Qué Economía

Julio 2016

Sin privilegio de los intereses oligopólicos ni deuda eterna.

 

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

A 200 años, es hora de percibir hacia qué exterminio nos conduce el sistema mundo capitalista al privilegiar la alta rentabilidad de oligopolios por sobre necesidades y aspiraciones de los diversos de abajo. Veamos qué significa el desarrollo agroalimentario y agroindustrial del capitalismo.

 

Argentina: El modelo agropecuario: monocultivo transgénico, desmonte, desalojo, explotación
1 de noviembre de 2007

Por Agrupación Desde Abajo*

"Mientras la mitad de la tierra cultivada produce alimentos para enriquecer a un pequeño sector (empresarios de la agroindustria, multinacionales de la industria química-biotecnológica y el comercio de granos, y un sector de productores medianos que arriendan sus campos) amplios sectores del pueblo se mueren o enferman de hambre; campesinos, trabajadores rurales e indígenas son expulsados violentamente de sus campos condenados a perder su lugar y su cultura migrando a las villas miseria de las grandes ciudades, al tiempo que se destruye la base de recursos naturales que sostiene la agricultura (suelos, bosques y ambientes nativos, agua)".

16 millones de hectáreas es el equivalente en superficie a las provincias de Entre Ríos y Corrientes íntegras. También es la mitad de la superficie cultivada del país. 16 millones de ha es la superficie ocupada hoy por monocultivos de soja en la Argentina. Prácticamente la totalidad de esta soja es transgénica y su patente corresponde a la multinacional Monsanto. También la casi totalidad de esa soja es exportada. Esta descomunal expansión del cultivo de soja se dio como ya es conocido en los últimos 10 años, coincidente en el país con la aprobación de la soja RR[1] en 1996. (en 1996 ocupaba sólo el 27%)[2]

Los efectos de este modelo de monocultivos industriales de exportación son innumerables y algunos están resultando devastadores. Por mencionar solo algunos de los más notorios:

Desmonte de más de 1 millón de hectáreas de bosque nativo en la región chaqueña (provincias de Salta, Chaco, Córdoba y Santiago del Estero)[3] en solo 6 años (1998-2004), más de 100.000 familias de pequeños productores rurales expulsadas del campo[4], en algunos casos como en Santiago del Estero y Córdoba desalojadas por la fuerza[5], enorme concentración de la tierra, crecientedesertificación de los suelos producida por el uso generalizado de agroquímicos y la exportación de nutrientes con los granos, desplazamiento de otras actividades tradicionales como ganadería, tambos y cultivos como frutales, legumbres, etc., incremento de la contaminación sobre otros cultivos e incluso de intoxicaciones de personas y animales por el uso masivo e indiscriminado de herbicidas y pesticidas[6], monopolización de la cadena agrícola por parte de las transnacionales de la industria química con derechos de propiedad sobre las variedades de semillas transgénicas (en el caso de la soja más del 98%).

Quizás el costado más violento de este avance de la agroindustria son los desalojos violentos de campesinos e indígenas y la creciente proliferación de bandas paramilitares al servicio de los terratenientes y empresarios sojeros. Esto es cada vez más inocultable, a tal punto que grandes medios de comunicación cómplices y beneficiarios del modelo como el grupo Clarín se hacen eco de esto. Lo que empezó en provincias como Santiago del Estero y Córdoba ahora se extiende a otras como Salta y Chaco. Más violento aún es el avance en países vecinos como Paraguay con muchas zonas del interior militarizadas y en donde el sector campesino es más grande y probablemente más organizado.

A pesar de todo esto nuestra facultad hasta ahora ha permanecido ajena al debate sobre este tema (salvo en alguna ocasión para exponer acerca de las "maravillas" del modelo, con algunas tibias críticas superficiales). Sin embargo este tema toca muy de cerca a la facultad y a la UBA en general.

Además recordemos que la CONABIA, organismo encargado de la evaluación y aprobación de los cultivos transgénicos (pieza fundamental del modelo), está compuesta actualmente por 32 personas de las cuales al menos 6 son investigadores-docentes de la UBA.(18%)[7] En este punto hay que separar:

Por un lado los riesgos y las incertidumbres que existen con respecto a al impacto de los OGMs (por el mismo hecho del transgénico en sí) a mediano y largo plazo en el ambiente y la alimentación humana y animal. Incertidumbres que quienes promueven estas aplicaciones niegan o desprecian en una actitud de enorme irresponsabilidad y soberbia.

Por otro lado la orientación o finalidad de las modificaciones hechas en las semillas recombinantes. Estas son sólo para dos fines en todas las liberaciones comerciales aprobadas; la resistencia a herbicidas y la producción de toxinas contra insectos.

Lo cierto es que este último punto hace que los OGMs aprobados por la CONABIA sean funcionales al modelo agropecuario actual que sóo favorece el desarrollo de grandes monocultivos industriales, mecanizados, con alto consumo de insumos externos (agroquímicos, fertilizantes, combustible, etc.) y bajo empleo de mano de obra. Favoreciendo (junto a la complicidad del estado en todas las esferas) la concentración de la tierra y la monopolización de la agricultura en manos de un puñado de empresas multinacionales. Es muy ilustrativo ver la lista de cultivos OGMs aprobados para su liberación comercial, el 100% corresponden a los gigantes de la industria química (Ciba-Geigy, Nidera, AgrEvo, Monsanto, Novartis, Hoechst Schering, Dow y Pioneer)[8]. Es claro que están pensados y diseñados por ellos para un único objetivo que, como no puede ser otro viniendo de este sector, es el afán de lucro.

Es para destacar que frente a esta primera crítica quienes promueven el cultivo de OGM siempre recurren en última instancia a buscar la legitimación social en el supuesto aumento de la productividad que acarrearían los cultivos de OGM y en el aporte de esto a la solución del hambre en el mundo. Basados en esto es que se ignora sistemáticamente el principio de precaución[9], exponiéndose a riesgos innecesarios. Subyacente a esto esta el falso supuesto de que con una reforma del modelo productivo por medio de la innovación científico- tecnológica (en este caso el supuesto aumento de la producción) se puede resolver el problema del hambre, cuando es evidente que la solución no pasa por ahí, sino más bien por el sistema político –económico-social que origina esos problemas y desigualdades. Quienes hoy sufren hambre no lo padecen porque sea insuficiente la cantidad de alimento que se produce a nivel mundial sino porque no tienen acceso a los mismos o a los medios para adquirirlos (dinero, tierras, herramientas y capacitación, etc.).

Entonces mientras más de la mitad de la tierra productiva argentina se destina a producir granos para exportar, en el mismo período de espectacular despegue de la agroindustria de la soja y cuando año tras año se vienen sucediendo cosechas récord, los niveles de pobreza y el hambre en el país se incrementaron de manera escandalosa. Sólo en el Gran Buenos Aires el nivel de pobreza se incrementó del 27 % en 1996 al 42% en el 2004.[10] Llegando al absurdo de que mientras la Argentina produce alimentos para 10 veces su población, el 44% de esta viva en la pobreza y el 33% bajo la línea de indigencia.(2004)[11].

Para decirlo en criollo, mientras la mitad de la tierra cultivada produce alimentos para enriquecer a un pequeño sector (empresarios de la agroindustria, multinacionales de la industria química-biotecnológica y el comercio de granos, y un sector de productores medianos que arriendan sus campos) amplios sectores del pueblo se mueren o enferman de hambre; campesinos, trabajadores rurales e indígenas son expulsados violentamente de sus campos condenado s a perder su lugar y su cultura migrando a las villas miseria de las grandes ciudades, al tiempo que se destruye la base de recursos naturales que sostiene la agricultura (suelos, bosques y ambientes nativos, agua). La gente se agolpa en las ya superpoblados conurbanos en donde no tiene la posibilidad de trabajar ni de producir mientras los campos están cada vez mas despoblados.

Frente a todo esto creemos en primer lugar que nos debemos un urgente y profundo debate acerca del tema. Debate que por otro lado ya se ha iniciado hace un tiempo en otros espacios.

El sistema impone distintos modelos con el fin de intensificar la explotación y la opresión, por lo tanto, creemos que es necesario un cambio de fondo en el sistema, que implique un vuelco hacia una agricultura en manos de los agricultores y campesinos, cuya prioridad sea producir alimentos sanos y seguros para abastecer a todo el pueblo, enfocando en el desarrollo de sistemas de cultivos basados en la diversidad.

*Mayo 2007 Agrupación Desde Abajo (extraído de la prensa de la Agrupación) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales- UBA

Notas (…)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Argentina_El_modelo_agropecuario_monocultivo_transgenico_desmonte_desalojo_explotacion

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Argentina: una solución definitiva e integral al problema de la tierra campesina e indígena,

la mejor forma de hacer Justicia
1 de diciembre de 2011

Por Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF)

Quienes integramos la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) nos hacemos eco de las manifestaciones de repudio frente al asesinato del joven campesino Cristian Ferreyra y enviamos nuestra solidaridad y apoyo a su familia y a sus compañeros del MOCASE – VC.

Es urgente establecer responsabilidades sobre este hecho y que se haga justicia, pero consideramos que es a la vez prioritario que este acontecimiento sirva para avanzar en una solución definitiva e integral al problema de la propiedad y uso de la tierra en nuestras zonas rurales, en particular en nuestra región chaqueña.

Por el trabajo cotidiano que desarrollamos quienes somos parte de la REDAF, sabemos que lo que ocurrió en Santiago del Estero no es un hecho aislado ni inevitable.
Es el resultado de la imposición de una mirada del desarrollo puramente extractivista, que alentada por acción u omisión por algunos funcionarios y autoridades, no respeta leyes vigentes, ni tampoco la vida de quienes habitan las zonas rurales de nuestra región chaqueña.

En este documento exponemos algunos de los hechos que creemos son relevantes de analizar, con la esperanza de aportar al necesario debate de fondo que la muerte de Cristian Ferreyra debiese generar respecto al Derecho a la Tierra.

No es un caso aislado


Según datos del último informe de nuestro Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medioambiente, publicado en octubre de 2010 , en el norte del país existen cerca de 8 millones de hectáreas afectadas por conflictos por la propiedad de la tierra o por la devastación y/o contaminación de otros recursos naturales, como el agua, el aire y los bosques. Estos conflictos afectan a cerca de 1 millón de personas, la mayoría comunidades campesinas y aborígenes. Estos datos emanan del análisis de sólo 164 casos. Desde ese último informe a la fecha hemos sumado otros 80 casos.

Estos datos son sólo una pequeña muestra de un problema que, si bien no es nuevo, se hace cada vez más visible en nuestra región, por la violencia de las amenazas y desalojos, pero también por la intervención cada vez más decidida de las organizaciones campesinas e indígenas.
Una muerte evitable

Antes de la muerte de Ferreyra, a fines de 2010 el MOCASE mantuvo por más de tres meses un corte en la ruta nacional 34, denunciando amenazas con armas de fuego y tiroteos a la comunidad de Pozo del Castaño, en el norte de la provincia. Luego de la muerte de Roberto López, de la comunidad Qom de La Primavera, sus compañeros fueron hasta Buenos Aires y acamparon cinco meses en plena 9 de julio esperando ser escuchados por las autoridades. Todas las semanas sabemos de denuncias, de cortes de ruta, de marchas que exigen freno a los desalojos y respeto por el derecho a la tierra campesina e indígena. Estos reclamos, sin embargo, tienen escasa repercusión y prácticamente nula respuesta de parte de las autoridades.

El análisis de los casos relevados por nuestro Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medioambiente nos muestra que las familias afectadas perciben que el Estado en sus distintos niveles, incluyendo aquí al poder judicial, actúa contra sus intereses, identificándolos como aliados de las personas y/o empresas que directamente realizan la usurpación o amenazas. Policías que no actúan o lo hacen defendiendo a quienes intentan usurpar; o jueces que fallan generalmente a favor de quien ostenta los documentos de propiedad sin reconocer los derechos históricos de posesión de la tierra, son las situaciones más cotidianas denunciadas por las familias.

La contracara es la criminalización de la protesta de las familias campesinas e indígenas. En la región, existen innumerables casos de campesinos, dirigentes indígenas y técnicos de ONGs que a la fecha tienen procesos abiertos en la justicia por defender sus territorios.
Sin voluntad política, la ley es letra muerta

Estas situaciones ocurren, pese a que existe un marco normativo que reconoce los derechos territoriales de las familias campesinas e indígenas, y que exige que estos sean garantizados por los Gobiernos.

Son derechos no sólo contemplados por nuestra Constitución Nacional, el Código Civil y diversos convenios internacionales a los cuales ha adherido el Estado Argentino, incluso dándoles rango constitucional (como el Convenio 169 de la OIT). Están también expresados en normativas de promulgación reciente, como la Ley 26.160 de Emergencia de los Territorios Indígenas -que obliga a frenar los desalojos de estas comunidades y realizar un catastro de sus territorios de uso ancestral -, y en la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que incluyó el respeto por las zonas de uso campesino e indígena, como uno de los criterios para los Ordenamientos Territoriales que debía realizar cada provincia.

Pero lo concreto es que en las provincias de nuestra región chaqueña la aplicación de todas y cada una de estas normativas ha implicado un proceso de vigilancia permanente de parte de ONGs y organizaciones campesinas y aborígenes, dónde los espacios casi nunca han sido dados espontáneamente por las autoridades, sino exigidos desde la sociedad civil; donde la lentitud ha sido una constante y la información ha brillado por su ausencia.

Es preocupante que normativas de nivel nacional que manifiestan un espíritu superador respecto al uso y propiedad de nuestros recursos naturales, se desdibujen o simplemente se ignoren a la hora de aplicarlas en las provincias. Ejemplos de esto es lo ocurrido con el OTBN de Córdoba, el OTBN de Formosa. O con la Ley 26.160 en todas las provincias de la región, tal como lo dio a conocer un informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) en mayo de este año .

La gran responsable: Una visión extractivista del “desarrollo”

De los 164 casos analizados por nuestro Observatorio de Tierras Recursos Naturales y Medioambiente, el 89% de los conflictos de tierra se iniciaron en la década del 2000, fecha que coincide con el boom de los monocultivos de exportación en la Argentina.

La perspectiva de alta rentabilidad a corto plazo ha hecho que en las últimas décadas los ojos se vuelvan hacia el vasto territorio chaqueño, con la perspectiva de “habilitar” para el monocultivo áreas con vocación eminentemente ganadera y forestal (y no agrícola intensiva). En la provincia de Santiago del Estero se pasó de 95 mil a 1,1 millones de hectáreas sembradas con soja poco más de una década (1996 – 2010). Este proceso, cuyos protagonistas principales son empresarios extraprovinciales e internacionales, ha generado una presión altísima sobre los ecosistemas existentes en la provincia y por consiguiente sobre sus habitantes.

La cara económica de la muerte de Cristian Ferreyra y de la presión cotidiana sobre las comunidades campesinas e indígenas de toda la región, es la reactivación del mercado de tierras rurales en el territorio chaqueño, cuya avanzada se expresa también en el desmonte creciente. Según datos de la Secretaría de Ambiente de Nación, entre 2002 y 2006 dejaron de existir en Argentina 1.108.669 hectáreas de bosques nativos, que equivalen a 759 por día. El 70% de esta explotación ocurre en la región chaqueña.

Esta situación de acaparamiento de tierra ha implicado la migración forzada de las familias campesinas y aborígenes hacia poblados y centros urbanos, obligándolos a vivir dependientes de subsidios sociales por la escasez de fuentes de trabajo y porque el bosque, su fuente de sustento tradicional, ya no existe.
 

Un Plan Estratégico Excluyente

Es a la luz de estas situaciones que como REDAF hemos manifestado nuestra preocupación por algunos de los principios contemplados en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEA2), presentado por el Ejecutivo en septiembre pasado.

Si bien en esta propuesta existen anuncios a primera vista positivos, como la diversificación productiva y el agregado de valor en origen, lo cierto es que el objetivo de pasar de 100 a 150 millones de toneladas de granos, manteniendo la matriz productiva actual, no puede más que preocuparnos. Esto porque si bien es posible aumentar el rinde de las hectáreas ya sembradas, con todas las consecuencias para el ambiente que esto pudiera traer (agrotóxicos, degradación de los suelos, entre otros) será de todas formas inevitable la necesidad de habilitar nuevas tierras para el monocultivo: desde REDAF tenemos la convicción que estas saldrán de nuestra región chaqueña, es decir de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta y norte de Santa Fe, por nombrar sólo algunas de las provincias más expuestas a esta avanzada.

La convicción se reafirma al constatar que en el documento del PEA la Región Chaqueña, la mayor área forestal de la Argentina, no figura como un área ecológica relevante.

Para el documento del PEA2, tal como hoy está planteado, no existen ni los campesinos del MOCASE, ni la comunidad Qom de La Primavera, ni tantos otros. Para este documento los sujetos agrarios son sólo dos: los pooles de siembra y los productores capitalizados, quedando a los campesinos e indígenas, en el mejor de los casos, incluirse como mano de obra en esta cadena productiva o bien migrar forzosamente hacia los centros urbanos, como ya viene ocurriendo.

El documento del PEA niega la conflictividad que hoy existe en las zonas rurales, al separar la propiedad de la tierra del proceso de producción. Al asumir esta situación como algo dado, como un rasgo más del funcionamiento del sistema, lo que se hace es negar la lucha histórica de las organizaciones campesinas e indígenas que ven a la tierra como un bien social, eje de sus sistemas económicos, sociales y culturales.
Conclusiones

Las organizaciones y personas que integramos la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), vemos que la muerte de Cristian Ferreyra debe ser un elemento concluyente para avanzar en una solución integral e inclusiva respecto a la Tierra en nuestro país, para que no tengamos que lamentar otra vida por esta lucha.

En este sentido consideramos que:

* Es urgente promulgar una Ley de Emergencia que prohíba los desalojos de las familias campesinas, a la vez que se de cumplimiento a normas ya vigentes que van en esta misma dirección, como la Ley 26.160 de Territorios Indígenas y lo contemplado en los OTBN de distintas provincias en el marco de la Ley de Bosques.

* En segundo lugar, creemos que es importante ampliar el debate respecto a proyectos como la Ley Contra la Extranjerización o la Ley de Arrendamientos, cuyo espíritu nos parece positivo, pero no suficiente.

* Consideramos que se debe avanzar en la discusión de una Ley Integral de Tierras, que integre los distintos aspectos que hacen a esta problemática. Una norma de estas características debiese como base garantizar el derecho a la tierra a las comunidades campesinas y pueblos originarios de todo el país, y por otro lado contemplar aspectos que promuevan su arraigo y sus formas de producción.

* Garantizar el arraigo implica por un lado, el freno a las actividades que atentan contra la vida campesina y de las comunidades originarias: como los desmontes, fumigación con agrotóxicos o la privatización o contaminación de fuentes de agua. Pero por otro lado significa una mejora en las condiciones de infraestructura, servicios y apoyo a sus actividades económicas.

* Implica también remirar el proyecto que expresa el Plan Estratégico Agroalimentario, para incluir a las comunidades campesinas y pueblos originarios no como sujetos de asistencia o las inevitables víctimas de nuestro avance hacia un mal entendido “progreso”, sino como un sector con la potencialidad de aportar, como ya lo viene haciendo, a un desarrollo más sustentable económica, social y ambientalmente.

Es la suma de voluntades y el posicionamiento del tema de la Tierra como algo que compete a todos los sectores, y no sólo a quienes viven en el campo, el que nos hará avanzar en esta dirección. Como siempre, nos ponemos a disposición para construir.

Enredando
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Acaparamiento de tierras en Argentina
6 de enero de 2012

Por Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios (Argentina)

 

"Días atrás ha obtenido media sanción de la cámara de Diputados de la Nación Argentina el “Régimen de Protección al Dominio Nacional Sobre la Propiedad o Posesión de Tierras Rurales”...Las preguntas que hay que realizar, es “¿en qué contexto se da esta ley?”, “¿esta norma alcanza para abarcar el problema del Acaparamiento de Tierras en la República Argentina?"

Días atrás ha obtenido media sanción de la cámara de Diputados de la Nación Argentina el “Régimen de Protección al Dominio Nacional Sobre la Propiedad o Posesión de Tierras Rurales” y es probable que obtenga un dictamen favorable en la Cámara de Senadores. Esta ley busca poner límite a la concentración de tierras rurales en mano de extranjeros. La norma sintetiza más de una decena de proyectos, el primero fue presentado diez años atrás.

Entre algunas observaciones que se le puede realizar a dicha ley, es el porcentaje de territorio rural que fija como limite de dominio de personas extranjeras, éste alcanzará un 15%. Hoy día, según un estudios de la FAO (1), se indica que el 10% del territorio argentino está en manos de propietarios extranjeros.

Esta norma, tiene como objeto regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad de tierras rurales y determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación de posesión de las tierras Rurales, además prevé la creación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales y del Registro Nacional de Tierras Rurales. Esto representa un gran desafío debido al carácter federal de nuestro país, ya que cada distrito tiene un sistema catastral diferente y en muchos casos estos sistemas tienen un retraso de aproximadamente cincuenta años.

Pero hoy día, las preguntas que hay que realizar, es “¿en qué contexto se da esta ley?”, “¿esta norma alcanza para abarcar el problema del Acaparamiento de Tierras en la República Argentina?.


En la economía globalizada, Argentina presenta lo que se conoce como ventajas comparativas para la producción Agropecuaria (2). El modelo imperante es el de los agronegocios. Argentina, a finales del siglo XX ha vivenciado un fuerte proceso de agriculturización, expandiendo su frontera agrícola a regiones que anteriormente se consideraban marginales para la producción agroindustrial, esto se debió al corrimiento de la isolinea de 1000 mm hacia el oeste y al gran avance tecnológico en materias de biogenética, este proceso tuvo una mayor dinámica a partir de la introducción del cultivo de la soja resistente al herbicida glisfosato. El modelo imperante ha provocado en los últimos 20 años, la duplicación de las exportaciones, gran productividad, venta de insumos, máquinas y modernización. Como contraparte de lo recién mencionado, los pequeños y medianos productores se fueron empobreciendo.
Por un lado hubo CONCENTRACIÓN de recursos y por otro exclusión de los más vulnerables.

Cuando se habla de CONCENTRACIÓN no queda afuera la TIERRA, con este modelo han proliferado los fondos de inversión, los pools de siembra y los fideicomisos agropecuario, dinero del mercado financiero ha sido volcado al mercado de granos (3). Este tipo de inversiones requiere cada ves mas tierra y en distintas regiones, como para hacer mas rentable el negocio. Cabe aclarar que estos fondos de inversiones y pools de siembra están en manos de capitales nacionales, como ser el caso de las Empresas “Los Grobo” y “El Tejar”, estas empresas hoy tienen en producción más de 1.000.000Ha, además de producir en otros países de la región (4). Es importante señalar que este modelo provoca un gran Acaparamientos de Tierras y atenta, también contra la Soberanía Alimentaria (5).

Por otro lado, en el ultimo año ha habido varios casos sobre conflictos de tierra que han provocado hasta la muerte de campesinos e indígenas en la lucha por la Tierra, en manos de sicarios de terratenientes unas veces y otras en manos de los distintos aparatos represivos del Estado. A modo de ejemplo podríamos mencionar la represión sufrida por habitantes de Libertador General San Martín en la Provincia de Jujuy el día 28 de julio de 2011, que por el déficit habitacional en esta región, los ciudadanos se disponían a ocupar tierra en litigio y que estaban improductivas, que podrían pertenecer al Ingenio Ledesma. En esta represión han asesinado a varias personas (6). Otro ejemplo que se puede mencionar es el caso del Campesino Cristian Ferreira que fue asesinado por sicarios contratados por un terrateniente, hecho ocurrido en la localidad de Monte Quemado en la provincia de Santiago del Estero (7).

También hay para agregar, dos situaciones que se dieron este último año, el gobernador de la provincia de Río Negro, Dr. Miguel Saiz ha firmado un acuerdo con el grupo estatal chino Heilonjiang, para la explotación de 300.000 Ha. Con riego para la producción de soja, cabe aclarar que las tierras potencialmente productivas bajo riego de la provincia alcanza las 857.000Ha, con lo cual en este caso en manos extranjeras quedará la explotación de casi un tercio de las tierras productivas provinciales (8). La otra situación es en la provincia del Chaco, en donde el Gobernador Jorge Capitanich ha firmado un convenio con plazo de 10 años con el grupo Saudí Alkhorayef para la explotación de 200.000Ha. en el Impenetrable Chaqueño (9). En estos dos casos la Tierra sigue quedando en manos nacionales, mientras que el uso es el que se extranjeriza.

Concluyendo, con la ley que limita la extranjerización de la Tierra no alcanza para abordar un tema tan complejo como ser el Acaparamiento de la Tierra. El desafío en Argentina es trabajar sobre el Uso de la Tierra, por otro lado el estado debe intervenir para limitar el ingreso de capitales del sector financiero a la producción de alimentos, hecho que atenta contra la Soberanía Alimentaria ya que pone a los alimentos como una mercancía mas provocando acopio y especulación de los carteles de la alimentación, también es importante trabajar sobre una ley que limite la posibilidad de arrendamiento de empresas financieras. 

Claro está que este panorama se hace más complejo cuando le sumamos el Plan Estratégico Agroalimentario y Agro Industrial (PEA2) (10
ver aquí) lanzado este año por el Gobierno Nacional que pone como objetivo llegar a las 150 millones de toneladas de granos para el año 2020, la tecnología podrá el techo y para llegar a ese objetivo se tendrá que avanzar sobre tierras que hoy no son aptas para la producción de cultivos industriales.

Notas (…)

ULTERA

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/index.php/layout/set/print/Principal/Secciones/Documentos/Acaparamiento_de_tierras_en_Argentina

 

 

Profundicemos en las consecuencias del sistema global de agronegocios y en porqué la alternativa a construir deber ser postcapitalista.

 

 

Sobre Greenpeace y los Premios Nobel

El problema de los transgénicos es el sistema capitalista
8 de julio de 2016

 

Por Ángel Martínez Castro (Rebelión)

Según publica El País: “109 nobeles acusan a Greenpeace de “crimen contra la humanidad” por los transgénicos”.  

http://elpais.com/elpais/2016/06/30/ciencia/1467286843_458675.html?id_externo_rsoc=FB_CC

Las primeras preguntas que uno se hace son ¿109 nobeles pagados por quién? ¿Y no tienen nada que decir de que millones de niños mueran porque se prohíbe producir vacunas o medicinas por una patente? ¿Ni de la trata de blancas, ni del comercio de armas ni de las masacres diarias de los ejércitos dela OTAN? No, quieren acusar de crímenes contra la humanidad a Greenpeace por un delito de opinión.

Pero pasado el estupor inicial, conviene analizar el tema de una forma objetiva.

Argumentan los acusadores que millones de personas mueren por falta de alimentos y que la mayor eficiencia de los transgénicos evitaría esto, así como que millones de niños quedan ciegos por falta de vitamina A, lo cual se evitaría con el arroz dorado (transgénico), que es rico en esta vitamina. La oposición al uso de los transgénicos, por lo tanto, equivale a promover dichas muertes y la ceguera de estos niños, un crimen contra la humanidad.

Este razonamiento no parece, sin embargo, tener en cuenta que el problema que genera el hambre y las enfermedades no es de producción, sino de distribución y de estructura social.

La investigación genética y de transgénicos está en manos mayoritariamente de grandes compañías que buscan una rentabilidad. Aunque hay investigación universitaria, éste es el modelo principal y lo que busca es un aumento de la producción por medio de un más rápido crecimiento o cepas más resistentes… o bien de la rentabilidad con productos a veces más atractivos o vendibles. Este modelo, centralizado en grandes multinacionales con Monsanto a la cabeza necesita de ingentes volúmenes de producción para rentabilizarlo. Para lograr este fin han contado con el apoyo de los estados, especialmente EEUU a través de programas de “ayuda al desarrollo” o de las instrucciones del FMI para sustituir en áreas muy extensas (estados enteros de la India, África y América) los cultivos tradicionales por monocultivos transgénicos. La lógica tras estas operaciones es que la agricultura tradicional no es eficiente y que la especialización en el mercado permitirá mayor competitividad y por lo tanto mayores ingresos y aumentar la calidad de vida de la población. La realidad sin embargo es que esos agricultores quedan presos de estas empresas: dichas cepas son estériles y tienen que comprar las semillas año tras año, requieren productos químicos especiales que la propia empresa les vende y dependen económicamente de un gran comprador que, ante la falta de alternativas del agricultor, machaca los precios hasta que apenas les queda para sobrevivir. Y cuando por cualquier razón la estrategia cambia, la empresa decide primar otra región del mundo, o cae el mercado y reducen su volumen de compras, la gente no tiene otro recurso porque la agricultura tradicional ha sido arrasada, y muere de hambre.

Lo cierto es que la muerte por hambre en los pueblos primitivos y las sociedades tradicionales es rara. Esas sociedades vivían adaptadas a un entorno geográfico, medioambiental y natural en el que la producción era prácticamente entera para consumo local (e incluso autoconsumo), una producción variada por tanto para cubrir las necesidades de dicha sociedad, y siglos de experiencia habían adaptado la dieta y cocina a las necesidades nutricionales de la gente. Así los pueblos de la Polinesia que tenían poco aporte de vitamina D no se cubrían, de forma que se favorecía su síntesis por la piel; hubo una mortalidad increíble cuando los ingleses les obligaron a vestirse. Los Inuits sin embargo obtienen de la grasa de los animales grandes cantidades de vitamina D y así compensan la poca incidencia de luz solar. Las dietas tradicionales eran por lo tanto en general equilibradas, y el hambre era ocasional, cuando había grandes epidemias o épocas de guerra.

Es el sistema de monocultivo intensivo para el comercio lo que genera las grandes hambrunas.

Los transgénicos, en este sistema, en este contexto, no son por tanto la solución al hambre, sino que al generar un negocio ingente que se basa en la promoción del monocultivo y la erradicación de las agriculturas tradicionales (única forma de rentabilizar las inversiones de estas compañías y mantener los beneficios) son precisamente uno de los culpables de que mueran 5 millones de niños de hambre al año.

Este no es por lo tanto un debate sobre las cualidades médicas o la seguridad alimentaria derivada de un proceso artificial de modificación genética. Es un debate sobre un modelo de investigación, producción y distribución que genera hambre y miseria y destroza culturas locales.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214224

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Transgénicos: amenazas a la biodiversidad

24 de mayo de 2016

Por Jaime E. García G. *

En la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad (22 de mayo), vale la pena tener presentes las amenazas y peligros de los cultivos transgénicos para la diversidad biológica.

¿Qué es un transgénico? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los transgénicos son organismos cuyo material genético (ADN) ha sido alterado o manipulado de maneras “que no ocurren de forma natural”, por lo tanto, son organismos artificiales. Las técnicas utilizadas para realizar estas manipulaciones genéticas entre organismos son bastante imprecisas, groseras e impredecibles. Además, es importante recordar que los genes no funcionan como unidades aisladas o independientes, sino que interactúan de maneras complejas que aún no pueden predecirse (ver aquí).

Como organismos vivos, los cultivos transgénicos interactúan con su entorno, especialmente con la biodiversidad circundante, teniendo la capacidad de alterar y contaminar -entre otros aspectos- la integridad genética de sus congéneres cercanos naturales. Las consecuencias de las interacciones con su ambiente sólo pueden visualizarse después de varios años.

Opiniones autorizadas: al respecto, el Consejo Universitario de la UCR (2003) recomienda evitar: “el contacto no controlado entre el ambiente y los organismos genéticamente modificados”; porque: “La conservación in situ y ex situ de los recursos genéticos es esencial para preservar intactas las especies nativas de cada zona geográfica, ya que en este ámbito existen importantes vacíos de conocimientos científicos relacionados con los efectos de los factores externos sobre los ecosistemas y los efectos a largo plazo en el ambiente” (ver aquí).

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte en sus informes GEO-ALC (2003), GEO 4 (2007) y GEO 5 (2012) que:

-La posibilidad de que los constructos genéticos artificiales pasen descontroladamente de una especie a otra es un riesgo real, y uno de los peligros principales es que esta intromisión (contaminación) afecte sus características naturales, “poniendo en peligro una biodiversidad que es fundamental para la seguridad alimentaria de la humanidad”.

-Con el paso del tiempo la mezcla de genes entre especies transgénicas y no transgénicas (por hibridación natural) causaría la desaparición de los cultivos no transgénicos.

-Los efectos accidentales por la expansión descontrolada de los cultivos transgénicos pueden provocar la degradación de los servicios proporcionados por los ecosistemas.

-La introducción de los cultivos transgénicos ha agudizado la reducción y la pérdida de la biodiversidad a nivel global, tanto de las variedades cultivadas y sus especies emparentadas (mediante contaminación genética), como por sus efectos negativos en organismos no objetivo (p.ej. organismos benéficos y acuáticos), ya sea por efecto de las características transgénicas introducidas al cultivo y/o los agrovenenos a los que están indisolublemente relacionados.

-El desarrollo creciente de resistencia, tanto al herbicida glifosato como a la toxina del Bacillus thuringiensis (Bt), son ejemplos que generan preocupaciones justificadas sobre las complejidades de las implicaciones ambientales de los transgénicos.

Casos concretos: en Argentina, Brasil y Paraguay los bosques (junto con la biodiversidad contenida en ellos) se han venido arrasando brutalmente para favorecer los mega monocultivos transgénicos, especialmente los resistentes al herbicida glifosato, una sustancia clasificada en la categoría“Probablemente cancerígena” por parte de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de Salud (OMS), al concluir que hay suficiente evidencia científica de que produce cáncer en animales de experimentación. Estos monocultivos transgénicos requieren de cantidades significativas de agrotóxicos que afectan negativamente la biodiversidad vegetal y animal, tanto en el área cultivada, como en los campos aledaños, causando además un envenenamiento de los recursos hídricos y daños severos a la salud de las personas en los asentamientos humanos adyacentes, como lo han venido denunciando los médicos en Argentina (ver aquí).

Conclusiones: al ignorar las relaciones ecológicas, los transgénicos se convierten en una clara amenaza a la biodiversidad. Como lo recuerda Gudynas (2002), los sistemas ambientales poseen relaciones no-lineales, que no necesariamente están en equilibrio, e incluso pueden ser caóticos. Por lo tanto, hay que reconocer que existen serias limitaciones para poder pronosticar los efectos de las modificaciones e impactos sobre los ecosistemas por parte de los organismos transgénicos, tanto en los efectos, como en las escalas de tiempo y espacio consideradas. En la actualidad la ciencia propone que los ecosistemas no sólo son más complejos de lo que se pensaba, sino que son más complejos de lo que podemos pensar (ver aquí).

De acuerdo con el informe GEO-AL (2003), a pesar de la preocupación por la proliferación masiva de organismos transgénicos y los riesgos de contaminación genética de especies nativas, el problema es que tienden a prevalecer las presiones comerciales por sobre la precaución, en un tema donde el principio precautorio debería aplicarse como regla principal, dado que estos “presentan una grave amenaza para las poblaciones humanas y los ecosistemas naturales”. En los siguientes enlaces: ver aquí y ver aquí se encuentran documentos que tratan con detenimiento las amenazas concretas que representan los transgénicos para la biodiversidad.

*Jaime E. García G. Catedrático UNED-UCR, Red Coordinación Biodiversidad -biodiversidadcr@gmail.com

Diario Extra

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Transgenicos_amenazas_a_la_biodiversidad 

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Argentina - Por el monocultivo: “La napa subió de 14 metros a 50 centímetros”
27 de mayo de 2016

Un investigador del INTA lleva adelante estudios que prueban cómo el monocultivo hace que la napa freática esté casi a la altura de la superficie y que, en consecuencia, con un poquito de lluvia quedemos todos chapoteando. 

El ingeniero Nicolás Bertram es un investigador del INTA de Marcos Juárez. Desde hace 10 años sus estudios apuntan a un problema que puso en jaque a toda la región productiva rural santafesina: los anegamientos e inundaciones. Pero Bertram no estudia El Niño o La Niña. Conoce, obviamente, cuántos milímetros llueven todos los años en diferentes lugares del país, si bien su foco es la zona del sudeste cordobés. Sabe que hay ciclos de mucha lluvia y ciclos donde no cae una gota. Pero no considera que las inundaciones se produzcan por los excesos pluviales. Todo lo contrario: se producen por los excesos de soja.

“Había alguna polémica, hace algunos años atrás, de que estaba lloviendo más. Fuimos a ver si era cierto, si estos excesos hídricos se deben a que está lloviendo más. Nuestros estudios abarcan la zona de Marcos Juárez, sudeste de Córdoba, pero son extrapolables a muchas partes de la región pampeana y extra pampeana también. Vimos que para nuestra zona no está lloviendo más y que el factor que estaba determinando este ascenso de napas, o que tengamos la napas más cerca de la superficie, era que estábamos consumiendo menos agua que en otros momentos de la historia reciente”, explica Bertram.

Capacidad buffer

Cuando la lluvia cae, la tierra la absorbe. Los vegetales que crecen en la tierra se nutren del agua de lluvia todo lo que necesitan. Si no necesitan más agua para seguir creciendo, la lluvia pasa a nutrir las napas, y las napas suben. Es así de sencillo. Eso es la capacidad buffer, y va mucho más allá de la cantidad de agua que caiga del cielo.

Así, cuando caen lluvias extraordinarias, el escenario es peor. “Es totalmente diferente si vos tenés pasturas, pastizales y montes a que si en toda esa superficie tenés cultivos agrícolas con napas cerca. El ambiente no tiene capacidad buffer para regularlo. Antes tenías un monte que podía infiltrar, absorber, 300 milímetros por hora. Si se saca el actor principal que puede regular eso, se pierde la capacidad buffer. Al sacar el monte, la soja tiene una infiltración, en el mejor de los casos, de 30 milímetros la hora”, define Bertram.

La napa, en consecuencia, sube o baja de acuerdo a la capacidad de absorción de los vegetales que crecen en el suelo. Como consecuencia del cambio en el modelo agropecuario (que va del monocultivo al corrimiento de la ganadería y la deforestación) la napa ascendió: en la década del 70 estaba 14 metros debajo de la superficie. Ahora, se encuentra a 50 centímetros. Bertram utiliza el ejemplo de una maceta y su capacidad de absorber hasta rebalsar.

Vivir a los chapoteos

El panorama es desalentador. Betram entiende que el actual modelo productivo conlleva estas consecuencias: “Es un fenómeno que llegó para quedarse, excepto que tomemos otro camino respecto del consumo de agua. Consumir agua es poner pastura, poner dobles cultivos, forestar ambientes con mayor riesgo. Tenemos que poner especies vegetales que consuman por lo menos lo que está lloviendo en el año. Si no consumimos lo que llueve en el año, con una napa que está a 50 centímetros, esto nos va a traer dolores de cabeza todos los años, inclusive los años en que llueve menos de lo normal”.

Pausa

Leer

 

 

Averigüemos cómo el gobierno de Macri no es lo opuesto al gobierno CFK mediante análisis de otro sistema de ganancias extraordinarias para la alianza de capitales y Estados imperialistas con los locales que es la deuda eterna (implantada con terrorismo de estado en los setenta).

 

 

El tándem del endeudamiento Kirchner-Macri
23 de mayo de 2016

Por Lic. Héctor L. Giuliano

A diferencia de lo que comúnmente se cree, la gestión de las administraciones Kirchner y Macri en materia de deuda pública no es opuesta sino complementaria: las acciones concretas del kirchnerismo fueron funcionales al advenimiento de las medidas del gobierno macrista, amparado una vez más en la excusa constante de la pesada herencia recibida para tratar de justificar más endeudamiento fiscal.

Qué hizo básicamente el gobierno Kirchner durante sus largos 12 años de mandato?: pagar en forma privilegiada deuda externa con terceros – acreedores privados y organismos financieros internacionales – a costa de aumentar una deuda intra-Estado impagable y con el objetivo declarado de regresar al mercado internacional de capitales para volver a endeudarse en el exterior (objetivo expreso del Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 y de la Hoja de Ruta Boudou 2008).

En aras de cumplir ese objetivo el gobierno Kirchner declinó formalmente cuestionar la legitimidad de la Deuda y encaró una política sistemática de pagos a los acreedores paradesagotar significativamente la deuda externa: la presidenta Cristina Fernández auto-calificó a su administración de pagadora serial por sus récords de pagos, hablando de 174.000 MD (Millones de Dólares) por un lado y de 190.000 MD por otro (en su discurso de Setiembre 2014 ante la Asamblea General de Naciones Unidas (AG ONU), aunque ambas cifras no están debidamente probadas.

Más aún, fue su gobierno el que propuso la Resolución de la AG ONU para internacionalizar los casos de default de deuda soberana, replanteando la propuesta del FMI del 2002 basada en el informe de su entonces vice-jefa Anne Krueger, que tiene por finalidad sustraer los problemas de la deuda de los Estados a la competencia de sus tribunales locales y someterlos a nuevos mecanismos de manejo supra-nacional.

A los fines de poder cumplir con sus pagos privilegiados de la Deuda Externa – durante todo su triple mandato – el kirchnerismo habilitó la política institucional de pago de las obligaciones externas con reservas internacionales, lo que llevó a la descapitalización del Banco Central (BCRA) y a su consiguiente endeudamiento paralelo o cuasi-fiscal para reponer tales reservas y también para favorecer la rentabilidad récord del sector financiero-bancario local a través del mecanismo de las Lebac (producto de la política de compra de reservas con deuda).

 

El Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 fue presentado ante la opinión pública – por el oficialismo K, por la oposición política y por los medios del establishment – como un éxito de negociación (toda una constante en materia de reestructuraciones forzadas de deuda) pero fracasó porque ya a los dos años de firmado no se podía pagar y se apeló entonces, sucesivamente, al intento de aumento de recaudación sobre el Agro (Resolución 125) y al incremento de la presión tributaria en general, a la citada política de pago con reservas internacionales, a la estatización de las AFJP (que detentaban en su poder gran parte de la deuda en pesos), al empapelamiento del propio Estado traspasándole la deuda sin capacidad de repago a los principales organismos oficiales nacionales (BCRA, ANSES, BNA y otros) y a la emisión monetaria sin respaldo de crecimiento económico.

El kirchnerismo recibió así una deuda pública de 152.600 MD en el 2003 y la dejó en unos 260,000 MD al fin de 2015, esto es, un aumento de más de 100.000 MD en cabeza del Estado Central.

El falso mito del des-endeudamiento (un mito consentido y apoyado por la oposición política, con la actual administración Macri a la cabeza) preparaba, en realidad, la descongestión de la parte más pesada de la deuda externa argentina para allanar el camino a la vuelta al mercado mundial de capitales.

Para ello, la receta en curso era y es la licuación de la deuda interna en pesos – en su mayoría a cargo del FGS de la ANSES (el 64 % de la plata de los jubilados) – como producto de la inflación creciente, de manera de ir disminuyendo gradualmente el peso de la deuda intra-Estado a costa del traspaso a pérdida de la deuda original con terceros.

Las torpezas cómplices del kirchnerismo quedaron de manifiesto con el desacato indefendible ante los tribunales estadounidenses después de haber aceptado su competencia.

Esta postura irracional agravó la posición de la Argentina debido a la negativa kirchnerista a investigar las mayúsculas irregularidades de la Deuda Pública (que era el único recurso de última instancia frente a las exigencias de los acreedores), a soslayar completamente las causas judiciales en curso en nuestro país que llevarían a la nulidad de gran parte de la deuda externa (Olmos I – con sentencia del juez Ballestero – Olmos II, Megacanje 2001 y denuncia Olmos Gaona-Marcos)  e incluso a dejar inoperante la Comisión Investigadora de la Ley 26.984, dictada tardíamente en Setiembre de 2014.

El gobierno Kirchner malogró desde el inicio la estrategia de defensa de nuestro país ante los tribunales de Nueva York:

1.  Porque no cuestionó la legitimidad de las acreencias pese a la existencia de causas judiciales en curso en la Argentina.

2.  Porque aceptó la entidad de los reclamos de los Fondos Buitre (FB) que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna al reconocer el valor nominal de los títulos y no el valor real de compra de los mismos.

3.   Porque – una vez producidos los fallos adversos en las tres instancias judiciales norteamericanas – no blanqueó el default de toda la Deuda Pública, como hubiera correspondido, para abrir una nueva reestructuración de las obligaciones (que era una de las recomendaciones del Estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, expuesta como alternativa por memorándum al ministro Kicillof en Mayo de 2014).

A diferencia de hacer esto último, la administración Kirchner no sólo agravó su posición de desacato sino que dejó así completamente allanado el camino hacia una rendición final – jurídica y financiera – en la cuestión de los Holdouts, cosa que inmediatamente encaró el nuevo gobierno Macri con el argumento de la salida del default (un argumento que todos – oficialismo, oposición y medios – negaban públicamente relativizándolo como default parcial o técnico).

Con el agravante que la actual administración contó ahora para ello – por primera vez en forma expresa – con la aprobación previa del Congreso de la Nación, que a través de la Ley 27.249 le autorizó la colocación de deuda externa por 12.500 MD, sin tener constancia alguna de los conceptos y liquidaciones de pago pactados en secreto por el Ejecutivo.

Esta nueva deuda – autorizada por ley – se suma a los 23.400 MD contemplados en el Presupuesto 2016 (Ley 27.198, que le dejó aprobada el gobierno CFK), lo que eleva a unos 36.000 MD el total de obligaciones a colocar este año: un monto de endeudamiento sobre el que no existe demostración alguna de su capacidad de repago, lo que condena y acentúa la trampa del sistema de deuda perpetua en que está inmersa la Argentina por refinanciación permanente de sus vencimientos.

Hoy nuevamente – como en todos los ciclos del eterno retorno de la Deuda – una administración de discurso neo-liberal, argumenta sobre la herencia recibida como excusa para entrar en una nueva ola de endeudamiento externo en gran escala – que ya ha comenzado – aduciendo la inevitabilidad de la vuelta al mercado internacional de capitales.

Estamos frente a una reedición de los viejos y conocidos planteos de la gestión Martínez de Hoz bajo el gobierno del Proceso y de la década menemista de la Convertibilidad de los ´90 presentados, como siempre, bajo el ropaje de un retorno de la confianza, de una reinserción de la Argentina en el Mundo y de la tradicional receta de buscar un Crecimiento Económico con Deuda cuando la Deuda es precisamente el principal obstáculo del Crecimiento.

Es la forma en que la alternancia política de gobiernos populistas y neoliberales deviene funcional a los intereses de las estructuras de poder financiero, que son las que fijan realmente las Políticas de Estado.

Buenos Aires, 21.5.2016

Fuente: http://proyectosegundarepublica.com/2016/05/23/el-tandem-del-endeudamiento-kirchner-macri

En consecuencia, es fundamental situarnos en que el neodesarrollismo coincide con el neoliberalismo respecto a garantizar el progreso del capitalismo. A 200 años, abajo y a la izquierda, tenemos el desafío de percibir en qué consiste el último y a dónde nos está conduciendo el sistema en su priorizar la maximización de la acumulación oligopólica de riquezas y poder. Examinemos cómo progresa el capitalismo en su voluntad de desaparición forzada de campesinos y productores medianos-pequeños, así como de eliminar la soberanía alimentaria.

 

 

Semillas, corporaciones y un proyecto cuestionado

 

10 de junio de 2015

Por Darío Aranda (La Vaca)

El Gobierno anunció hace quince días la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para regular el cobro de regalías de la empresa Monsanto. Medida consensuada con la Asociación de Semilleros de Argentinas (ASA), que nuclea a las grandes empresas del sector. Pero esta semana explicó que no habrá decreto y, en base al mismo texto, se redactó un proyecto de ley que será enviado al Congreso Nacional. Desde 2012, el Gobierno intenta aprobar una nueva legislación de semillas, muy resistida por organizaciones sociales, campesinas y académicas. “Es un acto más del Gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de Argentina”, denunciaron una veintena de organizaciones sociales, campesinas y cátedras universitarias.

Monsanto

La Presidenta viajó a Estados Unidos en junio de 2012 a una reunión del Consejo de las Américas, donde se reúne el establishment económico de ese país. Anunció en transmisión en directo la instalación de la mayor planta de maíz transgénico de Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba). “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos”.

Como parte de la misma política, dos meses después, el Ministerio de Agricultura aprobó una nueva soja transgénica de la empresa. Anunciada como una “nueva generación”, llamada “RR2 Intacta”, que es resistente al herbicida glifosato y también sería resistente a insectos.

El 21 de agosto de 2012, la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura tituló con una cita del vicepresidente de Monsanto, Pablo Vaquero: “Trabajamos con un Gobierno que ha abierto el diálogo”. La gacetilla oficial hacía propia la publicidad de Monsanto y resaltaba las supuestas bondades de la semilla: “Esta nueva tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el medio ambiente”. El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, celebró: “Es un día muy especial para Argentina, porque vamos por una segunda generación de soja. La biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable”.

El Estado no hizo estudios propios para certificar la bondades de la nueva semilla y los expedientes de aprobación son confidenciales.

En paralelo, Monsanto comenzó a firmar contratos con productores para que éstos acepten el pago de “regalías extendidas” por la “tecnología” que llevaría la nueva semilla. Hecho no contemplado por la actual ley de semillas. Implica el pago, luego de la cosecha, de doce dólares por tonelada de soja.

El Gobierno dejó hacer

El marzo de 2015, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro) emitieron un comunicado en repudio a la actitud de la multinacional. “La empresa Monsanto pretende incluir unilateralmente una cláusula abusiva, arbitraria y compulsiva en los contratos de compra-venta de soja, por la cual los compradores (acopiadores, exportadores, industrias transformadoras) podrían retener un importe en concepto de regalías, alterando reglas, usos y costumbres del comercio de granos”, denuncia el escrito de las entidades rurales más cercanas al agronegocios.

Aclaran que están de acuerdo en el pago de “la tecnología y las mejoras genéticas”, pero consideran que el sistema impulsado por Monsanto es “inaceptable”, violatorio de la Ley de Semillas (20.247) y lo define como “inconsulto, engorroso, inaplicable, incontrolable y podría avanzar sobre los derechos de los productores”.

Ley-Decreto-Ley

En 2012 el Gobierno intentó avanzar con una nueva ley de semillas. Mantuvo reuniones con la poderosa ASA (Asociación Semilleros Argentinos), referentes de la Mesa de Enlace y sectores del agronegocios como Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). Nunca se convocó a los movimientos campesinos, organizaciones sociales ni a sectores de la academia críticos al avance empresario sobre el agro.

Federación Agraria filtró uno de los borrador de proyecto de ley y arreciaron las críticas de sectores campesinos y organizaciones sociales. Se la bautizó “ley Monsanto). Incluso desde sectores del mismo Gobierno (el Movimiento Evita) actuaron para frenar el proyecto.

No hubo nueva ley

El 19 de mayo pasado, en un acto público y con gacetillas oficiales, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, informaron que a la brevedad se firmaría un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que contemplaba el pago de la “tecnología” al momento de comprar la semilla y no post-cosecha (como estipulaba Monsanto en los contratos con productores). También creaba un fondo económico para fomentar la biotecnología “nacional” y un registro para que los pequeños productores puedan continuar con el “uso propio” (utilizar las semillas obtenidas de la cosecha, una práctica tan antigua como la agricultura).

Carlos Casamiquela destacó “el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos actores”, al resaltar que “la modernización del sistema de pago”.

Los medios cercanos al Gobierno lo presentaron como una acción para frenar a Monsanto y silenciaron las críticas campesinas. Los diarios que publicitan el agronegocios fueron en la misma línea, pero destacaron que ASA (donde están las grandes semilleras) había dado el visto bueno y que, en definitiva, Monsanto cobraría por su tecnología. La multinacional explicitó su acuerdo con los dichos del Jefe de Gabinete respecto a la promoción de la biotecnología y al reconocimiento de la “propiedad intelectual” de las semillas. Pero adelantó que seguirá adelante con los contratos con productores y el pago de regalías extendidas.

El 23 de mayo, en Clarín Rural (uno de los espacios insignia del agronegocios), el jefe del suplemento, Héctor Huergo, argumentó que la industria semillera “sufre un grave deterioro” por el “uso propio” (utilización de las semillas obtenidas de la cosecha) y afirmó que “Monsanto se inmoló” al introducir su nueva soja (“RR2 Intacta”). Huergo, un gran lobista de las empresas, celebró el anuncio del Gobierno porque “reivindica la importancia del reconocimiento de la propiedad intelectual”. Pero redobló la apuesta: “La pregunta que conviene hacerse es que, tratándose de algo tan trascendente, por qué intentar resolverlo con un DNU en lugar de enviar al Congreso un proyecto de ley”.

El mismo día, pero desde La Nación Campo, el editorialista Cristian Mira fue el mismo sentido: “El conflicto revela la debilidad estructural que tiene el país por no elaborar una ley de semillas que reemplace a una norma que tiene más de 40 años y demostró su caducidad ante la transformación tecnológica. La industria de semillas, para continuar con las inversiones en mejora genética y eventos biotecnológicos, insiste en que necesita un reconocimiento a la propiedad intelectual de sus materiales. Éste es el consenso entre empresas nacionales y las multinacionales”.

El 4 de junio, Aníbal Fernández señaló que no se firmará ningún decreto. Sino que se optó por un proyecto de ley. Un día después, el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, confirmó en el programa de cable Bichos de Campo que se enviará un proyecto al Congreso. Explicó que tendrá el mismo contenido que contemplaba el Decreto de Necesidad y Urgencia, y resaltó que fue “consensuado con todos los actores del sector”.

Delgado, el funcionario de Agricultura más cercano a las empresas transgénicas, remarcó que “las más altas autoridades políticas” determinaron que, con el mismo mismo texto del decreto, se opte por un proyecto de ley. Y señaló que este mes será enviado al Congreso Nacional.

Otro campo

Una veintena de organizaciones nucleadas en la “Campaña contra la Nueva Ley Monsanto de Semillas” emitieron un comunicado. “No se atrevan a tocar nuestras semillas”, es el título y denuncia que el DNU-Proyecto de Ley es “un acto más del gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de Argentina”.

Entre las organizaciones firmantes figuran la Red Nacional de Acción Ecologista, Asociación Campesina del Valle de Conlara (San Luis), Amigos de la Tierra, Abogados Ambientalistas, GRAIN, Frente Popular Darío Santillán, y las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la Universidad del Comahue y de Luján. Puntualizan que la semilla de soja transgénica que originó la disputa es el primer eslabón de una política que busca la “apropiación de los bienes comunes de la naturaleza” y cuestionan que un derecho básico (el uso de semillas de la cosecha anterior) se intente legislar como si fuera un privilegio de unos pocos.

“Estos ‘eventos biotecnológicos’ sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad son una apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de agricultura”, denuncian y desmienten que, para el DNU o el proyecto de ley, haya habido “consenso” (como argumentó el Gobierno): “Es solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus pretensiones”.

Exigen la apertura de un debate amplio y público, en el que se privilegien los intereses de la población por sobre el de las corporaciones, rechazan los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, y proponen el fomento de semillas nativas y criollas como base de la soberanía alimentaria.

También sentaron postura, en comunicados por separado, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino Liberación (MCL) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). “La disputa es función social o su subordinación al capital financiero transnacional”, tituló el MNCI. Cuestionó que no se debata sobre la naturaleza y la función de las semillas, alertó que “subordinar la agricultura a la tecnología de las corporaciones no es solo grave para los sectores populares, sino que condiciona a todos los actores de la producción agropecuaria” y denunció que “ceder a la presión de las corporaciones y aceptar la propiedad intelectual sobre semillas es retroceder en soberanía”.

Reivindicó que el uso propio de semillas es un “derecho inalienable” para los campesinos, indígenas y agricultores familiares; y para ejercerlo “no necesitamos estar en ningún tipo de registro, ni ser tratados como excepciones a ninguna normativa”.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT, en el Frente Popular Darío Santillán) rechazó la posibilidad de un decreto o ley a medida de Monsanto y recordó que el Gobierno dejó sin presupuesto a la agricultura familiar (a fines de 2014 había comprometido 1500 millones anuales pero no fueron asignados). “El Agronegocio puede convivir con algunos subsidios y acciones simbólicas hacia la agricultura familiar y campesina. Pero nosotros discutimos y proponemos un modelo distinto de producción agropecuaria, tecnología, producción y transmisión de conocimiento, utilización y relación con los bienes naturales, trabajo rural, comercialización, distribución y consumo. Un modelo de soberanía popular”.

José Luis Livolti, del Movimiento Campesino Liberación, afirmó que el DNU o el proyecto de ley son la forma de reconocer la propiedad intelectual de grandes empresas sobre las semillas. “Monsanto está agradecida”, denunció. Y exigió una convocatoria amplia, “un debate nacional con todos los actores” sobre dos temas: una ley que proteja las semillas originarias y criollas, y una “nueva institucionalidad” que ponga en manos del Estado la comercialización externa de granos y carnes, pilar de un modelo agropecuario base a la agricultura familiar y la soberanía alimentaria.

El modelo

La soja abarcaba seis millones de hectáreas en 1996, cuando Felipe Solá (secretario de Agricultura de Carlos Menem) autorizó la primera soja transgénica de Argentina, de la empresa Monsanto, con uso de glifosato. En 2003 ya había 12 millones de hectáreas con el cultivo. En la actualidad llega hasta las 22 millones de hectáreas, el 60 por ciento de la tierra cultivada del país tiene un solo cultivo: soja transgénica.

El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), impulsado por el Gobierno, fue presentado en 2011 por la Presidenta. Propone aumentar un 60 por ciento la producción granaria (entre otros cultivos, soja y maíz transgénicos), llegar a 2020 con 160 millones de toneladas de granos. Lo que implica, según el mismo PEA, incluir al modelo de agronegocios 11 millones de hectáreas (que hoy están en manos de campesinos e indígenas).

Desde 1996, la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) aprobó 31 eventos transgénicos (maíz, soja y algodón). El 77 por ciento de ellos (24) tuvieron luz verde durante el kirchnerismo. Las empresas favorecidas fueron Monsanto (12 semillas transgénicas), Syngenta (siete), Pioneer-Dupont (cuatro), Dow Agrosciences (cuatro), Bayer (dos) y Nidera y Basf (una cada empresa). En algunas casos, las semillas aprobadas son compartidas por dos compañías.

El último transgénico aprobado fue la soja de la multinacional Dow Agrosciences. No sólo le permite el uso de glifosato, sino también de los muy cuestionados agroquímicos 2-4D y glufosinato de amonio.

El Gobierno anunció la nueva soja transgénica el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina.

Fuente original: http://www.lavaca.org/notas/semillas-corporaciones-y-un-proyecto-cuestionado/
Fuente:
 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=199810

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Argentina - Ley de Semillas: una nueva ofensiva contra nuestro pueblo
4 de julio de 2016

Por Campaña NO a la Nueva Ley ‘Monsanto’ de Semillas en Argentina

Monsanto y el gobierno de la mano, una vez más, para seguir privatizando las semillas. Invitamos a todas las organizaciones sociales y políticas comprometidas con la Soberanía Alimentaria a sumarnos para luchar contra el Proyecto de Ley de Semillas que el gobierno se apresta a presentar al Congreso.

Para adherir a este documento haga clic aquí

 

Repitiendo el show brindado en agosto del año 2012 cuando el entonces Ministro de Agricultura Yahuar brindó una conferencia de prensa junto al representante de Monsanto en Argentina para anunciar la modificación de la Ley de Semillas, el actual Ministro Buryaile acaba de sentarse junto al vicepresidente de Monsanto para América del Sur, Fernando Gianonni, para anunciar exactamente lo mismo.

Este “importante acuerdo para el uso de tecnología” de acuerdo a las mismas definiciones del Ministerio tiene dos componentes centrales:

 El primero es que el Ministerio de Agricultura, a través del INASE se compromete a ¡Hacer cumplir la Ley! Aunque esto parezca un absurdo, la actual Ley de Semillas permite el uso propio de la semilla pero no autoriza a vender ni intercambiar semillas que poseen Derecho de Obtentor. Sin embargo la Bolsa Blanca, llamada así por tratarse del mercado de venta de semillas sin identificación, fue el mecanismo que Monsanto eligió para que la soja transgénica se expandiera ilegalmente en Argentina, Brasil y Paraguay desde su introducción en 1996 hasta el quiebre de la resistencia en los países vecinos en el 2003 y la fundación de la República Unida de la Soja. A partir de allí Monsanto comenzó a reclamar por el cambio en la Ley de Semillas. Hoy la Bolsa Blanca sigue siendo una de los principales canales de comercialización de la semilla de soja transgénica, lo cual afecta las ganancias de Monsanto.

El segundo componente mucho más relevante para nuestra agricultura y alimentación es la modificación de la Ley de Semillas, que como ya mencionamos es parte de la agenda de las corporaciones (Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, Basf y Dupont – Pionner) desde hace más de una década. “Este año tendremos una nueva Ley de Semillas acordada entre todos los actores”, adelantó el ministro Buryaile repitiendo la frase del otro Ministro en el 2012.

Como distintos sectores sociales y políticos lo vienen planteando desde hace años la modificación de la Ley de Semillas vigente (que ya contiene importantes elementos de privatización de las semillas) implicará un fuerte avance en el control corporativo de nuestro sistema alimentario que tiene en las semillas agrícolas su punto de partida. No hay que olvidar que no se hará una Ley para las semillas de soja sino una Ley para todas las semillas utilizadas en Argentina. Las semilleras transnacionales tienen, por ejemplo, trigos transgénicos listos, y están esperando una ley acorde a UPOV 91 para lanzarlos al mercado.

 

No hay ninguna duda que el proyecto contendrá elementos para impedir el denominado “uso propio” de las semillas limitando la posibilidad de “guardar semilla” para la siguiente cosecha, derecho básico de los agricultores que es el fundamento de toda agricultura. Lejos de interesarnos la disputa comercial entre los sojeros argentinos y las grandes corporaciones, repudiamos la modificación de la Ley de Semillas porque aquella no solo intensificará el modelo saqueador de la agroindustria argentina sino que abrirá las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina y fortalecerá un sistema policial para asegurar el cumplimiento de esta ley.

Este proyecto será además una estocada fatal para las múltiples experiencias basadas en la Agroecología (productivas y de autoconsumo) que representan el punto de partida para las transformaciones necesarias en nuestro país.

Todos estos elementos estuvieron presentes en los borradores que se elaboraron en los últimos años desde los escritorios del Ministerio y que pudimos analizar a partir de filtraciones, ya que nunca se hicieron públicos desde el Gobierno. También están presentes en el Proyecto recientemente presentado por el Massismo al Congreso intentando tomar la delantera frente a Cambiemos.

Hoy, frente a un avance corporativo en el que son los mismos “dueños” de las grandes corporaciones quienes ejercen el poder y ocupan los distintos Ministerios, se hace necesario lograr un amplio acuerdo de todos los sectores sociales comprometidos con la Soberanía Alimentaria y la defensa de los Derechos Humanos, de una economía antiimperialista, anticapitalista y en armonía con la naturaleza de nuestro pueblo para frenar esta Ley. Hacemos un llamado para dar esta lucha desde la unidad y la movilización en todos los espacios: gremiales, intelectuales, ambientalistas, políticos, medios de comunicación, etc.

No hay ninguna duda que el proyecto contendrá elementos para impedir el denominado “uso propio” de las semillas limitando la posibilidad de “guardar semilla” para la siguiente cosecha, derecho básico de los agricultores que es el fundamento de toda agricultura. Lejos de interesarnos la disputa comercial entre los sojeros argentinos y las grandes corporaciones, repudiamos la modificación de la Ley de Semillas porque aquella no solo intensificará el modelo saqueador de la agroindustria argentina sino que abrirá las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina y fortalecerá un sistema policial para asegurar el cumplimiento de esta ley.

Este proyecto será además una estocada fatal para las múltiples experiencias basadas en la Agroecología (productivas y de autoconsumo) que representan el punto de partida para las transformaciones necesarias en nuestro país.

Todos estos elementos estuvieron presentes en los borradores que se elaboraron en los últimos años desde los escritorios del Ministerio y que pudimos analizar a partir de filtraciones, ya que nunca se hicieron públicos desde el Gobierno. También están presentes en el Proyecto recientemente presentado por el Massismo al Congreso intentando tomar la delantera frente a Cambiemos.

Hoy, frente a un avance corporativo en el que son los mismos “dueños” de las grandes corporaciones quienes ejercen el poder y ocupan los distintos Ministerios, se hace necesario lograr un amplio acuerdo de todos los sectores sociales comprometidos con la Soberanía Alimentaria y la defensa de los Derechos Humanos, de una economía antiimperialista, anticapitalista y en armonía con la naturaleza de nuestro pueblo para frenar esta Ley. Hacemos un llamado para dar esta lucha desde la unidad y la movilización en todos los espacios: gremiales, intelectuales, ambientalistas, políticos, medios de comunicación, etc.

¡Las semillas son un Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad!

Por eso le decimos al Gobierno Nacional y a todos nuestros legisladores:

¡NO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SEMILLAS!

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS Y LA VIDA!

¡FUERA MONSANTO Y LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA!

¡POR UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS!

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Campanas_y_Acciones/Argentina_-_Ley_de_Semillas_una_nueva_ofensiva_contra_nuestro_pueblo

 

 

Enfrentamos tanto la superexplotación de los trabajadores y la naturaleza como el acaparamiento privatizador y mercantilizador del capitalismo y no del neoliberalismo. Es un programa destinado a todos los pueblos de países dependientes.

 

 

Leyes de semillas en América Latina:

una ofensiva que no cede y una resistencia que crece y suma

 18 de octubre de 2013

GRAIN| A contrapelo

Introducción

Los intentos por privatizar las semillas continúan desplegándose globalmente de las manos de los gigantes corporativos del agronegocio. Detrás de ellos hay un objetivo claro de apropiarse de las semillas de manera monopólica y de convertir la práctica histórica y milenaria de mantener y reproducir semillas en un delito. América Latina no está libre de tales ataques.

Aunque la agresión tiene actualmente como punta de lanza las leyes UPOV, lo que en realidad se vive es una andanada de leyes, decretos y regulaciones que incluyen patentes sobre eventos biotecnológicos, normas sanitarias, normas de comercialización, leyes de certificación, registros varios, reglas tributarias, las mal llamadas “buenas prácticas agrícolas”, programas de investigación, políticas de establecimiento de mercados de semillas y más.

Ya en el año 2005 decíamos “Observadas hoy en día, todas las leyes de semillas refieren a la represión. Tratan acerca de lo que los agricultores no pueden hacer. Dictan qué tipo de semillas no pueden venderse, no pueden intercambiarse y en algunos casos incluso no pueden usarse. ¡Todo en nombre de la regulación comercial y la protección de los productores agrícolas! En este sentido, las leyes de semillas se complementan con los regímenes de derechos de propiedad intelectual (DPI) como la protección de variedades vegetales y las patentes. Los dos tipos de leyes — regulaciones para la comercialización y derechos de propiedad— se refuerzan mutuamente. 1

Si algo ha cambiado desde entonces, es que las estrategias de privatización se han multiplicado y se han hecho más extremas y ambiciosas. Lo que empresas y gobiernos no esperaban es que simultáneamente se han multiplicado las resistencias desplegadas a nivel nacional y regional.

El saco sin fondo de las ambiciones empresariales

Las leyes de semillas que hoy buscan imponerse son una aplicación irrestricta y a menudo ampliada de UPOV 91. Por lo tanto,

a) Permiten la privatización de variedades “descubiertas”, lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en el ámbito de las semillas, ya que toda variedad vegetal es obra humana. En otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas campesinas. Este robo se ve facilitado por el hecho que la circulación de una variedad por circuitos locales campesinos no impide que quien se apropie de ella la defina como “nueva”.

b) El robo luego es llevado hasta límites impensables cuando las nuevas leyes expanden la propiedad otorgada a toda variedad “similar”, sin importar cuánto tiempo ella haya existido. Es decir, las leyes UPOV buscan imponer un robo con retroactividad. Una cláusula como ésta fue incluida en la resolución 970 del ICA en Colombia, inclusión que fue uno de los detonantes del Paro Agrario que se llevó a cabo en Colombia y que obligó al gobierno colombiano a retirar tal resolución.

c) Las sanciones contra quienes no obedezcan el absurdo aumentan significativamente, permitiendo la confiscación no sólo de las semillas que se consideren “ilegales”, sino también de los cultivos, plantaciones, cosechas y productos elaborados que provengan de tales semillas. Los procedimientos judiciales para tales confiscaciones serán del tipo sumario, lo que significa que se harán de manera rápida y con poca exigencia de pruebas. La experiencia práctica permite temer fundamentadamente que las empresas desplegarán estrategias de acusaciones múltiples sin mayores pruebas para amedrentar a campesinos y agricultores “díscolos”. La situación se agrava más aún por el hecho que al empresariado se le otorga explícitamente la posibilidad de perseguir penalmente a los agricultores, imponiendo penas de cárcel.

Este es el corazón de las leyes UPOV. Otros elementos altamente dañinos también han sido introducidos en algunas propuestas de ley. El proyecto chileno inicialmente entregaba el control de la aplicación de la ley a las empresas semilleras, creando de facto una policía privada. El proyecto argentino crea un registro obligatorio de usuarios de semillas, lo que significa que todo el que quiera sembrar debe registrarse.

Pero los intentos de privatización van más allá de UPOV. La certificación y las leyes de comercialización han sido centrales en la privatización de semillas de México y Colombia. Brasil está utilizando normas de comercialización. En Argentina avanza la privatización de eventos biotecnológicos y en todo el Cono Sur las empresas están creando su mundo legal paralelo a través de la imposición de contratos privados para cobro de regalías. A ello se agregan casi universalmente las políticas crediticias y de asistencia técnica que exigen el uso de semillas provenientes de las empresas o de los centros de investigación.

Todos estos mecanismos actúan conjuntamente y complementándose para desde distintos frentes intentar el fin último del control absoluto de las semillas.

La resistencia crece y se multiplica

Pero también es en América Latina donde las resistencias se están expresando de manera más contundente y donde los pueblos han logrado frenar en muchos países estos intentos de doblegar su autonomía. A continuación hacemos un recorrido por la situación en los diferentes países donde el protagonismo popular y campesino ha sido clave para detener estos avances corporativos y donde las luchas hoy continúan cada día.

Chile

La ofensiva de UPOV en Chile difiere poco de lo que está intentando imponer en muchos otros países. Diversos artículos facilitan la apropiación de semillas locales por parte de las empresas, criminalizan el uso de semillas propias por parte del campesinado, e imponen elementos absurdos como que aquellas empresas que registran alguna variedad como propia luego pueden impedir el uso de cualquier semilla que se le parezca. Y la amenaza de la confiscación de semillas, cultivos y plantaciones es parte de las nuevas que se imponen a las familias campesinas que osen continuar haciendo lo que han hecho toda su vida.

Lo que las empresas y el gobierno no esperaban es la reacción social que poco a poco se ha ido construyendo en Chile. La ley de semillas de acuerdo a UPOV 91 fue aprobada en primer trámite en el año 2010, a pesar de la fuerte oposición de diversas organizaciones campesinas — especialmente de ANAMURI y de la CLOC-VC —, así como de grupos de la sociedad civil.

A pesar de esta primera derrota, las organizaciones siguieron informando y denunciando los contenidos de la ley, por lo que cuando Chile adhirió al Convenio UPOV 91, la oposición fue muchísimo más amplia y activa, lo que llevó a un grupo de senadores a solicitar que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de esta adhesión. Aquí se sufrió una nueva derrota, pero el trabajo de información siguió y se amplió, entre otros medios, a través de las muchas movilizaciones sociales que se han realizado en el país desde 2011.

Actualmente, el rechazo a la privatización de las semillas y a la Ley UPOV 91 es una preocupación nacional y transversal que hasta hace poco había impedido que la ley fuese aprobada en segundo trámite. Sin embargo, el gobierno de derecha —bajo la presión del gobierno de Estados Unidos— le dio urgencia a este segundo trámite, intentando empujarla sin que las organizaciones pudiesen reaccionar. La movilización esta vez fue a nivel nacional y por todo tipo de medios, desde marchas en todo el país que causaron gran impacto, a campañas de información por internet, a programas de radio, entrevistas por televisión, a talleres de información en comunidades rurales, universidades, reuniones con autoridades religiosas, conversaciones e intercambio de información con senadores, etc.

El impacto de miles de personas movilizándose, presionando a senadores y protestando, fue suficientemente fuerte como para romper al menos parcialmente el férreo cerco informativo que se vive en Chile y para convencer a una mayoría de los senadores (21 de 38) a comprometerse a votar en contra del proyecto de ley.

Ante esta nueva situación, el gobierno retiró la ley de la votación, con el fin de postergarla hasta después de las elecciones que se harán en noviembre de 2013, cuando varios de los senadores actualmente comprometidos contra la ley habrán cesado sus labores parlamentarias.

A la fecha en que se escribe esta nota, comienzos de octubre de 2013, las organizaciones campesinas y de la sociedad civil seguirán movilizándose para exigir que el voto de rechazo se haga efectivo a la brevedad.

Argentina

El Proyecto de modificación de la Ley de Semillas en Argentina es fruto de un lobby concreto de Monsanto que comenzó en el 2003 cuando la empresa comenzó a solicitar que se cambiara la Ley de Semillas para garantizar la “seguridad jurídica” de sus inversiones en transgénicos. En ese entonces no encontró ecos en el gobierno y anunció que se retiraba del país no introduciendo nuevos eventos. En su lucha por el cobro de regalías, Monsanto frenó embarques enteros de soja transgénica en puertos de Europa con demandas judiciales porque contenían genes de su propiedad y Argentina no admitía el pago de regalías. Finalmente esta demanda fue ganada por Argentina cuando los tribunales europeos desestimaron la demanda de Monsanto.

Si bien durante los últimos años de la década pasada el gobierno anunció en varias ocasiones que iba a presentar una nueva Ley de Semillas al Congreso fue recién en el año 2012 que se produce un radical cambio de postura sobre el tema. En junio del 2012 la presidenta Cristina Fernández anuncia en el Consejo de las Américas que a partir de sus conversaciones con Monsanto la empresa volvería a realizar inversiones en el país con eje en una planta de procesamiento de maíz transgénico en el Barrio Malvinas Argentinas en la Ciudad de Córdoba.

A los pocos meses, en una conferencia de prensa conjunta, el Ministro de Agricultura Norberto Yahuar y Pablo Vaqueros, Presidente de Monsanto Argentina anunciaron la aprobación y lanzamiento de la nueva soja transgénica RR2 “Intacta” (resistente al glifosato e insecticida) y la modificación de la Ley de Semillas para proteger a los inversores por “los grandes gastos que tienen”. El compromiso allí explicitado fue presentar la Ley al Congreso antes de fines del 2012 para que fuera tratada y aprobada.

La reacción de las organizaciones sociales no se hizo esperar y fue mucho más contundente cuando se hizo público que el borrador en discusión estaba siendo negociado en secreto dentro del Ministerio de Agricultura por las grandes cámaras semilleras y los grandes terratenientes del país. El rechazo a la modificación de la Ley de Semillas se extendió ampliamente en la sociedad y diferente colectivos incluyeron la demanda en diferentes actividades, movilizaciones, charlas y documentos.

Los análisis de las organizaciones sociales de una copia filtrada del proyecto en discusión encontraron que el mismo introducía, a partir de modificaciones en el articulado de la Ley vigente (que data del año 1973), casi todos los contenidos de UPOV 91 y las restricciones que esta norma impone.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena junto a Amigos de la Tierra y GRAIN comenzó una campaña de recolección de firmas que hacia fines de noviembre contaba ya con más de 500 adhesiones de organizaciones sociales y más de 3 mil 500 firmantes particulares.

El documento “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina” 4 expresa que “la ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida” y que “Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales”. Además “ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior”.

El documento concluye con un llamado a “Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”.

El extendido rechazo que muy pronto encontró eco en varios sectores del oficialismo produjo que el Proyecto nunca ingresara al Parlamento, lo que fue entendido por las organizaciones como una victoria parcial. Durante los primeros meses del año 2013 el Ministro de Agricultura expresó que por ser un año electoral el Proyecto no sería enviado al Congreso pero ante evidentes nuevas presiones de Monsanto a las pocas semanas el Secretario de Agricultura anunció que ni bien concluyeran las elecciones el Proyecto ingresaría al Congreso.

Mientras tanto Monsanto no permanece en actitud de espera si no que mantiene su ofensiva obligando a los compradores de la nueva soja transgénica rr2 “intacta” a firmar un “contrato de regalías extendidas”. Monsanto informa en su página web para esta soja 5 que "Los productores  que deseen optar, a su criterio y decisión, por utilizar semillas de soja conteniendo la tecnología intacta rr2 deberán suscribir con Monsanto una licencia limitada de uso de la tecnología". Una particular manera de entender el “criterio propio y decisión” de los productores que ronda la ilegalidad.

 

La movilización y la atención de la sociedad sigue de cerca cada paso que se da tratando de avanzar con La ley y hoy está presente en la lucha que los vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo están dando en el Bloqueo a la Planta que Monsanto está intentando construir allí y que lleva mas de tres semanas de bloqueo.

Colombia

En abril del año 2102 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 1518 por medio de la cual se aprobó el "Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales" cumpliendo los “deberes” que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos le imponía para proteger los intereses de las grandes corporaciones del agronegocio.

La organizaciones sociales denunciaron rápidamente que la aprobación se había realizado desconociendo disposiciones de rango superior y desarrollos normativos y jurisprudenciales internacionales que consagran las obligaciones del Estado de garantizar y respetar los derechos de quienes están bajo su jurisdicción y específicamente la obligación de velar por la soberanía y seguridad alimentaria de la población.

Según el Grupo Semillas y la Campaña Semillas de Identidad el Convenio Internacional fue ratificado “sin garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de las minorías étnicas” y su objetivo principal es buscar “la concesión y consecuente protección de derechos de obtentor de géneros y especies vegetales estableciendo, por un lado, determinadas condiciones que no pueden cumplir las variedades nativas y criollas porque el mejoramiento genético que han realizado los agricultores se basa en un enfoque y principios totalmente diferentes al que realizan los fitomejoradores modernos, y por otro, los alcances de su reconocimiento protegiendo intereses económicos de algunos e imponiendo el uso de semillas protegidas legalmente por requerimiento de las empresas transnacionales”. 6

A partir de este análisis diversas organizaciones realizaron una presentación ante la Corte Constitucional logrando en diciembre del 2012 que la Corte Constitucional declarara INEXEQUIBLE la Ley 1518. 7 De esta manera se logró frenar el avance de UPOV 91 bajo el argumento de la falta de consulta previa a los pueblos indígenas y tribales sobre medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT, en cuyo artículo 6º se establece la obligatoriedad de dicha consulta. Si bien la amenaza de la aprobación de UPOV aún permanece, hasta el momento no se ha puesto en marcha el proceso de consulta requerido por la Corte. Esto produjo la preocupación de los Estados Unidos que hizo conocer a través de los medios su “pleno derecho de pedir que Colombia compense los perjuicios ocasionados por la decisión de la Corte Constitucional colombiana de declarar inexequible las Leyes 1518 y 1520, que establecieron una serie de normas requeridas para la firma del Tratado de Libre Comercio con ese país”. 8

Pero durante el año 2013 los acontecimientos ligados a las luchas campesinas volvieron a poner a las semillas en el centro de la escena. Fue a partir de la difusión del Documental “9.70 la historia de la semilla privatizada”9 de la joven directora Victoria Solano, que se comenzó a multiplicar entre la sociedad el impacto de las normas que privatizan las semillas.

La disposición 9.70 del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) data del año 2010 y pretende controlar la producción, uso y comercialización de semillas en el país. Esta resolución aplica los conceptos de la propiedad intelectual a las semillas y fue promulgada como requisito para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. “El documental analiza los impactos de la resolución tomando como ejemplo el caso Campoalegre, un pueblo al sur de Colombia donde se aplicó la resolución. En el 2011 el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, llegó hasta el municipio e incautó 70 toneladas de arroz, luego volvió con fuerza pública, y finalmente destruyó la semilla en un basurero por considerarla ilegal” exponen sus autores.

El fuerte impacto público que tuvo el documental coincidió con el inicio de las movilizaciones campesinas del 19 de agosto que conmovieron al país y rápidamente el rechazo a la disposición 9.70 se sumó a los múltiples reclamos campesinos. A partir de estas luchas la norma 9.70 fue “congelada por dos años”, lo que representa un inmenso triunfo de las organizaciones campesinas y sociales de Colombia. Sin embargo, en el presente resulta claro que lo que el pueblo de Colombia exige es que esta resolución sea completamente derogada de la misma forma que cualquier intento de imponer UPOV 91 por otras vías. 10

Venezuela

En Venezuela está en la pauta para el tratamiento de la Asamblea Nacional un proyecto de modificación de la Ley de Semillas que ha provocado mucha preocupación en las organizaciones sociales. Por un lado este Proyecto de Ley plantea una situación muy compleja pues pretende reglamentar la prohibición de los transgénicos en Venezuela y al mismo tiempo legislar las cuestiones de propiedad intelectual.

La Campaña Venezuela Libre de Transgénicos 11 ha venido dando seguimiento a este proyecto y realizado observaciones proponiendo la “prohibición de las semillas transgénicas en el país, la prohibición de cualquier figura de derecho de propiedad intelectual o patentes sobre las semillas, y la solicitud de ampliar el debate de la ley desde la construcción colectiva con los colectivos y movimientos populares revolucionarios”.

Las declaraciones públicas de los impulsores de la ley hablan de que la misma prohibirá los transgénicos en Venezuela pero la campaña ha expresado sus preocupaciones en relación al “articulado de la propuesta de ley que continúa reconociendo derechos de obtentor (figura de propiedad intelectual sobre la semilla), no define claramente los mecanismos de control y sanción de las semillas transgénicas, establece fiscalizaciones rigurosas a la semilla campesina, establece sanciones que pueden criminalizar las prácticas de intercambio tradicionales, aún no establece mecanismos de participación del poder popular, entre otros, todos aspectos que consideramos elementos de lucha del movimiento popular en el debate de esta ley”.

El compromiso de un amplio debate público y la fuerte movilización de los movimientos sociales abre las puertas para que se produzcan en el proyecto modificaciones que respondan a las demandas que se están realizando.

México

Tras la puesta en vigor del TLCAN, se fue articulando un escenario de leyes combinadas 12que incluyó a “la ley de Variedades Vegetales” (1996) 13, la puesta en vigor de la ley de Bioseguridad de 2005 14 y la nueva ley de Semillas, de 2007 15 mediante las cuales el sistema jurídico mexicano dio un paso muy grande hacia el registro, la certificación, el patentamiento y privatización de las semillas, buscando imponer semillas de laboratorio diseñadas y criminalizando la custodia e intercambio de semillas nativas por los canales de confianza que durante siglos fueron la base de los sistemas alimentarios indígenas, campesinos, a nivel nacional.

Aunque México no se ha suscrito a la versión 1991 del Convenio, ya su ley de Semillas de 2007 explícitamente promueve la criminalización de las semillas nativas, criterios inconsistentes con el comportamiento de las semillas en la vida cotidiana de las comunidades estableciendo criterios abstractos de calidad y una “estabilidad” que implicaría un congelamiento de sus características, casi que la “obligación de no seguir evolucionando”. 16

Esto, junto con la Ley de Variedades Vegetales, de 1996 (parte de las obligaciones de ser miembro de UPOV) y su reglamento de 1998, abrió la explotación y aprovechamiento privados de variedades vegetales y materiales de propagación y su concesión pagada y venta mediante reglamentaciones muy favorables a las corporaciones.

En 2012, un sinnúmero de organizaciones campesinas y de la sociedad civil lograron detener el intento de que la Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91. La reforma habría sido muy grave, porque concedía a los obtentores privados “el beneficio exclusivo [monopólico] procedente de ventas de semillas u otros materiales vegetales hasta por 15 años, o 18 en el caso de plantas perennes, ornamentales, forestales —aun cuando las plantas que se utilicen para desarrollar nuevas variedades sean del dominio público”. 17 Se incluían los organismos genéticamente modificados en coherencia con la ley de Bioseguridad, “lo cual es absurdo dado que los OGM son creados por la introducción de material genético que no es vegetal”. 18

La Ley de Variedades Vegetales recargada habría sido clave para potenciar a la ley de Semillas de 2007, pues habría promovido una policía de las semillas, un sistema de fiscalización y decomiso de las semillas no certificadas, clasificadas absurdamente como “piratas”, por no contar con factura, registro o certificación, pese a haberse guardado e intercambiado por lo menos hace 6 mil años. La reforma de la Ley de Variedades está pospuesta, pero seria un error pensar que está desactivada su aprobación. 19

En el resto de América Latina y el Caribe la situación difiere según existan o no Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con los Estados Unidos. Es el caso de Costa Rica y República Dominicana que por la firma del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-República Dominicana y Estados Unidos) han debido cambiar sus legislaciones para adaptarse al TLC o de Perú que también ha firmado un TLC con EEUU. En el resto del Continente y aunque en estos momentos no haya ofensivas las presiones para la adhesión a UPOV 91 son permanentes y es muy posible que en algunos países, como Paraguay, por ejemplo, en los próximos meses se produzcan embates en esa dirección.

Las resistencias dan sus frutos

Lo sorprendente en un contexto de avance del agronegocio en toda la región es que las resistencias al control corporativo de las semillas han dado sus frutos en casi todos los países donde se han presentado estas ofensivas.

En Argentina el Proyecto de Ley de Semillas no salió de su ámbito de discusión secreto en el Ministerio de Agricultura y jamás tomó estado parlamentario.

En Chile las organizaciones lograron que una mayoría de los senadores se comprometieran a votar contra el Proyecto de Ley Monsanto.

En Colombia la movilización campesina logró que la Resolución 9.70 fuera frenada.

En Venezuela existen firmes compromisos para que los principios que impulsó Hugo Chávez no sean traicionados.

También en México las luchas sociales impidieron que Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91.

Todo esto para el mes de octubre del 2013. No sabemos que ocurrirá en los próximos meses. Pero está claro que estas victorias no significan que las batallas contra la apropiación estén ganadas. Los movimientos sociales son muy concientes de que la situación actual plantea el desafío de seguir construyendo articulaciones, conciencia y nuevos aliados para enfrentar los embates que habrá de aquí en adelante y seguir defendiendo a las semillas como Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad; poniéndole el cuerpo a esta hermosa consigna de la Campaña de la Semilla de la Vía Campesina.

 

Fuente: https://www.grain.org/es/article/entries/4801-leyes-de-semillas-en-america-latina-una-ofensiva-que-no-cede-y-una-resistencia-que-crece-y-suma

 

 

 

Debemos, ante planes para toda Nuestra América,  unirnos con los otros pueblos y  apreciar las propuestas más adecuadas a solucionar nuestros problemas comunes como:

 

Mujeres campesinas en la lucha contra el agro-negocio,

por reforma agraria y soberanía alimentaria.

Marzo 2009

 

Nosotras mujeres, campesinas, ribereñas, extractivistas, indígenas, quilombolas y sin tierra, denunciamos a través de nuestras acciones políticas la extrema gravedad de la situación brasileña. No nos subordinaremos a este modelo capitalista y patriarcal de sociedad, concentrador de poder y de riquezas. No queremos el proyecto de agricultura del agronegocio, hidro-negocio y de las transnacionales en Brasil.

 

Nos movilizamos, para enfrentar la crisis política, económica, social y ambiental, creada por las elites que controlan el Estado: el capital financiero internacional y las transnacionales. No aceptamos pagar la cuenta de la crisis, con la súper-explotación de nuestro trabajo, bajos salarios, aumento de la jornada de trabajo y con el avance de la explotación sobre los recursos naturales. Por eso, DENUNCIAMOS: EL AGRO E HIDRO-NEGOCIO SON INSOSTENIBLES: los monocultivos, con destaque para la caña, soja y eucaliptos, a través del uso intensivo de venenos, causan un fuerte desequilibrio ambiental, serios problemas sociales y generando graves consecuencias para la humanidad. Es un modelo que se apropia y domina el agua, la tierra, las fuentes de energía, los recursos minerales, las semillas y toda la biodiversidad. A través de los transgénicos ejerce el control de las semillas, causando el aumento de enfermedades, especialmente en mujeres y niños.

 

Avanza sobre los recursos naturales, con el objetivo de aumentar sus lucros sobre las florestas, en Amazonia y el lo que aún subsiste del Cerrado, de la Floresta Atlántica, del bioma pampa y del semi-árido del nordeste.

 

SÚPER-EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO: los grandes lucros de este modelo son obtenidos a través de bajos salarios, precarización, amenaza constante de desempleo y condiciones semejantes a las del trabajo esclavo. Esta súper-explotación del trabajo es la que permite que las mercaderías –resultantes de este modelo, sean una de las más baratas y competitivas del mundo.

 

FINANCIACIÓN DEL ESTADO: Este modelo es beneficiado a través de la inversión pública que retira los recursos de los pobres – en la forma de impuestos – y los repasa a los ricos. La sociedad brasileña gasta actualmente alrededor de 150 billones de reales al año en el pago de los títulos de la deuda pública, que son repasados para 20 mil familias, entre dueños de bancos, especuladores nacionales e internacionales. Sin esos recursos, el gobierno no consigue invertir en educación, empleo, salud, derechos de previsión social, habitación y reforma agraria. Este repase ocurre, principalmente, a través del FAT (Fondo de amparo al Trabajador) el del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) – organismos gubernamentales. Es el modelo más rentable para los capitalistas y el más dependiente de inversiones públicas. Por generar divisas en dólares, el gobierno y el Estado le dan todo el amparo, especialmente en líneas de crédito: el agro-negocio recibe más de 65 billones de reales por año de los bancos públicos. Y con exención de impuestos de exportación. Exportar apenas materias primas no desarrolla el país ni distribuye la renta entre todas y todos.

 

ALIANZA CRIMINAL: Hay una alianza entre los capitalistas y los grandes propietarios de tierra con las empresas transnacionales que controlan el abastecimiento de insumos industriales – abonos, fertilizantes, venenos y máquinas – controlan el precio y el mercado de cada producto. Brasil continúa dando prioridad a la exportación de materias primas, sin valor agregado, vendiendo a bajos precios, y transfiriendo parte de nuestras riquezas naturales inclusas en el producto.

 

CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA: En los últimos tiempos el estado ha utilizado todo el aparato policial, el poder judicial y los medios de comunicación para defender a las empresas, al agro-negocio y a la propiedad privada, criminalizando las luchas sociales.

 

Reafirmamos la lucha como única alternativa para las transformaciones sociales! Tenemos derecho a luchar! Nos movilizamos para defender la agroecología, la biodiversidad, la agricultura campesina cooperativada, la producción de alimentos saludables, la Reforma Agraria, los derechos de previsión social, salud y educación gratuita y de calidad para todos. Para defender la tierra, el agua, las semillas, la energía y el petróleo como bienes naturales al servicio de la humanidad. Rompemos el silencio para rescatar la cultura y el conocimiento campesino, rescatar nuestro Brasil. Por eso convocamos a todo el pueblo brasileño a luchar y unirse para construir un nuevo proyecto de desarrollo que beneficie a todo el pueblo y no sólo a las empresas y bancos. Continuaremos luchando y organizando mujeres, hombres, juventud trabajadora niños para defender nuestro derecho a vivir en un Brasil justo, igualitario y soberano.

 

VIVA EL 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA DE LAS MUJERES TRABAJADORAS! VIA CAMPESINA BRASIL y FETRAF Fuente: http://www.dariovive.org/notas/viacampesina2.htm

 

 Crisis civilizatoria

 

A 200 años es hora del esclarecimiento mayoritario sobre el funcionamiento del capitalismo y superar el embaucamiento K sobre la posibilidad de un capitalismo serio que ni el gobierno CFK pudo demostrar como cierto. Por ejemplo veamos qué significó el condenarnos a ser "pagador serial" :

 

Cómo el Sur ha pagado por las crisis del Norte y por su propia sumisión

18 de junio de 2016

Por Eric Toussaint

17 de junio de 2016

A partir de los años 1820, los gobiernos de los países latinoamericanos, recién salidos de las guerras de independencia, se lanzaron a una ola de préstamos. Los banqueros europeos buscaban con entusiasmo ocasiones de endeudar a estos nuevos Estados pues eso les era extremadamente beneficioso |1|. En un primer momento, estos préstamos sirvieron a los esfuerzos de guerra para garantizar y reforzar la independencia. En los años 1820, los préstamos externos tomaban la forma de títulos de la deuda emitidos por los Estados por el intermedio de banqueros o de corredores de bolsa en Londres. Luego, a partir de los años 1830, atraídos por los altos rendimientos, los banqueros franceses se hicieron muy activos y entraron en competencia con la plaza financiera de Londres. En el curso de los decenios siguientes otras plazas financieras se sumaron a la competencia: Francfort, Berlín, Anvers, Amsterdam, Milán, Viena… La forma utilizada por los banqueros para prestar a los Estados limitaba los riesgos a los que se exponían puesto que en caso de suspensión del pago de la deuda, eran los tenedores de títulos los directamente afectados. Habría sido de otra forma si los banqueros hubieran prestado directamente a los Estados |2|. No obstante, cuando estos banqueros adquirían ellos mismos una parte de los títulos que vendían o que otros banqueros vendían se encontraban con dificultades en caso de no pago. Por otra parte, la existencia de un mercado de títulos al portador permitía a los banqueros llevar a cabo múltiples manipulaciones que les procuraban un rendimiento elevado. El recurso al endeudamiento exterior se reveló contraproductivo para los países concernidos en particular porque esos préstamos habían sido contratados con condiciones muy favorables para los acreedores. Las suspensiones de pago fueron numerosas y dieron lugar a represalias por parte de los países acreedores que utilizaron en varias ocasiones la intervención armada para obtener el reembolso. Las reestructuraciones de deuda sirvieron normalmente a los intereses de los acreedores y de las grandes potencias que les apoyaban e hicieron entrar a los países deudores en un círculo vicioso de endeudamiento, de dependencia y de “desarrollo del subdesarrollo”, por retomar una expresión del economista André Gunder Frank |3|

 

El arma del endeudamiento fue utilizada como medio de presión y de subordinación de los países endeudados. Como subrayaba Rosa Luxemburg en 1913, los préstamos “constituyen el medio más seguro para los viejos países capitalistas de mantener bajo su tutela a los países jóvenes, de controlar sus finanzas y de ejercer una presión sobre su política exterior, aduanera y comercial” |4|. Felizmente, México, en dos ocasiones, salió de forma victoriosa de la confrontación con sus acreedores (en 1867 bajo la presidencia de Benito Juarez y, más tarde, en la onda de la revolución mexicana dirigida por Emiliano Zapata y Pancho Villa que decretaron la suspensión de la deuda en 1914). Brasil igualmente se enfrentó con éxito a sus acreedores entre 1933 y 1943, lo mismo que Ecuador en 2007-2009, sin olvidar Cuba respecto al Club de París a partir de 1986.

 

Cuando se prepara una nueva crisis de la deuda de América Latina, es fundamental sacar enseñanzas de los dos últimos siglos. No hacer esto equivale a condenarse a revivir los dramas del pasado.

 

La deuda externa como arma de dominación y de subordinación

La utilización de la deuda externa como arma de dominación jugó un papel fundamental en la política imperialista de las principales potencias capitalistas a lo largo del siglo XIX y prosigue en el siglo XXI bajo formas que han evolucionado. Grecia, desde su nacimiento en los años 1820-1830, estuvo sometida por completo a los dictados de las potencias acreedoras (en particular Gran Bretaña y Francia) |5|. Haití, que se había liberado de Francia en el curso de la Revolución francesa y había proclamado la independencia en 1804, fue de nuevo sometida a ésta en 1825 por la deuda |6|. Túnez endeudada fue invadida por Francia en 1881 y transformada en protectorado colonia |7|. La misma suerte fue impuesta a Egipto en 1882 por Gran Bretaña | 8|. El Imperio otomano, a partir de 1881, fue sometido directamente a los acreedores (Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia…) |9|, lo que aceleró su estallido. China fue forzada por los acreedores a conceder concesiones territoriales y a abrir por completo su mercado en el siglo XIX. La Rusia zarista fuertemente endeudada habría podido constituirse también en presa de las potencias acreedoras si la revolución bolchevique no hubiera llevado en 1917-1918 al repudio unilateral de las deudas. De las diferentes potencias periféricas |10| que podían potencialmente acceder al papel de potencias capitalistas imperialistas en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, el Imperio Otomano, Egipto, el Imperio ruso, China y Japón, sólo este último logró la mutación |11|. En efecto, Japón no recurrió prácticamente al endeudamiento exterior para realizar un importante desarrollo económico y transformarse en una potencia capitalista imperialista en la segunda mitad del siglo XIX. Japón conoció un importante desarrollo capitalista autónomo como consecuencia de las reformas del período Meiji (iniciado en 1868). Importó las técnicas de producción occidentales más avanzadas de entonces, a la vez que impedía la penetración financiera extranjera en su territorio, rechazando recurrir a préstamos exteriores y suprimiendo en el país las trabas a la circulación de los capitales autóctonos. A finales del siglo XIX, Japón pasó de una autarquía secular a una expansión imperialista vigorosa. Por supuesto, la ausencia de endeudamiento exterior no fue el único factor que permitió a Japón dar el salto hacia un desarrollo capitalista vigoroso y llevar a cabo una política internacional agresiva, alzándole al rango de las grandes potencias imperialistas. Otros factores que sería demasiado largo enumerar aquí operaron igualmente pero es evidente que la ausencia de endeudamiento exterior jugó un papel fundamental |12|. A contrario China, que hasta los años 1830 llevaba a cabo un desarrollo muy importante y constituía una potencia económica de primer nivel |13|, al recurrir al endeudamiento exterior permitió a las potencias europeas y a los Estados Unidos marginarla y someterla progresivamente. Aquí también intervinieron otros factores, como las guerras impuestas por Gran Bretaña y Francia para imponer el libre comercio y la exportación forzosa a China del opio, pero el recurso a la deuda externa y sus nefastas consecuencias jugaron un papel muy importante. En efecto, para reembolsar préstamos extranjeros, China tuvo que sacrificar concesiones territoriales y portuarias a las potencias extranjeras. Rosa Luxemburg menciona, entre los métodos empleados por las potencias capitalistas occidentales para dominar a China el “sistema de la deuda pública, de préstamos europeos, de control europeo de las finanzas con la consecuencia de la ocupación de las fortalezas chinas, la apertura forzada de puertos libres y la concesión de ferrocarriles obtenidas bajo la presión de los capitalistas europeos” |14|. Joseph Stiglitz, casi un siglo después de Rosa Luxemburgo, remite igualmente a ello en su obra La gran desilusión.

 

Las crisis de la deuda externa de América Latina del siglo XIX al siglo XXI

 

Desde su independencia en los años 1820, los países de América Latina han conocido cuatro crisis de la deuda. La primera se declaró en 1826, producida por la primera gran crisis capitalista internacional que comenzó en Londres en diciembre de 1825. Esta crisis de la deuda se prolongó hasta los años 1840-1850. La segunda comenzó en 1876 y terminó en los primeros años del siglo XX | 15|. La tercera comenzó en 1931 como prolongación de la crisis que había estallado en 1929 en los Estados Unidos. Se acabó a finales de los años 1940. La cuarta estalló en 1982 ligada al giro tomado por la Reserva Federal de los Estados Unidos en materia de tasas de interés combinado a la caída de los precios de las materias primas. Esta cuarta crisis terminó en 2003-2004 cuando el aumento de los precios de las materias primas aumentó enormemente las rentas en divisas. Los países de América Latina se aprovecharon también de tasas de interés internacionales que bajaron enormemente como consecuencia de las decisiones de la FED, seguida por el BCE y el Banco de Inglaterra a partir de la crisis bancaria en el Norte que comenzó en 2008-2009.

 

Se prepara una quinta crisis como consecuencia de la fuerte bajada de los precios de las materias primas que comenzó en 2013-2014 y de la evolución de la economía de las principales potencias imperialistas -que incluyen hoy a China (perspectiva de un aumento de las tasas de interés decidida por la FED, estallido de la burbuja bursátil… provocando una repatriación de los capitales hacia los Estados Unidos, Europa y quizás China). La crisis que ya afecta de lleno a Puerto Rico |16| es un signo premonitorio, pero son sobre todo Venezuela y Argentina quienes corren el riesgo de dar una gran amplitud a una nueva crisis cuando estalle, con la particularidad de que una parte de su deuda está suscrita con China, nuevo actor mayor en América Latina. Los orígenes de estas crisis y los momentos en que estallan están íntimamente ligadas al ritmo de la economía mundial y, principalmente, de los países más industrializados. Cada crisis de la deuda ha estado precedida de una fase de sobrecalentamiento de la economía de los países más industrializados del Centro, en el curso de la cual ha habido superabundancia de capitales, una parte de los cuales ha sido reciclada hacia las economías de la Periferia. Las fases preparatorias del estallido de la crisis, durante las cuales la deuda aumenta con fuerza, corresponden al final de cada ciclo largo expansivo de los países más industrializados, salvo en el caso presente, pues, esta vez, no se puede hablar de ciclo largo expansivo excepto en lo que se refiere a China (y otros BRICS). La crisis está generalmente provocada por factores externos a los países periféricos endeudados: una recesión o un krach financiero golpeando a una o varias de las principales economías industrializadas, un cambio de política de las tasas de interés decidido por los bancos centrales de las grandes potencias del momento. Lo que se afirma anteriormente está en contradicción con la narración de las crisis que domina el pensamiento económico-histórico |17| y que es vehiculizado por los grandes medios y los gobernantes. Según la narración dominante, la crisis que estalló en Londres en diciembre de 1825, y se extendió a otras potencias capitalistas, resultó del sobreendeudamiento de los Estados latino-americanos; la de los años 1870, del sobreendeudamiento de América Latina, Egipto y del Imperio otomano; la de los años 1890 que estuvo a punto de provocar la quiebra de uno de los principales bancos británicos, del sobreendeudamiento de Argentina; la de los años 2010, del sobreendeudamiento de Grecia y más en general de los “PIGS” (Portugal, Irlanda, Grecia, Spain/España).

 

Las crisis de la deuda y las ondas largas de la economía capitalista internacional

Hay una relación entre el estallido de estas cuatro crisis y las ondas largas del capitalismo. Las ondas largas del desarrollo capitalista desde comienzos del siglo XIX han sido analizadas por varios autores, entre ellos Ernest Mandel que proporcionó una aportación sustancial, en particular en cuanto a la incidencia del factor político sobre el desarrollo y el desenlace de las ondas largas, aportación que queda por completar |18|. Ernest Mandel propone la datación siguiente para las ondas largas desde el final del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX |19|: crecimiento fuerte a partir de 1793 terminándose en la gran crisis de 1825 crecimiento lento de 1826 a 1847 con fuerte crisis en 1846-47 crecimiento fuerte de 1848 a 1873 con crisis fuerte en 1873 crecimiento lento de 1874 a 1893 con crisis bancaria en 1890-1893 crecimiento fuerte de 1894 a 1913… Las fases de expansión fuerte, igual que las fases de expansión lenta, están subdivididas en ciclos más cortos que varían de 7 a 10 años y acaban en crisis.

Tras un krach financiero de la Bolsa de Londres en 1825, la primera crisis moderna de sobreproducción de mercancía (1826) abre el camino a una onda larga de expansión lenta (1826-1847) y a la primera crisis de la deuda de América Latina (que comienza en 1826-1827). La segunda crisis estalla en 1873 como consecuencia de un krach bursátil en Viena seguido de otro en Nueva York. Se sigue de ella una larga depresión de las economías industrializadas de 1873 a 1893 y la crisis de la deuda de América Latina del decenio 1870. Como consecuencia de la crisis de Wall Street en 1929, la depresión de los años 1930 de la economía mundial desemboca en la crisis de la deuda de América Latina que estalla al mismo tiempo pero que desemboca en un escenario diferente que las precedentes crisis. En efecto, como consecuencia en particular de la decisión de no pago de la deuda por parte de catorce países del continente, esta crisis de la deuda desemboca en un auge industrial de larga duración en los países más importantes (en particular Brasil y México) en contradicción con la crisis de los países del Centro. La cuarta crisis que comenzó en 1982 fue provocada por el efecto combinado de la segunda recesión económica mundial (1980-1982) de la postguerra, de la bajada de los precios de las materias primas (que está ligada a esa recesión) y de la subida de las tasas de interés decidida por la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1979. Las cuatro primeras crisis duraron de 15 a 30 años. La quinta se prepara. Han afectado al conjunto de los Estados independientes de América Latina y del Caribe casi sin excepción. En el curso de esas crisis, fueron frecuentes las suspensiones de pago de la deuda. Entre 1826 y 1850, durante la primera crisis, casi todos los países suspendieron su pago. En 1876, once países de América Latina estaban en suspensión de pago. En los años 1930, once países del continente decretaron una moratoria. Entre 1982 y 2003, México, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Cuba y otros suspendieron el reembolso en un momento u otro, por un período de varios meses o de varios años.

 

La suspensión decretada por Argentina entre finales de 2001 y marzo de 2005 por un montante de alrededor de 90 000 millones de dólares permitió un crecimiento económico sostenido. En la mayoría de las ocasiones, las suspensiones de pago son seguidas de reestructuraciones de deuda favorables a los intereses de los acreedores. Los ejemplos de Estados periféricos que repudian victoriosamente sus deudas son muy raros pero existen. Es el caso de México durante el mandato del liberal Benito Juarez, el primer presidente indígena de América Latina |20|. México, que suspendió el pago de la deuda odiosa en 1861, logró expulsar al cuerpo expedicionario francés en 1866 tras cuatro años de duros combates y la imposición de un emperador europeo, Maximiliano de Austria. En 1867, México repudió la deuda reclamada por Francia. Igualmente raros son los casos en que un Estado ha organizado una auditoría de la deuda a fin de poner en cuestión su pago. Fue en particular el caso de Ecuador en 2007-2008. Sus ejemplos son ricos en enseñanzas. (….)

 

Según Michel Husson, “Desde la publicación del libro de Mandel, la economía mundial se ha transformado profundamente. Con el ascenso de los países llamados “emergentes”, se asiste a un verdadero “cambio radical del mundo” cuya medida se puede tomar con la ayuda de algunas cifras. Así, los países emergentes han realizado en 2012 la mitad de las exportaciones industriales mundiales, cuando su parte no era más que del 30% al comienzo de los años 1990. Desde el comienzo de los años 2000, el total de la progresión de la producción industrial a escala mundial ha sido realizada en los países emergentes. El capitalismo parece así encontrar un segundo aliento relocalizando la producción en países que registran ganancias de productividad importantes, y en los que el nivel de los salarios es muy bajo” (…) “Razonar sobre los “viejos” países capitalistas o sobre el conjunto de la economía mundial, ya no es lo mismo: el crecimiento de la producción (incluyendo de la producción industrial), las ganancias de productividad y el desarrollo de la clase asalariada están desde comienzos del siglo XXI en el Sur. Hay en esto más que una desincronización que se podría poner en la cuenta de factores específicos” (…). “En definitiva, lo que es cierto para los viejos países capitalistas del Norte, a saber la incapacidad de poner en pie los fundamentos de una nueva “onda larga expansiva”, no parece aplicarse plenamente a toda una serie de países que reagrupan después de todo a una fracción significativa de la población mundial. Se podría, al límite, hablar de una onda larga expansiva en lo que les concierne. Que se trate de un modo de crecimiento que hace aumentar las desigualdades y bárbaro (que evoca por otra parte el auge de la Inglaterra del siglo XIX) es otra cuestión: el punto decisivo es que en los países concernidos, la acumulación del capital y el crecimiento del empleo asalariado dan pruebas de un dinamismo impresionante”. Añado por mi parte que la fase de expansión fuerte de los países emergentes (con China a la cabeza) y de un número importante de países en desarrollo da signos de pérdida de energía o de agotamiento desde 2014-2015 mientras que las economías de los viejos países industrializados permanecen empantanadas en la continuación de un crecimiento lento. Una de las ideas que el presente artículo adelanta, es que hay una relación estrecha entre las fases de expansión fuerte del capitalismo global y la acumulación de deudas en los países periféricos (y en este caso América Latina) estimuladas en particular por la voluntad de las economías capitalistas más fuertes de aumentar los flujos de capitales hacia la periferia (quiero precisar que hay que colocar ahora a China entre las economías capitalistas más fuertes). El giro de la fase de crecimiento fuerte desemboca generalmente en una crisis de la deuda en los países de la periferia, se podría decir sin exagerar que “provoca” una crisis de la deuda. En el período histórico actual, vivimos un período bisagra (sin crecimiento fuerte en las viejas economías capitalistas) que podría desembocar en una nueva crisis de la deuda de América Latina y de otros países periféricos (en África y en Asia), -los primeros en ser afectados serán los países que dependen en gran medida de la exportación de materias primas para reembolsar su deuda- añadiéndose a la de los países periféricos en el interior o en los márgenes de Europa (Grecia, Portugal, España, Irlanda, Chipre, Ucrania, otros países del exbloque del Este, etc.) o de la esfera de los Estados Unidos (Puerto Rico da el ejemplo). Bibliografía: (….)

Fuente: http://www.rebelion.org/docs/213561.pdf

En consecuencia, a 200 años es crucial enfocar nuestros problemas vitales como compartidos con los pueblos de Nuestra América y del mundo entero.

Conferencia Internacional

Deuda, Bienes Comunes y Dominación –

Resistencias y Alternativas hacia el Buen Vivir

03 al 05 de junio del 2015, Ciudad de Buenos Aires

 

Los problemas del endeudamiento público, la dependencia y la dominación imperialista, especialmente considerando que el sistema de la deuda está asociado al modelo productivo y de desarrollo, son ejes comunes y centrales del empobrecimiento, la desigualdad y el saqueo en toda América Latina y el Caribe como en otras regiones. Estamos convencidos del costo social, ecológico y democrático de pagar sistemáticamente una deuda que es además ilegítima, ilegal, odiosa e impagable, por lo que insistimos en la necesidad de reforzar las resistencias y la construcción de alternativas para recuperar soberanía y ejercer nuestro derecho a la autodeterminación en defensa de nuestras vidas y bienes comunes.

Históricamente, la deuda pública ha constituido un poderoso instrumento utilizado por las grandes potencias para reforzar el colonialismo en la esfera económica, política y cultural y disponer de las vidas, territorios y bienes naturales de los pueblos y países que quedan bajo su dominio. Hoy en día, y mucho más allá de las pretensiones de los llamados fondos buitre, la cuestión de la dominación ejercida a través de la deuda pública se agrava en todo el mundo, fortaleciendo la tendencia a la dominación de los países a costa del salario y las condiciones de vida de los trabajadores y los pueblos del mundo.

Las políticas de ajuste, privatización y liberalización siguen siendo la respuesta del sistema financiero mundial, encabezadas por las instituciones de siempre como el FMI, el Banco Mundial, el BID y otras más nuevas como el GAFI (impulsor de las leyes anti-terroristas). En ese marco, la resistencia de los pueblos cobra vital importancia y ha llevado a experiencias como las de Ecuador o de Islandia, como procesos diferentes a las agresivas consecuencias del endeudamiento sobre países como Argentina, Brasil, Grecia o España entre los más nombrados.

Por eso, a 15 años del histórico Fallo Olmos - Ballesteros, donde la justicia argentina comprobó más de 477 irregularidades y fraudulencias en los orígenes de la deuda que todavía seguimos pagando, necesitamos debatir al respecto y reforzar nuestra capacidad de movilización y acción conjunta, tanto en el país como en la región y el mundo entero. Necesitamos avanzar hacia la suspensión inmediata de los pagos mientras no se establezca la legitimidad de las deudas reclamadas, planteando para eso la realización de investigaciones o auditorías integrales con participación popular entre otros caminos posibles.

 

Convocamos a redes sociales, culturales y políticas de todo el mundo, especialmente de Nuestra América, para articular propuestas alternativas y contra hegemónicas. Son destinatarios de nuestra convocatoria todas aquellas organizaciones, movimientos e individuos que hoy sufren los impactos y sustentan protestas y propuestas frente al modelo ambiental, distributivo, productivo y de desarrollo, ya que en todo ello el endeudamiento público es parte sustancial y factor limitante.

Nos dirigimos al movimiento obrero, indígena, originarios, campesino, de ancianos, jóvenes y mujeres, de sectores populares y de lucha por la soberanía, intelectuales de la cultura y a todas las organizaciones sociales y políticas, de los más diversos credos y religiones que protagonizan en todo el planeta resistencias y búsquedas de alternativas al modelo de sociedad dominante y a sus sub-sistemas de sometimiento y reproducción.

PROGRAMA: (...)

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Nos resulta imprescindible en ese compartir los problemas vitales, apreciar cómo luchan otros pueblos para resolverlos.

 

 

 

Paraguay: Campesinos llegan a Asunción luego de 5 días de la “Larga Marcha”
10 de febrero de 2015

 

Son campesinos pobres de distintas partes del país que comenzaron el 5 de febrero la “Larga Marcha” reclamando la renuncia del presidente Horacio Cartes. Cuestionan el modelo de sojización que ha desplazado a pequeños productores y trabajadores rurales. También exigen la derogación de la ley de militarización que permite reprimir la protesta social. Hoy a las 17hs la movilización llega a Asunción donde se realizará un festival. En Argentina hay una convocatoria frente a la embajada paraguaya.

Por ANRed

Los motivos

La avanzada de los comodities en el mercado internacional ha desplazado las fronteras agrícolas-ganaderas, dándole espacio a la sojización de los cultivos. Grandes porciones de tierra y poca mano de obra es lo que necesita la producción de la oleaginosa. Así miles de campesinos pierden su fuente de trabajo y son obligados a poblar los márgenes de las ciudades.

En este escenario el 15 de junio del 2012 se produce la masacre de Curuguaty donde murieron 11 campesinos y 6 policías en la que fue la más cruda manifestación del aparato represivo estatal expresando la tensión política entre una democracia que tiene al partido colorado desde más de medio siglo en el poder y un país con una desesperante desigualdad social en Paraguay el 85 por ciento del territorio está en manos del 2,6 por ciento de los propietarios, muchos de ellos extranjeros.

El escenario nacional venía con un alza del conflicto social atravesado por un Gobierno de otro tinte político al acostumbrado. El sacerdote Lugo ocupaba la presidencia enfrentado a un parlamento de línea tradicional. El novedoso mandatario no realizó cambios estructurales en la política paraguaya que no daba aire para iniciativas, la casta empresarial y burocrática seguía teniendo “la sartén por el mango”.

Una de las consecuencias de la masacre de Curuguaty fue que el 22 de junio se concretara el golpe institucional al Gobierno de Lugo dando luz verde a un proceso que ya venía avanzado, la transformación de un Paraguay para los agronegocios. Empresarios de todos los bandos no aprobaban a un Gobierno del cual desconfiaban y menos en un escenario de creciente protesta social donde el 91,5 por ciento de los campesinos tiene apenas un 6 por ciento de la tierra agrícola.

El Gobierno entrante de Federico Franco elegido por el parlamento que destituyó a Lugo profundizó la avanzada del agronegocio, de forma inmediata legalizó la utilización de un conjunto de semillas transgénicas y aceleró la sojización de las tierras.

El actual gobierno de Horacio Cartes al que la “Larga Marcha” reclama su dimisión es señalado por prolongar estas medidas anti populares. El multiempresario Cartes acusado de diferentes estafas, entre ellas al Banco Central del Paraguay por 34 millones de dólares, fue condenado en 1985 y permaneció 4 años prófugo evadiendo la justicia que luego lo considero sobreseído. También en Wikilikes figura que la DEA (Administración para el Control de Drogas) lo investigó por lavado de dinero ligado al tráfico de drogas.

Cartes es el político que hizo carrera empresarial y deportiva al mando del Club Libertad, en el 2001 obtuvo tres campeonatos y logró llegar a las semifinales de la Copa Libertadores de América en el 2006. Luego asumió el cargo de director de selecciones de la AsociaciónParaguaya de Fútbol en las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2010 hasta llegar a cuartos de final con la selección de futbol paraguaya.

La Larga Marcha

La “Larga Marcha” es denominada de este modo pues de ella participan campesinosafectados por el modelo sojero de distintos puntos del país. Los manifestantes fueron movilizándose por las principales rutas deteniéndose en cada pueblo y ciudad convocando al debate e invitando a la población a sumarse a la marcha, en algunas ciudades se realizaron asambleas.

El principal organizador es la FNC (Federación Nacional Campesina). La movilización culmina esta tarde a las 17hs en Asunción donde desde el 6 de febrero se encuentra un acampe en la plaza que enfrenta al Congreso Nacional donde se realizará un festival de cierre con artistas y una olla popular para los miles de campesinos llegados del norte y el este del país.

El objetivo

Lograr la renuncia del presidente Horacio Cartes al que los manifestantes consideran responsable de la situación actual y convocan a realizar un “Un modelo de país para todos”. En el comunicado de lanzamiento de la Larga Marcha el partido Paraguay Pyahura expresa,“Ante tantas amenazas: privatización, el recrudecimiento de las persecuciones, el fortalecimiento del narcotráfico y la narcopolítica, la complicidad de la cúpula de la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, ante la muerte por hambre y enfermedades de compatriotas resultado de la política del Gobierno de Horacio Cartes “todo para los ricos y nada para los pobres”, y ante la represión y la militarización como respuestas a tantas sentidas necesidades de la mayoría, el Partido Paraguay Pyahura emprenderá La Larga Marcha”.

Exigen terminar con la ley de militarización sancionado por el actual gobierno que según los campesinos y los últimos testimonios agudiza la represión social. La ley posibilito el despliegue de fuerzas militares en los tres departamentos para “garantizar la seguridad interna”, precisa el decreto que modifica la ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, otorgando al presidente de la República la facultad de utilizar a las fuerzas armadas en el combate contra grupos armados sin declarar el estado de excepción, como está establecido en la Constitución Nacional.

Según organizaciones sociales y de derechos humanos la presencia militar modificó la rutina de varios poblados del departamento de Concepción y particularmente de la comunidad campesina de Tacuatí Poty del departamento de San Pedro. En esa zona denunciaron abusos, amedrentamiento y violaciones de las garantías mínimas de familias campesinas por parte de operativos fiscales, policiales y judiciales.

El movimiento 138 en Argentina convoca para este martes a las 18:30hs a manifestarse frente a la embajada paraguaya(Av. Gral. Las Heras 2545) en apoyo a la "Larga Marcha" también exigiendo la libertad de los presos políticos de la masacre de Curuguaty y el esclarecimiento del hecho. El Ministerio de Justicia acusó a loscampesinos de emboscar a las fuerzas policiales y fueron sometidos a un proceso judicial que estuvo plagado de irregularidades. “El caso Marina Kue evidencia la absoluta falta de un sistema de gobernanza responsable de la tierra en Paraguay, la manifiesta desprotección administrativa y judicial de los derechos humanos de los campesinos y las campesinas sin tierra, y la práctica sostenida de empleo de las fuerzas represivas del Estado para salvaguardar los intereses de los grupos poderosos del país. Además, el proceso penal de loscampesinos y campesinas acusados por la matanza desnuda la falta de imparcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Público paraguayos. Expresa una investigación de organismos internacionales y locales.(1)

También Amnistía Internacional en un informe sostiene que “La organización considera que este caso es ilustrativo de la inacción reiterada del Estado respecto a garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía, abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, y también tortura y otros malos tratos” (2)

Hoy todos los presos de Curuguaty cumplen prisión domiciliaria a la espera del juicio que se desarrollara en junio de este año. Sólo Ruben Villalba permanece en prisión preventiva desde hace 28 meses por estar imputado en otra causa de resistencia a un desalojo del cual se comprobó su inocencia. Desde miércoles 11 al viernes 13 de febrero enfrentará el juicio oral y público para obtener un veredicto. Según medios locales e internacionales este juicio será un ensayo para el juicio del Caso Curuguaty previsto para junio próximo.

Notas relacionadas:

http://anred.org/spip.php?article5280
http://anred.org/spip.php?article8625

Citas:

1.FIAN Internacional y La Vía Campesina. 2014. Conflictos Agrarios y Criminalización deCampesinos y Campesinas en Paraguay: El Caso Marina Kue y la “Masacre de Curuguaty.” (Serie Tierra y Soberanía en las Américas, No. 6) Oakland, CA: Food First/Institute for Food and Development Policy y Transnational Institute. (http://quepasoencuruguaty.org/wp-mcontent/uploads/2014/06/Curuguaty-FIAN-FoodF.version-final.pdf)
2.Amnesty International Publications .
AMR 45/001/2013. EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI) Valderribas, 13. 28007 Madrid España (http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR45/001/2013/es/fd406bc9-60de-4cb1-b789-3fe998f08fcf/amr450012013es.pdf)

Fuentes originales:

Diario E´a
Partido Paraguay
 Pyahura

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article9299

 

 

Constatemos el grado extremo a que ha llegado la lucha de clases en Paraguay:

 

 

Masacre de Curuguaty, el juicio. Esperando la sentencia
11 de julio de 2016

Domingo 10 de julio de 2016. Frente al palacio de justicia las mujeres, parientes, amigos de los campesinos, se han encadenado simbólicamente, en un mensaje que habla de compromiso, e identidad. Este juicio que en pocas horas más nos brindará un nuevo capítulo dramático de este plan macabro, en el que intervienen un abanico multidisciplinario del PODER REAL en Paraguay. Repetición obscena de la historia de abuso y ensañamiento contra los más vulnerables, en este caso que tiene como eje la lucha por la tierra. Reclamo ancestral de un colectivo sin tierra, en su propia tierra. 

 

Por Ángel Fernández Schejtman* desde Paraguay para La Retaguardia

Desalojados brutalmente durante la dictadura stronista, avasallando los derechos de propiedad ancestral. Gente que lucha por dignidad, por respeto, en definitiva, por vivir dignamente haciendo lo que saben hacer, trabajar el suelo de forma amigable con el medio ambiente, manteniendo el eje organizativo y ordenador que es la familia.

Hoy la masacre de Curuguaty, desnuda lo obvio; el régimen strosnista no terminó con stroessner, está profundamente arraigado en la cultura y ejerce de forma brutal el control social y disciplinador de cualquier tipo de resistencia.

Las carpas armadas en la Plaza de la Justicia, las rejas en que se encadenan los que hacen el aguante, el guiso igualador, el terreno solidario, hacen de esta espera un acto de vida que podrá dar carnadura a un nunca más.

Los abogados presentes en este campamento resaltan sus virtudes y meritos, no solamente por lo épico de la defensa técnica, sino por su conciencia de saber que esto es mucho más que un juicio.

El Doctor Lezcano Claude, ex ministro de la Corte Suprema de Paraguay, se sumó a la defensa, en su alegato final, expuso una obra del Derecho que deberá quedar en los anales de la objetividad y razonabilidad jurídica. Sus argumentos demostraron el absurdo de las acusaciones del Ministerio Publico. Éstos se basan en la teoría que concibiera el ex fiscal Jalil Rachid, que dice que los campesinos eran un grupo militarizado, armados y formados tácticamente para repeler el avance de 350 policías, entre los que se cuentaban dos grupos especializados de policía militar; uno de ellos, la FOPE (armado por la ex embajadora de EEUU en Paraguay Ayalde literal ya que ella proveyó de las armas y uniformes en nombre del proyecto de seguridad ciudadana).

El ex fiscal, al comprobar que los policías en lugar de ajustarse al versión “oficial” entraban en contradicciones dejando al descubierto la estafa procesal que esconde a los verdaderos asesinos, los autores intelectuales, las mafias, y los intereses políticos que terminaron con el gobierno de Fernando Lugo, fue nombrado vice ministro del interior, teniendo a su cargo a toda la policía. Su discurso de presentación fue para dejar en claro que la Masacre de Curuguaty es un tema de “seguridad nacional” y la “versión” de la fiscalía es la verdad jurídica.

En este plan macabro les faltó el cómplice del stronismo: el Silencio. A partir de la pregunta ¿qué pasó en Curuguaty?, se comenzó a descubrir la realidad, y eso es algo que el establishment paraguayo no soporta.

Hoy es día de vigilia. Los peores pronósticos dan por sentado que las condenas serán altísimas. Valga como muestra el pedido de la fiscalía de 30 años más 10 de seguridad para Rubén Villalba; 25 para Nestor Castro, y así sigue la escala descendente.

Conversamos con el Dr. Azuaga, abogado defensor quien, con visión realista, prepara las apelaciones y planifica la estrategia futura junto a sus colegas.
La presencia activa de la Iglesia, en su versión de opción por los pobres, es una barrera ética y social difícil de sortear para el stronismo. En nuestro próximo programa tendremos las definiciones de Paí Oliva, quien claramente define el porqué se pone el cuerpo en esta lucha.

También estuvimos en el lugar de la prisión domiciliaria, acompañando la Asamblea entre los campesinos y los movimientos sociales articulados en apoyo y gestión de medidas de resistencia civil ante esta injusticia.

Hubo palabras de apoyo y, sobre todo, un esfuerzo para poner en claro sobre las posibilidades de tener una sentencia en contra. Esto significara una nueva etapa en la lucha, que fue aceptada por los imputados, sus familiares y seres queridos.
Tuvimos oportunidad de charlar con Néstor Castro, mano a mano, y hablamos de todo, especialmente sobre las acusaciones de la fiscalía. Esto sirve para tener la mirada de uno de los actores principales de este drama, no solamente por estar acusado y haber escuchado que la fiscalía pide para él más de 20 años de cárcel. Él perdió a su hermano y compañeros muy cercanos. Fue herido y torturado, y nos pidió que no abandonemos esta causa. Agradeció el acompañamiento.

Mañana será el final de una etapa; mañana, puede no saberse cuál es la sentencia ya que el tribunal maneja los tiempos políticos. La intervención decidida de los medios de comunicación tradicionales, puso este tema en agenda, mucha gente se pregunta: ¿Qué pasó en Curuguaty?. Nadie cree la versión de la mafia.

Hasta acá hay muchos signos esperanzadores: la unidad de sectores diversos que dejan de lado diferencias para pedir Justicia. Algo es seguro: el stronismo, encarnado en hijos y nietos de los asesinos, ya no podrá seguir con sus prácticas mafiosas sin pagar costos.

Seguimos en vigilia, las víctimas de la dictadura stronista guardamos la esperanza de que este mega crimen ayude a mover los estamentos de impunidad y, por qué no, podamos comenzar a llevar adelante nuestros juicios contra los asesinos de la dictadura.

* Conduce el programa radial Paraguay Vive, los miércoles a las 19 por Radio La Retaguardia.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12380

 

 Alternativas postcapitalistas

 

A 200 años, los de abajo y a la izquierda, necesitamos alternativas postcapitalistas. Estas la están construyendo los pueblos y sobre todo los que están enfrentando al sistema capitalista.

  Colombia y el Paro Agrario:

“El mundo debe comprender que no hay paz posible sin justicia social”
30 de mayo de 2016

 

A lo largo y ancho del territorio de Colombia se realizará el Paro general de la Cumbre Agraria Nacional, Campesina, Étnica y Popular desde la mañana del 30 de mayo de 2016. Para conocer sus propósitos y expectativas nos entrevistamos mediante una conexión en línea entre Santiago de Chile y Bogotá con el miembro de la Comisión Política del Congreso de los Pueblos y delegado de esa organización en la Cumbre Agraria colombiana, Eduardo León.-

 

Por Andrés Figueroa Cornejo

 

¿Qué es la Cumbre Agraria? ¿Qué persiguen?

-La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular es un proceso relativamente nuevo donde se articulan corrientes indígenas, de negros, campesinos y populares de una larga trayectoria de historia de lucha social en Colombia. Surgió en las movilizaciones agrarias de 2013 y 2014 que tuvieron como objetivo confrontar a una serie de políticas públicas dirigidas a profundizar el modelo capitalista actual que se expresa en el extractivismo agroexportador. Ese modelo despoja los bienes comunes de la naturaleza en los territorios históricos y ancestrales de nuestras comunidades negras e indígenas. Frente a nuestras movilizaciones, el gobierno de Juan Manuel Santos respondió con una propuesta de ‘pacto agrario’ que, en síntesis, no recogió las demandas planteadas por nuestras comunidades y prosiguió la agenda del saqueo. Esto nos llevó a la necesidad de avanzar de una manera más audaz y decidida en la unión y articulación popular que cuajó en una Cumbre Agraria donde convergen los procesos más importantes y grandes del país.

-¿Cuáles son los principales puntos que construyen la unidad de la Cumbre Agraria?

-Transformar la relación entre el campo y la ciudad en la cual existe una asimetría feroz a favor de las urbes. En nuestro campo sufrimos un atraso estructural en todos los aspectos: en la participación política, en el desarrollo económico, en materia de exclusión social. Esa brecha ha generado graves problemáticas sociales que podrían resumirse en que existe una evidente subordinación del campo a la ciudad. La fórmula extractivista y agroexportadora impuesta por la actual fase capitalista tiene por objeto intentar resolver la disminución de su tasa de ganancia y buscar nuevas fuentes de acumulación de capital. Estamos ante un escenario de expoliación, expropiación y despojo de nuestras tierras y territorios, y de los bienes que contienen, de tal manera que nuestras comunidades se encuentran al borde de la desaparición. Hoy nuestros campos son utilizados para la extracción intensiva de petróleo, carbón, gas, minerales metálicos (oro, níquel, etc.). Para ello el gobierno implanta una infraestructura destinada a la circulación del capital al servicio de la inversión transnacional. Asimismo, se han promulgado leyes que favorecen la extranjerización de las tierras. Incluso se han conculcado aquellas que la propia legislación agraria, que tiene muy pocas cosas que benefician a nuestras comunidades, nos servían. En la actualidad el campesinado ni siquiera puede acceder a los baldíos de la nación, que eran la única posibilidad que teníamos para usar algunas tierras. Los territorios colectivos de nuestras comunidades afrodescendientes han sido invadidos por el gran capital financiero y agro-industrial. Igual cosa sucede con los resguardos indígenas que, no obstante contar con una mayor protección legal, no han dejado de sufrir el embate neoliberal. Todo ello configura un conflicto que porta causas históricas y culturales que la administración de Santos se niega a reconocer.

 

EN COLOMBIA EXISTE UN CONFLICTO INTEGRAL”

-El gobierno de Santos habla de paz para Colombia…

-Que la paz es sólo la terminación de la guerra es la idea que el gobierno insiste en vender internacionalmente, cuando el conflicto armado en Colombia tiene orígenes sociales, políticos y económicos.
Nosotros queremos avanzar en la paz con justicia social y ambiental y en un país con una vida digna. Esa es la paz que requerimos desde el mundo social.

-Paz con justicia social, desde Chile por ejemplo, no tiene relación con el relato gubernamental colombiano y el discurso del poder que pareciera dibujar una suerte de larga guerra civil restringida exclusivamente entre el Estado y las insurgencias (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – EP (1) y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (2)), como si no existiera un pueblo y una sociedad organizada distinta a las fuerzas político-militares de las FARC-EP y el ELN…

-Efectivamente, el movimiento social y popular colombiano caracteriza el conflicto en nuestro país como social, político y económico. Esto es, un combate estructural e histórico. Las insurgencias armadas sólo son una expresión de ese conflicto, más allá de que las causas que provocaron las insurgencias sean las mismas que nos movilizan a nosotros/as. A partir de esa consideración profunda, pensamos que el modelo de paz planteado por el gobierno de turno se trata de una paz ideada para crear las condiciones propicias sólo para una superior inversión extranjera y facilitar la depredación de nuestros recursos.

-¿Cómo describe la Cumbre Agraria y el Congreso de los Pueblos a la forma y el contenido del Estado colombiano?

-Como a un Estado corporativo, un Estado al servicio del gran capital y de las gigantes multinacionales que están presentes en el país. En consecuencia, aunque respaldamos las negociaciones y los diálogos entre la insurgencia y el gobierno que se desarrollan en La Habana, Cuba, con las FARC-EP, y con las que se iniciarán en su fase pública en Quito, Ecuador, con el ELN, nosotros consideramos que la paz no es simplemente la terminación de la guerra.

LA FÓRMULA DE LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL DE LOS PUEBLOS

-¿Qué significa la paz para ustedes, entonces?

-Reconocer que en Colombia existe un conflicto integral y que, por tanto, los movimientos sociales y populares somos un sujeto social y político que es preciso tomar en cuenta a la hora de construir una solución política a la crisis. Por eso varias organizaciones de la Cumbre Agraria estamos exigiendo nuestra participación directa, vinculante y decisoria con el gobierno.

-¿Como una tercera mesa de negociación y diálogo con la administración-Santos?

-No nos gusta mucho que se hable de una ‘tercera mesa’, porque pareciera que hubiera una especie de jerarquización. Preferimos hablar de un espacio complementario al de las mesas que se están adelantando entre las insurgencias y el gobierno. Nosotros nos referimos a una complementariedad autónoma respecto de las mesas de diálogo y negociación ya en curso. O sea, esa complementariedad no implica mutua dependencia.

-¿Y cómo han prefigurado ese espacio complementario independiente?

-Como una Mesa Social para la Paz donde se pueda instalar una agenda que permita debatir y arribar a acuerdos en torno a aspectos estructurales.

-¿Qué significa precisamente justicia social para la Cumbre Agraria y el Congreso de los Pueblos?

-Paz con Justicia Social significa que no es posible pensar en una paz por la que hemos luchado siempre, si no hay cambios sustanciales que nos emprendan hacia la democratización del país. Ello quiere decir varias cuestiones. Significa que se reconozca que las comunidades agrarias, campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas podemos tomar y poner en la práctica nuestras propias visiones alternativas al sistema capitalista. En ese sentido, tenemos nuestros propios planes de vida y nuestras propias relaciones sociales, ambientales y económicas en nuestros territorios. Relaciones económicas que hoy están subordinadas al imperio del capital. Significa que abogamos y exigimos una democracia participativa y directa, donde se reconozcan nuestras propias formas de gobierno y nuestras propias autoridades. En la actualidad hay decisiones que se toman a nivel gubernamental que impactan en contra de nuestras comunidades. Por ejemplo, no se respeta el derecho a la consulta previa (Convenio 169 de la OIT) ni los mecanismos de participación ciudadana y consultas populares contemplados en la Constitución.

-¿Qué ocurre con la soberanía alimentaria?

-No obstante, que nuestras economías propias están bastante diezmadas, podrían garantizar la mayoría de los alimentos para el país. O sea que Colombia está en condiciones de auto-alimentarse. Pero del 60 al 80 % de los alimentos son importados en el marco de los tratados de libre comercio. Una de nuestras reivindicaciones fundamentales es la soberanía alimentaria y no solamente la seguridad alimentaria. Al respecto, uno de nuestros objetivos es que los alimentos sean producidos por nuestras propias comunidades. Colombia tiene una geografía y biodiversidad tan ricas, que es capaz no sólo de producir el alimento para todos/as los colombianos, sino que incluso podríamos contribuir en la alimentación de otros países, empezando por los pueblos hermanos de NuestraAmérica. Lo anterior se transforma en una disputa de proyectos de desarrollo en torno a cómo se organiza el territorio. El gobierno privilegia el extractivismo y los agro-negocios, mientras que nosotros postulamos un ordenamiento territorial fundado en la agro-ecología, la protección del medioambiente y de los recursos vitales para la humanidad como el agua. Colombia todavía es uno de los grandes productores de agua y cuenta con cuencas hidrográficas extraordinarias, aunque hoy están en grave riesgo de desaparecer debido a la explotación minera.

 

EL ESTADO COLOMBIANO EN VEZ DE CAMINAR HACIA LA PAZ, MUY POR EL CONTRARIO, ESTÁ PROFUNDIZANDO LAS CAUSAS DEL CONFLICTO”

-¿Cuáles han sido las respuestas que han recibido por parte del Estado corporativo colombiano respecto de sus demandas centrales?

-Desde el 2014 hemos presentado un pliego y acordado una agenda con el gobierno nacional, en el contexto de una Mesa Étnica Nacional (lugar de interlocución y negociación). Allí también pusimos un punto ligado a la construcción de confianzas alrededor de la financiación de algunas obras de infraestructura y proyectos productivos para el fortalecimiento de nuestras organizaciones, entre otros temas. Se trata de aspectos que si el Gobierno Nacional hubiera tenido la voluntad política, ya se habrían cumplido. Por ejemplo, acordamos la dotación de $1.500 millones de pesos (600 mil dólares) por año desde el 2014, pero al 2016 ni siquiera ha sido aprobado el presupuesto del 2014. Ello ilustra claramente cómo el gobierno incumple sus compromisos. De hecho, nosotros nos movilizamos y paramos desde el 30 de mayo próximo por 8 puntos bien definidos (3), y que consideran temas sustantivos que han sido sistemáticamente no cumplidos.

-He visto las imágenes de la implacable represión policíaco-militar en contra de las movilizaciones que ustedes han desarrollado en los últimos años (4)…

-El gobierno, al igual que lo hace con las insurgencias, ha implementado una estrategia de invasión y desgaste para hacerle el vacío a la Mesa Étnica Nacional. Asimismo, el gobierno no está dispuesto a discutir ninguna de nuestras demandas que toquen siquiera de manera mínima las estructuras del modelo neoliberal. Por ello es que hemos resuelto efectuar el Paro Agrario.

-¿Cuáles son las características del Paro Agrario que se inicia el 30 de mayo?

-Es de carácter indefinido y con fines políticos muy concretos. Queremos reponer nuevamente sobre la mesa las reivindicaciones que llevan incumplidas más de dos años. La administración de Santos lo único que nos ha dicho es que el modelo no va a cambiar hasta que no se cambie el gobierno. Y así pasa que los pocos bienes públicos que quedan ya están en la lista para ser privatizados; la educación dejó de ser un derecho y se convirtió en mercancía. Lo mismo ocurre con la salud y otros derechos sociales y económicos. En consecuencia, el desenvolvimiento del proyecto capitalista del Estado colombiano en vez de caminar hacia la paz, muy por el contrario, está profundizando las causas del conflicto. En general, también perseguimos concitar la solidaridad nacional e internacional con nuestra causa para que la administración de Santos comprenda la urgencia de abrir canales de negociación, diálogo y participación con el movimiento social y popular.

-Y los Derechos Humanos en Colombia…

-Todo arranca desde la concepción ‘por arriba’ de la ausencia de inclusión social, económica, política y ambiental. Los efectos de la exclusión son devastadores en materia de Derechos Humanos en el país. Por abajo hay asesinados, desaparecidos, perseguidos, amenazados, judicializados por ejercer el derecho a la protesta. Muchos dirigentes y dirigentas han sido acusados falsamente de ejercer terrorismo sólo por haber impulsado los paros que realizamos el 2013 y el 2014. En este sentido, la situación de los DDHH en Colombia bajo el gobierno de Santos no es sustancialmente distinta a la que sufrimos durante los 12 años de la administración del ex presidente Álvaro Uribe. Entonces Santos busca desmovilizar la insurgencia no sólo armada, sino también al movimiento social a través de su negación reiterada de acceder a un cese del fuego bilateral solicitada tanto por el pueblo movilizado, como por la insurgencias armadas. Esto contrae un grave problema para nuestras comunidades porque bajo el supuesto del gobierno de combatir a las insurgencias armadas, se viola flagrantemente por el lado de las fuerzas estatales el Derecho Internacional Humanitario. Por eso, en tanto el relato oficial dice que estamos prácticamente al borde de un momento de post-conflicto y de paz en Colombia, desde el 30 de mayo vamos a salir a las carreteras y las calles miles y miles de campesinos y pueblo urbano, demostrando que la realidad es completamente otra. Pondremos de manifiesto la verdad del país: que aquí se violan los DDHH; que se profundiza un modelo que somete a la pobreza estructural a nuestra gente; que se entregan sin mayores requerimientos ni contraprestaciones nuestros recursos básicos al capital extranjero. El gobierno tendrá que entender que la paz no es únicamente el fin de la guerra.

-La lucha del pueblo colombiano se ofrece en medio de una ofensiva brutal del imperialismo norteamericano en contra de otros pueblos de NuestraAmérica, como son los casos de Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Honduras, Ecuador, sólo por nombrar los más trágicamente visibles. ¿Cómo evalúan semejante coyuntura?

-Nuestra suerte como pueblos de Colombia, es la misma suerte de varios países de NuestraAmérica. Sin duda que los gobiernos progresistas y populares del continente están padeciendo una embestida impresionante por parte del capital imperialista. Pero por otra parte y por la misma causa, también la resistencia de los pueblos se multiplica. Sin una pizca de pretensión, los pueblos colombianos estamos en pie de afirmar que hoy podemos aportar en la resistencia popular a escala continental. Por eso solicitamos la solidaridad internacional. Probablemente nuestra lucha y paro serán bloqueados mediáticamente y sólo contaremos con la compañía de los medios alternativos e independientes. Desde ya les aseguramos que la movilización que comienza el 30 de mayo tendrá estatura histórica. Vamos a lograr varios de los objetivos que nos hemos impuesto. El movimiento social y popular colombiano se está reactivando y radicalizando, llegando al punto de poder exigir.

Notas
1. http://www.pazfarc-ep.org/
2. http://www.eln-voces.com/
3. http://www.resumenlatinoamericano.org/...
4. http://kaosenlared.net/...

Fuente: ANRed

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Paro Nacional en Colombia:

El conflicto de fondo es el modelo agrario considera el pueblo Nasa.
7 de julio de 2016

 

El Paro Nacional o Minga Nacional en Colombia llega a su sexto día. Más de 100 puntos de concentración se establecieron en al menos 17 departamentos del país, incluyendo zonas estratégicas como el bloqueo de la vía Panamericana, el puerto de Buenaventura, zonas petroleras y las principales ciudades.

Paro Nacional en Colombia: gobierno incumple acuerdos. El conflicto de fondo es el modelo agrario considera el pueblo Nasa

Fuerte protagonismo del movimiento indígena, sectores campesinos y afros, movilizaciones urbanas, estudiantiles y de sectores sindicales como los maestros y los transportistas, caracterizan la primera semana de protestas que ya contó con violentas represiones.

Gobierno incumple acuerdos y no hay mesa de negociación:

Tras 6 días de Paro Nacional, se presentó el primer acercamiento entre la vocería de la Cumbre Agraria y una delegación del Gobierno, encabezada por el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, y el de Agricultura, Aurelio Irragorri. En la reunión, la Cumbre Agraria exigió garantías para la protesta y el respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentran participando de las actividades de movilización.

La represión al Paro deja hasta el momento 3 indígenas asesinados, 135 detenciones y cientos de heridos. Si bien durante el primer encuentro hubo un compromiso del Gobierno de dar garantías para la movilización y la protesta, los ministros siguen evadiendo la difícil situación de violación a los derechos humanos en los diferentes puntos de concentración.

Así, con el compromiso de garantizar el legítimo derecho a la protesta, realizar un desbloqueo humanitario en el departamento del Cauca e instalar una mesa de negociación concluyó dicho encuentro. Tan solo una noche después de esa interlocución, la Cumbre denunció que todos los acuerdos pactados fueron incumplidos por parte del Gobierno.

Los voceros llamaron a las personas que se encuentran movilizadas a mantenerse en las carreteras hasta tanto el Gobierno demuestre su voluntad de negociación.

El Paro en el Cauca:

Desde el pasado 31 de mayo, cientos hombres y mujeres indígenas pertenecientes al pueblo Nasa se enfrentaban al Esmad sobre la vía Panamericana cuando de repente, sobre las montañas del Valle del Cauca se dio uno de los fenómenos naturales más bellos que existe: dos inmensos arco iris aparecieron sobre el oriente y hacían un doble arco perfecto, dejando a muchos testigos en estado de contemplación.

Berta, una de las mayoras con más autoridad en esta comunidad, negaba con la cabeza al ver lo que para ella era un claro mensaje de la naturaleza: “La Madre está advirtiendo peligros”. Según la mayora, el arcoíris significa sangre.

Superstición o no, al día siguiente, luego de tres jornadas de minga indígena y de bloqueo de la vía Panamericana como medida de presión política, Gersaín Cerón y Marco Aurelio Díaz fueron asesinados por impactos de bala en los enfrentamientos con la Policía “presuntamente disparados por hombres encapuchados encubiertos por los agentes”, según testimonios locales.

Las razones por las cuales hoy los indígenas, campesinos y afros se movilizan en todo el país son de fondo y se basan en “incumplimientos del Estado para con los acuerdos pactados en el 2008 con el sector campesino e indígena”, según comentó Nelson Lemus, líder del pueblo Nasa.

Desde que inició la minga el 30 de mayo, chivas cargadas de indígenas con comida comenzaron a llegar a zona rural del Municipio de Caldono, Cauca, arribaban desde distintos lugares del departamento. Además de coordinar los bloqueos a la Vía Panamericana, los Nasa discuten bajo plásticos los motivos del Paro Nacional y la liberación de la Madre Tierra, como le llaman a su estrategia, que busca hacer cumplir los acuerdos de entrega de tierras pactados con el Gobierno tras la masacre del Nilo, efectuada por la Policía Nacional en el Norte del Cauca en diciembre de 1991.

Los históricos enfrentamientos de esta comunidad con la Fuerza Pública, dejan ver un conflicto que va más allá de simples acuerdos sectoriales con el gobierno de turno. Según Nelson Lemus, la cuestión es el modelo agrario del país.

La magnitud de la represión con que la Fuerza pública confronta la movilización, pone en entredicho las garantías para la movilización social en el marco de un posible postconflicto.

Desinformémonos

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Paro_Nacional_en_Colombia_El_conflicto_de_fondo_es_el_modelo_agrario_considera_el_pueblo_Nasa

En consecuencia, a 200 años, el desafío de los de abajo y a la izquierda está definido en:

 

El Llamado de Yakarta

10 de julio de 2013

 

 Llamamiento de la VI Conferencia de la Vía Campesina Egidio Brunetto - 9 al 13 de junio

 

(Yakarta, el 12 de Junio de 2013) Nosotros, La Vía Campesina, venimos a extender nuestro llamado urgente a tejer hilo a hilo la unidad a nivel global entre organizaciones del campo y la ciudad para participar activa, propositiva y decididamente en la construcción de una nueva sociedad, basada en la soberanía alimentaria, la justicia y la igualdad. Nos encontramos aquí convocados por el espíritu de nuestros amigos y líderes, y todos aquellos cuyo coraje y compromiso con nuestras luchas nos inspiran. La Vía Campesina, un movimiento internacional campesino que reúne a más de 200 millones de campesinas y campesinos, pueblos indígenas,  pescadores, recolectores y trabajadores agrarios. Con la creatividad de las mujeres y el entusiasmo de nuestros jóvenes venimos de 150 organizaciones y 70 países. Estamos en Asia, hogar de la mayoría de campesinas y campesinos del mundo para festejar nuestros primeros veinte años de lucha.

Comenzamos nuestro camino en Mons (Bélgica) en el año 1993 y articulamos nuestra visión radical de la Soberanía Alimentaria en 1996 en Tlaxcala (México), logrando reposicionar al campesinado, hombres y mujeres como actores sociales centrales en los procesos de resistencia a la agenda de comercio neoliberal y en la construcción de alternativas. Los pueblos de la tierra somos actores indispensables en la construcción, no sólo de un modelo de agricultura distinto, sino de un mundo justo, diverso e igualitario. Somos nosotras y nosotros los que alimentamos a la humanidad y cuidamos la naturaleza. Las generaciones futuras dependen de nosotros para el cuidado de la tierra.

Hoy más que nunca, otro mundo es urgente y necesario. La destrucción de nuestro mundo a través de la sobrexplotación y desposesión de los pueblos y la apropiación de los bienes naturales está produciendo la actual crisis climática y profundas desigualdades que amenazan a la humanidad en su conjunto y a la vida misma. La Vía Campesina dice un rotundo NO a esta destrucción impulsada por las corporaciones.

 

Nosotros estamos construyendo nuevas relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza sobre la base de la solidaridad, la cooperación y la complementariedad. En  el corazón de nuestra lucha está en la formulación de una ética para la vida que atraviesa todas nuestras acciones y búsquedas. La Vía Campesina se ha comprometido a dar visibilidad a todas las luchas locales alrededor del mundo, asegurando que sean entendidas desde una perspectiva internacional y contribuye a involucrarlas en un gran movimiento global por la soberanía alimentaria, el cambio social y la autodeterminación de los pueblos del mundo.

 

Llamamos a todas nuestras organizaciones, a nuestros aliados y amigos, amigas, hermanas y hermanos en la lucha, y a todos aquellos comprometidos con un futuro mejor a continuar caminando juntos y juntas, a rechazar la agenda de la “Economía Verde” y a continuar construyendo la Soberanía Alimentaria.

 

Nuestras luchas

Soberanía Alimentaria Ya – Transformando el mundo

La Soberanía Alimentaria es el eje central de la lucha por un proyecto de justicia social que hoy convoca a amplios sectores del campo y la ciudad. La soberanía alimentaria es el derecho fundamental de todos los pueblos, naciones y estados a controlar sus alimentos y sus sistemas alimentarios y a decidir sus políticas asegurando a cada uno alimentos de calidad, adecuados, accesibles, nutritivos y culturalmente apropiados. Ello incluye el derecho de los pueblos para definir sus formas de producción, uso e intercambio tanto a nivel local como internacional. 

Durante las últimas dos décadas nuestra visión de la Soberanía Alimentaria ha inspirado a una generación de activistas comprometidos con el cambio social. Nuestra visión del mundo implica una revolución agrícola que significa profundas transformaciones agrícolas, socioconómicas y políticas. La Soberanía Alimentaria ha enfatizado la importancia crucial de la producción local y sustentable, el respeto por los derechos humanos, precios justos para los alimentos y la agricultura, comercio justo entre países y la salvaguarda de nuestros bienes comunes contra la privatización.

Hoy estamos frente a la mayor crisis de nuestra historia y la misma es una crisis sistémica. Las crisis alimentaria, laboral, energética, económica, climática, ecológica, ética, social, política e institucional están llevando al colapso en muchas partes del mundo. En simultáneo, la crisis energética se agudiza día a día frente al agotamiento de los combustibles fósiles y es enfrentada con falsas soluciones que van desde los agrocombustibles a la energía nuclear, la cual ha demostrado ser una de las peores amenazas para la vida sobre la tierra. 

 

Rechazamos el capitalismo, que en este momento se caracteriza por un agresivo flujo del capital financiero y especulativo hacia la agricultura industrial, la tierra y la naturaleza. Esto ha generado un inmenso acaparamiento de tierras, la expulsión de campesinas y campesinos de su tierra, la destrucción de pueblos, comunidades, culturas y sus ecosistemas, creando migraciones y desempleo masivos. Esto genera masas de migrantes económicos y refugiados climáticos y desempleados, incrementando las inequidades existentes. 

Las transnacionales en complicidad con los gobiernos y las instituciones internacionales están imponiendo, bajo el pretexto de la Economía Verde, monocultivos de transgénicos, la megaminería, las grandes plantaciones forestales, la imposición de plantaciones de agrocombustibles, la construcción de grandes represas, el fracking y los oleoductos o la privatización de nuestros mares, ríos, lagos y nuestros bosques. La Soberanía Alimentaria recupera el control sobre nuestros bienes comunes devolviéndolos a manos de las comunidades.

 

La Agroecología  es nuestra opción para el presente y para el futuro

La producción de alimentos basada en la agricultura campesina, el pastoralismo y la pesca artesanal sigue siendo la principal fuente de alimentos en el mundo. La agricultura campesina de base agroecológica constituye un sistema social y ecológico que está conformado por una gran diversidad de técnicas y tecnologías adaptadas a cada cultura y geografía. La agroecología elimina la dependencia de los agrotóxicos; rechaza la producción animal industrializada; utiliza energías renovables; permite garantizar alimentación sana y abundante; se basa en los conocimientos tradicionales y restaura la salud e integridad de la tierra. La producción de alimentos en el futuro estará basada en un creciente número de personas produciendo alimentos en forma diversa y resiliente.

La agroecología protege la biodiversidad y enfría el planeta. Nuestro modelo agrícola no solo puede alimentar a toda la humanidad sino que también es el camino para detener el avance de la crisis climática enfriando el planeta a través de la producción local en armonía con nuestros bosques, alimentando la biodiversidad y la reincorporación de la materia orgánica a sus ciclos naturales. 

 

Justicia social y climática, y solidaridad

A medida que avanzamos y construimos a partir de nuestra diversidad cultural y geográfica, nuestro  movimiento por la soberanía alimentaria se ve reforzado, integrando la justicia  y la igualdad social. Practicando la solidaridad por sobre la competencia, rechazamos el patriarcado, el racismo, el imperialismo y luchamos por sociedades democráticas y participativas, libres de explotación de las mujeres, los niños, los hombres o la naturaleza.

Demandamos justicia climática ya mismo. Quienes más sufren este caos climático y ecológico no son los que lo han provocado. Las falsas soluciones de la economía verde para continuar el crecimiento capitalista están empeorando la situación. Se crea una deuda ecológica y climática que debe ser corregida. Por esta razón demandamos la inmediata detención de los mecanismos de mercados de carbono, geoingeniería, REDD y los agrocombustibles.

Ratificamos la necesidad y nuestro compromiso de luchar en forma permanente contra las corporaciones transnacionales, entre otras cosas, boicoteando sus productos y rechazando cooperar con sus prácticas de explotación. Los Tratados de Libre Comercio y los acuerdos de inversión han creado condiciones de extrema vulnerabilidad e injusticias para millones. La implementación de estos tratados trae como resultado la violencia, la militarización y la criminalización de la resistencia. Otra consecuencia trágica de los mismos es la creación de una masa masiva de migrantes mal pagados, con trabajos inseguros e insalubres y con violaciones de sus derechos humanos y discriminación. La Vía Campesina ha logrado colocar los derechos de los campesinos y campesinas en la agenda del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y llamamos a los gobiernos a ponerlos en práctica. Nuestra lucha por los derechos humanos está en el corazón de la solidaridad internacional e incluye los derechos y protección social de los agricultores migrantes y trabajadores de la alimentación.

Las luchas por el derecho a la tierra, a la alimentación, al trabajo digno, contra la destrucción de la naturaleza, son criminalizadas. Son cientos los compañeros y compañeras que han sido asesinados en los últimos años y otros muchos ven amenazadas sus vidas o son perseguidos y encarcelados, frecuentemente con el apoyo o la complicidad de las autoridades públicas. 

Un mundo sin violencia y discriminación contra las mujeres

Nuestra lucha es para construir una sociedad basada en la justicia, la igualdad y la paz. Exigimos el respeto de todos los derechos de las mujeres. Rechazando el sistema capitalista, patriarcal, la xenofobia, la homofobia y cualquier tipo de discriminación, reafirmamos nuestro compromiso en lograr una equidad total entre hombres y mujeres. Esto requiere el fin de toda forma de violencia contra las mujeres, doméstica, social e institucional, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Nuestra Campaña contra la Violencia hacia las Mujeres está en el corazón de nuestras luchas.

 

Paz y desmilitarización

Vivimos un incremento de conflictos y guerras para la apropiación, proliferación de bases militares y criminalización de la resistencia. La violencia es intrínseca a este sistema capitalista mortal basado en la dominación, la explotación y el pillaje. Nosotros estamos comprometidos con el respeto, la dignidad y la paz.

Nos duelen y nos honran los cientos de campesinas y campesinos que han sido amenazados, perseguidos, encarcelados, asesinados por sus luchas. Continuaremos exigiendo rendición de cuentas y castigo para quienes violan los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Demandamos también la liberación inmediata de todos los presos políticos.

 

Tierra y territorios

Defendemos una Reforma Agraria Integral que ofrezca plenos derechos sobre la tierra, reconozca los derechos legales de los pueblos indígenas a sus territorios, garantice a las comunidades pesqueras el acceso y el control de las zonas y ecosistemas de pesca y reconozca el acceso y el control de las tierras y las rutas de migración de pastoreo. Esta es la única manera de asegurar un futuro para los jóvenes del campo.

La Reforma Agraria Integral, vista como una distribución masiva de tierras junto con el apoyo con recursos para la producción y el sustento, debe garantizar el acceso permanente a los jóvenes, las mujeres, los desempleados, los sin tierra, para complementar a las pequeñas fincas, a los desplazados y todos aquellos que estén dispuestos a participar en la producción a pequeña escala de alimentos agroecológicos. La tierra no es una mercancía. Deben reforzarse las leyes existentes y crear nuevas para protegernos de la especulación y un marco jurídico que impida la especulación con ellas y su acaparamiento. Continuaremos nuestra lucha en defensa de las tierras y los territorios.

Semillas, bienes comunes y agua

Enaltecemos a las semillas, el corazón de la Soberanía Alimentaria, con el principio Semillas Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad, reafirmado hoy por cientos de organizaciones en todo el mundo. Nuestro desafío pasa hoy por seguir manteniendo a nuestras semillas vivas en manos de nuestras comunidades, por multiplicarlas en el marco de nuestros sistemas campesinos. Continuaremos la lucha contra su apropiación a través de diversas formas de propiedad intelectual y su destrucción por su manipulación genética y otras nuevas tecnologías. Nos oponemos a los paquetes tecnológicos que combinan transgénicos con el uso masivo de pesticidas.

Seguimos hoy enfrentando la Leyes de semillas que, de la mano de los intereses de las corporaciones, son privatizadas y mercantilizadas. Seguimos enfrentando a los transgénicos  y luchando por un mundo libre de transgénicos. 

Los ciclos de la vida fluyen a través del agua y ella es una parte esencial de los ecosistemas y la vida. El agua es un bien común y como tal debe ser protegido.

Construyendo desde nuestras fortalezas

Nuestra gran fortaleza es crear y mantener unidad en la diversidad. Nosotros tenemos una visión del mundo inclusiva, amplia, práctica, radical y esperanzada como invitación a unirnos en la transformación de nuestra sociedad y la protección de la Madre Tierra.

§Las movilizaciones populares, la confrontación con los poderosos, la resistencia activa, el internacionalismo, el compromiso con los movimientos de base locales son esenciales para lograr cambios sociales efectivos.

§En nuestra heroica lucha por la Soberanía Alimentaria continuaremos construyendo alianzas esenciales con los movimientos sociales, los trabajadores y organizaciones urbanas y de las periferias, con migrantes, con quienes luchan contra la megaminería y las megarepresas, entre otras.

 §Nuestras principales herramientas son la formación, la educación y la comunicación. Estamos fomentando el intercambio de conocimientos acumulados hasta el presente con metodologías y contenidos de formación cultural, política e ideológica y técnica; multiplicando nuestras escuelas y experiencias de educación de nuestras bases y desarrollando nuestras herramientas de comunicación desde nuestras bases. 

§Nos comprometemos a crear espacios especiales para potenciar a nuestros jóvenes. Nuestra mayor esperanza hacia el futuro es la pasión, energía y compromiso de nuestros jóvenes articulada en los jóvenes de nuestro movimiento.

Nos vamos de esta VI Conferencia Internacional de La Vía Campesina dando la bienvenida a las nuevas organizaciones que se han integrado al Movimiento, seguros de nuestras fortalezas y llenos de esperanzas hacia el futuro.

¡Por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos!

¡Con solidaridad y lucha!

Fuente: http://viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-28/6-yakarta-2013/declaracion-y-mociones/1768-llamamiento-de-yakarta

 

 

Por supuesto la unión internacionalista requiere entrelazarse y complementarse con las articulaciones, a nivel de localidad-provincia y de país, de las organizaciones dispuestas a concretar otro modo de producción y de sociedad.

 

 

Crean una red de municipios que busca impulsar la agroecologia

Otra forma de trabajar el campo

23 de mayo de 2016

Por Darío Aranda (Página 12)

 

El objetivo es producir alimentos sanos con cuidado del ambiente y sin agrotóxicos. Intenta oponerse al modelo de los agronegocios. El lanzamiento se hizo el sábado con una jornada en la ciudad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires.

Producción agropecuaria con menos costos, mayor rentabilidad, con obtención de alimentos sanos, cuidado del ambiente y nulo uso de agrotóxicos. Son algunas de los principios de la agroecología, forma de producción en las antípodas del agronegocios (de transgénicos, químicos y comodities), y que tendrá un hecho especial: la inauguración de la “Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología” (Renama). Será en Rojas (Buenos Aires), donde habrá experiencias concretas que confirman que otro modelo agropecuario de cuidado del ambiente es posible y necesario.

Guaminí está ubicado en el oeste bonaerense, espacio de cultivos transgénicos y ganadería. A partir de una charla del ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá (convocado por el municipio en 2014), comenzó una prueba piloto de transición a la agroecología. Un puñado de productores se animó a probar y, a contracorriente del discurso dominante (de medios, empresas, funcionarios) confirmaron que pueden producir sin químicos, mantener buenos rendimientos y bajar costos (ya no dependen del “paquete tecnológico” de semilla y químico de una multinacional).

“Ha calado hondo el cambio de enfoque en los productores. Los que probaron con un pedacito de campo ya decidieron poner más hectáreas a disposición y apostar a la agroecología”, explicó Marcelo Schwerdt, doctor en biología y funcionario municipal de Guaminí, que impulsó el cambio productivo. Destacó que los rendimientos se mantuvieron estables y se comenzaron a recuperar suelos empobrecidos (en nutrientes y fertilidad). Los costos bajaron hasta un 30 por ciento.

Es sólo uno de los casos que se presentarán hoy en Rojas (norte de Buenos Aires), en la presentación de la “Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama)”. Con el lema “la salud, el campo y la vida”, comenzará con la exposición Damián Verzeñassi, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, que detallará las consecuencias para la salud pública del modelo de agronegocios.

La Cátedra de Agroecología de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata presentará la investigación “Relevamiento de la utilización de agroquímicos en Buenos Aires”, realizado junto a la Defensoría del Pueblo bonaerense. La ingeniera agrónoma Claudia Flores detallará el mapa de situación y la contaminación que afecta a los pueblos de la provincia.

Los abogados Lucas Landivar y Juan Pereyra Queles abordarán la violación de leyes que implica las fumigaciones masivas con agrotóxicos. El título de la exposición es “Derechos humanos vulnerados y obligaciones legales incumplidas por los usuarios de pesticidas y el Estado”.

El lugar del encuentro será en el teatro Tafs (avenida 25 de Mayo, 241). Por la tarde será el turno de Damián Marino, doctor en ciencias exactas de la Universidad Nacional de La Plata, quien confirmó que ocho de cada diez verduras y frutas que llegan a la mesa contienen agrotóxicos.

Javier Souza Casadinho, de la UBA y la organización internacional Rapal (Red de Acción en Plaguicidas) y Eduardo Cerdá (de la UNLP) presentarán experiencias concretas de agroecología y explicarán las posibilidades de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama). Habrá distintos niveles de participación, desde la organización de charlas hasta planes concretos para implementar producciones agroecológicas en pequeña, mediana y gran escala.

“Los productores son conscientes de los límites del agronegocios, de los altos costos, los problemas que genera, tanto en salud como el ambiente. La agroecología es un modelo superador que ha dado sobradas pruebas de que produce más y mejores alimentos, y a un costo menor”, explicó Cerdá, que acompaña experiencias en más de diez mil hectáreas.

Entre las experiencias de Argentina figuran Naturaleza Viva, una granja de Guadalupe Norte (Santa Fe), en la que en 220 hectáreas trabajan quince personas (por contraposición, en un campo de soja de 5000 hectáreas trabaja solo una persona) y producen 12.000 kilos de alimentos por mes. También estarán las fincas agroecológicas La Aurora (de Benito Juárez) y La Bonita (de Saladillo).

Misiones es la única provincia que cuenta con una ley de promoción de agroecología. Fue aprobada en octubre de 2014, pero aún no entró en vigencia porque el gobierno provincial demora su reglamentación. En Santa Fe, organizaciones sociales (Campaña Paren de Fumigar, Naturaleza Viva y Greenpeace, entre otras) presentaron este año una propuesta de ley provincial para que se fomente la agroecología.

En Rojas también se presentará el trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente”. La investigación, publicada a fines de 2015, confirmó que los agroquímicos permanecen durante meses en el suelo y afectan cursos de agua. También alertó que Argentina es el país con más uso de químicos y menos “eficiente” en la producción de granos y alertó que el actual modelo agropecuario explota el suelo hasta “agotarlo”. Los investigadores del INTA afirmaron que en la actualidad se favorece principalmente a las grandes empresas y llamaron a impulsar otra forma de producción.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-299870-2016-05-21.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212559