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Conflictos
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PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS
La «reforma agraria integral» procura la «soberanía alimentaria» y el «buen vivir» de todos nosotros: los de abajo. Por consiguiente organizarse para llevarla a cabo nos hace entrar en conflicto con el capitalismo como sistema que transforma todo – la tierra, el agua, el aire que respiramos, la naturaleza, los seres humanos- en mercancía de monopolios. Nos desafía a enfrentar al capitalismo que se desarrolla en procura sólo de expandir negocios y acumular beneficios para esos oligopolios.
El capitalismo ha conducido a crisis alimentaria. En efecto, pese a que la productividad mundial en el agro, desde los 60, se cuadriplicó de suerte que 8.000 millones de personas podrían alimentarse, las arrojadas al hambre aumentaron de 80 millones a aproximadamente 1020 millones.
GRAIN señala en abril de 2008 ante la protesta de diversos pueblos por el alza de los alimentos, en “El negocio de matar de hambre Es necesario cambiar radicalmente la política alimentaria ¡YA!": “(…) El sector agrícola tuvo en todo el mundo una producción récord de 2.300 millones de toneladas de granos en 2007, un 4% más que el año anterior. Desde 1961, la producción mundial de cereales se ha triplicado, mientras que la población se ha duplicado. Es cierto que las reservas están en el nivel más bajo de los últimos 30 años.[4] Pero, en resumidas cuentas, se produce suficiente cantidad de alimentos en el mundo. Sin embargo, no llega a quienes los necesitan. La gente consume directamente menos de la mitad de la producción mundial de granos. La mayor parte de esa producción se utiliza para consumo animal y cada vez más para biocombustibles a través de cadenas industriales en gran escala. De hecho, una vez atravesada la fría cortina de las estadísticas, es posible darse cuenta de que algo está fundamentalmente mal con nuestro sistema alimentario. Hemos permitido que los alimentos sean transformados de algo que alimenta a las personas y les asegura el sustento, en una simple mercancía para la especulación y los negocios. La lógica perversa de este sistema ha llegado a un punto crítico. Salta a la vista la manera en que beneficia a los inversionistas por sobre las necesidades alimenticias de la gente”. Leer
Para seguir aclarando a beneficio de quiénes, el capitalismo sacrifica a una creciente mayoría de la humanidad, tengamos en cuenta a la Asamblea de los movimientos sociales en el IV Foro Social Mundial de las Migraciones en Quito (8-12 de octubre 2010) que emitió la siguiente declaración:
“Pueblos en Movimiento por una Ciudadanía Universal:
derrumbando el modelo, construyendo actores”.
(Propuesta para la discusión)
1. El actual escenario internacional atraviesa por una crisis estructural del modelo civilizatorio capitalista, neoliberal y patriarcal.
2. Este modelo está comandado por las grandes corporaciones multinacionales y algunos gobiernos que se mueven en el marco de la internacionalización y la financiarización del capital que -en su afán de acumulación desmedida- profundizan la degradación ambiental y la precarización laboral. Este proceso implica la agudización del desarrollo desigual y de las asimetrías al interior de los países y entre los países y regiones, con el incremento de la inequidad y la exclusión social, la discriminación, el racismo y la xenofobia.
3. Esta creciente discriminación étnica, racial y de género reflejo de las emergentes políticas de criminalización de las mujeres y hombres migrantes de todas las edades que han ido avanzando en una creciente militarización de las fronteras, externalización y regionalización tiene su cara más cruda en los recientes acontecimientos de expulsión del pueblo rom de Francia, en los constantes rechazos en la Valla de Melilla, en la Ley Arizona, los miles de muertos en las diferentes fronteras del mundo, los miles de desplazados climáticos anuales de Bangladesh y la masacre de los 72 migrantes en Tamaulipas, México.
4. La migración forzada es una consecuencia del proceso de reestructuración capitalista que entraña una creciente monopolización de la producción, los servicios y el comercio globales. Estas migraciones masivas se deben a la violencia de conflictos y catástrofes, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y al despojo, la exclusión y el desempleo.
Crisis global y flujos migratorios
5. Se trata de una crisis multidimensional del capitalismo: económica, financiera, energética, ambiental y alimentaria. Esta crisis representa el fracaso de la globalización neoliberal, especialmente en su dimensión financiera, con graves consecuencias sociales y ambientales para el conjunto de la humanidad.
6. En los países de origen, la crisis ha significado de inmediato una reducción en los flujos migratorios, una caída en las remesas y lo más importante, refuta el falso paradigma del desarrollo basado en la migración internacional y las remesas, promovido en los últimos años por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, como una forma de justificar las políticas de ajuste estructural y la desaparición de las políticas nacionales de desarrollo económico y social como prioridad de los gobiernos.
7. Las economías del sur global (África, Asia y América Latina), antes de la crisis experimentaron un importante crecimiento económico basado en la exportación de materias primas, reafirmando el papel histórico de estos países como proveedores de recursos naturales y energéticos. Este crecimiento trajo consigo la expulsión de millones de personas, sin opciones de un verdadero proceso de desarrollo económico y social integral.
8. El modelo funcionó para el gran capital industrial y financiero mientras las economías receptoras estaban en condiciones de absorber esta inmensa corriente migratoria, pero ahora, cuando la crisis persiste y en el norte se prioriza restablecer la rentabilidad de las grandes corporaciones, se evidencia más que nunca la falta de sustentabilidad del modelo, que pone en peligro la vida, la reproducción de la vida, la existencia misma de la humanidad y del planeta.
9. En relación con lo anterior, el cambio climático (resultado de la degradación ambiental provocada por el desarrollo capitalista) se impone hoy día como una cruda realidad, trayendo consigo transformaciones dramáticas en los ecosistemas y en la vida de millones de personas, trayendo consigo más migraciones y afectando especialmente a los habitantes de las zonas rurales, costeras y urbano-marginales, convertidos ahora en los nuevos migrantes y refugiados climáticos, con particular impacto sobre los países económicamente dependientes. Esta situación se ve agravada por el desarrollo de megaproyecctos como represas, carreteras, minería y agronegocios, generando así mayores desplazamientos especialmente de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos (...)".
Concluye pronunciándose:
POR UN MUNDO CON DERECHOS,
PARA TODAS LAS PERSONAS, EN TODO LUGAR Y EN TODO MOMENTO …
DERRUMBANDO EL MODELO, CONSTRUYENDO ACTORES.
11 de octubre de 2010
Quito, Ecuador
Fuente: www.fsmm2010.ec
Podemos preguntarnos si en la Argentina bajo gestión K se vive fuera de esos dramas. La respuesta la hallamos con sólo recurrir a algunos ejemplos tomados de Avkin Pivke Mapu (Comunicación Mapuche):
1) Río Negro: Empresarios ingresan con máquinas a la Comunidad Mapuche Las Huaytekas
La Werken de la Comunidad Las Huaytekas, Mirta Ñancunao informó que hoy viernes arribaron al territorio camiones y personal operario para iniciar trabajos que estarían relacionados con la construcción de un barrio privado. El grupo estaría encabezado por los empresarios: Daniel Kristz de Lago Puelo y "Coro" Ranea de El Bolson- este último es hermano de la legisladora Patricia Ranea y cuñado de Cesar Barbeito, actual Ministro de Educación y candidato Radical a Gobernador de la provincia de Río Negro en las próximas elecciones. En el mes de junio, Daniel Kristz intentó instalarse en el territorio advirtiendo que tenía una patota en caso de que se resistan.
Por Daniel
Otal
Este
hecho configura la secuela de hostigamiento sobre la comunidad que tiene la
"desgracia" del alto valor inmobiliario de las tierras en que se encuentra su
territorio ancestral, recientemente relevado por el INAI, Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, y la tiene como victima frecuente de atropellos de esta
naturaleza. Ya a mediados de Junio pasado la comunidad había advertido de la
pretensión de construcción de un barrio privado para petroleros que encabezaba
Kristz y lo relacionaba con el ex funcionario municipal de El Bolsón Walter
Forestier, declarándolas personas no gratas y prohibiéndoles la entrada, tal
como puede leerse en el comunicado de esa oportunidad. Se dio aviso al INAI de
esta nueva agresión territorial y se espera una rápida acción de este organismo,
máximo organismo responsable del estado nacional que entiende en asuntos
indígenas y debe velar por el respeto a sus derechos constitucionales.
7 de
enero
2) Río Negro: Mapuche resistirán en su Territorio orden de desalojo
La Justicia emitió una orden desalojo para integrantes de la comunidad Las Huaytekas, en medio de la disputa que mantienen con el representante de forestal estatal Enforsa. Hace más de un mes unas 18 familias Palma Villablanca se instalaron allí y aseveran que ancestralmente les pertenecen. Se trata de terrenos involucrados en las denuncias de los legisladores del Foro Rionegrino por venta irregular de tierras fiscales. “Con complicidad del estado provincial se entregaron las tierras a manos privadas”, se quejó Rubén Curricoi. Y reclamó terminar con los atropellos.
Por ANB
Con una orden de desalojo del juez Emilio Riat, del Juzgado Civil Número 5 de Bariloche, el representante de Enforsa José Luis Martínez Pérez se hizo presenta en las tierras situadas a unos 100 kilómetros de esta ciudad y les advirtió a las 18 familias de la comunidad mapuche que allí se instalaron hace más de un mes que deberían retirarse. Asistió con su abogado defensor, el Juez de Paz de El Manso y efectivos de la Comisaría de El Bolsón. En tanto, representantes de Las Huaytekas aseveraron que no se irán y que resistirán “hasta las últimas consecuencias”.
Esas tierras ubicadas en la zona de El Foyel fueron unas de las tantas denuncias por los legisladores del Foro Rionegrino por venta irregular de tierras fiscales. Martínez Pérez asegura haber cumplido con todos los requisitos y rechaza estas acusaciones. Cabe recordar también que hace poco hubo un relevamiento de esa zona por parte del INAI que los ampararía por el reconocimiento que se hizo desde Nación a esa comunidad mediante la ley 26.160.
Rubén Curricoi, representante de Las Huaytekas aseveró que ellos resistirán el desalojo como sea y que las tierras les pertenecen ancestralmente. “Con complicidad del estado provincial se entregaron estas tierras a manos privadas”, se quejó y pidió “terminar con los atropellos, ya que esa es un espacio recuperado por la comunidad, y que por los tejes y manejes del gobierno y los privados apareció a nombre de José Luis Martínez Pérez”.
Precisó en diálogo con KM FM que por familia en el último tiempo se lograron entre 5 y 6 recuperaciones. Y en este caso se trata de un sector perteneciente a la familia Palma Villablanca. “No vamos a dejar el lugar, estamos esperando a ver qué sucede, sabemos que al juez se presentó esto como una causa entre privados, desconociendo tratados y normativas con comunidades originarias, creemos que por eso la orden de desalojo”, resaltó y aseveró que habrá resistencia. Recordó el relevamiento reciente del INAI y destacó que entonces fue señalado como territorio de la comunidad.
Las tierras se sitúan a unos 98 kilómetros desde Bariloche y a unos 30 desde El Bolsón, entre el cañadón de El Foyel y el principio del Cerro Paleta, frente a las tierras del magnate Joe Lewis. “En todos estos campos la mayor de la familia Palma Villablanca era ciega y analfabeta, pero tenemos documentación que nos llegó donde hay un escrito con letra perfecta y sin faltas de ortografía donde pide una sociedad a Tierras presentado en Viedma, ella nunca viajó y está firmada supuestamente por ella”, detalló.
Al parecer, según el testimonio de la comunidad, es que todo comenzó con esta supuesta sociedad donde se habilitó una plantación de pinos ordenada por la provincia que termina haciendo a través de Enforsa. “Después de esto aparecen con títulos de propiedad, nunca ellos vivieron en el lugar, nosotros nunca dejamos el territorio, lo que pasa que en algunos lugares plantaron pinos y nos hicieron salir, sacar los animales y hoy estos privados son los dueños de todo”, expresó.
Y agregó: "Estamos cansados de atropellos, somos un pueblo reconocido por otro que nos venció en las armas y que económicamente también nos quiere vencer, nosotros queremos estar en nuestro lugar, desarrollar nuestra espiritualidad”.
Fuente http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=2281&Itemid=3
3) Chubut: Mapuche-Tehuelche responden agresiones en su Territorio
El pasado miércoles 05 de enero, un empleado del terrateniente Osvaldo Hermoso intentó bloquear un camino vecinal, que además es el único acceso hacia el Territorio recuperado de la Comunidad Sacamata-Liempichun. A esto se suma la averiguación de datos personales a los integrantes de la comunidad sin la orden de un juez. "Nuestra comunidad considera las agresiones ocurridas como actos de hostilidad que no van a hacer tolerados bajo ningún punto de vista" enfatizan. El proceso de recuperación Mapuche-Tehuelche se inició en la zona del Paraje Payaniyeo, el pasado 29 de diciembre.
Comunicado de prensa nº 3
Marri marri pu
llamngen, pu peñi, hermanos y hermanas mapuches- tehuelches y de otros pueblos,
a los compañeros y compañeras no originarios, a las organizaciones, pobladores
rurales y poblaciones vecinas y a todos aquellos que se identifiquen con nuestra
lucha:
Hoy 5 de enero de 2011 los miembros de la comunidad tehuelche- mapuche “Sacamata Liempichun” del paraje Payaniyeo, queremos poner en conocimiento de todos que en el dÍa de la fecha hemos realizado una exitosa defensa territorial. Han intentado bloquear uno los accesos, el cual es un camino vecinal y temporalmente es el único acceso hacia la parte del territorio ancestral que estamos ocupando, sin tener en consideración que en nuestra comunidad se encuentran presentes en el lugar ancianos, mujeres embarazadas y niños, entre otras personas.
Deseamos informar que el Sr. Osvaldo Hermoso a través de su encargado intentó cerrar la tranquera con cadena y candado. al advertir la comunidad esta furtiva maniobra le hemos dejado en claro tanto al empleado como al terreteniente a través de él mismo, la expresa oposición comunitaria a que se cierren dichas tranqueras. luego de ello, lo invitamos a retirarse del lugar.
Seguidamente de repeler dicha agresión nos dirigimos a radicar la respectiva denuncia en la comisaría de Alto Río Senguer, Chubut.
Esta agresión se suma a la averiguación ilegal de datos personales de integrantes de la comunidad, la cual no fue ordenada por ninguno juez competente.
Así también, queremos notificar que pese a los reiterados avisos que hemos emitido sobre los animales de los usurpadores, no hemos tenido respuesta alguna.
por ultimo, cabe destacar que nuestra comunidad considera las agresiones ocurridas como actos de hostilidad que no van hacer tolerados bajo ningún punto de vista, y seguiremos velando por la salud, seguridad y bienestar de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad, las veces que sea necesario.
a partir de las actitudes de las aquí denunciadas reiteramos el pedido de acompañamiento de todas las personas de bien del mundo y exigimos la inmediata intervención de las autoridades nacionales, provinciales y municipales con competencia de materia indígena en salvaguarda de nuestros derechos comunitarios.
Por la memoria, la verdad y la justicia
el territorio no se negocia, ni se entrega
marichi weu, marichi weu, marichi weu
desde nuestro territorio ancestralmente ocupado
Miércoles 05 de Enero de 2011
CONTACTOS:
Tel: (0297) 1550 - 88272 - ANTONIO LIEMPICHUN
Tel: (02945) 1554 - 8685 - ADELINA REYNAHUEL DE LIEMPICHUN
Tel: (0297) 1562 - 52309 - VICTOR E HIJOS
Fuente http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=2326&Itemid=3
A lo largo y ancho de Argentina se desaloja, se arrincona y se degrada las condiciones tanto de vida como de trabajo. Esta violación de derechos a las grandes mayorías se intensifica por el creciente acaparamiento de los bienes comunes por corporaciones imperialistas que los transfieren a la acumulación capitalista en sus países de origen.
Al respecto en el editorial de HORIZONTE SUR (en la Am 690 del sábado 22 de enero del año 2911), Jorge Rulli expresó: Hemos dicho más de una vez que el verdadero rostro de los regímenes políticos de la Argentina, se mostraba con mayor desenfado en el exterior, no en las versiones para el público argentino, versiones edulcoradas y adecentadas por los relacionadores públicos que operan sobre los discursos oficiales. En este caso ha ocurrido una vez más como tantas otras, que venimos denunciando desde que nos organizáramos como grupo de reflexión rural en los años noventa, develando en aquellos años, las horribles políticas del menemismo.
El discurso de nuestra Presidente en el cierre del Seminario de negocios de Quatar[1], expone con claridad y sin ambages, la naturaleza de un régimen que, con banderas progresistas, expresa hoy, muchísimo mejor que la derecha, las propuestas que requieren de nosotros las Corporaciones transnacionales y los mercados globales. La Argentina que expone nuestra Presidenta con desenfado casi obsceno en el cierre del Seminario de negocios de Qatar, es una Argentina abierta a la megaminería y a todo tipo de ensayos de OGM, tanto Biotecnología como prácticas de clonación, una Argentina productora de Biocombustibles, una Argentina que se postula como la gran plataforma de la agroindustria y del Agronegocio, y que proyecta extender su agricultura química hasta en zonas donde actualmente dice ella, resultaría impensable hacerlo…
Nos
horroriza la decisión de llevar adelante un proceso de ese tipo. Nos horroriza
la fe de los conversos, la terquedad con que han
decidido un destino de crecimiento en la dependencia y en el descuido mayor por
sus recursos y por sus ecosistemas. Han optado por sacrificar las próximas
generaciones de argentinos que se encontrarán sin suelo, sin agua potable, sin
aire limpio para todos, sin paisajes y sin la cultura que los actuales paisajes,
que, ahora están desapareciendo, han producido, y con la que nos hemos
identificado como argentinos. Millones
de seres humanos son condenados cada día, a vivir en la fealdad, en el
hacinamiento urbano y a tener que alimentarse con comidas basura, según las
decisiones de una izquierda progresista que ignoró la identidad cultural,
instaló el Agronegocio y reemplazó la calidad por la cantidad, la producción de
exclusividades por la de comodities y agrocombustibles, el trabajo humano por
las tecnologías… Ya no lo decimos nosotros, lo confiesan ellos en su infinita
impudicia, repitiendo los discursos alucinados de Héctor Huergo, de Jorge
Castro, de Lino Barañao y de Gustavo Grobocopatel, de los que han comprado las
promesas de un paraíso tecnologízado y los espejitos de colores de una
modernidad tardía(...)".
Fuente: http://horizontesur.com.ar/radio/#_ftn1
En consecuencia, la «reforma agraria integral» como recuperación de la soberanía alimentaria y construcción del buen vivir nos exige, a los de abajo, unirnos en diversidad. Pero contra el hermanamiento de nosotros -los de abajo- y contra nuestro compromiso con hacer posible un mundo de derechos para todos sin discriminación de tipo alguno, está la realidad de que volvemos a caer en la trampa de confiar en soluciones desde los de arriba. En los ochenta creímos que el gobierno constitucional bastaba para dejar atrás al Estado terrorista y al orden socioeconómico así instaurado. En los noventa, creímos en la Convertibilidad y las privatizaciones, desregulaciones... Como en esas décadas, no admitimos situarnos en lo que les sucede, piensan y proponen los criminalizados, excluidos, atropellados en sus derechos y los silenciados e invisibilizados.
Pero hoy es peor porque progresistas e izquierdistas ni siquiera despiertan ante la propuesta de la Presidenta a los grandes capitales en Quatar:"la Argentina ofrece una muy buena oportunidad de negocios".Es decir, Cristina Fernández de Kirchner les entrega el país desembozadamente y para tentarlos aún más les aclara: "hoy tenemos un país totalmente confiable y previsible", con lo cual les promete que no sólo podrán llevarse nuestras riquezas sino que la seguridad jurídica para los inversores extranjeros, les garantiza ser subsidiados directa e indirectamente, tener mano barata de obra y contar con fuerzas militarizadas de seguridad o grupos de choque para efectivizar la liquidación de la protesta social.
Contra nuestra unidad en diversidad (imprescindible para emanciparnos del capitalismo e imperialismo con «reforma agraria integral») está la delegación de los cambios en el gobierno CFK por caracterizarlo como nacional, popular y de derechos humanos. ¿Por qué arraiga esa creencia en las mayorías? Se fundamenta en:
Discursos y procedimientos K destinados a defenestrar a enemigos tradicionales y ciertos pero que desconocen e invisibilizan a las transnacionales componentes esenciales del poder económico o real de la Argentina de hoy. Las encubren mediante elogios al extraordinario crecimiento económico que materializa los intereses de ellas y que avanza sobre los derechos de nosotros, los de abajo. Incluso el gobierno K, mediante el pacto social, nos concilia con el gran empresariado local, transnacionalizado que se enriqueció sobre todo a partir de ser parte de la dictadura genocida y valerse de ella para convertir su deuda exterior en deuda pública externa, con lo cual es el protagonista crucial de la descapitalización argentina y el empobrecimiento de la mayoría de nosotros.
Medidas gubernamentales que parecen cambios democráticos a profundizar pero que resultan bien restringidas por estar articuladas con el proceso de raudo crecimiento de la concentración y transnacionalización tanto económica como territorial. Al mismo tiempo esos logros condicionados, revelan que nuestras reivindicaciones pueden concretarse transformando efectivamente nuestra realidad si las asumimos como contenidos de un programa de la diversidad popular de emancipación del capitalismo e imperialismo y como cambios tendientes a la reciprocidad de las relaciones entre los de abajo en nuestra cotidianeidad.
Bloqueo del debate entre los de abajo sobre la apropiación y uso del territorio de Argentina, es decir, del modelo extractivo o productivo en vigencia; de los boom de soja transgénica, de biodiesel y de construcción para sectores con poder adquisitivo; del Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios; de IIRSA; del federalismo para facilitar la entrega del país y la gobernabilidad del sistema de saqueo; etc..
Las tres conductas orientan hacia dónde el frente cultural político precisa rumbear para suscitar voluntad mayoritaria de adueñarse del destino común.
La «reforma agraria integral» puede realizarse por y como emancipación del actual funcionamiento económico-territorial que avanza excluyendo a las grandes mayorías del país. De modo que su puesta en práctica por nosotros, los de abajo, nos exige romper con nuestro sentido común para liberarnos de pensar, valorar y aspirar como le conviene a nuestros opresores. Se trata de analizar en qué consiste el actual crecimiento económico, a quiénes beneficia en exclusivo y qué consecuencias tiene sobre nuestro presente y nuestro futuro. Pero esta reflexión colectiva e individual está bloqueada por desinformación y manipulación de la opinión mayoritaria mediante la instalación de falsas disyuntivas.
Para dilucidar cómo los de arriba nos despistan, sigamos el pensamiento e investigación de Diego Ignacio Domínguez y Pablo Sabatino que se refieren a "La problemática de la contaminación por efecto de la agricultura transgénica en Argentina y Paraguay". Leamos su:"Introducción La adopción de la agricultura transgénica viene ocurriendo en Argentina (1996) y Paraguay (1999) de forma sostenida, desencadenando un conjunto de complejos procesos en el ámbito socioeconómico y político en los territorios donde se despliega. Destacamos uno de ellos, aquel vinculado al impacto negativo en el ambiente, la producción agropecuaria y la salud humana.La manifestación de este impacto se visualiza en los extendidos “incidentes de contaminación”, que serían consecuencia de la aplicación de los agroquímicos asociados a los cultivos transgénicos. De esta realidad aflora:
1. Un dilema central
Si estamos frente a múltiples casos de negligencia en el uso de una tecnología, es decir, si se trata de un problema operativo, de manejo; o bien, si estamos frente a cuestiones que apelan al modelo agrícola que se está implementando con base en la “Revolución Biotecnológica”. Si bien el carácter “accidental” de los casos de contaminación producidos a partir de la aplicación de la agricultura transgénica puede explicar sucesos particulares, desde una mirada sociológica vemos que se trata de un problema extendido, de un problema que emerge siempre que la agricultura transgénica avanza y se desarrolla en territorios con fuerte presencia de agricultores familiares, comunidades campesinas, pueblos indígenas, o simplemente con presencia de población rururbana. (...)
Como hipótesis consideramos que la implementación de la agricultura transgénica en áreas de agriculturas familiares coadyuva al establecimiento de “arenas” (Long y Long, 1992) de conflicto en torno a la apropiación y definición del territorio, y donde la apuesta de las familias campesinas, en última instancia, es asegurar la continuidad de su modo de vida, estrechamente relacionado con la producción de alimentos para la población local. O bien, en el caso de los pequeños poblados, encontramos que se entabla una disputa en torno a la defensa de la calidad de vida que llevan adelante los habitantes frente a las empresas agrícolas y las autoridades de la zona. Cabría aquí preguntarse en qué medida lo que llamamos agricultura transgénica es compatible con asentamientos humanos en las áreas de producción. Nos preguntamos si pueden convivir en un mismo territorio diferentes tipos de agricultura y modelos tecnológicos: industrial, tradicional, orgánico, agroecológico, biodinámico. En resumen, si el nuevo modelo en el cual se quiere asentar la producción agrícola, de alimentos y materias primas no inhibe e inviabiliza todo desarrollo local y bienestar de las comunidades; si el avance de la frontera agrícola que este proceso genera en países como Argentina o Paraguay no termina socavando la continuidad de las actividades productivas que se diferencian del modelo (agriculturas familiares o campesinas), o bien vulnerando la salud de la población. Las tensiones que se producen en las localidades donde se instala y se desenvuelve la agricultura transgénica, por lo general, están ligadas al desarrollo de procesos organizativos locales que se desencadenan a partir de los hechos de contaminación, o a la preexistencia de organizaciones sociales. En los primeros casos, la movilización social se expresa en denuncias u oposición al hecho de contaminación, cobrando carácter de acción directa o acción legal y/o institucional. En estos casos los procesos organizativos pueden trascender el ámbito local mediante su integración a redes que operan en distintas escalas (provincial, nacional o global). En los casos donde se encuentran organizaciones que preexisten a los hechos de contaminación, se observa el surgimiento de una construcción discursiva y práctica sobre las causas, los responsables, etc. Es decir, las organizaciones generan un dispositivo discursivo que les asigna un significado a los hechos, de forma tal que estos quedan articulados con las luchas que ya vienen llevando a cabo tales organizaciones en los territorios donde actúan.Se logra así integrar un conflicto aparentemente puntual en un marco de sentido y acción más amplio. Se amplifica el conflicto, constituyendo nuevos escenarios y formando nuevas alianzas, que trascienden la esfera local. Evidentemente, estas tensiones que señalamos expresan distintas formas de construir territorialidades. Por ello, en el análisis de las situaciones de interfase entre la agricultura transgénica y la agricultura campesina que nos proponemos analizar, el territorio adquiere potencia conceptual.
A los fines de abordar el problema planteado, en este trabajo presentamos las transformaciones del agro argentino y paraguayo en clave modernizadora, cuyos rasgos distintivos son: la aplicación de la biotecnología a la producción agropecuaria, la concentración y orientación exportadora, y la ruptura de los marcos institucionales y las regulaciones estatales para el sector. El capital cada vez más concentrado y capaz de intervenir directamente en la producción agropecuaria mediante la biotecnología (principalmente de la soja RR ) tendió así a aumentar la escala productiva, disminuir la demanda de mano de obra y avanzar sobre nuevos espacios físicos aún no explotados bajo su lógica (estuviesen o no habitados). Como consecuencia de estos procesos, estamos presenciando un desplazamiento territorial de familias rurales:
por un lado, de aquéllos que van quedando fuera de los complejos agroindustriales, imposibilitados de seguir produciendo para un mercado en el cual ya no pueden competir;
por otro, de muchos agricultores que deben abandonar los campos debido a la violencia ejercida contra ellos por los poderes económicos y políticos (desalojos, persecuciones, amenazas, atentados, asesinatos, etc.); y otros tantos desplazamientos impulsados por la contaminación que se produce en las zonas donde conviven con lo que podríamos llamar agricultura transgénica.
2. Una etiqueta, la ambiental, encubridora de genocidios
Con los casos expuestos quisimos mostrar cómo los “problemas ambientales”, que son presentados algunas veces como fatalidades del clima o la negligencia humana, tienen anclaje en relaciones sociales, en procesos políticos y económicos que enfrentan visiones del mundo, intereses, proyectos de sociedad, estrategias de vida. En primer lugar, planteamos el problema de la contaminación asociada a los cultivos transgénicos, y proponemos analizarlo desde una mirada sociológica ligada a la ecología política, que corra el eje del carácter accidental de tales acontecimientos para buscar explicaciones en términos de procesos sociales. De este modo,postulamos la posibilidad de pensar la contaminación en clave de conflictos entre distintos modelos de agricultura por la definición del territorio.
Realizamos entonces un breve desarrollo de los conceptos de agricultura familiar y/o campesina, de agricultura industrial y su relación con lo que llamamos agricultura transgénica, así como del concepto de territorio, incorporando las nociones de modos de producción de territorio y tipos de uniones territoriales.
En una segunda instancia, introducimos el despliegue de la agricultura transgénica en Paraguay y Argentina, fundamentalmente a partir de un cultivo paradigmático: la soja RR . Esta descripción supuso el análisis de las transformaciones en el agro de cada uno de estos dos países, de sus estructuras agrarias y de sus orientaciones productivas. A su vez, también hacemos mención de las denuncias que realizaron las organizaciones sociales, por ejemplo las campesinas, sobre las consecuencias de dichas transformaciones para los campesinos. Realizamos una reconstrucción de los procesos de modernización del agro en estos países, observando las innovaciones biotecnológicas (técnicas de laboreo como la siembra directa, uso de agroquímicos, procesos de transgénesis, etc.), para analizar luego sus impactos en torno de la vida rural y las comunidades campesinas. En otro apartado analizamos los casos de contaminación en tanto consecuencias de la implementación de la agricultura transgénica. Para ello, elaboramos una base de datos con los casos de contaminación registrados en Argentina y Paraguay. A posteriori, complementamos la matriz de casos con estudios en profundidad de algunos de ellos. Cabe aquí una aclaración importante: los casos registrados en la base no agotan el universo total de situaciones de contaminación, ni componen un número aproximado a ese total. Esta constatación se sostiene en que la mayoría de los casos de Argentina, y aquellos de Paraguay que no habían sido relevados por Palau (2005), fueron obtenidos en las recorridas de campo. No ha habido región sembrada de soja que recorriéramos en la cual no tomáramos conocimiento de hechos de contaminación: personas afectadas, animales muertos, cultivos y frutales perjudicados, etc. No obstante, se trata de información recogida casi de forma artesanal, puesto que la información periodística es escasa y no existen registros oficiales. Luego, en otro apartado, reunimos el material cualitativo (los estudios de caso) y cuantitativo (la base de casos). El análisis cruzado de estos materiales nos sirvió como insumo para establecer los ejes centrales de las percepciones de los afectados por pulverización o “fumigaciones” o “fulminantes”.
3. Un posicionamiento de los campesinos más profundo que el de la población urbana
Así, encontramos que en las percepciones de los campesinos y vecinos en torno de los acontecimientos de contaminación existían un posicionamiento frente a la agricultura industrial y transgénica, una clara definición del propio modo y mundo de vida, una conciencia del riesgo frente a las consecuencias de la agricultura transgénica, y un conjunto de declaraciones sobre las posibles salidas de tal situación perjudicial (efectiva o potencial). A la vez, detectamos que, transversalmente a los ejes, había dos elementos que influían en la percepción de los afectados: la presencia o no de organización, y el hecho de ser campesino o bien habitante urbano o periurbano. La interpretación de que existe una relación entre la contaminación y el modelo de agricultura que se impone parece ser producto de una elaboración política, siendo la organización aquella instancia responsable de este encuadre. Sin embargo, se debe agregar otro elemento: el lugar de residencia y el modo de vida. Según se trate de habitantes del campo o de la ciudad, se le debe sumar al posicionamiento político frente al caso de contaminación la percepción de la incompatibilidad y mutua exclusión entre agricultura transgénica y agricultura campesina. Si bien los afectados del campo y la ciudad organizados comparten una percepción acerca de la contaminación en tanto violación de derechos, los primeros, a diferencia de los segundos, postulan la necesidad de profundizar la lucha campesina por controlar su territorio como defensa de un modo de vida. Los campesinos, quienes ponen en juego la continuidad o no de la vida campesina, frente a los mismos problemas de contaminación, no sólo denuncian la no accidentalidad de los hechos, sino que señalan una contradicción: aquella en torno del territorio, la que se produce cuando las elites globalizadas quieren prescindir de/ eliminar a las poblaciones locales, y de algún modo logran desresponsabilizarse de las consecuencias de su accionar. Mientras en los casos de contaminación de la población urbana la protesta queda en la denuncia a los responsables y en la exigencia de que se cumplan las normas, entre los campesinos organizados que han sido afectados lo que emerge con claridad ante la contaminación es la necesidad de llevar a cabo un proyecto social y político que se oponga al paradigma moderno de agricultura, al modo en que concibe la modernidad su reproducción básica, es decir, la producción de alimentos. A su vez, en ese mismo apartado analizamos que, si bien era cierto que, como señalamos anteriormente, las percepciones de la agricultura industrial en los campesinos de Argentina y de Paraguay tienen un punto de llegada en común, tienen también puntos de partida distintos. Esto es, la relación entre consecuencias negativas y agricultura industrial por oposición a la agricultura campesina en unos puede verse como el desencanto ante la ruptura de un lazo (por ejemplo, el que los unía con los complejos agroindustriales), y en los otros, como histórico conflicto o novedoso “encuentro” de dos agriculturas. Una hipótesis interesante para profundizar este análisis sería aquella que entiende que los procesos de modernización del agro en uno y otro país habrían tenido distintos grados de éxito. Mientras los campesinos argentinos se lamentan ante los cambios en el modelo agropecuario que ahora los excluye y pretende eliminarlos, para los campesinos paraguayos se trataría de una nueva embestida del modelo de agro con el cual han antagonizado históricamente, y que ahora se vale de nuevos dispositivos para apropiarse de los territorios campesinos.
4. Una incompatibilidad entre territorialidades campesinas y empresariales
Finalmente, retomamos el problema de la dicotomía entre agriculturas, tal cual lo postularon los mismos afectados, sobre todo los campesinos, para entonces profundizar el análisis de las dimensiones que componen la incompatibilidad entre territorialidades campesinas y empresariales, entre el territorio campesino y el del agronegocio. Para ello, buceamos en conceptos como los de “conciencia campesina”, “justicia ambiental” y“territorialidades excluyentes y/o emergentes”.
Elementos conceptuales para el análisis del problema Abordar los impactos de la agricultura transgénica en Paraguay y Argentina requiere adoptar una perspectiva como la de la Ecología Política, desde la cual sea posible abarcar no sólo los conflictos de distribución ecológica y de justicia ambiental, sino también, como señala Leff (2006), las relaciones de poder que se entretejen entre los mundos de vida de las personas o comunidades y la intervención local por parte del mundo globalizado. No se trata de abordar los hechos de contaminación por implementación de la agricultura transgénica como un mero hecho ambiental, sino desde una perspectiva donde “las relaciones entre los seres humanos, y entre estos y la naturaleza, se construyen a través de relaciones de poder (en el saber, en la producción, en la apropiación de la naturaleza)”. (...)
La importancia de la demarcación se relaciona con un planteo del problema en términos de diferenciar centralmente dos dinámicas vinculadas a la agricultura. Aquella agricultura capitalista-empresarial- industrial, característica de los complejos agroindustriales, cuya tendencia es capital-intensiva, de permanente innovación tecnológica, de gran escala, fundada en monocultivos y orientada al mercado internacional; y, por otro lado, aquellas agriculturas en las cuales el “agricultor” sigue teniendo un rol importante en el ciclo productivo, y que pueden ser más o menos mercantiles (producir para el mercado en mayor medida que para el autoabastecimiento e incluso emplear en determinados momentos mano de obra extrapredial, o “vender” la propia, como así también utilizar paquetes tecnológicos (insumos externos: agroquímicos y semillas) o registrar algún nivel de capitalización (maquinaria e infraestructura, por ejemplo). Cabe entonces asumir un análisis que contemple la existencia de estrategias productivas y apuestas políticas de distintas agriculturas (campesina, indígena, agroecológica, familiar capitalizada, etc.) que están actualmente en tensión con la agricultura transgénica. Esto significa abordar las resistencias que se tejen desde estas agriculturas.
5. Una resistencia campesina de disputa por territorio como afirmación de su modo de producir
Una resistencia que no debe ser entendida como oposición defensiva a un proceso inevitable. La resistencia tiene un carácter vital, es potencia, es la posibilidad y la capacidad de producir y reproducir el propio mundo de vida. Por ello, el sentido de la resistencia “es luchar para continuar siendo ellos mismos” (Fernandes, 2002: 27). Y ese “ser ellos mismos” del campesinado, no puede pensarse sin contemplar la cuestión del territorio. Por tanto, la contradicción en torno al territorio trasciende la disputa material por un espacio físico, involucrando además una disputa por su concepción como espacio de vida en donde los actores, mediante sus acciones y estrategias, y a través de la organización, producen y reproducen sus mundos sociales.
En efecto, desde esta perspectiva, el concepto de territorio se ha convertido, según Leff (2001b; 2005), en un concepto político, concepto que cuestiona “los derechos del ser y las formas de apropiación productiva de la naturaleza” (Leff, 2005: 265), convirtiéndose en el “locus de las demandas y los reclamos de la gente para reconstruir sus mundos de vida” (Leff, 2005: 270). La noción de política que subyace a esta relación entre territorio y mundos de vida es la de una política del devenir y la transformación, una política del ser, que según Leff (2001a; 2005) se caracteriza por valorar el sentido de la utopía en tanto derecho de cada individuo y comunidad a concebir su propio destino. La relevancia que ha cobrado la cuestión territorial podría relacionarse –más que con su novedad como problema social– con las discusiones que giran en torno a los procesos de “desterritorialización” producidos supuestamente por la dinámica del capital global, caracterizada por la libertad de movimiento, su prescindencia del arraigo físico para su reproducción y su proyecto de evadir la responsabilidad por las consecuencias de su accionar localizado. En cambio, como señalamos anteriormente, debe tenerse en cuenta que este interés renovado por “lo territorial” no comprende al territorio en sí mismo, como cosa, como presupuesto, como dato “geográfico”, sino que, al problematizarlo, lo entiende como el resultado del uso que hacen del espacio los hombres y mujeres. Es decir, el «territorio» es tomado como objeto de análisis social en tanto construcción humana, un “cuadro de vida” socialmente apropiado (Santos, 1994). Aquí el territorio es enfocado desde una perspectiva intrínsecamente integradora, que ve la territorialización como un proceso de dominio (político-económico) y/o de apropiación (simbólico-cultural) de los espacios por los grupos humanos. Cada uno de nosotros necesita, como un“recurso” básico, territorializarse (Haesbaert, 2004: 16). La dimensión territorial de las relaciones sociales ha recobrado actualmente un lugar destacado. Ejemplos recientes de esta tendencia son los trabajos sobre los procesos de“mundialización” o “globalización”, “localización” y “glocalización” (Haesbert, 2004; Santos, 1994; Santos, 2000; 2002; Robertson, 1995); los “movimientos socio-territoriales” o de base territorial (Fernandes, 2005a; Zibechi, 2003; Giarracca y Wahren, 2005); las interacciones socioeconómicas y culturales en las zonas de frontera (Grimson, 2000); los mundos de vida de los sujetos en espacios rurales y rururbanos (Giarracca et al., 2003); y los territorios que se disputan los modelos agrícolas (GER , 2004; Domínguez et al., 2005). Este último eje –el territorio en disputa por modelos de agricultura– es el que nos interesa retomar aquí para el análisis del impacto de la agricultura transgénica, dado que hemos observado que en aquellos territorios donde se instala la agricultura transgénica no es posible seguir desarrollando otros paradigmas de agricultura.
Ello se debe a que existen múltiples dispositivos generados por la implementación de este tipo de agricultura: el ahorro de mano de obra; la contaminación genética por polinización cruzada; la generación de nuevas resistencias biológicas; la contaminación ambiental y humana por agroquímicos; la expulsión de población local por los requerimientos de escala que requiere la rotación de esos capitales; la alienación que se produce en las tareas agrícolas que desdibuja la categoría de agricultor; o la elitización (en el plano del conocimiento) que la biotecnología introduce en el manejo productivo, que ya no es apropiable fácilmente por los agricultores. Estos son algunos de los procesos que terminan haciendo que la agricultura de la “Revolución Biotecnológica” sea excluyente respecto de otras agriculturas, como por ejemplo la campesina.
Con la agricultura transgénica, en el mismo territorio, no pueden convivir otras agriculturas. Por su carácter dominante obliga a las otras al éxodo. Sin que todo esto signifique demonizar una tecnología, se quiere señalar que toda tecnología se desenvuelve en determinadas relaciones sociales (y de poder), en las que ha surgido y por las cuales se sostiene. El análisis desde el marco de lo territorial manifiesta el encuentro de la agricultura hegemónica con la “otredad” y permite analizar los casos de contaminación junto con el “arrinconamiento” y desalojo de las familias campesinas, evidenciando los procesos emergentes y las expresiones de la nueva relación entre el modelo agroindustrial y las agriculturas “otras” en un territorio determinado (así como lo fue en la década del ochenta la agricultura de contrato como indicador de la articulación subordinada de los campesinos a la agroindustria, hoy en día esta relación se ha tornado excluyente). Ante este escenario, sostenemos que el aumento de la violencia rural constituye un síntoma más de un nuevo eje de conflicto social, lo que puede ser pensado como una nueva “contradicción”.
Se trata de las luchas por los usos del territorio, por la definición de las formas que adquirirá la territorialidad. El carácter contradictorio de estos procesos queda evidenciado una vez que se constata que los resultados de las disputas territoriales no son unívocos: en algunos lugares, las transformaciones territoriales impulsadas por actores sociales hegemónicos (empresas, grandes propietarios, gobiernos, etc.) logran concretarse en alguna medida; en otras situaciones, se entabla una conflictualidad con base en las resistencias que pujan por mantener territorialidades previas.
Sin embargo, lo interesante es observar aquellas territorialidades emergentes en las que los actores sociales “subalternos” (comunidades campesinas e indígenas, pobladores, etc.) logran impulsar estrategias de territorialización definidas y apropiables por ellos mismos en tanto actores locales. Es por todo esto que la contradicción en torno al territorio trasciende la disputa material por un espacio físico, involucrando además una disputa por su concepción como espacio de vida. En definitiva, vemos que, por un lado, existen diversos modos de “producir” territorio y “uniones” territoriales (Santos, 1994), y que, por otro, en los mundos rurales las distintas territorialidades se tensionan, libran batallas. Las “uniones horizontales” que realizan los movimientos campesinos entran en conflicto con la territorialización planteada por la agricultura industrial, que a partir de la producción de “uniones verticales” (subordinación de la vida de una localidad a las decisiones tomadas en otras localidades o centros de poder urbanos) constituye territorialidades excluyentes.
En las
territorialidades excluyentes, se disocia
la toma de decisiones sobre el manejo de un territorio de las poblaciones que lo
habitan y que, en última instancia, serán quienes asuman las consecuencias de
dichas decisiones. Con este corpus teórico analizaremos el escenario de
expansión de la agricultura transgénica, problematizando
la relación de la “agricultura industrial” o
del “agronegocio” con
lo que llamamos “modelos emergentes” de
agricultura, en el contexto de las transformaciones acontecidas en el agro
argentino y paraguayo durante la década del noventa, signada por la
profundización de los procesos de globalización y la aplicación de políticas
neoliberales (...)".
Fuente: libro Los
señores de la soja: la agricultura transgénica en América Latina/ 1a.ed. -
Buenos Aires: Fundación Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad
- CICCUS; Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2010
En consecuencia, la «reforma agraria integral» será proyecto y obra de la unidad en diversidad de los de abajo si comenzamos reelaborando nuestros sentidos de vida y de nuestra cotidianeidad social o sea adquiriendo otra apropiación y definición de esas territorialidades. Significa percibir, pensar y actuar de manera de comprometerse con, por ejemplo, la Asamblea de Gualeguaychú al comprender que en nombre del progreso y la fuente laboral se imponen los intereses lucrativos de corporaciones imperialistas sin importar que se impide el presente y el futuro de comunidades sociohistóricas. Pero, a la vez, esta territorialidad del complejo constituido por pasteras-monocultivos de eucaliptos o pinos y zonas francas va destruyendo las condiciones de vida y trabajo de una creciente mayoría de Uruguay y de la parte de la Argentina que comparte el Acuífero Guaraní.
Es situarse entre y con los otros de abajo, lo que permite descubrir un denominador común en las luchas estigmatizadas como contrarias al progreso, la industrialización y las fuentes laborales por defender la vida y la dignidad de pueblos. Resisten a la apropiación y uso de ecosistemas con fines lucrativos que los desertifica. Esas organizaciones sociales enfrentan la acumulación gran capitalista que simplifica o arrasa la heterogeneidad de la naturaleza y desarraiga, por tanto, elimina la diversidad de culturas que, a la vez, implica desaparición forzada y exterminio de campesinos e indígenas. Alertan que el desarrollo capitalista nos quita el agua e incluso la envenena y arroja a aquellas poblaciones (que ha empobrecido más) a estar sin agua potable ni saneamiento ambiental. Advierten que los grandes capitales mediante su actual crecimiento económico (que enmascaran como si fuese del país) nos expropian el poder producir nuestros alimentos y nos enferman por arruinar la calidad nutritiva de los mismos como sucede con la carne provista por los feedlots. Leer
La supuesta contradicción entre economía y ecología por tanto, podría ser superada y solucionada por medio de la construcción de una racionalidad productiva que pase de centrarse en la acumulación de riqueza y poder en los oligopolios a transformar la naturaleza en acuerdo con las necesidades e intereses de la diversidad popular pero, a la vez, según la optimización del aprovechamiento de toda la compleja dinámica y evolución del ecosistema sobre el que se actúa. En ese rumbo avanza la agroecología.
Oswaldo Sevá (entrevista de Spensy Pimentel) "apunta que el actual escenario de conflictos socio ambientales tiene en realidad una amplitud global, representando un desafío para los movimientos sociales de todo el mundo. Y advierte: “La amenaza también es muy grave cuando los intelectuales y políticos considerados de izquierda rezan el manual del capital, repiten los mantras ideológicos del capitalismo, y utilizan su capital político y cultural para disminuir las críticas de los que piensan de modo autónomo, con el fin de aislar a los que simplemente siguen resistiendo a la expropiación”.
La ofensiva en Latinoamérica de los proyectos de explotación de recursos naturales en tierras comunitarias, campesinas e indígenas
Es una ofensiva con gran preferencia por las Américas Central y del Sur, pero que también asola diversas regiones de África, Asia y Oceanía. Es una ofensiva global que involucra agentes económicos y políticos de muchos países, agentes que razonan y deciden con el “mapa mundi” abierto en una gran mesa o en una gran tela digital. Es una ofensiva del capitalismo, y no podemos omitir ni olvidar ese nombre, porque se trata de intentar superar una de las más grandes crisis estructurales del sistema capitalista. En este caso, dicen los estudiosos como Harvey e Arrighi, es una crisis de la súper acumulación, una crisis financiera, una demostración exuberante de la famosa ley de la “baja tendenciosa de las tasas de intereses”.
Por eso, los blancos preferidos de la ofensiva son las localidades y regiones con recursos naturales considerados estratégicos. Y ahí se crean proyectos de inversiones considerados capaces de generar altas tasas de retorno – lo que obviamente depende de costos económicos y de costos sociales, y depende de la posibilidad de concretar, nuevamente el “viejo” mecanismo de acumulación primitiva, que nunca dejó de actuar.
Los grandes oligopolios que controlan la electricidad y los equipamientos eléctricos, los minerales y la metalurgia, el agronegocio, el petróleo y el gas, la celulosa y el papel, desde hace algunas décadas estudian minuciosamente las posibilidades de nuevas fuentes para conseguir esos materiales y energías, y analizan con métodos sofisticados los nuevos territorios donde pueden producir dichas mercancías. Anuncian inversiones similares al mismo tiempo en todas las partes, por ejemplo, hidroeléctricas para contener los ríos que les pueden servir en muchos países, incluyendo algunos de los países más antiguos y más ricos, como los europeos. Por ejemplo, anuncian la apertura de nuevas minas de hierro, o de níquel, cobre, zinc, cromo, pero, principalmente, minas de oro, plata, platino y metales más raros como el niobio. Todo esto en diversas regiones del mundo al mismo tiempo.
El primer paso para lograr concretar cada una de esas inversiones – al revés de lo que muchos argumentan, no es el financiamiento, pues de algún modo al sistema global le sobra capacidad de invertir – es la conquista de los territorios que generalmente ya tienen ocupantes, dueños y usuarios anteriores, en algunos casos, muy antiguos, grupos humanos establecidos desde hace siglos. Sus tierras deben ser ahora “liberadas” para instalar presas, nuevas minerías, o grandes plantíos de eucaliptos o palmeras o soya, y carreteras y ferrovías que los conecten al mercado mundial. Ahí, los pobladores y los vecinos de esas localidades escogidas por el gran capital deben ser transformados en proletarios, una parte de ellos asalariados, que solamente conseguirán sobrevivir en el mercado y para el mercado. Esa es la ofensiva.
La amenaza a las conquistas democráticas y el desplazamiento forzado
El sistema capitalista una vez amenazado retoma sus orígenes autoritarios. Las empresas gastan cada vez más en la seguridad de su patrimonio, de los ejecutivos y de sus hombres que están en campo, utilizan cada vez más intermediarios para el acoso a los pueblos, informantes que en la práctica hacen la contra-información, rastreando a los movimientos legítimos y libertarios, y actuando por medio de escoltas para rastrear e intimidar a los disidentes y a los que resisten. El capital se recarga aún más de los puestos de gobierno en las tres esferas: ejecutiva, legislativa y principalmente en la judicial.
Mientras el poderío de la grandes empresas siga creciendo, las duras conquistas democráticas serán corroídas y derrumbadas, dejando a la sociedad una intoxicación de propaganda institucional, pues las empresas se auto elogian, alardean “responsabilidad social” y “sustentabilidad”. Las mismas corporaciones que dependen de la expropiación y de la violencia utilizan el dinero público, exención de impuestos, para ejercer el apoyo financiero, patrocinar y usufructuar con la promoción de su imagen en las actividades culturales, deportivas, musicales, cinematográficas, etcétera.
Considerar situaciones sociales más o menos graves depende mucho del acceso a la información sobre lo que ocurre, lo que se dificulta por la ofensiva ya mencionada, y depende, claro, de escalas de valor ético. Creo que son más graves los casos en los que las personas están siendo desplazadas por la fuerza, en donde los antiguos moradores, indígenas o afro descendientes, o familias rurales y hasta pequeños propietarios, son removidos contra su voluntad y llevados a la diáspora, para formar “asentamientos” que son casi prisiones. Migran para las nuevas favelas de las ciudades.
Son muy graves también los casos en que el abastecimiento de agua de la población, o el “riego” compartido entre vecinos desde hace siglos, quedó o quedará comprometido en cantidad y calidad. Es lo que fatalmente acaba de pasar en la región donde son abiertas minerías de oro, pues para la minería y la concentración del metal utilizan mucha agua, secan los mantos friáticos, contaminan el suelo , el subsuelo y destruyen o envenenan los cursos del agua, disminuyendo o acabando con la pesca. Y son igualmente graves los casos en que habrá hambre porque se perdió la tierra de sembradío, o el bosque y la caza y el río donde se pesca (...)". Leer
La «reforma agraria integral» se puede concretar si los de abajo comenzamos, en forma crecientemente mayoritaria, a distanciarnos de los enfrentamientos fomentados por el gobierno CFK para convertir en ideal al desarrollo del capitalismo local que, en verdad, se da por ocupación transnacional o recolonización económico-territorial. Pero tampoco nos conviene ilusionarnos con análisis como el de Federico Bernal, en:
Desarrollo e inclusión social
La Mesa de Enlace no quiere ningún acuerdo porque rechaza un Estado al frente de la economía, y mucho más lo rechaza si ese Estado se inmiscuye de manera progresiva en el “campo”, tal como viene sucediendo en los últimos años. La Mesa de Enlace, refugio de la más rancia estirpe liberal, es consecuente con sus intereses de clase. “Hace 200 años discutíamos decisiones fundamentales: ser españoles o ingleses”, afirmó Hugo Biolcati durante la inauguración de la 124ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria en julio de 2010. La negociación entre el Gobierno y la Mesa de Enlace no habrá de prosperar en cuestiones cardinales. El universo rural se debate entre el modelo sojero enlazado al mercado externo o un “campo real” funcional al desarrollo de las fuerzas productivas y la inclusión social. La disyuntiva está planteada entre modelos agropecuarios.
La decisión de profundizar la redistribución se reduce a una sola cuestión: eliminar las bases de sustentación económicas de los sectores vinculados con una Argentina agroexportadora. A pesar de la época de bonanza del comercio exterior, la política nacional impide a la Mesa de Enlace usufructuar la totalidad de la renta agropecuaria. Cerca del 30 por ciento de esa renta es captada por el Estado. Sin embargo, las tradicionales clases dominantes son conscientes de que su poderío económico está prácticamente incólume. Siguen en sus manos las mejores tierras del país y la apropiación de una parte sustancial de la renta agraria (repartida con las grandes exportadoras de granos). Y no están solos: el sector agroindustrial acrecienta su poder en la UIA. En fin, se trata del gran Frente del Subdesarrollo.
Ese Frente está resuelto a reconquistar el poder político y a revertir la avanzada estatal en materia agropecuaria. Eliminar las retenciones, la Oncca, los mayores controles de la AFIP, la participación de la banca pública como prestamista clave del sector rural, las diversas medidas de protección y fomento a los productores emanadas del Ministerio de Agricultura. Esto asestará un golpe al modelo de acumulación puesto en marcha en 2003. Por tal motivo, la política redistributiva está obligada a avanzar, advirtiendo que la solución no es técnica sino política. Se requiere de una nueva ley agraria de la democracia que concite el apoyo de los trabajadores rurales, los agricultores familiares y los pequeños y medianos productores. Una ley que potencie el cooperativismo, que profundice la federalización de la renta agraria (como ocurre con el Fondo Federal Solidario), que funde una red de comercialización mixta en alimentos entre agricultores y Estado, que cree empresas mixtas para el transporte y la comercialización exterior entre las grandes exportadoras de granos y el Estado nacional (con participación de provincias y cooperativas). Son todas medidas políticas que condicionan el poder económico de las clases socio-productivas ligadas a la supervivencia de una Argentina desigual.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-4949-2011-01-30.html
¿Por qué
rechazar el análisis y la propuesta de Federico Bernal?
A. No podemos pensar en soluciones, como el control estatal de la agroexportación, que fueron válidas para otra etapa del capitalismo ni menos elegir la conciliación con las agroexportadoras porque:
1. Las cuatro agroexportadoras (ADM, Cargill, Bunge y Dreyfuss) estructuran el funcionamiento agroalimentario y agroindustrial
María Elizabeth Bravo, en la Introducción al libro "Los señores de la soja: la agricultura transgénica en América Latina", desarrolla la respuesta a la pregunta:"¿A quién beneficia el comercio de soja? Independientemente de dónde se siembre la soja, a lo largo de la cadena productiva son empresas estadounidenses o europeas las que se benefician del negocio de esta oleaginosa (Bravo, 2005: 118). Algunas proyecciones hechas por el USDA sugieren que en los próximos años la industria sojera estadounidense estará más orientada a su mercado doméstico, mientras que el Cono Sur tendrá cada vez mayor participación en el mercado mundial. Esto no significa que las empresas estadounidenses dejarán de beneficiarse. En la cadena de producción y comercialización de la soja, cada eslabón beneficia a intereses económicos estadounidenses. (...)
Los verdaderos zares de la soja: ADM, Cargill , Bunge y Dreyfuss. Indistintamente del país donde se la produzca, cuatro empresas son las que verdaderamente se benefician del negocio de la soja. Tres son estadounidenses: ADM, Bunge y Cargill; y una es francesa, Louis Dreyfuss. Ellas controlan el 43% de la elaboración de aceite en Brasil y el 80% en la Unión Europea, y el 75% del mercado de soja en Estados Unidos. (...)
En Argentina, las empresas ADM, Cargill, Bunge y Dreyfuss controlan el 78% de las exportaciones de trigo, el 79% de maíz, el 71% de harina de soja, el 95% de aceite de soja y el 97% de aceite de girasol. En el año 2002, sólo ADM manejó el 11% de las exportaciones de trigo y el 9% de las de maíz en ese país. El almacenamiento de los granos también está a cargo de las mismas empresas. En el año 2003, ADM empezó a construir cinco silos de almacenamiento en Brasil, en las zonas de mayor expansión de la soja, como Matto Grosso y Matto Grosso del Sur, los cuales se incorporaron a la red de 80 silos que tiene en Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina. El sistema de elevadores que esta empresa tiene en Brasil es parte de su red de procesamiento global, que conecta a las zonas de producción con sus plantas de procesamiento en Europa y Asia. Cargill cuenta con cerca de 130 almacenes en Brasil, está negociando la compra de 80 vagones para transporte ferroviario y quiere recuperar 150 vagones en desuso. En Paraguay, acopia la producción, la exporta a Argentina y la importa como Cargill-Argentina. En 2007 Cargill abrió un megapuerto en las afueras de Asunción, que integra una planta aceitera y una terminal de granos, que se inscribe en el contexto de la ampliación de la producción de soja transgénica en Paraguay (Rulli, 2007). El procesamiento de los granos para la obtención de aceites, harinas y otros productos a partir de la soja también está en manos de las mismas empresas. Cargill es la primera exportadora de soja de Brasil, y la segunda procesadora del grano. Cuenta con 6 unidades de procesamiento, 6 terminales y 120 oficinas de compras de soja en las mayores áreas productoras del país. Lo mismo sucede con el transporte fluvial para exportar la soja a Europa y Asia. Este tipo de transporte se incrementó un 220% entre 1990 y 2003 en el Cono Sur. Para facilitar la exportación fluvial se han promovido y construido hidrovías y otros puertos fluviales, en el marco del IIRSA.En Brasil se ha planificado la construcción de mil km de hidrovías, afectando a 5 millones de hectáreas de ecosistemas naturales. El transporte marítimo está a cargo de las mismas empresas, que son al mismo tiempo exportadoras e importadoras. En los países donde se produce la leguminosa, las poblaciones que viven en torno a las plantaciones reciben baños del glifosato y enfrentan el desplazamiento de sus cultivos alimenticios y de la ganadería, y también la pérdida del trabajo rural. Como indica Rodríguez en su trabajo, el paquete tecnológico aplicado con la soja RR significa menos mano de obra por hectárea y mayor concentración de la producción en extensiones mayores; es decir, una agricultura sin agricultores, que deja ganancias a un pequeño grupo de empresarios nacionales, como Los Grobo en Argentina y A. Maggi en Brasil. (...)
La última frontera: los agrocombustibles A mediados de la década del noventa, los cultivos transgénicos fueron promocionados con el argumento de que aliviarían el hambre en el mundo; pero aunque sabemos que están destinados a la alimentación animal y al mercado mundial de aceites, y que los excedentes son colocados como ayuda alimentaria cuando estos no pueden ser colocados en el mercado internacional, hoy el argumento es que los transgénicos van a ayudar a solucionar el problema del calentamiento global, a través de la producción de agrocombustibles (...)". Fuente: Los señores de la soja: la agricultura transgénica en América Latina/ 1a.ed. - Buenos Aires: Fundación Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad - CICCUS; Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2010
2. Los oligopolios globales se entraman entre sí y con los grandes capitales financieros en el sistema alimentario
CUADERNILLO 33
Veinte años en
que las agroindustrias han devastado los sistemas alimentarios
Por GRAIN
A principios
de los noventa, las corporaciones eran una amenaza latente, un grupo que en las
discusiones y negociaciones impulsaba con fuerza el modelo industrial de
agricultura que destruía la biodiversidad agrícola, mientras decía promover la
producción y la abundancia de alimentos.
Veinte años después, el poder corporativo
en el sistema alimentario ha crecido tanto, acapara tantas relaciones y
segmentos de la cadena alimentaria, que hoy son las corporaciones quienes fijan
las reglas globales mientras los gobiernos y la investigación pública siguen sus
directrices.
Este estallido de cambios ha sido
devastador para la biodiversidad del planeta y para la gente que la cuida.
Las corporaciones utilizan todo su poder para expandir los monocultivos,
intentan acabar con los sistemas campesinos de semillas y se han logrado colar a
los mercados locales.
Esto hace mucho más difícil que los
campesinos se mantengan en sus tierras y alimenten a sus familias y comunidades,
pero organizados en movimientos sociales resisten ante el control cada vez mayor
de las agroempresas metidas en el sistema alimentario global.
Ofrecemos un breve panorama de la expansión
de las agroempresas en el sistema alimentario global durante los últimos veinte
años.
La pugna por el control de las semillas
Concentración La
industria semillera se transformó dramáticamente en los últimos veinte años. De
ser una industria con pequeñas compañías semilleras y programas públicos, pasó a
ser una industria dominada por un puñado de corporaciones transnacionales. Hoy,
apenas diez corporaciones controlan cerca de la mitad del mercado global de
semillas comerciales. La mayor parte de estas corporaciones son productores de
agrotóxicos que impulsan cultivos modificados genéticamente que puedan aguantar
una agricultura con insumos químicos intensivos.
El enorme control corporativo sobre las semillas se centra en cultivos como la
soya [soja], la canola y el maíz —de los cuales las compañías ya cuentan con
variedades comerciales genéticamente modificadas (GM). (...)
Privatización Al
surgir las corporaciones transnacionales de semillas, los sistemas públicos de
mejoramiento de cultivos, tan significativos hace veinte años, quedaron
reducidos a ser contratistas del sector privado. Ahora el sistema del CGIAR está
coludido con las transnacionales, emprende un número creciente de proyectos de
investigación y desarrollo conjunto en pos de OGM y cuenta con programas de
asociación en sus centros experimentales, que venden su material de reproducción
al mejor postor. Las instituciones nacionales de investigación y las
universidades van por el mismo camino: se comportan más como compañías privadas
que como instituciones con mandato público.
Los sistemas públicos de semillas están desapareciendo. Y puesto que la fuente
principal de semillas son los campesinos, el sector privado busca entrar en el
nicho campesino tradicional con la colaboración de las instituciones públicas de
investigación. (...)
La expansión del sector semillero corporativo es
inseparable de la expansión corporativa en los procesos agropecuarios y los
enormes mercados.
El caso más dramático es el explosivo crecimiento en las ventas de soja
transgénica de Monsanto que, desde 1996, acompañó la expansión masiva de las
plantaciones de soja de exportación en Argentina y Brasil.
Modelos semejantes de producción se aplican y se promueven por toda América,
África y Asia, y desplazan a los sistemas locales/tradicionales de semillas.
Es común que la producción corporativa de semillas preceda a la imposición de
formas corporativas de cultivo. Los programas chinos para promover el uso de
variedades de arroz híbrido chino en África son parte de un trabajo de largo
plazo por establecer plantaciones de arroz de gran escala en el continente, para
exportarlas de regreso a China.
La separación reglamentada
Por un lado el llamado sector formal: las compañías privadas, los institutos
nacionales e internacionales de investigación y las agencias gubernamentales,
que promueven el desarrollo de variedades diseñadas para un modelo industrial de
agricultura que va en contra de lo que necesitan los campesinos y de los
sistemas alimentarios locales. Promueven todo tipo de leyes (derechos de
propiedad intelectual, regulaciones de semillas, protecciones de inversión),
beneficiándose de ellas, y cuentan con carretadas de dinero y con las
facilidades necesarias para acceder a la biodiversidad desarrollada por los
campesinos (que ahora almacenan los bancos genéticos).
Por otro lado: los sistemas campesinos de semillas siguen aportando gran parte
de la comida del planeta, sin recibir casi ningún apoyo de los gobiernos. Es
más, se reprime y se criminaliza a quienes desde hace milenios han cuidado y
mantenido las semillas de la humanidad por el hecho de hacerlo. (...)
La integración vertical En
los años sesenta y setenta, cuando ya se había nacionalizado la mayoría de las
fincas y las plantaciones que se instalaron durante la ocupación colonial, la
tendencia general entre las corporaciones globales de alimentos fue apartarse de
la producción directa. En gran medida el capital decidió entrar a la agricultura
por el lado de los insumos —controlar la venta de semillas, fertilizantes y
maquinaria.
En años recientes es más frecuente que las corporaciones asuman una integración
vertical: que incorporen en sus procesos grandes segmentos de la cadena
alimentaria o toda ella —del diseño y la experimentación para producir semillas,
la producción de agroquímicos, la siembra, el cultivo, la cosecha, el
transporte, la transformación, el empaquetado, la refinación, la producción de
mercancías alimentarias procesadas, a la distribución y venta al menudeo de
productos muy lejanos del cultivo original. Esta integración, que queda bajo
control directo, se logra sobre todo mediante contratos.
En el sector pecuario, por ejemplo, más de 50 por ciento del puerco a nivel
mundial y 66 por ciento de las aves de corral y de la producción de huevo ocurre
en granjas industriales, que por lo general son propiedad de las enormes
corporaciones de la carne o tienen contratos con ellas. En Brasil, 75 por ciento
de la producción avícola está bajo contrato, mientras en Vietnam 90 por ciento
de la producción de lácteos está contratada. La producción por contrato se
expande también a las mercancías de exportación como el cacao, el café, la “nuez
de la india” o “castaña
de cajú” y las frutas y
vegetales. Estos contratos ocurren también con mayor frecuencia con los básicos,
como el trigo y el arroz. En Vietnam, 40 por ciento de la producción arrocera
del país se cultiva por contrato, con las directrices de las compañías.
Parte de la razón de esta integración vertical es que los minoristas globales
exigen la adhesión estricta a ciertos estándares que ellos dictan. Los
abastecedores quieren asegurar que los agricultores producen los alimentos según
especificaciones estrictas. Pero la integración tiene que ver también con el
control. Adquirir más poder extremo en el mercado, y poder forzar a sus
proveedores por contrato a que accedan a condiciones cercanas a la servidumbre.
Además, estos agricultores o granjeros no son empleados de las compañías y
entonces éstas no tienen que cumplir con ninguna ley laboral ni lidiar con
sindicatos.
Los agroempresarios corporativos Una
consecuencia de la integración vertical es que surgieron lo que ahora llaman
agroempresarios corporativos. Éstos son en realidad compañías, algunas veces
propiedad de familias o que pueden ser una mezcla de inversionistas o
accionistas que emprenden operaciones de gran escala, en diferentes partes de un
país o en múltiples países.
En Argentina, donde la emergencia de tales compañías es muy sorprendente, unas
treinta compañías controlan más de 2.4 millones de hectáreas de tierras de
cultivo. En Ucrania, 25 compañías controlan unos 3 millones de hectáreas de
tierras laborables —10 por ciento del total de tierras agrícolas en el país.
La mayoría de estas empresas agrícolas tiene arreglos especiales de
abastecimiento con corporaciones de alimentos —como DaChan, el productor avícola
chino, tiene con McDonald’s. Algunos ya fueron devorados por las empresas de
alimentos que eran sus clientes, como Hortifruti, la productora de frutas y
vegetales más importante de Centroamérica, que ya fue adquirida por Walmart. Más
y más transnacionales están emprendiendo sus propias operaciones de granja, sea
con frutas, cereales, lácteos, carne o caña de azúcar.
Hay otras fuerzas que impulsan el reciente impulso corporativo. La convergencia
de las crisis financiera y alimentaria de 2008 disparó una ola de inversiones en
la producción alimentaria y en tierras agrícolas en el extranjero. Se
interesaron los inversionistas financieros (en busca de ganancias de
largo plazo) y ciertos gobiernos que repensaban su relación con el sistema
alimentario corporativo a nivel global (y que buscaban garantizar la seguridad
alimentaria).
Combustibles del agro La
reciente fabricación de mercados para agrocombustibles introdujo a otras
corporaciones en el mundo del cultivo.
Hay ahora legislaciones que le garantizan un mercado al etanol y el biodiésel en
las economías industriales o en las (así llamadas) emergentes, por lo que los
inversionistas financieros y las corporaciones del sector energético están
soltando dinero para emprender operaciones agrícolas dedicadas a producir
insumos para combustibles agroindustriales.
El efecto global de estos desarrollos es la masiva expansión de los
monocultivos. Tan sólo la soja es responsable de más de una cuarta parte del
incremento del monocultivo en el área agrícola global entre 1990 y 2007. Lo más
sorprendente de estas cifras es que el grueso de la expansión de los
monocultivos es que no implica producir más alimentos para la gente. La mayor
área agrícola monocultivada tiene que ver con soja, con plantaciones de madera,
maíz y caña de azúcar sembrados mayormente con fines industriales: sobre todo
agrocombustibles y piensos para animales.
Mercados
En los ochenta y los noventa, hubo un desmantelamiento generalizado de todas las
compañías y agencias estatales y paraestatales que, por lo menos en teoría,
equilibraban los intereses de los agricultores y la población urbana. Las juntas
internacionales de manejo de mercancías, que tenían intenciones semejantes,
fueron desmanteladas durante estos años. Entretanto, con la creación de la
Organización Mundial de Comercio y luego con los tratados bilaterales de
comercio e inversión, se impuso un amplio paquete de reglas neoliberales a todos
los países del mundo, lo que instauró una etapa de enorme incremento de la
inversión extranjera en las agroempresas y la globalización de los sistemas
alimentarios. El resultado neto de estos procesos fue la concentración de un
enorme poder en manos de las corporaciones transnacionales del agronegocio. La
mesa quedó servida para que los sistemas alimentarios se rehicieran y se
adaptaran a las operaciones globales de las corporaciones.
Impactos Para
los países en el Sur, esta nueva ola de control corporativo significa, entre
otras cosas:
1. Que la producción de mercancías agrícolas de gran comercio se desplazó (y se
sigue desplazando) a ciertos sitios, como Brasil, donde los costos de producción
son bajos, y donde es alto el respaldo estatal en infraestructura,
financiamiento y políticas.
2. Que
los supermercados (Walmart, Carrefour), las compañías de alimentos servidos
(McDonald’s, KFC), y las procesadoras de alimentos (Nestlé, Unilever), todos del
Norte, invadieran agresivamente los sistemas alimentarios nacionales.
3. Que las transnacionales alimentarias y agroempresariales, con sus cadenas
globales de abastecimiento de comida y de alimento para animales, reemplazaron
los mercados y los sistemas de producción alimentaria locales.
En gran medida, los gobiernos han aceptado con gusto estas tendencias, y se
atropellan para proporcionarle incentivos a los inversionistas extranjeros,
aprobando y poniendo en efecto leyes de propiedad intelectual y regulaciones de
seguridad alimentaria que favorecen a las corporaciones y criminalizan a los
campesinos y a sus sistemas alimentarios locales. Los escasos fondos públicos
disponibles los destinan a las infraestructuras que requiere la expansión
corporativa. (...)
El otro vínculo: las finanzas Además,
trátese de JBS en Brasil o Sineway en China, toda la maquinaria de las
corporaciones agropecuarias se ha vuelto inseparable del sector financiero
global. Estos últimos veinte años de globalización han sido, sobre todo, años de
concentración de riqueza y poder en manos de Wall Street y otros centros
financieros.
Hoy los operadores de finanzas mueven a diario billones de dólares por todo el
mundo, en busca del modo más rápido de obtener los máximos dividendos. Más y más
de este dinero fluye hacia la agricultura o, para ser más precisos, a las
agroempresas y a la especulación con mercancías de exportación.
El acceso a grandes capitales impulsa la expansión de las agroempresas, lo que
le brinda a las compañías los recursos financieros para apoderarse de firmas más
pequeñas o para instalar nuevas operaciones, y al mismo tiempo las amarra con
más firmeza que nunca antes a las altas ganancias rápidas, logradas a costa de
los trabajadores, los consumidores y el ambiente. Entretanto, en años recientes
el monto de capital especulativo que mueve mercancías agrícolas se ha disparado
y esto, combinado con el control corporativo a todos los niveles de la cadena
alimentaria, significa que los precios poco tienen que ver con la oferta y la
demanda y que la distribución de la comida ya se desconectó totalmente de la
necesidad.
Hoy, el sistema corporativo alimentario global está organizado en torno a un
solo principio: las ganancias de los dueños de las corporaciones (...)".
Fuente: http://www.grain.org/biodiversidad/?id=501
B. No podemos asumir que el gobierno CFK está contra el sistema de la soja transgénica si tenemos en cuenta a:
El subsecretario de Agricultura, Óscar Solís (13-10-2010) quien "sostuvo que en las próximas horas se podrá saber con certeza cuál es el nivel de disponibilidad que existe de aceite de soja cruda para exportar a China. “La producción local está en condiciones de abastecer este fuerte incremento de la demanda. El año pasado el primer destino para las exportaciones de aceite de soja fue China con 1,5 millón de toneladas y segundo fue, con casi 800.000 toneladas, la India”, detalló el funcionario. “Este año, primero va a estar India con 1,5 millón de toneladas y posiblemente China va a estar por debajo de las 800.000 toneladas”, acotó". Leer
El boom del biodiesel: "Argentina ya es el cuarto productor mundial: en 2010 creció el 51%. La participación provincial está sexta en el país. Además de en Chajarí y Colón, planean construir en Villaguay y Diamante.
La provincia está detrás de Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero, San Luis y Neuquén.
La Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) destacó en un informe difundido días atrás que el país va ganando mayor protagonismo en el mundo como productor de biodiesel. La elaboración de este combustible creció a pasos agigantados en los últimos años y sólo en 2010 aumentó un 51%, 1,9 millones de toneladas, frente a los 1,25 millones de 2009, cuando ya había crecido un 31%.
Con esa situación, el país escaló del séptimo puesto mundial en 2007 al quinto en 2009. Y en 2010 subió otro escalón, al quedar en el cuarto lugar, sólo detrás de Alemania, Francia y Brasil, y desplazó a Estados Unidos al quinto puesto.
El informe revela que el 99% del biodiesel se elabora a partir del aceite de soja. El 80% de la capacidad instalada está en la provincia de Santa Fe, ya que son las grandes aceiteras –con nueve plantas en total– las que aportan el 56% del total. Otro 24% corresponde a empresas independientes, que deben comprar la materia prima a las aceiteras, y un 20% a pequeños productores. El resto de la capacidad se localiza en las provincias de Buenos Aires (8%) y Santiago del Estero (7%).
San Luis con 104 toneladas anuales representa un 4% del total nacional, mientras que Neuquén con sólo 40 toneladas ostenta el 1% de esa producción.
Atrás aparece Entre Ríos, que
no alcanza el 1%, con sus 10.800 toneladas anuales, marca el informe de Cader
(...)".
http://biodiesel.com.ar/5049/entre-rios-quiere-subirse-al-boom-de-produccion-de-biocombustibles 17-01-2011
¿Quiénes se benefician de esta constante expansión de monocultivos que erradica la producción de alimentos para y por los pueblos?
Virginia Toledo López señala*: "(...)Según João Pedro Stédile, en nombre del MST, entre Brasilia y Washington se ha forjado una alianza“diabólica” que unifica “los intereses de tres grandes sectores del capital internacional: las corporaciones petroleras, las transnacionales que controlan el comercio agrícola y las semillas transgénicas y las empresas automovilísticas”. La participación de estos grupos económicos será analizada a continuación.
Los sectores empresariales Algunos autores han destacado el papel que
determinados sectores económicos desempeñan como impulsores de los
agrocombustibles. Sectores que, aprovechando la primacía que el tema ha
adquirido en la agenda mundial, vislumbraron un negocio con prometedoras
ganancias y se convirtieron en amplios promotores de la “energía limpia
y más barata”. Siguiendo el análisis de Bravo, se destaca la participación
de las grandes empresas del agronegocio (encargadas del procesamiento y
comercialización de granos), la industria biotecnológica, la petrolera y la
automotriz. En sus palabras: “el negocio
de biocombustibles únicamente ayudará a posicionar a la
industria biotecnológica, al reciclamiento de las industrias petrolera y
automovilística, y a expandir las ganancias de las industrias que comercializan
biocombustibles”. De
acuerdo a Juan Carlos Morales González, este conglomerado de
sectores (agroindustrial, biotecnológico, energético-petrolero y automotriz)
puede definirse como el “núcleo
impulsor de tipo corporativo” de
los agrocombustibles.
Según el autor, la particularidad de este boom de los agrocombustibles es que no
se genera una gran pugna entre los grupos de capital que los impulsan sino que
los sectores “libran procesos
internos que buscan establecer muy bien los perfiles estratégicos de
su intervención en el negocio”, generando
incluso alianzas entre ellos.
Las empresas agroindustriales multinacionales como Cargill, Monsanto, ADM y Louis Dreyfus, están concentradas en aumentar sus beneficios a medida que la demanda de cultivos aumenta. Así, hacen fuertes inversiones en cada nivel de producción, desde las semillas hasta los agroquímicos y las refinerías. Por ese motivo el procesamiento y comercialización de agrocombustibles estará en manos de las mismas empresas que actualmente controlan el movimiento internacional de granos. Estas empresas del sector agroindustrial mantienen estrechos vínculos con las del sector biotecnológico. Tal como sostiene Atilio Borón, la expectativa generada por los agrocombustibles “despierta el entusiasmo de firmas como Monsanto, Syngenta, Dupont, Dow, Bayer, BASF, empresas éstas que producen cultivos transgénicos y que están efectuando grandes inversiones en el sector de los biocombustibles y forjando alianzas y acuerdos de cooperación con otras transnacionales de la industria alimenticia como Cargill, Archer Daniel Midland, Bunge“. Por su parte, las transnacionales de la biotecnología (como Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont, Cropscience, BASF, y Dow) contribuyen en este negocio a través de la investigación y desarrollo de variedades de semillas genéticamente modificadas, transformando a los agrocombustibles en un medio para soslayar la creciente oposición a los alimentos transgénicos. Bravo comparte esta consideración al afirmar que “la industria biotecnológica ha visto en los biocombustibles una oportunidad para ampliar sus negocios, principalmente porque le permitirán permanecer por largo tiempo en el mercado, a pesar de la oposición de los consumidores en todo el mundo que han rechazado los transgénicos como alimento” Se utilizan para la elaboración de agrocombustibles distintas variedades de OGM (Organismos Genéticamente Modificados). Por ejemplo, gran parte del etanol destilado en Estados Unidos es realizado a partir del maíz Bt cuya patente está en manos de Monsanto, Syngenta, Bayer y DuPont. Esta variedad posee propiedades insecticidas debido a la introducción de una toxina de la bacteria Bacillus thuringiensis. La soja utilizada para la elaboración de biodiesel en Argentina (y fuertemente difundida en el Cono Sur) es la semilla de soja RR, patentada por Monsanto, con resistencia al herbicida Glifosato comercializado por la misma empresa (…)
En lo que respecta a las compañías petroleras, recién en los últimos años se han volcado a la refinación y comercialización de agrocombustibles, comenzando a diversificar los productos que pueden ofrecer al consumidor. En este contexto, las empresas que han sabido diversificar más su negocio, como Total,Chevron y Royal Dutch Shell, son las que más inversiones están haciendo en el campo de las agroenergías. La sustitución de los combustibles fósiles por agrocombustibles les permitirá continuar aprovechando la enorme infraestructura que ya tienen montada para la distribución y la venta, en un negocio promisorio que se pretende más coherente con las actuales exigencias ambientales. Al respecto, Bravo sugiere que “las empresas petroleras, sobre todo europeas, han decidido entrar en el negocio de los productos ‘ambientalmente amigables’, para satisfacer las necesidades de sus consumidores y para adaptarse a las nuevas metas de la Comisión Europea en materia de energías renovables”. (…)
Finalmente, también las empresas automotrices apoyan y están invirtiendo en el desarrollo de los agrocombustibles. Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, explica, siguiendo el análisis de Andrés Barreda, que la industria automovilística, que posee una sobreproducción anual de aproximadamente 20 millones de vehículos, “ve ahora una oportunidad excelente de aumentar sus ventas, sin detener el crecimiento de la industria y con un argumento ‘ambiental’”. Ello se vincula con las nuevas regulaciones que obligan a incorporar una mezcla de agrocombustibles en la gasolina, y con la consecuente transformación progresiva de los proveedores de combustibles. Bravo comparte esta idea, afirmando que estas empresas buscan “adaptarse a las nuevas necesidades de sus consumidores y a las obligaciones internacionales”. Otros autores agregan que para las automotrices resulta más conveniente sustituir los combustibles fósiles por agrocombustibles que verse obligadas a diseñar y fabricar versiones más eficientes en cuanto al consumo de combustible o bien vender menos autos. Brasil, por su trayectoria en utilización de etanol, es el país en el que más se ha incursionado en este camino. Allí, todas las grandes empresas internacionales de automóviles producen vehículos que utilizan agrocombustible: la mitad de los vehículos vendidos en Brasil en el 2004 están diseñados para utilizar alcohol puro o en mezclas. En el resto del mundo las empresas automotrices están desarrollando vehículos aptos para funcionar con altos porcentajes de biodiesel y etanol. Por ejemplo, la mitad de los vehículos hechos por General Motors, Ford Motor y DaimlerChrysler podrán rodar con combustible que contenga el 85% de etanol o biodiesel. Saab presentó en la feria de Frankfurt sus nuevos modelos de la serie 9-5, con un motor de etanol llamado BioPower que funciona con E85 (85% de etanol y 15% de nafta)(…)".
*En
su tesis (para acceder al grado de Licenciada en Relaciones Internacionales) "Agrocombustibles:
¿una alternativa “verde”? Implicancias
del modelo argentino de especialización productiva"
Fuente http://www.biodiesel.com.ar/download/TesisVToledo.pdf
Virginia Toledo López, en "El boom del biodiesel...", destaca:"(...)En nuestro país también se advierte la presencia de este núcleo impulsor de tipo empresarial-corporativo integrado por firmas del agronegocio, refinerías y automotrices. Específicamente en el sector agroalimentario la gran mayoría de las aceiteras se han volcado a la producción de biodiesel y los ingenios a la producción de etanol. Las empresas de biotecnología (coherentemente con lo que ocurre en el sector en el nivel mundial) se encuentran desarrollando investigaciones para incrementar la productividad y el rendimiento de los cultivos agroindustriales (...). Por parte de las empresas petroleras, Repsol YPF tempranamente se mostró interesada en la elaboración de agrocombustibles, impulsando investigaciones en la materia a través del anuncio en 2005 de la creación del "Centro de Investigación en Biocombustibles" en el Polo Petroquímico de Ensenada y planificando la construcción de una planta; proyectándose a partir de entonces como una "empresa energética" más que como una petrolera (además, en el nivel mundial, desde junio de 2006 preside la Plataforma Tecnológica Europea de Biocombustibles). Actualmente, junto con otras comercializadoras de combustible que existen en el mercado argentino (Shell, Petrobras, Esso principalmente), distribuye gasoil con biodiesel. (...)
Asimismo, para que el núcleo impulsor dinamice efectivamente a los agrocombustibles en la sociedad se requiere de la acción de lo que Morales González denomina el "núcleo de presión" que estaría conformado por los medios de comunicación, las instituciones académicas, organismos financieros y otros entes encargados de promover los agrocombustibles. Este núcleo, según el autor, "se encarga no sólo de 'legitimar' los 'avances' científicos y técnicos relacionados con los agrocombustibles (la academia) sino que incluso ayuda a darles un supuesto carácter ético (los medios) o forzar su implementación (FMI, Banco Mundial)". En nuestro país se advierte la presencia de diversas asociaciones que se han constituido de hecho en grupos de presión para lograr mayores beneficios del Estado como, por ejemplo, la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (AcSoja) y entidades técnicas que reúnen a productores como la Asociación Argentina de Productores en Siembre Directa (Aapresid) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea). (...)
La acción del "núcleo
de presión" es particularmente
importante a fin de forjar la aceptación necesaria para volcar el país a la
producción de agrocombustibles. En este sentido, Morales González subraya que "los
Gobiernos del Sur proclives a la vorágine de los agrocombustibles se constituyen
en apéndices del núcleo de presión con la particularidad de que son, al tiempo,
correas de transmisión para que aquella sea viabilizada en los territorios y
pueblos que gobiernan" siendo esto posible gracias a la concordancia con los
intereses de los ámbitos de poder local. Por último, se destaca la existencia de
vínculos directos entre los sectores, habiendo frecuentes ejemplos en los que
una misma persona desempeña funciones en ambos núcleos siendo algunos ejemplos
José Luís Martínez Justo (presidente de Soyenergy S.A., de la Cámara de Empresas
Pyme de Energía y Biocombustibles y vicepresidente de CADER), Federico Pochat
(director de Carbio y gerente general de Patagonia Bioenergía S.A.) y Héctor A.
Huergo( director del Especial Rural de Clarín y presidente de la AABH), entre
otros (...)". Fuente:
revista Realidad Económica N
º 256 de noviembre-diciembre 2010 www.iade.org.ar
C. No podemos centrarnos en el conflicto Mesa de Enlace- Gobierno CFK ni en planes para la agricultura familiar cuando el proceso real y efectivo radica en el gigantesco despliegue de los agronegocios y del acaparamiento, concentración de tierras y de las aguas.
CLOC-Vía Campesina, en el documento final de la reunión de la campaña de semillas (Quito, 22 al 24 de julio de 2010) define:
"Hoy sufrimos un fuerte proceso de concentración de la tierra. El acaparamiento de tierra se volvió un fenómeno común en el continente. Grandes empresas transnacionales, sociedades anónimas, fondos especulativos e inversionistas individuales han venido apropiándose de importantes extensiones de tierras, amenazando la producción alimentaria y la cultura campesina. Esta situación conlleva una descampesinización del campo, lo que ha provocado una fuerte migración de la juventud y los hombres, dejando en las mujeres la mayor responsabilidad de la reproducción y sostenimiento de la producción y los sistemas alimentarios. El campo se ha feminizado.
En términos políticos, económicos y culturales, los gobiernos y Naciones Unidas fueron capturados por las corporaciones transnacionales. La OMC se apoderó de las políticas mundiales y eliminó de su lenguaje la justicia, la solidaridad, la ética del respeto a la vida y a la naturaleza (...)".
Acaparamiento de Tierras en Argentina:
Un “manual de Instrucciones” para entregar el territorio
GRAIN (25 de enero de 2011)
"¿Qué significa que una de las más poderosos conglomerados agroalimentarios chinos esté buscando arrendar miles de hectáreas en la provincia de Río Negro, en Argentina, y tenga mucho interés en producir allí soja, trigo, colza, para enviar de regreso a China? ¿Cuáles serán las repercusiones para las comunidades indígenas y en general para la población campesina que habita la región, que ni siquiera fueron consultadas, en relación con estas inversiones y acuerdos comerciales? ¿Por qué el gobierno de la provincia está tan deseoso de pavimentar con todo tipo de privilegios (en beneficio de los inversionistas chinos) el camino de la negociación, sin considerar siquiera la urgente soberanía alimentaria de la región?
Manual de instrucciones para entregar el territorio: de esta forma designó el Foro Permanente por una Vida Digna de la Provincia de Río Negro al Acuerdo que el gobernador de la Provincia firmó hace pocas semanas durante su viaje a China 1y que entrega miles de hectáreas a la empresa estatal china Beidahuang para la producción de soja, trigo y colza, entre otros cultivos. La tierra se arrendará para que allí la firma instale sistemas de irrigación y en una primera etapa, Beidahuang invertirá 20 millones de dólares para irrigar y producir en 3 mil hectáreas. Pero el proyecto consiste en llegar a una inversión de 1 450 millones en 20 años, en 320 mil hectáreas. Lo que busca Beidahuang es asegurarse alimentos por 20 años.
¿Quién es Beidahuang?
Beidahuang Group es un conglomerado de agronegocios de propiedad estatal, con sede en Harbin, provincia de Heilongjiang. Es uno de los molinos de arroz más grande en China, y uno de los cinco mayores procesadores de soja, a través de su filial Jiusan Oil and Grain Group.
Según el sitio web de la compañía posee casi 5 millones y medio de hectáreas (12% de la superficie total de la provincia de Heilongjiang), 418 mil 094 cabezas de ganado vacuno, 267 mil 266 vacas lecheras, 1 millón 315 mil reproductores porcinos, 2 millones 062 caprinos, y 6 millones 352 mil aves de corral. También es propietaria de 54 aeropuertos y 30 aviones utilizados para la agricultura, 198 centros de procesamiento de granos, 59 establecimientos para el procesamiento de semillas y 24 mil 151 tractores.
Beidahuang es una de las pocas empresas nacionales de procesamiento de soja que ha sobrevivido a la entrada del país en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el 2001 cuando el gobierno abandonó los controles de precios de la soja y las importaciones. China se ha convertido en el mayor importador mundial de soja y la industria nacional de molienda de soja ha pasado a manos de las corporaciones que controlan el comercio mundial de soja, como Wilmar, Cargill, ADM, Bunge y Louis Dreyfus. Las compañías extranjeras tienen ahora una participación en 64 de las 97 principales empresas chinas de molienda de soja, y el control del 80% de la capacidad total de procesamiento de soja del país.
Incluso el poderoso Grupo Beidahuang estaba considerando una alianza con empresas extranjeras. Pero el CEO de la compañía, Tian Renli, dejó en claro que su compañía no renunciará a una participación en el control, ni aceptará“cualquier término injusto impuesto por empresas extranjeras”. En 2009 le dijo al China's Economic Observer que “si las empresas extranjeras no están de acuerdo con esto, preferimos construir una red de ventas y compras propia y completa de la empresa llevando el proceso de internacionalización de forma independiente”.
Parece que la empresa ha optado por esta última alternativa. No sólo existe el Acuerdo para producir soja en Argentina, sino también la firma de acuerdos similares para producir arroz en las Filipinas. En 2008 el Grupo Beidahuang informó que ha firmado acuerdos con el gobierno de Filipinas para desarrollar 200 mil hectáreas de arroz, maíz y otros cultivos en la provincia de Luzón. El estado actual de estos acuerdos es desconocido.
El acaparamiento de tierras explotó como un problema nuevo y global a partir de los años 2007/2008, cuando gobiernos importadores de alimentos y empresas a la caza de beneficios comenzaron a comprar o arrendar grandes superficies de tierra en África, Asia y América Latina con el fin de producir alimentos. El acaparamiento de tierras de cultivo en la actualidad es diferente de las experiencias del pasado: por la magnitud y la velocidad de la toma de tierras; porque no se trata de alimentos suntuarios sino de alimentos básicos; porque el sector privado domina la estampida con un fuerte apoyo de los gobiernos y porque no tiene nada que ver con el “desarrollo”: se trata de expandir y consolidar el control del agronegocio y punto.
El gobierno provincial de Río Negro presenta este Proyecto como un “convenio de producción de alimentos” y como una inversión para el riego en la zona del valle inferior de la Provincia frente a la negativa del gobierno nacional de aportar recursos para crear infraestructura de riego en la región. Pero, en realidad, el Acuerdo es simplemente una entrega de territorio para la producción industrial de soja con un enorme listado de beneficios incondicionales para la empresa estatal china a cambio de nada. Es importante remarcar que el Acuerdo se dio a conocer a fines de 2010 luego de ser firmado. Los términos de la negociación y sus contenidos se mantuvieron en secreto desde hace casi un año, cuando se anunciaron las primeras conversaciones con el gobierno chino.
El Acuerdo se compone de dos Convenios (Acuerdo de la Cooperación para el proyecto de inversión agroalimenticio y un Convenio de Cooperación para la presentación de una propuesta de inversión para la instalación de una nueva terminal portuaria en el área del puerto de San Antonio Oeste), más un anexo complementario para avanzar en el “cronograma de cooperación”.
El denominado “manual de instrucciones” por las organizaciones de la sociedad civil contiene una serie de cláusulas que confirman este modelo de negocios, que garantiza las ganancias y la impunidad a la empresa. Veámoslo en detalle:
· En relación a las “inversiones”: el gobierno de Río Negro ofrece la “mejor política de inversión brindando garantía mediante la creación de leyes”.
· En relación a la instalación de la empresa en Río Negro: el gobierno de la Provincia se compromete a brindar sin cargo alguno espacio para oficinas y vivienda en “el domicilio del Gobierno Provincial” ofreciendo también medios de transporte y equipamiento para la oficina.
· Sobre los estudios de viabilidad: el gobierno de Río Negro se compromete a solventar todos los gastos relacionados a los estudios de la “viabilidad de la inversión”. Estos abarcarán “ambiente de inversión, recursos destacados, política de inversión y beneficios económicos”.
· En relación a las tierras: el gobierno brindará para comenzar “sin cargo alguno” 3 mil hectáreas para la realización de un campo experimental de cultivos de alto rendimiento. A partir de allí se “ofrecen” en lo inmediato 20 mil hectáreas de “tierras disponibles sin explotación con las obras de riego por canales de la región valle del Idevi”. A partir de allí, el festival de la entrega continúa con la puesta a disposición de la información sobre 234 mil hectáreas en distintos valles de la Provincia para la futura explotación (Valle de Colonia Josefa, Negro Muerto, Guardia Mitre, Margen Norte, y La Japonesa, Río Colorado).
· En relación al pago de impuestos: el gobierno de Río Negro realizará todos los trámites necesarios a fin de aplicar las normas que “exceptúen de todos los impuestos provinciales, tazas (sic), como ingresos brutos, sellos, patentes, etc.” a la empresa. Al mismo tiempo, se compromete a realizar gestiones ante el gobierno nacional para que el ingreso de los fondos para la inversión no esté alcanzado por los “encajes bancarios”.
· En cuanto al apoyo técnico: el gobierno de Río Negro pone a disposición de la empresa todos los técnicos de la autoridad de aguas y también todos los anteproyectos elaborados.
· En relación al uso del puerto: hasta tanto se construya el futuro puerto incluido en el Convenio, el gobierno de Río Negro ofrece “sin cargo alguno” parte de la zona portuaria del Puerto de San Antonio Este y destinará 5 hectáreas para el uso de la empresa (aquí la redacción es confusa y uno debe suponer que la obligación de construcción del puerto nuevo es de la empresa).
Es importante tener presente que la firma Beidahuang ni siquiera se encuentra inscrita en la Provincia y que, hasta tanto lo haga, operará como representante una ignota firma “Strong Energy”.
Una vez más, se demuestra lo que se repite en la mayoría de los casos de acaparamiento: los gobiernos son funcionales a los requisitos de otros países o empresas para operar libremente en los territorios a los que llegan. No existe ningún tipo de consulta a la comunidad, ni de evaluaciones de impactos mientras los intereses de los pueblos son vulnerados y pisoteados. Y, por supuesto, cuando dentro de veinte años la empresa se retire (ese es el plazo de la concesión aunque el puerto se entrega por cincuenta años con renovación automática por otros cincuenta) la tierra estará degradada y los territorios serán desiertos que estarán heredando las futuras generaciones como prueba clara del compromiso del gobierno de la Provincia con ellos.
El pueblo de Río Negro está reaccionando y desde diversos sectores (estudiantes, organizaciones ecologistas, sindicatos, iglesia) se exige lo que ya es un clamor en todo el mundo: ¡NO al acaparamiento de tierras! ¡SÍ a la tierra en mano de los campesinos, indígenas, trabajadores y pequeños productores para producir alimentos para la Soberanía Alimentaria!
Especialistas ambientales de la provincia han denunciado al Proyecto como un “ecocidio”, alertando sobre el “alto impacto ambiental y sanitario en una amplia zona de naturales y escasas precipitaciones (200 mm anuales) y con recursos limitados de disponibilidad de agua”, informando además sobre la irregular zonificación provincial de los bosques nativos (Ley nacional de bosques N° 26.331) que permite que el Proyecto se desarrolle en esa región.
La organización ecologista Piuke de Bariloche expresó antes de la firma del Acuerdo que “esta política que decide el perfil productivo en nuestro suelo está supeditada a las necesidades del país que realiza la inversión en infraestructura. No se vislumbra una vía alternativa frente a la extranjerización de las cadenas productivas. Es decir que, si necesita soja, se hará soja. Nuestra soberanía alimentaria no está contemplada en los proyectos de políticas públicas. No sólo el mercado decide qué es lo que produciremos, sino que decide China, actor poderoso y en expansión”.
El Grupo de Reflexión Rural ha denunciado también el Convenio planteando que “la instalación de un territorio para la producción de Soja RR por los chinos sin mayores mediaciones, significa un riesgo incomparablemente mayor que los simples impactos producidos por una agricultura química y a una gran escala. Este proyecto, de concretarse, significaría la conformación de un enclave en el propio territorio patagónico, a niveles similares a los que tanto la propia China como diversos países europeos, llevan adelante actualmente en el continente africano, comprando y apropiándose de inmensos territorios vaciados de sus poblaciones, para usarlos como granjas de producción intensiva de alimentos o forrajes”.
Desde sectores estudiantiles también se produjo una fuerte reacción. La Asociación Biológica del Comahue, integrante de la Federación Argentina de Estudiantes de Biología; al igual que los más de 450 estudiantes de 12 provincias reunidos del 8 al 12 de octubre del 2010 en el IX Encuentro Nacional de Estudiantes de Biología y Ciencias Ambientales en la ciudad de Bariloche, expresaron su rechazo absoluto al Acuerdo sobre la base de la crítica al avance de la soja transgénica sobre el territorio argentino y el grave impacto que están teniendo las fumigaciones masivas con glifosato en los territorios y la salud de las comunidades 7. Del mismo modo se expresaron los estudiantes secundarios de las ciudades de Viedma y Patagones: “los estudiantes secundarios de los diversos ámbitos educativos de la ciudad que lo conforman, nos oponemos al ‘megaproyecto sojero’ que ha de realizarse en los valles medio e inferior del Río Negro y que compromete 320 mil hectáreas de nuestro patrimonio provincial y nacional, entregándolo inescrupulosamente en manos de invasores extranjeros”. 8
Vecinos autoconvocados, miembros e integrantes de organizaciones sociales, profesores, alumnos y exalumnos de la Escuela Secundaria de Formación Agraria (E.S.F.A.), miembros e integrantes del Foro Permanente por una Vida Digna, del Consejo Asesor Indígena (CAI) Viedma, Centro Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA), y varios partidos políticos reunidos en el mes de diciembre del 2010 plantearon: 9
“Rechazamos y reprobamos el ‘Acuerdo Marco’ realizado recientemente entre el actual poder ejecutivo de la Provincia de Río Negro con empresas chinas y/o con el Estado chino, que permitiría la explotación de grandes extensiones del valle inferior y medio de Río Negro para el cultivo de soja transgénica por parte de empresas de dicho país, sin haberse dado a conocer en la lengua nacional, resultando ello también sumamente ofensivo a nivel institucional, hacia el propio estado provincial, y por ende hacia los diversos órganos de poder y de control que lo componen.
El pueblo mapuche también expresó su repudio al Acuerdo planteándose tomar medidas legales: “La idea es empezar a presentar un amparo frente a la Justicia para empezar a parar esto, ya que en ninguno de los casos se ha tomado en cuenta el derecho de los pueblos originarios, menos aún el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Es un derecho que está en el Convenio 169 de la OIT y que Argentina ha reafirmado con una ley (la 24.071). Así que la idea es empezar a hacer valer ese derecho, porque aunque todavía no está debidamente legislado creemos que ya se puede empezar a presentar amparos”. 10
También desde la Pastoral Social provincial de la Iglesia Católica se expresó el desacuerdo “con el alquiler de tierras públicas o privadas ni a grandes Pools de Siembra, sean argentinos o extranjeros, ni a provincias de un país como China”.Plantearon que no se dará "la bienvenida a la soja y otros cultivos industriales, en las condiciones que contiene el acuerdo firmado, que en definitiva es hipotecar el futuro de los rionegrinos”. 11
El Foro Permanente por una Vida Digna ha lanzado una campaña bajo el lema “NI SOJA, NI CHINA. Soberanía territorial y alimentaria para la Argentina” en la que expresa que “nos oponemos al mega proyecto agroexportador instrumentado por el gobierno nacional y provincial que compromete 320 mil hectáreas de suelo y naturaleza rionegrina, a ser entregadas para la potestad de criterio de la República China; que viola nuestras leyes soberanas; que plantea una agricultura sin agricultores; que nos contamina con sus plaguicidas; que perjudica a ésta, y a las nuevas y futuras generaciones”. Las adhesiones a esta Campaña pueden enviarse a: Foro Permanente por una Vida Digna, nisojanichina@gmail.com .
A pesar de todos estos cuestionamientos, el gobernador Saiz firmó el Convenio y avanza en su concreción. Sin embargo, la comunidad organizada ha planteado que aún no está dicha la última palabra". Fuente: http://www.grain.org/articles/?id=78
D. No podemos eludir analizar qué tipo de gobierno-Estado permite, facilita y asegura ese despojo total de derechos humanos.
◊Por un lado, evaluemos lo atinente a:
"Tierras públicas
Por Silvia Lilian Ferro *
La comparación de la institucionalidad inherente a la distribución de la tierra pública en los países del Mercosur arroja interesantes datos para comparar. De los cuatro miembros, sólo la Argentina no posee institucionalidad nacional y autárquica que fije políticas de distribución de tierras en su territorio. En cambio, Brasil posee el Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agrária (Incra); Paraguay, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert); Uruguay, el Instituto Nacional de Colonización (INC). Y uno de los países asociados, Bolivia, tiene el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA). En conjunto, y con la sola excepción de Chile, toda la región limítrofe cuenta con organismos autárquicos y con total competencia en el desarrollo, ejecución y monitoreo de políticas de distribución de tierras fiscales.
La Argentina tuvo un Consejo Agrario Nacional (CAN) creado por ley en la década del ‘30, que intervino específicamente en la distribución de tierras fiscales junto con las provincias y en programas de Colonización con rasgos similares a los que hoy ejecuta el Incra. El CAN fue interrumpido por los frecuentes golpes de Estado y las democracias proscriptivas, y fue finalmente disuelto en 1980 por el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, quien traspasó inmuebles rurales y atribuciones de distribución de las tierras fiscales pertenecientes a la extinta institución a las provincias intervenidas militarmente.
En la derogada Constitución de 1949 estaba consagrada la “Función social de la propiedad, el capital y la actividad económica”, expresión que hoy forma parte de los textos constitucionales de Brasil, Paraguay y Bolivia. En el artículo 38 de esa Constitución se establecía: “La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, está sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva”.
En los períodos de “democracias” proscriptivas se promovieron reformas al texto constitucional donde se anularon, entre otros tantos derechos y garantías, atribuciones y competencias del Estado nacional en materia de recursos naturales. Esta atomización de la potestad de definir políticas de Estado con respecto a la regulación de acceso y uso de tales “recursos” benefició a las elites económicas de las provincias y en un grado importante a las cúpulas militares que intervenían los poderes provinciales. Así, vastas propiedades rurales que fueran originalmente tierras fiscales para ser distribuidas a los sectores más necesitados para acceder a las tierras, como campesinado y pueblos originarios, fueron en realidad prebendas para militares y oligarquías provinciales.
En la Reforma Constitucional de 1994, en plena etapa neoliberal, y a pesar de la incorporación de una serie de nuevos derechos y reconocimientos de carácter social, se legitimó la quita de potestades nacionales sobre el patrimonio natural del país, cuando en el último párrafo del artículo 124 instituye que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Este párrafo implica que el Estado nacional no puede fijar una política común en su territorio ni respecto de los recursos naturales en general, ni fijar políticas ambientales comunes, ni en particular con respecto a la distribución de tierras fiscales, y tras muchas cuestiones que hoy son debatidas legislativamente como protección de recursos hídricos, glaciares y regulación de la minería. Estas importantes cuestiones quedan atrapadas en la lógica neoliberal de ser considerados meros “recursos” subalternizados a los sectores concentrados de la economía y de la producción agraria.
Del mismo modo, la resolución de los conflictos sobrevinientes entre hábitat humano, explotaciones económicas y ambiente están supeditados a 23 instancias provinciales y a las relaciones de fuerza predominantes en cada una. La dispersión normativa obstaculiza enormemente la implementación de políticas de equidad que logren un impacto significativo en la democratización del acceso a las tierras".
* Historiadora, especialista en desarrollo rural.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-4939-2011-01-30.html
De modo que la entrega del país (o de su gente, su economía y su territorio) se da en forma 'democrática' por un Estado y un sistema político que usurpan la capacidad de autodeterminación popular y los bienes comunes.
◊Por otro lado, cuestionemos el concepto de tierras públicas o fiscales para territorios de pueblos originarios y preguntémonos sobre:
El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía.
“Este Gobierno no reprime la protesta social”. Lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo repitió (y repite) la Presidenta, ministros, legisladores. Siempre fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron hasta Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno.
Gildo Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el poder provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán apoyó a Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron siete años de apoyos mutuos.
Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde hace décadas las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen, que muy poca difusión tiene en los medios de tirada nacional. “Exigimos respeto” es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. Durante dos años Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.
La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente de Desarrollo Social) recibieron la investigación de Amnistía. Nada hicieron.
En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Muchos menos el gobierno nacional.
Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar: “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.
Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.
Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la represión formoseña nadie del oficialismo necesitó esbozar una diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el kirchnerismo es Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y que el costo político y social del asesinato indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena pareciera no tener costos políticos.
Sin embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias, y el kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo.
Sólo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a cuesta.
En Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional.
Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia lógica, y la represión es la respuesta estatal y privada a esa resistencia.
Salta, Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al igual que San Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre asambleas socioambientales que rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la Presidenta.
La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el Gobierno tomó en favor del pueblo.
El asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser (al menos para quiénes dicen estar del lado del pueblo) el momento justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona esos asesinatos.
Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos originarios “algo habrán hecho” ".
27 de noviembre de 2010. Fuente: http://darioaranda.wordpress.com/2010/11/28/%C2%BFderechos-humanos/
En consecuencia, la «reforma agraria integral» es programa emancipador de estar subsumidos en los subsistemas (agroindustriales, mineros, petroleros, automotrices...) del capitalismo globalizado y neoliberal. Se fundamenta en Vía Campesina que sostiene:
"La «Reforma Agraria» debe estar unida a una política de «soberanía alimentaría», esta última entendida como el derecho de todos los pueblos a planificar su agricultura para atender prioritariamente a toda su población, con alimentos en abundancia, baratos, de buena calidad y durante todo el año. Es necesario adecuarse a los modelos tecnológicos que sean adecuados para el aumento de la producción sin perjudicar la salud de los/as campesinos y de la población en general, así como para la preservación de los recursos naturales.
El ideal de la «Reforma Agraria» no puede ser visto como una necesidad exclusiva de los/as campesinos/as, sino como una solución social para los problemas de toda la sociedad. En esa perspectiva, solamente será viable si estuviere inserta como una reivindicación, una plataforma de lucha de amplios sectores populares de cada país. Los/as campesinos/as en solitario no podrán conquistar la Reforma Agraria y los cambios en el campo. La fuerza concreta de los/as campesinos/as y del pueblo en general, reside en su capacidad de organización desde las bases, desde las comunidades, y en su permanente disposición de luchar por sus ansias y derechos. Deben crearse nuevas formas autónomas de organización económica productiva, financiera y de gestión del desarrollo rural, de acuerdo con las tradiciones organizativas de cada pueblo. La Vía Campesina, a través de los diferentes movimientos organizados y a través de la facilitación de los procesos de la Campaña Global, se opone a las propuestas del Banco Mundial, que fomentan la venta de tierras por parte de los/as latifundistas a los/as trabajadores/as con poca tierra o sin ella; ésta es una política negativa y lejos de aliviar la pobreza rural, excluye a los/as campesinos/as, estimula la corrupción y el clientelismo, los/as empresarios/as venden sus peores tierras a precios inalcanzables por los/as campesinos; el mercado en sí es una trampa cuyo propósito es poner el control del proceso en las élites rurales. La Vía Campesina promueve una «Reforma Agraria» y una «Soberanía Alimentaria» que luchan contra los efectos de la Revolución Verde, promoviendo la agroecología, la armonía entre la producción, la naturaleza y el medio ambiente". Leer
Pero en la afirmación del ejercicio integral y sin jerarquías internas de todos los derechos humanos por los pueblos y por todos los de abajo sin discriminación de tipo alguno, la«reforma agraria integral» debe estar unidad a la construcción del «buen vivir». En “América Latina: los retos del «Buen vivir»”,Gerardo Pisarello (Mientras tanto.e) aclara:"El buen vivir, recogido en 99 artículos de la constitución ecuatoriana de 2008 aparece:
Por un lado, vinculado al ejercicio integral y sin jerarquías internas de todos los derechos humanos, en un marco de respeto a la diversidad cultural y nacional y de armonía con la naturaleza.
Por otro lado, el buen vivir constituye un régimen económico, político, sociocultural y ambiental que plantea formas alternativas de desarrollo e incluso alternativas al desarrollo y al crecimiento tradicionales.
Los derechos del buen vivir y su vinculación a una forma de organización social concreta responden a prácticas materialmente constitucionales ancestrales, vinculadas a la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas. En dicha cosmovisión, el desarrollo no aparece como la consecuencia de un proceso lineal, evolutivo, que deba ser alcanzado forzando la destrucción de las relaciones sociales y de la naturaleza. Al contrario, tiene que ver con la promoción de formas de producción y de consumo comunitarias que aseguren una relación respetuosa con la naturaleza, que preserven la biodiversidad y que garanticen a todos derechos básicos como el derecho al agua o a la soberanía alimentaria.
Así concebido, el buen vivir no sólo supone una relectura de los derechos humanos tradicionales. También implica una reconsideración de los fundamentos exclusivamente antropocéntricos sobre los que ha reposado la teoría moderna de los derechos en beneficio de una visión más biocéntrica y si se quiere holística. Esto explica que la constitución ecuatoriana sea la primera en reconocer la naturaleza como sujeto de derechos y en hacer del respeto a los derechos de la naturaleza una condición previa para la garantía del derecho a la existencia de las personas y los pueblos.
En realidad, aunque la noción del buen vivir recogida en la constitución de Montecristi está estrechamente ligada a los saberes y prácticas indígenas, también puede encontrar sustento, como ha recordado el ex presidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta, en otras tradiciones filosóficas y políticas: aristotélicas, marxistas, libertarias, feministas, ecologistas, gandhianas. Todas estas tradiciones parten de la constatación de que el actual modelo de crecimiento capitalista resulta insostenible e injusto en términos sociales y ambientales, además de inviable desde un punto de vista energético. Igualmente, señalan la inviabilidad de todo intento de superar esta incompatibilidad apelando a formas de “desarrollo sustentable” o de “capitalismo verde” que no alteren sustancialmente los procesos de revalorización del capital.
Estos presupuestos culturales, políticos y productivos, naturalmente, convierten el buen vivir en una noción exigente, en franca tensión con algunas lecturas desarrollistas y productivistas (...)". Leer