Qué Economía

Julio 2019

Con hegemonía estadounidense y cumplimiento de lo establecido por la dictadura genocida proimperialista.

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

Generalicemos, abajo y a la izquierda, la discusión de cómo el Partido Justicialista ha ido estableciendo la obediencia debida a las políticas económicas mirando por el crecimiento gran capitalista local e imperialista. Examinemos cómo en base al arraigo popular del PJ bloqueando la deliberación de trabajadores, de otros sectores populares y de los pueblos originarios sobre el destino común, Cavallo y la Fundación Mediterránea pudieron concentrar esfuerzos en hacer viable el Consenso de Washington entre los sectores dominantes locales.

 

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL NÚMERO 5

 

En busca de la consolidación

del consenso post hiperinflacionario.

Un análisis ideológico de la producción discursiva neoliberal a partir de los editoriales de la revista Novedades Económicas de Fundación Mediterránea

(Febrero 1991-Diciembre 1992)

Por Luciana Strauss 

En busca de la consolidación del consenso post hiperinflacionario. Un análisis ideológico de la producción discursiva neoliberal a partir de los editoriales de la revista Novedades Económicas de Fundación Mediterránea. 

 

Resumen

Nuestro objetivo se centrará en profundizar sobre los principales rasgos que adoptó el proceso de producción de la ideología neoliberal en un período crucial de la crisis hiperinflacionaria argentina, febrero 1991- diciembre 1992, a partir del análisis discursivo de los editoriales y las columnas de opinión de Domingo Cavallo de la revista Novedades Económicas de la Fundación Mediterránea.

 

1- Introducción

Existe un amplio consenso en las ciencias sociales a la hora de considerar a una hiperinflación como un fenómeno no confinado exclusivamente a la esfera económica (Abeles, 1999; Aglietta y Orlean, 1982; Anderson, 1994; Beltrán, 2003; Levit y Ortiz, 1999; Ortiz y Schorr, 2006; Roig, 2006; Sigal y Kessler, 1997; Schmitt, 2007). En el caso argentino, el proceso de pérdida de valor de la moneda que estalló en 1989 generó un clima social de incertidumbre que volvió el terreno ideológico más permeable a la introducción del discurso neoliberal en la sociedad argentina. El corolario de este proceso fue la aplicación de un conjunto de “reformas estructurales” orientadas a desregular los mercados, achicar el Estado y privatizar los activos públicos.

 

A pesar de que en la Argentina las políticas neoliberales comenzaron a aplicarse a fines de la década de los ochenta (cuando las ideas pro-mercado ya habían ganado influencia en el escenario local e internacional), no fue hasta luego de la implementación del plan de convertibilidad1 que el discurso neoliberal logró constituirse en hegemónico.

 

En este marco, nuestro objetivo se centrará en profundizar sobre los principales rasgos que adoptó el proceso de producción de la ideología neoliberal en un período crucial de la crisis hiperinflacionaria argentina2 , febrero 1991- diciembre 1992, a partir del análisis discursivo de los editoriales de la revista Novedades Económicas de la Fundación Mediterránea. Particularmente, nos interesa ahondar en cómo un discurso periodístico especializado en economía, dirigido al sector empresario, procesó y resignificó ideológicamente los principales presupuestos del pensamiento neoliberal plasmados en el Consenso de Washington3 en la etapa de aplicación y consolidación del plan de convertibilidad. Específicamente, nos interesa desmenuzar el complejo proceso por el cual Fundación Mediterránea desplegó su discurso sobre la reforma monetaria, poniendo especial atención a las formas empleadas para legitimar la medida ante un empresariado que, en un comienzo, no confió ciegamente en la convertibilidad.

 

A su vez, intentaremos establecer el contexto social textual que primó en los editoriales de la revista en un período marcado por la asunción de Cavallo como Ministro de Economía y la merma de la inflación. Por último, nos proponemos analizar el procesamiento que la entidad cordobesa realizó del plan de convertibilidad y del resto de las reformas estructurales implementadas, poniendo especial énfasis a las asociaciones realizadas por la institución cordobesa entre el programa de estabilización y el resto de las políticas neoliberales. En el proceso de producción del discurso neoliberal en Argentina, participaron diversos actores locales que fueron adaptando las recomendaciones del CW a la realidad nacional.

 

Entre ellos, el Instituto de Estudios Económicos de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IEERAL) de la Fundación Mediterránea (FM) resultó un actor clave por tres motivos. En primer lugar, Domingo Cavallo, quien fuera ministro de Economía durante la presidencia de Carlos Menem, así también como otros “técnicos” que ocuparon puestos en el aparato estatal o participaron mediante distinto tipo de asesoramiento en el diseño de las reformas estructurales, formaron parte del staff de la fundación. En segundo lugar, porque al igual que otras instituciones dedicadas a la investigación en economía (como FIEL y CEMA), los miembros de la Fundación Mediterránea se constituyeron durante la década pasada en portavoces fundamentales para la trasmisión de ideas al interior de los sectores dominantes locales (tanto fue así que su visión sobre los problemas del país pasaron a ser moneda corriente en reuniones, simposios y revistas empresarias). Por último, tal como plantea Beltrán (2003, 179), la Fundación Mediterránea, a diferencia de otras instituciones de similares características como FIEL y CEMA, presentó un discurso más flexible y un perfil menos “técnico”; características que tornaron menos rígido el acatamiento de las recomendaciones del CW por parte del actor.

 

La revista que seleccionamos para el análisis se fundamenta en que se trata de una publicación institucional, dirigida a empresarios y economistas, que cuenta con un análisis de coyuntura sobre los principales problemas de la realidad argentina, a diferencia de los documentos de trabajo y de la revista

 

Estudios difundidos por la entidad, que están compuestos por artículos que presentan investigaciones sobre temáticas sumamente puntuales. Elegimos trabajar con editoriales porque al presentar una gran vocación de intervención en la coyuntura, constituyéndose así en una guía pedagógica para la acción (Sidicaro, 2001:80), sus relatos nos brindan una puerta de entrada para interpretar la producción de un discurso ideológico particular, en función de los diversos intentos de persuasión desplegados por el medio para convencer al lector de adoptar determinada posición. En esta línea, el género editorial se nos presenta como una fuente ineludible para conocer la orientación ideológica de un medio de prensa. Al constituir “la expresión oficial de una publicación”, los editoriales presentan “una sistematización explícita que le acuerda el mencionado rasgo de página de un tratado”, característica que “la distinguen de otras formas escritas de ejercer tareas ideológicas” (Sidicaro, 1993: 9).

 

En línea con el problema propuesto partimos de una hipótesis general de la cual se desprenden dos hipótesis específicas. A saber: Durante la última etapa de la crisis hiperinflacionaria el plan de convertibilidad se constituyó en el elemento ideológico central en la estrategia discursiva de FM por consolidar el consenso neoliberal al interior de los sectores dominantes. Teniendo esto en cuenta, nos planteamos que:

1. La forma de aparición de las “operaciones ideológicas” y de los recursos semánticos, retóricos, lexicales y sintácticos en el discurso de Novedades Económicas estuvo condicionada por un contexto social, marcado por la existencia de un empresariado local heterogéneo y con intereses a veces contradictorios entre sí.

 

2. Las representaciones del contexto social textual que se presentaron en el discurso neoliberal de Novedades Económicas variaron en función de las transformaciones en el contexto social y de algunas características institucionales de Fundación Mediterránea Nuestro trabajo se estructura de la siguiente manera.

 

En el primer apartado presentamos el marco teórico- metodológico del cual partimos para realizar la investigación. En el segundo apartado desplegamos los resultados empíricos de nuestro análisis. Por último, exponemos las principales conclusiones que alcanzamos en nuestro estudio.

 

2- Consideraciones teórico-metodológicas (…)

 

4 - Conclusiones

A lo largo del trabajo intentamos dar cuenta del complejo proceso que adoptó la producción de la ideología neoliberal durante una coyuntura densa, como lo fue el fin del proceso hiperinflacionario argentino (Febrero 1991-Diciembre 1992). Para ello, nos interesó centrarnos en el análisis discursivo de los editoriales Novedades Económicas de Fundación Mediterránea, una revista dirigida principalmente al sector empresario.

 

Dos preguntas claves guiaron nuestro trabajo: ¿Cómo se construyó ideológicamente el discurso de un medio de prensa producido por y dirigido a la clase dominante? ¿Cómo se procesaron en este discurso los principales lineamientos del pensamiento neoliberal? Ahora bien, centrarnos en la dimensión discursiva no implicó que no tuviéramos en cuenta otros factores que, creemos, influyen en la producción de un discurso. En este sentido, integramos al análisis otras dos variables: el contexto social y los rasgos institucionales del actor que emitió el texto. De esta forma, nos propusimos alejarnos de un análisis puramente lingüístico para poder interpretar el significado que adquirieron las expresiones vertidas por un actor específico y en un escenario particular. En este marco, nuestra intención fue dar cuenta de un proceso dinámico y complejo en el cual, al tiempo que el discurso ideológico contribuyó a legitimar una posición dominante, el mismo se encontró condicionado por determinada coyuntura económica, política y social, así como por las características institucionales del emisor (en este caso Fundación Mediterránea).

Nuestra primer hipótesis específica planteaba que la forma de aparición en el discurso de Novedades Económicas de las operaciones ideológicas y de los recursos semánticos, retóricos, lexicales y sintácticos estuvo condicionada por un contexto social, a veces marcado por la existencia de un empresario local heterogéneo y con intereses contradictorios entre si. Precisamente, a lo largo de la investigación vimos, a partir del análisis de un caso concreto, la imposibilidad de pensar el discurso aislado de su contexto discursivo (Eagleton, 1997). En este sentido, la especificidad y heterogeneidad del empresariado argentino resultó un elemento clave en nuestro estudio. A continuación ilustramos una variedad de situaciones en las cuales notamos que el discurso ideológico estuvo influido por un particular posicionamiento de este sector; uno de los principales destinatarios del texto que emitieron los mediterráneos. Por un lado, notamos un esfuerzo de los mediterráneos por legitimar el MERCOSUR, en un contexto social en cual el tratado comercial generó cuestionamientos por parte de algunos empresarios quienes, por su tipo de inserción productiva, se veían perjudicados con la integración regional y la existencia de un tipo de cambio sobrevaluado.

 

Para ello, desde la revista se desplegó un léxico que retrató un contexto “de la modernidad”. Por su parte, la propuesta de ajuste fiscal y reducción del gasto público apareció más como una “exigencia”, no expuesta a debate ni a discusión, en términos reificados, que como una medida que requería de la construcción de consenso para su implementación.

 

Para ello se desplegaron en la revista recursos reforzadores del lenguaje que operaron legitimando. Precisamente, esta política, junto con la privatización de empresas públicas, era la que menor desacuerdo generaba en el espectro empresario. La existencia de un empresariado heterogéneo y con intereses a veces contradictorios (particularmente el sector industrial se encontraba dividido entre quienes apoyaban las medidas aperturistas acompañadas de un tipo de cambio sobrevaluado y quienes, por su tipo de inserción productiva, se oponían a estas medidas) condicionó la forma en que los mediterráneos se dirigieron a este actor. Por cierto, aparecieron en el discurso de la revista operaciones que funcionaron ideológicamente polarizando este sector. Se presentó una representación positiva de algunos empresarios, a quienes se caracterizó como “buenos”, “competitivos”, “creativos”, “activos” y dispuestos a asumir desafíos (“Nosotros”), en contraposición con los “malos”, “parálizados” y que esperan “una solución mágica del Estado” (“Ellos”). Así se puso en práctica una estrategia básica del discurso ideológico, la que según Van Dijk (2003:57) “organiza a la sociedad en términos polarizados”, a partir de la delimitación de un “Nosotros” frente a un “Ellos”. Ahora bien, en diversas oportunidades los empresarios “malos” o “paralizados” no aparecieron claramente identificados, promoviendo una percepción de ambigüedad en el destinatario del texto. Más allá de la utilización de un léxico que contribuyó a construir una representación negativa del grupo, mediante el uso de recursos mitigadores del lenguaje (como la sola referencia al “sector privado”) se disimuló al enemigo a quien se enfrentaba, despersonalizando y desagentivizando la acción del sujeto (Vasilachis, 1997). En este sentido, los mediterráneos no especificaron a qué sector empresarial (industrial, agroexportador, servicios u otros) estaban cuestionando.

 

Es posible que esta forma de presentar el discurso estuviera vinculado con la intención de Fundación Mediterránea de no confrontar abiertamente con este sector, sobre todo teniendo en cuenta que el instituto se financiaba, en parte, gracias al aporte de algunas firmas locales. La aplicación del plan de convertibilidad en abril de 1991 conllevó un gran esfuerzo por parte de Fundación Mediterránea para legitimar la medida, en un contexto social signado por la presencia de fracciones empresarias y políticas que no apoyaban decididamente el plan, o que sospechaban de su sustentabilidad. Para ello, el discurso de los editoriales de Novedades Económicas reflejó la presencia de un doble juego, idéntico al posicionamiento adoptado por su fundador, Domingo Cavallo, quien por entonces se desempeñaba como Ministro de Economía de la Nación. Al tiempo que se utilizaban símbolos, emblemas e ideas fuerza (tales como la ley, el Parlamento, los valores democráticos y las “reglas de juego claras”) que operaron unificando y legitimando, se presentaron recursos lingüísticos (la enunciación de tipo imperativa o la formulación de frases condicionales que planteaban un escenario inflacionario en caso de que no se aceptaran las “reglas” que establecía la convertibilidad o no se aplicara un ajuste fiscal) orientados disciplinar al empresariado “desobediente”. A su vez, se presentó al plan de estabilización en términos reificados en varios sentidos: como la “única” oportunidad frente al caos que implicaba la posibilidad de una vuelta al pasado inflacionario, como un dispositivo externo y coercitivo que escapaba al control humano y como una eventualización, “algo que ocurre sin participación de los sujetos”, y una existencialización, “algo que simplemente existe” (Vasilachis de Gialdino, 1997: 226).

 

En un contexto social caracterizado por un apoyo cauteloso y desconfiado de empresarios, economistas y funcionarios políticos a la reforma monetaria lanzada por Cavallo, así como de la oposición de algunos sectores dominantes locales e internacionales, la asociación del plan de convertibilidad con el resto de las reformas estructurales bajo el rango de “modelo” se constituyó en un factor ideológico central de legitimación. A su vez, operó disimulando al presentar al plan de estabilización y las políticas pro mercado como elementos indisolubles, cuando no necesariamente la adopción de un tipo de cambio fijo y convertible implicaba la concreción de medidas neoliberales.

 

Nuestra segunda hipótesis específica, que planteaba que las representaciones del contexto social- textual presentadas en el discurso de Novedades Económicas variaron en función de las transformaciones en el contexto social y de algunas características institucionales de Fundación Mediterránea, también se cumplió. En el período que analizamos en este trabajo (febrero 1991-diciembre 1992) primó una representación del contexto “de refundación”. Se afirmaba que con la implementación del plan de estabilización se había dado “vuelta la página de un ciclo de 60 años en la economía nacional” y que se inauguraba una “nueva forma de hacer política en la Argentina”.

 

Esta manera novedosa de presentar el discurso se relacionó con dos factores: el primero vinculado con el posicionamiento empresario ante la reforma monetaria (contexto social) y el segundo ligado con el giro que había adoptado el discurso mediterráneo a partir del papel central que pasaría a asumir la institución en el escenario nacional con el ingreso de Cavallo y otros integrantes del IEERAL en el Palacio de Hacienda (rasgos institucionales de la Fundación Mediterránea) En cuanto al primer factor, encontramos que, en un contexto social en el cual una fracción empresaria que integraba la UIA cuestionaba solapadamente la convertibilidad (Viguera, 1997), el discurso de la revista presentó a la reforma monetaria como un elemento de ruptura entre el pasado de una Argentina “oscura”, “intervencionista” y “cerrada al mundo” y un presente y futuro de una nación “competitiva”, “abierta al mundo” y “desregulada”.

 

En cuanto al segundo factor, vimos que desde la asunción de Cavallo y de una multitud de “tecnicos” del centro de estudios cordobés, el discurso de Novedades Económicas pasó de reflejar un posicionamiento de apoyo y asesoramiento al gobierno de Menem a otro de intervención en la coyuntura. En este sentido, si otrora se interpretaba que existía una “oportunidad histórica” para implementar las reformas estructurales resistidas durante el gobierno de Alfonsín (Strauss, 2009), ante los desafíos que planteaba el nuevo escenario de participación directa en la hechura de política económica, los mediterráneos consideraron e intentaron trasmitirle al público lector que se estaba al frente de un cambio de época. Ya no se trataría de una oportunidad, sino de un sueño hecho realidad Para fortalecer la unidad del sector empresario la entidad cordobesa desplegó en su discurso una variedad de símbolos, emblemas e ideas fuerza (tales como la ley, el Parlamento, los valores democráticos y las “reglas de juego claras”) que permitieron legitimar el rumbo seguido por el equipo económico, al tiempo que operaron ideológicamente para representar un contexto social textual de “refundación”, que ubicaba a la ley de convertibilidad como elemento clave de una “nueva forma de hacer política en la Argentina”. De esta forma, se planteó que la Argentina atravesaba por un cambio de época que daría vuelta “la página de la historia”, representación que se combinó con la construcción de un contexto social textual “de la modernidad”, que hacía referencia a un país en proceso de “integración”, “apertura” y “progreso”.

 

En este sentido, el plan de estabilización lanzado por Cavallo fue presentado como punto visagra entre un pasado en el que reinaba una Argentina “interventora”, “devaluacionista” e “ineficiente”; así como planes de estabilización poco efectivos y que no centraban su atención en reducir el déficit fiscal (particularmente el Austral) y un presente y futuro marcado por la estabilidad monetaria, la “paz social” y una “Nación” “abierta”, “competitiva” e “integrada al mundo”. La operación polarizadora entre dos épocas se combinó con una representación o “imagen negativa” de los años ochenta; período denominado por el arco liberal como la “década pérdida”. Mediante esta caracterización el discurso de los mediterráneos funcionó disimulando los efectos que implicaron los cambios ocurridos en el campo socioeconómico y en el funcionamiento del aparato estatal durante la última dictadura militar, así como el impacto diferencial de la crisis y de las políticas implementadas durante la presidencia de Alfonsín en distintos sectores sociales. El esfuerzo por resaltar las virtudes de la convertibilidad, así como la presentación de la misma como parte de un “modelo” que incluía al resto de las reformas neoliberales, se enmarcó en un contexto social signado por un apoyo cauteloso del empresariado a las medidas de política económica que se adoptaban desde la casa rosada. Si bien no existía un desacuerdo explícito ni generalizado, algunos actores pertenecientes a los sectores dominantes locales e internacionales expresaron objeciones al plan de estabilización.

Licenciada en Sociología (UBA) y Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el IDAES/UNSAM. Maestranda en Sociología Económica (IDAES/UNSAM) y doctoranda en Ciencias Sociales de la UBA. Correo electrónico: lulastrauss@yahoo.com.ar En este trabajo exponemos una parte de los resultados de nuestra tesis de maestría en Sociología Económica titulada “La producción de la ideología neoliberal durante la crisis hiperinflacionaria argentina. Un análisis a partir de los editoriales de la revista Novedades Económicas de la Fundación Mediterránea (1988-1992)” y presentada en el IDAES/UNSAM en febrero de 2009 bajo la dirección del Dr. Enrique Arceo y la Dra. Ana Castellani. Agradecemos los comentarios y sugerencias a versiones preeliminares de este trabajo realizados por Lautaro Lissin y Maia Liaudat y se los exime de cualquier error u omisión. 1 La ley de convertibilidad, aprobada en el Congreso el 27 de marzo de 1991, implicó la fijación por ley de la paridad cambiaria entre el peso y el dólar. Para sostener el 1 a 1 entre la moneda argentina y la norteamericana el Banco Central asumió la obligación de mantener la relación entre las reservas y la base monetaria, se suspendieron las indexaciones en precios y salarios y se eliminó definitivamente la emisión monetaria como herramienta para financiar el déficit fiscal. El plan de estabilización, sostenido a partir de una sobrevaluación de

Fuente: http://www.unsam.edu.ar/institutos/idaes/docs/DocIS_5_LucianaStrauss.pdf

 

 

Debemos, abajo y a la izquierda, multiplicar espacios en común para debatir que los partidos de estado

(UCR y sobre todo PJ) han legalizado y legitimado el privilegio de la alta rentabilidad de oligopolios  locales e imperialistas por sobre las necesidades y aspiraciones populares. Se trata de elucidar en forma conjunta porqué llevar a cabo el viraje de imputar a Menem o a De la Rúa hacia reconocer, por ejemplo, que el PJ hizo al éxito de Menem y de los Kirchner en garantizar la gobernabilidad del creciente acaparamiento de oligopolios, por supuesto, en sus respectivos períodos históricos.

 

Discutamos el siguiente artículo teniendo en cuenta de ir más allá de los líderes de turno del PJ para escracharlo e impedirle continuar en su nefasto papel de entregador del país a la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales.

 

 

La ofensiva neoliberal bajo el menemismo y

su continuidad con De la Rúa

13 de mayo de 2010

 

 Menem ganó la elección apelando al descontento popular y a la promesa de producir un “salariazo” y una “revolución productiva”, pero ni bien llegó al gobierno entabló primero una alianza con el grupo Bunge y Born y, luego, aliándose a los “gorilas” de la Unión del Centro Democrático de Álvaro Alsogaray, se transformó en el continuador y profundizador de la política económica de la dictadura, con la privatización de las empresas estatales y la aplicación de numerosas leyes antiobreras. Fue uno de los más fervientes impulsores de las políticas “neoliberales” del llamado “consenso de Washington”. Junto a Domingo Cavallo como ministro de Economía, avanzó en poner la economía nacional bajo un control mayor del capital imperialista: durante su mandato las empresas extranjeras pasaron de tener el control de un 33% de las 500 principales empresas del país a un 67%. Pese a los dólares entrados con el negociado de las privatizaciones, la deuda externa se incrementó a 146 mil millones de dólares. Crecieron la desocupación y la pobreza, mientras las fuerzas de la clase obrera se vieron fragmentadas, aumentando el trabajo en negro y diversas formas de trabajo precario. El grueso de la burocracia sindical fue cómplice de esta política, transformándose parte de ella directamente en lo que se llamó “sindicalismo empresario”, al quedarse con la explotación de empresas privatizadas y sumarse a los bancos en la formación de las AFJP que surgieron con la privatización de las jubilaciones y pensiones. Nuevamente, la burocracia sindical actuaba como garantía de derrota de la clase obrera.

 

En la clase dominante se consolidó un bloque de poder a partir de las nuevas condiciones que presentaba la paridad “1 a 1” entre el peso y el dólar y el ataque generalizado a la clase obrera. Las empresas privatizadas, los bancos y la cúpula industrial exportadora constituyeron los sectores burgueses más beneficiados, mientras gran parte de la “burguesía nacional” se transformaba en rentista y fugaba capitales a diestra y siniestra.

Después de derrotadas las luchas contra las privatizaciones, la resistencia obrera y popular se concentró primero en los levantamientos provinciales, que tuvieron como expresión más importante al Santiagazo de diciembre de 1993. Ya a comienzos del segundo mandato de Menem hicieron su entrada en escena los desocupados, que protagonizaron los levantamientos de Cutral Có y Plaza Huincul en Neuquén, Tartagal en Salta y Libertador General San Martín en Jujuy. En los sindicatos surgieron también sectores de oposición al menemismo, como la CTA y el MTA, pero que lejos de sostener una política independiente de los trabajadores apoyaron a las distintas variantes de recambio al menemismo preparadas por la burguesía: en las de 1999, la CTA llamó a votar por la Alianza encabezada por De la Rúa y el MTA por el candidato del Partido Justicialista, Eduardo Duhalde.

 

El gobierno de Fernando De la Rúa pretendió continuar con lo central de la política económica del menemismo. No sólo asumió produciendo dos muertos en la represión a los manifestaban que cortaban el puente entre Chaco y Corrientes sino que impuso, a pocos meses de iniciado su gobierno, una ley de “flexibilización laboral” sostenida por la UIA y otros sectores patronales, que fue aprobada mediante la “coima” a diversos senadores (con la famosa “Banelco”), en un episodio que concluyó con la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez. Fue un gobierno que vivió de crisis en crisis y enfrentó una fuerte resistencia obrera y popular, con siete huelgas generales y numerosas manifestaciones y levantamientos de desocupados, culminando con su expulsión producto de las “jornadas revolucionarias” del 19 y 20 de diciembre de 2001. La crisis económica y la crisis social que se habían acrecentado a niveles insoportables en estos meses (con la desocupación llegando a niveles cercanos al 25% y la pobreza batiendo récords históricos) se combinaron con una crisis política de magnitud: una verdadera “crisis orgánica”, para tomar la definición del marxista italiano Antonio Gramsci. Es en este marco que se desarrollan las asambleas populares y cobran fuerza los movimientos piqueteros y las fábricas ocupadas. Estas últimas tuvieron como expresión emblemática a las obreras de Brukman y a los obreros de Zanon, agrupados estos en el Sindicato de Obreros y Empleados de Neuquén (SOECN), transformado en una clara avanzada del conjunto de la clase obrera. En el caso de los movimientos piqueteros, jugaron el muy importante papel de “organizar a los desorganizados” y evitar que surjan grupos de rompehuelgas contra los trabajadores ocupados.

Frente a la crisis de la “convertibilidad”, la clase dominante se encontraba dividida entre los dolarizadores y los devaluadores.

Este sector se impuso con la llegada al gobierno de Duhalde, que contó con el apoyo del grueso del parlamento, así como de la burocracia sindical. La devaluación, que fue apoyada por Moyano, significó un golpe brutal al salario obrero, que sufrió una de las mayores caídas de su historia. Con esta medida se benefició el conjunto de la clase dominante, pero en especial los sectores exportadores (que tenían costos en pesos pero recaudaban en dólares). A su vez, el ciclo de crecimiento capitalista internacional favorecido por la burbuja creada a partir del endeudamiento norteamericano impulsó un aumento de los productos agrícolas exportados por Argentina, particularmente la soja, el grueso de cuya producción se exportó a China. Ya con Duhalde comenzó a delinearse lo que serían las características centrales del esquema económico que se continuaría bajo el kirchnerismo.

Fuente: http://www.pts.org.ar/La-ofensiva-neoliberal-bajo-el-menemismo-y-su-continuidad-con-De-la-Rua

 

Advirtamos significados e implicancias de que el PJ siga hasta hoy encerrándonos en el círculo vicioso del poder capitalista e imperialista.

 

 

 

HISTORIA DEL PJ

¿Qué fue la Renovación Peronista?
16 de enero de 2018 | Edición del día

Frente a la actual crisis del PJ, se están barajando distintas salidas. Ninguna muy convincente. Una de ellas es seguir el ejemplo de la “renovación peronista”. Similitudes y diferencias.

 

Gabriela Liszt

@gaby_liszt

 

La “renovación peronista” surgió como una corriente heterogénea dentro del Partido Justicialista (PJ) para superar la dura crisis electoral del 83 donde fue derrotado por el radical Alfonsín. Podemos enmarcar su existencia entre los años 1984-1988.

 

¿Por qué el PJ perdió las elecciones en 1983 con la UCR?

Después de la derrota de la guerra de Malvinas, para que no hubiera una caída abrupta de los militares los partidos conformados en la Multipartidaria conformaron una transición pactada con la dictadura cívico-militar (hasta las elecciones de octubre de 1983). Así sostuvieron al genocida Bignone y, a su vez, le dieron un año a sus partidos para recomponerse debido a su participación en la dictadura.

Tanto la UCR como el PJ y partidos provinciales habían ocupando cargos de intendentes, jueces (algunos de los que continúan), cooperando a través de sus sindicalistas en la persecución, desaparición y asesinato de activistas, militantes o simples sospechosos. Pero el último gobierno antes del golpe fue peronista y su estructura no le permitió renovar relativamente su cara como lo hizo la UCR.

El mayor dirigente del radicalismo Balbín llamó en los 70 al Ejército a combatir “la guerrilla fabril”. Además de esta ala más colaboracionista, la UCR ya contaba con la corriente interna “Renovación y Cambio” fundada en 1972 y liderada por el exbalbinista Raúl Alfonsín, con un perfil más socialdemócrata y que dirigía la agrupación universitaria Franja Morada. Aunque fue presidente del Comité de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, se diferenciaba del ala de Balbín.

El Movimiento de Renovación y Cambio –y su sub sector más dinámico la Junta Coordinadora Nacional- se benefició del perfil pro Derechos Humanos de Alfonsín como fundador de la APDH en 1975 y del escepticismo y pacifismo que dejó la derrota de la guerra de Malvinas (de la que dijo que fue un “carro atmosférico). Recibieron la adhesión masiva de los simpatizantes del radicalismo, desplazando lo que quedaba de la Línea Nacional (Balbín murió en 1981).

Así se impusieron en las elecciones internas para cargos partidarios en las distintas provincias, ganó el Comité Nacional cuya presidencia fue ocupada por Alfonsín. Más tarde con el apoyo de sectores de la Línea Nacional, obtuvo la designación como candidato a presidente, ganando con el eslogan “con la democracia se cura, se come, se educa”.

El problema del PJ fue que, aunque la dictadura cortó gran parte de la memoria histórica de lo vivido en los 70, esencialmente no se pudo desembarazar del recuerdo del tercer gobierno de Perón con Isabelita, la Triple A, López Rega, las traiciones de la burocracia sindical y el “Rodrigazo”. La clase obrera no pudo terminar de hacer su experiencia con el que consideraba “su partido” debido al golpe militar y a la falta de un partido revolucionario que la ayudara a ir hasta el final. Pero el sabor amargo de los 70 quedó en un sector de la población (1).

 

Elecciones 1983: Herminio Iglesias, Luder, Ubaldini, Cafiero y Bittel

Dentro del peronismo comenzó a desarrollarse una discusión interna para tratar de borrar esta imagen que seguía representada en la presidencia del partido de Isabel Martínez de Perón, a pesar de que hacía años residía en España. Hasta ese momento su presidencia seguía siendo apoyada por sectores ultraverticalistas como el gobernador de La Rioja Carlos Menem. Vicente Saadi, el gobernador de Catamarca, también configuró una línea interna llamada Intransigencia y Movilización y fue vicepresidente junto a Isabelita del PJ.

Cafiero fundó la corriente interna Movimiento Unidad, Solidaridad y Organización (MUSO) para pelear la candidatura presidencial, planteando que el PJ debía tener un perfil más democrático e institucional. Pero fue derrotado por la fórmula ortodoxa Luder-Bittel, que a su vez fueron derrotados por Alfonsín no sólo en la elección nacional sino en la provincia más estratégica del país, Buenos Aires (antiguo bastión peronista).

Los sindicatos también estaban divididos entre ortodoxos y renovadores. Los ortodoxos habían estado ligados a la dictadura militar. La ola democrática de 1983 también tendrá su correlato en las “normalizaciones sindicales” a través de elecciones, donde se expresará un profundo odio antiburocrático. Los que canalizaron este sentimiento fueron “los 25”, que realizaron el primer paro contra la dictadura (abril de 1979) y que tuvo continuidad en la CGT Brasil cuyo secretario general fue Saúl Ubaldini desde 1980, junto a las “62 organizaciones” y Lorenzo Miguel.

 

Ubaldini y Lorenzo Miguel

Comienza a despuntar la Renovación peronista

Los llamados “mariscales de la derrota” de las elecciones de 1983 seguían manteniendo el control del aparato del PJ.

En abril de 1984 un sector disidente de la conducción oficial se puso en marcha en la provincia de Buenos Aires con la consigna de forzar elecciones internas con el voto directo de los afiliados para designar dirigentes y los candidatos peronistas.

 

Primera huelga general al gobierno de Alfonsín

El enfrentamiento entre los disidentes y la conducción oficial hizo crisis en diciembre de ese año durante el Congreso Nacional Justicialista en el Teatro Odeón de la ciudad de Buenos Aires. Los disidentes reunieron un nuevo congreso en la ciudad santiagueña de Río Hondo donde se expresaron tres corrientes. Dos de ellas plantearon la necesidad de realizar la unidad del peronismo con el sector Odeón: una proponía una “renovación concertada” (Luder y Grosso) y, otra, la de los caudillos provinciales, pretendían recuperar la influencia y las atribuciones de las que habían sido despojados en el Odeón. Una tercera línea, que había tenido peso al principio del Congreso de Río Hondo fue quedando aislada (Oraldo Britos, Roberto García, y José De la Sota).

La “Renovación peronista” comenzó a preparase para disputar la dirección del PJ a través de las elecciones de 1985: Cafiero, Bittel, Grosso (en Capital), Menem (La Rioja).

 

Cafiero, Menem y Grosso

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Las legislativas de 1985 y el Plan Austral

En julio de 1985 se realiza el Congreso Nacional de La Pampa donde volvió a la carga la conducción ortodoxa y provocó una dispersión de las corrientes críticas. Pero las legislativas de noviembre de 1985 sirvieron para desafiar nuevamente a “los dinosaurios”. En la provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias (el que quemó un ataúd con la bandera radical en las elecciones del 83) impidió nuevamente las elecciones internas de candidatos presentando al PJ como FREJULI. Cafiero decide romper y presentarse por fuera del Justicialismo con el FREJUDEPA (Frente de la Justicia, la Democracia y la Participación) en una alianza electoral con el Partido Popular de alcance provincial y la Democracia Cristiana, por entonces bajo la dirección del católico Carlos Auyero. Cafiero es electo como diputado nacional hasta 1987.

Con el triunfo de Cafiero y de Carlos Grosso en la Capital los renovadores rompen la alianza con el candidato de “las 62” Julián Licastro. El frente de Cafiero no logró imponerse en la elección general, pero la ventaja que obtuvo sobre Herminio Iglesias lo catapultó al centro de la escena política como la principal figura de la renovación. Junto a él, también como triunfadores en sus respectivos distritos aparecían Carlos Grosso y Carlos Menem que en diciembre de ese año constituyeron una conducción nacional del “Frente Renovador Justicialista” y dieron a conocer el documento fundacional de la corriente que llevaba por título: “La Renovación Peronista. Un proyecto y una voluntad para transformar la Argentina”.

Su desafío era lograr el control del partido e instalar un mensaje institucionalista que lo pusiera en condiciones de disputar con eficacia el monopolio del ideario democrático que había levantado el alfonsinismo y ofrecerse como una alternativa creíble. La Renovación sumará a la conducción a José Luis Manzano (diputado por Mendoza y presidente de la bancada renovadora), a José Manuel De la Sota (Córdoba) Oraldo Britos (San Luis) y Roberto García, secretario general de “los 25”.

 

El triunfo de Cafiero en la provincia de Buenos Aires en 1987

En junio de 1985 Alfonsín, impulsado por el FMI, larga el Plan Austral. El ministro de economía Sourrouille lanzó una "política de shock" creando el Austral que sacaba tres ceros al Peso Argentino, como forma de detener la inflación en base a congelar tarifas, precios y salarios. Aunque paró la inflación en lo inmediato ya en 1986 se empezaron a reflejar las contradicciones del plan que terminaría en una gran crisis económica.

La CGT Brasil y la Azopardo se unificaron en 1984 bajo la conducción conjunta de Ubaldini y los colaboracionistas como Jorge Triaca (padre), Osvaldo Borda y Ramón Baldassini. Frente al Plan Austral presentaron un programa de 26 puntos alternativos a la política económica de Alfonsín entre los que estaban la moratoria de la deuda externa, recuperación del salario y a otorgar créditos para los industriales e incentivos a los productores agrícolas. Es decir, un programa policlasista.

Ubaldini fue electo secretario general de la CGT en 1986. El 21 de enero de ese año llama a un paro por los “26 puntos” más un aumento de 30% salarial. Fue ampliamente apoyado incluso por sectores empresarios y de la Iglesia.

Juan Pablo II viajó entre el 6 y 12 de abril de 1987. Ubaldini “Cuando en 1987 llega por segunda vez el Papa a Argentina, la CGT y el Episcopado organizan un acto en el Mercado Central. (...) ’siendo la CGT la gran agrupación ‘no marxista’ de América Latina, con óptimas relaciones con la Iglesia, se puso mucha atención para que no hubiese infiltraciones rojas en el acto. Saúl Ubaldini pidió que los trabajadores llevasen ante el Papa sólo banderas vaticanas y argentinas. Nada de pancartas ni protestas’”. (“El papa Francisco y la historia de la Vati-CGT”, Lucho Aguilar, 13/9/2016)

En la Semana Santa del 87 (16 al 19 de abril), tanto Cafiero como Ubaldini mostraron su colaboración con la gobernabilidad en un momento de gran crisis de Alfonsín, subiendo al balcón de la Casa Rosada para apoyar la negociación con los carapintadas liderados por Aldo Rico (con la excusa que estaba en peligro la democracia). Alfonsín dijo “la casa está en orden” después de haberle otorgado secretamente a los militares la “obediencia debida” para salvar a muchos de los juicios por genocidio que era la verdadera razón del levantamiento.

Cafiero también era un hombre muy relacionado con el Vaticano (2). Ubaldini y Cafiero eran las variantes opositoras desde lo sindical y lo político. Con el trasfondo de la crisis económica, el fracaso del Plan Austral y la decepción de lo ocurrido en Semana Santa, el 6 de septiembre de 1987 Cafiero derrotará al representante de la UCR en la provincia de Buenos Aires. Ganó la mayoría en Diputados (ya la tenían en el Senado).

 

Cafiero asume la gobernación de la provincia de Buenos Aires

El congreso de 1988, el fin de los renovadores y el avance del menemismo

En el 88, la Argentina no pagó la deuda externa y acentúo su estado crítico: recesión, inflación, bajos salarios y desocupación. La gravedad de la crisis económica condujo a la fuga masiva de capitales, la devaluación del peso y una gran hiperinflación. Renuncia el ministro de economía Sourrouille y asume Juan Carlos Pugliese, seguido por Jesús Rodríguez, lanzando en agosto de 1988 el “Plan Primavera”. La continuidad de la crisis, los cortes de luz generalizados que afectaron la vida cotidiana y la actividad industrial, aumentaron el malestar de los trabajadores.

Cafiero asumió la presidencia del Consejo Nacional Justicialista en enero de 1988. Su triunfo en Buenos Aires entreveía una eventual victoria en las presidenciales del 89. Estaba en su momento cumbre. Pero Memen, tomando la lógica de la unidad, buscaba acordar y encontrar caminos de encuentro con los “ortodoxos” derrotados.

Compitieron por la fórmula electoral a presidente de la Nación la fórmula Antonio Cafiero-José Manuel De la Sota contra Carlos Menem-Eduardo Duhalde, la que resultó triunfante.

 

“En efecto, solo después de los resultados pudo verse que el cafierismo había pagado su precio por aparecer en sociedad política con el alfonsinismo, cuyo prestigio no había hecho sino mermar desde 1987 (...) que el proyecto de un peronismo ordenado en torno a definiciones ideológico-políticas atraía más a los militantes y a los sectores medios que a los sectores populares; que éstos se reconocían más en el discurso milagrero del Menem de entonces, que asumió la figura de quien no pertenecía al sistema político y llegaba para luchar en nombre de un peronismo plebeyo contra un peronismo de saco y corbata” (María Teresa Brachetta, “La Renovación Peronista. Promesa y decepción del peronismo en los 80”).

El 14 de mayo se realizan las elecciones presidenciales donde se presentaron Menem-Duhalde (PJ), Angeloz-Casella (UCR) y Alsogaray-Natale (UCD). También se presentó Izquierda Unida (MAS-PC-Democracia Cristiana) donde Zamora entró como diputado.

 

La fórmula Menem-Duhalde

 

Boleta de la elección presidencial de 1989

En ese mismo mes la hiperinflación se disparó. Se produjeron saqueos a supermercados durante mayo y junio que comenzaron en Rosario y se extendieron al Gran Buenos Aires y la Gran Córdoba. Alfonsín decretó el Estado de sitio y fue el responsable del asesinato de 14 personas por las fuerzas represivas. Terminó pidiendo el adelanto de entrega de mando presidencial a Menem al 8 de julio.

Menem, que había prometido “salariazos” terminó imponiendo el plan neoliberal imperante a nivel mundial, vendiendo a capitales extranjeros las principales empresas estatales, endeudando fuertemente al país, despidiendo miles de trabajadores. Hay que tener en cuenta el contexto internacional, en el que desde 1981 venía avanzando el neoliberalismo de la mano de Reagan-Thatcher y Juan Pablo II. Y que esta derrota para los trabajadores se va a profundizar en el 89 con el comienzo de la restauración capitalista en los Estados obreros del Este.

En los 90 Ubaldini (que había llamado a votar a Menem) se acercó a Hugo Moyano con el que terminarían formando el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). Pero su rol fue impedir que la lucha contra las privatizaciones se convirtiera en una lucha unificada contra la política de Menem. Durante las grandes marchas de estatales, ferroviarios, telefónicos se negó a convocar un paro general para esperar un “momento oportuno” que nunca llegó. Ayudando de esta forma a la ola de despidos y privatizaciones de los 90 y el plan neoliberal menemista.

El Movimiento al Socialismo (MAS), y sus distintos frentes, era el partido de izquierda más conocido durante los 80 y 90. Parte de su fracaso fue hacer seguidismo al ubaldinismo y no formar una corriente independiente que hiciera fracciones en los sindicatos para pelear su dirección para enfrentar el plan de privatizaciones que ya había empezado con Alfonsín. Al mismo tiempo en lo político, cedieron a la democracia burguesa impuesta por el pacto de transición de la dictadura por partidos como el PJ, la UCR, el PI e incluso el PC. Con estos últimos harían frentes que no servían para ganar a los trabajadores -que podían estar en crisis con el peronismo- para la independencia de clases y peor aún, mientras comenzaban procesos contra el estalinismo en la URSS que podían desembocar en procesos revolucionarios.

 

¿Puede haber una renovación hoy?

Hoy el peronismo tiene nuevamente un fuerte debate interno. Se habla de "renovación", aunque no parece fácil comparar este momento con aquel proceso que lideró Don Antonio.

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No es comparable la crisis económica del gobierno de Alfonsín con la que por ahora atraviesa Macri (mucho menor), aunque desde el punto de vista político, no parece haber figuras como en los 80 que, aunque no era nuevas, puedan liderar la “unidad del peronismo”. En realidad tanto en los 80 como en la actualidad no había “renovación” en el sentido estricto del término. Los peronistas que la propusieron en los 80 eran viejos dirigentes con oscuras historias como Cafiero que fue parte del gobierno de Isabelita. Ahora, junto al presidente del PJ Menéndez se encuentran viejos conocidos como Gioja y Scioli, Capitanich, Urtubey, que incluso están pensando si “renovarse” sin Cristina.

 

Acto en 2016 por una "Segunda Renovación Peronista" con Gioja, Insfrán, Magario, Insaurralde, Solá

La situación exige una oposición al gobierno de Macri, ¿Surgirá del PJ? ¿De una alianza de Pichetto con Massa? Aunque ambos le votaron la mayoría de las leyes a Macri. ¿Puede liderarla CFK sola? Y ¿qué relación tendría con los sindicatos? No hay una CGT “renovada” y unificada como la que lideraba Ubaldini. El proyecto de una nueva MTA con Pablo Moyano, las CTA y Palazzo parece haberse abortado rápidamente. ¿Algún sector de los que vienen traicionando con la tregua a Macri a cambio de beneficios pero que ahora se ve perseguido por las denuncias de corrupción del gobierno pasará a la oposición?

Lo que es seguro es que ahora existe el FIT, que además de tener una mayor influencia electoral, más cargos en el Congreso y en la Legislatura que el MAS (que solo llegó a conseguir un diputado nacional, una diputada provincial en Buenos Aires y un concejal en Rosario), influye en sectores de trabajadores que se pueden convertir en la vanguardia del enfrentamiento a los planes de ajuste de Macri, en dirigentes que se preparen para barrer a la burocracia de los sindicatos, en luchadores por la independencia de clase de los partidos patronales y en los sindicatos. Más allá de las posibilidades que tiene el peronismo para resolver su crisis, los revolucionarios nos tenemos que preparar para ayudar a los trabajadores a hacer su experiencia hasta el final como un puente para que el gobierno termine en sus manos.

Notas:

1. Tras la convocatoria a elecciones del Presidente Lanusse para marzo de 1973 (y proscripta la candidatura de Perón por los militares), un sector del sindicalismo encabezado por Lorenzo Miguel y Rucci, impulsó la candidatura de Cafiero a presidente por el justicialismo. Pero Perón se definió por Héctor Cámpora, viendo que Cafiero aparecía muy ligado a los militares. En 1973 fue nombrado Presidente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Fue más tarde Secretario de Comercio de la Nación. Durante la presidencia de Isabel Perón, fue Interventor Federal de la Provincia de Mendoza entre agosto de 1974 y mayo de 1975, Ministro de Economía de la Nación (1975 - 1976).

2. Tanto Cafiero como Ubaldini tenían estrechas relaciones con la Iglesia. Cafiero en su juventud formó parte de la Acción Católica y siempre confesó su fervor por el catolicismo y había sido designado embajador ante la Santa Sede durante la presidencia de Isabel Perón, aunque por poco tiempo debido al golpe militar de 1976. Cafiero estaba bien visto por Roma. Ante su muerte el papa Francisco rezó por él expresando su cercanía con la familia Cafiero.

Fuentes:

   María Teresa Brachetta, “La Renovación Peronista. Promesa y decepción del peronismo en los 80”.

   Martina Garategaray, “Entre Perón y Alfonsín: Notas sobre la Renovación peronista (1983-1988)”.

   Lucho Aguilar, “El papa Francisco y la historia de la Vati-CGT”, LID, 13/9/2016

(...)

 

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Que-fue-la-Renovacion-Peronista

 

 

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, nos urge multiplicar los espacios de deliberación popular para encaminar las políticas respecto a los bienes comunes. Tal objetivo nos desafía aclarar conceptos claves para situarnos en la realidad profunda que las elecciones encubren a fin de suscitar la conciliación de nosotros, los diversos de abajo, con quienes van avasallando derechos humanos de una extensa mayoría de nosotros al progresar en su crecimiento económico que no es del país ni del continente-mundo. Por ejemplo, los políticos e intelectuales de la grieta nos apartan de la lucha de clases ocultando detrás de Macri o del neoliberalismo al capitalismo. Reflexionemos sobre:

 

Crítica de la tesis de la financiarización

diciembre de 2008

 

Por Rolando Astarita

 

 

(...) A modo de conclusión:

neoliberalismo, interpretaciones alternativas

 

Lo desarrollado en este trabajo permite comprender por qué tampoco podemos coincidir con la caracterización del ascenso del neoliberalismo como un asalto del sector financiero a los puestos de mando del capital. Pensamos que lo que se llamó la política neoliberal fue mucho más que eso. Fue el ascenso de la reacción de toda la clase capitalista, apoyada en amplios sectores de las clases medias, contra los trabajadores y las capas populares más empobrecidas de los pueblos –por ejemplo los campesinos pobres– para restablecer la rentabilidad y fortalecer las posiciones del capital frente a los explotados. Los ataques a los derechos sindicales; las políticas “de ajustes” que implicaban bajas de salarios; las legislaciones para la flexibilización laboral; la caída de derechos laborales de larga data; la caída o supresión de subvenciones a desocupados; el empobrecimiento de los pensionados y jubilados; las ofensivas contra los inmigrantes, entre otras medidas que se tomaron en prácticamente todo el mundo, beneficiaron a la burguesía de conjunto.

 

También otras medidas que apuntaron a mejorar las ganancias fueron apoyadas por toda la burguesía. Por ejemplo las privatizaciones de empresas estatales, incluidas las de los regímenes stalinistas, significaron someter de manera más plena a la ley del valor a fuerzas productivas más amplias. En ellas participaron capitales industriales y comerciales de todo tipo; no encontramos elementos para decir que favorecieron sólo, ni principalmente, al sector financiero. De la misma manera la ofensiva por reducir impuestos y desfinanciar al “Estado keynesiano de bienestar” fue apoyada por toda la burguesía, y fue llevada adelante en beneficio del capital de conjunto.

 

Como es sabido, la ofensiva económica fue acompañada de la reacción política, cultural e ideológica, con el liderazgo y apoyo del capital global. Las dictaduras militares que asolaron a los países latinoamericanos en la década de los setenta y ochenta fueron apoyadas por las burguesías de estos países, y no sólo por el capital financiero. Lo mismo podemos decir del sustento que tuvieron Reagan en Estados Unidos y Tatcher en Gran Bretaña. La reacción contra medidas progresistas, que se habían logrado en las fases de ascenso de los movimientos populares y reivindicativos, tuvo amplio consenso en las clases acomodadas y medias. Por ejemplo, la reacción contra la discriminación positiva, que favorecía a las minorías raciales o sexuales. De la misma manera tuvo amplia aceptación la consigna “que gane el mejor y el más fuerte”, los que tienen más oportunidades; que lógicamente beneficia a los más ricos. Tampoco el rechazo a los movimientos críticos, a las culturas contestatarias, y el resurgimiento de movimientos xenófobos y racistas, así como la exaltación de los valores conservadores burgueses. No pretendemos hacer aquí un recuento exhaustivo de todo lo que significó la reacción neoliberal, sino señalar simplemente algunos de sus rasgos salientes, con el objetivo de mostrar que se trató de algo mucho más profundo que el mero asalto de las finanzas y la imposición de tipos de interés altos durante algunos años, a principios de los ochenta.

 

El capital industrial o comercial no fue “sojuzgado” por el capital financiero desde fines de la década de los setenta. El trabajo, de conjunto, sí fue subsumido de forma más completa al capital, sin distinciones de fracciones dentro de éste. Éste ha sido el sentido más profundo del ascenso del neoliberalismo en los últimos 30 años. El neoliberalismo ha sido la expresión política e ideológica de la orientación de fondo que ha tomado la clase capitalista a nivel mundial. Orientación que responde a la división central de la sociedad actual, la que se da entre el capital y el trabajo.  

Bibliografía: (...)

Fuente: http://www.rolandoastarita.com/dt-Critica%20tesis%20de%20la%20financiarizacon.htm

 

Pensemos cómo se distorsionan nuestros debates si desconocemos nuestra subsunción en el sistema capitalista:

 

El financiamiento de los partidos burgueses
11 de junio de 2019

Por Rolando Astarita

El 15 de mayo pasado la Cámara de Diputados aprobó la ley de financiamiento de los partidos políticos, la cual establece que “obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales”.

 

La aprobación de la ley suscitó una fuerte crítica del diputado Del Caño, representante del PTS-FIT. Del Caño sostuvo que los diputados discutían “cómo van a financiar las campañas con la guita que les van a dar los empresarios”, y se quejó de que las distintas fuerzas políticas no tienen la misma posibilidad de hacer conocer sus propuestas a la población (https://www.laizquierdadiario.com/Festejo-empresario-podran-blanquear-sus-aportes-a-las-campanas-electorales). Días más tarde Christian Castillo, también dirigente del PTS-FIT, volvió sobre el tema. Afirmó que es “un escándalo… que las empresas puedan financiar legalmente a los partidos políticos, con lo cual empieza un ’toma y daca’. El Frente de Izquierda no sólo votamos en contra, sino que hoy presentamos un amparo porque esto cambia las reglas de juego. Ya convocadas las elecciones se cambia como va a ser la elección. (…) Entonces hemos presentado esto con Myriam Bregman y Nicolás del Caño, protestando contra lo que es insólito, que es blanquear y plantear una amnistía a todos los partidos que se financiaron ilegalmente con las empresas” (intervención en C5N, bajado de Izquierda Diario el 4/06/19;http://www.laizquierdadiario.com/Castillo-Hay-que-discutir-como-la-gente-puede-vivir-bien-y-no-como-pagar-la-deuda).

 

Ni escandaloso, ni insólito; es lo natural

Pues bien, en oposición a lo que dicen Del Caño y Castillo, sostengo que la ley solo expresa lo que es una relación lógica (o sea, ni escandalosa, ni insólita) en el capitalismo. Es que en tanto exista el modo de producción capitalista será inevitable (y por lo tanto natural, aunque se trate de una naturalidad social) que los partidos burgueses se financien con plusvalía (esto es, con trabajo no pagado). En este respecto, las formas en que les llegue esa plusvalía es una cuestión secundaria. Puede ser por medio del Estado; pueden recibir subvenciones de los empresarios “bajo la mesa”, como venía sucediendo hasta ahora; o de manera abierta, como parece que puede ocurrir a partir de ahora. Estos financiamientos son inherentes a la naturaleza de la política burguesa, y del Estado. Hace más de 50 años Ralph Miliband en El Estado en la sociedad capitalista(México, Siglo XXI) decía que en los países adelantados los círculos de negocios constituían, invariablemente, una fuente esencial de financiamiento de los partidos conservadores y defensores del sistema capitalista. Ocurría en Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Francia y el resto de los países adelantados: “… la historia es monótonamente la misma, en todas partes. Y no tiene nada de sorprendente que así sea” (p. 183; énfasis agregado). Deberíamos agregar que desde que Miliband escribió su libro, muchos partidos socialdemócratas también pasaron a ser financiados directamente por el mundo de los negocios. Y la situación seguirá así en tanto continúe el modo de producción capitalista.

 

Por eso, tampoco tiene sentido que la izquierda recurra a la Justicia para reclamar un tratamiento “igualitario” en materia de subvenciones para todos los partidos. Es que no puede haber trato igualitario cuando se trata del reparto de plusvalía entre partidos políticos que expresan intereses de clase antagónicos.

 

Una vez más, “el incidente secundario” de Bebel y la tradición socialista

La reacción de Del Caño y Castillo frente al financiamiento de los partidos burgueses me trae a la memoria el “incidente secundario”, que comenté en una nota anterior (aquí), entre el dirigente de la izquierda socialista alemana Bebel y un parlamentario perteneciente al ala derecha, Frank. Lo recuerdo brevemente: ocurrió durante un Congreso del Partido Socialdemócrata alemán, y fue comentado por Lenin. Frank se había quejado porque un ministro alemán había afirmado que no existía igualdad de derechos entre los socialdemócratas y los partidos burgueses, y Bebel respondió que era natural que el ministro hiciera esa afirmación, ya que representaba el régimen capitalista, y debía defenderlo contra los ataques de los socialistas. Frank se indignó con la respuesta de Bebel, y Lenin comenta: “¿Es posible sentirse ‘ofendido’ porque a nosotros, enemigos de todo régimen burgués, un defensor de ese régimen no nos conceda iguadad de derechos sobre la base de la ley burguesa?” Y agregaba que “el pequeño incidente” era expresión de “dos mundos”: uno que puede desenvolverse, en determinados períodos, bajo la legalidad burguesa, pero que lleva a un choque inevitable con el orden constitucional. El otro era el punto de vista del reformismo pequeño burgués, cada vez más hundido en las redes del sistema existente.

 

Con las modificaciones del caso, el criterio de Bebel – Lenin debería ser rescatado a la hora de marcar el abismo que separa a los marxistas del legalismo burgués, del cuento del “Estado neutro” y la “igualdad de los ciudadanos”, y semejantes. Al decir que es natural que en este sistema social y político haya desigualdad de trato entre los partidos burgueses y los que se reivindican del anticapitalismo, el marxista está diciendo que esa desigualdad no se suprime votando leyes (¿no hay límites para el cretinismo parlamentario?); ni recurriendo a la Justicia burguesa.

 

Por último, sobre las subvenciones estatales

Digamos por último que la naturaleza del financiamiento a los partidos no se altera por el hecho de que el Estado asuma, total o parcialmente, la tarea. En realidad, la canalización de fondos hacia los partidos ocurre por las dos vías. Pero por eso mismo la subvención estatal a los partidos de izquierda no es neutra ni inocente. Es que en muchas ocasiones – y este es el objetivo real del asunto – esas subvenciones ejercen una presión objetiva para mantener a la izquierda en los marcos de lo aceptable por el sistema. Más aún, en la medida en que políticos y partidos de izquierda reciben emolumentos con los que mantienen funcionarios (asesores, colaboradores, etcétera) y actividades (campañas electorales, viajes, aparatos de propaganda), más y más se fortalecen esos condicionamientos. Hace poco un dirigente trotskista brasileño me señalaba los efectos devastadores que habían tenido las subvenciones del Estado sobre mucha militancia del ala de izquierda del Partido de los Trabajadores de Brasil. Algo similar ocurrió con buena parte de la izquierda en Venezuela. No se trata entonces de una cuestión menor. La clase dominante no domina solo, ni tal vez principalmente, con represión. No habría que olvidarlo.

Descargar el documento: varios formatos siguiendo el link, opción Archiv—-o/Descargar Como: El financiamiento de los partidos burgueses

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2019/06/11/el-financiamiento-de-los-partidos-burgueses/

 

 

Estamos subsumidos en el capitalismo cuya economía "estudia los mercados y la minimización de costos y maximización de ganancias; lo cual se traduce en la imposición de un individualismo economicista que descarta cualquier medida favorable a la mayoría de los seres humanos que no sea vista como una inversión redituable".

 

Podemos explicarnos la creencia en los gobiernos progresistas porque "se observa cómo la humanidad se halla subordinada, de un modo u otro, directa e indirectamente, a la lógica de la acumulación y reproducción de capitales manejados (sin control efectivo de muchos gobiernos) por las grandes corporaciones transnacionales, principalmente aquellas de origen estadounidense. Esto hace que mucha gente alrededor del planeta estime que, fuera del sistema capitalista, no existe opción alguna, por lo que cualquier esfuerzo debe orientarse a la regulación de su funcionamiento, con mejoras o reformas que le den un cariz más humano y equitativo, de manera que faciliten reducir los escandalosos abismos existentes entre ricos y pobres".

 

 

El capitalismo neoliberal y

el sujeto de rendimiento

7 de marzo de 2019

Por Homar Garcés (Rebelión)

 

El antiguo concepto que catalogó por mucho tiempo a la economía como la ciencia encargada  del estudio de la producción de los medios de vida para satisfacer las necesidades de toda la sociedad pasó a ser, bajo la influencia del neoliberalismo capitalista, en la ciencia dedicada al estudio de los mercados y de la minimización de costos y maximización de ganancias; lo cual se traduce en la imposición de un individualismo economicista que descarta cualquier medida favorable a la mayoría de los seres humanos que no sea vista como una inversión redituable. Esto influye en el surgimiento de una progresiva eliminación de la empatía que debiera existir entre las personas (incluso a nivel familiar), lo que dificulta la factibilidad de algún tipo de lucha mínima para la satisfacción de objetivos y necesidades comunes.

 

Así, sin echar mano a un análisis demasiado complicado, se observa cómo la humanidad se halla subordinada, de un modo u otro, directa e indirectamente, a la lógica de la acumulación y reproducción de capitales manejados (sin control efectivo de muchos gobiernos) por las grandes corporaciones transnacionales, principalmente aquellas de origen estadounidense. Esto hace que mucha gente alrededor del planeta estime que, fuera del sistema capitalista, no existe opción alguna, por lo que cualquier esfuerzo debe orientarse a la regulación de su funcionamiento, con mejoras o reformas que le den un cariz más humano y equitativo, de manera que faciliten reducir los escandalosos abismos existentes entre ricos y pobres; cuestión ésta que ha resultado infructuosa en cada nación donde se pretendió hacerse, como ocurriera en Chile en el siglo pasado bajo la presidencia de Salvador Allende o en la actualidad con Venezuela. Gran parte de quienes comparten esta visión del capitalismo con "rostro humano" olvidan que «las relaciones socialistas capitalistas no son precisamente -como lo afirma Miguel Mazzeo en su libro “¿Qué (no) hacer?”- las más adecuadas para el desarrollo espontáneo de la horizontalidad y la autonomía»; es decir, el fomento y la práctica de la democracia (o soberanía popular) no encajan en lo que es el sistema capitalista, sobre todo neoliberal, por lo que generalmente éste actúa en su contra si percibe que puedan afectar gravemente sus intereses.

Para alcanzar sus propósitos, el capitalismo neoliberal requiere de una nueva clase de sujetos que se adapten sin coacción de por medio al mundo modelado a su gusto. En «Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder», el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han los llama sujetos de rendimiento y explica que «el neoliberalismo, como una forma de mutación del capitalismo, convierte al trabajador en empresario. El neoliberalismo, y no la revolución comunista, elimina la clase trabajadora sometida a la explotación ajena. Hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa. Cada uno es amo y esclavo en una persona. También la lucha de clases se transforma en una lucha interna consigo mismo». Esto ocasiona que «el sujeto neoliberal como empresario de sí mismo no es capaz de establecer con los otros relaciones que sean libres de cualquier finalidad. Entre empresarios no surge una amistad sin fin alguno»; de ahí que no muestre mucho interés en sumarse a iniciativas de lucha que promuevan la profundización de la democracia (expresada en la vigencia del Estado de Bienestar con que se buscó disminuir la atracción por el comunismo entre los trabajadores y cuyo desmantelamiento operativo, además de su total control, es un requisito indispensable para la consolidación del capitalismo neoliberal), así ello signifique disminuir, sacrificar o perder todos los derechos sociales y políticos hasta ahora consagrados por vía constitucional.

A pesar de la existencia de este sujeto de rendimiento del capitalismo neoliberal, han surgido en el horizonte unos nuevos paradigmas y unas nuevas relaciones sociales, así como la necesidad de reorientar la producción hacia el bien común. Estos son los elementos distintivos de la diversidad de grupos y movimientos que se han organizado de forma autónoma frente a la hegemonía neoliberal, mostrándose capaces de prefigurar un orden social hasta ahora diferente y, por consiguiente, inaudito. Entre sus características más resaltantes se encuentran la cooperación, la complementariedad, la utilidad social y la reciprocidad que, de llevarse a una expresión de alto grado, le otorgará a la democracia un mejor sentido del que posee en la actualidad, al hacer realidad la participación y el protagonismo de los sectores populares sin que exista algún factor de poder que pueda coartarlos bajo ningún concepto o excusa. Esta herejía, interiorizada por los sectores subordinados, rompe -si no de una manera absoluta, como se quisiera, sí en alguna proporción significativa- con la lógica impuesta por los sectores dominantes. A diferencia del sujeto de rendimiento, tan acorde con el capitalismo neoliberal, quienes participan en este proceso de organización, sobrevivencia y resistencia colectiva comparten la necesidad de avanzar hacia nuevos derroteros de desarrollo integral de todo el conglomerado social (no simplemente de una minoría) y se convierten -de modo consciente o no- en los precursores del establecimiento de un modelo civilizatorio que bien podríamos llamar postcapitalista, con gobiernos de bienes comunes, que respondan al interés general (incluido en éste la naturaleza) y no en beneficio exclusivo (como viene ocurriendo) de las grandes corporaciones monopólicas capitalistas.

 Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=253318

 

Destaquemos que el kirchnerismo como todos los gobiernos de turno desde 1983 hicieron 'democrático':

 

 

 

El ascenso de Eduardo Elsztain y

el final que se viene de

la democracia argentina

12 de abril de 2019

Por Whitney Webb

mintpressnews.com

 

Traducido del inglés para Rebelión por J. M.

 

Este artículo es la Parte II de una serie de investigación de varias partes que examina los esfuerzos de la elite global, así como los poderosos elementos del lobby sionista global y el gobierno de Israel, para crear un Estado independiente fuera de la región de la Patagonia sur de Argentina con el fin de saquear sus recursos naturales y para satisfacer el interés sionista de larga data en el territorio que se remonta al "padre fundador" del sionismo, Theodore Herzl. La primera parte, que se centra en el "estado paralelo" de facto creado por el multimillonario británico Joe Lewis en la Patagonia argentina, se puede leer aquí. La Parte II se centra en Eduardo Elsztain, uno de los hombres de negocios más ricos de Argentina, que está profundamente conectado con la élite global y los lobbies sionistas globales, y su papel en un plan para socavar la democracia argentina mediante el secuestro de su sistema de votación.

Con el respaldo y financiamiento de la élite global, Eduardo Elsztain y sus socios más cercanos han tomado el control de las industrias de bienes raíces, electricidad, agricultura y finanzas de Argentina. ¿Su próximo objetivo? El sistema electoral argentino.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - Parecía un largo trecho, pero cualquier cosa era posible en la mente de un ambicioso Eduardo Elsztain, de 30 años. Elsztain, que entonces vivía en Nueva York, había tenido una reunión con el rico financiero húngaro-estadounidense George Soros, una reunión en la que la mayoría de los informes de los medios de comunicación sobre el ascenso de Elsztain hacia un alto perfil se resolvieron puramente por casualidad. Aunque Elsztain no tenía experiencia y era desconocido en ese momento, Soros vio algo que le gustaba en el ambicioso argentino, tanto que le dio 10 millones de dólares sin pensarlo dos veces.

Según recuerda Elsztain, "Hablamos durante aproximadamente una hora y luego me preguntó cuánto dinero pensaba que podía manejar. Le dije que podía administrar 10 millones". Soros, como lo recuerda Elsztain, simplemente dijo "Está bien, no hay problema". Más tarde, Soros explicó su inversión aparentemente impulsiva al decir que Elsztain "sabía cuándo vender y cuándo comprar".

La inversión de Soros no solo cambió el destino de Elsztain, sino también el de Argentina. Con esos 10 millones en fondos recién asegurados, Elsztain y su socio cercano Marcelo Mindlin transformaron la empresa de los abuelos de Elsztain -Inversiones y Representaciones SA ("Investments and Brokerage, Inc.", más conocida por su acrónimo en español IRSA)- en el imperio comercial más grande de Argentina. De hecho, a través de IRSA, Elsztain se ha convertido no solo en el mayor propietario de tierras y desarrollador de bienes raíces del país, sino también en la fuerza dominante en la masiva industria agrícola y de carne de res, su industria de extracción de oro y su sistema bancario. Como resultado, ha sido apodado por la prensa argentina simplemente "El terrateniente".

En los últimos años, el imperio comercial de Elsztain se ha extendido mucho más allá de Sudamérica y en Israel, donde posee la participación mayoritaria en uno de los conglomerados más grandes de Israel, el BID, así como importantes participaciones en varias otras compañías notables de Israel. Los medios israelíes con frecuencia se refieren a Elsztain como "el judío más rico de América del Sur". Estos intereses comerciales lo han convertido en uno de los oligarcas más poderosos de Argentina y el Estado sionista.

Sin embargo, como el multimillonario británico Joe Lewis, cuyas actividades en Argentina se describen detalladamente en la Parte I de esta serie, un historial de crímenes, planes y conspiraciones yacen debajo del imperio empresarial de Elsztain y su imagen cuidadosamente elaborada de un "hombre que se construyó a sí mismo" dedicado a la caridad judía y causas religiosas. Cabe destacar que el enorme imperio de negocios de Elsztain también está conectado al de Lewis a través del socio y compañero de larga data de Elsztain, Marcelo Mindlin, copropietario de la mayor compañía eléctrica privada de Argentina junto con Lewis.

Si bien Elsztain y Mindlin son sumamente poderosos e influyentes por derecho propio, a menudo actúan como los rostros argentinos para las políticas promovidas por la oligarquía global con las que ambos están bien conectados. De hecho, Elsztain y Mindlin están conectados a grupos de élite administrados por familias multimillonarias bien conocidas y controvertidas como los Rockefeller, Rothschild y Bronfmans, a través de sus roles de membresía y liderazgo en grupos como el Consejo de las Américas y poderosas organizaciones sionistas internacionales.

Estas conexiones con la oligarquía global y el sionismo global han llevado recientemente a Elsztain a orquestar una política que, si se promulga, destruirá por completo la democracia argentina y equivaldría a un "golpe de sangre sin sangre" en un país que ha estado en la mira de la elite global.

Habiendo comenzado en "pequeño", Elsztain recibe un "consejo de oro"

Inversiones y Representaciones SA (IRSA), ahora la compañía inmobiliaria más grande de Argentina, tuvo comienzos humildes, creciendo lentamente después de su fundación en 1943 por el abuelo de Eduardo Elsztain, Isaac Elsztain, un inmigrante ruso-judío que llegó a Argentina en 1917. Después de la inesperada muerte de su tío en 1981 y poco después de que Elsztain regresara de un año en el extranjero en Israel, Elsztain abandonó la universidad y asumió la administración de la empresa.

Cuando Elsztain se hizo cargo de la mayor parte de la administración de IRSA, la empresa tenía dificultades y valía apenas 100.00 dólares Elsztain se dirigió a su amigo Marcelo Mindlin y le pidió prestados 120.000 dólares para comprar acciones de IRSA y tomar el control definitivo de la compañía. La sociedad Mindlin-Elsztain se volvería espectacularmente lucrativa y alguna vez se refirieron a ella como “uno de los matrimonios comerciales más exitosos del menemismo”, una referencia a la presidencia de Carlos Menem que organizó la ola de privatizaciones de los años noventa.

Sin embargo, no fue hasta la fatídica reunión de Elsztain con Soros que IRSA se convertiría en el gigante que es hoy, ahora valorado en 11.600 millones. Además hubo otra reunión que ha recibido una cobertura mucho menor que también ayudó a Elsztain a asegurar su futura fortuna.

Mientras vivió en Nueva York de 1989 a 1990, antes de conocer a Soros, Elsztain hizo otra reunión para su "cambio de vida", con el Rebe de Lubavitch, Menachim Mendel Schneerson, del movimiento Jabad-Lubavitch, con sede en Nueva York, a menudo llamado simplemente Jabad . Podría decirse que Jabad es una de las organizaciones judías jasídicas, ortodoxas y más influyentes a nivel internacional; el Times de Israel una vez lo llamó “una de las fuerzas más poderosas del mundo judío”, y Schneerson fue su líder clave más prominente.

Schneerson ha sido promocionado por sus seguidores como un "líder profético visionario y pragmático, sintetizando una visión profunda de las necesidades actuales del pueblo judío con una visión amplia para su futuro", y también "trazó el curso de la historia judía" en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas, Schneersonenseñó de manera controvertida que "toda la producción [de un no judío] existe solo por el bien de los judíos" y fue implacablemente agresivo con respecto a la ocupación militar israelí de Palestina.

El mismo Elsztain ha calificado su reunión con Schneerson como igual de importante -sino más-para su éxito empresarial futuro como su reunión con Soros. Según un relato de la reunión publicada en Haaretz, "el rabino le aconsejó que vendiera sus participaciones en la bolsa de valores y se centrara en bienes raíces, una sugerencia que resultó ser muy oportuna". Haaretz llegó a la conclusión de que el " el éxito actual de Elsztein se debe al consejo de oro del Rebbe Lubavitcher".

Los profundos vínculos de Elsztain con el movimiento Jabad, así como los intereses de larga data de los sionistas argentinos de dentro y fuera de Jabad, en particular con respecto al control de las tierras y recursos del país, con énfasis en la Patagonia, se analizarán en detalle en una publicación posterior de esta serie. Por ahora, vale la pena señalar que el sitio web de Jabad indica que Elsztain "es el presidente honorario de Jabad de Argentina, y en esa posición ha sido un socio crucial para todas las actividades de Jabad en el país e incluso a nivel mundial".

Otro punto importante con respecto a los inicios de IRSA, y con él el extenso imperio comercial de Elsztain y Mindlin, es lo que realmente inspiró a George Soros para pagar 10 millones de dólares durante esa reunión "casual" con un joven argentino sin renombre. Aunque la historia oficial dice que Elsztain aseguró que su encuentro con Soros ocurrió por pura casualidad, el periódico argentino La Nación reveló que esto es simplemente un mito que se ha usado para crear la impresión de que la fortuna de Elsztainera era "propia".

De hecho, a pesar de la "leyenda" de que el negocio principal de Elsztain, IRSA, ha publicitado ncansablemente la reunión con Soros como "casual", La Nación, uno de os periódicos más prestigiosos de Argentina, escribió:

La verdadera historia es un poco menos espectacular. Elsztain se encontró cara a cara con Soros gracias a los contactos que había estado desarrollando dentro de la comunidad judía en Buenos Aires, que fue la responsable de abrirle las puertas del poderoso hombre de negocios [a Elsztain]".

Otro mito tiene que ver con la afirmación de que Soros estaba haciendo una inversión personal en Elsztain específicamente. En cambio, como revela un artículo del New York Times de 1998, Elsztain, durante esa decisiva reunión, persuadió a Soros de que soltase los 10 millones, no por IRSA ni por su propia brillantez financiera per se, sino después de convencerlo de que valía la pena ante las nuevas políticas del Gobierno argentino, que pretendían desregular y privatizar la economía. “De hecho, Soros había visto una oportunidad no necesariamente en Elsztain como individuo, sino más bien para saquear los recursos públicos de Argentina a través de la ola de privatizaciones que se avecinaba. 

Dirigentes para la revolución de la "libre empresa".

Soros, a través de sus poderosas conexiones con la élite internacional global y las corporaciones multinacionales, pudo asegurar que varias privatizaciones lucrativas cayeran en su regazo. Elsztain y su socio Marcelo Mindlin también se convirtieron en los principales beneficiarios de este capitalismo de amigos como resultado de su papel como líderes argentinos de Soros mientras duró su asociación de una década. Cuando la sociedad terminó, al menos públicamente, a principios de la década de 2000, Soros obtuvo al menos 500 millones de dólares en ganancias de sus inversiones en sociedad con Elsztain y Mindlin.

De hecho, después de solo ocho años de "menemismo” Elsztain y sus asociados, incluidos su hermano Alejandro y Mindlin, se convirtieron en "los favoritos de los gurús del mercado emergente de Wall Street y los revolucionarios de la libre empresa de Argentina". Elsztain y Mindlin continúan desempeñando este papel como líderes, pero después de superar a Soros a principios de la década de 2000, se convirtieron en líderes argentinos de la élite global, incluso después de dividir su legendaria sociedad, como se describirá en una sección posterior de este artículo.

Después de que Domingo Cavallo -un economista formado en Harvard que se desempeñó como presidente del Banco Central de Argentina durante la dictadura militar del país- se convirtiera en ministro de Economía en 1991 durante el primer mandato presidencial de Carlos Menem, se produjo una ola de privatizaciones destinadas a alinear a Argentina con el llamado "Consenso de Washington" promovido por el gobierno de George HW Bush. Muchas de esas privatizaciones fueron manejadas por solo un puñado de bufetes de abogados, uno de los cuales fue Zang, Bergel y Viñes.

Como señaló el investigador y escritor Fabian Spollansky , Zang, Bergel y Viñes fue "uno de los motores de la gran máquina de privatización" y, al haber sido contratados como "consultores" por el Gobierno liderado por Menem, ayudó a supervisar las privatizaciones de activos estatales claves , incluyendo las Aguas de Córdoba y la petrolera estatal YPF. Durante muchas de estas privatizaciones, dos de los socios de la firma, Saúl Zang y Ernesto Viñes, también trabajaban para IRSA -entonces administrados por la sociedad formada por Elsztain, Mindlin y Soros- y Elsztain estaba entre los principales clientes de la firma.

La superposición generó muchos conflictos de intereses, particularmente en la privatización del Banco Nacional de Ahorros y Seguros (Caja Nacional de Ahorro y Seguro), en el curso de la cual el contrato de consultoría de Zang, Bergel y Viñes con el gobierno fue cancelado cuando se reveló que la consultoría buscó vender la firma a Elsztain, que también era cliente de ellos y empleaba a Zang y Viñes por separado a través de IRSA. Este banco, ahora conocido como Caja SA, fue privatizado y vendido a una compañía italiana y al Grupo Werthein de Argentina. Los Wertheins están estrechamente vinculados con Elsztain a través de sus roles de liderazgo en la organización sionista internacional, el Congreso Judío Mundial, y sus vínculos con Elsztain se ampliarán en una próxima entrega de esta serie.

A partir de 1987, el Banco Mundial comenzó a ejercer presión sobre el Gobierno de Argentina, liderado por Raúl Alfonsín, para privatizar o cerrar el Banco Hipotecario Nacional, que se reestructuró drásticamente en 1992 bajo la presidencia de Menem. Tradicionalmente, el banco se había utilizado para otorgar préstamos extendidos a bajo interés a los argentinos, en particular a los de menores ingresos, y para financiar la construcción de obras tanto públicas como privadas. A pesar de los esfuerzos del Banco Mundial, los ejecutivos y empleados del banco, junto con muchos argentinos, se resistieron enérgicamente a los esfuerzos de privatización.

Como consecuencia, bajo las presidencias de Alfonsín y su sucesor Carlos Menem - cuyas políticas, junto con las de su ministro de economía, Domingo Cavallo, fueron responsables directamente del colapso de la economía argentina a principios de la década de 2000- el banco sufrió una "profunda reestructuración" que lo llevó a reducir drásticamente su personal, lo que resultó en el cierre de alrededor del 60 por ciento del total de sus sucursales. Además, según el escritor e investigador Fabián Spollansky, los cofres del banco estatal fueron manipulados para una variedad de propósitos que, en última instancia, y -como sostiene Spollansky- dieron lugar intencionalmente a una gran crisis en el banco que llevó a su transformación en 1992 en un banco mayorista y a la designación de Pablo Espartaco Rojo como presidente en 1994. Antes de tomar el control del banco Espartaco Rojo había servido como subsecretario de desregularización y organización económica del ministerio de Economía encabezado por Domingo Cavallo.

Espartaco Rojo pasó su tiempo como principal ejecutivo del banco allanando el camino para la eventual privatización del banco en 1997, cuando el IRSA de Elsztain se convirtió en el principal accionista del banco, después de pagar 1.200 millones de dólares que no provenían de IRSA, sino de George Soros. El precio para comprar el banco fue asombrosamente bajo considerando que el valor del banco, según Espartaco Rojo, era mucho más alto, y de hasta 6.000 millones, según algunos. Cabe destacar que uno de los consultores contratados por Espartaco Rojo para ayudar en el proceso de privatización del banco fue Zang, Bergel y Viñes.

Como presidente del banco, Espartaco Rojo había vendido la privatización del banco al país y a su Congreso afirmando que recibiría, como mínimo, 3 mil millones de dólares en la operación, fondos que luego se colocarían en un nuevo Fondo Federal para la Infraestructura Regional que financiaría la construcción de obras públicas en todo el país: una promesa que nunca se cumplió, ya que solo se recibieron 1.200 millones y con el fondo no se construyó ninguna obra pública.

En la supervisión de la privatización, junto con Espartaco Rojo, estaba el entonces ministro de Economía Roque Fernández, un Chicago boy neoliberal que también fue funcionario del Banco Mundial y del FMI. Posteriormente llegaron demandas para investigar a Fernández y Espartaco Rojo y otras partes involucradas en la privatización "altamente irregular" del banco, pero no se llegó a ningún lado. Una de las personas clave acusadas de participar en actividades ilegales que llevaron a la privatización del banco es Daniel Marx, que fue negociador principal de la deuda externa de Argentina desde 1989 hasta 1993 y está estrechamente vinculado a la élite financiera mundial a través de su banco de inversiones, Quantum Finanzas.

Después de la privatización, Espartaco Rojo se mantuvo como presidente del banco hasta el año 2000. El presidente del banco después de Espartaco Rojo fue Miguel Kiguel, quien había sido subsecretario de Finanzas y asesor principal del ministro de Economía de Argentina bajo Menem y, lo más crucial, economista jefe del Banco Mundial en el mismo momento en que el Banco Mundial estaba presionando al Gobierno de Argentina para que privatizara el Banco Hipotecario.

Después de la privatización del banco, muchos de los asociados de Elsztain fueron recompensados ​​con cargos en el directorio del banco, incluidos Saúl Zang y Ernesto Viñes, así como Mario Blejer, vicepresidente del banco. Blejer fue asesor del FMI durante décadas y presidente del Banco Central de Argentina. Como presidente del Banco Central, intentó forzar la dolarización de la economía argentina durante su colapso y el impago de la deuda, una crisis creada por las políticas de Menem y Cavallo. Blejer también es socio de larga data de Elsztain y miembro de la junta directiva de IRSA, así como antiguo asesor del Banco de Inglaterra, y fue considerado un favorito para dirigir el Banco Central de Israel tanto en 2013 como en 2018.

Otro notable director del banco fue Jacobo Julio Driezzen, exdirector ejecutivo suplente del FMI, subsecretario de finanzas del Ministerio de Economía durante el período previo al colapso económico de Argentina, y director ejecutivo de Galicia Capital Markets, una subsidiaria del Banco Galicia, uno de los bancos privados más grandes de la Argentina.

Como se mostrará en un próximo artículo de esta serie, la privatización del Banco Hipotecario fue solo una de las muchas privatizaciones "irregulares" durante la presidencia de Carlos Menem. Ese artículo también revelará cómo las políticas de Menem, así como las de sus ministros de economía, resultaron directamente en la crisis económica que enfrentó Argentina a principios de la década de 2000, en la que la elite global incluidas las controvertidas figuras relacionadas con Eduardo Elsztain Henry Kissinger, los Rockefeller y otros, intentaron utilizar esta crisis de ingeniería para presionar al Gobierno de Argentina para que "canjeara" su deuda por la totalidad de la Patagonia.

En última instancia ese esfuerzo no tuvo éxito. Sin embargo, ahora se está diseñando un colapso similar bajo la actual presidencia de Mauricio Macri, un aliado cercano de Elsztain y Mindlin, con la Patagonia nuevamente en la mira.

Como se señaló en la Parte I de esta serie, la elite global, y los elementos particularmente poderosos del lobby sionista global, han buscado durante mucho tiempo crear un Estado independiente fuera de la Patagonia por varias razones, con el objetivo de dominar sus ricos recursos naturales, entre ellos el agua dulce y el petróleo.

Un diagrama de flujo vertiginoso de tentáculos.

La adquisición de Banco Hipotecario por parte de Elsztain fue solo uno de los muchos movimientos realizados por él -en asociación con Soros y Mindlin- que han resultado en su patrimonio neto de miles de millones de dólares y en el "imperio de negocios más grande de Argentina". Sin embargo, como se ha demostrado, nada de eso habría sido posible sin las conexiones de Elsztain con la élite y con el Gobierno de Argentina.

Hoy IRSA, bajo el reinado de Elsztain, se ha convertido en un verdadero gigante corporativo y en la compañía de bienes raíces más grande del país. Su cartera abarca casi todos los centros comerciales más importantes de Argentina, incluidos Alto Palmero, Abasto y Patio Bullrich, entre otros, así como bienes raíces en áreas de gran demanda en todo Buenos Aires y una gran cantidad de oficinas y viviendas alquiladas y hoteles y resorts de lujo en todo el país.

Sin embargo, IRSA no es más que una parte del imperio de Elsztain, un componente clave del cual es la empresa de productos básicos agrícolas, Cresud, fundada originalmente en 1937. Elsztain comenzó a comprar acciones de Cresud en 1992 y luego compró una participación mayoritaria en 1994, pagando alrededor de 25 millones de dólares, asumiendo el control de la empresa. Después de la compra, Soros puso casi 62 millones en la compañía, que luego se hizo pública con el respaldo de Soros en la Bolsa de Nueva York. IRSA luego pasó a ser propiedad de Cresud, con Elsztain reteniendo el control de ambas.

Según un perfil de Haaretz de Elsztain, "No se sabe si, o en qué medida, apalancó (es decir, tomó prestados los fondos a una tasa de interés más baja de la que esperaba obtener) con el fin de adquirir el control en Cresud , donde tiene una participación del 38 por ciento”. Hoy, Cresud, dirigido por el hermano de Elsztain, Alejandro Elsztain, es uno de los principales productores de carne de res y cereales del país y domina a las organizaciones de agronegocios argentinas.

Después de su adquisición de Cresud, con la ayuda de Soros y Mindlin, Elsztain -después de la crisis económica mexicana en 1994 y 1995- "se volvió más agresivo en su búsqueda de propiedades tanto urbanas como rurales" que "dio sus frutos", según el New York Times. Como se señaló en la Parte I de esta serie, esa crisis económica en México, cuyos efectos se extendieron por toda América Latina, incluida Argentina, se debió en parte a la especulación monetaria realizada por otro asociado de Soros: el multimillonario británico Joe Lewis, que había "quebrado el Banco de Inglaterra" con las mismas tácticas que utilizó Soros unos años atrás , lo que provocó la crisis con la que Elsztain se benefició a través de Cresud e IRSA. Lewis es el copropietario de la compañía de electricidad privada más grande de Argentina, Pampa Energía, y el otro copropietario es el antiguo asociado de Elsztain Marcelo Mindlin.

Se cree que Cresud es uno de los más grandes, si no el más grande, de los terratenientes en Argentina, que posee un estimado de 2,5 millones de acres, además de más tierras de labranza que arrienda. Ha sido la fuerza impulsora detrás de la destrucción de las granjas familiares en Argentina, la siembra masiva de soja transgénica y la introducción de granjas de carne de vacuno alimentadas con maíz, que socavan la larga reputación de Argentina de proporcionar carne de res alimentada con pasto de alta calidad. De manera reveladora, el New York Times elogió a Cresud, bajo la administración de Elsztain, por "destruir la pintoresca tradición de granjas y ranchos familiares ineficientes de la nación". Muchas de las propiedades de Cresud se pueden encontrar en la Patagonia argentina.

Aparte de las considerables propiedades de Cresud e IRSA en la Patagonia, Elsztain posee un estimado de 100.000 hectáreas (247.000 acres) cerca de San Carlos de Bariloche, mientras que Mindlin posee alrededor de 40.000 hectáreas (98.800 acres) a solo unas pocas millas de distancia de la propiedad similarmente grande de Joe Lewis, cuyo "estado paralelo" en esta área de la Patagonia fue el tema de la Parte I de esta serie.

El control de Cresud sobre la tierra y los agronegocios se extiende más allá de Argentina, llega a otras naciones sudamericanas como Brasil, Paraguay y Bolivia a través de Brasil Agro, donde Cresud compró una participación de control. Cresud también tiene una participación importante en el banco controlado por Elsztain, Banco Hipotecario, así como en otra empresa inmobiliaria argentina masiva, APSA.

El espectacular crecimiento del imperio de negocios de Elsztain llevó al New York Times a escribir que "sus fortunas se entrelazan cada vez más con las fortunas de [la] nación". En ese momento, Soros tenía "aproximadamente una cuarta parte de las acciones de ambas compañías [IRSA y Cresud]", según el Times, aunque Elsztain finalmente rompió sus lazos comerciales con Soros en 2000 y tomó el control completo del imperio empresarial ahora masivo.

Sin embargo, este imperio de Elsztain se había construido con mucho más que la ayuda de Soros. De hecho, otros accionistas claves de IRSA que ayudaron a financiar la adquisición de Cresud, Brasil Agro y otras participaciones clave de Elsztain eran tres multimillonarios estadounidenses, todos conocidos por su activismo sionista: Sam Zell, magnate estadounidense de bienes raíces; Michael Steinhardt, legendario administrador de fondos de cobertura ypresidente del Consejo Asesor Estratégico de Genie Energy y Edgar Bronfman, cuya fortuna fue hecha en las destilerías Seagram y Universal Studios, entre otras. Bronfman, expresidente del Congreso Judío Mundial, conocido por su cercanía con los Clinton, había conocido a Elsztain mucho antes, cuando se reunieron previamente en Israel.

Además de la ayuda proporcionada por los poderosos multimillonarios, el crecimiento del imperio de Elsztain fue apoyado notablemente por el Gobierno de Argentina en varias ocasiones, no solo durante la presidencia de Menem sino también bajo las presidencias de Néstor Kirchner, su esposa y sucesora Cristina Fernández de Kirchner y más recientemente el de Mauricio Macri.

Un claro ejemplo de esta ayuda proporcionada por el Gobierno es el hecho de que la Administración de Seguridad Social de Argentina (ANSES), que financia la mayoría de los programas sociales recientemente destruidos de Argentina, está fuertemente intervenida y ha sido utilizada para comprar acciones de una serie de empresas propiedad de Elsztain y Mindlin incluyendo IRSA, Cresud, Alto Palmero SA, Pampa Energía, Edenor y Petrobras Argentina. Al menos en dos casos, ANSES ha sido utilizado tanto por Elsztain como por Mindlin para adquirir fraudulentamente empresas y expandir sus imperios empresariales.

Elsztain e Israel

En 2012, Elsztain se arriesgó a comenzar a construir un nuevo imperio empresarial, no en Argentina sino en Israel. Su salto al mercado de Israel tomó a muchos por sorpresa, no por su decisión de invertir en el país, sino por dónde y con quién había decidido invertir. En septiembre llegó la noticia de que Elsztain había ofrecido al conflictivo empresario israelí Nochi Dankner 25 millones de dólares para mantener a flote el imperio empresarial de este último, el IBD, el mayor holding de Israel. No solo eso, sino que prometió invertir 75 millones de dólares adicionales en el futuro cercano, para escándalo del sector financiero de Israel e incluso de los accionistas del IBD, que cada vez perdían más la fe en Dankner.

Las razones de Elsztain para invertir tan fuerte y aparentemente de la nada para apoyar a un polémico magnate israelí y apuntalar al IDB llevaron a una considerable especulación en los medios israelíes. En particular, Haaretzafirmó que probablemente estaba vinculado al "activismo sionista" de Elsztain, así como a un "elemento religioso-espiritual" derivado de su cercanía con el movimiento Jabad con sede en Nueva York. De hecho, Elsztain había sido presentado a Dankner por el rabino de Jabad Yoshiyahu Pinto, cuyo suegro, Shlomo Ben Hamo, es el rabino principal de Argentina. Pinto ha sido una figura importante en las inversiones anteriores de Elsztain y su papel, así como los de otros rabinos de Jabad en las actividades comerciales de Elsztain, incluidos los inescrupulosos, se analizará en un artículo posterior de esta serie.

Haaretz señaló además que la apuesta de 25 millones probablemente causaría una controversia en Argentina, el país de origen de Elsztain, dado que el dinero se originó en el IRSA de Elsztain, donde ANSES fue fuertemente saqueado. Así, declaró el periódico israelí:

“Elsztain está tomando el dinero que los trabajadores argentinos ... han invertido en sus compañías para su futura jubilación para su propia inversión especulativa, cuyo objeto es salvar el manejo de Dankner sobre el grupo del IDB".

La promesa de Elsztain de invertir 75millones más en Ganden Holdings de Dankner, por medio del cual era propietario del IDB, se había derrumbado en julio de 2013, una decisión que Elsztain había tomado solo unos días después de convertirse en vicepresidente del IDB. Aunque Elsztain dio marcha atrás en sus planes para ayudar a Dankner a mantener su control sobre la compañía, Elsztain no tenía planes de abandonar su objetivo final de influencia sobre el imperio empresarial del IDB y unió fuerzas con un empresario israelí relativamente desconocido, Moti Ben-Moshe.

Para finales de año, y con la ayuda del sistema judicial israelí, Elsztain y Ben-Moshe habían arrebatado el control de Dankner en el holding masivo y se convirtieron en sus nuevos propietarios. Luego, solo dos años después, Elsztain echó a Ben-Moshe y se convirtió en el único accionista controlador de la megacompañía. Se cree que la inversión total de Elsztain en el IDB a través de IRSA y sus afiliadas supera los 420 millones.

El IDB es una de las compañías más grandes de Israel y entre sus posesiones se encuentran la cadena de supermercados más grande de Israel, Shufersal (a veces escrita como Súper-sol), la piedra angular de la industria tecnológica israelí y compañía matriz de los sistemas de armas Elbit, Elron Electronics, la cuarta aerolínea más grande de Israel, Israir, el gigante lácteo kosher israelí Mehadrin y uno de los proveedores de internet más grandes de Israel, CellCom, entre otros.

Poco después de que Elsztain adquiriera el control sobre el IDB, destacados aliados suyos tomaron las primeras posiciones en las filiales del IDB. Por ejemplo Matthew Bronfman, que tiene negocios con los Rothschild y es hijo del aliado y asociado de Elsztain Edgar Bronfman, se convirtió en el principal accionista de Shufersal, mientras que Saúl Zang, el abogado de Elsztain y ejecutivo de IRSA, se convirtió en vicepresidente de Elron Electronics. La hermana de Elsztain, Diana, que ha vivido mucho tiempo en Israel, también fue incluida en el consejo del IDB. Otra persona incluida en la junta del IDB por Elsztain es GioraInbar, que presidió las tecnologías TAT, una compañía israelí con subsidiarias en Estados Unidos cuyos clientes incluyen a Boeing, Lockheed Martin y el Ejército de los Estados Unidos. Adicionalmente Benjamin Gantz, candidato presidencial en las próximas elecciones israelíes y excomandante en jefe del ejército de Israel durante la guerra de 2014 con Gaza, hasta la semana pasada estuvo en la junta directiva de Elron Electronics, cuyo presidente es Elsztain.

Además del IDB, Elsztain también, a través de una compañía separada, Dolphin Netherlands BV, ha aumentado su participación en otras compañías israelíes. Estas incluyen Nova Measuring Instruments, que se centra en inteligencia artificial, big data y es una empresa clave en la fabricación de circuitos globales, así como en Paz Oil, la compañía de petróleo y gas más grande de Israel. Otra compañía israelí en la que Elsztain tiene participaciones importantes es Magic Software, que ahora desempeña un papel clave en las elecciones argentinas y se tratará en detalle en una sección posterior de este artículo.

Aunque su enorme imperio de negocios con base en Israel está comenzando a rivalizar con su imperio argentino en tamaño e influencia, Elsztain ha demostrado en los últimos años que desea continuar expandiendo sus intereses comerciales en el Estado sionista. En enero pasado, se supo que Elsztain buscaba adquirir Bezeq, la mayor compañía de telecomunicaciones de Israel, luego de que su propietario, Eurocom, controlado por el empresario israelí Shaul Elovitch, fuera "presionado" a renunciar a la compañía por parte de algunos de los bancos más grandes de Israel, incluido el Banco de Descuentos de Israel. Cabe destacar que la estaca controladora, el Banco de Descuentos Israelí es propiedad de Matthew Bronfman, que también es un actor principal en la empresa Shufersal del BID y cuyo padre fue un asociado cercano de Elsztain en IRSA y en el Congreso Judío Mundial, donde Matthew Bronfman también ha desempeñado funciones importantes.

A pesar de sus amigos en lugares privilegiados, Elsztain ha encontrado dificultades tras dificultades en sus esfuerzos por adquirir Bezeq como resultado de las leyes anticentralización de Israel, leyes que irónicamente lo ayudaron a tomar el control del IBD de su anterior propietario. Elsztain ha intentado vender la filial CellCom del IBD, el principal rival de Bezeq, para adquirir Bezeq, pero sin éxito. Desde entonces, ha puesto sus esfuerzos en comprar las filiales de Eurocom pieza por pieza, comenzando con Spacecom, un operador satelital israelí. Queda por ver si las recientes dificultades financieras de Bezeq han puesto paños fríos a Elsztain o son parte de un esfuerzo detrás de bambalinas para debilitar y luego adquirir la compañía. Dada su historia, ambos son igualmente plausibles.

Los vínculos y la influencia de Elsztain en Israel cada vez más importantes se mostrarán en las publicaciones posteriores de esta serie, ya que el Gobierno de Israel, así como elementos destacados del lobby sionista al que Elsztain está conectado, han estado y están involucrados en esfuerzos pasados ​​y actuales para forzar a los gobiernos de Argentinaa renunciar a la Patagonia.

Elsztain representa los intereses de Rockefeller y Rothschild en Argentina

Como señaló el diario argentino La Nación en 2005:

“[Elsztain es] el empresario argentino con los mejores contactos [internacionales] en el mundo de los negocios ... y, como ningún otro argentino, tiene línea directa con muchos de los hombres más ricos del mundo, que en muchos casos se convierten en sus socios [de Elsztain] en proyectos del ámbito local".

De hecho, Elsztain y sus asociados son a menudo la vía a través de la cual los oligarcas internacionales se insertan en la economía y la política de Argentina, primero para Soros y ahora para figuras mucho más poderosas.

El Consejo de las Américas (COA) fue fundado originalmente en 1963 por David Rockefeller como el Grupo de Negocios para América Latina, que dos años más tarde se conoció como el Consejo para América Latina y luego el Centro para las Relaciones Interamericanas antes de someterse a un cambio de nombre final. Desde su fundación hasta su estado actual, el COA ha sido la voz de las corporaciones multinacionales (y los oligarcas detrás de ellas) que representan la gran mayoría de las inversiones privadas con sede en Estados Unidos en América Latina. La organización se describe a menudo como el equivalente latinoamericano del Consejo para las Relaciones Exteriores (CFR siglas en inglés), que estuvo presidido por David Rockefeller durante varias décadas y que durante mucho tiempo ha sido financiado en gran medida por la Fundación Rockefeller. David Rockefeller fundó el COA mientras se desempeñaba como presidente del CFR.

Rockefeller fue el presidente de COA de 1981 a 1992 y presidente honorario hasta su muerte en 2017. La gran mayoría de los directores de COA son ejecutivos de operaciones latinoamericanas de importantes corporaciones multinacionales de Estados Unidos y Europa, como Shell Oil, JP Morgan, PepsiCo. , Chevron, Boeing, Citigroup y Microsoft. Uno de los presidentes del grupo después de Rockefeller fue John Negroponte, quien estuvo involucrado en la era Reagan en el encubrimiento del apoyo estadounidense a los escuadrones de la muerte de América Latina y estuvo profundamente involucrado en la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que fue el “proyecto original” para el lanzamiento de COA. Negroponte también se desempeñó como embajador de EE.UU. en Irak y más tarde como subsecretario de Estado bajo George W. Bush y fue el primer Director de Inteligencia Nacional (DNI). Negroponte es actualmente presidente emérito de COA y está en su junta directiva.

El actual presidente de COA es Andrés Gulski, exfuncionario del FMI y ejecutivo bancario de Santander, yactualmente es el CEO y presidente de la compañía de electricidad AES, que, junto con Mindlin y Pampa Energía de Lewis, es uno de los principales productores de electricidad en Argentina. Gulski también se desempeñó en el ministerio de Finanzas de Venezuela en el Gobierno anterior a Chávez respaldado por Estados Unidos y, más recientemente, estuvo en el Consejo de Exportación de Barack Obama. La actual presidenta y CEO de COA es Susan Segal, exejecutiva de JP Morgan quien “participó activamente en la crisis de la deuda latinoamericana de los años 80 y principios de los 90, formó parte de muchos comités asesores y fue presidente de los comités asesores de Chile y Filipinas”, mientras que Chile estaba bajo un gobierno dictatorial militar brutal respaldado por los Estados Unidos. Ella también recibió un premio del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien una vez dirigió a los narcoescuadrones de derecha de la muerte de Colombia.

Si bien el COA ha sido formado y financiado por corporaciones multinacionales occidentales, entre las pocas empresas con sede en América Latina que son miembros de "élite" y patrocinadoras de la organización están IRSA y Pampa Energía. Otros patrocinadores destacados de COA incluyen al Citigroup, el banco JP Morgan y las Fundaciones de Sociedad Abierta de Soros. Elsztain y Mindlin también son miembros de COA y son oradores habituales en la Conferencia de Inversión de Argentina que se organiza conjuntamente con Blackrock, la corporación de gestión de inversiones más grande del mundo. Mindlin y Elsztain también forman parte del Consejo Asesor Internacional de COA.

Además de COA, Elsztain es un asistente regular del Foro Económico Mundial (WEF o "Davos"), al igual que Marcelo Mindlin. Elsztain también es miembro del Grupo de los 50 (G50), que se describe a sí mismo como "un grupo selecto de líderes empresariales que encabezan algunas de las empresas más importantes y con visión de futuro en América Latina".

La membresía es sólo por invitación. El G50 fue fundado en 1993 por Moses Naím, exdirector del Banco Central de Venezuela y ministro de Comercio e Industria de Venezuela en la década de 1990, así como exdirector ejecutivo del Banco Mundial. Naím, que aún preside el G50, también forma parte de la junta directiva de Open Society Foundations de Soros. El G50 se fundó originalmente con fondos de Carnegie Endowment for International Peace, que a su vez está financiado por el Rockefeller BrothersFund, Open Society Foundations y los gobiernos de EE.UU. y el Reino Unido, entre otros. Naím también forma parte de la junta directiva de AES, cuyo presidente y director ejecutivo también es el actual presidente de la COA, Andrés Gulski.

Mientras que Elsztain y Mindlin están bien conectados con George Soros y el Consejo de las Américas fundado por Rockefeller, Elsztain, por su parte, comparte lazos con otras conocidas familias de oligarcas: los Rothschild y los Bronfmans. Los lazos estrechos de Elsztain con los Bronfmans y los Rothschild se han manifestado en gran medida a través de sus posiciones prominentes en la organización del lobby sionista global, el Congreso Judío Mundial (WJC), cuyo presidente desde 1981 hasta 2007 fue Edgar Bronfman, el multimillonario de Seagram, un amigo cercano de Elsztain y él mismo un accionista clave en IRSA de Elsztain. Elsztain se desempeñó anteriormente como tesorero y presidente y actualmente es vicepresidente del WJC y presidente del consejo empresarial del WJC. El WJC está actualmente presidido por David de Rothschild.

Además de sus conexiones con los Bronfmans a través de IRSA y WJC, Elsztain también forma parte del directoriode Endeavor Argentina, la rama argentina de Endeavor Global, cuyo presidente es Edgar Bronfman Jr.

El papel de los Rothschilds, Bronfmans y del WJC en los eventos que se desarrollan actualmente en Argentina, así como los roles de otros componentes relevantes del lobby sionista global, se explorará en detalle en una entrega posterior de esta serie. Sin embargo, vale la pena señalar que las fortunas de los Rothschild se han entrelazado cada vez más con las de los Rockefeller, especialmente después de que RIT Capital Partners comprase el 37 por ciento de los Servicios Financieros de Rockefeller en 2012, así como los de los Bronfmans, después de la creación en 2013 de Bronfman EM Rothschild EL LLC .

A medida que estas dinastías oligarcas poderosas se unen, los vínculos entre estas familias y Elsztain deben ser motivo de preocupación, a la luz de su papel y los roles de sus asociados para llevar la debacle económica a la Argentina y luego beneficiarse directamente de ella. De hecho, como la periodista e investigadora Vanessa Beeley dijo a Mint Press, las conexiones de Elsztain, así como las de Mindlin, con estos grupos y clanes de oligarcas traicionan su papel como representantes argentinos de estos poderosos individuos que pretenden explotar los recursos argentinos:

“Las conexiones cercanas de Elsztain y Mindlin a una red que se fusiona con algunos de los actuales globalistas más poderosos del mundo sugieren que su función es la de descubrir oportunidades y sentar las bases para la toma hostil de recursos e infraestructura por parte de estos carroñeros que tienen como objetivo aprovecharse de las naciones, protegidos de la vista por gente como Elsztain y Mindlin, que son poco más que agentes al servicio de la mafia". 

Poniendo sus garfios en las máquinas de votación

A medida que la influencia de Elsztain, Mindlin y sus asociados se ha expandido tanto en Argentina como en Israel, este pequeño y unido grupo de poderosos multimillonarios se ha fijado ahora en consolidar para ellos y para sus partidarios aún más poderosos el poder político en Argentina. Aunque la presidencia de Macri ha visto crecer su influencia en formas nuevas y preocupantes, nuevas evidencias muestran que Elsztain, con el respaldo de la familia bancaria Rothschild, se ha fijado en el sistema de votación de Argentina.

Durante los últimos años, el Gobierno de Macri ha estado promoviendo en gran medida la necesidad de sistemas de votación electrónica en Argentina, que -argumenta- son necesarios para modernizar el actual sistema de boletas electorales del país. Sin embargo, como se ha visto en otros países, incluido EE.UU., donde se han implementado tales sistemas, los resultados de las elecciones realizadas en sistemas de votación electrónica pueden manipularse fácilmente y tales manipulaciones son, de hecho, imposibles de detectar.

El especialista forense en elecciones Jonathan Simon, autor de CODE RED: Elecciones informatizadas y la guerra en la democracia estadounidense, dijo esto sobre la vulnerabilidad a la interferencia de tales sistemas de votación:

“A menudo se apresuran a usar esos sistemas de votación con grandes promesas de velocidad, conveniencia y precisión, pero estos son completamente computarizados, particularmente aquellos que no proporcionan un registro en papel de los votos emitidos, y han resultado ser problemáticos, por decir lo menos, en todas partes donde se han empleado, incluyendo los Estados Unidos y varios países europeos. De hecho, la tendencia ahora es deshacerse de ellos en favor del retorno a los sistemas basados ​​en papel. Irlanda literalmente convirtió sus computadoras de votación en vertederos; Noruega, Alemania, los Países Bajos y, gradualmente, Estados Unidos los han dejado fuera de servicio.

La razón es simple: como las computadoras, este equipo de votación es vulnerable no solo a la piratería externa, sino a la manipulación interna. Es trivial programarlos para sumar, restar, cambiar votos, y esto es cierto ya sea que estén conectados a Internet o no. La peor parte es que no hay absolutamente ninguna forma de verificar o validar los resultados de las elecciones que se emiten con este equipo. Todo el hardware y software fue considerado como 'propiedad' corporativa y está prohibida su inspección por parte de cualquier persona, incluidos los gobiernos".

Simon también dijo a Mint Press que las máquinas de votación electrónica, en vez de hacer que el sistema de votación sea más "transparente", como Macri ha afirmado, puede ser usado los políticos que desean permanecer en el poder pero no se hacen cargo de sus acciones mientras están en el cargo:

“Si quisiera tomar el control de un país -mantenerme en el poder a pesar de hacer cosas que seguramente provocaría mi alejamiento- podría dar un golpe de Estado y echar a rodar tanques por las calles de la capital. O podría instalar un sistema de votación electrónica, como Macri está tratando de hacer en Argentina y como lo hizo la derecha en 2002 en los Estados Unidos, y lograr el mismo resultado sin disparar, sin provocar indignación o resistencia y sin alterar la percepción de la gente de que vive en una democracia.

Cuando ves a políticos y figuras poderosas en una nación impulsando sistemas ocultos e inverificables para el conteo de votos, lo primero que debes hacer es mirar más allá de la campaña de marketing: la palabra "transparencia", que es una tontería, velocidad, conveniencia, etc. y formúlese una pregunta muy simple: '¿por qué?'”

Las preocupaciones sobre la manipulación no hacen sino aumentar cuando los fabricantes y programadores de esos sistemas de votación tienen conexiones preocupantes con oligarcas o gobiernos extranjeros. Desafortunadamente para Argentina, las máquinas de votación electrónicas promovidas por Macri tienen muchas de estas conexiones preocupantes.

Desde su campaña presidencial en 2015, Macri impulsó la implementación del voto electrónico en todo el país, calificándolo como necesaria para crear “un sistema de votación más transparente”. Para el año 2017, se aprobó la legislación de reforma de votación "integral" de Macri por el Congreso de Argentina, que exigía la votación electrónica en todo el país solo para permanecer esencialmente congelada en su implementación, ya que los remanentes de la administración anterior en la burocracia del Gobierno han trabajado para bloquear el cambio a la votación digitalizada en el país. En particular, una reciente encuesta realizada en Argentina encontró que el 60% de los encuestados nunca consideraría votar por Macri en futuras elecciones

Aunque los sistemas de votación no se implementaron en todo el país, ya se están utilizando en muchas áreas de Argentina, incluida la ciudad de Buenos Aires (con una población de 2,89 millones) y las provincias de Salta (1,2 millones), Córdoba (3,3 millones), Chaco (1 millón), Tucumán (1,4 millones), Santa Fe (3,2 millones) y la provincia patagónica de Neuquén (0,5 millones). Como consecuencia, a pesar de la falta de un sistema nacional, más del 25 por ciento de la población de Argentina ya vota utilizando máquinas electrónicas, todas las cuales son incidentalmente fabricadas por una sola empresa, Magic Software Argentina (MSA).

Desde el principio se expresaron en los medios argentinos las preocupaciones sobre MSA, como un informepublicado en Letra P que señalaba que MSA había desarrollado una relación cercana con miembros del círculo íntimo de Macri y su partido político en años anteriores, lo que implica un conflicto de intereses. Además, la semana pasada, un hombre que intentaba usar una máquina de votación electrónica en la provincia de Nequén filmó cómo la máquina de votación hecha por MSA imprimió un resultado que era completamente diferente al que había elegido, lo que lo impulsó a pedir volver a votar para su candidato elegido, una solicitud que inicialmente fue denegada. Después del incidente, se encontró que varias máquinas funcionaban incorrectamente.

Aunque tales informes son preocupantes, apenas rozan la superficie de MSA y las razones más probables y preocupantes por las cuales esta empresa recibió el control sobre los procesos democráticos en muchas provincias argentinas y, si Macri se sale con la suya, en todo el país.

Magic Software Argentina fue creada en 1995 por Sergio Osvaldo Orlando Angelini y Alejandro Poznansky y como señaló el portal argentino El Disenso, se especializa en “importar, adaptar y comercializar sistemas informáticos en Argentina, así como representar y ser la cara nacional en los negocios extranjeros”, como Magic Software Enterprises, la empresa matriz de MSA.

Magic Software Enterprises (MSE) fue originalmente conocida como Mashov Software Export y es una compañía de software israelí con sede en Or Yehuda. En 1991, la compañía cambió su nombre y se convirtió en la primera compañía de software israelí en cotizar en el Nasdaq. MSE ha mantenido durante mucho tiempo una estrecha relación con el ejército de Israel, que se reafirmó en 2010 cuando se encomendó a MSE la actualización de los sistemas de software para el ejército y la policía militar de Israel.

El Disenso señaló en 2017 que MSE, como resultado de tener su sede en Israel y una sucursal en los Estados Unidos, "está sujeta a la jurisdicción de Israel, así como a los tribunales estadounidenses [es decir, los Estados Unidos] ... ambos países imponen "protocolos de seguridad estrictos que permiten a sus gobiernos nacionales acceso prácticamente ilimitado a la información [de la compañía]".

Si bien las preocupaciones sobre la influencia indebida o la intromisión de EE UU. y/o Israel son válidas, un examen del poder detrás de MSA y su empresa matriz, MSE, revela algo mucho más preocupante, como es la influencia de Eduardo Elsztain.

Los principales accionistas de MSE son IDB Development Corp Ltd y Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd., y los accionistas más pequeños incluyen a la familia bancaria Rothschild a través de la firma Edmond de Rothschild Holdings. Como se mencionó anteriormente, IDB Development Corp fue adquirida por Eduardo Elsztain en 2015. Además, una participación mayoritaria en Clal InsuranceEnterprises, el segundo mayor accionista de MSE, es propiedad de Dolphin Netherlands BV, que por cierto es una subsidiaria de IRSA, y Elsztaines el presidente. de su directorio. En otras palabras, el accionista más poderoso e influyente de Magic Software Enterprises y su filial argentina Magic Software Argentina no es otro que Eduardo Elsztain.

Devorando a la Argentina: una fiesta capitalista en muchas áreas

En resumen, a través de conexiones políticas, corrupción y delitos de cuello blanco, esta red de multimillonarios, el más visible de los cuales es Eduardo Elsztain, ha tomado el control no solo de la mayor parte de los recursos de Argentina, su electricidad, sus tierras, su agricultura, su agua y su sistema financiero, sino además de su sistema de votación.

Sin embargo, lejos de ser puramente un esfuerzo de poderosos multimillonarios argentinos como Elsztain y Mindlin, el control sobre la economía, el Gobierno, la industria y la tierra de Argentina ha sido un objetivo de los oligarcas poderosos que se remontan por lo menos a 70 años. Esas mismas cifras lograron con éxito el colapso económico de Argentina a principios de la década de 2000 y luego, a través de intermediarios cercanos a Henry Kissinger, el FMI y los bancos más grandes del mundo, presionaron enormemente a su Gobierno para que renunciara a la Patagonia a cambio de un "alivio de la deuda" del caos económico que habían creado.

La próxima entrega de esta serie de investigación se centrará en Marcelo Mindlin y los intereses de la red Mindlin-Elsztain en materia de petróleo y gas en la Patagonia argentina, así como en las disputadas Islas Falkland.

Whitney Webb es periodista de MintPress News y reside en Chile. Ha contribuido en varios medios de comunicación independientes, entre ellos Global Research, EcoWatch, Ron Paul Institute y 21st Century Wire, entre otros. Ella ha hecho varias apariciones en radio y televisión y es la ganadora en 2019 del Premio Serena Shim por su integridad en el periodismo.

 

https://www.mintpressnews.com/the-owner-the-rise-of-eduardo-elsztain-and-the-coming-end-of-argentinas-democracy/256959/

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión.org como fuente de la traducción.

 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=254706

 

 Crisis civilizatoria

 

Generalicemos, abajo y a la izquierda, la discusión de cómo el Partido Justicialista al autocalificarse de nacional y popular encubre su larga trayectoria gestionando entramados de súper negocios lícitos e ilícitos con el poder transnacional y transnacionalizado. Los gobiernos K como todos los progresistas, junto a los neoliberales, expandieron el modelo extractivo cuya  resultante es la reestructuración socioeconómica que consolida la recolonización de Nuestra América. Lo peor es que esas expropiaciones sistémicas perpetran ecocidios-genocidios. Para aclarar, leamos:

 

LA IMPOSIBILIDAD DE LA VIDA EN CHILOÉ

El Estado y el extractivismo destruyen

la naturaleza y la vida
15 de mayo de 2016

Reproducimos el siguiente artículo de Virginia Ramos Poseck (Dra. en Ciencia Política) y Juan Carlos Gómez Leyton (Dr. en Ciencia Política).

 “Uno empieza a pensar, que somos un país que tiene una inmensa costa, más de cuatro mil kilómetros de costa y no hay una entidad seria que pueda llevar eso, que pueda hacer estudios, ver todo el tema marítimo, que no se haga daño. Si acá ustedes ven, ves tú que no hay nada, que acá cualquiera llega y saca 900 mil toneladas, o arrasa con maquinaria pesada un banco natural de almejas del que vive un pueblo chico para botar residuos industriales. Esto yo lo denuncié le hicieron reportaje y salió en la tele, de nada sirvió”.Fabián Teca. Pescador Artesanal y Procesador temporero en la Planta de Procesos Pacific Star en Quellón.

 

El estallido social y político protagonizado por los pescadores artesanales y ampliamente respaldado por la ciudadanía de Chiloé, más allá de los factores coyunturales que lo explican, tiene raíces en la historia reciente de la zona y del país. Específicamente, en la forma como el Estado de Chile impulsó el cultivo del salmón desde 1974 y cómo lo entregó a un proceso de industrialización acelerada en 1980. En dicho año se negoció la deuda externa de Chile, un mecanismo de esa negociación fue la entrega a la explotación industrial del salmón al capital transnacional. En aquellos años se declaró que “el mar e(ra) la promesa alimentaria para Chile”, al mismo tiempo se materializó la total liberalización de la economía nacional. Entregando, vías licitaciones, sus recursos naturales marítimos al mercado global. Dándose inicio a una nueva fase expansiva de su larga historia social y económica extractivista.

El nuevo extractivismo marítimo opera bajo el principio “laissez faire, laissez passer” exacerbado, tan propio de la forma de acumulación neoliberal. Ello implico que el Estado dejo prácticamente de actuar en los espacios marítimos concesionados, ni estableció las trabas legales adecuadas ni ejerció las fiscalizaciones ni controles necesarios que evitaran la devastación medio ambiental, territorial y humana, o sea, sobre la vida, que generó la explotación indiscriminada e irracional del salmón. En otras palabras, el Estado dejó, en los hechos, de gobernar en los territorios enajenados al capital trans-internacional. Fue reemplazado por el poder de las grandes empresas transnacionales. Las que han ejercido en la región una absoluta “soberanía productiva” tanto sobre las áreas de explotación marítima como sobre los hombres y mujeres que laboran en esas empresas.

El impacto de la industria salmonera ha sido integral en la sociedad chilota. Transformando completamente la vida y la cultura de los habitantes originarios e históricos de Chiloé. Los chilotes construyeron desde antiguo, es decir, ancestralmente, una activa cultura terrestre-marítima. El Estado, al momento de entregar el mar al capital extranjero, lo hizo como si esos espacios hubieran estado deshabitados. No fueron considerados como un espacio geo humano y cultural. Es decir, donde naturaleza y el ser humano constituían una unidad vital inseparable. La explotación y la intervención industrial masiva e intensiva del mar quebró dicha relación provocando una alteración permanente del ecosistema y de la vida de la Isla. La destrucción de la vida en Chiloé no solo tiene relación con el cambio climático, con la marea roja, o con la contaminación del mar producto de haber vertido toneladas de salmones descompuestos, sino por la constante sobreexplotación “racional” de la naturaleza por parte de la moderna industria salmonera.

 

Con este artículo queremos dar cuenta como la enajenación por parte del Estado de Chile del mar chilote y la industria salmonera han provocado la devastación de la vida tanto humano como marítima del borde costero del archipiélago de Chiloé. Y, sobre todo, queremos destacar y revelar la responsabilidad política e histórica del Estado como de los diversos gobiernos que lo han administrado desde 1974 a la fecha, en la destrucción de la vida en la zona. Pero, también aspiramos a llamar la atención de que no solo el Estado es responsable de esa devastación sino también la indolencia, indiferencia, apatía de la gran mayoría de las y los ciudadanos nacionales quienes a lo largo de estos años han avalado y respaldado ya sea de manera activa o pasiva la explotación irracional de la naturaleza.

 

Los actores de la sociedad civil como del Estado y, sobre todo, del mercado, han desoído la voz de muchos chilotes que durante años habían venido denunciando, la devastación de la vida marítima y humana por la acción de la industria salmonera. Hoy que gritan su rabia al país. Su voz se escucha. Sin embargo, durante décadas, nadie escucho ni presto la atención a lo que allí ocurría. Salvo algunos documentalistas nacionales y extranjeros, unos pocos analistas económicos y sociales y, sobre todo, los defensores del medio ambiente, mostraron y divulgaron por los intersticios y desde los márgenes de la sociedad neoliberal, el desastre que allí se estaba padeciendo. Las voces que hoy se escuchan con fuerza son también esas voces que llegan del pasado reciente. Han transcurrido 40 años desde que comenzó la devastación que hoy todos atienden y muestran preocupación. Nos podemos preguntar, con justa desazón, no será ya un poco tarde para Chiloé y su gente.

Lo más atrayente de Chiloé para el capital internacional, en la segunda mitad de los años setentas, no eran sus leyendas ni sus mitos, ni la amabilidad de gente, sino sus aguas marítimas: ideales en temperatura, PH, oxígeno y pureza ambiental para el cultivo industrial del salmón. Unido al hecho que la Isla y sus alrededores contaba con un excedente de población desocupada o semi-ocupada que prometía a las empresas contar con una mano de obra barata. Además, de una oferta permanente de harina de pescado (alimento del salmón) a muy bajo costo, producido en el mismo lugar. Hacía que el interés por instalarse en la zona fuera altamente codiciado y esperado por los inversionistas extranjeros.

El Estado y los gobernantes de la época, respondiendo a ese interés de capital extranjero concesionó a $22 el m2 de mar adyacente a la Isla. Según un dirigente sindical de la época: “de 3 pesos, la empresa aportaba 1 y el Estado de Chile 2, por tanto, era un negocio demasiado bueno para ser verdad”. El gobierno que necesitaba urgentemente dinero acelero el proceso concesiones, por lo tanto, sin mediar estudios de ninguna naturaleza, ni de impacto ambiental ni de capacidad de carga, de nada, entregó el mar a la codicia de las empresas internacionales. Y, el mar chilote fue enajenado a las empresas transnacionales. Nadie dijo nada.

El Estado, además, respaldo financieramente y logísticamente de diversos modos el desarrollo de la industria salmonera de manera directa o indirecta a través de Corfo, Fondef, universidades públicas, subsidios y con el estableciendo de nuevas oficinas de la administración pública para atender sus requerimientos logísticos y operativos; realizó inversiones en carreteras, infraestructura, proyectos hidroeléctricos, concesiones hipotecadas, etcétera. Al mismo tiempo que promulgaba leyes laxas y reducía al mínimo la fiscalización sobre las actividades extractivas de la industria salmonera. Todo contribuyo a la ampliación, consolidación y desarrollo en el tiempo de la industria salmonera sobre las bucólicas aguas chilotas.

La estrecha alianza entre lo público-estatal —representado por la Subsecretaría de Pesca, órgano estatal encargado de la jurisdicción de concesiones para cultivo de salmón, y el departamento de Defensa de Bienes Nacionales, quien debía supervisar la gestión de borde costero—, con el capital privado transnacional, posibilitó que la industria del salmón se transformara en una actividad altamente rentable. Y, un ejemplo de la iniciativa privada. Especialmente, cuando el Estado deja operar libremente y, sin ninguna intervención, al mercado.

 

No obstante, en 1985 el Ministerio del Medio Ambiente observó oficialmente que las jaulas de cultivo del salmón estaban afectando el mar privándolo de oxígeno. Fue una voz que no se escuchó o se relativizó la falta de oxígeno. En el entorno de las jaulas existía ya el “copépodo caligus” por el uso irresponsable del pesticida “benzoato de emamectina” así como algas tóxicas causantes de marea roja.

Si bien en el 2003 Noruega lideró el mercado del salmón y trucha y Chile le siguió en el segundo lugar a nivel mundial. Produjo 600 mil toneladas al año, US$ 2.000 millones. Para competir en el mercado global, en Chile, se sobrexplotaron las jaulas, así el 2007 los salmones estresados estaban debilitados y contrajeron el virus ISA. El crecimiento promedio anual de las salmoneras de 22% cayó en un 50%.

Los peces entonces fueron afectados por “caligidosis”, “compépodo” o “piojo de mar”, por virus ISA y por SRS o “Piscirickettsiosis”, considerado en prioridad antes del ISA como la principal causa de pérdidas en la engorda y que puede llegar a producir el 90% de la mortandad en algunos centros de cultivo. La lista y cantidad de antibióticos aplicadas en las jaulas es larga y diversa, entre ellos se encuentra el Cristal Violeta prohibido en el mundo entero por cancerígeno, las Quinolas (restringidos a nivel mundial), la Cipermetrina, prohibido en la acuicultura de Canadá por sus negativos efectos ambientales y sobre los recursos bentónicos silvestres, especialmente, los langostinos. Otro pesticida es Deltametrina, también piretroide bio-acumulable. Los que impiden la producción de mitílidos o choritos. De manera que, para evitar las enfermedades de los salmones, las empresas enfermaban la vida marítima.

Por otro lado, la producción de harina de pescado además de extinguir el jurel y la anchoveta, contribuye al sedimento que desde las jaulas de engorda se esparce hacia el mar mezclado con enormes cantidades de antibióticos. En Noruega en el año 2007 ocupaban apenas 0.02 gramos de antibióticos por tonelada de salmón, en Chile se usaron 732 gramos por cada tonelada producida, 36 mil veces más. Antibióticos que se pierden en el agua marina, son consumidos por otros peces y por los que consumen a esos peces. De acuerdo a cálculos estándar de contaminación generada por salmoneras, estimada según los suministros de alimentos artificiales que recibe la sobrecarga de salmones cautivos en balsas-jaulas, una tonelada de salmones requiere la inversión de 1,2 toneladas de alimentos artificiales (pellets de harina/aceite de pescado) y de esta alimentación se generan 800 kilogramos (Kgs.) de materia orgánica (DBO7) y 78 Kgs. de Nitrógeno (N total) los excesos de materia orgánica, por sobre las capacidades de carga de los sistemas intervenidos, han producido condiciones “anaeróbicas” en 400 puntos del Mar de la Patagonia, desde Puerto Montt a Capitán Aracena, en la Región de Magallanes, con una concentración de centros anaeróbicos en las Regiones de Los Lagos y de Aysén (1).

 

La sobreexplotación de jaulas, el alimento mezclado con sobredosis de antibióticos provoca sedimento, centros marinos anaeróbicos y exceso de materia orgánica rica en Nitrógeno alimento esencial de una especie del Reino de los Protistas, intermedio entre el Reino Animal y el Vegetal, la Alexandrium Catenella que no es un alga, sino el dinoflagelado más eficiente para capturar nitrógeno disuelto en la columna de agua marina, tiene la facultad de hacer fotosíntesis para alimentarse provocando o facilitando la emergencia de MAREA ROJA. Causa de las muertes actuales de diferentes especies marinas. Durante su ciclo de vida libera cistos o quistes de resistencia, “SEMILLAS” que se depositan en el sedimento marino a la espera de condiciones ambientales y nutricionales favorables que le permitan volver a proliferar. En esta ocasión este florecimiento de A. Centella proviene de quistes de resistencia depositados, en el año 2009, en el sedimento marino de esas localidades. La marea roja que se extiende ahora por dentro y por fuera de la Isla Grande de Chiloé y hasta Valdivia, es una marea roja activa en la columna de agua y “latente”, en el sedimento marino.

La versión de las 9.000 toneladas de salmones pudriéndose en las costas de Chiloé como detonantes de la crisis de la pesca artesanal, o la que acusa al cambio climático de causar las pérdidas en las empresas salmoneras y por tanto del despido de sus trabajadores, no corresponde a la verdad del proceso continuo de devastación marítima y territorial llevado a cabo por el conocido cluster del salmón, forma de organización sinérgica del proceso productivo local que el Estado eligió con miras al crecimiento económico local orientado a la exportación de materias primas puesto en práctica desde 1980 al 2011 año en que el entonces Intendente de Los Lagos declaró que “los clúster no rindieron los frutos esperados sin generar la actividad público-privada esperada”. Se aceleró la acumulación del capital financiero y las fusiones de empresas salmoneras con deudas a los bancos, respaldadas por el Estado de Chile.

El mar se agota, pero no así el afán de lucro de las salmoneras que hoy muestran al mundo, su crisis en el mar del sur de Chile. Por las amenazas de depredación marítima y faltas a códigos éticos mundiales de trato a trabajadores, la transnacional Marine Harvest, especialmente, recibió la visita de la OCDE y de otras organizaciones que investigaron tales delitos. Se firmaron acuerdos de buenas prácticas, el Ministerio del Trabajo cursó multas, ni cumplidas ni pagadas. Casi todos los años Chile recibe acusaciones de dumping por abusos en el proceso productivo de las salmoneras en Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile dispone de equipos de abogados especializados en defenderlas. Importantes contravenciones fueron denunciadas ante el Senado ya en el 2012. En el 2013 se llevó a cabo en Chile la mayor Feria internacional de acuicultura, con gobiernos del G15, empresas multinacionales del cultivo del salmón, con noruegos que tienen 70% de producción mundial.

 

Las multinacionales salmoneras en Chile pidieron ser sede probablemente como blindaje seguro ante instituciones del Consenso de Washington (FMI, Banco Mundial, Departamento del Tesoro de USA) por probable crisis. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha impulsado y sigue apoyando el cultivo del salmón por considerarlo “una proteína para el futuro de la humanidad” reconociéndolo como un “bien común de Chile”. En su rol de coordinadora de la feria acuícola internacional del año 2013 la FAO pareció no tener conocimiento de la situación de sobreexplotación del mar chileno por los cultivos de salmones. Las empresas pidieron más concesiones y no han bajado la densidad de ocupación en jaulas.

 

De 417 centros de engorda activos al año 2011 que declara la Subsecretaría de Pesca, 322 (75%) estaban afectados por Caligidosis, piojo de mar, o copépodo. Singularmente, la empresa salmonera declaró producir 450 mil toneladas en un cuarto de los centros que tenía activos. Las jaulas han sido trasladadas en nuevas concesiones en Aysén y Magallanes llevando consigo los peces y sus infecciones, sus malas prácticas ambientales, sus malos manejos sanitarios, su explotación laboral. La Subsecretaría de Pesca profetiza una producción de 1,2 millones de toneladas en los próximos años, independientemente de los tamaños y profundidades de los mares, de las corrientes marinas y de la existencia de otras actividades diferentes a las de la salmonicultura en las aguas interiores. El Estado sigue destruyendo el mar.

 

Para reducir sus costos de producción las salmoneras mantienen a los trabajadores, en condiciones precarias, sin protección social, a bajos salarios, hace despidos masivos para debilitar la organización de los trabajadores, no se llevan registros de accidentes en las jaulas, no se reconoce públicamente la labor de buzo, está externalizada, mueren mas de 15 buzos al mes. A pesar de la ley Lafkenche que prohíbe instalar jaulas en las costas en lugares considerados sagrados, las empresas las instalan sin permiso impidiendo el cultivo de mitílidos o choritos y otra pesca. Williches y pescadores en general quedan sin su acostumbrada forma de subsistencia. Por distintas actividades secan el terreno para ganado. Matan especies mamíferas costeras. Los trabajadores son impedidos de salir de faena, varios han muerto en el mismo lugar de trabajo. Los ejecutivos de tales empresas condenados por tribunales no cumplen sentencias. Multados por Inspección del Trabajo no pagan. La total impunidad.

Desde el 2003 comenzó el regreso migratorio de la ciudad al borde costero. Desde el año 2007 en que se declara la crisis, se despiden a más de 50.000 trabajadores, el Estado les subvenciona $111 mil por obrero contratado, sigue la cesantía, pagan a subcontratistas con temporeros para terminar su cuota de cosecha en 5 días de 18 horas, al final de ello el trabajador queda cesante.

Por tanto, la muerte del mar de Chiloé viene arrastrándose por años y junto a su mar su gente pierde sus bienes comunes, salud, educación, vivienda, subsistencia, se disgrega su tejido social y cultural. El daño causado por las salmoneras es evidente y los gobiernos insisten que “El mar es (la) promesa alimentaria para Chile” respaldándolas política y financieramente. No solo el Estado ha respaldado a la industria salmonera sino también la banca nacional. En el año 2008, la deuda de las salmoneras con la banca ascendía a US$Mill 4.000.

La entonces presidenta de Chile entregó vía Corfo, US$Mill 450. Y anuncio en el discurso presidencial del 21 mayo 2008 la entrega US$Mill 600 en auxilio de dicha industria. Con el objeto de que se recontratara trabajadores cesantes otros US$Mill 500. Además, propuso abrir una línea de crédito bancaria de US$450. Para lo cual los bancos exigieron que las salmoneras hipotecaran sus concesiones pesqueras. Así en el párrafo clave de las modificaciones a la ley de pesca de 2009 (previo fuerte lobby de los banqueros), se permite que las concesiones acuícolas sean hipotecadas y con fórmulas para que la caducidad de estos permisos no se haga efectiva y puedan ser intercambiadas como cualquier producto transable entre acuicultores y entre estos y los bancos. Las salmoneras podrán usar las concesiones otorgadas por el estado como respaldo bancario a los créditos. Hipotecar bienes nacionales de uso público es: inconstitucional, porque no son inmuebles.

Hoy el capital está concentrado en 7 megaempresas. Los bancos negocian la deuda una por una. Cuando los bancos se quedan con la propiedad de las Concesiones hipotecadas dejan libre a las empresas para que vendan al precio de la deuda restante y paguen. El año 2010 los bancos remataron las concesiones a megaempresas extranjeras del salmón porque en Chile es el país que pone menos problemas a la expansión y facilita la concentración de capitales.

Empresas noruegas, canadienses, japonesas están en un proceso acelerado de concentración del capital. Especulan con el 40% de concesiones dejando el resto pasivas para venderlas cuando aumente su valor. No quieren las concesiones para otro rubro. Hacen figuras para mantenerlas, declaran al seguro infecciones en concesiones inexistentes, alteran cifras de producción en Sernapesca central. Así el 2008 se avisó que el año 2014, se produciría un proceso de reordenamiento total del mapa financiero de las megaempresas del salmón y en todos los aspectos.

 

La mayoría de las salmoneras están con deudas registradas entre US$500 mill y US$ 1.000 millones. Los bancos siguen reticentes a prestar más. El Banco Central (BC) en su Informe de Percepciones de Negocios de mayo 2016 dice que “Varios bancos están realizando esfuerzos importantes para evitar el deterioro de los pagos, tiene que responder por el dinero de los ahorrantes”.

Como mera información, con el derramamiento de salmones muertos en la alta mar chilota, el precio del salmón aumentó de US$3,50 a US$5,40 en el mercado global. O sea, las nueve mil toneladas de salmones infectados vertidas en el mar no fueron en vano.

En Chiloé, Aysén, Magallanes y últimamente en aguas dulces de la IX y X región, las salmoneras han mantenido sus prácticas habituales de evitar las regulaciones ambientales y sanitarias, así como la sobre-explotación de los sistemas marinos para sustentar su especulación financiera. Por esa razón, son un peligro para la vida humana.

Por último, es importante señalar que la marea roja no es causada en Chile solo y exclusivamente por el cambio climático, ni por los salmones muertos en las costas de Chiloé, factores coayudantes, que la actual crisis, pero no determinantes. La crisis actual es el resultado de cuatro décadas de malas prácticas de las salmoneras, las cuales desde su llegada a las costas de Chiloé han ido dando muerte al mar. Y, si no se detiene “la producción del salmón” será apocalíptica.

El Estado de Chile debe dejar de respaldar las deudas de las salmoneras.  Tampoco permitir más su irresponsabilidad con el medio ambiente, con el territorio chileno ni con sus habitantes. Las salmoneras se apropian de bienes nacionales de la República, imposibilitan la vida humana y marítima en Chiloé y amenazan al resto del mar del sur de Chile.

Pero también la sociedad civil, los y las ciudadanos, los medios de comunicación, las universidades públicas, los cientistas sociales, deben abandonar la indolencia e indiferencia que ha permitido la destrucción de la vida en Chiloé como en otros lugares del país. Tomar consciencia que el extractivismo, el uso indiscriminado de los bienes comunes que nos ofrece la naturaleza, no es el mejor camino para la sustentabilidad de la vida en el territorio nacional. Debemos avanzar como sociedad en la discusión de un nuevo modelo productivo que respete la naturaleza. En otras palabras, se debe exigir el fin de la soberanía mercantil del capital transnacional como nacional.

 

La actual rabia ciudadana chilota no puede quedar como otra manifestación coyuntural del conflicto entre el Estado, Mercado y la Sociedad. El cual lo han demostrado otros conflictos similares en la demanda parcial y particular exigiendo al gobierno de turno la solución momentánea de una situación crítica. Las cuales son, por lo general, soluciones de mercado. Para que una vez, dominada la rabia, todo vuelca a lo mismo. NO, la devastación de la naturaleza, por acción humana, es irreversible. Si no se corrige hoy, el mañana será no será.

Traiguen-Santiago, mayo de 2015

Este artículo se construye en base a la información levantada por la Dra. Virginia Ramos para su tesis doctoral: La responsabilidad social de mega-empresas y Estado en el uso y administración de bienes comunes. El caso de la intervención de la mega-industria del Salmón en los bordes costeros del archipiélago de Chiloé, Chile 1983-2013. Leída y presentado en el Programa de Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Universidad ARCIS, 2013. El testimonio fue entregado por un pescador a Virginia Ramos, en el marco de su investigación. (1). Iinformación 2010 de SERNAPESCA cfr. Kol, Héctor, Comité de Defensa del Borde Costero Puerto Montt, La Agonía, IV parte, derribando mitos. Conferencia Universidad de los Lagos, 6 de mayo 2016.

 

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/El-Estado-y-el-extractivismo-neoliberal-destruyen-la-naturaleza-y-la-vida

 

 

Consideremos porqué construir unión en diversidad de les de abajo e internacionalista para erradicar los ecocidios-genocidios. Por un lado, como en todo el Abya Yala,  "en  1980 se negoció la deuda externa de Chile, un mecanismo de esa negociación fue la entrega a la explotación industrial del salmón al capital transnacional. En aquellos años se declaró que “el mar e(ra) la promesa alimentaria para Chile”, al mismo tiempo se materializó la total liberalización de la economía nacional. Entregando, vías licitaciones, sus recursos naturales marítimos al mercado global. Dándose inicio a una nueva fase expansiva de su larga historia social y económica extractivista".

 

Por otro lado el particular modelo extractivista exportador es multiplicado,  sin fronteras,  por las corporaciones imperialistas en contubernio con los factores locales de poder. Veamos cómo desde Chile, pese a la catástrofe socioambiental se pretende extender a la Argentina:

 

 

 

Alertan sobre el impacto que podría tener

el cultivo de salmones y truchas en el mar patagónico.

2 de agosto de 2018

 

Por Laura Rocha 

Las especies exóticas siempre son una mala noticia. Así lo evalúan los integrantes del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, que publicaron un informe para advertir sobre los graves impactos que tendría el cultivo de salmones y truchas en la costa argentina si se aprueban la iniciativas que están siendo consideradas por el gobierno nacional y por la provincia de Tierra del Fuego.

El foro, compuesto por 23 ONGs señala en el documento las principales amenazas que representa este tipo de emprendimiento que consiste, básicamente, la crianza de especies en agua dulce y salada. Entre las amenazas están: el escape de salmónidos, lo que implica la introducción de especies exóticas, desde las jaulas de cultivo al ambiente natural; el abuso de antibióticos, antiparasitarios y otras sustancias químicas; la introducción y propagación de enfermedades; la acumulación de residuos sólidos y líquidos en el fondo marino o los desechos industriales que las empresas han dejado en los fiordos, como jaulas abandonadas, plásticos, boyas, cabos, etc.

El documento que se dio a conocer ayer también señala como amenaza a la presión pesquera sobre especies silvestres usadas para harina y aceite de pescado que acaban como alimento de salmónidos y a las interacciones negativas directas e indirectas con mamíferos marinos y aves, algunas de estas especies con estados de conservación delicados.

"Las especies exóticas invasoras están categorizadas como la segunda causa de pérdida de biodiversidad en nuestro planeta, debiendo ser tratadas aplicando el principio de precaución promovido por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) del cual Argentina es Estado Parte. Una referencia útil para la Argentina es la experiencia chilena, donde ​​el cultivo de salmónidos ha tenido un alto costo socio-ambiental en los ecosistemas de la Patagonia chilena", indicó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), integrante del grupo que elaboró el informe.

"Las mismas empresas que pretenden instalarse en Argentina llevan treinta años operando en Chile, donde han causado un daño de enorme magnitud en un ecosistema que no sólo es único, sino que tiene un potencial extraordinario para el turismo de naturaleza. La experiencia chilena debería servir para no replicar el mismo camino en la Argentina", argumentó Alex Muñoz, director del programa Pristine Seas de National Geographic y coautor del documento.

El informe, que se dio a conocer a la prensa, fue distribuido a las autoridades nacionales y provinciales y, la semana próxima habrá un encuentro para el intercambio de opiniones. "En base a la abundante información científica y técnica disponible, el cultivo de especies introducidas en un ecosistema tan rico y frágil como el mar patagónico representaría un error histórico que lamentaremos para siempre. Las graves implicancias ambientales de la salmonicultura, sobre todo en ecosistemas donde estas especies no son nativas, están totalmente comprobadas y son irreversibles", aseguró Claudio Campagna, presidente del Foro para la Conservación del Mar Patagónico.

Desde hace dos años se encuentra vigente la iniciativa "Innovación Acuicultura Argentina – INNOVACUA" gestionada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MinCyT), que ha firmado un acuerdo de colaboración y cooperación técnica con el gobierno fueguino para instalar una granja multitrófica integrada para el cultivo de diversas especies marinas, entre ellas, truchas (una especie de salmónido).

Por otro lado, la Argentina ha firmado recientemente un convenio con el Reino de Noruega para llevar adelante el "Proyecto de Acuicultura Nacional", y evaluar la factibilidad del desarrollo de acuicultura basada en salmones en Tierra del Fuego.

"El gobierno nacional y el de Tierra del Fuego aún podrían dar un ejemplo de responsabilidad en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros compromisos internacionales asumidos por el país y leyes nacionales que apoyan nuestra posición", explicó Ana Di Pangracio, Directora Ejecutiva Adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

 

El informe es contundente: "En base a las razones que exponemos en este documento, nuestra principal conclusión es que la salmonicultura en la Argentina, por ser una actividad basada en especies exóticas, causaría graves impactos ambientales, sanitarios, sociales y económicos, y no cumpliría con las condiciones esenciales de sustentabilidad que requieren las iniciativas modernas de desarrollo. Por ello, recomendamos no admitir la instalación y operación de centros de cultivo de salmónidos en Tierra del Fuego ni otros sitios del litoral marino argentino".

TEMAS RELACIONADOS (...)

Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2018/08/03/alertan-sobre-el-impacto-que-podria-tener-el-cultivo-de-salmones-y-truchas-en-el-mar-patagonico/

 

Subrayemos la instalación de una agenda pública por la campaña electoral de la grieta que

silencia e invisibiliza las resistencias de las autoorganizaciones populares a los ecocidios-genocidios.

También censura documentos e investigaciones que enfocan la realidad concreta de nuestros países. Por ejemplo las que se orientan del modo siguiente:

Tomaremos tres aristas centrales de la misma: la estructura productiva, el patrón de comercio exterior y el patrón de inversiones extranjeras directas, y en virtud de ello, atenderemos a las siguientes interrogantes: ¿qué incidencia tiene el neoextractivismo en la estructura socioproductiva actual (2003–2012)?, ¿cuál es el rasgo más sobresaliente de dicha estructura: la reprimarización o la (re)industrialización?, y ¿qué relación existe entre el neoextractivismo y los patrones de comercio y de inversiones recientes del país? Para abordar el análisis, en primer lugar se recorre el desarrollo histórico del extractivismo en América Latina, presentando categorías para su comprensión e identificando sus características y evolución. Y en segundo lugar, se releva el neoextractivismo posneoliberal argentino reciente a través del análisis de su manifestación en la estructura productiva nacional y su impacto en los patrones de comercio y de inversión extranjera directa (ied), para lo cual nos valdremos de indicadores estadísticos nacionales, así como fuentes primarias y secundarias.

 

Extractivismo en la economía argentina.

Categorías, etapas históricas y presente

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, 2013, pp. 45–82

Por Jorge Ignacio Frechero

Resumen.

Las implicancias del auge en el precio internacional de las materias primas, los alimentos y los commodities, y su relación con el desempeño y las transformaciones socioeconómicas acontecidas en buena parte de los países de América Latina durante la primera década del siglo xxi, han vuelto a poner en discusión el fenómeno del extractivismo, sus efectos e impactos sobre el desarrollo nacional, así como sus alternativas de superación. Éste es un viejo debate de la izquierda latinoamericana que tuvo lugar a mediados del siglo pasado. Hoy su análisis e interpretación amerita nuevos esquemas interpretativos y conceptualizaciones a efectos de dar cuenta de sus rasgos diferenciales y su particular entrelazamiento con la coyuntura histórica corriente. En este marco, dando cuenta de parte de estas nuevas perspectivas, el trabajo busca constatar la vigencia del extractivismo en tanto factor definitorio contemporáneo de la economía argentina.

Introducción
El presente trabajo pretende sumarse al debate en marcha sobre el peso histórico y el impacto contemporáneo del extractivismo en tanto proceso y rasgo predominante en las estructuras productivas de la mayoría de las economías de la región. Debate que es impulsado desde los estudios críticos del desarrollo, la ecología política y el ecomarxismo —entre otros—, pero que fundamentalmente cobra relevancia y urgencia a raíz de la resistencia y la movilización activa de múltiples actores sociales a lo largo y ancho de toda la región, frente al avance de actividades extractivas que atentan contra el patrimonio natural y las condiciones simbólicas y materiales que hacen a la vida de numerosas comunidades. En este contexto, nuestra intención específica es explorar y constatar la vigencia del extractivismo en tanto factor saliente de la economía argentina contemporánea.

A efectos de simplificar el análisis, tomaremos tres aristas centrales de la misma: la estructura productiva, el patrón de comercio exterior y el patrón de inversiones extranjeras directas, y en virtud de ello, atenderemos a las siguientes interrogantes: ¿qué incidencia tiene el neoextractivismo en la estructura socioproductiva actual (2003–2012)?, ¿cuál es el rasgo más sobresaliente de dicha estructura: la reprimarización o la (re)industrialización?, y ¿qué relación existe entre el neoextractivismo y los patrones de comercio y de inversiones recientes del país? Para abordar el análisis, en primer lugar se recorre el desarrollo histórico del extractivismo en América Latina, presentando categorías para su comprensión e identificando sus características y evolución. Y en segundo lugar, se releva el neoextractivismo posneoliberal argentino reciente a través del análisis de su manifestación en la estructura productiva nacional y su impacto en los patrones de comercio y de inversión extranjera directa (ied), para lo cual nos valdremos de indicadores estadísticos nacionales, así como fuentes primarias y secundarias.

Introducción

El presente trabajo pretende sumarse al debate en marcha sobre el peso histórico y el impacto contemporáneo del extractivismo en tanto proceso y rasgo predominante en las estructuras productivas de la mayoría de las economías de la región. Debate que es impulsado desde los estudios críticos del desarrollo, la ecología política y el ecomarxismo —entre otros—, pero que fundamentalmente cobra relevancia y urgencia a raíz de la resistencia y la movilización activa de múltiples actores sociales a lo largo y ancho de toda la región, frente al avance de actividades extractivas que atentan contra el patrimonio natural y las condiciones simbólicas y materiales que hacen a la vida de numerosas comunidades.

En este contexto, nuestra intención específica es explorar y constatar la vigencia del extractivismo en tanto factor saliente de la economía argentina contemporánea. A efectos de simplificar el análisis, tomaremos tres aristas centrales de la misma: la estructura productiva, el patrón de comercio exterior y el patrón de inversiones extranjeras directas, y en virtud de ello, atenderemos a las siguientes interrogantes: ¿qué incidencia tiene el neoextractivismo en la estructura socioproductiva actual (2003–2012)?, ¿cuál es el rasgo más sobresaliente de dicha estructura: la reprimarización o la (re)industrialización?, y ¿qué relación existe entre el neoextractivismo y los patrones de comercio y de inversiones recientes del país?

Para abordar el análisis, en primer lugar se recorre el desarrollo histórico del extractivismo en América Latina, presentando categorías para su comprensión e identificando sus características y evolución. Y en segundo lugar, se releva el neoextractivismo posneoliberal argentino reciente a través del análisis de su manifestación en la estructura productiva nacional y su impacto en los patrones de comercio y de inversión extranjera directa (ied), para lo cual nos valdremos de indicadores estadísticos nacionales, así como fuentes primarias y secundarias.

Extractivismo y neoextractivismo en América Latina: categorías y procesos para el análisis

La incorporación de América Latina a la economía–mundo capitalista europea (Wallerstein, 2005), forzada por el colonialismo ibérico desde fines del siglo xiv, es todavía hoy una pesada herencia en la estructura y la dinámica sociopolítica y económica de cada una de las naciones y regiones que la integran. Dicha incorporación, como es sabido, fue el resultado de una violenta modalidad de ocupación territorial, explotación económica, sojuzgamiento y represión de los pobladores originarios. Como bien explicara Marx, el descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y saqueo de las Indias Orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles–negras, caracterizan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria (Marx, 1998: cap. xxiv).1

La enorme producción metalífera americana —primero enviada al Viejo Continente bajo una modalidad mercantilista monopólica y luego en el marco de una mayor liberalización, fruto de la descomposición del poder colonial— fue un factor clave en la consolidación del sistema capitalista y en el desarrollo de los principales centros industriales y financieros europeos. «Toda la vida europea y la vida del mundo entero, en la medida en que existía un mundo podría decirse que dependía de ese tráfico. Sevilla y sus cuentas podrían darnos el ritmo de ese mundo» (Chaunu, y Chaunu, 1955–1959: 14). De esta manera, como bien se explicara en las teorías de la dependencia, 2 América Latina financió a Europa, y al hacerlo, el desarrollo nacional de las metrópolis fue un proceso que conllevó el subdesarrollo de las colonias. La región se insertó en la economía–mundo como proveedora de metales, materias primas y alimentos, y a cambio recibió los «espejos de colores» del desarrollo (manufacturas), y ya en el siglo xix, bajo lo que Tulio Halperin Donghi denominó el orden neocolonial (1975: 280), inversiones para incrementar y canalizar la extracción de sus recursos naturales. En el despliegue y la evolución de la economía–mundo capitalista, la región quedó funcionalmente integrada y subordinada desde este particular rol primario–exportador en la división internacional del trabajo.

En el plano socioeconómico de los territorios latinoamericanos, la característica saliente de esta inserción fue el extractivismo, al que entendemos aquí tanto como un proceso históricamente centrado (y localizado), así como un modelo de estructuración socioproductiva, basado en la explotación intensiva de grandes volúmenes de recursos naturales y la apropiación o usufructo de sus productos por parte de agentes en el exterior a través de su exportación (Gudynas, 2013: 2).

La modalidad de explotación consiste en la apertura de economías de enclave, que pueden ser espacialmente acotadas, como los campos petroleros o las minas, o bien extensas como el monocultivo de la soja (Gudynas, 2012: 31). Se trata, por ende, de una conceptualización específica de extractivismo pues, como advierte Brenda Rupar (2012: 38), la actividad de «extracción» que luego se vuelve «producción» trasformadora de los «bienes naturales» a partir de la agricultura y la domesticación del ganado, forma parte del trabajo específicamente humano, requerido para la subsistencia a lo largo de los tiempos. Para comprender sus características y efectos (sobre los hombres y sobre la naturaleza–ambiente) es preciso determinar la particularidad que asume en diferentes periodos y sociedades.

Ciertamente, el extractivismo exportador latinoamericano ha sido y es todavía un factor determinante —y una pesada herencia— en las realidades sociales, los perfiles productivos y la inserción internacional de nuestras naciones. La región conoció tempranamente el doble peligro de esta especialización primario–exportadora en la forma de impactos internos (explotación en las relaciones de producción, inequidad y pasivos socioambientales severos) y, en tanto sociedades periféricas, una dependencia económica y política con los principales centros del capitalismo mundial. La afectación de los intercambios centro–periferia3 por efecto del estallido de la Primera Guerra Mundial golpeó a las economías regionales. Esta perturbación externa derrumbó la economía mundial capitalista clásica, basada en el papel dominante de Gran Bretaña y el funcionamiento del patrón oro (Bethell, 1991: 51), alterando así las corrientes comerciales y de capital a partir de las cuales se había insertado parte de América Latina. Esto produjo dos fenómenos relevantes. Por un lado, un vacío hegemónico que aprovechó Estados Unidos para ampliar sus propios negocios en la región, especialmente en Centroamérica, el Caribe hispánico, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Y por el otro, en aquellas economías que no encontraron una fuente supletoria de importaciones, una sustitución forzosa de éstas que permitió incrementos de producción en ciertos sectores fabriles, en especial en países como Argentina y Brasil.

Este último aspecto, que se repetiría en esencia con las dos grandes perturbaciones siguientes —la crisis de los treinta y la Segunda Guerra Mundial— ayudó a revelar las desventajas de mantener un tipo de inserción subordinada en la división internacional del trabajo, pero también las bondades de la desconexión —relativa— en aras de un desarrollo más equilibrado y autónomo. En este marco, a partir de la década de los veinte se hicieron manifiestas las debilidades y tensiones del modelo extractivista exportador. Desde entonces, y en particular tras el estallido económico de 1929, el extractivismo compartiría lugar como rasgo destacado de la estructura socioproductiva general de la región, con un incipiente industrialismo de corte básico a intermedio y con la activación reguladora y empresaria del Estado en la economía. Con el paso del tiempo, la correspondiente complejización y transformación de los modelos de desarrollo imperantes serviría de apoyo a la tentativa de inserción internacional más diversificada y, por tanto, más autónoma. (…)

El advenimiento del neoliberalismo en América Latina, cuya punta de lanza regional fue el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende en 1973, supuso la transformación hacia un modelo de desarrollo nuevamente orientado hacia el exterior, llamado por tanto aperturista, que tuvo como ejes de acumulación las actividades de comercio internacional, la lógica rentístico–financiera (cortoplacista y especulativa), los superbeneficios de las privatizaciones y, una vez más, la explotación extranjerizada de recursos naturales. Hasta aquí llega lo que el académico Eduardo Gudynas denomina extractivismo clásico que, a su entender, arraigó en las últimas décadas en los gobiernos conservadores neoliberales.

El formato de este extractivismo neoliberal se resume en que las empresas transnacionales tienen un rol determinante, el Estado es funcional a esa transnacionalización y existen regulaciones y controles acotados (incluyendo regalías y tributos bajos). Se apuesta a que ese extractivismo genere crecimiento económico y a que éste, a su vez, promueva «derrames» hacia el resto de la sociedad. Al mismo tiempo, se minimizan, niegan o reprimen las protestas ciudadanas por los impactos sociales y ambientales de la explotación (Gudynas, 2012: 132). Esta lógica se registró en casos como la privatizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en Argentina, el sector minero en Perú o —de manera encubierta— con el cobre chileno a partir de la dictadura de Augusto Pinochet.

El fracaso del neoliberalismo hacia finales del siglo xx y comienzos del xxi abrió las puertas para el potencial establecimiento de nuevos modelos de desarrollo, y por tanto para la búsqueda de nuevas formas más autonómicas de inserción en varios de los principales países de la región. Los tiempos posneoliberales llegaron de la mano de los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela (1998), Lula da Silva en Brasil (2002), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Evo Morales en Bolivia (2005) y Rafael Correa en Ecuador (2007). El sentido ideológico y programático oficial de los mismos fue el de erigir una gobernabilidad y un rumbo económico antitético al neoliberal. En palabras de Emir Sader (2008: 47): el posneoliberalismo es el camino de negación del capitalismo en su fase neoliberal, que mercantiliza todo, en que todo tiene precio, todo se compra, todo se vende. El posneoliberalismo, al contrario, afirma derechos, valores, esfera pública, ciudadanía y ahí se da la disputa fundamental de nuestro tiempo, en que América Latina es el escenario más importante, el eslabón más débil de la cadena neoliberal.

La renacionalización de sectores estratégicos nacionales, muchos de ellos basados en la extracción y explotación de recursos naturales —como los casos paradigmáticos de Petróleos de Venezuela (pdvsa) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (ypfb)—, apuntó directamente al corazón de uno de los pilares del neoliberalismo y de la inserción dependiente de la región: la transferencia de excedentes originada —ahora— en la acumulación por desposesión (Harvey, 2004). De allí emanaron expectativas optimistas y de corte emancipador sobre estos procesos graduales de cambio. Sin embargo, a una década de inaugurados los gobiernos posneoliberales, el balance resulta al menos sorprendente o paradojal para quien observe de manera incauta la realidad regional.

El extractivismo en América Latina no sólo sigue intacto sino que se ha dinamizado aún más bajo la égida de estos gobiernos, adquiriendo incluso nuevos rasgos. Frente a ello, sostenemos aquí que el abordaje comprometido, sincero, crítico y decolonial de esta problemática es urgente para contribuir a profundizar y reencauzar los procesos de cambio social inaugurados bajo el posneoliberalismo. Y creemos necesario anclarnos en perspectivas a la izquierda de lo posible (Santos, 2012) que trasciendan la coyuntura política contemporánea en la que se encuentra entrampada gran parte de la izquierda latinoamericana y, sobre todo, la lógica profunda del Estado compensador que éstas impulsan: la vulnerable dependencia de una política social redistributiva activa en la lotería de los recursos naturales de nuestros países.4 En esta línea, consideramos como nuestro puntal interpretativo el valioso aporte de Eduardo Gudynas sobre el neoextractivismo progresista (2011: 76) que resume en las siguientes Diez tesis urgentes: (…)

4. El neoextractivismo sirve a una inserción internacional subordinada y funcional a la globalización comercial y financiera. 5. Sigue avanzando una fragmentación territorial, con áreas relegadas y enclaves extractivos asociados a los mercados globales. 6. Más allá de la propiedad de los recursos, se reproducen reglas y funcionamiento de los procesos productivos volcados a la competitividad, eficiencia, maximización de la renta y externalización de impactos. 7. Se mantienen, y en algunos casos se han agravado, los impactos sociales y ambientales de los sectores extractivos. 8. El Estado capta (o intenta captar) una mayor proporción del excedente generado por los sectores extractivos, y parte de esos recursos financian programas sociales, con lo que se ganan nuevas fuentes de legitimación social. 9. Se revierten algunas contradicciones sobre el extractivismo, y se lo pasa a concebir como indispensable para combatir la pobreza y promover el desarrollo. 10. El neoextractivismo es parte de una versión contemporánea del desarrollismo propia de América del Sur, donde se mantiene el mito del progreso bajo una nueva hibridación cultural y política (Gudynas, 2009: 221). Así, el prefijo neo nos está indicando una profundización por aumento de explotación en los rubros clásicos (minería e hidrocarburos), por incorporación de nuevos recursos (como el litio en Bolivia o el inicio de la megaminería en Uruguay) y por la expansión del modo de organización extractivo al sector agrario en el caso de los monocultivos de exportación.

Destaca también la peculiaridad de que, por primera vez, la izquierda latinoamericana legitima este proceso, desdibujando su vieja crítica a las economías de enclave (Gudynas, 2012: 134). Esta defensa se ve con claridad, por ejemplo, en la visión del presidente Hugo Chávez cuando sostuvo que «estamos empeñados en construir un modelo socialista muy diferente al que imaginó Marx en el siglo xix. Ése es nuestro modelo, contar con esta riqueza petrolera» (citado en Stefanoni, 2012: 56).5

Otro punto importante es que en el neoextractivismo progresista el papel más activo del Estado no supone la exclusión de las corporaciones transnacionales Muy por el contrario, éstas persisten bajo otros modos de asociación, como los joint–ventures. No sorprende de esta manera, y a pesar de la retórica antiimperialista, las buenas relaciones extraoficiales entre pdvsa y Chevron–Texaco, una de las cuatro grandes petroleras a nivel mundial, quien además ha sido también recientemente cortejada por la renacionalizada ypf argentina. Con una enfática promoción de los rubros extractivos, los gobiernos posneoliberales buscan atraer capitales, ya no sólo de orígenes geográficos conocidos, como Estados Unidos y Europa occidental, sino también del resto de Europa y fundamentalmente de Asia. Así sucede en la Provincia de San Juan, Argentina, donde, con anuencia del gobierno nacional, se ofertan internacionalmente áreas para la exploración y su posterior explotación minera.6 En esta interpretación, las implicaciones de este proceso y modelo extractivista son graves y acuciantes, pudiendo sintetizarlas en dos grandes rubros de impactos.

Dada la expansión e intensificación de las actividades extractivas: la degradación, la destrucción y la fragmentación socioambiental se incrementan de manera exponencial. Las estrategias de desarrollo exógeno implican transferencias de lo que se denomina capacidad de carga y de servicios ecológicos hacia los países compradores/importadores, al mismo tiempo que los impactos ambientales de su extracción/procesamiento permanecen en los territorios o zonas de sacrificio donde se realiza la actividad.

En este sentido, la noción de «espacio socioambiental» que alude a los sitios desde los cuales una economía se provee de recursos y en los que deposita sus residuos —propuesta por Gilberto Montibeller (2004: 161)— ofrece un marco conceptual coherente para entender esta transferencia, así como la inserción internacional subordinada de la región también en términos ecológicos.7 El extractivismo, asimismo, incrementa la fragmentación territorial intranacional, en tanto se diferencian zonas luminosas, articuladas a los circuitos mundiales de producción y comunicación, y zonas opacas, las cuales carecen de tal articulación, en la terminología de Milton Santos (1997).

El resultado lógico y necesario de la intensificación extractiva, al afectar las condiciones de vida y las cosmovisiones no mercantiles de sectores mayormente vulnerables, es el surgimiento articulado de resistencias y protestas socioambientales a lo largo de toda la región. «Éstas van desde las movilizaciones ciudadanas contra la minería en Perú, Argentina y Ecuador, a otras, más institucionalizadas, pero también opuestas a la minería, en Uruguay. Las protestas ciudadanas están proliferando y el extractivismo está chocando contra un límite democrático» (Gudynas, 2012: 133). El segundo tipo de consecuencia no es otra que la reedición de la dependencia respecto de los centros productivos mundiales. Se trata de una dependencia que es necesario, de todas formas, reinterpretar, pues la vieja oposición centro–periferia en base a la dicotomía de países industrializados y países no industrializados ha cedido su lugar a nuevas formas de subalternización de las periferias (Amin, 2003: 24–25). Tradicionalmente, se ha considerado a la dependencia como una situación en la cual las economías de nuestros países están condicionadas por el desarrollo de otras economías a las que están sometidas (Dos Santos, 1971). Esta dependencia se manifestaba en relaciones preferenciales con alguna de las principales potencias capitalistas, por las cuales las sociedades dependientes sólo se expandían como reflejo de la expansión de las economías de los países dominantes.

Hoy el grado de diversificación de las relaciones económicas exteriores de los países latinoamericanos ha relativizado este fenómeno. Consideramos, en cambio, que actualmente la dependencia y el reflejo de expansión dependen de la inflada demanda global de bienes primarios, alimentos y commodities que caracteriza la fase corriente de la economía–mundo capitalista, y que es producto, a su vez, del proceso masivo de relocalización de capacidades productivas e innovadoras desde el Atlántico Norte hacia el Este asiático (Hobsbawm, 2008). Esta dependencia, como hemos visto, también se materializa a través del dominio de capitales extranjeros —provenientes de viejas y nuevas potencias— en áreas estratégicas como los agronegocios, la megaminería, la industria pesquera (…)

Se trata de una continuidad clave del modelo neoliberal porque se buscó expresamente dar privilegios a estos sectores y re–especializar a Argentina como fuente de bienes primarios, agropecuarios o con escaso valor agregado en la división internacional del trabajo. La política de promoción prosigue ahora bajo los gobiernos kirchneristas y la mayoría de las gobernaciones provinciales, evidenciada en acciones como la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (ofemi), la adopción del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010–2020 (pea), que pretende expandir la superficie cultivable a 42 millones de hectáreas, o las negociaciones de la re–nacionalizada YPF con empresas como Chevron, Gazprom y Exxon. Y por ello, así como la megaminería transnacional, el agronegocio y los hidrocarburos fueron la cara visible del extractivismo neoliberal, éstos continúan hoy siendo el puntal del neoextractivismo posneoliberal, ocupando un lugar por demás importante en la estructura socioproductiva del país.

De esta forma, Argentina registra a) la mayor cantidad de minas en operación de toda la historia (Subsecretaría de Comercio Internacional, 2010: 7); b) la mayor superficie cultivada con 31 millones de hectáreas, de las cuales 23 millones pertenecen a cultivos genéticamente modificados (Argentina.ar, 20 de enero de 2012), y c) el mayor número de provincias con explotaciones hidrocarburíferas efectivas, pasando de 6 a 10 jurisdicciones, mientras que las restantes están inmersas en alguna de las etapas previas a la radicación definitiva de la industria (Di Risio et al., 2012: 27).8 Por esto, y por las tendencias señaladas anteriormente, concluimos aquí que, en la evolución productiva del país desde 2003, si bien ha habido un proceso de reindustrialización, éste ha sido defectuoso e incompleto, amparado casi de manera exclusiva en la política del dólar alto (Schorr, 2012) y que ha sido incapaz de alterar la fisonomía general del sector manufacturero, mientras que ha proseguido a toda marcha la tendencia a la reprimarización a partir de las facilidades otorgadas —y ratificadas— a capitales transnacionales especializados en rubros extractivos.
 Jorge Ignacio Frechero es investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

/1/ Adscribimos a la reformulación que aplica el historiador David Harvey a la teoría marxista clásica con su categoría sobre la acumulación por desposesión. Sostiene el británico que «una mirada más atenta de la descripción que hace Marx de la acumulación originaria revela un rango amplio de procesos. Estos incluyen la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad —común, colectiva, estatal, etc.— en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito. El Estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un rol crucial al respaldar y promover estos procesos» (Harvey, 2004: 113

Fuente: http://www.estudiosdeldesarrollo.mx/critical/rev4/2.pdf

En consecuencia, el capitalismo sea neoliberal sea neodesarrollista conduce al exterminio de la vida continental-planetaria. Y:

Dada la expansión e intensificación de las actividades extractivas: la degradación, la destrucción y la fragmentación socioambiental se incrementan de manera exponencial. Las estrategias de desarrollo exógeno implican transferencias de lo que se denomina capacidad de carga y de servicios ecológicos hacia los países compradores/ importadores, al mismo tiempo que los impactos ambientales de su extracción/procesamiento permanecen en los territorios o zonas de sacrificio donde se realiza la actividad.

En este sentido, la noción de «espacio socioambiental» que alude a los sitios desde los cuales una economía se provee de recursos y en los que deposita sus residuos —propuesta por Gilberto Montibeller (2004: 161)— ofrece un marco conceptual coherente para entender esta transferencia, así como la inserción internacional subordinada de la región también en términos ecológicos.7 El extractivismo, asimismo, incrementa la fragmentación territorial intranacional, en tanto se diferencian zonas luminosas, articuladas a los circuitos mundiales de producción y comunicación, y zonas opacas, las cuales carecen de tal articulación, en la terminología de Milton Santos (1997).

Generalicemos, abajo y a la izquierda sin fronteras, la reflexión crítica sobre significados e implicancias de los extractivismos y sobre cómo son la causa fundamental de la pobreza. En efecto, valoremos:

Intervención en el Foro Social Mundial

Los procesos de saqueo nutren el sistema capitalista

23 de marzo de 2018

 

Por Camille Chalmers y William Gaviria Ocampo

CADTM

Para entender «la deuda» hay que empezar por tener claro que la deuda no es un problema meramente técnico; que la deuda no es un problema meramente económico; la deuda es un problema político, es un problema de las relaciones de poder, de las relaciones de dominación que hay en el mundo.

El papel fundamental que juega «la deuda» es la reproducción y el mantenimiento de las jerarquías que existen a nivel del sistema capitalista mundial, por ello hay que enfrentarlas, hay que buscar mecanismos para salir del sistema capitalista que utiliza la deuda como una herramienta de dominación.

 

El sistema capitalista se nutre de 4 procesos de saqueo que están interconectados:

·         El primero es el saqueo de la riqueza creada por los trabajadores y trabajadoras a nivel mundial.

·         El segundo es el saqueo del trabajo de las mujeres, del trabajo doméstico o lo que se llama “Economía del Cuidado”, porque el capital necesita que las mujeres estén sometidas a este proceso para que los hombres y las madres cabeza de familia incluso por medio de su fuerza de trabajo garanticen la reproducción del capital.

·         El tercer proceso es el saqueo de los bienes o recursos naturales, que involucra todas las riquezas naturales que hay en el planeta bajo el dominio de los países hegemónicos.

·         El cuarto es el proceso del saqueo de la riqueza de los países periféricos, haciendo alusión al conjunto de recursos físicos y naturales que siendo propiedad de los pueblos son apropiados por los países imperiales.

 

Existe un sobreendeudamiento de los Estados, de las Empresas y de las Familias del Norte que están alimentando factores para empeorar la crisis planetaria, porque dichas deudas no son sostenibles. Hay que tener en cuenta que el Caribe juega un papel fundamental en los procesos de acumulación intermundial, lo que se demuestra explicando que el incremento de la producción industrial en Asia, genera un constante tránsito creciente de mercancías por el Caribe hacia el Atlántico y el Pacífico, produciendo una exportación de flujos de capital que pasan constantemente por el Caribe. Para nadie es un secreto que en el Caribe hay concentración de paraísos fiscales, graficando qué hay edificios con 45.000 empresas; es decir, que sin duda alguna hay más empresas que población. Con lo explicado hasta acá resulta evidente que en ese ejercicio comercial irregular por el Caribe hay sobre y sub-facturación para incrementar los beneficios de las compañías multinacionales.

 

Asímismo resulta de elemental sentido entender que el mar Caribe es una reserva de recursos biológicos, es una reserva de mano de obra barata, a la vez que es un conjunto de pueblos rebeldes, porque no se puede olvidar que Martí, Castro, Bolívar y Chávez fueron líderes de las grandes gestas rebeldes en contra de la desigualdad e incluso contra la esclavitud; liderando importantes movimientos revolucionarios en la historia contemporánea incluso.

 

Recuérdese que en los últimos años han nacido y se ha intentado desarrollar importantes alternativas regionales, como el ALBA, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños “CELAC” el Banco del Sur, el Sistema Unitario de Compensación Regional “SUCRE”, entre otras; pero se requiere de respuestas más contundentes, se requiere diseñar estrategias para globalizar la resistencia y las luchas anticapitalistas.

Por lo expuesto, es necesario aceptar que hay que articular la lucha con una estrategia común sin olvidar una importante frase pronunciada en el año 2005 por el comandante Fidel Castro Ruz con relación al endeudamiento ilegítimo de los pueblos del Sur, cuando dijo: “No podemos pagar la deuda. No debemos pagar la deuda. No queremos pagar la deuda”, explicando que además de que los gobiernos de los países del Sur ya han pagado mil veces su deuda ilegítima, resulta de natural entendimiento que no se puede pagar porque no existen recursos para ello sin abandonar las obligaciones de los gobiernos para con los pueblos, que no debemos pagar porque resultaría inhumano destinar los recursos escasos que existen para satisfacer las necesidades básicas de la población entregándoselos a la banca foránea; y no queremos pagar porque la rebeldía que caracteriza a los pueblos del sur nos debe llenar de argumentos para mostrarle al mundo entero que tenemos la razón y que hay que luchar por construir el mundo que los pueblos se merecen.

Camille Chalmers, economista, profesor, representante de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití (PAPDA), integrante de la red CADTM- AYNA

http://www.cadtm.org/Los-procesos-de-saqueo-nutren-el

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=239381

 

 

Expandamos los espacios en común para debatir que:

 

 

 

"El modelo económico actual es insostenible social y medioambientalmente"

22 de febrero de 2019

 

 

Por Coordinadora estatal de comercio justo

El Salto

 

Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo publica un informe que expone cómo el Comercio Justo ha mejorado las condiciones laborales de Bangladés, uno de los países con mayores tasas de pobreza de Asia.

El Comercio Justo contribuye a reducir la pobreza pero sin cambios en el modelo de producción y comercialización a nivel global no será posible el desarrollo sostenible y la equidad, ni para el planeta ni para la población mundial.

 “El modelo de globalización económica da lugar a la necesidad de plantear una segunda etapa de la globalización de carácter social, colaborativa, solidaria y justa, que se enfoque en resolver los problemas más acuciantes del actual modelo de mundialización en curso, como la desigualdad, la pobreza extrema, la precariedad laboral, el deterioro ambiental, la migración ilegal y las violaciones de los derechos humanos.”

Así se refería Juan Carlos Lozano Herrera en la obra “Comercio justo, globalización y medio ambiente”, publicada en 2014 por la Universidad de Colombia, a la acuciante necesidad de que el modelo económico actual escuche y atienda a los síntomas que anuncian el fin de una era, en la que las consecuencias del cambio climático están ya afectando a sociedades enteras de todos los hemisferios.

En este mismo sentido se pronuncia Juanjo Martínez, presidente de la World Fair Trade Organization y autor del informe “El comercio justo y la erradicación de la pobreza. El caso de Bangladés”, que se presenta esta semana coincidiendo con el Día Mundial de la Justicia Social, editado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo: “Si por modelo económico entendemos la manera en la que se produce, comercializa y consume actualmente, este modelo es insostenible, social y medioambientalmente.”

Según Martínez, “es una cuestión de tiempo, pero este modelo no es capaz de desarrollar oportunidades de desarrollo y, por tanto, erradicar la pobreza, dentro de unos límites ecológicos que están próximos a extralimitarse, y con un crecimiento demográfico que nos llevará en 2050 a ser 9.000 millones de personas.”

“Seguramente, las tres partes -producción, comercialización y consumo- tienen que revisarse”, -insiste. “Y solo cuando esto se haga “desde una perspectiva sensata, largoplacista y sostenible, será posible, y creemos que es factible porque desde el Comercio Justo así lo estamos demostrando”.

En el informe se expone el caso de Bangladés como ejemplo de que si se transforman los patrones de producción es posible la sostenibilidad del comercio y del consumo: 

Tal y como explica el informe, en un contexto de superpoblación en Bangladés, la propuesta fue la de competir en el sector textil -en cierto modo estimulada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional-. “Se crean, prácticamente desde cero, industrias textiles hasta el punto de que hoy en día Bangladés es el segundo exportador mundial de textil después de China".

¿Cómo consiguió el país tanta demanda de productos textiles? “Ni más ni menos que a base de precio: producir ropa a un precio supercompetitivo. Y esto solo era posible si a los trabajadores se les pagaba miseria”, afirma su autor. En el informe se demuestra cómo, a diferencia de los grandes países en Asia, en Bangladés no se ha reducido la pobreza de la misma manera que sí pasó en Indonesia, India o China.

EMPLEO DE CALIDAD

Además, en estos días que hemos conocido datos sobre empleo, debemos recordar que la creación de empleos de calidad sigue constituyendo un gran desafío para casi todas las economías: "la falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades democráticas", alerta el presidente de la World Fair Trade en Europa. Y añade: "Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente."

Esto constituye, además, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos- además de parte esencial de las máximas del Comercio Justo: las prácticas comerciales justas, el pago justo, la igualdad de género, la libertad de asociación sindical y la no discriminación, la erradicación del trabajo infantil y trabajo forzoso, y condiciones de trabajo seguras y saludables.

En el informe “Comercio Justo y erradicación de la pobreza, el caso de Bangladesh”, se habla también de las previsiones macroeconómicas que parecen estar mejorando a nivel global, aunque a un ritmo más lento de lo esperado: Según Naciones Unidas, en 2016 la economía mundial se expandió en un 2,2%. Se pronostica que el producto bruto mundial se expandirá en un 2,9% en 2018. Asimismo, la Organización Mundial del Comercio prevé para 2018 un crecimiento del comercio mundial del 2,4%. Sin embargo, no están aportando mayores cuotas de bienestar y justicia social. Más bien todo lo contrario.

En este sentido, recordamos el último informe de Naciones Unidas, que indica que un 1% de la población acapara más del 50% de la riqueza global del planeta en tanto que el 80% tiene que sobrevivir con un 6% de los recursos totales. Y añade que de continuarse con esta tendencia, en 2050 será el 0,1% la que acapare más de la mitad de la riqueza, situación insoportablemente injusta que con toda seguridad provocará conflictos sociales y un deterioro medioambiental sin precedentes.

En el mismo sentido, también la Organización Internacional del Trabajo advierte del incremento exponencial de los llamados "trabajadores pobres", es decir, personas que a pesar de disponer de un trabajo, no cuentan con ingresos suficientes para salir de la pobreza y mantenerse a sí mismos y a sus familias. Este fenómeno de alcance internacional afecta a 780 millones de personas, a saber, casi un tercio de la clase trabajadora mundial, cifra que se va incrementando en 11 millones de personas al año.

En ese sentido, asegura que “a menos que se tomen medidas para reducirla, la pobreza podría perpetuarse de generación en generación, exacerbando la inestabilidad socioeconómica y erosionando el apoyo a las políticas en favor del crecimiento.” Avisos que refuerzan la idea de que es necesario avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo para todos y todas que no deje a nadie atrás, tal y como destaca el informe.

También la Comisión Europea ha lanzado un informe en el que se habla de revisar el modelo de crecimiento económico para cumplir los compromisos de Naciones Unidas de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030: "De acuerdo con el modelo de bienestar social de la UE, la transición a una economía sostenible no debe dejar a nadie ni a ningún lugar atrás".

En dicho informe, la Comisión Europea en el que reitera su compromiso de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluido el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Y lo hace hablando de "modernizar nuestra economía para adoptar patrones de consumo y producción sostenibles".

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO VS POBREZA

Lo que más preocupa ahora es que la gran reducción de la pobreza viene fundamentalmente del lado asiático, porque el modelo de producción ha creado oportunidades, si bien es cierto que más en unos países que en otros, según el informe. India y China han conseguido reducir bastante sus tasas de pobreza en términos absolutos, y el crecimiento demográfico ya está estancado, por lo que ya no va a tener la necesidad de aumentar sus exportaciones y podrá crear mejores condiciones de trabajo y de vida para su población.

“Pero quien tiene ahora las tasas de crecimiento demográfico más altas del planeta es África. Y el continente africano no está participando de este modelo de producción y comercio internacional. En 2050, África va a tener más población que Asia y unos niveles de pobreza superiores incluso a los que tenía Asia en los años 80”, constata Martínez.

“Nos podemos quedar esperando a que el problema crezca y la situación sea un drama imposible de gestionar o podemos ir poniendo soluciones.”, reitera Juanjo Martínez. “Estamos a tiempo.”, concluye.

Desde el Comercio Justo, seguiremos luchando por la justicia social, económica y medioambiental en todo el planeta.

 

El informe “El Comercio Justo y la erradicación de la pobreza. El caso de Bangladés” ha sido elaborado en el marco del proyecto europeo Trade Fair, Live Fair con financiación de la Unión Europea. Descarga aquí .

https://www.elsaltodiario.com/mecambio/el-modelo-economico-actual-es-insostenible-social-y-medioambientalmente 
Fuente:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252819 

 

 

Descubramos la falsedad y el embaucamiento ejercidos por los sectores dominantes cuando estigmatizan y judicializan a los luchadores en defensa de territorios denunciando que están contra el progreso-bienestar social.

 

 

La extinción de especies amenaza la salud y

la alimentación humanas

28 de mayo de 2019

 

PANAMÁ, 22 may 2019 (IPS) - Los restaurantes en las ciudades de todo el mundo ofrecen platillos cada vez más variados, pero la ciencia indica que la dieta global, lo que realmente come la gente, se está homogeneizando.

El arroz, uno de los alimentos básicos más importantes a nivel mundial, ilustra vívidamente esta paradoja: de las 90.000 variedades almacenadas en bancos de genes, solo 40.000 se cultivan, y tal vez en un supermercado habitual no se podrá encontrar más de una docena.

Considerando los efectos de la agricultura intensiva de alto rendimiento, las opciones están destinadas a disminuir drásticamente en el tiempo. Esto es preocupante desde el punto de vista de la sostenibilidad, seguridad alimentaria, biodiversidad y salud.

Nuestros sistemas de alimentación, nutrición, salud, aire limpio , clima y agua dulce dependen de la biodiversidad y de la salud de los ecosistemas, que conforman una red interdependiente de vida animal, vegetal, fúngica y bacteriana.

Por ejemplo, sin polinizadores como las abejas o los murciélagos muchos de los alimentos que conocemos y amamos desaparecerían. El uso inadecuado de pesticidas e insecticidas está expulsando a estas especies de sus hábitats y de las tierras agrícolas.

La última evaluación global de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), publicada este mes, muestra que el impacto humano en el mundo natural se acelera a una velocidad sin precedentes. De acuerdo con el reporte, un millón de especies se dirige a la extinción.

“La apropiación sin precedentes de los humanos sobre la Tierra se basa en un conjunto de impulsores demográficos y económicos indirectos que han aumentado de escala y que interactúan entre sí de formas complejas”, indica el informe.

Y no estamos haciendo lo suficiente en términos de política para cambiar las cosas.

“A escala mundial, ha habido poco progreso hacia la eliminación total o gradual de los subsidios perjudiciales para la biodiversidad”, señala el estudio, y pone como ejemplo los precios de materias primas y bienes industriales que a menudo no reflejan los costos ambientales y sociales implicados. 

La industrialización a gran escala ha causado una fragmentación generalizada de los paisajes naturales en todo el mundo. Los hábitats que antes eran continuos ahora están divididos y aislados, lo que ha provocado el declive de algunas especies que no pueden dispersarse para encontrar comida o reproducirse, indica el Informe Fronteras 2018/19 de ONU Medio Ambiente.

Reducción de biodiversidad en el sistema alimentario y las dietas

En los últimos 100 años, más de 90 por ciento de las variedades de cultivos han desaparecido de los campos agrícolas. La mitad de las especies de muchos animales domésticos se ha perdido y los 17 principales bancos pesqueros del mundo se están pescando por encima de sus límites sostenibles. Tales prácticas tienen impactos ambientales, culturales y de salud.

Los sistemas de producción de alimentos localmente variados, que son más resistentes al cambio climático, están bajo amenaza; La agrobiodiversidad está desapareciendo y junto con ella, el conocimiento de la medicina tradicional y los alimentos locales.

“Esto necesita cambiar”, dice Marieta Sakalian, experta en biodiversidad de ONU Medio Ambiente.

“La gestión sostenible de la biodiversidad en los paisajes agrícolas y marinos puede respaldar la transición hacia dietas saludables y patrones de producción y consumo más sostenibles en condiciones climáticas cambiantes”, añade Sakalian.

La pérdida de dietas variadas está directamente relacionada con enfermedades o factores de riesgo para la salud, como diabetes, obesidad y desnutrición, además tiene un impacto directo en la disponibilidad de medicamentos tradicionales.

La Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, en su resolución de marzo de 2019 titulada: Innovación sobre la biodiversidad y degradación de la Tierra , “alienta a los Estados Miembros a fortalecer sus compromisos y redoblar esfuerzos para prevenir la pérdida de biodiversidad biológica y degradación de la tierra y el suelo, a través de su conservación, uso sostenible, implementación de políticas apropiadas y medidas innovadoras, como acuerdos de asociación, transferencia de tecnología mutuamente acordada y mecanismos de financiamiento”.

Además, insta a los gobiernos y a los demás interesados a que tomen en cuenta la biodiversidad en todos los sectores de la sociedad y participen en el proceso de la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad 2020, que se celebrará en Kunming, China.

Este artículo fue originalmente publicado por ONU Medio Ambiente América Latina y el Caribe , con quien IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial para la difusión de sus materiales.

RV:EG

http://www.ipsnoticias.net/2019/05/extincion-especies-amenaza-salud-alimentacion-humanas/
Fuente:
 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=256471

 

 

Estamos subsumidos en el capitalismo e imperialismo vs. la vida planetaria y la dignidad humana de los pueblos. Generalizar el involucramiento en promover las dos últimas nos desafía a comenzar por expandir la deliberación popular sobre:

 

 

La crisis de cuidados,

un debate pendiente

22 de febrero de 2019

 

 Por Nuria Alabao

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Uno de los ejes de la próxima huelga convocada el 8M es el de cuidados; hay motivos para parar y evidenciar uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo.

España envejece. En 2033, una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años, según el Instituto Nacional de Estadística, cifras al nivel de Japón. Más de doce millones de ancianos, frente a los nueve que hay hoy. El envejecimiento de la población es un tema recurrente sobre todo cuando se debate cómo se van a mantener las pensiones. Sin embargo, apenas se habla de cómo vamos a cuidar a esos ancianos que algún día seremos nosotros; una buena parte de ellos dependerá de otras personas en su vida cotidiana. Ya sucede ahora, pero las cifras se están disparando.

Antes, estas cuestiones se solucionaban en el ámbito familiar. Sobre todo, porque las mujeres asumían estos trabajos de cuidados, formaban parte de esas tareas no remuneradas ni reconocidas socialmente que hacíamos “por amor”. Hoy eso ha implosionado –aunque la mayoría de los cuidados en el ámbito del hogar siguen recayendo en nosotras–; ya no es una tarea que hacemos porque no hay alternativa, porque forma parte de lo que nos han dicho que somos las mujeres. Las nuevas generaciones están cada vez menos dispuestas a dejar el mercado laboral para dedicarse al cuidado. Eso las que tenemos trabajos que nos dan una cierta posición social y recursos; otras muchas, en trabajos de mierda, tampoco pueden dejarlos aunque quizás prefieran ocuparse de los suyos, porque simplemente necesitan pagar las facturas. Esto conduce a situaciones imposibles, porque ¿quién se ocupa de los mayores y dependientes si no tienes dinero para traspasar esa tarea a una inmigrante mal pagada y con menos derechos laborales, que es lo habitual? A todo esto le llamamos “crisis de los cuidados”. Este concepto habla de las que ya no pueden o quieren cuidar –y de que la sociedad, y los hombres, tampoco han asumido esas tareas que nosotras abandonamos–; de las condiciones laborales de un sector feminizado e hiperprecario; pero también de las condiciones de vida de los que no pueden ser atendidos adecuadamente, los que ya no producen, y son considerados “sobrantes” por el sistema económico. En palabras de Judith Butler, aquellas “vidas cuya pérdida no será llorada”. Y en este sistema cada vez son más.

El cuarto pilar

Se dice habitualmente que los cuidados de larga duración y la atención a la dependencia constituyen el “cuarto pilar” del Estado de bienestar. Sin embargo, es evidente que no se considera un tema esencial y que el debate público –y las medidas políticas– que necesitamos para encararlo no se está produciendo en profundidad. Sigue siendo un problema mayoritariamente “de mujeres”, y eso tiene algo que ver con que sea un problema arrinconado. También está relacionado con las políticas neoliberales y de austeridad que restringen el gasto público o limitan las contrataciones de personal por las administraciones. La gran política pública que se iba a enfrentar a esta cuestión es la Ley de Dependencia de 2006. Este sistema estaba destinado a garantizar ayuda a domicilio, centros de día y ayudas económicas para las cuidadoras familiares y profesionales. Hoy sabemos que no garantiza la atención suficiente. España está muy por debajo de la media de la OCDE en gasto público en dependencia y en porcentaje de personas atendidas por el sistema o empleados en el sector de cuidados. Además, los recortes impuestos desde la crisis –los presupuestos no aprobados incluían un incremento de su financiación–, las listas de espera, y las trabas burocráticas de todo tipo que se encuentran los solicitantes, conllevan que la tasa real de cobertura del sistema sea del 52%, según un informe del Centro de Estudios Fiscales. (Y esto dentro de su propia definición de dependiente y de sus necesidades; precisamente en este estudio se propone una ampliación de esos parámetros). Estamos hablando de un sistema enorme cuyo coste es de casi 8.000 millones de euros –financiados en un 80% con dinero público y en un 20% por los ciudadanos– y que son claramente insuficientes. Otro problema importante de la ley es que abre la puerta a la externalización de esos servicios. Queda pues todavía mucho por solucionar en este marco.

El peso en la economía de todo este sistema público-privado de cuidados va creciendo. En realidad, podría ser una vía de creación de empleo de calidad, precisamente en sectores muy feminizados. (En países como Noruega, Suecia o Dinamarca, casi el 30% de la población trabaja en sanidad, educación o servicios sociales y un porcentaje elevado son mujeres.) La realidad de hoy en España indica que es un sector hiperprecarizado, tanto en el sector público como en el privado.

¿Residencias o almacenes de ancianos?

En relación a las condiciones laborales y de atención hay muchas diferencias regionales. Pero incluso en el País Vasco –donde se invierte más dinero público en residencias y atención a la dependencia–, el Servicio de Ayuda a Domicilio de Bizkaia –SAD— lleva un año de movilizaciones peleando por determinar condiciones favorables de su convenio colectivo. (El SAD es la atención que se realiza a dependientes en sus propios hogares e incluye servicios personales, cuidados de salud e incluso limpieza del hogar). Con más o menos posibilidades de movilización, las profesionales que se dedican a esas tareas pelean por mejorar sus condiciones laborales. También porque están estrechamente ligadas con la posibilidad de ofrecer una atención de calidad, una atención humana a los dependientes. Es importante recalcar eso. Estamos hablando de personas en ocasiones extremadamente vulnerables. Las desantenciones más graves, los cuidados que les son necesarios y no se les prestan implican verdaderos actos de violencia. Las trabajadoras que se movilizan siempre tienen muy claro que quieren hacer bien su trabajo.

Respecto a las desigualdades entre regiones, probablemente el caso de Madrid sea uno de los más extremos. Las residencias de ancianos sufren falta crónica de personal –tanto las públicas, como las privadas– y están infrafinanciadas. La lista de los problemas que trascienden es de absoluto terror: comidas con cucarachas;ancianos que fallecen y nadie se da cuenta hasta el día siguiente o incluso muertes directamente relacionadas con la desatención –como la de una anciana cuya pierna quedó semiamputada por los barrotes de su cama una noche en la que un solo enfermero tenía que atender a más 340 residentes–. O como el caso de la Residencia de la Fundación Reina Sofía Alzheimer –gestionada por Clece–, donde la empresa está despidiendo a las trabajadoras que recientemente denunciaron falta de material y de medios. Un lugar donde no había pañales o sábanas para cambiar a los ancianos que a veces tenían que pasar días sobre su propia orina. Mientras, esta gran empresa es capaz de mantener salarios de cuidadoras de 600 euros al mes por jornadas completas mientras declara millones en beneficios.

Lo público-privado en el sector de cuidados

Clece es una empresa conocida como parte del Grupo ACS –del magnate y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez–. Hay otras, como OHL Servicios, propiedad de Juan de Villar Mir, conocido por promover la última reforma laboral en plena crisis. Una reforma que permite externalizar trabajadoras a través de empresas de servicios, justo una parte de su propia actividad. Son ejemplo de grandes empresas del capitalismo familiar español –en este caso constructoras– que se han convertido en las grandes prestadoras de servicios públicos externalizados –privatizados–. En realidad, y pese a toda la retórica neoliberal, dependen totalmente de los recursos públicos para el sostenimiento de sus beneficios. Eran constructoras, y lo que hacen con las autopistas lo replican con las residencias y otros servicios. Para ellos, todo es lo mismo aunque implique vidas humanas.

Precisamente en Madrid, durante las últimas décadas, el ámbito de la intervención social –al igual que el de la educación o la sanidad– ha sido un terreno de experimentación de formas de gestión público-privada dominadas por la “lógica de mercado” y la generalización de la precariedad. Para engrasar la relación entre empresa y política están los mecanismos formales e informales que reproducen esa sorprendente continuidad entre intereses económicos y políticos: la financiación empresarial a partidos, las conexiones familiares, las principales redes clientelares y la “corrupción como sistema”. Sin ir más lejos, el propio yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, ha sido implicado en las tramas Púnica y Lezo.

Hay muchos intereses económicos en juego, sobre todo por parte de las empresas que van abriendo nichos de negocio sobre nuestras vidas, y toda una pelea por presentar en este ámbito –otro motivo más para salir el 8M–. Son muchas las cuestiones a debatir sobre cómo generar una verdadera corresponsabilidad social en este ámbito. Cómo conseguir que este tema importe para que consigamos una suficiente financiación y condiciones laborales adecuadas. Una vía podría ser devolver esos servicios –o una parte– al ámbito público. Para ello habría que ganar probablemente una de las batallas fundamentales a nivel público: acabar con las restricciones presupuestarias y de contratación de personal impuestas por la austeridad constitucionalizada durante la crisis –el famoso 135– que prioriza el pago de la deuda sobre el resto de gasto, también el social: la deuda –los bancos– sobre las personas. Así como su derivación, la Ley Montoro. Pero, que sea público, no garantiza la calidad del servicio ni las condiciones laborales. Tendríamos que conseguir también que las trabajadoras –y las usuarias– tengan más poder sobre sus propias condiciones de trabajo y sobre el propio cuidado, más capacidad de decisión sobre la manera en la que se organiza el trabajo y el servicio.

Dentro del feminismo también hay varios debates abiertos. Por ejemplo si es positivo o no retribuir a las cuidadoras familiares –la Ley de Dependencia lo preveía pero los recortes lo impidieron– o si cualquier ayuda debería formar parte de un servicio público fuera del hogar para desligar cuidado y género completamente. En cualquier caso, en el centro tendríamos que poner el derecho a poder elegir tanto si se desea o no cuidar, como el derecho a cuidar y ser cuidadas en condiciones. Como decimos desde el feminismo, si conseguimos que la sociedad piense en estos términos será el primer paso para cambiarla desde sus cimientos. Primero las personas, luego los beneficios.

Nuria Alabao es periodista y doctora en Antropología. Es miembro de la Fundación de los Comunes.

@nu_alabao

http://ctxt.es/es/20190220/Firmas/24553/crisis-de-los-cuidados-dependencia-feminismo-residencias-de-ancianos-nuria-alabao.htm

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252855

 

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Generalicemos, abajo y a la izquierda, la discusión de cómo el Partido Justicialista al dedicarse a modelar un amplio consenso sobre la imprescindible conciliación de las necesidades e intereses populares con la alta rentabilidad empresaria no sólo induce el contento abajo ante el crecimiento económico de los oligopolios sin reparar en las gravísimas consecuencias del mismo sino también suscita la creencia mayoritaria en el:

Control de precios y capitalismo “razonable”
12 de febrero de 2014

 

Por Rolando Astarita

 

Por estos días, en Argentina, circula la idea de que se puede frenar la inflación con un adecuado control de precios del Estado, ayudado por el pueblo. Con matices, la propuesta del control de precios es un común denominador de la izquierda local: partidarios del “socialismo de Estado”, nacionalistas de izquierda, sindicalistas progresistas, economistas de izquierda y toda clase de “amigos del pueblo” son entusiastas defensores de la idea. Algunos se consideran cercanos a Marx; otros, más prácticos, se inspiran en la experiencia chavista. Sin embargo, a todos los une la convicción de que es posible poner al Estado (¿y al gobierno?) al servicio del control de precios, y en un sentido beneficioso para los explotados y oprimidos. Por su parte, la presidenta Cristina Kirchner también convocó a la tarea; y en la misma vena, los integrantes de la kirchnerista Carta Abierta se ofrecieron a ir a los supermercados, planilla en mano, a combatir a la antipatria. Podemos decir entonces que estamos ante un “frente de unidad de acción”, de hecho, para imponer el manejo de los precios y torcerle la mano a los “oligopolios y especuladores” (que son cipayos, para colmo). En todo esto subyacen ideas concatenadas. Así, se piensa que:
a) los precios son manejados a voluntad por un “puñado de formadores de precios”, los grandes grupos económicos concentrados;
b) de manera que la inflación y la devaluación es obra de esos grupos (el sistema capitalista no tiene que ver en esto);
c) pero, felizmente, el Estado (incluso cuando se admite su carácter capitalista) puede ubicarse por encima de las contradicciones de clase, a condición de que el pueblo “presione”;
d) de manera que los precios pueden manejarse convenientemente, siempre que exista la presión necesaria desde el polo Estado + pueblo;
e) además, dada la concentración de la economía, basta controlar al puñado de grandes grupos para acabar de raíz la inflación.

Los más optimistas agregan que con el control de precios, y algún otro control (del comercio exterior, por ejemplo) se podrían aumentar los salarios, sin que se escaparan el dólar ni la inflación, con lo que resultaría una economía que, si bien capitalista (no todo es perfecto en la vida), sería bastante aceptable para los asalariados.

 

Propuesta sin bases sólidas

El principal problema del programa anterior es que está en las nubes. Es la visión característica del pequeño burgués que sueña con un capitalismo “razonable” (cuya clave de bóveda son las ganancias “razonables”), en que los trabajadores, con un poco de presión, y la colaboración del Estado, no padezcan las calamidades que derivan de las contradicciones objetivas del actual modo de producción. Son varias las razones que llevan a concluir que esta propuesta es pura ilusión ideológica.

 

 En primer lugar, la tesis de que los precios son decididos a voluntad por un grupo de oligopolios no tiene sustento, ni empírico ni teórico (ver, por ejemplo, notas sobre la tesis del monopolio, aquí); no sucede a nivel mundial, y Argentina no sale de la regla. En segundo término, la explicación de la inflación argentina por acción de los oligopolios tampoco se sostiene (ver aquí y aquí). En tercer lugar, el Estado no está por encima de las clases sociales; y en los conflictos fundamentales se ubica decididamente del lado del capital. Más en particular, y como he explicado en la nota anterior (aquí), el objetivo de hacer competitivo al capitalismo argentino vía devaluación y caída del salario es compartido por prácticamente todos los capitales afectados a la producción de bienes transables, sin distinción de grandes, medianos o pequeños. Todos ellos apuestan hoy a que los salarios aumenten por debajo de los precios y del dólar, de manera de consolidar una redistribución regresiva del ingreso, desde los asalariados al capital de conjunto. En esto el gobierno K no está solo, lo acompaña casi todo el arco burgués, incluida la burguesía “no monopolista, no especuladora”.

 

Por otra parte, están la historia y la evidencia empírica. Han habido muchas experiencias de controles de precios, y los resultados nunca fueron los que pretenden sus defensores. Al vuelo, cito algunos casos: el control de precios del franquismo, en España; el de Onganía, con su plan de estabilización; el de Nixon, en EEUU, en los años 1970; el de Perón en 1973-4. Y por estos días, en Venezuela. ¿Cuál ha dado resultado? Se puede admitir que por un lapso de tiempo los controles lograron, a veces, moderar la inflación, pero nunca torcieron la tendencia, que termina imponiéndose. Nótese también que los controles no son patrimonio exclusivo de gobiernos izquierdistas.

Pero además, los controles de precios no solucionan ningún problema que tenga que ver con la acumulación y el desarrollo de las fuerzas productivas. Si los capitales no invierten -y en tanto esté vigente el modo de producción capitalista, la inversión es decisión de los capitalistas-, el control de precios es impotente para revertir la situación. Lo sucedido en Argentina en la última década en energía o ferrocarriles, para tomar dos casos importantes, es ilustrativo. Más clara todavía es la experiencia en Venezuela, del capitalismo estatal dirigido por el chavismo (véase aquí, por ejemplo).

 

¿Colaboración de clases para un capitalismo “razonable”?

Sin embargo, y esto es lo más importante, la propuesta que estoy analizando sí tiene un sentido político e ideológico, y éste es negativo. Es que una vez aumentada la diferencia entre precios (y dólar) y salarios, los controles sirven para desactivar los reclamos sindicales e inducir a los explotados a “cooperar” con el Estado, el gobierno y el capitalismo “no cipayo, no monopólico, no especulador”. En las condiciones de dominio del sistema capitalista, llamar a los trabajadores a que pongan el hombro, es convocar a la colaboración de clases. Lamento que gente de izquierda, que incluso se considera marxista, esté embarcada en esta campaña.

 

Vinculado a lo anterior, y desde un punto de vista ideológico general, la propuesta también inculca la idea de que el sistema capitalista puede funcionar bajo una suerte de “control de los trabajadores”, provisto que estos ejerzan la conveniente presión. Estamos ante la ilusión de que los capitalistas “se van a portar bien” si están bajo la atenta vigilancia de activistas y militantes populares. Es la perspectiva de un capitalismo idílico, que nunca existió, ni puede existir. Subrayo: no puede existir porque en el sistema capitalista rige la propiedad privada. En tanto subsistan estas relaciones de producción –propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio- será imposible manejar los precios y el mercado. Los precios, en última instancia, son regidos por los tiempos de trabajo socialmente necesarios; no son una creación artificial. Al lector interesado en profundizar, le recomiendo leer el capítulo 1 de El Capital. Este texto es para pensar política sobre bases científicas, y poder ver por detrás del fetiche mercantil.

 

Por otra parte, en la medida en que las economías se hacen más complejas, en que aumenta la interdependencia, se pone más en claro que el control tiene patas extremadamente cortas. Para que esto no quede como afirmación dogmática, hagamos un sencillo ejercicio. Tomemos la idea, que se repite a cada rato, de que los precios deben establecerse según una ganancia “razonable” (expresión del ministro de Economía argentino; también del presidente Maduro).

Pero… ¿cuánto es “razonable”? ¿10%, 20%, 25%? ¿Cómo se calcula esa tasa de ganancia “razonable”? ¿Por qué del 20% y no del 10% o del 30%? Además, ¿es tasa de rentabilidad sobre capital invertido, o se calculan precios teniendo en cuenta los márgenes de venta? En cuanto al capital invertido, ¿cómo se lo calcula? ¿A costos de reposición, o a precios históricos? Además, ¿se tratará de una tasa de ganancia igual para todas las ramas, o habría diferenciaciones, según las perspectivas de crecimiento de las ramas? Dentro de las ramas, ¿las tasas de ganancia deberían ser iguales para todas las empresas, sin importar su productividad? ¿Y qué se hace con las que gozan de economías de escala?

 

En lo que atañe a los salarios, ¿deben adecuarse de manera que todas las empresas tengan las mismas tasas de rentabilidad, o al revés, hay que partir de salarios iguales (digamos, para los trabajos simples) en todas las ramas? Pero en este último caso, las tasas de ganancia no podrían igualarse. Y si se decide por la primera opción, los salarios no pueden ser iguales. ¿Cómo se arreglan estos embrollos desde el Estado “popular capitalista”? Menudos problemas, pero hay más. Por caso, las amortizaciones; ¿las establecemos iguales para todos los capitales? ¿Y a qué tasa? ¿Hay que buscar una  “razonable”? Por otra parte, ¿cuántos son los beneficios que se permiten redistribuir a los accionistas, y cuántos los que se reinvierten? ¿Cómo se establece esa división? ¿También tiene que ser “razonable”? ¿Es igual para todas las ramas?

 

Advirtamos que con esto sólo estamos en los inicios del asunto, porque también hay que determinar cuál es la tasa de interés “razonable” que deberán pagar las empresas por endeudarse (¿y cómo se diferenciarán estas tasas, si las tasas de ganancia no convergen?); y las tasas de interés “razonables” para los consumidores; así como las rentas inmobiliarias “razonables” (afectadas por locaciones desiguales); como las primas “razonables” para los seguros. Sin olvidarnos, por supuesto, del tipo de cambio “razonable”. Al respecto, ¿habrá que adecuarlo por tipo de producto, para que todo esté “razonablemente” parejo para el pueblo? Y no nos olvidemos de los impuestos internos, ni de las tarifas aduaneras, que también deberían ser adecuados, para que nada se salga del cuadro “razonabilidad”. Y la lista sigue: ¿cuáles son los márgenes “razonables” de los intermediarios comerciales? ¿De las comisiones de las agencias inmobiliarias? ¿Y las tarifas “razonables” por servicios de abogados, médicos, contadores, etc., etc.? ¿Y del sector financiero?

 

Sin embargo, alguien podría argumentar que, aun reconociendo las dificultades del asunto, si se establecieran los precios “razonables”  de los “grandes formadores de precios”, todo lo demás se ajustaría por obra de los “mercados populares”, controlados por militantes populares, con la colaboración de capitalistas populares, bajo la supervisión del Estado popular y sus funcionarios populares. Claro que en ese hipotético caso habría que detectar a los “formadores de precios”. Y aquí se tropieza con la interdependencia entre las ramas. Para verlo, tomemos una matriz de insumo producto, conformada por 300 ramas, donde cada una provee insumos básicos (lo que los economistas llaman una matriz no descomponible). Esto es, la industria del petróleo, por caso, recibe insumos de las ramas del acero, de la de máquinas herramientas, del pan, del vestido y otros bienes de consumo (porque el petróleo contrata obreros), del gasoil; y a su vez, la industria del petróleo provee, directa o indirectamente, insumos a todas las demás. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo individualizar las, supongamos, 10 industrias formadoras de precios? Para bajarlo a tierra: cuando YPF, bajo control del Estado “nacional y popular”, aumenta las naftas un 40% en un año, ¿lo hace porque es formadora de precios, o porque los precios de los insumos se le imponen? La realidad es que en un sistema de interdependencia, cada empresa (y cada rama, en última instancia) de la matriz básica es “formadora” porque a su vez recibe precios “formados”.

 

Pero además, lo anterior todavía es estático, no es más que un “corte transversal”. El sistema capitalista es dinámico; constantemente están cambiando las productividades por sectores, las tecnologías, las necesidades; la competencia externa se hace sentir, las clases sociales son dinámicas, y también los conflictos. ¿Cómo se mantiene todo esto en un equilibrio que permita la reproducción de las razones cuantitativas “razonables” establecidas? ¿De qué manera los controles populares pueden operar sobre esto, en tanto las decisiones de inversión continúan en manos de los capitalistas? Claro que en el mundo del reformismo, el capitalismo con precios bajo control popular (y comercio exterior, tipo de cambio y bancos convenientemente vigilados), habrá eliminado la anarquía de la producción (¿o la ley del valor no impone una regulación anárquica?)  y con ella, también las crisis. Es el sueño supremo. Como decía Marx, quieren eliminar los males del sistema, sin acabar con el sistema. Sobre esta tontería se construye toda la propuesta.

 

Superación del mercado, una cuestión social y política 

Naturalmente, con esto no estoy diciendo que el mercado no se puede superar. El mercado se puede superar, pero ésta es una tarea histórica, que solo podrán acometer sociedades altamente evolucionadas, que hayan dejado muy atrás la producción basada en la propiedad privada de los medios de producción. En tanto esto no suceda, el mercado no puede superarse. Incluso una revolución socialista, en la que los trabajadores efectivamente tengan poder, deberá avanzar muy lentamente en su ofensiva contra el mercado. No es una cuestión técnica; tampoco se trata de un obstáculo que se pueda saltar con “apoyo popular” o “movilización popular” en tanto estemos en los marcos del sistema capitalista. Ni siquiera el régimen de la URSS, con cientos de miles de empleados abocados a la planificación (burocrática), y estando la industria, el transporte, la banca, el comercio y buena parte de la producción agrícola nacionalizadas, pudo eludir los rigores de la ley del valor trabajo. ¿Cómo se puede sostener entonces que se pueden manejar los precios desde el Estado capitalista? Alguna vez Lenin dijo algo tan simple como fundamental: para controlar hay que tener poder. Si no tengo poder, no controlo. Los capitalistas controlan porque tienen poder económico, y ese poder económico se asienta en la propiedad privada. El Estado, en tanto subsista esa base, no puede no ser capitalista. Y el mercado no puede no responder a las leyes de la producción capitalista. No hay “control” popular por encima o por fuera de estas constricciones. Un análisis materialista tiene que empezar por la base. Son las contradicciones sociales las que mueven, en última instancia, a las clases sociales. Estamos en el ABC del marxismo.

 

Una vez más, repito lo que dije alguna vez en este blog: hay que aprender a luchar sin ilusiones (aquí).  No se gana nada prometiendo paraísos que sólo existen en la imaginación. Aunque quienes prometen sean personas bienintencionadas y deseosas de ayudar a la humanidad. No es una cuestión de voluntad, sino de relaciones sociales objetivas.

 

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Control de precios y capitalismo “razonable”

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2014/02/12/control-de-precios-y-capitalismo-razonable/#more-4404

El problema mayúsculo es que las izquierdas independientes del kirchnerismo y anticapitalistas también ilusionan. Por ejemplo, mediante la consigna de que las crisis no las paguen los trabajadores. Sin embargo: "No es posible superarlas con medidas parciales, o votando alguna ley milagrosa que evite los padecimientos para los millones de personas sometidas a la lógica de la ganancia y del capital. Los problemas de fondo exigen soluciones de fondo, esto es, modificar las relaciones de producción subyacentes, la propiedad privada del capital".

 

Es más grave que una corrida cambiaria
8 de mayo de 2018

Por Rolando Astarita

 

En una nota anterior, publicada a fines de marzo, decíamos que el sostenimiento de la demanda basada en alto déficit fiscal y de cuenta corriente, financiados con entrada de capitales especulativos y deuda creciente, era insostenible en el mediano plazo, y agregábamos: “se sabe cómo suele terminar esta historia: llega un punto en que comienza la salida precipitada de los fondos especulativos (en una situación de fragilidad económica el disparador puede ser cualquier elemento que los inversores consideren negativo), con las consecuencias de violentas devaluaciones cambiarias y profundas crisis financieras” (aquí).

Pues bien, la salida de capitales se desató mucho antes de lo que preveíamos en esa nota, a partir de la suba de la tasa de interés en EE.UU. y la agudización de diferencias y tensiones, no solo entre la oposición y el Gobierno, sino al interior de la misma coalición de Cambiemos. Desde que se inició la corrida, el Banco Central perdió el 8% de sus reservas, el peso se devaluó en un solo día (el 3/05) un 8%, y la sangría solo fue frenada, parcialmente, con una suba de la tasa de interés de referencia de 1250 puntos básicos, desde el 27,5% al 40%. Sin embargo, no se trata solo de la corrida cambiaria: también cayeron los bonos de la deuda (el riesgo país aumentó desde 397 a 471 puntos básicos en menos de un mes) y las acciones se derrumbaron. Al momento de escribir esta nota el dólar sube a $23,5 y el Merval se hunde más del 4%. Hasta el presente, más que “volatilidad” hubo caída libre. Y está abierto el escenario para una crisis financiera.

Subrayamos: es imposible sostener indefinidamente un elevado déficit de cuenta corriente con entrada de capitales especulativos. Incluso la historia de años recientes muestra que cuando el déficit de cuenta corriente se acerca al 5% del PBI, las crisis llamadas sudden stop (interrupción brusca de la entrada de capitales de portfolio, y salida de los mismos) se hacen casi inevitables. Ocurrió en México 1994, en Tailandia 1997 y en Argentina 2001. El gobierno de Cambiemos apostó a la entrada de esos capitales ofreciéndoles altas rentabilidades con la bicicleta financiera, pero por esta vía no hay salida. Precisamente, en referencia al carry trade, en abril del año pasado escribíamos:

“… la entrada de capitales financieros especulativos ahora aprecia la moneda argentina. No es entonces una apreciación que sea expresión de una mejora estructural de la economía, basada en el desarrollo de las fuerzas productivas, en el aumento de la productividad. De hecho, la inversión productiva sigue sin repuntar: en 2016 la inversión bruta fija (medida a precios corrientes) fue de apenas el 14,8% del PBI, el nivel más bajo de la serie del Indec desde 2004. Dada la baja productividad de la industria, muchos empresarios dicen que con este dólar no pueden competir. De ahí también el ataque del Gobierno y las cámaras empresarias al salario –perdió por lo menos seis puntos porcentuales solo en 2016- y a las condiciones de trabajo. Los acuerdos de productividad por sector, realizados con la complicidad de la burocracia sindical, son una muestra. Una vez más se comprueba que la política monetaria “dura” es un arma puesta al servicio del aumento de la explotación del trabajo. La alternativa, de todas maneras, sería una fuerte devaluación, acompañada de una política de contención de salarios” (aquí).

Y aunque en 2017 hubo un cierto repunte de la inversión, estamos muy lejos de un crecimiento sostenido de la acumulación de capital productivo.  Por eso el subdesarrollado capitalismo argentino solo puede insertarse en la economía mundial a partir de bajos salarios, y solo en algunas y contadas ramas.

En consecuencia, vuelve a plantearse –lo han expresado funcionarios del gobierno- la meta de ganar competitividad con salarios permanentemente devaluados en términos de la moneda mundial. Para esto, el gobierno de Cambiemos, los gobiernos provinciales y las cámaras empresarias intentarán, con la colaboración de la burocracia sindical, mantener los aumentos promedio del 15% frente a una inflación que seguramente superará el 25%. Es lo que el marxismo llama un aumento de la tasa de plusvalía, o sea, de la relación entre la plusvalía (ganancias, intereses, rentas) y el valor de la fuerza de trabajo.

De manera que el conflicto en torno al salario está en el centro de la agenda en las próximas semanas. El gobierno y las cámaras patronales amenazarán con la desocupación. Con una economía estancada, o en descenso, aumenta la presión del desempleo sobre la clase trabajadora. En el mismo sentido juega el chantaje de la huelga de inversiones –“si los trabajadores no aceptan tal o cual condición, no invertimos”. A su vez, la suba de la tasa de interés y la salida de capitales ponen presión para llevar adelante un “ajuste” del gasto público. Lo que potenciará la desocupación y debilitará aún más la demanda. Agreguemos que la devaluación aumentará el peso de la deuda externa, que ha crecido sin parar en los dos últimos años.

Alternativamente, si la lucha de clases obligase a conceder aumentos salariales, los empresarios descargarán esos aumentos en los precios. Si a su vez la clase obrera recupera salarios con nuevas luchas reivindicativas, se entraría en una espiral inflacionaria, reflejo monetario de la agudización del conflicto entre el capital y el trabajo. Y si la inflación sigue su curso, se desembocaría en una crisis similar a la de finales de los 1980 (que legitimó ante la opinión pública las políticas del menemismo). En esos escenarios, el discurso de la clase dominante es que “los trabajadores y su egoísmo son los culpables de la inflación”.

En cualquier caso, en tanto subsiste el sistema capitalista, las crisis siempre la pagan los trabajadores. No es posible superarlas con medidas parciales, o votando alguna ley milagrosa que evite los padecimientos para los millones de personas sometidas a la lógica de la ganancia y del capital. Los problemas de fondo exigen soluciones de fondo, esto es, modificar las relaciones de producción subyacentes, la propiedad privada del capital.

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Es más grave que una corrida cambiaria

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2018/05/08/es-mas-grave-que-una-corrida-cambiaria/

 

 

Coincidimos con Jorge Rulli y Maximiliano Mendoza en que:

Necesitamos desactivar a portavoces liberales y progresistas. La fe ciega en el progreso y el desarrollo material infinitos, nos impide pensar la posibilidad de mundos-otros, e indefectiblemente nos conduce a un suicidio colectivo.

Es por ello que necesitamos recrear un pensamiento nuevo con ligazón a las sabidurías ancestrales, orientado hacia nuevos horizontes decoloniales, ecológicos y libertarios. Un pensamiento que nos permita cuestionar las lógicas de la modernidad de manera radical, convencidos de que el cuestionamiento de sus presupuestos es el mejor modo de aportar a las luchas contra el capitalismo y el colonialismo.

 Que las elecciones viabilicen sólo la grieta o falso enfrentamiento, no alcanza a explicar que a CFK no se la considere como quien gestionó la maximización de la concentración y transnacionalización económico territorial a la vez que actualizó el imprescindible Estado represor. Por eso, cabe divulgar ensayos como el siguiente:

 

 

 

La “sintonía fina” del modelo sojero

Cristina Kirchner, Rockefeller, Monsanto y

la nueva oligarquía agroindustrial
15 de enero de 2013

 

 

Jorge Rulli y Maximiliano Mendoza

Grupo de Reflexión Rural

 

Después de un primer semestre convulsionado por las oscilaciones de los mercados globales, y aún cuando restan aproximadamente cinco meses para la cosecha de soja transgénica en nuestro país, surgen algunos datos de relevancia en torno a las proyecciones en el corto plazo de la balanza comercial que, si bien permanecerá superavitaria, arrojará considerables disminuciones de aprovisionamiento de divisas por exportación (se estima que ingresarán U$D 4000 millones menos). La crisis del capital internacional, sumado al notable impacto del descenso de la demanda europea y asiática en el mercado de futuros, hace que la cotización de la oleaginosa genéticamente modificada en la Bolsa de Chicago esté muy por debajo de las expectativas proyectadas a principios del año pasado.

En este contexto, la Argentina tomó a lo largo de 2012 una serie de determinaciones en materia de agronegocios cuyas implicancias consideramos alarmantes. La consolidación de un modelo de desarrollo extractivo, agro-minero-exportador, productor de materias primas, destinadas a satisfacer la demanda de los mercados globales, parece ser el objetivo final de todos los planes estratégicos diseñados por el Estado Nacional.

Para comprobarlo, sólo basta con consignar algunos de los objetivos principales del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2) [1]: incrementar la superficie sembrada con granos en un 27%, (es decir, aumentar la superficie actual de 33 millones de has. a 42 millones de has.), elevar la producción de soja GM en un 20% (aumentar la superficie actual de casi 20 millones de has. a más de 22 ó 23 millones de has.) y elevar la producción de maíz GM en un 56% (aumentar la superficie actual de 3,7 millones de has. a 5,7 millones de has.), entre otros objetivos.

Como dato adicional, es importante destacar el PEA2 se sustenta ideológicamente en los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, cuyos mayores promotores a nivel global son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio [2]. Es un dato relevante en términos del análisis del discurso, puesto que la dirigencia oficialista de nuestro país se caracteriza por el uso de una retórica nacional-popular, enérgicamente antineoliberal, crítica del llamado “Consenso de Washington”, condenatoria de las ideologías del libre mercado y de la dependencia de los organismos multilaterales de crédito. No obstante esos discursos, los responsables supranacionales del diseño macroeconómico de los aciagos años del menemismo parecen seguir presentes en las decisiones estratégicas de la alianza actual entre el estado nacional, las corporaciones transnacionales y la nueva oligarquía local.

La discusión en torno a estas cuestiones fundamentales están ausentes del debate político-mediático. Parecería que la llamada realpolitik y el marketing político impusieron estilos de confrontación en los que no prevalecen las formas; ya poco importa si se emplean retóricas de izquierda o de derecha, excepto por aquéllos casos en los que la polarización se presta al uso pragmático de los grupos de poder. Los principales partidos políticos y los grandes medios de comunicación de la Argentina parten del acuerdo tácito de no discutir el modelo de desarrollo en vigencia, especialmente en lo que concierne al modelo sojero. Sencillamente porque casi todos están de acuerdo con él.

En este artículo enunciamos una serie de acontecimientos en materia de agronegocios cuya importancia para el modelo de desarrollo impulsado por el Estado Nacional y las corporaciones son decisivos para los años venideros, y que seguramente configurarán nuevos y extraordinarios escenarios de luchas y resistencias sociales.

Bioceres, Gustavo Grobocopatel y la soja resistente a la sequía: la ciencia empresarial como política de estado

En febrero del año pasado, durante una videoconferencia organizada en la Casa Rosada, en simultáneo con Tecnópolis, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba junto al actual Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, el descubrimiento de un gen cuya implementación permitiría incrementar la producción de soja, maíz y trigo en contextos de sequía. El anuncio fue realizado junto a las autoridades de la empresa Bioceres S.A. y la Dra. Raquel Lía Chan, directora del proyecto nacido a la luz de un convenio público-privado firmado en 2004 entre dicha empresa, el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral [3] [4].

Bioceres es una empresa cuyos accionistas son a su vez destacados miembros de AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y cuyo director titular es nada más y nada menos que el llamado “Rey de la Soja”, Gustavo Grobocopatel.

Durante dicho encuentro, Cristina Fernández de Kirchner consideró que “si se adapta esta tecnología en todo el mundo, con tan sólo los cultivos de soja se obtendrían unos 2500 millones de dólares en concepto de regalías por campaña” y que “se trata de uno de los descubrimientos más importantes en términos de mejorar la calidad de las semillas, la producción y lo que va a significar en materia de regalías para el Conicet, para la Universidad del Litoral, para la empresa asociada; además del crecimiento en la producción agrícola del país” [5].

Por su parte el ministro Lino Barañao, expresó que “este caso permite demostrar que hemos instalado en la Argentina algo que es la norma de los países desarrollados: se invierte en investigación, se protege adecuadamente la propiedad intelectual y luego se comercializa a través de canales adecuados para que ese rédito se efectivice. También me parece importante destacar que la seguridad alimentaria, es decir, la seguridad de provisión de alimentos, es tal vez el mayor desafío que tendrá la humanidad en las próximas décadas”.  

Con un financiamiento de $3.750.352 aprobado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en 2008 (según consta en la resolución Nº 034/2008 del Programa Áreas Estratégicas) [6] , dicho proyecto “logró el aislamiento y la caracterización de un gen de girasol (el ya patentado gen HAHB-4) cuya función estaba relacionada con la respuesta natural de la planta a condiciones de estrés abiótico, tales como sequía y salinidad. Según concluyeron, el incremento de la productividad de esta nueva tecnología oscilará entre el 10% y el 100% dependiendo del tipo de cultivo, la calidad del mismo y el lugar donde se produzca así como también de los factores climáticos”. Todo parece indicar que, además de permitir sortear eventualidades climáticas, el objetivo último de la introducción de estas nuevas tecnologías apunta a extender el cultivo de soja GM hacia áreas de estrés hídrico como la región cuyana, lugar donde hoy sus poblaciones ya padecen el terrible flagelo de la megaminería.

Cabe destacar que el patentamiento de dicho descubrimiento es de propiedad conjunta del Estado Nacional, a través de la titularidad del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Sin embargo -y en absoluta consonancia con la antigua tradición liberal estado bobo/ empresas prebendarias- se otorgó a la empresa Bioceres S.A. su licencia para uso y explotación durante veinte años.

En tal sentido, Bioceres S.A. anunció el nacimiento de Verdeca, una joint-venture conformada junto la empresa estadounidense Arcadia Biosciences, para el desarrollo y la comercialización internacional de eventos transgénicos utilizados para la obtención de semillas GM. En su página web ya se pueden apreciar los anuncios de su nueva soja resistente a la sequía, lanzamiento estimado entre los años 2015 y 2017 [7] . En teoría, las empresas participantes del acuerdo invertirán durante los próximos cuatro años U$D 20.000.000 para el desarrollo de la tecnología y su introducción en nuestro país y los mercados globales.

Monsanto, el Consejo de las Américas y el poder global: la nueva soja Intacta RR2 PRO, la propiedad intelectual y la nueva fase del agronegocio

El 14 de junio del año pasado 2012, pocas horas después de su aclamada intervención por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ante el Comité de Descolonización de la ONU, Cristina Fernández de Kirchner participó de una reunión en el Consejo de las Américas junto a diversos representantes de las corporaciones transnacionales más poderosas del mundo [8]. Entre ellos, por supuesto, se encontraban los directivos de Monsanto Company.

Durante el encuentro, la presidenta anunció algunas de las medidas que favorecen a su filial en Argentina y que hoy mantienen en estado de alerta a muchos movimientos sociales de todo el país: la inversión de casi 2000 millones de pesos para la construcción de dos “centros de investigación y desarrollo” en la localidad de Islas Malvinas (Córdoba) y en Tucumán; el lanzamiento comercial de la nueva soja “Intacta RR2 Pro” [9] -que agrega mayor resistencia al glifosato y repelencia a lepidóteros-; la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas al maíz transgénico para incrementar su productividad; el futuro “respeto por las patentes” sobre las modificaciones genéticas de Monsanto -que posiblemente se traduzca en un nuevo esquema legal sobre las semillas con el fin de asegurar su tributación por parte de los productores-; la importancia de las inversiones de dicha empresa en el marco de los objetivos del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2) y la posibilidad de extender la frontera agropecuaria hacia la Patagonia.  

Tampoco ahorró elogios para el trabajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus casi 900 científicos repatriados. Y repitió una vez más la cantinela favorita de las corporaciones globales de la agroindustria: “la producción de alimentos con métodos tradicionales es insuficiente para alimentar a la humanidad, por lo que se hace fundamental la intervención de la ciencia y la tecnología”. En suma, Cristina Fernández de Kicrhner considera que lo fundamental radica en el negocio de las corporaciones transnacionales de la agrobiotecnología en aras de consolidar el dominio global de la especulación alimentaria.

Un dato clave respecto de esta reunión: estuvo organizada por una amiga íntima de la presidenta: Susan Segal, CEO del Consejo de las Américas, territorio del magnate del petróleo y las finanzas David Rockefeller (accionista de Monsanto junto a George Soros y Bill Gates, entre otros) y del tristemente célebre John Negroponte, aquel oscuro diplomático quien en su momento fuera un aliado fundamental del genocida Henry Kissinger para la ejecución de la Operación Cóndor en América Latina [10].

Susan Segal también es consultora de JP Morgan Partners y fue directora de América Latina para Chase Capital Partners. Pero los lazos con el poder económico de la Argentina se estrechan: según consta en su currículum [11], también fue Directora Titular y Miembro del Comité de Auditoría de CRESUD, una de las empresas del imperio de Eduardo Elsztain, durante los años 2004 y 2006.

Eduardo Elsztain, uno de los empresarios con mayor llegada a los centros del poder financiero global, es dueño de numerosos shoppings, edificios, y hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país. Controla el Banco Hipotecario desde los años ’90, es propietario de IRSA (la mayor corporación inmobiliaria del país) y de CRESUD, empresa del rubro agroindustrial mediante la cual controla casi un millón de hectáreas en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, destinadas principalmente a la producción de transgénicos. Este empresario, además de ser uno de las personas más influyentes de la Casa Rosada, es también uno de los selectos miembros del Comité Asesor Internacional de la Presidencia del Consejo de las Américas , espacio que comparte junto a otros empresarios de la Argentina como su ex socio Marcelo Mindlin (Pampa Energía, Edenor y Transener), Alejandro Bulgheroni (Bridas), Woods Staton (Arcos Dorados, operador de Mc Donald’s para América Latina) y Amalita Amoedo, nieta y heredera de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat [12]. Conforme estos datos, resulta a todas luces comprensible el hecho de que el ex presidente Néstor Kirchner registrara una asistencia casi perfecta a la sede del Council of Americas cada vez que viajó a Nueva York.

Lo curioso es que al día siguiente de aquella reunión en el Council of Americas, en Paraguay tuvo lugar un hecho que desataría un vendaval político: la masacre de Curugauty [13], en la que fallecieron 11 campesinos y 6 policías. Como se conoció después, este hecho fue aprovechado por la oposición del por entonces ya debilitado presidente Fernando Lugo, quienes no trepidaron en iniciarle un juicio político para destituirlo, algo que lograron transcurridos unos pocos días. Detrás de la trama conspirativa estuvo nada más y nada menos que Monsanto, quienes junto a los sectores del poder local más reaccionario, tales como la Unión de Gremios de Producción (UGP) y el Grupo Zucolillo -socios locales de Cargill y dueños del diario ABC-, iniciaron una intensa campaña de lobby pro transgénicos, tras verse impedidos por los organismos sanitarios del Estado para imponer nuevas semillas de algodón genéticamente modificado. Lamentablemente, ni siquiera este golpe mediático-institucional logró hacer mella en la sensibilidad política de Cristina Fernández de Kirchner, quien a su regreso de Nueva York, se solidarizó con Fernando Lugo y junto a sus pares de la UNASUR repudió el “golpe de Estado” en el Paraguay luego de haber estado reunida con la corporación transnacional que lo propiciara.

Sin dudas estas nuevas tecnologías de “segunda generación” anunciadas por Cristina Fernández de Kirchner y por la empresa Monsanto a mediados de 2012, suponen la apertura de una nueva fase del agronegocio en la Argentina. Algunas fuentes señalan que dichos anuncios fueron producto de una larga serie de negociaciones entre el gobierno argentino y Monsanto, operaciones en las que el lobby empresarial se expresó a través de la Embajada de los Estados Unidos e inclusive mediante la intervención de altos miembros del gabinete del presidente Barack Obama [14].

A modo de conclusión

El brutal proceso de sojización inaugurado en la Argentina a mediados de la década del ’90, evidencia una de las continuidades más palmarias de los llamados modelos de desarrollo: tanto el neoliberalismo como el actual neodesarrollismo de base extractiva, comparten los mismos presupuestos en términos de acumulación del capital, basada en el despojo de los bienes comunes. Estas intersecciones políticas, puestas de relieve, demuestran que, visto desde las lógicas de la modernidad, no necesariamente existe un antagonismo irreconciliable entre neoliberalismo y progresismo.

Desde la aprobación ejecutada por el menemismo en 1996, a través de Felipe Solá, de la soja RR (Round Up Ready) de Monsanto hasta la aprobación de la soja “Intacta RR2 Pro” ejecutada por el kirchnerismo, transcurrieron casi dieciséis años en los que la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció prácticamente en un 5000%, pasando de 370 mil hectáreas en 1996 a los 20 millones de hectáreas en la actualidad , lo que representa prácticamente dos tercios de la superficie cultivada total de la Argentina. A esto debe agregarse el colosal abuso de la tecnología química: durante el 2012 se utilizaron más de 300 millones de litros agrotóxicos.

El tutelaje estatal del excedente es fundamental para comprender el fetiche por el crecimiento compartido por el neoliberalismo y el progresismo: el uso de la agrobiotecnología se justifica por la constante búsqueda del incremento de la productividad, puesto que a una mayor producción le sigue una mayor recaudación. Así, las previsiones económicas indican que en la temporada 2012/13 se logrará obtener una cosecha de soja GM que oscilará entre los 55 y 60 millones de toneladas. De esa manera, el Estado Nacional obtendría una recaudación de 12 mil millones de dólares en concepto de retenciones (casi el 10% de la recaudación total).

La Argentina, largamente gobernada por una dirigencia que mixtura progresismo setentista y neoliberalismo reciclado, consolida de esta forma su estatus de “Republiqueta Sojera”, metáfora que alude a una de las facetas más perversas del modelo extractivo y neocolonial en vigencia: la agricultura biotecnológica, productora de granos transgénicos y de agrocombustibles para los mercados globales, hegemonizada por el capital concentrado transnacional y sus socios locales, aliados a los fanáticos, tanto públicos como privados, de la ciencia y de la tecnología. Una agricultura desnaturalizada y deshumanizada; una agricultura sin agricultores, profundamente violenta con el suelo y con los ecosistemas; una agricultura que considera meros insumos a las semillas y a la biodiversidad.

Los terribles impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y sequías, la pérdida de los suelos y sus riquezas, el desplazamiento de las poblaciones y su consiguiente hacinamiento en las periferias urbanas asistencializadas, no forman parte de las preocupaciones gubernamentales, son justificadas por “razones de estado” y configuran la contracara del jactancioso “modelo de crecimiento económico con inclusión social” machacado por el poder comunicacional del kirchnerismo.

Los procesos político-económicos que se profundizan en torno al modelo de los agronegocios, sumado a la creciente subordinación de las políticas de estado hacia los objetivos económicos de las corporaciones transnacionales y las necesidades de los mercados globales, se distancian de manera abrupta de las retóricas épicas que, ilegítimamente, pretenden activar el imaginario social de la tradición nacional y popular. Una mirada congruente con las complejidades propias de la historia reciente de la Argentina , observaría con facilidad la tensión que existe entre la base material y el universo simbólico-ideológico del actual proceso político, tensión que, sin dudas, el progresismo oficial ha sabido capitalizar en términos proselitistas: apropiarse de retóricas que apelan a la memoria de las resistencias de nuestros pueblos para resignificarlas y reconvertirlas en herramientas de dominación simbólica al servicio del capitalismo global.

La resignación y la capitulación de ciertos sectores progresistas y/o de izquierdas (intelectuales, funcionarios, sindicalistas, etc.), cuando no el posibilismo y la creencia en la gradualidad, dieron lugar a una legitimación del actual proceso de recolonización cuya contribución al confuso maremágnum conceptual de nuestra época resulta crucial. Es por ello que en ciertos “relatos” progresistas y hasta de izquierdas, se encuentran disparatadas interpretaciones históricas en procura de justificar nuestro triste rol neocolonial de apéndice agro-minero-exportador impuesto por la globalización.

Tenemos que salir de la encerrona racional, urbana e industrial periférica que nos propone la globalización . Necesitamos desactivar a sus portavoces liberales y progresistas. La fe ciega en el progreso y el desarrollo material infinitos, nos impide pensar la posibilidad de mundos-otros, e indefectiblemente nos conduce a un suicidio colectivo.

Es por ello que necesitamos recrear un pensamiento nuevo con ligazón a las sabidurías ancestrales, orientado hacia nuevos horizontes decoloniales, ecológicos y libertarios. Un pensamiento que nos permita cuestionar las lógicas de la modernidad de manera radical, convencidos de que el cuestionamiento de sus presupuestos es el mejor modo de aportar a las luchas contra el capitalismo y el colonialismo.

Luchamos por retomar el derrotero americano del arraigo y recuperar la dimensión sagrada del territorio, el alimento y la vida en comunidad. En suma: asumir el destino cósmico que nos une a la Madre Tierra.  

"Se trata de descubrir un nuevo horizonte humano, menos colonial, más auténtico y más americano. ¿Para qué? Pues para que desde aquí recién pensemos la necesidad o falta de necesidad de las revoluciones, o quizás un mundo auténtico donde una revolución podría ser inútil por estar ya todos nosotros desde siempre en ella, pero en toda su profundidad, con toda nuestra plenitud americana" (Rodolfo Kusch) [15].

Referencias:

[1] Datos extraídos del documento “Argentina Líder Agroalimentario. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010- 2020”, disponible en la web oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación: http://64.76.123.202/site/areas/PEA2/24-Argentina%20Lider%20Agroalimentario/index.php

[2] Un abordaje crítico de los “Objetivos del Milenio” (ODM) con el que coincidimos es el que expresó Eric Toussaint durante su ponencia del 20/09/2010 ante las Naciones Unidas: http://cadtm.org/Ponencia-de-Eric-Toussaint-ante

[3] Ver en página oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología: http://www.mincyt.gov.ar/noticias/noticias_detalles.php?id_noticia=856

[4] Ver en página oficial de Bioceres S.A.: http://www.bioceres.com.ar/es/content/cristina-fern%C3%A1ndez-celebr%C3%B3-acuerdo-entre-bioceres-y-arcadia-bioscencies-para-comercializar

[5] Ver Página 12, sección “Economía”, correspondiente a la edición del 29/02/2012:http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-188569-2012-02-29.html

[6] El documento oficial se encuentra en la web de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica: http://www.agencia.gov.ar/IMG/pdf/PAE_financiados_web.pdf

[7] Los próximos lanzamientos comerciales de esta joint-venture pueden verse en http://www.verdeca.com/technologies

[8] Un parte de prensa oficial del Ministerio de Industria señala en dicha reunión participaron representantes de : “The Aes Corporation, Bank of America Merrill Lynch, Barrick Gold Corporation, Bridas, Brightstar, CA Technologies, Cargill, Chevron, Citi, Conoco Philips, Corporación América, Credit Suisse, Directv, Dow Chemical, Eton Park, Exxon Mobil y Fintech. También hubo representantes de Ford, Fox, GE Latin America, General Motors, HSBC, IBM, Integra Investment, Intel, J.P.Morgan, JBS Friboi, Johnson & Johnson, Kroll, LAIG, Lazard Asset Management, Mattos Filho, Microsoft, Monsanto y NEC. Completan la nómina de participantes NYSE Euronext, Pfizer, Pluspetrol, Procter & Gamble, Riverwood Capital y Wal-Mart”. La información oficial se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Industria: http://www.industria.gob.ar/encuentro-de-la-presidenta-en-nueva-york-con-empresarios-confirma-planes-de-inversiones-en-la-argentina/ y en http://www.industria.gob.ar/giorgi-en-el-consejo-de-las-americas/

[9] El documento oficial de la resolución oficial por la que se otorga licencia comercial a la nueva soja de Monsanto, está disponible en la página oficial del Ministerio de Agricultura: http://64.76.123.202/site/agregado_de_valor/biotecnologia/55-OGM_COMERCIALES/_archivos/RES_446_2012.pdf

[10] En relación a los vínculos existentes entre el poder económico de David Rockefeller y el gobierno argentino, el periodista y ex diputado nacional Miguel Bonasso ha publicado recientemente un artículo denominado “El discreto encanto de Rockefeller”, en donde se devela la trama de negocios detrás de la “nacionalización” de YPF: http://bonasso-elmal.blogspot.com.ar/2012/12/el-discreto-encanto-de-rockefeller.html

[11] Su perfil laboral se encuentra disponible en http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/person.asp?personId=78079&privcapId=5390419&previousCapId=23829859&previousTitle=Lignum%20Forest%20Products%20LLP

[12] Información disponible en la web oficial del Consejo de las Américas: http://www.as-coa.org/about/chairmans-international-advisory-council

[13] Un informe detallado sobre la masacre de Curugaty fue elaborado por Javiera Rulli y Reto Sonderegger (GRR):http://www.pararelmundo.com/noticias/semana-tragica-paraguay/

[14] O’Donnell, Santiago (2011). “Argenleaks: Los cables de Wikileaks sobre la Argentina , de la A a la Z ”. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.

[15] Kusch, Rodolfo (1975) “La negación en el pensamiento popular”. Ed. Cimarrón, Buenos Aires, Argentina.

 Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=162247

 

 

 

Prosigamos profundizando en qué consiste el elogiado crecimiento de la soja transgénica, justo cuando ambos bandos de la grieta promueven el de Vaca Muerta que, al igual del primero, genera desertificación y padeceres en enorme escala.

 

 

 

Mundo agrario

versión On-line ISSN 1515-5994

Mundo agrario, vol.18 no.37 La Plata abr. 2017

ARTÍCULOS

Territorio, Poder y Sojización

en el Cono Sur latinoamericano. El caso argentino1

Mabel Manzanal

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
Programa de Estudios Regionales y Territoriales, Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
mabelmanzanal@gmail.com

Resumen

El presente trabajo discute la cuestión territorial de reprimarización de las economías latinoamericanas, en particular las del Cono Sur. Para ello, trabajamos con información secundaria, entrevistas a informantes calificados y resultados de investigación, vinculados esencialmente con la sojización en Argentina. Desde una perspectiva que analiza el territorio, el poder y la construcción de hegemonía se descubren variadas situaciones que afectan la subsistencia de las poblaciones que viven de los recursos que están en disputa (tierra, agua, bosques). A través de este análisis se pone en evidencia que la actual forma de acumulación, extractivista y especulativa compromete el futuro de la sociedad en su conjunto. Y desconocerlo resulta funcional a los intereses de los sectores dominantes.

Introducción2

Avances alarmantes de deforestación, desertificación y pérdida de biodiversidad, con procesos consecuentes de marginación y persecución social conforman una preocupante realidad cada vez más extendida dentro del espacio latinoamericano.

La expansión del monocultivo y la producción a gran escala de agrocombustibles (soja, palma aceitera, maíz), la minería a cielo abierto, la intensificación de actividades industriales y agroindustriales contaminantes (y/o con escaso control y regulación, como la celulósica, la ganadería en feedlots3) están en el origen de estas problemáticas.

La promoción, ampliación y difusión de producciones con efecto regresivo –social, política y ambiental– se sostiene en un discurso hegemónico que afirma y publicita que la economía de la mayoría de los países del Cono Sur depende y necesita de estas actividades para garantizar su crecimiento y bienestar. De este modo se justifica, sostiene y consolida un modelo económico-productivo dominante, en el que las organizaciones y sectores sociales que se oponen son permanentemente cuestionados, judicializados y perseguidos con diferentes métodos, cuando no reprimidos, encarcelados y asesinados4.

Convivir, oponerse y enfrentarse al poder hegemónico y a sus variadas expresiones –económicas, políticas, financieras, culturales– es una tarea enorme que abarca diversos e infinitos frentes. Entre todos ellos, entendemos que el más complejo es el que se vincula con el discurso hegemónico que naturaliza hechos y realidades como los que aquí nos ocupan –vinculados con la expansión de los commodities– y que los expone como resultantes de un devenir natural y necesario para el bien de todos y para el desarrollo de la nación en cuestión. Esto es un discurso de poder, una construcción de verdad, la verdad del poder hegemónico que se conforma ocultando, desinformando, desvalorizando toda evidencia sobre las negativas consecuencias –sociales, ambientales, productivas y culturales– que estos procesos productivos conllevan.

Es este contexto cultural hegemónico el que logra que las actuales consecuencias de la producción del territorio5 y de valorización del capital (ligadas al extractivismo y a la reprimarización6 de las economías del Cono Sur latinoamericano) se tornen lejanas e incomprensibles para la gran mayoría de la población. Porque se desconoce, se minimiza o se desestiman los problemas sociales, económicos, políticos y ecológicos resultantes del avance de los commodities, como: la profundización de la desigualdad y la marginación social, el deterioro ambiental proveniente de la deforestación y del uso de plaguicidas; la persecución, la opresión y la discriminación de numerosos actores involucrados, la pérdida de autonomía en las decisiones políticas, económicas, tecnológicas y financieras7.

Vale aclarar que algunos de estos procesos difieren en su profundidad, características y especificidad según nos refiramos a territorios pampeanos y extrapampeanos. Así, por ejemplo, ciertas formas de persecución y discriminación de poblaciones originarias o de ocupantes sin título aparecen concentradas en las áreas extrapampeanas. Lo mismo puede decirse de los actuales procesos de avance de la frontera agropecuaria y de deforestación. No es tan nítida esta diferenciación entre pampeano y no pampeano cuando nos ocupamos de los peligros resultantes de la difusión indiscriminada de plaguicidas y la pérdida de autonomía política. Porque éstos tienen relación con la práctica misma de la producción sojera bajo las formas que se da en Argentina y en el Cono Sur. Al respecto, vale subrayar que, en cualquier caso, la ignorancia u ocultamiento de estos procesos y sus impactos negativos es semejante, independientemente de su localización. Y precisamente lo que este trabajo pretende es evidenciar esta cuestión del ocultamiento, porque es a través del desconocimiento de hechos como los que aquí se describen que se sostiene la hegemonía del actual modelo de “desarrollo” desigual.

De todos modos y en cualquier caso, la ignorancia u ocultamiento de estos procesos y sus impactos negativos son semejantes independientemente de la respectiva localización. Y precisamente lo que este trabajo pretende es evidenciar, tener clara, esta cuestión del ocultamiento. Porque es a través del desconocimiento de hechos como los señalados que se sostiene la hegemonía del actual modelo desigual de “desarrollo”.

Por ejemplo, se difunde y se piensa que los efectos negativos resultantes de las nuevas formas de acumulación del capital se circunscriben a un espacio determinado y afectan exclusivamente a la población localizada en el entorno de estos emprendimientos, lo cual se asocia con la falsa percepción de que, por tanto, podrían aislarse y prevenirse cuando, por el contrario, su alcance es extendido, difuso, global, y compromete a toda la sociedad.

La reprimarización de las economías del Cono Sur controlada directa o indirectamente por grandes corporaciones multinacionales (Monsanto, Syngenta, Bayer, Cresud, Cargill, ADM, Maggi, Bunge, entre otras) condiciona la soberanía nacional a través de la pérdida de la autonomía de la gestión política, económica y científica de los distintos países. De este modo, la democracia misma se torna incompatible con el control corporativo.

En el presente trabajo nos proponemos poner en discusión estos temas de la problemática territorial de las economías latinoamericanas, tomando como ejemplo fundamentalmente el caso argentino. Nos vamos a referir a hechos que afectan, en lo inmediato, la subsistencia de numerosas poblaciones que habitan y viven de los recursos que están en disputa (tierra, agua, bosques). Y observaremos que estas formas de acumulación extractivista y especulativa, características de la presente etapa del capitalismo a escala latinoamericana y mundial, comprometen el futuro de la sociedad en su conjunto.

La expansión sojera en el Cono Sur latinoamericano

La producción mundial de soja viene siendo liderada por Estados Unidos desde finales de la segunda guerra mundial. Hacia la década de 1960 comenzó a producirse soja en el sur latinoamericano, específicamente en Brasil (entonces bajo un gobierno militar). Fue en 1970 cuando se inició una expansión sostenida y acelerada de dicha producción, especialmente en Argentina y Brasil, lo cual implicó que en 2012 el Cono Sur superara la producción de Estados Unidos y de América del Norte. La Tabla 1 muestra que en 1972 Brasil concentraba casi toda la siembra y producción de Sudamérica (92%) y Estados Unidos dominaba claramente en el mercado mundial de soja, controlando más del 70% de dicha producción. Esta situación se fue modificando y en 2012 el Cono Sur, con el liderazgo conjunto de Brasil y Argentina, alcanzó la mitad de la producción mundial de soja, y comenzó a cuestionar el liderazgo de Estados Unidos como principal productor.

Fueron 40 años durante los cuales Brasil y Argentina experimentaron un altísimo crecimiento con tasas que, en el caso de Brasil, duplicaron las mundiales (tanto en superficie sembrada como en producción). La expansión más notoria ocurrió en Argentina, con un crecimiento extraordinario en dicho periodo: tanto en el área sembrada, que quintuplicó los valores mundiales (15% Argentina frente a 3% mundial) como en volumen de producción (17% Argentina y 4% mundial -Tabla 1).

Y si bien también otros países de Sudamérica (como es el caso de Bolivia y Uruguay) tuvieron importantes crecimientos, aun a tasas mucho mayores, es asimismo cierto que partieron de magnitudes absolutas casi nulas. No es el caso de Argentina cuya participación llegó al 17% de la superficie y de la producción mundial de soja en 2012, y se mantuvo en los años siguientes con cifras y rendimientos en continuado aumento, como surge de la tabla 2. Obsérvese asimismo que Argentina viene liderando en los dos últimos años el aumento de los rendimientos (9,7%) incluso por encima de Estados Unidos (8,5%).

Evidentemente, esta etapa de más de 4 décadas constituye, respecto a la soja, una verdadera explosión productiva (notoria en Argentina, pero también en el resto de los países productores del Cono Sur). La misma puede explicarse por diferentes cuestiones y medidas de carácter internacional y nacional.

En el ámbito internacional se sucedieron situaciones como: disminución de cosechas por parte de países productores (especialmente Estados Unidos); aumento de la demanda desde algunos importadores (la Unión Soviética primero y China después); aumentos de precios, acuerdos comerciales liderados por Estados Unidos para promover el acceso de la soja al mercado europeo; legislaciones restrictivas al comercio de granos; expansión de la producción de derivados, como los agrocombustibles (Coalición Holandesa de la Soya, 2008, pp. 15-17). Y a nivel nacional, en el caso de Argentina se suma a lo anterior la desregulación de la década de 1990. En particular, el decreto 2284 de 1991 que eliminó las juntas reguladoras (Junta Nacional de Granos, de Carnes, Dirección Nacional del Azúcar, etc.) y los sistemas de cuotas de producción y/o precios sostén de la actividad agropecuaria. Además, en esos mismos años se introdujo la soja transgénica y la siembra directa (en 1996 se produjo la liberalización de la soja transgénica). Los incrementos productivos se vieron impulsados, a su vez, por la suba de precios y de demanda. Es decir, se conformó un contexto productivo y económico muy favorable, en el que gobiernos y empresas agropecuarias (especialmente en Argentina y Brasil) se posicionaron para promover y ampliar el área y la producción de soja.

Todo esto se tradujo en significativas y complejas transformaciones territoriales, en los más variados sectores de la vida social y laboral. De hecho, un ejemplo útil para caracterizar este devenir es que, en el año 2003, la corporación Syngenta (empresa líder mundial en la producción de semillas) hizo una publicidad en la que define como la República Unida de la Soja a los territorios sojeros de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay (Grain, 2013).

Este acelerado crecimiento no parece detenerse, en buena medida, porque la producción de soja continúa ligada –en el marco del Cono Sur latinoamericano– a la demanda de China, impulsada por el mayor consumo de sus sectores sociales medios.

La expansión sojera en Argentina

En Argentina hubo un regular crecimiento de la producción sojera en los últimos 40 años, en el que se incluyen los 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015). Precisamente, fue en estos años cuando el cultivo de soja se constituyó en el eje de la economía argentina, en tanto resulta ser su principal fuente de divisas.

Una causal significativa de esta expansión fue el boom de los precios de la soja de la primera década del 20008, sumada a la existencia de un favorable contexto nacional dado que la soja no es parte de la canasta alimentaria argentina (como sí lo es el trigo). Entonces, su comercialización en el mercado internacional no compite con el abastecimiento del mercado interno y su potencial suba de precios no afecta la canasta familiar de alimentos (como sí sucede con el trigo). En este sentido, la soja tiene la ventaja (respecto a otros productos agropecuarios, como trigo, maíz o carne) de superar la restricción externa propia de los productos que abastecen o se dirigen a ambos mercados (interno y externo).

Por todo esto, la comercialización internacional de la soja logró una expansión duradera y apuntaló las reservas internacionales, lo que posibilitó cancelar obligaciones con el exterior durante los gobiernos kirchneristas (Paez, 2016, p. 26).

Paéz (2016, p. 3) sostiene que desde principios del siglo XXI y sobre las bases de las transformaciones de las décadas anteriores:

…el cultivo de la soja adoptó un rol central en la economía argentina. Por un lado, el contexto de elevados precios internacionales y la adopción de un nuevo bloque tecnológico promovieron la siembra del cultivo en 15 de las 24 provincias. Durante la campaña 2013-2014, el cultivo alcanzó la cobertura de 20 millones de hectáreas sembradas, lo que implicó dos tercios de la superficie total sembrada en la Argentina. Estos simples números muestran la relevancia económica, territorial, política y social que ha adquirido la oleaginosa, ya no solo en la tradicional Pampa Húmeda sino también en zonas extrapampeanas.

La Tabla 3 rescata una serie anual sobre la expansión sojera desde el inicio de la década de 1980. En la misma se observa el aumento casi constante de la producción, superficie y rendimientos, con pocos retrocesos (dos notorios en 1989 y 2009 ligados ambos a crisis económicas nacionales, como la hiperinflación de fines de los años ’80 y el conflicto del campo sucedido en 2008). Esta serie de 35 años muestra que la producción se multiplicó 35 veces y la superficie poco menos de 10; esto da cuenta del aumento de los rendimientos, especialmente durante el gobierno kirchnerista (asociado con los altos precios que los commodities obtuvieron en dicho período).

Todos los indicadores parecieran confirmar que esta expansión continuará durante los próximos años. Más aún porque con el gobierno de Mauricio Macri, iniciado el 10 de diciembre de 2015, se están modificando sustancialmente los patrones de referencia previos hacia una matriz claramente neoliberal, concentradora, desigual y conservadora en el campo económico, social y cultural, cuyas primeras medidas se dirigieron a impulsar al sector agropecuario a través de la liberalización del mercado cambiario, la quita o reducción de los aranceles a las exportaciones y la limitación de la legislación restrictiva en cuanto a la compra de tierras por inversores extranjeros.

En este marco, muy posiblemente la sojización avance a mayor ritmo, a menos que la desaceleración de la economía China –que desde 2015 algunos observadores mencionan– resulte muy pronunciada o que crisis climáticas o ambientales detengan las señales positivas que se observan para el mercado sojero argentino desde diciembre de 2015.

En los hechos, la producción agropecuaria con eje en la soja no detuvo su crecimiento, aun cuando desde el 2008 se hizo evidente y más agudo un enfrentamiento (hasta entonces en parte latente) entre el sector agrario empresarial de mayores recursos y el gobierno de Cristina Kirchner9. Fue lo que se denominó conflicto del campo, provocado por la política de aumento de los aranceles a la exportación de productos agropecuarios, en particular a la soja, la cual no pudo efectivizarse en los términos planteados.

Esta conflictividad desaparece bajo el gobierno de M. Macri, claramente aliado al sector agropecuario que lideró aquel frente agrario opositor al gobierno de Cristina Kirchner. Esta alianza se tornó evidente con una de las primeras medidas del gobierno macrista: a tan sólo 4 días de su asunción se eliminaron los derechos de exportación de los productos agropecuarios. Para la soja se los disminuyó un 5% (pasó del 35% al 30% y del 32% al 27% para los respectivos derivados) y se instrumentó un plan anual de baja de dichos derechos10.

Pero a lo anterior se sumó pocos días después (el 16 de diciembre) la liberalización del cepo a la compra de dólares y la apertura del mercado cambiario. Esto significó una devaluación de más del 40% del peso argentino. O sea, simultáneamente se tomaron dos medidas directamente ligadas a beneficiar y promover al sector agroexportador y expandir aún más la producción sojera.11

Se trata de decisiones y acciones con significativas consecuencias territoriales que conllevan enormes daños colaterales: mayor deforestación; expansión del uso de plaguicidas, herbicidas, semillas transgénicas; dependencia de las transnacionales de la agroindustria y de las proveedoras de semillas y otros insumos; expulsión y persecución de la población rural de menores recursos.

Como es evidente, estas medidas profundizan el fortalecimiento de la cadena agroindustrial (productores, comercializadores y exportadores de granos, y sectores conexos: semillas, aceites, fertilizantes, agroquímicos, maquinarias, innovación y tecnología, finanzas), ya que consolidan y aumentan los procesos de acumulación y de concentración económica agroindustrial, alimentaria y financiera.

En una segunda instancia, la expansión productiva y las transformaciones territoriales se traducen en procesos regresivos de carácter social, ambiental y cultural, y a su vez en el fortalecimiento de un renovado campo de poder (un poder hegemónico conformado por antiguos y nuevos actores relacionados al sector agroindustrial y alimentario, al financiero y a los medios masivos de comunicación). Además, se debilitan sectores sociales conformados por trabajadores, pequeños y medianos productores agropecuarios, productores familiares, empresarios y pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales, de servicios, cooperativistas, desocupados. A ellos se suman también los integrantes de distintos movimientos sociales vinculados con los derechos humanos –de género, de diversidad étnica y sexual– y con las poblaciones originarias (Grain, 2013; REDAF, 2010).

En Argentina, las expectativas y el impulso al crecimiento de la producción de soja estaban claramente presentes desde la gestión de gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, desde el Ministerio de Agricultura se gestó el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal –PEA– 2020, que proponía como meta para el 2020 una superficie sembrada de 22 millones de hectáreas y una producción de 71 millones de toneladas de soja.12Esta proyección fue yendo por buen camino, ya que, a diciembre 2015, la superficie sembrada de soja superaba los 20 millones de hectáreas, lo que constituía un nuevo hito de crecimiento13.

Se trata de una expansión con múltiples significados e interpretaciones. Por un lado, aumenta notoriamente el volumen exportable de soja, lo que atrae divisas para la economía nacional –tema central para todo gobierno–; pero, por otro, podría debilitar aún más el control del mercado de granos y oleaginosas por parte del estado argentino, porque la concentrada estructura agroindustrial y exportadora seguirá su derrotero excluyente y, consecuentemente, incrementará su poder en el campo de las decisiones políticas. A esto se suma un nuevo y particular actor: las inversiones de origen semiestatal de China dirigidas a la producción, comercialización y exportación de soja para venderla a su propio mercado de consumo. Al respecto, es notorio el aumento acelerado de estas inversiones en la región (expresadas en la adquisición del 51% de las acciones de Nidera Argentina)14. Cuestión paradójica, porque mientras desde el poder político, los medios hegemónicos de comunicación y, en general, los discursos políticos se plantea la enorme oportunidad que representa para Argentina y todo el Cono Sur vender soja a China. Se ignora o se oculta que son capitales semiestatales chinos los que en realidad hacen el negocio, pues invierten y producen en países del Cono Sur lo que luego se venderán a sí mismos para abastecer su propia demanda de alimentos. Se trata de un proceso de acumulación ampliado y de expansión territorial controlado y garantizado en su devenir completo por y para el capital chino.

Transformaciones del territorio: más allá de las leyes y el derecho

Dada la conflictiva situación ambiental y social del presente (que iremos retratando en los párrafos que siguen) consideramos que aumentos en torno o superiores al 20% de la superficie sembrada y al 35% de la producción (como los proyectados y los que se vienen dando en relación a la soja) profundizarán los procesos: (i) de despojo y desposesión de la población criolla y originaria, (ii) de deforestación y pérdida de biodiversidad, (iii) de judicialización y represión de la protesta social, (iv) de contaminación ambiental por el creciente uso de agroquímicos.

Metas de ese orden de magnitud constituyen una apuesta de alto riesgo, que compromete el futuro social y ambiental de Argentina, así como la estabilidad político-institucional y la democracia misma (tan sólo por el aumento de la desigualdad social y la concentración económica que estos procesos ya han producido y cuyo acrecentamiento se proyecta hacia el futuro).

Desde luego, esto trasciende a Argentina y al Cono Sur. El extractivismo y la reprimarización tienen que ver con “una fiebre global por la tierra, por la minería y por los recursos naturales en general”, como sostiene Paulo Tavares (Ñ, Clarín, 18-6-2013)15, lo cual nos ha llevado a que el cambio climático –desde el año 2000– se torne un proceso irreversible, originado por una concepción en la que la naturaleza es un objeto de apropiación, de propiedad:

…repensar esto es un cambio radical porque significa mudar sistemas legales, organizativos, institucionales. Significa repensar formas culturales de relacionarse con el otro que es la naturaleza, pero también repensar paradigmas científicos. Los desafíos son entonces múltiples, porque tocan nuestro propio modo de ver el mundo, la cosmología occidental.

Tavares sostiene que se necesita discutir acerca de los derechos de la naturaleza; lo que propone es una transformación cultural y simbólica de carácter contrahegemónico, porque el cambio que se postula atañe al campo de la cultura, instituida y constituida a través de los valores y a lo largo de la historia para construir y fortalecer la hegemonía.

En este contexto, pareciera que sólo atravesando crisis sociales, económicas, ambientales, con sus profundos y complejos conflictos y disputas podrá proyectarse una cultura contrahegemónica. Es decir, es muy difícil confiar en modificaciones o nuevos diseños del campo legal, organizativo e institucional del sistema actual (en el que se sustenta la hegemonía) que permitan una transformación cultural respecto a los “derechos de la naturaleza”. Hay aquí un ámbito de disputa de la hegemonía que no debería soslayarse, porque implica crisis de enorme magnitud.

La sojización expresa procesos de amplitud y manifestación a escala global. Sus transformaciones territoriales son innumerables y contundentes, y, en varios sentidos, inabarcables para cualquier sistematización y/o descripción (aunque se tratara de un sólo caso de estudio circunscripto espacialmente). Sus connotaciones materiales y simbólicas resisten toda delimitación metodológica.

Las metamorfosis territoriales asociadas con la sojización en el Cono Sur latinoamericano trascienden a esta región; aparecen en otras geografías y territorios, no sólo en los vinculados directamente con la producción de soja. Para dimensionar sus alcances habría que identificar desde cada territorio la cadena que lo conecta con los productores de insumos y maquinarias, los empresarios del sector, los especuladores que persiguen ganancias extraordinarias, los organismos de ciencia y técnica que producen innovaciones, los medios de comunicación masivos que avalan y sostienen el avance de los agronegocios, los consumidores que seleccionan sus productos y derivados. Y, del mismo modo, importa reconocer a los actores y procesos que resisten su difusión, desde las organizaciones de productores, ambientalistas, comunidades originarias, hasta las instituciones públicas y privadas y la población que se opone a este avance desenfrenado sobre la sociedad y su ambiente.

En las más de 55 millones de hectáreas cultivadas con soja (Tabla 2) del Cono Sur en 2014, quienes controlan y operan estos procesos lo hacen a través de similares modalidades. En la mayor parte de esta superficie predomina el monocultivo de soja transgénica; se fumiga con glifosato y se deforesta para ampliar la superficie cultivable. Grain (2013) calcula que, en 2012, en el Cono Sur se aplicaban 600 millones de litros de glifosato y que la deforestación, como mínimo, alcanzaba 500 mil ha por año. En el caso argentino, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2012, pp. 95, 97) corrobora esta afirmación al referirse a la constante pérdida de superficie de bosque nativo, acelerada en las últimas décadas: “la deforestación para el período 1998-2002 es de aproximadamente 230.000 hectáreas/año, mientras que en el período 2002-2006 se perdieron 330.000 hectáreas/año de bosques nativos”.

Los grupos que lideran y conducen el extractivismo y la reprimarización de la economía de Sudamérica pueden ser identificados, son pocos y poderosos y, como dice Grain (2013), tienen nombre y apellido: “Monsanto y algunas corporaciones biotecnológicas más a la cabeza (Syngenta, Bayer); terratenientes y pooles de siembra que controlan millones de hectáreas (Los Grobo, CRESUD, El Tejar, Maggi son algunos de los principales); Cargill, ADM y Bunge transportando los granos”. A ellos deben agregarse las empresas proveedoras de insumos y servicios y los respectivos gobiernos nacionales, provinciales y locales aliados en este paradigma productivista.

Se trata de un proceso de continuado fortalecimiento del poder económico y político de unas pocas empresas y, simultáneamente, de debilitamiento del accionar de los estados en el ejercicio de su soberanía política.

La concentración en ámbitos clave de la economía es una realidad latinoamericana y mundial. Así sucede en Argentina con el sector exportador de granos en torno al cual gira toda la economía nacional. Es llamativo que Mario Llambías (un referente del agro, ex­presidente de Confederaciones Rurales Argentinas –CRA–, una de las 3 más importantes entidades representativas de los grandes productores rurales del país) haya manifestado en enero de 2011: “Hace siete años había 40 exportadoras, y hoy sólo 7 exportan el 90 por ciento de la producción agrícola”16.

Estas 7 empresas son: Cargill, Aceitera General Deheza, Bunge, Molinos Río de la Plata, Vicentin, Louis Dreyfus Commodities y Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Y son sólo otras pocas más las que operan con peso en el mercado exportador de cereales (Nidera, Noble, Oleaginosa Moreno, Los Grobo, Glencore, Adeco y ADM).

Este dato no puede corroborarse con cifras oficiales porque en 2008 el Gobierno nacional dejó de publicar las estadísticas sobre compras, ventas y embarques de granos (situación que se relaciona con el conocido “conflicto del campo” entre el gobierno y los productores agropecuarios por la aplicación de los derechos de exportaciones). Contar con dicha información permitiría comprobar el altísimo grado de concentración comercial de las multinacionales exportadoras y su acelerado aumento durante el período correspondiente al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina F. de Kirchner17.

Pero dentro de estas transformaciones territoriales, en su mayor parte regresivas socialmente, hay una cuestión de enorme gravedad asociada a los agronegocios: en el Cono Sur oponerse a los agronegocios significa riesgo de vida. Diversos asesinatos están relacionados con resistencias sociales al avance depredador de los agronegocios.

En Argentina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) regularmente denuncia hechos de represión directamente relacionados con el avance de los agronegocios sobre territorios comunitarios. Un caso emblemático de resistencia es el de Cristian Ferreyra, un joven de 23 años perteneciente a la comunidad indígena Lule-Vilela (comunidad de dos mil hectáreas en San Antonio, Santiago del Estero). Cristian fue asesinado por dos encapuchados cuando intentó resistir un desalojo en el campo donde vivió toda su vida: “Esto es el Lejano Oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales”, denunció Marilena Santillán, compañera de militancia de Ferreyra e integrante del Mocase-Vía Campesina. En aquella oportunidad también fue herido Darío Godoy, de 26 años (Página 12, 18-11-2011). Darío Aranda, periodista especializado en temas rurales y uno de los pocos que denuncian estos crímenes ligados al avance de la soja, lo relata de este modo:

El miércoles, a la hora de la siesta, según contó ayer Julián Roqué, un compañero de la víctima, llegaron hasta la casa de Darío Godoy dos personas encapuchadas. Eran los hermanos Javier y Anton Juárez, dos guardias privados enviados por el empresarios santafesino José Ciccioli aseguró Roqué (…) Desde el Mocase denunciaron que los homicidas trabajan para un empresario agropecuario de la zona. (…) El Mocase-VC emitió un comunicado: Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, que autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian (Página 12, 18-11-2011).

El mismo diario informa de otros homicidios de militantes, muertos en defensa de su territorio, previos al caso de Cristian: el diaguita Javier Chocobar en Tucumán el 12 de octubre de 2009; la campesina santiagueña Sandra “Ely” Juárez, que sufre un paro cardiaco frente a una topadora el 13 de marzo de 2010; el qom de Formosa Roberto López el 23 de noviembre de 2010 en un corte de ruta.

Se trata de una lucha muy desigual, en la que sectores de poder (político, económico y mediático) ocultan estos crímenes y protegen a sus autores materiales e intelectuales. El hecho que grupos empresarios violen el cumplimiento de las leyes, atenten contra los derechos consagrados en la constitución y lleguen hasta el homicidio indica, necesariamente, complicidad del estado (sea local, provincial o nacional).

Es sabido que estos crímenes no se investigan y sus autores materiales e intelectuales no son debidamente procesados y encarcelados. En el caso de Cristian Ferreira, que logró una mayor notoriedad, la sentencia de la Cámara del Crimen absolvió a Jorge Ciccioli, empresario señalado como autor intelectual, luego de un juicio oral realizado en Monte Quemado, a 220 kilómetros al norte de la capital provincial (Pagina 12, 2-2-2015). Entonces cabe preguntarse: ¿Quiénes son los responsables de que una sucesión de asesinatos no se esclarezca? ¿Por qué no se dilucida la trama de intereses comprometida con estos hechos? Todo indica protección a sectores poderosos vinculados con prácticas territoriales ligadas con la deforestación, el avance de la frontera agropecuaria y la ocupación de tierras para destinar a la expansión y monocultivo sojero, especialmente.

Nada revela que estas persecuciones, despojos y asesinatos vayan a terminar si tenemos en cuenta la dependencia de la matriz productiva argentina de la producción sojera y su muy probable continuidad y expansión productiva en los años venideros.

La ampliación de la frontera agraria (con sus consecuentes procesos de deforestación, desertificación, pérdida de la biodiversidad) significa, conjuntamente, la agudización de la conflictividad social, la cual empieza por los sectores directamente afectados.

Todos son temas y contradicciones del modelo sojero que no se conocen masivamente porque no se difunden en ciudades y grandes urbes. Del mismo modo, muy limitada ha sido la difusión de un estudio sobre conflictos de tenencia de la tierra y ambientales que contabilizó 259 conflictos sólo para la región del Chaco argentino en agosto de 2010 (REDAF, 2010:23).

Paraguay es otro ejemplo aún más desmesurado. Pues aquí se considera que el poder de los agronegocios ha llegado hasta a provocar la destitución del gobierno democrático del presidente Lugo. Paraguay ha estado siempre gobernado por el partido conservador Colorado con la sola excepción del período del gobierno de Lugo entre 2008 y 2012. Partido que ha avalado y profundizado con sus políticas una de las peores distribuciones de la tierra de América Latina: “El 80% de la tierra cultivable (…) está en manos del 2% de los propietarios, según cifras oficiales”18.

Esta situación y el acercamiento que se fue dando entre el gobierno de Lugo y sectores campesinos parecieran explicar la durísima oposición que se gestó motorizada por grupos nacionales aliados al agronegocio (Unión de Gremios de la Producción -UGP) y desde corporaciones internacionales (como Monsanto, Cargill).

Desde algunas áreas del gobierno de Lugo (Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas) se mantuvo un diálogo con las organizaciones campesinas que buscaba frenar las fumigaciones, los nuevos transgénicos y la ley de semillas. Esto devino en un ambiente político-institucional convulsionado, que se extremó con la matanza de Curuguaty (11 campesinos y 6 policías muertos el 15-6-2012). Esta se constituyó inmediatamente en el argumento que avaló el juicio político que terminó con la presidencia de Lugo (en un rapidísimo procedimiento concretado en menos de dos horas de sesiones parlamentarias. Grain, 2013).

Pero además lo sucedido en Curuguaty no fue investigado. Hay dirigentes locales que consideran que se trató de una conspiración contra el gobierno de Lugo19, la cual, por su parte, se asocia y fundamenta en la ola represiva que se desató posteriormente y que terminó con la vida de 3 dirigentes de organizaciones campesinas. Este hecho fue calificado como un plan de exterminio, de asesinato selectivo de líderes campesinos20. Esta misma apreciación surge del informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay del 10-12-2012, donde se afirma: “Curuguaty fue el nombre como la prensa denominó al conflicto que dio inicio a la crisis política más importante de los últimos 20 años de historia paraguaya. Curuguaty es sinónimo de estremecimiento político, pues costó 17 muertos y la caída de un gobierno legítimo”21.

También Paulo Tavares (Ñ, Clarín, 18-6-2013) vincula el golpe institucional al gobierno de Lugo con el avance de la soja y la centralidad de la problemática de la tierra en toda América Latina: “Ese golpe se dio por una cuestión que ha sido la cuestión fundamental para casi todos los golpes de estado que América Latina vivió durante mucho tiempo. Es la cuestión de la tierra.”

No hay duda que, en Latinoamérica, la tierra ha sido y sigue siendo central en la disputa de poder. Y en esta confrontación siempre ha predominado la presencia política de los sectores más conservadores de cada país.

Transformaciones del territorio: construcción de hegemonía y marginalidad

El tipo de desarrollo de las últimas décadas en el Cono Sur ha conducido al fortalecimiento de grupos de poder y de espacios y lugares desde donde se ejerce la dominación –como centros financieros y zonas de alto consumo de grandes ciudades–. Paralelamente se observa la debilidad y la marginación de otros ámbitos espaciales (afectados por la desertificación, la pérdida de la biodiversidad), y también de amplios sectores sociales.

Se trata de un modelo excluyente y concentrador que abandona a su suerte (“por los designios del mercado” dirían las corrientes del mainstream) a pequeños productores agropecuarios y de servicios: agricultores familiares, población originaria, trabajadores rurales. Muchos son habitantes de zonas deforestadas, o son desalojados y/o despojados de sus tierras y viviendas, o deben abandonar sus actividades, o son trabajadores de la salud, de la educación, de servicios, o familias y niños en edad escolar que deben enfrentar enfermedades producidas por la contaminación, la pobreza, la marginalidad; o conforman la población de pueblos y localidades cuyas principales actividades han quedado relegadas.

En todos estos procesos está presente la profunda desigualdad que desencadena este modelo productivo de exclusión, del cual podemos identificar muchas transformaciones territoriales, mientras que otras continuarán siendo ignoradas en tanto puedan mantenerse ocultas. Enfermedades, plagas y hambre se suceden invisibilizadas por la trama de poder dominante, asociadas con los agroquímicos y con la pérdida de la biodiversidad. Se trata de procesos que afectan a los sectores más postergados, a los que viven en torno a los lugares de fumigación pero no únicamente a ellos, porque los agroquímicos se esparcen y difunden más allá del ámbito donde fueron aplicados y contaminan otros ambientes además de los alimentos que consumimos. En distintos tiempos y lugares, su nocividad alcanza a toda la población.

Las transformaciones territoriales más evidentes están asociadas directamente con la puesta en marcha, ampliación y mantenimiento de la cadena de producción y comercialización de la soja22. Muchas son fácilmente identificables y en un primer acercamiento suelen evaluarse positivamente por la mayor dinámica económica y comercial que imprimen a ciertas localidades y por los signos de modernidad resultantes (como sucede con ciudades-puerto, como Rosario y Santa Fe, en Argentina).

La magnitud y complejidad de esta producción del territorio, asociada con el acondicionamiento de infraestructura requerida para la expansión de la producción y comercialización de la soja, puede ejemplificarse con un caso paradigmático: la Hidrovía Paraguay-Paraná, obra que comprende toda la cuenca del Rio de la Plata, la circulación de sus principales tributarios (los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay) e involucra a buena parte de los países del cono sur latinoamericano (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay). Esta monumental obra se enmarca dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), es promovida por la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y bancos de desarrollo nacionales y regionales23.

Además, en ciudades medias y grandes, la sojización contribuye a profundizar la polarización urbana, pues tanto ayuda a fortalecer la imagen de modernidad y pujanza como agudiza la marginalidad y exclusión social. De este modo se construyen ciudades polarizadas con claras y precisas imágenes de riqueza y de miseria, de inclusión y de exclusión, donde la desigualdad es la premisa y el proceso de sojización uno de sus desencadenantes24.

Las villas miserias constituyen una opción de residencia para muchas familias e hijos de pequeños productores y trabajadores rurales que quedan sin trabajo y desplazados de sus campos y viviendas a causa de la expansión sojera en el norte argentino, Paraguay y Bolivia. Al respecto, el ex secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita y conocedor de la situación de las villas (por su militancia en el movimiento de desocupados) sostenía: “los pibes que no trabajan ni estudian en las villas del conurbano bonaerense, los ni ni, son hijos de una campesina de Santiago del Estero”25.

Es decir, en general nos estamos refiriendo a transformaciones territoriales que son producto de procesos sociales y económicos que se dan a lo largo de décadas y que la sojización profundiza, si bien pueden haberse iniciado bastante antes. En su mayoría con consecuencias regresivas para el territorio y su población, por su menor diversificación productiva y mayor concentración económica. Así, en la década de 1990 se acelera fuertemente el proceso de concentración de la tierra, se intensifica la actividad agrícola en la pampa húmeda26y en las regiones extrapampeanas (noroeste y noreste). Es el caso de la agriculturización27que se inicia a hacia la década de 1970 y que se consolida con la creciente expansión de la soja (Manuel-Navarrete et al; 2005, p. 8).

Bosques naturales amenazados por desertificación y pérdida de biodiversidad

La deforestación de los bosques naturales trae consigo la pérdida de biodiversidad, la expulsión de la población local y originaria y conflictos y procesos ligados a varios de los hechos ya mencionados anteriormente (enfermedades, desalojos, judicialización, migración, marginalidad, precariedad).

El principal desencadenante de la deforestación que actualmente se da en Argentina es el avance de la frontera agrícola y ganadera hacia el centro y el norte del país, hacia el Gran Chaco28, y llega hasta Paraguay y Bolivia.

En conmemoración del Año internacional de los Bosques, 2011, Eduardo Rojas Briales, responsable del tema bosques de la FAO, sostuvo que “el caso de Argentina es un punto neurálgico a nivel mundial debido a la pérdida de sus bosques”. Y Hernan Giardini, coordinador de la campaña de biodiversidad de Greenpeace de Argentina decía:

Los bosques de Argentina se encuentran desde hace unos 15 años en una situación de emergencia (…) Argentina perdió el 70 por ciento de sus bosques nativos originales. Hoy tiene 31 millones de hectáreas. En los últimos 10 años perdimos 2,5 millones de hectáreas a mano fundamentalmente de la soja transgénica y posteriormente la ganadería.29

Según un informe de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo, en 1935 se realizó un censo forestal que calculó que la superficie total de bosques naturales era cercana a 1.100.000 km2 (casi 40% de la superficie nacional); en 2004 esa superficie se había reducido a 331.000 km2 (menos del 12% de la superficie nacional)30.

Desde luego que una parte de esta pérdida forestal comenzó mucho antes de la expansión sojera31; y también antes de la pampeanización (expansión de las prácticas productivas y tecnologías de la pampa húmeda hacia regiones –como el semiárido, el norte y el chaco- con otras características ecológicas)32.

Pero con la soja y los bosques implantados la deforestación siguió avanzando cada vez en forma más acelerada. La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2012, pp. 95, 97) especifica que las zonas más afectadas por el reemplazo de grandes extensiones de bosque nativo por cultivos agrícolas son “las regiones Parque Chaqueño, Selva Misionera y Selva Tucumano Boliviana”. Conjuntamente, ha aumentado la superficie de plantaciones forestales, principalmente en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Esta situación ha puesto en riesgo la sustentabilidad, especialmente en el noroeste y noreste argentino, como puede verse en el caso de la selva misionera cuyo bosque nativo era en 2002-2006 de 1.160.000 ha, en la selva tucumano-boliviana de 3.650.000 ha y en el parque chaqueño de 20.600.000 ha33.

El parque chaqueño, donde fue notoria la expansión de la soja, es el más extendido y también el más depredado (a una tasa de pérdida de 1.44 % anual entre 2002-2006)34. Sus suelos son naturalmente pobres en materia orgánica y afrontan un mayor riesgo climático, económico y ambiental (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; 2012, p. 98).

Estos procesos de pampeanización hacia el semiárido chaqueño se caracterizan por un avance de la frontera agrícola y de las prácticas de la pampa húmeda hacia regiones de mayor fragilidad (en relación con la pampa húmeda). Algunas de sus consecuencias negativas, especialmente las relacionadas con el futuro productivo de las regiones del Gran Chaco, son difundidas por medios periodísticos (como los diarios La Nación y Clarín), lo cual pareciera contradecirse con el tradicional apoyo y defensa de la expansión productiva y de la agriculturización que vienen sosteniendo estos diarios35. Es el caso de una nota periodística de la edición impresa del suplemento Campo de La Nación del 2 de noviembre de 2013 con el sugerente subtítulo “La búsqueda de una renta rápida y la falta de un ordenamiento territorial exponen la región a las consecuencias de la sequía”36. En la misma, tres expertos investigadores mencionan que el auge de la sojización en las zonas semiáridas y subhúmedas del noroeste y noreste argentino tiene varias causas37. Entre ellas, mencionan: a) la presencia de un ciclo húmedo que se extendió por un cuarto de siglo y que estaría llegando a su fin en el siglo XXI, y b) “una coyuntura de valores elevados para los granos, en particular para la soja, con una generosa oferta de tierras a bajos precios…”.

Sin embargo, enfatizan que los resultados de esta expansión se traducen en ecosistemas seriamente afectados como “el bosque de tres quebrachos en Santiago del Estero, y la zona de transición Chaco-Yungas, en Salta” producto de que: (i) un 80 % de las áreas transformadas eran bosques; (ii) se pasó de casi 5 millones de ha cultivadas en la región chaqueña entre 1995/1996 a 11,4 millones de ha en 2012; (iii) se potenció la susceptibilidad a la erosión hídrica y los procesos erosivos eólicos (que no eran de importancia cuando existía el bosque); y, finalmente (iv) la expansión de la frontera agrícola en la región chaqueña no respondió a un programa de ordenamiento territorial sino, claramente, a las leyes del mercado, ya que para estos ambientes no se recomienda ni el desmonte masivo, ni el monocultivo de soja (La Nación, 2-11-2013).

Producción del territorio y poder: bajo la reprimarización de la economía latinoamericana

Comenzamos esta reflexión con una cita de Moraes (2005, p. 15) que encuadra nuestra perspectiva de análisis respecto a las situaciones que luego expondremos:

Todos sabemos que las formas espaciales son productos históricos. El espacio producido es un resultado de la acción humana sobre la superficie terrestre que expresa, a cada momento, las relaciones sociales que le dieron origen. En este sentido, el paisaje manifiesta la historicidad del desarrollo humano, asociando objetos fijados al suelo y genéticamente fechados (traducción nuestra).

Estas relaciones sociales son relaciones de poder y como tales aparecen y se expresan a través de numerosas acciones que van transformando el territorio. Se trata de una producción social del espacio que en muchos aspectos se torna imperceptible para nuestro mirar cotidiano.

Precisamente, en el presente, con el modelo extractivista y de reprimarización de las economías latinoamericanas se están gestando escenarios territoriales, opresivos y desbastadores que se repiten y difunden sin obtener mayor difusión pública. Despojo de los recursos, avasallamiento y persecución de la población, y judicialización de la protesta social son modos de sometimiento cada vez más extendidos que, además, cuentan con avales institucionales en beneficio de poderosos intereses locales y extralocales (económicos, financieros, políticos, judiciales).

Comunidades originarias, pequeños productores, campesinos, agricultura familiar –AF–38, cada una con sus particularidades –territoriales, productivas, tecnológicas, sociales– se enfrentan al hambre, a la migración forzada, a la difusión de enfermedades resultantes de la contaminación del agua y de las variadas fumigaciones con agrotóxicos (especialmente entre niños, embarazadas y ancianos), a la destrucción de puestos y fuentes de trabajo, a la deforestación, a la depredación de suelos, a la pérdida de la biodiversidad39.

Se trata de procesos que buscan aislar –sino hacer desaparecer– a estas poblaciones condicionando sus formas de reproducción y desacreditando sus identidades, culturas, modos de vida, formas de interacción social. Un ejemplo cabal de este pensamiento degradante y estigmatizante aparece en la opinión pública de uno de los principales referentes del poder empresarial que lideró la transformación territorial de los últimos 25 años de Argentina, Eduardo Leguizamón, ex presidente de Nidera Argentina40, quien afirma, entre muchos otros desatinos, que “El monte nativo no es algo romántico: por el contrario, es algo siniestro. En él habitan seres humanos que están más cerca de la escala animal que de la humana” (La Nación, suplemento Campo, 21-08-2004). Se trata de un relato obsceno que muestra una ajustada expresión de ejercicio de poder a través de un discurso conservador que, con argumentos eficientistas, busca habilitar el acceso del capital a nuevas tierras (Naharro, Alvarez, y Klarik, 2009, p. 145).

Al aplicar exclusivamente la cosmovisión occidental y un tono claramente despreciativo y discriminatorio de otras formas de vida, de otras identidades, se desconoce, omite o manipula la realidad. Se ignora que, junto con la globalización, se configura una sociedad cada vez más multicultural; que junto con las formas capitalistas de consumo se visibilizan otras identidades y prácticas sociales y culturales, frecuentemente ocultadas; que han aumentado las interacciones de mercado, de consumo capitalista pero también los intercambios y vivencias entre variadas y diferentes culturas.

Esta cerrada y eurocéntrica percepción social menosprecia y agravia a la población criolla del monte y a las comunidades originarias, injuria y tergiversa sus formas de vida, desconoce o enmascara sus derechos constitucionales sobre la tierra (ocupada ancestralmente por los antepasados de las comunidades actuales), y engaña acerca de las oportunidades de empleo que tendrían quienes abandonaren sus tierras41.

La realidad territorial nos muestra que no habrá oportunidades de empleo para la población desplazada, porque la demanda asociada a las nuevas producciones agroindustriales es menor, selectiva y especializada; en otras palabras, es de acceso nulo para los pequeños productores y población originaria. Si la población desplazada sobreviviera a todos los procesos conexos que la esperan a partir de la expulsión de su hábitat terminaría, en el mejor de los casos, engrosando la población de las villas miserias. Es decir, literalmente en la miseria y, en general, en las márgenes de las grandes urbes o ciudades medias. Y éstas son una parte, no menor, de las transformaciones territoriales resultantes de la sojización.

Las ideas y discursos como los expresados por el ex presidente de Nidera producen consecuencias, hechos de dominación a través de los valores que transmiten y de las acciones y políticas que promueven.

Es de este modo como se construyen y configuran barreras de exclusión territorial que operan en el campo de la ideología, de la práctica, y definitivamente en el de la construcción de hegemonía42. Más allá de su verosimilitud o racionalidad, resultan difíciles de franquear, porque conforman mitos, tradiciones, creencias, cosmovisiones, valores, que integran y alimentan el discurso de poder hegemónico, y, como tales, avalan el funcionamiento del sistema capitalista en sus diferentes expresiones escalares.

En otras palabras, conforman la cultura de una sociedad que como sostiene Portes (2006, p. 22)– es “donde se incorporan los elementos simbólicos, la esfera de los valores de la sociedad, los marcos cognitivos y del conocimiento acumulado”. Y es en este campo donde “las elites que controlan los recursos que confieren poder tratan de estabilizar y perpetuar su posición”, moldeando creencias para que “la masa de la población sea persuadida de la ‘justicia’ del orden existente”. Entonces, consolidar posiciones de poder exige instituciones que trasciendan a las personas y, más allá de ellas mismas, respondan a los valores que conforman la estructura social de dominación. Se trata de sostener un marco institucional –legal y político– que preserve la dominación y avale las actuales formas de producción del espacio.

Este contexto favorece la desinformación, el desconocimiento y el desinterés por comprender, en toda su complejidad y alcance, las actuales transformaciones territoriales, más aún cuando se presentan y difunden como irreversibles y fuera del alcance de los ciudadanos comunes, hecho que avala, por cierto, su desconexión con las mismas.

No hay duda de que este hecho constituye un formidable obstáculo en el camino de construcción de formas y mecanismos contrahegemónicos de resistencia y lucha. ¿Es posible crear instituciones que respondan a valores contrahegemónicos, por ejemplo, organizaciones sociales dirigidas a preservar su autonomía e independencia del estado y a comprometerse con otras prácticas de vida y consumo?

Estos casos existen y es necesario profundizar su conocimiento y difundir sus prácticas, especialmente porque observamos que hay un campo fértil generador de resistencias y conflictos. Así sucede con el que se vincula con las grandes transformaciones territoriales relacionadas con la reprimarización de la economía en el Cono Sur, con la agriculturización centrada en el monocultivo de soja.

Recuperar el control del territorio, de un territorio sobre el cual ejercer derechos consuetudinarios de vida y de trabajo, sólo puede lograrse a partir de gestar otro poder, un poder contra hegemónico, alternativo, producto de la participación, la movilización, la organización y la resistencia social que en muchos territorios y ámbitos locales se corresponde con su población mayoritaria, frecuentemente postergada y marginal.

Por su parte, la construcción de poder alternativo exige la deconstrucción de los variados valores y creencias que son parte y sostienen al sistema capitalista. Actualmente observamos que desde diferentes territorios de Latinoamérica aparecen muchas formas de oposición al avance depredador del modelo extractivista. Por ello, es necesario avanzar en su conocimiento más profundo, buscando identificar cuáles son las formas institucionales asociadas con la constitución de un poder contrahegemónico.

Para seguir en este camino de análisis, nos detendremos en un conocido caso localizado en el norte de la provincia de Salta y vinculado con el despojo social y ambiental resultante de la sojización.

El “caso Pizarro” y el accionar del poder

El caso Pizarro localizado en General Pizarro, en el departamento de Anta al noreste de Salta, es un ejemplo de desconocimiento intencionado de parte del poder político de leyes, de derechos y de aplicación de mecanismos dilatorios, y, en relación con los demás sectores, es un ejemplo de respuesta y movilización de organizaciones sociales, ambientalistas e indígenas, de alcance nacional e internacional (junto con el apoyo de ONGs, instituciones públicas y privadas). El caso Pizarro consistió originalmente en una protesta por la ley provincial 7274 del 2003, la cual desafectaba dos lotes fiscales (el 32 de 5298 ha y el 33 de 20.028 ha) de la categoría de área natural protegida y autorizaba su venta subvaluada a terceros43.

La ley de desafectación fue enviada por el gobernador Juan Carlos Romero a la legislatura provincial y allí fue aprobada por dos tercios de los senadores y diputados (La Nación, 23-10-2004). Los motivos aducidos eran que se requería ese dinero para la reparación de las rutas provinciales 5 y 3044.

El área desafectada no sólo es ecológicamente frágil sino que estaba habitada desde tiempos ancestrales por una comunidad wichi compuesta por 18 familias y numerosas familias de campesinos criollos45(Buliubasich, y Rodriguez, 2013; Bianchi, y Couto, 2013).

Los hechos asociados al caso Pizarro fueron desencadenantes de múltiples procesos territoriales centrados en la provincia de Salta. Uno de los más trascendentes fue la Ley de Bosques 26.331, que luego de muchas tratativas se dictó a fines de 2007 y que obligaba a un Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) en todo el país como condición para autorizar desmontes.

Sin embargo, en casi todas las provincias los gobiernos y los sectores de capital interesados en la deforestación idearon mecanismos para subvertir sus normativas y/o su aplicación. En Salta, por ejemplo, en el último cuatrimestre de 2007 se aceleraron las autorizaciones de desmonte, en particular en los departamentos de Anta, San Martín y Orán: “en una carrera vertiginosa, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADES), logró autorizar la cifra de 185.372,51 hectáreas en noviembre de ese año” (Buliubasich y Rodriguez, 2013, p. 176).

Diferentes documentos, medios y diarios registraron avances y retrocesos a lo largo de los años; se sucedían cautelares que suspendían desmontes con desmontes que desconocían dichas suspensiones, y así en un continuado ir y venir de acciones judiciales y prácticas depredatorias.

Las medidas cautelares que luego no se efectivizaban eran una constante. Por ejemplo, bajo el título “Detienen un desmonte en Salta”, y el subtítulo de “protesta ecologista”, Clarín publicó el 27 de julio de 2004:

El gobierno salteño ya preadjudicó las 16.275 hectáreas que tiene la reserva, a las empresas CUREL, MSU, S.A. y Miguel Ragone, que ofrecieron $9.615.000 [aproximadamente u$s 3.200.000 de aquella fecha]. 
Ni bien concluyó el acto licitatorio, Greenpeace y las fundaciones Vida Silvestre, y Ambiente (FUSA) y Recursos Naturales (FARN) presentaron una medida cautelar para frenar la venta definitiva de los lotes de la reserva. 
“Esto se va a conocer en todos los rincones del planeta mediante una ciberacción. Solicitamos a los usuarios de internet que exijan a las embajadas y consulados argentinos que frenen los desmontes” [Emiliano Ezcurra, referente de Greenpeace].

Por su parte, La Nación del 23 de octubre de 2004, en el marco de la autorización desenfrenada de desmontes titula: “Polémico desmonte en Salta. General Pizarro quedaría expuesto a graves inundaciones y a recibir masas de lodo desde las laderas de las sierras si se elimina el bosque en la zona vendida de los lotes 32 y 33”, e informa las opiniones de distintos referentes. Por un lado, de científicos y técnicos de la Universidad de Salta –UNSA– y del INTA, quienes en general plantean los riesgos ambientales y sociales de estos desmontes, ya entonces muy avanzados. Y, por otro, de funcionarios de gobierno, que desautorizan los informes de la UNSA afirmando que no es un trabajo con base científica sino sólo político, por estar la Universidad contra el gobernador Romero, a lo que agrega un discurso productivista que sostiene que la política provincial busca alentar la producción dentro de criterios de desarrollo sustentables.

Según Bianchi y Couto (2013, p. 223) lo que ha quedado finalmente del caso Pizarro son: a) 5.000 ha desmontadas para cultivo de soja; b) una comunidad wichi –Eben Ezer– que habita en un espacio de 800 ha, lo que le impide mantener sus prácticas anteriores de recolección y caza (realizadas en una superficie de 5000 ha) y que la lleva al aislamiento y al aumento del individualismo; c) una reserva Pizarro que se prometió y no se ha reconstruido; y d) familias de criollos que viven de forma precaria en superficies reducidas, muchas sin alcanzar su sustento.

Asimismo, estas autoras critican a Greenpace y Vida Silvestre. En primer lugar, porque en sus demandas priorizaron más la preservación del ambiente que los derechos y demandas de la población wichi y criolla. Y, en segundo lugar, porque desistieron de su presentación ante la justicia nacional (Corte Suprema de la Nación) y aceptaron el acuerdo propuesto por Parques Nacionales de creación de una nueva área protegida (que no ha avanzado) y la entrega de 800 ha a los wichis, que no les representa una solución a sus problemas.

A pesar de este panorama poco alentador, vale mencionar que las autoras reproducen un pensamiento de un dirigente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APCHS), Alfredo Riera, que da cuenta del nivel de comprensión de estos sectores y de la conciencia que la resistencia genera. Lo cual evidentemente es un capital social en la conformación de un poder alternativo:

Lamentablemente, todo esto no tiene ningún tipo de peso o valor para la justicia o los empresarios, que vienen de afuera reclamando supuestos derechos legales y en nombre de un desarrollo milagroso, que no incluye, sino que sólo ofrece expulsión y miseria a los campesinos que echan de sus tierras, pero que en honor a la verdad poco les importa el desarrollo y nuestros derechos adquiridos. Sólo les interesa realizar su gran especulación inmobiliaria y financiera a costa de nuestras familias y nuestras tierras. (Bianchi y Couto, 2013, p. 230).

A tan lúcida expresión sobre los sectores de poder empresariales queremos sumarle lo que el caso Pizarro revela o nos muestra en relación con el rol del estado. Aquí, el estado (ámbito de arbitraje, de conciliación, de búsqueda del equilibrio entre sectores, de promoción de la equidad y defensa de los sectores más desprotegidos, según el discurso dominante) claramente protege al poderoso, a la actividad privada sojera y desprotege a los más vulnerables social y ambientalmente. Los derechos de los más débiles: la comunidad wichi y los campesinos criollos (que además habitan en una zona de mucha fragilidad ambiental) son avasallados por el propio estado, que ni siquiera respeta derechos legalmente adquiridos y reconocidos históricamente, y en diferentes estamentos y jerarquías legales.46

Es el propio estado el que no cumple con las leyes y convenios creados para regular la actividad socioeconómica: este estado no arbitra entre sectores en disputa, no regula, ni hace cumplir la ley, ni tampoco cumple él mismo las leyes que su función le obliga a resguardar. Este estado opera a favor de los sectores dominantes, hegemónicos, abandona al más débil y transgrede las leyes: es claramente un infractor en todos sus niveles: ejecutivo, legislativo y judicial. Este estado más que aliarse se subordina al poder hegemónico.

Lineamientos para reflexionar e investigar

Lo señalado hasta aquí muestra las profundas transformaciones territoriales que resultan de la expansión de los agronegocios y, en particular, de la reprimarización de la economía (principalmente asociada con la sojización).

Estas se expresan en:

        i. Acaparamiento y concentración de la tierra, despojo de recursos naturales, aumento de los conflictos por la tierra y medioambientales.

       ii. Expulsión de la población de su hábitat y migración hacia zonas o áreas marginales de ciudades medias y grandes.

     iii.  Vulnerabilidad ambiental asociada a la agriculturización, la deforestación, la desertificación y la pérdida de biodiversidad.

    iv.  Contaminación del ambiente en general y del agua en particular con agentes químicos, plaguicidas, pesticidas y múltiples agroquímicos causantes de enfermedades y muertes (empezando por la población –rural o urbana– que habita y vive en las zonas donde opera el agronegocio).

      v. Desinterés, desatención y desaparición de las prácticas productivas y culturales de la población local y de las comunidades originarias.

    vi.   Imposición de las prácticas y valores de la cultura occidental en territorios rurales y de población originaria.

   vii.   Judicialización de la protesta social, persecuciones y asesinatos de líderes campesinos.

 viii.    Alianza y/o complicidad del estado con los sectores empresarios de poder en resguardo de los procesos de sojización.

     ix.  Incumplimiento y violación de leyes, convenios y reglamentaciones –provinciales, nacionales e internacionales– tanto por parte del sector empresario como del estado, que implican la vulneración de los derechos adquiridos por campesinos, pequeños productores, población originaria.

Todas estas acciones se traducen en un profundo quiebre en la forma de vida de los pueblos y localidades a las que llegan inversores e interesados en tierras destinadas a la producción sojera.

En la mayoría de los territorios alcanzados por los intereses de capitales locales y del capital global conectados con la producción de soja, la organización espacial resultante se torna más desigual y regresiva que la precedente, por sus formas pronunciadamente excluyentes –intensivas en capital y de menor ocupación laboral– que traen consecuencias que afectan la seguridad y la soberanía alimentaria, la salud humana y el medioambiente. Esto en el largo plazo termina perjudicando a toda la sociedad y no sólo a algún sector particular.

Esta organización espacial (que permite la valorización del capital hegemónico a escala global, que domina a partir de un modelo sostenido en la exportación de bienes primarios, con precios fuera del control local y/o nacional y, frecuentemente, especulativos y en alza casi regular) configura territorios que expresan relaciones de poder espacializadas en las que el poder hegemónico aplica su capacidad excedente, asegura su proceso de acumulación y viabiliza su propia continuidad y la del capitalismo como sistema.

Las transformaciones territoriales (económicas, productivas, tecnológicas, sociales, institucionales, espaciales) resultantes de la hegemonía neoliberal limitan fuertemente las posibilidades de acciones y políticas que pretendan un tipo de desarrollo socialmente más incluyente y menos depredatorio, espacial y ambientalmente47. A la vulnerabilidad del modelo se suman los condicionamientos estructurales instalados y difíciles de remover (leyes, desregulaciones, privatizaciones, acuerdos internacionales, etc.) que condicionan el accionar político de los gobiernos en general, y de las organizaciones y actores locales que buscan otras alternativas de desarrollo.

Esto no impide reconocer que, de todos modos, la acumulación neoliberal por desposesión, por especulación financiera está y ha estado muy lejos de ser un proceso lineal, por el contrario, siempre se ve atravesada por conflictos y crisis recurrentes en diferentes ámbitos geográficos del mundo. Esto mismo sucede con la propia naturaleza de la financiarización de la economía perpetuamente vulnerable en relación a la producción de valor de la actividad industrial y agrícola (Harvey, 2009, p.63). La recurrencia cada vez más frecuente de las crisis, junto a la magnitud de los conflictos sociales que generan y a la diversidad de reacciones y movimientos sociales contestatarios que emergen, da cuenta de que tampoco la historia del desarrollo es lineal y de que la esperanza de alcanzar otros horizontes de desarrollo es posible.

Notas (...)

Fecha de recibido: 2 de julio de 2016 
Fecha de aceptado: 6 de enero de 2017 
Fecha de publicado: 17 de abril de 2017

Fuente: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-59942017000100010

En consecuencia, los de izquierda revolucionaria, no podemos formular consignas (nacionalizaciones, asamblea constituyente...) sin analizar en qué devinieron durante los gobiernos progresistas pero sobre todo:

 

Ante la crisis, ¿Asamblea Constituyente?

28 de agosto de 2018

 

Por Rolando Astarita

 

Ante la crisis económica y las investigaciones de corrupción, algunos partidos de izquierda piden la salida del gobierno de Cambiemos, de los gobiernos provinciales, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Según este planteo, una AC debería, entre otras medidas, dejar de pagar la deuda; estatizar la banca, el transporte, las empresas energéticas; e imponer el control obrero. O sea, aplicar un programa de transición al socialismo.

 

Históricamente, la demanda de convocar a una AC ha sido una consigna que los socialistas levantaron frente a regímenes dictatoriales. Pero, ¿cuál es el sentido de convocar a una AC cuando existe un régimen democrático-burgués y regularmente se realizan elecciones? Además, en Argentina más del 90% de los votos van a partidos enemigos del socialismo, y de cualquier transformación social profunda. Más aún, en las elecciones sindicales los trabajadores votan, regularmente, a dirigentes que defienden al sistema capitalista (el apoyo a la izquierda marxista es minoritario). ¿Por qué cambiaría esta situación con una AC?

 

Para hacer más concreto el tema, veamos la cuestión del control obrero. Como he mencionado, se sostiene que una AC debería implantar el control obrero sobre la banca, el comercio exterior y otros resortes fundamentales de la economía. Sin embargo, la mayor parte de los sindicatos están dominados por burócratas, vinculados por innumerables lazos con la clase capitalista y el Estado. ¿Cómo se puede implantar el control obrero en estas condiciones? Si no existe movilización revolucionaria, una estatización “con control obrero” no será otra cosa que una estatización con colaboración de la burocracia sindical con la clase dominante. Todo lleva a la misma conclusión: es imposible aplicar un programa de transición al socialismo “desde arriba”, desde una institución de la democracia burguesa.

Sin embargo, frente a estas objeciones, algunos argumentan que la AC debería ser impuesta “mediante la lucha”. Pero el carácter de clase de las instituciones del Estado no depende de la correlación de fuerzas “en lucha”. Más de una vez las masas, con sus movilizaciones, obligaron a renunciar a gobiernos, nacionales o provinciales, pero en la medida en que no quebraron el poder de la burguesía, se quedaron con las manos vacías. De ser necesario, la clase dominante cambia figuritas en las cumbres para que todo siga igual en las profundidades de las relaciones sociales. El llamado a una AC no puede modificar esto.

Sólo si las masas trabajadoras quiebran el monopolio del poder estatal, que está en manos de la burguesía, podrán abrir el camino a transformaciones revolucionarias.

Descargar el documento: varios formatos siguiendo el link, opción Archivo/Descargar Como: Ante la crisis, ¿Asamblea Constituyente? 

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2018/08/28/ante-la-crisis-asamblea-constituyente/

 

 

Discutamos, entonces, sobre el desafío de quebrar el poder de la burguesía comenzando por multiplicar el cuestionamiento tanto de las elecciones como de las organizaciones-luchas sindicales.

 

También es importante develar significados e implicancias del cuán bien Evo Morales gestiona la economía. Es comprender cómo los gobiernos progresistas van contra la emancipación de sus pueblos del capitalismo, indaguemos en:

 

 

 

La economía parásita

25 de abril de 2019

Por Raúl Prada Alcoreza

 

Llamemos economía parasita a esa “economía” anexa, que se incrusta a la economía propiamente dicha, al campo económico, para succionar su energía, alimentarse de sus recursos, aposentarse en sus circuitos, usar sus dispositivos y hasta máquinas económicas, absorber parte de su masa dineraria y de su capital. Propiamente hablando, la ita no genera capital, sino que succiona parte del excedente formado en el campo económico. Sin embargo, aparenta formar una suerte de enriquecimiento espurio; pues incorpora dinero a través de sus circuitos de distribución y de tráfico. Incluso aparece en la esfera de la producción ilícita, en tanto “industrialización” prohibida. Empero, estas son apariencias, pues si incorpora dinero a la economía nacional, que, por cierto, no es cuantificada ni registrada, lo hace absorbiendo del excedente de la economía mundo. Si se presenta como “industrialización”, en la esfera ilícita de la “producción”, lo hace en “fabricas” y “laboratorios” clandestinos. Lo que no deja de mostrarse como industrialización, en tanto transformación de las condiciones iniciales de la producción, sobre todo de las materias primas, los insumos y los precursores. Lo que habría que anotar, a propósito de este fenómeno, es que se trata de la esfera de la producción en el lado oscuro de la economía.

 

Este metabolismo industrial clandestino tiene ciertas analogías con lo que comúnmente se llama proceso de producción; sin embargo, se efectúa de una manera sumergida, además de acotada. No ocasiona efectos multiplicadores como los que ocasiona lo que la ciencia económica llama campo industrial. En otras palabras, la “tecnología” empleada en la producción ilícita, no es autónoma; más bien, funciona con instrumentos, herramientas, insumos, prestados por el propio campo industrial. Situación y condición que equivale a reafirmar que, incluso en el caso de la producción ilícita, se trata de una condición parasitaria. Por lo tanto, las esferas de la producción, la distribución y el consumo de esta “economía” sui generis conforman una economía parasitaria, que no podrían funcionar sin las dinámicas del propio campo económico propiamente dicho.

 

La economía política de la cocaína es pues una economía parasitaria. No genera, sino absorbe recursos y parte del excedente. No es una economía que suma, sino, mas bien, que resta, salvo que se circunscriba a los límites de una economía nacional, donde impactan los ingresos de esta economía parasitaria. Empero, la contabilidad de esta economía, aunque sea estimativa, pues no hay registros, no puede circunscribirse a la geografía política nacional, pues sus circuitos suponen los espacios de la economía mundo, aunque del lado oculto de esta economía. El impacto en la economía mundo es, mas bien negativo, pues absorbe el excedente de una manera no productiva, sino orientada al consumo, tanto al consumo de los usuarios, así como al consumo suntuario de esta burguesía del lado oscuro de la economía. El problema es que a pesar de que sea así, que no se trate de una economía generativa, sino, mas bien, de una economía degenerativa, en la etapa de dominancia del capitalismo financiero y especulativo, este tipo de circuitos del lado oculto de la economía mundo se expanden como promocionados por las lógicas inherentes al capitalismo financiero. Ocurre como que la economía mundo integrara su lado oculto para absorber especulativamente el excedente producido.

 

Ahora bien, en Bolivia esta economía parasitaria parece haberse expandido notoriamente. No solo absorbe parte del excedente producido en el país y la parte que le corresponde del excedente mundial, dependiendo de los países por donde circula, sino que atraviesa la malla institucional del Estado, a tal punto que parece ya controlarla. La combinación entre economía nacional y economía parasitaria se ha vuelto perversa. Las instituciones estatales, por lo menos algunas, las de emergencia, parecen servir precisamente a los fines que se traza la economía política de la cocaína. No se trata, por cierto, como señalan las versiones de los medios de comunicación, sobre todo las versiones de las instituciones estatales y de los voceros gubernamentales, de que están involucrados personas o autoridades malas, como si esta economía parasitaria funcionara por la voluntad del mal inherente a las “personas malas”. La economía política de la cocaína funciona a través de sus propias estructuras, organizaciones, dispositivos, circuitos, esferas productivas ilícitas, esferas de distribución y de consumo ilícitos. Se trata de máquinas de poder y máquinas económicas del lado oscuro del poder y de la economía. No son pues las personas la clave del funcionamiento del narcotráfico, sino que ya asistimos a expansiones intensivas del lado oscuro del poder y de la economía.

 

Es pues inocente pensar que, cazando a las autoridades involucradas, a las personas comprometidas, con el narcotráfico, se resuelve el problema. Como dijimos antes 1, esto es una catarsis, no una solución. Peor aún, cuando el ejecutivo, el órgano judicial, el órgano legislativo y la policía pretenden circunscribir sus pesquisas a la irradiación de la culpabilidad, además de limpiar a la institución policial del personal corrompido. Que se lo haga, incluso, lo que no va a ocurrir, que se efectúen pesquisas extensivas y limpiezas amplias, de todas maneras el problema no va a ser resuelto, pues no se encuentra en las inclinaciones de las “malas autoridades” policiales, sino que se trata de un problema estructural, para decirlo en términos usados y conocidos.

Si hubiese – conjetura – la voluntad de salir del círculo vicioso de la economía política de la cocaína, las acciones no se circunscriben a la caza de culpables y a la limpieza institucional, pues requieren transformaciones estructurales e institucionales. Para decirlo de una manera general, la relación de la economía nacional con la economía mundo debería ser distinta; por ejemplo, abandonar el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Esta situación de dependencia, generada por la geopolítica del sistema mundo capitalista, hace altamente vulnerable a la economía nacional ante las contingencias no solo de los mercados de las materias primas, sino también ante las contingencias de estos mercados del lado oscuro de la economía mundo.

 

Por otra parte, lo dijimos en un anterior escrito, se debería dejar de cultivar la hoja de coca excedentaria, materia prima de la “industrialización” de la cocaína. Sin esta materia prima se hace más difícil instalar fábricas y laboratorios de la producción ilícita. La pregunta a estas alturas es: ¿A qué se dedicaría la gente que se dedica al cultivo de la hoja de coca excedentaria y a su “industrialización”? Obviamente, es absurdo proponer meter a la cárcel a esta masa significativa de cultivadores y productores; algo que sugiere el moralismo fosilizado y el espíritu de venganza de políticos dramáticos. El Estado y la sociedad están como obligados a ofrecer alternativas económicas. Tampoco es la “guerra contra el narcotráfico” la solución, pues ésta ha fracasado mundialmente. Lo único que ha ocasionado esta guerra es una población gigantesca de víctimas y de muertos, sobre todo de gente que se halla como en la base de la pirámide de estas estructuras sociales anómalas. Lo único que ha ocasionado también es convertir este negocio clandestino en altamente rentable. Antes que la guerra es preferible el dialogo de paz, lograr acuerdos y consensos sociales; incluso antes de que se dé, si se da, un dialogo obligado después de una guerra estúpida.


La sociedad y el pueblo deberían declararse en emergencia, en consecuencia, movilizarse para solucionar semejante problema que aqueja a la población del país. La solución no puede encontrarse sino en la toma de consciencia de la peligrosidad de la problemática que envuelve al país. A sí mismo, la solución se logra mediante acciones de emergencia y radicales, que no significan ni catarsis colectiva ni castigo. Hay que diseminar las estructuras, los dispositivos, las máquinas de la economía parasitaria. Esto equivale a transformaciones institucionales, pues las instituciones heredadas, tanto del Estado como las de la sociedad institucionalizada, ya son parte del problema, de la recurrencia reiterativa del problema, del circulo vicioso de la economía política de la cocaína. Pero, estas transformaciones institucionales no pueden darse sino sobre transiciones consensuadas, por lo tanto, de consensos sociales logrados deliberativamente.

 

Por otra parte, la crisis relativa a la corrosión institucional no viene sola, sino que se encuentra en campos gravitatorios de otras crisis, la crisis ecológica, la crisis civilizatoria, la crisis estructural y orgánica del sistema mundo capitalista. En consecuencia, si hubiese la voluntad social para salir de los círculos viciosos de la economía política de la cocaína, del poder, de la economía política generalizada, la sociedad puesta a deliberar y buscar consensos está obligada a tratar también las genealogías de las otras crisis estructurales. Es de esperar que las salidas de las crisis mencionadas no se encuentren a la vuelta de la esquina, tampoco están a la mano; se requiere, como dijimos de consensos y transiciones consensuadas. Empero, lo que si es indispensable es iniciar los recorridos deconstructivos y de diseminación de las mallas institucionales corroídas.

 

En este sentido, en la medida que los problemas que se tratan no solo son nacionales, sino también regionales y mundiales, se requiere convocar a los otros pueblos a hacer lo mismo, para lograr deliberaciones entre sociedades, deliberaciones de alcance mundial, para llegar también a acuerdos y a consensos, así como a transiciones consensuadas. Ciertamente, nada de esto, si es que se diera, va a ser fácil ni rápido. Empero, lo importante es que los pueblos sean capaces de poner un alto a la marcha desbocada de un desarrollo destructivo, de una economía mundo, que ha perdido su rumbo y se encamina a la especulación apocalíptica.

Como hicimos notar en otros ensayos, no parece encontrarse la posibilidad del desenvolvimiento de esta voluntad de transformación en las clases políticas de los países del mundo, tampoco en las instancias institucionales estatales y sociales tradicionales, tampoco en las organizaciones del orden mundial. La emergencia creativa de esta voluntad se encuentra en las sociedades y los pueblos, sobre todo en su condición de sociedades alterativas, en su potencia social. Por eso, la exigencia de la coyuntura mundial, de alta peligrosidad para la sobrevivencia humana, es la auto-convocatoria de los pueblos a deliberar colectivamente, democráticamente, abiertamente, usando los potentes recursos de la ciencia, de la tecnología, de la comunicación y de la cibernética, sobre los problemas que atingen a la sociedad humana en el momento presente.

[1] Ver La punta del iceberg

https://www.bolpress.com/2019/04/24/la-punta-del-iceberg/.

Fuente: https://www.bolpress.com/2019/04/25/la-economia-parasita/

 

 

Apreciemos, en Venezuela, la superación por las organizaciones de base de la obediencia debida al Presidente y  la voluntad de ser protagonistas en profundizar la revolución democrática y salir de la grave crisis económica, social y política que vive el país, ante las agresiones de Estados Unidos y sus cómplices locales e internacionales

 

 

 

El chavismo exige rectificación,

participación popular y honestidad al gobierno

15 de mayo de 2019

Por Victoria Korn

estrategia.la

 

 

La jornada de Diálogo y Rectificación en el seno del chavismo puso en claro las propuestas y rectificaciones que demandan las organizaciones de base al gobierno de Nicolás Maduro para profundizar la revolución democrática y salir de la grave crisis económica, social y política que vive el país, ante las agresiones de Estados Unidos y sus cómplices locales e internacionales

La jornada reunió a los voceros de base del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las Misiones, del Consejo Presidencial de Comunas, de los trabajadores, de los indígenas, de las distintas organizaciones de la juventud, del magisterio, entre muchos otros sujetos de protagonismo popular. La consigna «Comuna o Nada”, que había reclamado el expresidente Hugo Chávez a sus ministros en octubre de 2013, se transformó en un grito de rebeldía contra la burocracia y el reformismo.

 

  • En el ámbito ético político, los participantes reclamaron que cada vez hay menos espacios para la participación protagónica en la toma de decisiones, lejos de la prometida democracia participativa y propusieron que se les reconozca como Poder Popular.
  • Los participantes, mientras denunciaban una creciente, corrupción, burocratización y autoritarismo de muchas instituciones del Estado; propusieron una profunda transformación en los métodos de gestión y de relación con el pueblo, así como el combate a las mafias de la corrupción que han ocupado la actividad pública y de manera específica en el ámbito de la economía.
  • Exigieron que las autoridades hablen con la verdad como por ejemplo explicando las causas por las que los paquetes de alimentos no llegan a toda la población. Y resaltaron que el sectarismo y la exclusión interna debilitan la unidad.



El presidente Nicolás Maduro aseguró que la Revolución Bolivariana va rumbo hacia la renovación rectificación y cambios en el Gobierno tras las exitosas participaciones del pueblo en las Jornadas de Dialogo, Acción y Propuestas. Mientras, para el Movimiento de Pobladores y Pobladoras, el problema está en pretender construir el proyecto bolivariano sin cuestionar la lógica del capital.

En el ámbito económico productivo, las bases denunciaron el incumplimiento de, la varias veces aprobada, transferencia de competencias de activos productivos al Poder Popular; para lo que es imprescindible otorgarles los mismos insumos y apoyo que se le brinda a las empresas privadas que trabajan en alianza con el gobierno, las que no cumplen con el abastecimiento y los acuerdos de precios.

En definitiva, propusieron que se recupere la gobernabilidad sobre la economía y se garanticen los derechos del pueblo, frente a los capitalistas. También el sector laboral expresó su preocupación por la situación salarial, por el incumplimiento de los contratos colectivos de trabajo, a la vez que denunciaron que gerentes sin conocimiento técnico y con prácticas autoritarias están haciendo mucho daño a las empresas del Estado;

En materia de producción agrícola se manifestó inconformidad con la no disponibilidad de insumos y la desigual distribución de lo poco que hay. Y la preocupación general fue la creciente circulación de dólares y pesos colombianos en el comercio cotidiano, y los sobreprecios en los pagos electrónicos.

En el ámbito de los servicios públicos, las bases chavistas denunciaron su deterioro además del mal trato de los prestadores del servicio y propusieron profesionalización, ética y lealtad de las personas que estén a cargo de las distintas instancias de las empresas de servicios; además de adecuar los precios de las tarifas y cobrar los servicios y productos, especialmente la gasolina.

Asimismo, exigieron transferir competencias de mantenimiento menores de estos servicios (agua, luz, etc.) a las alcaldías y comunas; permitir la contraloría social en la prestación de estos servicios. Nadie, vale la pena aclarar, pidió la privatización de esos servicios ni de las empresas en manos del Estado.

La democracia protagónica, la democracia socialista en lo político, económico, social y cultural es una idea fuerte en el chavismo y la convicción es que solo el poder popular es el instrumento para construir nuestro propio modelo socialista, señaló el exministro Elías Jaua, participante del encuentro.

* Victoria Korn es periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

http://estrategia.la/2019/05/14/venezuela-el-chavismo-exige-rectificacion-participacion-popular-y-honestidad-al-gobierno/ 

Fuente:  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=255985

 

 

Comprobamos, también en Venezuela, la toma de conciencia abajo sobre el imperativo de dejar de pensar y actuar según los intereses burgueses.

 

 

 

Movimiento de Pobladores y Pobladoras: El problema está en pretender construir el proyecto bolivariano sin cuestionar la lógica del capital

14 de mayo de 2019

 

Reinaldo Iturriza

Entrevista a referentes del Movimiento de Pobladores y Pobladoras: Iraida Morocoima y Juan Carlos Rodríguez, de Campamento de Pioneros y Pioneras; y Hernán Vargas y Nélida Cordero, del Movimiento de Trabajadoras Residenciales Unidas por Venezuela.

 

Les propongo que intentemos hacer un balance general de lo acontecido en Venezuela desde el 9 de diciembre de 2015, fecha en que se produce una importante movilización popular a Miraflores, en buena medida promovida por Pobladores y Pobladoras, tres días después de la derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias. ¿Por qué desde esa fecha? Porque aquella movilización no solo es un hito para el movimiento popular, sino porque antecede al que sin duda es el momento más difícil de la revolución bolivariana: el largo año 2016, en que arrecian la especulación y el acaparamiento de productos de primera necesidad, padecemos los efectos del desplome del precio del petróleo; la violencia antichavista de 2017, las sanciones contra PDVSA, el inicio de la hiperinflación; la oposición que se levanta de la mesa de diálogo en febrero de 2018, el magnicidio frustrado; la autoproclamación de Guaidó, la continuación de las agresiones económicas, el ataque al Sistema Eléctrico Nacional; pero también el lanzamiento de los motores económicos, la creación de los CLAP, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la reelección del Presidente Maduro, entre otros hechos. Y en este contexto, la agudización de las tensiones a lo interno del chavismo, directamente relacionada con las distintas formas de enfrentar los desafíos del completo momento histórico. (..)

 

Hernán Vargas:

Creo que 2015 fue como un año en que tocamos fondo en distintos aspectos, y se abre un período muy peculiar dentro de la revolución, que está marcado, por un lado, por el bloqueo como estrategia de ataque imperialista, y por el otro con una agudización de las contradicciones internas de la revolución bolivariana. Pero además es un período marcado por la incertidumbre, como de ensayo de cosas, tanto para la derecha y el imperialismo como dentro del chavismo.

Y digo que 2015 es un año en que tocamos porque hay una cantidad de cosas que el chavismo venía arrastrando, no desde 2013. Hay una tendencia a creer que a partir de 2013 inicia un nuevo período, y creo que no es cierto. Sin duda que es un hito fundamental la desaparición física de Chávez, pero no significa una ruptura total. En todo caso, uno de los aspectos que quiero referir es que desde hace tiempo viene produciéndose un alejamiento de la clase política del sentir de la mayoría de la gente, y en 2015 eso le pasa factura al chavismo, pero no porque la derecha se acercara al sentir de las mayorías, más bien la mayoría se desplazó momentáneamente hacia la derecha por retruque, como castigo hacia un chavismo que había venido desvinculándose progresivamente.

La movilización del 9 de diciembre fue también un mensaje claro de la base popular a la dirigencia burocrática del chavismo, pues, como bien lo decía Iraida, una parte de ella estaba pensando que era un momento de recambio interno e incluso de transición, de derrota de la revolución bolivariana. De hecho, apenas inicia el año 2016 en muchos ministerios se hablaba de que teníamos seis meses para gobernar, es decir, se habían tomado en serio el ultimátum de la Asamblea Nacional.

 

La Asamblea Nacional, por su parte, en medio de este clima de incertidumbre que caracteriza al nuevo período, se debatía entre el camino democrático, entre tirar política, por ejemplo con lo que nosotros llamamos Ley de Estafa Inmobiliaria, que era para tratar de capitalizar, para llevar al capital inmobiliario todo lo que se había invertido en los años precedentes en materia de vivienda popular, o seguir la línea de los yanquis, conforme a la cual comienzan a amenazar con que en seis meses cae el Gobierno. Planteado ese dilema, la derecha termina optando por la segunda opción, es decir, por la violencia, y ahí se va debilitando tremendamente, porque abandona la construcción de política, subordinándose por completo a la estrategia gringa. Tal vez la expresión más clara de esto es Julio Borges levantándose de la mesa de negociación en República Dominicana, en febrero de 2018, cuando se iba a firmar el acuerdo.

 

La derecha venía de intentar la vía de la violencia de calle en 2014 como forma de generar ruptura, vuelve a intentarlo en 2017, y es derrotada por el pueblo venezolano: Nicolás tiró una línea que fue correcta, que fue el planteamiento de Constituyente como vía para resolver los problemas, y el pueblo la hizo suya. No necesariamente como uno puede pensar: para profundizar el socialismo, etc., no. Sencillamente la mayoría de la gente identificó que entre la violencia de calle y la posibilidad de un proceso constituyente, lo preferible era el proceso constituyente, y así como le dio una cachetada al chavismo en 2015, para pasarle factura, en este momento castigó a quienes tenían la intención de generar caos en el país. Como resultado, la derecha venezolana se debilita enormemente: ya no tiene política de calle, no tiene política qué ofrecer.

 

Del lado del chavismo, en este período tiene lugar una discusión sobre cuál es el modelo. Por un lado, y tras esa angustia inicial porque nos iban a tumbar, la dirigencia burocrática empieza a entender que tiene que gobernar. Por el otro, un pueblo que define en los momentos fundamentales: la elección de la Asamblea Nacional Constituyente fue uno de ellos, lo que vivimos recientemente, con el ataque al Sistema Eléctrico Nacional, también. Así como el Gobierno activa los motores económicos, del lado de la ofensiva imperialista también se activaron distintas líneas de socavamiento: sin comida, sin medicinas, y recientemente sin luz, como lo decía Pompeo. Ha sido el pueblo el que ha puesto el cuerpo para resistir toda esta difícil situación, pero además el que ha venido dando respuestas concretas.

 

Recientemente, cuando quitan la luz, como un episodio cumbre de esa estrategia de asfixia, el pueblo venezolano da una demostración absoluta de voluntad de vida y de paz, de resolver los problemas en democracia. Ese es otro de los momentos en que ha aflorado todo lo acumulado en este tiempo, y ha vuelto a expresarse un pueblo que cree en el modelo bolivariano, cree en una Constitución que le garantiza un conjunto de derechos. De hecho, creo que muchas de sus molestias tienen que ver con la precariedad de esos derechos que sentía garantizados: el agua, la luz, la salud, la alimentación, el transporte, todo un modo de vida al cual se había acostumbrado. Y aquí no se trata de si se es chavista o antichavista, aquí es sencillamente: yo no creo en ser carne de cañón para una ofensiva yanqui, no creo en la intervención militar. Esa es, en general, la respuesta del pueblo.

 

Pero luego tienes un chavismo en cuyo interior se vienen agudizando las contradicciones, una parte de la dirección política que empieza a replantearse el rumbo a seguir, que piensa que más bien la fórmula es que hay que tratar de pactar, llegar a una salida negociada, que tiene que ver con una recomposición de un modelo capitalista neoliberal. También tienes a un pueblo chavista que va reconfigurando su forma de organizarse, de pelear. La dirección política se aleja de los consejos comunales, de las Comunas, como estrategia, tira la idea de los CLAP como otra fórmula, cosa que no es demasiado novedosa, porque muchas veces ocurrió eso de ir cambiando la fórmula organizativa sin tener acumulación, luego Chávez con los consejos comunales y las Comunas se planteó una estrategia de acumulación de toda esas fuerzas organizativas, y ahora se vuelve a dispersar ese esfuerzo. Sin embargo, el chavismo vuelve a apostar a otra forma de organización, los CLAP, que de hecho han sido claves para poder garantizar el abastecimiento de comida sin intermediarios. En fin, hay un chavismo que a pesar de tanta precariedad y tanta dificultad, sigue movilizándose en la calle, pero en un contexto de agudización de las contradicciones internas muy grande.

 

Un ejemplo de eso es que así como la derecha trató de construir política promoviendo una Ley de Estafa Inmobiliaria como forma de capitalizar lo que se había invertido en vivienda llevándolo al mercado inmobiliario, hoy día sectores de la dirigencia chavista consideran que esa es la fórmula: que hay que capitalizar todo eso, que el mercado inmobiliario va a permitir que circule capital y eso va a permitir recomponer la economía.

 

Es algo que nosotros venimos discutiendo desde hace mucho rato: el problema está en tratar de construir el proyecto bolivariano reproduciendo la lógica de la modernidad, del capitalismo rentístico venezolano, es decir, sin cuestionar el acomodo moderno/colonial de Venezuela, y el papel que se le asignó para que el capital se reprodujera y circulara a escala global 

Juan Carlos Rodríguez (..)

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/movimiento-de-pobladores-y-pobladoras-el-problema-esta-en-pretender-construir-el-proyecto-bolivariano-sin-cuestionar-la-logica-del-capital/

 

 

 

Discutamos qué Alberto Acosta nos propone:

 

 

 

 

Otra economía para otra civilización

2013

Alberto Acosta

Economista. Profesor e investigador. FLACSO-Ecuador.

Por lo tanto, no se trata de continuar por la senda del tradicional progreso en su deriva productivista y del desarrollo como dirección única, sobre todo en su visión mecanicista de crecimiento económico, en sus múltiples sinónimos.2 Es necesario plantear caminos diferentes, mucho más ricos en contenidos y, por cierto, más complejos y concretos. En la actualidad existen muchos proyectos que se sustentan en principios distintos a los que norman el capitalismo. Hay prácticas, vivencias, experiencias reales sobre las que se puede edificar otra economía. Es indispensable, desde esta perspectiva, buscar y diseñar salidas específicas que se multipliquen hasta tener la fuerza y el contenido de un torrente de cambios civilizatorios. Y allí surgirán gran parte de los sujetos políticos colectivos que impulsarán esas transformaciones.3 Pero, para ello hay que tener claro qué se quiere construir.

En el mundo andinoamazónico se sintetiza la visión utópica del futuro al hablar del Buen Vivir o sumak kawsay, como alternativa al desarrollo (no alternativa de desarrollo).4

Elementos de una economía solidaria y sustentable

Cuando se acepta que una economía debe sustentarse en la solidaridad y en la sustentabilidad, se busca la construcción de otro tipo de relaciones de producción, intercambio, cooperación y también de acumulación del capital y de distribución del ingreso y la riqueza. En el ámbito económico se requiere incorporar criterios de suficiencia antes que sostener la lógica de la eficiencia entendida como la acumulación material cada vez más acelerada. De ello se desprende una indispensable crítica al fetiche del crecimiento económico, que es apenas un medio, no un fin. Esto plantea también, como meta utópica, la construcción de relaciones armoniosas de la colectividad, y del individuo con la naturaleza.

El objetivo final es establecer un sistema económico sobre bases comunitarias y orientadas hacia la reciprocidad, que debe ser sustentable; es decir, debe asegurar procesos que respeten los ciclos ecológicos y que puedan mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que se produzca una escasez crítica de los recursos. Para lograr este objetivo múltiple será preciso dejar atrás paulatinamente las lógicas de devastación social y ambiental dominantes.

El mayor desafío de las transiciones5 se encuentra en superar aquellos patrones culturales asumidos por la mayoría de la población que apuntan hacia una permanente y mayor acumulación de bienes materiales; una situación que no asegura necesariamente un creciente bienestar de todos los individuos y las colectividades. No sólo hay que consumir mejor y en algunos casos menos, sino que se debe obtener mejores resultados con menos, en términos de mejorar la calidad de vida. Es imprescindible construir otra lógica económica, que no radique en la ampliación constante del consumo en función de la acumulación de capital.  

En consecuencia, esta nueva propuesta tiene que consolidarse superando el consumismo, e inclusive el productivismo, sobre bases de creciente autodependencia comunitaria en todos los ámbitos. No se trata de minimizar la importancia que tiene el Estado, pero sí de ubicarlo en su verdadera dimensión, es decir, asumir sus limitaciones y repensarlo desde lo comunitario.6 Subordinar el Estado al mercado implica supeditar la sociedad a las relaciones mercantiles y al individualismo ególatra. Si bien el mercado total no es la solución, tampoco lo es el Estado por sí solo. Debe tenerse presente, como un aspecto medular, que no todos los actores de la economía actúan movidos por el lucro. Y que tampoco la burocracia estatal puede suplantar las expresiones de las comunidades, en la medida en que ella no garantiza la participación popular en la toma de decisiones, ni el control democrático.

 

Eso lleva a comprender que en una economía solidaria, como parte de una sociedad plenamente democrática, no puede haber formas de propiedad capitalista monopólica u oligopólica, y tampoco puede la empresa pública o estatal totalizar la economía, al ser considerada la forma de propiedad principal y dominante. Existen modos distintos de propiedad y organización: cooperativas de ahorro y crédito, de producción, de consumo, de vivienda y de servicios, así como mutuales de diverso tipo, asociaciones de productores y comercializadores, organizaciones comunitarias, unidades económicas populares y empresas autogestionarias. En este universo habrá que incorporar una gran multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil, que pueden acompañar una transformación que no se improvisa, e incluso ser su base.

 

Tal economía parte de una marcada heterogeneidad de formas de propiedad y de producción. Desde donde se deberán ir construyendo otras relaciones de producción y de control de la economía. El Estado y el mercado tendrán un importante papel; este último podría ser repensado desde la visión de una economía socialista de mercado. El objetivo, ya desde la fase de transición, será impulsar la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. No se trata solamente de defender la fuerza de trabajo y de oponerse a su explotación. Está en juego la defensa de la vida misma. Así, los objetivos económicos, subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, deben conciliarse con el respeto a la dignidad humana y la mejoría de la calidad de vida de las personas, las familias y las comunidades. No puede sacrificarse la naturaleza y su diversidad; el ser humano forma parte de ella y no tiene derecho a dominarla, mercantilizarla, privatizarla, destruirla.7

El autocentramiento en la base de las transiciones

Las transiciones, entendidas como rutas hacia una nueva civilización, deben ser pensadas sobre todo desde las nociones de autocentramiento. En esta aproximación las dimensiones locales quedan muy bien situadas, lo que supone una estrategia de organización de la política y de la economía construida desde abajo y desde dentro, desde lo comunitario y solidario; donde, por ejemplo, cobran fuerza las propuestas productivas resultantes de los barrios y las comunidades. Adoptar esas nociones implica tomar decisiones políticas colectivas, para lo cual debe seguirse un camino gradual que vaya desde lo regional a lo nacional, y luego al mercado mundial. Este empeño será mucho más fácil si se cuenta con el respaldo del gobierno central y si hay una estrategia de integración regional autónoma, es decir, que no esté normada por las demandas del capital transnacional.8 El fundamento básico de la vía autocentrada es el desarrollo de las fuerzas productivas endógenas, que incluye capacidades humanas y recursos productivos locales y el correspondiente control de la acumulación y centramiento de los patrones de consumo.

 

Todo esto debe venir acompañado por un proceso político de participación plena, de manera tal que (sobre todo en los países donde el gobierno no está sintonizado con esta visión) se construyan «contrapoderes» (económico y político) que puedan impulsar paulatinamente las transformaciones a nivel nacional. Esto implica ir gestando, desde las localidades, espacios de poder real en lo político, lo económico y lo cultural. A partir de ellos se podrán forjar los embriones de una nueva institucionalidad estatal, así como diseñar y construir una renovada lógica de mercado, en el marco de una nueva convivencia social.

 

Estos núcleos de acción servirán de base para la estrategia colectiva que dé lugar a un proyecto de vida en común, el cual no podrá ser una visión abstracta que descuide los sujetos y las relaciones presentes al reconocerlos tal como son y no como se quiere que sean.

Una propuesta de transición desde el autocentramiento —en lo económico— prioriza el mercado interno. Esto no significa volver al modelo de «sustitución de importaciones» que procuró beneficiar, y de hecho favoreció, a los capitalistas locales, con la expectativa de fomentar o fortalecer una inexistente «burguesía nacional». En este nuevo contexto, mercado interno quiere decir mercados heterogéneos y diversos, así como de masas. En el último predominará el «vivir con lo nuestro y para los nuestros», al vincular el campo con la ciudad, lo rural y lo urbano, para desde allí evaluar las posibilidades de reinsertarse en la economía mundial. No es posible desarrollar proyectos económicos sin involucrar activamente a la población en su diseño y gestión. Es necesario fomentar a la vez la creación y el fortalecimiento de unidades de producción autogestionarias, asociativas, cooperativas o comunitarias (desde las familias, pasando por las «microempresas» a nivel local, hasta llegar a los proyectos regionales). Tal propuesta exige de modo imperioso el fortalecimiento de dichos espacios comunitarios. Así, por ejemplo, los productores agrícolas deberían formar asociaciones que les permitan manejar temas claves de manera conjunta, como el acceso a mercados, créditos, tecnologías, capacitación, etcétera. Hay que crear, por igual, las condiciones para propiciar la producción de (nuevos) bienes y servicios, sobre la base de tecnologías adaptadas y autóctonas. Esta política debe favorecer a empresas colectivas, familiares o incluso individuales, pero sin dar paso al surgimiento y consolidación de estructuras oligopólicas y menos aún monopólicas. Tales bienes y servicios deben estar acordes con las necesidades axiológicas y existenciales9 de los propios actores del cambio, a fin de estimular el aprendizaje directo, la difusión y el uso pleno de las habilidades, la motivación para la comprensión de los fenómenos y para la creación autónoma.

 

En lo social la transición propone la revalorización de las identidades culturales y el criterio autónomo de las poblaciones locales, la interacción e integración entre movimientos populares y la incorporación económica y social de los ciudadanos en general. Estos deben dejar su papel pasivo en el uso de bienes y servicios colectivos y convertirse en propulsores autónomos de los servicios de salud, educación, transporte, entre otros, impulsados coordinada y consensuadamente desde la escala local-regional.

 

Por último, en lo político, tales procesos contribuirían a la conformación y fortalecimiento de instituciones representativas y al desarrollo de una cultura democrática y de participación, para lo cual habrá que fortalecer los de tipo asambleario, propios de los espacios comunitarios.

 

Estos procesos demandan el cambio de los patrones tecnológicos para recuperar e incentivar alternativas locales, sin negar los valiosos aportes que pueden provenir del exterior, sobre todo de las llamadas tecnologías intermedias y «limpias». Hay que entender que gran parte de las capacidades y conocimientos locales están en manos de comunidades y pueblos que por decisión, tradición o marginación, se han mantenido fuera del patrón occidental. En dichos segmentos del aparato productivo se utilizan e inventan opciones para facilitar el trabajo y el consumo de productos locales, artesanales y orgánicos. Numerosas prácticas tradicionales tienen tal grado de solidez que el paso del tiempo parecería solo afectarlas en lo accesorio y no en lo profundo. Además, si se observa con detenimiento hay respuestas productivas, como las de la agricultura orgánica, con mejores rendimientos económicos en términos amplios que las promocionadas actividades convencionales.

 

La construcción de un nuevo patrón tecnológico implica rescatar, desarrollar, o adaptar viejas y novedosas tecnologías, que, para ser liberadoras, no deberán generar nuevos modelos de dependencia (a través de los transgénicos, por ejemplo), tendrían que ser de libre circulación y de bajo consumo energético, así como emitir CO2 en reducidas cantidades, muy poco contaminantes, al tiempo que aseguran la creación de abundantes puestos de trabajo de calidad. Ahora bien, hay que tener presente que un proyecto de organización social y productiva, sustentado en la dignidad y la armonía, como propuesta emancipadora, requiere una revisión del estilo de vida vigente, sobre todo a nivel de las élites, que sirve de marco orientador (inalcanzable) para la mayoría de la población en el planeta. Igualmente habrá que procesar, sobre cimientos de equidades reales, la reducción del tiempo de trabajo y su redistribución, así como la redefinición colectiva de las necesidades axiológicas y existenciales del ser humano en función de satisfactores singulares y sinérgicos, ajustados a las disponibilidades de la economía y la naturaleza.10

 

Las limitaciones del extractivismo desbocado

Esta transición económica debería hacerse extensiva a aquellas formas de producción, como la extractivista, que sostienen las bases materiales del capitalismo y que ponen en riesgo la vida misma. Los países productores y exportadores de materias primas, es decir, de naturaleza, son funcionales al sistema de acumulación capitalista global y son también, indirecta o directamente, causantes de los problemas ambientales mundiales. Aunque pueda resultar contradictorio, la actual crisis múltiple y mutante del capitalismo y el manejo que se le ha dado, fundamentado en multimillonarias inyecciones de recursos financieros para salvar la banca, mantienen elevados —vía especulación— los precios de muchas materias primas, como el petróleo y los minerales, e incluso de muchos alimentos; situación que ya estuvo presente en los años anteriores a la crisis como parte de la lógica especulativa del capital ficticio.11 Así estos recursos ya no solo están destinados a atender la demanda energética o productiva o alimenticia, sino que se han transformado en activos financieros en medio de una economía mundial dominada por fuerzas y tendencias especulativas. Por lo tanto, caminar hacia el socialismo, como reza el discurso oficial de algunos gobiernos «progresistas», alimentando las necesidades —incluyendo las demandas especulativas— del capitalismo global, a través de la expansión del extractivismo,12 es una incoherencia. El extractivismo no es compatible con una economía solidaria y sustentable porque depreda la naturaleza y devasta comunidades, al mantener estructuras laborales explotadoras de la mano de obra, que no aseguran un empleo adecuado. En países en los que aquel prima, la dinámica económica se caracteriza por prácticas «rentistas». Su estructura y vivencia social está dominada por las lógicas clientelares. Mientras que la voracidad y el autoritarismo caracterizan la vida política. Esto explica la contradicción de países ricos en materias primas donde, en la práctica, la masa de la población está empobrecida. Parece que somos pobres porque somos ricos en recursos naturales.13 El ser humano en el centro de la otra economía Aquí él debe ser el centro de la atención y su factor fundamental, siempre como parte de la naturaleza. Si este es el eje de dicha economía, el trabajo es su sostén. Lo anterior plantea el reconocimiento en igualdad de condiciones de todas las formas de trabajo, productivo y reproductivo. La economía solidaria es entendida también como «la economía del trabajo».14 Así este es un derecho y un deber social. Por lo tanto, ninguna forma de desempleo o subempleo puede ser tolerada. No solo se trata de producir más, sino de hacerlo para vivir bien, que el trabajo contribuya a la dignificación de la persona. Habrá que asumirlo como espacio de libertad y de goce. Y en este contexto habrá incluso que pensar en distribuirlo de otra manera, pues cada vez es más escaso, proceso que vendrá atado con una nueva forma de organizar la economía y la sociedad. A su vez, tendrían que fortalecerse los esquemas de auto y cogestión en todo tipo de empresas, para que los trabajadores y las trabajadoras decidan en la conducción de sus unidades productivas.

El objetivo final es establecer un sistema económico sobre bases comunitarias y orientadas hacia la reciprocidad, que debe ser sustentable; es decir, debe asegurar procesos que respeten los ciclos ecológicos y que puedan mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que se produzca una escasez crítica de los recursos.

 

Al rescate de algunas lógicas económicas

Para empezar una acción transformadora hay que reconocer que en el capitalismo lo popular y solidario convive y compite con la economía capitalista y con la pública. El sector de la economía social y solidaria está compuesto por el conjunto de formas de organización económica-social en las que sus integrantes, colectiva o individualmente, desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios. Tales formas de organización solidaria incluyen en el sector productivo y comercial cooperativas, asociaciones y organizaciones comunitarias, así como diversos tipos de unidades económicas populares. A estas se suman las organizaciones del sector financiero popular y solidario, que tienen en las cooperativas de ahorro y crédito, en las cajas solidarias y de ahorro y en los bancos comunales sus pilares. Inclusive habría que rescatar valiosas experiencias con dinero alternativo, controlado por las comunidades, que han servido no solo para resolver problemas en épocas de crisis agudas, sino que han sido de enorme utilidad para descubrir y potenciar las capacidades locales existentes. Organizaciones como estas casi siempre sustentan sus actividades en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad y ubican al ser humano como sujeto y fin de toda actividad económica, por encima del lucro, la competencia y la acumulación de capital. Desde esa lógica es necesario romper con las expresiones de paternalismo, asistencialismo o clientelismo, por un lado; y por otro, con toda forma de concentración y acaparamiento; prácticas que han dominado la historia de la región.

 

El Estado tiene mucho que hacer en este campo. Por ejemplo, invertir en infraestructura y generar las condiciones que dinamicen a los pequeños y medianos productores, los cuales, con una pequeña inversión, sacan mucho más rédito a la unidad monetaria invertida que a la que invierten los grandes grupos de capital. Su problema es que no poseen capacidad de acumular. Ganan muy poco y viven en condiciones de inmediatez económica, subordinados muchas veces al gran capital. Tampoco tienen, mayoritariamente, una adecuada preparación profesional y técnica, dado que el Estado no se ha preocupado en ofrecer capacitación para la apropiada gestión de este sector productivo. Igualmente, hay que favorecer la cooperación entre estas empresas de propiedad social, en lo que se denominan «distritos industriales populares». Al respecto, existen numerosas experiencias. Lo que toca es profundizar y ampliar este tipo de prácticas, para que sean más las empresas que compartan costos fijos (maquinaria, edificios, tecnologías, entre otros) y aprovechen así economías de escala, lo que les aseguraría una mayor productividad.

 

Por ello se vuelve impostergable una reconversión de la matriz productiva. Esta decisión exige el ejercicio soberano sobre la economía, la desprimarización de su estructura, fomentar —e invertir en ella— la innovación científico-tecnológica estrechamente vinculada con el nuevo aparato productivo (y no en guetos de sabios); también demanda la inclusión social, la capacitación laboral y la generación de empleo abundante y bien remunerado. Este último punto es crucial para evitar el subempleo, la desigual distribución del ingreso, el desangre demográfico que representa la migración, entre otras patologías inherentes al actual modelo primario-exportador de acumulación. Las estrategias de transición tendrán que ser necesariamente plurales. Teniendo como horizonte la vocación utópica de futuro hay que desplegar acciones concretas para resolver problemas concretos. Y en ese empeño, rescatar y potenciar las prácticas y los saberes ancestrales, así como todas aquellas visiones y vivencias sintonizadas con la praxis de la vida armónica y en plenitud, que apunten en dicha dirección. Otro aspecto fundamental es reconocer que esta nueva economía no puede circunscribirse al mundo rural o a los sectores populares urbanos marginados. Uno de los mayores desafíos radica en repensar las ciudades, rediseñarlas y reorganizarlas, al tiempo que se construyen otras relaciones con el mundo rural, pensar formas diferentes de organizar la vida para y desde las ciudades.

 

Construcción paciente vs. improvisación irresponsable

La civilización capitalista ha favorecido el individualismo, el consumismo y la acumulación agresiva de bienes materiales, lo que ha exacerbado la competitividad entre iguales. Científicamente se ha demostrado la tendencia natural dominante de los humanos a la cooperación y la asistencia mutua. Es necesario recuperar y fortalecer esos valores y aquellas instituciones sustentadas en la reciprocidad y la solidaridad. Hay que valorizar los postulados feministas de una economía orientada al cuidado de la vida, basada en las virtudes antes mencionadas. La soberanía debe aflorar con fuerza en varios ámbitos, como el monetario, el financiero, el energético o el alimentario. Por ejemplo, en este último, será un pilar fundamental de otra economía, que se sustentará en el derecho que tienen los agricultores a controlar la tierra y los consumidores su alimentación. Esta debe entenderse como un derecho humano. Y ello empieza por erradicar el hambre a través de una verdadera revolución agraria. Es imprescindible el acceso democrático a la tierra, que constituye un bien público. Dicha estrategia demanda respuestas participativas, descentralización efectiva, reconocimiento de tecnologías propias y ancestrales. Los campesinos y sus familias serán los protagonistas de este proceso, sobre todo a través de asociaciones de productores, comercializadores y procesadores de alimentos. El Estado —tanto el gobierno central como los descentralizados— debe establecer las políticas adecuadas para fomentar el cultivo ético de la tierra, desprivatizar el agua y asegurar la gestión social del riego, implementar adecuados mecanismos de crédito, impulsar tecnologías apropiadas para el entorno, fomentar los sistemas de transporte y los mercados justos, promover la reforestación y cuidar las cuencas hidrográficas, apoyar los procesos de capacitación de los campesinos, alentar el establecimiento de industrias locales para procesar los productos agrícolas. Lo anterior requiere una política de aprovechamiento de los recursos naturales orientada a «transformar antes que transportar», tanto para artículos tradicionales de exportación como para la producción de consumo interno. Es fundamental proteger el patrimonio genético e impedir el ingreso de semillas y cultivos transgénicos. Ello evitará la pérdida de diversidad genética en la agricultura, la contaminación de variedades tradicionales y la aparición de superplagas y malezas. Y por supuesto resulta intolerable la producción de bio o agrocombustibles. Las finanzas deben apoyar el aparato productivo y dejar de ser simples instrumentos de acumulación y concentración de la riqueza, realidad que alienta la especulación financiera. De ahí que sea preciso construir una nueva arquitectura en este campo, en la que los servicios financieros sean de orden público. En ella, las finanzas populares, por ejemplo las cooperativas de ahorro y crédito, deberán asumir un papel cada vez más preponderante como promotoras del desarrollo, en paralelo con una banca pública de fomento, que aglutine el ahorro interno e impulse las economías productivas de características más solidarias. Las instituciones financieras privadas deberán dejar su espacio de predominio a favor de ese otro tipo de estructura. Esta nueva economía consolida el principio del monopolio público sobre los recursos estratégicos, pero, a la vez, establece una dinámica de uso y aprovechamiento de ellos desde una óptica sustentable. Asimismo, son necesarios mecanismos de regulación y control en la prestación de los servicios públicos. La propiedad privada, comunitaria, pública o estatal deberá cumplir su función social y ambiental. Los planteamientos expuestos marcan un derrotero para una nueva forma de organización y de economía. Quizás convenga rescatar el postulado de Carlos Marx en su Crítica al Programa de Gotha, en 1875: «de cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades». Y todo esto aceptando que los seres humanos formamos parte de la naturaleza.

 Estas palabras pueden parecer una utopía. De eso se trata; hay que escribir todos los borradores posibles de una utopía por construir, una que implique la crítica de la realidad desde los principios plasmados en la filosofía de la vida plena. Una utopía que, al ser un proyecto de vida solidario y sustentable, constituya una opción alternativa colectivamente imaginada, políticamente conquistada y construida, para ser ejecutada por acciones democráticas. Notas (,,,)

Fuente: http://www.rebelion.org/docs/177518.pdf