Qué Estado

Julio 2018

Con participación en la Minustah como fuerza de ocupación militar de Haití.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Subrayemos el cinismo de Cristina Fernández que prueba la foto de su visita a las tropas argentinas en marzo de 2008 y la complicidad del kirchnerismo e izquierdas afines. Recordemos que en febrero de 2004 el gobierno de George W. Bush dio un golpe de Estado en ese país caribeño para derrocar al presidente Jean-Bertrand Aristide, lo secuestró y deportó en dirección a Africa. "El 29 de febrero de ese año, 2004, la ONU votó la resolución 1529 disponiendo la creación de la Minustah, la Misión Internacional de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. Cada año debía ser prorrogada y la ocupación finalizaría en 2007. Algo grave debe haber pasado porque los gobiernos representados en la entidad con sede en Nueva York fueron estirando una y otra vez ese mandato, que en el presente mes cumplió una década, sin que se avizore una fecha cierta de finalización de esa ocupación militar". Reflexionemos sobre:

La Minustah y tropas argentinas, una década ocupando Haití

5 de junio de 2014

Por Emilio Marin

La  Arena

El 1 de junio se cumplieron diez años de ocupación de Haití. Tropas de 40 países integran la Misión Internacional de la ONU. Lamentablemente hay unos 600 militares argentinos que están allí desde el año 2004.

Conviene hacer memoria porque han pasado diez años y algunos nombres se borran en esta lamentable página de historia latinoamericana y caribeña. En febrero de 2004 el gobierno de George W. Bush dio un golpe de Estado en ese país caribeño para derrocar al presidente Jean-Bertrand Aristide, de Lavalas, al que secuestró y deportó en dirección a Africa.
La mitad occidental de la isla adonde llegó uno de los viajes de Cristóbal Colón -la otra mitad es República Dominicana- era un volcán de pobreza, dependencia y violencia. La intervención norteamericana contra Aristide preanunciaba una situación ingobernable.
¿Qué hizo entonces el texano bruto? Envió de inmediato sus marines y los de sus socios más cercanos en esta plaza, como Canadá y Francia, pero buscó que la ONU le sacara la "papa caliente" de la boca. Es que con los dos frentes militares abiertos en Afganistán e Irak, el segundo inaugurado en marzo de 2003, no quería tener un tercero tan cerca de casa. En rigor, en lo que considera su patio trasero.
Por eso el 29 de febrero de ese año, 2004, la ONU votó la resolución 1529 disponiendo la creación de la Minustah, la Misión Internacional de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. Cada año debía ser prorrogada y la ocupación finalizaría en 2007. Algo grave debe haber pasado porque los gobiernos representados en la entidad con sede en Nueva York fueron estirando una y otra vez ese mandato, que en el presente mes cumplió una década, sin que se avizore una fecha cierta de finalización de esa ocupación militar.
 

El mundo está acostumbrado a esas intervenciones militares por parte de EEUU y otras potencias. Es la ley del más fuerte, con pocas o ningunas excepciones, como lo han sufrido en carne propia en nuestro continente los mexicanos, portorriqueños, cubanos, nicaragüenses, salvadoreños, dominicanos, panameños y haitianos, en diferentes momentos de los últimos tres siglos. También los coreanos, vietnamitas, serbios, kosovares, somalíes, libios, etc., además de los citados de Irak y Afganistán.

Lo verdaderamente sorprendente y lamentable es que países del llamado Tercer Mundo y socios de Mercosur, como Brasil, Argentina y Uruguay, que en esta década han tenido gobiernos democráticos y con aspectos bien progresistas, se sumaran a esa creación militar del Pentágono. Hay que decirlo sin tapujos: Bush logró que Lula da Silva y Néstor Kirchner aceptaran el plan estadounidense de relevo militar en Haití, nutriendo con centenares de soldados propios al contingente de la Minustah. Más aún, a Brasil le dieron el "privilegio" de la comandancia militar y a Argentina el mismo puesto a nivel de gendarmes y policías.

 

Maldita Minustah.
Los números de la Minustah son tremendos, deficitarios y sobre todo antipopulares por donde se los mire. Con leves variantes a la baja, se ha mantenido como una fuerza importante, integrada por 6.662 soldados y 1.742 policías y gendarmes, junto con una línea de funcionarios políticos y empleados que insumen a la ONU un gasto anual de 800 millones de dólares. Es mucho dinero para un país que necesitaba 125 millones de dólares para luchar contra la epidemia de cólera que provocaron en 2010 los "cascos azules" venidos de Nepal. Haití no había tenido esa enfermedad en los últimos 150 años. Por supuesto ni la ONU ni nadie puso ese dinero para luchar contra la epidemia, que ya ha provocado 8.500 muertos y 700.000 infectados, según datos recientes proporcionados por la ministra de Salud, Florence Duperval.


Por otra parte Haití ha tenido tantas calamidades y tanta mala suerte que en vez del dicho criollo de que está "meado por los perros" se puede decir que lo está "por los elefantes". Y en esos momentos tan críticos, los huracanes e inundaciones por "Jeanne" en 2004, y muy especialmente por el terremoto de enero de 2010, se mostró que se necesitaba otro tipo de ayuda internacional. Hubo 300.000 muertos y 1,3 millón de personas sin casa, buena parte de los cuales aún viven en carpas y campamentos.
Se precisaban médicos, maestros, ingenieros, medicinas, créditos para construir viviendas, escuelas y hospitales; maquinaria, inversión, formación de mano de obra, creación de puestos de trabajo, etc.
En vez de todo eso, tenía la Minustah, con soldados que salvo excepciones no fueron de ayuda en esa emergencia. EEUU, por ejemplo, llevó 22.000 marines para proteger y ocuparse de su embajada, inversionistas y soldados. Sus hospitales de campaña fueron montados para ese público exclusivamente. Un mejor rol tuvo el Hospital Reubicable de la Fuerza Aérea Argentina, que sí atendió a parte de los afectados, con sus límites. El diario Clarín glorificó y amplificó esa tarea,
ocultando el rol extraordinario de los médicos cubanos, que estaban en el terreno antes del terremoto, atendieron como nunca durante el mismo y siguieron allí cuando todos se habían ido, después del sismo.

La Minustah no sólo provocó el brote de cólera que se convirtió en pandemia. Peor que eso, fue una fuerza que sistemáticamente reprimió a la población local, bajo el subterfugio de luchar "contra los bandidos", que por supuesto existen en Puerto Príncipe pero no más que en San Pablo y Buenos Aires.

"Masacres del Mercosur".
En julio de 2005, diciembre de 2006 y enero de 2007 se produjeron ataques de los "cascos azules" conducidos por militares brasileños contra la población pobre de barrios de Cité Soleil, en la capital haitiana, con unos setenta muertos cada vez.

En particular la segunda fue bautizada como "masacre del Mercosur", por la nacionalidad de las tropas intervinientes, responsables de tantas muertes. Antes y después de esos acontecimientos hubo muchas muertes en otras represiones, que en conjunto suman más vidas perdidas.
Y también hubo otra clase de delitos, sexuales, como violaciones y abusos contra centenares de mujeres, niñas y jóvenes de ambos sexos, por parte de los militares extranjeros. Un caso que tuvo difusión internacional fue el de Johnny Jean Biulisseteth, un joven de 19 años violado por cinco marinos uruguayos en la base de la Armada de Port Salut, hecho que los violadores filmaron con un celular. Como los delitos cometidos por los ocupantes no pueden ser juzgados por los tribunales haitianos sino por los de su lugar de origen, el joven debió comparecer en Montevideo en 2012 a un juicio con final cantado: los militares fueron absueltos. Eso se llama impunidad, en castellano y creole.
Puede ser por eso que en Uruguay la Minustah tiene una fama pésima. En octubre del año pasado el presidente Pepe Mujica, tras recibir a un senador haitiano (al que acompañó Henry Boisrolin, del Comité Democrático Haitiano en Argentina) y escuchar todas las denuncias, prometió que en 90 días iba a sacar a sus tropas. No cumplió, pero al menos las disminuyó un 30 por ciento, algo que no hicieron Dilma Rousseff ni Cristina Fernández de Kirchner.

Democracia hiper limitada.
Los apologistas de la Minustah podrían argumentar que al menos la misión sirvió para consolidar y mejorar la democracia haitiana, pero también aquí estarían faltando a la verdad.
En los últimos años estuvo de presidente René Preval, ex ministro de Aristide, y a su término hubo elecciones tan viciadas y dudosas que por mediación de la OEA, el Departamento de Estado, la ONU y de hecho su misión militar, se rectificó el veredicto electoral de la primera vuelta. Michel Martelly había salido tercero, pero se lo reubicó como segundo y se le permitió participar del balotaje. Ganó y asumió en mayo de 2011. Se trata de una suerte de Palito Ortega, con fuerte adhesión a la dictadura de los Duvalier terminada en 1986. Jean Claude Duvalier, alias Baby Doc, volvió al país en 2011 y en vez de terminar preso por el vaciamiento y miles de crímenes, es un protegido de Martelly a quien acompaña en actos e inauguraciones.
La promesa de Mujica de retirar sus tropas tuvo que ver con el grave déficit democrático porque allí se han postergado varias veces las elecciones municipales y del Senado. Hay muchas tropas extranjeras y poca democracia.

 

Aprender de Cuba.
Argentina adhirió a la Minustah por ley 25906 aprobada en junio de 2004. El presidente era Kirchner. El canciller Rafael Bielsa, hoy directivo del grupo Eurnekian en Aeropuertos Argentina 2000. En el ministerio de Defensa estaba José Pampuro, devenido en sciolista que pide una ley para el derribo de aviones.
Quien despidió al primer contingente, en julio de 2004 en el Puerto de Buenos Aires, fue el obispo castrense Antonio Baseotto, afín a la ideología represora de la pasada dictadura militar-cívica. Luego ese cargo fue desconocido por el PEN, dando lugar a un conflicto con el Vaticano.
CFK estuvo al menos una vez en Haití, en marzo de 2008, apoyando a sus "cascos azules". Su ministra de Defensa, Nilda Garré, hizo cuatro viajes. Agustín Rossi, el actual, ya estuvo una vez.
Con esas impresiones en el lugar, más toda la información disponible, ¿qué más necesita el gobierno argentino para saber que debe retirar sus 600 militares? Si quiere ayudar, que sería loable, puede tomar el ejemplo de Cuba, que manda médicos y maestros, y de Venezuela, que ayuda con Petrocaribe.

Fuente: http://archivo.laarena.com.ar/opinion-la_minustah_y_tropas_argentinas_una_decada_ocupando_haiti-115805-111.html

 

 

Hermanarnos, abajo y a la izquierda, con el pueblo de Haití implica desentramparnos del racismo e ignorancia sobre él que nos ha inculcado nuestro bloque dominante o sea la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Es corroborar cómo la represión y control sobre los haitianos ha servido para militarizar las favelas de Brasil y perfeccionar lo iniciado por Néstor Kirchner en grandes asentamientos precarios del conurbano que Nilda Garré amplió, fortificó con gendarmería a partir de la creación de CFK del Ministerio Nacional de Seguridad en reacción a las tomas del parque Indoamericano por los sin techo.

 

 

Mesa Especial: Haití - 1915-2015. De la primera ocupación yanqui a la Minustah.

30 de julio de 2015

 

Un 28 de julio de hace 100 años, marines estadounidenses desembarcaron en Haití. Además de objetivos económicos y geopolíticos llegaron para disciplinar al primer pueblo en liberarse en Latinoamérica. La Minustah, nueva forma de ocupación imperialista, tiene ya 11 años de historia. Para abordar estos temas, en el Enredando las mañanas del martes 28 de julio armamos una mesa con Eduardo Grüner (sociólogo, ensayista), Henry Boisrolin (coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina), Beverly Keene (integrante de Jubileo Sur-Diálogo 2000) y Camille Chambers (dirigente de PAPDA, una organización para el desarrollo alternativo de Haití) que se encontraba en Puerto Príncipe. 

 

Por RNMA

 

Durante la emisión de Enredando las mañanas comenzamos dando el marco histórico de aquella primera invasión, las resistencias, la brutal imposición del régimen de ocupación para llegar a un presente que encuentra a Haití con un gobierno títere y la complicidad en la opresión del pueblo haitiano de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos.

El primero en tomar la palabra fue Eduardo Grüner. El sociólogo y ensayista realizó un contexto de la invasión ocurrida el 28 de julio de 1915, que – según explicó – tuvo motivaciones culturales, económicas y geopolíticas: “uno de los pretextos de la invasión fue el asesinato del presidente Guillaume Sam en Haití que se produjo a principios de ese año. Hay que recordar que había estallado la primera guerra mundial en la que Estados Unidos estaba involucrado, y que además en Haití había una importante presencia alemana en el comercio, todo eso se utilizó como pretexto de patas muy cortas porque la guerra terminó en 1917 y los norteamericanos se quedaron en Haití hasta el ’34. La cuestión es que los norteamericanos tomaron absoluta posesión de la república de Haití en todos los ámbitos, con lo único que no se metieron mucho fue con la educación pero controlaron absolutamente la política y la economía, y casualmente en 1917 forzaron una reforma de la Constitución haitiana para introducir una cláusula que estaba absolutamente prohibida que era la posibilidad de que los extranjeros tuvieran propiedades territoriales en Haití. Ya ahí vamos dándonos cuenta de cuáles fueron las verdaderas motivaciones, fue una ocupación tremendamente violenta, tremendamente cruel, que incluyó más de 3.000 asesinados de los movimientos de resistencia haitiano, los llamados Cacos, y se calcula que unos 6.000 muertos en los campos de trabajo forzado que instalaron los norteamericanos.

Una república que en su gran revolución declaró la independencia en 1804, fue el único movimiento de independencia en el continente americano donde las clases explotadas por excelencia que eran los antiguos esclavos de origen africano tomaron el poder y fundaron una nueva nación, pero con la ocupación norteamericana volvieron a un sistema prácticamente de esclavitud igual al que habían tenido cuando eran colonia francesa. (No se animaron a dar el paso de restituir la esclavitud porque) eso quedaba mal pero lo practicaron sin la necesidad de una formulación jurídica explícita”.


Luego fue el turno de Henry Boisrolin, quien agradeció la realización de esta mesa especial: “este programa representa una especie de solidaridad plena con la lucha del pueblo haitiano. Agradezco no solamente en nombre mío, sino también en nombre del pueblo haitiano”.
Respecto a la primera ocupación norteamericana en ese país, el coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina señaló que existen varios elementos a tener en cuenta: “en primer lugar esto se debe al expansionismo del imperialismo norteamericano, en segundo lugar esta ocupación no trajo ningún hecho beneficioso para el pueblo haitiano, en tercer lugar
reforzaron relaciones desiguales en el seno de la sociedad haitiana conformando y consolidando un bloque de poder, un bloque hegemónico, y este bloque tiene raíces desde la época colonial, apoyándose fundamentalmente sobre la burguesía u oligarquía mulata haitiana. Los primeros presidentes de la ocupación son todos los llamados mulatos, en la jerga colonialista mulato significa mula.

Otro elemento es que esta ocupación transformó a nuestro país en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos, y son esas estructuras neocoloniales que a través del tiempo fueron resistidas por los campesinos, las masas desfavorecidas y el campo popular en general, y frente a la explosión demográfica - Haití es un país de 27.000 kilómetros cuadrados en el que viven más de 10 millones de seres humanos - no hay renovación de las estructuras económicas, Haití se ha transformado en una periferia de la periferia de los países periféricos a causa del rol impuesto desde la primera ocupación en la división internacional del trabajo. Son estos elementos los que hay que tener en cuenta a la hora de examinar la primera ocupación militar norteamericana”.
De todos modos, Boisrolin subrayó con especial énfasis la permanente capacidad del pueblo haitiano de desarrollar algún tipo de resistencia frente a esta situación: “esto nos ha costado bastante sangre, sudor y lágrimas porque no se trata solamente de los cacos, sino de otros distintos elementos de la sociedad haitiana, pero también tengo que hacer una autocrítica, que es que por lo menos desde el asesinato del líder de la revolución de 1806 no supimos o no pudimos encontrar desde el campo popular haitiano el camino para retomar esta gran epopeya, esta gran lección a la humanidad, para la dignidad de los seres humanos, que culminó con la proclamación de la independencia de Haití el 1 de enero de 1804. Desde el asesinato de Jean-Jacques Dessalines en 1806 el campo popular haitiano está buscando su rumbo y todavía no pudo encontrarlo. Sin embargo, Haití empieza a salir sobre todo en el cono sur de su aislamiento, y ese es un paso positivo porque entendemos - y el mayor esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros - también que el acompañamiento y la solidaridad de ustedes constituye un elemento fundamental”.

Minustah
A su turno, Beverly Keene, integrante de Jubileo Sur-Diálogo 2000, recordó lo sucedido hace 11 años atrás cuando entró en funcionamiento la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah): “en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un espacio que se resalta por su carácter totalmente antidemocrático, pero que en el momento posterior al golpe de Estado; cuando se saca a (al por entonces presidente haitiano Bertrand) Aristide, que lo sacan de su casa en medio de la noche y lo ponen en un avión de Estados Unidos no con su pijama, como Manuel Zelaya en Honduras, pero sí, lo sacaron de su casa en medio de la noche, lo pusieron en un avión  y lo mandan a África; en ese momento, en la discusión del Consejo de Seguridad sobre los próximos pasos, obviamente ya había una propuesta sobre la mesa de parte de Francia y Estados Unidos, que era construir la Minustah, y comentan que va a ser necesario por lo menos 20 años de presencia de esa fuerza multilateral. Creo que es importante recordar ese momento por esa noción de que efectivamente desde afuera de Haití se tiene que corregir a la población haitiana, que desde afuera se sabe cómo tienen que comportarse los haitianos, las haitianas, las instituciones haitianas, y que la presencia de la Minustah con tropas militares o también sin tropas militares, que es también una vertiente que quizás en los próximos años vamos a estar viendo, es necesaria para corregir, o sea para controlar y someter a Haití nuevamente a lo que son los intereses y las expectativas de Estados Unidos y esa llamada comunidad internacional. Entonces me parece que esa historia de rebelión, de liberación, esa lucha para la emancipación que ya lleva varios siglos tiene una impronta todavía muy fuerte en la presencia de la Minustah, en la presencia lamentablemente de tropas de toda América Latina, además de la dirección permanente de Estados Unidos, de Francia, Canadá, o sea de los poderes imperiales”.

En relación a la situación actual en Haití, Camille Chambers, dirigente de PAPDA, expresó: “la situación política está muy mal producto de cuatro años de un gobierno que desde su aparición se manifestó como un enemigo. Fue un intento de reinstaurar un estado autocrático y esto fue apoyado totalmente por la Minustah. En este momento estamos en un vacío institucional casi completo y se están preparando elecciones en tres turnos que tienen muchas dificultades logísticas y políticas porque sabemos que uno de los elementos del imperialismo fue instalar un control del espacio electoral a través de la Minustah y de la OEA, y no se ha producido realmente una descolonización del espacio electoral y mucha gente tiene dudas sobre la posibilidad de que el pueblo haitiano pueda expresarse realmente en estas elecciones. Acá hay mucha incertidumbre sobre las próximas elecciones y tenemos una situación económica catastrófica con 4 millones de personas con inseguridad alimentaria, con una caída de la tasa de cambio de la moneda nacional respecto al dólar y una inflación muy importante, y una reducción significativa del poder de compra de la población.
Para Chambers, está claro que Haití se encuentra bajo una ocupación militar, que es la Minustah que representa la continuidad de años de ocupación, con el control de todos los espacios estratégicos de decisión: “
es una ocupación que destruye la capacidad de producción del país, de las instituciones democráticas para hacer la sustitución de las instituciones nacionales por las instituciones de Naciones Unidas, de la OEA, en este sentido es un plan que debilita a Haití, debilita a los espacios políticos porque excluye al pueblo de Haití del ejercicio democrático mínimo, y en este sentido es un plan que confirma la famosa clasificación imperial de los estados que están produciendo las condiciones para prolongar este famoso concepto de Estado fallido (de Haití) para justificar la intervención militar y sabemos que esa presencia militar no sólo debilita a Haití, es también una amenaza para todos los pueblos de la región, del continente, en el sentido que eso participa de un proyecto de remilitarización imperial del Caribe, con una red de espionaje muy sofisticada y con la complicidad incluso de muchos gobiernos, y en este sentidos es muy importante que el pueblo latinoamericano entienda cuál ha sido el objetivo básico de esta ocupación militar y de este intento de control desde afuera de lo que pasa en Haití, en el Caribe, y en todo este intento de un nuevo operativo de control militar que se esconde en un pseudo concepto de solidaridad sur – sur que nada tiene que ver con esto y que empeora la situación de Haití, en donde incluso se dio una expresión criminal porque como sabemos la ocupación de la Minustah generó la introducción del cólera que mató a más de 8600 haitianos e infectó a más de 768.000. Y hasta ahora no reconoce su culpa ni trae recursos significativos para la erradicación del cólera. Así que estamos hablando de una situación criminal, destructiva, que debilita las instituciones democráticas del país y realmente nos exige ahora mucha más determinación en la lucha contra la ocupación militar, una lucha que queremos llevar a cabo con la solidaridad concreta de los pueblos latinoamericanos que también están luchando contra el imperialismo”.

El rol de los gobiernos latinoamericanos
“Lo que a mí me resultaría importante aclarar es por qué esos países han decidido acompañar  a ese proyecto netamente imperialista, manejado, armado, elaborado por los Estados Unidos, por qué gobiernos como los de Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, han decidido participar en esto”, señalóHenry Boisrolin en diálogo con Enredando las mañanas. En este sentido, agregó: “(lo hacen) con un discurso realmente que raya una tercerización del imperialismo, es decir reproduciendo los estereotipos racistas, xenófobos con respecto a la incapacidad del pueblo haitiano para poder dirigirse. Escuché a algunos dirigentes, en Uruguay por ejemplo, diciendo que no hay organizaciones populares en Haití, que es un pueblo como huérfano, yo puedo asemejar eso a lo que decía Bush con respecto a Irak, por más que no tuviera armas de destrucción masiva, hay un dictador, hay que liberar al pueblo que no puede hacerlo, lo mismo pasa cuando uno examina lo que pasó en Libia. Entonces escuchar a los dirigentes latinoamericanos que han planteado diferencias con el imperialismo, por ejemplo la actitud del presidente Evo (Morales) en Bolivia de echar al embajador yanqui, y sin embargo aceptar participar en algo que nos trajo cólera, más de 7000 muertos, una ONU que no reconoce esto, donde hay violaciones de niñas por parte de las tropas de las Naciones Unidas, hay represiones a movilizaciones populares, hubo masacres en barrios populares como Cité Soleil por ejemplo, manipulando resultados electorales a favor de un presidente que es lo más humillante que ha conocido Haití; todo esto uno se pregunta por qué, aquí se ha visto que han sacrificado al pueblo haitiano sobre el altar de algunas cosas que no son capaces de decir, de ahí un llamado urgente a las organizaciones populares latinoamericanas para que realmente pidan explicaciones y exijan un cambio rápido, sino se están convirtiendo en lo mismo que pasó en la Guerra de la Triple Alianza, que han destruido al pueblo paraguayo y lo mismo está sucediendo con el pueblo haitiano. Después hay también un desconocimiento total de la historia, si conocen a la historia la ocultan y no tienen en cuenta esto. No hace seis meses sino hace once años (de la presencia de la Minustah en Haití), ese es el tema fundamental, y creo que hay una responsabilidad insoslayable de esos dirigentes en esto y son cómplices del imperialismo norteamericano en la destrucción del pueblo haitiano que no pide otra cosa que el respeto de su soberanía y su derecho a su autodeterminación, en este sentido es importante ver cuando examinamos esto el rol que desempeña Cuba, Venezuela, que son países que realmente ayudan a Haití pero sin un soldado adentro”.
 

Sobre el mismo tema, Beverly Keene reflexionó: “en Argentina tenemos una situación de retirada de las tropas de Haití pero lo hacen cumpliendo no con la voluntad expresada del gobierno argentino sino con la decisión tomada en el Consejo de Seguridad por Estados Unidos y Francia de ir achicando la cantidad de militares en Haití; entonces en esa pregunta de por qué están ahí, por qué Argentina sigue incluso reivindicando la presencia de las tropas y lamenta efectivamente ese retiro, yo creo que es importante que incorporemos a nuestro trabajo de solidaridad el llamado a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, a todos los países sobre todo de América Latina, que asuman su corresponsabilidad por las consecuencias que la Minustah ha traído al pueblo haitiano y esto significa poner fin a la impunidad de esa epidemia de cólera, esta realidad de que Naciones Unidas no se quiere hacer cargo, no reconoce su responsabilidad. Nosotros tenemos una obligación de reclamar a nuestros gobiernos y sobre todo aquí en Argentina un gobierno que se jacta permanentemente a nivel internacional de ser un gobierno que respeta los derechos humanos, que impulsa el respecto a los derechos humanos, en todas las esferas y sin embargo tenemos una realidad en Haití, una situación de violación tremenda y una situación de impunidad total , esa es una responsabilidad muy grande que tenemos que ir asumiendo.

 

Por otra parte, creo que tenemos que avanzar en un debate acerca del rol efectivamente que los militares de nuestros países están cumpliendo en Haití y cuáles son las hipótesis de conflictos y las nuevas doctrinas de guerra que están ensayando en Haití y ahí nos encontramos con una situación que se ha denunciado mucho en Brasil donde las fuerzas de la Minustah también se han jactado mucho de que las tropas brasileñas van a Haití para aprender tácticas y técnicas de control social que después aplican en Brasil, y esto se ha visto y denunciado muchísimo sobre todo por los compañeros y las compañeras en Río de Janeiro respecto a la ocupación de las favelas, todo lo que es la política de control social altamente militarizado en las favelas de las grandes ciudades de Brasil que tienen una estrechísima relación con la experiencia de los militares en Haití. Enviar tropas a otro país para las fuerzas armadas argentinas es también un negocio que mueve mucha plata y esos recursos le vienen bien a la comandancia y a las tropas que cumplen con esa estadía en Haití pero también están aprendiendo las mismas hipótesis de conflicto, de control social urbano, la actuación en situaciones de desastres o catástrofes llamadas naturales, y también hipótesis de conflictos nuevos que avanzan en el continente que supuestamente tienen que ver con la defensa de los recursos naturales, los bienes naturales, pero nos tenemos que preguntar realmente para quién es esa defensa porque si es como en Haití donde bajo la ocupación ha avanzado la ocupación las tierras más fértiles de Haití por parte de las grandes empresas trasnacionales para producir lo más barato de América, para exportar a Estados Unidos, o la megaminería a cielo abierto, la búsqueda de oro, petróleo y otros minerales, el turismo de lujo, todo lo que es la política de agroexportación, es una defensa de los recursos naturales para las grandes empresas”.

 

Solidaridad
Hacia el final de la mesa especial, Eduardo Grüner afirmó que el intento de disciplinamiento del pueblo haitiano lleva ya 210 años de historia: “nunca se le perdonó a Haití que haya producido entre 1791 y 1804, que se declaró la independencia, esa extraordinaria revolución que fue la más radical, la más profunda de las que se han producido en el continente americano. Ese pueblo fue sistemáticamente acosado, destruido intencionalmente y jamás se les perdonó la enorme ruptura que supuso esa gran revolución en su momento. En ese contexto, la invasión de 1915 es altamente simbólica, entre otras razones, porque fue como el puntapié inicial de las políticas intervencionistas directas del imperio a lo ancho y largo de todo el mundo, y para mayor dramatismo o vergüenza, siempre bajo el argumento de llevar la democracia, de enseñarle a los pueblos ‘inferiores’ a vivir de manera más ‘civilizada’, esta enorme fantochada de aplicar la civilización de manera bárbara; y eso continúa de una u otra manera hasta el día de hoy (…) Un Estado puede estar fallido o fallado por muchas razones. En este caso particular (de Haití) sin dudas que las fallas que pueda haber en el Estado Haitiano reconocen causas absolutamente externas, impuestas, brutales, forzadas (…) Es una verdadera vergüenza que los gobiernos democráticos, supuestamente progresista de Latinoamérica estén implicados en algo que carece de toda legitimidad internacional, humana, política, ideológica. Y me parece absolutamente necesario que el mundo entero, en especial Latinoamérica, conozca una situación que ha sido ocultada, disimulada, disfrazada, de todas maneras como lo ha sido desde el principio la gran revolución haitiana. (…) Creo que es una gran responsabilidad la que tenemos el conjunto de los pueblos latinoamericanos en exigir la inmediata finalización de esta barbaridad y la terminación de la complicidad de nuestros gobiernos con el imperialismo”.    
Por su parte, Boisrolin solicitó:
“pido que tengan confianza en la capacidad del pueblo haitiano no solamente para resistir sino también para poder vencer, pero en ese camino hacia la victoria necesitamos si o si la solidaridad plena de todos ustedes”.

AUDIO descargar

 

 

Veamos cómo la disyuntiva actual ante el FMI no es "patria o colonia" y cómo el capitalismo dependiente desde el origen del país se consolidó durante más de una deKada y sigue atenazando cada vez más. También reparemos en las falacias de "Chau FMI" y de "¡ALCA al carajo!

 

 

El ALCA está entre nosotros:

Los tratados bilaterales de libre comercio.
diciembre 2005

 

Escribe: Alejandro Teitelbaum

Ponencia presentada en el III Congreso Internacional - Derechos y Garantías en el Siglo XXI. Asociación de Abogados de Buenos Aires. Buenos Aires, 8, 9 y 10 de septiembre de 2004. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

“Los grandes no son tan grandes, lo que sucede es que nosotros estamos de rodillas”. Pedro Albizú Campos.
 

INDICE

RESUMEN

INTRODUCCIÓN
I. LOS TRATADOS BILATERALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS (TPPI
II. LAS LEYES DE INVERSIONES EXTRANJERAS
III. LOS TRATADOS BILATERALES DE LIBRE COMERCIO
IV. LOS TRATADOS BILATERALES EN MATERIA DE  PROPIEDAD INTELECTUAL
V. LOS TRIBUNALES ARBITRALES INTERNACIONALES
VI. CÓMO SALIR DEL ATOLLADERO Y RECONQUISTAR LA AUTODETERMINACIÓN NACIONAL.
1. Denunciar los Tratados
2. Invocar la preeminencia de una norma jerárquicamente superior
3. Someter los Tratados al control de constitucionalidad 
4. Recuperar la indeclinable competencia territorial de los tribunales nacionales
5. Detectar e invocar la existencia de vicios insanables en la celebración y aprobación  de un Tratado que acarrean su nulidad 
6. Invocar la nulidad de un Tratado celebrado por autoridades de un Estado que,  al hacerlo, han excedido su mandato
7.  Promover iniciativas populares legislativas, referendos revocatorios o aprobatorios contra los tratados ya vigentes o en trámite de negociación, contrarios a la soberanía y a los intereses nacionales 
CONCLUSIÓN

RESUMEN

El planeta está envuelto en una densa trama de convenios y tratados económicos y financieros internacionales, regionales y bilaterales que han subordinado o suplantado los instrumentos básicos del derecho internacional y regional de los derechos humanos (incluido el derecho a un medio ambiente sano), las Constituciones nacionales, la legislación económica orientada al desarrollo nacional y las leyes laborales y sociales tendentes a mitigar las desigualdades y la exclusión.

Esta trama, como consecuencia de la aplicación de las cláusulas de «trato más favorable», de « trato nacional » y de “nación más favorecida”, que figuran en casi todos los tratados, funciona como un sistema de vasos comunicantes, que permite a las políticas neoliberales circular libremente a escala planetaria y penetrar en los Estados, donde desintegran las economías nacionales y generan graves daños sociales. 

Regionalmente existen en el continente americano el Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN, NAFTA en inglés), el CAFTA (Central American Free Trade Agreement) que es el Acuerdo de libre comercio entre los países de América Central y Estados Unidos, al que se ha incorporado la República Dominicana, el TLC Países Andinos – Estados Unidos, que están negociando Colombia, Perú y Ecuador con Estados Unidos y la proyectada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

Los tratados bilaterales comprenden tratados de promoción y protección de las inversiones, de libre comercio, de derechos de propiedad intelectual, de cooperación y de ciencia y tecnología. Y para la solución de controversias entre las partes se prevé la formación, caso por caso,
de “tribunales arbitrales internacionales” al margen del sistema judicial de derecho público estatal e internacional.

Se trata de una “feudalización” del derecho, de un derecho corporativo opuesto al derecho público nacional e internacional, que funciona en el interés exclusivo del gran capital transnacional y de los Estados ricos y en detrimento de los derechos fundamentales de los Estados llamados periféricos y de sus pueblos.

Con el agravante de que este derecho corporativo está acompañado de un fuerte sistema coercitivo para asegurar su aplicación: multas, sanciones y presiones económicas, diplomáticas y militares, etc.
 

Este proceso de neocolonización económica y política no puede desvincularse en el continente americano de la creciente y amenazadora presencia y actividad militar estadounidense: bases cuyo número e importancia no cesan de aumentar, maniobras militares conjuntas, “asesores militares”, Plan Colombia, Plan Puebla – Panamá, golpe de estado franco-estadounidense en Haití con la bendición ex post-facto del Consejo de Seguridad, etc.

Es la consagración de un sistema en el que las agresiones militares y las agresiones económicas son las dos vertientes de una misma política de dominación mundial.

Esto está claramente expresado en la Trade Act promulgada por el Presidente Bush en agosto de 2002, que estableció la Bipartisan Trade Promotion Authority (Autoridad bipartidaria para la promoción del comercio), conocida también como “Vía rápida para celebrar tratados comerciales” (Fast track) que confirió amplias facultades al Presidente, en nombre de la seguridad nacional, de la libertad y de los intereses de los Estados Unidos, para celebrar tratados comerciales que el Congreso puede aprobar o desechar, pero no modificar. En los puntos 1) y 2) (b -Recomendaciones) de la Sección 2l01 del Título XXI la ley dice : ”La expansión del comercio internacional es vital para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El comercio exterior es un elemento crítico para el crecimiento económico, el poderío y el liderazgo de los Estados Unidos en el mundo…La seguridad nacional de los Estados Unidos depende de su seguridad económica que, a su vez, está cimentada en una vibrante y creciente base industrial. Los acuerdos comerciales deben maximizar las oportunidades de los sectores más importantes de la economía. La expansión del comercio ha sido el motor del crecimiento económico. Los acuerdos comerciales maximizan las oportunidades para sectores críticos y componentes esenciales de la economía de los Estados Unidos, tales como la tecnología de la información, las telecomunicaciones y otras tecnologías de vanguardia, industrias básicas, bienes de capital, equipos médicos, servicios, agricultura, tecnología ambiental y propiedad intelectual. El comercio creará nuevas oportunidades para los Estados Unidos y preservará la fuerza incomparable de los Estados Unidos en los asuntos económicos, políticos y militares”.

Frente a la agresión económica los gobiernos de la región capitulan, en algunos casos después de algunas escaramuzas, pues carecen de una auténtica voluntad política de resistir. 

Sólo la organización y la movilización de los pueblos del continente pueden cambiar este estado de cosas.

Sin embargo, es el deber de los juristas comprometidos con los intereses populares explicar la realidad de los hechos y las tendencias dominantes y dar algunas pistas en la esfera de su competencia para salir del atolladero, ayudando así a un proceso de adquisición de conciencia de las grandes mayorías.

En ese plano, existen diversos recursos que se pueden utilizar a fin de cortar los lazos de subordinación al poder económico transnacional en que se hallan muchos Estados, creada por esta red de tratados:

a)  Denunciar los Tratados;

b) Invocar la preeminencia de una norma jerárquicamente superior;

c)  Someter los Tratados al control de constitucionalidad;

d)  Recuperar la indeclinable competencia territorial de los tribunales nacionales;

e) Detectar e invocar la existencia de vicios insanables en la celebración y aprobación de un

Tratado que acarrean su nulidad;

f) Invocar la nulidad de un Tratado celebrado por autoridades de un Estado que, al hacerlo, 

han excedido su mandato.

g) Promover iniciativas populares legislativas, referendos revocatorios o aprobatorios contra los tratados ya vigentes o en trámite de negociación, contrarios a la soberanía y a los intereses nacionales.

INTRODUCCIÓN

El planeta está envuelto en una densa trama de convenios y tratados económicos y financieros internacionales, regionales y bilaterales que han subordinado o suplantado los instrumentos básicos del derecho internacional y regional de los derechos humanos (incluido el derecho a un medio ambiente sano), las Constituciones nacionales, la legislación económica orientada al desarrollo nacional y las leyes laborales y sociales tendentes a mitigar las desigualdades y la exclusión [1].

Esta trama, como consecuencia de la aplicación de las cláusulas de «trato más favorable», de « trato nacional » y de “nación más favorecida”, que figuran en casi todos los tratados, funciona como un sistema de vasos comunicantes,
que permite a las políticas neoliberales circular libremente a escala planetaria y penetrar en los Estados, donde desintegran las economías nacionales y generan graves daños sociales.

Tal situación puede también darse de hecho, por ejemplo, en el caso del acuerdo celebrado en abril 2004 entre el MERCOSUR y la CAN (Comunidad Andina de Naciones). Si – por hipótesis - dicho acuerdo no establece limitaciones para que un país miembro del CAN invierta en el sector servicios de un país miembro del MERCOSUR o exporte a este último determinados bienes, una empresa de servicios o productora de esos determinados bienes de una gran potencia instalada en un país miembro de la CAN podrá invertir en el sector servicios de un país miembro del MERCOSUR o exportar a este último esos determinados bienes o servicios.

El riesgo del sistema que hemos llamado de “vasos comunicantes” entre la CAN y el MERCOSUR será mayor y puede afectar sectores tales como los servicios de salud, el derecho a fabricar medicamentos genéricos [2], etcétera, si se concreta el Tratado bilateral de libre comercio (TLC Países Andinos – Estados Unidos) que están negociando Colombia, Ecuador y Perú con Estados Unidos. Además, por supuesto, de los graves efectos que dicho tratado tendrá directamente sobre los pueblos de esos países andinos. 

Dicho en otros términos, un país periférico, o una subregión, pueden funcionar como “caballo de Troya” del poder transnacional en otro país periférico o subrregión. 

El Canciller de Brasil, Celso Amorim, en una reunión con cancilleres centroamericanos celebrada a fines de abril de 2004, sugirió iniciar tan pronto como fuera posible conversaciones para negociar un Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y Centroamérica. Si esto llegase a ocurrir, los países centroamericanos que han firmado a fin del 2003 el CAFTA (Central American Free Trade Agreement) con Estados Unidos se desempeñarían como «caballo de Troya » en el MERCOSUR.

Para evitar, sólo en pequeña parte, el efecto “caballo de Troya”, los Estados Parte en el MERCOSUR firmaron en Buenos Aires el 5 de agosto de 1994 el Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados No Partes del MERCOSUR. En su artículo 1º el Protocolo dice que los Estados Parte se comprometen a no otorgar a las inversiones realizadas por inversores de Terceros Estados un tratamiento más favorable que el que allí se establece. Pero por falta de ratificaciones este Protocolo no ha entrado en vigor. De modo que el efecto “caballo de Troya” puede seguir funcionando en el MERCOSUR. 

Para decirlo en lenguaje informático, por esta red mundial de tratados bilaterales, regionales e internacionales circula libremente el virus del ultraliberalismo que, cuando penetra en un país, destruye las economías nacionales y las conquistas sociales, así sean mínimas. 

El “antivirus” para evitar la contaminación consiste en establecer normas protectoras del desarrollo armónico de la economía nacional complementadas con una justicia distributiva de los resultados y tener la voluntad política de aplicar ambas. 

Tal cosa existió en cierta medida en algunos países de nuestro continente hace varios decenios, lo que se reflejó en varias leyes nacionales sobre inversiones extranjeras, en la legislación social y en la Decisión Nº 24 del 31 de diciembre de 1970 del Acuerdo de Cartagena [3].

Pero tanto las normas protectoras de la economía nacional como la voluntad política de aplicarlas son ahora inexistentes.

Todo esto comporta, como dice Lander, [4] «el establecimiento de la plena prioridad de los derechos del capital, o derecho mercantil, sobre los derechos democráticos o derechos de la gente, movimiento que se expresa en varias tendencias que se han venido dando en el sistema internacional durante las últimas décadas. Entre éstas, ha sido particularmente significativo el progresivo desplazamiento de las Naciones Unidas y de sus organizaciones asociadas por las instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), como centros del sistema institucional multilateral…

Como resultado de la hegemonía del neoliberalismo que acompaña el nuevo orden unipolar, cada uno de los principales asuntos de la vida colectiva pasa a ser pensado y decidido desde una óptica cada vez más estrechamente mercantil… 

Se consolidan -como régimen jurídico de obligatorio cumplimiento- las políticas de liberalización y privatización que se habían impuesto a prácticamente todos los países del Sur. Esto es, mediante acuerdos internacionales, se busca hacer que estas políticas no puedan ser revertidas.

La principal consecuencia de todo lo anterior es que se avanza en la constitucionalización del ideal del fundamentalismo neoliberal de separar la actividad económica y la operación del mercado de toda exigencia e incidencia desde el ámbito de la democracia. Una vez que se han transformado en normas internacionales de obligatorio cumplimiento, la capacidad de los procesos políticos democráticos para modificarlas queda drásticamente reducida »....

Se trata, entonces, de una “feudalización” del derecho, de un derecho corporativo opuesto al derecho público nacional e internacional, que funciona en el interés exclusivo del gran capital transnacional y de los Estados ricos y en detrimento de los derechos fundamentales de los Estados llamados periféricos y de sus pueblos.

Con el agravante de que este derecho corporativo está acompañado de un fuerte sistema coercitivo para asegurar su aplicación: multas, sanciones económicas, presiones económicas, diplomáticas y militares, etc.

Y para la solución de controversias entre las partes se prevé la formación, caso por caso, de tribunales arbitrales internacionales al margen del sistema judicial de derecho público estatal e internacional. 

En el plano internacional existen los acuerdos celebrados en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre ellos el Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC, TRIPS en inglés), el Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (de bienes) (TRIM) y el Acuerdo General sobre el comercio de servicios (AGCS, GATS en inglés).

Regionalmente cabe destacar el Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN, NAFTA en inglés), el CAFTA (Central American Free Trade Agreement) que es el Acuerdo de libre comercio entre los países de América Central y Estados Unidos [5] el TLC Países Andinos – Estados Unidos, que están negociando a marchas forzadas Colombia, Ecuador y Perú con Estados Unidos y bajo la intensa presión de este último y la proyectada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

No nos referiremos aquí, por ser ajenos al objetivo de este trabajo, al Tratado europeo de Maastrich ni a otras estructuras regionales como la ASEAN (Asociación de Naciones del Este de Asia), el AFTA (ASEAN Free Trade Area) ni a la APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Podemos, sin embargo, señalar que forman parte de la APEC Chile, Perú, México, Canadá y Estados Unidos y que sus objetivos son: a) mantener el crecimiento económico regional y el desarrollo para el bien común de sus pueblos y contribuir al crecimiento y desarrollo de la economía mundial; b) acentuar las ganancias positivas (regionales e internacionales) derivadas de la creciente interdependencia económica a través del flujo de bienes, servicios, capital y tecnología; c) desarrollar y fortalecer el sistema de comercio multilateral en el interés de todas las economías del Asia Pacífico y d) reducir las barreras comerciales en bienes, servicios e inversiones entre los participantes. Como puede apreciarse, la APEC es otra brecha abierta en América Latina a la recolonización de las economías nacionales. 

Los tratados bilaterales comprenden tratados de promoción y protección de inversiones, de libre comercio, de derechos de propiedad intelectual, de cooperación y de ciencia y tecnología.

Miles de estos tratados bilaterales están en vigor en todo el planeta, son poco visibles para la opinión pública, muchos de ellos han sido celebrados a hurtadillas y son aun más perjudiciales para los derechos de los pueblos que los tratados internacionales o regionales en vigor o en proyecto. Más adelante nos referiremos a los tres primeros tipos de tratados.

Estos tratados son el resultado de una táctica de los centros del poder económico-político planetario, particularmente de los Estados Unidos, consistente en negociar uno a uno con gobiernos débiles y/o corruptos propensos a ceder. 

Lo mismo ocurre en el plano regional: Estados Unidos ha logrado hacer aprobar a marchas forzadas el CAFTA en América Central a fin de estar en mejor posición para negociar tratados bilaterales con otros países y el ALCA.

Y en la negociación del ALCA, la propuesta de un ALCA “light” es una aplicación de la misma táctica: dejar para la negociación bilateral las cuestiones más controvertidas.

Este proceso de neocolonización económica y política no puede desvincularse en nuestro continente de la creciente y amenazadora presencia y actividad militar estadounidense: bases cuyo número e importancia no cesan de aumentar, maniobras militares conjuntas, “asesores militares”, Plan Colombia, Plan Puebla – Panamá, golpe de Estado franco-estadounidense en Haití con la bendición ex post-facto del Consejo de Seguridad, etc.

Los gobiernos que firman tales tratados y los parlamentarios que votan su ratificación, entregando así los atributos esenciales de la soberanía nacional a potencias extranjeras y al poder económico transnacional, actúan como verdaderos quislings al servicio de los agresores y explotadores de sus propios pueblos.

En las secciones siguientes nos referiremos a los tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones extranjeras (TPPI), a las leyes de inversiones extranjeras, a los tratados bilaterales de libre comercio, a los tratados bilaterales sobre propiedad intelectual y a los tribunales arbitrales internacionales y finalizaremos sugiriendo algunas pistas jurídicas para salir de la trampa de los tratados bilaterales.

I. LOS TRATADOS BILATERALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS (TPPI).

Dice Mariana Herz: “Las recetas del Consenso de Washington desembocaron, a finales de los ochenta y principios de los noventa, en la transformación política y económica de los Estados de Latinoamérica caracterizada por la liberalización de la economía, la reforma del Estado, la desregulación y las privatizaciones.

“Esa apertura fue acompañada del diseño de instrumentos jurídicos acordes a los objetivos perseguidos y, particularmente en materia de inversiones, se caracterizó por un abandono de la función ordenadora del Estado y sustitución por una política de atracción casi siempre indiscriminada de capitales extranjeros. Siguiendo las recetas institucionales internacionales, el término “inversión extranjera” se transformó en sinónimo de crecimiento económico y desarrollo y para conseguirlo los Estados recurrieron a soluciones unilaterales y bilaterales, ora modificando la legislación nacional, ora suscribiendo Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras (TPPI).

“Estos tratados son suscritos por Estados pero los derechos que acuerdan se confieren a los particulares y, para asegurarse de que esto sea así, en los mismos se incluyen disposiciones relativas al mecanismo de solución de las controversias que puedan surgir con motivo de la inversión, entre el inversor nacional de un Estado Parte y el Estado receptor de la inversión distinto del Estado de nacionalidad del inversor. El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones asumidas en un TPPI hace surgir la responsabilidad internacional del Estado receptor por los daños ocasionados. La novedad radica en que el procedimiento para hacer cesar tal conducta u obtener un resarcimiento se aparta del sistema clásico de Derecho Internacional.

En el sistema clásico el particular no goza del ius standi (acceso directo al tribunal) y por ende es el Estado de su nacionalidad el que hace suyo el reclamo a través de la Protección Diplomática, pero por virtud de las doctrina Calvo esto solo puede suceder una vez que el particular afectado ha agotado los recursos administrativos y judiciales establecidos por en la legislación nacional del Estado que se pretende demandar.

En el sistema de los TPPI esto se modifica ya que se admite el acceso directo de los particulares a la instancia arbitral internacional en las condiciones pactadas en el tratado. Se les reconoce así el ius standi [6].

Como veremos más adelante, se desprende del texto de algunos tratados que no sólo el inversor privado tienen acceso al directo al tribunal arbitral internacional sin agotar los recursos internos en el Estado receptor de la inversión, sino que éste no puede tomar la iniciativa de llevar una controversia con el inversor ante dicho tribunal internacional. Es decir que, en el procedimiento arbitral internacional, el Estado, además de haber cedido su soberanía jurisdiccional, está en inferioridad de condiciones con relación al inversor.

Veamos cuáles son los principales contenidos de los TPPI en vigor[7].

1. Las inversiones extranjeras gozan siempre del trato más favorable, aunque éste no esté previsto en el mismo tratado, pero sí en otros tratados o normas. El incumplimiento del trato más favorable genera la responsabilidad del Estado receptor, exigible por los procedimientos (en general un tribunal arbitral) que el mismo tratado prevé. 

2. Trato nacional: toda ventaja concedida a los inversores nacionales debe ser extendida a los inversores extranjeros. Los inversores nacionales no pueden recibir ayuda alguna del Estado, pues ello implicaría violar la igualdad de trato entre inversores nacionales y extranjeros.

3. Cláusula de “nación más favorecida”: los inversores extranjeros con domicilio en los Estados Parte en el Tratado deben gozar, por lo menos, de las mismas ventajas concedidas a los inversores extranjeros domiciliados en cualquier otro Estado.

4. Los “requisitos de desempeño” no figuran en los TPPI y en algunos casos están expresamente prohibidos, como en el tratado argentino-estadounidense y en el suscrito entre Canadá y Uruguay. También están prohibidos, con algunas excepciones que no cambian lo esencial de la prohibición, en el Tratado de Libre Comercio (TLC) Chile-Estados Unidos (artículo 10.5). Los “requisitos de desempeño” consisten en exigir al inversor, para autorizar la inversión, determinadas conductas destinadas a proteger la economía nacional: utilizar, en lo posible, materia prima nacional, exportar parte de la producción para incrementar el ingreso de divisas, etc. En algunos casos la situación del Estado receptor es peor que en el TRIM, celebrado en el marco de la OMC, que prohibe los requisitos de desempeño sólo en el comercio de bienes. Por ejemplo, el tratado uruguayo-canadiense extiende la prohibición de los requisitos de desempeño a los servicios y a la transferencia de tecnología. De modo que, en ese marco, el Estado receptor no puede exigir al inversor que transmita el know how a los socios locales o a los trabajadores locales. Es decir que, en este caso, no hay incorporación de tecnología al Estado receptor.

5. Los TPPI incluyen cláusulas previendo la indemnización en caso de expropiación u “otras medidas de efecto equivalente”. Esta última frase, ambigua, permite exigir la indemnización en caso de medidas adoptadas por el Estado receptor que “privan al inversor de los beneficios que podría razonablemente esperar”, como dijo el tribunal arbitral en el caso “Metalclad c/México”, en el marco del TLCAN. En 1996 la empresa norteamericana Metalclad demandó al gobierno mexicano por violar el capítulo 11 del TLC, cuando el gobierno de San Luis Potosí impidió abrir a dicha empresa un depósito de desechos tóxicos. Bajo las normas del TLC, la denegación del permiso para abrir un vertedero fue considerada un acto de “expropiación” y el gobierno mexicano tuvo que pagar a Metalclad una indemnización de 16,7 millones de dólares [8]. 

6. Los TPPI prevén la compensación por pérdidas que se produzcan por una variedad de causas, entre ellas la pérdida de ganancias futuras o esperadas, como se viene de señalar en 5.

7. Los TPPI prevén las transferencias al exterior del capital, los beneficios, las remuneraciones, las regalías, los honorarios por consultorías, etc., de manera irrestricta, en divisas libremente convertibles.

Argentina firmó 54 TPPI en el decenio de 1990 y su Parlamento ratificó todos o casi todos; Brasil firmó 14 pero no ratificó ninguno; Chile firmó 45; Colombia firmó con Francia, España, Perú, Chile y Cuba; Costa Rica y México firmaron 11, Perú 22, Uruguay 24 y Venezuela 22 [9]. 

Los TPPI firmados por Argentina cumplen escrupulosamente con las exigencias del poder económico transnacional. El acuerdo celebrado con Estados Unidos el 14 de noviembre de 1991, en vigor desde el 20 de octubre de 1994, es un modelo en ese sentido. Puede encontrarse el texto resumido de este tratado en 
http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngin/publications/spanish99/binv_aus.asp y el texto completo en la ley argentina 24124 sancionada el 26 de agosto de 1992, que ratificó el tratado. 

Cuba, por su parte, entre 1993 y 2002, ha firmado 62 de esos tratados, la mayoría con países poco desarrollados, pero también con Italia, España, Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Austria, China y Rusia [10].

II. LAS LEYES DE INVERSIONES EXTRANJERAS.

Las leyes sobre inversiones extranjeras actualmente vigentes en el continente abren las puertas casi sin limitación alguna a los inversores extranjeros, a quienes ofrecen el “trato nacional” y sólo dejan a salvo algunos pocos sectores de la economía, que varían de uno a otro país. En general, no ponen obstáculos ni limitaciones a la remisión de beneficios al exterior. No tratan de asegurar un aporte de tecnología a la economía nacional, ni figuran los llamados “requisitos de desempeño”, como lo hacían algunas leyes del decenio de 1970.

Se puede consultar un estudio comparativo de las leyes de inversiones extranjeras vigentes en varios países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Venezuela y Uruguay) [11].

De manera general, puede afirmarse que en los decenios del 80 y el 90 se produjo un enorme retroceso en las legislaciones nacionales de casi todos los países del Continente, en lo que se refiere al control y la gestión de las inversiones extranjeras en función del interés nacional.
Y que lo mismo ocurrió en el plano subregional si se comparan las decisiones Nº 24 del 31 de diciembre de 1970 y Nº 291 del 21 de marzo de 1991 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Sobre el régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías”. 

III. LOS TRATADOS BILATERALES DE LIBRE COMERCIO.


Mientras se discute el ALCA, como continuación del proceso iniciado por los TPPI y por las reformas “neoliberales” de las leyes sobre inversiones extranjeras, varios países, entre ellos Colombia, Ecuador y Perú, están negociando tratados bilaterales de libre comercio con Estados Unidos. “Están negociando” es una manera de decir. En realidad se trata de que firmen un contrato de adhesión al tratado tipo que ya tiene preparado y les presenta Estados Unidos, y la negociación consiste en tratar de introducir algunos retoques formales al tratado tipo estadounidense [12].

Chile es el primer país del continente cuyo Gobierno firmó y su Parlamento aprobó en octubre de 2003, un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos, el que entró en vigor en enero de 2004. También ya ratificaron el TCL Centroamericano con Estados Unidos (CAFTA) El Salvador , Honduras y, en marzo de 2005, Guatemala.

Vale la pena analizar un poco en detalle el TLC Chile-Estados Unidos, para tener una idea de lo que significan estos Tratados.

Resumimos a continuación el análisis que ha hecho el economista chileno Julián Alcayaga, Presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre de Chile, en un documento que presentó al Tribunal Constitucional chileno alegando la inconstitucionalidad del tratado.

Se puede considerar que el núcleo del Tratado es el capítulo 10, que comporta 3 secciones. La Sección A comprende los artículos 10.1 a 10.13 que se refieren a la inversión, la Sección B, (artículos 10.14 a 10.26), se refiere a la solución de controversias inversionista-Estado, y la Sección C, cuyo único artículo 10.27 contiene las Definiciones de algunos de los términos de este capítulo, el que termina con los anexos que van del 10-A a 10-H.

Respecto de Chile, el artículo 10.1 (a) se aplica a los inversionistas de EEUU, el artículo 10.1 (b) a las inversiones cubiertas, es decir las inversiones de EEUU que ya existen en Chile, y el artículo 10.1 (c), se aplica a las inversiones en Chile provenientes de cualquier país del mundo pero sólo con relación a lo que estipulan los artículos 10.5 y 10.12. Este artículo 10.1 (c), es una violación de la soberanía chilena, pues se le impone a Chile obligaciones con inversores de otros Estados que no son partes en el Tratado y con los cuales Chile nada ha negociado.

En virtud del artículo 10.5.3, Chile puede imponer medidas administrativas, ambientales, sanitarias, de ubicación de producción, a una inversión de cualquier país del mundo, pero siempre y cuando esas restricciones no se apliquen de manera arbitraria o injustificada, o no constituyan una restricción encubierta al comercio o inversión internacionales. Esto significa que un inversionista de cualquier país, podría comprar un terreno u obtener en concesión una mina abandonada en el desierto chileno, para depositar en ellas residuos nucleares y Chile no podría impedirlo, porque podría ser demandado por restricción encubierta al comercio o inversión internacional. 

Ninguna autoridad chilena tendrá poder de decisión en caso de conflicto con un inversionista extranjero, sobre alguna disposición de este capítulo. Sólo tribunales arbitrales internacionales tendrán competencia para resolver estas controversias.

El artículo 10.12, que también concierne a los inversionistas de todo el mundo, establece que una Parte, es decir Chile o EEUU, podrá mantener o hacer cumplir cualquiera medida que sea compatible con este capítulo, para garantizar que las actividades de inversión en su territorio se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental. Se habla de tomar en cuenta inquietudes, pero no se dice que Chile pueda denegar una inversión que afecte la preservación del medio ambiente. Al no poder el Estado chileno impedir una inversión que no respete el medio ambiente, se está violando el inciso 8 del artículo 19 de la Constitución chilena que establece: "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que ese derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza". Lo curioso es que el Gobierno chileno ha renunciado a su obligación constitucional de preservar el medio ambiente no sólo frente a los inversores del Estado cocontratante, los Estados Unidos, sino a los inversores de Estados indeterminados, que no son parte en el Tratado [13].

Los demás artículos de este capítulo, conciernen solamente a los inversionistas de EEUU. El artículo 10.9 llamado Expropiación e indemnización, establece que Chile no "Expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, sea directa o indirectamente, mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización", salvo que sea por utilidad pública, de una manera no discriminatoria, y mediante el pago de una indemnización al valor de mercado. Inversión cubierta se refiere a las inversiones de EEUU ya existentes en Chile, que no podrán ser alcanzadas por medidas de Chile que puedan ser consideradas equivalentes a la expropiación. Por su parte el art. 23.3.6, del capítulo 23 (Excepciones), establece que: "Los artículos 10.9 (Expropiación e indemnización) y 10.15 (Sometimiento de una reclamación a arbitraje), se aplicarán a una medida tributaria que se alega como expropiatoria o como una violación de un acuerdo de inversión o una autorización de inversión". 

Esto quiere decir que Chile estaría imposibilitado de efectuar modificaciones tributarias que afecten a inversionistas de EEUU, so pena de ser demandado ante un tribunal arbitral internacional, por establecer medidas que pueden ser consideradas expropiatorias. 

Estas disposiciones, que restringen las facultades de las autoridades chilenas en materia tributaria, son manifiestamente violatorias de la soberanía chilena e inconstitucionales. 

Según el art. 10.9, el aumento de las regalías también puede ser considerado como una medida equivalente a la expropiación.

Además, el art. 10.9 sobre Expropiación e indemnización, al establecer que la indemnización debe basarse en el valor de mercado y no debe excluir los derechos sobre yacimientos mineros, viola la disposición decimoséptima transitoria de la Constitución de 1925, que en el inciso quinto de la letra a) establece: "En conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del Nº 10 del artículo 10 no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre yacimientos mineros", disposición que está vigente por mandato de la disposición tercera transitoria de la Constitución de 1980 que establece: "La gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17º transitoria de la Constitución Política de 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgación de esta Constitución". La no indemnización por la nacionalización o expropiación de concesiones mineras es absolutamente lógica y concordante con el inciso sexto del Nº 24 del art. 19 de la Constitución que establece: "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas". Es doblemente inconstitucional entonces, que el Estado tenga que indemnizar por recuperar mediante expropiación, lo que le pertenece y que sólo había entregado en concesión.

Con relación a la solución de controversias, en la sección B del capítulo 10, en el artículo 10.15 establece que el demandante podrá someter a arbitraje una reclamación, si el demandado ha violado una autorización o un acuerdo de inversión. Se desprende de este artículo que el Estado chileno solo puede ser demandado, pero nunca podrá ser demandante, aunque considere que un inversionista no respeta las disposiciones de este tratado. Más explícito respecto de esta unilateralidad ante la ley, es el artículo 10.27 llamado Definiciones, que define precisamente que demandado es la Parte que es parte en una controversia, y Parte sólo se les llama a los Estados firmantes de un tratado. 

Por toda controversia que se produzca con relación a este Tratado, los tribunales chilenos no tendrán competencia: sólo la tendrán tribunales arbitrales internacionales, compuestos de 3 árbitros, uno de Chile, otro de la otra Parte, y otro de una nacionalidad distinta. El derecho que se aplica en estos juicios es el derecho internacional consuetudinario y no las leyes chilenas, lo que deroga en forma tácita el artículo 16 del Código Civil chileno que establece: "Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile". En este caso los bienes situados en Chile que corresponden a inversiones de EEUU, y las inversiones de cualquier país del mundo de acuerdo con los artículos 10.5 y 10.12, no se regirán por leyes chilenas, pese a lo que dice el artículo 16 del Código Civil. 

El Tribunal Constitucional chileno ya ha fallado sobre la delegación de facultades jurisdiccionales a tribunales internacionales. El último dictamen sobre esta materia fue el Rol Nº 312 del 3 de octubre 2000, que con relación a las facultades jurisdiccionales que los requirentes atribuían a la Comisión Administradora del Tratado Minero con Argentina, el Tribunal Constitucional dictaminó: "La Presidente subrogante Ministro señora Luz Bulnes Aldunate, concurre al fallo en el entendido que los artículos 5, 18, 19 y 20 del Tratado no crean un tribunal con facultades jurisdiccionales. Queda en claro que la Comisión Administradora es sólo un mediador y las 'otras funciones' que se le pueden otorgar por el artículo 18 tendrán ese mismo carácter. Si así no fuera, se trataría de un tribunal internacional al que se le habría delegado soberanía y sus resoluciones obligarían al Estado de Chile. Para ello sería menester que se reformaran los artículos 5, 73 y 79 de la Constitución Política. Teniendo presente estas consideraciones, la señora Ministro concurre a la sentencia de autos". 

Además, el Tribunal Constitucional, dijo que "si un tratado contiene normas propias de la ley orgánica constitucional, debe someterse a control preventivo y obligatorio de constitucionalidad por este Tribunal, al igual que los proyectos de ley orgánica constitucional". 

Como se ve, el Tratado bilateral de comercio celebrado por Chile con Estados Unidos plantea numerosos problemas constitucionales. Y la Constitución de Chile en el artículo 82, inciso 2º establece que corresponde al Tribunal Constitucional resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso. Es decir, establece una especie de control preventivo de los Tratados, antes de que sea ratificado por el Congreso.

Sin embargo, la mayoría de los parlamentarios chilenos no tuvieron inconveniente en votar la ratificación del tratado sin consultar al Tribunal Constitucional.

Hasta el momento de escribir estas líneas, el Tribunal Constitucional chileno no se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad del tratado celebrado por Chile con Estados Unidos, alegada por el economista Alcayaga y por otras personas e instituciones.

IV. LOS TRATADOS BILATERALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, TRIPS en inglés) es muy criticado y con razón. Pero hay una serie de tratados bilaterales sobre la misma cuestión que los países ricos celebran con los países pobres en interés de las sociedades transnacionales, que agravan las disposiciones del ADPIC. Por eso se los llama “TRIPS-plus”.

Por ejemplo el Acuerdo ADPIC admite la posibilidad de excluir del sistema de patentes a los seres vivos, aunque en el artículo 27, 3, b) del mismo dice: “Sin embargo, los Miembros preverán la protección de variedades vegetales por brevets, mediante un sistema sui generis eficaz o por una combinación de ambos…”. No especifica qué quiere decir un “sistema sui generis eficaz”. Así, en el ADPIC, de todas maneras queda la puerta abierta al patentamiento de variedades vegetales.

Pero la mayoría de los tratados bilaterales obligan a los signatarios a adherir a la UPOV (Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas), que no es mencionada en el ADPIC.

El UPOV es un tratado celebrado en 1961 del que eran miembros hasta 1994 sólo países del Norte y Sudáfrica. Pero desde esta última fecha comenzaron a adherir al mismo países del Sur. El tratado otorga amplia latitud para patentar plantas y expone a los agricultores, para poder seguir sembrando y cultivando, a tener que pagar cada vez más derechos a las grandes sociedades transnacionales especializadas en ingeniería genética y en “piratería genética”. 

Como el derecho tradicional de patentamiento requiere que el objeto de la patente sea un invento, con lo que quedan excluidos los organismos vivos que existen en la naturaleza, con el UPOV se consagraron los llamados “derechos del obtentor” que se refieren a las variedades vivas obtenidas con manipulaciones genéticas.

Así es como con los tratados bilaterales que obligan a adherir al UPOV desaparece la posibilidad que tienen los Estados miembros del ADPIC de excluir de sus leyes de patentes a las plantas y a los animales. 

Aparte de los abusos que se cometen con el patentamiento de seres vivos, pues se patentan genes y otros materiales vivos existentes en la naturaleza [14], con las reformas introducidas al UPOV en 1991 se restringió enormemente el derecho fundamental del agricultor a guardar o intercambiar con otros agricultores para la siembra siguiente semillas que tengan “derechos de obtentor” registrados [15].

Esta es la situación en que ya se hallan muchos países del Sur y que se generalizará en América Latina y el Caribe si Estados Unidos logra imponer el ALCA [16].

En su informe presentado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2003 (E/CN.4/2003/58) sobre El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental el Relator Especial, Sr. Paul Hunt, señaló los riesgos que representa para el derecho a la salud de los sectores de la población de bajos recursos la apertura del sector servicios de salud a las inversiones extranjeras. Y en su visita a Perú en junio de 2004 (E/CN.4/2005/51/Add.3, párrafos 47 a 51) advirtió que la difusión de los medicamentos genéricos puede resentirse gravemente si entran en vigor algunas disposiciones del Tratado de libre comercio que está negociando dicho país con Estados Unidos. 

En efecto, si en los tratados bilaterales se introducen disposiciones relativas a la propiedad intelectual, el resultado va a ser que se restrinjan severamente el acceso a medicamentos esenciales. Esos acuerdos retrasarían e incluso bloquearían la difusión de genéricos. 

Las sociedades transnacionales farmacéuticas pueden bloquear la difusión de los medicamentos genéricos extendiendo la vigencia de las patentes más allá de los 20 años mediante la inclusión del criterio de “nuevos usos” de las patentes. Esto quiere decir que un medicamento que actualmente se utiliza para tratar una enfermedad podría beneficiarse con un nuevo monopolio de 20 años si se demostrara que es eficaz para tratar otra enfermedad. 

Además, en los tratados bilaterales que está negociando Estados Unidos con muchos países puede quedar suprimido el mecanismo de las “licencias obligatorias” –una de las salvaguardas más importantes de las reglas de propiedad intelectual previstas por la OMC– que permite a los Estados saltar las barreras de las patentes y fabricar o comprar fármacos genéricos en caso de emergencia pública.

El derecho de las “licencias obligatorias” está reconocido en los Acuerdos de Propiedad Intelectual de Comercio (ADPIC) de la OMC, que fueron reforzados con una declaración en la IV reunión ministerial de la OMC en Doha (Qatar) en noviembre de 2001. La Declaración de Doha antepuso la protección de la salud pública a la protección de los intereses privados comerciales y reforzó el derecho de los países a limitar los efectos del monopolio establecido por las patentes cuando se trata de proteger la salud pública y de fomentar el acceso a los medicamentos. Estados Unidos se opuso a esta salvaguarda de la salud pública y pretende reducirla a una lista mínima de enfermedades

En la Conferencia sobre el sida, celebrada en Bangkok en julio 2004, fue denunciada la grave restricción a la difusión de los medicamentos genéricos como resultado de los tratados bilaterales.

V. LOS TRIBUNALES ARBITRALES INTERNACIONALES. 

Este derecho corporativo o neofeudal al servicio de las sociedades transnacionales se completa, como hemos señalado más arriba, con jurisdicciones específicas, los tribunales arbitrales internacionales, también al servicio de las sociedades transnacionales.

La aceptación de su jurisdicción en los tratados bilaterales y regionales, como veremos ahora, implica la renuncia incondicional a un atributo esencial de la soberanía: la competencia territorial de los tribunales nacionales.

Actualmente se destaca el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI, ICSID en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial y cuyo presidente es, ex officio, el Presidente del mismo Banco Mundial, como establece el Reglamento del CIADI.[17]. El CIADI, con la falta de objetividad y de imparcialidad que es inherente al Banco Mundial, ayuda a constituir tribunales arbitrales internacionales que dirimen las controversias entre las sociedades transnacionales y los Estados (136 de éstos forman parte del CIADI), que aceptan someterse a ese procedimiento. Los Estados, al aceptar esta jurisdicción para dirimir conflictos de igual a igual (en realidad, como se verá, en inferioridad de condiciones) con empresas privadas, renuncian a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la competencia territorial de sus tribunales nacionales.

El sitio web del Banco Mundial presenta al CIADI así:

Presentación: El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fue establecido como resultado del Convenio sobre Solución de Controversias entre Estados y ciudadanos de otros Estados que entró en vigencia el 14 de octubre de 1966, como una institución especialmente designada para facilitar la solución de controversias entre gobiernos e inversionistas extranjeros. 

Función: El CIADI proporciona facilidades para la solución de controversias por medio de conciliación y arbitraje entre Estados miembros e inversionistas que puedan ser considerados como nacionales de otros Estados miembros. El acceso a las facilidades que proporciona el CIADI en relación con la conciliación y el arbitraje son completamente voluntarios. Sin embargo, una vez que se accede a los mecanismos del CIADI no se puede desistir de ellos unilateralmente. Además todas las partes contratantes de la Convención del CIADI están obligadas de reconocer y ejecutar las decisiones arbitrales del CIADI. Junto con las facilidades de conciliación y arbitraje otorgadas por el Convenio CIADI, el Centro, desde 1978, ha definido un conjunto de Reglas Adicionales de Facilitación que autorizan al Secretariado del CIADI a administrar cierto tipo de procedimientos entre Estados y nacionales de otros países por fuera del campo de aplicación del Convenio. También se encuentran disponibles facilidades adicionales sobre conciliación y arbitraje en casos en que la controversia no esté relacionada con inversiones, siempre y cuando se relacione con una inversión "cuyas características lo diferencien de una transacción comercial ordinaria". Una tercera actividad del CIADI en el campo de la solución de controversias consiste en la actividad del Secretario General del CIADI como autoridad nominadora de árbitros para que actúen en procedimientos arbitrales ad-hoc. (http://www.worldbank.org./icsid)

Cabe señalar las enormes atribuciones, subrayadas en el párrafo precedente, que tiene el Secretario General del CIADI, cargo que desempeña actualmente el peruano Roberto Dañino, cuya biografía sucinta puede leerse en la nota 14, donde se puede apreciar que dicho señor no constituye precisamente una garantía de imparcialidad y de sensibilidad por los derechos de los pueblos.

El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, del 18 de marzo de 1965 (Convenio de Washington), que creó el CIADI, fue elaborado por el Banco Mundial. Durante la discusión del mismo, los Estados latinoamericanos, fieles en esa época a la Doctrina Calvo (véase la Sección VI. 4 de este trabajo), se opusieron unánimemente a la creación de un tribunal arbitral internacional para dirimir conflictos entre los Estados e inversores extranjeros [18].

Después soplaron otros vientos « neoliberales » y hoy forman parte del CIADI una quincena de Estados latinoamericanos, la mayoría de los cuales adhirieron en el decenio de 1990. También muchos Estados latinoamericanos han adherido a la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) [19].

Son parte del CIADI y de la MIGA los siguientes países latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.. Bolivia, Brasil y Haití sólo son parte de la MIGA. 

Pero es necesario señalar que la ratificación del convenio CIADI no obliga a los Estados Parte a someter a tribunales arbitrales internacionales las controversias con inversores extranjeros. En efecto, el último párrafo del Preámbulo del Convenio dice: Declarando que la mera ratificación, aceptación o aprobación de este Convenio por parte del Estado Contratante, no se reputará que constituye una obligación de someter ninguna diferencia determinada a conciliación o arbitraje, a no ser que medie el consentimiento de dicho Estado. 

El sometimiento al arbitraje de controversias entre los Estados y los inversores extranjeros forma parte de las obligaciones asumidas en los Tratados de Protección y Promoción de las Inversiones Extranjeras (TPPI), en Tratados de Libre comercio y en otros similares. 


Otros tribunales arbitrales internacionales. La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) con sede en La Haya, fue establecida por la Convención para la resolución pacífica de controversias de 1899 y originalmente se ocupó de la solución de conflictos entre Estados. Pero en los años sesenta adoptó reglamentos de arbitraje de conflictos entre Estados y particulares y en 1993 adoptó el Reglamento Facultativo de la CPA para el arbitraje de controversias entre dos partes de las que sólo una es un Estado.

La Cámara de Comercio Internacional, fundada en 1919 y que reúne a las más importantes empresas del planeta, tiene una Corte Internacional de Arbitraje que se ocupa de organizar tribunales arbitrales para resolver conflictos entre empresas. 

Otra jurisdicción arbitral es el Órgano de Solución de Controversias de la Organización Mundial del Comercio, que está creando por vía de jurisprudencia una normatividad internacional que escapa totalmente al control de los Estados e ignora –como el CIADI – las normas básicas del derecho internacional de los derechos humanos.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA), celebrado entre Canadá, Estados Unidos y México, establece tres mecanismos arbitrales para la solución de controversias: en el capítulo XX un mecanismo general entre Estados, sobre la interpretación y aplicación del NAFTA, en el Capítulo XIX sobre las normas antidumping: el tribunal arbitral examina, a pedido del inversor si el Estado ha violado dichas normas otorgando subsidios o cuotas compensatorias y, finalmente, en la sección B del Capítulo XI se establece le mecanismo de los tribunales arbitrales para los conflictos entre los inversores y los Estados: los inversores pueden solicitar la formación de un tribunal arbitral por violaciones al Capítulo 11 (derechos de los inversores) por parte del Estado anfitrión. Por ejemplo que se le desconozca el trato nacional y el de los inversores de la nación más favorecida, que se le exijan requisitos de desempeño, que se le trabe la libre transferencia de utilidades o que se le impongan medidas de expropiación o equivalentes. Las resoluciones del tribunal arbitral son obligatorias.

Los tribunales arbitrales internacionales han sufrido una evolución paralela al proceso de mundialización capitalista: concebidos inicialmente para dirimir conflictos entre Estados o de derecho privado, nacional e internacional, entre particulares, fueron ampliando su jurisdicción a los conflictos entre Estados y particulares. En este último caso primero solo se ocuparon de las controversias surgidas en la interpretación y aplicación de contratos y luego se extendieron a la responsabilidad extracontractual de derecho privado hasta alcanzar la esfera del derecho público. 

Esta última etapa comporta la renuncia a la facultad soberana de los Estados de adoptar decisiones de política nacional relacionadas con el interés general sin interferencias extrañas. Por ejemplo decidir no aceptar una inversión extranjera o cancelarla para proteger el medio ambiente. O adoptar medidas económicas, financieras o tributarias que los inversores extranjeros consideren que afectan sus beneficios actuales o esperados.

Esta evolución de la competencia de los tribunales arbitrales se refleja en los tratados internacionales como el TLCAN (Capítulo XI), el MERCOSUR (Capítulo V del Protocolo de Brasilia) etc. y en numerosos tratados bilaterales de comercio e inversión. Y figura en el proyecto de ALCA.

Pero hay algo más: frente a los tribunales arbitrales internacionales, los inversores particulares y los Estados no tienen iguales derechos, pues los primeros gozan de importantes privilegios. 

Sin duda el más importante de ellos es que, de acuerdo con algunos tratados, sólo el inversor particular puede demandar al Estado y la situación inversa, es decir que sea el Estado el demandante, no está prevista.

Por ejemplo, como se ha señalado más arriba al comentar el Tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos, en el artículo 10.15 de dicho Tratado se establece que el demandante podrá someter a arbitraje una reclamación, si el demandado ha violado una autorización o un acuerdo de inversión. Se desprende de este artículo que el Estado chileno solo puede ser demandado, pero nunca podrá ser demandante, aunque considere que un inversionista no respeta las disposiciones del tratado. Más explícito respecto de esta unilateralidad ante la ley, es el artículo 10.27 llamado Definiciones, que define como demandado a la Parte que es parte en una controversia, y Parte sólo se les llama a los Estados firmantes de un tratado. 

De acuerdo al Capítulo 11 del NAFTA el demandante es siempre el inversor y al Estado siempre le corresponde el banquillo del acusado.

Otro privilegio del inversor: es él quien elige la jurisdicción. Según el artículoVII , incisos 2 y 3(a) i) del TPPI entre Argentina y Estados Unidos, en caso de una controversia entre un inversor y el Estado, si no hay arreglo amigable, es la sociedad o el nacional involucrados, y no el Estado, el que elige la jurisdicción.

La misma disposición figura en el artículo VIII, incisos 2 y 3 del TPPI entre Argentina y Francia.

Además y casi como consecuencia necesaria, el inversor no está obligado a agotar los recursos internos, administrativos y judiciales, como es la regla general existente para acudir a instancias internacionales: Comités de los pactos internacionales de derechos humanos, Corte Interamericana, Tribunal europeo de derechos humanos, etc.[20]. 

Incluso puede llegar a ocurrir que el inversor recurra al tribunal arbitral internacional como instancia de apelación contra un fallo de la justicia del Estado receptor. Es el caso Haas y Calmark Comercial en que éste, invocando el artículo 11 del TLCAN, pide la formación de un tribunal arbitral porque perdió un juicio con sus socios locales ante los tribunales mexicanos[21].

Un especialista en la materia ha escrito: “El principio de la intangibilidad del acto administrativo y la del juez natural para definir la ilegalidad ha venido perdiendo terreno de la misma manera que el principio de la soberanía estatal ha sido socavado por las relaciones internacionales. Los tratados que regulan los aspectos más importantes del comercio consagran la instancia arbitral para definir controversias entre Estados y entre gobierno y particulares, de manera similar a las cortes internacionales permanentes…adquieren tal connotación que llegan a proferir fallos que podríamos calificar de supranacionales, los cuales de manera directa o implícita contienen órdenes para los Estados, encaminadas a sacar del mundo jurídico normas, leyes, decretos y actos administrativos de carácter general o individual, que han sido calificados por los árbitros como contrarios al respectivo tratado, sin que la doctrina y jurisprudencia de hoy duden de la eficacia y validez de dichos laudos, pese a que exista una marcada injerencia en la soberanía estatal” [22].

Véase, por ejemplo, el caso Bechtel contra Bolivia.

Bechtel, es una gigantesca empresa transnacional basada en los Estados Unidos y en posición privilegiada para “reconstruir” Irak, es decir para participar en el despojo del patrimonio nacional iraquí. Con Ronald Reagan en la Casa Blanca, gente de Bechtel entró en el gabinete. El entonces presidente de Bechtel, George Shultz, fue secretario de Estado; el consejero general de Bechtel, Caspar Weinberger, fue secretario de Defensa y W. Kenneth Davis, vicepresidente de Bechtel para desarrollo nuclear, ocupó el cargo de vicesecretario de Energía.

Bechtel presentó un reclamo ante el CIADI contra Bolivia por 25 millones de dólares porque su subsidiaria Aguas del Tunari fue expulsada de Cochabamba.

El 3 de septiembre de 1999 se otorgó la concesión de Semapa al consorcio Aguas del Tunari, conformado por Bechtel, International Waters, Abengoa de Servicios Urbanos ,de España y socios bolivianos minoritarios. 

El 9 de abril de 2000, una masiva movilización - denominada la "guerra del agua » - provocó la salida de Aguas del Tunari de Bolivia. 

Aguas del Tunari interpuso la demanda amparada en el Tratado Bilateral sobre inversiones entre Bolivia y Holanda, suscrito en 1992. Pese a que el socio mayoritario de Aguas del Tunari es International Waters, conformado por Bechtel, de Estados Unidos, y Edison, de Italia. 

Aguas del Tunari transfirió su domicilio a Holanda sólo para poder iniciar el proceso contra Bolivia invocando el tratado entre Bolivia y Holanda. Aguas del Tunari solo tiene una casilla postal en Amsterdam, luego de una cuestionable y posiblemente ilegal transferencia de domicilio de las islas Caimán a Holanda a finales de noviembre de 1999[23]. 

Esa es una de las maneras en que los tratados bilaterales pueden ser invocados por sociedades transnacionales que no tienen su sede en ninguno de los Estados Parte del tratado. La otra manera consiste en que una empresa con sede en un país A invoque contra un país B un tratado que este último ha celebrado con un país C que la favorece más que el tratado celebrado entre A y B, por aplicación del principio de «la nación más favorecida ».

VI. COMO SALIR DEL ATOLLADERO Y RECONQUISTAR LA AUTODETERMINACIÓN NACIONAL. (continúa en el cuadro siguiente)

Tomado de ARGENPRESS, 12/2005.

PVP - Partido por la Victoria del Pueblo - Frente Amplio - Uruguay

Fuente: http://www.pvp.org.uy/alcateitelbaum.htm

En consecuencia, los gobiernos progresistas van contra la autodeterminación de los pueblos ante todo por la falsedad de su antiimperialismo. En efecto, promueven el capitalismo cada vez más dependiente mediante expansión de los extractivismos que, en simultáneo, implican reforzar los tratados bilaterales de inversión-CIADI y por integrar, con la excepción de Venezuela, a la Minustah.

 

Argentina. Audiencia Pública Parlamentaria: Por el fin de la MINUSTAH y toda ocupación de HAITÍ. Por la desmilitarización de nuestra América.

 

20 de Junio de 2016.

 

Edición: Mario Hernández, Desgrabación: Ana Laura Xiques/ Resumen Latinoamericano.

 

-Audiencia Pública Parlamentaria, 13 de junio de 2016, Cámara de Diputados, Argentina.

Dip. Pablo López (FIT-PO): Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores hemos denunciado desde 2014 cuando se discutió en la Cámara de Diputados, la renovación de la presencia de las tropas argentinas en Haití, que tanto las tropas argentinas como todas las tropas presentes, particularmente las latinoamericanas, provenientes de países que se declaraban a sí mismos como nacionales y populares, a excepción de Cuba y Venezuela, fueron a cumplir un papel de tercerización de una ocupación imperialista de Haití.


Se puede observar claramente el papel de estas tropas en la represión brutal al pueblo de Haití que lucha contra la enorme miseria que vive y contra la injerencia extranjera en la vida política del país. También haciendo verdaderas razias, en nombre de combatir la delincuencia se han matado hombres, mujeres y niños. Hay muchos testimonios y denuncias, inclusive violaciones por parte de tropas de Sri Lanka y en Uruguay hubo un escándalo político como consecuencia de las denuncias que pesaban sobre las tropas uruguayas. Hubo un testimonio de un soldado brasileño que afirmaba que no había día en que las tropas que integran la Minustah no hayan asesinado a algún poblador haitiano.

 

Los testimonios han sido muy claros.
La introducción del cólera como consecuencia de esta ocupación, el fraude político electoral que se ha garantizado con la presencia de las tropas allí, para poner gobiernos títeres que garanticen negocios a los Estados Unidos: la zona franca para su industria textil, la privatización de las comunicaciones, de la energía, la minería, que es un sector controlado por el imperialismo a partir de la presencia de estas tropas.
Otro dato importante es que estuvo hace pocos meses el Jefe de Gabinete, previamente a su visita nosotros le anticipamos la pregunta de qué posición iban a adoptar respecto a la presencia de las tropas argentinas en Haití y respondió que solamente quedaban 6 policías argentinos y un hospital móvil, que no está ahí para asistir a la población haitiana sino para asistir a las tropas de la Minustah. Sin embargo, en esos días el Ministro de Defensa fue a saludar y a despedir a una delegación de 60 Cascos azules argentinos que han ido por 6 meses a Haití cumpliendo tareas dentro de la Minustah. Hay una denuncia muy importante que es la participación de las tropas militares en los asuntos internos de ese país, que se traduce en la participación de esas mismas tropas en los asuntos internos de sus propios países. Entendemos que la participación de las tropas argentinas en Haití, tiene que ver con esa intencionalidad, que en su momento el gobierno kirchnerista intentó darle a las Fuerzas Armadas, con la presencia de Milani a su cabeza y que hoy se ha reforzado con el decreto 271 que acaba de dictar el Presidente Macri, dándole facultades y autonomía a las FF.AA. Tienen la misma finalidad que es colocarlas a intervenir en los asuntos internos, lógicamente como parte de garantizar, mediante la represión, el control social del ajuste que se está llevando adelante, en este caso contra el pueblo argentino.

Por todo esto es muy importante esta audiencia, repudiar la presencia de las tropas de la Minustah, exigir el retiro inmediato de las tropas argentinas, exigir la investigación de todos los atropellos y violaciones a los Derechos Humanos que el pueblo haitiano ha sufrido.

Beverly Keene (Diálogo 2000/Jubileo Sur): En nombre del Comité argentino por el fin de la ocupación de Haití, agradecer la oportunidad de tener esta audiencia. Es muy importante abrir nuevamente el debate sobre la presencia de Argentina y de la Minustah. En ese sentido también escuchar las voces de muchas organizaciones de Argentina, además de las voces del compañero Camille Chalmers y otros compañeros de Haití, con respecto a lo que significa esa presencia, tanto en Haití, como lo que acaba de mencionar Pablo, aquí. Y creemos también importante para la política de Argentina que exista la posibilidad de integración a nivel de toda la región. Porque la presencia de la Minustah en Haití es una verdadera fuerza de ocupación, no está ahí como misión humanitaria como muchas veces se la ha señalado sobre todo en los medios periodísticos, que han acompañado, por ejemplo, a los Ministros de Defensa a visitar las tropas en Haití.
La presencia de Argentina y de tantas tropas de América Latina responde a nuestro entender, a una tercerización de una ocupación al servicio de intereses de Estados Unidos, Canadá, Francia y otros poderes imperialistas y, sin dudas, no a intereses del pueblo haitiano. Esto se refleja en Haití, tuve la oportunidad de estar allí en varias oportunidades, la última hace dos semanas atrás. Una de las cosas que siempre llaman la atención allí y se ha reflejado en encuestas y sondeos, se ve por medios haitianos, también estadounidenses y franceses, que la opinión pública en Haití es sin duda alguna contraria a la presencia de la Minustah. Compañeros de muchas organizaciones dicen que no se acostumbra tener una movilización semanal pidiendo el retiro de la Minustah, pero cada vez que pasa un camión de soldados por las calles, cosa que pasa seguido, sobre todo en Puerto Príncipe donde en este momento patrullan todos los días las tropas brasileras, se ve como todo el mundo se para y mira con rechazo y pidiendo que se vayan ya.
En los últimos meses ha habido fuertes movilizaciones en el escenario de la política institucional, por las elecciones fraudulentas. Ha estado muy presente, no solamente el llamado a que Estados Unidos quite sus manos de Haití, sino también que la Minustah, que está allí al servicio de EE.UU. se vaya también.
Nosotros queremos escuchar la voz de todas las organizaciones presentes, queremos remarcar simplemente que éste es un momento en que Haití necesita mucho apoyo, porque en el mismo momento en que nosotros estamos aquí reunidos, allá la Asamblea Nacional, o sea el Senado y la Cámara de Diputados se están preparando para reunirse reiniciando la sesión ordinaria del año y tienen por delante una tarea políticamente muy delicada que es confirmar o cambiar al actual presidente interino.
Es un proceso sumamente complicado el de elecciones y cambio de gobierno como para detallarlo en este momento, pero creo que lo importante es remarcar que hasta el año pasado ese proceso electivo, la perspectiva de cambio de gobierno, era un proceso totalmente controlado desde afuera, no solo porque pusieran el dinero para organizar las elecciones y las tropas para mantener el control de ese proceso, sino también teniendo todo el aparato de observación eleccionaria que había acompañado los comicios en Haití hasta el año pasado.
A partir de agosto del año pasado son las organizaciones políticas y sociales haitianas las que han estado levantando la voz de alerta frente al inmenso proceso de fraude que se ha estado cometiendo y que tiene antecedentes en las elecciones de 2010-2011 cuando fue elegido presidente Michelle Martelly.
Han sido denunciadas públicamente por muchas voces, incluyendo ni más ni menos que al representante especial de la OEA en Haití, un embajador brasileño que en ese momento denunció el proceso de manipulación de los resultados electorales dando una serie de detalles que no han sido refutados por nadie. El pueblo haitiano ante la repetición de este proceso de fraude, tomó las calles en Haití y ha logrado al menos parar el proceso de imposición de un nuevo Presidente a través de este mecanismo de fraude y en estos momentos se está debatiendo y avanzando en lo que es su propia propuesta de cómo llevar adelante las elecciones.
 

Para las organizaciones haitianas es un momento para decir basta al control que viene ejerciendo EE.UU., la llamada Comunidad Internacional a través de la presencia de la Minustah en Haití y también para que esas organizaciones políticas y sociales definan cómo se organizan entre ellos para realmente avanzar en un proceso que responda a sus necesidades. Es en ese contexto que el Consejo de Seguridad de la ONU, en octubre tendrá que tomar nuevamente una determinación acerca del futuro de la Minustah. Hasta ahora se esperaba la posibilidad de cerrar este capítulo de ocupación y ahora se empiezan a escuchar voces de EE.UU., Canadá y Francia diciendo que no será en octubre porque no se ha terminado el proceso electivo, que tal vez haya que esperar hasta marzo/abril del 2017.


Pensamos que este es un momento muy crítico y de mucha importancia para el pueblo haitiano que ha manifestado con mucha claridad qué es lo que quiere, que la Minustah se vaya y que el pueblo pueda hacerse cargo de su propio futuro y su gobierno, o sea, de su autodeterminación. Este es el momento en que el Congreso argentino y de todos los países que hoy tienen tropas en Haití, tienen servido en bandeja las opciones, apoyar la soberanía y autodeterminación del pueblo haitiano o seguir tercerizando una ocupación al servicio de los intereses de la Comunidad Internacional y los poderes imperialistas que hacen en Haití exactamente lo mismo que buscan hacer en cada uno de nuestros países.
Por eso creemos importante escuchar todas las voces, para lograr el retiro definitivo de las tropas argentinas, de la presencia de Argentina en la Minustah, la donación de ese hospital reubicable, que hoy es utilizado por la Minustah, para que sea donado al pueblo y al gobierno de Haití y que Argentina se sume a otros países de América Latina y del mundo para asegurar el fin de esta ocupación.
El eje más crítico es que países latinoamericanos integren una fuerza de ocupación de un país hermano.


Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj/Premio Nobel de la Paz): Todos los presentes conocen la situación de Haití, no hay que sorprenderse, simplemente señalar que lo más preocupante es que países latinoamericanos integren una fuerza de ocupación de un país hermano. Este es el eje más crítico.
He estado varias veces en Haití con Norita Cortiñas, Beverly, Camille y hay algunos ejes que tendríamos que trabajar:
uno es reclamar a Naciones Unidas, que termine con la hipocresía de acusar a Haití como un país que amenaza la seguridad regional y hemisférica. Esto es tremendo. La ONU trata de justificar ese peligro de Haití para mantener las tropas, no existe otra razón. Es lamentable que los países que integran la Minustah actúen como lo hacen, ya se mencionaron violaciones, maltratos, asesinatos, pobreza extrema, el cólera. Hemos visitado los hospitales, los barrios. En una oportunidad unos jóvenes me invitaron a ir a Cité Soleil, una de las villas miseria más grandes, a inaugurar una gran obra. Para llegar tuve que ir saltando de piedra en piedra por la materia fecal que había en el camino, cuando llegué al lugar en un claro que estaba seco, la gran obra que inauguré fueron dos letrinas, una para hombre y otra para mujer. Para Cité Soleil eso era un palacio. Una cosa insólita que habían logrado con la cooperación de un organismo internacional de España. Estaban los voluntarios españoles presentes.
El gobierno argentino retiró la mayoría de sus tropas de Haití, no porque quiso, sino porque le bajaron el presupuesto. Esta es la realidad. Hay 60 efectivos en el hospital, éste que estamos reclamando que se done al pueblo haitiano.


Otra cosa para tener en cuenta es que algunos países no mandaron tropas sino que mandaron técnicos, médicos, agricultores. Esos países son Cuba y Venezuela. El resto mandó tropas. Cuba mandó médicos, educadores que aprendieron el creole, viven en los lugares más inhóspitos que se puedan imaginar, en los barrios, compartiendo la vida del pueblo. De eso nadie habla. Pero tenemos países en América Latina que hablan de la democracia, que son progresistas, con un doble discurso, porque mantienen las tropas. Entre ellos Brasil que está a la cabeza de la Minustah.
Creo que hay algunos ejes para reclamar. El retiro de las tropas no se va a llevar adelante si Naciones Unidas no cambia su actitud y no deja de continuar atacando Haití acusándolo de ser una amenaza.
 

La situación es tremenda, además de la pobreza, las enfermedades y los permanentes golpes políticos, hay una violencia institucionalizada agravada por las tropas de la Minustah. Habrá que ver cómo actuarán Diputados y Senadores aquí ante esto. Creo que el gobierno de Macri va a continuar con la permanencia de nuestras tropas argentinas, porque esto es corporativo, por lo tanto, no van a tomar medidas en ningún país de manera aislada. El grupo de la Minustah es un grupo acordado con Naciones Unidas y creo que ahí es a donde hay que apuntar la fuerza para destrabar esta situación, de manera contraria las tropas continuarán en Haití.
Nos hemos opuesto siempre a las Misiones de paz de Naciones Unidas, porque las consideramos tropas de ocupación.


Elsa Bruzzone (CEMIDA): Simplemente decir que cuando en el año 2004 se votó en el Congreso de la Nación, la intervención de tropas argentinas en Haití, nosotros nos opusimos tenazmente, hicimos una durísima campaña, pero fuimos derrotados. Recuerdo que le pregunté a Miguel Bonasso, que había votado a favor, cómo había podido hacer eso, él que se había considerado un militante popular y revolucionario, traicionar de esta manera a Haití. Que no fuera que el día de mañana nos tuviéramos que arrepentir, y a cuántos hermanos más de nuestra América o de otras partes del mundo, íbamos a traicionar enviando Misiones de paz.


Nos hemos opuesto siempre a las Misiones de paz de Naciones Unidas, porque la verdad es que las consideramos, así como se ha manifestado aquí, como tropas de ocupación. Y en nuestro caso hay una violación flagrante a nuestra Ley de Defensa, porque dice que las FF. AA. no pueden intervenir en tareas de seguridad interior y cuando nosotros integramos los contingentes de paz de Naciones Unidas, vamos a hacer tareas de seguridad interior, a ocupar países hermanos, a hacer represión interior.


Normalmente todas estas misiones mal llamadas de paz, son misiones de ocupación, no son humanitarias, cometen graves violaciones a los Derechos Humanos. Lo hicieron de la misma manera en 1999 cuando la OTAN bombardeaba Yugoeslavia y las Misiones de paz de Naciones Unidas fueron incapaces de hacer frente a las matanzas que se produjeron allí. Como han sido incapaces de mantener la paz en África, donde los Cascos azules, sobre todo los franceses, están siendo juzgados por violación de niños y niñas allí. También acaban de ser denunciadas las Misiones de paz que están en el Líbano por contrabando de mercaderías y de armas que se supone que van a parar a las manos de los grupos terroristas que están en Siria.
Nunca fueron misiones de paz, nunca fueron misiones humanitarias, siempre fueron misiones de ocupación, siempre han realizado tareas de seguridad interior, siempre se han violado los Derechos Humanos. Como decía Adolfo, creo que vamos a tener que presionar mucho sobre Naciones Unidas, porque en el discurso del 29 de mayo de nuestro gobierno, dijo que vamos a continuar con las Misiones de paz de Naciones Unidas y que era hora de implicar a las FF. AA. en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, para lo cual tiene que modificar la Ley de Defensa, porque si no lo hace, esto va a ser imposible.

Además, quiero informarles que en el último Informe mundial sobre terrorismo, elaborado por el Departamento de Estado norteamericano y dado a conocer hace unos días, en el capítulo que le dedica al hemisferio occidental, más allá de volver a agitar los fantasmas de la existencia de células terroristas en la zona de la Triple Frontera para poder instalar la base militar en Misiones, más allá de decir que nuestro gobierno le informa al Departamento de Estado el 31 de diciembre de 2015 que se han detectado algunas transacciones irregulares en la zona de la Triple Frontera que podrían favorecer al Daesh, dice que América del Sur y el Caribe, son zonas potenciales de financiamiento tanto económico como financiero y que somos potenciales ideológicamente a ser infiltrados por el Daesh, el Isis o el resto de los grupos terroristas que se encuentran en Siria.
 

La presión es sobre Naciones Unidas porque evidentemente los gobiernos de la región por sí solos no van a ir. Esta última advertencia deja en evidencia que la lucha va a ser durísima, porque no va a ser fácil terminar con las Misiones de paz y de ocupación y tenemos que estar alertas también, porque el proyecto que hay sobre Colombia es que una vez que las FARC y el ELN hagan el acuerdo de paz, como los norteamericanos no van a retirar de buena voluntad las 7 bases que tienen allí, entonces están pergeñando Misiones de paz de Naciones Unidas, en acuerdo con el gobierno argentino para ir a ser garantes de la paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano, lo que implica tareas de seguridad interior y de represión.
Así que todo lo que podamos hacer para evitarlo, presionar, pedirle a senadores y diputados que nos acompañen en esta lucha y hacerla a nivel continental, pero reforzar en Naciones Unidas que no queremos más Misiones de paz en Haití. Haití tiene derecho a la autodeterminación, a decidir cómo quiere vivir, a su identidad y a decidir cómo quiere ser.

Adhesiones: “Fuera las tropas de Haití. Desde el Partido Obrero Revolucionario de Chile, nos sumamos y apoyamos esta audiencia pública en repudio al envío de tropas argentinas a Haití, pues desde 2004 la ONU forma la Minustah con el objetivo de establecer un entorno seguro en el que se pueda desarrollar un proceso político, fortalecer las instituciones de Haití, apoyar la constitución de un Estado de derecho y promover y proteger los derechos humanos. Sin embargo, a través de la instauración de tropas militares de diferentes países del Cono Sur, la Minustah tiene como real objetivo salvaguardar los intereses económicos de los grandes capitales en Haití, principalmente porque los niveles de explotación son tremendos, siendo el país con niveles de salarios más bajos, que no superan los U$S 3 diarios. Fundamentalmente Haití ha sido utilizado por las potencias imperialistas como una zona franca de empresas multinacionales donde están libres del pago de impuestos y donde los derechos laborales de la clase trabajadora no existen.
Desde 2010 y producto del terremoto que devastó aún más el país, la ONU ha justificado la continuidad de las tropas militares a través de la misión de paz y la ayuda humanitaria, fortaleciendo la militarización del país con el apoyo de países como Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. La instauración de tropas militares de diferentes países se transformó en la complicidad de los niveles barbáricos que atañen al país donde además los soldados han estado ligados a casos de explotación y abuso sexual de las mujeres haitianas. Pero hoy principalmente los soldados de los diferentes países han sido los ejecutores de asesinatos y represión al pueblo haitiano. Por ello, nos sumamos a la campaña del retiro de las tropas militares que han sido el principal factor de represión al pueblo organizado que se levanta en contra de las tropas. Por ello el futuro del pueblo haitiano solo puede encontrar un rumbo de la mano de sus trabajadores y sectores populares que de forma independiente se organicen para acabar con la invasión imperialista y militar. ¡Fuera las tropas de la Minustah! Partido Obrero Revolucionario de Chile.”

Vilma Ripoll (MST-Nueva Izquierda): Creo que lo que no han podido es derrotar al pueblo haitiano, por lo cual la razón por la que se van a seguir quedando probablemente es la que vimos en el video. A pesar de lo que significan todas las calles llenas de militares de todos los países que han ido a reforzar la actividad de Estados Unidos en la región, que han puesto el ojo en Haití porque ha sido un pueblo que ha venido luchando heroicamente de una manera increíble, a pesar de que les instalaron el cólera, a pesar de que violan a sus mujeres, de que viven una situación social terrible, y una situación sindical también. Nosotros hace unos años estuvimos con un dirigente sindical de Haití que nos pidió hacer una presentación en Relaciones Exteriores con la gente que trabaja con América Central y el Caribe y que son los que tienen relación directa con las tropas que están ahí.
Creo que queda claro que los diputados que están son a los que les importa esto, al resto los tiene sin cuidado qué pasa con las tropas, con los pueblos, y con esa realidad que les queda lejos. Entonces, hay que avanzar sobre Naciones Unidas, habrá que armar una gran comisión para pedirle a los diputados que vengan, poner día, fecha y pedir la cita, que el Comité tome esa tarea.
Por otro lado, volver a ir a Relaciones Exteriores, hay un nuevo gobierno que ya dijo que no se va a destetar de Naciones Unidas, pero tiene que saber que es parte de los hechos que le van a generar desgaste porque nosotros vamos a hacer esta campaña. Estas son las dos cosas que quiero proponer. Para acercarnos a diputados como Victoria Donda, con los que venimos trabajando ampliando el tema de la izquierda, para que nos acompañen a ambos lugares, a la ONU y a Relaciones Exteriores.

Pablo López: Voy a leer otra adhesión que nos ha llegado: “Moción de apoyo a la audiencia pública por Haití. En el plenario nacional de la Federación nacional del sindicato de trabajadores de la salud, trabajo, previsión y asistencia social, ocurrido en Brasilia el día 12 de junio fue aprobada una moción por unanimidad de apoyo a la audiencia pública por Haití”.

 

Josefina Morales (Encuentro Sindical Nuestra América-México): El Encuentro Sindical Nuestra América en su reunión anual realizada en Montevideo, declaró el rechazo a la ocupación militar de Haití, la condena de la misma y exigió el retiro de las tropas, solidarizándonos con el pueblo de Haití.
También, desde otra organización de la que participo, La Sociedad de Economía Política de América Latina (SEPLA) estamos no sólo trabajando y hemos condenado en reiteradas oportunidades esta ocupación, sino que también estamos considerando en estos momentos que Camille Chalmers, sea nuestro presidente.
Creo que tenemos que ubicar a la ocupación de Haití como una de las formas de la dominación neocolonial imperialista, que van de la inversión extranjera directa, que se apropian de nuestros recursos y de la explotación de la fuerza de trabajo al capital financiero especulativo, a la deuda y a los Tratados de libre comercio, que se expresa también, como la guerra contra el narcotráfico, con bases militares y que a partir de declarar o Estados fallidos o amenazas para los intereses del imperio llega a la ocupación militar. O sea, que nuestros países no están exentos de esta barbaridad.
Reitero que desde el ESNA y el SEPLA, repudiamos la ocupación, exigimos la salida de la Minustah y exigimos también el pago de la indemnización correspondiente para el pueblo haitiano.

Otra adhesión: Tribuna Clasista de Brasil: “Abrazamos de todo corazón a esta audiencia. La situación de los trabajadores en Haití es insoportable, tal vez sea la que más se aproxima a la barbarie capitalista. El pueblo está siendo obligado a vivir en situaciones pre capitalistas. Los refugiados haitianos en su mayoría en los diversos países en los que se encuentran están siendo esclavizados, la burguesía nativa y el imperialismo no poseen otra cosa a ofrecer para los haitianos que la más completa miseria humana y la brutal represión de los Cascos azules. Saludos revolucionarios. Guillermo Giordano”.

Jorge Cardelli (Diputado (MC) y Consejo Directivo de la CTA-A): Quisiera adherir a lo que señaló Camille sobre lo que significó la revolución haitiana y el sistemático proceso de ocultamiento que ha existido en nuestra educación, donde en la independencia figuran muchos países pero no se habla de que Haití fue la primera revolución independiente de América Latina. Y adherir más aún a las palabras de Camille cuando habla del diferente significado que tuvieron los tratamientos posteriores de los países. Es evidente que la mayoría de los países latinoamericanos se encaminó hacia la dependencia y no hacia un proceso genuino de independencia.
La segunda cuestión es que hoy América Latina se encuentra en una situación particular, pero deberíamos reconocerla como una reconstrucción de la ofensiva norteamericana. Y una ofensiva que tiene reales características militares. En nuestro país el macrismo le hizo un favor ganando las elecciones y subordinándose a la política norteamericana en la región. En el caso de Brasil a través de un golpe blando también se llegó a un gobierno de esas características. En Venezuela no solamente se está jugando la democracia sino que también queda claro que se quieren quedar con el petróleo.
Con esto quiero decir que esta situación de Haití, siendo ocupada por mal llamadas Misiones de paz, que en realidad son tropas de ocupación, está hoy encuadrada lamentablemente en una situación de recuperación de la ofensiva norteamericana en América Latina. Desde nuestra Central hemos mostrado de manera sistemática la adhesión al repudio por la presencia de tropas, volver a ponernos a disposición para todo lo que se haga en ese sentido, e inclusive acompañar a esas comisiones que señalaron Adolfo y Vilma.

Adhesión: Nos envía un saludo en apoyo a esta audiencia pública, el compañero José Capitán del Sindicato de los trabajadores plásticos y químicos de la organización Opción Obrera de Venezuela.

 

Cristian Henkel (AGD-UBA): Es un honor estar presente en un ámbito en el que se está discutiendo algo tan importante. Como sindicato nosotros siempre hemos impulsado el conjunto de las campañas, desde hace años, porque lamentablemente tenemos que hablar de que ya pasó más de una década de este proceso. Hay un debate sobre si una imagen vale más que mil palabras o no, lo que acabamos de ver reemplaza cualquier tipo de comentario. Los que estamos acá seguramente no necesitábamos ver las imágenes para saber que no se trataba de ninguna manera de una misión humanitaria sino que estamos hablando de una fuerza de ocupación. Particularmente quiero agregar algo que nosotros trabajamos fuertemente en la denuncia a lo largo de todos estos años y que es una cuestión que consideramos no menor, que tiene que ver con el hecho fundamental de que no solamente uno repudia la agresión hacia cualquier ciudadano del mundo, sino que la denuncia de esta ocupación de Haití es al mismo tiempo una batalla contra la posibilidad de que se formen esas tropas que hoy reprimen al pueblo haitiano, para que nos repriman en nuestros países próximamente. Trabajando al servicio del imperialismo, reprimiendo al pueblo haitiano, son las mismas tropas que después se vuelcan a nuestros países para llevar adelante los procesos de represión internos y creemos que eso amerita una gran campaña de difusión de lo que está pasando.


Sobre esa base, y como propuesta, pensé que podemos llevarlo a la Comisión Directiva de nuestro sindicato porque tenemos relación con casi la totalidad de las Universidades del continente y con algunas que no forman parte de él. Puede ser de gran importancia largar una juntada de firmas de docentes universitarios a nivel mundial para hacer un pequeño aporte a esta lucha, que entendemos que no se va a resolver solamente con firmas sino con un proceso de movilización y lucha política, pero que puede sumar un grano de arena en la lucha contra este flagelo que está sufriendo el pueblo haitiano.
Sentimos vergüenza por la presencia de tropas argentinas y de países nuestroamericanos en Haití.


Julio Gambina (Fisyp y Consejo Directivo de la CTA-A): En primer lugar saludar la lucha del pueblo haitiano, que es histórica como se ha puesto de manifiesto, e insistir en la vergüenza que sentimos como argentinos por la presencia de las tropas de Argentina y de países nuestroamericanos en Haití. Creo que debe ser manifestado de esta manera, como una vergüenza.
Camille decía en el video presentado, que el golpe inicial de esta etapa prolongada, es de 1991. Quiero hacer mención a esta etapa por lo que representaba 1991 en la escala global, momento de ruptura de la bipolaridad y de ofensiva muy fuerte del imperialismo estadounidense, de la afirmación de la unipolaridad capitalista y lo que había que hacer era disciplinar a los pueblos. En Haití se abría camino un movimiento popular, como era Lavalas, que era además un movimiento político de una densidad social muy fuerte, muy importante y que anunciaba lo que se venía a desplegar en Argentina como resistencia a la ofensiva neoliberal en toda la región. Con lo cual el carácter de disciplinamiento que el orden capitalista global ha tenido con Haití, es por el antecedente de 1804, pero también por el antecedente de 1991, que era anticipatorio de lo que luego llamamos “cambio político” en nuestra América y por eso la ofensiva imperialista sobre nuestros territorios.
Creo que así como Camille recordaba en el video, que la experiencia de las tropas no es sólo para actuar en Haití, sino que es una escuela de aprendizaje para luego desplegar el control territorial en todo nuestros países, hay que ubicarla en esta ofensiva neoliberalizadora que hay en América Latina. No es sólo el tema de la minería de oro, ni las riquezas de Haití, sino las del conjunto de nuestra América. Por eso creo que la lucha solidaria con el pueblo de Haití, por el retiro de la Minustah y de las tropas, tenemos que vincularla a todas nuestras campañas continentales contra los mecanismos de libre comercio, que no es solo eso, sino la liberalización del movimiento de capitales y Naciones Unidas y un conjunto de organismos de la ONU, como es el FMI, y los organismos internacionales están al servicio de ese proceso de liberalización.
Por eso es bueno que nosotros desde la Comisión de solidaridad con Haití, tengamos la capacidad de articular todas las luchas de los pueblos de nuestra América poniendo la de Haití en primer lugar por lo que representa, el pueblo más hambreado del mundo, el más hambreado en nuestro territorio y, por lo tanto, no hay solidaridad que alcance para terminar con esta situación en Haití.
Además, expresar la voluntad de estar a disposición, como dijo Jorge Cardelli, de las denuncias internacionales y en la movilización, plantear desde la CTA Autónoma, como la Canciller argentina ahora es candidata a la secretaría de la ONU, deberíamos mandarle un resumen de esta reunión con un mandato muy fuerte de nuestra parte de que quisiéramos un pronunciamiento de la candidata a secretaria de la ONU, que una de sus propuestas sea terminar con la presencia de las tropas de Naciones Unidas en Haití. Terminar con la Minustah en un pronunciamiento explícito.
Estamos diciendo esto en el Congreso de la Nación, estamos viendo que obviamente hay una mayoría parlamentaria desinteresada en este tema y, es obvio, el Presidente está viajando a Bogotá, acá se habló de lo que representa Colombia para la estrategia internacional de EE. UU., y ese viaje tiene un sentido muy claro de mostrar a la Argentina, como avanzada de los países de Sudamérica para orientarse en la estrategia liberalizadora que el imperialismo plantea para la región.
Inmediatamente el 1º de julio en Chile, en la Alianza del Pacífico, donde Argentina va a actuar como país observador, que es una avanzada de lo que se espera que hagan otros países del Mercosur. Por eso es muy importante que levantemos la voz de repudio a la Minustah y a la estrategia de la política exterior estadounidense, expresamente en materia económica que supone la subordinación de los pueblos de nuestra América con la super explotación de los y las trabajadoras y el aprovechamiento integral y el saqueo de los bienes comunes de nuestros pueblos. Con lo cual estar al lado del pueblo de Haití es estarlo de los pueblos de nuestra América.

Claudia Guerrero (Asociación de Profesionales en Lucha-APEL): Desde nuestra organización venimos conjuntamente con Memoria Verdad y Justicia, reclamando por el retiro de las tropas de Haití, en particular lo hemos manifestado a lo largo de los últimos años en la jornada del 24 de marzo. Y coincidimos con varias cosas que han dicho acá, que la expresión del envío de tropas a Haití está ligada a la adhesión a una concepción de la ONU y a un diagnóstico para la región que también tiene su expresión en las leyes anti terroristas votadas en los últimos años.
No existen tropas de paz, son tropas de ocupación que son la punta de lanza, no solamente de la violación sistemática de Derechos Humanos, sino además de la introducción de los negocios más aberrantes, como es la trata de personas, el narcotráfico y el negocio de las armas en estas sociedades, con el único fin de que no se pueda volver a estructurar su apoderamiento de la vida democrática y su intervención política en pos de seguir rapiñándolos para intereses imperialistas de EE. UU. y Europa, de los cuales nuestra participación como país, lo que deja al desnudo es nuestra dependencia de estos intereses que son alejados a los propios. Vamos a acompañar cualquier iniciativa que salga de aquí.

Alicia Albino (Comité por el retiro de las tropas argentinas de Haití): Como decía la convocatoria, lo que más nos está molestando como Comité es que algunos países, como decía Adolfo, que se proclaman progresistas, todavía tienen tropas allí. Así como también el problema del cólera introducido por las tropas nepalesas. Tropas uruguayas fueron implicadas en casos de violaciones. Creo que hay suficientes antecedentes como para retirarlas. Coincido con Julio Gambina, habría que hacer una nota explícita a la Canciller que ahora se candidatea como Secretaria de la ONU. Quiero comentar que esta tarde se comunicó un diputado del Partido Socialista, con mandato ya cumplido, Ricardo Cuccovillo que ahora es Presidente del Partido Socialista de Buenos Aires, para manifestar su adhesión.

Pablo López: Quiero mencionar la presencia de Leandro Segado en representación del Frente Popular Darío Santillán y de Gustavo Lahoud de Unidad Popular y docente de la USAL.

Mirtha Baravalle (Madres de Plaza de Mayo-LF): Estoy acá porque digo no a la Minustah. Quiero transmitirles a todos los presentes mi seguridad respecto a ustedes. Tienen por delante mucho por hacer y me siento muy bien por verlos a todos tan comprometidos, porque si están acá realmente saben lo que significa esta intromisión en Haití. Quiero recordar a una mujer haitiana que conocí en 1985 estando en Cuba, en una concentración de mujeres. Ella corría riesgo de vida porque no sabía qué le iba a pasar al regresar a su país, aun así estaba allí pidiéndonos a los presentes que no nos olvidáramos de Haití.
Estoy segura de que los haitianos y haitianas se van a sentir esperanzados, porque esa liberación puede llegar finalmente. Ojala que esa haitiana que estaba ahí en ese lugar, esté aún presente y luchando en Haití manteniendo esa esperanza. ¡No a la Minustah!

Nora Cortiñas: Yo agradezco a los que estamos presentes acá, tal vez algunos quisieron estar y no pudieron, pero tenemos que seguir convenciendo a muchos más. Cuesta mucho introducir el tema de Haití, la gente no quiere escuchar ese nombre y eso es lo grave. Quiero recordar que estuvimos allí con Mabel Gutiérrez de Familiares, que ya no está, en una delegación y vimos qué es la opresión, cómo vive el pueblo con bayonetas y armas apuntándoles permanentemente. Van pasando, como si fueran inocentes, las camionetas de la ONU permanentemente amenazando.
El pueblo haitiano está poniendo el cuerpo todos los días, están desafiando, están bajo una permanente represión y opresión. Esta campaña que se inició el 1º de junio y que sigue hasta octubre, nos da un margen y una oportunidad para acentuar este empuje. Hoy están presentes los integrantes de AGD, y creo que es muy bueno y muy importante que lleguemos a todas las facultades con la campaña. Debemos irnos hoy con la promesa de que vamos a difundir a través de todos los medios posibles, videos, panfletos, volantes, charlas, el tema de Haití en las universidades porque creo que los estudiantes son la levadura que es lo que crece si le damos la oportunidad.
Quiero contarles que entre muchas cosas que me quedaron grabadas de cuando estuve allí, además de la pobreza extrema, fuimos a un hospital con Adolfo y Beverly y había un joven que había sido herido en una represión y estaba esposado a la cama de ambos lados, inmovilizado. Esas escenas me quedaron grabadas. Siempre que pienso en Haití, recuerdo que uno de los pocos países que realmente ayudó fue Cuba, en cuanto a salud y alimentación; porque este país fue devastado porque no le dejaron sembrados, no le permiten usar sus riquezas naturales y está sujeto a esa permanente vigilancia para que no se les vaya a ocurrir hacer algo para dejar de ser pobres.
Creo que esta es una primera oportunidad y tenemos que comprometernos cada uno de nosotros para planificar qué podemos seguir haciendo. Las Madres ya estamos un poquito cansadas, venimos haciendo campañas hace 40 años, entonces ahora les dejamos la oportunidad a todos los jóvenes de que tomen la posta. Nosotras seguimos aportando ideas, pero los que tienen que llevarlas a la práctica son todos ustedes. Esa es la propuesta, seguir tratando de hablar con los legisladores para interesarlos.
Hoy se habló de la situación del país, hubo un tiempo de primavera política y tuvimos la esperanza de que pudiera seguir por muchos años y ahora tenemos un presidente que hoy se está entrevistando con el mayor opositor de Maduro. Tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza, buscando la manera de repudiar cada cosa que se hace en contra no solamente de los argentinos sino de lo que va en contra de nuestros hermanos latinoamericanos.
Muchas veces que fuimos a hacer gestiones por Haití, nos contestaron que hay que mantener las tropas porque son las que mantienen la paz entre el pueblo. Una gran mentira, los tienen sujetos como esclavos para que no piensen ni actúen. Creo que tenemos que irnos de acá con un compromiso. Los que estamos acá, muchos, tenemos más de 30 años de lucha, ahora se escucha la frase “vamos a tener que salir a la calle”, los que no salieron antes porque no quisieron, que vengan igual, no somos rencorosos. Vamos a estar juntos pero no revueltos. Pero sí les decimos que salgan, que se unan y luchemos por estos dramas que vivimos. Por eso también es de apreciar el esfuerzo que hacemos todos por estar presentes en cada reunión.
De paso les recuerdo que el miércoles hay que estar en la puerta de Embajada de Honduras, para pedir la formación de una Comisión investigadora independiente para que se aclare quién mató a Berta Cáceres. Nos encontramos a las 17:00 en el Obelisco.
Tenemos mucho por hacer, porque los dramas que vivimos son muy serios. Por eso convoco a los jóvenes, para que sepan que el camino es largo y que tenemos que tener un compromiso diario.

Pablo López: Para cerrar, queríamos proponer para ir discutiendo, la elaboración de una carta ya sea al Ministerio de Defensa o a Relaciones Exteriores, donde firmemos en principio todos los que estemos acá, y conseguir firmas de más personalidades y diputados y que se ponga una fecha de presentación de esa carta que reclame no solamente el retiro de las tropas sino el planteo de la investigación y la indemnización al pueblo haitiano por los daños causados y se presente con un acto en la puerta ya sea del Ministerio de Defensa o de Relaciones Exteriores.
El otro tema es que desde nuestro bloque de diputados y desde el Comité por el retiro de las tropas argentinas se han trabajado dos proyectos de resolución por este tema, quedamos en ir discutiéndolos para presentar un proyecto común. Tomar también la propuesta que hizo Cristian de AGD de recolectar firmas de docentes universitarios y sumar la propuesta de Nora de, a través de la FUBA y AGD, hacer charlas y eventos para difundir lo que hemos charlado aquí. Tomar también la propuesta para hacer la carta a la Canciller Malcorra exigiendo el pronunciamiento.
La idea de la realización de esta audiencia, que ha sido muy exitosa, es que sea de algún modo el puntapié inicial de una campaña y un proceso de lucha para llevar adelante todas estas iniciativas y otras que vayan surgiendo para lograr el retiro inmediato de todas las tropas que hoy están atropellando y violentando los derechos más elementales del pueblo haitiano.
Leer

 

 

Comprobamos que los gobiernos progresistas tampoco miran por nuestra Patria Grande. Al respecto Alejandro Teitelbaum señala: "no es posible concretar actualmente una auténtica integración subregional sudamericana ni regional latinoamericana y caribeña al servicio de los intereses nacionales y populares que haga realmente frente al gran capital transnacional y a sus personeros políticos, porque salvo, en un grado diferente y en cierta medida, las excepciones de Cuba y Venezuela, no existen en los gobiernos, ni en cada país, ni regionalmente, la voluntad, los proyectos políticos, económicos y sociales ni los instrumentos jurídicos necesarios para ello, como existieron hasta cierto punto hace un tercio de siglo.

Sólo la organización y la movilización de los pueblos del continente pueden cambiar este estado de cosas".

 

 Tengamos presente cómo los gobiernos Kirchner obviaron ocultando los "diversos recursos que se pueden utilizar a fin de cortar los lazos de subordinación al poder económico transnacional en que se hallan muchos Estados, creada por la red de tratados a los que nos hemos referido en los párrafos precedentes".

 

 

El ALCA está entre nosotros:

Los tratados bilaterales de libre comercio.
diciembre 2005

 

Escribe: Alejandro Teitelbaum

Ponencia presentada en el III Congreso Internacional - Derechos y Garantías en el Siglo XXI. Asociación de Abogados de Buenos Aires. Buenos Aires, 8, 9 y 10 de septiembre de 2004. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

“Los grandes no son tan grandes, lo que sucede es que nosotros estamos de rodillas”. Pedro Albizú Campos.
 

INDICE

RESUMEN

INTRODUCCIÓN
I. LOS TRATADOS BILATERALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS (TPPI
II. LAS LEYES DE INVERSIONES EXTRANJERAS
III. LOS TRATADOS BILATERALES DE LIBRE COMERCIO
IV. LOS TRATADOS BILATERALES EN MATERIA DE  PROPIEDAD INTELECTUAL
V. LOS TRIBUNALES ARBITRALES INTERNACIONALES
VI. CÓMO SALIR DEL ATOLLADERO Y RECONQUISTAR LA AUTODETERMINACIÓN NACIONAL.
1. Denunciar los Tratados
2. Invocar la preeminencia de una norma jerárquicamente superior
3. Someter los Tratados al control de constitucionalidad 
4. Recuperar la indeclinable competencia territorial de los tribunales nacionales
5. Detectar e invocar la existencia de vicios insanables en la celebración y aprobación  de un Tratado que acarrean su nulidad 
6. Invocar la nulidad de un Tratado celebrado por autoridades de un Estado que,  al hacerlo, han excedido su mandato
7.  Promover iniciativas populares legislativas, referendos revocatorios o aprobatorios contra los tratados ya vigentes o en trámite de negociación, contrarios a la soberanía y a los intereses nacionales 
CONCLUSIÓN  (...)
 

(...)VI. COMO SALIR DEL ATOLLADERO Y RECONQUISTAR LA AUTODETERMINACIÓN NACIONAL. 

De lo dicho precedentemente y de la realidad que surge de los hechos, fuerza es constatar que no es posible concretar actualmente una auténtica integración subregional sudamericana ni regional latinoamericana y caribeña al servicio de los intereses nacionales y populares que haga realmente frente al gran capital transnacional y a sus personeros políticos, porque salvo, en un grado diferente y en cierta medida, las excepciones de Cuba y Venezuela, no existen en los gobiernos, ni en cada país, ni regionalmente, la voluntad, los proyectos políticos, económicos y sociales ni los instrumentos jurídicos necesarios para ello, como existieron hasta cierto punto hace un tercio de siglo.

Sólo la organización y la movilización de los pueblos del continente pueden cambiar este estado de cosas.

Sin embargo, es el deber de los juristas comprometidos con los intereses populares explicar la realidad de los hechos y las tendencias dominantes (que a veces se esconden tras iniciativas circunstanciales y limitadas o gesticulaciones histriónicas [24]) y dar algunas pistas en la esfera de su competencia para salir del atolladero, ayudando así a un proceso de adquisición de conciencia de las grandes mayorías.

En ese plano, existen diversos recursos que se pueden utilizar a fin de cortar los lazos de subordinación al poder económico transnacional en que se hallan muchos Estados, creada por la red de tratados a los que nos hemos referido en los párrafos precedentes.

1. Denunciar los Tratados.


El recurso más directo consiste en denunciar el tratado cuando se avecina la fecha en que concluye su vigencia.

Por ejemplo, el Tratado entre el Gobierno de la República de Argentina y los Estados Unidos de América sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones rige por diez años desde la fecha de su entrada en vigor, el 20 de octubre de 1994, hasta el 20 de octubre de 2004

Se presentó pues la ocasión para Argentina de denunciar este Tratado antes del 20 de octubre de 2004 [25]. Lo mismo pudo hacerse, y no se hizo, con el Tratado con Francia en marzo de 2003.

Pero el comienzo de la vigencia de un tratado o su tácita reconducción pueden ser recientes y en ese caso el momento en que se lo pueda dar por terminado al finalizar su vigencia puede estar muy lejano.

Sin embargo, en general los tratados incluyen un mecanismo de denuncia que puede formalizarse en cualquier momento durante su vigencia, aunque sus efectos son suspensivos, es decir que la denuncia produce sus efectos transcurrido cierto lapso.

Existen además otros recursos, a los que nos referimos a continuación, para desligarse de los tratados que son contrarios al interés nacional y a los derechos humanos. 

2. Invocar la preeminencia de una norma jerárquicamente superior.


El principio general es que los Tratados deben ser cumplidos: pacta sunt servanda (art. 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados) y que no se pueden invocar las disposiciones de derecho interno como justificación para el incumplimiento de un Tratado (art. 27 de la misma Convención).

Buena parte de la doctrina y la jurisprudencia sostienen ese principio y consideran que la inobservancia de un tratado constituye un acto ilícito internacional.

Dicho enfoque es correcto en principio, pero no tiene en cuenta una cuestión esencial en derecho internacional: situar a los tratados en el contexto de la jerarquía de las normas. Hay normas que prevalecen sobre otras y éstas últimas son inaplicables cuando contrarían las primeras.

El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, dice lo siguiente: « Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter »

La Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros Tratados y Convenciones internacionales de derechos humanos y ambientales revisten el carácter de normas imperativas de derecho internacional general que no puede ser vulneradas por otros tratados o acuerdos internacionales, so pena de nulidad de estos últimos.

En la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en el resumen de uno de los debates sobre el tema de la responsabilidad de los Estados se dice: “Ha preocupado el problema del conflicto de obligaciones que se plantearía inmediatamente si todas las normas de derecho internacional se pusieran en el mismo nivel. Convendría entonces prever en el proyecto de artículos una disposición instaurando una jerarquía de esas diferentes normas, incluyendo en el capítulo V una disposición mencionando las obligaciones erga omnes (de validez universal) o las obligaciones imperativas de derecho internacional…”[26].

Como resultado de esa preocupación, el artículo 21 del Proyecto de la CDI del año 2000 sobre responsabilidad de los Estados dice: “La ilicitud de un hecho de un Estado quedará excluida si, en las circunstancias del caso, el hecho es exigido por una norma imperativa de derecho internacional general” [27].

Por ejemplo, un tratado no puede llevar a permitir violar las normas internacionales en materia de protección del medio ambiente, pues dichas normas, como ha dicho la Corte Internacional de Justicia en la Opinión consultiva sobre la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares (8 de julio de 1996) y en la sentencia Proyecto Gabcikovo-Nagymaros (25 de setiembre de 1997), forman parte del derecho internacional obligatorio.

Puede citarse también el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice: “En caso de conflicto entre las obligaciones contraidas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta ».

El Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, destacando la cuestión de la jerarquía de las normas, emitió una declaración en la que se dice: « Mientras que los derechos de propiedad intelectual se pueden atribuir y son de alcance y duración limitados y susceptibles de transacción, enmienda e incluso renuncia, los derechos humanos son eternos y constituyen la expresión de una reivindicación fundamental de la persona humana. Mientras que los derechos humanos tienen por objeto garantizar un grado satisfactorio de bienestar humano y social, los regímenes de propiedad intelectual -aunque tradicionalmente brindan protección a los autores y creadores individuales - se centran cada vez más en proteger los intereses e inversiones comerciales y empresariales»[28].

Por su parte, En su resolución 2000/7 del 17/08/2000, la Subcomisión de derechos humanos de la ONU ha dicho:

" Afirma que la protección de los intereses morales y materiales que resultan de toda producción científica, literaria o artística de que una persona es autora es, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 27 de la DUDH y el inciso c) del párrafo 1 del artículo 15 del PIDESC, un derecho humano, en los límites del interés general;

Declara, sin embargo, que dada que la aplicación del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que se relacionan con el comercio (ADPIC), no tiene en cuenta como debería la naturaleza fundamental de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, en particular el derecho de cada persona a disfrutar de las ventajas de los progresos científicos y de sus aplicaciones, del derecho a la salud, a la alimentación y del derecho a la autodeterminación, hay conflictos visibles entre el régimen relativo a los derechos de la propiedad intelectual contenido en el Acuerdo, por una parte, y el derecho internacional relativo a los derechos humanos, por la otra;

Recuerda a todos los gobiernos la primacía de las obligaciones relativas a los derechos humanos sobre las políticas y los acuerdos económicos;" (El subrayado es nuestro).
La Corte Interamericana de derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC/2/82, de 24 de septiembre de 1982 relativa al efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención, se expresó en estos términos: "los tratados modernos sobre derechos humanos en general, y en particular la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para el beneficio mutuo de 1os Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a otros contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción".

También la Comisión Europea de Derechos Humanos, basándose en el Preámbulo de la Convención Europea expresó en el caso 788/ Austria vs. Italia que: "el propósito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convención no fue concederse derechos y obligaciones recíprocas con el fin de satisfacer sus intereses nacionales sino realizar los fines e ideales del Consejo de Europa... y establecer un orden público común de las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su herencia común de tradiciones políticas, ideas y regímenes de derechos" [29].

«De todo esto se concluye - dice Bruni Celli - que mientras el Derecho Internacional Común es un derecho dispositivo en cuanto está a disposición de los Estados que lo crean, lo modifican o lo amplían; el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es por naturaleza un derecho imperativo que si ciertamente es creado por los Estados mediante la aprobación y ratificación, sin embargo los Estados no pueden descrearlo ya que esos tratados contienen estipulaciones a favor de terceros a quienes se les reconocen derechos derivados de su propia e intrínseca dignidad.

Es así pues como la suerte de los derechos reconocidos en esos tratados no puede depender ya de la voluntad de los Estados que los han ratificado, por la simple razón de que la suerte de ninguna relación bilateral (que en este caso es la relación Estado-ser humano) puede depender de la voluntad de una sola de las partes, en este caso del Estado.

De acuerdo a este razonamiento, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales sobre la materia vendrían a tener, tal como lo apunta Edmundo Vargas Carreño, una naturaleza similar a aquella institución del Derecho Civil de las "estipulaciones a favor de terceros".

En la medida en que los tratados de derechos humanos son instrumentos jurídicos creados, ratificados y reconocidos por los Estados y que estos otorgan derechos a sujetos que no concurren a su elaboración, no pueden los Estados unilateralmente desvincularse de su obligación de respetar los derechos de esos "terceros" » [30].

Dicho de otra manera, el principio pacta sunt servanda tiene un límite esencial: los Tratados deben ser cumplidos siempre que su aplicación no redunde en la violación de los derechos humanos consagrados internacionalmente.

3. Someter los tratados al control de constitucionalidad 


De lo dicho en el párrafo precedente deriva una consecuencia indiscutible: los Tratados internacionales que Bruni Celli llama de Derecho Internacional Común deben ser sometidos al control de constitucionalidad, a fin de que los Tribunales nacionales determinen si son conformes con la parte dogmática de la Constitución en lo que se refiere a los derechos y garantías contenidos en ella y más particularmente con las normas internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía de jus cogens (normas imperativas de derecho internacional).

Este aspecto no ofrece dudas en los casos en que las Constituciones nacionales han incorporado expresamente las principales normas internacionales de derechos humanos, como es el caso de Argentina.

El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Argentina ha conferido jerarquía constitucional a las Declaraciones Americana y Universal de derechos humanos, a la Convención Americana y a los principales Pactos y Convenciones de derechos humanos. Otros tratados y convenciones sobre derechos humanos que ratifique Argentina también tendrán jerarquía constitucional si así lo deciden ambas Cámaras del Congreso por el voto de los dos tercios, por lo menos, de la totalidad de sus miembros.

El mismo inciso 22 del artículo 75 reconoce a los otros tratados y concordatos una jerarquía superior a las leyes. Superior a las leyes pero jerárquicamente inferiores a la parte dogmática de la Constitución, incluidas las normas internacionales de derechos humanos. El inciso 24 del mismo artículo se refiere a los tratados de integración a los que también atribuye una jerarquía superior a las leyes [31]. Estas disposiciones dan precisión, estableciendo una jerarquía de las normas, al párrafo del artículo 31 de la misma Constitución que dice: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación”… 

El artículo 93 de la Constitución de Colombia dice: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno ». 
Y el artículo 241 dice: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: …10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva ». 

La Constitución de Chile no contiene una disposición sobre la jerarquía de los tratados internacionales. En el artículo 82, inciso 2º establece que corresponde al Tribunal Constitucional resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso. Es decir, establece una especie de control preventivo de los Tratados, antes de que sea ratificado por el Congreso.

Pero se sostiene, a nuestro juicio con acierto, que después de ratificado un Tratado, la Corte Suprema puede ejercer el control de constitucionalidad en un caso particular. «Porque si sus disposiciones lesionaran derechos que la Constitución asegura a todas las personas - dice el profesor Pfeffer Urquiaga- , no se visualiza racionalmente motivo que impida que los sujetos afectados puedan demandar la inaplicabilidad de sus normas si ellas vulneran dichos ordenamientos fundamentales» [32].

Las Constituciones de Bolivia (art. 120, inciso 9), Colombia (art. 241, inciso 10) y Perú (art. 200, inciso 4) establecen el control de constitucionalidad de los Tratados internacionales y la de Ecuador art. 276, inciso 5) el control de constitucionalidad antes de su aprobación por el Congreso.

Aunque muchas constituciones guardan silencio respecto del control de constitucionalidad de los Tratados internacionales, pensamos que es de aplicación general la interpretación que hace el profesor Pfeffer Urquiaga para el caso chileno: un tratado internacional puede ser declarado inaplicable por los tribunales nacionales si viola las garantías fundamentales de la Constitución. Y también si viola las normas imperativas del derecho internacional de los derechos humanos. 

4. Recuperar la indeclinable competencia territorial de los tribunales nacionales.

En muchos tratados bilaterales de comercio y de inversiones, en el TLCAN y en el proyectado ALCA se incluye una cláusula de renuncia a la jurisdicción nacional en favor de tribunales arbitrales para dirimir conflictos entre un particular inversor y el Estado receptor de la inversión. Varios Estados latinoamericanos, al aceptar tal cláusula y aceptar la competencia del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI) han renunciado a una prerrogativa fundamental de su soberanía. 

En el ámbito latinoamericano, esta renuncia implica el abandono de un largo combate iniciado en el siglo XIX por Carlos Calvo, plasmado en su Derecho Internacional Teórico y Práctico [33]. La llamada «doctrina Calvo » se basa en los principios de la soberanía nacional, de la igualdad entre ciudadanos nacionales y extranjeros y de la competencia territorial de los tribunales nacionales. Según Calvo los Estados soberanos gozan del derecho de estar libres de cualquier forma de interferencia por parte de otros Estados y los extranjeros tiene los mismos derechos que los nacionales y, en caso de pleitos o reclamaciones, tendrán la obligación de agotar todos los recursos legales ante los tribunales locales sin pedir la protección e intervención diplomática de su país de origen.

La doctrina Calvo, que sigue teniendo rigurosa actualidad, respondió desde su formulación a la necesidad de enfrentar la política agresiva y dominante de los Estados Unidos, expresadas en la « doctrina Monroe » y en el « corolario Roosevelt », y de las grandes potencias europeas frente a las jóvenes repúblicas al sur del Río Bravo. A veces bajo la denominación de «protección diplomática » de sus nacionales y otras en forma de intervenciones armadas directas, como fue el caso del bombardeo de puertos venezolanos en 1902 por parte de fuerzas navales de Alemania, Gran Bretaña e Italia para obligar a Venezuela a pagar deudas a nacionales de dichos países. Este episodio dio lugar a la «doctrina Drago » que rechaza el empleo de la fuerza o la ocupación territorial como medio para obligar a un Estado a pagar sus deudas.

No es necesario, por demasiado conocida, hacer la historia de las intervenciones armadas estadounidenses en América Latina y el Caribe en los últimos 150 años. 

Las ideas de Calvo se cristalizaron por un lado en la «cláusula Calvo » consistente en la introducción en los convenios con ciudadanos extranjeros de una disposición por la que éstos aceptan la competencia de los tribunales nacionales y renuncian a la protección diplomática de su propio país y por el otro en la “doctrina Calvo” que es el reconocimiento institucional de ese principio, con suerte diversa, pues siempre Estados Unidos se opuso a ella. 

La Novena Conferencia Panamericana (Bogotá 1948) consagró la doctrina Calvo en el ámbito regional con la Carta de la Organización de los Estados Americanos, cuyo artículo 15 dice: « La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros ». En la misma Conferencia se aprobó el Pacto de Bogotá, en cuyo artículo 7 se lee: « Las Partes se obligan a no intentar reclamación diplomática para proteger a sus nacionales ni a iniciar al efecto una controversia ante la jurisdicción internacional cuando dichos nacionales hayan tenido expeditos los medios para acudir a los tribunales nacionales competentes del Estado respectivo ».

La doctrina Calvo inspiró la actitud de los países latinoamericanos que en 1964 rechazaron colectivamente el mecanismo de arbitraje internacional propuesto por el Banco Mundial, como recordamos más arriba [34].

La doctrina. Calvo figura en varias constituciones latinoamericanas.

El artículo 116 de la Constitución argentina dice: “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación…y por los tratados con naciones extranjeras…” [35]. La Constitución boliviana en el art. 24 dice: "Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas". La de Guatemala, art. 29: "Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia". La Constitución salvadoreña, art. 98, dice: "Ni los salvadoreños ni los extranjeros podrán reclamar al gobierno indemnización alguna por daños o perjuicios que a sus personas o a sus bienes causaran facciones. Sólo podrán hacerlo contra los funcionarios o particulares culpable", y en el art. 99: "Los extranjeros no podrán ocurrir a la vía diplomática sino en los casos de la denegación de justicia y después de agotados los recursos legales que tengan expedidos". La Constitución de Ecuador, art. 14: "Los contratos celebrados por las instituciones del Estado con personas naturales o jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia a toda reclamación diplomática. Si tales contratos fueran celebrados en el territorio del Ecuador, no se podrá convenir la sujeción a una jurisdicción extraña, salvo el caso de convenios internacionales". La Constitución peruana, art. 63, 2° c): "En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes u órganos jurisdiccionales de la República y se renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados en la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero", La Constitución venezolana, art. 151: "En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras". 

Pese a estas claras disposiciones constitucionales, a la Carta de la OEA y al Pacto de Bogotá y a toda la tradición jurídica latinoamericana y pese a que el artículo 68 del mismo Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, del 18 de marzo de 1965 , que creó el CIADI dice: “Este Convenio será ratificado, aceptado o aprobado por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales”, una quincena de Estados latinoamericanos, la mayoría en el decenio de 1990, adhirieron al Convenio aceptando así la competencia del CIADI. 

En el ámbito internacional también ha quedado consagrada la doctrina Calvo.

El 17 de diciembre de 1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 3171 Soberanía permanente sobre los recursos naturales, en cuyo punto 3 se dice: « Afirma que la aplicación del principio de la nacionalización por los Estados, como expresión de su soberanía para salvaguardar sus recursos naturales, implica que cada Estado tienen derecho a determinar el monto de la posible indemnización y las modalidades de pago, y que toda controversia que pueda surgir deberá resolverse de conformidad con la legislación nacional de cada uno de los Estados que apliquen tales medidas;… » (El subrayado es nuestro).

El 12 de diciembre de 1974 la Asamblea General de la ONU aprobó la Carta de derechos y deberes económicos de los Estados, cuyo artículo 2. 2 c) establece el derecho de los Estados a nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros pagando una compensación adecuada «teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinentes ». Sigue diciendo que si la compensación es motivo de controversia, la cuestión «será resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales, a menos que todos los Estados interesados acuerden libre y mutuamente que se recurra a otros medios pacíficos sobre la base de la igualdad soberana de los Estados y de acuerdo con la libre elección de los medios" ». (El subrayado es nuestro). 

La última parte de la frase se refiere a un acuerdo entre los Estados en un caso particular y no a una renuncia general del Estado a su derecho soberano a la jurisdicción en el ámbito de su territorio, como se establece actualmente muchos tratados comerciales bilaterales [36]. 

5. Detectar e invocar la existencia de vicios insanables en la celebración y aprobación de un Tratado que acarrean su nulidad.

En la aprobación de un Tratado pueden haber vicios de procedimiento que acarreen su nulidad. Por ejemplo cuando está previsto en la ley o en la Constitución nacional el control constitucional previo y éste no se efectúa. 

Otra causa de nulidad de un Tratado son los vicios de fondo.

A ellos se refiere la Sección 2 (artículos 46 a 53) que lleva el título Nulidad de los tratados de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ya nos hemos referido al art. 53 de la Convención, que dice: : « Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter »

Según el art. 46 puede ser causa de nulidad de un Tratado si ha sido celebrado en violación manifiesta de una norma de importancia fundamental del derecho interno de una de las partes que celebró el Tratado.

Combinando los artículos 46 y 53 sería, pues, causa de nulidad de un Tratado su celebración en violación de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución del Estado y en las principales normas del derecho internacional de los derechos humanos, como los derechos a la salud, a la alimentación, a una vivienda adecuada, a la educación, etc.

También sería causa de nulidad la renuncia al ejercicio de algún otro precepto interno fundamental, como el examen por los tribunales nacionales de la conformidad de una ley o tratado con la Constitución. Esto puede ocurrir si el Tratado en cuestión confiere a tribunales arbitrales internacionales la solución de controversias entre las partes, pues en tales controversias pueden estar implicadas cláusulas constitucionales. Y el control de constitucionalidad es - por razones elementales de soberanía del Estado - de competencia exclusiva de los tribunales nacionales. Ya nos hemos referido más arriba a la doctrina Calvo y a su consagración en las normas nacionales e internacionales.

El artículo 50 de la Convención de Viena contempla como vicio del consentimiento susceptible de acarrear la nulidad de un Tratado, la corrupción del representante del Estado, efectuada directamente o indirectamente por otro Estado negociador.

Cabe examinar entonces, en el caso de un Tratado que contiene disposiciones manifiestamente violatorias de la soberanía del Estado y contrarias a los derechos fundamentales de la población, si las autoridades que lo suscribieron no han sido corrompidas para consentirlas.

El artículo 52 de la Convención de Viena dice: «Es nulo todo Tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas »

La amenaza o el uso de la fuerza debe interpretarse a la luz del artículo 2 inciso 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohibe la amenaza o el uso de la fuerza, sin distinguir entre fuerza armada u otra, y de diversas resoluciones de la Asamblea General que han condenado el empleo de la coerción económica. Además, la coerción económica es contraria a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, enunciados en los artículos 1 inciso 3 y 55, a diversas Declaraciones y Resoluciones de la Asamblea General propiciando las relaciones amistosas y la cooperación económica internacional. 

Algunos internacionalistas sostienen que la prohibición del artículo 2 inciso 4 de la Carta de las Naciones Unidas se refiere únicamente a la fuerza armada. 

Nosotros no compartimos dicha interpretación del artículo 2, inciso 4.

El inciso 4 del artículo 2 dice "fuerza", sin distinguir entre fuerza armada y no armada. Cuando la Carta se quiere referir a la fuerza armada, lo hace expresamente (artículos 41 y 46). El principio de interpretación dogmática donde la ley no distingue no debemos distinguir no autoriza entonces a excluir de la prohibición del inciso 4 a la fuerza no armada. 

En la Conferencia de San Francisco donde se aprobó la Carta de la ONU, varios países sudamericanos propusieron que se mencionara expresamente en el inciso 4 la prohibición de la coerción económica y política. El rechazo de la propuesta sudamericana es interpretado a favor de su tesis por los partidarios de la interpretación restrictiva, es decir que la prohibición se refiere solo a la fuerza armada, pero se puede argumentar igualmente que la voluntad de quienes aprobaron la Carta fue no diferenciar entre fuerza armada y no armada y por eso no aceptaron la propuesta sudamericana pero tampoco agregaron el calificativo "armada" a la palabra "fuerza". 

De todas maneras, a esta altura del desarrollo progresivo del derecho internacional, parece "inoportuno e innecesario tratar de reabrir el debate sobre el significado del término "fuerza" [en el inciso 4 del artículo 2 de la Carta], o especular sobre las razones por las que la propuesta latinoamericana sobre ese punto había sido rechazada en la Conferencia de San Francisco", como se dijo en 1992 en el debate de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad de los Estados [37].

Lo que interesa sobre todo es el estado actual del derecho internacional, en sus aspectos normativo, jurisprudencial y doctrinario, en materia de utilización de la coerción económica en las relaciones internacionales.

La Declaración de la Asamblea General de la ONU, de 26 de octubre de 1970, (AG 2625 (XXV)), relativa a los principios de derecho internacional sobre las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, particularmente el noveno párrafo del preámbulo y el tercer principio, así como la Declaración de la Asamblea General del 18 de noviembre de 1987 (Resolución 42/22) sobre el fortalecimiento de la eficacia del principio de la abstención del recurso a la amenaza o al empleo de la fuerza en las relaciones internacionales, particularmente varios párrafos del preámbulo y los artículos 7, 8 y 17, ambas Declaraciones adoptadas por consenso, recuerdan la prohibición de emplear entre los Estados medidas de coerción económicas, políticas o de otra naturaleza.

En 1989, la Asamblea General, adoptó, por 118 votos a favor, ninguno en contra y algunas abstenciones, la Resolución 44/215, condenando las medidas económicas utilizadas para ejercer una presión política y económica sobre los países en desarrollo. Y en 1991, la Asamblea General aprobó por consenso la Resolución 46/43 sobre la protección y seguridad de los pequeños Estados, en la que reconocía la vulnerabilidad de los pequeños Estados a las amenazas exteriores y a las injerencias en sus asuntos internos y señalaba la importancia vital para todos los Estados del respeto incondicional de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente los referidos a la igualdad soberana, la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos interiores y el arreglo pacífico de las controversias.

También forma parte de la normativa internacional (jus cogens) la Declaración y Programa de Acción de Viena (25 de junio de 1993), que en la primera parte del artículo 31 de la Sección primera dice: "La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a los Estados que se abstengan de adoptar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas que creen obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados...".

En el ámbito regional, el artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos dice: "Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza". Y el artículo 18 prohibe la injerencia ‑armada o no armada‑ de un Estado o grupo de Estados en los asuntos internos o externos de cualquier otro.

De modo que el ejercicio de presiones económicas para obligar a un Estado a celebrar un Tratado, corresponde a la amenaza o el uso de la fuerza a que se refiere el artículo 52 de la Convención de Viena y es, por lo tanto, una causa de nulidad del Tratado. 

6. Invocar la nulidad de un Tratado celebrado por autoridades de un Estado que, al hacerlo, han excedido su mandato. 

Las autoridades de un Estado que han firmado y ratificado un Tratado con cláusulas que vulneran la soberanía de dicho Estado y los derechos fundamentales de la población, además de cometer graves delitos que podrían incluir el de traición, han ultrapasado su mandato, que consiste en desempeñar sus funciones en el marco de la Constitución, de las leyes y de las normas internacionales fundamentales, obligatorias para todos los Estados. El Tratado será nulo por haber excedido una de las partes los límites de su mandato y la otra parte no podrá alegar la ignorancia de ese hecho para sostener la validez del Tratado, cuando la violación del mandato fuere manifiesta. 

7. Promover iniciativas populares legislativas, referendos revocatorios o aprobatorios contra los tratados ya vigentes o en trámite de negociación, contrarios a la soberanía y a los intereses nacionales.

Por ejemplo en Colombia, el artículo 103 de la Constitución dice : « Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará ». Y la ley 134 de 1994 reglamenta la iniciativa popular y normativa, el referendo, el referendo aprobatorio y el referendo derogatorio. (Véase Mesa de trabajo: las reformas sociales que Colombia necesita, realizada por numerosas organizaciones populares: CUT, CGTD, CPC, Plataforma DESC, ILSA, ANUC, etc., Bogotá, noviembre 2004).

También el artículo 88 de la Constitución colombiana dice: “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. 

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos ». Este artículo fue reglamentado por la ley 472 de 1998. 

En resumen. En los siete puntos precedentes se han examinado diferentes recursos destinados dejar sin efecto la vigencia de una serie de tratados bilaterales que han creado vínculos de subordinación de muchos países periféricos con el poder económico transnacional y las grandes potencias, que equivalen a una pérdida casi total de la soberanía nacional y a la supresión de aspectos esenciales del sistema democrático de gobierno.

Según las circunstancias concretas, esos recursos pueden invocarse y emplearse de manera separada o conjuntamente, todos o algunos de ellos.

Por cierto que no creemos que la sola invocación del derecho pueda producir el milagro de revertir una situación por demás difícil. 

Pero puede servir para ayudar a crear conciencia en los pueblos de que han sido despojados de sus derechos más elementales, tanto civiles y políticos como económicos, sociales, ambientales y culturales y de que sólo con su propia acción lograrán recuperarlos.

CONCLUSIÓN

La lucha contra el proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es de fundamental importancia en sí misma pero al mismo tiempo debe servir como revelador de un estado de cosas ya existente, del que es parte importante la red de tratados bilaterales que están en vigor o en trámite de celebración. 

Por eso decimos que «el ALCA está entre nosotros » (parafraseando el título del film «Los asesinos están entre nosotros »),
para significar que los centros del poder mundial no se proponen someternos sino que ya nos han sometido con la complicidad de gobiernos claudicantes, serviles y corruptos y que de lo que se trata es de emprender y desarrollar una verdadera lucha por la democracia participativa, política y económica, la autodeterminación nacional y el progreso social.

Algunos autores - « politólogos », economistas, sociólogos, etc. - teorizan acerca de que el actual estado de cosas es el resultado normal de una economía mundializada. Es una manera de decir que la democracia representativa y participativa, la justicia distributiva y el bienestar general son conceptos superados por la realidad de los hechos. Y que hay que aceptar que una minoría que nadie eligió, dueña del poder económico, que controla el poder político, los medios de comunicación social y todos los demás bienes y servicios por naturaleza sociales, decida sobre quiénes tienen acceso - o no - a los bienes y productos materiales y culturales que ellos mismos controlen o fabriquen e inciten a consumir.

Pero también la realidad de los hechos demuestra que cada vez más gente está actuando para (re)construir una sociedad democrática y participativa y para recobrar el poder de decisión sobre sus propias vidas y destinos. 

PORQUE ESA GENTE PIENSA QUE OTRO MUNDO NO SÓLO ES POSIBLE, SINO NECESARIO.

Lyon, 16 de abril de 2005

Notas: (...)

 

Tomado de ARGENPRESS, 12/2005.

PVP - Partido por la Victoria del Pueblo - Frente Amplio - Uruguay

Fuente: http://www.pvp.org.uy/alcateitelbaum.htm

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Historiemos la política de estado para la desposesión y contaminación a las comunidades Mapuche, sobre todo, por las petroleras:

Juicio al lof Mapuche Logko Puran:

Continúan acciones contra Apache Corp. en Neuquén

12 de Junio de 2007 

 
 A las 9 de la mañana comenzó en la Cámara Penal de Zapala el juicio por turbación de la posesión y usurpación contra autoridades de la comunidad Lonko Puran y la Confederación Mapuche Neuquina. El bloqueo del camino de acceso al yacimiento Portezuelo, la paralización de la perforación de pozos de gas en yacimiento Anticlinal y volanteadas garantizaron una fuerte presencia mapuche en la agenda regional. Martín Velásquez Maliqueo, Fidel Pinto, Florentino Nahuel y Roberto Ñancucheo son las autoridades mapuches comprendidas en la demanda judicial iniciada por la petrolera estadounidense Pioneer Natural Resources – hoy Apache Corporation – en 2001 ante la resistencia de los comuneros a la explotación de hidrocarburos por los severos daños ambientales y culturales producidos. 
  
Por Hernán Scandizzo ((i)) Indymedia Pueblos Originarios
 
 
Representantes de Confederación Mapuche Neuquina (CMN) y de las comunidades Logko Puran, Gelay Ko, Wiñoy Folil, Gramajo y Wentru Trawuel Leufu paralizaron en la mañana de ayer pozos de gas y petróleo que explota la estadounidense Apache Corporation en el yacimiento Anticlinal, ubicado en la comunidad Gelay Ko. El gerente de Relaciones Humanas de la compañía, Marcelo Watson, anunció por la tarde a las autoridades mapuche que en los próximos 10 días serían retirados del lugar los equipos que trabajan en la apertura de dos pozos para la extracción de gas. La acción de los comuneros se suma a la realizada el jueves en el lof Logko Puran, donde instalaron una tranquera que impide el acceso a cerca de 12 pozos y una planta compresora de gas. Planta que junto a 5 pozos de gas fue paralizada anoche por la petrolera a raíz de desperfectos técnicos.
  
Las medias reivindicativas se mantendrán hasta el lunes, día en que se realizará en la Cámara Penal de Zapala el juicio oral y público por usurpación y turbación de la posesión contra Velázquez Maliqueo, Fidel Pinto Duminao - logko e inal logko de la comunidad Logko Puran -, Florentino Nahuel y Roberto Ñancucheo - werkenes de la CMN - iniciado por denuncia de Pioneer Natural Resources - hoy Apache Corp. Velázquez Maliqueo y Silva Kvlaleo, integrante de la comunidad Gelay Ko y werken de la CMN, hablaron de las acciones de los últimos días, el juicio en puerta y la no implementación de la legislación que reconoce sus derechos.
  
-¿Qué se está haciendo hoy en la comunidad Gelay Ko? 

MVM: 
Lo que estamos haciendo aquí es, una vez más, reafirmar nuestros derechos sobre nuestro territorio. El problema no es de la comunidad Logko Puran, ni tampoco de Gelay Ko sino que es un problema del pueblo mapuche y como tal es una responsabilidad que nos cabe a todos. 

En el día de hoy hemos decidido continuar con una serie de medidas, de acciones directas en contra de las compañías petroleras que están destruyendo nuestro territorio y, a su vez también, empezar a presionar al Estado provincial para que de una vez por todas respete nuestro territorio y haga que las empresas dejen de explotar nuestro territorio sin consultarnos, sin presentar ningún plan de explotación del lugar. Aquí se está explotando de una manera devastadora, hay mucha contaminación ambiental, hay mucho impacto cultural, hay mucho daño al Wajmapu, y si no lo defendemos nosotros no lo va a defender nadie, es por eso que nos hemos unido aquí un par de comunidades para defender, revindicar nuestros derechos. En el día de hoy habemos personas de 5 comunidades en este lugar, Anticlinal, paralizando el yacimiento que está operado por la empresa Apache y queremos hacer oír nuestra voz, nuestra demanda. 

Hace un momento cayó el escribano con el gerente de Relaciones Humanas de la compañía diciéndonos qué estábamos haciendo acá, por qué estábamos impidiendo el acceso; cuando en realidad todas las preguntas deberían ser al revés: "¿Qué están haciendo ustedes en este lugar, en nuestra casa?", y no hacer lo que vinieron a hacer, que es tomar información para después denunciarnos por usurpar, por turbar los trabajos de la compañía. 
  
-Ayer (jueves) en la comunidad Logko Puran también colocaron una tranquera en un camino de acceso al yacimiento Portezuelo, por el que transita Apache Corporation. 

MVM: Si, en el día de ayer hicimos un acto simbólico entre cinco comunidades representadas a través de sus autoridades, dejamos instalada una tranquera construida por nosotros y procedimos a ponerle candado y de una vez por todas decirle a las petroleras: "¡Basta de explotar nuestro territorio!". Y quien rompa el candado o la cadena está violando una vez más nuestro territorio entonces se van a hacer las acciones que correspondan para ser denunciado. 

Hoy por hoy la tranquera está puesta con candado, con cadena y son alrededor de 12 pozos los que van a quedar bloqueados de aquí en adelante, además de una planta compresora de gas. 
  
-¿Cómo es la situación en la comunidad Gelay Ko? 

SK:
 La situación en la comunidad Gelay Ko es mucho más aberrante la realidad que la que hoy tiene Logko Puran, porque aquí directamente se ha venido toda la explotación que podemos ver. Una explotación totalmente irracional, totalmente violenta, que impacta no tan sólo en el medioambiente, en el Wajmapu, sino que también impacta directamente dentro de la cultura de la comunidad y, a partir de allí, amenaza el desarrollo que tiene hoy el pueblo mapuche en las porciones de territorio que le han dejado a las comunidades, donde están justamente asentados las industrias petroleras. 

La explotación en la comunidad se hace tal como el gobierno y la empresa lo determinan, con una necesidad y una avaricia de extraer la mayor cantidad, sin importarle cuánto se daña, cuánto se rompe o cuánto puede llegar a quedar vivo en este espacio. Lamentablemente después de la Conquista del Desierto nos arrinconaron entre estos piedreros, que es nuestro espacio territorial, y hoy con el petróleo y la minería encontraron otras excusas para seguirnos invadiendo, para seguirnos matando, asesinando, hoy judicializando nuestros derechos, tratándonos de criminales en nuestros propios derechos. Entendiendo que están nuestros derechos en riesgo nosotros comenzamos a generar este tipo de organización, no tan sólo con la comunidad Logko Puran sino también con el resto de las comunidades que están siendo o van a ser afectadas por lo que es la industria extractiva del petróleo y de la minería - que es el otro monstruo fuerte que viene a impactar en nuestros territorios con total aval del gobierno de la provincia y de su magra justicia, que lo único que hace es darle garantías para que hagan lo que quieran en nuestro territorio. 
  

-Además de esta acción y la de ayer (jueves), ¿van a seguir movilizados al lunes, el día del juicio? 


SK:
 La intención es continuar con estas medidas de reafirmación de nuestros derechos hasta llegar el día lunes, que se va a dar el juicio oral y público, en la ciudad de Zapala, donde la comunidad Logko Puran está siendo enjuiciada y también miembros de la Confederación. Sea cual sea el fallo de la Justicia entendemos que el pueblo mapuche va a continuar en lucha porque nuestro derecho que está amenazado, en función de eso vamos a continuar con nuestro plan de lucha hasta lograr que se implementen realmente políticas acordes con la participación y la consulta al pueblo mapuche en relación a nuestros recursos naturales. 
  

-El reconocimiento dentro de la Constitución Provincial del derecho a la administración de los recursos de su territorio del pueblo mapuche introducido el año pasado, ¿se ha implementado? ¿Ha cambiado en algo la relación del Estado provincial con el pueblo mapuche y las petroleras? 

SK:
 No, no ha cambiado. Por parte del gobierno y por parte de las petroleras no ha cambiado absolutamente en nada. Sí ha cambiado para nosotros por lo que lo ha sido, por lo que fue, por lo que significó la movilización en favor de nuestros derechos y lograr el artículo 53 de la Constitución Provincial. El artículo 53 de la Constitución Provincial es una herramienta para nosotros en la batalla, sabemos que somos nosotros quienes lo vamos a ejecutar, sabemos que somos nosotros quienes lo vamos a implementar. Y tampoco vamos a permitir la reglamentación, porque lamentablemente lo que hoy están pensando quitarle fuerza a ese reconocimiento, fragmentarlo y continuar en el olvido porque - como se dieron cuenta ahora - no se podía dar tanto grado de reconocimiento al pueblo mapuche en Neuquén. 

Entendemos que ni el gobierno ni las empresas ni nadie va a hacer cumplir nuestros derechos que hoy están plasmados en la Constitución Provincial, en las cartas orgánicas, en la Constitucional Nacional e internacionalmente que no sean justamente los propios mapuches. 
  
-Toda esa legislación existe en términos formales pero a la hora de aplicarse no es mucho lo que se ha avanzado. 


SK:
 Podemos hablar de que todos los pueblos indígenas del país tienen un alto grado de reconocimiento, plasmado justamente en la Constitución, pero realmente de eso nada se cumple. Nada de los derechos que hemos tenido y que tenemos como pueblo se reconoce por parte del Estado, porque justamente esa es su intención, mantenerlos allí dormidos pero, por otro lado, decir que es un país abierto, un país proyectista, con vista al futuro e integracionista. Porque eso es en definitiva lo que consideran, siempre se tiene que tener un sector marginado, un sector empobrecido y justamente siempre, lamentablemente, somos los pueblos indígenas, es el pueblo mapuche aquí en Neuquén. Los pueblos originarios de Argentina, somos pueblos preexistentes a este Estado y eso es lo que aún más se niegan a reconocer, porque no logran entender realmente la magnitud de a dónde pretendemos llegar con el ejercicio de nuestros derechos.
  
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Mapuche cierran llave de paso a la impunidad 
  http://www.barilochense.com/?suplementos=1&id=3&novedad=1104
 
  
 Fuente: http://www.oilwatchsudamerica.org/petroleo-en-sudamerica/argentina/889-argentina-autoridades-mapuche-llevados-a-juicio-en-neuquensumario-mapuche.html

 

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Derechos vulnerados en el Sur

22 de abril de 2013

Una organización que monitorea el estado de los derechos indígenas cuestiona los avances de la industria extractivista y las empresas que despojan territorios ancestrales en el Sur del país. Sólo en Neuquén hay 347 mapuches judicializados por defender su tierra.

 

Por Darío Aranda

 

Petroleras, mineras y estancieros avanzan sobre pueblos indígenas y lo realizan con la complicidad del Poder Judicial y político. Es una de las conclusiones del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), que analizó casos testigo de la vulneración de derechos humanos y cuantificó la criminalización en Neuquén: 347 mapuches judicializados por defender el territorio. El informe también advierte que el nuevo Código Civil implicará más desalojos y judicialización. “Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia”, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.

 

El Odhpi publica todos los años su investigación anual. Este año centró su trabajo en Chubut, Río Negro y Neuquén. “En la Patagonia se sigue identificando al despojo territorial como el principal obstáculo para la subsistencia y desarrollo de los pueblos indígenas como pueblos autónomos”, afirma.

 

“Avanzada de la megaminería” es el título del capítulo sobre Chubut. Y destaca la presencia de la multinacional Pan American Silver en la meseta (centro) de la provincia para extraer plata y plomo. En la zona viven desde hace un siglo comunidades mapuches y tehuelches. El Odhpi recuerda que en Chubut está vigente la ley 5001 (que prohíbe la actividad), pero el gobierno provincial habilita la exploración. Explica que la minera ingresó al territorio de las comunidades, extrajo agua para exploración, prometió mejoras económicas, trasladó un cementerio indígena (junto a técnicos provinciales) y obtuvo el apoyo de las autoridades políticas para avanzar en una actividad prohibida.

“No se conocen otros casos de permisos oficiales para la preparación de actividades prohibidas. Es como si se autorizara a filmar un banco para averiguar sus mecanismos de seguridad porque lo que está prohibido es el robo, no su planificación. Esta aberración exhibe el enorme poder corrosivo institucional de este tipo de empresas”, denuncia el Odhpi.

“Informe de situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Patagonia” es el nombre del trabajo y destaca que (con la megaminería) se vulnera el Convenio 169 de la OIT (convenio internacional que tiene rango supralegal), que obliga a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas.

De Río Negro describe que la violación de los derechos de las comunidades son “recurrentes” y aclara que no funcionan los canales institucionales que debieran encauzar los reclamos. En cuanto a la aplicación de la ley 26.160 (aprobada en 2006, que debiera frenar las órdenes judiciales de desalojos e insta a un mapeo territorial), se relevaron 64 de las 124 comunidades y, en la actualidad, se encuentra suspendido el equipo técnico que censa las comunidades.

De Neuquén puntualiza que es “particularmente grave” la situación por la avanzada de la frontera hidrocarburífera, especialmente por los llamados hidrocarburos “no convencionales” (con el método de hidrofractura), con la explotación de la formación geológica Vaca Muerta. Explica que el gobierno nacional y el provincial “ya han reconocido que se privilegiará la actividad extractiva por sobre las comunidades. Ninguno ha tomado en cuenta la consulta, ni la participación de las comunidades mapuches”. Señala como antecedente el caso de las comunidades kaxipayiñ y paynemil, que habitan territorios contaminados durante cuatro décadas por YPF y Repsol, en el yacimiento gasífero Loma La Lata.

En Neuquén recién en 2012 se firmó el convenio para la ejecución de la ley 26.160. Y puntualiza que la aplicación “sigue demorada”.

El Odhpi dedica un apartado a la criminalización de la lucha indígena. Entre 2005 y 2012, al menos 347 miembros del pueblo mapuche de Neuquén enfrentaron procesos judiciales por defender el territorio.

El informe, de 97 páginas, analiza los casos de judicialización y concluye: “El Estado protege con esta política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del respeto de los derechos humanos de los indígenas. Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional, política y represiva para transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado”.

El Odhpi precisa, como casos paradigmáticos de jueces que criminalizan a indígenas, a Ivonne San Martín (jueza civil de Zapala) y a Jorge Videla (Villa La Angostura). Detalla numerosos casos de violación de derechos. Entre ellos en la comunidad Quintriqueo (Neuquén), el Lof Prafil-Calfupán (Río Negro) y la comunidad Jacinto Antileo (Chubut).

“Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos. Hay un sistema articulado que funciona al servicio del despojo y la legalización de la usurpación de las tierras indígenas”, asegura el informe. Micaela Gomiz, secretaria ejecutiva del Odhpi, subrayó que la avanzada sobre los pueblos originarios se debe a “una estructura económica en la Argentina que no ha sido modificada y que es profundizada por los gobiernos que priorizan las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas, y defienden la propiedad privada terrateniente por sobre la vida y la autonomía de las comunidades indígenas”. El informe advierte que “lo más grave” es que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas se producen con “el impulso del gobierno, la inhibición de la Legislatura y el respaldo del Poder Judicial”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-218515-2013-04-22.html

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El intento de aplicar la Ley Antiterrorista

sobre el pueblo mapuche en Argentina

25 de abril 2015

 

 

Por Sebastian Polischuk, Resumen Latinoamericano.

 

El día 24 de abril se llevo adelante una conferencia de prensa en el Servicio de Paz y Justica (SERPAJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por parte de la hermana mapuche Relmu Ñamku que fue acusada de tentativa de homicidio en el marco del intento de desalojo por parte de la empresa petrolera Apache[1] ocurrido el 28 de diciembre del año 2012 donde la comunidad Winkul Newen (ubicada entre las localidades de Cutral-Có y Zapala de la provincia de Neuquén) resistía por el quite de sus tierras ancestrales y contaminación por parte de esta empresa y que ya hace rato le venía impidiéndole el paso. En ese hecho fue herida una oficial de policía, mientras los integrantes de la comunidad se defendían de las topadoras que pretendían avanzar cuando en ese mismo momento, ellos estaban llevando a cabo un velatorio a un bebé que fue muerto de malformaciones por causa de la contaminación de estas empresas petroleras.

 

La caratula por la que se acusa a Relmu, fue al principio de lesiones, como pasó con los otros dos mapuches imputados: Martín Maliqueo de la misma comunidad y Mauricio Rain de la comunidad Wiñol Folil acusados por daños, por romper vidrios. Pero con el correr del tiempo y tras una movida del la justicia penal, el gobierno provincial y la propia empresa, en el proceso penal cambio de pasar de ser por lesiones a pasar por “tentativa de homicidio con alevosía”. Para esto último la justicia neuquina se baso en Ley 26.734, conocida como Ley Antiterrorista (aprobada en nuestro país en diciembre del año 2011)[2].

Recientemente el 13 de abril de este año, la fiscal de la causa Sandra González Taboada solicitó una pena para Relmu de quince años de prisión, y la imputación se la redujo a la de tentativa de homicidio. Pero a Relmu le pueden dar más años ya que el poder político y judicial de la provincia pretenden que su juicio pase a ser un juicio por jurado. Figura que fue incorporada dentro del nuevo código penal provincial sancionado a fines del año pasado, y que se aplica a casos de suma violencia, como asesinatos, contemplando penas que superan la de los quince años de prisión.

 

Es por todo esto que se realizo esta conferencia de prensa donde Relmu Ñamku hablo, junto a representantes de varias organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas, como Félix Díaz, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel del SERPAJ y Premio Nobel de la Paz; Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza; Nilo Cayuqueo de la Mesa de Pueblos Originarios de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal; y Bartolo Fernández, Presidente de la Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá en Formosa.

 

Los exponentes se solidarizaron con las luchas mapuches y de los pueblos originarios en general, marcando la necesidad de una mayor unidad junto al resto de las organizaciones sociales y de derechos humanos, además de establecer una mayor alianza con los campesinos y campesinas de nuestro país que padecen situaciones similares de despojo de sus territorios y situaciones de pobreza. Además criticaron duramente al gobierno de la provincia de Neuquén de Jorge Sapag, al gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner que se dice ser “defensor de los derechos humanos”, y donde ambos gobiernos junto con la justicia de la provincia de Neuquén y Nacional son cómplices y favorecen toda clase de atropellos a estos pueblos por parte de las empresas petroleras, mineras y sojeras del país.

 

La conferencia de prensa empezó con la toma de palabra de Relmu, quién explico el hecho y la situación de constantes violaciones a derechos humanos que vive su comunidad Winkul Newen. Relmu contó que el conflicto que se inicio con su comunidad y la empresa Apache, fue porque en el territorio en que viven hay nueve posos gasíferos-petroleros y la empresa pretende ampliarlos hasta la actualidad a cuarenta pozos. Tras esto y por detectar fuerte contaminación su comunidad empezó a bloquearle el paso a Apache, lo cual derivo en que la respuesta de esta sean los constantes intentos de desalojo. Los  y las integrantes de Winkul Newen resistieron duramente, pasando a ser golpeados y golpeadas por patotas de la compañía que sin resquemor golpeaba a niños y niñas, ancianas y mujeres embarazadas, hasta llegar al intento de desalojo de diciembre del año 2012. Lograron hasta el día de hoy que la empresa se fuera, pero desde ese momento les llegaron las órdenes judiciales, donde ella quedo imputada, por haber resultado herida de una piedra una oficial de la policía provincial.

 

Según Relmu: “En principio está causa se inicio como lesiones, pero con el correr del tiempo y cuando se empezó a mover todo el aparato judicial, corporativo y de la empresa petrolera y del gobierno de la provincia de Neuquén, esta caratula cambio de lesiones a tentativa de homicidio con alevosía. Hoy es peligroso que en Neuquén, que una piedra como defensa represente una causa que sea interpretada por la justicia como una tentativa de homicidio, porque detrás de nosotros van a caer todos aquellos que estamos en lucha por nuestros derechos sean pueblos originarios o no. Entonces esta es la gravedad de esta situación, y además porque ellos construyeron la caratula “tentativa de homicidio” con las bases de la ley antiterrorista. Nosotros tenemos el caso muy cercano de los mapuches en Chile que están siendo procesados por esta ley, y nosotros vemos que estamos yendo a ese camino, donde la justicia a pesar de que hay molestias porque el premio nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel se expreso sobre esta situación en una carta al gobernador, senadores y diputados se dirigieron al fiscal general de Neuquén, no hicieron oídos a lo que están planteando porque pensar en esta causa es una locura, el pensar de que nosotros quisimos matar a alguien cuando nosotros estábamos velando a un bebé que nació mal formado producto de la contaminación, estábamos en pleno velorio de ese bebé y nos vinieron a sacar. Es una locura pensar que nosotros estábamos planificando esto de lo cual se nos acusa. Por eso es que estamos denunciando esa situación porque nosotros vemos que detrás de nosotros se va a ampliar a todos los que estamos luchando y eso es lo peligroso, y esa es un poco la situación que tenemos. Ayer hubo una audiencia en donde a pesar de todo esto, vemos la intención que tiene la justicia de criminalizar y de persecución política, logramos de que se aceptara en el juicio por jurado que nosotros lo hemos rechazado por lo que implica, porque se imaginan conformar un juicio por jurado de petroleras y estancieros, si pudieran resucitar a Roca, también lo sentarían en el jurado”

Pero a pesar de todo esto, Relmu planteo que lo que sí han logrado es que, en el juicio haya una representación de seis mapuches, y seis representantes de la comunidad civil y también de mujeres, siendo algo positivo a pesar de todo, porque en caso de ser así van a poder ser parte de la administración de la justicia frente a esta grave imputación.

Y resalto con fortaleza que: “la situación en la que estamos, vamos a llegar al final, sabiendo de qué vamos con esta causa a poner al gobierno provincial y nacional, porque acá hay responsabilidad de las dos partes, pero también necesitamos el apoyo y el acompañamiento de las organizaciones porque esto no va a ser solamente para nosotros”.

 

Luego de Relmu, tomó la palabra Pablo Pimentel de la APDH de La Matanza[3]. Pablo puso el énfasis en que detrás del hecho judicial que le armaron a Relmu, están todas las comunidades originarias entre ellas, la de Félix Díaz (quien también fue procesado por la justicia de su provincia Formosa por resistir a desalojos). Y encima según Pablo no se respeta ninguno de los derechos de los pueblos indígenas que contempla la Constitución Nacional tras su reforma en 1994, ni los acuerdos internaciones firmados. Y en eso también coincidieron el resto de los exponentes de la conferencia.

Por otra parte dudo de que se llegue a conformar un juzgado como el que Relmu mencionaba, de poder lograr representación del pueblo mapuche, porque si ese juicio por juzgado que es como se pretende acorde al nuevo código penal de la provincia neuquina, lo llegan a conformar representantes de empresas petroleras y estancieros, la situación sería terrible, pero va acorde a los intereses de estos últimos y de los gobiernos provinciales y nacionales que lo que quieren es sentar jurisprudencia para que no haya más resistencias y levantamientos, y que, en base a sus propias palabras: “toda la extracción de petróleo, todo el tema de la soja, se siga haciendo como se dijo en una reunión privada que trascendió de la señora presidente, después del desfile en el 2010, donde hayan recursos naturales iremos trasladando a los pueblos, y no uso la palabra consulta”.

Al cerrar su discurso dijo que: “Nosotros hemos viajado a donde vive Relmu, se ven animales deformados, se ven pasar los camiones de las empresas norteamericanas sin ningún problema en las narices de las propiedades comunitarias que les son ancestrales y hay un gobierno provincial que lo avala y hay un gobierno nacional que lo avala, además hay una justicia que lo único que hace en la Argentina y en las provincias feudales es condenar a los pobres y dentro de los pobres están los hermanos originarios, eso nosotros lo rechazamos, lo denunciamos y pedimos que se revea nuevamente esta caratula y que no sienta un precedente y que no llegue a juicio, pedimos la desestimación lisa y llana de la acusación que le están haciendo a la comunidad Winkul Newen”.

 

Otra de las personalidades que hablo fue Nilo Cayuqueo de la Mesa de Pueblos Originarios de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Nilo en su discurso sumo más las críticas al gobierno nacional por intentar desarrollar un proyecto de explotar los recursos al máximo sin importar las consecuencias de contaminación ambiental, las violaciones a derechos humanos, y donde encima este se dice nacional y popular, democrático, tratando de manipular y cooptar a la gente y dirigentes. Además crítico al gobierno nacional y a la derecha recalcitrante de su intensión de silenciar sus luchas. Puso para esto el ejemplo la resistencia de la comunidad mapuche de Cuyamel en Chubut que resiste en la actualidad los despojos por parte de la familia Benetton de sus tierras ancestrales que manda a reprimir y le paga a matones y que por suerte no han herido a nadie la situación es alarmante y hay según sus palabras: “toda una serie de conflictos en todo el país que se quiere acallar, que se quiere ignorar y se quiere descalificar”.

 

Nora Cortiñas, por su parte encaminó su discurso resaltando que ya con el caso de Relmu, lo preocupante es que los gobiernos apoyados por Estados Unidos, estén empezando a usar la Ley Antiterrorista, además de estar enjuiciados otros dirigentes como Félix Díaz, e incluso defensores de derechos humanos como Pablo Pimentel.

Por eso ella resaltó que tenemos que hacer como organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y de pueblos originarios es: “primero una campaña contra la Ley Antiterrorista que tenemos que hacer todos los días porque esto sí que hay que sacarla, sacarlo a (Cesar) Milani (Jefe del Ejército argentino), el es el que dirige además la Ley Antiterrorista, el Proyecto X (proyecto de espionaje por parte de las fuerzas de seguridad a organizaciones y militantes sociales) y esto es correr peligro toda la población. El negocio que estarán haciendo entre los políticos es muy dudoso, (Mauricio) Macri (actual Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con el gobierno (se refiere al gobierno nacional presidido por Cristina Fernández de Kirchner), es una preparación de un camino de represión y de avasallamiento de los derechos humanos más de lo que estamos viviendo en estos días. Propongámonos un plan en conjunto: Basta de judicialización de la protesta social, y después abajo estás leyes que son como una espada que tenemos, que nos va amenazando día por día”.

 

Luego de Nora Cortiñas le toco hablar a Félix Díaz dirigente de la comunidad Qom, La Primavera en Formosa, que se apeno de que organizaciones de derechos humanos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), algunas de las seccionales de HIJOS, entre otras ya no los estén acompañando en sus luchas como pueblos indígenas, y que muchas de ellas sigan estando cooptadas por el gobierno nacional. Resalto que la situación que viven ellos como pueblos originarios es muy grave, al acusarlos contantemente por el simple hecho de defender sus territorios y de armarles causas legales por el hecho de ser pobres, siendo ellos encima los que menos chances tienen al contar con menos recursos económicos, mientras el sistema de por sí ya cuenta con muchos aliados.

Bartolo Fernández, Presidente de la Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá, también dio su palabra diciendo que ellos también han estado sufriendo los ataques de las empresas petroleras y de los gobiernos, que encima los dividen, pero que aun así y pese a los atropellos constantes a sus derechos, siguen adelante, y se solidarizan también con la hermana Relmu.

 

Por último está conferencia de prensa cerro con la palabra del premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, quién agrego la necesidad de unificar todos los conflictos que se vienen dando, y sumar todas las fuerzas posibles con una estrategia conjunta. En base a esto afirmo:

“Tenemos que convocar a todo el país, en cada provincia, en cada lugar para sumarse y hacer acciones en cada provincia para hacer luego una gran acción en la ciudad de Buenos Aires tratando de hacer una gran movilización desde el Congreso y vamos a ver dentro del Congreso a los diputados y senadores para ser recibidos y al Palacio de Justicia para que seamos recibidos por la Corte Suprema de Justicia. Nosotros nos hemos reunidos con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y le hemos pedido dos cosas: una volver a hacer una audiencia pública para tratar el problema de los pueblos originarios, que ya hubo una, se consiguió una vez; y el otro una convocatoria para tratar el problema de las empresas transnacionales sobre los daños ambientales por la megaminería, el caso de Andalgalá, hemos propuesto hacer eso, lo tienen en este momento en estudio. Porque una cosa no está separada de la otra, el caso de las empresas petroleras que se están apropiando de los territorios ancestrales y violando la Constitución Nacional, la 169 de la OIT (Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales) y la misma Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, además de las leyes nacionales”.

 

Dada las palabras de todos estos dirigentes resulta indispensable resaltar la gravedad del hecho por cómo se pretende seguir criminalizando a nuestros pueblos indígenas y a todos aquellos y aquellas que luchan en reclamo de los derechos humanos, siendo que cada vez más el establishment pretende aplicar cada vez más leyes más duras que nos acusan de terroristas, de asesinos por el simple hecho de defendernos, mientras nos despojan de nuestras tierras y nos sumergen en la pobreza, nos contaminan nuestros hogares afectando nuestra salud, además de acallarnos cada vez que denunciamos cada atropello que nos hacen, cada tortura, persecución y enjuiciamiento. Por eso es fundamental solidarizarse con la lucha de pueblo mapuche y de todas las comunidades indígenas, siendo que si nos tocan a uno, nos tocan a todos.

 

[1]Apache actualmente pertenece a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) donde el gobierno nacional compro la mitad de sus acciones, y la misma tiene acuerdos con la empresa estadounidense Chevron.

[2] Esta ley permite judicializar a cualquier militante por el simple hecho de considerar que sus acciones aterrorizan a la población, y establece penas que van a los quince y veinte años de prisión, y se pueden llegar a considerar a organizaciones políticas y sociales como terroristas, al considerarlas ilícitas. Y es una ley que fue impulsada por los Estados Unidos para que se aplique en todos los países del mundo.

[3] Es importante mencionar, el hecho de que a Pimentel le armaron una causa por extorsión en el 2013, los abogados defensores de policías acusados de asesinar al joven Gabriel Blanco encontrado muerto en su celda en el año 2007 en la localidad de Isidro Casanova (a quién él es el defensor de sus familiares).

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/04/25/el-intento-de-aplicar-la-ley-antiterrorista-sobre-el-pueblo-mapuche-en-argentina-el-caso-de-la-comunera-relmu-namku/

 


“Creemos que es obra de un montaje, del accionar de los servicios de inteligencia de los estados argentino y chileno, para implementar un plan de aplicación de la ley antiterrorista; construyendo así un escenario que justifique una política represora”
 .

 

 

 

¿Por qué contra los mapuches?

26 de enero de 2018

Por Darío Aranda

lavaca.org

 

 

Es el blanco elegido por el gobierno nacional y los medios oficialistas. Todos los pueblos indígenas de Argentina exigen lo mismo: territorio. Tienen distintas metodologías de lucha, pero ninguna provoca tanto recelo (político, judicial, mediático, social) como el accionar del pueblo mapuche. “Terroristas”, “chilenos”, “mataron a los tehuelches”, son algunas de las definiciones que la voz oficial instaló en distintos momentos de la historia y se repiten hasta la actualidad. A dos meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel y luego de la creación de un “comando unificado”, mérito de la ministra Patricia Bullrich, avanza en la criminalización. Racismo, derechos vulnerados y el fondo: el territorio en disputa. 

 

Enero, agosto y noviembre de 2017. Tres momentos: feroz represión contra el Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut), desaparición de Santiago Maldonado y asesinato de Rafael Nahuel (en Villa Mascardi, Río Negro). Como nunca antes, los medios de comunicación hicieron foco en “los mapuches”. La situación mapuche se instaló, de la peor forma, en la agenda nacional.

Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, señala que la avanzada contra el pueblo mapuche tiene una base fundamental en el racismo. Explica que las comunidades mapuches tienen los mismos reclamos que el Pueblo Qom, pero expresan su mensaje de manera diferente, “de igual a igual” frente al no mapuche. “La mirada racista no tolera que un indígena se posicione de igual a igual”, afirma.

 

Lenton destaca que muchas personas suelen decir que nos son racistas porque “ayudan” a un grupo determinado, pero cuando el destinatario sale de esa situación todo cambia. “Toleran al ‘otro’ cuando está debajo de uno, pero no toleran que ese otro lo trate de igual a igual”.

Integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Político Indígena, agrega que existe una generación de dirigentes mapuches muy preparada, con formación política y universitaria, y eso aumenta el recelo racista. Y esos líderes mapuches tienen buen manejo de oratoria y de los medios de comunicación, con lo cual su discurso es más efectivo que quizá otros pueblos.

 

Territorios y corporaciones

Existe una coincidencia en que un elemento central es la disputa por el territorio, con actores que avanzan sobre los derechos indígenas (petroleras, mineras, grandes estancias; siempre en articulación con sectores políticos y judiciales). “Hay que tener presente qué empresas y qué actividades económicos quieren desarrollarse en los territorios donde viven las comunidades mapuches”, alerta Lenton.

 

Lefxaru Nawel, integrante de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén, confirma el rechazo al fracking (en particular en Vaca Muerta), a la minería y a las represas, que desalojan e inundan territorios ancestrales. Y destaca otro factor particular del pueblo mapuche, las “recuperaciones territoriales”, cuando las comunidades identifican un lugar ancestral hoy en manos de grandes empresas o terratenientes, y deciden volver. Si bien existen algunas experiencias de recuperaciones territoriales de otros pueblos (comunidades pilagá en Formosa), es mucho más propio del pueblo mapuche.“Hace más de 25 años que las comunidades decidimos hacer uso efectivo de nuestros derechos y volver a los territorios que nos pertenecen”, aclara Nawel.

 

Colonización tardía

Lefxaru Nawel no duda de que en los últimos meses hubo una campaña política y mediática para criminalizar y reprimir a las comunidades originarias de la Patagonia. “Recién han pasado 130 años de la finalización de la conquista, en manos del Estado argentino, mientras los pueblos indígenas del norte argentino lo sufrieron hace 300 ó 400 años, en manos de los españoles”, recuerda. Y, por otro lado, puntualiza que el pueblo mapuche tiene la particularidad de plantear la necesidad de una nación, no en términos secesionista, sino de soberanía en territorios, autonomías, con autoridades propias. “Es un planteo que lleva a un debate profundo sobre el estado plurinacional, quizá otros pueblos no lo proponen tan abiertamente y eso lleva a que sectores reaccionarios tomen posturas represivas”, afirma.

 

Indómitos y transfronterizos

Eduardo Hualpa es abogado especializado en derecho indígena, con más de veinte años de trabajo junto a las comunidades mapuche-tehuelche de Chubut. Cree que el recelo contra el pueblo mapuche tiene múltiples causas, entre ellas que se trata de “uno de los pueblos más aguerrido, más indómito, con sus líderes de alto perfil en espacios regionales, nacionales e internacionales”. Afirma que la política del gobierno nacional es “apuntar a la cabeza de los líderes mapuches y acallar reclamos”.

 

También señala la particularidad de la gran extensión territorial que abarcan las comunidades mapuches, con presencia en cinco provincias, lo que “le ha dado una gran dinámica, diversa en su lucha” y destaca que se trata del único pueblo que alza la bandera de las recuperaciones territoriales.

Destaca que también es muy notoria la presencia mapuche en los ámbitos judiciales. Hualpa es autor del libro “ Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas” , donde descubrió que la mitad de las sentencias en causas indígenas obedecen a comunidades mapuches. Es el pueblo indígena que más litiga en los tribunales.

“Un factor a pensar es que se trata de un pueblo transfronterizo (Argentina y Chile), al que le calzan muy bien las teorías de seguridad continental que promueve el Departamento de Estado de Estados Unidos”, alerta Hualpa, integrante de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI).

 

Extractivismo y clase social

Adrián Moyano es licenciado en Ciencias Políticas y periodista, escribió tres libros sobre el pueblo mapuche y vive desde 27 años en Bariloche. Afirma que “la ofensiva y represiones” contra el pueblo mapuche tiene relación con la anunciada “lluvia de inversiones” que el gobierno nacional promete para la Patagonia. Y precisa que un actor de peso es el Eximb ank, organismo financiero público de Estados Unidos que financia inversiones de compañías estadounidense en el exterior. “Varios de esos proyectos transcurren en Neuquén, Río Negro y Chubut, y tiene relación con la explotación de hidrocarburos no convencionales y proyectos hidroeléctricos”, explica Moyano.

 

Precisa como ejemplo la intención de una represa sobre el río Corcovado, resistido por la población de la ciudad del mismo nombre y por la comunidad mapuche Pillán Mahuiza. Si bien el proyecto tiene casi dos décadas, busca proveer de energía a la compañía Aluar, anuncios oficiales señalan un intento de relanzamiento.

Moyano recuerda que el presidente Macri suele descansar en el country Cumelén de Villa la Angostura, que a poco de asumir mantuvo un encuentro con Joe Lewis, “señor feudal de la zona y, como Benetton, con control de naciente de aguas y proyectos hidroeléctricos”.

Un factor histórico que destaca es que el Gobierno “llegó al poder con el especial apoyo del sector social que se benefició con la Campaña del Desierto”. El caso más emblemático es el nombramiento del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, al frente del Ministerio de Agroindustria. “La pertenencia a esa clase social de funcionarios importantes es un factor que explica el particular encono contra los mapuches, en el marco de un Gobierno que profundiza la estigmatización de los pueblos indígenas”, afirma Moyano.

 

El Comando de Bullrich

“Comando unificado”, fue el nombre elegido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para bautizar un espacio impulsado por el gobierno nacional y articulado con los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut.

“Tras ocho años de una escalada de violencia creciente, la Ministra de Seguridad junto con los ministros de Gobierno de Chubut, Pablo Durán; de Seguridad de Neuquén, Jorge Lara; y el ministro de Seguridad de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, crearon un comando unificado para el abordaje de la problemática. Con 96 causas judiciales en su contra, este grupo violento ha intensificado sus ataques, atemorizando a toda los ciudadanos”, anuncia el comunicado del gobierno nacional, fechado el 27 de diciembre de 2017.

 

Según el Gobierno, se registra “un incremento del accionar violento y delictivo de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el brazo armado de un movimiento de liberación etnonacionalista denominado Movimiento Autónomo del Puel Mapu (MAP). La RAM y el MAP, y su organización madre localizada en Chile, la Coordinadora Arauco Malleo (CAM) promueven una lucha insurreccional contra los estados argentino y chileno que persigue el fin último de escindir los llamados ‘territorios ancestrales’ de ambos países, y confirmar un estado nuevo regido por un gobierno propio”.

 

También las denomina “organizaciones extremistas” y las acusa de recibir apoyo de “grupos anarquistas y de izquierda radicalizada que utilizan su nombre y sus símbolos para cometer actos violentos en las grandes ciudades”.

“RAM. Informe conjunto realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut”, es el nombre de la “investigación” que presentó Patricia Bullrich. Se trata de 180 páginas repleto de imprecisiones, datos falsos, suposiciones y apunta a los mapuches como enemigo interno, peligroso, terrorista. “La RAM estaría vinculada a comunidades aborígenes radicalizadas en las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén (…) Desconoce el Estado Argentino, su organización, sus leyes, e instituciones tratando de imponer sus ideas de no pertenencia a la Nación Argentina por la fuerza y el temor (…) Actúan en la clandestinidad, con rostros cubiertos y portando armas de fuego, facas, hondas, bombas molotov, palos y piedras. Incendian propiedades, dañan instalaciones, roban ganado, cortan rutas y el suministro servicio eléctrico, amenazan a vecinos, intimidan y apedrean transeúntes, no permiten la libre circulación, balean, incluso matan”.

La segunda semana de enero, el presidente Macri recibió a los gobernadores de Chubut (Mariano Arcioni) y de Río Negro (Alberto Weretilneck), en sus vacaciones en el country Cumelén de Villa la Angostura. “La cuestión mapuche” (como la llaman desde el poder) estuvo en la agenda política.

 

“Una vez más, asistimos a una medida del gobierno nacional y los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut, que atenta contra leyes y principios democráticos consagrados en la Constitución Nacional, configurando un paso más en la escalada de hostigamiento a los pueblos indígenas”, alertó la Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, integrada por Adolfo Pérez Esquivel, Fernando Pino Solanas, Roberto Gargarella, Diana Lenton, Maristella Svampa y Alcira Argumedo, entre otros.

 

Del espacio también participan la Confederación, el Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y el Parlamento Plurinacional. “La creación de un comando con fuerzas de seguridad de carácter interprovincial y nacional cuyo objetivo es combatir a este ‘enemigo mapuche’ recuerda la terrible historia del terrorismo de Estado en Argentina”, advirtieron las organizaciones indígenas.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), junto a medio centenar de organizaciones, también repudió la creación del comando unificado: “El Estado, nuevamente, intenta demonizar y dividir a diversos movimientos populares, con el objetivo de crear un enemigo interno, un chivo expiatorio que justifique el vertiginoso aumento de la represión a la protesta social ante las permanentes medidas antipopulares que lleva adelante”.

 

Haciendo el juego

El 10 de enero, el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu (MAP) emitió un comunicado en el que denunció la política represiva del gobierno nacional. Y también reivindicó el accionar de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), justamente el espacio que más cuestiona el Gobierno y eje de la campaña mediática de los grandes diarios.

 

“La Resistencia Ancestral Mapuche ha existido, existe y existirá mientras el pueblo mapuche siga siendo oprimido por el estado argentino (…) Ante estas amenazas, la violencia y el avasallamiento ejercidos por el estado y el capitalismo trasnacional es que se han organizado grupos de resistencia en comunidades y zonas rurales para defender el territorio mediante acciones de sabotaje”, explica el comunicado.

 

Señala que el MAP es “una propuesta política y filosófica” y sostiene que “las comunidades alineadas a la propuesta política del MAP reconocen la existencia de la Resistencia Ancestral Mapuche”.

Ninguna comunidad mapuche firma el comunicado. Ninguna comunidad mapuche se identifica como parte de la RAM en público.

El comunicado del 10 de enero es funcional a la estrategia represiva del gobierno nacional.

En septiembre pasado, una decena de organizaciones mapuches había emitido un inusual y duro comunicado: “Frente al drama o grotesco llamado Resistencia Ancestral Mapuche”.

 

“No avalamos, no justificamos, no adherimos a ninguna RAM. La RAM y la contracara que es el plan de represión desde el Estado, es síntoma de la falta de diálogo político institucional serio. El pueblo mapuche reivindica los derechos humanos y la no violencia como método de reivindicación de derechos”, destaca el escrito firmado por referentes de la Coordinadora del Parlamento Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, de la Confederación Mapuche Neuquina (Zonales Xavnko, Pewence, Willice y Lafkence) y comunidades de Sata Fe, Chubut y Santa Cruz. Cuestionaron duramente a la RAM: “Hoy surge una expresión que se autotitula mapuche, que a través de comunicados y panfletos se responsabiliza de acciones directas, en ataques físicos y destrucciones materiales de supuestos ‘objetivos enemigos’ que de lo grotesco y evidente parece más el accionar de un grupo de inteligencia que de la lucidez y capacidad de resistencia cultural que ha tenido el pueblo mapuche en décadas de represión”.

 

Recordaron que el pueblo mapuche siempre reivindicó el diálogo cómo forma de resolución de conflictos. “Como es posible que panfletos absurdos que reivindican violencia, agresiones físicas, incendios de bienes de trabajadores, de espacios públicos, sean propio de personas que se identifican con una historia como la mapuche. Creemos que es obra de un montaje, del accionar de los servicios de inteligencia de los estados argentino y chileno, para implementar un plan de aplicación de la ley antiterrorista; construyendo así un escenario que justifique una política represora”.

 

Violencia e impunidad

El 17 de enero la comunidad mapuche Las Huaytekas denunció un ataque incendiario en sus viviendas. La policía no dio con los atacantes. Y el Poder Judicial tiene sus tiempos (largos) para investigar los hechos de violencia contra mapuches.

El jueves 25 de enero se cumplen dos meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, joven mapuche, en manos de la Prefectura. A pesar de que la bala mortal es del mismo calibre de las utilizadas por la fuerza estatal, ningún efectivo fue procesado por el juez Gustavo Villanueva ni apartado de su cargo por Patricia Bullrich.

Habrá manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires, en la capital neuquina y en Bariloche. “Fue el Estado, fue prefectura. Ni un muerto más por la defensa del territorio”, invita la convocatoria en Bariloche, impulsada por organizaciones sociales, comunidades mapuches, familiares y amigos de Rafael Nahuel.

El afiche de invitación muestra una foto de Rafael Nahuel en una marcha, tocando un ñolkiñ (instrumento mapuche). En letras rojas, dos palabras, resumen lo que exige la familia Nahuel y también una deuda histórica con los pueblos indígenas: “Justicia ya”. 

http://www.lavaca.org/notas/por-que-contra-los-mapuches/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=237070

En consecuencia, abajo y a la izquierda, tenemos que generalizar la desnaturalización de que el poder real se concreta por simple tamaño de propiedad privada. Debemos deschavar al contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales como los responsables de la dictadura militarizada y de la democracia cada vez más restringida. Es deschavar al poder real como genocida aplicando terrorismo paraestatal y  terrorismo de estado para instaurar su neoliberalismo. Es destapar cómo la democracia le sirvió no sólo legalizando-legitimando su acaparamiento de territorios, su saqueo y sus envenenamientos. Sino también perfeccionando e intensificando la represión, el control sobre las poblaciones y la manipulación de la opinión pública para modelar consensos imprescindibles al clima de negocios o seguridad del contubernio de los poderes imperialistas con los locales.

 

Recordemos a consignas centrales de los gobiernos para ser "pagadores seriales": "honrar la deuda" y "desendeudarse". Examinemos sus significados e implicancias:

 

Intervención en el Foro Social Mundial

Los procesos de saqueo nutren

el sistema capitalista

23 de marzo de 2018

 

Por Camille Chalmers y William Gaviria Ocampo

CADTM

Para entender «la deuda» hay que empezar por tener claro que la deuda no es un problema meramente técnico; que la deuda no es un problema meramente económico; la deuda es un problema político, es un problema de las relaciones de poder, de las relaciones de dominación que hay en el mundo.

El papel fundamental que juega «la deuda» es la reproducción y el mantenimiento de las jerarquías que existen a nivel del sistema capitalista mundial, por ello hay que enfrentarlas, hay que buscar mecanismos para salir del sistema capitalista que utiliza la deuda como una herramienta de dominación.

 

El sistema capitalista se nutre de 4 procesos de saqueo que están interconectados:

·         El primero es el saqueo de la riqueza creada por los trabajadores y trabajadoras a nivel mundial.

·         El segundo es el saqueo del trabajo de las mujeres, del trabajo doméstico o lo que se llama “Economía del Cuidado”, porque el capital necesita que las mujeres estén sometidas a este proceso para que los hombres y las madres cabeza de familia incluso por medio de su fuerza de trabajo garanticen la reproducción del capital.

·         El tercer proceso es el saqueo de los bienes o recursos naturales, que involucra todas las riquezas naturales que hay en el planeta bajo el dominio de los países hegemónicos.

·         El cuarto es el proceso del saqueo de la riqueza de los países periféricos, haciendo alusión al conjunto de recursos físicos y naturales que siendo propiedad de los pueblos son apropiados por los países imperiales.

 

Existe un sobreendeudamiento de los Estados, de las Empresas y de las Familias del Norte que están alimentando factores para empeorar la crisis planetaria, porque dichas deudas no son sostenibles. Hay que tener en cuenta que el Caribe juega un papel fundamental en los procesos de acumulación intermundial, lo que se demuestra explicando que el incremento de la producción industrial en Asia, genera un constante tránsito creciente de mercancías por el Caribe hacia el Atlántico y el Pacífico, produciendo una exportación de flujos de capital que pasan constantemente por el Caribe. Para nadie es un secreto que en el Caribe hay concentración de paraísos fiscales, graficando qué hay edificios con 45.000 empresas; es decir, que sin duda alguna hay más empresas que población. Con lo explicado hasta acá resulta evidente que en ese ejercicio comercial irregular por el Caribe hay sobre y sub-facturación para incrementar los beneficios de las compañías multinacionales.

 

Así mismo resulta de elemental sentido entender que el mar Caribe es una reserva de recursos biológicos, es una reserva de mano de obra barata, a la vez que es un conjunto de pueblos rebeldes, porque no se puede olvidar que Martí, Castro, Bolívar y Chávez fueron líderes de las grandes gestas rebeldes en contra de la desigualdad e incluso contra la esclavitud; liderando importantes movimientos revolucionarios en la historia contemporánea incluso.

 

Recuérdese que en los últimos años han nacido y se ha intentado desarrollar importantes alternativas regionales, como el ALBA, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños “CELAC” el Banco del Sur, el Sistema Unitario de Compensación Regional “SUCRE”, entre otras; pero se requiere de respuestas más contundentes, se requiere diseñar estrategias para globalizar la resistencia y las luchas anticapitalistas.

Por lo expuesto, es necesario aceptar que hay que articular la lucha con una estrategia común sin olvidar una importante frase pronunciada en el año 2005 por el comandante Fidel Castro Ruz con relación al endeudamiento ilegítimo de los pueblos del Sur, cuando dijo: “No podemos pagar la deuda. No debemos pagar la deuda. No queremos pagar la deuda”, explicando que además de que los gobiernos de los países del Sur ya han pagado mil veces su deuda ilegítima, resulta de natural entendimiento que no se puede pagar porque no existen recursos para ello sin abandonar las obligaciones de los gobiernos para con los pueblos, que no debemos pagar porque resultaría inhumano destinar los recursos escasos que existen para satisfacer las necesidades básicas de la población entregándoselos a la banca foránea; y no queremos pagar porque la rebeldía que caracteriza a los pueblos del sur nos debe llenar de argumentos para mostrarle al mundo entero que tenemos la razón y que hay que luchar por construir el mundo que los pueblos se merecen.

Camille Chalmers, economista, profesor, representante de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití (PAPDA), integrante de la red CADTM- AYNA

http://www.cadtm.org/Los-procesos-de-saqueo-nutren-el

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=239381

 

 

Veamos que el capitalismo contemporáneo agrava las injusticias social y ambiental con el consiguiente fortalecimiento del estado represor. Tamaño avasallamiento de derechos se da tanto bajo gestión progresista como de la neoliberal.

 

Venezuela muestra quiénes se enriquecen a expensas de esa creciente superexplotación de los trabajadores, pueblos y la naturaleza : "Replicando el patrón histórico-colonial de la división internacional del trabajo y la naturaleza, las inversiones extranjeras en la crisis actual siguen dirigiéndose en proporciones considerables a los sectores extractivos –como se evidencia por ejemplo en el anuncio de ‘Alianzas Estratégicas’ entre el Gobierno Nacional y empresas extranjeras (21 de julio), donde el 92% de las inversiones era para minería y 8% para turismo[15]–.No sólo no aparece el giro productivo para poder paliar la situación de precariedad económica interna, sino que el capital y las élites políticas locales establecen acuerdos de largo plazo que nos atornilla a un horizonte de extracción y despojo, vinculado a recortes y desregulación".

 

Emiliano Teran Mantovani nos pregunta: ¿Cuál es el horizonte, la estrategia, cuando la guerra y el estado de excepción van avanzando como régimen biopolítico para la acumulación de capital?

 

 

 

Violencia y gobernabilidad ante una nueva fase del extractivismo en Venezuela

2 de agosto de 2017

 

"Recuperar el sentido en el ámbito nacional apunta en principio a retomar las demandas económicas y políticas que han unido históricamente a los de abajo, unión que reconfiguraría la polarización, que sería planteada nuevamente entre los de arriba y el vasto conjunto de las clases desfavorecidas. Y a esto habría que añadirle las demandas de sostenibilidad y justicia ambiental, ante el creciente y dramático empeoramiento de la situación de los ecosistemas, bienes comunes y la vida ecológica que nos constituyen. Las dimensiones de la crisis estructural del capitalismo rentístico venezolano evidenciarán más claramente estas rutas a transitar."

 

Por Emiliano Teran Mantovani*

 

No hay prioridad más alta en Venezuela en la actualidad: evitar, desactivar (o detener) la guerra. El horizonte de paz más próximo es apenas el no desbordamiento masivo de todas las estrategias y pulsiones de muerte que se reproducen en el país. Expresiones extremas de violencia y barbarie; destrucción del entorno cotidiano; sectores radicalizados y fascistizados de la oposición venezolana que, a nuestro juicio, son el principal detonante de la situación; declaraciones y políticas gubernamentales soberbias, desafiantes e irresponsables; represión subida de tono y excesos de los cuerpos de seguridad del Estado; actores armados informales; la política exterior estadounidense más agresiva y frontal contra Venezuela en toda la historia republicana de nuestro país; los señores de la guerra. Todo un cúmulo de actores que unido a condiciones materiales y diversos factores sociales nos han acercado al filo del abismo en el que nos encontramos.

 

Los dramáticos costos del desbordamiento de una guerra serían cargados principalmente en los hombros del campo popular, en los tejidos sociales, en la vida en sus territorios. Los ‘ganadores’ serían otros, en lo fundamental (aunque no únicamente) actores foráneos y transnacionales. Y las condiciones para la subsistencia y luchas de los pueblos y comunidades quedarían arruinadas. El fin de ciclo progresista en Venezuela se habría coronado con esta fase superior del “capitalismo del desastre” (Naomi Klein dixit).

 

En esta situación es urgente y esencial recuperar el sentido, rescatar las facetas más democráticas que se han evidenciado en las expresiones populares en los últimos años en el país, reencontrarlas, articularlas, hacerlas masa crítica. Sumar rápidamente sensatez, configurar nuevas alianzas, re-abrirle caminos a la política. Crear deslindes con la cadena de agresiones políticas que desde la oposición y el Gobierno nacional nos han traído a la situación actual. Denunciar claramente y con fuerza los factores foráneos que promueven la violencia con sus políticas y declaraciones, los brutales cercos mediáticos internacionales contra Venezuela y la política intervencionista del gobierno estadounidense, que amenaza con hacernos mucho daño. En fin, organizarse para la paz, en vez de seguir avanzando hacia el precipicio al cual nos dirigimos. Nadie ha dicho que es cosa fácil, pero no tenemos otro camino.

 

No obstante, conviene pensar también qué se está desarrollando en las entrañas de este proceso. Si en el corto plazo sorteáramos el desbordamiento de la beligerancia, es necesario reconocer que esa construcción de la paz en realidad será un camino largo. Pactos, acuerdos y negociaciones, grupos de interés en disputa y requerimientos de estabilidad política interna, la potencial construcción de nuevas hegemonías, están también en el escenario próximo, pero se sostienen sobre un hecho ineludible: las bases materiales que generan las condiciones para una alta intensidad del conflicto político y social persisten. La grave crisis del modelo rentista petrolero no es, a nuestro juicio, una circunstancia coyuntural:

 

  • hay una enorme volatilidad de los precios internacionales del petróleo, lo que volatiliza la economía venezolana;

  • el país está inexorablemente enganchado a los menos rentables y demandantes crudos pesados y extra-pesados(Faja Petrolífera del Orinoco);

  • se están desarrollando importantes cambios en el mercado energético global –dominado por los hidrocarburos– al tiempo que la OPEP tiene cada vez menos incidencia geopolítica;

  • esto implica que cada vez hay mayores dificultades para la captación de la renta petrolera, lo que además se vería agravado ante un proceso de flexibilización económica que favorecería aún más a las corporaciones transnacionales, en detrimento de la captación de excedentes del Petro-Estado venezolano;

  • pero no sólo esto: las dificultades también se registran en la retención de la renta captada, la cual debe dirigirse en parte al pago de la deuda y sus servicios, o bien migra por fuga de capitales, entre otros factores;

  • la debilidad política del Petro-Estado y la crisis hegemónica potencian aun más la corrupción como forma de distribución de la renta, lo que dificulta sobremanera una centralización de la misma, y la puesta en marcha de políticas coherentes para salir de la crisis;

  • la severa crisis política, social e institucional también ha desestructurado buena parte de los canales de distribución rentística de la economía doméstica formal, prevaleciendo en cambio distribuciones a discreción y la economía informal;

  • el ejercicio de la violencia pasa a cumplir un rol más determinante en las capacidades políticas, institucionales y sociales para apropiarse de esta renta.

 

Estas condiciones materiales son ineluctables, evidencian los nexos entre la inestabilidad económica y la turbulencia política y al mismo tiempo nos señalan la configuración de nuevos esquemas de gobernabilidad y gobernanza. En este sentido, es necesario resaltar la relación que existe entre la re-estructuración del régimen de apropiación de la naturaleza (el relanzamiento y la reformulación del extractivismo en el país), de los mecanismos de captura y distribución de la renta (cambios en la arquitectura del capitalismo rentístico) y de los patrones de gobernabilidad y control social. Esta relación sufre transformaciones significativas en períodos de cambio histórico. El llamado “Pacto de Punto Fijo” (1958) se establecía en Venezuela sobre la base de hacer coherente los principios de una nueva gobernabilidad con los procesos de apropiación y acumulación de capital domésticos y transnacionales.

  • Pero los tiempos han cambiado. La reciente aprobación del proceso Constituyente del día 30 de julio convocado por el Gobierno nacional, o bien el llamado “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad”[1] presentado el pasado 19 de julio por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dan cuenta explícita de su necesidad de construir un nuevo marco de dominación y control social. Solo que ahora deben adaptarlo a las condiciones de la profunda crisis del modelo histórico petrolero rentista, inaugurado a principios del siglo XX; y a los marcos de una crisis económica global y de peligrosas tensiones geopolíticas.

 

El capital se filtra en las grietas de la crisis: rutas y coordenadas de una nueva fase del extractivismo

A pesar de nuestros dramas sociales y políticos, del caos existente, de la crudeza del conflicto, el capital foráneo negocia, con bajo perfil, se posiciona, avanza, gana concesiones, rompe obstáculos, echa raíces en nuestros territorios. La beligerancia y el desastre no le son ajenos; si por un lado es inestabilidad, por el otro es también oportunidad de negocios. En los acuerdos se van trazando rutas y coordenadas de nuevos ciclos de acumulación, se van delineando nuevos códigos, estructuras y geografías del extractivismo en Venezuela.

Podemos hacer un inventario general: ni la inestabilidad de los precios internacionales del crudo y el mercado energético mundial, ni el conflicto político nacional han detenido los acuerdos y las inversiones en la Faja Petrolífera del Orinoco, cinturón de petróleos no convencionales (pesados y extra-pesados) que, por sus costos y niveles de inversión e instalaciones requeridos, necesitan cambio de precios altos y estables. El objetivo: incrementar la producción. Desde principio de 2016 se ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto para invertir unos US$ 9.000 millones para la perforación de 480 pozos, sobre lo cual se ha venido avanzando en anuncios y acuerdos desde entonces hasta la fecha.

 

China National Petroleum Corporation, Rosneft, Schlumberger, Horizontal Well Drillers, Baker Hughes, Halliburton, entre otras, resaltan entre las corporaciones que suscriben los últimos acuerdos. La clave del negocio está en profundizar la flexibilización económica de los marcos que los regulan, lo que el presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, ha llamado “régimen especial de inversiones” para que los proyectos logren su pleno desarrollo[2]. Facilidades económicas, tasas de cambio flotantes, zonas de desarrollo económico especial, socios foráneos que no solo participen accionariamente sino que ahora traigan el financiamiento necesario para los negocios (en lugar de los desembolsos de caja que asumía PDVSA)[3], y algo importante: la cobertura de esas retribuciones y deudas con las corporaciones se basa en los barriles que provengan del aumento de la producción[4]. Esto es, más extractivismo para poder pagarles. Es el modelo de negocios de la Faja del Orinoco, que se proyecta al resto de los sectores de nuestra economía extractiva.

 

Se cuenta también: la búsqueda de reconexión de pozos en el occidente de Venezuela (como los del Lago de Maracaibo), área de viejas explotaciones convencionales; relanzamiento de los grandes proyectos gasíferos offshore (como el Rafael Urdaneta), con el proyecto Cardón IV en la península de Paraguaná como punta de lanza, destacando la explotación del mega-campo ‘Perla’ en la cual la inversión ha sido 100% privada (Del Pino dixit) –Repsol (50%) y Eni (50%)[5]–; re-impulso y reactivación de obras de infraestructura para la exportación de commodities como el Puerto de Aguas Profundas de la península de Araya (13/6) orientado al comercio petrolero principalmente con el mercado asiático[6], la nueva fase de construcción del gaseoducto Venezuela-Colombia, el acuerdo de gaseoducto entre Venezuela y Trinidad y Tobago (PDVSA-NGC-Shell)[7] o los puertos para la producción de Carbozulia; nueva fase histórica de la minería, con el proceso de certificación de reservas, reactivación de minas que cayeron en el período de crisis o apertura de otras nuevas en todo el país, como el Arco Minero del Orinoco y la conformación de la empresa mixta ‘Siembra Minera’ (Gold Reserve, oro y cobre, empresa a la que el Estado venezolano adeuda aproximadamente 992 millones US$)[8] para la explotación del proyecto "Las Brisas"; empresas mixtas y memorandos de entendimiento con compañías como Faoz (una incógnita), Afridiam (Congo) o China CAMC Engineering para explotar coltán en el municipio Cedeño, estado Bolívar; Endiama (Angola)[9], Guaniamo Mining Co. (EEUU) y empresas sudafricanas no anunciadas para explotar diamantes –en general las mineras junior suelen abrir el camino para la posterior aparición de las grandes corporaciones mineras–; pero también destaca la reactivación de las minas del proyecto de Lomas de Níquel (China Camc Engineering y Yankuang Group - sur de Aragua-Miranda)[10], reactivación de Carbozulia (mayo 2017) con miras a la estabilización y posterior expansión de la producción de carbón[11] (Inter American Coal, China CAMC Engineering y Yankuang Group), sea en las minas ya existentes o en nuevas, como ‘Las Carmelitas’[12]; o finalmente proyectos más pequeños de minería no metálica para la extracción de fosfato en el Táchira, mármol en Anzoátegui (empresa Canteras y Mármoles) o sílice en Lara.

 

Pero estas redes del capital que crecen y se expanden, estos nuevos métodos y marcos de negocios, no sólo evidencian una reestructuración económica en desarrollo –ciertamente inestable, contingente y maleable–, sino también revelan una específica correlación de fuerzas muy negativa para regímenes de intervención y proteccionismo estatal, formas de nacionalismo económico, y para el campo popular y la naturaleza. En este escenario van prevaleciendo cada vez más los intereses y agendas del capital transnacional, que trazan las rutas más estables y predecibles del rumbo económico a partir del mapeo de los “recursos naturales”.

 

En esta específica correlación de fuerzas la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no ha estado al margen ni ha sido espectadora pasiva. Muy al contrario, ha sido actor principal para ir configurándola, a través de métodos cada vez más extremistas que impulsan este escenario del ‘capitalismo del desastre’. Porque, aunque se declare en el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” que “la justicia social es la prioridad” y los “desfavorecidos y vulnerables serán el objetivo central”, el horizonte constituyente de esta coalición política derechista conservadora ha sido neoliberal. En muchos casos sin secretos (como en el llamado ‘capitalismo popular’ de Maria Corina Machado). En otros, que son la mayoría de los casos, se esconden detrás de una retórica vaga y generalista sobre progreso, bienestar y desarrollo, sin mencionar la prevalencia de mecanismos de mercado, recortes, corporativización y desregulación. Pero a pesar de las sutilezas e intentos de hermetismo al respecto, siempre afloran estas voluntades y políticas neoliberales.

 

Por citar dos ejemplos recientes, el conocido empresario venezolano Gustavo Cisneros ha planteado que el modelo impulsado por Mauricio Macri en Argentina puede ser el idóneo para la Venezuela postchavista[13]; y aunque hayan criticado y sancionado hasta la saciedad el entreguista y devastador proyecto del Arco Minero del Orinoco, en mayo de este año el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, le aseguraba a las transnacionales mineras que asistían al ‘Latin American Downunder Conference’ en Australia que “una vez la democracia haya sido restaurada… las puertas estarán abiertas para recibir las inversiones” –our doors will be open to receive the investments–[14], lo que va en consonancia con numerosas de las propuestas del bloque opositor de expandir el extractivismo en el país.

 

La pregunta que surge ante esta puesta en escena y el desarrollo y expansión de esta red de capitales foráneos en Venezuela, es qué tipo de modelo de gobernabilidad y control social pudiera estar gestándose de la mano de este proceso, y cuál podría ser el rol de la violencia en el mismo.

 

Adiós al ‘neo-extractivismo progresista’: violencia y nuevas gobernabilidades

Replicando el patrón histórico-colonial de la división internacional del trabajo y la naturaleza, las inversiones extranjeras en la crisis actual siguen dirigiéndose en proporciones considerables a los sectores extractivos –como se evidencia por ejemplo en el anuncio de ‘Alianzas Estratégicas’ entre el Gobierno Nacional y empresas extranjeras (21 de julio), donde el 92% de las inversiones era para minería y 8% para turismo[15]–.No sólo no aparece el giro productivo para poder paliar la situación de precariedad económica interna, sino que el capital y las élites políticas locales establecen acuerdos de largo plazo que nos atornilla a un horizonte de extracción y despojo, vinculado a recortes y desregulación.

 

Se marcha el llamado “neo-extractivismo progresista”. El patrón que lo ha caracterizado se disuelve: la posibilidad de construir consenso social por la vía de la distribución masiva de las rentas presenta extraordinarios límites; la programática gubernamental sigue modificándose progresivamente; como ya se ha mencionado, continúan produciéndose cambios significativos en la correlación de fuerzas; y el contexto internacional va recrudeciendo aún más la competencia global por los “recursos naturales”.

En este sentido, y en relación a la gobernabilidad de este probable nuevo extractivismo, cabe preguntarse si las diversas formas de violencia que se han desarrollado en el país son sólo expresiones de un conflicto político coyuntural o en cambio estas también se instalan y se incorporan a los dispositivos de dominación, trazando las coordenadas de un régimen de control social en formación.

Sus orígenes provienen de al menos tres escalas geográficas diferentes: una violencia imperial-geopolítica, una estatal-nacional y una social-molecular.

 

El contexto de intensa conflictividad y el colapso de la economía nacional han hecho prevalecer los marcos de un estado de excepción (que hasta el momento ha sido sectorizado), políticas de emergencia y conmoción, la creciente militarización de todos los ámbitos de la vida junto a mecanismos de intervención policial directa en barrios urbanos y rurales (como la llamada ‘Operación de Liberación del Pueblo’ - OLP). Esto no sólo se expresa en las actuales políticas del Estado, sino que se presenta como el horizonte de 'seguridad' de los partidos de la MUD. Recordemos que el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, ha señalado la necesidad de aplicar el modelo “exitoso” de seguridad del ex-presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el cual podría emplearse de manera inmediata[16]. En el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” 2017 de la MUD se expresa como uno de los primeros objetivos de “un próximo gobierno” el “Plan efectivo y contundente contra la inseguridad” (punto 1.3).

 

Resalta también el empleo de actores armados informales por parte de los grupos políticos en disputa, que ejercen formas subterráneas de control social, generando formas directas de represión y terror en la población.

Al mismo tiempo, el abanico de operaciones de intervención que han sido impulsadas al menos desde 2002 por los Estados Unidos para lograr el ‘cambio de gobierno’ en Venezuela se han hecho cada vez más explícitas e incisivas –vea las recientes declaraciones del director de la CIA, Mike Pompeo, sobre sus esfuerzos para lograr la ‘transición’ en el país[17]– y tienen notable incidencia en el desarrollo de la violencia en el país. Un potencial avance y triunfos de esta política norteamericana en Venezuela plantearía una transición desde mecanismos de financiamiento de operaciones de inteligencia y desestabilización hasta formas de militarización de impacto regional (en conexión con acuerdos como el Plan Colombia) y estrategias de contrainsurgencia como forma de controlar territorios.

Por último pero no menos importante, también se registra el aprovechamiento de las crecientes formas de violencia social-molecular producto de las contradicciones sociales y territoriales (pobreza, exclusión, masificación de la corrupción y la impunidad), en especial a través de la cooptación de grupos criminales (urbanos y rurales) y la canalización de expresiones de fascistización social (evidentes básicamente en sectores de oposición al gobierno) que no sólo generan crímenes de odio e intento de aniquilamiento del 'enemigo' (chavista) sino una profunda intimidación y terror en la población en general.

 

La imposición del orden y la lucha contra 'agentes perturbadores' serán planteadas como los medios para la consecución de la ‘paz’ –la 'pacificación'. En estos casos es cuando la paz y la guerra se confunden más. Podríamos plantearnos reflexivamente la frase de Hanna Arendt cuando afirmaba en 1970 que la paz es la continuación de la guerra por otros medios. Para el caso venezolano, se han abierto ya nuevas preguntas sobre nuevas formas de poder, sobre la evolución de la estatalidad, sobre disputas territoriales por los bienes comunes. Y sobre todo, preguntarnos si terminaría de emerger una nueva versión de la economía de enclave del siglo XXI. Preguntas que además, tocan e interpelan a todo el resto de América Latina.

 

Resurgir del colapso del rentismo: re-existencias y la recuperación de las agendas propias de los movimientos populares

En Venezuela, todos los territorios y ámbitos de la vida cotidiana están en disputa. ¿Cuál es el horizonte, la estrategia, cuando la guerra y el estado de excepción van avanzando como régimen biopolítico para la acumulación de capital?

 

Cuando la paz es invadida de guerra, se va haciendo más difícil saber qué es y dónde se encuentra. A pesar de ello, ésta se convierte en una prioridad. Pero es necesario resaltarlo: organizarse para la paz implica reconocer que esta también se teje desde abajo, que supone que hay que ir hilándola, expresándola en la vida en los territorios, recreándola en las formas mínimas de convivencia, respeto, consensos, desplazando a la guerra de los espacios que busca ocupar, a través de resistencias y vida. Se trata del ejercicio de las re-existencias (como lo planteara Adolfo Albán), en la medida en la que se resiste a los diversos dispositivos de violencia, explotación, exclusión y despojo de la expansión capitalista, a través también de la reproducción de la vida, de su reafirmación a través de las prácticas cotidianas y la construcción de alternativas concretas.

Sin embargo, ¿cómo se puede enfrentar semejantes desafíos cuando el tejido social ha sido tan profundamente afectado, cuando se va desbordando el contrato social, cuando la barbarie se va normalizando, cuando se ha extraviado de tal forma el sentido en el país?

 

Nuevamente, hay que mirar adelante. Todavía hay mucho que rescatar. Aunque este socavamiento del tejido social nos atraviesa, no es una condición estructural o definitiva. Toca volver a mirar e inventariar todas esas potencialidades existentes en el campo popular venezolano, sus expresiones de democracia radical, sus experiencias productivas, sus narrativas y agendas propias, las formas emancipatorias de su dinamismo político aluvional. A pesar de que existan enormes obstáculos y debilidades, son finalmente estos factores el sustrato, la esencia, de cualquier proceso alternativo a desarrollarse en los próximos tiempos.

 

Pero también los tiempos invitan a reinventarse. El giro histórico-político de las luchas populares en Venezuela podría estar en la recuperación y re-centramiento de la dimensión territorial –abriéndose intempestivamente camino ante la irresistible primacía de los objetivos de escala nacional–; esto es, territorializar las luchas. Reconfigurar las localidades. Y tejer comunidad, en medio de las dificultades. Construir desde ya, alianzas con otros sectores de lo popular. Promover la creatividad, las éticas populares y el valor de la dignidad. Sin todas estas bases materiales, estas expresiones contrahegemónicas seguirán adoleciendo de organicidad, se evidenciarán débiles ante los numerosos dispositivos de guerra, tendrán una alta dependencia económica del Petro-Estado y los sectores privados y seguirán careciendo de resultados concretos en sus territorios para testimoniar ese mundo que sueñan transformar.

 

¿Qué nos queda por reivindicar en cuanto a las grandes narrativas políticas? No hay un panorama claro al respecto. Pero al menos, recuperar el sentido en el ámbito nacional apunta en principio a retomar las demandas económicas y políticas que han unido históricamente a los de abajo, unión que reconfiguraría la polarización, que sería planteada nuevamente entre los de arriba y el vasto conjunto de las clases desfavorecidas. Y a esto habría que añadirle las demandas de sostenibilidad y justicia ambiental, ante el creciente y dramático empeoramiento de la situación de los ecosistemas, bienes comunes y la vida ecológica que nos constituyen. Las dimensiones de la crisis estructural del capitalismo rentístico venezolano evidenciarán más claramente estas rutas a transitar.

 

De plano conviene resaltar que la situación de potencial impago de la deuda externa unido a la descomunal corrupción que se ha devorado las cuentas públicas puede hacer converger a numerosas organizaciones populares, movimientos y comunidades en torno a una campaña nacional por la auditoría de todas estas cuentas del país. Se presentaría además una oportunidad para evidenciar los vínculos de la deuda y el desfalco con el extractivismo, en la medida en la que el respaldo material de estos procesos de despojo financiero global contra Venezuela son precisamente sus ‘recursos naturales’ y sus territorios. El relanzamiento del Arco Minero del Orinoco y todo el conjunto de proyectos que buscan re-colonizar viejas geografías y las nuevas fronteras de las commodities se realiza bajo esta racionalidad. De esta manera, podríamos tener la convergencia de luchas por la justicia en la distribución económica y ecológica al mismo tiempo. Algo nunca visto en la historia de las luchas populares venezolanas.

Se nos vienen extraordinarios desafíos. La búsqueda de la paz navega en aguas turbulentas. Toca no perder el centro y tomar el timón con fuerza.

Caracas, julio 2017

 

*Emiliano Teran Mantovani es Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador en ciencias sociales y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, en el Grupo de Trabajo CLACSO sobre ecología política y ha colaborado con el proyecto EjAtlas - Justicia Ambiental con Joan Martínez Alier. Hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.

Notas

[1] http://www.asambleanacional.gob.ve/... (pdf)

[2] http://www.avn.info.ve/...

[3] https://www.youtube.com/...

[4] http://www.avn.info.ve/...

[5] https://www.repsol.energy/...

[6] http://www.eluniversal.com/...

[7] http://www.telesurtv.net/...

[8] http://vtv.gob.ve/...

[9] http://vtv.gob.ve/...

[10] http://avn.info.ve/...

[11] https://www.aporrea.org/...

[12] https://www.aporrea.org/...

[13] https://www.efe.com/...

[14] https://laradiodelsur.com.ve/...

[15] http://vtv.gob.ve/...

[16] https://www.youtube.com/...

[17] Pompeo afirmó el pasado 20 de julio que esperaba que se produjera una ‘transición’ en Venezuela y que trabajaban duro para comprender las cosas que allí ocurren y comunicárselas al Departamento de Estado y a los gobiernos de Colombia y México, de manera que obtuvieran los mejores resultados posibles https://www.youtube.com/.... Varias fuentes han revelado las diversas operaciones de intervención que se han aplicado desde el inicio de la Revolución Bolivariana. Por ejemplo, decenas de miles de cables revelados por Wikileaks han revelado apoyo a opositores al gobierno, desde la época del presidente Chávez. Citando un caso, la contratista de USAID/OTI ‘Development Alternatives Incorporated’ (DAI) reconocía que quienes organizaban las protestas contra el presidente Chávez en 2009 eran ‘nuestros financiados’ –‘are our grantees’.https://wikileaks.org/...

Leer

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Destaquemos que los gobiernos progresistas (a excepción de Venezuela) imponen el sometimiento de los haitianos a las corporaciones imperialistas de Estados Unidos, Francia, Canadá y de Brasil. Pero también es negocio para los militares y policías. En efecto:

 

¿Qué es la MINUSTAH?

Una fuerza de ocupación de la ONU avalada por nuestro Congreso de la Nación.

11 de septiembre de 2014

 

Por Ruth Werner

@RWlaruta99

La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto para renovar por dos años la presencia de tropas argentinas en Haití. La votación resultó afirmativa con 164 votos (FPV, Unión PRO y Frente Renovador) contra 56 negativos (UCR, Unidad Popular, Coalición Cívica-UNEN y el Frente de Izquierda).

Hace ya más de diez años, el 30 de Abril de 2004, se crea la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah) en Haití. Fue el fallecido presidente Néstor Kirchner quien aceptó en Junio de ese año enviar tropas a esta Misión conformada por efectivos provenientes principalmente de América Latina. La comandancia está ejercida por Brasil al frente de militares argentinos, bolivianos, chilenos ecuatorianos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, peruanos, uruguayos, entre otros países. No es una misión humanitaria, como señalaron quienes votaron por la positiva en el Congreso de la Nación. Es una misión de ocupación promovida por EE.UU. y aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, continuidad del golpe militar que los norteamericanos consumaron en 2004 contra el gobierno de Jean Bertrand Aristide.

Los diputados kirchneristas siguen insistiendo en que se trata de una misión humanitaria encubriendo que se trata de una fuerza de ocupación, una intervención directa del imperialismo norteamericano y europeo (EE.UU., Francia y Canadá) en el país más pobre de América. El diputado Juan Pais (FPV-Chubut) destacó en el Congreso que "Argentina colabora para hacer más vivible" el país caribeño. Por su parte, Gilberto Alegre (Frente Renovador) sostuvo: "no podemos no acompañar este proyecto porque lo que está en juego también es nuestro respeto como Nación y con los compromisos asumidos", destacando que la presencia argentina en Haití es "para ayuda humanitaria".

El prontuario de la Minustah en Haití incluye la represión violenta y sistemática a las movilizaciones de trabajadores y sectores populares, persecución, encarcelamiento y asesinatos de dirigentes de la oposición, violación de mujeres y niños, y la introducción de la epidemia del cólera por la que han muerto más de 8.000 personas y afectado a 700.000. Según denuncia la Plataforma de Organizaciones Haitianas para los Derechos Humanos (POHD): “la presencia de la MINUSTAH supone una de las principales violaciones de derechos humanos en nuestro país. Atenta contra el artículo primero del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ya que constituye un ataque a la soberanía nacional y una violación del derecho de autodeterminación del pueblo haitiano”. El organismo denuncia que: “Entre febrero de 2004 y 2011 la MINUSTAH ha realizado muchas operaciones en ciertos barrios populares de la capital haitiana, sobre todo en Cité Solei, Bel -air y Martissant. Estas operaciones han ocasionado múltiples casos de violaciones [de los derechos humanos] sobre la población civil, incluyendo muertos, heridos, destrucción de bienes privados, malos tratos, etc.”.

La ocupación ha servido para blindar el avance de las empresas estadounidenses, francesas, canadienses y brasileras sobre los recursos estratégicos de Haití. Brasil se ha beneficiado de su papel de comando de las fuerzas adjudicándose casi la totalidad de las obras de infraestructura financiadas por organismos internacionales. Por su lado, empresas mineras canadienses y norteamericanas explotan 18 minas, la mayoría de ellas de oro, estando eximidas de impuestos y de respetar la legislación local. Mientras las multinacionales desalojan a los campesinos de sus tierras pueden servirse de 10 millones de haitianos como mano de obra barata a dos dólares diarios para ser explotados en las maquiladoras de la industria textil, del calzado y la electrónica.

La campaña por el retiro de las tropas argentinas cuenta con destacadas figuras como el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y es uno de los puntos que levanta la plataforma del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. El repudio en Haití a la presencia de tropas es generalizado y según las encuestas cerca del 90% de la población exige su retirada.

El gobierno kirchnerista que por estos días ha hecho de la consigna “patria o buitres” una bandera, en Haití demuestra nuevamente estar del lado de los gobiernos y las empresas imperialistas.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Que-es-la-MINUSTAH

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Entrevista. Beverly Keene*:”La Minustah busca mantener a Haití al servicio de los intereses de Estados Unidos, las empresas y los capitales que ellos representan”.

18 de febrero de 2015

 

 

Resumen Latinoamericano/ Por Mario Hernández

 

M.H.: Se cumplieron 5 años del terremoto que costara entre 250.000 y 300.000 vidas y también un nuevo aniversario de la independencia de Haití, primer país independiente de Latinoamérica, en 1804, 6 años antes de nuestro 25 de mayo. Con la característica particular de convertirse en la primer República negra que, entre otras cosas, eliminó la esclavitud. A estas efemérides se suma el hecho coyuntural que el Comité por el retiro de las tropas de Haití, en representación de una serie de organizaciones de nuestro país y latinoamericanas, se hizo presente en la Embajada de Chile con el objetivo de entregar una carta dirigida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que visitó Haití entre los días 23 y 25 de enero y este mes está presidido precisamente por Chile. Esta declaración lleva una serie de firmas, como las de Jubileo Sur, Diálogo 2000 Argentina, Encuentro Sindical Nuestra América, Comité Argentino de Solidaridad por el retiro de las tropas de Haití, el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Mirta Baravalle de la misma organización, Frente Popular Darío Santillán, etc. Para conversar sobre esta carta al Consejo de Seguridad que aborda varias temáticas que queremos profundizar, hoy hemos invitado a Beverly Keene de Jubileo Sur, Diálogo 2000, miembro también del Comité argentino por el retiro de las tropas de Haití.

Una carta al Consejo de Seguridad que creo es una pintura bastante ajustada de la situación que vive el pueblo haitiano, donde se han producido algunas novedades de la coyuntura política de ese país como ser lo que humildemente he denominado un golpe de Estado, porque el pasado día 13 de enero han caducado las autoridades parlamentarias del Senado y la Cámara de Diputados y el actual presidente Martelly se ha hecho de la suma del poder público estableciendo un gobierno que funcionará por decreto, a través de la designación de un Primer Ministro, Evans Paul, quien reemplazó a Laurent Lamotte y que ha prometido en su asunción convocar a elecciones durante el transcurso del corriente año. Mientras tanto esa situación se produzca, lo cierto es que Michelle Martelly va a gobernar por decreto. ¿Qué nos podés comentar respecto de esta situación?

-B.K.: En primer lugar agradecer el espacio para hablar sobre Haití, a veces parece algo muy lejano a nosotros, pero aquí en Argentina tenemos muy presentes las estrategias diversas de intervención de Estados Unidos, Canadá y Francia, los poderes centrales en nuestro mundo hoy, en lo que son las vidas y las decisiones políticas de los pueblos de América Latina. Sin ir más lejos, tenemos el golpe de Estado que se produjo en Paraguay hace unos años atrás, el golpe en Honduras en 2009, y también el golpe de Estado en Haití en 2004, que llevó a la constitución de la Minustah, esta misión que se suponía era para la estabilización de Haití, cuando en realidad lo que se percibió en ese momento y que se ve con mucha más fuerza hoy, es que busca mantener a Haití al servicio de los intereses de Estados Unidos, las empresas y los capitales que ellos representan.

Efectivamente, el golpe de Estado que se está dando en este momento en Haití, por las vías más modernas, no hace falta que los marines estadounidenses ocupen Haití como lo hicieron en 1915 porque se pueden dar el lujo de tercerizar la ocupación militar, como en este caso con las tropas de nuestros países de América Latina, de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, etc., una serie de países que se utilizan no por un decreto del Departamento de Estado de Estados Unidos sino a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al que recientemente el Presidente boliviano bautizó muy correctamente como “Consejo de Inseguridad”. En este caso se lo utiliza para imponer la voluntad de los poderes de siempre. En Haití esto significa en este momento el inicio de un período de gobierno por decreto. Justamente esta visita que se realizó el fin de semana el Consejo de Seguridad, sin duda tiene como objetivo legitimarlo, rodear esta nueva situación de un nuevo Primer Ministro, que puso un gabinete que los medios llaman “de consenso”, buscando legitimar este proceso que no es la voluntad del pueblo haitiano, sino de los poderes que en este momento ocupan Haití a través de las tropas de la Minustah.

Esta es una situación a la que tenemos que prestar mucha atención, en la que estamos involucrados directamente a través de la presencia de tropas argentinas en Haití, por ende, apoyando esta situación, y tenemos que escuchar la voluntad que expresan las voces de las organizaciones sociales y populares haitianas, reconociendo que tanto en Haití como en todos nuestros países hay una gran diversidad de opiniones políticas.

Hay partidos que se llaman y se dicen de la “oposición” que están acordando con Martelly para poner en marcha este nuevo golpe de Estado y hay partidos de la oposición que están en contra de esto y siguen manifestándose día por medio de manera masiva en las calles de Puerto Príncipe y en otras partes del país. También hay otros partidos, organizaciones sociales, movimientos populares en Haití que siguen reclamando lo que es lógico, su soberanía, el derecho del pueblo haitiano de hablar y poder decidir por sí mismo sin la intromisión de Estados Unidos, Francia, Naciones Unidas, la OEA o la Minustah, en sus asuntos internos. Muchas de estas organizaciones con las que tenemos un contacto permanente expresan su preocupación, no solamente por esta pérdida de soberanía sino por lo que está sucediendo por detrás de esto, un proceso de recolonización donde la política de mantener los salarios de Haití como los más bajos de todo el hemisferio, favoreciendo la instalación de la maquila, industrias sobre todo textiles que exportan a Estados Unidos a precios de miseria y favoreciendo la instalación de grandes empresas de exploración petrolera y aurífera.

En estos momentos han llevado una queja formal al Banco Mundial por su apoyo al gobierno de Haití por la posibilidad de reformar la Ley minera para que las empresas mineras ingresen y consoliden su posición sin ninguna posibilidad que el Parlamento las supervise o controle.

También hemos visto en estos últimos meses muchas manifestaciones y protestas de parte de comunidades pesqueras costeras en algunas partes de Haití, que han sido señaladas como sedes de futuras inversiones para el turismo de lujo, oponiéndose a la política de desplazar a las comunidades locales y quitar al pueblo no solamente los medios de su subsistencia sino también cualquier posibilidad de decir algo al respecto.

Hay protestas casi todos los días frente a estos avances en lo que es un proceso de recolonización y saqueo, porque aunque no lleguen a nuestros diarios hay una sociedad muy activa y alerta. Tenemos una situación muy compleja, de la que nos llega poca información, la clave es entender que hay un golpe de Estado en curso en Haití y la Minustah, la Misión de estabilización de las Naciones Unidas, es cómplice de ese golpe.

Las tropas de Argentina, Brasil y otros países no están cumpliendo misiones humanitarias, sino cumpliendo como guardia pretoriana de la verdadera ocupación de Estados Unidos, Canadá y Francia. La situación es de mucha dificultad para un pueblo que es el más empobrecido de nuestra América Latina y el Caribe. Es importante recordar que en su época de colonia francesa fue la más rica de Francia, entonces no es que Haití, como todos los países de América Latina seamos pueblos pobres, hay un proceso concreto de empobrecimiento que el pueblo haitiano sigue sufriendo. No podemos aceptar que esos países extranjeros sigan determinando su destino y menos aceptar tropas de nuestros países ayudando en ese cometido.
 

La presencia de la Minustah forma parte de una industria rentable para las Fuerzas Armadas latinoamericanas

-M.H.: Luego vamos a volver sobre la realidad interna de Haití. Has mencionado la presencia de tropas argentinas, y las has denominado como tropas de ocupación, no son las únicas tropas que forman parte de la Minustah, recientemente se ha producido un debate entre el gobierno saliente y entrante en Uruguay, el futuro Canciller Nin, quien fuera vicepresidente de Uruguay habló del inminente retiro de las tropas uruguayas y rápidamente el Canciller Almagro y el Ministro de Defensa, Huidobro, salieron a desautorizar ese punto de vista. Más allá de estas “contradicciones” me gustaría que le expliques a nuestros oyentes cuáles son los fundamentos por los cuales las autoridades argentinas sostienen la presencia de tropas de nuestro país en Haití.

-B.K.: En cierto sentido te podría responder que es muy fácil, en septiembre del año pasado le tocó al Congreso Argentino aprobar la salida de las tropas que participan en Haití de la Minustah, es una autorización que tiene que dar el Congreso en cualquier situación en la que Argentina quiera enviar tropas fuera del país o recibir dentro del país la visita de tropas de otro. En ese debate que se hizo en septiembre en la Comisión de Relaciones Exteriores y la de Defensa de la Cámara de Diputados, un debate que el partido oficialista no esperaba, ya que esperaba un trámite como en anteriores oportunidades, varios partidos se presentaron para reclamar y exigir que hubiera un debate sobre la participación de Argentina en la Minustah y acordaron que los funcionarios del gobierno que fueron a defender la posición de la participación de Argentina en la Minustah no tenían argumentos, pero es una decisión que se sigue manteniendo.

Esa sería la respuesta más fácil. Otra es la que nos dio el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, que en marzo del año pasado visitó Haití durante 36 horas haciendo un saludo de rutina a las tropas estacionadas en Haití, cuando volvió de este viaje, al que lo acompañaron un batallón de periodistas, alrededor de 50 de casi todos los medios masivos, el mensaje fue muy claro y lo repitieron todos los medios, diciendo que la Minustah y la participación Argentina es una misión humanitaria, más o menos dando a entender que se había establecido después del terremoto y no 5 años antes del mismo. Se mostraban escenas de las tropas argentinas entregando agua en bidones a la población, como ejemplo de misión humanitaria. Esos son los argumentos oficiales.

En la Cancillería, a la que hemos ido durante los últimos años en repetidas ocasiones distintas organizaciones populares y sociales, para insistir en nuestro reclamo de retiro de las tropas, por lo general tampoco defienden mucho la presencia, sí hacen mucho hincapié en que no es una decisión de la cual Argentina se hace cargo sola, afirman que están ahí con otros países de América Latina y que el retiro sería en conjunto, no se tomaría una decisión unilateral.

Podría resultar respetable o entendible esta posición, pero no quita la responsabilidad de cada gobierno de estar defendiendo una situación para la que no tienen argumentos de peso. Si el motivo por el cual tenemos tropas de Argentina en Haití durante 11 años es para seguir entregando agua a la población, podemos concluir que ha sido un fracaso total, porque supongamos que esa fuese su misión, la verdad es que tanto tiempo y que no se haya podido resolver nada respecto a un problema que obviamente es real, porque el suministro de agua se sigue manejando con camiones y con bidones con agua y no se ha ido más allá de eso, lo que de por sí sería reconocer el fracaso de la misión.

Está claro que ese no es el objetivo. Según el Consejo de Seguridad, Haití representa un peligro para la seguridad de la región. Muchos gobiernos siguen aprobando eso en octubre cuando revén el mandato de la Minustah, y ese peligro se pone en boca de Estados Unidos, que dice que si la situación se complica en Haití van a tener muchos inmigrantes haitianos en las costas de Florida y como no pueden permitirlo la situación debe ser controlada.

Esa es la defensa oficial que se hace en el Consejo de Seguridad. Pero, en realidad, lo que vemos es que la permanencia se da por objetivos de control, dominación, saqueo y colonización del pueblo haitiano. Podemos mirar un poco más los argumentos que esgrimen distintos gobiernos en nuestra América Latina, podemos reconocer que hoy en día existen debates, como el que hemos visto entre el gobierno saliente y el entrante en Uruguay, que significa que hay preocupación sobre esta presencia de tropas latinoamericanas en Haití. Más de uno ha llegado a la conclusión de que se han metido en un callejón sin salida, en una trampa que puso Estados Unidos y Francia cuando invitaron a los gobiernos “progresistas” liderados en 2004 por Lula de Brasil y Néstor Kirchner de Argentina, de hacerse cargo de esa ocupación y que ahora no saben cómo salir con elegancia.

El segundo problema, que puede ser muy pedestre, es que la presencia de los latinoamericanos hoy en Haití, en cualquiera de estas misiones de paz, es una industria, significa recursos, posibilidades de viajar para los efectivos que se anotan, es un privilegio, un premio monetario en su carrera.

En Argentina en estos últimos días, cosa que no sale en los noticieros, las Fuerzas Armadas han creado una escuela de capacitación y entrenamiento para los efectivos que participen en misiones de paz. Todo esto forma parte de una industria y cortar la presencia de Argentina en la Minustah la pone en peligro. Ese es un tema que se ve en la discusión, por ejemplo, con Uruguay. Las Fuerzas Armadas uruguayas tienen muchos más antecedentes en la participación en estas misiones de paz de Naciones Unidas, y es un reducto que también vemos en Brasil, incluso en Bolivia, Paraguay, Ecuador, donde se ponen en juego las relaciones entre los distintos sectores de nuestros propios gobiernos. Aquí, entre las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, Cancillería y Presidencia, no todos tienen la misma postura. Y en más de un gobierno de América Latina en voz baja se ha planteado que no pueden sacar las tropas de Haití porque pueden crear un problema con las Fuerzas Armadas de su país. Esto es importante y lo tenemos que tener presente, si volvemos a los argumentos que los gobiernos esgrimen para sostener esa presencia en Haití, en los inicios se hablaba de la posibilidad de crear una política distinta, de cooperación regional con América Latina, que es algo que la mayoría de nosotros quisiéramos apoyar, como hace Cuba con la presencia de sus misiones médicas desde hace muchos años, como ha sido la política de Venezuela a través de Petrocaribe, un apoyo muy concreto a la vida cotidiana del pueblo haitiano. Pero lo que estamos viendo es que los gobiernos de América Latina están repitiendo los mismos errores, las mismas políticas de dominación y presencia de los poderes centrales.

Por eso entendemos que este año, 2015, el centenario de la primera invasión y ocupación de Estados Unidos a Haití, es un momento crítico en la vida del pueblo haitiano, porque las organizaciones sociales haitianas están reivindicando la necesidad de avanzar en la refundación de su país, no con la ocupación de tropas de toda América Latina, sino con políticas realmente de cooperación, solidarias, de los pueblos y los gobiernos latinoamericanos, es el momento para avanzar en ese plano y eso significa, primero, retirar las tropas y luego avanzar en políticas de apoyo en aspectos humanitarios, las cuales sin dudas se pueden ofrecer y también en todo lo que pueden ser políticas de apoyo a la institucionalidad haitiana, pero la que decida su pueblo, no Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la OEA o la Comunidad Internacional.

-M.H.: Uno de los argumentos esgrimidos por nuestros gobernantes ha sido el factor que implica que la Minustah ayuda a detener la violencia en Haití. Yo me tomé el trabajo de investigar al respecto y la tasa de homicidios en Haití es de 7 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio en el Caribe es de 17, en México ese índice llega a 24 y en Honduras a 91. Una de las cosas que llama la atención es que, a pesar de las políticas asistencialistas y de las donaciones que proporcionaron ayuda a los damnificados del terremoto, el país sigue inmerso en la pobreza. Mencionaste en alguna de tus intervenciones anteriores, la construcción de hoteles de lujo. ¿Cómo se entiende esto?

-B.K.: Uno piensa en los intereses económicos que están en juego, tanto Haití como Cuba, están cerca de las costas de Estados Unidos, y es un destino caribeño muy atractivo, con aguas cálidas y hermosas. Esa atracción juega un rol en lo que es la codicia, la política hacia un país al cual efectivamente al poder no le importa que tiene un pueblo con mucha historia, de respeto hacia sí mismo, de resistencia, siendo el primer país en poner fin a la esclavitud, tal vez el único pueblo que logró tanto su liberación de la esclavitud como del yugo colonial.

Haití sigue siendo muy codiciado, sus playas, su sol, la riqueza de su suelo, que si bien ya está muy deteriorado por las políticas de saqueo que se sostienen hace varios siglos, ahora se apunta al subsuelo y las riquezas ahí escondidas. Ese es el problema, el pueblo haitiano estorba, está de más, sea yendo para la costa de Florida en sus barquitos buscando sobrevivir al hambre y la miseria que reina, o el que quiere vivir en su país y seguir luchando.

La política de dominación tiene intereses geopolíticos muy claros, de Estados Unidos a Venezuela tenés que pasar por encima o alrededor de Haití, si se quiere seguir bloqueando a Cuba, Haití está en un lugar privilegiado y como hemos visto históricamente a Estados Unidos le es suficiente con decir que es el “patio trasero” para seguir manteniendo el dominio. Desde todos esos puntos de vista el pueblo haitiano sigue sufriendo esta política de control y dominación.

La novedad de estos últimos casi 11 años de la presencia de la Minustah es la participación de las tropas de América Latina en ese proceso, lo cual lo torna doblemente inaceptable. La política de Estados Unidos, Canadá y Francia sigue más o menos sus canales de siempre, y han encontrado a muy bajo precio la posibilidad de involucrar tropas de otros países para llevar a cabo el trabajo sucio. Digo esto, porque hay varias declaraciones de los Embajadores de Estados Unidos en los debates del Consejo de Seguridad, e incluso hay un estudio hecho por una oficina de auditoría del Congreso de Estados Unidos que ha arrojado como información que para ese país mantener las tropas de la Minustah es mucho más barato que pagar la presencia de tropas propias. O sea, lo que para los militares de América Latina es un gran premio, por los recursos que se mueven detrás de su presencia en Haití, para Estados Unidos es muy barato.

Para hablar de una realidad que tiene que ver con la actualidad del pueblo haitiano, Estados Unidos, Francia y Canadá son los países que más contribuyen al presupuesto de la Minustah, en este momento están invirtiendo alrededor de U$S 500 millones anuales para mantenerla. Les costaría muchísimo más mandar tropas de sus propios países. Esos mismos gobiernos han sido incapaces, con todo el conjunto de la llamada Comunidad Internacional, de poner U$S 50 millones para agua potable y la erradicación de la epidemia de cólera que fue introducida por la Minustah, es su responsabilidad aunque la ONU está escondiéndose detrás de que las tropas tienen inmunidad.

 

-M.H.: Quisiera señalar que el cólera había desaparecido de Haití hace 50 años. Hace pocos días un Tribunal Superior de Nueva York, donde se presentaron los damnificados a exigir indemnizaciones, se pronunció en este sentido que mencionabas, que las tropas no son imputables, por lo tanto, no corresponde el pago de ningún tipo de indemnización ni cargo a las Naciones Unidas, por la reintroducción del cólera en Haití.

La prensa mundial tiende a presentar los problemas de Haití de manera tendenciosa, extrapolándolos de su historia y del contexto neocolonial en que se engendraron. Como si la pobreza endémica, la deforestación, el cólera, los daños de las catástrofes nacionales y el arrebato de la soberanía hubieran sido producidos por un pueblo inconsciente o por un clima adverso, poco se habla de los despilfarros y costos logísticos de las más de 10.000 ONGs presentes en Haití que en la mayoría de los casos constituyen más del 60% de su presupuesto.

-B.K.: Yo no conozco exactamente la cifra, pero la presencia de grandes ONGs existe y me consta que es avasallante. No solamente por los informes y las versiones periodísticas y las denuncias de las organizaciones haitianas, sino porque te das cuenta llegando a Haití desde el propio aeropuerto. La presencia principalmente de las grandes organizaciones que se dedican supuestamente al desarrollo o reconstrucción después de una catástrofe como el terremoto, que son una industria que mueve mucha plata, tal vez en algunos casos con mejores intenciones otras con peores, y ve cualquier situación de este tipo como un campo fértil de ganancias, en prestigio, en plata y en la posibilidad de seguir su cometido.

También hay una enorme presencia de organizaciones más chicas pero que pertenecen a los sectores religiosos muy conservadores de Estados Unidos, algunos independientes y otros que forman parte de conglomerados con una clara intencionalidad política. Otros tienen una intencionalidad política menos clara pero sirven a los mismos fines. Esa presencia en Haití que fue terriblemente multiplicada después del terremoto ha sido denunciada por las organizaciones haitianas de manera sistemática. En cierto sentido sienten que detrás de ese ejército llamado de cooperación o de desarrollo, se les escapaba de las manos cualquier posibilidad de opinar sobre la reconstrucción de su propio país.

Las decisiones y la plata siempre se mueven por fuera del presupuesto del gobierno haitiano y el Estado ha sido muy marginado. Es un proceso que lamentablemente no es único en Haití, se puede ver en muchos otros países, como Indonesia después del tsunami en 2005, y lo vimos en Irak, porque las guerras significan una destrucción descomunal de la población y su reconstrucción son industrias de gran escala. En el caso de Irak, las denuncias de la tercerización de la guerra a empresas contratistas de parte del gobierno de Estados Unidos, y luego la reconstrucción de esos desastres realizadas por las mismas empresas. Esta es una realidad de nuestro siglo XXI, la destrucción y la reconstrucción son industrias y significan una exclusión de la población de cualquier posibilidad de participación en la toma de decisiones, en el diseño de esas reconstrucciones, en la construcción de su futuro.

Hoy en Haití esto forma parte importante del contexto, entonces cuando escuchamos a las organizaciones populares haitianas o las manifestaciones callejeras pidiendo el retiro de los extranjeros, tenemos que ubicarnos en esa realidad, están hartos de esa intervención porque están en todos lados, desde lo más cotidiano hasta el debilitamiento del Estado Haitiano. No hay organización popular haitiana que defienda la capacidad del Estado haitiano o del gobierno para resolver los problemas del pueblo, reconocen grandes debilidades, pero en ese reconocimiento también está que, tanto los gobiernos de la llamada “comunidad internacional” como las ONGs, las empresas contratistas y las instituciones financieras, participan con políticas deliberadas en ese debilitamiento del Estado.

Parte de lo que reclaman las organizaciones populares haitianas en este momento es que cambiar simplemente los nombres en el gobierno y en el gabinete y seguir excluyendo al pueblo haitiano de cualquier posibilidad de tomar las decisiones, no va a resolver los problemas políticos y sociales. Es el propio pueblo el que tiene que resolverlos y construir su propia fortaleza con organizaciones populares para lograr esos objetivos.

-M.H.: Personalmente los argumentos me han convencido de que Haití no es una amenaza para la paz mundial ni regional. No sé si a los que han escuchado este programa les ha sucedido lo mismo, pero el objetivo de esta entrevista era justamente clarificar sobre algunos aspectos poco conocidos de la realidad haitiana. Si ha quedado algún tema sobre el que desearías ampliar te invito a que lo hagas.

-B.K.: Algo que me gustaría agregar es una invitación, realmente tenemos una posibilidad y un privilegio pero que es también una necesidad de ir conociendo a este pueblo que ha contribuido tanto a la historia no solamente propia sino de América Latina y el mundo en la lucha por la independencia, por los derechos humanos y el fin de la esclavitud. Es un pueblo que tiene una cultura impresionante en lo que tiene que ver a sus contribuciones en el arte, la música, el teatro, el cine. Tenemos mucho para disfrutar de este pueblo y para aprender de sus luchas y su resistencia hoy en día. Es un deber que tenemos para ir consolidando los lazos de hermandad y de lucha conjunta con otros pueblos de América Latina.

Este año desde el Comité argentino de solidaridad por el retiro de las tropas de Haití esperamos poder avanzar con actividades, para lo cual nos ponemos a disposición de cuanta organización o casa cultural, para acercar la cultura de este pueblo y ver cómo podemos vincular más estrechamente las luchas, conflictos y resistencias también del pueblo argentino por su supervivencia, por su soberanía, por su autodeterminación con las luchas del pueblo haitiano. Va esa invitación, más allá de la presentación mañana de esta nueva carta en la Embajada de Chile.

-M.H.: Justamente aquí, en el barrio de Barracas, la Escuela 11 se llama República de Haití.

* De Jubileo y Dialogo 200 Argentina

Leer

 

 

Reparemos en qué tipo de democracia nos rige. Legaliza ocupar militarmente Haití para que sea expoliada por oligopolios de Estados Unidos, Francia, Canadá y de Brasil. Pero, además, constatemos cómo la democracia hace posible el reinado o dictadura de las corporaciones en Argentina sin necesidad de la intervención militar, al menos, durante más de una deKada.

 

 

 

El lado más oculto del modelo

El poder de las corporaciones, los festejos kirchneristas

14 de noviembre de 2015

 

Las frases más estupendas de Cristina Fernández de Kirchner son parte del vocabulario militante que abriga los sueños de la eterna juventud. Repetir y reproducir son dos acciones centrales para interpelar a los neutros y desacreditar a los enemigos de clase. "En la última década repatriamos científicos y el CONICET volvió a ser un orgullo nacional", dice con vehemencia un dirigente de clase y avanza con pasión "no escucharon a la presidenta anunciar el gran descubrimiento que nos conduce a la soberanía alimentaria, a no depender más de las multinacionales". El funcionario militante que está extasiado con el gobierno nacional y popular festeja la alusión textual de la presidenta de la Nación al informar sobre la semilla genéticamente modificada que resiste a la sequía, y la papa transgénica que convierte a Argentina en el primer país del mundo en conseguir ese siniestro lugar. Dijo Cristina Fernández de Kirchner: "Serán fundamentales para la economía de los productores y permitirá un fuerte desembarco en mercados internacionales. Es la primera vez que la patente no está en manos de una transnacional, sino de un consorcio estatal-privado".

 

Los grandes negocios que el modelo potencia

El colega Darío Aranda (http://www.lavaca.org/mu/mu-93-la-que-se-viene/) publicó en sustancioso informe que lleva como título Argentina transgénica. Revela el circuito político - empresarial - científico militante que nació en los años `90 y que ha tenido en el kirchnerismo los saltos y logros más poderosos en el ciclo de aprobación de transgénicos que soñaron pequeñas empresas como MONSANTO, Syngenta, Bayer, Basf, entre otras. Afirma el periodista Darío Aranda: "En los últimos doce años el gobierno aprobó 26 transgénicos de soja, maíz, algodón y papa. Nunca antes se habían aprobado tantos. Los expedientes son secretos y no se conocen estudios de impacto en el ambiente ni en la salud de la población".

En nuestro país, la soja es mucho más que el oro. Es el cultivo dominante y la razón central del agro negocio. Sus consecuencias son poco conocidas por el fenomenal aparato público - privado que custodia el cultivo mágico. 


Por eso, la nueva semilla que resiste a la sequía tiene actores desconocidos, nombres invisibilizados que integran el gobierno nacional y popular y trabajan para las multinacionales tóxicas. 
El espacio clave para la aprobación de transgénicos en Argentina es la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), creada en 1991 y cuyos integrantes fueron secretos hasta fines de 2014. De 47 especialistas, más de la mitad (27) pertenecen a empresas Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, Ledesma, Don Mario o son científicos que realizan trabajos para las mismas compañías.
El informe publicado en la Revista MU por Darío Aranda coloca el acento en la verdadera acción del Estado presente. Martín Lema, Director de la Conabia, el organismo que debe controlar los eventos transgénicos (nuevas patentes) que llevan las multinacionales, escribió el estudio llamado Desarrollo de construcción basada en criterios de evaluación de riesgo para cultivos junto a Monsanto, Syngenta, Bayer, Basf y Dow Agroscience. El hombre que debe auscultar las manipulaciones genéticas es parte sustancial del negocio. 


Pero hay otros científicos patriotas que entregan su conocimiento para combatir la pobreza en Argentina y en el mundo. La soja resistente a la sequía y la papa transgénica tiene como artífice al Jefe de Gabinete del Ministerio de Ciencia, Alejandro Mentaberry, con incidencia en los ámbitos que dieron luz verde a su propio desarrollo de transgénicos (Conabia y Senasa). También sobresale como responsable Fernando Bravo Almonacid, especialista en biotecnología vegetal, docente de la Universidad de Quilmes e integrante de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), organismo clave en la aprobación de transgénicos. Los dos funcionarios desarrollan transgénicos y, a la vez, forman parte de espacios de aprobación de esas mismas semillas.

 

ALIANZA ESTRATÉGICA DEL KIRCHNERISMO. UN SISTEMA CONSOLIDADO

La soja transgénica resistente a la sequía es un hito científico celebrado por la presidenta de la Nación y el Diario Clarín. Allí está el CONICET en la figura de la bióloga Raquel Chan, pero bien oculta la alianza con una estructura poderosa a escala mundial. Se trata de la empresa BIOCERES del grupo Los Grobo con Gustavo Grobocopatel el Rey de la Soja. A su lado también está Víctor Trucco presidente de Aapresid, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). No falta a la cita del descubrimiento el científico Moisés Burachik (férreo impulsor de los transgénicos y secretario ejecutivo de la Conabia entre 2004 y 2010). Hugo Sigman, propietario de laboratorios farmacéuticos y director de la Cámara de Biotecnología, aportó su experiencia para el "hito histórico". Por supuesto que los lazos cruzan fronteras. Bioceres, con todos estos personajes y estructuras, se integra con compañía Arcadia Biosciences, de Estados Unidos, que se materializó en una empresa conjunta (Verdeca) que trabaja en sociedad con la multinacional Dow Agrosciences para utilizar el gen tolerante a sequía. Nada para cuestionar, un producto cien por ciento nacional.

 

TESTIMONIO DIRECTO

Desalambrar mantuvo una comunicación telefónica con el abogado Fernando Cabaleiro que integra el Centro Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma):

¿Cómo se explica que este aspecto central del modelo actual sea tan desconocido o invisiblizado?

Con respecto a la transgenia en la Argentina hay un desconocimiento porque es un tema que no ha sido debatido en nuestra sociedad, los transgénicos en la Argentina ingresaron en los años 90´ a través de resoluciones administrativas de lo que era en su momento la Subsecretaria de Agricultura y nunca se le ha dado difusión al tema en si. Al no existir una ley de biotecnología o una ley nacional de agrotóxicos, quedamos a la información que nos han dado las empresa como Monsanto o Syngenta, las cuales promocionan el uso de transgénicos en base a información científica que no se conoce. Los verdaderos riesgos de los agrotóxicos y de los transgénicos en la Argentina son ocultados por el Estado que no brinda la información cuando los particulares o las organizaciones lo solicitan. Existe también una sospecha clara en relación a la casuística que hay en el aumento del uso de agrotóxicos con el aumento de la tasa de cáncer en los pueblos donde se aplica a cielo abierto y a gran escala los agrotóxicos.

Cuando el gobierno Argentino aprueba los transgénicos es en base a estudios, ¿quien los realiza?

Los estudios los realizan las empresas que son como declaraciones juradas, el déficit normativo que hay en la Argentina parte porque no tenemos una ley de biotecnología y las resoluciones administrativas son muy laxas, no son muy rigurosas en cuanto a los requisitos que tienen que cumplir esas evoluciones que deberían presentar las empresas. Esa información esta totalmente desactualizada porque a nivel mundial ha habido cambios importantes en cuanto a las exigencias en relación a las evoluciones de riesgos en los transgénicos. Una discusión científica que ha habido en la materia es cómo se evalúa el riesgo de crónicos y carcinogenéticos de los transgénicos. Durante muchos años las empresas han presentado estudios basados en protocolos de toxicidad subcrónica para evaluar efectos crónicos y esto es objeto de debate en donde los científicos independientes han planteado su objeción a ese protocolo exigiendo que en verdad esos estudios se realicen a plazos largos. Eso se ha logrado, el organismo internacional como la OCDE, que es la que establece esos protocolos, contempla ahora un protocolo que exige que las evaluaciones de los riesgos crónicos y carcinogénicos se realicen a plazos largos.

AUDIO 1 CABALEIRO

Entonces ¿qué sucede en la Argentina respecto a los plazos de investigación que fija la OCDE para determinar los riesgos de los transgénicos?

Los animales que se toman para analizar esos riesgos son roedores, las ratas, y esos ensayos de laboratorio, como las empresas lo hacían a 90 días, los científicos planteaban que si un roedor vive entre uno y dos años como vida promedio, un estudio a 90 días está representando nada más que el 15% de la vida del animal. Para evaluar los efectos crónicos y carcinógenos, que son aquellos que se evidencian después de un paso prolongado de haber estado expuesto al consumo y la exposición de alguna sustancia, se debería tomar en cuenta todo el ciclo del animal.

Esta aceptación de experimentos con una mayor cantidad de tiempo, más años para hacer el estudio, ¿implica que debería suspenderse todo evento hasta tanto se tenga respuesta en relación a esto?

Exactamente, en la Argentina como no se exige el cumplimiento de que los estudios se hagan en plazos largos, frente a esta incertidumbre que se ha generado en la comunidad científica y por principio precautorios tendrían que ser suspendidos. La propias normativa del SENASA establece también que en el caso de que surja información científica relevante se tiene que reexaminar y reevaluar los transgénicos, pero obviamente, se ignora esa información científica que ha tenido repercusión mundial porque lograron que la OCDE, que es la que establece los protocolos, contemple ahora un protocolo a plazo largo que las empresas siguen ignorando y que el Estado no exige en su conjunto.

AUDIO 2 CABALEIRO

Usted presentó en el año 2014 un pedido de informes en el Ministerio de Agricultura sobre la papa de la empresa Tecnoplant-Sidus, ¿obtuvo respuesta?

Ninguna por parte del Ministerio de Agricultura, lo mismo sucede con el resto de las presentaciones en cuanto a las otras semillas y eventos que se están analizando.

Dijo que son las empresas las que realizan las presentaciones y que son declaraciones juradas, ¿existen las pruebas científicas que determinan que el uso de transgénicos no afectan a la salud

Son como declaraciones juradas, el Estado no evalúa los riesgos. Esto lo hemos comprobado con la soja intacta de Monsanto, hicimos exactamente el mismo procedimiento, le pedimos al Estado los estudios que presentó la empresa para su aprobación, ahí pudimos comprobar que Monsanto había pedido la autorización de la soja intacta en el 2012 cuando estos protocolos de los que hablamos recién modificados por la OCDE son del año 2009 exigiendo los plazos largos. Sin embargo Monsanto presenta los ensayos, estudios y evaluaciones con los plazos cortos. Ahínosotros podemos afirmar que tanto la soja como en el resto de los transgénicos aprobados en la Argentina no tienen una garantida de inocuidad alimentaria porque han sido evaluados mediante un protocolo desactualizado.

La presidenta de la Nación anunció a la papa transgénica como un acto soberano y de avance científico para la liberación de los pueblos, mientras que el Parlamento Andino, órgano deliberativo que integran Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Chile, prohibió la papa transgénica en 2006. ¿Qué es lo que nosotros estamos celebrando entonces?

Esta es información que se le ha dado a la Presidenta pero no es así, todo lo contrario, esto es muy peligroso por la contaminación a la papa andina. Tiene que generarse un reclamo de los países andinos como Bolivia o Perú porque los riesgos de contaminación son enormes.

¿En qué se basa esta contaminación?

La contaminación genética porque a la papa se le introduce un gen que no está por naturaleza con lo cual puede afectar a la papa andina, esto implica un riesgo grave porque es irreversible.

¿Las empresas que más ganan con el modelo son Pioneer, Syngenta, Monsanto, Dupond, Dow Agroscience, Bayer, Basf?

Exactamente, yo quiero recalcar que el día que se anuncia lo de la papa transgénica también se anunció el tema de la soja modificada genéticamente para hacerla resistente a la sequía. Es la nueva soja de Pioneer modificada genéticamente para darle alto contenido oleico. Esta sería la primera soja industrial, es una soja que no está destinada para consumo humano directo porque es muy perjudicial para la salud y esta destinada para que en un futuro reemplazar lo que es el aceite de oliva. Eso se omitió deliberadamente por el Ministerio de Agricultura porque es la primera vez que se aprueba un evento transgénico que no está destinado al consumo humano directo.

AUDIO 3 CABALEIRO

Los avances científicos que no tienen pruebas categóricas que demuestren la inocuidad de las semillas mutadas, necesitan de los brazos legislativos que amplían sus derechos, abriendo territorios para que la fumigación haga el gran aporte a la siembra directa. El Dr. Fernando Cabaleiro alerta sobre la aprobación en el Senado de la Provincia de Buenos Aires de la Ley de Agrotóxicos:

"Está por aprobarse lo que seria esa la media sanción que ya tiene despacho favorable de la Comisión de Medio Ambiente que preside el legislador de San Miguel Coll Areco, autor del proyecto. Las críticas que les estamos haciendo las más de 100 organizaciones de la Provincia de Buenos Aires, incluso esto ha tenido repercusión internacional, contamos con la adhesión de la RAF, la Red de Transgénicos Latinoamérica y lo que es también la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y la Red de Abogados de Brasil, porque está comprobado los fuertes vínculos que tiene el senador Coll Areco con las cámaras empresariales. Él mismo en su currículum que adjuntó y presenta en la página del senado, reconoce y confiesa que sus empresas han tenido vínculos con la agroindustria, además porque es el fundador de la revista Las Bases, que es el periódico mensual de la CRA, la Confederación Rural Argentina. Forma parte de CARBAP, la organización más importante rural de la provincia de Buenos Aires.

Estas entidades fueron las que más resistieron la Resolución 125, son las mismas a las que ahora les están dando todo.

Exacto, el tema es la hipocresía porque se presenta a esta ley como que viene a solucionar una omisión por parte del Estado en virtud de que la actual ley de agrotóxicos no regula las distancias o no protege las escuelas rurales. La ley no fija ninguna distancia pero si lo fija el decreto reglamentario que establece la prohibición de las fumigaciones aéreas a menos de dos kilómetros de los centros urbanos. Lo que sucede es que la ley regulariza las fumigaciones terrestres estableciendo una distancia de por ejemplo 500 metros solamente para lo que seria la clasificación toxicológica 1 y 2, la banda roja. No permite fumigar en lo que seria la banda verde y amarilla, establece cero distancia. Con respecto a las escuelas rurales establece una distancia de 100 metros para las fumigaciones terrestres, y para las fumigaciones aéreas las reduce de dos kilómetros a 1.500 metros, mientras que para lo que es banda roja y azul habilita fumigar hasta 500 metros con lo que seria banda verde y banda amarilla.

¿Que serian las bandas?

Son niveles, de menor a mayor intensidad. Banda roja son productos de mayor peligrosidad, y los de banda verde serian los menos peligrosos pero no por esto dejan de ser tóxicos. Entre ellos está en banda amarilla hoy, el glifosato y el 24-D que han sido declarados probables y posibles cancerígenos por la Agencia Internacional del Cáncer dependiente de la Organización Mundial de la Salud.

AUDIO 4 CABALEIRO

 

Por qué habría que recordarlo? algún logro científico?…Escuchen y Vean lo que dice cuando se le pregunta por los terribles costos sociales del modelo transgénico en la Argentina: Escuchar

 

 Fuente: http://desalambrar.com.ar/arc/El-poder-de-las-corporaciones-los

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De deudas y buitres

16 de marzo de 2016

El Congreso de la Nación debate seguir sometiendo el país a los dictados de un tribunal extranjero, dando de comer a los insaciables capitales financieros, profundizando el endeudamiento iniciado hace 40 años por la dictadura cívico-militar y sus consecuencias nefastas de dependencia, empobrecimiento, desempleo y dominación.  La mayoría de la Cámara de Diputados ya ha dicho sí a la ignominia.

Son vergonzosamente pocas las voces que se levantan, dentro del recinto, para rechazar la extorsión del Poder Ejecutivo y sus pretendidos aliados transnacionales y asumir sus propias responsabilidades, como parlamentarios, por la protección de la soberanía y los derechos de quienes se dicen sus representados, el pueblo argentino.

Algunos evocan un tono nostálgico, haciendo Memoria de su otrora oposición al pago de una deuda ensangrentada, ilegítima y fraudulenta para intentar convencer, aunque sea a sí mismo, que exigir Verdad y Justicia, pretender ejercer sus funciones soberanas y constitucionales, ya pasaron de moda. Otros dudan que el acuerdo que propone el Ejecutivo, a fin de cumplir con las exigencias del tribunal neoyorquino, realmente redundará en el paraíso prometido pero no tienen la valentía de señalar que el rey, de verdad, está desnudo.

No es “normal” acordar pagos multimillonarios para una deuda comprobadamente ilegítima, ilegal e impagable. No es “endeudándonos para pagar deuda” que se va a resolver los desafíos de inclusión, empleo, bienestar para todos y todas así como protección a la madre naturaleza.

Llamamos nuevamente a los miembros del Congreso de la Nación, en especial a los Senadores que aún tienen oportunidad para mostrar su apego a la ley y los derechos humanos, al Presidente de la Nación y su gabinete, a asumir sus obligaciones para con el pueblo argentino, no con supuestos acreedores ni los interesados de siempre – tanto adentro como afuera del país – en seguir saqueando la riqueza que aquí abunda. Tienen  primacía los derechos humanos, los derechos del pueblo, por sobre todo.

Los llamamos a poner fin al sometimiento a tribunales extranjeros, a investigar e impulsar los juicios pendientes en jurisdicción nacional para establecer la clara ilegitimidad e ilegalidad de la deuda que se busca seguir pagando, profundizando la práctica de “pagador serial” inaugurada por el anterior gobierno y continuadora de las prácticas de pago que lo antecedieron. No hay que “honrar” sino sancionar a los responsables de tamaño crimen contra el Estado y el pueblo. Mientras se investiga, es necesario suspender todo pago. Al respecto, llamamos a revertir la inoperatividad de la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda creada el año pasado, y a partir de los más de 477 ilícitos comprobados judicialmente ya en el año 2000, en la Causa Olmos, avanzar en el esclarecimiento, sanción y reparación de los crímenes y violaciones de la deuda.

Asimismo, como hemos planteado siempre desde Diálogo 2000 y la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes (ver Declaración reciente al respecto) , es necesario consultar al pueblo argentino antes de seguir pagando una deuda que le sigue costando caro, y continuar endeudándole no para su bienestar o desarrollo sino para ejecutar una política de entrega, ajuste, empobrecimiento y saqueo.

A 40 años del último golpe cívico-militar, hay que impedir la consolidación de las políticas por ello inauguradas.  Los únicos acreedores legítimos son el pueblo, sus derechos, la madre naturaleza.

- Buenos Aires, 16 de marzo de 2016

 

Por Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina:

Adolfo Pérez Esquivel Nora Cortiñas Mirta Baravalle Beverly Keene Gladys Jarazo

Coord. Ncl. Servicio Paz y Justicia: Luis Romero, Susana Moreira y Ana Almada

Fuente: http://www.adolfoperezesquivel.org/?p=3895#more-3895

En consecuencia, abajo y a la izquierda, necesitamos para emanciparnos del capitalismo generalizar el involucramiento en desafíos y concepciones implícitos en:

 

Caminos empinados de los pueblos indígenas en América Latina
10 de agosto de 2016

Por Ollantay Itzamná (Rebelión)

Uno de los legados involuntarios de la última globalización cultural occidental es justamente la glocalización (despertar de las identidades particulares diferenciadas). El presente siglo, en comparación, a los anteriores, es y será testigo de diferentes procesos de reconstitución indentitarias y territoriales de los pueblos indígenas, dentro y fuera de las fronteras de los bicentenarios estados republicados de la región.

En y desde diferentes puntos geográficos del Abya Yala, los pueblos despojados y subalternizados construimos caminos de emancipación con diferentes dinámicas, aprovechando los intersticios o descuidos que el sistema-mundo-occidental siempre deja en su intento de hegemonía cultural.

Dichos caminos están fundamentados en los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos en el derecho internacional y en algunos ordenamientos jurídicos internos de los países. Específicamente, el derecho a la consulta previa, libre e informada es una de las mejores herramientas jurídicas que los pueblos utilizamos para hacer prevalecer nuestros derechos ante los intereses empresariales foráneos en nuestros territorios.

Si bien los procesos de reconstrucción identitaria, tanto individual como colectivo, han tenido avances significativos en los últimos años, sin embargo, existen agendas postergadas pendientes que ayudarían, en buena medida, dar un salto cualitativo de los derechos culturales hacia ejercicio de los derechos políticos de los pueblos. Entre estas agendas pendientes están:

-Recuperación de tierras y territorios para hacer frente a la expansión del capitalismo de acumulación por despojo

En los últimos años, los estados nacionales se han sometido al expansionismo global del capitalismo neoliberal. Ya no hay Estado que proteja y defienda la vida, la dignidad y la soberanía de los pueblos. Mucho menos, la preservación del sistema-tierra.

En estas circunstancias, la lucha por la restitución de los territorios indígenas no es únicamente un asunto económico, ni sólo para el ejercicio del poder indígena, sino es sobre todo para proteger la Vida en y desde los territorios.

-Instaurar estados plurinacionales con autonomías indígenas

En el marco normativo de los estados naciones mestizos vigentes no es posible la garantía, ni el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Los estados nacionales son esencialmente monoculturales y centralistas, donde los pueblos indígenas subsistimos sin Estado (sin derechos), e incluso en contra de la voluntad de éste. Por ello, es urgente transformar los estados mestizos en estados plurinacionales, descentralizados y con autonomías de territorios indígenas.

Para que los pueblos disfrutemos y ejerzamos nuestros derechos colectivos, los territorios indígenas deben ser autónomos política, legislativa, jurídica, económica, cultural y administrativamente. Todo esto debe estar dispuesto expresamente en las constituciones políticas de los estados plurinacionales.

-Disputar la hegemonía de la modernidad desde la propuesta del Buen Vivir

La racionalidad lineal simplificadora se ha impuesto en el planeta como el único modo de ver y explicar el mundo. De allí, la supremacía de la ciencia occidental como la ciencia universal. Eso pasa también con el método de la construcción del conocimiento, con el conocimiento escrito, etc.

La modernidad tecnológica, en la medida que se ensancha como estilo de vida, a acelerado los procesos devastadores en contra de nuestra Madre Tierra.

Nuestra Madre Tierra necesita tiempo, pausa, descanso, para restaurar sus condiciones vitales y reequilibrar su temperatura adecuada. Para esto debemos de cambiar nuestros hábitos de consumo. Dejar de soñar con ser ricos, vivir con austeridad y restaurar la convivencia equilibrada en la comunidad cósmica. Éste es el camino hacia el Buen Vivir.

-Restaurar el rol de la comunidad humana dentro de la comunidad cósmica

Las y los indígenas tenemos el gran desafío de pensar, sentir y actuar con lógicas comunitarias. Necesitamos ser más defensores que líderes, más cooperantes que competentes, ser más comunidad que individuos.

La lógica y el modo de estar comunitario debe reextenderse a nuestro modo de convivencia en y con la comunidad cósmica, donde el sujeto de derechos ya no sólo seamos los humanos, sino también el resto de los seres materiales y espirituales. Debemos restaurar nuestra misión de cuidadores y puentes simbólicos en el tejido de la comunidad cósmica.

-Superar el monoteísmo y antropocentrismo

Los humanos (varones) nos creemos el centro (medida) de toda la casa cósmica porque creemos que somos los únicos predilectos (imagen y semejanza) del único Dios verdadero. De esta falsa conciencia antropocéntrica nace el individualismo liberal consumópata que cree que toda la natura está a su disposición para saquear.

El antropocentrismo macho, blanco y rico es la base de todos los intentos criminales de la anulación sangrienta de la comunidad humana multicultural en el planeta. Por ello, restaurar y ampliar/profundizar nuestras ecoespiritualidades plurales y abiertas, y trascender hacia un modo de pensar, sentir y actuar cosmocéntrico es nuestra tarea urgente.

-Superar los dispositivos coloniales aprehendidos

Es fundamental avanzar de los derechos culturales (muchas veces folclorizados) hacia el ejercicio de los derechos políticos. Tierra y territorio con autonomía, autodeterminación de los pueblos, consulta previa, etc., son caminos que necesariamente debemos recorrerlos como pueblos.

Si lo indicado hasta ahora ya son caminos empinados, los caminos de transformación hacia adentro son igual o más difíciles aún. Debemos matar al colonizador racista, machista, monoteísta, clasista, antropocéntrico que habita en cada uno de nosotros/as

¿Cómo hacer que las y los indígenas, a mayor grado de educación académica y “ascenso” social, no sigamos reproduciendo endémicos males como el racismo, clasismo e individualismo instalados en y por el sistema? ¿Cómo hacer que a mayor oportunidad de acceder a espacios de tomas de decisiones no seamos prepotentes, avaros e insensibles con los nuestros y los otros? ¿Cómo hacer que en la medida que los patrones nos permitan a su mesa no miremos con desprecio, ni desdén a nuestros hermanos/as despreciados por los patrones?

¿Cómo estar en el sistema sin aprehender, ni reproducir/defender los vicios del sistema como virtudes idealizados? Estos y otros son desafíos casi existenciales para salir de la condición de la colonialidad en la que subsistimos.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215397

 

 Acabamos de leer cómo los pueblos originarios de nuestro continente orientan sus caminos emancipatorios o de autodeterminación. Los compartimos al comprender la centralidad de la "recuperación de tierras y territorios para hacer frente a la expansión del capitalismo de acumulación por despojo". Pero sentirnos parte del imprescindible encuentro de todos los pueblos del Abya Yala para emanciparnos del sistema mundo capitalista, nos plantea a quienes componemos ciudades comenzar por compenetrarnos de:

 

 

El sentido comunal de la crítica al extractivismo

20 de mayo de 2015

 

 Por Emiliano  Terán Mantovani            

Como los conquistadores del Far West americano, el capitalismo avanza hacia el desierto”.

José Natanson

Como si fueran equivalentes Estado, Gobierno y Administración. Como si el Estado fuera el mismo, como si tuviera las mismas funciones de hace 20, 40, 100 años. Como si el sistema fuera también el mismo y mismas las formas de sometimiento, de destrucción. O, para ponerlo en términos de la Sexta: las mismas formas de explotación, represión, discriminación y despojo. Como si allá arriba el Poder hubiera mantenido invariable su funcionamiento. Como si la hidra no hubiera regenerado sus múltiples cabezas.

Subcomandante Galeano (EZLN), abril 2015

 

Como lo han planteado recientemente los zapatistas, esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera o una tormenta? Los crecientes rasgos de caos sistémico que se desarrollan ante nuestros ojos, interpelan con fuerza, una y otra vez, el sentido de los debates políticos sobre transformaciones y resistencias a la incesante expansión del capital; impactan sus dinámicas, crean constantemente encrucijadas, dilemas éticos; hacen que sean cada vez menos útiles algunos análisis centrados en los aspectos formales y regulares de los sistemas.

El movimiento salvaje del capital ha convertido al sistema capitalista contemporáneo en una especie de Frankenstein. Se trata en efecto, de un régimen de biopoder global muy asimétrico, pero que se despliega en un sistema de altísima complejidad e incertidumbre, con crecientes manifestaciones caóticas, de múltiples bifurcaciones, inestabilidades, fragmentaciones y volatilidades, sin precedentes en su historia; un proceso que recuerda también la metáfora de Marx en el Manifiesto Comunista, aún más pertinente para nuestros tiempos, del brujo que se vuelve impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. Bajo los pies de todo el juego geopolítico actual, de la guerra mundial por los recursos, de todas las pugnas territoriales de poder que hoy se desarrollan, se reproduce un orden metabólico incontrolable, como lo ha planteado István Mészáros.

En este sentido, y con respecto a los sistemas extractivistas latinoamericanos, ¿qué impacto tendrá para éstos, sus pobladores, sus territorios, el desarrollo de esta crisis civilizatoria, en relación a los distintos niveles de vulnerabilidad de la región? ¿Cómo leer las mutaciones regresivas del «ciclo progresista» en los últimos años, a la luz de la dinámica de caos sistémico global? ¿Cómo se vincula esto, con los notables cambios en los órdenes metabólicos de nuestros países de la última década, que en diversos casos, como el venezolano, hace manifiesto los límites y el agotamiento de sus modelos de “desarrollo”?

 

De esta compleja coyuntura histórica, se desprenden también otra serie de preguntas fundamentales, ¿cuáles son pues, los horizontes positivos, programáticos, éticos, políticos de la crítica al extractivismo? ¿Hacia dónde apunta? ¿La crítica al extractivismo debería servir para apuntar al “desarrollo” de una “economía nacional” industrializada? ¿El centro de los objetivos es mejorar la producción, la productividad, y engordar el sector secundario? Ante las crecientes manifestaciones de caos sistémico, ¿hacia dónde se dirige la crítica?, ¿quiénes gestionan en los países o territorios de América Latina, las transformaciones y paliativos ante el agravamiento de la crisis global? ¿Qué podrán ser capaces de ofrecer los Estados extractivistas (periféricos) ante esta situación?

 

La “primavera” progresista, viva y movida en la década pasada en muchos países de la región, que avivó los debates sobre el neoextractivismo, se ve cada vez más lejos en el retrovisor, y es opacada por los nubarrones visibles en el horizonte. Las cosas van cambiando a un ritmo sostenido.

 

Los anhelados Estados de bienestar, parecen formas políticas coyunturales de un momento del desarrollo histórico capitalista, de una serie de condiciones, que no parecen poder repetirse en la actualidad. ¿Cómo se conjuga la soñada industrialización, con los límites de la expansión de los procesos de reproducción ampliada de capital, a escala planetaria?, ¿cómo queda el afán de “desarrollo nacional” ante el hipotético «fin de los ciclos Kondratieff»[1]?, ¿a cuánto tiempo, y en qué escalas geográficas va a ser posible planificar?, ¿cuál es nuestra capacidad para atenuar los notables grados de vulnerabilidad sistémica que posee la región, ante situaciones difíciles?, ¿qué formas van tomando las disputas territoriales y qué capacidad puede mantener el Estado para monopolizar su poder en territorio nacional? Y en este sentido, ¿qué papel político pueden jugar las diversas formas de extractivismo delincuencial[2] que operan en América Latina?

 

Ante semejantes amenazas, incluso a la propia posibilidad de vida humana en el planeta, el sentido ético-político de la crítica al extractivismo centra su mirada en la reproducción de la vida y sus ciclos, en el más amplio sentido de la palabra ―no solo vida humana―. Se trata de una moneda con sus dos caras:

  • una que busca desnudar al extractivismo mostrando sus límites y consecuencias, poniendo en evidencia sus narrativas y aspectos programáticos, y la falsa idea de que “no hay alternativas”;

  • la otra, intenta visibilizar que no hay fórmula post-extractivista que valga, por más deslumbrante que sea la promesa, si se niega a reconocer la soberanía popular-territorial, si se rehúsa a privilegiar la riqueza ontológica de la vida, los procesos ecológicos de producción de valor. En este sentido, el proyecto ético-político que constituye la crítica al extractivismo, se centran en la defensa y reproducción de los comunes, de lo común.

 

Caos sistémico y territorios en resistencia: la biopolítica de los comunes

 

El desafío a los capitalismos extractivos, al ser éstos órdenes metabólicos transterritoriales[3], son no sólo horizontes políticos del campo rural, campesino o indígena, sino también urbano.

 El ámbito y la producción de los comunes, claramente diferente del ámbito histórico de lo público y lo privado, no sólo se define a partir de la acción colectiva, constitución de comunidad, y/o tejidos cooperativos (estables o no) entre sujetos, sino en la manera sinérgica y armónica en la cual interactúan con sus ecosistemas para reproducir la vida inmediata. Los bienes comunes, la riqueza común del mundo material e inmaterial (agua, biodiversidad, saberes, etc.), son comunizados en la gestión social colectiva, mediante acuerdos intersubjetivos para garantizar la subsistencia, sin agredir a cualquier otra experiencia de comunes. Es en este sentido, que hablamos de un concepto biopolítico de lo común: los bienes para la vida son componentes de un ecosistema, al igual que los humanos y las interacciones sociales. Se trata de un concepto ecológico cualitativo[4]para la reproducción de la vida.

Esta noción potenciadora de la crítica al extractivismo tiene importantes implicaciones políticas que es necesario resaltar.

  • En primer lugar, ante escenarios de caos sistémico, de gran complejidad y alta incertidumbre, en los cuales los entornos pueden cambiar rápidamente (en términos políticos, sociales, climáticos, etc.), el principio de orden es la comunidad y lo comunitario. Si los sistemas se caotizan, son las fuerzas sociales territoriales las que tienen principalmente el alcance y la capacidad de resistir y/o transformar las múltiples perturbaciones que afectan la reproducción de su vida cotidiana. Es en lo molecular donde lo común puede luchar contra los estragos del caos capitalista.
     

  • En segundo lugar, si el capital penetra todos los espacios y ámbitos de la vida humana ―por esta razón es un sistema “totalitario” para Mészáros―, esto implica que en primera instancia, es en ellos donde las formas de lo común no sólo producen sus resistencias territoriales, sino también germinan las formas futuras del cambio histórico en desarrollo. Mientras que las corrientes hegemónicas de la política en América Latina acotan todo el discurso en plantear cuál es el mejor balance entre Estado y Mercado, los comunes, con su diversidad de potencialidades y situaciones, trazan sus propios libretos e intentan defender y ejercer su soberanía territorial, y conformar mejores balanzas de poder con los gobiernos instituidos, sobre la premisa de un mandar obedeciendo o un «poder obediencial» (E. Dussel); esto tanto en los ámbitos rurales o semi-rurales (por ejemplo, las resistencias actuales contra el proyecto minero Tía María, Arequipa, Perú), como en los urbanos (por ejemplo, la Asamblea Ciudadana en defensa del parque Alberdi en Santa Fe, Argentina, o los campamentos de pioneros en Caracas, Venezuela). En todos los casos, el horizonte anti y post-extractivista desde lo común, recentra la producción de lo político en la vida inmediata colectiva de los y las pobladoras, sin que eso implique el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas biorregionales, nacionales, continentales o globales.
     

  • En tercer lugar, una noción biopolítica de lo común resalta el carácter biocéntrico de su proyecto emancipatorio –biocéntrico por estar centrado en la Vida, en el más amplio sentido de la palabra (no solo vida humana), sin por esto borrar al ser humano–. Esta idea invita a preguntarse, ¿dónde está la riqueza?, ¿dónde está la energía?, ¿dónde se produce el valor?

 

La lógica de expansión geográfica, de crecimiento geométrico y fractal del sistema capitalista, no se da sólo en la superficie del campo social, ni únicamente por medio de la intervención del trabajo vivo humano, como se ha planteado generalmente desde las teorías antropocéntricas del valor; sino se desarrolla fundamentalmente a partir de la búsqueda permanente de dominación de la propia reproducción de la Vida y sus ciclos. A parte de la dominación sobre el trabajo vivo humano, la captura energética que produce el movimiento del capital y sus circuitos de acumulación se obtiene también de la producción de vida de los demás componentes de un ecosistema. Incluso el trabajo vivo humano se alimenta de éstos. Es imposible abstraer el plusvalor de la vida ecológica.

Estas omisiones son reflejo de la concepción de la economía humana como un meta-sistema, en vez de considerarlo como continuación del proceso reproductivo de la Vida. La centralidad del trabajo humano objetivado, ha dejado de lado otrosproductos no humanos constitutivos de la vida social –no solo los residuos, sino los diversos procesos de transformación de energía que alimentan a otros componentes–, los cuales se subsumen al primero.

 

El sistema capitalista pues, antes que un orden metabólico “social”, es primero un orden metabólico territorial. Produce sus propios ecosistemas, en los cuales instituye, de manera simultánea, formas de dominación sobre los humanos y sobre la naturaleza. Aliena la riqueza ontológica de la vida[5] para hegemonizar la forma dinero.

Hay una relación muy estrecha (pero invisibilizada, o muy poco atendida) entre energía y valor –valor definido ahora, en su amplio sentido ecológico–. Las omisiones tradicionales sobre dónde está la energía, la riqueza, o dónde se produce el valor, no sólo están muy vinculadas con las causas de la crisis ecológica global, sino que la visibilización de estas formas bio-económicas, tiene relación con las posibilidades de potenciar formas de autonomía material para pueblos, en la medida en la que se recuperan, rescatan o expanden formas de producción, aprovechamiento y uso de energías de escalas moleculares, descentralizadas, provenientes de la riqueza propia de los ecosistemas que constituyen la vida social.

 

La energía pues, no está sólo en los macro-procesos energéticos –aunque estos son los hegemónicos–, no sólo es la que aparece reflejada en las estadísticas de los informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), de la OPEP, de la BP, o de los ministerios de energía de nuestros países. Hay múltiples procesos moleculares de producción de energía en numerosas formas de la vida cotidiana, muchas de las cuales están íntimamente vinculadas con diversas formas de resistencia (directas o indirectas) a la dominación capitalista, con tramas comunales y cooperativas, y/o con prácticas ecologistas que buscan revertir los procesos depredadores del sistema moderno.

 

En este sentido, podemos hablar de energías insurgentes o disidentes, en la medida en la que su producción biopolítica crea y posibilita prácticas sociales más allá del capital[6]. Son una especie de lógicas populares de «permacultura» que, con variados alcances, ofrecen vías para la producción de lo común, y referentes materiales para enfrentar las consecuencias de la crisis civilizatoria y el caos global.

 

Cinco principios de la biopolítica de los comunes

A partir de lo antes expuesto, proponemos cinco principios fundamentales en relación a energía, caos sistémico y producción de lo común:
 

·        Tenemos que apropiarnos de nuevas escalas de valor y nuevos conceptos de riqueza: nuevos parámetros en la representación del valor, que tengan un carácter biocéntrico, que permitan no sólo desmantelar el aparato argumental que justifica al extractivismo, sino reformular nuestros patrones de vida cotidiana, nuestros horizontes políticos, nuestros procesos de producción de subjetividad, y nuestras capacidades materiales de autogestión, en la medida en la que desarrollamos nuevas relaciones ecosistémicas, que sean ecológicamente productivas, y que se potencian a partir de la gestión cooperativa.
 

·        Comunismo resiliente: la producción de lo común es imperiosa ante el caos sistémico. Junto con la conciencia de la crisis civilizatoria, y de sus posibles consecuencias socioterritoriales, está el concepto de resiliencia, que nos remite a la capacidad de una comunidad/ecosistema, de soportar y recuperarse ante perturbaciones significativas del mismo. En este sentido, es fundamental recuperar los procesos que hacen posible la reproducción de la vida social y mantenerlos cerca de nuestros territorios, como lo propone Rob Hopkins[7]. Difícilmente se puedan pensar procesos de transformación y resistencias sociales más allá del concepto de resiliencia.
 

·        Otras soberanías: comunizar, ocupar y reapropiar: reconocer que los ecosistemas básicamente funcionan de manera cooperativa y no jerarquizada, y que los bienes comunes para la vida no pertenecen exclusivamente a nadie, no basta para producir lo común. El tipo de relación y gestión común que se produce entre los sujetos, y su relación con los ecosistemas debe ser ejercido. De esta forma, si se trata de un open source, de una empresa de propiedad mixta, de una okupa, o de una comuna venezolana legalizada por el Estado socialista, es secundario. No interesan primordialmente los aspectos formales o nominales de estas gestiones, sino la potencialidad política popular de ejercer la soberanía y lo común sobre el territorio y los bienes para la vida, sea por vías de acción directa o bien por negociaciones vistas desde el «poder obediencial».
 

·        Comunizar a partir de la reproducción de la vida: como lo ha reconocido Silvia Federici, la centralidad de la política y la economía, ha girado en torno al campo de los medios de producción, dejando de lado lo que ha denominado los «medios de reproducción de la vida», un campo que no sólo ha sido llevado fundamentalmente por la mujer, sino que también ha sido el ámbito de la vida social donde suelen reproducirse las formas de lo común[8]. Es por tanto esencial, recuperar la reproducción de la vida como elemento central de la política.
 

Las diversas tradiciones de lucha, las diversas formas de lo común: cada territorio, cada nación, tiene tejidos y formas cooperativas y comunitarias diversas, con cosmovisiones, parámetros y complexiones diferentes. Pueden tener viejas tradiciones ancestrales o ser más contemporáneas y fragmentadas como los grandes ámbitos urbanos. Son estas las características ecosistémicas que definen cada una de estas luchas, sus puntos de partida, y no así lo es un libreto pre-establecido, aunque es importante compartir algunos horizontes ético-políticos de lucha. Hemos insistido, por ejemplo, para el caso venezolano, que la subjetividad contrahegemónica más potente y masiva de la historia del capitalismo rentístico es el «chavismo», y que ésta es una fuerza que se constituye ontológicamente de abajo hacia arriba, aunque esto haya sido presentado generalmente al revés[9], y aunque diversas tramas corporativas intenten capturar su potencia popular-insurgente. Como lo han reconocido Negri y Hardt, “uno de los escenarios decisivos de la acción política hoy implica la lucha en torno al control o la autonomía de la producción de subjetividad[10]. Cada experiencia de producción de lo común, se enfrenta no sólo a la conflictividad geopolítica, a la crisis civilizatoria, sino también a la micropolítica de agresión sobre estos procesos contrahegemónicos de subjetividad, de corporalidad, de creación de nuevos sentidos comunes. He ahí uno de los grandes desafíos para estos procesos de transformación, en todas sus escalas, que se vive con enorme intensidad en la Revolución Bolivariana.

Caracas, mayo de 2015

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG).

Referencias bibliográficas: (...)

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/1