue revisasa la válvula, hasta que fue detectado el vertido y posteriormente detenido.

b) la válvula que se rompió nunca tuvo mantenimiento y su vida últil había expirado. Además era una válvula de venteo, sin sistema de recuperación, con lo cual es probable que estuviera derramando agua cianurada cada tanto y de manera periódica, dependiendo la presión del líquido sobre el caño que lo conducía...

 

Con esto queda claro que el discurso de la megaminería ambientalmente responsable es una falacia: ¿no era que el circuito del cianuro es cerrado y que existe recuperación en caso de pérdida por fallas del sistema? Evidentemente no es así: primero porque no se sabe dónde va a parar el cianuro una vez desechado; y segundo, como es público y notorio, que ante cualquier eventualidad, para las corporaciones y gobiernos asociados, y por más circuitos cerrados que hayan, en última instancia, el destino inexorable de los tóxicos siempre son los cursos y cuerpos de agua, total, la naturaleza se encarga de diluirlos...

 

 

Aparentemente esta compuerta debía estar cerrada y al momento del incidente estaba abierta. El tema es que la zanja es multipropósito, por ende, debería haber un sistema de monitoreo con una compuerta automática para que se cierre y abra al momento cuando corresponda, pero para una corporación que basa su reparto de dividendos en el "low cost", eso es demasiado pedir...

Fotos 1 y 2 muestran la compuerta desde arriba hacia bajo, fotos 3 y 4 en sentido inverso. Nótense los detalles de óxido y corrosión, al punto que hay una compuertita adosada, que seguramente debe evitar las filtraciones por corrosión. Nótese además la abolladura que presenta la compuerta en la parte superior, evidentemente la colocan a golpes o pateándola.... pensar que a quienes nos oponemos a la megaminería nos llaman cavernícolas...

Se puede apreciar también en todas las fotos que el canal está obstruido por piedras y hielo, con lo cual evidenciamos dos cosas:

a) Mantenimiento cero del canal, con lo cual es muy probable que parte del vertido se haya desbordado del canal, contaminando el suelo circundante ¿habrá tratamiento de ese suelo contaminado...? (cri, cri...) ¿y con las rocas y el hielo que tuvieron contacto con el agua cianurada, qué piensan hacer...? (cri, cri...) ¿tendrán un repositorio de suelos contaminados...? (cri, cri...) ¿o directamente lo van a dejar ahí y esos materiales contaminados caerán también al río cuando venga el deshielo y abran la compuerta...? creo que ya sabemos la respuesta.

b) Veladero está dentro de ambiente periglaciar, protegido por la Ley Nacional 26.639 (Ley de Glaciares), con lo cual, al día de hoy, es una explotación ilegal. Recordemos que por destruir este mismo tipo de ambientes, a la misma Barrick le fue clausurada y suspendida por tiempo intdeterminado la mina Pascua Lama, en plena construcción, medida tomada por las autoridades y la justicia de Chile, país que curiosamente no cuenta con Ley de Glaciares... Tan sólo por esta razón, y más allá del derrame, esta explotación megaminera debe ser cerrada de inmediato.



 

Válvulas cianuradas sin mantenimiento ni control: Desde un principio se supo que el escape de agua cianurada de la cañería que conduce dicho compuesto por las cañerías que atraviesan el complejo, fue por la rotura de una válvula. En ese momento, Barrick Gold salió a decir, en un tono entre especulativo y dubitativo, que "podría haber sido" por un sismo o por congelamiento.

Pero como los comunicados de la empresa siempre fueron mentirosos, a la gente le quedó la duda:

1) En los días previos al vertido, el registro sísmico más cercano a Veladero fue un movimiento con intensidad de 4 a 5 grados en la escala de Richter, con epicentro ubicado a 250 kilómetros, con lo cual, la intensidad del movimiento que se podría haber percibido en el lugar es muy leve y de ninguna manera puede dar lugar a roturas, ya que además tampoco las hubo ni siquiera en las viviendas precarias de las poblaciones cercanas, menos aún en instalaciones que, por tratarse de una zona propensa a este tipo de actividad geológica, deberían ser ante todo, sismo-resistentes.

2) ¿Cómo es que la válvula se rompió por congelamiento, ya en septiembre? y supongamos que fuese así, (por lo riguroso del clima de la alta montaña y por que la primavera viene muy atrasada): ¿cómo es que el agua se congeló, si contiene las más diversas variedades de elementos disueltos que producen descenso crioscópico?¿a qué temperatura se congela la solución cianurada?
Recordemos que, más allá de este derrame, las válvulas que se rompieron son de venteo, esto quiere decir que ante una alteración, por más mínima que sea, en el caudal que circula por esas cañerías, o la presión que el líquido ejerce en las paredes de la misma, el agua con cianuro y metales pesados, puede verter por ahí en cualquier momento.

 

 

Estas fotos únicamente aparecieron en un sólo medio de San Juan (luego fueron reproducidas por otros) y dicen ser de la válvula que se rompió, causando el derrame de cianuro en la mina Veladero, de Barrick Gold. Foto 1: la válvula in situ, foto 2: detalle de las especificaciones del fabricante de la válvula, foto 3: acta judicial, foto 4: resguardo como prueba.
Si estas fotos fueran reales, nos estarían hablando bastante mal, tanto de las condiciones en las que se encontraba instalado el artefacto, como en las que se está procediendo a resguardar el mismo como prueba:

a) in sutu se observa que el aislamiento de las válvulas está roto y se encuentra atado con sunchos de embalaje y cinta adhesiva (otro ejemplo de tecnología de punta empleada por Barrick Gold). Se observa también que no hay ningún sistema de recupero de los venteos, o sea que el agua cianurada cayó directamente al suelo, que en ese lugar se vé a simple vista que está removido, con lo cual debe haberse infiltrado una gran cantidad (a menos que el suelo se encuentre impermeabilizado por permafrost, con lo cual estamos ante otra evidencia de violación a la Ley de Glaciares)

b) el elemento fotografiado, se observa que es una pieza metálica nueva, con lo cual podríamos dudar que se trate de la válvula rota; o sino que la lavaron, con lo cual, ya no sirve como prueba en una causa judicial donde se tenga que peritar dicho elemento.

c) luego de proceder a la confección de actas (foto 3), se observa que la envuelven en celofán y la colocan en una caja plástica desechable (de esas de guardar papeles), con lo cual no cabe ninguna duda que el resguardo de la prueba dista mucho de contar con las mínimas medidas de seguridad para su preservación.

d) todo el procedimiento fotografiado parece más bien una suerte de circo montado para la ocasión, del cual incluso, el medio que las publicó, se jacta de llevar adelante.

 

Tecnología de punta versus "Low Cost": De acuerdo a las versiones y fotografías que se filtraron (desde ese inexpugnable lugar vedado al acceso público que es Veladero) y circularon por los medios, la tan mentada tecnología de última generación empleada por Barrick Gold como medida de seguridad, consistía en una lata oxidada haciendo las veces de compuerta que supuestamente alguien dejó abierta y una cañería con válvulas sin mantenimiento ni monitoreo alguno. Con esto, las mentiras de la UTE conformada por gobierno y corporación quedaron expuestas. 
Sobre la rotura de las válvulas también los “técnicos especialistas en la materia” aún sin haber realizado peritaje alguno, salieron a decir por los medios toda clase de disparates, precisamente alejados de las definiciones técnicas y como una suerte de manotazo de ahogado, en una actitud claramente asimilable a lo que comunmente conocemos como tomada de pelo a la gente. La realidad era otra: desde adentro de la empresa se filtró que las válvulas no tenían mantenimiento. 
Esto en la jerga empresarial se denomina “Low Cost”
, para el ciudadano de a pie es lisa y llanamente “pijoterismo” en estado puro, y está claro que estas corporaciones no lo aplican en las utilidades ni el reparto de dividendos que permanentemente fugan del país, sino en aquellas medidas de seguridad in situ, que en una actividad tan riesgosa para la salud de la población, como es la megaminería metalífera hidrotóxica, deberían ser infalibles. 

¿Cuánto cianuro fue vertido por Barrick Gold a los ríos de San Juan?: Al día de hoy no se sabe con exactitud cuánto cianuro fue derramado en Veladero y está claro que los responsables del vertido tóxico que nunca nos van a decir la verdad respecto de eso: primero circuló una versión de que fueron 15.000 litros, que la empresa al principio desmintió. Luego la propia empresa afirmó que fueron 224.000 litros y en nuevos comunicados la cifra trepaba estrepitosamente a 1.072.000 litros. una versión de la propia Barrick Gold daba cuenta que, de acuerdo al tiempo transcurrido (18 horas y media) desde la última vez que fue controlada la válvula (18 hs. del 12/9) hasta que el vertido pudo ser cortado (12:30 hs. del 13/9), el cálculo de la cantidad de agua cianurada vertida en ese período, incluso podría superar los dos millones de litros. Otra estimación, informada hace pocos días y que figura en el propio expediente judicial da cuenta que el vertido fue de 5.242.000 litros. Cabe aclarar además que todas las cifras expuestas son estimativas, de acuerdo a cálculos realizados por los observadores del vertido. Con esto también queda claro que lo del "control estricto" que pregonan corporación y gobierno, es un verso: esa válvula estuvo casi un día entero sin ser controlada... ¿pasará lo mismo con el resto de las instalaciones y procesos de Veladero? 

Evolución de los datos informados respecto del derrame de cianuro en Veladero:

13/09..................................15.000 litros
17/09................................224.000 litros
23/09.............................1.072.000 litros
31/10.............................5.242.000 litros

 

¿Por qué le daban agua a los vecinos si decían que no estaba contaminada? Gobierno y empresa en todo momento dijeron que o no hay contaminación o la cantidad de cianuro disuelto es insuficiente para provocar inconvenientes a la salud de las personas (ni siquiera en eso se ponían de caucerdo, ya que las dos cosas no significan lo mismo). Sin embargo desde un primer momento, y por decisión de la justicia, la Municipalidad de Jáchal y de otras localidades, entregaron agua envasada a los vecinos y les comunicaron que se abstuvieran de usar la de la red y al mismo tiempo dijeron que los ríos que vienen de la mina no están contaminados.
Esto me hace recordar aquel cuento infantil del pastorcito mentiroso. Con la sutil diferencia que las ovejas son varios millones de seres humanos, animales y plantas expuestos al veneno arrojado por la Barrick, en complicidad con el gobierno nacional y provincal, que hace las veces del personaje de la fábula: mienten todo el tiempo y se ríen de la gente
.


Una de cal y otra de cloro: Al día de hoy tampoco se sabe a qué niveles llegó la contaminación y cuáles han sido sus efectos en los ríos. Corporación y gobierno negaron sistemáticamente dicha contaminación, a pesar de las cifras de vertido por ellos mismos difundidas. Lo cierto es que en los días siguientes se descubrió que, a escondidas, le estaban echando miles de toneladas de cal y cloro al río para diluir y/o degradar el cianuro. Llamó la atención que por esos días decenas de camiones especiales para transportar el segundo de estos elementos, circularon por las rutas de San Juan y luego por caminos de montaña usualmente poco transitados, en dirección a un mismo punto del río, donde se procedió a volcar esas sustancias.

 


Decenas de camiones tanque sin identificación circularon por las rutas de San Juan en días posteriores al derrame de cianuro en Veldaero. Las autoridades informaron que se trataba de combustible para la mina, sin embargo, como es de público conocimiento, la YPF "nac&pop" le vende el combustible a Barrick Gold y se lo lleva en camiones identificados (que además son diferentes a los que se vieron allí). Posteriormente se descubrió que esos camiones no iban a la mina, sino a un sitio denominado "Piedras Pintadas", junto al Río Blanco, donde se ubican las instalaciones de aforo perteneciente a la Dirección de Hidráulica de San Juan. En este punto se vertieron al Río Jáchal miles de toneladas de cloro y cal, con el objetivo de neutralizar y volatizar el cianuro disuelto en el agua del río. La foto 2 muestra un borrador con toma de datos del río efectuado por los vecinos, se onberva que en todo el tramo relevado el río es alcalino, siendo mayor esta condición en Piedras Pintadas, que es donde se le agregó el cloro y la caliza al río.
El geólogo Carlos Seara, nos aclara más al respecto: "Es tal el grado de contaminación del agua en la juntura de los ríos, aguas arriba de La Toma, que la Barrick se ha visto obligada a descargar toneladas de piedra caliza y cloro para modificar el PH ácido del río transformándolo en alcalino. La maniobra es muy evidente, no existe ningún río de agua natural que posea PH alcalino –esta es una práctica utilizada para la potabilización de los servicios de agua-. Los ríos pueden ser de agua dulce o salada, neutros en cuanto a su pH o levemente ácidos, nunca alcalinos a no ser por volcamientos de la industria o derrames de plantas de potabilización." Las fotos son de Fabiana Villafañe.


Monitoreo cero: En cuanto a los monitoreos, gobierno y empresa salieron rápidamente a decir que no hay contaminación en el agua, tirando cifras que luego se constataron como falsas al cotejarlas con el Estudio de Impacto Ambiental de la Mina Veladero. 
En un principio, no hubo mención alguna en los comunicados oficiales, respecto de la posible presencia de metales pesados, que siempre se combinan químicamente al cianuro y otros aniones durante el proceso de lixiviación de la megaminería, evidentemente o no se estuvo monitoreando estos parámetros o se ocultaron los resultados.
Tampoco se realizaron estudios limnológicos del agua, verdadero parámetro para determinar si realmente hay o no contaminación, por más débil que ésta sea. Es muy probable que con todas las porquerías que le echaron al agua no haya quedado ningún copépodo o lialela que habitualmente pueblan en abundancia los cursos y cuerpos de agua naturales. 
Así mismo, se desconoce si Veladero cuenta con estudios de línea base, que deberían ser obligatorios antes de iniciar una explotación de esta envergadura, herramienta insustituible para cotejar a la hora de determinar los impactos ambientales que pudieran provocar este tipo de incidente o incluso el “normal” funcionamiento de la misma explotación. ¿Darán a conocer la línea de base? ¿realmente la tendrán? Atenti, porque es la única prueba factible para demostrar empíricamente que hubo contaminación. 


EL LOBBYING LOCAL Y SU RETÓRICA DE LA MENTIRA Y EL MIEDO

Ante la evidencia del desastre ambiental provocado por la irresponsabilidad de la Barrick Gold, en complicidad con el Gobierno de San Juan, el sector minero se vio obligado a redefinir su estrategia de convencimiento, ya que su discurso engañoso respecto de las bondades del modelo extractivista, de repente se desmoronó como un castillo de naipes.

Así es como primero salieron a negar todo y después, cuando los hechos fueron muy contundentes, a negar que hubiera contaminación. Luego, cuando se conocieron las pruebas concretas de que los ríos de San Juan están contaminados pusieron en duda tales pruebas y a eso se abocaron: diseñando otra estrategia, porque las pruebas del gobierno, también indican que hay contaminación y que la misma no sólo es fruto del derrame, sino también desde que Veladero empezó con su explotación. Más adelante ahondaremos en esto.

De todos modos, con tan sólo hacer una simple búsqueda de fuentes de información histórica, se puede ir develando también el discurso mentiroso de los lobistas de la megaminería metalífera hidrotóxica (sobre todo los locales), que con la única excusa de supuestamente ser profesionales en la materia, tiran datos completamente falsos para impostar desde un falso mesianismo, haciéndole creer a la gente que exclusivamente por esa condición, ellos deberían ser la única voz calificada y autorizada para hablar del tema. 
Concretamente a días del vertido, y ante la evidencia empírica de la contaminación, los lobbystas salieron a decir que "El río Las Taguas (que viene de la zona del derrame) tiene por naturaleza PH 3, esto señala que el agua es extremadamente ácida. Esto se debe a los minerales que históricamente arrastra de la Cordillera." sin embargo, según el Informe de Impacto Ambiental presentado por Barrick en 2002, el Río de las Taguas tiene un pH entre 5,97 y 8,33 (tabla 2.31 del IIA) o entre 5,5 y 7 (tabla 2.8.3 del IIA, que se muestra en la imagen de la derecha). Esto representa apenas un botón de muestra de la endeblez con que nos quieren vender estos tipos que todo está bien y no pasa nada.


Y COLORIN COLORADO, ACÁ NADA ESTÁ CONTAMINADO... 

Así las cosas, la rosca mediática siguió, respecto de la contaminación producida por el millón o dos millones de litros de agua con cianuro que Barrick Gold vertió directamente en los cursos de agua de la alta cuenca del Río Jáchal.
Los medios corporativos locales, en clara connivencia previamente pautada con la UTE  conformada por Barrick Gold y el Gobierno de San Juan, no sólo se encargaron de bombardear a la opinión pública en favor de la misma, sino que salieron a defenestrar al pueblo que denunicaba la contaminación provocada por la corporación megaminera.

La oposición política de San Juan quedó en una encrucijada y poco es el margen de maniobra que tiene para sacar rédito de esta situación, puesto que (dada la hegemonía comunicacional del "San Juan Minero" sobre la opinión pública como política de estado, la continua compra de voluntades en todos los niveles de la sociedad y la falta de convicciones para diseñar un modelo alternativo), terminó en columnándose detrás del modelo extractivista, en la aparente convicción de que el tema arrastra votos, y no cuestionarlo ni siquiera con el derrame de veladero, sino más bien apuntar a denuncias personalizadas en el marco de rencillas domésticas vinculadas a corrupción.
De los ya consabidamente reiterativos comunicados de la mencionada UTE, que niegan cualquier tipo de contaminación después del derrame de cianuro y hablan de que se trató de una contingencia menor que ya está superada, hubo uno que se destacó: Cuando el Gobernador José Luis Gioja, en persona, comunicó que un informe de la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) según su interpretación, dice que no hay contaminación. Así también lo confirmaron sus funcionarios en conferencia de prensa y lo replicaron los medios; desde ya, sin consultar directamente a los autores del supuestos informe. Hete aquí que cuando a alguien se le ocurrió consultarlos, los representantes de la UNOPS debieron salir a aclarar que no emitieron ningún informe y que la información dada a los medios por parte del Gobierno de San Juan es incompleta e inexacta, infiriendo una información que no fue emitida por ellos. Vale decir que la UNOPS nunca dijo que no se detectó contaminación en los afluentes del Río Jáchal, sino que tal afirmación es una interpretación errónea y malintencionada que hacen los funcionarios sanjuaninos.
La misma aclaratoria de la UNOPS, dice concretamente que los análisis efectuados por ellos no registran desviaciones, aclarando que eso no quiere decir que no hay contaminación. Además también dejan en claro que no avalan los datos de la información dada a conocer por el Gobierno y Barrick Gold. Más allá de eso, actualmente el papel de la UNOPS, que en teoría actualmente está desarrollando un programa denominado "Estudio sobre la calidad de los cuerpos de agua en el área de influencia de la mina Veladero", está severamente cuestionado por las comunidades locales de los pueblos situados aguas abajo de Veladero. Finalmente, los representantes de UNOPS comunicaron que realizarán un estudio completo de la cuenca del Río Jáchal que podría llevarle dos meses, con lo cual se confirma que ellos nunca dijeron que el derrame de Veladero no contaminó el agua y las declaraciones de José Luis Gioja evidentemente eran una gran mentira.Especialistas del ámbito científico también reconocen que el incidente es un desastre ecológico de grandes proporciones. 
 

La otra rosca mediática se armó con la publicación de un informe de la Universidad Nacional de Cuyo, con una gacetilla de prensa que dice expresamente que "el derrame de cianuro de Veladero envenenó el agua de Jáchal". El informe, realizado por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de esa alta casa de estudios, da cuenta que en análisis efectuados en muestras de agua tomadas en la región, por encargo de la Municipalidad de Jáchal, confirma la presencia de aniones y cationes en niveles varias veces excedidos a los normales admitidos para el agua de consumo agrícola, ganadero y humano. Los resultados de los análisis además presentan niveles muy altos de bacterias nocivas.
Como la noticia del informe de la UNCuyo tuvo una importante trascendencia mediática, el gobierno de San Juan enfureció y a modo de manotazo de ahogado, lanzó todos sus dardos para amenazar legalmente a dicha institución, exigiendo que ratifique o rectifique la noticia. Esta arremetida del gobierno sanjuanino, que envió representantes a notificar personalmente al rector de la UNCuyo, cuando en realidad quienes dieron a conocer los resultados son quines encargaron los estudios: los Vecinos de Jáchal
. Por otra parte, desde el Gobierno de San Juan, también intentan enmarcar el tema como parte de una rivalidad provinciana. Para ir cerrando el cerco sobre la puesta en escena del Gobierno de San Juan, la UNCuyo ratificó mediante un comunicado, la validez del informe y la rigurosidad técnica de sus resultados, así como también hizo una encendida defensa de la libertad de expresión del portal bajo su órbita, donde fue publicada por primera vez la noticia.
Con posterioridad, un informe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ratifica que el gua del sistema hídrico de Jáchal está contaminada.

A todo esto, los vecinos de Jáchal denuncian que la mina Veladero está funcionando sin que Barrick Gold cuente con el seguro ambiental que exige la ley.
 

¿POR QUÉ GIOJA SE PUSO TAN NERVIOSO CON EL INFFORME DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO?

José Luis Gioja, Gobernador de San Juan, permanentemente dispara de manera infundada todo tipo de acusaciones e insultos contra quienes estamos denunciando públicamente que Barrick Gold envenena los ríos de su provincia, pero días después del derrame se puso bastante más agresivo y verborrágico que lo normal. El contraste entre su retórica con los hechos concretos, públicos y notorios que están sucediendo, revela que este político de la vieja escuela del "patronato de estancia" es un mercenario y un mentiroso de poca monta al servicio de la Barrick Gold, que durante todos estos años al frente del gobierno sólo pudo sostener una ficticia paz social en base a amenazas, censura, represión, cooptación, clientelismo, asistencialismo y cohersión sistemática hacia el pueblo de San Juan. Ahora en San Juan la gente está rompiendo las cadenas (las propias y las ajenas) y le están reclamando a Gioja que deje de defender a la Barrick y se ponga del lado del pueblo.
La flagrante contradicción entre lo que dice Gioja y los hechos verídicos que está acaeciendo en su provincia, indefectiblemente está poniendo en crisis ese modelo, justo con las elecciones de por medio. Consecuentemente, se encuentra inmerso en la vorágine de una implacable tormenta psicopática. Insiste en defender a la Barrick, cuando no sólo la UNCuyo y la UTN dijeron que envenenaron el río, la propia justicia de su provincia está imputando a los ex-gerentes locales de la Barrick
 por el delito de contaminación de agua para suministro humano (claro está, en calidad de circunstanciales perejiles, cuando en realidad deberían ser presidente y directores y él y sus funcionarios, los que debieran estar en el banquillo de los acusados).
Gioja incluso pretende ir más allá: aún en medio de la crispación social generada por el derrame de cianuro en Veladero, anuncia un nuevo proyecto megaminero, de la mano de otra corporación megaminera transnacional, en este caso Minsud, perteneciente al magnate multimillonario Luciano Benetton, muy conocido en Argentina por ser el terrateniente más grande de la Patagonia, usurpador de territorios ancestralmente ocupados por los pueblos originarios.
 

El gobierno de San Juan se basa en supuestos informes suyos y de la Barrick para decir que no hay contaminación, o sea, el delincuente y el cómplice quieren convencernos de que no delinquieron. Esto demuestra que en San Juan hay una connivencia entre estado y corporación para esconder sin más, no sólo la contaminación del derrame de agua con cianuro producido días pasados, sino también y por sobre ello, toda la contaminación que viene produciéndose desde que Veladero está en explotación, que es básicamente lo que está revelando el análisis de muestras de agua de la UNCuyo.

Este es un cuadro de elaboración propia donde están reunidos los datos de los análisis encargados por la Municipalidad de Jáchal a la UNCuyo. En rojo están aquellos datos que se exceden de los valores admitidos por el Código Alimentario Argentino. Lo revelador de estos datos es que no sólo este derrame ha contaminado el sistema hídrico de la cuenca del Río Jáchal, sino que la contaminación viene de tiempo atrás, puesto que no sólo están excedidos los niveles de metales en el agua de los ríos que vienen de la mina veladero, sino los de todo el sistema hídrico, con lo cual se infiere que la mina Veladero viene contaminando desde que inició su explotación, hace 10 años, porque un sistema hídrico completo no se contamina de un día para el otro, sino que necesita años. Los niveles altos de bacterias en las muestras de río (ausentes en las de agua potable) revelan además la posible contaminación por efluentes cloacales provenientes de la mina.

Es bastante paradójica la lógica del Gobierno de San Juan, empleada para defender a la corporación extranjera Barrick Gold de los organismos del estado que no se encolumnan en el marco de la garantía de impunidad que pretende imponer a toda costa, para tapar los desastres de la megaminería en esa provincia.
En definitiva, el gobierno de San Juan acciona contra la UNCuyo que está dando a conocer una verdad científicamente comprobada (los ríos de San Juan están envenenados, no de ahora, sino de antes), en lugar de accionar contra la empresa que irresponsablemente arrojó no se sabe cuantos millones de litros de agua con cianuro en los cursos de agua de las cabeceras de la cuenca del Río Jáchal.
Estas y otras conclusiones son motivo suficiente para ratificar una vez más, que en Mendoza NUNCA habrá megaminería y que en San Juan (y el resto del país y latinoamérica) es imperioso un NUNCA MÁS 


PARECE QUE EL DERRAME LES AGUÓ LA FIESTA...

 

¿Sabías que la Mina Veladero recientemente cumplió 10 años de producción? Sí, efectivamente, el primer lingote de oro fue exhibido por el Gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el 12 de octubre de 2005 (vaya fecha que eligieron).
En aquel entonces realizaron una fastuosa ceremonia en el Auditorio Juan Victoria, con toda la pompa y el desfile de un millar de personajes de la política nacional, regional y provincial, junto a todo el empresariado extrajero y los representantes del lobbyng local
.
Seguramente iban a tirar la casa por la ventana, festejando una década de saqueo y contaminación en San Juan, pero algo salió mal y no lo pueden ocultar, a pesar de que Gioja intenta denodadamente hacer una burbuja mediática para mantener "informada" a su antojo a la opinión pública sanjuanina, para tratar de mantener en pie el cerco creado para generar una falsa imagen positiva de la megaminería, que por estos días está sucumbiendo.
Viendo la sucesión de intentonas fallidas, era muy probable que Barrick Gold y el Gobierno de San Juan aprovecharan la ocasión de los 10 años de la puesta en funcionamiento de la mina, para lanzar una nueva andanada mediática que intente tapar el descontento social generado por el derrame de cianuro. De hecho ya se estaban preparando para ello, con algunos globos de ensayo; por ejemplo, cuando premiaron a Veladero como la mina más segura de Barrick, dos meses antes del derrame.
Antes de que se les viniera todo este bolonqui encima, los cráneos de la empresa decían: "La distinción a Veladero condensa 10 años de trabajo, revelando una operación madura con equipos consolidados y que se encuentra entre las principales minas de Barrick en el mundo" 
Si uno lee lo que escribían los lobbystas de la megaminería tan sólo unos pocos días antes del derrame, puede darse cuenta, sin demasiado análisis, cuál es la clave de todo: "low cost" para los businessmen, "pijoteo" para el resto de los bípedos dotados de raciocinio
... 
Veamos además otro detalle: cuando ocurrió el derrame, el 13 de setiembre, faltaban 2 días para que finalizara el "operativo de invierno" que es una época en que la empresa supuestamente lleva a cabo la "implementación de procedimientos para reforzar la seguridad" (chan!)
 
Esto también refuerza la certeza de que, hasta que a alguien se le ocurrió mandar un watsap y todo explotara (como el trotyl que vuela los cerros), Barrick venía contaminado canuto las fuentes de agua de los jachalleros, desde el momento mismo de haber iniciado su actividad. Este hecho hecho está trascendiendo masivamente y está quedando demostrando, con datos empíricos y contrastables, en los resultados del ya mencionado análisis encargado por la Municipalidad de Jáchal a la Universidad Nacional de Cuyo. 


UN JUEZ FLOJITO DE VOCACIÓN Y CONVICCIONES:

A poco de conocerse el derrame, un vecino de Jáchal presentó ante la justicia una acción de amparo preventivo para que se investigue si el derrame produjo contaminación. Quien debía llevar adelante la causa era el Juez de Paz de Jáchal, Pablo Oritja, quien al principio, parecía decidido: ordenó una medida cautelar paralizando por 5 días el uso de cianuro en la mina, obligando al gobierno a proveer a la población de agua envasada
, se procedió a realizar un allanamiento en el cual se tomaron las fotografías del lugar del accidente que andan circulando en la web. Transcurrido dicho lapso, extendió la prohibición por tiempo indeterminado. Sin embargo, el ímpetu inicial fue decayendo, primero al centrar su investigación en los empleados y no en la empresa y el gobierno, que son los responsables, posteriormente procedió a levantar la cautelar.
El levantamiento de la prohibición de uso de cianuro en el proceso de lixiviación de Veladero se veía venir. En los días posteriores a la cautelar la empresa empezó a quejarse de las supuestas pérdidas millonarias que tal medida le provocaba, e inexorablemente comenzó a respirarle en la nuca al juez, quien decidió levantar la medida “con condicionamientos” Esta forma de proceder deja en evidencia que ni siquiera fue de vuelta a Veladero a verificar si se tomaron las medidas de seguridad para evitar que vuelva a suceder un vertido similar. No se constató nada de lo exigido en la cautelar.

El juez debía decidir entre los intereses del pueblo (que le paga su abultado sueldo) o los caprichos de esta irresponsable corporación, con el resultado que ya todxs conocemos: SE HIZO LO QUE BARRICK ORDENÓ. Como no podía ser de otra manera, una vez levantada la medida, Barrick Gold se jactó por los medios de reiniciar su producción de oro, como si el hecho hubiese sido un incidente menor, cosa que en definitiva, también salieron a decir. La otra medida ordenada al juez es encontrar a como dé lugar, algún perejil a quien transferirle con cuenta y cargo, la responsabilidad que tiene en esto la empresa y el gobierno.
Con posterioridad, el juez que en ningún momento planteó la posibilidad de enjuiciar a Barrick Gold, reconoció públicamente que él no tiene potestad para determinar mediante una medida judicial el cerre la mina Veladero, a pesar de que la ley está de su lado, con lo cual queda en evidencia el poder de la empresa por sobre las instituciones democráticas de la República Argentina. 
Así las cosas, el juez decidió imputar y tomar declaración a 9 empleados de Barrick Gold en Veladero, las declaraciones no trascendieron, pero se sabe que el más comprometido de todos estos es Leandro Poblete, Jefe de Procesos de Veladero, quien está acusado del delito de contaminación negligente
. Con posterioridad el juez intima a la empresa que explota la mina Veladero a restituir las condiciones operativas de la explotación a las condiciones fijadas en la Declaración de Impacto Ambiental, el impone un plazo de 10 días, baj pena de prohibir la utilización de cianuro en el proceso.
 

Las últimas novedades de la causa judicial que está bajo la órbita del Juez Oritja dan cuenta de varias cuestiones que necesariamente deberían dar lugar al cierre, remediación y prohibición de las explotaciones megamineras que utilizan cianuros y otros tóxicos:

 

· La explotación estaba funcionando por encima de sus niveles normales de producción, con riesgo de que la cota del Valle de Lixiviación (lugar donde se rocía la roca con agua cianurada) superara el vertedero

· Esta situación obligó a operar bajo situación de emergencia desde el 17 de agosto (casi un mes antes del derrame).

·  Por esta situación, se tomó la decisión operativa de abrir la compuerta en cuestión el día 6 de setiembre, para que el agua de deshielo de las laderas de los cerros aledaños no haga aumentar la cota del valle de lixiviación.

·   Finalmente se produce el derrame, que con la compuerta abierta, terminó escurriendo libremente hacia los ríos de San Juan.

·   Los niveles de cianuro informados por los monitoreos realizados por la propia empresa dan cuenta de niveles muy altos de contaminación: hasta 64 partes por millón, cuando el Código Alimentario Argentino admite un másximo de 0,1 partes por millón.

Esto quiere decir, simple y sencillamente, que hubo una maniobra premeditada por parte de la empresa, o sea, una decisión corporativa, con el objetivo de producir por encima de su capacidad operativa, lo cual derivó en el aumento de los niveles de riesgo, que indefectiblemente llevó a la ocurrencia del derrame.
La decisión del juez, sin embargo, no fue ordenar el cierre de Veladero, sino que exigió a la empresa a resolver las anomalías, retomando los niveles normales de producción, en un término de diez días (cumplidos el 9/11).
En los mismos considerandos de la sentencia del juez, Barrick admite que hubo daño ambiental en los cursos de agua de la Cuenca del Río Jáchal (ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Jáchal y otros), así como en las corrientes subterráneas (acuíferos).
El otro hecho grave es que, siempre según el escrito que antecede al fallo del juez Oritja, al día 25 de octubre, Veladero sigue funcionando en las mismas condiciones, esto sumado a un ciclo climático anormalmente lluvioso para la zona, determina que el riesgo de un nuevo derrame es inminente.

LA COMPLICADA SITUACIÓN DE CONVERTIRSE DE REPENTE EN EL PEOR CHIVO EXPIATORIO QUE JAMÁS SE HUBIERA IMAGINADO

Me resulta difícil pensar qué corno deben estar pensando todas las personas que están imputadas en la causa judicial por el derrame de cianuro en Veladero, provocado por la Barrick Gold en los ríos de la Provincia de San Juan, que por estos días están desfilando por los estrados judiciales y tienen amplias posibilidades de terminar como máximo en la cárcel o como mínimo con los dedos pintados. Las condenas que podrían enfrentar todos ellos van de los 2 a los 6 años de prisión
.

·  Leandro Poblete, Jefe de Procesos

·  Segundo Álvarez, Subjefe de Procesos

·  Carlos Cabanilla, Gerente de Minas

·   Ángel Escudero, Gerente de Prevención de Riesgos

·    Osvaldo Brocca, Supervisor de Servicios Técnicos

·    José Sánchez, Supervisor de la Gerencia de Mantenimiento

·    Ricardo Cortéz, Supervisor de Medio Ambiente

·    Walter Pizarro, Gerente de Procesos

·   Antonio Adame, Gerente General

 

Imagino que, tiempo atrás deben haberse sentido inmersos en su "gran sueño americano", bailado en una pata cuando entraron a laburar, nada ni nada menos que en la Barrick Gold! ocupando cargos altos dentro de su filial local, que habrán cobrado más que jugosos sueldos (aún restando la retención del impuesto a las ganancias) e incluso deben haberse endeudado hasta el cuello para comprarse casa y auto nuevo, que habrán careteado obnubilados de la mano de las "bondades del sistema", que habrán defendido a rajatabla la megaminería metalífera hidrotóxica (aún a sabiendas del daño que puede provocar al ambiente, las personas e incluso los propios empleados de la corporación, cuyos muertos se cuentan por decenas), que se habrán sentido identificados con la corporación (su patronal hasta hace poco) y habrán defendido sus planes devastadores y sus negocios macabros, pero supongo que nunca, ni remotamente, se habrán imaginado que esa misma corporación los iba a rajar, abandonar y exponer como perejiles de una catastrofe ambiental previsible, haciéndoles cargar (así, de una y sin vaselina) con toda la culpa de su accionar criminal
A estas personas, mi más sentido pésame y que la suerte los acompañe, ojalá zafen y aprendan la lección, así, de paso, nos dan una mano en nuestra lucha por defender el agua y la vida de las garras de esta maquinaria destructora que vuela montañas entras y envenena el agua de todo un pueblo. Y a quienes tienen planeado dejar su CV en una de estas corporaciones o están esperando impacientemente ese "llamado de su vida", y... si estuviera en sus botas, lo pensaría dos veces, porque las cosas que inexorablemente tienen que pasar, terminan pasando, a pesar de todo... Estando en las mías, ni siquiera se me ocurriría aceptar, como ya me pasó y por más necesidad que se pueda tener, porque además de una convicción, a la hora de decidir un modo de vida, también hay una suerte de sentido común e instinto de supervivencia...


LAS OTRAS CAUSAS JUDICIALES


En otras instancias de la justicia se iniciaron otras causas relacionadas al derrame de cianuro.
Una de ellas se inició en los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires. La causa a cargo del juez Sebastián Casanello fue iniciada por la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia. En este caso se plantea la posibilidad de la contaminación producida por el derrame, escurra por los ríos fuera de la provincia de San Juan, ya que el Río Jáchal pertenece a la cuenca de los ríos Desaguadero y el Colorado, que viene de Catamarca y La Rioja, atraviesa San Juan, para pasar luego por Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, hasta llegar al Océano Atlántico. Es bastante conocido que el sistema hídrico del Desaguadero está desactivada superficialmente y hace varias décadas que no aporta caudal al Río Colorado, sin embargo, eso no quiere decir que exista la posibilidad que la contaminación no salga de San Juan, por cuanto vale la aaplicación del ya mencionado Principio Precautorio.
Otra causa se inició de oficio por una denuncia penal de un particular, que recayó en el juez Marcelo Martínez di Giorgi, planteando la responsabilidad penal de funcionarios provinciales y nacionales, así como ejecutivos de la empresa.
Existe otra denuncia más presentada en la justicia por dirigentes de la Colaición Cívica, que apunta más que nada a las responsabilidades políticas de los funcionarios nacionales y provinciales. Esta denuncia apunta a la violación a la Ley de Residuso Peligrosos, abandono de personas e incumplimiento en los deberes de funcionarios públicos.
Los imputados en todas estas causas son:

·  Sergio Lorusso, Secretario de Ambiente de la Nación

·   Jorge Mayoral, Secretario de Minería de la Nación

·    María Cecilia Rodríguez, Ministra de Seguridad de la Nación

·     Felipe Saavecra, Ministro de Minería de San Juan

·     Raúl Tello, Secretario de Ambiente de San Juan

·     Jaime Bergé, Presidente de la Cámara de Minería de San Juan

·     Guillermo Caló, Director Ejecutivo de Barrick Gold en Argentina.

·      Directivos de Barrick Gold, cuyos nombres no han trascendido, pero no serían los mismos imputados por la justicia de San Juan, sino otros de más alto rango.

 

Se ordenaron allanamientos en reparticiones públicas de San Juan y la Nación, así como en oficinas de la empresa.
Resumidamente, las causas federales apuntan a las responsabilidades políticas y empresariales, a diferencia de la causa provincial, que las elude por completo y se centra exclusivamente en las fallas operativas y humanas en Veladero. Evidentemente más de un funcionario y/o empresario debe haberse puesto con los pelos de punta y consecuentemente la bajada de línea fue hacer todo lo posible para unificar las causas en San Juan.
La superposición de estas causas en diferentes estamentos de la justicia, evidentemente originó un conflicto de competencia, que no tardó en salir a la luz: el juez Oritja emitió un exhorto para que los jueces federales se inhiban de seguir con las causas a su cargo y se las remitan, aduciendo que las cuestiones ambientales son competencia de las provincias, sin embargo el juez Casanello, mediante un fallo, rechazó el exhorto y le contestó que no corresponde remitirle la causa, porque el daño es interjurisdiccional y los principales imputados son funcionarios nacionales que se desempeñan en Buenos Aires.
La puja por las causas podría continuar, ya que si el juez sanjuanino decidiera insistir, tiene la posibilidad de presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


SILENCIO DE RADIO EN EL SINDICATO, EL BORRADO MÁS IMPORTANTE DEL MOMENTO

Uno de los actores que se ha mantenido en absoluto silencio, es el sindicato que representa a los trabajadores de la minería. Se trata de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina), cuyo secretario general, Héctor Lapalace no es tan conocido por defender a los trabajadores, sino a la patronal, reivindicando a las empresas y la legislación de Menem, profundizada en el Kirchnerismo, que ha permitido el surgimiento y expansión de la megaminería metalífera hidrotóxica en Argentina.
El sindicato está completamente borrado, teniendo en cuenta que los trabajadores:
- Fueron los primeros en advertir mediante mensajes de texto, el derrame de cianuro y la peligrosidad para sus familias que viven aguas abajo de Veladero, consecuentemente, se les prohibió ir a la mina con celulares, debido a que gracias a ellos se estaba conociendo una verdad tejida puertas adentro en un lugar inexpugnable e inaccesible para el común de la ciudadanía.
- Evidentemente, por las fotos que se han viralizado en las redes sociales, los trabajadores están expuestos al contacto directo con sustancias tóxicas que pueden causar la muerte de personas.
- Los medios hegemónicos de San Juan, en donde las corporaciones y el gobierno vuelcan pauta a lo pavote, se jactaron de comunicar que el clima laboral de la mina era "distendido" ante la catástrofe que está ocurriendo.
- La justicia está imputando a empleados de la mina, por los delitos cometidos por la patronal y el estado, que son quienes deberían estar en el banquillo de los acusados.
- Encima la empresa está despidiendo a esos empleados
.
- Conocido es que históricamente, en Veladero han muerto muchos trabajadores, con lo cual, las condiciones laborales no parecieran ser tan buenas como dicen y el sindicato nada dice respecto de estas vidas que se cobra la actividad que llevan adelante sus patrones.
- Esta situación también está ratificada con las condiciones insalubres de trabajo denunciadas por los empleados, que son despedidos cuando tienen problemas de salud vinculados a la actividad dentro de Veladero
.
Evidentemente para los trabajadores de Barrick Gold, no todo lo que brilla es oro en la mina Veladero y quienes deberían defenderlos, hacen votos de silencio, sentados en la misma mesa que la patronal. Ante la suma de oídos sordos de la burocracia sindical, recientemente ha surgido un nuevo sindicato de trabajadores mineros, con una postura más confrontatica con la patronal, cuestionando incluso el propio modelo corporativo, saqueador y contaminante de megaminería metalífera hidrotóxica y sus consecuencias en la salud las condiciones laborales de los trabajadores
.



EL SUTIL Y REFINADO ARTE DE HACER DE CUENTA QUE ACÁ NO HA PASADO NADA...

 

Barrick Gold:Ante el descontrol interno de su filial local y en medio de pases de facturas y acusaciones, a empresa procedió a hacer una suerte de intervencióon interna, enviando representantes directamente desde Canadá para hacerse cargo de la explotación, desplazando y despidiendo al personal local que ocupaba esos puestos. Su postura corporativa es expiar culpas y que alguna o algunas personas sean depositarios de su  propia irresponsabilidad. Pasado ya un buen tiempo del derrame, las excusas vertidas públicamente por los nuevos representantes locales de la Barrick Gold, son de lavarse sus sucias manos y su cara de piedra, con la misma solución cianurada que tiraron en los ríos de San Juan: reconocen que vertieron tóxicos pero dicen que no contaminaron.
José Luis Gioja, Gobernador de San Juan, encabezó discursivamente la bajada de línea de los representantes estaduales de la corporación: salir indemne y hacer todo lo que esté a su alcance para barrer la mugre debajo de la alfombra, minimizar el incidente y olvidarlo rápidamente
.
Felipe Saavedra, Ministro de Minería de San Juan, en esperables declaraciones, directamente se despachó sin ningún tipo de tapujo ni retractamiento que "no tenemos ninguna responsabilidad" 
Aníbal Fernández, con la verborragia que lo caracteriza, tuvo una memorable contradicción, con dos días de diferencia: en relación al hecho, al principio dijo que lo ocurrido “es algo muy delicado”  sin embargo, dos días después minimizó el incidente, diciendo que “es absolutamente exigua” la cantidad de cianuro derramado. 
Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, fue más allá en esto de la contracicción flagrante entre los hechos y el discurso oficial, diciendo al respecto que “Nuestra ideología es cuidar el ambiente mediante la presencia del Estado”, a sabiendas de que es público y notorio que el derrame de cianuro provocado por Barrick Gold deja en evidencia que el ambiente no se cuidó y el estado no estuvo presente. Evidentemente, la ideología arengada por este político es a todas luces apócrifa.


Juan Manuel Abal Medina y Miguel Ángel Pichetto, Senadores de la Nación, se negaron a dar la cara en San Juan, donde sesionó la Comisión de Ambiente de esa cámara, que ellos integran, poniendo como excusa que ellos y sus compañeros de bloque del FPV no podían concurrir porque están en plena en campaña electoral, dejando bastante claro, una vez más, dónde estos políticos nefastos tienen puestos sus intereses personales, actuando en consecuencia. 
Párrafo aparte merece la mención del hecho de que esta comisión tuvo que sesionar en un salón privado, ante la negativa del gobierno para darles un espacio oficial, mientras Barrick Gold emitía sus comunicados desde la sala de prensa de la Casa de Gobierno de San Juan. 
Daniel Scioli, por esas casualidades estuvo de visita por San Juán, haciendo proselitismo (curiosamente el mismo día en que el juez levantaba la cautelar) y en un acto donde estuvo todo el tiempo por José Luis Gioja, aseguró muy suelto de lengua, que en San Juan “se ha trabajado con responsabilidad” Cómo será de inverosímil la expresión del ex-motonauta que aspira a ser presidente, que el propio diario pautado hasta el artazgo por gobierno y empresa, colocó estos dichos destacados en negrita, dentro de la bajada de la nota.
De semejantes declaraciones podemos concluir a modo de reflexión lo siguiente: estamos en campaña electoral, robando aire a lo pavote, pautado con plata de todas y todos los argentinos, nos creemos ganadores y de esta manera, con derecho a poner a prueba el capital social de la imagen pública; ergo: tiramos globos de ensayo sin ton ni son, para ver hasta dónde puede volar la desfachatez y hasta que altura puede ascender la impunidad.


LA INFUNDADA IDEA DEL SABOTAJE


Ante el cuestionamiento político al gobierno de San Juan por el tema del derrame de cianuro en Veladero, no faltaron respuestas tan desopilantes como infundadas en torno a ese incidente.
Tal vez una de las más peligrosas, fue la de la senadora nacional por San Juan, Maira Ríofrío, quien dijo que el derrame pudo haber sido provocado por un sabotaje, atribuyéndoselo a la situación política del país, en la previa a las elecciones, sin fundamentar en absoluto sus dichos, pero agregando que "me hago cargo de lo que digo". En la misma sintonía, un vocero de la empresa, Miguel Martín, gerente de comunicaciones de Barrick Gold en Argentina, tampoco descartó un sabotaje.
La senadora y el gerente podrían haber aportado sus pruebas a la causa judicial que se sustancia en su provincia, pero era evidente que no las tenía: hablaron por puro deporte y sin el más mínimo fundamento, como lo hacen todos los políticos y lobbystas que defienden la megaminería. 
Tiempo después, Barrick Gold volvió a insinuar que podría haber habido una situación dudosa, al informar, también en todo especulativo, que la válvula por donde emanó el derrame, podría haber sido alterada. Sin embargo, ni siquiera el propio juez Oritja avala las especulaciones de empresarios y políticos del sector megaminero, ya que descartó de plano cualquier tipo de sabotaje, quedando en evidencia una vez más la mentira del discurso megaminero. 


Y COMO SI ESTO FUERA POCO, EL GOBIERNO SIGUE ECHANDO COMBUSTIBLE AL FUEGO Y LA PACIENCIA DEL PUEBLO...


En los días posteriores al derrame de cianuro en Veladero, además de negar y tapar el problema, el gobierno salió a efectuar diversos anuncios en materia de megaminería. A los anuncios de campaña de Daniel Scioli para profundizar el modelo de entrega, saqueo y contaminación megaminera, hay que agregar el anuncio del Gobernador de San Juan, José Luis Gioja, respecto de nuevos proyectos, en medio del conflicto social generado por el derrame de Veladero.
En los días posteriores se anunció el inicio de tareas de exploración avanzada como parte del proyecto megaminero Chita. La empresa dueña del proyecto es Minera Sud Argentina, subsidiaria de la corporación canadiense Minsud Resources Corp, propiedad del magnate italiano Luciano Benetton.
Recordemos que Luciano Benetton es muy conocido por ser el terrateniente más grande de Argentina, dueño de casi un millón de hectáreas en las provincias de Chubut y Río Negro. También es muy conocido por el alto grado de conflictividad con los pueblos originarios que habitan en sus latifundios
.


¿GIOJA SECRETARIO DE AMBIENTE DE SCIOLI? 

 

El común de los mortales tiende a pensar, ingenuamente, que ya no se puede llegar más allá con la perversión en las decisiones tomadas en las altas esferas del poder, pero siempre hay algo que supera la capacidad de asombro de la gente y al mismo tiempo corre más allá los límites de lo intolerable y lo indigno: ahora están echando a rodar la posibilidad de que José Luis Gioja sería el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en caso de que Daniel Scioli gane las elecciones y sea el próximo Presidente de la Nación, en lo que se podría interpretar, prima facie, como una premiación por haber hecho que el desastre ambiental más grande de la historia de la megaminería argentina, quede para la obsecuencia debida como un incidente menor.


Al respecto me caben dos reflexiones:
1) Que no me sorprende: el kirchnerismo ya dio sobradas muestras de que empedernidos enemigos del ambiente, con sobrado prontuario de tal condición, podrían ocupar este cargo: recordemos que Juan José Mussi fue Secretario de Ambiente durante 3 años, luego de haber sido intendente de uno de los municipios más contaminados de sudamérica durante 7 años. A Mussi lo sucedió por unos meses Omar Judis, un confeso deforestador empedernido del Impenetrable chaqueño. Actualmente los destinos del cuidado del ambiente en Argentina está en manos de Sergio Lorusso, conocido por su defensa de los monocultivos transgéncos y los agrotóxicos y acusado de ser operador de Monsanto.
2) Que es de manual viniendo de quien está echando a rodar esta versión, Mempo Giardinelli, obsecuente "a sabiendas"
, que además se comporta ideológicamente (más allá de la pluma chamuyesca de impostación apócrifa) como un soldadito mercenario al servicio de Rockefeller: sólo alguien con esa condición puede dar por sentado que Gioja puede ser secretario de Ambiente (y más aún después del derrame de cianuro en Veladero) y que además de eso, y aún con pleno y cabal conocimiento de tal situación, haya que votar a Daniel Scioli para presidente, tragándose la sarta de sapos que eso implica.

Sin lugar a dudas, este es otro caso más, de tantos en Argentina, para ser estudiado en el marco de la Ponerología Política. No hay otra forma racional de explicar o entender tanto cinismo.

 

PROBLEMAS EN MENDOZA DERIVADOS DE LA CONTAMINACIÓN DE LA BARRICK GOLD

A pocos días del derrame y conforme las noticias iban pintando un panorama complicado con respecto al daño ambiental provocado, en la vecina Provincia de Mendoza, empezaron a encenderse voces de alerta. Es un hecho público y notorio que en esa provincia siempre existió una conciencia muy grande en la sociedad por la importancia de proteger un bien común como el agua, tan escaso como importante para la vida y la economía de Mendoza. Este es un sentimiento muy sentido de gran raigambre en el pueblo mendocino, al punto de que el tema está permenentemente en el debate público y el lobbyng de la megaminería no ha podido quebrar este vínculo y consecuentemente jamás pudo desarrollarse esta actividad en Mendoza. En numerosas oportunidades el pueblo en las calles frenó todo intento de avance y el gobierno debió actuar en consecuencia, tomando las decisiones para que la demanda popular del cuidado del agua sea atendida, a veces claramente a regañadientes.
Así las cosas, a pocos días del vertido de la Barrick Gold, comenzó a haber preocupación por el ingreso de productos vegetales provenientes de San Juan, ante esto, legisladores mendocinos solicitaron el cierre de la frontera agropecuaria con la vecina provincia
. El organismo provincial de Mendoza encargado de realizar el control (ISCAMEN) dijo públicamente que no se han detectado productos de este tipo que estuvieran contaminados, fundamentalmente porque, según ellos, casi no ingresa a Mendoza producción de la zona irrigada por el Río Jáchal. Sin embargo, la duda no deja de quedar en el imaginario social. Del lado de los productores agropecuarios de San Juan existe una enorme preocupación por la pérdida en la trazabilidad de su producción que este incidente puede implicar.


ANTE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EL DERRAME DE CIANURO EN RÍOS DE SAN JUAN ¿CIERRE DE LA FRONTERA AGROPECUARIA CON ESA PROVINCIA?

Lamentablemente para la ya ruinosa producción agropecuaria de San Juan, ahora cada vez que vayamos a la verdulería, deberemos consultar de dónde provienen las frutas, verduras, la uva, los vinos, el dulce de membrillo, las aceitunas, el aceite de oliva, el vinagre, las especias, el ajo, la cebolla y especialmente las legumbres. Esto no es rivalidad provinciana o falta de solidaridad con el pueblo sanjuanino, ni mucho menos, estamos hablando de una contaminación gravísima a las fuentes de agua que se utilizan para irrigar todos los campos cultivados de esa provincia, provocada por una explotación megaminera hidrotóxica que sabíamos que tarde o temprano iba a ocurrir y que por ahora está acotada sólo a esa provincia.
En Mendoza se pidió el cierre de la frontera frutihortícila, anuncio que en un primer momento cayó muy mal en el Gobierno de San Juan, calificándola como disparate, en clara sintonía con su política de defensa férrea de la megaminería, más allá de las consecuencias ambientales, sociales y económicas que esta actividad ha tenido, tiene y tendrá en la economía regional.
Sin embargo, si se analiza desde la base legal de los principios preventivo y precautorio, no es algo que a priori podría calificarse como una medida descabellada: una buena parte de la producción agropecuaria y vitivinícola de Mendoza se vende en todo el mundo con denominación de origen protegido (por ejemplo los productos vitivinícolas
 y olivícolas), porque se riega con agua pura proveniente de fuentes localizadas integramente dentro de áreas naturales protegidas legalmente constituidas y vedadas por ley a la megaminería y el fracking. Este es un hecho que se certifica para posicionar las producciones de las diferentes economías regionales en el mercado nacional e internacional.
Las cuencas hídricas de Mendoza y San Juan sólo tienen en común al Río Desaguadero, que es inutilizable para riego, con lo cual, al menos en lo superficial, casi no tienen contacto. Sin embargo la contaminación podría ingresar a Mendoza a través del activo intercambio de los más diversos productos que hoy existe entre ambas provincias: frutas, verduras, semillas, ganado en pie, productos regionales, vino a granel y envasado, etc.
Recordemos el episodio de las uvas contaminadas con cianuro en Chile en 1989, que en realidad fue un sabotaje, pero que a Chile le costó hasta ahora casi 200 mil millones de dólares, una cifra que supera a la deuda externa argentina y hoy, encima con toda la cordillera minada, los productores chilenos no pueden colocar producto alguno a cuatro veces menos de lo que lo hace Mendoza. Por suerte, Argentina es un país federal, pero las provincias no son compartimentos estancos ni porciones de territorio aisladas de su entorno... Otra razón más para exigir el fin de la megaminería en todo el territorio de la República Argentina 


LOS INTERESES DE BARRICK GOLD EN MENDOZA

El otro tema que surgió en Mendoza, luego del derrame de Veladero, es respecto de los intereses que Barrick Gold posee el territorio de esta provincia. Los medios de comunicación negaron que la corporación tenga propiedades mineras en Mendoza ni sea parte de quienes accionaron judicialmente contra la Ley Provincial 7722. Esta afirmación es FALSA
BARRICK SÍ OPERA EN MENDOZA, lo hace a través de las empresas subsidiarias y/o asociadas Marifil, Deprominsa y Mido, de las cuales las dos últimas son del grupete que llevan adelante juicios contra la Ley 7722, con lo cual también tiene sus intereses puestos contra esa norma.
Según el Padrón y Catastro Minero de Mendoza, entre las tres empresas acaparan más de 300 pedimentos y pertenencias mineras distribuidas en diferentes partes del territorio provincial.
DEPROMINSA posee concesiones en zonas comprendidas por la protección de la Ley de Glaciares (nacional 26331) y áreas naturales protegidas por ley (provincial 6045), como los parques provinciales Tupungato y Cordón del Plata, y las reservas Portillo-Piuquenes, Laguna del Diamante y Laguna del Atuel, con lo cual deberían haber sido dadas de baja por el Gobierno de Mendoza, pero inexplicablemente continúan vigentes e incluso en algunas se están llevando a cabo trabajos de prospección.
http://www.miningpress.com.ar /nota/266240
MIDO es dueña de las concesiones de Paramillos, el yacimiento polimetálico más grande de Mendoza, (una suerte de Pascua-Lama en la pre-cordillera y a menos de 100 km. de la capital provincial). En 2005 iniciaron la exploración sin realizar la audiencia pública obligatoria por la ley nacional 25675, pretendiendo llevar a cabo sus tareas dentro de la Reserva Villavicencio, por lo que les interpusieron una denuncia y consecuentemente la justicia determinó una cautelar en la justicia y los obligaron a cancelar la exploración y retirarse, nunca remediaron el daño ambiental provocado. Las máquinas que trajeron permanecieron unos meses en Uspallata y provenían de Veladero, tenían el logo de la Barrick.

En síntesis, Barrick, SI opera en Mendoza y está asociada a empresas que han ido contra las leyes de protección ambiental, cada vez que han podido. Algunos de los proyectos megamineros pueden verse en un informe de análisis de una presentación rimbombante que hizo la Cámara Mendozacina del Empresarios Mineros el año pasado, que fuera publicado en este espacio de expresión.
La depredación llevada a cabo por estas y otras empresas que realizaron trabajos exploratiros en Mendoza puede verse en un informe técnico, también publicado en este blog.
El otro detalle, no menor, es que el Gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, fue asesor letrado de Barrick Gold y gerenciador local de Minera San Jorge (la explotación que quiere hacerse en Uspallata que fuera rechazada de plano por la población local en una histórica audiencia pública), como parte del buffet de abogados liceístas denominado BRGPG. En este espacio de expresión hemos hablado abundantemente de ello, en especial durante la
 campaña electoral de 2011. Es de público conocimiento que este pasado del ya malogrado funcionario siempre le resultó ciértamente incómodo y molesto, una vez que dejó el lobbyng corporativo y se metió de lleno en la política, al punto de obviarlo totalmente de su curriculum desde el momento mismo en que fue ungido candidato a gobernador. Cabe mencionar que Francisco Pérez era asesor letrado de Barrick Gold al momento del veto presidencial a la primera Ley de Glaciares, por lo que se infiere que él pudo haber participado en la redacción del decreto presidencial que determinó dicho veto.


LA ÚNICA FORMA DE IMPONER UNA ACTIVIDAD SIN LICENCIA SOCIAL ES MEDIANTE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

Luego de numerosas movilizaciones y la falta de respuestas de los diferentes estamentos del Estado, el 22 de octubre, los Vecinos Autoconvocados de Jáchal cortaron el camino de acceso a la mina Veladero. En un comunicado expresaron que están "cansados de la burocracia y las mentiras, el silencio y la manipulación política".
Inmediatamente de iniciado el corte, se hicieron presentes grupos de tareas afines a Barrick Gold, que efectuaron una suerte de contra-corte, para impedir que los vecinos se abastezcan. Al mismo tiempo, estuvieron siendo espiados por la Policía de San Juan
.
A día y medio de comenzado el corte, el ya mencionado
 juez Oritja ordenó el desalojoy la policía esperó la oscuridad cómplice de la noche para proceder desalojar a los vecinos, represión mediante, se llevaron detenidos a 23 de los manifestantes, hubieron heridos. Evidentemente, por los testimonios de los vecinos, el accionar de la Policía de San Juan fue violento y brutal. Los detenidos fueron trasladados a Jáchal y finalmente fueron liberados luego de una movilización de vecinos que reclamara para que los suelten.
La represión a los vecinos de Jáchal trascendió a nivel nacional, recibió el repudio de diferentes organizaciones y referentes de los derechos humanos. De esta manera queda claro que los contaminadores están libres y los vecinos que defienden la vida presos y golpeados.

BARRICK GOLD-JOSÉ LUIS GIOJA (U.T.E.): VIOLENCIA ES MENTIR

El día anterior a la represión al corte de los vecinos en el camino a Veladero yo decía: "Hay olor a represión", ante la presencia de grupos de tareas tercerizados (husmeando como los típicos sabuesos merodeadores que pululan por doquier) en el acceso a donde Barrick Gold derramó cinco millones de litros de cianuro y metales pesados, envenenando los ríos de San Juan.

La propaladora de la violencia y el miedo hacía días que venía relamiéndose ante la inmejorable oportunidad de actuar. Esa misma noche, los aparatos represivos del Estado (equipados, entrenados e instruidos para agredir o matar con plata de todos los argentinos), se dieron el gusto de pegar, lastimar y encarcelar a 23 de nuestrxs compañerxs de lucha. Mientras tanto, la tribuna megaminera vitorea el contratiempo superado, Barrick Gold la levanta a paladas (nunca dejó de hacerlo, ni siquiera cuando tiraron el cianuro al agua, a pesar de la transitoria cautelar y de que salieron a chillar públicamente por las supuestas pérdidas económicas que le generaba la suspensión transitoria), hace lo que quiere sin rendir cuenta a nadie más que a los bolsillos de sus ejecutivos.

Es público y notorio que la relación entre los diferentes estamentos del Estado y Barrick Gold son muy estrechas y aceitadas, prácticamente conforman una U.T.E.(Unión Transitoria de Empresas con fines comerciales), porque sólo así se puede explicar cómo es que esta corporación envenena los ríos de San Juan y termina completamente exonerada de cualquier tipo de culpa y cargo. Esto es así porque hay una política de estado, o sea, una decisión de las más altas esferas del poder político-empresarial de turno y una bajada de línea presidencial, para que esa estrechez y aceitamiento pueda existir, funcionar y mantenerse en el tiempo. Bajo ese contexto, la lógica del sistema y de sus brazos ejecutores (llamados “empresas” e “instituciones democráticas”) actuaron de la manera más previsible que podían hacerlo: barrick Gold le buchoneó al Juez de Jáchal, Pablo Oritja, que estaban invadiendo su “propiedad privada” y el juez, que ya había exculpado a la corporación del delito de contaminación, actuó en consecuencia, mandando a la policía de Gioja a efectuar una razzia.

Evidentemente, mi sentido del olfato no estaban equivocado: el tufillo a represión inminente es tan fétido y repugnante como el de los negocios espurios del poder de turno, se siente a la legua y no hay aromatizante de ambientes que lo neutralice, porque el extractivismo (megaminería, fracking, uranio, agrotóxicos, transgénicos, deforestación, papeleras, etc.) sólo puede imponerse y llevarse a cabo con las herramientas de la violencia, la mentira y el control social, impartidos por el Estado: botas y gorras para todas y todos; y porque este gobierno, como buen garante de las corporaciones saqueadoreas, ha sido siempre represor, incluso ha matado y ha hecho desaparecer personas.

Quiero expresar mi más sincero repudio al gobierno en todos sus estamentos y a todas las corporaciones que pretenden apropiarse del territorio y los bienes comúnes, a los políticos argentinos y a los empresarios asociados que elaboran e implementan las políticas de despojo e entrega irrestricta en Argentina, y muy especialmente a los lobbystas locales de la megaminería hidrotóxica y demás formas de saqueo y contaminación.



EN FIN...

El tratamiento del tema del derrame de cianuro provocado por Barrick Gold en la mina Veladero, en los medios corporativos también deja bastante que desear: Días posteriores al derrame hemos visto de todo, hasta un insólito editorial en el Diario La Nación, que más pareciera ser un escrito de un asambleísta, que de quien permanentemente recibe pauta de estas corporaciones. Hubo un bombardeo constante de noticias contradictorias que no apuntan a las verdaderas causas y consecuencias de este hecho lamentable, técnica de manual que no tiene otro objetivo que confundir y saturar a la opinión pública, para que el tema después se borre por completo de las noticias y se olvide rápidamente.
Así las cosas, en virtud del virtual abandono de personas practicado desde los poderes del Estado hacia sus habitantes, a la gente no le queda otra que organizarse: ante la determinación de no proveer más de agua a la gente de las poblaciones afectadas, se están realizando campañas en todo el país para recolectar y enviar agua envasada y ante la suma de oídos sordos del poder público y privado, están marchando todos los días en Jáchal y en San Juan, exigiendo que se proceda definitivamente al CIERRE; REMEDIACIÓN Y PROHIBICIÓN de todas las explotaciones megamineras.
Han pasado casi dos meses del derrame de más de 5 millones de litros de cianuro provocado por Barrick Gold en Veladero, está demostrado en la justicia que los ríos de San Juan fueron envenenados, está demostrado en la justicia que el derrame ocurrió porque la corporación quiso producir más aumentando los niveles de riesgo. Aún así, la explotación sigue funcionando y para colmo con los mismos niveles de riesgo (o aún mayores) de cuando se produjo el derrame, con lo cual nada descarta de que algo similar o peor pueda volver a ocurrir.

Fuente:http://federico-soria.blogspot.com/2015/

 

Es un desafío fundamental para las diversidades de abajo de todo el país, continente y mundo romper el silencio e invisibilización sobre estos ecocidios-genocidios causados por los extractivismos en exclusivo beneficio de los grandes capitales locales e imperialistas y de los altos funcionarios. Ellos festejan sus negocios criminales mientras:

 

En 2018 hubo unos mil incidentes ambientales

Los derrames de

Vaca Muerta

19 de noviembre de 2018

 

El Observatorio Petrolero Sur denuncia que se está produciendo “un desastre ambiental y social”. Los derrames provocan graves perjuicios a los productores de frutas. Las Naciones Unidas mostraron su preocupación. Página/12 dio cuenta de ello en esta nota publicada en noviembre pasado.

“Fracking seguro” y “Vaca Muerta no va a contaminar” fueron los eslogan empresario y mediático en 2013, cuando comenzó a explotarse la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). La técnica (llamada “fractura hidráulica”) era ya muy cuestionada en el mundo por sus impactos ambientales. A cinco años del acuerdo YPF-Chevron que dio inicio a la explotación, se cumplió lo que alertaban comunidades mapuches y organizaciones socioambientales: decenas de derrames, explosión de pozos e incendios. La provincia reconoce que se producen dos derrames por día y Naciones Unidas llamó a detener Vaca Muerta.

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La denuncia penal que presentó el reportero detenido en Vaca Muerta| Torturas, robo y apremios ilegales

El 19 de octubre se produjo un derrame de petróleo que afectó entre 40 y 80 hectáreas. Se trató de un pozo de YPF y Schlumberger (multinacional estadounidense) en Bandurria Sur (a once kilómetros de Añelo) que estuvo 36 horas fuera de control. El hecho se conoció porque fue difundido por los propios trabajadores. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Juan de Dios Lucchelli, señaló que fueron “algunas hectáreas”. YPF reconoció, diez días después del desastre, que fueron 47 hectáreas. Las organizaciones Greenpeace y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) mediante imágenes satelitales advirtieron que se trataba de al menos 80 hectáreas.

El último derrame de YPF es sólo una muestra de algo mayor: en la cuenca neuquina se produce un promedio de dos derrames por día. Publicado por el periodista Matías del Pozzi (en el Diario Río Negro), en los últimos cuatro años las petroleras admitieron 3368 “incidentes ambientales”, eufemismo de las empresas y el Gobierno para los hechos de contaminación.

En base a información oficial de la Secretaría de Ambiente de Neuquén se detalla que en sólo diez meses de 2018 (enero a octubre) se registraron 934 hechos de contaminación. En 2017 fueron 703, en 2016 se trató de 868 y en 2015 fueron 863.

El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) es un espacio de referencia en la investigación del accionar de las petroleras y sus impactos. “En Vaca Muerta se está produciendo un desastre ambiental y social. De continuar la explotación será aún peor y no afecta sólo a quienes viven allí, la contaminación del aire y el agua nos llegará a todos”, afirmó Fernando Cabrera, del Opsur. Recordó que en el derrame de YPF-Schlumberger no dieron información oficial durante diez días. “Estos eventos se producen porque son los propios vecinos, campesinos o trabajadores los que denuncian. Otra muestra de que no se puede confiar en empresas ni en los gobiernos”, destacó.

Un relevamiento del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (integrado por Opsur y Taller Ecologista) precisó los hechos graves de petroleras en la localidad rionegrina de Allen (donde la avanzada petrolera perjudica a los tradicionales productores de frutas de la región). Entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce hechos que desmienten el “fracking seguro”: explosión de pozos, incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica derramada sobre chacras, entre otros.

La Confederación Mapuche de Neuquén (que cuestiona la avanzada petrolera desde hace más de veinte años), organismos de derechos humanos y la Asociación de Abogados Ambientalista presentaron una denuncia penal enmarcada en la Ley de Residuos Peligrosos (para las empresas) y “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” para las autoridades ambientales de la Provincia. La Confederación recordó que ya realizó cinco denuncias por hechos graves de contaminación y por la falta de acción de los funcionarios del Gobierno. También responsabilizaron al Poder Judicial por la falta de avance en las causas.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas emitió en octubre su “Cuarto Informe Periódico de Argentina”. Remarcó los impactos negativos de Vaca Muerta y resaltó su preocupación para su incidencia en el clima mundial. “La explotación total de todas las reservas de gas de esquisto (de Vaca Muerta) consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1,5 grados, estipulado en el Acuerdo de París”. Y recomendó “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el fracking en la región de Vaca Muerta” para garantizar el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por el Estado argentino.

El Comité de la ONU también alertó que no se evaluaron correctamente los impactos negativos del fracking y afirmó que no se consultó adecuadamente a las comunidades locales.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) había emitido, dos semanas antes, un informe con tono advertencia: si la temperatura del planeta sigue en aumento y supera el 1,5 grados para 2030 se producirán “impactos catastróficos” en la vida de las personas y el medioambiente. Para alcanzar el objetivo (para 2030) se debe reducir a la mitad el uso de petróleo y el de gas a un tercio. La explotación de Vaca Muerta va en sentido opuesto.

En Vaca Muerta están presente, además de YPF y Chevron, las grandes multinacionales Shell, Wintershall, ExxonMobil, Total, PAEG (Bulgheroni, CNNOC, BP), Equinor, Schlumberger, Pluspetrol, Pampa Energía y Mercuria. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/156412-los-derrames-de-vaca-muerta

 

 

 

Es hora de acabar con la impunidad de los partidos de estados (PJ y UCR) destapando en qué consiste su poder territorial y cómo las elecciones son un simulacro de democracia.

 

 

Feuderalismo: Quién ataca a los qom
7 de mayo de 2013

 

 

La comunidad Qom de Formosa sigue sufriendo ataques sistemáticos por parte de un gobierno, el de Gildo Insfrán, que minimiza cada muerte y cada golpiza. Insfrán gobierna desde 1995 un feudo que apoyó a todos los presidentes desde Menem hasta hoy, pone en la corte provincial a funcionarios de la dictadura, controla a los medios y, principalmente, arrasa con derechos de los pueblos originarios para ampliar el modelo extractivo sojero. El gobierno nacional no termina de articular la concreta e inmediata defensa que requieren esos pueblos. Se firmó en abril un protocolo de defensa de la comunidad ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hace dos días el hijo de Abelardo Díaz (hijo de Félix Díaz) y Carlos Sosa sufrieron una agresión violenta que los tiene aún en el hospital.

 

Gildo eterno

Gildo Insfrán, 62 años, es el gobernador de Formosa desde el 10 de diciembre de 1995, y desde el 83 que ocupa cargos políticos en la provincia tras dejar su oficio de veterinario. De completar su quinto mandato en 2015, empataría a Adolfo Rodríguez Saa en el arte de mantenerse como gobernador durante 20 años consecutivos, la cifra más alta hasta ahora. Pero contando sus años como diputado y vicegobernador, Insfrán ostenta un récord de 30 años en el poder.

 

La traición originaria

Insfrán fue diputado en la legislatura por Formosa del 83 hasta el 87, año en que ocupó además el cargo de vicegobernador de la provincia hasta la fecha en que asumió como gobernador – dos mandatos. Desde entonces fue elegido tres veces, la última con el 76% de los votos, para lo cual necesitó reformar un mismo artículo de la Constitución de Formosa en dos oportunidades: en 1999, para ser reelegido, y en 2003 habilitando la reelección indefinida.

Insfrán trepó a la gobernación tras ser el vice de Vicente Joga – gobernador del 87 al 95, actual líder del peronismo disidente en el noreste- quien se tomó en 1995 un período de descanso para poder ser electo más adelante. Pero ya al frente de la provincia, Insfrán pateó el acuerdo político con su viejo socio, se desprendió del Partido Justicialista para armar uno propio, y proyectó un camino de concentración de poder rodeado de gente de su confianza. De Menem a Néstor Kirchner, pasando por De la Rúa, Rodríguez Saa y Duhalde, Insfrán mantuvo buenas relaciones con los presidentes de turno.

 

El amigo de todos

En 1999, Página 12 calificaba al gobernador como “menemista” y comparaba las truncas aspiraciones reelectorales de Menem con las que concretaba Insfrán esas fechas con éxito. Pero el ex veterinario asumió un nuevo período en diciembre de ese año deshaciéndose en elogios hacia el entonces presidente de la Alianza, Fernando De la Rúa, y firmando la emergencia económica.

En 2001, Insfrán fue uno de los 7 gobernadores que visitaron a Menem en la quinta de Don Torcuato donde cumplía arresto domiciliario por la causa de venta ilegal de armas.

Bancó a Rodríguez Saa durante su corto mandato, otro especialista en las re-re en San Luis, y luego se alineó a Duhalde, a pesar de haber sido en el 95 su enemigo electoral en Formosa, al apostar por el ex Vicente Joga.

A través de esta alianza, cuando asumió Néstor Kirchner su primera presidencia en 2003, Insfrán salió a felicitarlo públicamente. En Formosa, Kirchner ganó con el 40,8% de los votos frente a 26% de Menem. Ese mismo 2003, en octubre, Kirchner hizo un viaje relámpago a Formosa de los que comenzaban a caracterizar su gestión: allí firmó junto a Insfrán un Acuerdo de reparación histórica, que reactivaba obras de infraestructura en la provincia y se comprometió a eliminar los bonos monetarios de la crisis. Poco después Formosa debía elegir gobernador y el viaje de Kirchner se leyó como una obvia devolución de gentilezas y apoyo. Ese diciembre, Insfrán ganó con el 67,1% de los votos y encaraba su tercer mandato.

 

Gildo Insfrán con Néstor Kirchner, en 2007

En 2006 se empezó amasar la posibilidad de la re-re-re de Insfrán. Fue entonces que casi todos los intendentes y jefes comunales de la provincia hicieron público un documento en el que apoyaban la continuidad de Insfrán, con un tumulto de elogios: “Demostrando con creces sus dotes de conductor, el compañero gobernador Gildo Insfrán, interpretando de modo brillante aquél complejo contexto político de los años 2001 y 2002, no escatimó su apoyo tempranero e incondicional a la figura del hoy Presidente de la República”, decía el documento.

Insfrán había logrado consolidar un modelo donde todas las comunas están gobernadas por sus hombres, así también cada concejos deliberantes de la provincia. Actualmente su partido tiene 2 de 3 senadores nacionales, 4 de 5 diputados nacionales, y 22 de sus diputados ocupan las bancas provinciales, que son 30 en total.

Dos de “sus” intendentes fueron denunciados por fraude electoral y un concejal está detenido por un caso de narcotráfico.

Para continuar su empatía simpatía con los presidentes, Insfrán recibió elogios por cadena nacional de parte de Cristina Kirchner el pasado 4 de febrero.

 

Muertes qom

Los senadores formoseños José Mayans y María Graciela de La Rosa, pidieron el pasado 24 de abril al Senado de la Nación una declaración de “disconformidad con las expresiones vertidas por el periodista Martín Granovsky en una nota publicada en el diario Página/12 del día 18 de abril de 2013″ titulada Insfrán ya no es invisible; el pedido terminó siendo aprobado junto a un paquete de medidas.

En la nota se cuenta la reciente intervención de las fuerzas nacionales de seguridad y también provinciales para proteger a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera), cumpliendo una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 21 de abril de 2011.

El párrafo que molestó a los senadores de Insfrán es el siguiente: “Si alguien pensaba que Formosa era un Estado libre asociado con la Argentina, y más libre que asociado, puede tomar nota de una novedad: Formosa está dejando de ser opaca”.

Dato: el cumplimiento de las disposiciones de la CIDH llegan con dos años de retraso, y seis muertos después. La cifra de muertes se desprende de la misma nota, ya que se relaciona la medida adoptada por la Secretaría de Derechos Humanos con una carta enviada por la comunidad Qom a la Presidenta detallando las víctimas desde el 23 de noviembre de 2010: Roberto López. Mario Gómez, Alberto Galván, Mártires López, Celestina Jara, su nieta Natalia Lila y Ricardo Coype completan la lista de quienes fueron asesinados en el marco de una “una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y, aunque en menor medida, el turismo”.

Blindaje mediático

En la provincia tienen fuerte incidencia una serie de diarios locales que repiten la prédica del oficialismo. Por ejemplo, el diario La Primavera titula la noticia de las últimas agresiones en la comunidad Qom con las palabras del Ministro de Gobierno de la provincia, Jorge González: “Todo ocurrió en un contexto de una pelea entre muchachos mientras tomaban en la madrugada”. El diario El Comercial también levanta la noticia basándose en la conferencia del ministro, con el siguiente título: “La Primavera: denuncian “manejos políticos””. El primer párrafo refleja el rol del periodismo provincial: “Quedó prácticamente claro el contexto de lo ocurrido en torno a las lesiones sufridas por Abelardo Díaz y Carlos Sosa , corroborándose que se trataron de sucesos de corte policial, y sin ninguna vinculación del gobierno en los mismos”. En otros periódicos también practican propaganda oficial: “Los planes sociales son muy útiles para sus beneficiarios”, titula, por ejemplo, el diario Formosa.

 

La justicia

Frente a la situación, el Poder Judicial formoseño toma cartas en el asunto, persiguiendo a los qom.

La semana pasada el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda, a cargo del juez Santos Gabriel Garzón, procesó a Félix Díaz por “usurpación de territorios” que, según las leyes que defienden a los pueblos originarios, pertenecen a la propia comunidad de la que Díaz es qarashe. En los terrenos en cuestión viven numerosos miembros de la comunidad desde hace más de 40 años y, al menos, tres familias habitan en viviendas construidas por un programa social.

Además, existen gestiones en diferentes ámbitos – la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación- tendientes a destrabar la discusión de fondo sobre el uso y la propiedad comunitaria de las tierras de los pueblos originarios, y en particular de los Qom. Y algo más, la decisión judicial se da en el marco de la aplicación por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la medida interpuesta por la CIDH para proteger a la comunidad.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que además representa a Félix Díaz en la causa, dijo en un comunicado al respecto: “La justicia provincial insiste en direccionar la persecución penal sobre el líder de la comunidad en lugar de priorizar la implementación del derecho a la propiedad comunitaria de la tierra”.

Otra medida tiene que ver, precisamente, con la conformación del Poder Judicial formoseño. El pasado 11 de abril, en la sexta sesión ordinaria de la Legislatura Provincial, el bloque oficialista sorpresivamente modificó el plan de labor del día y presentó “sobre tablas” a los postulantes para ocupar los cargos del Superior Tribunal de Justicia.

Uno de ellos es Ricardo Cabrera, nuevo miembro de la Corte Suprema de Formosa ya que el proyecto fue aprobado por mayoría. El periódico La Mañana y el sitio hojacero.com.ar informaron que Cabrera fue subsecretario de Industria durante la dictadura, entre 1977 y 1982, año en que fue designado secretario penal del Juzgado Federal de Formosa. En esa época gobernaba el general Juan Carlos Colombo, condenado en 2009 a 25 años de prisión por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas, del que Cabrera no sólo habría sido funcionario sino uno de sus asesores.

 

Los pobres índices

¿Cómo hace Insfrán para perpetuarse en el poder –30 años contando su etapa como diputado y vice, 18 como gobernador- en una de las provincias más pobres del país?

En el 2000, la línea de la pobreza en la provincia superaba el 60%, llegó al tope de 78,3% en 2002. En el 2003, sin embargo, hubo una abrupta caída en las estadísticas que registraron, de un semestre a otro, un 13% menos de pobres: alrededor de 68 mil personas a escala formoseña.

En 2006, el número porcentaje estadístico fue 43,7%; en 2007, 34,5%; en 2008 nuevamente hubo una diferencia de casi el 13% en las dos mediciones anuales: de 30,7 a 23,4% en el segundo semestre. En 2009 el valor se mantuvo más estable, 23,1%, y en 2010 el registro bajó de 20,1 al 13,6%, y luego volvió hacerlo en el segundo semestre de 2011: 7,7%.

En años electorales (2003, 2008, 2011), las estadísticas bajan más: ¿un éxito semestral de las políticas, reparto de planes sociales que no cambian la pobreza estructural, o maniobras en las formas de medición? En 2012, en Formosa el INDEC registró un índice de 6,4% bajo la línea de la pobreza, es decir alrededor de 33.000 personas.

Según los datos oficiales, la línea de la pobreza se mide “a partir de los ingresos de los hogares, si éstos tienen capacidad de satisfacer – por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales”.

En la cosmovisión Qom, el trabajo (los ingresos) no se mide en los términos institucionales que impone el registro del censo, mucho menos la interpretación sobre las “necesidades alimentarias y no alimentarias”, y basta una recorrida por la comunidad para darse cuenta de esto. La falta de agua potable, de electricidad, de caminos, la prohibición de pescar en lagunas que el Estado dice “protegidas”, la usurpación de sus tierras, sin contar la avanzada represiva y mortal contra los integrantes la comunidad, quizá oriente sobre la realidad de los Qom y los otros pueblos originarios que suman casi 20 mil habitantes. Sólo ellos son más de la mitad de los pobres que oficialmente reconoce Formosa.

 

El disciplinamiento

Formosa es la provincia en la que se verifica la mayor proporción entre personas que reciben planes sociales y empleados estatales por un lado, y votantes por el otro. Desde el 2002 se empezó a desarrollar el Plan Jefes y Jefas de Hogar como horizonte de paliativo económico en respuesta a una crisis sin precedentes en la provincia. Tres años después, en 2005 el proyecto alcanzaba a 55 mil personas, más del 10% de la población total de la provincia.

Por otro lado, en 2008, según informes privados, se constató que alrededor del 80% de los trabajadores del Estado recibían salarios inferiores al mínimo vital; el estudio calculaba una base de 60 mil empleados públicos.

Entre los beneficiarios de los planes y los empleados públicos cubren entonces más del 22% de los electores de Formosa.

El diagnóstico, más allá del análisis de estas políticas sociales, merece una relación con los cada vez más cómodos triunfos de Insfrán desde 1995, junto con un modelo que discrimina y reprime a comunidades como los Qom, que no dejan de marcar lo que otros buscan tapar: sus necesidades, la injusticia.

Un modelo de disciplinamiento social o la fórmula, cada vez menos perfecta, para mantenerse el poder.


Fuente:  http://www.lavaca.org/notas/feuderalismo-quien-ataca-a-los-qom/

 

El desafío, abajo y a la izquierda, es construcción de democracia real y efectiva desde ahora mediante la multiplicación de espacios en común donde haya deliberación popular de porqué el:

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, urge generalizar la toma de conciencia sobre cómo las elecciones son para la gobernabilidad de las crecientes injusticias social y ambiental cuya gravedad e irreversibilidad nos explica:

 

Extractivismo minero y

fractura sociometabólica.

El caso de Minera Alumbrera Ltd.,

a veinte años de explotación

9 de agosto de 2017

 

Horacio Machado Aráoz (Argentina) Univ. Nacional de Catamarca CITCA-CONICET machadoaterreno@arnet.com.ar

Leonardo Javier Rossi (Argentina) CITCA - CONICET leo.j.rossi@live.com.ar

Fecha de recepción: 30/06/2017 Fecha de aceptación: 9/08/2017

 

 (...)Catamarca, explosiones “socio-metabólicas”

En3 explotación desde 1997, Minera Alumbrera es un caso testigo de la avanzada neoliberal extractivista de los noventa. Actualmente la mayoría de su paquete accionario está en manos de la suiza Glencore, mientras que las empresas canadienses Goldcorp y Yamana Gold cuentan con 37,5% y 12,5% cada una. La empresa tiene una capacidad de explotación anual de 120 millones de toneladas métricas de material rocoso a partir del cual extrae un concentrado polimetálico, cuyos principales motivos extractivos declarados son cobre, oro y molibdeno. En el departamento Belén se encuentra la mina, el tajo abierto, que presenta una dimensión aproximada de 2.000 metros de diámetro por 800 metros de profundidad, conformado en escalones de 17 metros de altura; el dique de cola, con una superficie de 2,5 kilómetros de extensión y unos treinta metros de altura, donde se depositan los residuos del procesamiento minero, y donde la propia empresa reconoció filtraciones a las napas subterráneas.

 

Según datos de la empresa, se extrae un promedio anual de 400.000 toneladas de concentrado que contienen aproximadamente 100.000 toneladas de cobre, 33.000 onzas de oro doré, y 300.000 onzas troy de oro4 . Para desarrollar este proceso, Minera Alumbrera obtuvo del gobierno de Catamarca un permiso de extracción de 1.200 litros por segundo (unos 100 millones de litros diarios) de la reserva de agua fósil del Campo del Arenal. Con cada tonelada de concentrado de cobre se exportan 200.000 litros de agua en una región históricamente agraria y con un clima semiárido, con un régimen de lluvias de entre 150 y 300 milímetros anuales. El producto bruto, mezclado con ácidos, es transportado por un mineraloducto hasta Tucumán, en el que se registraron al menos cuatro derrames, entre 2006 y 20085.

La mera visualización a grandes rasgos de la matriz de insumo-producto de la explotación, grafica en forma contundente la amputación ecológica inherente al modelo extractivo: una remoción física de un ecosistema, que destruye no sólo el entramado biológico, como las especies vivas, sino también su basamento material con nula capacidad de reposición en escala de vida humana (Gudynas, 54). Ahora bien, puede decirse que esta amputación no es sólo ecológica, sino también socio-económica pues introduce una fractura de discontinuidad radical entre esta explotación y la dinámica socio productiva y territorial, propia de la economía local preexistente. Pues, como tal, nos hallamos frente a una economía básicamente agroganadera y artesanal, articulada a los flujos comerciales del mercado interno.

Dentro de la estructura agraria, se puede distinguir un pequeño sector diferenciado de medianos y grandes productores agrarios especializados (nogal, especies) que cuentan con las mayores dotaciones de agua, tierra, tecnología mecanizada y crédito; y, por otro lado, un amplio sector campesino-indígena con mucho menores extensiones de tierra y dificultades de acceso al agua de riego, pero que en esas condiciones sostienen prácticas productivas más diversificadas, que combinan tanto la cría de ganado (carne y lana) como la transformación artesanal de la lana y la elaboración de tejidos , con diferentes cultivos agrícolas para el autoconsumo y el abastecimiento alimentario local (maíz, trigo, zapallos, papas, hortalizas, etc.).

 

En el departamento Belén, donde se haya emplazada la zona de mina, la actividad ganadera y textil fue históricamente la base de la economía local y es la que se ha erigido como su marca identitaria tradicional, conociéndose el departamento como cuna del poncho. Actualmente cuenta con más de 65 mil camélidos; más de 50 mil caprinos y más de mil ovinos. Los sistemas productores de carne y fibra se definen como extensivos, trashumantes o sedentarios, de subsistencia, con baja adopción de tecnología y basados en el uso del recurso forrajero natural. Asimismo, la base de subsistencia de las economías domésticas se complementa con ingresos extraprediales provenientes principalmente del sector público: empleos públicos, municipales, planes sociales, jubilaciones y pensiones6 .

 

En este escenario socioterritorial y productivo, las características y condiciones tecnológicas, económicas, comerciales, financieras e incluso jurídicas de la actividad megaminera contrastan fuertemente como una explotación absolutamente exótica y sin mayores posibilidades o condiciones de articularse de modo virtuoso/productivo a los entramados y flujos de la economía local. Todas las características y modalidades sociotecnológicas de la explotación minera la configuran de modo emblemático como una típica economía de enclave: más allá de los requerimientos (imprescindibles) de los bienes ecológicos que usufructúa y extrae (no sólo las reservas minerales, sino también los bienes hídricos, energéticos y la capacidad de sumidero de los ecosistemas locales), la empresa es absolutamente prescindente para su operación de otros factores de producción o subsistemas productivos locales. La gran mayoría de insumos (desde los aditivos químicos hasta el catering del personal) así como las maquinarias, equipamiento y servicios especializados es suministrada por conglomerados de proveedores trasnacionalizados (Buitelaar, 2001). No sólo por una cuestión de “estándares de calidad” sino sobre todo por la escala y magnitud de los requerimientos, la infraestructura y capacidades productivas locales son prácticamente desechadas como potenciales “proveedores” de la empresa, tal como diversos estudios han podido constatar en otras regiones mineras (Culverwell, 2001; Chaparro, 2001; Kuramoto, 2000).

 

La empresa minera ni siquiera es una gran demandante de mano de obra local. Pese a que la expectativa de generación de empleos ha sido recurrentemente esgrimida para inducir la legitimación social de la explotación, es sabido que este tipo de explotaciones es marcadamente capital-intensiva y donde la mayor parte de las franjas técnicas y gerenciales de puestos de trabajo se cubren con personal trasnacionalizado. Según reconoce un informe del Ministerio de Hacienda de la Nación (2016), la creación de puestos de trabajo ha sido relativamente baja en relación al valor de la producción generado, hecho que, según señala esta cartera, tendría correspondencia con la tendencia mundial de la gran minería a incrementar la productividad en base a un uso intensivo de capital. Asimismo, es considerada por la OIT una actividad de alto riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores7 . Durante los años de operación, Minera Alumbrera ha ocupado entre 800 y 1200 trabajadores directos, y entre 700 y 1000 puestos de trabajo vía contratistas, en tanto que la ocupación de trabajadores locales ha oscilado entre 100 y 300, siendo, en su gran mayoría, personal de limpieza y servicios de mantenimiento, operarios de maquinarias y camiones, transportistas.

 

De acuerdo a un Informe del Ministerio de Economía de la Nación, el total de puestos de trabajo generados por Alumbrera representa el 1,9 % del total de empleados de la provincia; con lo cual, la proporción de trabajadores locales que trabajan en la mina, constituye un porcentaje inferior al 0,5%8 . La baja incidencia a nivel de generación de empleos y de dinamización de otros sectores productivos de la economía local, contrasta notablemente con el resto de los indicadores de la actividad, por caso, los volúmenes y valores exportados. En función de la operación de Alumbrera, la provincia representa el 100% del cobre y el molibdeno que se extrae y se exporta en el país; además, el sector minero da cuenta del 94,5% del total de exportaciones provinciales, teniendo como principales destinos Alemania, Japón y España. En 2014, el 91,5% del valor de la producción minera metalífera provincial correspondió a los minerales que se extraen en conjunto en La Alumbrera (cobre, 40,6%; oro, 29,1% y molibdeno, 21,7%, respectivamente). Además de Alumbrera, las operaciones de FMC Lithium (una empresa de capitales norteamericanos que opera en el Salar del Hombre Muerto) hacen de provincia, la principal productora de litio y diatomita a nivel nacional (en 2014, produjo el 97,6% del total nacional de litio y el 72,6% de diatomita). Estos datos e indicadores generales de la explotación minera la delinean como un caso típico de economía de enclave. Un informe del Ministerio de Producción de la Provincia señala lacónicamente: la actividad extractiva metalífera, con el cobre como principal producto, se constituyó en el principal factor para el crecimiento de los indicadores macroeconómicos provinciales. No obstante ello, su funcionamiento, con características de «enclave», le impidió convertirse en motor de la economía provincial9.

 

Ahora bien, conviene precisar que el concepto de «enclave» no hace sólo referencia a la absoluta discontinuidad de una actividad respecto del resto de la economía en cuestión, sino más bien a una desarticulación que, lejos de ser inocua para el resto de los sectores productivos, induce al conjunto hacia una dinámica de integración subordinada. Los efectos del «enclave», más que con el desacoplamiento, tienen que ver con la dislocación; más precisamente, la dislocación de los ejes y los centros de control y toma de decisiones que rigen el funcionamiento de la economía local. En su análisis clásico, Cardoso y Faletto (1969) definen el «enclave» en función de la pérdida del comando interno sobre el funcionamiento general de la economía local; su desarrollo económico pasa a expresar el dinamismo de las economías centrales (2007:48).

 

En una economía de «enclave», la articulación entre la sociedad local y el mercado mundial adopta estas características: ◊ la producción es una prolongación directa de las economías centrales en un doble sentido: puesto que el control de las decisiones de inversión depende directamente del exterior, y porque los beneficios generados por el capital (impuestos y salarios) apenas “pasan” en su flujo de circulación por la nación dependiente, yendo a incrementar la masa de capital disponible para inversiones de la economía central. ◊ No existen realmente conexiones con la economía local -con el sector de subsistencia o con el sector agrícola vinculado al mercado interno-, pero sí con la sociedad dependiente, a través de canales como el sistema de poder, porque ella define las condiciones de la concesión. (2007: 53. Resaltado nuestro).

 Vale decir que el «enclave» constituye una integración subordinada, parcial y selectiva del potencial productivo de un territorio, pero que involucra una transformación dependiente (subalternización) del conjunto de la sociedad donde dicho «enclave» se enquista.

 

En el caso que nos ocupa de Minera Alumbrera, la dinámica de subsunción de la sociedad local en su conjunto se ha materializado justamente a través de la mediación del sistema político (el Estado provincial y municipal), que -como parte de los dispositivos de amortiguamiento de la conflictividad social que irrumpieron en torno a la explotación10-, avanzó en un derrotero de expansión fiscal, tanto a través de políticas sociales como del empleo público.

Tal como señalaran Cardoso y Faletto, los capitales centrales precisan de la articulación con el poder político local, que controla los mecanismos jurídico-políticos de otorgamiento de las concesiones de explotación; y también, (agregamos) que asumen el rol de garantizar la gobernabilidad y la seguridad jurídica de las inversiones. En ese cuadro, interpretamos el proceso expansivo que muestra el sector público provincial a lo largo de las dos últimas décadas.

 

En efecto, en particular, el empleo público ha sido una variable que nuestra una tasa de crecimiento continua y que se ha acelerado aún más durante la última década: con un promedio de 34% en los noventa, y llegó a alcanzar un 53% del total de asalariados en la provincia durante la primera década del 2000. En el presente, en contraste con los exiguos puestos de trabajo de Alumbrera, y frente a un total de 33.511 empleos privados, la cantidad de empleados en el sector público asciende a 57.222 empleos, vale decir, el 63% del total (2016). En tanto y en cuanto la expansión del sector público (por tanto de la economía local) depende del volumen de la renta extractivista que el Estado logra apropiarse, la dinámica general de la economía provincial (su ritmo de crecimiento y/o sus niveles de contracción) pasan a depender en general de los flujos y comportamientos de los capitales extractivistas centrales.

 

En este sentido, nos parece teórica y empíricamente relevante conectar los efectos del «enclave»  con el concepto de fractura sociometabólica. Como se dijo, el efecto principal y sistémico del enclave es producir la dislocación del comando económico de una sociedad; entonces tenemos la idea de fractura sociometabólica como dislocación. Pero también, atendiendo a los cambios socioecológicos, territoriales y culturales que se derivan de esta dislocación, cabría entender la fractura sociometabólica como un proceso de deterioro sistémico y desplazamiento estructural de las prácticas y capacidades productivas endógenas de los territorios/poblaciones locales.

 

Una vía clave donde se manifiesta esa fractura sociometabólica como erosión del tejido productivo local, es a través de la afectación en la cantidad y calidad de los bienes ecosistémicos de los que dependen tanto el emplazamiento extractivista como las economías locales; en este caso, el factor hídrico se convierte en una pieza clave de dicha “fractura”. Los requerimientos de agua de la explotación minera operan el desplazamiento directo de economías domésticas cuyas actividades agrícolas son completamente dependientes del riego, tal como se ha visto en el valle de Santa María (Machado Aráoz, 2009). Asimismo la degradación de los pastizales naturales en la zona de mina, ha provocado la pérdida de importantes volúmenes de forraje, incidiendo en una significativa disminución de las actividades ganaderas, e incluso, el despoblamiento de puestos y localidades eminentemente pastoriles/ artesanales (los casos más paradigmáticos son los poblados ya prácticamente extintos de Amanao y Vis Vis, en el departamento Belén). La degradación y pérdida de las capacidades productivas también ha sido notable en los sectores agrícolas de los departamentos Belén y Andalgalá. Respecto al primero, de acuerdo a los registros de la Dirección Provincial de Riego desde fines de los 90 hasta la actualidad, la superficie cultivada en el departamento se ha reducido en 2600 hectáreas. En el caso de Andalgalá, de acuerdo a las estimaciones de la Estación Experimental del INTA, la superficie cultivada anual ha descendido de 1700 hectáreas a principios del 2000 a 800 hectáreas en los últimos años; en tanto que también se verifica un fuerte descenso de las unidades productivas, que pasaron de 800 a 450 EAPS.

 

En términos generales, avanzando en la explicitación empírico-analítica de la noción de fractura sociometabólica cabría señalar que la misma da cuenta de una profunda alteración de las prácticas productivas, de las configuraciones territoriales y de los entramados sociocomunitarios y culturales en general que hacen a las condiciones estructurales de la productividad de la economía local. En el caso que estamos analizando, cabe pensar que la erosión del tejido productivo local obedece no sólo a la degradación ecológica y al menor acceso a los bienes naturales de los que dependen las actividades agropecuarias, sino también a los trastornos que el enclave produce sobre las expectativas y los imaginarios sociales.

Esos trastornos tienen que ver con una devaluación generalizada de la economía de valores de uso frente a la dinámica de los valores de cambio y a cambios territoriales inducidos por la dinámica del empleo y la disponibilidad monetaria. Diversos entrevistados dan cuenta de estos fenómenos: ticas y capacidades productivas endógenas de los territorios/poblaciones locales. Una vía clave donde se manifiesta esa fractura sociometabólica como erosión del tejido productivo local, es a través de la afectación en la cantidad y calidad de los bienes ecosistémicos de los que dependen tanto el emplazamiento extractivista como las economías locales; en este caso, el factor hídrico se convierte en una pieza clave de dicha “fractura”.

 

Los requerimientos de agua de la explotación minera operan el desplazamiento directo de economías domésticas cuyas actividades agrícolas son completamente dependientes del riego, tal como se ha visto en el valle de Santa María (Machado Aráoz, 2009). Asimismo la degradación de los pastizales naturales en la zona de mina, ha provocado la pérdida de importantes volúmenes de forraje, incidiendo en una significativa disminución de las actividades ganaderas, e incluso, el despoblamiento de puestos y localidades eminentemente pastoriles/ artesanales (los casos más paradigmáticos son los poblados ya prácticamente extintos de Amanao y Vis Vis, en el departamento Belén).

La degradación y pérdida de las capacidades productivas también ha sido notable en los sectores agrícolas de los departamentos Belén y Andalgalá. Respecto al primero, de acuerdo a los registros de la Dirección Provincial de Riego desde fines de los 90 hasta la actualidad, la superficie cultivada en el departamento se ha reducido en 2600 hectáreas. En el caso de Andalgalá, de acuerdo a las estimaciones de la Estación Experimental del INTA, la superficie cultivada anual ha descendido de 1700 hectáreas a principios del 2000 a 800 hectáreas en los últimos años; en tanto que también se verifica un fuerte descenso de las unidades productivas, que pasaron de 800 a 450 EAPS.

 

En términos generales, avanzando en la explicitación empírico-analítica de la noción de fractura sociometabólica cabría señalar que la misma da cuenta de una profunda alteración de las prácticas productivas, de las configuraciones territoriales y de los entramados sociocomunitarios y culturales en general que hacen a las condiciones estructurales de la productividad de la economía local. En el caso que estamos analizando, cabe pensar que la erosión del tejido productivo local obedece no sólo a la degradación ecológica y al menor acceso a los bienes naturales de los que dependen las actividades agropecuarias, sino también a los trastornos que el «enclave» produce sobre las expectativas y los imaginarios sociales. Esos trastornos tienen que ver con una devaluación generalizada de la economía de valores de uso frente a la dinámica de los valores de cambio y a cambios territoriales inducidos por la dinámica del empleo y la disponibilidad monetaria. Diversos entrevistados dan cuenta de estos fenómenos: (...)

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Horacio Machado Aráoz y Leonardo Javier Rossi | Extractivismo minero y fractura sociometabólica RevIISE | Vol 10 Año 10 - octubre 2017 - marzo 2018. Argentina. pp. 273-286 | ISSN: 2250-5555 | www.reviise.unsj.edu.ar

Fuente: https://noalamina.org/wp-content/uploads/2018/06/extractivismo-minero-y-fractura-sociometabolica_minera-alumbrera.pdf

 

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, suscitar en una creciente mayoría de nosotros la confrontación con el poder estatal y territorial del PJ como el más eficiente en embaucarnos pero también con el de la UCR. Ambos han hecho posible la profundización del Estado etnocida, genocida:

 

 

 

Napalpí, El Agüará y Rincón Bomba, masacres de pueblos originarios argentinos en el siglo XX

3 de junio de 2019

Por Luciano Andrés Valencia (Rebelión)

A fines del siglo XIX el Estado argentino llevó adelante un genocidio contra los últimos pueblos originarios que aún resistían la incorporación de sus tierras a la economía capitalista y a los mercados internacionales. Entre 1878-1879 el entonces Ministro de Guerra, general Julio Argentino Roca, comandó la llamada “Conquista del Desierto” contra los pueblos de la Nordpatagonia, que culminó con miles de muertes, casi 12.000 prisioneros que serían reducidos a la servidumbre y la incorporación de 15 mil leguas que pasaron a manos de terratenientes nacionales y compañías extranjeras. Después, durante su primera presidencia (1880-1886), se produjeron la “Campaña de los Andes” (1881-1883), donde se hostigó a los pueblos cordilleranos hasta su rendición, y la “Campaña del Chaco” (1885), en la que se masacró a más de 1000 originarios. Tras estas operaciones militares, los últimos territorios que aún quedaban en manos de sus primeros pobladores pasaron a incorporarse al Estado argentino.

Pero en el Chaco, el último de los territorios incorporados, los enfrentamientos entre el Ejército y la resistencia de los pueblos originarios se mantendría hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, este es el origen del nombre de su capital: Resistencia. Si bien en 1917 se dio por concluida la “Guerra contra los Tobas” (Toba es el nombre que se le daba al pueblo originario Qom), se registraron nuevos enfrentamientos en 1918, 1919 y 1923.

La región del norte argentino presenta poblamiento humano desde hace más de 4 mil años. A fines del siglo XIX estaba habitaba por cinco grupos originarios: a) mbayá-guakurúes: que incluía a los qom o tobas, mocovíes y abipones; b) los mataco-mataguayos: que incluía a los wichi o matacos; c) los chiriguanos; d) los chané; y d) los lule-vilelas.

Para “contener” a los pobladores originarios dispersos y prisioneros tras las campañas militares, el Estado creó las “Reducciones Indígenas”. Su función era mantener reunidos a los aborígenes en los momentos del año en que su fuerza de trabajo no era necesaria. Para la década de 1920 los qom y otros pueblos estaban incorporados como obreros en la producción de tanino, madera, algodón y azúcar, en condiciones de servidumbre. La “Reducción de Indios de Napalpí” –hoy Colonia Aborigen Chaco “Omaixac da Carviraxaqui”- fue fundada en 1911 y sus ocupantes solo tenían títulos precarios. Ese lugar había sido escenarios de batallas el 4 de mayo de 1883 y el 4 de febrero de 1890. Quizá por ello fue llamada de ese modo, ya que Napalpí en idioma qom significa “Lugar de los muertos”. Hasta 1915 la colonia se sostenía exclusivamente con la explotación de madera, pero a partir de entonces se incorporó la agricultura del algodón.

Las causas de la huelga de 1924 hay que buscarlas no solo en la ocupación militar del espacio aborigen, sino también en las medidas que el gobierno territorial tomó ese año. Una de ellas fue la prohibición de que los originarios salieran a trabajar fuera del territorio chaqueño, impidiendo mejores condiciones de trabajo y salarios. Otra fue la prohibición de la caza, lo que los forzaba aún más a emplearse como asalariados de los hacendados criollos y europeos. Por último, una ley los obligaba a entregar al Estado el 15% de la producción de algodón -cuyo precio se había desplomado-, lo que agravaba aún más su situación económica.

A esto se suma el resurgimiento del chamanismo, bajo la forma de los movimientos milenaristas y mesiánicos. Eric Hobsbawm define al milenarismo como la esperanza de un cambio completo y radical en el mundo, que se reflejaría en el milenio. “Lo que lo hace milenario –dice Hobsbawm- es la idea de que el mundo, tal cuál es, puede –y de hecho lo hará- acabar algún día, para resurgir profundamente cambiado”. Martínez Sarasola señala la función que tiene el líder como “mesías” o “mensajero divino”. El mesianismo es una forma de milenarismo. Ambos autores señalan el carácter popular del movimiento, ya que la salvación no se dará individual sino colectivamente.

Entre los nuevos jefes chamanes que encabezaron el movimiento encontramos al mocoví Pedro Maidana y a los qom José Machado y Dionisio Gómez. En 1923 Gómez anunció que “iban a resucitar todos los que habían sido mal muertos por los cristianos”. Al año siguiente hubo robos a las haciendas y caza de animales para alimentarse. La prohibición del chamanismo encendió aún más el descontento.

Los terratenientes comenzaron a azuzar el miedo a un alzamiento indígena para forzar al gobierno a actuar. El 19 de mayo el gobernador Fernando Centeno se reunió con los líderes rebeldes buscando una mediación y prometió mejoras laborales, por lo que los manifestantes optaron por desmovilizarse. Sin embargo, un mes después, al no verse cumplidas las demandas y ante el asesinato del chamán Sorai por la Policía y la confusa muerte de un colono francés –acaso por venganza-, la situación se disparó.

Los criollos y los europeos comenzaron a abandonar la zona. En El Agüará, pobladores originarios desarmados ocuparon pacíficamente una chacra, levantando sus viviendas tradicionales. En Napalpí y otros lugares se declararon en huelga por tiempo indeterminado. Cuando amenazaron con realizar una movilización hacia las provincias de Salta y Jujuy, algo prohibido por la ley que impedía la movilidad, el Estado desató la represión.

El 19 de julio unos 130 efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía del Chaco y matones privados de los terratenientes, armados con fusiles Mauser y con apoyo de una avioneta de reconocimiento, se movilizaron desde Quitilipi y cercaron a los originarios de El Agüará. El ataque comenzó a primeras horas de la mañana, cuando alrededor de mil qom, wichis y criollos correntinos refugiados entre los indígenas realizaban un baile religioso. El tiroteo duró alrededor de 45 minutos y se dispararon más de 5000 balas.

Los atacantes no encontraron resistencia, ya que la concentración era pacífica y los chamanes habían advertido que el baile ritual los protegería de las balas. Martínez Sarasola nos dice que “el ataque de las fuerzas nacionales se convirtió lisa y llanamente en un fusilamiento”. Los heridos fueron degollados sin contemplación y los uniformados cortaron testículos, penes y orejas como trofeos de guerra que se expusieron en la Comisaría de Quitilipi.

Mientras tanto, desde la avioneta se arrojaron sustancias inflamables para quemar las viviendas. Los cuerpos de los masacrados fueron arrojados a fosas comunes. El número total de asesinados se calcula en 200 personas.

Poco después, los diputados nacionales del Partido Socialista (PS) Antonio de Tomasso y Mario Bravo (primer legislador originario argentino), denunciaron la masacre y pidieron la conformación de una Comisión Investigadora (CI). Por entonces gobernaba el hacendado Marcelo T. de Alvear de la Unión Cívica Radical (UCR), segundo presidente surgido del voto “universal” masculino. Su antecesor, Hipólito Yrigoyen, había tenido una política contradictoria: al mismo tiempo que llevaba adelante medidas de carácter popular y anti-imperialista, fue responsable de la masacre de obreros en la “Semana Trágica” de 1919 y el asesinato por parte de la Gendarmería de 1500 peones rurales en Santa Cruz en 1921.

El 29 de agosto el ex director de la Reducción de Napalpí, Enrique Lynch Arribálzaga denunciaba: “La matanza de indígenas por la Policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio para que no pudieran servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados”.

El Informe de la CI denuncia la barbarie de los “representantes de la civilización”: “Los desgraciados nunca creyeron lo que les iban a hacer, de suerte que no intentaron defenderse. Sonó la primera descarga, a la cual surgió con algún intervalo, una segunda y una tercera, continuando el fuego a discreción. La primera fue alta, en su mayoría, pero causó algunas bajas, la segunda y la tercera, bien dirigidas, barrieron las tolderías y entonces se produjo el pánico y el desbande.

Debe tenerse en cuenta que el mago o Dios Gómez había dicho que las balas de los cristianos no les entrarían a los indios, por esto fue que, después de la primera y antes de la tercera, nadie trató de escapar”.

Respecto al trato a los líderes espirituales dice que: “a Maidana se lo mató de forma salvaje, y aunque cueste decirlo en esta Cámara, se le extirparon los testículos para exhibirlos como trofeo de batalla. Se le cortaron también las orejas”.

El gobernador Centeno, en su declaración ante la CI, quiso justificar la masacre diciendo que se trató de un enfrentamiento, aunque no pudo explicar por qué no hubo muertos entre los uniformados.

El levantamiento de Napalpí y El Agüará fue un movimiento pacífico que no provocó muertos entre los colonos criollos y europeos. Sin embargo, fue brutalmente reprimido por el Estado.

Otro movimiento milenarista pacífico surgió en Pampa del Indio en 1933. El profeta Tapaniak prometió la llegada de aviones con alimentos que pondrían fin al hambre de su pueblo. En 1934 el movimiento fue reprimido por la Policía y su líder encarcelado. Otro movimiento surgido en el Zapallar –hoy General San Martín- en 1935 tuvo el mismo destino: en 1937 fue desarticulado por la Policía y su líder Natochi asesinado.

Frente a esta situación, muchos grupos originarios optaron por armarse para resistir a la explotación de los terratenientes y la represión del Estado. En 1933 se registraron combates en la cercanía del fortín El Descanso. En 1936 varias comunidades atacaron la expedición del teniente Enrique Fa en el Río Pilcomayo, pero fueron derrotadas y sus líderes sometidos. En 1938 se disolvió el Cuerpo de Gendarmería de Línea, declarando que las operaciones de “limpieza (étnica)” en el Chaco estaban concluidas.

En 1947 la Gendarmería Nacional llevaría a cabo una nueva masacre contra pueblos originarios del norte, esta vez en el vecino Territorio Nacional de Formosa. Por entonces gobernaba el general Juan Domingo Perón. Son conocidas las políticas sociales del peronismo que mejoraron el nivel de vida de las clases populares, sin embargo este otro hecho menos glorioso ha permanecido silenciado durante décadas.

Para los pueblos pilagá de Formosa, la situación no mejoró con la llegada del gobierno de Perón. Recluidos en “Reducciones” eran obligados a realizar trabajos agrícolas por un salario miserable que rara vez cobraban o lo hacían con descuentos o por medio de bonos que se podían canjean en muy pocos almacenes de la zona.

En marzo de 1947 cientos de trabajadores rurales -mayoritariamente de la etnia pilagá- se movilizaron desde Las Lomitas (Formosa) hasta Tartagal (Salta) para trabajar en el Ingenio San Martín, propiedad del político y hacendado Robustiano Patrón Costas. Les habían prometido un pago de $6 por día, pero al momento de culminar las tareas agrícolas les pagaron solo $2,50 el día. Cuando fueron a reclamar ante el propietario, los expulsaron del lugar.

En la primavera de ese año cientos de familias pilagá, provenientes de los parajes de Pozo Molina, Pozo Navagan, El Descanso y Cacique Coquero, entre otros, se concentraron para reclamar por esta estafa en el descampado de Rincón Bomba, en cercanías del Escuadrón 18 de Gendarmería de Las Lomitas. Eran liderados el sanador Tonkiet (Luciano Córdoba). Las familias permanecieron varios días, escuchando las interpretaciones de la Biblia que realizaba este hombre «que curaba sin cobrar», convirtiendo el lugar en un sitio de debate político y religioso. Finalmente acordaron formar una delegación compuesta por los caciques Pablito Navarro y Nola Lagadick, además de Tonkiet, quienes reclamaron ayuda para las familias damnificadas a la Comisión de Fomento de Las Lomitas y al Gobierno Territorial de Formosa.

Luego de varios días el gobierno de Perón envió desde Buenos Aires tres vagones del Ferrocarril Belgrano con ropas, medicinas y alimentos, de los cuales llegaron solo dos y con alimentos en mal estado, lo que provocó intoxicaciones masivas y decenas de muertes. Sin embargo algunos sobrevivientes sugieren que los productos provenían de los almacenes de la zona que exponían los alimentos a la contaminación con gamexane (insecticida para hormigas).

Durante los primeros días de octubre, el funcionario Abel Cáceres, encargado de la Reducción “Bartolomé de las Casas”, dependiente de la Dirección de Protección al Aborigen de la Secretaria Nacional de Trabajo y Previsión, fue enviado junto con gendarmes para convencer a los ocupantes de que desalojen el lugar y acepten trasladarse a una reducción. El rechazo de los ancianos de la comunidad a esta propuesta fue interpretado como un acto hostil por parte del Gobierno y el rumor de un malón (ataque indígena) comandado por el cacique Pablito Navarro comenzó a circular entre los pueblos vecinos.

El 10 de octubre en horas de la tarde, efectivos de la Gendarmería Nacional rodearon a las familias concentradas y comenzaron a disparar con ametralladoras y fusiles automáticos. De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, la matanza y la persecución de las familias por el monte se extendieron durante semanas. Durante la primera mitad del mes, un número indeterminado de personas murieron debido a las heridas, la sed, el hambre, y los fusilamientos. Durante la segunda mitad del mes de octubre se multiplicaron las capturas y decenas de mujeres fueron violadas por los gendarmes. Muchos pilagá pudieron sobrevivir escapando hacia el Paraguay.

Los testimonios de los sobrevivientes, que pudieron hablar muchas décadas después, dan cuenta de la brutalidad represiva: “ni siquiera pudimos enterrar a los muertos”, “los árboles quedaron llenos de agujeros por los disparos”, “a todos les faltó un hijo, les faltó un padre, les faltó una abuela”, “estábamos amontonados como una bandada de patos. Sin poder beber agua. Los gendarmes le pidieron al traductor del cacique Tapiceno que les dieran una chica y ellos nos dejarían ir. Entonces agarraron a la chica más linda y el comandante de la tropa la violó. (…) cuando volvió no cumplió su palabra, nosotros seguimos cautivos”, “a los niños se los llevaron unas hermanas religiosas y nunca más aparecieron. No sabemos qué pasó con ellos  (del documental Octubre Pilagá, de Valeria Mapelman, 2010).

El 11 de octubre, un día después del primer fusilamiento, un Documento Confidencial y Secreto, firmado por el Director General de Gendarmería coronel Natalio Faverio informó al ministro del Interior Ángel Borlenghi sobre un supuesto levantamiento indígena y sobre la movilización de tropas por parte del Ministerio de Guerra a cargo de José Humberto Sosa Molina. El 16 de octubre un Documento Confidencial y Secreto firmado nuevamente por Faverio anunció que un avión JU-52T-153 había despegado el día anterior desde la Base Militar de El Palomar en Buenos Aires para colaborar en la represión. El avión se detuvo en Resistencia, donde se le quitó la puerta y se le colocó una ametralladora Colt, con la que dispararon sin piedad contra comunidades pilagá de Formosa. Estos documentos muestran el conocimiento y participación del gobierno nacional en la masacre que se estaba cometiendo.

De hecho el día 12 de octubre, mientras se estaba llevando a cabo una masacre en Formosa, el general Perón dio un discurso por el “Día de la Raza” reivindicando la conquista española. El 17 de octubre hicieron un acto por el “Día de la Lealtad”, al cumplirse dos años de las movilizaciones populares llevaron a la liberación de Perón -encarcelado en este entonces por el gobierno militar de Farrel- ajenos completamente a lo que estaba sucediendo.

Se calcula que fueron masacradas entre de 500 y 750 personas de las etnias pilagá, qom, mocoví y wichi, además de las torturas, violaciones y apropiaciones de niños/as para ser entregados a instituciones cristianas encargadas de quitarles su identidad cultural.

Finalizada la masacre, las familias prisioneras fueron trasladadas a las Colonias Aborígenes de Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas, para ser “reducidas” a trabajos forzados bajo la administración de la Dirección de Protección al Aborigen y la vigilancia de la Gendarmería. Entre los prisioneros estaba el sanador Tonkiet y el cacique Navarro, capturado cuando intentaba cruzar la frontera al Paraguay.

Los principales diarios de la época, tanto oficialistas como opositores (La Prensa, La Razón, Crítica, Noticias Gráficas), fueron cómplices de este genocidio, publicando notas en donde hablaban de “asaltos a la población cristiana” por parte de los originarios movilizados y de la heroica acción de la Gendarmería para proteger a los civiles. Esto muestra los esfuerzos del aparato estatal por justificar la masacre que acababa de cometer. Solo un periódico, El Intransigente de Salta, publicó una nota de su corresponsal en Formosa que informaba que se había cometido una masacre y posterior quema de poblados para ocultar el crimen.

Al igual que las masacres de Napalpí y El Aguará, las de Formosa también fueron llevadas a cabo por un gobierno que se presentaba como “nacional y popular”. Tanto la UCR como el peronismo siguen sin reconocer la responsabilidad de sus gobiernos en estos crímenes contra la humanidad.

Casi 60 años después de estos hechos, el 1º de abril de 2005, la Federación Pilagá inició una demanda civil y penal contra el Estado nacional en el Juzgado Federal de Formosa, reclamando justicia y reparación por estos hechos, basándose en el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Pero la Justicia exigía pruebas materiales. En busca de las mismas el Equipo de Investigaciones Científicas Forenses realizó excavaciones en los lugares señalados por los sobrevivientes, encontrando 27 cadáveres que se correspondían con aquella masacre.

Testimonios de sobrevivientes también fueron recopilados en el documental Octubre Pilagá (2010), de Valeria Mapelman.

Pero por entonces también vivía uno de los genocidas: el alférez Leandro Santos Costa, que fue condecorado por su «valerosa y meritoria» acción. Luego de esto se dedicó a la abogacía, y ejerció como juez durante la Dictadura Cívico-Militar de 1976-1983. Fue integrante de la Cámara Federal de la ciudad de Resistencia hasta su renuncia en 1999 y murió en 2012 sin haber sido juzgado por sus crímenes. Sin embargo no sucedería lo mismo con Carlos Smachetti, piloto del avión JU-52T-153, que sería procesado en 2015.

En la actualidad, la fuerza que llevó a cabo estas masacres -la Gendarmería Nacional- continúa implicada en hechos represivos. Acaso el más conocido sea la represión a comunidades mapuches movilizadas en Chubut en 2017, en la que desapareció el joven artesano Santiago Maldonado, quién apareció sin vida unos meses después. A fines de ese mismo año el Escuadrón Albatros de su fuerza hermana, la Prefectura Naval Argentina, asesinó por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel. Esto demuestra que la impunidad es caldo de cultivo para futuros crímenes contra la humanidad.

Pero al mismo tiempo, la tenaz lucha de las asociaciones pilagá para lograr una condena por el genocidio sufrido nos demuestra también la imprescriptibilidad de estos delitos y la obligación de los Estados de responder por ellos. Constituyen de este modo un valioso antecedente para víctimas y sobrevivientes de otros genocidios que, pese al tiempo transcurrido, continúan reclamando Justicia y Reparación.

Bibliografía:

·         Asquini, Norberto; (2002) “La masacre de Napalpí en el Chaco”, Caldenia, suplemento cultural del diario La Arena, Santa Rosa, 15 de septiembre.

·         Ahumada, Gustavo; (2015) “Ratifican que la masacre contra la étnia pilagá es un delito de lesa humanidad”, Infojus, http://www.infojusnoticias.gov.ar, 10 de octubre.

·         Hobsbawm, Eric J.; (1983) Rebeldes primitivos, Barcelona, Ariel.

·         Lozza, Arturo; (2010) “La masacre de Rincón Bomba”, Pájaro Rojo, http://pajarorojo.com.ar, 29 de julio.

·         Mapelman, Valeria; (2010) Octubre Pilagá, documental.

·         Martínez Sarasola, Carlos; (2011) Nuestros paisanos los indios, Buenos Aires, Del Nuevo Extremo.

·         Valencia, Luciano Andrés; (2018) Las masacres de Napalpí y El Aguara”, en: Boletín de la Revista de Historia, www.revistadehistoria.es, 9 de noviembre.

·         Vicat, Mariana; (2008) Caciques indígenas argentinos, Buenos Aires, Ediciones Libertador.
https://pueblosoriginarios.com/sur/chaco/historia/20.html.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=256547

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La masacre que incomoda

9 de mayo de 2019

 

Es posible que una masacre ocurrida hace más de setenta años y que supone cientos, o quizás miles de personas asesinadas, sea aún hoy desconocida. Que el único registro existente hasta entrado este siglo fuera solo la voz del victimario a través de algún medio regional o la de su propia pluma. Valeria Mapelman se sorprendió de esto, allá por el 2006, cuando empezó a recopilar testimonios de los sobrevivientes: «no me imaginé nunca la magnitud del acontecimiento». Unas 140 horas de relatos de ancianos Pilagá «en el que ninguno se contradecía» y en el que abundaron aberrantes detalles que luego dimensionó al volver a Buenos Aires y traducirlos. «No pude trabajar más, era demasiado.

Tuve que dejar todo por tres meses. Cuando volví a arrancar, fue en busca de los archivos». El tránsito de semejante investigación la llevó a una respuesta: «la masacre de Rincón Bomba es muy incómoda». No por haber sido contra los olvidados pueblos originarios, sino por haberse ejecutado durante el primer peronismo.

Por ANRed | Imágenes: Valeria Mapelman.

 

Hoy, el juicio civil por daños y perjuicios contra la nación Pilagá en Rincón Bomba (hoy Formosa) podría tener sentencia y aquella mancha en la historia vuelve a emerger porque fue Gendarmería quien emplazó las ametralladoras Colt que dispararon aquel 10 de octubre de 1947 contra la multitud, asesinando a niñas y ancianos, a cualquiera que no pudiera escapar al monte.

De 1983 a esta parte, en todos los gobiernos, Gendarmería fue incrementando sus efectivos, de 17 mil a los actuales 34 mil, asumiendo cada vez más tareas de control interno. Pero es con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia y de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad, que Gendarmería pasó a ser fuerte en espionaje y represión contra las comunidades indígenas. El gobierno se refugió en esta fuerza inyectándole mayor partidas presupuestarias, un 123.9% más en el último año, por sobre otras dependencias. El ejemplo de ello fue la implicancia del gobierno en la represión al Lof Cushamen, que se cobró la vida de Santiago Maldonado y en la cual quedó al descubierto la red de inteligencia que espió a la propia familia Maldonado y allegados. «¡¿Cómo no iba a molestar a este gobierno?!», exclamó la documentalista. Este juicio que tiene como masacrador a su claro predilecto.

Pero tampoco le fue muy bien a Valeria Mapelman durante los años gobierno kirchnerista cuando culminó su investigación con el documental «Octubre Pilagá. Relatos del silencio» y padeció el ninguneo de los organismos estatales de Derechos Humanos y algunos centros culturales ligados al oficialismo que veían poco conveniente difundir que desde los ministerios de Guerra y de Interior del gobierno de Juan Domingo Perón partiera la orden de iniciar aquella matanza, que se extendió durante casi un mes con la participación de un avión Junker provisto por la Fuerza Aérea disparando sobre la huida pilagá, dejando a sus heridos y ancianos morir por la sanguinaria persecución que minó de fosas comunes sus tierras. El trabajo de Mapelman echó por tierra el relato dominante sobre la culpabilidad de un subcomandante fuera de sus cabales.

El relato del gendarme desacatado se reflotó durante el menemato en 1991, a un año de cumplirse los 500 años del «descubrimiento de América» y fue complementaria al primer relato oficial del «último malón indio», surgido como justificación inmediata del crimen. Esta versión agregaba el necesario contenido romántico: entre los indígenas que protestaban por la falta de pago en el ingenio San Martín del Tabacal del oligarca Patrón Costas, algunos alzaban retratos de Perón y Evita. Teófilo Cruz, el gendarme que escribió esta historia, no descartó el principal elemento que justificaba el fusilamiento: los indígenas portaban «viejos fusiles y escopetas». Quien habría tomado la iniciativa era un segundo comandante, José Aliaga Pueyrredón, quien abrió fuego, desobedeciendo órdenes y exonerando de culpas a toda la cadena de mandos.

 

La causa judicial

En el 2005 tras una denuncia, se inicia la investigación que derivó en una demanda civil por daños y una acción penal por homicidio. La fuente usada fue la versión del gendarme Teófilo Cruz. Los abogados Carlos Díaz y Julio García tomaron la iniciativa pero sin tener en cuenta el testimonio de los sobrevivientes que iban contra la versión escrita por Gendarmería.

Es el juez federal Marcos Bruno Quinteros quien ordena la búsqueda a un equipo forense que en marzo del 2006 encuentra restos humanos de27 cuerpos. El primer descubrimiento es en las instalaciones de Gendarmería en Rincón Bomba, luego, los otros tres son en diferentes lugares: Paraje La Felicidad y 30 km, las dos en jurisdicción de la localidad de Pozo del Tigre; también en 7 km, colonia Muñiz, cerca de Las Lomitas. Las excavaciones coinciden con la investigación de Mapelman: en el documental se puede observar las intervenciones del equipo -con el reconocido perito Enrique Prueger a la cabeza- mientras Valeria recoge testimonios. «Cuando empiezo a trabajar en la investigación encuentro dos documentos secretos y reservados del Ministerio del Interior que se desclasificaron a los 70 años de la masacre.Esos documentos prueban que el ministro de Guerra, Sosa Molina, le informa al ministro del Interior, Borlenghi, que fue dada la orden para movilizar a todos los escuadrones de Formosa para reprimir.Está la firma de Natalio Faverio que era el Director de Gendarmería. Cuando nosotros encontramos esos documentos la hipótesis inicial de los abogados que habían iniciado el juicio se cae. Era el mismo Estado quien había emitido aquella documentación».

En 2010 se amplia la denuncia y se llama a indagatoria a gendarmes implicados. El 27 de abril del 2012 se declara tratar a «prima face» el posible crimen de Lesa Humanidad por lo tanto no prescriptible a pesar de haber pasado casi sesenta años. «A raíz de estos documentos -relata Mapelman- se encuentra a uno de los imputados en el juicio penal que era Leandro Santos Costas y luego a Carlos Smachetti, que era el copiloto del avión. Contra ellos dos se llevó adelante la causa penal. Lamentablemente murieron antes de ser condenados por crímenes de lesa humanidad (Costas falleció en la etapa requisitoria y el único que estaba en condiciones de ser condenado era Smachetti ante un tribunal oral). En la causa penal declararon abuelos que en ese momento estaban vivos, un total de diez personas. También declaré yo y presentamos todos los documentos que obtuvimos en archivo y en contaduría general de la nación que probaban que los sobrevivientes fueron llevados a las colonias indígenas con la participación de la Secretaria de Trabajo y Previsión. Ahí sale otro camino de investigación porque no solo la masacre de Rincón Bomba se acabó en ese acto sino que empieza el 10 de octubre y culmina a fin de mes. Los sobrevivientes que van capturando son enviados a las reducciones en ese momento llamadas ‘Colonias’ y en eso colabora el administrador de las reducciones Abel Cáceres, quien acompañaba a Gendarmería capturando en distintos parajes a los grupos Pilagá que quedaron vivos y se los lleva a cortar quebracho a las colonias de Muñiz y Bartolomé de las Casas. Las reducciones para el primer peronismo estaban a cargo de la Dirección de Protección al Aborigen que dependía de la Secretaria de Trabajo y Previsión. Perón estuvo a cargo de las reducciones, conocía bien cuál era su sistema. En estas había un reglamento desconocido por los indígenas que era administrativo. La documentación decía que no podían practicar la ‘brujería’, no podían practicar su religión ni llevar sus nombres: eran bautizados y se le asignaba nuevo nombre. Al ingresar a las «colonias» se los clasificaba como carreros, hacheros, cosecheros. Eran semiproletarios cuando podían escapaban a ese circuito. Los Pigalá fueron los últimos en ser controlados».

El 8 de mayo de 2014 muere Norma Navarrete Seecholé, sobreviviente de la masacre. Hay muchos testigos que van falleciendo por la edad avanzada. El proceso judicial todavía sin sentencia se da al final de sus vidas.

Para el 2016 la Federación Pilagá decide cambiar de patrocinio y lo otorga a la abogada Paula Mercedes Alvarado quien solicita una revisión de las pruebas aportadas en la causa civil para tener en cuenta la voz de personas que habían padecido los acontecimientos. Hay una cambio en el nombre de la carátula del expediente civil que pasa a denominarse «Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá contra el Estado Nacional» y el 8 de marzo de este año se incluyeron los testimonios y pruebas aportadas por la investigación de Mapelman.

El 6 de enero del 2017 fallece el único imputado, Carlos Smachetti, con 97 años, quien había sido procesado en el 2014 por delitos en carácter de lesa humanidad. Smachetti fue el copiloto que disparó a los grupos que huían desde el avión el 16 de octubre del 47. Esto dificultó el avance de la causa penal pero las querellas de la Federación Pilagá y el sobreviviente Julio Quiroga solicitaron llevar adelante un “juicio de la verdad” que continúa esperando respuesta.

El próximo viernes 10 de mayo finaliza el plazo de 40 días de producción de pruebas en la que dieron su testimonio Mapelman y Clara Olmos, sobreviviente, y Luisa Quiroga, hija de otro sobreviviente. Tras la verificación, el Juzgado Federal N°1 de Formosa estará en condiciones de dictar sentencia en la demanda civil contra el Estado por “daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y determinación de la verdad histórica”. Las comunidades esperan un sentencia para este año. Piden una reparación no solo económica sino integral. Que abarque políticas públicas que incluyan salud y educación, entre otras; pero también el reconocimiento por parte del Estado y que pida disculpas.

Hoy, en la Secretaria del juzgado, yacen los 27 cuerpos encontrados en las fosas comunes. La comunidad quiere volver a tener los restos de sus familiares pero no encuentra la forma de recuperarlos por la imposibilidad que implican los costos de traslados, estructura, para luego darles su correspondiente sepultura.

 

Una continuidad de despojos y represión

Valeria Mapelman explica que hay un hilo conductor en una forma represiva contra los pueblos originarios que se remonta desde los inicios de la formación del Estado argentino: menciona la colonización, el ejército de Julio A. Roca, al general Benjamín Victorica, algunos nombres y palabras para complejizar que la masacre en Rincón Bomba no fue ni la primera ni la última:

«Formosa siempre fue una zona militarizada. Todos esos escuadrones que vos ves hoy en Formosa; en Lomitas, Pozo del Tigre, Comandante Fontana, antes eran fortines del ejército de línea. Es decir, el control militar siempre existió. No se podían mover libremente sino que tenían salvoconductos para desplazarse. Se los perseguía y se los reprimía constantemente. Hay muchas represiones previas a la masacre de la Bomba. En los años treinta hubo varias. En 1919, por ejemplo, fue la matanza de Fortín Yunká: el supuesto ataque había sido de los maká pero la represión la padecieron los Pilagá.

-Cuando hablas de controlar a los Pilagá, ¿a que te referís?

-Formosa es una zona de frontera; imaginate que hacía muy poco tiempo había sucedido la guerra del Chaco. Era una zona que había sido declarada zona militar. Desde cada fortín, por ejemplo en Las Lomitas, salen en abanico otros fortines pequeños que iban controlando el territorio. La idea era tener bajo control la mano de obra y así cuando los ingenios azucareros de Salta, Jujuy y del Chaco necesitaban trabajadores, los administradores de los ingenios iban a las estaciones de trenes que estaban en Lomitas, Pozo de Tigre, etc. y reclutaban gente. Estamos hablando de miles, llevaban trenes llenos. Entonces este movimiento de gente estaba controlado militarmente. Cuando se acababa la zafra trataban que los ingenios se ocupen de hacerlos volver a sus lugares de origen pero esto a veces no sucedía y el ingenio se desligaba dejando solos a los indígenas volver a pie desde Salta. Esta masa de gente debía ser controlada por los militares y recordemos que en esta época la tierra se estaba repartiendo en manos privadas tanto en Chaco como en Formosa. Estamos hablando de grandes latifundios en la que incluso está involucrada la Iglesia. Por ejemplo a la misión Laishi, Julio A. Roca le entregó unas 80 mil hectáreas, entonces había un proceso de privatización iniciado luego de la campaña de Victorica y desde ahí el control de las personas era clave.

No estaba previsto en el proyecto estatal que los Pilagá hicieran lo que quisieran. La idea era llevarlos como mano de obra. Cuando ocurre la masacre de La Bomba se juntan cientos de personas en torno a un sanador, Tonkiet (Luciano Cordoba), quien había tomado la religión pentecostal y curaba heridas psíquicas. Venía gente de todos los parajes a conocerlo y la Gendarmería quiere desalojar esa concentración desafiante a este orden. Los Pilagá se negaron. Todos los intentos de desalojo no logran sacarlos, ellos no querían irse: en aquel lugar habían construido una corona donde Luciano se detenía a sanar. Era una marca territorial: «¡Este es nuestro lugar no nos vamos a mover!».

Cuando la masacre se va desarrollando, van atrapando personas que llevan a trabajar a las reducciones. Al capturar a los diferentes grupos los ponen a cortar quebracho, a cosechar algodón, etc. Allí pasan un año, algunos pueden escapar, otros aprovechan para volver a la Bomba aunque nadie regresa porque Gendarmería no permitía el ingreso al lugar. En la época que filmamos la película todavía había un cartel muy grande que decía «prohibido pasar».

En aquellos años, los indígenas del Chaco estaban fuera de los márgenes del proyecto del peronista. Había que transformarlos y eso se daba dentro de las reducciones. Darles herramientas para enseñarles a «arar la tierra», sembrar, etc. Se les prometía un pedazo de tierra que nunca se otorgó.

 

Aquel fatídico homenaje

En un capítulo del libro, Mapelman relata como apenas unos días después de iniciada la matanza, el 12 de octubre de 1947, en un salón del Instituto Cervantes, se dan cita las autoridades del ejecutivo nacional para celebrar el «Día de la Raza». El propio Perón pronuncia el discurso de apertura que será transmitido en directo por las radios de toda la España franquista. Entre los presentes está Eva Duarte y el ministro Ángel Borlenghi, quien ya estaba al tanto de la movilización de tropas el día anterior. En su discurso hay un enaltecimiento al conquistador: «Nada los detuvo en su empresa, ni la sed ni el hambre, ni el desierto con su monótono desamparo, ni la montaña que les cerraba el paso, ni la selva con sus mil especies de oscuras y desconocidas muertes. A todo se sobrepusieron. Y es ahí precisamente, en los momentos más difíciles, en los que se los ve más grandes, más serenamente dueños de sí mismos, más conscientes de su destino, porque en ellos parecía haberse hecho alma y figura la verdad irrefutable de que «es el fuerte el que crea los acontecimientos y el débil el que sufre la suerte que le impone el destino». Ese mismo día las gráficas del gobierno había difundido un afiche en la que un conquistador protegía al criollo y en la cual se ignoraba la figura del nativo. La imagen estaba acompañada por la máxima: “Por una Raza Fuerte, Laboriosa, Pacifista y Soberana”.

Ver el documental

Contraseña: rinconbomba

Fuente: https://www.anred.org/?p=114814

 

 

Observamos que las disputas de territorios al bloque dominante defienden bienes comunes y tienden a autoorganizarse en comunidades con voluntad de concretar el binomio indisoluble entre las injusticias social y ambiental. Hoy "pensar y hacer política más allá de las instituciones es el gran desafío. Lo que preguntamos frente a esto es: ¿Es posible desinstitucionalizar las estructuras dogmáticas buscando el bien común?".

 

 

La despolitización como resultado de la institucionalización de la política

12 de mayo de 2019

 

Periódico Virginia Bolten

La política del siglo XXI está marcada por una profunda crisis de representatividad que termina por crear un conjunto de fenómenos los cuales no son fáciles de comprender y tampoco de simple acompañamiento y caracterización. La institucionalización de la participación política es, sin dudas, un pilar importante para pensar este espacio-tiempo.

La vida en sociedad necesita la política como forma de buscar el bien común. Sin embargo, los conceptos más simples se han convertido en temas de alta complejidad. El rechazo a la política, y como consecuencia la despolitización de la sociedad,  se debe –en gran medida– a la institucionalización de la participación política. Observase una exclusión del ciudadanx como actor político cuando este no hace parte de un espacio institucionalizado. No es difícil encontrar movimientos territoriales que se auto-denominan “apolíticos” cuando todavía están construyendo espacios de participación ciudadana. En estos casos, también no son pocas las organizaciones –sobre todo los partidos de izquierdas– que se adelantan a proclamar una supuesta falta de conciencia por parte de estos movimientos, prefiriendo el cuestionamiento al diálogo. Si al primero le falta dar la batalla por el concepto de lo que sería lo político, al segundo le falta revisar el rol del partido político como forma de representación reconociendo al ciudadanx como actor político.

La política viene siendo confundida con el poder. Nada más interesante para los dueños del poder –en términos clásicos de dominación– sobre todo para las corporaciones. Esta falta de interés creciente en la política y la falta de confianza en las instituciones hacen con que la sociedad tenga una postura individualista, una forma de insertarse a través de lo que reconoce como legítimo. El bien común pasa a ser reemplazado por el interés individual. Sin embargo, la respuesta de las izquierdas –que tendría el rol de ofrecer alternativas– es más institucionalidad, con todo lo que esto implica: burocratización, competencias, y por fin, más despolitización y fragmentación. La organización de la lucha pasa a ser una disputa por construir y fortalecer su propia institución, muchas veces utilizando los mismos métodos de las instituciones de lesa-sociedad. La falta de comprensión que la debilidad de la política construye un malestar social legitima los discursos de las derechas en su afán por despolitizar los reclamos sociales y desideologizar la política. El vínculo utilitarista y clientelar de las instituciones de izquierdas con las bases más precarizadas también es una importante fuente de despolitización. En lugar de aportar a una organización con fines de liberación del poder opresor, habilitan un proceso de pacificación que también es funcional al sistema vigente, lo cual posee más posibilidad de manipulación sostenida por los medios de comunicación de masa.

Asistimos a tiempos de descrédito en las instituciones de todos los colores. El apelo por la politización como herramienta capaz de superar la profunda crisis, es el punto de partida para una forma de organización social que no sea totalitaria en su concepción. Proporcionar espacios para el debate abierto entre las personas sin caer en la tentación de hacer política vía redes sociales –que también es una herramienta despolitizante–  y comprender que en este espacio-tiempo  pensar y hacer política más allá de las instituciones es el gran desafío. Lo que preguntamos frente a esto es: ¿Es posible desinstitucionalizar las estructuras dogmáticas buscando el bien común?

VirginaBolten.com 

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/la-despolitizacion-como-resultado-de-la-institucionalizacion-de-la-politica/

 

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Comprometernos con la política como arte y ciencia del bien común es diferenciarse tanto del progresismo como de las izquierdas electoralistas por soslayar la centralidad del modelo extractivo en la reestructuración socioeconómica que consolida la recolonización del Abya Yala. Tampoco dan relevancia a los ecocidios-genocidios que esas expropiaciones sistémicas perpetran. Para aclarar ante todo que nuestro desafío abajo y a la izquierda es enfrentar al capitalismo en vez de a un gobierno, leamos:

 

Neoliberalismo con vaselina y Reformismo del Siglo XXI

 

15 de febrero de 2019

 

Por Joseba Pérez (Rebelión)

1.- Una década después del estallido de la crisis financiera 2007-2008, la salud del sistema capitalista global no ha mejorado ni mucho menos. Muy a pesar de los intentos de conformar una matriz de opinión básicamente mediática de que “lo peor ya ha pasado”, todos los indicadores estándar de evolución económica están por debajo de los niveles previos al desencadenamiento de esa crisis. Ni los niveles de crecimiento del PIB mundial se han recuperado sustancialmente (se plantea eufemísticamente un “estancamiento secular”), ni el comercio mundial ha recuperado su tono previo a la crisis, en tanto que la productividad y los beneficios empresariales vinculados a la economía real se mantienen en una tendencia a la baja, al igual que el consumo en general. Los principales motores del crecimiento del PIB mundial (BRICS) se ralentizan sin llegar a un estancamiento. Proliferan las voces que alertan, sin fijar plazos exactos, sobre el riesgo de una nueva crisis de magnitudes superiores a la ocasionada en el 2008, diagnóstico compartido incluso por informes económicos de organismos que intervienen en el mundo capitalista (FMI, BM, OCDE) y diversas asesorías financieras internacionales. Las señales de alerta vienen dadas además de por los indicadores citados antes por: el crecimiento espectacular de la deuda mundial (pública de los Estados y privada familiar y empresarial), al unísono con la disparatada cifra que ocupan en el mundo financiero los productos derivados y la situación comprometida de importantes bancos y empresas. El final previsto de las políticas de liquidez a casi nulo interés de los bancos centrales (Reserva Federal, BCE, BC de Japón) unido a la guerra comercial desatada por la administración Trump para reubicar la hegemonía de EEUU en el tablero mundial, en un contexto de internacionalización de las Cadenas de Valor, no hacen sino alimentar el vértigo de una nueva crisis.

2.- A lo largo de esta última década desde los centros rectores del capitalismo global, lejos de aplicarse a medidas correctoras o reguladoras que eviten una reedición del estallido financiero del 2008, que reduzcan las abismales diferencias de ingresos entre las grandes fortunas (cada vez más concentradas) y las clases más desfavorecidas, han optado por reinstalarse, intensificándolos, en los parámetros de la agenda neoliberal abierta y encarnada décadas atrás por Reagan-Tatcher y la Escuela de Chicago. Quedaron en el olvido las primeras insinuaciones de la necesaria “reforma del capitalismo” y las virtudes de las fórmulas keynesianas. Por el contrario las inyecciones de liquidez de los bancos centrales y los rescates bancarios operaron como una auténtica “socialización de las pérdidas” del mundo financiero cada vez más a su libre albedrio, incrementando sustancialmente los déficits públicos y la masa monetaria que circula en productos derivados y especulativos. Ninguna de estas iniciativas repercutió en la activación de la economía real-productiva. Y como corolario de esta línea de actuación se procedió a intervenir sobre las bases neoliberales ya conocidas: ajustes fiscales que descansan en la reducción de presupuestos para las políticas sociales, privatizaciones de servicios públicos básicos, menores impuestos a sociedades y grandes fortunas. Extensión de la precariedad laboral, reducción de la capacidad adquisitiva del salario, incremento de tarifas de servicios vitales, aumento de las edades de jubilación. Todo ello al interior de los estados capitalistas en continuada disputa por acceder, monitoreados por el capital internacional concentrado, a nichos de materias primas y mercados en mejores condiciones. Un escenario que se dibuja mediáticamente como el único posible en el mundo actual, en clave de ser percibido con la mayor resignación.

3.- Los representantes y gobiernos como agentes políticos del capital han actuado conforme a estas directrices en sus diferentes espacios de poder nacional-estatal. Prácticamente sin fisuras o sin contradicciones de orden mayor. En estas condiciones habría que relativizar las contradicciones entre los llamados “globalistas y los nacionalistas” en función de la internacionalización de las Cadenas de Valor actuales y la ausencia de una fracción significativa del capital que abogue por una recuperación de las políticas keynesianas en el orden de un hipotético rescate o retorno del llamado Estado del Bienestar. El paraguas de las políticas duras neoliberales suena bien para ellos en primera instancia (estancamiento salarial, precariedad, menos impuestos…) aunque a largo plazo estos sectores caven su fosa en la dinámica de concentración del capital. Se percibe como elemento de cohesión y de utilidad cortoplacista para las diferentes fracciones del capital. En el marco de la consolidación de este diseño global las tendencias apuntan hacia la reactivación del “capitalismo por desposesión” (David Harvey) dibujado por formulas contractuales en el mundo laboral de semi-esclavitud, apropiación-robo de materias primas y trasvase naturalizado de rentas a las clases superiores. Apuntan también a la prevalencia de fracciones del capital financiero-especulativo en el contexto de la financiarización del capital y el dominio de los sectores con inclinación a la rentabilidad cortoplacista para mayor escarnio incluso de las teorías de mercado de Adam Smith.

Sin embargo los ritmos y alcance de estas directrices pueden ser ajustados a la correlación de fuerzas y al nivel de resistencia de las clases sobre quienes se impone. Es por ello que en el contexto del estancamiento de la economía mundial y con la advertencia (esta vez sí) del riesgo de una nueva crisis (sobre la que se percibe un cierto “consenso” con los economistas del capital) se aprecia una suerte de radicalización hacia la derecha en los políticos-gestores del capital concentrado. Bajo el epígrafe o denominación de “populistas de derechas”, “out-siders”, “neo-fascistas”, el mundo asiste perplejo a la irrupción con acceso a niveles decisivos de poder de una variada gama de agentes políticos portadores de discursos explícitos o implícitos que se creían desterrados por la historia. Xenofobia, misoginia, homofobia, supremacismo, darwinismo social, anti-comunismo de guerra fría, se articulan en diferentes discursos cuya puesta en acción tiene varios denominadores comunes: sembrar la división entre las clases populares, reforzar los relatos simplistas y crear las condiciones desde los estados para reprimir las protestas populares, incluida la neutralización por diferentes métodos de quienes cuestionen su nuevo orden. La disidencia ya no se mide por el apego o la perspectiva de enfoque “socialista” o de “izquierda”, ser crítico es en su visión alinearse con los peores enemigos. Cuentan para ello con el soporte de los grandes medios cartelizados en sintonía con su relato y la maquinaria de las llamadas redes sociales y sus fábricas de mentiras o “fake-news” lanzadas desde empresas ad-hoc con datos y capacidad para acceder a millones de usuarios.

4.- La derecha tradicional ha sido la primera víctima de este tsunami político forzando su práctica desaparición o su reacomodo con tesis y discursos más a la derecha. Pero no la única: la socialdemocracia histórica vive sus horas más bajas hasta reducirse en algunos espacios a la nimiedad. Su reciente Congreso de la Internacional Socialdemócrata de 2019 en República Dominicana ni ha existido para los grandes medios y ha transitado sin pena ni gloria. Bien por el abandono de los ejes vertebradores de su identidad política o por su defensa de las políticas neoliberales (de ahí su caracterización como “socioliberales”), terceras vías cogobernando con la derecha tradicional, el resultado final es su camino al testimonialismo. Los intentos más creíbles de regeneración desde el interior de sus filas como Jeremy Corbyn en Reino Unido desde el Partido Laborista y en otro orden Bernie Sanders desde el Partido Demócrata en EEUU, sufren el desgaste de su aparato tradicional, combinado con la línea de acoso y derribo mediática. Su base electoral huérfana y desorientada ha optado por otros proyectos a derecha e izquierda. Esta orfandad es el reflejo de la extrema polarización social que induce la larga crisis actual y la ausencia de sectores del capital como potenciales aliados que alienten la reedición de los pactos sociales de postguerra que alumbraron el Estado del Bienestar.

5.-El desarrollo de la crisis a lo largo de la década última no ha sido plácido ni mucho menos. En los países del centro capitalista occidental en los que el impacto en su primera fase fue directo, aun partiendo de la realidad de un movimiento obrero y popular desarticulado por las consecuencias de una etapa neoliberal previa hegemónica (décadas de 80’S y 90’s, con la caída de la URSS) y la deslocalización del proceso productivo, sumado a la extensión de la precariedad y nuevos instrumentos de control social, la resistencia popular irrumpió. El deterioro de las condiciones de vida de las llamadas “clases medias” generadas a base del endeudamiento familiar hipotecario y las tarjetas de crédito, junto con el descaro de los llamados rescates bancarios unido a los ajustes neoliberales sobre las clases populares, originaron múltiples resistencias de natural indignación. Nuevos sujetos políticos capitalizaron el descontento. Desde posiciones anticapitalistas que partían del cuestionamiento general del sistema, hasta posiciones que sencillamente aspiraban a ocupar el lugar abandonado por la socialdemocracia. Tras significativas movilizaciones populares en diferentes espacios, con mayor o menor fortuna, llegan a ocupar lugares señalados de importancia y poder político e institucional. Se abrían ventanas a la esperanza de cambios reales, en un ciclo que no se puede dar por concluido. De las expectativas iniciales al estado actual de bloqueo y hasta retroceso, cabe establecer un primer balance considerando elementos críticos y autocríticos. Mención de honor merece el efecto desolador del giro de 180° de Tsipras-Syriza en Grecia (y en otro orden Lenin Moreno en Ecuador) capitulando a modo de estafa de los principios programáticos defendidos.

Partiendo de factores como la heterogénea composición de estos movimientos y sujetos políticos, la brutal ofensiva y su arrope mediático que reubica más a la derecha a los agentes políticos del actual sistema de poder, el efecto final se observa como una suerte de búsqueda de la “centralidad política” a la izquierda. Afloran de este modo ingredientes que caracterizan lo más genuino de la socialdemocracia con todas sus limitaciones y frustraciones a la hora de desarrollar una línea de actuación auténticamente transformadora, con impacto real y alcance sobre las clases populares. De este modo:

-La lucha electoral adquiere una primacía y relevancia casi absoluta, convirtiendo los llamados partidos-movimiento en máquinas de guerra electorales centralizadas y escasamente participativas. Atrás quedan las consideraciones de que constituye una forma de lucha más que se articula con otras hacia un objetivo global. Los contenidos programáticos pasan a un segundo plano en el que prevalecen las figuras o nombres que encabezan las listas electorales. Se minimiza la formación y el debate cultural e ideológico al que se antepone la defensa de eslóganes publicitarios de campaña. Los personalismos cohesionan grupos de presión interna más allá de las implicaciones de sus diferentes líneas de actuación.

-Ocupados los espacios en las instituciones y los resortes del aparato de estado, significativos militantes que despuntaron por su actividad social, pasan a ser cooptados en cargos públicos o labores internas de apoyo. Todo ello sin que medie un debate, control o seguimiento de su labor y la de otros cargos públicos en función de los objetivos y programas marcados. Tanto a lo interno como en la sociedad en general.

-Se acentúa y consolida la tendencia al desenraizamiento de los militantes-afiliados de estas formaciones en su territorio y en los movimientos sociales. Su actividad presencial en barrios, comunidades, pueblos y movimientos sociales es reemplazada por el fetichismo de las redes sociales, evidentemente un campo de batalla necesario pero complementario y que no puede sustituir a la actividad directa, como manera de recoger el estado de ánimo y problemática de las clases populares. Este contacto permanente es la “antena” necesaria para hacerse eco de las auténticas inquietudes y proyecciones socio-políticas sustituidas por las encuestas de opinión al uso, claramente mediatizadas. Su aporte es fundamental en términos de organización y clarificación de objetivos en el entorno inmediato.

Obviamente la línea de actuación viene determinada por el diagnóstico de la crisis y la situación del sistema-mundo actual, frente a lo cual se establece una estrategia y un programa en el corto plazo. Si en el marco mundial presente, tienen cabida paliativos que atemperen sus facetas más salvajes o por el contrario, la multiplicidad de factores presentes en la crisis capitalista (económica, ecológica, militarista, de valores culturales) demanda la necesidad de un sistema alternativo. En este contexto de reordenación de las fuerzas políticas del capital mundial concentrado en el que exhiben sin pudor alguno sus signos y señas de identidad más retardatarias, la primera opción contemporizadora se ve abocada a reordenar sus discursos renunciando a aquellas metas que chocan con los intereses más inmediatos del capital, relegando a un plano futurista objetivos que integraban los ejes de su propuesta (reformas fiscales progresivas, sector público que englobe las áreas estratégicas, gratuidad de servicios públicos básicos…). Les queda entonces la opción minimalista de amortiguar en lo posible el impacto de la agenda neoliberal dura y abocarse a realizar una buena gestión de sus espacios de poder en los límites que la misma fija. 

Neoliberalismo con vaselina. 

Muy a pesar de estas concesiones, abocadas a hacer más digeribles las directrices neoliberales y en aspiración de “transversalidad” electoral, la beligerancia y presión mediática dominante seguirá caracterizando a estos sectores con el anatema de “socialistas o comunistas” camuflados. Desde la otra perspectiva transformadora no cabe sino enmarcar las luchas de resistencia actuales e incluso los objetivos socialdemócratas anteriores en una estrategia de transformación profunda, en donde los pilares básicos son la organización, la movilización, la participación y un discurso claro que advierta de las dificultades y resistencia del poder capitalista a alcanzar estos objetivos. La lucha electoral es un ingrediente más y llegado el caso de acceder a niveles de poder, la defensa popular de los programas y objetivos marcados una garantía necesaria.

El campo de batalla de Latinoamérica

6.-La victoria electoral de Hugo Chávez en Venezuela en 1998 marcó un punto de inflexión y aliento en positivo sobre la izquierda Latinoamericana y mundial, tras el violento final de la experiencia de Salvador Allende en Chile, hacia las potencialidades de la lucha electoral-institucional. Con un programa democrático radical y reformista en lo social, inicialmente inspirado por las “terceras vías” socialdemócratas. El capital local e internacional no concedieron tregua alguna y desde sus inicios el proceso bolivariano se ha visto confrontado a presiones, intentos de Golpe de Estado (2002), paro petrolero y empresarial (2003) a pesar de la actitud reconciliadora del propio Hugo Chávez. Maniobras desestabilizadoras excediéndose de las formas democráticas que se mantendrían constantes a lo largo de toda la gestión chavista. Se abrió paso en Latinoamérica el acceso por esta vía electoral a diferentes gobiernos y naciones de corrientes progresistas conocidas también como “post-neoliberales”, cuyo referente común consistió en la aplicación de políticas sociales, encaminadas a dar acceso a las clases populares a bienes y servicios, aumentar su capacidad adquisitiva y atender a los sectores más desfavorecidos. Su gestión en general, con diferentes matices, chocaba con las formulaciones neoliberales ortodoxas en una perspectiva integradora de sus economías en el espacio común de Latinoamérica, con la expresión más avanzada de este fenómeno en el rechazo del ALCA tutelado por EE.UU. en 2005.

A modo de sucinto balance de estas políticas cabe considerar que tuvieron un impacto positivo en la mejora de los indicadores sociales, incrementaron la capacidad de consumo de las clases populares incluido el rescate de las clases medias hundidas por la anterior “década perdida” neoliberal y ralentizaron el efecto inmediato de la crisis global financiera. Sin embargo adolecieron de la falta determinación para afrontar la modificación de sus respectivas estructuras económicas de poder (reformas fiscales progresivas sobre las rentas y sociedades más altas, control sobre la banca privada y los entramados financieros, nacionalización y control democrático sobre sectores económicos estratégicos, cambio del modelo productivo mono-exportador, auditorias y límites al endeudamiento…) con el fin de sustentar y hacer sostenibles las políticas sociales. Bajo estos gobiernos del llamado “ciclo progresista” en general el poder del capital tradicional e internacional se mantuvo e incluso se incrementó en este periodo al calor de la potenciación de los mercados internos y exportadores. El impacto final de la crisis en virtud de la caída (real y también inducida) de los valores de los commodities (materias primas, energía, alimentos) dejaron sin sustento al equilibrio de las políticas sociales. Y en ausencia de una profundización mayor de las transformaciones, limitaron su margen de maniobra político.

7.- Los intentos de hacerse de nuevo con el control pleno de esta parte del mundo por parte de los capitales locales y trasnacionales concentrados sobre la base de los parámetros del llamado “Consenso de Washington” nunca cesaron. En virtud de la confrontación, aunque ya se ha visto que limitada a lo interno de las políticas económicas desplegadas y su voluntad de integración expresada en la creación del ALBA, MERCOSUR, UNASUR, CELAC y la mayor activa presencia inversora de China y en menor medida de Rusia, En este periodo a los fracasados intentos golpistas en Venezuela siguieron los de Ecuador, Bolivia y los exitosos de Honduras y Paraguay. La modalidad de “golpe suave” e intervención en diferentes ámbitos desde los centros operativos de EEUU-UE se sustenta en la presión mediática de sus cárteles, la ofensiva de las redes sociales, la cooptación de elementos de la judicatura respectiva (magnificando y parcializando casos de corrupción, para luego ellos legalizar y legitimar la suya) y potenciando una pléyade de ONG’S a modo de movimientos de la llamada “sociedad civil” que actúan a modo de caja de resonancia de la línea anterior. Se crean así las condiciones para desacreditar los “populismos” adversos a sus intereses y facilitar la victoria electoral las derechas de nuevo ropaje (Macri-Argentina, Piñera-Chile, Duque-Colombia, Bolsonaro-Brasil) alzándose con el triunfo sin mostrar su auténtica agenda económica y social a desarrollar. La intervención sobre estas bases no deriva de una hipotética radicalización o “giro a la izquierda” de sus adversarios a batir y desplazar del poder. Ni Dilma en Brasil dio muestras de aventurarse en experiencias socializantes, al contrario en su corto periodo de gobierno las concesiones al capital fueron numerosas con ajustes de corte neoliberal. Ni Venezuela y Nicaragua de otro modo están de la mano de sus gobiernos en la antesala de decretar la abolición siquiera de alguna forma de propiedad privada. Por el contrario, son objeto de numerosas críticas desde la izquierda por sus concesiones y condescendencia con el capital local e internacional. En ambos casos se pone de relieve la ausencia de voluntad de diálogo o negociación por parte de los representantes delegados del capital concentrado, más allá de concesiones, en una apuesta al todo o nada que implica de una vez borrar de un plumazo toda estela de otra economía o mundo posible que no sea la del poder global del capital en su versión más salvaje y disciplinaria. ¿Hay en la actualidad otra versión?.

8.- El campo de actuación que deja el capitalismo global en crisis se ha reducido a sus límites más estrechos. La ostensible prevalencia de las tendencias depredadoras, especulativas y cortoplacistas bajo la hegemonía en el bloque de poder del capital financiarizado (encaja aquí correctamente el término de “lumpenburguesía” de Jorge Beinstein) no deja mucho margen de maniobra para las políticas reformistas, esto es aquellas que abogan por la continuidad del sistema sin cuestionar sus fundamentos. O la defensa de legítimos objetivos de resistencia que no se inscriban en una estrategia de ruptura con la lógica del capital. De ahí el agotamiento y el escaso recorrido a futuro de las opciones reformistas que terminan por aplicarse a la tarea de depurar y limar aristas de sus objetivos para conservar su espacio electoral, en tanto que el adversario se pertrecha y retroalimenta de los discursos y valores consagrados de su patrimonio conservador más simplistas y viscerales. Mientras el reformismo se repliega en su ensimismamiento, las derechas duras se dan alas y emprenden vuelo. Obviamente no se trata de competir en su terreno enarbolando banderas históricas (aunque sin renunciar a ellas por decoro de lo “políticamente correcto”), sino adaptando su fuerza conceptual transformadora al momento presente. Las fuerzas políticas y sociales que abogan por la superación y el auténtico cambio transformador del actual sistema global en sus formulaciones de “Socialismo del Siglo XXI”, “Ecosocialismo”, “Comunitarismo, etc. también son merecedoras de su apartado crítico y autocrítico en tanto que se han mostrado incapaces de alcanzar una relevancia a modo de referentes de peso en sus ámbitos de actuación, bien sea en el interior de los partidos-movimiento de centro-izquierda o llegado el caso de manera autónoma.

En este orden cabe considerar: cierta contaminación del electoralismo-institucionalismo que aboca al sectarismo de viejo cuño, el narcisismo de liderazgos y siglas, a los debates interminables para afinar comas y conceptos, a la incapacidad para dotarse de un programa de transformación con alcance popular y unificador de tácticas y estrategias, en suma también al desenraizamiento de los vínculos sociales y territoriales apegados a la realidad.

9.-La República Bolivariana de Venezuela en el punto de mira. A poc@s lector@s se les escapará que buena parte de lo que se describe y analiza hasta aquí, desde esta acogedora tierra donde se escriben estas líneas, ocupa un lugar central en la dialéctica descrita. Sin por ello necesariamente considerarse el ombligo de la lucha de clases mundial. A manera de metáfora y narrativa estamos cerca de una cierta lectura del film “AVATAR”. A diferencia de otras intervenciones anteriores se explicita ahora la opción de una intervención militar llegado el caso. Evidentemente están en juego el destino de los amplios recursos de este país pero también el efecto disuasorio para quienes pretendan aventurarse en un modelo de sociedad que no esté debidamente monitoreado por quienes se erigen en rectores y capitalizadores de los recursos. Tal es el caso de la experiencia chavista galvanizadora y dinamizadora del continente con efectos ejemplarizantes en el mundo.

 

Debidamente elaborada su realidad por los grandes medios, Venezuela ocupa un lugar homologable al de la extinta URSS en la guerra fría como modelo a contrastar y emplazar a las fuerzas transformadoras. ¿Eso quieres aquí preguntan? como si nada en su “sentido común”, haciendo tabla rasa e ignorando los efectos de unas medidas de bloqueo, sanciones económicas y financieras internacionales a los que pocos países del mundo sobrevivirían. Estas medidas no dan cuenta de todas las dificultades evidentemente. Se puede abrir todo un catálogo de críticas pre y post Hugo Chávez en cuanto a los errores de gestión, burocratismo, ingredientes de corrupción (micro y macro), concesiones al capital importador vía otorgar divisas sin control de precios ni contrapartidas para el diseño de una economía productiva, a lo que no pocos añaden el ingrediente del “autoritarismo” bajo un sistema político que pocas de las llamadas democracias en el mundo occidental soportarían exhibiciones de oposición de la naturaleza que se practica en Venezuela. Todo ello minimizando el efecto de las medidas internacionales restrictivas y la labor saboteadora y especulativa del capital interior tradicional. Según el manual al uso por los estrategas del imperio cercano “así se hace chirriar una economía”.

Las críticas y autocríticas de carácter constructivo en la línea de enriquecer el proceso abierto son necesarias. El entramado de organizaciones productivas y comunales chavistas no cesa en ello, al igual que destacadas personalidades de la izquierda chavista a las que se debe una obligada atención. Sin embargo ciertas líneas de posicionamiento “crítico” pueden alumbrar un entramado de “compañeros de viaje” a los fines restauradores de la derecha más retrograda y ultra-neoliberal.

Su destino y marco final no contemplan las opciones o nichos electorales a tono con el espíritu de los autodenominados y configurados como “chavismo crítico” (se entiende por la naturaleza y práctica de su precursor que el chavismo es, al igual que el marxismo, crítico per se). Su ideal es desterrar al olvido cualquier atisbo que evoque el pasado a eliminar. Defender críticamente el proceso actual frente a toda forma de injerencia no implica una ciega aprobación de la gestión y conducción presente y pasada. Sin embargo reconocer a modo de interlocución a piezas claves del entramado intervencionista es sencillamente suicida y desacreditado aunque gane espacios mediáticos. Finalmente, el desenlace y las lecciones de este pulso apuntan también a colocar en su lugar en el contexto actual la lucha electoral-institucional en exclusiva pero carente de capacidad de organización de las clases populares, frente a un poderoso enemigo de cualquier modelo de sociedad que no colme sus intereses. La solidaridad explícita con Venezuela con todos los matices adecuados es importante en la batalla actual, sin olvidar que la mejor forma de activarla es desplegando la lucha por la agenda propia y la problemática específica (que no es poca) en los países que constituyen los pilares y la avanzada de esta agresión intervencionista: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, EEUU, Francia, Reino de España…

 

Joseba Pérez, Miembro de la organización internacionalista en Venezuela Fundación Pakito Arriarán (paquitoarriaran.org)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252579

 

 

Destaquemos la similitud del gobierno de Rafael Correa con el de Cristina Fernández de Kirchner (que gracias a las elecciones vuelve a ser valorada como alternativa a Mauricio Macri) para promover el descubrimiento sobre el imperativo de cambiar el sistema social y no sólo el gobierno.

 

 

Capítulo X del libro El correísmo al desnudo

Estado autoritario, disciplinamiento ciudadano

y control social

28 de julio de 2013

 

Por Decio Machado (Rebelión)

El problema de fondo relativo a los derechos es hoy no tanto el de justificarlos,

sino el de protegerlos. No es un problema filosófico, sino político”

Noberto Bobbio 


Introducción al concepto de autoritarismo

Desde la ciencia política se identifica al autoritarismo como una doctrina política que aboga por el principio del gobierno absoluto. El término califica a los estados que pretenden gestionar el poder político mediante mecanismos que se encuentran en contradicción con el concepto clásico de libertad.

El autoritarismo es definido entonces como una forma de gobierno caracterizado por su énfasis en la autoridad del Estado. Se da en sistemas controlados por legisladores electos, lo que suele permitir un cierto grado de libertad; y puede definirse como un comportamiento político en el que sobresale una persona o institución en el ejercicio de su autoridad. El autoritarismo se expresa entonces como el uso abusivo del poder, condición que implica que la autoridad sea frecuentemente confundida con el despotismo.

Históricamente, los regímenes autoritarios en América Latina se han caracterizado por ejercer determinados niveles de represión contra líderes sociales disidentes, todo ello bajo la lógica del control social, pero manteniendo -en términos generales- a la ciudadanía exenta de este tipo de prácticas, y pretendiendo respecto a esta estrictamente su alineamiento.

No se debe confundir entonces Estado autoritario con Estado totalitario, pues el segundo se caracteriza por ejercer fuerte intervención en todos los órdenes de la vida nacional, concentrando la totalidad de poderes en manos del Ejecutivo o partido de gobierno, el cual no permite la actuación de otros partidos.

Para autores como Friedrich y Brzezinski (1), la teoría propia del modelo totalitarista gira en torno a los esfuerzos del Régimen por remodelar y transformar a los seres humanos bajo su control a imagen de su ideología. Por ende, sostienen que la esencia del totalitarismo debe buscarse no solo en el control total que ese régimen ejerce sobre la vida diaria de sus ciudadanos; sino también sobre sus pensamientos y actitudes. Esto marca una diferencia sustancial respecto al autoritarismo, dado que este último engloba a aquellos sistemas políticos que a pesar de contar con un pluralismo limitado, sin una ideología “dura” y bien elaborada que cumpla el rol de direccionamiento ideológico al conjunto de la sociedad, mantienen una mentalidad peculiar -justificación ideológica del Régimen-, en los que su líder ejerce el poder dentro de un límite formalmente mal definido (Morlino, 1995).

Gatopardismo del neopopulismo autoritario ecuatoriano

Partiremos del principio de aceptar como definición de populismo a “un estilo de hacer política sustentado en la movilización de las masas y el liderazgo carismático, que surge como parte de procesos de modernización social y política muy limitados” (Ibarra, 2004). En su versión actual, según Ernesto Laclau, el “pueblo” no opera en el populismo como un dato primario sino que es el fruto de una construcción. El populismo tiene más perfil político que económico, y tiene su origen en un conflicto real o imaginario sobre el que el líder carismático construye una retórica anti-élite que desafía al statu quo utilizando redes clientelares a fin de legitimar su liderazgo a través de los votos.

El populismo tiene como objetivo habitual, obtener legitimación social mientras se mantiene en el poder una élite específica que controla la hegemonía política a costa de la popularidad de su líder. En este sentido, la distancia entre el discurso y la praxis se acrecientan, desarrollándose medidas populistas que bajo discursos rupturistas posicionan beneficios limitados para la población, pero que lejos están de significar transformaciones profundas en los pilares del Estado ni en las relaciones sociales, económicas y políticas que se desarrollan en el país.

El discurso neopopulista del socialismo del siglo XXI en el Ecuador aparece como una “tercera vía” (2) superadora respecto a la resolución del tradicional conflicto existente entre el neoliberalismo y los sectores populares en resistencia. Su máximo líder plantea un modelo socialcapitalista en el cual la lucha de clases debe ser superada. La economía del Ecuador se viene dinamizando fruto del crecimiento de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía y la modernización de las infraestructuras existentes en el país, lo que permite, por ejemplo, que las cien primeras empresas que operan en el mercado nacional obtengan 50% más de utilidades que en los gobiernos inmediatamente anteriores y el sistema financiero privado haya obtenido resultados aún mejores (tan solo el incremento en concepto de pago de Impuesto de la Renta de los grandes grupos económicos entre el ejercicio 2010 y 2011 -USD 650 millones y USD 798 millones respectivamente- es del 23,61%), todo ello en una economía hiperconcentrada que beneficia fundamentalmente a los grandes capitales, a la par que el presidente Rafael Correa mantiene un discurso de carácter confrontativo, populista y propagandístico con los sectores dominantes que siguen siendo los principales beneficiarios de su modelo económico. De forma paralela, a través de su máximo líder, la mal llamada “revolución ciudadana” posiciona su satisfacción, tras los comicios presidenciales de febrero de 2013, por la conformación de una “derecha ideológica” encabezada por el propietario de la segunda más grande institución financiera del país, mientras se indica que los principales enemigos del “proceso revolucionario” son: el ecologismo, el izquierdismo “infantil” y las organizaciones indígenas más referenciales de su tejido social (la CONAIE es el principal movimiento social existente en el Ecuador).

El uso y abuso de la propaganda oficial en beneficio del poder, se combina con un vehemente ataque a los medios de comunicación privados -los cuales responden a intereses de grupos políticos vinculados al conservadurismo declarado- acusándolos de prácticamente todos los males existentes en el país. Se establece una lógica política en la cual el líder máximo del proceso expresa violencia simbólica (destrozando diarios en espacios o foros públicos) o verbal (calificando a los trabajadores de los periódicos privados, entre otros adjetivos, como “sicarios de tinta”), mientras se construye el único “monopolio informativo” existente en el país bajo el auspicio del Gobierno. Esta aptitud choca con el derecho constitucional a expresar libremente las ideas en una sociedad que se considera aún democrática.

La sumisión de la razón a la voluntad y la acción pasó a ser referencial en el control social, buscando el adoctrinamiento de una base política a la que se le educa bajo un fuerte nacionalismo identitario y el discurso del victimismo político (periódicamente se denuncian operaciones desestabilizadoras como parte de una estrategia internacional contra el Gobierno ecuatoriano, sobre la cual a pesar de haber algo de verdad, hasta ahora nunca se han posicionado públicamente pruebas), y que pasó a calificar de mal ciudadano o antipatriota a todo aquel que expresa públicamente sus disidencias.

Orígenes del Derecho y el neoconstitucionalismo

Empezaré por indicar la obviedad de que todo proyecto político, jurídico, social o científico está integrado bajo un contexto, en un espacio y tiempo determinados que depende de la ideología dominante, lo que impregna todas sus prácticas y ejercicios de poder. Incluso las “ciencias” están inmersas en dicha condición. Todo conocimiento conlleva y es producido por interés, por voluntad, voluntad de poder y de verdad (Aguilera y González, 2011).

En este sentido, el Derecho en Ecuador está siendo construido y transformado por intereses de ciertas clases o grupos que se encuentran en un contexto determinado o que en un momento específico han sido capaces de producir “saber” por condiciones inherentes al poder. El Derecho se convirtió entonces en un campo social en el cual sus operadores configuran realidades sociales de acuerdo con sus propios términos y racionalidades (Bordieu, 1997), simplificando la complejidad social a un código básico que se reduce al binomio “legal/ilegal” (Luhmann, 2004).

Los discursos del saber (Foucault, 1970), en muchos casos, se despliegan mediante herramientas de poder, implementadas a través de la disciplina, vigilancia y control entramados en el corpus institucional, los cuales a su vez, justifican y reproducen sus prácticas de manera constante y en forma de subsistencia. Una vez que el sistema legal aborda determinada situación le aplica su “código operacional”, lo que tiene el efecto de limitar los hechos y la consideración de estos a su racionalidad legal (Teubner, 1997): las cosas pasan a una lógica binaria que se limita a definirlos como legales o ilegales. Es así que una movilización estudiantil como la protagonizada por los estudiantes del Central Técnico (detenidos los mayores de edad cinco días después del último triunfo electoral del presidente Correa) o un paro obrero (como el realizado por los trabajadores del Coca Codo Sinclair en la segunda quincena de noviembre de 2012 ante la explotación laboral al que fueron sometidos por la constructora concesionaria china), bajo este tipo de visión será apenas una acción legal o ilegal; una ocupación de tierras (como las protagonizadas por los ciudadanos desalojados entre 2011 y 2013 en el noroeste de Guayaquil) pasa a ser simplemente una acción, amparada o no, por el Código Civil; y una agresión física (como la protagonizada en abril del presente año por un embajador ecuatoriano sobre dos ciudadanas peruanas en Lima), estará amparada por la doctrina penal de la legítima defensa o no será procedente y por lo tanto sancionable. Esta lógica operacional del sistema legal excluirá cualquier otra forma de abordar estos hechos, con todas las implicaciones que esto conlleve.

Es entonces cuando interviene el “saber” como mecanismo donde se sustenta la justificación del método. Un clásico caso emblemático de este mecanismo es el sistema penitenciario: la prisión pasa de ser el resultado de los intereses de determinadas élites dominantes -las cuales inventaron el encierro para determinadas personas dominadas que “incomodaban” y “perjudicaban” sus intereses-, a tener a partir del siglo XIX mediante el positivismo jurídico y científico, un discurso de justificación social. El ejercicio del poder pasa entonces de tan solo reprimir y castigar, a convertirse también en “productor de verdad”. Por ello, el Derecho -orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado teóricamente en postulados de justicia- no es más que el resultado del enfrentamiento entre diferentes actores en conflicto de intereses, pues es desde ese conflicto desde donde mismamente nace.

Mediante la formalización a través del Derecho, las respuestas a los conflictos de poder han adquirido un aura de legitimidad y neutralidad, dotándose de respuestas normativas que pretenden garantizar la solución no arbitraria de los conflictos sociales. Este sería el caso de sentencias tan discutibles en esencia y forma como las protagonizadas en los últimos años por la justicia ecuatoriana: los 10 de Luluncoto, líderes sociales de Quimsacocha, los periodistas Calderón y Zurita por el libro Gran Hermano, 40 millones de dólares de sanción sobre periódico El Universo y el caso “Chucky Seven”, entre otros. Queda claro entonces, que el efecto de universalización es uno de los mecanismos aplicados por los más poderosos, a través del cual se ejerce la dominación simbólica y la imposición legitimada de un orden social.

El poder en general, articula diversas formas diferentes para emerger y legitimarse, utilizando fórmulas más o menos explícitas, lo que abre un abanico que va desde la manipulación psicológica hasta la violencia física. En ese contexto, es el Derecho quien instrumentaliza el poder, encubriéndolo y difuminándolo; justificándolo y convirtiéndolo en “orden” social y político.

A su vez, todos los mecanismos de poder están acompañados de ideología. Las verdades (paradigma del saber) se transforman en función del Régimen, en los discursos en el que se hallan sumergidas. Las Leyes y el Derecho se reconfiguran según el sistema político del que forman parte, generando mecanismos de poder adaptados a la ideología dominante, en función del momento histórico y sus circunstancias.

En ese contexto, el Estado constitucional se encuentra siempre en permanente transformación y sujetos a la presión de la política del movimiento (Viejo, 2009). Uno de los elementos referenciales en la actualidad de dicha transformación tiene que ver con los planteamientos discursivos que permiten la compresión de lo que significa Constitución, derechos fundamentales y normas de principios, entre otros.

En la actualidad, la masiva presencia de principios existentes en las constituciones latinoamericanas, especialmente en el llamado neoconstitucionalismo, exigen lógicas argumentativas, ya no solo basadas en la subsunción, sino también en la ponderación y en el juicio de proporcionalidad (Guastini, 2010).

El discurso de la ponderación y el principio de proporcionalidad son en la actualidad técnicas de interpretación (Carbonell, 2013) que deberían tener como finalidad tutelarlos de mejor manera, expandiendo todo lo posible su ámbito de protección. Es por ello que para los sectores más conservadores, estos principios generan de manera habitual rechazo y desagrado. En la práctica ecuatoriana, las sentencias anteriormente referenciadas manifiestan que dicho principio queda altamente cuestionado.

En el neoconstitucionalismo, el Estado incluso debería perder su rol histórico, pasando a ostentar como papel principal estar al servicio de la satisfacción de los derechos fundamentales (Ferrajoli, 2007). Es decir, el Estado debería dejar de justificarse a sí mismo, para pasar a ejercer una mera función instrumental.

Quizás por ello, escarbando en la Constitución de Montecristi, no es gratuito afirmar que es el ámbito de los derechos es donde el texto es sin duda más generoso (Machado, 2012). Prácticamente el conjunto de los 86 primeros artículos de la Carta Magna ecuatoriana están dedicados a señalar los derechos -en materia de cultura, educación, ciencia, salud, alimentación, tecnología, ambiente, agua, naturaleza, seguridad o buen vivir- de los que gozarán individuos y grupos sociales.

No podemos olvidar a su vez, la indiscutible necesidad que tienen todos los sistemas políticos -independientemente de su modelo constitucional- de que sus ciudadanos crean en su sistema judicial, pues perder la fe en la justicia puede implicar dos cuestiones entre sí contrapuestas: un buen caldo de cultivo para todo tipo de populismo incontrolable o las bases sobre las que poder comenzar a discutir coherentemente sobre la genealogía del poder con el fin de transformarlo.

Bajo estas premisas, tenemos dos líneas que se cruzan en el Ecuador: por un lado, una Constitución que apuesta por crear sujetos de derechos, algunos incluso innovadores como es el caso de la naturaleza; y por otro, una ciudadanía que apoyó la Consulta/ Referendo del 7 de mayo de 2011 propugnada por el Presidente de la República, en busca de una reforma del sistema judicial que permitiera hipotéticamente su correcto funcionamiento, con el fin de que el Estado realmente ejerza su principal rol: la protección de individuos y grupos, así como generar las condiciones posibles para el bienestar social.

Ambas circunstancias quedan hoy cuestionadas: ni la Constitución se cumple en su totalidad, están varios de sus mandatos violentados de forma permanente; ni la reforma judicial ha significado independencia y credibilidad en los procesos por parte de la población.

Ecuador: ¿Estado autoritario?

Max Horkheimer, uno de los principales exponentes de la Primera Teoría Crítica, entiende el Estado autoritario como un fenómeno sociológico que se origina tras circunstancias históricas donde surge la anarquía, el desorden y la crisis; presentándose como la vía para la superación de los problemas existentes. Es desde ese consenso ciudadano desde donde se legitima un Estado autoritario, y no a través del uso de la fuerza o el abuso del poder.

En el caso del Ecuador, desde la reinstauración de la democracia liberal y el “Estado de derecho burgués” (3), el sistema político nacional ha estado en crisis permanente, agudizándose esta con el paso del tiempo.

Tras la muerte de Jaime Roldós (primer presidente democrático tras el período de gobiernos militares que se dio entre 1972 y 1979) en un sospechoso accidente de aviación el 24 de mayo de 1981, le sucede su vicepresidente democratacristiano Osvaldo Hurtado, cuyo Gobierno se caracterizó por carecer de hoja de ruta en materia de política económica, la devaluación del sucre (moneda nacional de entonces), la deshonestidad de sus funcionarios de aduanas -cuyos puestos claves fueron repartidos entre determinados grupos de poder político-económicos-, ineficacia para el control del peculado y diversos escándalos de negociados como el caso de Isla Santay, importación de arroz con gorgojo, los sucesos de La Previsora o despilfarros en los contratos para la exploración de gas en el golfo de Guayaquil; en 1984 accede a la presidencia León Febres-Cordero, quien durante su mandato sufre varios intentos de golpes de Estado e incluso un breve secuestro, siendo duramente cuestionado por la represión y violación de derechos humanos ejercida durante su mandato, así como por sacrificar la economía nacional por atender el servicio de la deuda externa; en 1988 accede a Carondelet Rodrigo Borja, quien durante su gestión vivió un importante alzamiento social que le dio protagonismo al movimiento indígena, fruto de la continuidad en las políticas económicas que se habían puesto en marcha durante la legislatura de Hurtado y que alcanzaron su cenit con el gobierno de Febres-Cordero; en 1992 llega a la presidencia Sixto Durán Ballén, implementador de las políticas neoliberales en el país y el primero que comienza a reducir drásticamente al Estado (bajo el denominado Consenso de Washington se impusieron medidas económicas que integraron políticas de ajuste estructural, reformas estructurales del Estado, privatización de empresas públicas, liberalización del comercio, amplias garantías jurídicas para las inversiones extranjeras y flexibilización laboral); en 1996 accede a la presidencia Abdalá Bucaram, pero su desastrosa gestión económica, sumada a sus frecuentes escándalos desembocó en protestas populares masivas y una huelga general, siendo destituido en febrero de 1997 por “incapacidad mental”, asumiendo su cargo Rosalía Arteaga durante apenas dos días, y posteriormente Fabián Alarcón -hasta entonces presidente del Legislativo-, quien dejó como herencia de su mandato la expansión de la pobreza, el crecimiento del desempleo y el deterioro de los salarios reales para los trabajadores; en 1999 es elegido como mandatario Jamil Mahuad, quien decretó un feriado bancario -la mitad del sistema financiero ecuatoriano colapsó y miles de ahorristas perdieron su dinero- y en enero del 2000 dolariza en país, eliminando todo tipo de soberanía monetaria, siendo en ese mismo mes derrocado por un alzamiento cívico-militar, asumiendo el Gobierno su vicepresidente Gustavo Noboa, quien realizó vagas promesas de justicia social y de lucha contra la corrupción, prosiguiendo con la campaña de privatizaciones y la continuidad de las políticas neoliberales en el país; el 2002 accede al Gobierno el ex coronel Lucio Gutiérrez, quien protagonizó un mandato saturado de acusaciones de nepotismo y degradando el aparato del Estado a un nivel de ineficiencia y corrupción equivalente al de determinados países africanos, lo que le llevará a no terminar su legislatura, escapando de forma rocambolesca por los tejados del palacio presidencial ante importantes movilizaciones sociales en la ciudad de Quito, siendo investido como sucesor su vicepresidente Alfredo Palacios, un personaje carente de carisma y liderazgo que mantuvo la ineficiencia administrativa existente en el país y demostró su incapacidad de llevar adelante la anhelada transformación política que la ciudadanía requería.

En resumen, desde la forzada sucesión de Jaime Roldós hasta la toma de posesión de Rafael Correa Delgado, el sillón presidencial no ha sido ocupado más que por presidentes de marcada mediocridad política que llevaron al país al caos económico, configurándose una institucionalidad de pronunciada corrupción y deslegitimación social. Esta situación determinó un escenario político donde ningún gobierno desde 1996 terminó su legislatura y donde los movimientos sociales asumieron un rol de importante protagonismo político en la presión, movilización social e incluso derrocamientos presidenciales.

Dicha situación conllevó que durante el proceso electoral que tuvo lugar en el segundo semestre de 2006, el actual mandatario ecuatoriano ganará las elecciones con un discurso articulado contra la “partidocracia” y un caduco sistema político carente de credibilidad y legitimación social entre la ciudadanía.

Volviendo a la teoría, otro elemento a tener en cuenta es que según Horkheimer y Adorno, el autoritarismo no tiene una sola cara, sino que puede adquirir diferentes formas y mimetizarse de acuerdo a como lo aconseje su estrategia para la consolidación del sistema capitalista (incluyendo en ello lo que Otto Rühle (4) definió como capitalismo de estado), situación que se dio en el Ecuador bajo la lógica de gatopardismo político que ha caracterizado al actual Gobierno (hacer que todo cambie para que en realidad no cambie nada).

Orden y progreso

El Estado autoritario unifica al conjunto de la sociedad, anteriormente dividida, bajo el criterio de lograr un concreto objetivo: la construcción de un futuro en donde se logre superar las causas que generaron la crisis. A partir de esa premisa, se justifica el recorte de libertades y derechos con la finalidad de combatir el “libertinaje” y la “inmoralidad” (términos acuñados por el régimen correísta para calificar el accionar de la prensa privada o de determinados movimientos sociales), enarbolando principios convertidos en valores supremos, como la autoridad, disciplina, Patria y orden.

Desde el plano ideológico, lo que se califica como aislado o atrasado, pasa a ser de antemano condenado. La transformación deducida en el rigor de una selección darwiniana (“miedo al provenir” que domina a “nostálgicos del pasado”, es decir, a los “ciudadanos más débiles”, aquellos que no se atreven a afrontar el “choque del futuro” y no pueden “asumir su tiempo”) pasa a estar “debidamente” fundamentada: el provenir se encuentra en el progreso “técnico”, en la apertura, en la movilidad, en la competencia, en la profesionalización y en la comunicación.

Esta es la parte del debate más importante de clarificar hacia aquellos que entienden que el correísmo es una política progresista de marcado carácter transformador. No reconocer los diferentes tipos de pensamiento conservador, el conservadurismo declarado y conservadurismo reconvertido o progresista (Bordieu y Boltanky, 2008) significa no entender el conflicto de clases y la lucha por una radical transformación sistémica y social. Es así que el pensamiento de la derecha más rancia, el conservadurismo declarado, tiene como centro el sentimiento de la declinación, la desesperanza y el miedo al porvenir, disposiciones que denuncia y combate la nueva burguesía (Beauvoir, 1955), el conservadurismo reconvertido. El pensamiento conservador más reaccionario pasa a ser confundido, en situaciones coyunturales, con posicionamientos indígenas y rurales, espacios los cuales pretenden ser liquidados por los nuevos planificadores -tecnócratas de la felicidad- que prestan una atención condescendiente e inquieta a estos excluidos mientras buscan eliminar las realidades a las que ellos aún se aferran. Mientras el conservadurismo declarado -lo que en Ecuador podría representar la ideología socialcristiana y su entorno- aboga por la perpetuación del pasado y condena cualquier proyecto innovador; la nueva burguesía solo habla de proyectos superadores de un pasado al que no debemos volver.

En una combinación aparentemente contradictoria, el conservadurismo progresista no es más que una fracción de la clase dominante que da como “ley subjetiva” lo que constituye la ley objetiva de su perpetuación, es decir, cambiar para conservar.

Una “nueva Patria” ya es de todos

Esta ha sido la lógica político-dialéctica en la que se ha desarrollado el correísmo. Así, el presidente Correa, vocero único del proceso político definido como Revolución Ciudadana, indica en la mayoría de sus discursos que se está construyendo la “Patria nueva”, superadora de la “patria vieja” donde dominaban unas cuantas élites y grupos de poder ilegítimos, acompañando dicho discurso con los impetuosos acordes de “Patria, Tierra sagrada...”, que gracias a las campañas presidenciales y el aparato de propaganda gubernamental, es asociada por el conjunto de los ciudadanos con su imagen y el color verdeflex que impregna su partido.

Los regímenes autoritarios han tenido siempre gran necesidad de altas dosis de política. Deben convencer a la opinión pública de que sus gobiernos son únicos e insustituibles, y que todos los que les precedieron fueron notablemente peores. Deben mantenerse en tensión preelectoral cada día, pues es en ese posicionamiento desde donde construyen su legitimidad social. La propaganda “oficialista” actúa de dos formas: por medio del exhibicionismo triunfalista de sus logros sociales y políticos; y por la intimidación disimulada o manifiesta a la crítica de los medios de comunicación no subordinados y a la acción de la disidencia política organizada. Todo ello con el abuso sin rubor del culto a la personalidad del líder y el uso de toda nueva tecnología posible.

Criminalización de la disidencia como doctrina de reeducación social

Desde los sucesos de Dayuma (diciembre de 2007), donde -según diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos- las Fuerzas Armadas actuaron de forma desproporcionada contra los moradores locales; y especialmente desde las primeras movilizaciones antimineras (2008 y sobre todo a partir de 2009) por parte de comunidades afectadas y el movimiento indígena en general, el Régimen pasó a acuñar los términos “garroteros” y “tirapiedras” (los mismos que han utilizado para definir las prácticas políticas del Movimiento Popular Democrático -MPD-) para calificar a cualquier activista social que se movilice contra sus políticas, especialmente la extractivista, amenazando sistemáticamente con la aplicación de todo el “peso” de la ley. Salve decir en este caso, que dicha ley es la legislación antiterrorista proveniente de la época de la dictadura militar, y que un informe presentado en diciembre de 2011 por la Defensoría del Pueblo del Ecuador señala textualmente: “En nuestro país se evidencian procesos de criminalización de las actividades realizadas por los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, principalmente, cuando estas se oponen al modelo de desarrollo que ejecuta el Estado ecuatoriano” (5).

Es así que el Código Penal, elaborado en tiempos de la dictadura militar, tipifica de la siguiente manera el delito de terrorismo y sabotaje: en su artículo 158, se indica que se reprime con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de mil a dos mil sucres a quienes destruyan o afecten servicios básicos, fábricas, centros comerciales, puertos, embalses, minas, vehículos, instalaciones de servicios básicos o espacios de producción con el propósito de producir alarma colectiva; mientras que el artículo 160.1 determina reclusión mayor de 4 a 8 años y multa de veinte mil a cincuenta mil sucres contra quienes “individualmente o formando asociaciones” cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos o de sus bienes, asaltando, violentando o destruyendo, allanando o invadiendo lugares, sustrayendo o apoderándose de bienes o valores secuestrados para demandar el cambio de leyes o de órdenes y disposiciones legalmente expedidas o exigir la libertad de presos; ocupando lugares públicos o levantando barricadas para enfrentar a la fuerza pública en reclamo de sus intenciones.

Es con este tipo de legislación con la cual se está criminalizando en la actualidad a la protesta social en Ecuador, y si bien es cierto que la figura del sabotaje y terrorismo siempre ha existido en la normativa penal ecuatoriana, también lo es que otros gobiernos anteriores al del presidente Correa no la aplicaron. La paradoja actual, es que aunque durante el proceso constituyente los movimientos sociales lograron posicionar la garantía de derechos como un requisito imprescindible para la transformación hacia formas más justas y al mismo tiempo armónicas con la naturaleza, también lo es que después de 2008 se han levantado procesos judiciales contra líderes y dirigentes sociales, maestros, estudiantes, trabajadores públicos, periodistas, indígenas y campesinos, hasta un número estimado en torno a doscientas personas involucradas en procesos de judicialización por sus acciones de protesta, rechazo o movilización ante proyectos y políticas desarrollistas de alto impacto ambiental y social.

En el desarrollo de esta lógica, el Gobierno termina por dirigir una forma de construcción del individuo -reeducación y disciplinamiento- para su correcto desarrollo político, justificándose el Estado como guía debido a la inmadurez ciudadana. El tratamiento desde el poder hacia la disidencia, define el desarrollo de un germen interior que tiene todo Estado autoritario en su fase inicial: el monopolio de la violencia.

Es así que el nuevo Estado Moderno en conformación en el Ecuador, pasa a superar la lógica del contrato social (acuerdo hipotético realizado en el interior de una sociedad por el que se adquieren derechos y deberes del Estado y de sus ciudadanos), convirtiéndose estrictamente en un acuerdo entre grupos de intereses y el mismo Estado. El Derecho pasa a ser identificado con la moral en vigor (Newmann, 1944) perdiendo cualquier capacidad ética mínima, mientras la racionalidad es remplazada por una técnica de dominación que establece una noción autoritaria y organizativa de la sociedad. En la práctica, supone el fracaso del positivismo jurídico y del neoconstitucionalismo garantista.

Inviabilidad del derecho a la resistencia

La Asamblea Constituyente de Montecristi consagró directamente, y por primera vez en la Historia, el derecho a la resistencia, dándose así un estadio de superación sobre la Constitución de 1998, en la cual se reconocía en su artículo 188 el derecho a la objeción de conciencia.

La misma formulación del artículo 1 de la Constitución de Montecristi, donde se hace referencia a la llegada al “Estado Constitucional de derechos y justicia”, debería haber significado un cambio paradigmático de un modelo de Estado a otro nuevo, de cuya naturaleza exacta se necesita aun tomar conciencia a fin de posicionar el artículo 98 de la Carta Magna, donde se consagran dicho derecho a la resistencia.

La Constitución de Montecristi impone el sometimiento del Estado -de todos los poderes públicos- a los derechos. Su artículo 11 en su apartado 9 llega a indicar que: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. Y en su artículo 84 se reincide diciendo: “[...] en ningún caso, la reforma de la Constitución, la leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”. Quedando definido en el artículo 172 que: “Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley”.

A priori, la amplia formulación del artículo 98 de la Constitución de Montecristi se hace idónea para incorporar el conjunto de argumentos anteriormente explicitados: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

Es así que la invocación de derechos a la resistencia a nivel intrasistémico (actos ilegales, públicos o colectivos, no violentos y enfocados a transformar una ley injusta) con apoyo en los instrumentos procesales reconocidos por la propia Constitución, se convierte en el última herramienta posible que permita reducir la distancia entre lo prescrito formalmente y su concreta aplicación (Bobbio, 2008), con la finalidad de que los derechos por estar normativizados no queden en papel mojado y que el ejercicio del poder político y del Presidente de la República no genere injusticias o traicione lo que emana del primer artículo constitucional.

A pesar de que en su sentido moderno consolidado el derecho de (o a la) resistencia presupone una cultura jurídica y política que implica nociones distintas de poder, derecho y fuerza, subordinando el ejercicio del primero a un ideal de justicia que se refleja en el derecho y que puede ser invocado como última opción para rehabilitar la legitimidad de las instituciones políticas o fundar un nuevo orden legal (Franco y Tarzia, 2011). En el caso ecuatoriano, tal práctica no puede ser definida más que como un rotundo fracaso.

Ha sido el propio Presidente de la República, por acción y omisión, quien ha alentado a grupos económicos extranjeros, autoridades locales, empresarios nacionales y a la propia Fiscalía General del Estado, a proceder con las demandas contra los que vienen a ser considerados por la ideología dominante como desestabilizadores, enemigos del Régimen y del proceso de cambio en curso. Dicha situación conlleva reacciones como la de los padres de familia de estudiantes procesados tras la movilización del colegio Central Técnico de Quito, los cuales dirigieron al presidente Correa y no al juez de turno, una carta pidiendo disculpas por la actuación de sus hijos con el fin de evitar que estos fueran sancionados por la justicia.

Control de los medios

La libertad de expresión, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “es un elemento sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública [...]. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada” (6). Por su parte, la libertad de pensamiento se enmarca en la facultad que tiene toda persona de desarrollar ideas, analizarlas, sintetizarlas, juzgarlas o en general considerarlas en el sentido que consideren adecuadas (Morales, 2012). Sin libertad de expresión no existirá la posibilidad de manifestar aquellas ideas a quien considere pertinente hacerlo.

Aunque la libertad de expresión sea un derecho de vital importancia para el sistema democrático, no consta ni debe constar de una protección absoluta, lo que tampoco quiere decir que deben imponerse filtros sumamente difíciles de superar para sancionar al quien hiciere un uso abusivo de este derecho. Hay que tipificar de forma que sea efectiva la tutela a quienes han sido lesionados en su reputación por el abuso de la libertad de expresión, pero a la par de no deteriorar las posibilidades de expresión e información, dado que la libertad de expresión forma parte de derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos y todas (Ferrajoli, 2009).

La aplicación de la justicia en esta materia está conllevando a que bajo el arcaico principio del dura lex sed lex (la ley es dura), se hallan dictaminando sentencias carentes del principio de proporcionalidad en las cuales se pretendió castigar severamente a medios y periodistas de investigación que habían sido denunciados por el mandatario en calidad de ciudadano. Dicha estrategia ha conllevado lo que se buscaba desde el punto de vista de las limitaciones en el accionar periodístico, autocensurándose medios y periodistas durante la fase de elaboración de la noticia, crónica o artículo de opinión.

Rol del partido

Por su parte, con el debilitamiento de los movimientos sociales y otras herramientas de intervención ciudadana para incidir en las políticas públicas, la política pasa a entenderse de una forma grupalmente más restringida. Se desarrolla la “profesionalización de la política” (Kirchheimer, 1966), convirtiéndose en un campo de especialización donde solo tienen participación un cierto grupo de personas que manejan técnicas aplicas a la consecución de sus objetivos fundamentales: liderar y dirigir el actuar de las masas a través de estrategias de convencimiento y sugestión.

En sintonía con esta “profesionalización” la política se transforma, adecuando al interviniente en política a criterios que tienen que ver con la obtención de cargos y posicionamientos en la estructura social del partido o del Estado, pues desde ahí ejerce su poder y se legitima sobre sus bases y el conjunto de la sociedad.

Se olvidan entonces los pensadores teóricos y legitimadores del oficialismo, que la movilización social es un proceso de organización social que se realiza a través de formas múltiples y mecanismos varios, que busca objetivos plurales, resignificando socialmente las instituciones, los sujetos y la democracia participativa, pasando los actores sociales a ser estigmatizados por su crítica al Régimen y al nuevo pensamiento dominante. Se ignora también por parte del Estado, que la movilización social es en la práctica, la única forma efectiva de participación para múltiples sectores sociales, ciudadanía y sus representaciones sociales. Sin movilización estos sectores quedan sin mecanismos efectivos para intervenir en aquellos asuntos de los cuales venían ya históricamente siendo excluidos.

Desde esa perspectiva, para un gobierno que se llama a sí mismo “revolucionario”, propiciar condiciones para la movilización social y política de los sectores organizados de la sociedad, debería ser un objetivo institucional en la búsqueda de conformar mayores niveles de autonomía, organización y participación de la población en asuntos públicos (Machado, 2012).

Lejos de esta visión, el correísmo se caracteriza por el intento de control -mayoritariamente exitoso- sobre el conjunto de organizaciones sociales, anulando su capacidad de movilización y entendiendo a esta como un elemento de desestabilización política. Para tal fin el Estado llegó a estructurar todo un aparato político que tan solo desde las instituciones públicas dan trabajo a 250 burócratas en el Ministerio Coordinador de la Política; 2.800 burócratas más en la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación; y otros 2.500 burócratas en el Viceministerio de Gobernabilidad (perteneciente al Ministerio del Interior).

El objetivo central del proyecto político correísta pasa a ser el monopolio de la vida política, lo cual le ha llevado a pasar de la utilización instrumental de lo popular al desprecio y control sobre todo tipo de articulación social. Para Gramsci, hegemonía es una composición de dominación y dirección, lo cual significa presencia ideológica en la sociedad y el Estado, así como el control sobre la dirección económica (control de los medios de producción). Sin embargo, el correísmo confundió hegemonía con el monopolio de la vida política, y suponiendo que tras los resultados electorales de febrero de 2013 se haya conseguido dicho monopolio, está lejos de construir una nueva hegemonía dado que se mantiene el mismo sistema de acumulación y matriz productiva heredada de la época neoliberal.

Pero además, el partido oficialista Alianza País se ha ido constituyendo ya no solo en una máquina electoral, sino también en una agencia de empleo y colocación para sus afiliados en las diversas estructuras del Estado (locales, regionales y del Gobierno central). La organización perdió su rol, si es que alguna vez lo tuvo, como espacio de elaboración de un proyecto político en el seno de la sociedad, careciendo de espacios de debate y generación de participación política. En las dos convenciones nacionales desarrolladas por Alianza País desde su fundación (la primera en Guayaquil en noviembre de 2010 y la segunda en Quito, en el Estadio del Aucas, en noviembre de 2012) no se ha llevado a debate ni un solo documento interno programático, no han existido tendencias ni discusión política alguna. Como es normal, el modelo de Estado autoritario se replica en un modelo político-partidista piramidal donde el líder determina prácticamente todo.

Cargos públicos del oficialismo ecuatoriano, muchos de ellos sin trayectoria política previa y carente de cualquier tipo de ideología más allá del arribismo político, ocupan los principales puestos en las estructuras provinciales y nacionales de Alianza País, aspirando desde allí a convertirse en herederos del mandatario o personas de su máxima confianza, para emprender o mantenerse en una especie de carrera de ascenso político que recuerda a los manuales de business empresarial aplicados en las corporaciones transnacionales por yuppies y ejecutivos internacionales.

El actual estado de situación nos permite incluso entresacar determinadas similitudes -marcadas por las diferencias en el tiempo y en el modelo de Estado (totalitarismo vs autoritarismo)- de estética y forma entre el neopopulismo ecuatoriano y las características enumeradas por Emilio Gentile (7) en su clásico libro El culto del littorio, el cual constituye una travesía por el universo simbólico y litúrgico del fascismo, a significarse entre estos los siguientes: la creación de una religión de la patria; la refundación del país promovida bajo un apostolado de revolucionarios para la resurrección de la “nueva patria” (la “nueva Italia” en el caso fascista); el culto a los mártires y la utilización de simbologías histórico nacionales; la apelación a la fuerza de la fe en el líder; la ira destructiva contra los símbolos de otras ideologías; la retórica revolucionaria, socialista, de justicia e igualdad social; el concepto de la verdad única, lo cual permite emprender una “cruzada” contra los profanadores de la patria; una extensa parafernalia mediática que permite compensar las limitaciones retóricas e intelectuales del líder; la “conversión” de todos los ciudadanos a la doctrina oficial; una filiación al nacionalismo más fuerte que a la libertad; el pensamiento único alineado al partido gobernante; el monopolio de simbologías con el fin de reescribir la historia; el culto al líder con su correspondiente elevación a los altares junto a la patria; la utilización del calificativo “revolucionario” para todo; los intelectuales orgánicos en labores de transformación del mito en culto; la sacralización del Estado (definido en Italia como “arcángel mundano”); una estética del poder autoritaria, irónica y avasalladora que se convierte en estética de la vulgaridad y el mal gusto; la construcción de una rivalidad con la Iglesia católica por el control y la formación de conciencias; una retórica ampulosa y florida; cierta manía de protagonismo mundial por parte de su líder; un discurso de dialéctica elemental en el cual se usa un léxico fácil y referencias a lugares comunes; un sistema político altamente jerárquico basado en la voluntad del líder sobre un entorno de mediocres; la discriminación entre “buenos” y “malos” ciudadanos; la elevación de anónimos pequeños burgueses al templo de la “Historia” y que se consideraran artífices de esta; la presencia del máximo líder en lugares geográficos del país a los que nunca ningún presidente había llegado antes, proyectando ante el pueblo cierta sensación de cercanía al poder; el hiperpersonalismo de su máximo dirigente, emitiendo una imagen del líder rodeado de indignos que lejos estaban de poder igualarle y mucho menos reemplazarle; y, la cooptación al proyecto político de una mezcla oportunistas, pragmáticos y convencidos.

El Estado de Bienestar

La conformación del Estado de Bienestar, entendido como un Régimen capitalista de intervención estatal destinado a asegurar la continuidad del ciclo económico y una cierta redistribución social de los recursos, se convierte en el principal mecanismo de “legitimación” y “control social” (Habermas, 1989) que pretende la anulación de todo tipo de alternativas emancipatorias desde una perspectiva social y económica.

Los criminalizados, enjuiciados y encarcelados desde el ámbito social son los cuestionadores de este modelo, los cuales en la mayoría de los casos, consideran que el tan manipulado término de “buen vivir” debería ser un elemento superador de las lógicas de desarrollo clásico que se siguen repitiendo en este Gobierno.

La carga de violencia y control social asociada al modelo neoextractivista y desarrollista que se implementa en el Ecuador (esta situación tiene carácter continental) se realiza de forma tan acelerada como acelerada es la imposición del modelo de Estado autoritario. Esta situación hace que cada vez más el derecho a la libertad de los pueblos, cuya primera representación escrita fue la palabra cuneiforme sumeria Ama-gi (8), se reafirme en su incoherencia con lo que fue el origen del mal llamado proceso de “revolución ciudadana”.

Las consecuencias

Igual que para Marcel Proust es imposible disociar la música o la literatura de los conjuntos arquitectónicos o de la vida micro social en los salones de la aristocracia; el capitalismo -también el posneoliberal desarrollista y neoextractivista-, no funciona únicamente en su esfera económica, actuando a su vez a través de un modo de control de la subjetivación, “cultura de equivalencia” (Guattari y Rolnik, 2005), lo que viene a significar que el control del poder del mercado va en paralelo al control del poder sobre la subjetividad.

Mientras en las lógicas de control sobre las disidencias se acentúa una práctica política que conlleva el recorte de libertades y la implementación del miedo (temor a la movilización reivindicativa, asociación con organizaciones criminalizadas o autocensura de periodistas y cronistas políticos), las mayorías lo aceptan, en su priorización por la mejor situación económica (según datos oficiales, la evolución de ingresos familiares en 2006 conllevaba una cobertura de la canasta básica familiar de tan solo un 66,7%, mientras que en 2012 ese porcentaje se elevó al 92,43% y se estima que en el presente año llegue al 103%).

Los derechos y libertades, que fueron factores vitales en los orígenes de la sociedad industrial se debilitan ahora, perdiendo racionalidad y su contenido tradicional. Bajo las condiciones de un creciente nivel de vida (desde la perspectiva consumista y no desde su calidad), la disconformidad con el sistema aparece como socialmente inútil, y más aún si aparece con tangibles desventajas económicas (se pierde comodidad) y políticas (exposición al riesgo a ser reprimido) y pone en peligro el buen funcionamiento del conjunto (una sociedad en evolución desarrollista). En la fase actual de modernización del capitalismo ecuatoriano, la “sociedad libre” ya no puede ser definida en términos clásicos, requiere nuevos modos de realización, y corresponde al aparato de propaganda del gobierno ir definiéndoselos al conjunto de la población paulatinamente.

La libertad política no puede conceptualizarse como antes porque implicaría la liberación de las personas de una política sobre la que no ejercen ningún control efectivo. Lo mismo sucede con la libertad intelectual, dado que de lo contrario podría restaurarse el pensamiento individual cada vez más absorbido por la comunicación y el adoctrinamiento de masas.

Como fenómeno educacional, se refleja un proceso de conservadurismo en la sociedad ecuatoriana, donde se establece entre otros valores que todo lo que haga el líder es adecuado per se, dado que él es el que sabe lo que hay que hacer -aquello de “confíen en mí” expresado por el mandatario en el Referendo/Consulta del 7 de mayo de 2011 ante la insuficiencia argumental para justificar los cambios del texto constitucional-.

En la práctica, supone el debilitamiento del tejido social autónomo existente y un mayor control sobre una sociedad, que en general empieza a aceptar prescindir de los escasos canales existentes para su real expresión y el potencial de reivindicación que conlleve.

Siguiendo a Holloway, se exagera la “autonomía relativa” del Estado y de la política institucional como herramienta de cambio social. La ilusión de que el Estado puede impulsar por sí mismo un cambio radical en la sociedad conlleva el olvido respecto a que el Estado no es más que una forma de relación social enraizada en las relaciones sociales capitalistas separando a las personas del control de sus propias condiciones de producción y, por último, de sus propias vidas.

Referencias bibliográficas: (...)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=171781

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Vigencia del análisis gramsciano

para el proceso político ecuatoriano.

1 de mayo de 2013

 

Por Decio Machado (Rebelión)

 El capitalismo en Italia se expande tras su tardía unificación (1870), desarrollando una flamante industria automotriz en el norte que coexiste con la economía agraria del sur –“Mezzogiorno”-, hecho que se mantiene prácticamente hasta nuestros días. En paralelo al proceso de industrialización en el norte de Italia se desarrolló el Partido Socialista Italiano (fundado en 1892) y que fue el principal partido de la izquierda italiana hasta la Segunda Guerra Mundial.

  
Es en ese momento político en el que los industriales urbanos del norte de Italia trazan ciertos compromisos con los terratenientes agrarios del sur; en el que el Vaticano se enfrenta a la masonería y al anticlericalismo de izquierdas; y en el que el fascismo toma cuerpo haciéndose con el manejo burocrático del Estado a través de la figura de Benito Mussolini
 [1], cuando el conjunto de fuerzas reaccionarias se unen para hacerle frente a la proliferación de huelgas obreras en el norte y las rebeliones campesinas del sur italiano. Es en ese contexto político en que Amadeo Bordiga y Antonio Gramsci abandonarán el XVII Congreso del Partido Socialista (1921) que se celebraba en Venecia convocando a un congreso constituyente del que nacerá el Partido Comunista de Italia (sección de la Internacional Comunista), posteriormente ilegalizado por el régimen fascista en noviembre de 1925, lo que conllevaría, tras la violación de su inmunidad parlamentaria, el arresto de Gramsci y su encarcelación inicial en la cárcel de Regina Coeli para su posterior traslado al penal milanés de San Vittore.   

 

El legado de Gramsci es amplio, pero para el caso quiero destacar las tesis de Lyon (1926), donde se indica que lo “nuevo” del fascismo es conseguir un tipo de unidad orgánica entre sectores sociales incluso antagónicos, y que antes estaban muy débilmente vinculados. Rompiendo con la ortodoxia, Gramsci entiende que las clases sociales no son homogéneas y puras.  

 

¿Contrahegemonía en Ecuador?

 

Gramsci fue un marxista de las “superestructuras": ideología, construida por las instituciones, sistemas de ideas, doctrinas y creencias de una sociedad, a partir del concepto de "bloque hegemónico".

 

Es desde ahí desde donde las clases dominantes logran ejercer “hegemonía” cultural sobre las clases dominadas (educación, religión y comunicación), más allá del control de los aparatos represivos del Estado. Desde el análisis gramciano, incluso se hace referencia a la utilización de términos como “Nación” o “Patria”, como generador de sentimiento de identidad entre diferentes grupos sociales, uniendo explotadores y explotados en aras a un supuesto “destino nacional” y contra un enemigo exterior. De esta manera es como se conforma el “bloque hegemónico” en el cual confluyen todas las clases sociales en torno a un proyecto burgués.

 

El neopopulismo en Ecuador ha conllevado un “proyecto de país” serio e inexistente en las últimas décadas, y sin ser aún un gobierno de concertación, se ha ido transformando de forma acelerada en una alianza política que engloba las diferentes clases sociales existentes en el país, repartiendo beneficios para cada una de ellas. 

 

Desde esa perspectiva, clase dominante y clase dominada atenúan su lógica de conflicto, lo que tiene sentido con las posiciones varias veces expresadas por mandatario ecuatoriano en las que señala que el concepto de lucha de clases es algo caduco que se corresponde ideológicamente a la “izquierda infantil”. En su reciente viaje a Europa, el presidente Correa indicaba en Berlín que “somos un proyecto de izquierda, pero una izquierda moderna, que entiende el papel de la empresa privada en el desarrollo y que también entiende que el Estado tiene que tener un papel" [2].

Más allá de que el tan utilizado término “revolución” (alteración absoluta de las estructuras establecidas en un orden social y político para ser sustituidas por otras radicalmente distintas) pierde absoluto sentido; se constata la conformación de un “nuevo régimen” que combina discurso revolucionario y avances en materia social con ordenamiento cultural de la clase dominante. Dicha situación es posible a su vez, porque la clase dominante superó sus lógicas de desvergonzada concentración de la riqueza, precarización sin límites de salarios y privatización directa de servicios públicos. La clase dominante transformó su estrategia y la adecuó inteligentemente al mundo globalizado.

Es de esta manera que un gobierno que nace fruto del acumulado de la oposición popular al modelo neoliberal, termina manteniendo un modelo de acumulación basado en sistema de producción monopólico y neoextractivista.

La pobreza en Ecuador bajó, según datos oficiales, del 37,6% en diciembre del 2006 a 27,31% en diciembre del 2012, es decir, un 10,29% en seis años (línea base sobre quienes reciben menos de USD 2,54 diarios). El Informe de Desarrollo Humano 2012 -elaborado por el Programa de NNUU para el Desarrollo (PNUD) con indicadores combinados de esperanza de vida, año promedio de escolaridad, ingreso familiar e Ingreso Nacional Bruto-, ubica al Ecuador en el puesto 89 entre 187 naciones y dentro del grupo de países de desarrollo humano “alto”, con un IDH de 0,724 para el año 2012.

 

En diciembre de 2012 el gobierno decretaba un alza histórica del salario básico unificado, pasando del USD 292 mensual del 2012 al USD 318 actual. Pero es más, según datos oficiales, la evolución de ingresos familiares en 2006 conllevaba una cobertura de la canasta básica familiar de tan solo un 66,7%, mientras que en 2012 ese porcentaje se elevó al 92,43%. Según el propio mandatario, esta situación prácticamente cierra la brecha del “salario digno”[3], referenciando textualmente que “tenemos la mayor capacidad de compra de toda la historia”[4]. Se estima que con dicho incremento salarial, las familias puedan cubrir en el año en curso el 103% de la Canasta Básica Familiar[5].

 

En paralelo, los 110 grandes grupos económicos (fuente SRI) han visto multiplicarse sus volúmenes de negocio y su diversificación en diferentes sectores económicos. A pesar de una Ley Antimonopolio, que aunque reciente, no muestra voluntad de ser aplicada en amplitud; la bonanza económica fortalecida por la demanda de un mercado donde circula más plata (sumatorio de inversión pública, precios de los commodities y, sin ser alarmante, cada vez mayor deuda externa -especialmente con China-), se replicó en el sector privado, más allá de la dimensión de su mercado interno. En una economía hiperconcentrada, sobra indicar que los mayores beneficiados han sido los grandes grupos económicos, quienes concentran el 41% del PIB.

 

La mayor presión fiscal desarrollada durante estos seis años de gobierno del presidente Rafael Correa, ha sido absorbida con quejas pero sin dramas por las grandes empresas, dado el incremento de beneficio empresarial desarrollado en ese mismo periodo. Los grupos económicos en el ejercicio 2010 reportaron 650 millones de dólares en concepto de pago de Impuesto de la Renta, mientras que en el 2011 se elevó a 798 millones (incremento del 23,61%).

 

El posible efecto pasajero de la bonanza económica, tesis esbozada por el sector privado para justificar su escasa inversión, beneficiándose básicamente  del notable incremento en inversión pública, ya no es una excusa sostenible, pues aunque la política pública sigue anclada a factores exógenos (principalmente precios del petróleo), no existen perspectivas serias de que la tendencia de commodities y las necesidades de los BRIC, especialmente de la vorágine china, vaya a revertirse notablemente a mediano plazo.

 

El dinamismo de sectores como el comercial, no hay más que ver la proliferación de centros comerciales por todo el país, es bueno, pero se venden productos que no son de fabricación nacional. De esta manera, se mantiene la lógica económica heredada por la cual el importador se beneficia más que el productor de dicho dinamismo económico. Una política pública de marcado gasto ha permitido incrementar el consumo, situación de la que el sector privado se ha beneficiado.

En resumen, bajo los efectos ópticos basados en demagógicos discursos de retórica populista con base en la justicia, equidad, subsidios sociales y la construcción de una “Patria Nueva” superadora del pasado, se fomenta un imaginario de cambio que en realidad no es otra cosa que la consolidación de un bloque hegemónico que goza del apoyo de amplios sectores que van desde la clase media baja hasta el subproletariado, además de las clases dominantes.

 

Es la conformación del nuevo capitalismo ecuatoriano del siglo XXI, pretendidamente de “rostro humano” y articulado bajo una lógica de modernización del aparato del Estado, desarrollismo y el neoextractivismo (con reposicionamiento del Estado).

 

La utopía burguesa del Estado por encima del conflicto de clases, para el servicio del bien común, pierde credibilidad cuando la acción tiene perfil emancipador. Consciente de ello, el bloque hegemónico va tomando un perfil de cada día mayor marcada alianza de todas las clases sociales, donde todos deben y pueden ganar. Desde esa perspectiva de “consensos”, el Estado se siente legitimado para golpear (política, jurídica, económica y socialmente) a toda disidencia cuestionadora del modelo de desarrollo, en la búsqueda de su destrucción.

 

Apoyándonos en la teoría crítica desarrollada por Max Horkheimer –Escuela de Frankfurt de investigación social- el estado autoritario es un fenómeno sociológico que se construye tras circunstancias históricas donde antes existía desorden y crisis; presentándose como la vía para la superación de los problemas existentes. Es desde ese consenso entre grupos sociales desde donde se legitima un estado autoritario, y no a través del uso de la fuerza o el abuso del poder. Es, en términos marxistas gramscianos, el poder de la superestructura.

 

Si entendemos como “contrahegemonía” los elementos para la construcción de la conciencia política propia que genere espacios de disputa para la construcción de un bloque social alternativo desde las clases populares, es evidente lo lejos que estamos de dicha situación. Quizás por ello sonroja, que intelectuales afines al régimen, confundan el actual proceso de reorientación/modernización del sistema capitalista ecuatoriano, el cual aceptó en su estrategia de recuperación en crisis global, determinadas formas de regulación e intervencionismo estatal, lo que dista mucho de un cambio de hegemonía (discurso basado en lectura de indicadores respecto a calidad de vida, capacidad de consumo y reducción de la pobreza). Según Gramsci, la supremacía de un grupo social se manifiesta tanto por el dominio como por la dirección intelectual y moral.

 

El neopopulismo tiene como objetivo obtener legitimación social mientras se mantiene en el poder una élite específica que controla la hegemonía política a costa de la popularidad de su líder. En ese contexto, la distancia entre el discurso y la praxis se acrecientan, desarrollándose medidas populistas que bajo discursos rupturistas posicionan beneficios para la población, pero que lejos están de significar transformaciones profundas en los pilares del Estado ni en las relaciones sociales, económicas y políticas que se desarrollan en el país.

 

El poder articula entonces formas diferentes para posicionarse y legitimarse, utilizando fórmulas que van desde la violencia física hasta la manipulación psicológica. En ese contexto, está siendo el Derecho la herramienta que instrumentaliza el poder, encubriéndolo y difuminándolo; justificándolo y convirtiéndolo en "orden" social y político.

 

Mediante el Derecho, las respuestas a los conflictos de poder adquieren un áurea de legitimidad y neutralidad, aplicando un “código operacional” que tiene el efecto de limitar los hechos y la consideración de estos a su racionalidad legal (lógica binaria que se limita a definirlos como legales o ilegales), dotándose de respuestas normativas que pretenden garantizar la solución no arbitraria de los conflictos sociales. El efecto de universalización pasa a ser uno de los mecanismos aplicados por los grupos dominantes, a través del cual se ejerce la dominación simbólica y la imposición legitimada del orden social.

Es así que las contrahegemonías existentes, las que incluyen estrategias de orden crítico y posiciones que optan por la sustitución gradual del modelo extractivista -en su más amplio sentido- como mecanismo de superación civilizatoria, pasan a ser “blanco” político del poder y del aparato legal a su servicio (el Derecho -orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado teóricamente en postulados de justicia- no es más que el resultado del enfrentamiento entre diferentes grupos sociales en conflicto, pues es desde ese conflicto desde donde nace el Derecho).

 

Siguiendo a Michel Foucault, es entonces cuando interviene el “discurso del saber” como mecanismo por el cual se sustenta la justificación del método[6]. El ejercicio del poder pasa entonces de tan solo reprimir y castigar, a convertirse también en “productor de verdad”. Los “discursos del saber” se despliegan mediante herramientas de poder, implementadas a través del control social, el cual se justifica y reproduce sus prácticas de forma permanente como estrategia de adoctrinamiento y subsistencia.

 

Desde el plano ideológico, en este proceso de reorientación/modernización del sistema, lo que unilateralmente se califica como aislado o atrasado, pasa a ser de antemano condenado. La transformación, reducida al rigor de una ecuatoriana selección darwiniana (miedo al provenir de nostálgicos del pasado combinado con ciudadanos débiles que no afrontan el “choque del futuro” y no asumen el tiempo que vivimos), pasa a fundamentarse bajo el criterio de que el porvenir se encuentra en el progreso “técnico”, en la movilidad, en la competencia, en la profesionalización y en la comunicación. Toda población que no asume el “nuevo orden” y las comunidades que mantienen ciertos niveles de impermeabilidad al efecto modernizante y globalizador son una molestia, pero sus tierras no, si en ellas se encuentran los recursos naturales.

 

Lo más curioso de la “empanada” dialéctica, es que mientras en el pasado varios de los notables del oficialismo acusaban a los gobiernos neoliberales de “vender” el país a las importaciones de bienes de consumo de los países del Norte, en la actualidad van cambiando hacia Oriente una parte de sus destinos importadores manteniendo las mismas asimetrías (bienes primarios vs productos manufacturados con valor agregado).

 

Entender al proceso correísta como una política progresista de profundo carácter transformador, equivale a no entender los diferentes tipos de pensamiento conservador existentes, aquello que Pierre Bordieu definió como conservadurismo declarado y conservadurismo reconvertido o progresista, no entendiendo a su vez el conflicto de clases y la lucha “contrahegemónica” por una radical transformación sistémica y social. Es así que el pensamiento de la derecha más “rancia” -conservadurismo declarado-, tiene como centro el sentimiento de la declinación, la desesperanza y el miedo al porvenir, disposiciones que denuncia y combate la nueva burguesía, es decir, el conservadurismo reconvertido. El pensamiento conservador más reaccionario, pasa a ser confundido intencionadamente desde el poder con posicionamientos indígenas y rurales en defensa de derechos colectivos y formas propias de organización social, espacios los cuales pretenden ser liquidados por los nuevos planificadores (tecnócratas de la felicidad) que prestan una atención condescendiente e inquieta a estos excluidos mientras eliminan las realidades a las que ellos aún se aferran. Mientras el conservadurismo declarado aboga por la perpetuación del pasado, la nueva burguesía propugna la creación de proyectos modernizadores para “no volver nunca más al pasado”.

En una combinación aparentemente contradictoria, el conservadurismo progresista no es más que una fracción de la clase dominante que da como “ley subjetiva” lo que constituye la ley objetiva de su subsistencia: bajo el concepto de “gatopardismo” o “lampedusianismo”[8], se crea una apariencia de cambio revolucionario con el fin último de que la base, el núcleo del sistema, permanezca inalterado.

 

Construcción de “contrahegemonia”: una necesidad perentoria para la izquierda ecuatoriana

 

Desde la perspectiva de un gobierno que se llama a sí mismo “revolucionario”, propiciar condiciones para la movilización social y política de los sectores organizados de la sociedad, debería ser un objetivo institucional en la búsqueda de conformar mayores niveles de autonomía, organización, participación de la población en asuntos públicos, es decir, “contrahegemonía”.

 

Lejos de esta visión, el régimen se caracteriza por el intento de control -mayoritariamente exitoso- sobre el conjunto de organizaciones sociales, anulando su capacidad de movilización y entendiendo a ésta como un elemento de desestabilización política desde la disidencia.

El objetivo central del proyecto político correísta -en esta etapa de modernización del sistema capitalista ecuatoriano- es el monopolio de la vida política, lo cual le ha llevado a pasar de la utilización instrumental de lo popular al desprecio y control sobre todo tipo de articulación social. Siguiendo con Gramsci, hegemonía es una composición de dominación y dirección que significa presencia ideológica en la sociedad y el Estado, así como control sobre la dirección económica (control de los medios de producción). Partiendo de esta premisa, el bloque hegemónico habría conseguido sus objetivos tanto en el plano político como en el económico: de manera rotunda tras el proceso electoral de febrero de 2013 en el primero de los casos, como manteniendo el control en la disputa económica a través del mismo sistema de acumulación y matriz productiva heredada de la época neoliberal en el segundo. Siguiendo a Bolívar Echeverría, ni se supera el productivismo ni se replantea el valor de uso como forma natural de la reproducción social.

 

Entendiendo como crisis de hegemonía a la que se da cuando aún manteniendo el propio dominio, las clases sociales dominantes dejan de ser dirigentes de todas las clases sociales -no resuelven los problemas de toda la colectividad y dejan de imponer su concepción del mundo al conjunto de la sociedad-. Se debe indicar que el actual gobierno ha reconsolidado a las clases dominantes y el sistema económico sobre el que se sustenta, habiéndose convertido el Buen Vivir -discurso transversal en los planes de desarrollo- en un limitado concepto que se sostiene sobre el mayor suministro de servicios básicos a la ciudadanía y el aumento de su capacidad de compra de bienes y servicios en el mercado.

 

El golpe recibido por las izquierdas políticas en las últimas elecciones presidenciales y legislativas celebradas recientemente en Ecuador, ponen en cuestionamiento la credibilidad de estas como factor “contrahegemónico” en el momento político actual, planteando el reto en el campo popular de un análisis adecuado sobre el nuevo bloque hegemónico consolidado, para así encontrar las potencialidades transformadoras existentes en el nuevo modelo de capitalismo posneoliberal ecuatoriano y el mecanismo de reorientación adecuado para las izquierdas más tradicionales.

Este artículo son reflexiones a partir de la lectura del recomendable libro "Contra hegemonía y Buen Vivir" de los editores Francisco Hidalgo y Álvaro Márquez, en el que tuve el honor de participar en su presentación en Quito junto a Francois Houtart, Julio C. Guanche y Francisco Hidalgo.

http://deciomachado.blogspot.fr/2013/04/vigencia-de-gramsci-para-el-analisis.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=167487

En consecuencia, el Estado autoritario del capitalismo periférico se desarrolla tanto bajo gestión neoliberal como progresista y más se afianza con la expansión de los extractivismos. Constatemos cómo se expresa en Chile:

 

¡Resistir al ataque contra

la historia, la memoria y

el pensamiento crítico!

27 de mayo de 2019

Por Rebelión

Una vez más, las fuerzas que sostienen y se benefician del orden neoliberal en Chile han lanzado un ataque en regla contra el pensamiento crítico y emancipatorio, esta vez recortando la asignatura de Historia de los planes de estudio de la Enseñanza Media. Lo intentaron infructuosamente el año 2010, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando su ministro de Educación, Joaquín Lavín, intentó disminuir a la mitad las horas de enseñanza de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la Enseñanza Media. La firme resistencia de las comunidades educacionales, encabezadas por historiadores/as, profesores/as y estudiantes de Historia se lo impidió.

No obstante, desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en el Ministerio de Educación (MINEDUC) y en el Consejo Nacional de Educación (CNED) empezó a gestarse una nueva reforma destinada a impedir el desarrollo de pensamiento crítico y emancipatorio en la juventud a través de la enseñanza de la Historia en los liceos y colegios. Esta vez, el MINEDUC y el CNED han elaborado un plan que consiste, fundamentalmente, en reducir la enseñanza obligatoria de Historia, limitándola hasta 2° Medio y haciéndola “optativa” en 3° y 4° Medio, en “competencia” con asignaturas como Educación Física, Arte y Religión.

El MINEDUC y el CNED pretenden justificar este cambio enarbolando la reintroducción de la Filosofía (hecho que ciertamente valoramos), la enseñanza de “competencias ciudadanas” que sean útiles para la vida (en clara alusión a la dimensión económica de esta) y la “formación ciudadana”, desatendida por el sistema educacional desde hace décadas. No obstante, un análisis -así sea somero- de estos argumentos revela su inconsistencia.

Estamos ante una tentativa de adecuar la Educación Media a las necesidades del sistema capitalista neoliberal, buscando reforzar solo aquellas competencias de los estudiantes en tanto futuros trabajadores y consumidores acríticos del modelo. El centro de esta reforma tecnocrática (urdida por ocho personas, cuatro de ellas designadas por Bachelet, una por Piñera y tres por distintos organismos educacionales públicos y privados) tiene un claro contenido ideológico pues busca conquistar la hegemonía sobre los usos sociales de la memoria y de los saberes históricos, despojando de estas competencias a quienes más lo necesitan. Se trata de una operación política y cultural deliberada, implementada por la alta tecnocracia estatal cuya expresión arquetípica en este caso queda reflejada en la actual composición del CNED: ocho personas, ninguna de las cuales pertenece al área de las Humanidades, de las Ciencias Sociales, de las Artes ni de la Educación Física.

La concepción burocrática de los cambios propuestos se refleja también en la nula participación efectiva de las comunidades educacionales, en particular del profesorado, y en la peregrina idea de que es posible detener la enseñanza de la Historia al término de 2° Medio sin que ello conlleve un daño formativo mayor de los estudiantes. Cualquier experto en Historia y Ciencias Sociales sabe, por ejemplo, que la comprensión de los complejos procesos de la Historia Mundial requiere mayor madurez emocional, social e intelectual. Pareciera ser que los ideólogos de esta reforma entienden la Historia como el aprendizaje memorístico de fechas, personajes y “realizaciones”, desvinculadas de procesos más profundos, concepción que los mueve a pensar que el saber producido por esta disciplina es “prescindible” justo en el momento en que los individuos empiezan a adquirir mayor madurez.

Por otra parte, la reflexión ciudadana integrada, desvinculada de los procesos históricos (económicos, políticos, sociales y culturales) solo puede traducirse en adoctrinamiento para la formación de sujetos irreflexivos, incapaces de contrastar conceptos teóricos con la realidad pasada y presente, por ende, dóciles reproductores del orden existente. Lo que significa, al mismo tiempo, privarlos del ejercicio efectivo de su soberanía, desmintiendo de paso, el supuesto objetivo de “formación ciudadana”.

Estas razones nos llevan a expresar, de la manera más decidida nuestro rechazo a esta nueva reforma neoliberal.

Llamamos a las comunidades educacionales y a la ciudadanía en general, a organizarse y movilizarse para resistir la inducción a la desmemoria, la ahistoricidad y el sometimiento al “pensamiento único” de esta malhadada reforma. 

PRIMEROS FIRMANTES

 

Sergio Grez Toso, Universidad de Chile

Igor Goicovic Donoso , Universidad de Santiago de Chile

Karen Alfaro Monsalve , prodecana Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad Austral de Chile (Valdivia)

Gabriel Salazar Vergara , Premio Nacional de Historia 2006

Pablo Aravena Núñez , director Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso

Patrick Puigmal , vicerrector de Investigación y Posgrado Universidad de Los Lagos (Osorno)

Robinson Silva Hidalgo , director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales Universidad Austral de Chile (Valdivia)

Fernando Venegas Espinoza , director del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción

Pedro Rosas Aravena , Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Pablo Artaza Barrios , Universidad de Chile

María Angélica Illanes Oliva , Universidad Austral de Chile (Valdivia)

Julio Pinto Vallejos , Premio Nacional de Historia 2016

Mario Matus González , director del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile

Jorge Pinto Rodríguez , Premio Nacional de Historia 2012

Adriana Palomera , Universidad de Santiago de Chile

Lautaro Núñez Atencio , Premio Nacional de Historia 2002

Beatriz Areyuna Ibarra , decana Facultad de Pedagogía Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Alberto Díaz Araya , director de Investigación y Posgrado Universidad de Tarapacá (Arica)

Cristina Moyano Barahona , directora Departamento de Historia Universidad de Santiago de Chile

Nelson Castro Flores , director carrera de Historia Universidad Viña del Mar

Fernando Pairican , Universidad de Santiago de Chile

Rodrigo Ruz Zegal , Universidad de Tarapacá (Arica)

Yvette Lozoya , Universidad de Valparaíso

Carlos Mondaca Rojas , Universidad de Tarapacá (Arica)

Alejandra Brito Peña , Universidad de Concepción

Claudio Pérez Silva, Universidad de Valparaíso

Carlos Choque Mariño , Universidad de Tarapacá (Arica)

Alexis Meza Sánchez , Director de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Universidad de Los Lagos (Osorno)

Claudio Aguirre Munizaga , Universidad de Tarapacá (Arica)

Sergio Baeza , presidente Sociedad de Historia de San Antonio

Marcela Cubillos Poblete , Universidad de Valparaíso

Alessandro Monteverde Sánchez , Director Departamento Disciplinario Historia Universidad de Playa Ancha (Valparaíso)

Francisca Fernández , Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Juan Carlos Gómez Leyton , Universidad de Playa Ancha (Valparaíso)

Luis Alegría Licuime , jefe Centro de Imágenes, Museo Histórico Nacional

Eduardo Godoy Sepúlveda , Universidad de Santiago de Chile.

Hernán Camarero , Universidad de Buenos Aires-CONICET, Argentina

María Inés Mudrovcic , Universidad Nacional del Comahue-CONICET, Neuquén, Argentina

Jorge Alejandro Molina Jara , Director de Historia de la Población La Pincoya, académico Universidad Católica del Maule

J. Fabián Cabaluz D., Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Rafael Chavarría Contreras , Universidad de Santiago de Chile

Daniela Badani Soto , profesora de Historia y Ciencias sociales, Liceo Industrial Chileno Alemán de Ñuñoa.

José Ignacio Pérez, Universidad de Chile

Jorge Osorio Vargas , Universidad de Valparaíso

Alfredo Lastra , Academia de Ciencias de Polonia

Leopoldo Montenegro , profesor de Enseñanza Media en Historia y Ciencias Sociales

Patricio Herrera González , Universidad de Valparaíso

Luis Pino Moyano , Colegio Andino Antuquelén, San José de Maipo

Freddy Sánchez Ibarra , licenciado en Historia, Universidad de Chile

Eduardo Garín Abarzúa , profesor Liceo Guillermo Labarca, Humberstone

Felipe Alejandro Román Araya , profesor Colegio Alberto Pérez, Maipú

Marina Franco , Universidad Nacional de San Martín-CONICET, Argentina

Paula Montenegro Dihmes , profesora de Historia y Ciencias Sociales

Silvio Erwin D’Vries Arturo , Universidad del Valle, Colombia

Marcos Roitmann Rossenmann, Universidad Complutense de Madrid, España

Franck Gaudichaud , Universidad Grenoble Alpes, Francia 

 

Las adhesiones pueden dirigirse a la plataforma change.org en Internet:

https://www.change.org/p/sergiogreztoso-gmail-com-resistir-el-ataque-contra-la-historia-la-memoria-y-el-pensamiento-cr%C3%ADtico-y-emancipatorio?recruiter=53732682&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_petition&utm_term=e331438d135b45ed8d23481fffe986d9&recruited_by_id=9f261de0-5b2f-0130-098e-3c764e049b10  

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=256459

 

Consideremos implicancias del Estado autoritario en Ecuador bajo los distintos gobiernos desde 1964 hasta hoy. Más aún, tengamos en cuenta a los tratados bilaterales de inversión cuyo sometimiento del país los Kirchner mantuvieron.

 

La mano sucia del capital

Estragos pasados y presentes

del Chernóbil ecuatoriano

1 de junio de 2019

 

Por Alberto Acosta y John Cajas Guijarro (Rebelión)

 

“No se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales

en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias

de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole

comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.

 Artículo 422 - Constitución de la República del Ecuador, 2008 

Ecuador tiene su propio Chernóbil. Un Chernóbil que no solo ha dejado severos efectos ambientales y sociales por décadas –y sigue haciéndolo– sino que, además, devela la lógica perversa con la que funciona el capital transnacional en contra de la soberanía de los Estados nación. Nos referimos concretamente al desastre ambiental causado por Texaco durante sus veintiocho años de operación en la Amazonía ecuatoriana (1964-1992). Luego de ese período de actividades petroleras vinieron más de veinticinco años de litigios legales liderados originalmente por las comunidades y colonos afectados por el desastre dejado por la compañía que sería adquirida por Chevron. Un proceso legal que se volvió intrincado en extremo y en donde la propia inoperancia –y hasta complicidad– del Estado ecuatoriano han puesto en riesgo las posibilidades concretas de que la petrolera transnacional remedie los destrozos ambientales y, más importante, indemnice a las comunidades y pueblos afectados.

Para obtener una visión clara de todo este embrollo creado por la “mano sucia” del capital y la complicidad estatal, vale la pena hacer un recuento de cuál fue el desastre dejado por Texaco, cómo se han desenvuelto la lucha y la resistencia en contra de la petrolera por parte de las poblaciones afectadas y cómo se ha dado el proceso de arbitraje hasta el punto en el que nos encontramos. Como conclusión de ese recuento verificamos cuán lesivos para la soberanía de los estados y la dignidad y supervivencia de los pueblos pueden llegar a ser los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), piedra angular de la defensa de Chevron-Texaco. Tratados que, en el caso del Ecuador – que vive una vorágine neoliberal de orígenes correístas [1] y continuidad morenista [2] – en los próximos años podrían llegar a su máxima expresión.

El Chernóbil petrolero en la Amazonía

En 1964 Texaco Petroleum (Texpet en Ecuador) obtuvo una concesión de 1’431.450 hectáreas en el norte de la Amazonía ecuatoriana para la exploración y extracción petroleras, luego la compañía otorgó participaciones a Gulf, surgiendo así el consorcio Texaco-Gulf. Para 1967 el consorcio descubre petróleo en el campo de Lago Agrio (cuyo nombre viene del inglés Sour Lake en honor a un campo petrolero en Texas). En 1972 inicia la exportación petrolera a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) que conecta a Lago Agrio con Balao en Esmeraldas. En 1973 el estado ecuatoriano suscribe un nuevo contrato con Texaco, reduciendo el área de concesión a 491.335 hectáreas (atravesando casi por la mitad al norte de la Amazonía). Entre 1974 y 1976 el gobierno compra todas las acciones de Gulf, volviéndose el socio mayoritario del consorcio con el 62,5% de las acciones (además compra el 50% del SOTE). Para 1986 el 50% de las acciones de Texaco en el SOTE pasan al Estado ecuatoriano, el cual en 1989 empieza a operarlo en su totalidad. Concluida la concesión, en 1992 la CEPE-Petroecuador toma posesión del consorcio y Texaco abandona el país [3] .

Durante todo este período en el cual Texaco operó en el país primero en conjunto con Gulf y luego con el Estado ecuatoriano, surge un desastre ambiental enorme. Así lo evidencia la información obtenida por el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA):

“Entre 1964 y 1990, la compañía Texaco contamina la Amazonía ecuatoriana, vertiendo 18 mil millones de galones de desechos tóxicos en aguas de formación, con la operación de 339 pozos. Contamina el ambiente con 916 piscinas descubiertas, llenas de material tóxico, quema miles de millones de pies cúbicos de gas y derrama 17 millones de galones de crudo al ambiente, en uno de los peores casos de contaminación petrolera en el mundo. Los daños son estimados en US $ 27 mil millones. La empresa había extraído 1.430 millones de barriles de petróleo.

Texaco utiliza en Ecuador dos prácticas que ya no eran permitidas en EUA y que estaban debajo de los estándares de calidad en la industria: verter aguas de formación en lugar de reinyectarlas en el suelo y construir piscinas descubiertas, donde derramó lodo de las actividades de perforación y limpieza de sus pozos [...]

Con las prácticas obsoletas desarrolladas en Ecuador [Texaco] busca maximizar sus ganancias con la menor inversión, en una acción deliberada de contaminación que provoca enormes impactos sociales y ambientales” (Serrano, 2013, pp.23-26 ) [4] .

De hecho, “entre 1964 y 1990, Texaco utiliza en la explotación petrolera en Ecuador, prácticas de perforación y eliminación de desechos que había sido prohibidas desde 1939 en el estado de Texas en EUA” ( Serrano, 2013, p.34 ). A su vez, como señala el informe del perito Richard Cabrera Vega (2008),

las primeras fuentes de contaminación en el área de la concesión son el petróleo crudo, lodos de perforación y otros aditivos y aguas de producción que fueron arrojadas en el ambiente desde inicios de 1967”,

“Las primeras fuentes de contaminación en el área de la concesión son el petróleo crudo, lodos de perforación y otros aditivos y aguas de producción que fueron arrojadas en el ambiente desde inicios de 1967. Los contaminantes de estas fuentes están presentes en suelos, agua subterránea, sedimentos y agua superficial en el área de la concesión y persisten en el ambiente hasta la actualidad [...]

Texpet manejó incorrectamente desechos de pozos de producción, descargó el cien por ciento del agua de producción en los arroyos y ríos, quemó gases en la atmósfera, sufrió docenas de derrames por causas diversas [...]

El ecosistema de la concesión está contaminado con hidrocarburos de petróleo y otros contaminantes relacionados con operaciones petroleras. Los suelos en estaciones y pozos de producción petrolera contienen hidrocarburos de petróleo y metales en concentraciones que son muchas veces más altas que los estándares para limpieza ambiental en Ecuador y en otros países del mundo. El agua subterránea bajo los pozos de desechos está contaminada por encima de los estándares ecuatorianos. Cuando el agua de producción fue arrojada directamente desde las estaciones durante las operaciones de Texpet, se contaminaron ríos, arroyos, pantanos y suelos con petróleo, metales y sales en concentraciones que eran mucho más elevadas que los estándares ecuatorianos [...]

La contaminación ambiental ha causado daños al sistema ecológico en el área de la concesión. Las concentraciones de contaminantes relacionadas con el petróleo en suelos y aguas son muchas veces más altas que aquellos niveles que causan toxicidad a plantas, animales, aves y otros recursos bióticos. Las observaciones directas en el campo confirman que la vida de plantas y animales fue y continúa siendo impactada por la contaminación” (ver Cabrera Vega 2008, citado en Acosta, 2009, pp.73-76) [5]

La magnitud del desastre ambiental dejado por Texaco ha llevado incluso a que se lo describa como una de las mayores catástrofes ambientales asociadas a la actividad petrolera (como lo diría, por ejemplo, el New York Times) [6] , justificándose – de sobra – la caracterización de este caso como un “Chernóbil ecuatoriano”...

Aparte de los estragos ambientales, las afectaciones humanas son cruentas, resaltando la extinción de pueblos originarios como los tetete y sansahuari [7] , y afectando gravemente la vida de los pueblos siona, secoya, cofán, kichwa y waorani, junto con el prejuicio a colonos blanco-mestizos . Asimismo, se registran múltiples afectaciones a la salud. Por ejemplo, según información recopilada por el Frente de Defensa de la Amazonía, se indica que en la región amazónica afectada por contaminación de petróleo se encuentran afectaciones como:

“Los niveles de desnutrición son de 43% frente al 21,5% en la población que habita lejos de la actividad petrolera. Las mujeres que beben agua a menos de 200 metros de las instalaciones petroleras tienen 147% más abortos que las que viven donde no hay contaminación [...]

El agua potable de la zona está varios grados sobre los estándares de hidrocarburos policíclicos aromáticos permitidos [...]

La presencia de abortos y cáncer es significativamente superior [incluso se dice que los casos de cáncer llegan a un 31%, cuando el promedio nacional es de 12,3%, ver Acosta, 2009, p.75]

El 100% de las personas que vive cerca de estaciones de petróleo indica sufrir problemas ocasionados con la contaminación, debido a las piscinas de petróleo o aguas de formación, los pozos y la quema de gas en los mecheros [...]

Existe un elevado riesgo en la salud de animales y poblaciones humanas al estar expuestos a los diferentes tóxicos producidos por la actividad petrolera [...]

[Se registran] altas tasas de leucemia en niños que viven en zonas de explotación petrolera” ( Serrano, 2013, pp.33-34 ).

En términos psicosociales, el desastre incluye:

“violencia sexual por parte de los operadores de compañía contra mujeres adultas y menores de edad mestizas e indígenas [incluyendo violaciones y hasta explotación y esclavitud sexual en los campos petroleros], abortos espontáneos, discriminación y racismo, desplazamientos forzados, nocivo impacto cultural y ruptura de la cohesión social” (Acosta, 2009, p.75)

A estas afectaciones ambientales y humanas se suman otras como la afectación a la cultura, a la territorialidad y a la alimentación de pueblos y comunidades, la contaminación de fuentes de agua, y un sinfín de violencias y corrupción inherentes al extractivismo . Este sinfín de estragos perduraría después de la salida de Texaco del país en 1992 y sería la razón de ser de un litigio de décadas que ha puesto a prueba la tenacidad de la resistencia de las comunidades y pueblos afectados.

Una –intrincada– historia de resistencia y “estorbo estatal”

Luego de obtener gran evidencia del desastre ambiental que acabamos de mencionar, el 3 de noviembre de 1993 un grupo de 88 indígenas y colonos presentaron una primera demanda en contra de Texaco en la corte de White Plains en Nueva York (donde se ubicaba la sede de la petrolera) en representación de 30 mil habitantes de la Amazonía ecuatoriana afectados por las actividades de la empresa en Lago Agrio agrupados en 80 comunidades. Si bien en un inicio se aceptó la competencia de que la corte del Distrito Sur de Nueva York conozca la demanda, la presión de Texaco logró que en 2002 se rechace la jurisdicción en los Estados Unidos; sin embargo, la Corte de Nueva York dictaminó que la empresa se someta a las cortes ecuatorianas y cumpla la sentencia que éstas emitan (ver Acosta, 2009, p.80; Serrano, 2013, pp.38-39 ; Sanandrés y Otálora, 2015 ) [8] .

En 1995, buscando evitar dicho juicio, Texaco realizó una supuesta “remediación ambiental” de apenas 40 millones de dólares, la cual “remedió” un 16% de las 916 piscinas que la petrolera dejó abandonadas... únicamente cubriéndolas de tierra. Tal “remediación”, realizada bajo un “Contrato para la ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas” fue aceptada por el Estado ecuatoriano, al punto que en 1998 se suscribió un acta final de entrega con la cual el Estado libera de responsabilidades a Texaco (ver Acosta, 2009, p.80; Serrano, 2013, p.26 ).

Pese a la postura hasta cómplice del estado ecuatoriano en 1998 (y que tendría graves consecuencias como se menciona más adelante), los representantes de los afectados presentaron una nueva demanda esta vez contra Chevron (que ya había adquirido Texaco) el 7 de mayo de 2003, la cual fue aceptada por el presidente de la Corte Superior de Nueva Loja, Lago Agrio, dos semanas después, y el juicio arrancó el 21 de octubre del mismo año. Es en ese nuevo proceso que un experto nombrado por la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja cifró en 27 mil millones de dólares el costo del desastre ambiental junto con la indemnización a los afectados. Durante ese proceso, Chevron aseguró que Texaco cumplió con la restauración que le correspondía y que más bien era el Estado ecuatoriano el que no realizó su parte de la remediación además que este último irrespetaba el acuerdo al que se llegó en 1998 en donde se liberaba a la petrolera de toda responsabilidad (ver Acosta, 2009, p.80). Para el mismo año 2003, la Contraloría General del Estado inició una revisión del contrato de liberación de responsabilidades, encontrando “indicios de responsabilidad”, pero sin generar sanciones concretas a todos los funcionarios que permitieron la aceptación de la fraudulenta “remediación ambiental”.

Luego, el 14 de junio de 2004, Texaco demandó al Estado ecuatoriano ante la American Arbitration Association alegando que éste debía pagarle una proporción de cualquier dictamen de la corte de Lago Agrio; además, Chevron reclamó que en este caso el arbitraje es obligatorio, pues en 1965 Texaco y Gulf firmaron un contrato donde se admite el uso de un tribunal de arbitraje para resolver controversias. Aquí Chevron argumentó que el Estado ecuatoriano es “sucesor” de los compromisos de Gulf (recuérdese que entre 1974 y 1976 el estado adquirió todas las acciones que Gulf mantenía en su consorcio con Texaco). Ante este caso, conocido como Chevron I, el Estado ecuatoriano no admitió el arbitraje y se defendió en la Corte Federal de Nueva York para impedirlo, lo cual se logró en 2007 (ver Acosta, 2009, p.81).

Posteriormente, en 2006 igualmente en cortes de Nueva York el gobierno ecuatoriano acusó de fraude a Chevron en su programa de “remediación” [9] . Sin embargo, en el mismo año el gobierno retiró la acusación por “ falta de pruebas o evidencias del fraude  [10] . Paradójicamente en el mismo 2006 Chevron entregó una notificación de arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, tomando como base el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre Ecuador y Estados Unidos en 1993 y que entró en vigencia en 1997 (cinco años después de que Texaco abandonara el país). Para este nuevo caso, conocido como Chevron II, la petrolera exigió el pago de una indemnización debido a que, durante la operación de Texaco, el Ecuador se habría beneficiado de la comercialización de combustible sin pagar la respectiva participación a la petrolera. Al final, la Corte de Arbitraje de La Haya cifró en 96 millones de dólares la indemnización, la cual fue pagada por el gobierno ecuatoriano en julio de 2016 [11] .

Sobre el pago que hizo el gobierno ecuatoriano por al caso Chevron II, vale la pena recordar que, gracias a ese pago a la petrolera, el gobierno Rafael Correa pudo colocar 2 mil millones de dólares en bonos soberanos en el mercado financiero internacional ( Acosta y Cajas Guijarro, 2018, p.80 ) [12] . Es más, el entonces presidente Correa presionó a los afectados por Chevron [13] para que levanten una orden de embargo que mantenían sobre los recursos de la petrolera y que legalmente les correspondía. Así, por la presión de Correa (y bajo el peregrino argumento de evitar que Chevron “quiebre” al país [14] ), en lugar de que los afectados en la Amazonía reciban su dinero, el Estado pagó a la transnacional 112 millones (96 millones de la indemnización y 16 millones de intereses) .[15] Ese dinero, por el embargo que se mantenía sobre Chevron, debió ir a los afectados, pero no fue así...

Téngase presente que, como resultado de que el Ecuador haya entrado en el proceso de arbitraje en 2006 y luego haya pagado la indemnización dispuesta en el caso Chevron II en 2016, se creó un precedente grave: el Estado ecuatoriano aceptó entrar en los procesos de arbitraje, aún cuando la Constitución de Montecristi – vigente desde 2008 – prohíbe “celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas” ( Art. 422 ). Semejante aceptación del proceso de arbitraje justificado por la firma de un Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos en 1993 y que entró en vigencia desde 1997 abriría las puertas para que todo el proceso legal incurrido por las comunidades y pueblos afectados por Texaco pueda ser severamente golpeado.

Justo en ese sentido, en 2009 Chevron presentó a la misma Corte Permanente de Arbitraje de La Haya una nueva demanda contra el Ecuador. Tal demanda, recogida en el llamado caso Chevron III [16] , iría al corazón del problema: la petrolera argumentó que Ecuador violó el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) al “no dar un trato justo y equitativo a los inversionistas estadounidenses”; además argumentó que Chevron no es responsable del daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana y que el monto que surgiera de la condena por la corte de Nueva Loja (recuérdese el litigio que empezó en 2003) debería endosarse al Estado ecuatoriano. Tal postura la defendió Chevron argumentando que el Ecuador liberó de responsabilidades a Texaco al firmar el acta de entrega de la “remediación” hecha en 1998.

Apenas un par de años luego de que iniciara el caso Chevron III, el 14 de febrero de 2011 la Corte Superior de Nueva Loja finalmente falló a favor de los demandantes y condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares en un inicio, montó que se debía duplicar si Chevron no pedía disculpas a las dos semanas de conocerse el fallo (cosa que la petrolera no hizo); tal fallo incluía la obligación de embargar los bienes que la Chevron llegara a mantener en el Ecuador (aunque la petrolera no registraba bienes en el país, este es justo el embargo que debió retirarse en 2016 para hacer el pago de la indemnización dispuesta en el caso Chevron II). Si bien el fallo en contra de Chevron fue un resultado histórico [17] , sin embargo el juez Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York decretó que la sentencia era inejecutable en Estados Unidos mientras él no decidiera de nuevo sobre la competencia de los tribunales [18] . A su vez, el resultado del propio caso Chevron III se volvió crucial para definir la factibilidad o no de ejecutar la sentencia dictada en Nueva Loja.

En respuesta a ese fallo, en 2012 Chevron amplió sus demandas en contra del Ecuador en las cortes internacionales argumentando que, aparte del incumplimiento del TBI firmado con Estados Unidos, existió una “denegación de justicia”. A criterio de la petrolera, la sentencia de Nueva Loja se habría obtenido por medio de actos de corrupción cometidos por los demandantes, los jueces, los peritos y el propio Estado ecuatoriano; para sostener dicho argumento, Chevron ha presentado correos electrónicos, anotaciones, agendas, videos, entre otras supuestas evidencias. Dejando de lado la veracidad de tales evidencias – cuestión que debe esclarecerse – lo cierto es que la demanda de la petrolera penosamente coincidió con la “metida de mano a la justicia” impulsada por el gobierno correísta tanto a través de una consulta popular inconstitucional en mayo del 2011, como de intromisiones directas en el poder judicial (especialmente entre 2011 - 2013 [19] ). Solo esa “metida de mano” creo el contexto idóneo para que tambalee la sentencia de Nueva Loja contra Chevron (escenario que se volvió más turbio cuando, desde 2013, el gobierno de Correa emprendió una millonaria – pero muy poco transparente – campaña de propaganda en contra de la petrolera ).

Así, un reclamo totalmente justo de las víctimas de uno de los mayores desastres petroleros de la historia se ensució por la incapacidad del Estado de garantizar la legitimidad de un proceso judicial en el cual, seamos honestos, bien pudo ser cooptado por la “metida de mano” del gobierno correísta o bien pudo ser cooptado por la propia Chevron (no olvidemos que, para el capital – peor transnacional – la legalidad muchas veces no es una limitante real).

El caso es que, como resultado de las acciones de Chevron, en septiembre de 2013 la Corte de Arbitraje de La Haya se declaró competente para tratar tanto la “violación” del Tratado Bilateral de Inversiones como la “denegación de justicia” argumentadas por la petrolera, y dispuso que el Ecuador no podría seguir acciones contra ésta. Después, en 2014 el juez Kaplan del Distrito de Nueva York tomó como válido el argumento de Chevron de que la sentencia dictada en Ecuador era fraudulenta y prohibió su ejecución en Estados Unidos. Acciones similares se darían en 2017 en Canadá, donde una corte rechazó ejecutar la sentencia ecuatoriana, al igual que sucedió en cortes brasileñas y argentinas [20] .

Posteriormente, en una resolución jurídica expedida el 27 de junio y dada a conocer el 10 de julio de 2018, la Corte Constitucional del Ecuador ratificó la sentencia de la corte de Nueva Loja , rechazando una acción de protección que interpuso Chevron en 2015 [21] y cerrando así la batalla jurídica en las cortes ecuatorianas [22] . Aunque con dicha resolución parecía que la sentencia contra Chevron tomaba nuevas fuerzas, sin embargo, del desastre ambiental se pasó definitivamente al que parece ser un desastre jurídico internacional.

En concreto, el caso Chevron III que venía disputándose desde 2009 llegó a un final sombrío el 7 septiembre de 2018 cuando un tribunal internacional bajo el auspicio de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya declaró que el Estado ecuatoriano violó el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones firmado con Estados Unidos en 1993 al “denegar el acceso a la justicia” a Chevron . [23] Para colmo, el mencionado tribunal dispuso la nulidad de la sentencia de Nueva Loja que obligaba a la petrolera a pagar la indemnización de 9.500 millones de dólares a los afectados por sus operaciones, y hasta declaró la obligación del estado ecuatoriano de pagar una millonaria indemnización – aún por definirse – a la petrolera, junto con la obligación de hacerse cargo de la remediación del desastre ambiental.

En pocas palabras, la acción cómplice del gobierno ecuatoriano en 1998 – con Jamil Mahuad a la cabeza – al aceptar la fraudulenta “remediación” hecha por Texaco, la firma entre Ecuador y Estados Unidos del Tratado Bilateral de Inversiones en 1993 (y su entrada en vigencia en 1997, cinco años después de la salida de Texaco del país), la aceptación del arbitraje sobre ese tratado de inversiones en la Corte de Arbitraje de La Haya en todo el caso Chevron II desde 2006 (que concluyó en la aceptación por parte del gobierno correísta del pago de la indemnización de 96 millones a la petrolera en 2016), la intromisión del gobierno en el sistema judicial desde 2011 y la nueva aceptación de arbitraje en el caso Chevron III desde 2009, crearon las condiciones idóneas para bloquear las posibilidades de que la transnacional pague por el Chernóbil que dejó tanto en términos ambientales como sociales en el norte de la Amazonía ecuatoriana.

Y por si no bastara esta nefasta combinación entre la “mano sucia” del capital transnacional y el estorbo y complicidad estatal, resulta que en vez de exigir que Chevron realice una verdadera remediación ambiental, el gobierno de Lenín Moreno ha aceptado de forma explícita – y sumisa – hacerse cargo de dicha remediación [24] . Si a todo esto añadimos la posibilidad (casi certeza) de que el gobierno morenista estaría cumpliendo con un potencial acuerdo al que habría llegado con el vicepresidente norteamericano Mike Pence en 2018 de dejar en paz a Chevron , y recordamos que el propio correísmo cedió a las presiones de Chevron al acatar el dictamen de la Corte de Arbitraje de La Haya en 2016, terminamos concluyendo que la propia soberanía nacional terminó volviéndose un mero adorno discursivo. En todo este atropello a la soberanía, reiteremos hasta el cansancio, el Tratado Bilateral de Inversión de 1993 sin duda fue una pieza medular...

Cruel corolario: los Tratados de Inversión como mecanismos de dominación

A más de los estragos ambientales y legales dejados por Chevron-Texaco con sus operaciones petroleras y sus argucias legales, hay estragos presentes que van mucho más allá de la indemnización y la obligación de que el Estado ecuatoriano se encargue de la remediación ambiental: se refuerza la tesis de que los Tratados Bilaterales de Inversión son mecanismos de dominación capaces de atropellar la soberanía de los estados y la dignidad y supervivencia de los pueblos con tal de defender los intereses de los capitales transnacionales, incluso en condiciones legales muy turbias. Tal es así la cuestión que un caso como el de Chevron, que involucra la clara violación de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza en el norte de la Amazonía ecuatoriana, termina resolviéndose en una corte arbitral que decide sobre empresas e inversiones.

Pero lo más tóxico en todo este proceso es el grave precedente que va quedando: si el gobierno morenista acepta el fallo de la Corte Arbitral de La Haya y hasta se pone de alfombra y ejecuta la remediación ambiental que debería ser hecha por Texaco, a nivel internacional quedará validado el uso del arbitraje como forma de “resolver” nuevas controversias que impliquen el “incumplimiento” de los Tratados de Inversión. Un precedente nefasto que hace recordar a otros precedentes que también han sido lesivos a la soberanía del país y en extremo beneficiosos para los capitales transnacionales (como aquel billar a tres bandas que jugaron Petrobras, Odebrecht y OXY en contra del Ecuador [25] ).

Para colmo, como sugerimos al inicio de este texto, el Ecuador vive una vorágine neoliberal que anhela insertar al país definitivamente en una globalización/modernización capitalista de forma sumisa y dependiente; una globalización/modernización en donde los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) – que comúnmente suelen venir de la mano de otros mecanismos de dominación como los Tratados de Libre Comercio (TLC) – se volverán la norma[26] (pasando por encima incluso de la propia Constitución). Basta ver, como ejemplo, el fuerte vínculo entre los TBI y en general el movimiento de capitales e inversiones y el TLC que Ecuador firmó con la Unión Europea en noviembre de 2016 (con el correísmo aún en el gobierno) (ver Cajas-Guijarro, 2018, pp.113-116 ) [27] .

Ante esta realidad en donde capital y Estado interactúan de tal forma que terminan irrespetando los Derechos Humanos de comunidades y pueblos y los Derechos de la Naturaleza, las respuestas deben ser contundentes. En el caso concreto de Chevron, es urgente crear una Comisión de la Verdad que revise todo lo actuado por la petrolera, por los diferentes gobiernos que – de una u otra forma – crearon el contexto perfecto para justificar el dictamen de la Corte de Arbitraje de La Haya, por el poder judicial, y por todos los actores que han interrumpido el justo reclamo de indemnización y remediación por parte de los afectados (en este sentido nos sumamos a la propuesta planteada por Montecristi Vive [28] ).

Y en términos más generales, la respuesta sigue siendo la lucha popular. Una lucha que, por un lado, haga respetar lo que señala la propia Constitución de Montecristi en su artículo 422 sobre el impedimento de celebrar tratados como los TBI en donde el Estado cede su soberanía a instancias de arbitraje internacional. Por otro lado, la lucha debe encaminarse en identificar e impedir cada nuevo intento de firma de un TBI. Lo peor que puede pasar es que el silencio y el olvido permitan que semejantes tratados se extiendan y, luego de algunos años, terminen nuevamente pisoteando la soberanía del país.

Notas:

[1] Ver el artículo de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro en Rebelion.org: “Correa, un neo-neoliberal”, febrero 7 de 2017. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=222604

[2] Ver el artículo de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro en Rebelion.org: “Moreno, un neoliberal más”, septiembre 1 de 2018. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=245958

[3] Para una breve reseña de estos movimientos de Texaco ver el artículo de Fernando Villavicencio y Belén Palma en Plan V: “El expediente Chevron”, octubre 3 de 2013. Disponible en:https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/el-expediente-chevron

[4] Ver el libro de Helga Serrano (2013). Caso Chevron-Texaco: cuando los pueblos toman la palabra. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. Disponible en: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4023/1/SM151-Serrano-Caso.pdf

[5] Ver el libro de Alberto Acosta (2009). La maldición de la abundancia. Quito: Abya-Yala.

[6] Ver el artículo del New York Times: “Disaster in the Amazon”, junio 4 de 2010. Disponible en:https://www.nytimes.com/2010/06/05/opinion/05herbert.html

[7] Se suele hablar también de la extinción de los Sansahuari sin embargo, existen polémicas sobre la existencia de tal pueblo originario (tema que merece un estudio más profundo).

[8] Ver el artículo de Eliana Sanandrés y Juan Sebastián Otálora (2015). “Una aplicación de topic modeling para el estudio del trauma: el caso de Chevron-Texaco en Ecuador”. Investigación & Desarrollo, 23(2). Disponible en:http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/6810/8142

[9] Ver el artículo de Ecuador Inmediato: “Texaco dice: “Carecen de sustento acusaciones de fraude””, julio 22 de 2006. Disponible en:http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/texaco_dice_quotcarecen_de_sustento_acusaciones_de_fraude_quot--37959

[10] Ver el artículo de Ecuador Inmediato: “Texaco: "Estado ecuatoriano retiró demanda de fraude"”, diciembre 27 de 2006. Disponible en:http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/texaco_estado_ecuatoriano_retiro_demanda_de_fraude--46240

[11] Ver el artículo de El Comercio: “Banco Central de Ecuador confirmó pago de USD 112 millones a Chevron”, julio 22 de 2016. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios-ecuador-bancocentral-pago-chevron.html

[12] Ver el libro de Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2018). Una década desperdiciada. Las sombras del correísmo. Quito: Centro Andino de Acción Popular. Disponible en:https://lalineadefuego.files.wordpress.com/2018/06/libro_la_decada_desperdiciada.pdf

[13] Ver el artículo de El Universo: “Levantamiento de embargo contra Chevron no habría sido de consenso”, agosto 4 de 2016. Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2016/08/04/nota/5724567/levantamiento-embargo-no-habria-sido-consenso

[14] Ver el artículo de El Universo: “Rafael Correa: Pago de $ 112 millones a Chevron fue para evitar que petrolera "quiebre" al país”, agosto 3 de 2016. Disponible en:https://www.eluniverso.com/noticias/2016/08/03/nota/5723829/rafael-correa-pago-chevron-112-millones-fue-evitar-que-petrolera

[15] Ver el artículo de El Universo: “Ecuador paga 112 millones de dólares a petrolera Chevron”, julio 22 de 2016. Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2016/07/22/nota/5703621/ecuador-paga-112-millones-dolares-petrolera-chevron

[16] Para una revisión de los detalles de los casos Chevron I, II y III se recomienda ver el artículo de El Telégrafo: “¿Chevron abusa de los TBI?”, diciembre 2 de 2013. Disponible en:https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/chevron-abusa-de-tbi

[17] Para una reseña al respecto, junto con una copia del fallo de la Corte de Nueva Loja, ver el artículo de Alberto Acosta en Política y Economía: “Sentencia a la Chevron-Texaco, un triunfo de la Humanidad”, febrero 16 de 2011. Disponible en: http://www.politicayeconomia.com/2011/02/sentencia-a-la-chevron-texaco-un-triunfo-de-la-humanidad/

[18] Ver el artículo de Plan V: “8 claves para entender el laudo a favor de Chevron”, septiembre 11 de 2018. Disponible en: https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/8-claves-entender-el-laudo-favor-chevron

[19] Sobre la “metida de mano” del correísmo en la justicia se pueden revisar los artículos de Ecuador Chequea: “Así metió el Gobierno de Correa la mano en la justicia: primera parte”, disponible en:http://www.ecuadorchequea.com/2017/12/11/investigacion-rafaelcorrea-gobierno-justicia-ecuador/ y de Plan V: “Así metió el gobierno de Correa la mano en la Justicia (parte 2)”, diciembre 18 de 2017, disponible en:https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/asi-metio-el-gobierno-correa-la-mano-la-justicia-segunda-parte

[20] Ver el artículo de Plan V ya citado de septiembre 11 de 2018.

[21] Ver el artículo de El Universo: “Chevron presenta recurso final ante Corte Constitucional de Ecuador”, julio 16 de 2015. Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/16/nota/5022064/chevron-presenta-recurso-final-ante-corte-constitucional-ecuador

[22] Ver el artículo de El Universo: “Corte Constitucional del Ecuador ratifica la sentencia contra petrolera Chevron”, julio 11 de 2018. Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/11/nota/6853205/cc-ratifica-sentencia-contra-petrolera-chevron

[23] Ver el artículo de El Universo: “Revés jurídico para el Ecuador en el caso Chevron”, septiembre 7 de 2018. Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/07/nota/6942275/haya-falla-contra-ecuador-caso-chevron-anuncia-procurador

[24] Ver el artículo de El Universo: “Ecuador remediará pasivos ambientales dejados por Chevron, anuncia ministro”, febrero 26 de 2019. Disponible en:https://www.eluniverso.com/noticias/2019/02/26/nota/7209359/ecuador-remediara-pasivos-ambientales-dejados-chevron-anuncio

[25] Ver el artículo de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro en Plan V: “Petrobras, Odebrecht, OXY: Recordando un billar a tres bandas… en contra del país”, abril 29 de 2019. Disponible en:https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/petrobras-odebrecht-oxy-recordando-un-billar-tres-bandas-contra-del-pais

[26] Ver el artículo de El Telégrafo: “Ecuador está en proceso para suscribir nuevos TBI”, febrero 16 de 2018. Disponible en: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/ecuador-esta-en-proceso-para-suscribir-nuevos-tbi

[27] Ver el libro de John Cajas Guijarro (2018). Los capos del comercio. Quito: Plataforma por el Derecho a la Salud/Fundación Donum/FOS. Disponible en: https://saludyderechos.fundaciondonum.org/wp-content/uploads/2018/10/Los-capos-del-comercio.pdf

[28] Ver el artículo de Alberto Acosta y Juan Cuvi en Rebelion.org: “Justicia y verdad ante el atropello petrolero transnacional”, septiembre 14 de 2018. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246494&titular=justicia-y-verdad-ante-el-atropello-petrolero-transnacional-Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=256680

 

 

Reflexionemos sobre la realidad actual de los Estados-nación donde su carácter autoritario se complementa y refuerza como:

 

 

 

Estados mafiosos y

poder político

30 de marzo de 2019

 

 Por Raúl Zibechi (La Jornada)

Ante nuestros ojos   podemos observar cómo los Estados-nación se van deslizando hacia instituciones controladas por grupos paramilitares, mafias policiales y narcotraficantes. Lo que antes parecía una excepción, acotada a situaciones casi extremas, ahora se está convirtiendo en norma, a medida que el Estado ya no es aquella institución capaz de controlar territorios y asegurar el monopolio de la violencia legítima, como sostuvo Max Weber.

La crisis de los estados va de la mano con el crecimiento de grupos que ocupan los espacios que en otros tiempos fueron controlados por aquellas instituciones. El sociólogo brasileño José Claudio Alves, especialista en las periferias urbanas, asegura que las milicias de Río de Janeiro controlan la adjudicación de las áreas donde los migrantes del nordeste pueden comprar terrenos y construir sus viviendas, gracias a informaciones privilegiadas obtenidas dentro del Estado (goo.gl/KSQY5G).

Me impresiona mucho el poder que tienen estos grupos y la fragilidad de la justicia frente a ese poder, sostiene Alves. Está haciendo referencia a un poder territorial que tiene su propio brazo político, anclado en las bancadas de la ultraderecha y partidos con una lógica fundamentalista religiosa, en el caso de Brasil. Como sucedió con Marielle Franco, concejala negra y lesbiana asesinada hace un año, se asiste a un aumento de las ejecuciones sumarias ante la nula respuesta estatal.

No se están registrando ni homicidios ni desapariciones, por lo menos en Río, porque el miedo es más poderoso que la voluntad de denunciar. Estamos ante la pérdida de derechos y la situación va empeorando, en toda la región latinoamericana. Cinco décadas de grupos de exterminio han elevado hasta 75 por ciento la votación para Bolsonaro y la extrema derecha en la Baixada Fluminense, la región carioca más violenta del estado, según Alves. La violencia actual fue construida durante la dictadura y profundizada en democracia.

Las milicias van cambiando. Ahora detectan dónde se está moviendo el capital (grandes obras de infraestructura, como parte del modelo extractivo), y controlan de forma violenta el acceso al empleo que esas obras generan, de modo que cobran impuestos a las personas que quieren trabajar en las empresas, ya sean privadas o estatales. Los empleados deben entregar parte de sus salarios a los paramilitares.

Esto lo he visto en Medellín, en Río de Janeiro y cada vez en más ciudades de América Latina, ya sea bajo gobiernos conservadores o progresistas, porque estamos ante una mutación estructural de esa relación que llamamos Estado. Otra novedad es la milicia marítima, sigue Alves. Aborda a los pescadores en el mar, les pide licencia de pesca y exige dinero para que sigan haciendo su trabajo de sobrevivencia. Controlan incluso el acceso a los servicios médicos de los hospitales de Río, cobrando tasas y negando el ingreso a quien no paga.

Conclusión: La relación de las milicias con el Estado es determinante para que se transformaran en una estructura de poder absoluta, amplia, autoritaria, potente y creciente en Río de Janeiro. Actúan de forma legal, con acceso a informaciones económicas que consiguen del Estado mediante aliados; pero también ilegal: asesinan, torturan y desaparecen. Salimos de la dictadura oficial, para la dictadura de los grupos de exterminio y las milicias, apunta Alves, para quien nunca existió un fin de la dictadura.

Ante esta deriva creo que podemos hacer dos reflexiones.

·        La primera es que la crisis de los estados es el aspecto determinante que lleva a la creación de poderes como las milicias, paraestatales que no antiestatales. Este es el cambio estructural en relación con las instituciones; algo que he visto días atrás en Barcelona, donde el poder municipal no pudo detener la represión policial a los inmigrantes. Este poder creció incluso bajo Lula o los Kirchner, no por culpa de ellos sino porque estamos ante un proceso global, irreversible por ahora.

·        La segunda se relaciona con nuestras estrategias. Incrustarse en el Estado, ocupar el Estado o tomarlo, o como se llame a ese proceso consistente en ganar elecciones y administrar lo existente, tenía sentido cuando los Estados-nación encarnaban una configuración mínimamente democrática. Ahora puede ser muy peligrosa, porque nos paraliza ante enemigos que desbordan cualquier control institucional y nos hace cómplices de sus desmanes.

El historiador Emilio Gentile señala que la novedad de la ultraderecha actual consiste en el peligro de que la democracia se convierta en una forma de represión con consentimiento popular (goo.gl/5v37eS). Una fachada electoral que encubre la falta de democracia es un mal asunto porque nos entretiene mientras desarma los poderes propios, que son los únicos que nos pueden permitir enfrentar y superar esta fase del capitalismo extractivo que depreda los bienes comunes, desarticula los estados-nación y arremete contra los pueblos del color de la tierra.

http://www.jornada.com.mx/2019/03/29/opinion/018a1pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=254217

 

 

Definamos con precisión la función del Estado en la actualidad de máxima concentración/centralización del capitalismo.

 

 

Colombia no es un narcoestado,

es un Estado contrainsurgente

18 de mayo de 2019

 

Por Alberto Pinzón Sánchez (Rebelión)

Son muchísimas las falacias sobre Colombia, puestas a rodar en la opinión pública mundial por los intoxicadores de opinión o “spinn doctors” del sistema mediático global del imperialismo, muchos de los cuales escriben desde sofisticados estudios ubicados en Colombia, financiados generosamente por las varias agencias que para este fin tiene el gobierno de los EEUU. Referirse a todas estas falacias y confusiones sería obra de romanos que, desde luego, excede cualquier artículo de opinión; pero lo más difícil es constatar que numerosos opinadores que se autoproclaman de izquierdas las han tragado sin masticar y las reproducen irresponsablemente.

Una de esas falacias es la que tiene que ver con la caracterización del tipo de Estado imperante en el territorio colombiano que da el título al presente escrito y, circula como moneda falsa en trinos generalizados, llenos de una sagrada indignación ante el genocidio contrainsurgente que está en curso de líderes sociales y guerrilleros reinsertados, montado sobre la terrorífica pero eficaz experiencia del “baile rojo” con que se exterminó masivamente a la Unión Patriótica y otras organizaciones opositoras al régimen durante las últimas décadas del siglo XX, y de los “falsos positivos” de Santos-Uribe de las primeras del presente. El agua pasada la está reciclando el bloque de poder liderado por Uribe-Duque, depurándola de errores.

Aceptar la incorrecta caracterización conceptual hecha sobre el Estado colombiano como un Estado narco dirigido por criminales y mafiosos, puede ser de momento emotiva e impactante. Pero, vistas las cosas con cierta distancia, es una confusión que:

Primero le hace el juego a estrategia imperial de dominación de nuestros países sometidos como es la “War on Drugs” con toda su panoplia armamentística y militarista de dominación y sometimiento, centrando el asunto en el combate a un “enemigo etéreo, incorpóreo y volátil” que ellos denominan “el Narco”, cuando los narcotraficantes solos, o en mafias, junto con los grandes lavadores de dólares, y contrabandistas fronterizos de divisas, son corpóreos y bien conocidos, y constituyen solo una rueda dentada del engranaje de las 10 ruedas dentadas y articuladas (cuyo eje es la gigantesca embajada de los EEUU con más de 4.000 oficiales) descrito magistralmente hace 10 años por la científica social Vilma Liliana Franco en la página 223 de su inagotable libro Orden Contrainsurgente y Dominación, caracterizado por ella con todas las letras como Bloque de Poder Contrainsurgente ,

Segundo. Bloque de poder dominante que a su vez tiene otra rueda dentada para disciplinar y aterrorizar (legal e ilegalmente) a la población civil desafecta o insurgente, tremendamente eficaz, muy conocida por los colombianos y el mundo como Paramilitarismo, y que para efectos (también de su volatilización) se confunde adrede con el antiguo concepto de contrainsurgencia, subsidiario de la doctrina imperialista y colonial de la Seguridad Nacional y del enemigo interno subversivo o insurgente.  

Tercero. Bloque de clases en el poder, que como lo enseña la ciencia social y política moderna tiene una poderosa envoltura o supraestructura de varios componentes; el cual desde su aparecimiento histórico y estructuración en Colombia a partir del pacto de clases (terratenientes, financieros, empresarios, obispado y cooptados) el que fuera organizado por sus dos más eximios representantes del anticomunismo como Laureano Gómez y Lleras Camargo en 1957, impusieron dicha superestructura sobre TODA la sociedad colombiana como una granítica creencia socia basada en el odio, y que al decir de Marx y de Gramsci tiene actualmente una verdadera fuerza material.

Así pues, que tenemos varios conceptos socio políticos por diferenciar para aclararnos el genocidio de guerrilleros vestidos de civil que está en marcha en Colombia. Una cosa es el concepto de contrainsurgencia. Otra la doctrina de la Seguridad Nacional y el enemigo interno a exterminar. Cosa más distinta es el de Paramilitarismo ejecutor. Diferente del bloque de clase que domina actualmente esa relación y condensación de la lucha de clases general llamado Estado colombiano constituido como un Bloque de Poder Contrainsurgente, el cual se arropa con una cobertura material blindada, o supraestructura Jurídica, Política, Cultural y Moral contrainsurgente, cuya base es el anticomunismo religioso colombiano, aparecido muchos años antes de que hubiera aparecido o llegado la influencia de la revolución bolchevique a Colombia.

Anticomunismo cerrero basado en el odio, que ha revivido el monstruo del Basilisco diseñado por el falangista Laureano Gómez en 1949, actualmente rediseñándolo como un monstruo de dos cabezas, a destruir: Una elcastro-chavismo (¿Les suena destruir Cuba y Venezuela?) Otra, la táctica marxista de utilizar políticamente todas las formas de movilización de masas, convertida en la figura biológica reaccionaria del brazo civil del comunismo que a su vez tiene un brazo armado o de “guerrilleros vestidos de civil”, cuya relación es indispensable destruir a toda costa. Justificación con la cual se convirtió a la población civil en el objetivo militar a derrotar y se exterminaron organizaciones como la Unión Patriótica, A Luchar, Frente Popular, etc, entre las más destacadas, y ahora, se está ejecutando con el genocidio gota a gota de los más de 700 líderes sociales y exguerrilleros reinsertados de las antiguas Farc-EP. https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201905101087189127-denuncian-asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia/

Con lo anterior, podemos llegar a las declaraciones dadas por el comandante y miembro del alto secretariado de esa organización guerrillera Joaquín Gómez, en una entrevista ofrecidas en rueda de prensa en abril 2019 en el Espacio Territorial de Pondores en la Guajira (ver video 1) donde como lo destaca la periodista Violeta Guetnamova en un reciente articulo publicado en Rebelión.org (2) el ex comandante guerrillero atribuye, de manera autocritica, dicho genocidio social en curso que amenaza a todos los integrantes de esa organización guerrillera en reinserción, a dos errores cometidos en el Proceso de paz de la Habana (2016):

Uno: Haber negociado el proceso de paz con un gobierno y un Estado que no tienen ninguna soberanía.

Dos: No haber impuesto el tema del cambio de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) como uno de los puntos básicos en los diálogos de la Habana.

Si a lo anterior, se le suma que dicho proceso como lo anotó en su momento el profesor economista Luis Jorge Garay (abril 2016) terminó siendo un pacto de cúpulas que no conllevó ninguna trasformación estructural (ver entrevista https://lasillavacia.com/historia/los-acuerdos-de-la-habana-b-sicamente-son-un-acuerdo-de-lites-luis-jorge-garay-55462)

Así como las observaciones que también hice dos años después (octubre 2018) sobre las no trasformaciones, la claudicación a realizar y profundizar un proceso CONSTITUYENTE, y las trizas en que ha sido convertido dicho acuerdo de paz según los intereses generales del Bloque de Poder Contrainsurgente dominante, sin que se pueda hacer nada para impedirlo (ver https://www.rebelion.org/noticia.php?id=247508)

Podemos explicarnos no solo el genocidio social en curso en Colombia, sino también el fortalecimiento de la contrainsurgencia en general y la cada vez mayor dependencia y sometimiento lacayo del gobierno y el Estado colombiano a los dictados y presiones de la embajada de los EEUU, por ejemplo, sobre la justicia para la paz, la extradición de Santrich, el retiro de las visas a los magistrados; así como a los dictados geoestratégicos del presidente Trump para agredir e invadir militarmente a la hermana república Bolivariana de Venezuela.

Notas 

(1) Video https://www.youtube.com/watch?v=X747OX8fN4I&feature=youtu.be

(2) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=255921&titular=para-joaqu%EDn-g%F3mez-lo-que-hay-es-un-plan-para-asesinar-a-todos-los-integrantes-

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=256056

 

 

Advirtamos:

El terrorismo de Estado que practicaron las dictaduras militares destruyó sujetos en rebeldía y pavimentó las condiciones para el aterrizaje de la minería a cielo abierto y los monocultivos transgénicos. Posteriormente, las democracias –conservadoras y/o progresistas- aprovecharon las condiciones creadas por los regímenes autoritarios para profundizar la acumulación por despojo:

Poblaciones enteras son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y judicializadas; vigiladas y castigadas en nombre de la ley y el orden. Líderes y referentes de organizaciones y movimientos emergentes -mujeres y varones, jóvenes, adultos y ancianos por igual- son acusados de ser los nuevos terroristas, los enemigos públicos de una sociedad de la que es necesario expulsarlos” (Machado, 2014: 21).

 

 

 

El estado de excepción como

paradigma político del extractivismo

14 de abril de 2019

 

Por Raúl Zibechi

El colonialismo no cede sino con el cuchillo al cuello.
Frantz Fanon

En los últimos años se han ensayado diversos enfoques sobre el extractivismo, que abarcan desde el énfasis en los impactos sobre el medio ambiente y los perjuicios a las poblaciones, hasta la re-primarización de la matriz productiva. Contamos con un amplio conjunto de trabajos que incluyen, también, las resistencias al modelo de minería a cielo abierto y de monocultivos para la exportación, así como propuestas alternativas asentadas, buena parte de ellas, en el Buen Vivir/Vivir Bien. Los análisis críticos tienden a compartir la tesis de que el modelo extractivo debe ser considerado como parte del proceso de acumulación por desposesión, característico del período de dominio del capital financiero (Harvey, 2004).

En paralelo, se comienza a considerar el extractivismo como una actualización del hecho colonial, en particular en el área de la minería, colocando el inicio de la explotación del Cerro Rico de Potosí (donde fueron sacrificados 8 millones de indios), en 1545, como el comienzo de la modernidad, del capitalismo y de la relación centro-periferia en la que se asientan (Machado, 2014).

Tomando estos análisis como referencias ineludibles, pretendo explorar someramente las formas de acción que están llevando adelante los movimientos para neutralizar/desbordar el modelo extractivo, bloquear la acumulación por despojo, revertir la militarización de los territorios, poner fin a la persistente degradación ambiental y la destrucción de los seres humanos. Considero que no se limitan, ni pueden hacerlo, a repetir los repertorios tradicionales del movimiento sindical, ya que se mueven en espacios donde las reglas del juego son diferentes.

El punto de partida de mi argumentación es que hoy los pueblos son obstáculos para la acumulación por despojo/desposesión. Harvey sostiene que el “principal instrumento” de la acumulación por desposesión son las privatizaciones de empresas públicas y que el poder estatal es su agente más destacado (Harvey 2004). En su argumentación coloca el ejemplo de Argentina en la década de 1990, que hoy podría aplicarse a buena parte de América Latina y a unos cuantos países europeos como Grecia y España, entre otros.

A mi modo de ver, el argumento de Harvey es enteramente válido para la porción de la humanidad que se encuentra en la “zona del ser”, pero para aquella otra parte que vive en la “zona del no-ser” (Grosfoguel, 2012), el principal instrumento de la acumulación por desposesión es la violencia, y sus agentes son, indistintamente, poderes estatales, paraestatales y privados, que en muchos casos trabajan juntos ya que comparten los mismos objetivos. Esa es la situación que viven en nuestro continente las poblaciones cercanas a las minas y los monocultivos. “Prácticamente no existe poblador vecino de un proyecto minero que no tenga algún proceso judicial abierto” (Machado, 2014: 224).

La violencia y la militarización de los territorios son la regla, forman parte inseparable del modelo; los muertos, heridos y golpeados no son fruto de desbordes accidentales de mandos policiales o militares. Es el modo “normal” de operar del extractivismo en la zona del no-ser. El terrorismo de Estado que practicaron las dictaduras militares destruyó sujetos en rebeldía y pavimentó las condiciones para el aterrizaje de la minería a cielo abierto y los monocultivos transgénicos. Posteriormente, las democracias –conservadoras y/o progresistas- aprovecharon las condiciones creadas por los regímenes autoritarios para profundizar la acumulación por despojo:

“Poblaciones enteras son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y judicializadas; vigiladas y castigadas en nombre de la ley y el orden. Líderes y referentes de organizaciones y movimientos emergentes -mujeres y varones, jóvenes, adultos y ancianos por igual- son acusados de ser los nuevos terroristas, los enemigos públicos de una sociedad de la que es necesario expulsarlos” (Machado, 2014: 21).

Las privatizaciones afectaron básicamente a las clases medias urbanas y a las franjas de trabajadores vinculadas al Estado del Bienestar, sobre todo en el caso argentino. Para los sectores sociales donde nunca operó la inclusión ni se beneficiaron con el “bienestar”, las privatizaciones operaron apenas como la primera etapa del despojo. Indígenas, negros y mestizos, campesinos sin tierra, mujeres pobres, desocupados, trabajadores informales y niños de las periferias urbanas, están sufriendo lo que el EZLN ha definido como la Cuarta Guerra Mundial. Como en todas las guerras, se trata de conquistar territorios, destruir enemigos y administrar los espacios conquistados subordinándolos al capital:

La Cuarta Guerra Mundial está destruyendo a la humanidad en la medida en que la globalización es una universalización del mercado, y todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido. En este sentido todos somos el enemigo a vencer: indígenas, no indígenas, observadores de los derechos humanos, maestros, intelectuales, artistas. (Subcomandante Marcos, 1999).

La novedad de esta nueva guerra es que los enemigos no son los ejércitos de otros estados, ni siquiera otros estados, sino la propia población, en particular aquella parte de la humanidad que vive en la zona del no-ser. En suma: acabar con los pueblos que sobran, desertizar territorios y luego re-conectarlos al mercado mundial. Los modos de eliminar a los pueblos no son necesariamente la muerte física, aunque esta va sucediendo lentamente mediante la expansión de la desnutrición crónica y las viejas/nuevas enfermedades, como el cáncer que afecta a los millones expuestos a los químicos de los monocultivos y de la minería.

Los modos más habituales son la eliminación de los pobres a través de su exclusión: confinamiento en espacios cercados de policías y guardias privados en las periferias urbanas. El caso más extremo es la Franja de Gaza, y los más comunes se pueden encontrar en las barriadas de todas las grandes ciudades latinoamericanas. Muchas comunidades rurales cercanas a los emprendimientos extractivos, han sido aisladas y rodeadas por dispositivos militar/económicos que actúan como cercos materiales y simbólicos, como les sucede a las comunidades mapuche en la Patagonia, a los pueblos indios y afros en el Cauca colombiano, así como a los pueblos atravesados por el “tren del hierro” de la minera Vale en el estado de Maranhão y a cientos de comunidades en las regiones andinas.

Estamos ante dos genealogías diferentes. La que afecta a los pueblos del sur no cabe en el concepto de “acumulación originaria”, delineada por Marx en El Capital, para reflexionar sobre la experiencia europea. La expropiación violenta de los productores, lo que denomina como el “proceso histórico de escisión entre producción y medios de producción”, es el acta de nacimiento del capital pero también de los “proletarios totalmente libres” que serán empleados por la nueva industria (Marx, 1975: 893). Ese proceso de escisión por el que se crea una nueva relación social, capital-trabajo, fue tan real para Inglaterra como irreal en las colonias.

En América Latina los indios no fueron separados de sus medios de producción sino forzados a trabajar gratuitamente en las minas, mientras los negros fueron arrancados a la fuerza de su continente. En ambos casos se cometió un genocidio por el que la población originaria fue casi exterminada. Nació un capitalismo sin proletarios, en el sentido europeo que le da Marx, cuando señala que la expropiación de los productores fue “la disolución de la propiedad privada fundada en el trabajo propio” (Marx, 1075: 951). Los indios no tenían un concepto de propiedad privada como los campesinos ingleses, sino de comunidad, y consideraban la tierra como un bien común sagrado. La acumulación “originaria” no fue el “pecado original” del modo de producción capitalista, sino la forma constante de acumulación durante cinco siglos en base a la esclavitud, la servidumbre, el trabajo informal y la pequeña producción familiar/mercantil que, hasta el día hoy, son las formas dominantes de trabajo, siendo el empleo asalariado uno más entre los muchos modos de trabajo existentes (Quijano, 2000a).

En segundo lugar, en la América Latina india/negra/mestiza, históricamente el principal modo de disciplinamiento no fueron el panóptico ni los satanic mill, sino la masacre o la amenaza de masacre (léase exterminio), tanto en la colonia como en el período republicano, en dictaduras o en democracias, hasta el día de hoy: desde los 3.600 ametrallados en Santa María de Iquique, en 1907, hasta las decenas de muertos en Bagua en junio de 2009. Ambas masacres sucedieron bajo regímenes de democracia electoral, lo que indica el carácter de este sistema en la región. Sólo en Chile, en las siete décadas que van de 1903 al golpe de Estado de 1973, el historiador Gabriel Salazar enumera quince masacres (“ametrallaron a los rotos”), a razón de una cada tres años en promedio, considerando que la última abarcó todos los rincones del país y se cobró diez mil vidas (Salazar, 2009: 214). La organización Maes de Maio, creada por las madres de los 500 asesinados por los aparatos represivos en São Paulo en mayo de 2006, señala que entre 1990 y 2012 se produjeron 25 masacres contra habitantes de favelas, o sea jóvenes/ negros/pobres (Maes de Maio, 2014).

En tercer lugar, el Estado-nación latinoamericano tiene una genealogía diferente a la europea, como nos recuerda Aníbal Quijano. Aquí no se registró “la homogeneización de la población en términos de experiencias históricas comunes”, ni la democratización de una sociedad que pueda expresarse en un Estado democrático; las relaciones sociales se fijaron sobre la colonialidad del poder establecida sobre la idea de raza, convertida en el factor básico de la construcción del Estado-nación. “La estructura de poder fue y aún sigue estando organizada sobre y alrededor del eje colonial. La construcción de la nación y sobre todo del Estado-nación han sido conceptualizadas y trabajadas en contra de la mayoría de la nación, en este caso de los indios, negros y mestizos” (Quijano, 2000b: 237).

Los tres ejes anteriores explican la continuidad de la dominación y la exclusión de las mayorías, inferiorizadas racialmente, con independencia del régimen político y de las fuerzas que administren un Estado colonial. Con el neoliberalismo y la hegemonía de la acumulación por despojo, se produce además la “expropiación de la política” que en los casos más extremos, como México, Colombia y Guatemala, pasa por la articulación entre paramilitarismo, empresas extractivas y corrupción estatal, en lo que bien puede considerarse como una re-colonización de la política (Machado, 2014).

 https://movimientom4.org/wp-content/uploads/2019/04/el-estado-de-excepcion_zibechi.pdf

https://movimientom4.org/2019/04/el-estado-de-excepcion-como-paradigma-politico-del-extractivismo/

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2019/04/14/el-estado-de-excepcion-como-paradigma-politico-del-extractivismo-2/

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Tengamos en cuenta que las elecciones no conducen a los pueblos del Abya Yala hacia su emancipación de las opresión, exclusión y masacres.

 

Observamos que los gobiernos constitucionales, sobre todo los del PJ, han ido afianzando el Estado a beneficio exclusivo del acaparamiento gran capitalista. También los gobiernos progresistas de izquierda han convergido en Estados que garantizan a los oligopolios su acumulación de riquezas y poder. Una explicación de porqué los últimos procedieron así es la siguiente:

 

La izquierda latinoamericana y

sus sueños de grandeza en el poder

19 de abril de 2019

 Por Mauricio R. Alfaro (Rebelión)

Introducción

En este ensayo pondremos en el centro de nuestra reflexión, el análisis de un movimiento popular que, desde abajo y a través de la acción directa, supo cambiar la correlación de fuerzas en conflicto en la región. Y con ello, abrir nuevos espacios políticos que prepararon el terreno para el arribo al poder de lo que se dio en llamar: la Nueva Izquierda Regional en el Poder (NIRP).

Planteadas así las cosas, veamos entonces en un primer momento cómo y de qué manera el movimiento popular con sus luchas llevo al poder a la NIRP. Y en un segundo momento, veamos cómo y de qué manera, en una mutación de las cosas, toda una tendencia de izquierda, al fin, haría realidad: Sus sueños de grandeza en el poder.

Los pueblos en lucha y su alianza con la nueva izquierda regional

Hubo un tiempo en que las derrotas sucesivas de la izquierda mundial y regional, no tardaron en suscitar toda una tendencia analítica que vio, en ellas, la prueba que las utopías de izquierda habían sido, una a una, por la historia misma, desarmadas (1). Hechos que esos ideólogos, sin tardar, celebraron como el comienzo de una nueva era democrática; que, progresivamente, a los pueblos, les abriría nuevos senderos de libertad y prosperidad.

Y con el fin de poner a la región latinoamericana en sintonía con las nuevas dinámicas mundiales, unos teóricos de esa tendencia idearon promover: Las Transiciones democráticas en América latina (2); que, en principio, a la región, en un movimiento ascendente, la haría transitar ordenadamente, pacíficamente, de las dictaduras militares a la democracia. Pero un problema mayor se les planteaba puesto que, en una región tan conflictiva como la latinoamericana, ese tránsito de un estado a otro: ¿Cómo concretizarlo?

Según los promotores de las transiciones democráticas, el tránsito de un estado dictatorial a la democracia, sobre todo, pasaba por fijar las reglas del debate político al interior de los pactos políticos regionales. Algo que, fundamentalmente, exigía que las fuerzas en conflicto evitaran temas que, de una forma u otra, podían obstaculizar los buenos acuerdos. Y en sintonía con esta premisa, los ideólogos de esa tendencia, a la izquierda regional de tipo tradicional, le aconsejaban que dejara atrás sus dogmas, sus radicalismos, para así bien pensante, es decir: sin emociones fuertes y sin sus interminables tentaciones del todo o nada, adaptarse de buena forma a los procesos democráticos en curso, en esta parte del mundo.

Pero un hecho se volvía, cada vez, más intolerable. Puesto que bajo el velo discursivo de la tolerancia, del diálogo y la negociación y todas las promesas democráticas juntas, en una sucesión de las cosas, un modelo único de contenido neoliberal se implantaba, sin oposición real alguna, a lo largo y ancho de la región. El impacto inmediato de ese triunfo neoliberal sería que toda reforma; que toda aspiración para mejorar, en términos reales, las condiciones existenciales de los pueblos, serían, una a una, radicalmente, excluidas de la agenda política regional.

Toda dinámica de cambio tenía entonces que forjarse, necesariamente, desde el exterior de las estructuras dominantes. Misión que, con mucho heroísmo, el movimiento popular latinoamericano habría de asumir. Puesto que fue él el que, en su momento, desde abajo y a través de la acción directa, al neoliberalismo triunfante le habría asestado sus primeras grandes derrotas.

Pero un hecho se repetía, una y otra vez: el movimiento popular -a pesar de sus protestas, huelgas y sus insurrecciones- no lograba articular, concretizar una alternativa de poder. Hasta que, en un movimiento ascendente, un Chávez, un Evo, un Correa iban despuntando en el horizonte político regional. Los cuales reflejando las aspiraciones populares que exigían cambios no sólo de forma sino que de contenido, el primero forjó la propuesta de la Revolución Bolivariana; el segundo ideó la propuesta de la Revolución Democrática Cultural; y el tercero impulsó la propuesta de la Revolución Ciudadana.

Y así, de Revolución en Revolución todo hacía creer que, esta vez, las circunstancias históricas habían preparado las condiciones para forjar, en América latina, un nuevo Contrato Social fundado en una amplia alianza entre el movimiento popular y sus dirigentes. El optimismo se daba cita en la región entera. Puesto que los pueblos creían que, esta vez, ellos marchaban, victoriosamente, hacia nuevos horizontes de igualdad, fraternidad y progreso social.

¿En América latina, con la izquierda en el poder, es que los pueblos realmente marchaban hacia nuevos horizontes de progreso o, al contrario de lo esperado, ellos, progresivamente, irían descubriendo toda una tendencia de izquierda en el poder, que, con sus acciones, no haría otra cosa que fabricar: una nueva desilusión? Diríamos que la tendencia dominante sería la segunda. Algo que tratamos de explicar, como sigue.

La izquierda regional y sus sueños de grandeza en el poder

Diríamos entonces que fue en América latina que la dominación neoliberal de alcance mundial había experimentado sus primeras grandes derrotas. El todo gracias a un esfuerzo colectivo que, en el calor mismo de la lucha, forjaría todo un amplio movimiento que, cambiando el rumbo de las cosas, haría, al fin girar, casi a la región entera, hacia a la izquierda. Hecho histórico que, para concretizarse, al movimiento popular le exigió toda una movilización permanente con la cual esos pueblos, militantemente, imponían nuevas constituyentes; ellos se oponían y hacían fracasar golpes de Estado; etc.

Pero ocurriría que, en el movimiento mismo de las cosas, un cambio muy significativo se iba a operar. Puesto que a la dinámica que iba de abajo hacia arriba otra, que, esta vez, iría de arriba hacia abajo la sustituiría. Tendríamos así que, en el calor mismo de las luchas, los procesos políticos pasarían del movimiento popular-Chávez a un Chávez y el chavismo; del movimiento popular-Evo a un Evo y el evismo; y las otras mutaciones más.

Valoramos que el impacto inmediato de esas mutaciones sería que, los pueblos en lucha, prácticamente, devenían la extensión -pasiva- del Líder carismático. O sea, de lo que se dio en llamar: el Chavismo, el Evismo y las otras mutaciones que cobraban vigencia en la región. Lo cual se repercutiría en el hecho que los cambios en curso perderían su aura de contenido popular. Para pasar a verse, a sentirse cómo en algo dado desde las alturas del poder. Cómo en algo dado gracias a la buena voluntad; gracias al amor del Líder por sus pueblos. Hechos que, en otros términos, Raúl Zibechi (3) los confirma en la forma siguiente:

“Los dirigentes son importantes... Pero los cambios, la historia, plantea Zibechi, los hacen los pueblos. Por eso resulta un retroceso en el pensamiento crítico que se oculte la acción popular y se ensalce exclusivamente el papel de los líderes. Días después de la derrota de la re-relección en el referendo, el vicepresidente de Bolivia dijo: Si se va, ¿quién va a protegernos?, ¿quién va a cuidarnos? Vamos a quedar como huérfanos si se va Evo. Sin padre, sin madre, así vamos a quedar si se va Evo (Página Siete, 28/2/16).

La frase, continua Zibechi, fue pronunciada en una pequeña localidad del departamento de Oruro, durante la entrega de viviendas a pobladores aymaras. Podría haber dicho que fue gracias a la lucha histórica de los indígenas que se pudieron construir viviendas dignas y que Evo forma parte de esa tradición de resistencia y lucha. Lo que hizo fue lo contrario: presentar a los pueblos como niños huérfanos, objetos sin otra capacidad que seguir al sujeto/líder. Desde el punto de vista de la emancipación, un verdadero desatino”.

Y pasando del sur al centro de la región, José María Tojeira (4) ex-rector de la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA), observa y plantea lo siguiente:

“(En El Salvador, observa el analista), el nombre de (los) verdaderos héroes de la paz, junto con el recuerdo de las víctimas que les dieron fuerza y el impulso, suele aparecer silenciado en los aniversarios de paz. El culto a los firmantes, a sus dificultades, buenos sentimientos, capacidad de diálogo, sustituye con frecuencia esa historia de lucha por la paz durante los once años de guerra que es una auténtica epopeya de los sentimientos más llenos de humanidad y confianza en lo humano.

Los firmantes representan la nueva situación de paz…Pero en la medida en que asuman el papel de los nuevos vencedores y líderes de la historia… tergiversan y ocultan una historia mucho más rica que la que se puede visualizar en sus personas”

Como firmantes de la paz, el autor hace referencia a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En donde el FMLN institucionalizado, lejos ya de la etapa heroica revolucionaria del movimiento popular, no tardó en caer bajo el control de una élite de izquierda que, ahora, junto a la élite de derecha se ven, se celebran, se descubren, según el autor citado, como los “nuevos vencedores y líderes de la historia”.

Creemos que para pensar de una mejor forma lo que entendemos como el Cambio de dirección al interior de los procesos políticos en América latina, los autores citados nos dan una buena idea general. Dinámica que diríamos claramente muestra cómo y en qué forma la parte activa de la historia pasaría de los pueblos en lucha al Líder o a los líderes.

Y es cuando el movimiento de las cosas las visualizamos en esa perspectiva que realizamos que con el Chávez y el chavismo; que con el Evo y el evismo; que con el Lula y el lulismo; y las otras mutaciones más, los pueblos en lucha en lugar de orientarse hacia nuevos escenarios des alienantes de la acción política, no tardaron en caer, una vez más, en un nuevo estado de dependencia-alienación. Estado en donde el Líder o los líderes, a los pueblos, desde la altura de su poder, con sus palabras, con sus gestos, les señalarían el camino a seguir para así llegar: A la tierra prometida.

Pero entonces: ¿Cómo se explica que esos líderes (o sea, los amigos del pueblo) que, antes, con tanto ardor militante, daban lecciones de autonomía, de liberación de los pueblos, de democracia participativa después, sin inmutarse, sin ruborizarse, acepten, como algo tan natural, ser elevados al rango de: Los ungidos por el poder político?

Nos parece que ese antes y ese después ejemplifican muy bien las dos fases del movimiento popular regional del cual nos ocupamos en este ensayo. En donde la primera haría referencia a la fase horizontal de los pueblos en lucha. Momento crucial caracterizado por un movimiento de movimientos que fundados en la acción directa, desde abajo, en oleadas sucesivas le asestaría, como más arriba lo planteamos, sus primeras grandes derrotas al neoliberalismo triunfante en la región.

En esa dinámica de las cosas, la segunda fase, por su parte, haría referencia a aquel momento en que el movimiento popular habría mutado de la fase horizontal a la fase vertical. Fase vertical que fundaría su poder en algo que creemos podríamos llamar: La burocracia-estratificada del poder; que se estructuraría alrededor de la figura del Líder o de los líderes (como en el caso salvadoreño). Ante este hecho nos preguntamos: ¿Para los pueblos en lucha, esta nueva reconfiguración del poder representa un progreso o, al contrario, todo un proceso regresivo?

Es claro que siguiendo la línea de desarrollo expuesta en este ensayo, nuestra respuesta, la situaríamos en la segunda perspectiva. A saber, que, para nosotros, la reestructuración del poder alrededor de la figura de Líder o de los líderes representa más bien un retroceso que un avance para los pueblos en lucha. Hecho que, según nuestro análisis, se habria activado cuando los dirigentes y sus allegados fueron elevados o se auto-elevaron a un rango elitista de los procesos políticos regionales. Lo que, como planteado igualmente más arriba, habría dado lugar al hecho que la parte activa de la historia no serían más los pueblos en lucha sino que los líderes.

Creemos que, en sus comienzos, los pueblos tenían plena confianza en esa `mutación de las cosas. Puesto que era la izquierda en el poder, es decir, su representante. Y, por lo tanto, la llamada a hacer la Otra Política por la cual ellos y ellas habían tanto luchado. Pero sin tardar, en una eterna repetición de las cosas, lo que, en realidad, iba ocurriendo era que la NIRP, jugando ya su propio juego de realizar cambios en la continuidad, se daba la tarea de insertarse al mercado mundial, con un modelo económico fundado en el siglo XIX! (5)

En concreto diríamos entonces que sí el contenido de los tan esperados cambios estructurales de los procesos en curso se perdía en la bruma de la Historia. La forma se mantenía muy vivaz. Puesto que los discursos anti-imperialistas, anti-neocoloniales, anti-oligárquicos se ponían, con nuevos brillos, en boga. Lo que muchos intelectuales y militantes de izquierda no tardaron en celebrar como la prueba que, con la NIRP, la América latina estaba, prácticamente, dirigiéndose hacia su segunda independencia (6).

Pero la contradicción entre la forma y el contenido no solo iba dejando ver claramente que, a nivel económico, nada esencial estaba ocurriendo sino que también, en su propio movimiento, ella iría mostrando otro de sus lados oscuros. Hecho que se revelaría cuando unos militantes, en su propia dinámica, irían revelando no ser otra cosa que la negación misma de la etapa heroica del movimiento popular latinoamericano.

Y es Frei Betto (7), quien nos da unas pistas para valorar cómo y en qué forma ese tipo de izquierdista enterraba un pasado memorable de la izquierda regional, para pasar a ser un político más en el espacio político regional. Lo que sigue lo confirma:

“El izquierdista… (anota Frei Betto) se llena la boca con dogmas y venera a un líder… adora las categorías académicas de la izquierda, pero… no soporta el tufo del pueblo. Para él, pueblo… sólo le parece concreto a la hora de acumular votos…. Pasadas las elecciones, adiós que te vi y ¡hasta la contienda siguiente! Después el izquierdista cambia de amistades y de caprichos…Si lo busca un compañero de los viejos tiempos, despista, no atiende… Ahora todos sus pasos se mueven, con quirúrgica precisión, por la senda hacia el poder.

Me acordé de esta caracterización (comenta el autor) porque, hace unos días, encontré en una reunión a un antiguo compañero de los movimientos populares, cómplice en la lucha contra la dictadura… Me dieron ganas de reír delante de dicho compañero que, antes, hubiera hecho al Che Guevara sentirse un pequeño burgués, de tan grande como era su fervor revolucionario. Me contuve para no ser indelicado con dicho ridículo personaje, de cabellos engominados, traje fino, zapatos como para calzar ángeles”.

Tenemos así que, mientras los pueblos, de manera desigual, luchaban heroicamente por parar golpes de Estado; luchaban para instituir Nuevas Constituyentes y otras tantas luchas más, simultáneamente, casi sin tardar, en el horizonte político regional iba descollando ese edulcorado izquierdista “de cabellos engominados, traje fino, zapatos como para calzar ángeles”. O sea, un tipo de izquierdista que, sin transición alguna, ya en el poder, pasando del militantismo al oportunismo, optó simplemente por vivir en el “mejor de los mundos”. Personaje, en fin, que, según nuestra visión de las cosas, muestra cómo y en qué forma la historia de los pueblos, puede, fácilmente, pasar de la tragedia a una, humillante, comedia.

Y sí el ritmo de las cosas las planteamos en esos términos generales, es porque todo parece indicar que, ese personaje del cual se ocupa Frei Betto, no es un caso aislado sino que: La parte activa de toda una tendencia de la izquierda en el poder. Algo que, con la ayuda de unas citaciones, corroboraremos como sigue.

Pero antes de ver a esa tendencia de izquierda mutando de piel para así, al fin, vivir sus tan ansiados sueños de grandeza en el poder. Detengámonos, por un instante, ante lo que llamamos: Un momento trágico en la historia de los pueblos de la América latina.

Adiós muchachos: breve historia del FMLN histórico y su trágico fin (8)

“A sus 24 años, Daniel (recientemente fallecido) no solo vivió en carne propia la desmovilización; también colaboró en 1992 a desmovilizar a casi 500 de sus compañeros de Nueva Granada, Usulután. Dejó de empuñar su fusil y pasó a extender sus manos para desmovilizar a sus compañeros y entregarles “una piocha, una pala, una cama como de medio metro, una cuma y un azadón” a los que un día fueron sus “compas” en el campo de batalla. “Es triste cuando dicen: ‘la guerra se acabó, váyase para su casa’. Es triste porque uno no tiene cómo subsistir”, fueron las palabras que dijo en enero de este año en una entrevista a Diario El Mundo”.

Revelación # 1: Una élite de izquierda en el poder viviendo su -repugnante- comedia (9)

“Yo digo los que andan manejándose en camionetas (el entrevistado hace aquí referencia a los funcionarios del FMNL en el poder) que, aunque las da la institución, son cosas que la gente no acepta. A nosotros no nos lo admiten; se lo admiten al de derecha o les vale un comino. Tengo compañeros que me dicen que hay un contraste cuando el presidente de la República hace el Festival del Buen Vivir y llegan todos los funcionarios y queda la línea de camionetones bonitos. Me dice este amigo que anda ahí entre la gente, y que le toca esperar a que el funcionario que cuida salga del festival, que los comentarios son negativos, que la gente mira una distancia abismal entre ese comportamiento y ellos, sobre todo, muchos compañeros que son excombatientes que quieren acercarse a saludar y ya no los saludan, ya agarran el celular (toma el celular y se lo pone en la oreja, como emulando una llamada) para alejarse con un poco de respeto (el subrayado es nuestro)”.

Revelación # 2 Una élite de izquierda en el poder luciendo su nueva piel (10)

En una entrevista Churi, un periodista uruguayo le plantea a James Petras, lo que sigue:

Yo quería decirte en un análisis muy breve que se reduce en una frase, que en 50 años de periodismo he venido a aprender que aquí en Uruguay, los grandes dirigentes de izquierda no eran otra cosa que gentes que querían estar un día gozando de los privilegios que tenían los integrantes de los partidos tradicionales que habían gobernado hasta entonces. Esa sería la síntesis que podría hacer de mi país en este momento…”

Revelación #4 La élite de izquierda en el poder en su submundo (11)

Los funcionarios de izquierda, comenta James Petras, imposibilitados de ascender mediante la participación en los sectores agro-minerales “cerrados”, controlados por las multinacionales, recurrieron a la corrupción del Estado, extrayendo “comisiones” como intermediarios para las multinacionales, o simplemente fugándose con fondos públicos asignados para proyectos locales sanitarios, educativos o de infraestructuras.

(Siendo así como) los líderes populares, elegidos en repetidas ocasiones, apunta Petras, empezaron a verse implicados, o al menos cómplices, en la aceptación de sobornos. (Ante esto, el desencanto popular se apodero del electorado, marcando con ello)… el ocaso de los ídolos. La izquierda perdió elecciones por toda la región."

Conclusión

Ante lo anotado, plantearíamos que los sectores populares llevaron a la nueva izquierda regional al poder para que ella emprendiera una misión de alto contenido histórico. La cual, según nuestra visión de las cosas, idealmente, tenía que haberse orientado hacia la creación de las estructuras necesarias para, al fin, dignificar, de manera permanente, la vida de los pueblos. Pero, como en este ensayo hemos tratado de demostrarlo, lo que realmente ocurrió fue que al interior de la NIRP se incubó toda una tendencia de izquierda que hizo del poder todo un fetiche. Al cual, postrada ante él y dando sus principios e ideales como ofrenda, ella le pedía poder y más poder. Para así, al fin, vivir, disfrutar sus tan ansiados: Sueños de grandeza en el poder. Hechos de privilegios de toda clase: viajes, secretarias, coches, chofer, celulares, vivir en zonas selectas y un largo etc. Y todo pagado por el contribuyente, como nos lo recuerda Frei Betto (12).

Diríamos entonces que detectamos que, una de las causas que destruyeron los sueños, la moral progresista de los pueblos en lucha de la América latina, habría sido esa tendencia de izquierda enquistada en el poder. Entonces, como extrañarse que, ante el cumulo de desmanes fabricados por ella misma, veamos a algunos de sus miembros cabizbajos, en puntillas yendo por la puerta oscura de la historia. Y en casos extremos, a algunos de ellos, no los vemos saliendo por esa puerta sino que… hacia la cárcel.

En fin, diríamos que esa tendencia de izquierda en el poder, al final de un ciclo, no hizo otra cosa que hacer brillar: Toda la grandeza de su miseria existencial. Lo que haría de ella, de una forma u otra, un eslabón más de todo un dispositivo histórico; que, por más de cinco siglos, unas élites económicas, políticas y socio-culturales se encargaron de activar. Hasta hacer caer a la América latina, desde una perspectiva estructural, en lo que es, es decir: una región dependiente, sub-desarrollada. Y, por lo tanto: Inviable para sus mayorías empobrecidas.

Referencias

Jorge Castañeda (1996) (1) L’utopie désarmée : l’Amérique latine après la guerre froide. Paris : Éditions B. Grasset

Mauricio R. Alfaro (2007) (2) Crise des transitions démocratiques en Amérique Latine: le cas du Salvador. Les Éditions du CIDIHCA, Québec, Canada.

Raúl Zibechi (3), El caudillismo es cultura de derecha http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209705

José María Tojeira (2012) (4), Los Acuerdos de Paz: una revisión de sus 20 años. Eca, Volumen 67 No 72. Universidad Centro-americana de El Salvador (UCA).

Mauricio R. Alfaro (5), Los cuervos y los buitres de Emir Sader http://www.rebelion.org/noticia.php?id=143265

Mauricio R. Alfaro (6), La izquierda latino-americana en el poder: ¿Cuál izquierda? http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102351

Frey Betto (7), Cómo derechizar a un izquierdista http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155955

Diario El Mundo, (8) Fallece veterano de guerra del FMLN histórico, Daniel Hernández http://elmundo.sv/fallece-veterano-de-guerra-del-fmln-historico-daniel-hernandez/

Gabriel Labrador- Sergio Arauz (9), “Que Nayib goce de estos niveles de popularidad es responsabilidad nuestra”https://elfaro.net/es/201803/el_salvador/21651/%E2%80%9CQue-Nayib-goce-de-estos-niveles-de-popularidad-es-responsabilidad-nuestra%E2%80%9D.htm

James Petras (10) La postura militarista de EEUU es un peligro para todo el continente https://www.aporrea.org/internacionales/n148164.html

James Petras, (11) El ocaso de los ídolos: Ascensión y caída de la izquierda personalista en Latinoamérica https://www.rebelion.org/noticia.php?id=209784

Frei Betto, (12) La mosca azul https://www.voltairenet.org/article136838.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=255010

 

Lo cierto es que los gobiernos progresistas de partidos izquierdistas, por supuesto menos los K liderando el PJ (partido de estado y asesino de sus izquierdas), no convocaron a desmantelar al Estado represor de las dictaduras.

 

 

Militares, policías y democracia

11 de mayo de 2019

 

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

¿Es posible modificar   la cultura política y la actitud concreta hacia la población de las fuerzas armadas y policiales? A la luz de la experiencia reciente en Uruguay y Brasil, la respuesta es negativa. Luego de tres décadas y media de democracia y más de una década de gobiernos de izquierda, los aparatos represivos reafirman su papel tradicional y no están dispuestos a modificarlo.

Me referiré en particular a las fuerzas armadas, ya que tienen alguna especificidad respecto a las policiales. En Uruguay acaba de registrarse una crisis entre el gobierno de Tabaré Vázquez y el alto mando militar (por el encubrimiento por los mandos de torturadores y asesinos), que se saldó con el relevo en el Ministerio de Defensa y en la cúpula militar. Sin embargo, los problemas a los que me refiero no se relacionan con una u otro persona. Son estructurales.

El nuevo ministro de Defensa, José Bayardi, ofreció una entrevista en la que explica el inmovilismo por la endogamia de la familia militar. Las relaciones de los estudiantes militares, los cadetes y los oficiales se dan en entornos familiares que proceden de la misma profesión, explica (https://bit.ly/2GRl8Fi).

Eso explica, en su opinión, la enorme carga de los militares retirados sobre los oficiales más jóvenes en relación con un relato construido y difundido en los entornos cotidianos de los oficiales. Es imposible o muy difícil romper con el relato construido sobre los hechos de la dictadura, sin romper a su vez con los vínculos de relación familiares.

La izquierda en el gobierno desde 2005, sostuvo la necesidad de modificar la educación en las escuelas militares, algo que tampoco puso en práctica.

En Brasil sucede algo similar. Los militares justifican la dictadura, la niegan o la minimizan. No sólo los retirados que están en el gobierno de Jair Bolsonaro, que son los que pueden hacer declaraciones públicas, sino las propias fuerzas armadas como institución. Ellas jugaron un papel decisivo en el derrocamiento de Dilma Rousseff y en el encarcelamiento de Lula, de la mano del anterior comandante en jefe del Ejército, general Eduardo Villas Bôas.

La izquierda brasileña critica con dureza a Bolsonaro y al juez Sergio Moro, ahora ministro, lo cual es acertado. Pero no habla de la comunicación del general el día antes del juicio a Lula, el 3 de abril de 2018: Aseguro a la nación que el Ejército brasileño comparte el deseo y las ansias de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, la paz social y la democracia (https://bit.ly/2q4Iwq9). Fue una presión indebida sobre la justicia, pero representaba la opinión de las fuerzas armadas.

Me interesa constatar dos cuestiones centrales: que los aparatos armados del Estado no han cambiado y no tienen ni la intención ni la posibilidad de hacerlo, y que la izquierda no está debatiendo lo que hacer al respecto.

Sobre la primera cuestión, no podemos engañarnos, ya que el papel de los militares en la sociedad (al igual que si hablamos de las fuerzas policiales) no depende de tal o cual oficial, ni siquiera del gobierno de turno, porque responde a una cuestión estructural. Las fuerzas armadas pueden aceptar la democracia y aún las reglas de las instituciones democráticas, pero no van a cambiar sus modos y harán todo lo posible para neutralizar cualquier actitud del poder político que afecte sus intereses.

Coincido con las afirmaciones del ministro Bayardi en el sentido de la endogamia, como parte de la explicación del continuismo militar respecto a las dictaduras. En Brasil la dictadura terminó en 1985 (casi 35 años de democracia) y el PT gobernó entre 2003 y 2016. En Uruguay la dictadura terminó en 1984 y el Frente Amplio gobierna desde 2005. Ahora se reconoce lo evidente, que no hubo cambios en la mentalidad ni en la actitud de los militares, pese a que ambos gobiernos les han otorgado beneficios materiales importantes, tanto salariales como presupuestales para la modernización de las fuerzas.

La segunda cuestión es la izquierda. El problema es que no debatimos sobre las fuerzas armadas, quizá porque deberíamos entonces discutir sobre las continuidades en la cultura del poder judicial, de la policía, del parlamento, en fin, de todos los estamentos con poder que conforman la sociedad. Y por último terminaríamos debatiendo sobre las y los militantes de izquierda.

Lo más grave, a mi modo de ver, es que no sólo no debatimos sobre los armados sino que tampoco sabemos qué hacer. Los tiempos transcurridos en democracia y bajo gobierno de izquierda son suficientes para hacer balance. La realidad de estos dos países es la misma que la de todo el continente, más allá del color de los gobiernos.

Podemos seguir haciéndonos los distraídos, hasta que la falta de actitud se nos vuelva en contra. El problema de los cuerpos armados, su persistencia en el papel represivo contra los pueblos y poblaciones, nos está hablando de los límites que tiene administrar el Estado.

http://www.jornada.com.mx/2019/05/10/opinion/019a2pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=255831

 

 

Consideremos reflexiones de Raúl Prada Alcoreza. Si bien la  siguiente apreciación sobre los líderes puede ser justa para los gobiernos progresistas de izquierda, no lo es para los K: "No son culpables, como alguna 'izquierda', supuestamente radical los considera, incluso 'traidores'. Son sencillamente otras víctimas de la maquinaria del poder, que se mueve en el círculo vicioso del poder. Es una tontería juzgarlos; es como hacer lo que ellos mismos hacen; juzgar". Los gobiernos K se vertebraron en el partido Justicialista con larga trayectoria neoliberal, represora y transnacionalizadora. Forman parte de la máquina de poder también por entramados mafiosos y económico financieros.

 

Sin embargo, discutamos la validez de otra de sus conclusiones:

"No se puede repetir lo que ya se hizo en el pasado, defender burocracias y gobiernos 

decadentes, que tenían muchas analogías con los gobiernos de la burguesía, salvo el discurso y la ideología; pues este camino es el que conduce a la derrota. La tarea imperiosa es inventar otro camino.

 

Este camino no lo inventa ninguna vanguardia, que es el mito de los revolucionarios del siglo XIX, incluso del siglo XX. Es una construcción colectiva". 

 

 

Más allá del circulo vicioso del poder

3 de junio de 2017

Por Raúl Prada Alcoreza

No podemos dejar de preguntarnos qué es el poder. Cuando nos respondemos, encontrando otras vetas, si bien enriquecemos la comprensión de este fenómeno de las dominaciones, nunca terminamos de estar satisfechos, pues aparecen otras vetas. No se trata de juzgar a los que están en el poder, mucho más si llegaron por el camino de las movilizaciones sociales, que los empujaron donde están. Los gobernantes no se dan cuenta de lo que pasa; están muy adentro de la burbuja de la ceremonialidad del poder, rodeados de aduladores y zalameros, de los que informan de lo bien que va todo, a pesar, de que se encuentran en situaciones difíciles, comprometedoras y complicadas. Los gobernantes ven el mundo en la imagen en el espejo de su propio rostro, se sus propias creencias, en realidad, prejuicios. Creen, por ejemplo, que el país es como una reunión sindical, que se puede manejar por acuerdos antelados o entre los pasillos. El sindicato es parte del país, pero no puede ser, de ninguna manera algo parecido al país.

No son culpables, como alguna “izquierda”, supuestamente radical los considera, incluso “traidores”. Son sencillamente otras víctimas de la maquinaria del poder, que se mueve en el círculo vicioso del poder. Es una tontería juzgarlos; es como hacer lo que ellos mismos hacen; juzgar. Por ejemplo, dicen los que no están conmigo están con el enemigo, la “derecha”, el imperialismo. Juzgarlos es no salir del círculo vicioso del poder, repetir los mismo, la pelea por las verdades; quién tiene la verdad; quién es el juez. No se trata de eso, sino de salir del círculo vicioso del poder, de los juegos de poder, de los juegos de verdad.

Partir que no hay verdad, sino correlaciones de fuerza; que hay dominaciones, por lo tanto, dominadores y dominados, sobre todo, dominadas. Que para quebrar, desmantelar, destruir, estas dominaciones es menester desmantelar y destruir el poder, como nos han enseñado los indígenas mayas zapatistas. Que no es el camino llevar a las “vanguardias” al poder, pues se convierten en las nuevas élites gobernantes y en los nuevos ricos. Salvo, la excepción que confirma la regla, la única revolución socialista en pie, la revolución cubana. Esto se debe a la excepcionalidad de un pueblo heroico, que tuvo la virtud, el coraje y la consistencia de pelear durante largo tiempo contra la intervención imperialista; también se debe a que el partido conductor, que es el partido comunista cubano fue consecuente, militante, sin discutir si estaba en la correcta apreciación del mundo y de la revolución y en la interpretación marxista adecuada. Lo que llama la atención de la revolución socialista cubana, a diferencia del resto de las revoluciones socialistas, y obviamente, no está de más está decirlo, de las reformas populistas, que se llaman exageradamente “revoluciones”, es su contenido ético. La relación entre ética y política es fundamental en la persistencia y la continuidad de la revolución. Lastimosamente este atributo, de esta relación producente, no la tienen el resto de las revoluciones. Parece que la historia se mueve por excepciones, no, como han creído las ciencias sociales, por generalizaciones.

 

El problema, en la coyuntura álgida que vivimos, la decadencia de los “gobiernos progresistas”, es ¿cómo continuamos con la lucha? ¿Cómo seguimos adelante con las conquistas logradas y los procesos políticos abiertos? Está claro que  no puede ser con los “gobiernos progresistas”, que ya encontraron su límite y, desde ahí, su regresión y decadencia. Han dado lo que podían dar. No se trata, de ninguna manera, de volver a la rutina de los gobiernos de las oligarquías, que, fuera de formar parte del círculo vicioso del poder, nunca tuvieron la gracia de la convocatoria popular, como la tuvieron los gobiernos del nacionalismo revolucionario y los “gobiernos progresistas”.  Sino, se trata de retomar el impulso y seguir de manera permanente con las transformaciones iniciadas. Para esto, no se puede repetir lo que ya se hizo en el pasado, defender burocracias y gobiernos decadentes, que tenían muchas analogías con los gobiernos de la burguesía, salvo el discurso y la ideología; pues este camino es el que conduce a la derrota. La tarea imperiosa es inventar otro camino.

 

Este camino no lo inventa ninguna vanguardia, que es el mito de los revolucionarios del siglo XIX, incluso del siglo XX. Es una construcción colectiva. Todos tenemos que aprender y aprehender. Los gobernantes de los “gobiernos progresistas” nos enseñaron lo que no se debe hacer; ahora, pueden irse a su casa; fuera de que cumplieron su papel en la convocatoria inicial y en las medidas inaugurales del proceso de cambio.  Ahora toca la pedagogía política; el pueblo tiene que aprender a autogobernarse y auto-gestionar.

No está en juego aquí una banalidad de como si se quedan o no en el poder. Lo que está en juego es continuar con la lucha; pues no hay fin de la historia. No son el fin de la historia las formas gubernamentales del Estado liberal, como creía Francis Fukuyama; tampoco, los gobiernos socialistas del siglo pasado, menos los “gobiernos progresistas”. Lo que está en juego es cómo saltamos el límite y el obstáculo político e histórico de tomar el poder para transformar, pues ya aprendimos que esta toma del poder es como un bumerang; no se toma el poder, es el poder el que toma, convirtiendo a los “revolucionarios” en engranajes del poder. Saltar estos obstáculos, como dijimos, no es una tarea de vanguardias, sino de la construcción de consenso, con el pueblo y sus formas de organización y deliberación, incluyendo nuevas formas de deliberación. Dependemos, en este caso, de los avances y alcances de la pedagogía política.

 

Oponerse a esta tarea imprescindible a nombre de la defensa del “gobierno progresista”, es convertirse en un obstáculo político, social y cultural, para seguir adelante. Ya no se puede repetir la historia, mejor dicho las tragedias y dramas de la historia; las paradojas de las revoluciones. No se puede seguir apostando a nuevas derrotas; no hay tiempo que perder, ante la envergadura de la crisis ecológica. O los pueblos aprenden a liberarse de los fetichismos ideológicos, de las capturas de las mallas institucionales, que los subalternizan, o seguimos en lo mismo, en el círculo vicioso del poder.

 

Obviamente, esta no es una tarea fácil, nos enfrentamos a algo nuevo, inédito; así como los bolcheviques se enfrentaron con la revolución de octubre de 1917. Ni sabemos qué va a pasar si lo logramos. Sin embargo, al salir del círculo vicioso del poder nos abrimos a otros horizontes  civilizatorios. Vale la pena hacerlo entonces; no hay peor derrota que no haberlo intentado.

 

El proyecto libertario en Abya Yala es cerrar la caja de Pandora abierta por los americanos, es decir, las poblaciones del continente, después de la conquista; esta caja de pandora es la civilización moderna y el sistema-mundo capitalista, desatada por los mexicanos, después de la conquista de Tenochtitlan. Esto implica, primordialmente, descolonización; en sentido efectivo, radical, no discursivo. Es decir, retomar las confederaciones de pueblos de Abya Yala. En otras palabras y acudiendo a las consecuencias de lo que decimos, retomar la civilización ecológica del continente, en sustitución de la civilización de la muerte, que es la del sistema-mundo capitalista. En tercer lugar, es convocar a todos los pueblos del mundo a hacer lo mismo.

 

Conformar una gobernanza mundial de los pueblos, basada en autogobiernos autogestionarios de los pueblos.

Aunque parezca utópico, no es imposible. Están, como decían los marxistas, las condiciones objetivas dadas. Están a nuestro alcance las ciencias y tecnologías, que corresponden al intelecto general; de ninguna manera es propiedad privada. Es herencia de la humanidad. Más bien, hay que liberar a las ciencias y tecnologías de las camisas de fuerza impuestas por el sistema-mundo capitalista, que las ha convertido en instrumentos de la acumulación. Siguiendo con esta argumentación conocida, lo que se requiere es lograr las condiciones subjetivas; esto es, que los pueblos crean en sí mismos y no busquen representantes ni “vanguardias”. Cosa del pasado.

 

Este cuadro, por cierto, panorámico, nos muestra claramente que no se puede seguir insistiendo en defensas de formas gubernamentales clientelares, que no dejan de formar parte de la heurística de las máquinas de poder. Al poder, en sentido estructural, no le interesa si los gobiernos que forman parte de su heurística sean de “izquierda” o de “derecha”; lo que le importa es seguir funcionando como poder, como estructuras y diagramas de relaciones de fuerzas.

 

Por eso, la compulsa, lastimosamente sin debate, en la coyuntura decisiva, es crucial. Las fuerzas, sobre todo, indígenas y juveniles, de los movimientos sociales-antisistémicos del presente, presionan, en  el umbral histórico, para abrir otros horizontes e invitar mundos alternativos. Por otro lado, las fuerzas de la inercia de la civilización moderna, sean de “izquierda” o de “derecha”, pugnan por seguir en el mismo juego de poder, repitiendo o redundando variadamente las mismas tramas del circulo vicioso del poder.

Fuente: https://voluntaddepotencia.wordpress.com/2017/06/03/mas-alla-del-circulo-vicioso-del-poder/

 

Insistamos con lo señalado por Raúl Prada Alcoreza: "nos muestra claramente que no se puede seguir insistiendo en defensas de formas gubernamentales clientelares, que no dejan de formar parte de la heurística de las máquinas de poder. Al poder, en sentido estructural, no le interesa si los gobiernos que forman parte de su heurística sean de izquierda o de derecha; lo que le importa es seguir funcionando como poder, como estructuras y diagramas de relaciones de fuerzas".

 

Las últimas corresponden esencialmente al modelo extractivista exportador que todos los gobiernos progresistas y neoliberales del Abya Yala no sólo promovieron sino que lo impusieron contra las resistencias de las comunidades de las oficializadas como "zonas de sacrificio" y en multiplicación constante.

 

 

Rev. de Inv. Educ. v.8 n.3 La paz dic. 2015

 

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN ORIGINALES

 

Un Estado a la medida del extractivismo 
Las políticas de la «Minería Sustentable» 
impulsadas en América Latina desde 1990

Federico Nacif 
Sociólogo por la Universidad de Buenos Aires Becario CONICET en 
Temas Estratégicos Integrante del Programa Socio Ambiental PIIDISA 
Universidad Nacional de Quilmes. 
Invitado/Invited: 
07/09/2015 Aceptado/Accepted: 15/10/2015

Resumen

Durante la década de 1990, las corporaciones mineras transnacionales relocalizaron geográficamente sus estrategias de exploración y explotación, principalmente hacia América Latina, impulsadas por tres factores relacionados: 1) la creciente demanda de metales (como insumo productivo para la industrialización del sudeste asiático y como reserva de valor especulativo); 2) los nuevos métodos y escalas de explotación (cielo abierto); y 3) el aumento de las restricciones ambientales en muchos países industriales.

Asistidas política, técnica y financieramente por el Banco Mundial, lograron obtener ventajosos y duraderos regímenes de inversión e imponer las reformas institucionales que los nuevos métodos de explotación requieren para su radicación. Esto es, desde un nuevo marco normativo sectorial y la organización territorial y funcional de las dependencias del Estado, hasta la introducción de las nuevas tecnologías de medición, comunicación y generación de datos y la implementación de específicos instrumentos educacionales e informativos acordes a las estrategias de persuasión y control de los conflictos sociales que las consecuencias ambientales pudieran generar.

La forma en que esta rama del capital transnacional operó políticamente para impulsar en la región un acelerado proceso de desposesión puede ofrecernos algunas claves para reflexionar sobre las formas particulares que asumieron los Estados nacionales y las condiciones sociales, ideológicas y políticas de la dependencia extractivista.

Introducción

En el contexto de apertura y liberalización económica de la década de 1990, el Banco Mundial impulsó sobre varios países de América Latina una serie de reformas normativas e institucionales acordes a las necesidades de la gran minería transnacional y su estrategia expansiva de carácter global. En términos generales, los nuevos esquemas regulatorios debían garantizar el libre acceso y la propiedad sobre los yacimientos mineros, la introducción de nuevas tecnologías de generación y comunicación de datos geológicos y el diseño de las estrategias de persuasión y control de los conflictos socio-ambientales que los nuevos métodos y escalas de explotación pudieran generar.

A estas reformas normativas e institucionales (superestructurales), se sumó una serie de iniciativas tanto estatales como corporativas, orientadas a garantizar, por un lado, la infraestructura necesaria para la exportación de las materias primas en general (condiciones materiales) y, por otro, los esquemas de percepción social necesarios para la efectiva radicación y sostenibilidad de los nuevos mega emprendimientos mineros (condiciones subjetivas). En conjunto, se trataba de poder implementar de manera coordinada en cada territorio nacional una serie de "instrumentos para el cambio" organizados en torno a tres áreas principales de intervención: 1) instrumentos legislativos, normativos y jurídicos; 2) instrumentos financieros y de mercado; 3) instrumentos educacionales y de información. Sólo así los grandes capitales mineros transnacionales pudieron imponer en la región efectivos regímenes de propiedad, inversión, explotación y comercialización a la medida de sus necesidades. Regímenes mineros que -con importantes excepciones como Venezuela y Bolivia- continúan vigentes en gran parte de los países de la región. Una operación ideológica fue crucial para el éxito global de estas políticas: la sustentabilidad deja de ser comprendida como un límite natural para el desarrollo productivo; por el contrario, el desarrollo productivo debe incorporar a la naturaleza en su propia lógica de valorización para poder ser verdaderamente sostenible.

A partir del análisis de documentos institucionales oficiales, emitidos por organismos internacionales tanto públicos como corporativos, vinculados directa e indirectamente con la promoción y la regulación de la mega minería en América Latina, se propone reflexionar sobre la forma particular que adoptaron los Estados nacionales de la región durante la larga etapa de acumulación por desposesión que supuso el neoliberalismo. En otras palabras, se trata de indagar el particular proceso histórico por el que determinada subclase social dominante (el empresariado minero transnacional) logró acceder y apropiarse de nuestros bienes naturales comunes y disponerlos de manera estable y legítima, tanto para la especulación inmobiliaria y financiera como para la producción y exportación de insumos industriales en forma de commodities, alcanzando o consolidando una posición hegemónica al interior de los bloques sociales dominantes21. Se pretende, de esta forma, aportar elementos a los debates sobre las condiciones sociales, ideológicas y políticas que sostienen en nuestros países la inserción dependiente al mercado mundial a partir de perfiles productivos predominantemente rentísticos y extractivistas.

 

América Latina 1990: nueva mega minería, vieja inserción mundial

Bajo el modo de producción capitalista, la necesidad de reproducción ampliada de los países industriales lleva a la configuración de una división internacional del trabajo que se asienta sobre relaciones de dominio y subordinación entre naciones formalmente independientes (Marini, 2007). Sin embargo, esa división internacional del trabajo adquiere distintas características en los distintos períodos históricos.

A partir de la década de 1970, los capitales de los países centrales bajo la hegemonía del sector financiero respondieron a la caída de la tasa de ganancia abandonando los acuerdos monetarios y regulatorios de posguerra (Bretton Woods) y migrando a la periferia los tramos productivos más intensivos en mano de obra. De esta forma, la internacionalización segmentada de los procesos productivos y las consiguientes políticas de apertura económica y flexibilización laboral impulsadas por los organismos internacionales a nivel global, llevaron a los países manufactureros del sudeste asiático a iniciar un intenso proceso de industrialización, con base en bajos salarios y la incorporación de inversiones extranjeras, pero también de una activa política de planificación estatal en inversiones productivas y desarrollo científico-tecnológico22.

Desde entonces, el comercio mundial se articula en tres grandes bloques regionales -EEUU, Europa y Asia del Este- configurando una nueva división internacional del trabajo. La relación entre centro y periferia, tradicionalmente complementaria, asume ahora una lógica crecientemente competitiva, que se expande incluso al interior mismo de la periferia, donde las burguesías locales, carentes de un sistema industrial desarrollado, tienden a dirigir el grueso de sus inversiones a las actividades que las necesidades de reproducción de los grandes capitales transnacionales vuelven redituables (Arceo, 2011).

En cuanto al lugar de América Latina, las burguesías "nacionales" se incorporaron en forma subordinada a las redes del capital transnacional, consolidando estrategias de acumulación predominantemente financieras, que derivaron en fuertes procesos de desindustrialización y produjeron, en muchos casos, graves crisis económicas y de representación política. Sin embargo, con la recuperación económica de principios del siglo XXI, dada por la mejora en los términos de intercambio a favor de los insumos y alimentos que demanda la industrialización de Asia, los sectores dominantes promueven la inserción primaria de las economías locales y la competencia interestatal por la captación de mayores porciones de inversiones extranjeras directas (IED). Independientemente de las nuevas alianzas políticas regionales -con excepción de Venezuela, Bolivia y, en parte, de Ecuador- los regímenes de propiedad e inversión en recursos naturales implementados durante la década de 1990 continúan vigentes en casi todos los países de la región.

El capital trasnacional, por su parte, despliega en el contexto actual una estrategia global de provisión de insumos23. En su búsqueda sistemática por reducir los costos de producción y contrarrestar la tendencia a la sobreacumulación, las empresas extractivas presionan por acceder a las fuentes de materias primas, configurando así nuevos ordenamientos espaciales (Harvey, 2004). Las grandes empresas mineras, en particular, relocalizaron geográficamente sus inversiones en exploración y explotación de yacimientos mineros metalíferos, principalmente hacia América Latina. Y lo hicieron con la asistencia directa de diversos organismos internacionales (en especial el Banco Mundial) y de los Estados de sus países de origen (en especial el Estado canadiense), ingresando así en una nueva fase de acumulación por desposesión (Munarriz, 2008; Gordon y Webber, 2008).

Desde 2010 América Latina es la región de mayor crecimiento de IED a nivel mundial, destinada sobre todo a exploración y explotación de recursos naturales. En América del Sur, el sector primario pasó de explicar el 3 3 % del total de IED recibidas entre 2005 y 2009 al 43% de las recibidas en 2010 (CEPAL, 2012). En cuanto a la mega minería metalífera en particular, América Latina muestra desde fines del siglo pasado un notable incremento en las inversiones recibidas para la exploración y explotación en gran escala. En particular los países de América del Sur, que sólo entre 1990 y 2001 pasaron de representar el 18% del total de inversiones mineras a ser el principal destino mundial con el 39% (Bridge, 2004: 411). El desarrollo de nuevos métodos de explotación (cielo abierto), de mucha mayor escala e inversión fija que los tradicionales, fue posible por el nivel de rentabilidad alcanzada en el nuevo contexto mundial, pero también por las "condiciones ambientales menos sensibles" que, según la CEPAL,gozaría nuestra región en comparación con varios países industrializados. De esta forma, los presupuestos de exploración en América latina y el Caribe se multiplicaron más de cinco veces entre 2003 y 2010, pasando de 566 millones a 3.024 millones de dólares anuales (CEPAL, 2013: 26-28)24.

El rol evidentemente subordinado de las economías latinoamericanas al mercado mundial puede rastrearse en los propios documentos oficiales emitidos por las más altas esferas estatales de los países centrales. En septiembre de 2011, el Parlamento Europeo detalló en una resolución oficial la que considera "una estrategia eficaz para Europa en relación con las materias primas" (2011/2056 INI). Allí reconocieron la imperiosa necesidad de un "suministro suficiente de materias primas", cuyo costo relativo es "notablemente mayor que el porcentaje referente a la nómina de los trabajadores". "Considerando que en muchos países en desarrollo la explotación de los recursos naturales no ha sido aprovechada", propusieron -dentro de una extensa lista de medidas- una cooperación estratégica entre la UE, los EE.UU. y Japón con miras a una "vigilancia mundial de las materias primas" (Parlamento Europeo, 2011), la creación en la Organización Mundial del Comercio de un "instrumento de control de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de materias primas" y el establecimiento en el seno del G-20 de un "Consejo de Estabilidad sobre las Materias Primas y las Tierras Raras". Al igual que los Estados Unidos, identifican las necesidades particulares del gran capital con los principales problemas de seguridad y defensa nacionales y regionales.

En la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos correspondiente al año 2010, se advierte sobre la necesidad de "mantener el acceso a las materias primas y recursos escasos", por lo que el Estado norteamericano se adjudica "el derecho de actuar unilateralmente, si fuera necesario, para defender nuestra nación y nuestros intereses" (U.S. National Security Strategy, 2010: 22). Previamente, el Servicio Nacional de Geología había desarrollado las razones económicas y políticas de fondo: "El uso y la competencia por los recursos naturales en escala global y las amenazas naturales a estos recursos, tiene el potencial de impactar sobre la capacidad de la nación para sustentar su economía, la seguridad nacional, la calidad de vida y el ambiente natural" (U.S. Geological Survey Science, 2007).

En cuanto a la República Popular de China, finalmente, ésta incrementó sus relaciones comerciales con América Latina de manera drástica, pasando a ocupar en los últimos años los primeros lugares como importador de materias primas y exportador de manufacturas industriales en casi todos los países de la región25. En respuesta a este fenómeno, el gobierno chino aprobó por primera vez, en noviembre de 2008, un documento que sintetiza (con otro estilo) su nueva política hacia América Latina y El Caribe: "siguiendo invariablemente el camino del desarrollo pacífico y la estrategia de apertura basada en el beneficio recíproco y la ganancia compartida, China, el mayor país en vías de desarrollo del mundo, está dispuesta a desarrollar la amistad y la cooperación con todos los países [de la región]" (citado en Bruckmann, 2012:118).

En definitiva, los Estados de los principales bloques regionales del comercio mundial asumen como propias las necesidades de reproducción ampliada del capital trasnacional, condicionando las relaciones de producción de la periferia. Los países de América Latina, por su parte, se especializan como proveedores de materias primas a partir de la explotación de sus ventajas naturales, configurando alianzas subordinadas con los grandes capitales transnacionales que bloquean sistemáticamente el desarrollo de las propias fuerzas productivas.

Sin embargo, las distintas ideologías desarrollistas, principal expresión política de esta impotencia histórica, identifican linealmente el desarrollo de las capacidades productivas nacionales con la expansión de las burguesías locales, que en su condición de periféricas subordinan sus intereses a las actividades que las cambiantes necesidades de reproducción de los capitales centrales vuelven redituables. Es por ello que, en las distintas etapas de la economía mundial, y con distinta suerte, estas burguesías nacionales buscaron sintetizar sus proyectos estatales reeditando periódicamente la fórmula tradicional de "orden y progreso" (Oszlak, 1997). Según esta máxima del positivismo decimonónico, sólo la endémica falta de orden social puede explicar la falta de progreso económico que acosa a los países de nuestra región26. En la actual etapa, los distintos organismos vinculados con la promoción de la mega minería -internacionales y nacionales, públicos y corporativos- también recurren a esta fórmula tradicional, tanto para justificar la necesidad de las reformas superestructurales como para explicar luego la falta de desarrollo estructural prometido.

El análisis de la forma histórica concreta con que los capitalesminerostransnacionales operaron políticamente (o en términos clásicos, extraeconómicamente) para impulsar en la región un proceso de desposesión e imposición de las nuevas condiciones de producción de la nueva rama productiva extractiva (la mega minería metalífera), puede ofrecernos algunas claves para reflexionar sobre las formas particulares que asumieron los Estados nacionales y las determinaciones sociales, ideológicas y políticas de los regímenes de acumulación de la periferia latinoamericana.

Neoliberalismo y Estado instrumental

En el contexto de la segunda posguerra mundial, los Estados de América Latina apoyados por los organismos internacionales (principalmente la UNESCO), realizaron una serie de nacionalizaciones de importantes yacimientos mineros, guiados por los objetivos desarrollistas de reorientar una parte de esa renta diferencial hacia un proceso nacional de acumulación de capital27. De esta forma, el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), dirigido por las nuevas burguesías industriales locales subordinadas al capital productivo transnacional28, necesitaba de Estados capaces de aplicar aranceles de importación y transferir los excedentes del sector primario tradicional, garantizando la infraestructura necesaria, la represión de los costos laborales y el abastecimiento de recursos naturales en forma de materia prima. Sin embargo, luego de la "década perdida" de 1980, signada por la estatización de la deuda externa privada y los graves procesos inflacionarios, la dependencia respecto de los organismos internacionales para mantener el pago de los servicios dio lugar a las reformas estructurales impulsadas por el Consenso de Washington. En el nuevo contexto, las medidas de apertura y desregulación económicas y, particularmente, la masiva privatización de activos públicos destinada al pago de la deuda (incluidos los principales yacimientos, empresas, institutos y laboratorios mineros), sentaron las bases para la radicación de las grandes corporaciones mineras en pleno proceso de relocalización geográfica.

De esta forma, el mayor peso relativo del capital transnacional al interior de los bloques de clases dominantes de América Latina redujo las estrategias de acumulación de las burguesías locales a un sistemático ofrecimiento de todos los recursos económicos, sociales y naturales para la radicación de las inversiones extranjeras directas.

Según Hirsch, una nueva lógica de competencia por la atracción de crecientes porciones de la IED total regiría la acción de los Estados en la actualidad, que de esa forma se verían obligados a garantizar las mejores condiciones de revalorización posibles (Hirsch, 1999)29. Desde las antípodas ideológicas, llamativamente, el entonces director de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, Fernando Sánchez-Albavera, utiliza esa misma relación causal entre condiciones de producción y destino de las IED para explicar que la actual "competitividad internacional de la región" es el resultado de "las reformas mineras que se pusieron en marcha en los años noventa del siglo pasado" (Sánchez Albavera y Lardé, 2006: 10)30. Entre las grandes corporaciones mineras transnacionales, en cambio, habría "predominado la idea de establecer alianzas estratégicas" basadas en fusiones y adquisiciones por parte de las principales empresas del mundo y la firma de numerosos acuerdos con empresas nacionales (joint ventures) a cambio del acceso a las concesiones mineras y las garantías básicas de la comercialización (ídem: 47). En otras palabras, mientras los capitales individuales (en este caso, mineros) habrían dejado de competir entre sí por el acceso a los mejores yacimientos, los Estados nacionales se ven obligados a competir entre sí para atraer la mayor porción de IED minera, incorporando regímenes de inversión y sistemas jurídicos administrativos favorables al gran capital. Holloway va incluso más allá en este argumento, al sintetizar el dilema de los actuales Estados nacionales con la máxima neoliberal desregulación o crisis: "Los Estados compiten para atraer y retener una porción del capital a través de la creación de condiciones favorables para la acumulación de capital o se caen en crisis y caos" (Holloway, 2001: 66).

Según este tipo de interpretaciones, los esquemas legales e institucionales favorables a los intereses del gran capital trasnacional, lejos de ser un simple epifenómeno de la base económica o aún un instrumento de la clase o fracción de clase dominante, serían una suerte de obligación de la forma Estado en la actual etapa post-fordista para inmovilizar al capital global en determinado territorio y evitar así caer en peligrosas crisis fiscales. Una suerte de reedición del tradicional orden y progreso, ahora de nivel global.

Sin embargo, el reciente proceso de relocalización geográfica de la mega minería metalífera hacia América Latina nos muestra un vínculo inverso de esta relación causal. Al describir las causas de la relocalización minera, el mencionado informe de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL contradice su propia interpretación:

los cambios tecnológicos han permitido la revalorización de depósitos que no eran rentables con las tecnologías convencionales, lo que junto con las fuertes restricciones ambientales en los países desarrollados, han inducido a una relocalización de la oferta mundial, sea para reducir los costos promedios de explotación dentro de las estrategias globales o para realizar operaciones en condiciones ambientales menos sensibles o más favorables. (Sánchez-Albavera y Lardé, 2006: 44, los resaltados son nuestros)

La estrategia de acumulación por desposesión del gran capital minero transnacional, por lo tanto, llevó a las principales empresas mineras del mundo a instalarse en los países de América Latina ricos en minerales metalíferos que, desde mediados de los años 1970, habían adoptado regímenes de acumulación predominantemente financieros. Una vez instaladas, ejercieron todo su poder político (a través de sus propios agentes de lobby, de sus Estados de origen y de los organismos internacionales relacionados con la promoción minera) para diseñar los marcos normativos y regulatorios a la medida de sus necesidades. Sin embargo, este carácter instrumental con que el gran capital minero transnacional definió las complejas superestructuras jurídicas e institucionales nacionales no es esencial. Expresa, por el contrario, la forma históricamente particular con que se condensan las relaciones de fuerza al interior del bloque social dominante y en el conjunto social (Poulantzas, 1979).

Más que una nueva forma estatal, la competencia de los países periféricos por la captación de IED no expresa más que la actual estrategia del capital transnacional y las burguesías periféricas subordinadas, para diseñar en los países dueños de recursos naturales los esquemas normativos e institucionales a su imagen y semejanza.

Involucrado directamente en diversos proyectos mineros de la región a través de la Corporación Financiera Internacional (en inglés IFC) y de la Agencia de Garantía de la Inversión Multilateral (en inglés MIGA)31, el Banco Mundial fue el organismo internacional encargado de impulsar el conjunto de "evaluaciones sectoriales" y "recomendaciones políticas" tendientes a alcanzar lo que consideraba "Una estrategia minera para América Latina y el Caribe"32. De esta forma, la nueva estrategia del gran capital minero sobre los países de América Latina, se proponía establecer las condiciones de apropiación y explotación de los yacimientos metalíferos, realizando en el plano normativo e institucional la violenta desposesión sobre los bienes comunes impulsada en la región desde mediados de los años 1970. Para ello, se conformó equipos evaluadores multidisciplinarios que, en función de las particularidades sectoriales históricas de cada país, diseñaron las reformas necesarias para crear los nuevos marcos normativos e institucionales que las nuevas condiciones de explotación y negocios requerían para su efectiva relocalización geográfica.

En toda sociedad capitalista, la reproducción de las relaciones de explotación económica y dominación política requiere de una superestructura jurídica e institucional separada de la actividad cotidiana de los capitalistas individuales, que garantice las condiciones materiales y sociales de reproducción pero bajo la apariencia de una igualdad formal entre propietarios de mercancías que concurren libremente al mercado (Hirsch, 1977). Sin embargo, esta forma Estado inherente al surgimiento y expansión del modo de producción capitalista, desarrolla una serie de funciones básicas tendientes a satisfacer los requisitos histórica y geográficamente particulares de la acumulación de capital (Altvater, 1977). En términos generales, estas funciones estatales básicas procurarían garantizar: a) las condiciones generales de producción (infraestructura y recursos naturales); b) las condiciones legales de producción (burocracia y sistema jurídico); c) la regulación y represión de los conflictos de clases (monopolio de la fuerza); y d) la expansión del capital local en el mercado mundial (relaciones internacionales)33. En este sentido, la forma particular con que un sector determinado del gran capital transnacional impulsa este conjunto de funciones a la medida de sus propias necesidades, puede valer como indicador del grado de su hegemonía económica y como aproximación hacia los rasgos principales del régimen de acumulación vigente.

En lo que al gran capital minero transnacional respecta, la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL describe los cuatro requisitos que habrían sido determinantes para la radicación de las inversiones mineras "de estrategia global":1) la efectiva disponibilidad de las reservas (seguridad jurídica), 2) reducidos costos de explotación que garanticen la competitividad territorial (beneficios fiscales estables, bajos costos laborales), 3) la dimensión de las operaciones que requiere la participación en el mercado global, y 4) la especialización en uno de los eslabones de la cadena de valor de la empresa minera global (abastecimiento, concentración, fundición o refinación). De esta forma, los Estados de los llamados países mineros deberían garantizar los puntos 1 y 2 (por medio de reformas normativas, institucionales y de infraestructura) y adaptarse a los requerimientos 3 y 4 para convertir sus ventajas naturales en ventajas competitivas, asumiendo como propio el objetivo de las empresas: "lograr una posición más competitiva en el mercado mundial de minerales y metales" (Sánchez-Albavera y Lardé, 2006: 17-19).

La estrategia global del gran capital minero supone así la existencia de un andamiaje jurídico supranacional (Hardt y Negri, 2002), pero que sin embargo se apoya sobre una suerte de división internacional de las funciones estatales relegando a los poderes públicos de la periferia a cumplir una función administrativa meramente instrumental.

La estrategia extractivista: concesionar la naturaleza

Una mirada más detallada sobre las reformas mineras impulsadas por los organismos internacionales (públicos y corporativos) sobre varios países de la región durante la década de 1990, puede ofrecernos elementos claves para nuestro análisis. En cuanto a las reformas normativas diseñadas por el Banco Mundial para los reforming countries, éstas se orientaron fundamentalmente a garantizar:

1.   El acceso a los recursos mineros: simplificando los procesos de adjudicación34, modernizando el servicio catastral y geológico y limitando las restricciones públicas;

2.   La propiedad sobre los yacimientos mineros: asegurando su carácter transferible e hipotecable y reduciendo al mínimo las causas de caducidad;

3.   La libre movilidad del capital: eliminando todo tipo de control externo sobre el mercado cambiario y las exportaciones; y

4.   La estabilidad de las inversiones: reduciendo al mínimo y fijando la carga impositiva relativa a la importación de maquinaria, ganancias, royalties e IVA.

Por su parte, las reformas institucionales se dirigieron al fortalecimiento y capacitación de un nuevo sector público minero que, bajo el principio de neutralidad administrativa, elimine la discrecionalidad de la política sobre los recursos públicos y sea capaz de:

1.   Promover y proteger las inversiones del sector privado,

2.   Administrar los nuevos derechos mineros adquiridos,

3.   Proporcionar la información geológica básica, y

4.   Asegurar la sostenibilidad de las inversiones, evaluando los daños ambientales y las eventuales consecuencias sociales.

Según el propio Banco Mundial, el éxito de las "reformas macroeconómicas y sectoriales" de la primera mitad de los años 1990 se correspondía con el "aumento de la inversión privada en exploración y extracción en varios países de América Latina y el Caribe". A partir de ese momento, cada Estado debía consolidar e institucionalizar la nueva situación económica: "Lo importante ahora es convertir este boom de exploración en un desarrollo minero sostenible" (World Bank, 1996: xiii)35.

A estas reformas superestructurales, se sumó luego una serie de iniciativas públicas y corporativas orientadas a garantizar, por un lado, la infraestructura necesaria para la exportación de las materias primas en general, y por otro, los esquemas sociales de percepción sobre la actividad de la mega minería y su elevado impacto eco-territorial, necesarios para lograr la aceptación de los nuevos métodos y escalas de explotación, es decir, aquello que las empresas llaman licencia social:

1) Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA):

Anunciado a fines del año 2000 por los presidentes de América del Sur y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, el programa se propuso rediseñar las fronteras internas del subcontinente a partir del desarrollo de la infraestructura regional (transporte, energía y comunicaciones) necesaria para garantizar la extracción y exportación de las materias primas con destino al mercado mundial (Ceceña, Aguilar, Motto, 2007)36. En parte, la relevancia de los Ejes Andino y Andino Sur radica en las importantes reservas mineras metalíferas.

2) Minería Minerales y Desarrollo Sustentable (en inglés, MMSD37):

Proyecto encargado en 1999 por las principales empresas mineras del mundo a través del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), en respuesta a los resultados de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 (II Conferencia de la ONU sobre Medioambiente y Desarrollo). En el marco de la Iniciativa Minera Global (GMI), creada en 1998 para definir las nuevas estrategias del desarrollo sostenible, esta "red de redes de la industria minera metalífera" (Antonelli, 2009: 62) se propuso identificar las distintas problemáticas del sector en torno al acceso a los recursos, la producción, el consumo, los mercados y la estructura interna de la gran industria minera. Organizado en cuatro equipos regionales (Sur de África, América del Sur, Australia y América del Norte) encargados de impulsar investigaciones y talleres, produjo en 2002 un informe final denominado "Abriendo Brechas", que junto a los respectivos informes regionales estableció los temas prioritarios que debía enfrentar el sector y las consiguientes "recomendaciones políticas" para su resolución. En términos generales, el informe reconoce la necesidad de impulsar un cambio cultural para revertir la tradicional desconfianza por parte de las "personas con las que [el sector] trata a diario", a partir de una serie de dispositivos de intervención sobre la sociedad civil (comunidades, pueblos indígenas, productores locales), con base en una división del trabajo que asigne nuevos roles a las empresas, al Estado y a las universidades (MMSD, 2002).

En definitiva, según esta visión del desarrollo sustentable, los Estados nacionales deben garantizar la infraestructura necesaria para la efectiva explotación y comercialización de los recursos naturales, de manera tal que el desarrollo de los nuevos proyectos extractivos pueda sostenerse a lo largo del tiempo. Para ello, sin embargo, es necesario invertir los términos de la relación minería/sustentabilidad: el desarrollo sustentable no es más un límite ambiental a la producción minera, sino que la producción minera es ahora una condición económica para el desarrollo sostenible de la región. En palabras del informe MMSD para América del Sur: "Este proyecto no se pregunta por la sostenibilidad de la industria [minera], sino por cómo la industria puede contribuir al desarrollo sustentable de regiones y países mineros" (MMSD América del Sur, 2002: 12).

Según esta operación ideológica, la sostenibilidad de la industria minera (medio ineludible para superar el subdesarrollo) no sólo depende de seguros marcos legales e institucionales y de favorables regímenes de inversión que compitan en la atracción de las inversiones extranjeras, sino también de la capacidad de las empresas transnacionales y los Estados nacionales para regular los conflictos que los nuevos métodos de explotación pudieran generar.

En un estudio reciente publicado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, fueron analizados 50 proyectos extractivos de todo el mundo (17 de ellos localizados en América Latina), para comprender "cómo los conflictos con las poblaciones locales se traducen en mayores costos operacionales para las empresas". De esta manera, los investigadores observaron entre 2001 y 2012 una "creciente tendencia a enfocar las estrategias de lucha en el empleo de la acción directa", tendencia que se muestra con especial nitidez en América Latina. Esta "escalada en violencia de los conflictos -concluye el informe- es una manifestación de la "incapacidad del poder político de mediar entre los actores en oposición". Las consecuencias económicas, por lo tanto, corren el riesgo de volverse estructurales:

ante un eventual escenario conflictivo, las empresas deberán contemplar la asignación de cuantiosos recursos financieros para estar en condiciones de hacer frente a contingencias como retardos denaturaleza logística, la pérdida de productividad asociada a las pausas operacionales voluntarias o impuestas, y la repercusión negativa en el estado moral, físico y psíquico de su personal. (PNAS, 2014)

De esta forma, la lucha de clases bajo el modo de producción capitalista en la actualidad no sólo se expresa, en términos esenciales, a través de la contradicción principal entre capital y trabajo, sino también a través de una segunda contradicción dada entre el capital y la naturaleza (O'Connor, 2002). En términos generales, el modo de producción capitalista presupone la existencia de determinadas condiciones básicas de reproducción: mano de obra disponible (condiciones subjetivas), infraestructura (condiciones generales) y recursos naturales (condiciones naturales). En relación a estas últimas, emerge en la actualidad una nueva tendencia objetiva a las crisis de costos38, originadas por dos situaciones: 1) "cuando los capitales individuales defienden o recuperan ganancias mediante estrategias que degradan las condiciones materiales y sociales de su propia producción", y 2) "cuando los movimientos sociales exigen que el capital aporte más a la preservación y a la restauración de estas condiciones de vida" (O'Connor, 2002: 35).

Es por ello que, mientras los organismos internacionales y los Estados de las principales economías capitalistas del mundo no encaren una costosa reestructuración general que les permita aumentar la productividad y reducir los costos de producción39, los programas de evaluación y gestión de los principales organismos públicos y corporativos vinculados con la actividad minera de estrategia global se especializan en una doble función estatal básica: la administración de las concesiones y la regulación de los conflictos socio-ambientales. Según el proyecto MMSD:

Para implementar los principios del desarrollo sustentable en el sector de los minerales, es necesario elaborar herramientas integradas, capaces de concentrar la atención en esta diversidad de principios y objetivos dentro de una estructura de toma de decisiones manejable. Disponemos de una amplia gama de instrumentos que incluye herramientas reguladoras, financieras, educacionales e institucionales. (MMSD, 2002: xviii)

La visión actualmente dominante de la globalización reconoce ahora un rol activo a los Estados locales y a las instituciones académicas en el diseño de las llamadas políticas públicas, cuya misión sería la de promover o facilitar el derrame económico/tecnológico que las inversiones extranjeras mineras de por sí no generan. A diferencia de la etapa neoliberal, los beneficios de la llamada nueva minería sustentable no pueden quedar librados a las fuerzas del libre mercado, sino que dependerán en cada caso de la eficiencia de las políticas públicas diseñadas. Es por ello que, entre los principales instrumentos de intervención diseñados por el proyecto MMSD destacan los "instrumentos educacionales", cuya ventaja principal "es su capacidad para generar conciencia" (MMSD, 2002: 37). En este sentido, a fines de 2007, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), con el soporte institucional del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI)40, aprobó la conformación de una red temática para la "Prevención, Gestión y Manejo de Conflictos para el Desarrollo Industrial Sostenible de laMinería en Iberoamérica" (GECOMIN). Conflictos socio-ambientales que, si bien no resultan "una novedad, sobre todo en los países latinoamericanos, [...] su relevancia y complejidad ha aumentado en los últimos años perjudicando el desarrollo de grandes operaciones mineras" (www.gecomin.org).

Bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), las corporaciones dedicadas a la explotación en gran escala de recursos naturales desarrollaron múltiples mecanismos de gestión socio-ambiental con el objetivo de acceder a los bienes naturales comunes, atendiendo por momentos algunas de las demandas más inmediatas de las comunidades aledañas para evitar los costos y los riesgos (tanto económicos como políticos) de la abierta represión. La contracara de los regímenes legales e institucionales diseñados por el Banco Mundial para el sector minero durante la década de 1990 es, por lo tanto, una estrategia empresarial de atomización de la participación social reducida a los niveles municipales o comunales. El éxito de estos esquemas, sin embargo, no radica en los crecientes volúmenes de inversión extranjera minera (causa de las reformas más que resultado), sino fundamentalmente en la efectiva transformación histórica de los bienes naturales comunes en propiedades mineras concesibles.

 Consideraciones finales

En términos generales, podemos sintetizar la dinámica actual de la siguiente manera. Los Estados de los principales bloques regionales del comercio mundial asumen las necesidades de reproducción ampliada del capital trasnacional, buscando nuevas ordenaciones espaciales para contrarrestar la tendencia a la sobreacumulación y revertir la caída de la rentabilidad a partir del acceso a las fuentes de materias primas. Por su parte, la inserción de los países de América Latina como proveedores de materias primas (ventajas naturales), en alianza subordinada con los grandes capitales transnacionales, les impide impulsar y orientar el desarrollo de sus propias fuerzas productivas. Las distintas ideologías desarrollistas, principal expresión política de esta impotencia, asocian el desarrollo de las capacidades productivas nacionales con la expansión de las burguesías locales, que en su condición de periféricas subordinan sus intereses a las cambiantes necesidades de reproducción ampliada del capital transnacional.

En realidad, más que una nueva forma Estado, la competencia entre los Estados de la periferia por la captación de IED no hace más que expresar la actual estrategia de acumulación del capital transnacional y las burguesías locales subordinadas para diseñar en los países dueños de recursos naturales los esquemas normativos e institucionales a su imagen y semejanza. En otras palabras, el carácter instrumental con que el capital transnacional define las complejas superestructuras jurídicas e institucionales nacionales, expresa la forma histórica particular con que las relaciones de fuerza entre las distintas clases y fracciones de clases se condensan y constituyen en cada país los bloques económica e ideológicamente hegemónicos.

En relación a estas formas particulares de Estado, debe estudiarse sus funciones históricamente determinadas, a partir del desarrollo concreto de las relaciones y las luchas de clases, "mediadas por las transformaciones en la base económica y las condiciones para asegurar la dominación política de la burguesía resultantes" (Hirsch 1977: 82). Y si bien en la etapa actual la estrategia global del gran capital supone la existencia de una superestructura jurídica e institucional supranacional, ésta se apoya sobre una suerte de división internacional de las funciones estatales básicas, que relega a los poderes públicos de la periferia a una función meramente administrativa, es decir, cada vez menos representativa de los conflictos sociales nacionales concretos.

En la actual etapa del capitalismo, por último, la lucha de clases no sólo se desarrolla esencialmente a partir de la contradicción capital/trabajo, sino también a través de una segunda contradicción dada entre el capital y la naturaleza, produciendo una tendencia objetiva a reiteradas crisis de costos originadas tanto por la degradación de las condiciones naturales de reproducción, como por las exigencias de preservación ambiental por parte de los movimientos sociales (O'Connor, 2002). De tal forma, los programas de evaluación y gestión de los principales organismos públicos y corporativos vinculados (directa e instrumentalmente) con la actividad minera de estrategia global se especializan en la función estatal básica de administración de concesiones y regulación de los conflictos territoriales socio-ambientales. Y si bien -como insiste Hirsch- sólo un aparato estatal relativamente autónomo sería capaz de encarar una solución para el capital en su conjunto (Míguez, 2010: 671), podría definirse al neoliberalismo imperante justamente como una forma particular de Estado determinada por una relación instrumental de tipo corporativo, en el que cada sector económico del gran capital transnacional (en nuestro caso el capital minero) instrumenta en cada país los marcos normativos e institucionales a su imagen y semejanza.

En lo que respecta a la nueva mega minería, esa relación instrumental requiere de dos funciones estatales básicas:

1)  la propiedad privada sobre los recursos públicos y sobre la renta diferencial generada, a través de los sistemas de concesiones;

2)  la regulación de los conflictos eco-territoriales producidos por la segunda contradicción entre el capital y la naturaleza.

En cuanto a la primera, su fragilidad es inherente al propio proceso de desposesión. Dentro del más estricto orden burgués, la mayor productividad nacida del empleo de un recurso natural limitado "genera una ganancia extraordinaria que corresponde al propietario del suelo" (Marx, 1959: 601, Tomo III)41. A diferencia de la época de Marx en que la renta de la tierra era apropiada en forma privada por la clase terrateniente (a costa del capital productivo y de los trabajadores), la renta minera valorizada en América Latina por la alta demanda internacional de metales correspondería íntegramente a los Estados propietarios. En este caso, los gobiernos periféricos podrían ejercer esa renta minera a costa de las ganancias extraordinarias de las transnacionales mineras que, por su composición orgánica superior a la media social, proviene del plusvalor producido por la industria demandante de dichos metales. El carácter público de los recursos mineros en toda América Latina (paradójicamente, de herencia colonial) revela que los beneficios del monopolio no son más que una concesión (más o menos legítima) de recursos comunes pertenecientes a toda la sociedad (García Linera, 2015).

En cuanto a la segunda función estatal exigida, las corporaciones mineras transnacionales no pueden regular y administrar los conflictos eco-territoriales sino por medio de las complejas superestructuras jurídicas nacionales, que al mismo tiempo expresan o condensan las luchas de clases regidas por la primera y la segunda contradicción del capitalismo. En las sociedades capitalistas, el derecho consiste en un sistema axiomatizado (conjunto de normas abstractas, generales, formales y estrictamente reglamentadas) que expresa en la superestructura las necesidades particulares de la acumulación, contemplando las posibles transformaciones impulsadas por los cálculos estratégicos de las distintas fracciones del capital (Poulantzas, 1986). La lógica de acumulación predominante, sin embargo, depende a su vez de la correlación de fuerzas sociales y por lo tanto también del grado de fuerza política relativa en que se encuentren los sectores populares. En este sentido, la lógica interna de la superestructura jurídica registra el tipo de alianzas que se articulan al interior del bloque hegemónico, pero también los intereses y fuerzas relativas de los distintos sectores sociales que protagonizan las luchas de clases.

Bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), las corporaciones dedicadas a la explotación en gran escala de recursos naturales desarrollaron múltiples mecanismos de gestión eco-territorial, con el objetivo de acceder a los bienes naturales comunes, atendiendo algunas de las demandas más inmediatas de las comunidades aledañas para evitar los costos (tanto económicos como políticos) de la abierta represión.

A diferencia de los clásicos discursos neoliberales, la llamada nueva minería sustentable sostiene que los "derrames económicos" de los emprendimientos mega mineros no pueden quedar librados a las fuerzas del libre mercado, sino que dependen en cada caso del diseño de políticas públicas específicas. Políticas públicas que, fundamentalmente, puedan evitar el desarrollo de eventuales conflictos socio-ambientales que a la larga pongan en peligro la continuidad de los proyectos extractivos42. Un objetivo general inspira su diseño e implementación: que esas relaciones con el entorno territorial, no generen conflictos socio-ambientales y sobre todo que estos conflictos no se traduzcan nunca en conflictos políticos. De otra forma, la legitimidad de los regímenes de inversión vigentes podría verse seriamente cuestionada.

Más allá del carácter particular que adopta la forma Estado como condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clases, la confluencia de conflictos producidos por las dos contradicciones fundamentales del capital (con el trabajo y con la naturaleza) puede derivar en una pérdida de hegemonía ideológica por parte de las clases económicamente dominantes. En ese caso, en términos de Gramsci, la superestructura podría dejar de corresponderse con la estructura económica vigente, abriendo así un período de crisis orgánica y de cambio social.

Notas

21 Los casos particulares de Argentina y Bolivia representan quizás los ejemplos más paradigmáticos de cada caso. Mientras que en la primera el sector minero tuvo históricamente un peso económico marginal, en la segunda dominó el conjunto de la economía nacional desde los tiempos de la colonia hasta la década de 1980. A pesar de estas grandes diferencias, durante la década de 1990 en ambos países ingresó la nueva mega minería metalífera modificando todos los marcos normativos e institucionales sectoriales. En el siglo XXI, sin embargo, mientras Argentina mantiene intacto el nuevo régimen legal minero, en Bolivia fue drásticamente modificado a partir del acceso al poder público por parte del bloque social campesino indígena (Nacif, 2012).

22  La forma particular en que cada país se inserta en el mercado mundial es el resultado, a su vez, de las características del bloque social hegemónico a nivel nacional. Según Enrique Arceo, los proyectos industrializadores tanto de Corea y Taiwán como de China, se asientan en los siguientes rasgos comunes: la homogeneidad del bloque de clases dominante con preeminencia del capital industrial local (con base en la reforma agraria y la estatización del sistema bancario) y un poderoso aparato estatal de elevada autonomía relativa (Arceo, 2011: 170).

23   Si bien las ventas de las empresas transnacionales se dirigen mayoritariamente hacia el mercado regional que integra su país de origen, esa dependencia es "menos significativa en materia de importaciones [...]. La búsqueda de la reducción de costos determina que su base de aprovisionamiento esté geográficamente más dispersa" (Arceo, 2009: 78).

24 Según el informe de CEPAL, la exploración se concentró en Perú, México, Brasil, Chile y Argentina.

25 Chile y Brasil tienen a China como principal destino de sus exportaciones, mientras que en Argentina, Costa Rica y Perú, China es el segundo destino (Bruckmann, 2012).

26 Según Oszlak, la fórmula "orden y progreso"se tradujo en "desarrollo y seguridad" durante la Guerra Fría y "en crecimiento y estabilidad" durante el neoliberalismo (Oszlak, 1997). Podríamos agregar que para el post-neoliberalismo la fórmula tradicional se expresa con los términos del desarrollo sustentable; es decir, "sustentabilidad y desarrollo".

27 Varios autores marxistas sostienen que el desarrollo de la forma Estado se corresponde con las necesidades generales y particulares de la acumulación de capital (Hirsch, 1999). Paradójicamente, en la periferia latinoamericana, esta es la utopía de las variadas ideologías de corte desarrollista.

28 Desde el punto de vista del capital transnacional, la ISI significó un "proceso de sustitución de exportaciones y de control de mercados al abrigo de una elevada protección" (Arceo, 2011: 199).

29  Hirsch diferencia así a los nuevos Estados nacionales de competencia de los Estados de seguridad keynesianos de la posguerra.

30  Luego de su cargo en CEPAL, Sánchez-Albavera fue director de Barrick Gold en República Dominicana.

31  Para un estudio de la relación del Banco Mundial con las corporaciones mineras ver Munarriz (2008).

32   Las llamadas reformas mineras de los años 1990 fueron implementadas sobre un conjunto de países denominado reforming countries: Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Perú. Los alcances de esta estrategia fueron evaluados en World Bank (1996) (original en inglés).

33 Para muchos Estados de América Latina, sin embargo, la expansión de las burguesías locales se limita a una participación en los beneficios generados por las inversiones extranjeras directas.

34 Preferentemente de tipo administrativo. O por vía judicial cuando se garantice la independencia respecto del poder político, lo que -excepto Chile- no sería común en América Latina (World Bank, 1996: 13).

35 La traducción del inglés y las cursivas son propias.

36 Los países que integran la IIRSA son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. La iniciativa, traducida en un Plan de Acción en diciembre de 2000, consistió en el diseño de diez "ejes de integración y desarrollo" (ocho transversales y dos longitudinales): Andino, Andino del Sur, Capricornio, Hidrovía Paraguay-Paraná, Amazonas, Escudo Guayanés, del Sur, Interoceánico Central, MERCOSUR-Chile y Perú-Brasil-Bolivia (ver www.iirsa.org).

37 Todas las siglas son presentadas en inglés. Entre los patrocinadores del proyecto MMSD se destaca la Comisión Chilena del Cobre, la Colorado School of Mines, la Fundación Rockefeller, el PNUMA, el Banco Mundial y los gobiernos del Reino Unido, Australia y Canadá. En el marco del proyecto MMSD, se crea en 2001 el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM). Ver www.iied.org.

38 A la inversa de la contradicción principal entre capital y trabajo, que produce periódicas crisis de demanda o realización por la tendencia al crecimiento de la composición orgánica del capital y la consiguiente disminución relativa de la demanda final de bienes de consumo.

39 Se trata, según O'Connor, del problema de rehacer la naturaleza de maneras consistentes con la rentabilidad sostenible y la acumulación de capital: "así como el movimiento de los trabajadores impone al capital la necesidad de pasar de un modo de producción de valor basado en la plusvalía absoluta a otro de plusvalía relativa [...], el movimiento verde puede estar forzando al capital a poner fin a su primitiva explotación de la naturaleza precapitalista, rehaciendo la naturaleza [y por lo tanto la ciencia y la tecnología] a la imagen del capital". Es decir, "una naturaleza física tratada como si estuviera regida por la ley del valor" (O'Connor, 2002: 33).

40 Con el apoyo de la CEPAL, la OLAMI organiza Unidades Nacionales de Coordinación en cada país participante. Pueden ser miembros del organismo "todas las empresas, organismos, asociaciones y entidades ligadas a la actividad geológica y minero-metalúrgica, públicos y privados" (www.olami.org.ar).

41 Esta renta del propietario surge de la diferencia entre "el precio de producción del capital concreto a cuya disposición se halla la fuerza natural monopolizable y el precio de producción del capital invertido en la rama de producción de que se trata en su conjunto" (Marx, 1959: 601, Tomo III).

42 Según Foucault, a diferencia del neoliberalismo americano, el neoliberalismo alemán conocido como ordoliberalismo, postulaba la necesidad de "un cuadro institucional y jurídico que ofreciese las garantías y limitaciones de la ley, esto es, que mantuviese la libertad del mercado, pero sin producir distorsiones sociales" (citado en Castro, 2004: 312). Esta corriente intelectual, también conocida como Escuela Social del Mercado, es el principal referente ideológico del Vaticano desde los tiempos de Juan XXIII, y otorgó sustento teórico recientemente a la Encíclica de Francisco I "Laudato Sí" (Puello-Socarrás, 2015).

Bibliografía

Fuente: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432015000300010

 

 

Compartimos con los otros pueblos del Abya Yala:

El contexto de lo que ocurre en la actualidad en Venezuela es el de un modelo económico que, traducido en sistema político, da cuenta de una enorme ausencia de proyecto democrático. En efecto, la crisis de carácter estructural y cultural que secuestra a la nación evidencia la falta de condiciones para avanzar, no solo en la búsqueda de soluciones para trascender el momento presente sino, sobre todo, para profundizar en los aspectos que como país nos aguarda el futuro.

 

Extractivismo y pueblos indígenas:

El fondo de la cuestión

25 de marzo de 2019

 

 

Por Vladimir Aguilar Castro

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas

 

 La enfermedad extractivista

El contexto de lo que ocurre en la actualidad en Venezuela es el de un modelo económico que, traducido en sistema político, da cuenta de una enorme ausencia de proyecto democrático. En efecto, la crisis de carácter estructural y cultural que secuestra a la nación evidencia la falta de condiciones para avanzar, no solo en la búsqueda de soluciones para trascender el momento presente sino, sobre todo, para profundizar en los aspectos que como país nos aguarda el futuro.

Cien años de extractivismo es el enorme fardo que debe soportar la sociedad venezolana el cual ha hecho mella en estos últimos veinte años. La posibilidad de sembrar el petróleo una vez más se difuminó haciendo de este recurso un instrumento para el conflicto por su control doméstico (Golpe de Estado 2001; paro petrolero 2002, guarimbas 2014 y 2017), o una opción (ahora 2019) para el conflicto por su control externo.

Los pueblos indígenas venezolanos han tenido que lidiar con esta diatriba petrolera, pero también con un contrato social interpretado al antojo de los principales actores políticos de turno.

El fondo de la cuestión

Existe en el país un desacompasamiento entre extractivismo y derechos humanos en general e indígenas en particular. En otras palabras, mientras el modelo en Venezuela sea extractivista difícilmente se puedan materializar al menos los derechos indígenas. Ello porque los pueblos indígenas del país están asentados de manera ancestral en espacios ricos en fuentes de vida (agua, oxigeno y biodversidad), que con el tiempo han sido sustituidos por la noción de recursos (hidrocarburos, oro, hierro, coltán, etc.).

Este cambio de paradigma ha conllevado a que las principales víctimas del Estado-nación sean los pueblos indígenas del mundo. Para el primero, el enemigo a vencer siempre será el segundo pues la relación ha sido incomoda desde que el Estado se pretendió erigir como actor único y principal del sistema internacional, obviando que los pueblos y sus derechos son preexistentes a la entidad que nacería en Westafalia en 1648.

En otros espacios hemos dicho que estas y otras cuestiones deberán ser dilucidadas en los tiempos por venir ya que forman parte de una razón histórica: el fin del modelo. Si la interculturalidad riñe con el extractivismo es porque cada vez más está en tensión con la democracia, si partimos del hecho cierto que la construcción democrática en Venezuela es posterior al petróleo y a la dictadura. Y esto ultimo no es cualquier cosa. En la historia de nuestra nación la democracia ha estado sujeta al petróleo y la dictadura, por ello la deriva autoritaria siempre es una constante en el ejercicio del poder político.

Los pueblos indígenas de Venezuela y la crisis actual

La realidad de los derechos indígenas es que han sido el resultado de largas batallas de resistencia de los pueblos indígenas del país desde los años sesenta (60), con la creación de las primeras organizaciones indígenas y, sobre todo, con la participación de indígenas venezolanos en los principales foros internacionales desde los años ochenta (80), donde la presencia de ellos se haría sentir con fuerza en la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo del sistema institucional de las Naciones Unidas que cumple cien años de existencia, siendo el instrumento jurídico junto con la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007), más importante que en la actualidad tienen los pueblos indígenas del mundo.

Con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) del año 2000, se abriría un compás de oportunidades para el movimiento indígena venezolano. Contrario a lo que muchos pensaban, en cuanto a que la inserción de los derechos indígenas en el nuevo contrato social vendría a ser una concesión de la voluntad política del momento, los pueblos indígenas de Venezuela ya habían transitado lo suficiente en el ámbito internacional como para hacer exigibles sus derechos a nivel nacional.

Llegaríamos así al capitulo VIII de la Constitución. El mismo que se inicia con el artículo 119 el cual reconoce los derechos territoriales indígenas, sus hábitats y tierras como condición para garantizar y desarrollar sus formas de vida, ha sido letra muerta hasta hoy en día. El Estado que debería ser el garante de este derecho ha vacilado en construir institucionalidad para su materialización y ejercicio.

Esto constituye el sustrato de la rebeldía y de la rabia indígena en Kumaracapay. Este es el fondo del problema. Primero fue la decepción del Tendido Eléctrico y ahora de la demarcación ausente. Es la reiterada mentira de un orden estatal que se niega a abrirse a la demanda indígena por la tierra. Como si esto fuera poco, cual estocada final, el Estado los convierte en las víctimas mayores de ese horrible plan de destrucción masivo conocido como Arco Minero del Orinoco (AMO).

No hubo demarcación pero si hubo minería ilegal convertida en un proyecto de Estado y militar. Frente a la estafa de la revolución luego de haber sido los indígenas sus principales aliados, la opción que les queda es resistir no importa cómo ni cuándo. El AMO es el último embate a una lealtad traicionada.

Las mismas comunidades Pemon que se alzaron ayer contra el Tendido Eléctrico y que exigirían el inicio de la demarcación son las que resisten hoy el atropello del Estado en sus territorios. Tanto la cuarta como la quinta República han tenido una visión mononacional y homogénea de los derechos indígenas quedando esto evidenciado en los debates constituyentes y parlamentarios de ayer y de hoy.

Resistencias indígenas y disidencias jurídicas

La única constante en la historia del proceso de conquista y posterior creación de Venezuela como Estado-nación hasta hoy en día, es la resistencia indígena. Esta última es la expresión de la única herramienta (política) con la que cuentan los pueblos indígenas.

Con la evolución de los derechos indígenas en el derecho internacional, precisamente en el seno de la OIT, y su posterior inserción en el derecho interno, la resistencia indígena se ha convertido en disidencia jurídica.

En la actualidad, los indígenas venezolanos frente a la resnulización (res nullius) de sus territorios han tenido que apelar a sus tradiciones, instituciones propias, usos y costumbres para confrontar al otro derecho no indígena pero, sobre todo, para contener el proceso de fragmentación territorial al cual están siendo sometidos.

En Venezuela urge construir democracia. Pero no cualquier democracia. En nuestra opinión, la interculturalidad es una herramienta para profundizar y trascender el actual caos en el que nos encontramos. A la deriva autoritaria hay que oponerle democracia intercultural. Es necesario buscar en los sistemas jurídicos indígenas sus propias formas de resolución de conflictos. Lo que hoy ocurre en el país no es más complicado que lo ocurrido en Sudáfrica en tiempos del Apartheid.

No olvidemos que en Sudáfrica el Ubuntu del pueblo indígena zulú Xhosa permitió trascender al oprobioso sistema de segregación racial. En Venezuela Ubuntu es Nohimayou (Yanomami); Tujuma Weiña (Yekuana); Unuma (Jivi); Ukuo (Uwottuja); Wabiya (Bare); Wamarubaca Iywa (Piapoco) y Suma Yuyay Kauqsancamalla (Inga).

Todavía tenemos 44 sistemas jurídicos más de resolución de conflictos en nuestro país que nos ofrece su enorme diversidad cultural. Estamos a tiempo…

El autor es politólogo y abogado venezolano. Profesor titular a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes (ULA), Mérida, Venezuela. 

http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/03/03/3408/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=254018

 

En consecuencia, en vez de seguir subsumido en el círculo vicioso del poder dominante de legitimarlo en las elecciones,  es hora de enfocar la lucha de clases y en sentido emancipatorio tanto de las burocracias políticas y sindicales como del poder económico e imperialista.

 

Ante todo, asumamos nuestra derrota cultural e ideológica. Diferenciemos nuestra actualidad del carácter insurrecto que la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales combatió mediante la planificación del genocidio ante el fracaso del terrorismo paraestatal y estatal del gobierno peronista a mediados de los setenta.

 

Nos urge, abajo y a la izquierda, reflexionar sobre:

 

Ganar elecciones, ¿para qué?

Cristina, verticalismo, gobernabilidad

y la teoría de lo posible

25 de mayo de 2019

Por Aram Aharonian

Rebelión

Cuando a cinco meses de las elecciones del 27 de octubre todos los estudios de opinión y encuestas electorales mostraban a Cristina Fernández de Kirchner caminando hacia un triunfo en primera vuelta, la ex mandataria dio vuelta el tablero y anunció que el candidato a presidente sería su ex jefe de gabinete Alberto Fernández, y ella sería su vice.

Con su decisión, Cristina busca allanar el camino para construir una coalición más amplia, hacia una nueva hegemonía política, que ya de por sí será débil por los condicionamientos socioeconómicos. Lo que llama la atención es que los sondeos la muestran con una imagen positiva 15 puntos por encima de la del presidente Mauricio Macri y 16 sobre la del “reformista” Sergio Massa.

En una demostración de verticalismo, Cristina tomó la iniciativa desde la “mesa chica” y alineó al conjunto de la fuerza propia detrás de esa decisión, lo que deja en claro por un lado el poder de la exmandataria y la debilidad del conjunto de las fuerzas que integran el espacio, por el otro. Es el verticalismo que ha construido históricamente, en nombre de la lealtad, una cultura de obsecuencia y traición, como dos caras de la misma moneda, señala el sociólogo Marcelo Langieri.

Ante la ausencia de garantías suficientes para construir una mayoría en la segunda vuelta electoral, apela al diálogo y la moderación como ejes de la propuesta. Lo extraño es que fue la agudización de la crisis descomunal, lo que sirvió para justificar el giro centrista tanto para afuera del espacio como para adentro, alejando las fantasías sobre una radicalización programática, con un programa que reivindicara un gobierno popular sin corruptos para desarrollar la agenda de tierra, techo, trabajo, de la juventud y del feminismo popular.

Apostó por un armado político de “centro nacional”, con protagonismo del Partido Justicialista (PJ), de los gobernadores, de una franja del empresariado local, de la llamada burocracia sindical. Una apertura hacia la derecha del espectro político, un giro al pragmatismo. ¿Será que Cristina se despide del progresismo?, se pregunta Miguel Mazzeo. Lo cierto es que a muchos ha sorprendido el silencio de la exmandataria sobre los ataques a la integración regional en general, y a Venezuela  en particular.

Desde hace meses el tema de la gobernabilidad fue el de mayor preocupación no solo de los políticos locales sino también del Departamento de Estado estadounidense y la socialdemocracia europea (y los think tanks de ambos). Toda la artillería de la prensa hegemónica fue moldeando el imaginario colectivo de la necesidad de hallar alguien que lograra suturar la grieta profunda entre el poder fáctico y el resto de la sociedad, en especial el kirchnerismo y el peronismo.

La llamada grieta es la estrategia de gobernar a partir de una minoría intensa, un estilo de ejercicio del poder, que nació en 2009 durante el conflicto del campo, cuando el kirchnerismo golpeado, vencido en las elecciones legislativas del 2009 y con escasos apoyos, logró reconstruir su legitimidad a partir de una sucesión de reformas progresistas: estatización de la previsión social, ley de matrimonio igualitario, asignación universal por hijo, entre otras.

Algunos interpretaron estas medidas como una radicalización, pero en realidad fue la forma de incorporar a otros sectores, sumar nuevos temas a la agenda, para recuperar la popularidad y la hegemonía.

La grieta le permite a un gobierno retener el poder, ganar elecciones, pero no alcanza para emprender transformaciones profundas y sostenibles, como demuestra la experiencia del cristinismo pero también la del macrismo, que hizo de la grieta una verdadera filosofía de Estado y encontró una serie de dificultades para desplegar plenamente su programa regresivo de reformas (laboral, previsional, impositiva), señala el director de la edición local del mensuario francés Le Monde diplomatique, José Nathanson

 

Y ahí se fueron barajando varios nombres para superar la grieta, publicitada por los medios hegemónicos (macrismo de un lado, kirchnerismo del otro), en busca del camino del medio. Casi todos quedaron en el camino tras los nueve fracasos consecutivos del macrismo y sus aliados/cómplices en elecciones regionales; entre ellos el exministro de Economía Roberto Lavagna, lanzado desde el peronismo reformista como cabeza de un eventual acuerdo nacional, quien contaba con el visto bueno y apoyo de la embajada estadounidense.

 

Algunos sectores de la militancia y de los adherentes al kirchnerismo justifican la decisión de Cristina; unos hasta hablan de su “genialidad táctica”. Pero muchos otros están desilusionados, sobre todo los más postergados, porque la candidatura del ungido significó un golpe a su entusiasmo y la voluntad manifiesta de no avanzar hacia cambios estructurales, en nombre de la teoría de “lo posible”, la asesina de la utopía. (...)

 

 

Alberto dixit

Alberto Fernández, el ungido, es un político conciliador y conservador, lobista palaciego, cuya popularidad alcanzó alguna vez el 10% y su nivel de desconocimiento, incluso entre los peronistas de a pie, es alta. Es una figura adecuada para renegociar con el FMI, llevar tranquilidad a los mercados, acordar las “impostergables” reformas estructurales con las grandes corporaciones y con la burocracia sindical, para despegar al espacio de cualquier sospecha de “chavismo” y especies similares, para poner paños fríos en la relación con los multimedios hegemónicos.

“Es una figura idónea para intentar articular la construcción de legitimidad política con la satisfacción de las necesidades de la valorización del capital. Cristina percibe esto con claridad sabe que ese traje no le queda bien, y por eso se corre, por eso transfiere sus votos y su protagonismo”, señala Mazzeo.

“Nunca hemos pensado en dejar de pagar la deuda o dejar de cumplir las obligaciones. La historia cuenta que vinimos a pagar las deudas que siempre tomaron otros. Las hemos pagado en los términos que nosotros nos comprometimos a pagar. Tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo enfrentamos ese momento”, fue de lo primero que dijo Alberto Fernández, para calmar a Washington, el Fondo Monetario Internacional y los acreedores.

Añadió que Mauricio Macri pensó que el problema inflacionario sólo se resolvía atacando a la moneda, y generó un estrago financiero como pocas veces ha vivido la Argentina. “Hay que darle una solución al estrago financiero, de lo contrario no existe solución al tema de la deuda. Pero todo esto hay que hacerlo sin descuidar que tenemos que desarrollar el aparato productivo para volver a poner en funcionamiento la economía”, resumió su plan de gobierno.

 

“Además todos están hablando de lo que vamos a hacer nosotros cuando lleguemos y nadie se da cuenta de lo que está pasando de acá al 10 de diciembre, el riesgo de caer en default con la deuda privada. Nadie le está prestando atención a eso”, añadió el candidato a presidente, quien añadió que “la Argentina está afuera del mundo y lo que nosotros necesitamos es volver a integrarla (…) EEUU es una potencia y tenemos que encontrar un mecanismo de convivencia donde todos nos respetemos. Podemos entrar en la globalización con inteligencia y pidiendo que se nos respete”, añadió.

“Empecemos a construir otra historia para América Latina. Siempre creí que es un territorio que debe integrarse, no desintegrarse”, dijo, tras pedir la liberación del expresidente brasileño Lula da Silva, víctima del lawfare.

 

Primero la rosca, luego el plan

Pero por ahora sólo se habla de cálculos electorales, pero nada de un plan de gobierno donde se garantice la recuperación para el Estado los recursos estratégicos y los servicios públicos, fortalecer los sistemas educativos y sanitarios públicos limitando la expansión de los sistemas privados que negocian con los derechos y recursos de todos los argentinos.

Nadie habla de qué tipo de democracia se desea. Si se convocará al pueblo para las decisiones trascendentales, si se establecerá la revocatoria de mandatos de los cargos electivos, si se realizarán los urgentes cambios estructurales que comprenden una nueva Constitución y un nuevo cuerpo legal para impedir el cíclico saqueo de las riquezas. Silencio total: primero hay que ganar, es la respuesta.(...)

 

 

Aram Aharonian: Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

http://estrategia.la/2019/05/23/ganar-elecciones-para-que-cristina-verticalismo-gobernabilidad-y-la-teoria-de-lo-posible/ 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=256367

 

 

Vemos que las elecciones no sólo sirven para la gobernabilidad del sistema opresor y represor sino también -o ante todo- para arraigar el conformismo mayoritario con base en adoptar la teoría de lo posible. En reforzarla y arraigarla juegan papel fundamental quienes con dominio mediático, como Eduardo Aliverti, hablan desde su soberbia elitista y su izquierdismo estancado en concepciones no antagónicas a las de la burguesía.

 

Aram Aharonian escribe que el periodista Eduardo Aliverti señala: Hoy el corsé del Fondo Monetario es descomunal, el aparato productivo requiere de una inyección reactivadora que estará en soledad regional e internacional. ¿Con quiénes se encara una epopeya reformista de ese tamaño, quitadas las ensoñaciones perpetuas de que basta con un sujeto social movilizado?

 

Y Aliverti agrega: Hasta que alguien explique lo contrario con más seriedad que romanticismo vacuo; con más pragmatismo distributivo que con consignas cómodas; con más efectividades conducentes que con infantilismos falsamente izquierdistas, esto es rosca a dos manos. Con una se trabaja el desarrollo de una economía popular que satisfaga necesidades inmediatas y prospectivas y con la otra se dirige con firmeza a un empresariado cuya vocación patriótica no existe.

 

Comprobamos que el engreimiento encierra en registrar lo más evidente y razonar según el sentido común que el capitalismo modela. Vuelve insensible a las luchas y propuestas de resistencias a las injusticias sociales y ambientales.

 

De modo que permanece ajeno a:

 

 

 

La imposible gobernabilidad

de las derechas
27 de abril de 2019

 

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

 Cuando comenzó el   declive del ciclo progresista, aproximadamente cinco años atrás, planteamos que los eventuales gobiernos de la derecha que los sucedían serían inestables, asediados por una elevada conflictividad social, la profundización de la crisis sistémica y cambios en las relaciones entre las diversas clases sociales (https://bit.ly/2XCMzbB).

El fin del progresismo es mucho más que la desaparición de esos gobiernos y que no le sucederá un ciclo derechista o conservador sino un periodo de inestabilidad. Esto quiere decir que veremos cambios bruscos en el escenario político, virajes de la derecha extrema a la izquierda moderada, y viceversa, sin que ninguna de esas fuerzas consiga estabilizar la gobernabilidad.

Las razones son las mismas que provocaron el fin del ciclo anterior. Pero antes veamos brevemente la situación en los tres principales países de la región sudamericana.

En Brasil el gobierno de Jair Bolsonaro entró en crisis apenas unas semanas después de asumir. A una fuerte caída en su aprobación, se le suma el enfrentamiento con el sector militar, que conforma el núcleo de su gobierno, y las trabas que encuentra para hacer aprobar la reforma previsional, con un trasfondo de estancamiento de la economía. La forma principal que está asumiendo la crisis del gobierno es la puja abierta y pública entre los bolsonaristas y el vicepresidente Hamilton Mourao, que agudiza la inestabilidad.

Por abajo, los movimientos no han parado un solo momento. Entre enero y febrero, en pleno verano, el Movimento Passe Livre (MPL), que desencadenó las jornadas de junio de 2013, volvió a las calles con cinco grandes marchas en Sao Paulo. Estos días las organizaciones indígenas están acampando en la Explanada de los Ministerios en Brasilia, provocando una aguda respuesta represiva del gobierno que movilizó la Fuerza Nacional contra la Articulación de los Pueblos Indígenas.

En Colombia el gobierno uribista de Iván Duque debió enfrentar una oleada de movilizaciones indígenas, negras y campesinas desde el 10 de marzo, que bloquearon las principales carreteras del país, en particular la estratégica Panamericana que corre de norte a sur y es la vía de las exportaciones hacia Ecuador y el resto del continente. La organización correspondió a una amplia confluencia, realizada en febrero, con 380 delegados de 170 organizaciones, que cuestionaron el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno.

La Minga indígena y popular (trabajo comunitario) fue la primera gran movilización nacional posterior a la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, enseñó la acumulación de muchos malestares, en particular contra el modelo extractivo en curso. Hubo 25 mil personas en las carreteras, acampadas o movilizadas de forma permanente, lo que forzó al presidente a acudir al Cauca a negociar con los movimientos.

Argentina es el caso paradigmático de la imposible gobernabilidad derechista. La crisis desatada en abril de 2018, que llevó el dólar de 18 a 44 pesos, disparó la inflación a 50 por ciento anual y multiplicó la pobreza pero también la fuga de capitales, comenzó en diciembre de 2017 con las masivas protestas contra la reforma de las pensiones. Los de arriba comprendieron que Mauricio Macri no podía imponer su programa y comenzaron a especular frenéticamente.

En estos momentos el panorama es de una crisis de credibilidad del gobierno, una oleada de protestas con marchas diarias (en la que destaca el activismo del movimiento de mujeres) y la posibilidad de que Macri pierda las elecciones de octubre. En el medio, un impresentable acuerdo con el FMI que multiplica la deuda y hace que los próximos gobiernos, del signo que sean, tendrán enormes dificultades para sacar al país del atolladero.

En esta situación, veo tres aspectos que van a profundizar la crisis de gobernabilidad en los próximos años, generando mayor inestabilidad y planteando profundos desafíos a los movimientos antisistémicos.

La primera es la potencia del campo popular. Más allá de la opinión que se tenga de los gobiernos progresistas, es evidente que en las dos pasadas décadas hubo un fortalecimiento de los sectores populares, aunque sus organizaciones a menudo se han debilitado. Este es el núcleo del déficit de gobernabilidad.

La segunda radica en las consecuencias del agravamiento de la crisis global, que entra en una fase de caos sistémico. Con ello se reducen las chances de estabilidad económica y política.

La tercera es que ninguna fuerza tiene la capacidad para estabilizar la situación. Para hacerlo, la derecha debería derrotar al campo popular, lo que no está en condiciones de hacer. La izquierda puede gobernar si logra mover el modelo extractivo, romper con las agencias globales que lo sostienen y las élites locales que lo avalan. No tiene la voluntad de ánimo para iniciar un ciclo de luchas que debería ser tan potente, que no sólo barrería el extractivismo sino que podría expulsarla del escenario.

Brasil, Argentina y Colombia…

http://www.jornada.com.mx/2019/04/26/opinion/019a1pol
Fuente:
 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=255266

 

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, romper con los prestigios establecidos tanto durante la dictadura como durante la democracia de la burguesía y escuchar a los silenciados e invisibilizados por el sistema capitalista. Pero también es crucial valorar proyectos como el que Horacio Machado Aráoz explica:

 

Desde el Cuerpo Académico del Doctorado, nos parece clave inspirar y alentar procesos formativos y de investigación que tomen como piso y horizonte el desafío de la crisis civilizatoria, en tanto crisis radical y crisis terminal. Esto es, una crisis cuyas raíces nos remiten a la propia concepción/producción de “lo humano” que la Razón (imperial) Moderna ha consagrado (y fosilizado); y una crisis terminal, pues -con muchas y muchos- consideramos que estamos ante la epifanía del Antropoceno/Capitaloceno como evento límite (Haraway, 2016); lo que nos conmina a afrontar la falacia de la razón proléptica (Santos, 2009) y sus implicaciones. Se trata de presupuestos filosófico-científicos que colocan como punto de partida de la producción de conocimientos una reflexividad básica sobre la politicidad intrínseca del saber humano (su papel central constituyente en la producción – transformación – legitimación de la realidad), y por consiguiente, sobre la responsabilidad histórica inherente al oficio.

 

Boletín Onteaiken N° 26 - Noviembre 2018

Presentación

Brasil en crisis: Un lugar apropiado para

repensar nuestra humusidad.

Por Horacio Machado Aráoz

Cuando en la reunión de Abril de este año, en una reunión del Comité Académico del Doctorado en Ciencias Humanas (Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca), Adrián Scribano, como integrante del mismo, propuso que asumiéramos la coordinación editorial de este número de Onteaiken, (cuyo eje temático, como ya estaba programado, estaría dedicado a Brasil) el desafío no podía resultarnos más que irresistible. Fundamentalmente, por la pertinencia de fondo y la oportunidad específica que el campo problemático planteado evocaba respecto a la propuesta general de este Programa de formación doctoral. Pues, se trata de un proyecto epistémico-político en el que buscamos redoblar los esfuerzos de las ciencias humanas y sociales para abocarlas a comprender y analizar la fenomenal crisis civilizatoria del Proyecto de la Modernidad, así entendida como el elemento central constituyente del momento histórico que nos toca.

Desde el Cuerpo Académico del Doctorado, nos parece clave inspirar y alentar procesos formativos y de investigación que tomen como piso y horizonte el desafío de la crisis civilizatoria, en tanto crisis radical y crisis terminal. Esto es, una crisis cuyas raíces nos remiten a la propia concepción/producción de “lo humano” que la Razón (imperial) Moderna ha consagrado (y fosilizado); y una crisis terminal, pues -con muchas y muchos- consideramos que estamos ante la epifanía del Antropoceno/Capitaloceno como evento límite (Haraway, 2016); lo que nos conmina a afrontar la falacia de la razón proléptica (Santos, 2009) y sus implicaciones. Se trata de presupuestos filosófico-científicos que colocan como punto de partida de la producción de conocimientos una reflexividad básica sobre la politicidad intrínseca del saber humano (su papel central constituyente en la producción – transformación – legitimación de la realidad), y por consiguiente, sobre la responsabilidad histórica inherente al oficio.

La naturaleza de la crisis plantea la inquietud de revisar el devenir moderno hegemónico de lo “humano” como desafío clave para la tarea de las ciencias en nuestros días. Un desafío tal que lo entendemos, no en términos abstractos (pseudo-universales, sería), sino en la especificidad de nuestro contexto, propio y apropiado; vale decir, desde una epistemología de la humildad que parte de reconocerse (siempre) como un saber situado, obligado a lidiar con su incompletud y, a la vez, con (una actitud de responsabilidad por) su potencia. En nuestro caso, asumiendo que, en los orígenes de la Modernidad/Colonialidad, se sitúa precisamente la invención de “América” como locus de la Hybris (sensu Castro Gómez), punto de partida y condición de posibilidad para la irrupción y mundialización de ese proyecto de lo “Humano” hegemónico, esta tarea supone, por un lado, indagar en las particularidades histórico-políticas, en las modulaciones y declinaciones específicas que ese proyecto ha tenido en nuestra bio-región; por el otro, implica también pensar Nuestra América/Abya Yala como lugar de enunciación privilegiado para ver y revisar las fronteras, los límites y las categorías de todo tipo (físicas, jurídicas, estéticas, políticas, geográficas, filosóficas, científicas, disciplinares), desde las cuales ha tenido lugar el proceso de producción del espacio-tiempo que hoy habitamos y que nos habita; y por tanto también, para vislumbrar horizontes otros.

Es en ese registro que nos resulta más que apropiado este convite a pensar, hoy, Brasil. Porque precisamente este Brasil en crisis (la condensación de diferentes espaciotemporalidades abigarradas en el presente, al decir de su gran geógrafo Milton Santos), emerge como síntoma emblemático de la crisis civilizatoria general -radical/terminal de la que partimos. Se nos presenta (lo vemos) como un campo de desafíos epistémicopolíticos tan vasto, tan rico, con complejidades tan diversas y profundas, como la propia inconmensurabilidad de la geografía y sociobiodiversidad de ese país superlativo, en todo sentido. Nos parece, en particular, necesario indagar en su proceso sociopolítico reciente; un proceso cuya temporalidad queda marcada entre dos acontecimientos históricos simétricamente estremecedores (la elección de Lula en el 2002 y la de Bolsonaro en este mes) pero a la vez extremadamente contrapuestos, en los que el país pasó de la euforia, la felicidad y la esperanza, a una situación como la actual, ya no sólo de frustración y de dolor, sino más bien miedo, y hasta terror generalizado.

Pues efectivamente, la postal predominante de la sociedad brasileña hoy, es la de una sociedad sumida en el terror; escindida por brechas abismales de miedos múltiples atravesados que enfrentan a sus partes. Una sociedad donde han implosionado las inviabilidades políticas gemelas, tanto la de la gubernamentalidad neocolonial del neoliberalismo, como la del proyecto presuntamente alternativo/transformador del progresismo. La crisis de Brasil, es la crisis del capitalismo periférico-dependiente en la fase (terminal) de recolonización neoliberal del mundo. Pero es la crisis también de (lo que se imaginaron como) las alternativas neodesarrollistas a ese lugar subalterno.

La crisis de Brasil es la crisis económica (y ecológica) del “Desarrollo” y es la crisis política (y humanitaria) de la “Democracia”; de sus nociones y principios fundantes (las ideas de Justicia, de Igualdad de Libertad, de Autonomía) y de sus mecanismos, estructuras y actores institucionales.

Estamos en una situación en la que afrontamos la evidencia de la inviabilidad de estas dos promesas de la Modernidad: Desarrollo y Democracia. A distintos niveles, diferentes sujetos/as, en los más variados registros epistémicos, hay un punto de coincidencia articulado en el descrédito absoluto respecto a ambas promesas; descrédito por lo que son y descrédito respecto a lo que pueden llegar a ser. Así, la crisis de la sociedad brasileña es la crisis de una sociedad profundamente descreída y desesperanzada; una sociedad que (sobre)vive en bajo niveles mínimos elementales de fe en sus relaciones e instituciones; en su presente y, menos todavía, en su futuro. Una sociedad donde la vertiginosa expansión del crédito financiero ha minado letalmente el fondo fiduciario de las relaciones interpersonales. Una sociedad donde el enamoramiento con los objetos-de-consumo ha alimentado la generalización del odio entre personas-de-distinta-clase. Como se ve, estamos hablando de algo mucho más profundo y más complejo que una crisis económica (por más terrible que sean los niveles de ajuste, desempleo, indigencia, concentración, etc.) y/o que una crisis política (de representación, de legitimidad, de actores, de instituciones, de la propia posibilidad de hallar bases de sustentación para el ejercicio no ya legítimo, sino aceptable del poder, etc.). Tiene las dimensiones de una crisis radical y terminal. Porque una sociedad donde el odio es la emoción predominante, lo que más intensa y generalizadamente sienten sus integrantes, es una sociedad que está justo en el punto más álgido de di-solución; al borde mismo del abismo(-fascismo). Por esto, en esto, la crisis brasileña se muestra como expresión paradigmática de la crisis civilizatoria.

En su radicalidad, es una crisis teologal: una crisis de la fe, de la esperanza y del amor. O, mejor dicho, es la crisis del capitalismo como religión colonial (Scribano, 2012; 2013). Por supuesto, es una crisis humanitaria; no tanto por las víctimas humanas que provoca (y que son muchas), sino por los efectos de des-humanización que produce la dinámica hegemónica de las prácticas sociales imperantes.

La crisis brasileña desnuda la crisis terminal del proyecto moderno hegemónico del “humanismo”; es la crisis del humanismo occidental imperial; el humanismo antropocéntrico; el humanismo propietario y productivista; el humanismo blanco; el humanismo macho-patriarcal-heterosexual… Es la crisis de ese proyecto civilizatorio, de su institucionalidad y de su subjetividad(es); la crisis de su trasfondo teológico y de su fondo ontológico. Porque es precisamente el colapso de una noción de lo Humano pensado fuera de la Tierra, propiamente deshumanizado, pues hemos perdido memoria sobre lo que somos; hemos olvidado nuestro nombre, de dónde venimos y hasta el significado de nuestra especie. (Y, vale re-cordarlo, la palabra humano es de origen latín, formada por “humus” que significa “tierra”, y el sufijo “-anus” que indica “procedencia”; humanus: procedente de la Tierra).

En su suelo ontológico, la crisis civilizatoria se resume en eso: es la crisis del Humanismo del destierro; de una especie que -en los últimos cinco o seis siglos- se fue (de)formando como una especie empecinada en renegar de su lugar en el mundo para afirmarse en el estatus del Dominio. Ese prototipo de lo humano moderno-hegemónico, el del conquistador (pero también el del torturador), es lo que ha desencadenado esta profunda, radical y terminal crisis en la que nos hallamos inmersos. Es la crisis no del Humanismos “abstracto”, sino concreto: la crisis del Humanismo latifundiario y esclavista. Por eso mismo, la crisis brasileña actual, remite a las raíces de Brasil (Buarque de Holanda, 1936). Y las raíces de Brasil, remiten a los orígenes del Capitaloceno (Machado Aráoz, 2018).

***

Si el término fascismo evoca la implantación de régimen de dominación que se exime ab-initio de cualquier pretensión de justificación, de cualquier auto o heterolimitación, y que se exhibe y se ejerce como pura violencia absoluta, esa forma política no puede germinar en cualquier ecosistema. Sus brotes requieren y se alimentan de un clima de odio tropical. Y es justamente ése el que pareciera estar instalándose como clima de época.

Desde las ciencias ambientales hace ya por lo menos 50 años se nos viene advirtiendo severamente de la crisis climática derivada del calentamiento global, como un evento probablemente catastrófico. Pero desde nuestra mirada ecobiopolítica, la crisis climática hace referencia no sólo a los impactos a escala geológica del sociometabolismo del capital, sino también a sus efectos antropológicos; a cómo aquel afecta los capilares más elementales de la sensibilidad humana, y cómo tales trastornos dan lugar a la producción política del miedo y el odio como estados emocionales generalizados y predominantes.

En este clima de época parece estar aflorando a nivel global, pero con diferentes intensidades localizadas, lo que nos remite al lugar emblemático del Brasil y al papel crucial que tendrá lo que allí suceda para la suerte del clima global. Sin exagerar, como dijimos, por su tamaño, por su peso geopolítico y ecometabólico y por la intensidad política de los estados emocionales, una porción relevante del curso porvenir de la humanidad se juega en ese país, con nombre del primer ser-objeto de explotación colonial en sus tierrascuerpos (el pau brasil). Empezando por su tamaño, no puede pasar inadvertido que estamos hablando del segundo mayor país en extensión territorial continua del Continente Americano, detrás de Canadá, y el cuarto a nivel mundial; el segundo país en términos demográficos y de PBI a nivel continental y el quinto a nivel mundial (en el año 2011) (Porto Goncalves, 2016). Pero sobre todo, no se puede dejar de mencionar que es el país que tiene la jurisdicción más extensa sobre el bosque tropical más extenso del mundo (la Amazonía), con una superficie que llega a los 5,5 millones de kilómetros cuadrados de lo que hoy, económica y geopolíticamente, aparece como la última gran frontera (de recursos) del capital (sensu Moore, 2013) (Porto Goncalves, 2017).

Y por eso precisamente, como gran cantera de materiales, nutrientes, agua, energía y biodiversidad, por los millones de toneladas anuales de bienes territoriales que -vía exportaciones- el Brasil ha venido trasvasando a la cuenca económica del Asia Pacífico, su lugar y función política y ecológica en el geometabolismo del capital es simplemente determinante. La súper-avanzada de la frontera extractivista en el Brasil en las dos últimas décadas ha jugado un papel crucial en estas grandes transformaciones de la acumulación capitalista a nivel mundial: no sólo el desplazamiento del eje geoeconómico desde el Atlántico Norte al Pacífico Sur, sino, sobre todo, la gran transformación y aceleración sociometabólica que está aconteciendo en el interior mismo del “molino satánico” (sensu Polanyi, 1949). Por último, al destacar la intensidad de los procesos ecobiopolíticos del ciclo que se abre con el primer obrero en la historia que llega a la presidencia del Brasil y que culmina con el peligroso ascenso de un exponente ejemplar de la metamorfosis fascista en curso (Traverso, 2018), queremos señalar, al menos, dos aspectos claves para la reflexión y el análisis. Por un lado, respecto del caso específico, la hipérbole que sintetizamos en la fórmula provocativa con la que caracterizamos el ciclo y su desenlace (“siembra extractivismo y cosecharás fascismo”1 ) indica la envergadura de los desafíos políticos que tenemos enfrente; porque más allá de la consabida inviabilidad del neoliberalismo, lo que muestra el proceso brasileño es la profunda defraudación y el fracaso absoluto que -en términos de expectativas emancipatorias- deja como saldo la vía neodesarrollista de los progresismos (del brasileño, en particular, en este caso; pero de los latinoamericanos también en general).

Cómo es que un proceso político que fue producto de largo periodo de acumulación de fuerzas populares y de constitución y articulación de sujetos políticos con vocación transformadora (el MST, el PT, la CUT, ETC.), que abrió las más promisorias expectativas de cambio, cómo es que, al cabo de casi tres ciclos de gobierno, el desenlace sea el que tenemos hoy. Sin entender las contradicciones del Brasil del PT, del ciclo progresista en América Latina, será muy difícil salir de este clima de época, donde al calor del odio (clasista, racista, patriarcal, heterosexista) cunde este fascismo póstumo que se cierne sobre nuestras sociedades. Es necesario hacer una hermenéutica de las pasiones humanas para poder comprender los distintos Lulas que coexisten en el líder histórico, pues, como señalara Eliane Brum2: En el caso de Lula, Brasil está sometido a los afectos. Quien odia a Lula, como encarnación de todos los males, solo ve una parte. Y quien ama a Lula, también como acto desesperado para no verse ante las ruinas de un proyecto tan querido, se muestra incapaz de ver la otra parte. Sorprende leer los análisis de la izquierda que creen que se puede escribir sobre el momento negando la corrupción evidente del PT en el poder. E ignorando lo que Belo Monte provocó en la vida justamente de los más desamparados. De la misma forma que sorprende ver a Lula demonizado por gente que se benefició enormemente con su gobierno, un gobierno que no dejó solo a los pobres menos pobres, sino a los ricos más ricos.

En segundo lugar, yendo a lo más general, pensar desde las ciencias humanas la crisis de la sociedad brasileña, verla e inquirirla como síntoma emblemático de la crisis humanitaria en la que ha desembocado el proyecto civilizatorio de la Modernidad occidental hegemónica, nos vuelve la mirada hacia aquella dimensión de lo humano justamente renegado por dicho proyecto: el mundo de los afectos; de las emociones y los sentimientos. Ese es precisamente el núcleo del campo de investigación por abierto y propuesto por Adrián Scribano, que nos reúne en la red de trabajo colectivo del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES).

Desde las perspectivas que venimos trabajando procuramos poner en evidencia cómo aquello que paradigmáticamente la Razón Imperial extirpara de la órbita de lo humano, emerge ahora, con toda claridad, como el filón más complejo y más políticamente sensible donde se juega justamente el destino de lo humano como tarea, como horizonte de realización. Este Brasil en crisis, que nos lleva a repensar la cuestión crucial de la crisis civilizatoria, pone de manifiesto la centralidad que tiene la producción sociopolítica de los estados emocionales como clave para comprender no sólo las dinámicas de estructuración – sedimentación – legitimación de la(s) dominación(es), sino ya, el suelo donde deberemos afrontar el desafío de aprender a cultivar una nueva humanidad; más que eso, a sentir-nos y a vivir como humus que somos.

***

En este número, tan especial por todo lo dicho, iniciamos el recorrido con el artículo de Fabio Luis Barbosa dos Santos (autor de un libro clave como “Além do PT. A crise da esquerda brasileira em perspectiva latino-americana”, Elefante Ed.) en el que nos propone uma panorâmica general del ciclo de los gobiernos del PT, cuyo análisis se centra en lo que llama “modo lulista” de regulación del conflicto social. Desde ese prisma, nos plantea una lectura crítico comprensiva de una trayectoria que define como el pasaje de un “neoliberalismo inclusivo” hacia el de un “neoliberalismo de expoliación”; de una política de conciliación de clases, a una frontal guerra de clases.

En “Do lulismo a Bolsonaro: agonia da Nova República no Brasil”, el autor plantea que, para la elite dominante, el curso de la economía no estuvo en disputa en las últimas elecciones; pues, tanto bajo la modulación utópica de un “neoliberalismo inclusivo” como de la finalmente triunfante vía del “ultraneoliberalismo”, se aseguraban sostener la matriz de su base de dominación. Lo que sí estuvo en juego y queda abierto a la contingencia de los futuros procesos políticos, fue la fachada institucional, jurídica y cultural que sustituirá a la Nova República, definitivamente en disolución.

A continuación, el artículo de María Ceci Araujo Misoczky (“Del pacto de clases a la autocracia”) ofrece otra perspectiva, con otros matices del mismo proceso bajo análisis. En este caso, apoyado en los desarrollos teóricos de Luckacs sobre lo político y de Vaisman y Assunção (2016) sobre el politicismo como renunciamiento de la política, la autora ofrece una analítica de la trayectoria del PT en su derrotero de transformismo hacia el Gobierno y, ya en él, en su recaída en el “mito del capitalismo progresista” como clave de bóveda para indagar en sus limitaciones y en los modos de su desenlace.

En tercer lugar, siguiendo con esta perspectiva de análisis en clave político, el texto de Elsa Ponce, compañera integrante del cuerpo académico del Doctorado, nos presenta en “El gobierno Lula: notas sobre un sinuoso derrotero”, una mirada desde la perspectiva de dos grandes actores políticos del proceso del PT: el Movimiento de los Sin Tierra (MST) y la Central Única de Trabajadores (CUT). Al respecto, planteando como marco analítico el reinado del pensamiento único en la filosofía política y la correlativa derechización del entorno sociológico contemporáneo, la autora aborda la problemática de la relación compleja entre movimientos sociales, partido y gobiernos a la luz de lo que valora como un claro proceso de cooptación y de aplanamiento de la movilización social contestataria, en el caso del Brasil del PT.

En cuarto lugar, les lectores encontrarán el artículo de Ana Paula Dávila y Pedro Robertt, titulado “As transformações das relações de trabalho no Brasil recente: incerteza e desregulação irrestrita”, que justamente pone el foco en los regímenes de regulación de las relaciones laborarles en los últimos cincuenta años del Brasil, más bien para dar cuenta de los desafíos y amenazas que se ciernen en el actual contexto sobre el ya precario sistema de protección laboral vigente en el Brasil.

Seguidamente, nuestro texto “El Brasil del PT. Ecología política de una frustración”, procuramos presentar una crítica de las imbricaciones a nuestro juicio existentes entre neoliberalismo, progresismo y extractivismo como clave para analizar un ciclo cuya trayectoria se presentó como una gobernanza racional, pero que se ejerció como extractivismo pasional y que desembocó en el actual estado de odio visceral predominante en la sociedad brasileña.

Por su parte, Mariano Féliz y Daiana Elisa Melón en “El PT y la razón subimperialista. El capital brasileño y la integración suramericana en los 2000” presentan una perspectiva que parte de la crítica de la economía política como clave de lectura de la política regional del PT. Partiendo del concepto de “subimperialismo” propuesto por Marini, les autores analizan el papel de la Iniciativa para Infraestructura de Integración de la Región Sudamericana (IIRSA) en la centralidad del capital financiero para la política semibonapartista del PT al interior del país, y su objetivo de lograr expandir su control sobre territorios y recursos estratégicos de la región.

Finalmente, este número se completa con entrevistas a dos pensadores claves y agudos analistas de la realidad y los procesos sociopolíticos regionales, como son Raúl Zibechi y Maristella Svampa; ambas realizadas por integrantes del Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur (CITCA-CONICET-UNCA).

En el caso de Raúl Zibechi, lo sabemos, se trata de alguien que ha seguido muy de cerca y desde abajo -como es su costumbre- el proceso brasileño; un primer aporte sobre el proceso de gubernamentalización del PT nos lo ha brindado en su libro “Brasil Potencia”, de 2013, y que hemos tenido como trasfondo de la conversación. Allí ya señalaba dos aspectos que él considera centrales para comprender el temprano abandono de la vocación siquiera reformista del PT en el gobierno: el proceso de burocratización-cooptación de los cuadros militantes más promisorios de las organizaciones y movimientos sociales; y la articulación subordinada del PT como núcleo de gestores de las pretensiones subimperialistas de la élite brasileña. Ahí mismo, Raúl nos ofrece lo que, a su juicio, fue el acto fallido de esas pretensiones, su ‘talón de Aquiles’, que nosotros resaltamos a modo de título de la conversación: “Un país que se basa en la exportación de comoditties no puede salir de la periferia de ningún modo”.

A modo de cierre, nos ha parecido más que apropiado contar con el análisis general e integrador de Maristella Svampa, cuya trayectoria no merece presentación y que en los últimos años nos ha venido brindando textos, conceptos y categorías fundamentales para analizar y pensar críticamente los procesos sociopolíticos regionales. En esta oportunidad, teniendo como telón de fondo los desarrollos planteados en su libro “Del cambio de época al fin de ciclo. Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina” (Edhasa, 2017), la conversación ha tenido como uno de los principales ejes, la deriva de derechización de los gobiernos progresistas, que desde una expectativa de transformación posneoliberal, fueron finalmente incurriendo en las remanidas modalidades de los populismos latinoamericanos. La obsesión desarrollista y la incapacidad para (re)pensar los desafíos emancipatorios en claves de descolonización, despatriarcalización y sustentabilidad fuerte aparecen, en este cuadro, como los límites a afrontar/transformar en pos de la renovación de las izquierdas en la región.

Referencias: (…)

Fuente: http://onteaiken.com.ar/ver/boletin26/onteaiken26-00-presentacion.pdfhttp://onteaiken.com.ar/boletin-no-26º

 

 

Seamos "capaces, por consiguiente, de tener una visión más amplia de nuestro presente, sometido como se halla por quienes han decidido cuál es el destino que le correspondería vivir a la humanidad y, con ella, a la naturaleza en general, en una especie de régimen corporativo a manos de los grandes consorcios transnacionales que controlan el mercado capitalista global. De ocurrir esto, no es imposible que se dé nacimiento a una nueva concepción de lo que serían en lo adelante la dignidad y la conciencia humanas en consideración de lo que ha sido hasta ahora el modelo civilizatorio capitalista".

 

 

La utopía del neoliberalismo es

la distopia de los pobres

25 de mayo de 2019

 

Por Homar Garcés

Barómetro Latinoamericano

 

En su libro «Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires)», Boaventura de Sousa Santos revela que «la utopía del neoliberalismo es conservadora, porque lo que hay que hacer para resolver todos los problemas es radicalizar el presente. Esa es la teoría que está por detrás del neoliberalismo. O sea: hay hambre en el mundo, hay desnutrición, hay desastre ecológico; la razón de todo esto es que el mercado no ha logrado expandirse totalmente. Cuando lo haga, el problema estará resuelto».

Frente a semejante realidad, el mismo autor propone: «Tenemos que cambiar esta utopía conservadora por una utopía crítica, porque aún las utopías críticas de la Modernidad -como el socialismo centralizado- se convirtieron, con el tiempo, en una utopía conservadora». En la actualidad, muchos movimientos sociales y políticos libran una desigual batalla contra las pretensiones neoliberales de abarcar y controlar la totalidad de la vida, ya no solamente en lo que comprende la explotación de la fuerza de trabajo o de los recursos de la naturaleza sino también (en algunos casos, con especial predilección) las conductas y la forma de pensar de todas las personas, en una estrategia de dominio global que apenas ha merecido la atención de las grandes mayorías.

Si se profundizara el estudio de estas mismas luchas se extraerá como rasgo común la aspiración colectiva a un nuevo orden mundial en el cual no exista ya una hegemonía, única, que termine por subyugar por entero a la humanidad. Ni siquiera en su versión pluripolar o multicéntrica, puesto que la misma implica la reproducción de la existente. De racionalizarse semejante posibilidad, se abrirían vías a una transición civilizatoria global más racional, tanto en lo relacionado con la armonía que debiera existir entre todos los seres humanos como entre éstos y la naturaleza que les sirve de soporte de vida.

Sería preciso producir entonces subjetividades rebeldes, capaces de no únicamente cuestionar el orden vigente sino de originar unos nuevos paradigmas, adecuados a las condiciones particulares de nuestras naciones, en vez de subjetividades conformistas que, a pesar de las quejas, las dificultades y las decepciones, terminan por aceptar la realidad tal cual se la presentan los sectores interesados, como están, en que ésta jamás cambie, al menos en sus aspectos básicos, asegurándose, precisamente, la preeminencia que ostentan frente al resto del conjunto social.

Hay que ser capaces, por consiguiente, de tener una visión más amplia de nuestro presente, sometido como se halla por quienes han decidido cuál es el destino que le correspondería vivir a la humanidad y, con ella, a la naturaleza en general, en una especie de régimen corporativo a manos de los grandes consorcios transnacionales que controlan el mercado capitalista global. De ocurrir esto, no es imposible que se dé nacimiento a una nueva concepción de lo que serían en lo adelante la dignidad y la conciencia humanas en consideración de lo que ha sido hasta ahora el modelo civilizatorio capitalista.

 

https://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2019/05/la-utopia-del-neoliberalismo-es-la_22.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=256407

 

 

Valoremos que tanto democracia como derecho a la soberanía o autodeterminación de los pueblos son agentes o instrumentos anticapitalistas. Estas afirmaciones explicarían lo que estamos observando hoy día en el Estado en el que nos ha tocado vivir.

 

 

 

enred_sinfronteras@riseup.net

Andalucía: Utopías soberanas

22 de mayo de 2019

Por Óscar García Jurado

https://portaldeandalucia.org
14 mayo, 2019

Para el historiador canadiense Quinn Slobodian el neoliberalismo, desde su origen, responde a la pregunta de cómo proteger el capitalismo de la democracia y de la fragmentación. El neoliberalismo tiene por objetivo afianzar la soberanía del capital sobre las personas, para lo cual, tanto la democracia como la fragmentación de los Estados, serían elementos a superar, restringir o eliminar.

La posición del poder de negar la voz a los pueblos sobre su pertenencia a los Estados indica que democracia y fragmentación del Estado van de la mano y, por tanto, son perjudiciales para el capitalismo. Desde esta perspectiva, tanto democracia como derecho a la soberanía o autodeterminación de los pueblos son agentes o instrumentos anticapitalistas. Estas afirmaciones explicarían lo que estamos observando hoy día en el Estado en el que nos ha tocado vivir.

El neoliberalismo va ganando. Y no por poco. La imposición, emancipación o soberanía del capital sobre el trabajo implica regímenes políticos y sociales escasamente democráticos (donde el poder, la soberanía, resida en el pueblo). Marina Garcés, mirando desde el otro ángulo, denomina a esta derrota popular como “analfabetismo ilustrado” en su obra «Nueva ilustración radical»: “El hecho decisivo de nuestro tiempo es que, en conjunto, sabemos mucho y que, a la vez, podemos muy poco”. Todo lo mucho que puede el capital significa lo poco que podemos las personas.

En estas circunstancias nos parece apropiado hablar de “soberanías”. En plural. También en y desde Andalucía. “Se canta lo que se pierde, dijo quien bien lo sabía, yo canto a la libertad, porque nunca ha sido mía.” Pues bien, cantemos a las soberanías, aunque nunca fueron nuestras. Y ya puestos, hablemos de la que menos cerca hemos tenido: la soberanía económica, entendiendo como tal a la mejora de las capacidades que tienen las poblaciones de un determinado territorio para resolver sus problemas económicos.

En relación con la anterior, hablemos de “soberanía del trabajo (asalariado)” o no continuemos cayendo en la trampa que supone no distinguir entre trabajo y empleo, y, de esto modo, contemplar sólo como trabajo aquello que recibe una remuneración monetaria por parte de una parte empleadora y continuar invisibilizando el trabajo de cuidados, reproductivo. Frente a la soberanía del capital es posible avanzar en la soberanía del trabajo mediante las prácticas socioeconómicas transformadoras necesarias para cambiar las propias unidades económicas de producción, las empresas, las fábricas, las oficinas, las prácticas agro-ganaderas, etc., que, a su vez, deberán servir para transformar el resto de trabajos (reproductivo, voluntario, etc.) ¿Imaginan avanzar en la soberanía del trabajo en una comunidad con soberanía económica, es decir, con capacidad autónoma para resolver sus problemas económicos? (para ampliar sobre el tema Autonomía Sur, Cooperativa Andaluza, ha elaborado diversos documentos).

Pues para ello se deberá avanzar en los diversos ámbitos sectoriales estratégicos de mejora de la capacidad popular de tomar las decisiones al respecto. Así se hablará de soberanía alimentaria, tecnológica, financiera, etc. Se trata de controlar nuestra producción de alimentos, de tecnología, de energía, o nuestros ahorros en función de la satisfacción de las necesidades de las personas y al margen del lucro privado o beneficios empresariales. Y todo ello para alcanzar un objetivo último: alcanzar la soberanía reproductiva, entendida como un proceso de transformación basado en un conjunto de relaciones sociales que den centralidad a la vida. Por tanto, los pasos a dar en la autonomía de la actividad laboral, productiva y reproductiva de las personas (soberanía del trabajo) serán complementarios con los realizados de forma colectiva en un determinado territorio (soberanía economía territorial-comunitaria), así como en los diversos ámbitos estratégicos de asunción de capacidad de decisión popular (soberanías sectoriales), para alcanzar la definitiva soberanía reproductiva (la vida frente al capital).

Para acabar dando el paso hacia la verdadera soberanía, independencia o autonomía (me gusta utilizar esta última palabra, a pesar del uso dado por el actual régimen), serán imprescindibles mayores cotas de soberanías en los diversos campos socioeconómicos. Y así decir adiós con alegría a La Caixa o BBVA o cualquier entidad dedicada a succionar nuestros ahorros para ponerlos en manos de intereses en muchos casos espúreos y asumir que la alternativa son muchas Coop57; decir hasta luego a pastas Gallo y hola a cientos de pequeñas cooperativas de pasta ecológica vinculadas al territorio como, por ejemplo, Spiga Negra; cambiar de una compañía de seguros que invierte en armamento a otra de seguros éticos y mutualidades sociales (por ejemplo CAES); mandar a Gas Natural al quinto carajo, y al sexto a Aqualia (y con ella a Fomento de Construcción y Contratas), y fortalecer las cooperativas de consumo energético primero (por ejemplo Candela, Nueva Cooperativa andaluza de energía eléctrica, solidaria y 100% renovable o SOM Energia), y remunicipalizar la gestión del agua después (o viceversa).

Es preciso generar procesos que tengan como objetivo avanzar en una economía andaluza autogestionaria. Impulsar, tanto desde las decisiones individuales como desde las colectivas o políticas, las entidades de economía social andaluza que luchan día a día por no ser succionadas por el sistema, donde se pasa del trabajo asalariado al trabajo cooperativo; de la propiedad privada de los medios de producción fórmulas colectivas de propiedad; y de tomar las decisiones sobre lo que se produce subordinando el valor de cambio al valor de uso (antes las necesidades de la gente que la ganancia o el lucro). Hay todo un campo por sembrar en lo relacionado con a quién le compramos y cómo consumimos.

Lógicamente, no son pocas las medidas que desde las instituciones públicas se pueden implementar para ir ganando poder al capital y mejorando nuestras soberanías económicas territoriales en campos como la alimentación, la tecnología o la vivienda. Del mismo modo, sin este planteamiento, la consecución de instituciones políticas propias no cambiará, en lo básico, la dependencia y subalternidad respecto a los poderes dominantes y sólo cambiará la élite política que administre los intereses de éstos. Por tanto, desde la política institucional se debe impulsar la soberanía económica pues no habrá soberanía en lo político sin soberanía en lo económico.

Frente a la impotencia que sentimos ante la supuesta imposibilidad de intervenir en nuestras propias condiciones de vida, pasemos a hablar de nuevo de emancipación, de autonomía, de soberanías. No hay peor política de austeridad que la que nos impone la austeridad en nuestros sueños, en nuestras utopías. Pasemos a la ofensiva porque “no merece compasión quien siendo esclavo no quiere buscarle la solución”.

https://portaldeandalucia.org/opinion/utopias-soberanas/

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2019/05/22/andalucia-utopias-soberanas/