Qué País

Julio 2016

Sin extractivismo ni usurpación a los pueblos originarios.

 

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

 

A 200 años, necesitamos los de abajo y a la izquierda adquirir una lógica situacional que nos permita, de modo mayoritario, ver cómo el extractivismo destruye toda posibilidad de «trabajo, dignidad y cambio social».  Tengamos en cuenta la:

 

Entrevista a Eduardo Gudynas

Consecuencias del extractivismo en América Latina

16 de mayo de 2016

Por Sergio Flores (La Izquierda Diario)

 

Entrevistamos al ecólogo uruguayo y miembro del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Eduardo Gudynas, sobre el problema del extractivismo y sus consecuencias.

Eduardo Gudynas es docente universitario, ex secretario ejecutivo del CLAES y autor de una decena de libros sobre la problemática ecológica y social, la cual viene abordando desde hace más de 20 años. En 2010 fue seleccionado para integrarse al Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. En esta entrevista nos centramos en el problema del extractivismo y sus consecuencias ambientales, sociales, políticas y económicas.

 

Eduardo, a raíz de los accidentes y conflictos con megamineras como la Barrick Gold o multinacionales petroleras como Chevron comenzó a hablarse de un término del que muy pocas personas saben su significado. ¿Podría explicarle a los lectores de LID qué es el extractivismo?

 En su sentido estricto, los extractivismos son la apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales, o bajo procedimientos muy intensivos, donde la mitad o más son destinados a la exportación a los mercados globales. Se refiere a casos como la megaminería a cielo abierto, las plataformas petroleras en la Amazonia, o los monocultivos de soja. Digo en sentido estricto porque este uso del término responde a su historia, a los usos de los movimientos sociales que reaccionaban contra esos emprendimientos por sus impactos, y al dejar en claro que implican una subordinación a la globalización.

 

¿Y cuál es su papel en una economía como la Argentina?

 Los extractivismos por un lado producen adicción y por el otro generan los llamados derrames, entre los cuales están los económicos. La adicción ocurrió bajo los altos precios de las materias primas. Los gobiernos encontraron que la manera más sencilla de hacer crecer las economías nacionales y captar excedentes era promover todo tipo de exportaciones de minerales, hidrocarburos o agroalimentos. Pero eso generó derrames tales como erosionar sus sectores industriales y agroindustriales. Por ejemplo, Brasil se convirtió bajo los gobiernos de Lula y Dilma en el primer exportador latinoamericano de minerales, mientras importaba cada vez más productos de consumo, y con ello su industria nacional se debilitó. El éxito exportador en muchos países significó pérdidas industriales que pasaban desapercibidas por los altos precios de los commodities. Son economías de enclave, atadas a la globalización.

 

¿Qué impacto tiene a nivel social y medioambiental?

 Los efectos sociales y ambientales de los extractivismos son demoledores. Por ejemplo, la megaminería a cielo abierto, con esas enormes canteras donde se extraen millones de toneladas por año, son, en un sentido riguroso, amputaciones ecológicas. No queda nada allí; la destrucción ecológica es total. La explotación petrolera en Ecuador, Perú o Bolivia, ha dejado vastas áreas con todas sus aguas contaminadas. Los monocultivos de soja están detrás de la pérdida de bosques y praderas naturales, el deterioro del suelo o la contaminación por agroquímicos. Paralelamente, estos tipos de actividades desplazan comunidades locales, generan muy poco empleo, se implantan con crecientes niveles de violencia y violando derechos. Toda la evidencia muestra que no existen extractivismos de esta intensidad que sean amigables ni con la sociedad ni con el ambiente.

 

¿Podría decirse que todos los gobiernos sudamericanos son extractivistas?

 Lo impactante es que desde el 2000 todos los gobiernos sudamericanos han colocado a los extractivismos en el centro de sus estrategias de desarrollo. Pero, la organización de esos extractivismos, el papel del Estado, el uso de los excedentes que se capturan, y la legitimación política, son diferentes entre los gobiernos conservadores y los progresistas. Bajo presidencias conservadoras o de derecha encontramos la invocación al simple crecimiento económico y dejar esos sectores en manos de empresas transnacionales. En los gobiernos progresistas es distinto. Todos invocan mayor presencia del Estado en el uso de los recursos naturales, algunos buscaron captar más excedente, tal como ocurrió con el petróleo en Bolivia, Ecuador y Venezuela, y los legitiman como necesario para atacar a la pobreza. El problema es que a medida que se los examina con detalle se encuentra que no todo el dinero captado a los extractivismos va a los pobres, ni siquiera que sea el aporte fundamental para sostener a las economías nacionales, y además, que en verdad el propio Estado termina subsidiando esas actividades y a las empresas. Entonces, sea por la senda conservadora o la progresista, todos terminan dependientes de la globalización, porque es allí donde tienen que vender sus materias primas; se subordinan cada vez más a la búsqueda de inversores extranjeros.

 

Al analizar los extractivismos usted insiste en diferenciar izquierda y progresismo. ¿Podría explicar ese concepto?

 Los extractivismos se han fortalecido precisamente por esa divergencia entre izquierda y progresismo. Por izquierda me refiero a los movimientos y agrupamientos que lograron detener los gobiernos neoliberales, y triunfaron en elecciones en varios países. Era una izquierda abierta, plural, y que, por ejemplo, ponía en discusión las estrategias de desarrollo, exploraba la radicalización de la democracia o tenía íntimas relaciones con los nuevos movimientos sociales. La izquierda que se ubicó dentro del Estado, dentro de los gobiernos, poco a poco se convirtió en progresismo.

El progresismo es otro bicho político, con cambios sustanciales en varios aspectos. No es una nueva derecha; no comparto acusaciones recientes que tildan por ejemplo a Evo Morales o Rafael Correa de nuevos neoliberales. Pero tampoco son fieles al espíritu de aquella izquierda original, y eso se observa, pongamos por caso, por su adhesión a los extractivismos que, más allá de todos los slogans, impone una dependencia a la globalización, o a la represión que hacen contra las comunidades locales u organizaciones sociales que denuncian sus impactos.

 

El progresismo, para decirlo muy resumido, renunció a debatir sobre el desarrollo, insiste en un Estado compensador que descansa en esquemas de asistencialismo, la lucha por la justicia quedó encerrada en ayudar en dinero a los más pobres y el consumismo popular. Los ensayos para radicalizar la democracia se detuvieron, muchos se conformaron con el mero seguimiento a un líder que esperan se perpetúe en el poder. Políticamente han hecho todo tipo de acuerdos y convenios con actores conservadores.

El progresismo aparece ahora como agotado, en el sentido de no poder generar nuevas ideas. A la vez, escala en conflictos con organizaciones ciudadanas, sindicatos, campesinos o indígenas.

 

¿Qué posición debería tener una izquierda consecuente ante el problema que implica el extractivismo?

Entiendo que el mejor antídoto al agotamiento de los progresismos, y a la obsesión con los extractivismos, es recuperar muchas de las posturas de aquella izquierda abierta, plural y democrática. Dicho de otra manera: salir del progresismo por izquierda.

Mencionaré algunas cuestiones candentes que muestran las contradicciones entre extractivismos, izquierdas y progresismos.

En el caso del sindicalismo, debemos observar hacia Brasil. Allí, en las grandes empresas extractivistas, como la petrolera Petrobras o la minera Vale, los sindicatos tenían papeles protagónicos en su gestión, sea por vía directa o por ser accionistas desde sus fondos de pensión.

 

Esos actores sindicales cayeron en un progresismo extremo, y nada decían de la brutal crisis de corrupción en la petrolera o de la pésima gestión de la minera que desembocó en el más grave accidente ambiental en América Latina en 2015. Cualquiera de esas dos crisis terminó afectando a la propia base de trabajadores y al país. El antídoto a este tipo de posturas es recuperar un sindicalismo que sea a la vez crítico, independiente y comprometido con los trabajadores.

 

En el caso de los movimientos sociales, es inocultable que los progresismos se han terminado peleando con muchas organizaciones de base y movimientos populares, como pueden ser distintos colectivos urbanos, actores que defienden la diversidad sexual, ambientalistas, campesinos, indígenas, etc. Por ejemplo, Rafael Correa tiene disputas con los grandes sindicatos, con la federación indígena, hostiga a las ONGs, reniega a las demandas feministas, etc. La izquierda, por el contrario, tiene que recuperar una discusión fraterna con todas esas tradiciones. Seguramente muchas de ellas serán trabajosas, pero en eso está la propia esencia de la izquierda.

 

Otro frente tiene que ver con el papel de la propiedad. Es muy común encontrarse con quienes sostienen que la alternativa a los extractivismos es simplemente pasar todas las empresas mineras, petroleras o agropecuarias a una propiedad estatal. Están muy equivocados y me parecen que no entienden el fondo del problema, y por eso varios terminaron siendo progresistas.

Me explico: bajo la actual fase del capitalismo, el régimen no predetermina el tipo de gestión en la apropiación de los recursos naturales. La empresa extractivista, para ser exitosa y rentable, compite en exportar hacia los mercados globales, y por lo tanto acepta la globalización, y busca en bajar todo lo que pueda sus costos para elevar sus ganancias, y por ello externalizan sus impactos sociales y ambientales. Así lo hacen, desde la estatal PDVSA, las corporaciones chinas o las transnacionales de Wall Street. La disputa sobre el capitalismo está hoy mucho más centrada en la estructura y función de las cadenas de producción, antes que en la propiedad del primer eslabón, que es la extracción del recurso natural. Es por eso que muchas transnacionales petroleras aceptan que esa primera fase la hagan las compañías estatales, ya que de todas maneras terminarán haciendo convenios y controlarán la comercialización de los hidrocarburos.

 

Algo similar pasa en el agro. Por ejemplo, el grupo agrícola Los Grobo se ufana de casi no tener tierras propias, pero queda en claro que ellos controlan los paquetes tecnológicos, las superficies bajo monocultivos, y la comercialización.

En fin, se pueden listar muchos ejemplos de este tipo. Buena parte de ellos tienen que ver con algunos ejes, dentro de los que destaco que esa izquierda que imagino debe poner en discusión el desarrollo, el papel del Estado, y sus ideas sobre la justicia. Por eso mismo debe ser plural, abierta y democrática, ya que debe dialogar con una amplia diversidad de actores.

 

¿Qué tipos de experiencias políticas pueden reivindicarse como un buen precedente para luchar contra el extractivismo en América Latina? ¿Qué limitaciones o déficits presentan en tu opinión?

 El continente está repleto de experiencias locales. Un gran conjunto corresponde a reclamos de información, denuncias o resistencias frente a los extractivismos, donde las comunidades aprenden sobre ese tipo de desarrollo, sus impactos sociales y ambientales, y ensayan prácticas de organización. Otro gran conjunto, posiblemente aún incipiente en Argentina, pero más potente por ejemplo en los países andinos, ocurre cuando se articulan esas demandas locales en reclamos nacionales o regionales, y en presentar alternativas al extractivismo. O sea, son movimientos donde se discuten e imaginan cómo la economía nacional podría dejar de ser dependiente de los extractivismos. Entonces, encontramos pongamos por caso, las propuestas de moratoria petrolera en Ecuador, que sería algo así como pensar una Argentina que no dependa solamente del gas de Vaca Muerta u otros yacimientos.

 

Por lo tanto muchas de las limitaciones responden a poder cruzar ese umbral de pasar desde la demanda local a una propuesta política nacional de alternativas al desarrollo convencional.

Las alternativas a los extractivismos imponen salir de los desarrollos convencionales por izquierda, en el sentido de estar comprometidos con la justicia social, pero además sumándole un componente de justicia ecológica, un ingrediente ineludible para una renovación de la izquierda en el siglo XXI.

 

Fuente original:  http://www.laizquierdadiario.com/Consecuencias-del-extractivismo-en-America-Latina

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212333

 

 

 

Esclarezcámonos sobre cómo el extractivismo se profundiza y agrava nuestro subdesarrollo:

 

 

 

Auge minero y dominación neocolonial en América Latina.

Ecología política de las transformaciones socioterritoriales neoliberales.

XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología.

VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires.

Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, 2009.

Por Horacio Machado Aráoz

Universidad Nacional de Catamarca machadoaterreno@arnet.com.ar

(...)1.- Neoliberalismo, transformaciones socioterritoriales y auge minero.

Lejos de ser algo aislado y acotado, el gran auge de la megaminería transnacional en América Latina en los ’90, constituye un fenómeno que se inscribe dentro del más vasto y complejo proceso de transformaciones geoeconómica, socioambiental y políticas impulsadas desde los centros del poder mundial desde el último tercio del siglo pasado a través de la profunda reestructuración que el neoliberalismo implicó a escala global. En el marco de la aguda crisis estructural del capitalismo, el neoliberalismo cabe ser comprendido como una nueva estrategia impulsada desde los nodos de poder de las sociedades centrales a fin de reorganizar la dinámica de acumulación a escala global y recuperar sus posiciones de dominio en el contexto de la agudización de la disputa geopolítica por el control de los ‘recursos naturales’ desde el último tercio del siglo pasado. Desde esta perspectiva, el gran auge de la minería transnacional en América Latina emerge como resultado paradigmático del conjunto de transformaciones verificadas en la región como consecuencia de la drástica aplicación de la geopolítica imperial del neoliberalismo; expresa de modo cabal, la lógica y características de la nueva fase de acumulación por desposesión del capital (Harvey, 2004).

 

En el caso de nuestra región, tras el luctuoso saldo de la fase represiva de las políticas neoconservadoras aplicadas entre los años ’70 y ’80 (flagrantes violaciones a los derechos humanos, desindustrialización, endeudamiento, y pauperización generalizada de la población), las políticas de los ‘90 (impulsados coercitivamente por los organismos multilaterales de crédito) involucraron la gravosa empresa de ‘reactivar el crecimiento económico’ abriendo su vasta reserva de recursos naturales a un nuevo ciclo de explotación intensiva. Como fase final de las transformaciones neoliberales, las políticas del Consenso de Washington significaron la puesta en disponibilidad de la vasta reserva de bienes naturales y biodiversidad de la región como proveedora ecológica de las políticas de recuperación del crecimiento en las sociedades centrales. A través de políticas fiscales preferenciales, provisión de servicios básicos subsidiados, regímenes de desregulación, liberalización financiera, cambiaria y comercial, garantías a sus ‘inversiones’ y libre disponibilidad de sus divisas, flexibilización laboral y de los controles ambientales, 3 grandes corporaciones transnacionales vieron expandir aceleradamente sus negocios sobre la superficie territorial de la región.

 

En este marco, junto a las privatizaciones de los servicios básicos (agua potable y energía eléctrica), la expansión de los agronegocios, la creciente radicación de explotaciones forestales, el control sobre las reservas y la explotación de hidrocarburos, las fuentes de recursos hidroenergéticos y el avance de las industrias químicas y farmacéuticas sobre las reservas de biodiversidad de la región, el gran auge minero da cuenta de un fenomenal proceso de reconfiguración neocolonial de la economía, la población y el territorio regional, materializado a través de la desindustrialización, concentración y extranjerización de la economía regional y la reinstauración de un patrón exportador primario extractivo (Martins, 2004; Gandásegui, 2004). Se inaugura, así, un nuevo ciclo de valorización dependiente, estructurado en torno a la explotación extractiva de los recursos naturales de la región, ahora conectados a cadenas globalizadas de valor controladas por grandes corporaciones transnacionales. Simultánea y correlativamente a la naturalización de la ‘racionalidad de mercado’ estas políticas impusieron e impulsaron un creciente proceso de mercantilización de la naturaleza, del territorio y sus recursos. En el caso de la minería, el origen de las transformaciones estructurales tiene lugar en Chile. Dada su crucial relevancia histórica como ‘país minero’, el ‘Chile de Pinochet’ oficiaría como escenario social de experimentación e implementación paradigmática del conjunto de reformas institucionales que, a la postre, funcionarían como los dispositivos legales del nuevo gran saqueo minero de los ’90. El decreto Ley Nro. 600 que sanciona un nuevo Estatuto de Inversión Extranjera (1974), seguido de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (Ley Nro. 18.097, 1ª de diciembre de 1981) y la reforma del Código de Minería (1983), serían las reformas claves que no sólo permitirían la progresiva privatización encubierta de la gran minería del cobre en Chile (Caputo y Galarce, 2007), sino los marcos legales que se aplicarían luego como ‘modelo exitoso’ en los restantes países de la región.

Tres fueron los pilares centrales que establecieron las bases políticas de estas reformas:

-Plena seguridad jurídica sobre la propiedad de las concesiones mineras (imprescriptibilidad y transabilidad de las concesiones mineras; preeminencia de la propiedad minera sobre los derechos superficiarios; total garantía legal y judicial de las inversiones extranjeras, hasta el extremo de reconocer la competencia originaria de los juzgados de los países de origen de las inversiones en caso de controversias). - Grandes beneficios fiscales y comerciales (estabilidad jurídica por períodos de entre 25 y 30 años; eliminación de tasas de importación y exportación; libre disponibilidad comercial de productos; amortización acelerada de inversiones; desgravación de impuestos internos y de regalías mineras o su limitación a tasas insignificantes; libre disponibilidad de divisas y desregulación total sobre la remisión de utilidades; concentración de impuestos por ‘resultados’ en base a declaraciones juradas de las empresas, etc.). - Una legislación y sistema de controles ambientales extremadamente laxos (entre los que se destaca la supresión de fondos de garantías por impactos ambientales; vacíos legales en relación a los procesos de cierre de minas y al tratamiento de los pasivos ambientales mineros; estándares ambientales de calidad de agua, aire y suelo sistemáticamente inferiores a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y a las regulaciones de los países del Norte; descentralización y fragmentación de los organismos de control y fiscalización ambiental, etc.).

 

Estas nuevas bases legales e institucionales convertirían al extenso territorio de la región en una increíble ‘oportunidad’ para el desarrollo de los intereses mineros globales. Las reformas señeras en el Chile de Pinochet se ‘exportarían luego como ‘modelo exitoso’ a lo largo de todos los países de América Latina con cierto potencial minero. El Banco Mundial ofrecería frondosos créditos para agilizar la ‘modernización’ institucional y la reforma de los marcos legales relativos a las explotaciones mineras. Así, sucesivamente Perú (1991), Bolivia (1991), Ecuador (1991), México (1992), y más tarde Brasil (1996), Guatemala (1997), Honduras (1998) y Colombia (2001), introdujeron sendas modificaciones en sus legislaciones mineras adoptando uniformemente los nuevos criterios impuestos. En Argentina, tales reformas se impusieron bajo el gobierno de Menem con la Ley Nro. 24.196 (1993) y otras reformas complementarias. Mientras las empresas transnacionales del sector afrontaban un fuerte proceso de reconversión2 destinada a recuperar las tasas de rendimiento de sus inversiones, estas reformas ponían a su disponibilidad el vasto patrimonio geológico de la región para tales objetivos. Se verifica, en este marco, el ingreso masivo de las grandes corporaciones mineras transnacionales a la región: las canadienses Barrick Gold, Aur Resources, Placer Dome, Falcon Bridge, Yamana Gold; las estadounidenses Phelps Dodge, Newmont, Exxon; Río Tinto (Inglaterra); BHP-Billiton, de Australia; Sumimoto y Mitsubishi, de Japón; Anglo American Ashanti, de Sudáfrica, y Xstrata Cooper de Suiza, entre las más importantes.

El ingreso de las transnacionales como los principales actores del ‘boom’ minero de los ’90 estuvo apalancado también por la acelerada privatización de grandes empresas mineras estatales, nacionalizadas precisamente en la ola de reivindicaciones de los ’603 . La eficacia de las políticas de ‘seducción’ de inversiones se puede visualizar no sólo a través del acelerado crecimiento de las mismas, sino también en función de la fuerte recomposición de las tasas de ganancias que las explotaciones en América Latina significaron para las grandes corporaciones mineras. De acuerdo a estimaciones de Rondón (1997: 67), a mediados de la década del ’90, las tasas medias de beneficio de las operaciones mineras en la región eran del 34 %, superando ampliamente el 5 % que eran los rendimientos promedio en los países mineros del Norte (Canadá y Estados Unidos).

 

Asimismo, de la mano de la megaminería, los avances del capital sobre los territorios ha alcanzado dimensiones inusitadas, llegando a cubrir, al cabo de los ’90, más del 10 % de toda la región (Cifuentes Villarroel, 2006). En el caso de Chile, la superficie concesionada a grandes explotaciones mineras alcanzaba, en el año 2003, al 10,6 % de total del territorio nacional (unos 80.000 km2). En el Perú, los denuncios mineros aumentaron de 4 millones de hectáreas en 1992 a 22 millones de hectáreas en el año 2000, alrededor del 10 % de la superficie total (110.000 km2). En el caso de Ecuador, la superficie concesionada a grandes corporaciones mineras pasó del 5 % en el año 2000 al 16,7 % de la superficie territorial total en el 2004 (unos 46.000 km2). En Panamá, al cabo de la década, el 45 % de su territorio nacional estaba ya concesionado a empresas mineras; mientras que en Argentina, las exploraciones mineras llegaron a cubrir una superficie de más de 187.500 km2 (Guajardo, 2007; Bury, 2007; Cifuentes Villarroel, 2006; Prado, 2005). Se completa con ellas un ciclo de transformaciones en las que tiene lugar la recomposición de la estructura colonial del mundo, que va desde inicios de los ’70 hasta mediados de los ’90. En el marco de las transformaciones globales, el proceso de gestación, imposición y sostenimiento del ‘boom’ minero de los ’90 en la región tiene una importancia central para comprender la lógica y el modus operandi de los nuevos dispositivos de producción neocolonial de las desigualdades socioambientales entre países y regiones.

 

2.- Reorganización neocolonial del mundo: nuevos dispositivos expropiatorios y nuevas desigualdades socioambientales.

A través de los procesos sucintamente descriptos, la geopolítica del neoliberalismo ha provocado una drástica transformación de la organización neocolonial del mundo, generando nuevos dispositivos de subalternización de territorios, poblaciones y ‘recursos’. El gran auge de la minería transnacional, constituye un capítulo especialmente gravoso de dicho proceso, un caso emblemático desde cuyo análisis es posible identificar las nuevas formas del saqueo. En efecto, dada la naturaleza y características tecnológicas de las grandes explotaciones mineras contemporáneas , la envergadura de los procesos expropiatorios que suponen e implican va mucho más allá de la extensión de las superficies territoriales intervenidas. En realidad, la megaminería pone de manifiesto de manera paradigmática la complejidad e intensidad de los nuevos dispositivos expropiatorios del presente. Muy esquemáticamente, se puede señalar que través de la masiva relocalización y reconfiguración de las cadenas de valor a escala mundial, las industrias extractivas han implementado un complejo dispositivo de producción de desigualdades ambientales dentro del cual se pueden distinguir tres principales modalidades expropiatorias: una expropiación geográfica; otra estrictamente económica, y otra de tipo ecológica. La dimensión geográfica de la expropiación tiene que ver tanto con la capacidad de disposición sobre los territorios, como con las reconfiguraciones territoriales que la dinámica globalizada del capital tiende a producir sobre los territorios locales. Siguiendo los análisis de Harvey (2004) y de Santos (1996), la expropiación geográfica opera fundamentalmente destruyendo la coherencia local de los territorios, desarticulando los flujos socioproductivos endolocales y rearticulándolos como fragmentos territoriales subordinados a procesos productivos de alcance global, comandados a distancia bajo la dirección y el control del capital transnacional concentrado que domina la respectiva cadena de valor a escala mundial. La dimensión geográfica de la expropiación tiene que ver, en consecuencia, con la desintegración productiva de los espacios locales y su reconfiguración como fragmentos socioterritoriales económicamente subordinado y tecnológicamente dependiente de cadenas mundializadas de valor, cuyas consecuencias van mucho más allá de lo ‘estrictamente geográfico’, en tanto implican una expropiación de la diversidad eco-territorial y sociocultural de los lugares.

 

La uniformización de los territorios convertidos en enclaves de exportación tiene así, profundas consecuencias biopolíticas, en tanto productores de ámbitos monoculturales del capital global. En cuanto a la dimensión estrictamente económica de la expropiación, ésta tiene que ver tanto con las transformaciones territoriales descritas, como con las reformas legales e institucionales vinculadas a las políticas neoliberales, procesos mediante los cuales se opera una fenomenal transferencia de recursos financieros desde las regiones periferizadas hacia los centros de poder económico mundial. Por un lado, tales transferencias se operan como resultado de la reestructuración territorial de las cadenas productivas a escala global; tiene que ver con la masiva transferencia de activos financieros y valores de cambio que las grandes empresas transnacionales remiten a las sociedades centrales desde las operaciones extractivas localizadas en los territorios periféricos. Los territorios intervenidos, los dispositivos extractivos instalados en las geografías nacionales a través de las mega-infraestructuras al servicio de los flujos de materiales exportados (carreteras, hidrovías, electroductos, mineraloductos, presas hidroeléctricas, etc.) operan como correas geográficas de transmisión de grandes flujos financieros desde unas sociedades a otras, a través de las tasas diferenciales de apropiación de la renta que implican estas grandes explotaciones.

 

La localización de las diferentes cadenas de valor en los distintos espacios nacionales y regionales tiene una importancia fundamental como dispositivo de apropiación diferencial de la renta. De allí que las reestructuraciones de las cadenas globales de valor de las ‘industrias extractivas’ se hayan caracterizado por localizar las fases productivas más contaminantes y ambientalmente intensivas, de menor valor agregado, con menor incidencia en la generación de empleos y en el desarrollo de innovación tecnológica en las sociedades re-periferizadas, para dejar las fases de menor impacto ambiental, más intensivas en trabajo y conocimiento, en las sociedades centrales. Por otro lado, los procesos de expropiación económica están vinculados con las reformas políticas. En este sentido, la recomposición de las tasas de ganancia de las grandes corporaciones transnacionales y la producción política de la rentabilidad de las empresas a través de las reformas neoliberales convierte a estas explotaciones en grandes extractoras de renta que se producen en los territorios subordinados de la periferia y se consumen en los mercados concentrados y sofisticados de las sociedades dominantes. Las extraordinarias tasas de rentabilidad logradas en los territorios del Sur –merced a los subsidios fiscales, socio-ambientales y laborales que las ‘inversiones’ reciben- pasan a ser flujos financieros decisivos para alimentar la dinámica consumista de las élites dominantes del Norte. A la hora de estimar cuantitativamente la magnitud de este aspecto de los procesos expropiatorios, un estudio sobre la situación de las empresas mineras en Chile (Caputo y Galarce, 2007) consigna que las ganancias obtenidas por las transnacionales mineras sólo en el año 2006 alcanzaban los 20.000 millones de dólares. Esta cifra representa el doble del total de la inversión extranjera neta realizada a lo largo de todo el período iniciado con las reformas de Pinochet, que ha sido de 9.819 millones de dólares; es decir, que con sólo las ganancias obtenidas en un año (2006) las corporaciones mineras duplicaron la inversión neta total realizada a lo largo de un período de 32 años (1974-2005). Por último, pasemos ahora a referirnos a la dimensión ecológica de los procesos expropiatorios contemporáneos, probablemente el aspecto geopolíticamente más relevante en el contexto presente.

 

Aunque estrechamente vinculados a las transformaciones territoriales, los procesos de expropiación ecológica tienen que ver con las dinámicas de apropiación diferencial de bienes y servicios ambientales cristalizadas en la distribución geográfica de los procesos de extracción y de consumo, y materializadas en la división del trabajo a escala global. En el caso de las industrias extractivas, como el de la minería a gran escala, los procesos de expropiación ecológica revisten el carácter más gravoso tanto por la magnitud como por la naturaleza de las modalidades involucradas. En primer lugar, esta dimensión tiene que ver con la transferencia de recursos no renovables y al consumo desigual de los mismos. En el caso de la minería, se da una clara diferenciación entre los países del Sur y del Norte geopolítico, concentrándose los procesos extractivos en los primeros y los mayores índices de consumo en los segundos. Esto es evidente en el caso de América Latina, la que, al cabo de los ’90, ha vuelto a ser uno de los principales proveedores de minerales a nivel mundial, cubriendo en promedio más de un tercio de la demanda global; sin embargo los porcentajes de consumo de minerales que representa la región a nivel mundial apenas se encuentran entre el 3 y el 6 % del total. Inversamente, los países centrales – salvo los excepcionales casos de Estados Unidos, Canadá y Australia- casi no figuran como ‘productores’ de minerales, en tanto que concentran más de dos tercios del consumo mundial de los mismos en promedio. Sin embargo, los aspectos más graves de la expropiación ecológica son los usualmente menos evidentes y divulgados, y tienen que ver con la apropiación y transferencia indirecta de bienes y servicios ambientales consumidos como insumos de los procesos extractivos de los productos objetos de las transacciones comerciales.

 

En efecto, como ha sido analizado por varios autores para el caso del agua (Zimmer y Renault, 2003; Allan, 2003; Pengue, 2006), la exportación no implica sólo –y a veces, ni siquiera principalmente- la transacción (‘económica’) de la sola mercancía objeto del comercio exterior, sino que implica también la transferencia (‘ecológica’) una gran cantidad de bienes y servicios ambientales del país productor que -insumidos en el proceso productivo y, por tanto, incorporados en el ‘producto de exportación’-, son finalmente ‘consumidos’ en el país de destino de tal exportación. En el caso de la megaminería metalífera a cielo abierto, los principales bienes y servicios ambientales que son objetos de transferencia ecológica, y, por tanto, de apropiación indirecta por parte de los países importadores de tales recursos, son el agua, la energía y la capacidad de sumidero. En efecto, como los procesos extractivos de la gran minería son intensivos en agua y energía, por cada tonelada de mineral exportado, se exportan también varias toneladas de agua y KWh de energía insumidas en el proceso extractivo. A modo ilustrativo, en base a las estimaciones realizadas por Borregaard (2001) y Cuenca Berger (2005) para el caso chileno, cabe tener presente que cada tonelada de cobre exportada por Chile en los últimos años han insumido también 40 m3 de agua, 3 MWh de energía y la ‘generación’ de 28 toneladas de relaves tóxicos. Tomando en cuenta la tabla de insumo/producto del primer mega-emprendimiento minero en la Argentina, el de Minera Alumbrera, que indica que ésta extrae anualmente 180.000 toneladas de concentrado de cobre, para lo cual ‘procesa’ 480.000 toneladas de material rocoso por día, empleando 105.600 kg. de explosivos (ANFO) diarios, 100 millones de litros de agua diarios, 92.500 litros de combustible diesel por día y 764,44 GWh de electricidad anuales, tenemos que cada tonelada de concentrado de cobre exportado por Alumbrera ‘le cuesta’ al territorio argentino 203.000 litros de agua, 4,25 MWh de energía eléctrica, 973 toneladas de estériles tóxicos a perpetuidad, y 188 litros de combustible aproximadamente (Machado Aráoz, 2009). Sumado a ello, hay que contabilizar también la ‘capacidad atmosférica’ para absorber las 1562,2 toneladas de gases nitrosos que anualmente son liberadas a consecuencia de las voladuras (Vélez, 2008). Dada la taxativa e ineludible finitud del ‘mundo natural’ –más allá de la miopía que al respecto tiene la economía centrada en el dinero y en la creencia quimérica del desarrollo tecnológico como superador de los ‘límites del crecimiento’-, los procesos de expropiación ecológica tienen profundas consecuencias económicas y políticas; implican inexorablemente que ‘lo que unos consumen’ es ‘lo que a otros les es quitado’. El agua y la energía que consumen las mineras en los territorios de nuestra región, es agua y energía que es negada y expropiada a las propias poblaciones locales. (...) Leer

En consecuencia, es hora de generalizar el cuestionamiento al conformismo con el capitalismo.

 

Argentina: Los despojos políticos de la megaminería en el país

16 de junio de 2016

Por Candela de la Vega y Débora Cerutti

Primera parte de las conclusiones de las jornadas que apuntan a la Megaminería y el rol de la Universidad Pública, realizadas en La Rioja. En estas líneas, las decisiones de las universidades respecto de los fondos y la composición de las luchas socioambientales.

El pasado 1, 2 y 3 de junio se realizaron en la ciudad de La Rioja las “Primeras Jornadas sobre Megaminería, Bienes Comunes y el Rol de la Universidad Pública”, convocadas por la Asamblea Riojana Capital y el Foro Ambiental Universitario (FAU), con el objetivo de comenzar un debate abierto, interdisciplinario y plural que instale en la agenda pública, en general, y la agenda universitaria, en particular, la discusión sobre los fondos que provienen de la explotación de los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), en la Provincia de Catamarca.

 

Por la ley nacional 14.771, sancionada en 1958, YMAD debe distribuir parte de sus utilidades entre las universidades nacionales. Si bien la fase de explotación de La Alumbrera comenzó en 1997, la distribución anual de utilidades de YMAD al sistema universitario nacional empezó recién en 2008 y, desde entonces, al menos siete universidades nacionales y más de veinte Facultades han rechazado los fondos. En la provincia de La Rioja, fue en 2013, durante el contexto de toma de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) que realizaron sus estudiantes cuando este tema apareció fuertemente visibilizado, acompañando a las demandas de autonomía, democracia y calidad académica que se levantaron en ocasión de la toma. En tal contexto, la UNLAR rechazó los fondos de los años 2013, 2014 y 2015.

En una provincia con casi 10 años de lucha y problematización por asamblea y otros colectivos organizados de la actividad extractiva minera a gran escala, la centralidad de estas “Primeras Jornadas sobre Megaminería, Bienes Comunes y el Rol de la Universidad Pública” radicó en la renovada apuesta por denunciar en el espacio público las condiciones complejas de las diversas consecuencias e impactos del avance de proyectos extractivos en la región, en ocasión del debate abierto para la aceptación o rechazo de los fondos de 2016 hacia esta universidad. En un escenario donde las y los representantes de los gobiernos nacionales y provinciales han reforzado su postura de favorecer la explotación minera, el aporte de nuestra intervención en estas Jornadas se orientó a reconocer lo que creemos son consecuencias propiamente políticas de la instalación –posible o de hecho– de proyectos megamineros y de su articulación en el sistema universitario.

Ello supone delimitar, en primer lugar, qué entendemos exactamente cuando decimos “lo político”: es ese ámbito en el que una comunidad decide cómo vivir con otros y otras, y realiza aquello que decidió. Entonces, lo político remite a todas las actividades, espacios, actores, tiempos y mecanismos a través de los cuales decidimos cómo queremos vivir –o cómo no queremos vivir– con otros y otras. Esta noción de lo político está asociada a una idea positiva del poder en tanto esa posibilidad efectiva de poder tomar esa decisión y de poder contar con los recursos para crear aquello que decidimos. Aquí también aparece una vieja idea de autonomía, de autogobierno, de autodeterminación, de poder sobre nuestras vidas-en-común que amplía ciertamente el difundido reclamo del “derecho a la vida”.

Por supuesto, la definición de cómo, con quién o dónde queremos vivir, no está exenta de conflictos. En una época donde el “diálogo” y el “consenso” se presentan eclipsando los horizontes y las promesas de la vida política en nuestras comunidades, esta posición pretende resaltar que el conflicto y el disenso no son sólo parte integrante del mundo de lo político, sino que son justamente lo propio de este ámbito. Por ello, resulta inadmisible que quienes manifiestan el disenso y el conflicto sean acusados de “violentos”, “incivilizados”, o “fundamentalistas”, cuando no hacen más que expresar y actualizar esa condición inocultable de lo político.

El Estado y el sistema representativo-democrático forman parte de este mundo, pero no lo acaban ni lo representan en su totalidad. Más aun, algunos apuntamos que estas formas de organización del poder, antes que traducir formas de autonomía y autogobierno, llevan consigo instancias heterónomas en donde otros deciden sobre los destinos de nuestras vidas o nos expropian los medios y recursos para crear y materializar lo que queremos. Aquí el diagnóstico no es muy alentador: vivimos en sociedades donde los requisitos mínimos para la vida están apresados dentro de los mecanismos dispuestos por la lógica mercantilizadora del mercado.

Por eso uno de los grandes logros de la lucha de las asambleas socioambientales y otros colectivos organizados fue justamente mostrarnos formas otras de hacer política. La lucha que sostienen estas organizaciones en defensa de los bienes naturales han actualizado la condición política de la vida en sociedad y por ello, los conflictos y tensiones que mantienen con el Estado –incluyendo los estamentos universitarios de gobierno– y con los sectores empresariales pueden ser entendidos como instancias en donde esta condición de lo político es negada, recortada, invisibilizada o reprimida.

Marcha

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_Los_despojos_politicos_de_la_megamineria_en_el_pais

 

 Crisis civilizatoria

 

A 200 años, abajo y a la izquierda,  es fundamental multiplicar los espacios en común de deliberación sobre:

Economía enferma, planeta enfermo

7 de julio de 2016

 

Por Marcelo Colussi (Rebelión)

 

No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Adam Smith

I 

Quien escribe estas líneas no es economista ni especialista en cuestiones ecológicas. Es un ciudadano más del planeta, ni rico ni famoso, uno más del colectivo. Pero como tal me considero con derecho –¿con obligación también?, moralmente, creo que sí– a opinar y a tomar partido por cuestiones que tocan a todos. La economía dominante de nuestras sociedades, el capitalismo, está enferma. O más aún: no ha enfermado recientemente sino que nació enferma. De hecho: tiene un mal incurable. Es genético, no tiene escapatoria. 

Eso se evidencia en la injusticia reinante (aspectos estructurales), en los descalabros coyunturales como las crisis financieras que se viven cíclicamente (que pagamos, básicamente, los pobres), y en términos de perspectiva histórica como especie: la destrucción de la civilización es una cruel posibilidad, tanto por la catástrofe medioambiental en curso como por la guerra nuclear total. Según se nos dice con conocimiento profundo (la ecología es una ciencia ya ampliamente desarrollada), los actuales modelos económicos de producción y consumo están produciendo desastres en el medio natural con consecuencias catastróficas y probablemente irreversibles. Actuar contra el capitalismo es actuar contra la injusticia, y más aún: es actuar a favor de la sobrevivencia de la vida en nuestro planeta. 

El capitalismo, guerrerista como es en su esencia, no puede prescindir de las guerras. Eso lo alimenta, es una escapatoria para sus crisis, es negocio. De hecho, en Estados Unidos, la principal economía capitalista, un 25% de su producto bruto interno viene dado por la industria militar, y uno de cada cuatro de sus trabajadores se ocupa en esa producción. Eso es una locura, sin salida, que nos tiene reservada la muerte como punto de llegada…¡pero eso es el capitalismo más desarrollado! 

Valga este ejemplo: de activarse todo el arsenal atómico disponible en este momento (que comparten unas pocas potencias capitalistas con Estados Unidos a la cabeza junto a Rusia y China) no quedaría ninguna forma de vida en el planeta. Más aún: colapsaría la Tierra, probablemente fragmentándose, con efectos igualmente tremendos para Marte y Júpiter, en tanto las consecuencias de la onda expansiva llegarían a la órbita de Plutón…, pero todo ese espectacular desarrollo científico-técnico no logra terminar con el hambre en el mundo (un muerto por inanición cada 7 segundos). ¡Eso es el capitalismo! 

Junto a esa catástrofe, tenemos el deterioro del medio ambiente. “Cambio climático” es un tendencioso eufemismo que encubre la verdad: el modelo depredador de desarrollo impulsado por el capitalismo ha provocado desastres monumentales en nuestro planeta. Si el clima cambia, no es por procesos naturales sino por la alocada intervención humana en búsqueda de lucro, de ganancia económica. 

Según la hipótesis conocida como Gaia, formulada por el científico Lovelock, el conjunto de la biosfera –la atmósfera, los océanos y la superficie externa de los suelos– se comporta como un todo coherente donde la vida –su componente característico– se encarga de autorregular sus condiciones esenciales tales como la temperatura, la composición gaseosa de la atmósfera, la composición química y salinidad en el caso de los océanos, etc. Gaia, con su infinita paciencia de millones de años, y desde el punto de equilibrio en que se estabilice ante cambios catastróficos que pudieran sobrevenir, comenzaría siempre un nuevo proceso evolutivo de la biosfera residual (sea a partir de reptiles, de hormigas o escarabajos, o simplemente de bacterias extremófilas). De esta forma, Gaia juega así como un sistema auto-regulador retroalimentado que tiende al mantener el equilibrio de la biosfera y conservar un entorno físico y químico óptimo para la vida en el planeta. Pero una interpretación interesadamente errónea de esta teoría desprecia las cautelas del Principio de Precaución alegando que no hay que preocuparse por las agresiones ambientales humanas, pues el planeta se encarga de autorregularse. Lamentablemente ello no es así; hay más que sobrados motivos para preocuparnos: la intervención del ser humano está creando condiciones que pueden hacer imposible la continuación de la regulación. 

La composición gaseosa de la atmósfera no es una constante universal, aunque haya permanecido invariable desde la aparición de la especie humana, desde hace dos millones y medio de años, con el Homo Habilis en el África, hasta ahora. A cada composición distinta de la atmósfera han ido correspondiendo otro espectro bacteriano y otros seres vivos primitivos (animales y plantas). La proporción de la atmósfera ha ido variando sucesivamente hasta llegar a la composición actual. En estos momentos la proporción de los gases de la atmósfera (21 % de oxígeno, 78 % de nitrógeno, 0.032 % de dióxido de carbono –CO2–) es vital para nuestra supervivencia (solo pudieron aparecer el ser humano y los mamíferos superiores cuando se alcanzó ese nivel), siendo muy estrecho el margen de variación que podemos tolerar. Esta atmósfera es la que ahora se está modificando por las actuaciones del propio ser humano (por su voracidad de ganancia económica). Los registros del contenido de CO2 (que se remontan hasta hace 800.000 años) indican que actualmente la proporción es la mayor que existió durante todo el tiempo registrado, y sigue aumentando continuamente por encima de lo previsto por los científicos. Paralelamente, también se está acelerando el deshielo en los polos y glaciares más rápidamente de lo previsto. 

Se tiende a evaluar el transcurso del tiempo por la duración de la vida humana o de una generación. Esta consideración cortoplacista nos hace insensibles ante cambios sustanciales en la evolución de la biosfera que está produciendo la actividad humana, (a pesar de que su aceleración es miles de veces superior a la evolución previsible naturalmente) y sin que, como interesadamente podría decirse, "haya ocurrido ninguna catástrofe contrariando lo que algunos pronosticaban" . Pero eso da una falsa sensación de seguridad, con lo que se puede despreciar –no sin cierta cuota de irresponsabilidad, o arrogancia incluso–, el Principio de Precaución. La aparición de signos ostensibles de alteración significativa de la biosfera es lenta, por la gran inercia debida a sus mecanismos de estabilidad y autorregulación. Sería ingenuo pensar que se puede producir una catástrofe inmediata, pero sería una gran ceguera no querer percibir que se están produciendo alteraciones muy sustanciales y significativas. Cuando la estabilidad de la autorregulación se rompe y empieza a moverse hacia un cambio orientado (orientado en este caso hacia la regresión), la regresión es ya imparable. Una vez desencadenado el proceso, ya no hay marcha atrás y se retroalimenta. Si el proceso en marcha llega a superar la capacidad de reacomodamiento de la biosfera (que no sabemos hasta dónde llega), sería humanamente indetenible un encadenamiento de causas y efectos que se aceleraría progresivamente hasta hacer totalmente irrespirable el aire y el agua para los vertebrados superiores y que podría arrasar con todo tipo de vida. 

II 

Entre otras de las manifestaciones que evidencian ese proceso, puede mencionarse el llamado cambio climático.  El mismo muestra la quiebra del equilibrio autorregulado de la biosfera ,  cuya evolución ha sido tan rápida que sus consecuencias ya son visibles, pero serán más amplias de lo que suele señalarse y más aceleradas de lo que se preveía. Actualmente la alarma por la degradación de la biosfera se centra principal y casi exclusivamente en el cambio climático (si bien existe una información engañosa afirmando que se están tomando medidas que lo pueden controlar) pero, con ser muy grave, no es el principal peligro que amenaza a la biosfera, que es el causado por la contaminación genética. Ese “engaño” con que se mantiene a la población mundial muestra una pretendida preocupación por el medio ambiente, llegándose a hablar de “responsabilidad social empresarial”. Pero mientras en la última Cumbre de la Tierra en París, a fines del año 2015, se hacían pomposas (y mentirosas) declaraciones en pro del medio ambiente, al mismo tiempo, a escasos metros de la reunión se llamaba a consumir ferozmente en vísperas de las fiestas navideñas. 

La base de la autorregulación de la biosfera son las bacterias cuya masa es enorme, mucho mayor que la masa y volumen de todas las plantas y animales del planeta. El conjunto de seres vivos microscópicos (bacterias, amebas, protozoos, algas unicelulares) regula las condiciones de la biosfera, y la composición gaseosa de la atmósfera. 

Las bacterias continuamente están intercambiando genes y captando plásmidos y segmentos de ácido desoxirribonucleico –ADN– por transferencia horizontal de genes –THG–, por lo que rápidamente son afectadas por la contaminación genética, trasmitiendo a otras bacterias (de la misma o distinta especie) los genes o fragmentos de ADN adquiridos, y difundiéndolos por todo el planeta. Se ha comprobado que las bacterias captan con especial avidez aquellos genes o secuencias genéticas que las confieren mayor agresividad, virulencia, o defensa ante las perturbaciones, por lo que las secuencias captadas suelen hacerlas más letales, facilitar su resistencia a ser agredidas por los antibióticos y facilitar su salto a otros hospedadores distintos de aquellos sobre los que actuaban específicamente. Por lo tanto tienden a capturar los módulos o secuencias de ADN que facilitan atravesar la barrera entre especies difundidos por la liberación ambiental de cultivos transgénicos, lo que amplía la gama de posibles hospedadores de las bacterias. Las bacterias son la base de la vida; si desaparecieran, la biosfera colapsaría y desaparecería inmediatamente toda la vida vegetal y animal del planeta. Puesto que ellas intervienen en todos los procesos fisiológicos y bioquímicos vitales, todo lo que altere el comportamiento bacteriano repercute a través de ellas en los seres vivos. 

La fácil captura por las bacterias de módulos genéticos añadidos a los cultivos transgénicos induce alteraciones en el universo bacteriano, que se trasmiten a los organismos simples de amebas, protozoos, algas unicelulares oceánicas, etc., cuyo conjunto es responsable de la autorregulación que mantenía la composición gaseosa de la atmósfera constante y respirable para los seres humanos. La contribución de las plantas superiores (selvas latinoamericanas -Amazonas, Petén-, del sureste asiático, etc.) es solo una parte de la regulación, que no sería suficiente por sí sola para sostener la autorregulación gaseosa de la atmósfera (también la productividad de la masa vegetal de los bosques depende, además de la fotosíntesis, de procesos bacterianos edafógenos). La alteración repentina y artificial del espectro bacteriano (“contra natura”, al violar la barrera entre especies) conduce inexorablemente a otra situación de equilibrio y a otra composición gaseosa de la atmósfera. 

En conclusión, la composición gaseosa de la atmósfera está amenazada: 1) ante todo, por la alteración de los sistemas bacterianos debida a los promotores y vectores artificiales fabricados por síntesis del ADN recombinante. Esto afecta directamente a la actividad fotosintética que realizan las bacterias, y también afecta indirectamente a la fotosíntesis, por la intervención bacteriana en el desarrollo de los vegetales y en la formación de los nutrientes del suelo necesarios para su desarrollo; 2) por alteración en la composición, distribución y eficiencia de los sistemas bacterianos debida al cambio climático; 3) por la presencia de nuevos compuestos químicos, caracterizados en general por tener intensa actividad catalítica, mutágena o disruptora de procesos bioquímicos a los que las diversas especies de bacterias (como también los organismos superiores) tienen muy distinta sensibilidad, por lo que se altera la composición cualitativa y cuantitativa de los sistemas bacterianos, y con ello la naturaleza y proporción de los gases emitidos que pasan a ser componentes de la atmósfera. 

En otros términos: la situación de la biosfera es mucho más grave que las estimaciones más catastrofistas habituales; y ni que hablar de la versión “light” que cierta prensa del sistema presenta, queriendo reducir su mitigación a nuevas fórmulas técnico-científicas de acción rápida. 

Sería ineficaz (y tardío para la biosfera) intentar cambiar algunas piezas sin desmontar toda la maquinaria de raíz; es decir: hay que detener los actuales modelos de relacionamiento con la naturaleza, proponer vías nuevas, alternativas viables válidas realmente para la totalidad de la población mundial. Por supuesto que es imperiosamente cierto y necesario aquello de “otro mundo es posible”. Pero no basta con decirlo; es hora de hacer el bosquejo de ese mundo alternativo, de realizar el diseño de las líneas generales de la alterglobalización. Es decir: un sistema alternativo que sea técnicamente posible con la prudente y justa utilización los recursos existentes. No podemos seguir los modelos de consumo “alocado” que ha generado el capitalismo porque ello no tiene salida. 

III 

Esto nos lleva a un profundo problema: ¿para dónde ir entonces?, ¿cómo darle forma a la utopía de un nuevo mundo? Proponer nuevos paradigmas de producción y consumo hoy, en un mundo hiper tecnológico donde el confort material se presenta como el paraíso a la mano producto de nuestro imparable desarrollo científico, no significa “volver a las cavernas”, no implica renunciar a las conquistas tecnológicas positivas ni a los ingentes recursos culturales disponibles. Todo lo cual abre interrogantes fundamentales. 

El ideario del socialismo científico clásico no reparó en estos temas ecológicos porque en el momento de su fundación, en el siglo XIX, aún se vivía la euforia de la naciente revolución científica positivista, y la confianza en las nuevas ciencias parecía infinita. Y además, porque la flamante industria (“el progreso” por antonomasia en aquel momento) aún no había confrontado a la humanidad con los desastres medioambientales que hoy, ya entrado el siglo XXI, tenemos presente. 

Ahora bien: el desastre no está en la industria misma, ni en las tecnologías aplicadas ni en los conceptos científicos que la sustentan. El desastre está en el modelo económico en que se insertan. Dicho en términos de pensamiento marxista: no está en la forma de las fuerzas productivas del trabajo social sino en el modo de producción. Un sistema que se basa enteramente en el mercado, en el lucro individual, por fuerza tenía que desembocar en el disparate actual, con un desastre ecológico de proporciones globales: la producción no está al servicio de llenar necesidades básicas sino, ante todo, en función de la ganancia privada. Se produce cualquier cosa solo en función de venderla, aunque ese producto sea innecesario, contraproducente, peligroso o dañino. Para eso están las técnicas publicitarias (¿neuromarketing?): “la creación de necesidades y deseos, la creación de la insatisfacción por lo viejo y fuera de moda” , manifestó el gerente de la agencia publicitaria estadounidense BBDO, una de las más grandes del mundo, refiriéndose al núcleo de su trabajo. 

En esa lógica, el ser humano y la naturaleza son sóo instrumentos para lograr la meta. La promoción casi infinita de necesidades superfluas marca el ritmo de toda la dinámica humana actual; y eso, en vez de ayudar a la búsqueda del equilibrio, promueve mayores asimetrías sociales y mayor descalabro con el medio ambiente. La actual catástrofe ecológica lo pone en evidencia en forma alarmante. 

Por otro lado, ese mismo modelo en que el poder es ejercido por un grupo dominante sobre una gran mayoría, da como resultado una ideología violenta centrada en la superioridad de uno sobre otros y que se mantiene en el ejercicio de la fuerza bruta como garantía final que resguarda el estado de cosas. Es decir: el que tiene el garrote más grande sigue siendo el que manda. De ahí que la proliferación de armas de destrucción masiva –para el caso: energía atómica (12.000 misiles nucleares con ojiva nuclear diseminados por todo el mundo, 6.000 pertenecientes a Estados Unidos)– contribuye también al ataque medioambiental en curso. 

Como primera cuestión, entonces, para evitar que se pueda concretar esa catástrofe en ciernes, hay que cambiar las relaciones de poder, las relaciones entre explotadores y explotados, entre mega consumidores y famélicos (un tercio de la humanidad pasa hambre). Si hasta el mismo fundador del liberalismo económico clásico, el inglés Adam Smith pudo decirlo 200 años atrás (obviamente sin pensar en lo mismo que piensa el socialismo): " no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados", es imperiosamente necesario terminar con esas diferencias para buscar un mundo más vivible. Pero al mismo tiempo, hay que apuntar a una serie de medidas que permitan la sostenibilidad de la vida humana, que nos alejen de la posibilidad de nuestra autodestrucción. La actual distribución de la riqueza es infinitamente injusta: se produce un tercio más de la comida necesaria para alimentar a toda la humanidad, mientras la primera causa de muerte es el hambre. ¡Eso y no otra cosa es el capitalismo!, aunque la maquinaria publicitaria nos muestre escaparates llenos y la “libertad de elección”. 

Además de terminar con esas inequidades, con esa “enfermedad” de las relaciones económicas (enfermedades de las relaciones de poder entre los seres humanos mejor dicho), hay que terminar con el modelo de producción y consumo en el que el capitalismo nos ha metido, paradigma sumamente dañino, disfuncional, agresivo. Entre otras cosas, es necesario reequilibrar la proporción de habitantes que vive en el medio rural y en el medio urbano. La ciudad –más aún las macrourbes que no dejan de crecer, con todos los problemas sociales asociados que conllevan– es radicalmente insostenible. Difícilmente se puede conseguir un planeta sostenible cuando la población urbana ha superado ya a la que vive en el medio rural (51 % contra 49 %). Pero para fijar la población en el medio rural es necesaria una agricultura en manos de pequeños agricultores y de verdaderas cooperativas campesinas, junto a la pequeña industria de transformación de los productos agropecuarios. Una agricultura ecológica, que demanda mano de obra abundante, conserva la biocenosis edafógena de los suelos, evita la contaminación ambiental permitiendo una alimentación sana y nutritiva. Es decir: el socialismo deberá entenderse como la búsqueda de un equilibrio social sin explotadores ni explotados (ni clases sociales, ni géneros dominantes, ni supremacías étnico-culturales) además de un real respecto por nuestra casa común: la naturaleza. 

IV 

Si el planeta común es de todos, a todos afecta su destrucción. No debe haber transculturización súbita sino desarrollo endógeno, solidario, sostenible. La globalización puede ser una buena noticia en la historia humana, pero dependiendo de cómo y para qué se haga. Si globalización es obligar a toda la humanidad a tomar Coca-Cola y a cambiar el modelo de teléfono celular cada año, eso es un disparate absoluto, injusto e irracional en términos de sobrevivencia. Luego de las primeras experiencias socialistas del pasado siglo, tomando sus gestas heroicas y todo lo bueno que de ellas continúa vigente como legado imperecedero, hoy día d e lo que se trata es de refundar una nueva conciencia socialista pensando en una nueva globalización, que obviamente no es la neoliberal en boga. Junto a la globalización de la multinacionales voraces se debe levantar la globalización de la solidaridad; junto a la globalización del hiper consumo irresponsable se debe proponer un proyecto de vida responsable con nuestro medio natural. La idea de “desarrollo sostenible” propuesta desde un marco capitalista –allá por 1987, en el documento “ Nuestro futuro común” elaborado por la entonces Primera Ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland– sin dudas marca un camino. Se definía allí como sostenible“aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, noción que recoge la preocupación creciente entre los sectores de poder del mundo capitalista que ya veían el desastre ecológico a que estaba llevando el modelo consumista en curso. Retomando esa propuesta, y pensando en un enfoque socialista que supere la irracionalidad del mercado y la producción basada en el lucro, es preciso encarar ese “otro mundo posible” con la responsabilidad del caso. 

Terminar con el consumismo no significa volver para atrás en la historia, desechar el confort que nos posibilitan las tecnologías modernas. Hoy día, mientras muere de hambre una persona cada siete segundos a escala planetaria, un tercio de la población estadounidense y un porcentaje creciente de la población europea es obesa, sabiéndose que una dieta mejor y más austera sería mejor solución para resolver ese problema (el de la obesidad) en vez de aumentar el gasto dedicado a investigar sobre el gen de la gordura como actualmente se hace (y que, seguramente, nunca se va a encontrar). Pero no obstante la locura en juego, de la que los sectores de poder son conscientes, en vez de cambiar hábitos de consumo se continúa con “más de lo mismo”. Ello evidencia, en definitiva, que el sistema tiene una fuerza determinante sobre las individualidades. Si la tónica es consumir, porque así lo manda el mercado o la clase dominante –“la ideología dominante es la ideología de la clase dominante”–, mientras no haya cambio de sistema, difícilmente se pueda cambiar algo profundo en forma sostenible. 

De todos modos, viendo el desastre en juego, en el seno mismo de la economía capitalista se han prendido señales de alarma. Ante una economía a todas luces enferma, se llegan a plantear opciones que, sin tocar la estructura de base, intentan paliativos. Surgió así, como decíamos, la idea de desarrollo sostenible, del que luego se sigue la noción de “crecimiento cero”, para llegar en la actualidad a la idea de “decrecimiento”. Según lo presenta con claridad Francisco Fernández Buey, “lo que los teóricos del decrecimiento [Serge Latouche, Vincent Cheynet, François Schneider, Paul Ariés, Mauro Bonaiuti] llaman economía sana o decrecimiento sostenible se basaría en el uso de energías renovables (solar, eólica y, en menor grado, biomasa o vegetal e hidráulica) y en una reducción drástica del actual consumo energético, de manera que la energía fósil que actualmente se utiliza quedaría reducida a usos de supervivencia o a usos médicos. Esto implicaría, entre otras cosas, la práctica desaparición del transporte aéreo [valga decir que el 94 % de los seres humanos no ha viajado nunca en avión] y de los vehículos con motor de explosión, que serían sustituidos por la marina a vela, la bicicleta, el tren y la tracción animal; el fin de las grandes superficies comerciales, que serían sustituidas por comercios de proximidad y por los mercados; el fin de los productos manufacturados baratos de importación, que serían sustituidos por objetos producidos localmente; el fin de los embalajes actuales, sustituidos por contenedores reutilizables; el fin de la agricultura intensiva, sustituida por la agricultura tradicional de los campesinos; y el paso a una alimentación mayormente vegetariana, que sustituiría a la alimentación cárnica. En términos generales todo esto representaría, en suma, un cambio radical de modelo económico, o sea, el paso a una economía que, en palabras de los teóricos del decrecimiento, seguiría siendo de mercado, pero controlada tanto por la política como por el consumidor” . Vemos así que, incluso sin salirse de un planteamiento económico capitalista, la magnitud de la catástrofe ecológica que se vive lleva a plantear soluciones en forma urgente. Es que los problemas acumulados por este modelo económico son tantos que, sin cambiar el mundo, sin cambiar la estructura social de base, sin modificar las relaciones de poder entre clases, ya comienza a haber conciencia que el camino que transita hoy la humanidad no conduce sino a problemas, quizá insolubles y catastróficos. ¿Será que las elites ya tienen preparada su nueva morada fuera de este invivible planeta? La ciencia ficción siempre queda superada por la realidad cruda y dura. 

Pero no sólo se trata de buscar paliativos para no intoxicarnos. Debemos apuntar a un cambio radical en la manera de llevar la vida, buscando justicia y buscando seguir sobreviviendo como especie. La progresiva falta de agua dulce, la degradación de los suelos, los químicos tóxicos que inundan el globo terráqueo, la desertificación, el calentamiento global, el adelgazamiento de la capa de ozono que ha aumentado un 1.000% la incidencia del cáncer de piel en estos últimos años, el efecto invernadero negativo, el derretimiento del permagel, la posibilidad de un descalabro universal a partir de la contaminación genética producto de los transgénicos o de una guerra nuclear total son todas consecuencias de un modelo depredador que no tiene sustentabilidad en el tiempo. ¿Cuánto más podrá resistirse esta devastación de los recursos naturales? Las sociedades agrarias llamadas “primitivas” (llamadas así por los ¿desarrollados? países industrializados), o inclusive las tribus del neolítico que aún se mantienen en la actualidad, son mucho más racionales en su equilibrio con el medio ambiente que el modelo industrialista consumidor de recursos no renovables que abrió el capitalismo. Si buscamos un nuevo mundo, una nueva ética, nuevos y superadores valores, la cultura del consumo debe ser abordada con tanta fuerza revolucionaria como las injusticias sociales. 

Tener un planeta más sano significa tener una economía más sana. Y el capitalismo ya ha dado repetidas muestras de estar “enfermo” crónicamente, aunque se lo siga haciendo continuar con respiradores artificiales. Por lo tanto, no quedan más alternativas que ayudarlo a morir de una vez para hacer nacer algo nuevo y superador.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214216

En consecuencia, a 200 años necesitamos suscitar la atención de una creciente mayoría en el sistema mundo capitalista cuyo extractivismo está destruyendo Nuestra América y sobre las luchas contra ese avasallamiento de derechos. Es crucial la puesta en debate de cómo los gobiernos progresistas también sacrifican a sus pueblos en favor de la globalización:

 

“Quieren que agachemos la cabeza,

mientras no lo logren, seguimos victoriosas”

6 de abril de 2012 

 

 

Mujeres Defensoras por la Pachamama se define de la siguiente manera en su bloghttp://defensoraspachamama.blogspot.com/:

 Somos Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Ambientales, de Género, y de la Pachamama (Madre Tierra), que pertenecemos a comunidades afectadas por megaproyectos mineros de grandes corporaciones, y también por minería de empresas nacionales que han contaminado ríos de los que nos abastecemos para nuestras necesidades vitales. El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama se constituyó el 13 de febrero de 2008 en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, ECUADOR, con mujeres de comunidades en resistencia a las transnacionales mineras: International Minerals Corporation (IMC), EcuadorGOLD,IAMGOLD, Corriente Resources, entre otras. Junto con mujeres afectadas por la minería de Guatemala, Venezuela, Perú y Bolivia fundamos en marzo de 2008 la UNION LATINOAMERICANA DE MUJERES (ULAM)”.

 

Los enviados especiales de el Puelche, Miguel y Estela, que a partir de esta entrevista inician la serie de reportajes y entrevistas "Viajando por la profunda América”, entrevistaron  a Rosa Gutama Chuñir, miembro del directorio de Mujeres Defensoras de la Pachamama.

 

¿Cuéntanos sobre la historia de la organización de las defensoras de la Pachamama?
¿Quiénes son? ¿Por qué  se organizan? ¿Cómo funciona su organización?

Al iniciar esta entrevista quiero presentarme: mi nombre es Rosa Gutama Chuñir, soy de la parroquia Molleturo, y miembro del Directorio del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, y de parte de todas mis compañeras les agradecemos por este entrevista. Es muy importante para nosotras los espacios que nos abren para difundir lo que estamos pasando en Ecuador.

 

Contestando ya a las preguntas planteadas les puedo manifestar que el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama se constituye en la provincia del Azuay en febrero del 2008 como resultado de grandes movilizaciones de las comunidades afectadas por la presencia de empresas mineras nacionales y transnacionales, que tienen sus proyectos generalmente en las partes altas de las comunidades donde nacen las vertientes de agua, ríos y poseen de gran cantidad de lagunas, los mismos que proveen a todas las comunidades que viven aguas abajo y que de ello se desarrolla la agricultura y ganadería de las que se abastecen las familias campesinas.

 

El Frente está conformado por mujeres campesinas de comunidades afectadas por megaproyectos de minería y también mujeres de la ciudad de Cuenca que están conscientes de las graves amenazas que atentan contra la sobrevivencia de los habitantes de la provincia y de nuestra Pachamama. Nuestro fines se resumen en la defensa de los derechos Humanos, Ambientales, de las Mujeres y de la Madre Tierra.

Nos organizamos porque creemos y sabemos que la única forma para que los pueblos, las comunidades, el sector campesino y las bases populares se desarrollen y salgamos de la opresión de este sistema capitalista que vivimos, es el de la organización de las masas y la educación constante.

 

Funciona a través de la Asamblea General, que es la instancia superior y máxima autoridad de decisión, el Directorio que es un ente quien ejerce la representación y conducción permanente de la organización, y las Comisiones como son de: Educación, Comunicación y Difusión, Incidencia y Acción Política, Fortalecimiento Organizativo, Asuntos Jurídicos y de Protección, Alternativas Sustentables, Cultura y Recreación.

¿Que trabajo están realizando en cuenca, con las comunidades afectadas por la minera en Azuay? ¿Qué problemática enfrentan? ¿Con que comunidades trabajan? ¿Cómo difunden sus actividades?
Tanto en Cuenca como en las comunidades se ha emprendido una campaña de capacitación e información sobre la problemática de la minería, sus impactos sociales y ambientales, tanto en los centros educativos como en otros espacios, en especial, en los medios de comunicación.

 

Entre otras acciones, en el ámbito legal por ejemplo, se está llevando adelante una queja en la Dirección Nacional de Protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en torno al proyecto minero Río Blanco de la empresa IMC ubicado en la parroquia Molleturo, aspiramos que en los próximos días se ejecute una Acción por Incumplimiento en contra del Ministerio de Recursos No Renovables, por no haber aplicado el Mandato Minero emitido por la Asamblea Constituyente en el 2008 por el cual debieron haber quedado extinguidas las concesiones de esta minera.

 

Una de los problemas más grandes es que las socias del Frente de Mujeres al salir a protestar por las ilegalidades e injusticias que se dan en torno a los proyectos mineros y la forma ilegal e inconstitucional como las empresas han adquirido sus concesiones, el Estado nos ha criminalizado, es así que varias mujeres del Frente hemos sido encarceladas injustamente, perseguidas judicialmente, es más, hasta la fecha hay mujeres que están con sus juicios pendientes. Muchas socias de la organización fuimos enjuiciadas en el 2009 con graves acusaciones como “terrorismo organizado”, mujeres campesinas casi de la tercera edad tuvieron que sufrir esta terrible persecución por parte del gobierno actual.

 

El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama de momento se encuentra trabajando en la parroquia Molleturo, Victoria del Portete y Tarqui, donde se realizan diferentes programas culturales y sociales, el trabajo en los huertos familiares agroecológicos, eventos como Asambleas Ambientales, Diálogos por la Vida conjuntamente con otras organizaciones fraternas, talleres de capacitación sobre derechos de género, talleres con los jóvenes, foros, concursos y otros eventos. Inclusive hemos motivado la creación de un Colectivo Juvenil de Audiovisuales a través de talleres de video con estudiantes de la ciudad de Cuenca, el cual trabajará conjuntamente con el Frente en la producción de material para denunciar lo que está pasando en nuestras comunidades.

 

En los próximos días realizaremos lo que denominamos “Jornadas de Defensa por el Día Mundial de la Tierra”, como parte de las que se está convocando al III Concurso Estudiantil de Periódicos Murales, II de Video y I de Pintura con el tema: “Juventud y Derechos de la Naturaleza”.

Al momento el Frente tiene varios medios para la difusión de nuestras actividades a cargo de nuestra Comisión de Comunicación y Difusión; tenemos un correo electrónico por el que mantenemos comunicación contante con personas, organizaciones, instituciones y medios, tanto a nivel nacional e internacional, mantenemos un blog y páginas en facebook y twitter. También permanentemente visitamos medios de comunicación en Cuenca que es la capital de la provincia y organizamos ruedas de prensa. Además contamos con la colaboración de varias organizaciones fraternas y medios alternativos que nos ayudan en la difusión.


¿Ecuador ha firmado el convenio 169 de la OIT? y ¿en qué medida se desarrolla la autonomía de los pueblos originarios y la autodeterminación de estos?
Lamentablemente en el Ecuador estamos atravesando una etapa donde sus autoridades hacen lo que a ellos les parece, tal es el caso con la minería, existe un Mandato Minero emitido por la Asamblea Constituyente de plenos poderes, el Estado no ha querido aplicarlo, violando los derechos sociales y económicos de las comunidades y a decidir sobre actividades extractivas en sus territorios. En tal caso, se ha tratado de callar al pueblo cuando este ejerce su derecho reconocido en la actual Constitución. Además violando el Art. 3 numeral 2 del convenio 169 de la OIT que hace referencia a que no aplicará ningún tipo de fuerza ni coerción que viole nuestros derechos, cuando lo que primero hace el Estado es actuar con agresión y fuerza cuando reclamamos pos nuestros derechos.

Hemos manifestado siempre como Frente de Mujeres la preocupación que tenemos por la inobservancia de los tratados internacionales, lo cual viola a su vez lo que está escrito en la Constitución vigente, pero el Presidente Rafael Correa a expresado claramente que no tiene por qué consultar a las comunidades en caso de los proyectos mineros, que están declarados estratégicos y de interés nacional, y además según él, en todos los casos se ha cumplido con la Consulta, pero nosotras venimos exigiendo que se demuestre documentadamente esto desde el 2008 y hasta la fecha no lo han hecho. Por lo tanto, es para nosotras muy importante insistir en que no se ha dado la Consulta Previa en ninguno de los mega proyectos mineros, violando totalmente lo establecido en el convenció de la OIT.

¿Que opinión  tienen sobre la marcha que se realiza en estos días en Ecuador encabezada por la CONAIE?
Como organización de bases que hemos venido luchando por la problemática minera desde varios años atrás, rechazamos rotundamente que de un tema que es bastante delicado para nosotras, se haya utilizado por ciertos grupos o movimientos, quienes a nombre de la defensa del agua, pretenden hacer plataforma electoral para acumular votos ya que se acercan las próximas elecciones en Ecuador. Este tipo de manipulación ha hecho que las organizaciones populares se vayan debilitando y ha causado división.

Nosotras sabemos que sólo una lucha consiente, lejos de intereses particulares o electoreros va a llevar a un proceso de verdadero cambio.

Sin embargo podemos decir de lo que hemos constatado que en el caso de Azuay la convocatoria tuvo eco debido a la preocupación que existe sobre los proyectos a gran escala que se pretenden llevar adelante como son Quimsacocha y Río Blanco. Pero es también evidente que la mayoría de la ciudadanía permanece inactiva y aún la propaganda gubernamental cala en ciertos sectores.

¿Conocen y se relacionan con otras resistencias de pueblos originarios del continente?
Como Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, somos parte de la Unión Latinoamericana de Mujeres – ULAM, la cual conformamos mujeres de diferentes países como Perú, Guatemala, Venezuela y Bolivia, en muchos de estos casos con mujeres indígenas que ya están viviendo la afectación por la presencia de empresas mineras transnacionales, tal es el caso de Guatemala, mujeres de las comunidades El Estor, Izabal, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, San Juan Sacatepéquez, entre otros.

Nosotras apostamos al proceso de ULAM como un espacio estratégico de articulación de las mujeres afectadas por la minería en distintos países que estamos sufriendo los mismos problemas y por tanto debemos buscar estrategias comunes para enfrentarlos. Además a través de nuestra relación con otras comunidades afectadas conocemos directamente la realidad de minería a gran escala, lo cual nos ha ayudado mucho en la comprensión del problema ya que en Ecuador no teníamos este tipo de minería.

Como parte de ULAM hemos desarrollado importantes eventos, justamente en el 2008 se realizó en Cuenca el ENCUENTRO LATIONOAMERICANO DE LIDEREZAS y fue aquí que se conformó ULAM, y poco a poco se ha venido consolidando esta red que próximamente obtendrá personería jurídica, por lo que el próximo año tendremos una Asamblea General en Lima donde elegiremos nuestro Directorio.

Por favor manda un mensaje a los otros pueblos del continente que están desarrollando procesos de autonomía y autodeterminación.
Saludamos y nos solidarizamos con las organizaciones de bases, trabajadores, estudiantes, campesinado que luchan por sus derechos por encima de intereses particulares, sino con el único fin que es el bien común.

De nuestra experiencia propia sabernos que cuando los pueblos tienen el valor de levantar la voz y denunciar toda la explotación e injusticia, en seguida le cae el aparato represor del Estado, que con todo el peso de la ley criminaliza la protesta social, ley que está hecha a favor de los intereses de este sistema.

Pero jamás hay que darse por vencidos, nuestros derechos va por encima de sus intereses y eso hay que hacer prevalecer, demandar y exigir que todas las declaraciones, tratados y convenios internacionales no se queden en meros enunciados.

Nosotras tenemos un lema que nos ha fortalecido en los momentos difíciles que nos ha tocado pasar con la represión y persecución:

“Quieren que agachemos la cabeza,

 

mientras no lo logren, seguimos victoriosas”

 

 

DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA

Entrevista a Rosa Gutama del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama

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Escuchar el audio (4:40) 22 Abril - Día de la Tierra [+]

Fuente: http://prensalibrepueblosoriginarios.blogspot.com.ar/2012/04/ecuador-mujeres-defensoras-de-la.html

 

 

Advirtamos: "un gobierno que se autodenomina como “revolucionario” y anti-capitalista, ha decretado la subordinación del país a los intereses de grandes corporaciones transnacionales mineras, un proyecto extractivista depredador que compromete el futuro del país con previsibles consecuencias etnocidas para los pueblos indígenas.

Por todas estas razones es urgente denunciar y luchar hasta lograr su total derogación".

 

 

 

Decreto del Arco Minero del Orinoco

Un ataque a la vida y un criminal desconocimiento de los pueblos indígenas

23 de mayo de 2016

Por Edgardo Lander (Rebelión)

La explotación minera -sobre todo en la extraordinaria escala que se contempla en el Arco Minero del Orinoco- significa obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. Todo esto por decisión presidencial, con ausencia total de debate público, en un país cuya Constitución define a la sociedad como “democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural”.

Lejos de representar una mirada estratégica alternativa a la lógica rentista que ha predominado en el país durante un siglo, constituye este decreto una decisión de profundizar el extractivismo y acentuar dicha lógica rentista. Los casi 112 mil kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional) del Arco Minero incluyen selvas tropicales húmedas, grandes extensiones de sabanas de frágiles suelos, una extraordinaria biodiversidad, críticas fuentes de agua y territorios de pueblos indígenas. Todo esto amenaza con ser devastado si se lleva a cabo lo contemplado en este decreto:

El régimen previsto en este decreto tiene como objetivo prioritario, la creación de los estímulos necesarios para incrementar las capacidades de aprovechamiento de las potencialidades de los recursos minerales en el Arco Minero del Orinoco, en sintonía con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. (Artículo 4)

 

La gran minería es incompatible con la preservación ambiental

No hay ninguna tecnología de minería en gran escala que sea compatible con la preservación ambiental. Las experiencias internacionales en este sentido son contundentes.

En regiones boscosas, como buena parte del territorio del Arco Minero, la minería en gran escala, a cielo abierto, produce necesariamente procesos masivos e irreversibles de deforestación. La rica biodiversidad de la zona sería severamente impactada, generándose la pérdida de numerosas especies. Los bosques amazónicos constituyen una defensa vital en contra del calentamiento global que afecta al planeta. La deforestación de estos bosques implica simultáneamente un incremento de la emanación de gases de efecto invernadero y una reducción de la capacidad de dichos bosques de absorber/retener dichos gases, acelerando así el calentamiento global. Las consecuencias de estas acciones transcienden en mucho al territorio nacional. En lugar de otorgarle prioridad a la necesidad urgente de frenar los actuales procesos de deforestación generados por la explotación ilegal del oro, la ganadería y la explotación maderera, con la legalización y promoción de las actividades mineras en gran escala contempladas en el territorio del Arco Minero del Orinoco, se produciría una fuerte aceleración de esta dinámica deforestadora.

 

El mineral a explotar en el cual el gobierno ha hecho más énfasis ha sido el oro. De acuerdo al Ministro de Petróleo y Minería y Presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, se estima que las reservas auríferas de la zona serían de 7.000 toneladas, lo que a los precios actuales representaría unos 280.000 millones de dólares. 1

Para la explotación del oro se utilizan agentes altamente contaminantes de suelos y aguas, especialmente cianuro y mercurio. La vida acuática de los ríos de esta zona ha venido siendo contaminada por la actividad minera desde hace décadas, poniendo en peligro la salud tanto de los habitantes de la zona como de quienes viven río abajo. Mucha de la población de esta región presenta en la actualidad elevados niveles de contaminación mercurial. El proyecto del Arco Minero, en lugar de responder a la urgencia de tomar medidas para reducir estos niveles de toxicidad, tendría como resultado una expansión masiva de ésta.

La explotación de oro a cielo abierto exige excavar inmensos volúmenes de terreno por cada unidad de oro extraída. Las nuevas tecnologías de la minería a cielo abierto hacen rentable (para las empresas, claro está), la explotación cuando el oro se encuentra en concentraciones hasta de un gramo por tonelada de material removido, esto es, una relación de un millón a uno. De mantenerse esta relación, para extraer durante los próximos 70 años las siete mil toneladas de oro que han sido anunciadas por el gobierno, sería necesario remover unos siete mil millones de toneladas de material, inmensos cerros de desechos, muchos de ellos contaminados con arsénico y otros tóxicos, que alterarían dramática e irreversiblemente todo el ambiente de la zona. Dados estos volúmenes, toda afirmación en el sentido de que se podría recuperar el territorio a su estado original no pasan de ser una irresponsable fantasía.

Una vez que estos inmensos volúmenes de material son removidos y triturados, el método más eficiente para la recuperación del oro es la lixiviación con cianuro lo que requiere grandes lagunas tóxicas que si no están bien impermeabilizadas contaminan los suelos y las y aguas subterráneas. Como lo ha demostrado la experiencia internacional, estas lagunas pueden derramarse con catastróficas consecuencias.

Este decreto constituye una abierta violación de derechos y responsabilidades ambientales taxativamente establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela , por la legislación ambiental vigente y por acuerdos internacionales suscritos por el país como el Convenio de Diversidad Biológica . De acuerdo al artículo 127 de la Constitución :

Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. [...]

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

Todo esto se deja a un lado en las políticas definidas en el decreto. En primer lugar, pese a estas expresas normas constitucionales, el territorio abierto a la explotación minera incluye Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), Parques Nacionales, Reservas Forestales como Imataca, Monumentos Naturales y lugares sagrados de los pueblos indígenas.

De acuerdo al Artículo 129 de la Constitución:

Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. (...)

En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la ley.

Las decisiones sobre la apertura de casi 112 mil kilómetros cuadros a la minería en gran escala, y la convocatoria a empresas mineras transnacionales se ha realizado antes de la realización de estudio alguno de impacto ambiental. De acuerdo al Presidente del Banco central de Venezuela, Nelson Merentes, el gobierno ya ha suscrito alianzas y acuerdos con150 empresas nacionales y transnacionales, “ quienes, a partir de entonces, podrán ejecutar labores de exploración, para certificar las reservas minerales, para luego pasar a la fase de explotación de oro, diamante, hierro y coltán”. 2 Se desconoce el contenido de estos acuerdos. De acuerdo al Artículo 10 del Decreto:

El Plan de Desarrollo Específico de la Zona deberá ser elaborado en un lapso de seis (6) meses, contado a partir de la publicación del presente Decreto en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Para el mes de agosto del año 2016 debería estar finalizado el “Plan de desarrollo específico”, lo que requeriría, necesariamente, la evaluación de los impactos ambientales. Si esto se contempla hacerlo en tan breve tiempo, es posible imaginar la poca profundidad y baja calidad de los estudios previstos.

 

Los pueblos indígenas

En la amplia franja de territorio denominada Arco Minero del Orinoco habitan diversos pueblos indígenas, entre otros: Warao, E´Ñepa, Hoti, Pumé, Mapoyo, Kariña, Piaroa, Pemón, Ye´kwana y Sanemá. Sus territorios, las condiciones materiales de la reproducción de sus vidas, serían devastados por esta explotación minera, produciéndose así un etnocidio en gran escala. Además de los impactos ambientales, en estos territorios se incrementaría la escala de los fenómenos socio-culturales que han venido acompañando a la actividad minera en estos años: violencia, corrupción, prostitución, alcoholismo, tráfico de drogas, violación de menores, para militarismo y represión policial y militar.

Esto constituye una flagrante y generalizada violación de los derechos de los pueblos indígenas, tal como estos están garantizados en el Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela :

Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley.

Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley.

Se violan igualmente los derechos garantizados en los principales instrumentos legales referidos a éstos que han sido aprobados por la Asamblea Nacional en estos años: Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (enero 2001) y La Ley Orgánica de pueblos y comunidades indígenas (LOPCI, diciembre 2005). Entre estas violaciones destacan todas las normas de consulta previa e informada que están firmemente establecidas tanto en la legislación venezolana como internacional ( Convenio 169 de la OIT) en los casos en que se programen actividades que podrían impactar negativamente los hábitats de estos pueblos.

El Ejecutivo Nacional no consultó el Decreto del Arco Minero del Orinoco con los pueblos indígenas afectados, tal como lo obliga el Art. 120 de la Constitución, “de buena fe” y “en el idioma” de cada uno de éstos, tal como lo pauta el Art. 11 del Cap II de la LOPCI, por la sencilla razón de que no los reconoce, que se niega a reconocer a los Pueblos Indígenas, como lo demuestra el hecho incontestable de que el 15 de diciembre de 2016 se cumplirán quince años de la negativa del Ejecutivo Nacional a demarcar las tierras y hábitat de los pueblos indígenas que habitan en territorio de la República Bolivariana de Venezuela. La Disposición Transitoria Décimo Segunda de la Constitución le concede al Ejecutivo Nacional, para la Demarcación de Tierras y Hábitat de los Pueblos Indígenas, un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de ésta el 15 de diciembre de 1999. De acuerdo a la Constitución, la Demarcación de Tierras y Hábitat de los cuarenta y dos Pueblos Indígenas reconocidos en el texto constitucional debería haber concluido el 15 de diciembre de 2001. Desde esa fecha hasta el presente, la no demarcación de las Tierras y Hábitat de los Pueblos Indígenas es una violación al espíritu y la letra de nuestra Carta Magna. Si el Ejecutivo Nacional hubiese honrado la Constitución, y en estos tres últimos lustros hubiese reconocido a los pueblos indígenas en el hecho concreto de la demarcación de sus Tierras y Hábitats, el Decreto del Arco Minero no hubiera sido posible. El asalto a los yacimientos mineros era un objetivo latente, y a ese objetivo de rapiñar los yacimientos minerales en tierras ancestrales indígenas no le convenía que hubiese Demarcación, y por eso no la hubo. El Ejecutivo Nacional podrá decir que ha entregado más de dos millones de hectáreas, pero no puede afirmar que haya un solo pueblo indígena que haya sido demarcado en sus tierras y hábitat ancestrales. El Ejecutivo Nacional ha repartido parcelas al peor estilo de la Reforma Agraria pero no ha demarcado a pueblo indígena alguno.

Con el objeto de una compresión integral de lo que todo esto significa, presentaremos una comparación histórica relativamente reciente, que nos ilustre. Para el Ejecutivo Nacional del 2016, presidido por Nicolás Maduro, los pueblos indígenas que habitan ancestralmente el territorio de los 112.000 Km. cuadrados delimitados en el Decreto del Arco Minero del Orinoco, parecen ser los mismos “irracionales” que, para el Ejecutivo Nacional que gobernaba entre 1964 y 1969, presidido por Raúl Leoni, eran los warao cuando, también de manera inconsulta, le cerró a este pueblo su Caño Manamo, para beneficio exclusivo de las empresas Iron y Orinoco Mining Companies, de manera que pudieran sacar, tanto en el invierno como en el verano, sus barcos cargados con el mineral de hierro del Cerro Bolívar. El cierre del Caño Manamo le causó a hombres, mujeres y sobre todo niños y niñas warao -como resultado de la salinización- la pérdida de sus aguas y tierras trayéndoles así la muerte por hambre, sed y desesperación

Se continúa desconociendo la existencia misma de los Pueblos Indígenas, ahora a nombre del Socialismo del Siglo XXI.

Sin embargo, el daño más profundo de esta puñalada que es el Decreto del Arco Minero del Orinoco, tiene que ver con la muerte del sueño del país multiétnico y pluricultural que, de acuerdo al Preámbulo de la Constitución, íbamos a ser algún día. El Decreto del Arco Minero del Orinoco implica la obligatoriedad de tener una única racionalidad, una única cultura: la occidental capitalista, la que determina insoslayablemente que, como en esos 112.000 Km cuadrados hay oro, diamantes, coltán, uranio, hierro, cobre, bauxita y tierras raras, entonces lo único racional que puede hacerse es extraerlos y convertirlos en mercancía, aún cuando esa extracción mate al aire, al agua y a la vida en su conjunto.

Esa violación de la Constitución, que nos obliga a todas y todos las y los venezolanos, a tener la racionalidad de la Bolsa de Toronto, es la derogación del proyecto de país que habíamos decidido ser el 15 de diciembre de 1999, cuando aprobamos en Referéndum esa Constitución. 

 

El agua

El agua ha pasado es las últimas décadas a ser un asunto crecientemente crítico para el presente y futuro de la humanidad y de una amplia gama de formas de vida en el planeta. A la vez que se incrementa sostenidamente la demanda de agua, para una elevada proporción de la humanidad, el acceso a ésta se está haciendo cada vez más difícil. El cambio climático está modificando los patrones de lluvia y de sequía. Igualmente se está reduciendo la disponibilidad de agua para centenares de millones de personas, como consecuencia del derretimiento de los glaciares, y la disminución correspondiente de su capacidad para almacenar agua dulce. Actividades humanas como el uso masivo de agrotóxicos y el fracking están reduciendo el volumen de agua disponible mediante niveles irreversibles de contaminación.

En el pasado, tanto en Venezuela como en el resto del planeta, se le dio prioridad a la explotación de minerales e hidrocarburos sobre el agua, asumiendo que se trataba de un bien infinitamente disponible. Fueron muchas y de catastróficas consecuencias las decisiones que basadas en este supuesto de acceso sin límites al agua se tomaron en diferentes países del mundo. El ejemplo más dramático en Venezuela es el del Lago de Maracaibo. Este lago, del cual las ciudades de Maracaibo, Cabimas y otros pueblos de ambas costas tomaban su agua hasta bien entrado el siglo XX, fue, y continua siendo sacrificado (¿impacto colateral?) a la explotación petrolera. El Canal de Navegación, construido para permitir la entrada de grandes buques petroleros, ha permitido por décadas la entrada de agua salada. Esto, junto con la contaminación agroquímica y la descarga de aguas cloacales sin tratamiento han venido, durante décadas, lenta pero seguramente, matando al mayor lago de toda América Latina. ¿Está la sociedad venezolana dispuesta a repetir esta catástrofe ambiental, está vez en la cuenca del río Orinoco?

De acuerdo a las previsiones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se espera que en las próximas décadas en el territorio venezolano se produzca un incremento de la temperatura y una reducción del volumen del agua de lluvia. La sequía de los últimos años que ha afectado los volúmenes de agua que llegan a la represa del Guri podría ser un anticipo de lo que pronto se convertirá en la nueva normalidad.

Toda la zona del territorio venezolano al sur del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del país. Los procesos de deforestación previsibles con la actividad minera en gran escala inevitablemente conducirán a una reducción adicional de los volúmenes de agua en la zona.

La crisis eléctrica

Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la vida de los habitantes del territorio venezolano en los últimos años ha sido el de las crisis eléctricas, debidas en parte a la reducción del caudal del Caroní, río cuyas represas hidroeléctricas generan hasta 70% de la electricidad que se produce en el país. A las alteraciones generadas por el cambio climático, la minería en gran escala en el territorio del Arco Minero del Orinoco contribuiría directamente a la reducción de la capacidad de generación de electricidad de estas represas. En primer lugar, como se ha señalado arriba, por la reducción del caudal de los ríos de la zona impactada por estas actividades. Igualmente, las actividades mineras río arriba de estas represas, al reducir la capa vegetal de las zonas circundantes, inevitablemente incrementarían los procesos de sedimentación de estas represas. Con ello se reduciría progresivamente su capacidad de almacenamiento y su vida útil. La totalidad de las represas hidroeléctricas de este sistema del bajo Caroní se encuentran dentro de los límites que han sido demarcados como parte del Arco Minero del Orinoco.

 

Incentivos a corporaciones públicas, mixtas y privadas

Está prevista la participación de “empresas privadas, estatales y mixtas”. El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas corporaciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no-exigencia de determinados requisitos legales previstos en la legislación venezolana, la generación de “mecanismos de financiamiento preferenciales”, y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para arancelarias para sus importaciones. Contarán igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado:

Artículo 21. En el marco de la política económica sectorial, el Ejecutivo Nacional podrá otorgar exoneraciones totales o parciales del Impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, aplicables, exclusivamente, a las actividades conexas a la actividad minera, a los fines de fomentar el impulso y crecimiento de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

Igualmente, las empresas mixtas constituidas para el desarrollo de actividades primarias, previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas, sobre los yacimientos ubicados en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco gozarán de estos beneficios mientras dure el desarrollo del proyecto.


Militarización de la zona y la llamada prevalencia del “interés general” sobre el “interés particular”

Las posibilidades de oponerse a los impactos negativos de la gran minería en la zona del Arco Minero están prohibidas por las normativas del decreto. Con el fin de impedir que las actividades de las empresas encuentren resistencia, se crea una Zona de Desarrollo Estratégico bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana:

Artículo 13. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en conjunto con el Poder Popular organizado, y en coordinación con las autoridades del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia petrolera tendrá la responsabilidad de salvaguardar, proteger y mantener la continuidad armoniosa de las operaciones y actividades de las Industrias Estratégicas ubicadas en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto N° 295 con Fuerza y Rango de Ley de Minas, el articulo 109 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Minas, y el artículo 40 del Decreto N° 1.395 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas.

El decreto en cuestión establece en forma expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco Minero.

Artículo 25. Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto.

Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Los organismos de seguridad del estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo.

Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta “Prevalencia del interés general sobre Intereses particulares”. Se entiende por “intereses generales”, la explotación minera tal como ésta está concebida en este decreto presidencial. Toda otra visión, todo otro interés, incluso la apelación a la Constitución, pasa a ser definido como un “interés particular”, y por lo tanto sujeto a que los “organismos de seguridad del Estado” lleven a cabo “las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas” en el decreto. Pero, ¿cuáles son o pueden ser los intereses denominados aquí como “particulares”? El decreto está redactado en forma tal que permite una amplia interpretación. Por un lado, señala expresamente como “particulares” los intereses sindicales y gremiales. Esto puede, sin duda, conducir a la suspensión, en toda la zona, de los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución 3 , y en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Implica esto igualmente que los derechos “gremiales”, y por lo tanto “particulares” de los periodistas de informar sobre el desarrollo de las actividades mineras quedan suspendidos?

¿Qué implicaciones tiene esto para los que sería sin duda el sector de la población más afectado por estas actividades, los pueblos indígenas? ¿Serían las actividades en defensa de los derechos constitucionales de dichos pueblos llevadas a cabo por sus organizaciones, de acuerdo a “sus normativas” entendidos igualmente como “intereses particulares” que tendrían que ser reprimidos si entrasen en contradicción con el “interés general” de la explotación minera en sus territorios ancestrales?

Todo esto es aún más preocupante si se considera que solo dos semanas antes del decreto de creación de la Zona de desarrollo del Arco Minero, el Presidente Nicolás Maduro decretó la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) , adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 4 Esta empresa tiene atribuciones de amplio espectro para dedicarse “sin limitación alguna” a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. 5 Con la previsible participación de esta empresa en las actividades del Arco Minero, las fuerzas armadas lejos de representar la defensa de un hipotético “interés general” en la zona, tendrán un interés económico directo en que las actividades mineras no confronten ningún tipo de obstáculo Estarían, de acuerdo a este decreto, legalmente autorizadas para actuar en consecuencia.

De hecho, por la vía de un decreto presidencial, nos encontramos ante la suspensión de la vigencia de la Constitución del año 1999 en 12% del territorio nacional. Esto no puede sino interpretarse como la búsqueda de un doble objetivo. En primer lugar, otorgarle garantía a las empresas transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, de que podrán operar libremente sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia a sus actividades. En segundo lugar, conceder a los militares un poder aun mayor dentro de la estructura del Estado Venezolano. De este modo se decreta la criminalización de las resistencias y luchas anti mineras como las que están siendo llevadas a cabo por pueblos indígenas y campesinos, movimientos y organizaciones populares en todo el continente.

En síntesis, un gobierno que se auto denomina como “revolucionario” y anti-capitalista, ha decretado la subordinadinación del país a los intereses de grandes corporaciones transnacionales mineras, un proyecto extractivista depredador que compromete el futuro del país con previsibles consecuencias etnocidas para los pueblos indígenas.

Por todas estas razones es urgente denunciar y luchar hasta lograr su total derogación.

De entre la Plataforma ciudadana por la Nulidad del Decreto del Arco Minero del Orinoco:

Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro, Esteban Emilio Mosonyi, Freddy Gutiérrez, Juan García, Edgardo Lander, Gustavo Márquez, César Romero, Santiago Arconada.

 

Caracas mayo 2016

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212546

 

 Alternativas postcapitalistas

 

A 200 años, es hora de pronunciarnos contra la criminalidad del sistema mundo capitalista que alcanza su máxima expresión con el:

 

IMPACTO EXTRACTIVISTA
10 de febrero del 2014

 

 

Darío Aranda ( Página /12 )

Las más grandes compañías petroleras y mineras de Estados Unidos operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países y, en la gran mayoría de los casos, extraen riquezas naturales sin respetar los derechos de las comunidades indígenas. Las empresas extractivas operan en 41 lugares de América latina y cinco de Argentina. Una muestra del impacto extractivista en los pueblos originarios: el 39 por ciento de los yacimientos en explotación de hidrocarburos está en territorios indígenas y casi la mitad (46 por ciento) de las reservas comprobadas de petróleo y gas se ubica en comunidades originarias.

La ONG estadounidense Primeros Pueblos en el Mundo (First Peoples Worldwide –FPW–) publicó su estudio “Derechos indígenas: Informe de riesgo para las industrias extractivas”, en base a información de las 52 petroleras y mineras más grandes de Estados Unidos. Aunque dirigido principalmente a empresas (evalúa el “riesgo” corporativo), revela datos útiles para las organizaciones indígenas. Las principales empresas en territorios que afectan a pueblos originarios son las petroleras ConocoPhillips (44 explotaciones), ExxonMobil (35), Chevron (24) y Apache (19). Y las mineras Southern Copper (17), Freeport-McMoRan (16), Newmont Mining (14), Peabody Energy (14).

Y sobresale una información que augura mayor conflictividad: el 39 por ciento del petróleo y el gas que producen las compañías está en territorio indígena o cerca de él. El 46 por ciento del petróleo y el gas se ubica en tierras indígenas.

El ranking de países con empresas mineras y petroleras en territorios indígenas lo encabeza Estados Unidos, con 157 casos. Le siguen Canadá (74), Australia (24) e Indonesia (23). En América latina hay 41 casos de empresas estadounidenses que afectan a comunidades indígenas. México y Perú tienen nueve casos cada uno. Chile seis y Argentina cinco. Colombia y Venezuela, con cuatro cada una. Ecuador dos y Nicaragua y Surinam un caso cada una.

La ONG les recuerda a las empresas que los pueblos indígenas cuentan con legislación internacional, como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hace hincapié en el derecho indígena al consentimiento libre, previo e informado para cualquier acción que pudiera afectar sus territorios y forma de vida.

Los cinco casos de Argentina citados en el estudio están en la cuenca neuquina. La petrolera EOG Resources opera en el norte de la provincia, en la formación Vaca Muerta. También está presente la petrolera WPX Energy, con participación mayoritaria en Apco Oil (en Argentina opera la petrolera Entre Lomas), con extracción en Neuquén y Río Negro.

En el informe, de 34 carillas, sobresale la petrolera Apache, que mantiene conflictos con las comunidades mapuches Gelay Ko y Winkul Newen, en las afueras de Zapala, y donde la empresa no cuenta con consentimiento de las comunidades. También está presente la poderosa ExxonMobil, que opera en la formación Vaca Muerta junto a YPF, Petrobras, Pan American Energy y la provincial GyP (Gas y Petróleo de Neuquén). Cuenta con concesiones en Rincón de la Sauces y Añelo.

La ONG estadounidense remarca que una de las situaciones de mayor peligro empresario es el caso de Chevron en Vaca Muerta. Recuerda que en 2011 las Naciones Unidas (mediante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) advirtió sobre la violación de derechos de los pueblos indígenas de Argentina. “Durante muchos años los mapuches han realizado protestas pacíficas y participaron de campañas para defender sus derechos humanos, protegidos por la Constitución nacional”, señala el informe y cita al vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel: “No hay duda de que todos los anuncios acerca de estos megacampos petroleros son una amenaza directa y clara a la vida y a la cultura de las comunidades mapuche”.

Referido a las cinco petroleras en territorio mapuche, la ONG precisa: “Existen protestas mapuches por la contaminación de sus aguas y la falta de consentimiento indígena para el funcionamiento de empresas en su territorio”. También menciona a los “grupos ambientales” movilizados por los peligros del fracking y recuerda que el pueblo mapuche está presente en Río Negro, Chubut y La Pampa. La Confederación Mapuche de Neuquén contabilizó al menos 29 comunidades que viven sobre la formación Vaca Muerta.

Fuente: http://pabloraulfernandez.blogspot.com.ar/2014/02/sociologo-boaventura-de-sousa-santos.html

 

 

"Podemos remarcar que dado el particular y específico lugar que nuestro continente ocupó -y todavía ocupa- en el proceso de «mundialización» económica puesta en marcha durante el momento de la conquista (verificado luego de la «declaración de la independencia» y en el proceso de constitución de los estados nacionales), y que determinó que la mayoría de los países latinoamericanos adquiriesen características consideradas dependientes a aquellos países «centrales» que iniciaron el proceso en el sentido que señala Rui Mauro Marini, «como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes»".

 

 

 

Trabajadores e indígenas en la actualidad e historia reciente
6 de julio de 2016

Con el estado de la cuestión indígena en la Argentina ¿se puede festejar el Bicentenario? 

 

 

 Por Tierra para Vivir - COB La Brecha Tucumán.

 

El debate sobre la cuestión indígena es antiguo en nuestro continente, al punto que puede remontarse hasta el momento de la irrupción de la civilización europea del SXV, cuando el marino genovés Cristóbal Colón, buscando la ruta hacia las indias orientales, marchó en sentido contrario a este punto, visto desde el continente europeo. Muchos fueron los hitos que se tomaron para la reflexión, el rechazo o la justificación del avance de Europa sobre el territorio luego denominado América y en particular lo que hoy es nuestro país.

524 años pasaron de ese hecho (mal llamado “descubrimiento”) y 200 desde aquel 9 de julio de 1816, en el que se declaró la independencia de España en Tucumán. Sobre esto -sin ahondar aquí en cuestiones históricas-, podemos remarcar que dado el particular y específico lugar que nuestro continente ocupó -y todavía ocupa- en el proceso de “mundialización” económica puesta en marcha durante el momento de la conquista (verificado luego de la “declaración de la independencia” y en el proceso de constitución de los estados nacionales), y que determinó que la mayoría de los países latinoamericanos adquiriesen características consideradas dependientes a aquellos países “centrales” que iniciaron el proceso en el sentido que señala Rui Mauro Marini, “como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes”.

Sobre esto, es necesario remarcar que este proceso de “incorporación” se expresó mediante la dominación por mecanismos económicos, junto con la acción violenta y genocida, a raíz de la cual resulta necesario problematizar las especificidades de la “independencia” para nuestros pueblos en la actualidad, ya que, tal como señala Marini en “Dialéctica de la Dependencia”: “El fruto de la dependencia no puede ser por ende sino más dependencia, y su liquidación supone necesariamente la supresión de las relaciones de producción que las involucra. En este marco, la situación actual de las comunidades indígenas en Tucumán resulta de un proceso de sostenimiento de instituciones que lleva siglos, un proceso en el que nuestros abuelos resistieron la instalación paulatina del Estado en el territorio Diaguita de los Valles Calchaquí, Tafí y Trancas mediante la invasión de encomenderos devenidos luego en terratenientes. Por esos tiempos el Estado se instituyó con la falacia de la civilización para expropiar la economía comunitaria basada en la reciprocidad, reconvirtiéndola así como fuente del enriquecimiento de las “familias tradicionales”. Toda una sociedad basada en los ayllus fue destruida.

Así se consolidó la ocupación del territorio para el desarrollo de una economía donde la función asignada a las familias originarias era la servidumbre en las estancias, el pago de pastajes y medierías a “los dueños” para su enriquecimiento. En otros casos la ocupación territorial la realizó directamente cuando el Estado nacional incorporó territorios indígenas.

 

Legislación y derechos

Con el correr del tiempo, con la conformación de la República y ya avanzado el SXX, vino la promulgación de múltiples normas jurídicas nacidas al influjo de la lucha de los pueblos originarios a nivel mundial. Estas obligaron a los estados nacionales y provinciales a acatar mandatos para resarcimiento de nuestros pueblos por toda la degradación vivida desde los inicios de la invasión europea.

Mediante la lucha y la resistencia, lxs originarixs obligaron a los gobiernos a impulsar políticas públicas hacia los Pueblos Indígenas en el marco de la consulta y participación. En algunos casos con mayor compromiso, en muchas otras, sólo obteniéndose respuestas de emergencia desde lo políticamente correcto. La incorporación de artículos específicos en la Constitución Nacional y Provincial en Tucumán abrieron el cauce para exigir reconocimiento legal de los derechos avasallados y se llevaran a cabo -aunque tímidamente aún- acciones de reparación histórica, como la ley de relevamiento territorial de las comunidades y la “teórica” prohibición de desalojos, la implementación de la educación intercultural, el acceso a la salud y a la justicia en tanto culturas diferentes.

Aunque estos avances fueron importantes, es menester remarcar las ideas de José Carlos Mariategui acercar que “la reivindicación indígena carece de concreción histórica mientras se mantiene en un plano filosófico o cultural. Para adquirirla –esto es, para adquirir realidad, corporeidad- necesita convertirse en reivindicación económica y política. El socialismo nos ha enseñado a plantear el problema indígena en nuevos términos”. El marxista peruano nos recuerda que no se puede solucionar el problema del indio sin resolver el problema del territorio.

 

El territorio, el Estado y la actualidad

Habitualmente se da por sentado que el proceso de lucha emancipatoria de la corona Española se dio en toda la extensión territorial del Estado nación sin advertir que ese proceso se ejecutó en base al genocidio y exclusión de los pueblos indígenas. Tal como lo expresa el Parlamento de Pueblos y Naciones Indígenas de Argentina: “En el próximo mes de julio de 2016 se cumplirán 200 años de la formación del Estado Argentino, que se construyó a sangre y fuego sobre nuestros pueblos”.

Desde la nueva izquierda buscamos como propósito dar un paso más, incluyendo una cuestión fundante en el proceso de liberación de América Latina o AbyaYala, es decir la cuestión indígena. En tal sentido Osvaldo Bayer en Historia de la crueldad Argentina nos recuerda que “los estados nacionales que se constituyeron en América tras las guerras de la Independencia buscaron homogeneizar, es decir, forzar una cierta uniformidad cultural, social y biológica que se creía necesaria para garantizar la “unidad nacional””.

Bayer amplía el carácter de esta homogeneización:“(…)para la constitución del Estado argentino se apeló a la coerción tanto de los pueblos originarios en un principio como de los trabajadores casi de manera inmediata”.

Cabe agregar aquí, que quienes hoy integran las Comunidades Indígenas, si bien mantienen características culturales, geográficas, de cosmovisión y económicas en común, no son una clase social homogénea y por lo tanto tienen las mismas contradicciones que cualquier sector social que resiste al capitalismo. Si bien esto que parece una obviedad en práctica cotidiana, tiende a confundirse, sobre todo cuando se considera a lxs comunerxs como una unidad política, ya que a su interior se reconocen tanto como originarixs, trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, campesinxs, obrerxs rurales… pero también existe una pequeña burguesía y terratenientxs medianxs, comerciantes, con intereses opuestos entre sí.

Kirchnerismo, macrismo y después

La presente crisis económica y política en la que nos encontramos inmersos, se ve profundizada con las medidas del gobierno de Macri y Cambiemos, que favorecen a sectores concentrados de la economía, impactando negativamente sobre todo en los sectores populares, incluyendo los indígenas.

En los 12 años de gobierno previos al macrismo, se impulsaron políticas públicas hacia diversos sectores excluidos, que muchas veces tuvieron como objetivo la cooptación a manera de clientes políticos de las organizaciones sociales y dio sus frutos en muchas comunidades originarias hermanas, no fue en todas. En algunas provincias sólo hubo lugar para la resistencia, principalmente en respuesta a los permanentes ataques de lxs caudillxs locales y al brutal saqueo territorial de las multinacionales extractivas del petróleo y pooles sojeros, de fuertes vinculaciones con los gobiernos hasta hoy.

Las organizaciones indígenas atraviesan una profunda crisis en torno al posicionamiento frente al actual gobierno, lo que impide una representación unificada a nivel nacional. Algo que tampoco es nuevo ya que desde hace años algunos sectores indígenas se alinean con el oficialismo a ultranza, lo que les permite manejar estructura y caja desde el Estado para desarrollarse políticamente.

Respecto a ese punto, existen dos alternativas de cómo pararse ante el gobierno macrista: la primera es la corriente que impulsó la ya decretada Mesa de Trabajo y Diálogo Político de los Pueblos Indígenas con el Estado Nacional. Reclaman su inclusión en las políticas públicas de la agenda de este gobierno neoliberal antipopular y en consecuencia anti-indígena. Esta postura sin duda abriga posiciones ingenuas y carentes de visión histórica de la marcha del Estado y del movimiento indígena en nuestro país.

Por otro lado, quienes creemos que este estado mono-cultural y extractivista no puede tener una genuina política hacia los pueblos indígenas, por la simple razón que sirve a la clase que gobierna: los grupos económicos concentrados y sus representantes. Y con ellos los pueblos originarios tienen una disputa histórica imposible de resolver con este Estado: el territorio. Los pueblos lo quieren para vivir y el empresariado para explotarla y sacar ganancia de él. Sólo es posible transformar todo si cambiamos de raíz la matriz del mismo por una sociedad sin explotadorxs, sin explotadxs NI oprimidxs de cualquier tipo. Y ese es un camino que debemos entender como hermanos y hermanas que recién comenzamos a transitar, ya que muchas veces sólo se apoyaba a lxs indígenas en sus reclamos. La unidad para resistir el ajuste deberá encontrarnos construyendo poder popular con los sectores de desocupadxs, trabajadores y trabajadoras de distintas ramas, organizaciones políticas, socio-ambientales y Pueblos Originarios en lucha de forma independientes del Estado. 

 

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12361

 

 

Involucrémonos en las luchas de los pueblos originarios. Es superar nuestro racismo y hermanarnos en una causa esencialmente común.

 

 

Fuertes críticas a Argentina de Mutuma Ruteere, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el racismo

“Tomar medidas inmediatas para enfrentar la crítica situación de los indígenas”

26 de mayo de 2016

Por Sergio Ferrari (Rebelión)

Situación terrible en ciertas regiones. Alarmante la tendencia a la represión y la impunidad de la violencia.

Mutuma Ruteere, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el racismo, instó este martes al Gobierno de Argentina a tomar medidas urgentes para hacer frente de forma sostenible la invisibilidad, la marginación y la exclusión sistemática de los pueblos indígenas, uno de los grupos más vulnerables en el país.   

El experto en derechos humanos hizo este llamamiento el 24 de mayo al finalizar su primera visita oficial al país sudamericano. La misión oficial la realizó entre el 16 y el 23 de mayo con el objetivo de evaluar, fundamentalmente, la situación de los pueblos indígenas, los afro-descendientes y los migrantes. 

El experto onusiano indicó que,
“al igual que en otras partes del mundo, las prácticas discriminatorias en el país van dirigidas frecuentemente contra los pobres y, de hecho, contra los más vulnerables” que pertenecen a esos grupos minoritarios. 

“Argentina ha desarrollado un marco jurídico amplio para la eliminación de la discriminación racial y la igualdad de derechos para todos los habitantes, que sean argentinos o extranjeros”, dijo el experto. Quien destacó “la progresiva ley … que reconoce a la migración como un derecho fundamental e inalienable” y el establecimiento de una serie de instituciones destinadas a promover los derechos humanos y luchar contra la discriminación, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). 

Sin embargo, también indicó que, a pesar del detallado marco legal institucional existente, la aplicación efectiva es deficiente y persisten importantes desafíos. 

“La situación de los pueblos indígenas en ciertas áreas del país es terrible, ya que viven en la extrema pobreza, en un aislamiento socio-cultural y sin acceso a servicios básicos como la salud, una vivienda decente, e incluso al agua potable”, advirtió Ruteere. Quien solicitó a las autoridades argentinas que desarrollen una estrategia nacional multisectorial integral para abordar los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos discriminados. 

“Resulta alarmante la tendencia a la represión de la que se ha informado en distintas partes del país en contra de la movilización de grupos indígenas para reclamar sus derechos, así como las represalias contra los defensores de los derechos de las minorías y dirigentes, y los miembros de sus familias”, subrayó el experto independiente. 

“He escuchado acusaciones de discriminación por perfil racial de parte de agentes de seguridad pública, además de violencia contra los migrantes de los países vecinos y de más allá, y que esos actos quedan impunes y que las investigaciones de estos crímenes raramente se concluyen”, explicó al señalar que la ausencia de una política eficaz de integración de los migrantes contribuye aún más a la marginalización y la estigmatización de este grupo. Ruteere recomendó también la aplicación de medidas de acción afirmativa para permitir la representación de los grupos minoritarios en posiciones de influencia, como en el sistema educativo, incluido al nivel universitario, en el poder judicial, en las legislaturas y en los cargos ejecutivos.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212670

 

 

Compartimos con nuestros pueblos hermanos el extractivismo y la acumulación por desposesión de los grandes capitales imperialistas y locales.

Desde México nos enseñan cómo articular nuestras luchas.

 

 

Las luchas en México no son aisladas:

Campaña en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio

24 de mayo de 2016

Por Eliana Gilet

La Campaña en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio fue lanzada el 10 de abril con ese propósito, ver la línea invisible que une a las luchas y a los pueblos en resistencia a lo largo y ancho de México"

“El origen de esta situación son las reformas estructurales, los gobiernos ya sólo representan al capital, ya no a los enfermeros ni a los maestros. Mucho menos a los indígenas, que llevamos 500 años de que nos ignoren y destruyan nuestros lugares sagrados, nuestros orígenes”

La Campaña en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio fue lanzada el 10 de abril con ese propósito, ver la línea invisible que une a las luchas y a los pueblos en resistencia a lo largo y ancho de México. Y como se usa coloquialmente debería decirse: son un chingo.

 

Hasta el momento, 215 comunidades y pueblos se han sumado a la campaña, así como el apoyo de 43 académicos comprometidos o conscientes, así como músicos y otros personajes públicos, en apoyo a hacerlas visibles y conocidas, primero entre ellos y luego para afuera.

La campaña también ha sistematizado los conflictos que sufren estos pueblos, que hasta el momento son 97 y hacen frente a Proyectos de Generación de Energía Eléctrica, Minas y minería, la privatización del agua – y también de los intentos de privatizar su gestión en los lugares en dónde es comunal, como en el Estado de México – construcción de infraestructura para transporte, avances en la urbanización sobre las comunidades, extracción de agua de uso común por parte de privados o empresas, construcción de complejos turísticos en zonas de belleza natural o protegida, casos de contaminación ambiental de sus tierras por parte de privados, explotación forestal de sus bosques, así como la no regularización de tierras ancestrales o campesinas frente a los regímenes de propiedad agraria.

“Los carteles y videos de la Campaña pretenden darle mas información a la gente que no conoce la destrucción que producen los proyectos y de qué forma lo está manejando el Estado”

La Campaña comenzó una nueva etapa de producción de materiales de difusión, producto del trabajo de investigación voluntario sistematizó y comienza a presentar públicamente a todos y cada uno de los pueblos que se han unido en torno a esta iniciativa. Conviene resaltar, como sus propios organizadores así lo hicieron que la Campaña en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio es “totalmente autogestiva de la sociedad civil y no recibe ni recibirá financiación de ningún organismo internacional o nacional, mucho menos partido político” para su realización.

Los voceros y enlaces de los pueblos fueron elegidos el 9 de abril en cada una de las distintas regiones en que el país fue dividido. A continuación, presentamos una breve entrevista con tres de ellos:

Santos del Cruz del Consejo Regional Wirárica, de Jalisco y vocero de la región Occidente de la Campaña Nacional en Defensa de la Tierra y el Territorio: “Actualmente el problema más fuerte que enfrentamos es el de la Mina, en el caso de Wirikuta tenemos más de 70 concesiones mineras en la zona”

Rosalinda Dionisio, de la comunidad San José del Progreso, coordinadora en defensa de los pueblos del Valle de Ocotlán
Vocera de Oaxaca en la Campaña en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio: “En el estado hay un sinfín de megaproyectos, pero lo peor de todo es la represión que se está dando a los movimientos y los sindicatos”

Severiana Fabián de la comunidad purépecha de Cherán K’eri, enlace de la campaña en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio

.- Para participar de la Campaña, colaborar o aherirte, puedes registrate en http://www.defensamadretierra.mx/

- Seguila en Fb: Defensa Madre Tierra y en Twitter: @DefensaMTierra

Desinformémonos Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Las_luchas_en_Mexico_no_son_aisladas_Campana_en_Defensa_de_la_Madre_Tierra_y_el_Territorio

 

 

 

"¡Unamos nuestras luchas! ¡Abracemos nuestras luchas!" Defendamos el agua y la vida.

 

 

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa

20 de Junio de 2016

 

22 de Julio de 2016: Día Mundial contra la Minería

 

Sexta Jornada Internacional de Resistencia

 

Llamado a los pueblos a manifestarse en defensa del agua y la vida

 

Basta ya! Fuera mineras!

 

El pueblo unido jamás será vencido!

 

Sumate en tu comunidad. Esta lucha la ganamos entre tod@s.

 

EL AGUA Y LA VIDA NO SE NEGOCIAN.

 

BASTA DE COMPLICIDAD DE LOS ESTADOS CON LAS CORPORACIONES.

 

LA DEMOCRACIA ES EL GOBIERNO DEL PUEBLO, POR EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO.

 

LA MINERIA NO TIENE LICENCIA SOCIAL.

 

Nuevamente este año convocamos a la jornada internacional de lucha contra la megaminería en defensa de la vida y del agua. Diremos alto y fuerte con nuestras actividades, nuestras manifestaciones, concentraciones, festivales:

 

Llamamos a todos a unirse y realizar todo tipo de manifestaciones para atraer la atención de nuestras poblaciones tantas veces mal informadas y desinformadas, para defender también a todos los ambientalistas que arriesgan sus vidas por un deseo común y de manera benévola y a todos los luchadores, para manifestar nuestra solidaridad con las víctimas de la megaminería, aquí y allá. Manifestemos, informemos, organicemos la resistencia.

 

Esta convocatoria no porta bandera política y es profunda y esencialmente una muestra de resistencia pacífica. Las movilizaciones son autogestionadas.

 

 

Unamos nuestras luchas! Abracemos nuestras luchas!

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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas


UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

Contra el Saqueo y la Contaminación

www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas

http://twitter.com/prensauac

En consecuencia, a 200 años necesitamos articular todas nuestras luchas contra el progreso capitalista que nos está condenando a malvivir e incluso al exterminio. Preguntémonos:

 

¿Extractivismo o ecología?

10 de febrero de 2014

Por Boaventura de Sousa Santos *

Al inicio del tercer milenio, las fuerzas de izquierda se debaten entre dos desafíos principales: la relación entre democracia y capitalismo, y el crecimiento económico infinito (capitalista o socialista) como indicador básico de desarrollo y progreso. En estas líneas voy a centrarme en el segundo desafío (sobre el primero, ver “¿Democracia o capitalismo?”, en Página/12 del 6 de enero pasado).

Antes de la crisis financiera, Europa era la región del mundo donde los movimientos ambientalistas y ecologistas tenían más visibilidad política y donde la narrativa de la necesidad de complementar el pacto social con el pacto natural parecía tener gran aceptación pública. Sorprendentemente o no, con el estallido de la crisis tanto estos movimientos como esta narrativa desaparecieron de la escena política y las fuerzas políticas que más directamente se oponen a la austeridad financiera reclaman crecimiento económico como la única solución y sólo excepcionalmente hacen una mención algo simbólica a la responsabilidad ambiental y la sustentabilidad. Y, de hecho, las inversiones públicas en energías renovables fueron las primeras en ser sacrificadas por las políticas de ajuste estructural. Ahora bien, el modelo de crecimiento que estaba en vigor antes de la crisis era el blanco principal de las críticas de los movimientos ambientalistas y ecologistas, precisamente, por ser insostenible y producir cambios climáticos que, según los datos la ONU, serían irreversibles a muy corto plazo, según algunos, a partir de 2015. Esta rápida desaparición de la narrativa ecologista muestra que el capitalismo tiene prioridad no sólo sobre la democracia, sino también sobre la ecología y el ambientalismo.

Pero hoy es evidente que, en el umbral del siglo XXI, el desarrollo capitalista toca la capacidad límite del planeta Tierra. En los últimos meses, varios record de riesgo climático fueron batidos en Estados Unidos, la India, el Artico, y los fenómenos climáticos extremos se repiten con cada vez mayor frecuencia y gravedad. Ahí están las sequías, las inundaciones, la crisis alimentaria, la especulación con productos agrícolas, la creciente escasez de agua potable, el desvío de terrenos destinados a la agricultura para desarrollar agrocombustibles, la deforestación de bosques. Paulatinamente, se va constatando que los factores de la crisis están cada vez más articulados y son, al final, manifestaciones de la misma crisis, que por sus dimensiones se presenta como crisis civilizatoria. Todo está vinculado: la crisis alimentaria, la crisis ambiental, la crisis energética, la especulación financiera sobre los commodities y los recursos naturales, la apropiación y la concentración de tierras, la expansión desordenada de la frontera agrícola, la voracidad de la explotación de los recursos naturales, la escasez de agua potable y la privatización del agua, la violencia en el campo, la expulsión de poblaciones de sus tierras ancestrales para abrir camino a grandes infraestructuras y megaproyectos, las enfermedades inducidas por un medioambiente degradado, dramáticamente evidentes en la mayor incidencia del cáncer en ciertas zonas rurales, los organismos genéticamente modificados, los consumos de agrotóxicos, etcétera. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible realizada en junio de 2012, Río+20, fue un rotundo fracaso por la complicidad mal disfrazada entre las élites del Norte global y las de los países emergentes para dar prioridad al lucro de sus empresas a costa del futuro de la humanidad.

En varios países de América latina, la valorización internacional de los recursos financieros permitió una negociación de nuevo tipo entre democracia y capitalismo. El fin (aparente) de la fatalidad del intercambio desigual (las materias primas siempre menos valoradas que los productos manufacturados), que encadenaba a los países de la periferia del sistema mundial al desarrollo dependiente, permitió que las fuerzas progresistas, antes vistas como “enemigas del desarrollo”, se liberasen de ese fardo histórico, transformando el boom en una ocasión única para realizar políticas sociales y de redistribución de la renta. Las oligarquías y, en algunos países, sectores avanzados de la burguesía industrial y financiera altamente internacionalizados, perdieron buena parte del poder político gubernamental, pero a cambio vieron incrementado su poder económico. Los países cambiaron sociológica y políticamente, hasta el punto de que algunos analistas vieron la emergencia de un nuevo régimen de acumulación, más nacionalista y estatista, el neodesarrollismo, sobre la base del neoextractivismo.

Sea como fuere, este neoextractivismo se basa en la explotación intensiva de los recursos naturales y, por lo tanto, plantea el problema de los límites ecológicos (para no hablar de los límites sociales y políticos) de esta nueva (vieja) fase del capitalismo. Esto es tanto más preocupante en cuanto este modelo de “desarrollo” es flexible en la distribución social, pero rígido en su estructura de acumulación. Las locomotoras de la minería, del petróleo, del gas natural, de la frontera agrícola son cada vez más potentes y todo lo que se interponga en su camino y obstruya su trayecto tiende a ser arrasado como obstáculo al desarrollo. Su poder político crece más que su poder económico, la redistribución social de la renta les confiere una legitimidad política que el anterior modelo de desarrollo nunca tuvo, o sólo tuvo en condiciones de dictadura.

Por su atractivo, estas locomotoras son eximias para transformar las señales cada vez más perturbadoras de la inmensa deuda ambiental y social que generan en un costo inevitable del “progreso”. Por otro lado, privilegian una temporalidad que es afín a la de los gobiernos: el boom de los recursos naturales no va a durar para siempre y, por eso, hay que aprovecharlo al máximo en el más corto plazo. El brillo del corto plazo oculta las sombras del largo plazo. En tanto el boom configura un juego de suma positiva, quien se interpone en su camino es visto como un ecologista infantil, un campesino improductivo o un indígena atrasado, y muchas veces es sospechado de integrar “poblaciones fácilmente manipulables por Organizaciones No Gubernamentales al servicio de quién sabe quién”.

En estas condiciones se vuelve difícil poner en acción principios de precaución o lógicas de largo plazo. ¿Qué pasará cuando el boom de los recursos naturales termine? ¿Y cuando sea evidente que la inversión de los recursos naturales no fue debidamente compensada por la inversión en recursos humanos? ¿Cuando no haya dinero para generosas políticas compensatorias y el empobrecimiento súbito cree un resentimiento difícil de manejar en democracia? ¿Cuando los niveles de enfermedades ambientales sean inaceptables y sobrecarguen los sistemas públicos de salud hasta volverlos insostenibles? ¿Cuando la contaminación de las aguas, el empobrecimiento de las tierras y la destrucción de los bosques sean irreversibles? ¿Cuando las poblaciones indígenas, ribereñas y de los quilombos (afrobrasileños) que fueron expulsadas de sus tierras cometan suicidios colectivos o deambulen por las periferias urbanas reclamando un derecho a la ciudad que siempre les será negado? Estas preguntas son consideradas por la ideología económica y política dominante como escenarios distópicos, exagerados o irrelevantes, fruto de un pensamiento crítico entrenado para dar malos augurios. En suma, un pensamiento muy poco convincente y de ningún atractivo para los grandes medios de comunicación.

En este contexto, sólo es posible perturbar el automatismo político y económico de este modelo mediante la acción de movimientos y organizaciones sociales con el suficiente coraje para dar a conocer el lado destructivo sistemáticamente ocultado del modelo, dramatizar su negatividad y forzar la entrada de esta denuncia en la agenda política. La articulación entre los diferentes factores de la crisis deberá llevar urgentemente a la articulación entre los movimientos sociales que luchan contra ellos. Se trata de un proceso lento en el que el peso de la historia de cada movimiento cuenta más de lo que debería, pero ya son visibles articulaciones entre las luchas por los derechos humanos, la soberanía alimentaria, contra los agrotóxicos, contra los transgénicos, contra la impunidad de la violencia en el campo, contra la especulación financiera con productos alimentarios, por la reforma agraria, los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales, los derechos indígenas y de los quilombos, el derecho a la ciudad, el derecho a la salud, la economía solidaria, la agroecología, el gravamen de las transacciones financieras internacionales, la educación popular, la salud colectiva, la regulación de los mercados financieros, etc.

 

Tal como ocurre con la democracia, sólo una conciencia y una acción ecológica vigorosas, anticapitalistas, pueden enfrentar con éxito la vorágine del capitalismo extractivista. Al “ecologismo de los ricos” es preciso contraponerle el “ecologismo de los pobres”, basado en una economía política no dominada por el fetichismo del crecimiento infinito y del consumismo individualista, sino en las ideas de reciprocidad, solidaridad y complementariedad vigentes tanto en las relaciones entre los seres humanos como en las relaciones entre los humanos y la naturaleza.

* Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal.

El texto corresponde a la “Undécima carta a las izquierdas” del autor.

Traducción: Javier Lorca.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-239508-2014-02-10.html

 

 

Discutamos: "las ideas básicas del desarrollo convencional que están profundamente arraigadas en la cultura latinoamericana, y en muchos casos los debates lidian sobre diferentes instrumentalizaciones. Estas posiciones han estado sujetas a diversas críticas desde hace décadas. Sus bases conceptuales han motivado ácidos cuestionamientos, como por ejemplo por su reduccionismo económico, o por suponer que el crecimiento puede ser perpetuo". Y dilucidemos sobre:

 

 

 

El buen vivir más allá del desarrollo

2008

Por Eduardo Gudynas y Alberto Acosta

La idea del “buen vivir” se está difundiendo en toda América Latina. Es un concepto en construcción que aspira ir más allá del desarrollo convencional, y se basa en una sociedad donde conviven los seres humanos entre sí y con la naturaleza. Se nutre desde ámbitos muy diversos, desde la reflexión intelectual a las prácticas ciudadanas, desde las tradiciones indígenas a la academia alternativa.

En buena medida, el buen vivir es una reacción y también una mirada al futuro. En el primer caso, es una respuesta a las limitaciones y contradicciones de las ideas y aplicaciones contemporáneas del desarrollo. En el segundo, aglutina diversas miradas que desean dejar atrás ese desarrollo convencional y están ensayando nuevas perspectivas enmarcadas en otro tipo de valoraciones de la sociedad y el ambiente. De esta manera, el buen vivir ha logrado una gran visibilidad en algunos países andinos, y desde estos se está difundiendo a todo el continente. En el Ecuador se le expresa como buen vivir o sumak kawsay en kichwa, mientras que en Bolivia se le invoca como vivir bien, suma qamaña en aimara, ñandareko en guaraní y sumak kawsay en quechua.

La crítica al desarrollo

Hace décadas se concibe al desarrollo como crecimiento económico continuado, mediado especialmente por exportaciones e inversión, lo que generaría efectos que beneficiarían al resto de la sociedad. Desde esta perspectiva, el bienestar humano se reduce al consumo material y la naturaleza debe ser intensamente aprovechada. Existen diversas discusiones sobre cómo llevar adelante esa estrategia convencional de desarrollo donde, por ejemplo, unos relevan el papel del mercado y otros apelan al Estado. Sin dejar de reconocer la importancia de esas diferencias, también es cierto que todas estas posturas comparten ese núcleo básico de ideas. Incluso bajo los gobiernos progresistas de América Latina afloran esos componentes, cuyo mejor ejemplo sea seguramente su promoción de los sectores extractivistas. Por lo tanto, las ideas básicas del desarrollo convencional están profundamente arraigadas en la cultura latinoamericana, y en muchos casos los debates lidian sobre diferentes instrumentalizaciones. Estas posiciones han estado sujetas a diversas críticas desde hace décadas. Sus bases conceptuales han motivado ácidos cuestionamientos, como por ejemplo por su reduccionismo económico, o por suponer que el crecimiento puede ser perpetuo. Las aplicaciones prácticas en muchos casos no mejoran el bienestar sino que desembocan en impactos sociales y ambientales. Iniciativas de desarrollo muy publicitadas derivaban, por ejemplo, en desplazamientos desde las zonas rurales o pérdida de circuitos económicos locales.

No pretendemos decir que fracasaron todos los emprendimientos que han invocado metas del desarrollo. Pero sí deseamos señalar que esto sucedió en muchos casos, y que más allá de algunos éxitos puntuales son evidentes las limitaciones en su base conceptual. Más de medio siglo de planes tradicionales de desarrollo que supuestamente resolverían los problemas del subdesarrollo, han tenido resultados paupérrimos.

En realidad, lo que se observa en el mundo es un “mal desarrollo” generalizado, con diferentes expresiones de “mal vivir”, tanto en el sur como en el norte. El sociólogo español José María Tortosa va más allá cuando afirma que “el funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es ‘maldesarrollador’ en su propia lógica, ya que está basado en una idea de ‘eficiencia’ que trata de maximizar los resultados, reducir costes y conseguir la acumulación incesante de capital”.

Por lo tanto, la búsqueda de una buena vida debe basarse en un proceso muy distinto al de este desarrollo tantas veces promocionado y anhelado. Es cierto que se han realizado muchas exploraciones para corregir o transformar el desarrollo contemporáneo, como por ejemplo las conocidas como desarrollo humano, desarrollo endógeno, o los distintos tipos de sustentabilidad. Sus aportes refuerzan la idea de que el estilo de vida de los países industrializados, con un enorme consumo, es incompatible con las capacidades ecológicas de absorción y resiliencia de la Tierra. La apropiación de los recursos naturales como una condición para el crecimiento económico ya no puede ser la meta última. Por lo tanto, es necesaria una discusión conceptual mucho más profunda que vaya más allá de los cambios instrumentales sobre el desarrollo. En el mismo sentido, redes y movimientos ciudadanos no sólo reaccionan contra los fracasos concretos de proyectos de desarrollo, sino que cuestionan sus bases conceptuales.

 

Allí se encuentran muchas de las semillas del buen vivir. En paralelo, en diversos países sudamericanos se han registrado procesos políticos de reacción y rechazo al reduccionismo de mercado, que en varios casos desembocaron en gobiernos progresistas o de la nueva izquierda. En la segunda mitad de la década del 2000, ocho países de América del Sur contaban con gobiernos progresistas que, más allá de su amplia diversidad, han generado un contexto más propicio para profundizar la crítica al desarrollo y, con ello, la idea del buen vivir. Estas circunstancias también permitieron que algunos actores, especialmente pueblos indígenas, lograran visibilizar mejor su rechazo a las ideas clásicas de desarrollo y rescataran sus posturas tradicionales enfocadas en el bienestar y la calidad de vida. Ese ha sido un aporte fundamental para el buen vivir. Estos y otros factores fueron claves para permitir la eclosión del debate sobre el buen vivir. Bajo ese rótulo se agruparon viejos y nuevos cuestionamientos sobre el desarrollo clásico, como la creencia en un proceso lineal universal o la necesidad inevitable de destruir la naturaleza. Se incorporaron saberes tradicionales que estaban subordinados, se cuestionaron los transplantes culturales, y se abrieron las puertas a nuevas ideas sobre las relaciones entre sociedad y naturaleza, o sobre la pobreza y el bienestar. Todos estos aportes están en marcha en estos precisos momentos; por ello, el buen vivir es un campo de ideas en construcción. Seguidamente examinaremos algunas de sus manifestaciones.

 

El buen vivir en las nuevas constituciones andinas

Posiblemente la mayor visibilidad del buen vivir se logró con su formalización en las nuevas constituciones de Bolivia y el Ecuador. En el caso del Ecuador, el buen vivir forma parte de una larga búsqueda de alternativas de vida fraguadas al calor de las luchas populares, particularmente indígenas, desde mucho antes que Rafael Correa accediera a la presidencia. Sus contenidos apuntan a transformaciones de fondo en la sociedad, la economía, la política y la relación con la naturaleza. Se articularon con agendas de otros movimientos, en un heterogéneo conglomerado con fuerzas sobre todo urbanas, hasta cristalizarse en el proceso constituyente de 2007 y 2008. En el caso de Bolivia, el proceso de debate es quizá más reciente y sin duda más tensionado.

 

En este país, la idea de la “vida buena” o “vivir bien” es una expresión casi de tono reivindicatorio de algunos líderes indígenas, militantes e intelectuales. Por esta razón, el concepto siempre apareció asociado a los vocablos de lengua aimara suma qamaña, cuya mejor traducción posiblemente esté referida al ‘buen convivir’. Sin embargo, esta expresión es muy reciente y para algunos fue creada por intelectuales aimaras, ya que no es parte del “lenguaje cotidiano o las representaciones locales” de esas comunidades. De todos modos, esto representa uno de los aspectos positivos de la construcción del concepto por varias razones.

  • Por un lado, estos ejemplos muestran que está en marcha un diálogo con las tradiciones culturales indígenas, y que ellas pueden crear o re-crear nuevas conceptualizaciones adaptadas a las circunstancias actuales. El buen vivir no es un simple regreso a las ideas de un pasado lejano, sino la construcción de otro futuro.

  • Por otro lado, en ese diálogo también intervienen algunas tradiciones occidentales que han cuestionado distintos presupuestos de la modernidad dominante. Entre ellas se encuentran posturas éticas alternativas que reconocen los derechos de la naturaleza, los aportes del feminismo como reacción a la dominación de base patriarcal, y las nuevas conceptualizaciones en áreas como la justicia y el bienestar humano. Este tipo de aportes permite ir construyendo y moldeando la idea del buen vivir desde varios frentes, generando así distintas definiciones. Un buen ejemplo para ilustrar este punto es la conceptualización ofrecida por René Ramírez, ministro de Planificación del Ecuador, en la que el buen vivir es, entre otras cosas, “la consecución del florecimiento de todos y todas en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas”, incorporando aspectos como las libertades, las oportunidades, las capacidades y las potencialidades reales de los individuos.

En la nueva Constitución del Ecuador (2008), esta idea es presentada como los “derechos del buen vivir”, dentro de los cuales se incluye una amplia variedad de derechos (como a la alimentación, a un ambiente sano, al agua, a la comunicación, a la educación, a la vivienda, a la salud, a la energía, etc.). Por ejemplo, el artículo 14 “reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. Esta Constitución rompe con la concepción clásica de priorizar unos derechos sobre otros al reconocerlos como interdependientes y de igual jerarquía (artículo 11, numeral 6). Por lo tanto, los derechos al buen vivir ocupan un mismo plano que otros conjuntos de derechos, entre los cuales están los derechos de personas y grupos de atención prioritaria, comunidades, pueblos y nacionalidades, participación, libertad, de la naturaleza, y protección; y a su vez, este conjunto tiene un correlato en una sección dedicada a las responsabilidades.

 

Seguidamente se indican dos campos principales de acción, también en un mismo nivel de jerarquía: por un lado el “régimen del buen vivir”, y por el otro, el “régimen de desarrollo”. Este último es definido como “el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. (…) El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza” (artículo 275). Los derechos están íntimamente vinculados a las estrategias de desarrollo, y estas deben atender una planificación participativa en áreas como el trabajo y de las soberanías alimentaria, económica y energética. En paralelo, el régimen del buen vivir incluye las cuestiones de inclusión y equidad (por ejemplo, educación, salud, vivienda, cultura, etc.) y biodiversidad y recursos naturales. Así, en el caso ecuatoriano queda claro que la conquista del buen vivir es una expresión de un conjunto de derechos, y que para asegurarlos es indispensable encarar cambios sustanciales en las estrategias de desarrollo.

Es, a no dudarlo, una propuesta de vanguardia que tensiona el concepto de desarrollo con una propuesta a ser construida, el buen vivir. Posturas como estas generaron tensiones y críticas en el proceso constituyente ecuatoriano: para algunos, el buen vivir era una invocación a una vida despreocupada y pasiva, mientras que otros lo calificaban como un retorno a las cavernas; aquellos acostumbrados a las verdades indiscutibles clamaban por concreciones definitivas, mientras que otros, incluso algunos de los que apoyaron este principio, al parecer no tenían clara la trascendencia de esta decisión. Es que el buen vivir no puede ser simplemente asociado al “bienestar occidental”, ni tampoco niega la posibilidad de propiciar la modernización de la sociedad, particularmente con la incorporación en la vida de muchos y valiosos avances tecnológicos de la humanidad, sino que apunta a otras bases conceptuales.

En el caso de la nueva Constitución de Bolivia (2009), las referencias son al vivir bien y aparecen en la sección sobre las bases fundamentales del Estado. Al abordarse los principios, valores y fines del Estado (artículo 8), se presentan como “principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”. Aquí se observa una mayor amplitud cultural, en la medida en que se postulan concepciones del vivir bien de varias tradiciones indígenas además de la aimara, como la quechua y la guaraní. Estos principios aparecen en paralelo y con la misma jerarquía que otros principios clásicos, como los de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, etc. (también incluidos en el artículo 8). A su vez, todos ellos están directamente relacionados con la organización económica del Estado, donde también se apuntan a algunos cambios en el camino del desarrollo. En efecto, se sostiene que el “modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien” (artículo 306). Se postula un ordenamiento económico plural, vinculado a principios como la solidaridad y la reciprocidad, donde el Estado se compromete a la redistribución equitativa de los excedentes mediante políticas sociales de diverso tipo. Es más: se insiste en que para lograr el “vivir bien en sus múltiples dimensiones”, la organización económica debe atender propósitos como la generación del producto social, la redistribución justa de la riqueza, la industrialización de los recursos naturales, etc. (artículo 313).

 

Este apretado repaso permite señalar tanto similitudes como diferencias. En ambos países, la idea del buen vivir está directamente ligada a saberes y tradiciones indígenas, visibilizando un acervo que ha sido ocultado y sojuzgado por largo tiempo. También en ambos casos se apunta a otro desarrollo, con indicaciones de un cambio profundo en las economías. El mercado por sí solo no es la solución, tampoco lo es el Estado. El subordinar el Estado al mercado conduce a subordinar la sociedad a las relaciones mercantiles y a la egolatría individualista. Lejos de una economía sobredeterminada por las relaciones mercantiles, el buen vivir se orienta a vinculaciones dinámicas y constructivas entre el mercado, la sociedad y el Estado. Se busca construir una sociedad con diversidad de tipos de mercados, para no tener una “sociedad de mercado”, es decir, mercantilizada. No se quiere una economía controlada por monopolistas y especuladores. Pero tampoco se reduce todo al Estado ni se promueve una visión estatista a ultranza de la economía. Hay diferencias importantes entre las propuestas boliviana y ecuatoriana.

 

En el caso de Bolivia, el suma qamaña y los demás conceptos asociados son principios ético-morales y no aparecen como derechos. Están enfocados en delimitar los marcos para una sociedad que se define como plurinacional. Incluso se puede argumentar que estos principios ético-morales serían una de las fundamentaciones de esa plurinacionalidad, y el buen vivir es, entonces, una condición que puede expresarse de diferente manera en cada una de ellas. En el caso ecuatoriano, en cambio, el sumak kawsay es presentado a dos niveles: como el marco para un conjunto sustantivo de derechos, y como expresión de buena parte de la organización y ejecución de esos derechos no solo en el Estado sino en toda la sociedad. Es una formalización de mayor amplitud pero al mismo tiempo más precisa, ya que el sumak kawsay es a la vez un conjunto de derechos y un contrapeso que impone un nuevo régimen de desarrollo. Por el contrario, en el texto constitucional boliviano ese vínculo entre suma qamaña y los derechos no es explícito; por ejemplo, no hay una referencia a este concepto en la sección de los derechos fundamentales. A su vez, en el texto boliviano, el suma qamaña es claramente presentado como una de las finalidades del Estado. En cambio, en la Constitución ecuatoriana el buen vivir aparece en un alto nivel de la jerarquía, y desde este se derivan muchos derechos.

 

La dimensión plurinacional del buen vivir es más fuerte en el caso boliviano, llegándose a reconocer 36 lenguas indígenas además del castellano; un punto que no se logró en el Ecuador. La dimensión ambiental es, por el contrario, más intensa en el Ecuador, donde se reconocieron por primera vez los derechos de la naturaleza (artículos 71 a 74). Esto consolida la dimensión ambiental del buen vivir ecuatoriano, mientras que el texto boliviano es más ambiguo si consideramos que algunos artículos defienden el mandato del Estado de industrializar los recursos naturales. Los derechos de la naturaleza implican reconocerle valores propios, independientes del posible uso o utilidad humana. La naturaleza deja de ser un objeto para convertirse en sujeto de derechos. No es un cambio menor: se trata de una ruptura con la ética convencional, pasándose a una postura biocéntrica donde se debe asegurar la sobrevida de especies y ecosistemas. De todos modos, esto no implica una naturaleza intocada, sino que es posible seguir aprovechando los recursos naturales para satisfacer las necesidades vitales humanas y asegurando la preservación de la biodiversidad.

 

Como la nueva Constitución boliviana no reconoce los derechos de la naturaleza, se generan tensiones, en particular frente a algunos artículos que postulan que uno de los mandatos del Estado es la industrialización de los recursos naturales (artículo 9, numeral 6). Estos artículos se acercan a las ideas clásicas del progreso que ven la naturaleza como una canasta de recursos a ser aprovechados. Finalmente, deseamos señalar la importancia de la dimensión territorial tanto en sus aspectos biofísicos como en las conceptualizaciones culturales que los delimitan y describen. Esto aparece de distinta manera en las dos constituciones, pero con más intensidad en el caso boliviano en temas como el reconocimiento de los espacios comunitarios, los intentos de descentralización y autonomía, el manejo regional de recursos naturales, etc. Difusión y prácticas del buen vivir El debate sobre el buen vivir en Bolivia y el Ecuador se ha difundido en América Latina. Ha generado una renovación desde las miradas alternativas que parten de las organizaciones indígenas, en los espacios académicos y en las acciones de movimientos sociales. Se están sumando iniciativas para avanzar en estas concepciones, diseñar indicadores de buen vivir y discutir las relaciones con otras aproximaciones cercanas, como las de la economía social y solidaria, aquellas enfocadas en el bienestar y la felicidad o la justicia. Simultáneamente aparecen los primeros intentos de aplicación a escala nacional. Un caso destacado es el “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013” del Ecuador, elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Su propio título establece que se aparta de los clásicos programas de “desarrollo” nacional. El Plan parte de reconocer que el buen vivir es una reacción frente a los estilos de desarrollo neoliberales anteriores, y sostiene que se construye continuamente desde reivindicaciones que buscan una visión que supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo y permita la aplicación de un nuevo paradigma cuyo fin no sea los procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva una estrategia económica incluyente, sostenible y democrática. Suma a esos pilares el propósito de salir del antropocentrismo occidental para generar otras relaciones con la naturaleza, y la búsqueda de igualdad, justicia social y valorización de otros saberes. En el caso boliviano, el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” presenta a cada uno de los componentes de su título como pilares que llevarían al vivir bien. Se plantean objetivos valiosos como el ataque a la pobreza, pero se mantiene al extractivismo como motor de la economía, e incluso se postula convertir a la naturaleza en proveedora de excedentes. Mientras que el camino boliviano persiste en el extractivismo, el plan ecuatoriano postula remontarlo. Aunque en la práctica las medidas concretas en el Ecuador son muy similares a las de Bolivia, de todas maneras debe subrayarse la relevancia de iniciar la discusión de un futuro posextractivista, que sin duda sería un ingrediente indispensable del buen vivir. Nuestro propósito en este artículo no es analizar en detalle la viabilidad o rigurosidad en las vías de transición hacia las alternativas de desarrollo, sino puntualizar que el buen vivir implica una ruptura sustancial con la apropiación de la naturaleza para alimentar un desarrollo entendido como crecimiento económico y un progreso concebido como evolución lineal. Por lo tanto, el buen vivir no es solo una cuestión de políticas económicas redistributivas o de nacionalizar tal o cual sector estratégico, sino que apunta a un debate más profundo sobre las raíces conceptuales del desarrollo. Al menos conceptualmente, el buen vivir supera la búsqueda de desarrollos “alternativos” e intenta ser una “alternativa al desarrollo”; en síntesis, una opción radicalmente distinta a todas las ideas de desarrollo contemporáneo. Como esta construcción pasa a jugarse en el plano de ideologías profundamente arraigadas, surgirán muchas tensiones y contradicciones. Eso explica las dificultades, avances y retrocesos en las prácticas, donde en muchos casos se vuelve a caer, por ejemplo, en las conocidas estrategias extractivistas asentadas en el petróleo y los minerales.

 

El regreso a un concepto en construcción

En resumen, el buen vivir, como se anota a lo largo de estas líneas, es un concepto en construcción. Se trata de una idea que emerge desde el mundo andino e incluso amazónico, pero que recoge los valiosos aportes elaborados en otros rincones del mundo. De esta manera, ofrece un anclaje histórico en el mundo indígena, pero también en principios que han sido defendidos por otras corrientes occidentales que permanecieron subordinadas durante mucho tiempo. Responde a viejos problemas como remontar la pobreza o conquistar la igualdad, junto a otros nuevos, como la pérdida de biodiversidad o el cambio climático global. Bajo el concepto de buen vivir hay aspectos compartidos, aunque también divergencias en algunos énfasis. Pero esto es perfectamente entendible, pues el concepto responde a diferentes contextos culturales, históricos y ambientales. Por lo tanto, no es una propuesta esencialista; no se lo puede expresar en una receta como ocurre con los planes de agencias y bancos internacionales. A su vez, hay muchas coincidencias en los aspectos negativos a solucionar; hay claridad en el mal vivir que se desea erradicar. También es cierto que el buen vivir tiene su cuota de romanticismo, pero a la vez ofrece una vigorosa dosis de realismo. Recuérdese que los estilos de vida que propugnan la relación armónica entre los seres humanos y de estos con la naturaleza, con todas las limitaciones que se les pueda encontrar, fueron la base para que las culturas indígenas pudieran resistir más de quinientos años de colonización y explotación. El buen vivir ofrece una orientación para construir colectivamente estilos distintos y alternos al progreso material. En ese sendero es clave la ruptura con la ideología del desarrollo como progreso. El buen vivir apuntar a “desacoplar” la calidad de vida del crecimiento económico y de la destrucción del ambiente. Por estas razones, es un concepto que se cimienta en un entramado de relacionalidades, tanto entre humanos como con el ambiente, en vez de una dualidad que separa a la sociedad de su entorno y a las personas entre sí.

Fuente: http://www.desco.org.pe/sites/default/files/quehacer_articulos/files/11_Gudynas_181.pdf