Qué Estado

Septiembre 2017

Con plurinacionalidad e interculturalidad.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Indaguemos, para saber porqué son reestructuraciones esenciales a las diversidades de abajo e izquierdas, en:

 

Diez conceptos básicos sobre plurinacionalidad e interculturalidad

9 de abril de 2008

 

Por Mónica Chuji Gualinga 

1.- Plurinacionalidad e interculturalidad: La plurinacionalidad y la interculturalidad no son conceptos ni opuestos ni antitéticos, todo lo contrario, expresan un solo proceso histórico y son parte del proyecto político de largo plazo del movimiento indígena.  La interculturalidad es la condición de posibilidad de la plurinacionalidad, de la misma manera que el Estado plurinacional es la única garantía para que las sociedades puedan reconocer, respetar y construir la interculturalidad.  La interculturalidad es el reconocimiento de las diferencias radicales al interior de la sociedad; por su parte, el Estado Plurinacional lleva ese reconocimiento de las diferencias radicales al ámbito de los derechos, tanto en la esfera de su enunciación (dogmática y deontología constitucional), cuanto en aquella de las garantías de ejecución y procedimientos de implementación (parte orgánica constitucional, leyes, normas y reglamentos de aplicación). Puede reconocerse el estatuto de interculturalidad, como ya pasó con la Constitución Política del Ecuador, que en 1998 reconoce el estatus de interculturalidad de la sociedad ecuatoriana, pero este reconocimiento no genera, necesariamente, posibilidades para construir esa interculturalidad en el ámbito de los derechos.  Para que los derechos colectivos de los pueblos indígenas tengan garantía de ejecución y aplicación, se requiere un cambio en la estructura política del Estado.  Para que la interculturalidad se convierta en una garantía de reconocimiento mutuo, es fundamental que la interculturalidad transforme a toda la estructura jurídica del Estado.  La única forma por la cual la interculturalidad puede cambiar al Estado, es transformándolo en Estado Plurinacional.  El Estado puede reconocer la interculturalidad, y declararse como Estado Intercultural, pero esa declaración no tiene fuerza normativa y capacidad vinculante para transformar a las instituciones y al derecho.  La experiencia ecuatoriano ha demostrado que para que el Estado Intercultural tenga fuerza normativa es necesario que se declare como Estado Plurinacional, sólo de esta manera la interculturalidad deja de ser un enunciado, como lo fue en la coyuntura de 1998, y se convierta en un proceso político.  

Quienes separan la plurinacionalidad de la interculturalidad y las presentan como procesos autárquicos y autónomos, pretenden dividir y manipular las propuestas realizadas por el movimiento indígena con el evidente propósito de debilitar la fuerza de las propuestas indígenas y mantener intacto el esquema vigente.  Cuando la interculturalidad se convierte en proceso político transforma al sujeto que la enuncia, esto es el movimiento indígena, y lo convierte en un sujeto político cuyo objetivo es la transformación de las condiciones políticas que definen al Estado y a la sociedad.  Las nacionalidades indígenas como sujetos políticos, demandan y cuestionan al Estado su carácter uni-nacional, homogéneo y monocultural, y proponen llevar la interculturalidad al plano de la política transformándola en plurinacionalidad del Estado.  La enunciación de la interculturalidad es la condición de base para convertir a ese enunciado en derechos e institucionalidad, que solamente puede hacerse reformando al Estado y reconociéndolo como Plurinacional.  Ahora se trata de continuar con la propuesta que quedó trunca en 1998 y avanzar hacia la construcción del Estado Plurinacional ecuatoriano.

2.-Plurinacionalidad: ¿concepto étnico?: La plurinacionalidad no es un concepto étnico sino un concepto político sustentado en la apertura del contrato social (contractualidad moderna que se expresa en la Carta Constitucional) a las diferencias que pueden ser étnicas, o de género, o de cultura, o de edad, etc En el caso ecuatoriano, el concepto de plurinacionalidad ha sido propuesto por el movimiento indígena para superar la condición de racismo, exclusión y violencia que caracteriza al Estado-nación moderno en contra de los pueblos indígenas, pero la plurinacionalidad puede también generar condiciones de posibilidad para incorporar al Estado prácticas de reconocimiento a las diversidades de género, por ejemplo.  Existe otro ámbito de derechos a los cuales la plurinacionalidad puede albergar y que no están en una clave étnica o cultural, como por ejemplo, los derechos de las futuras generaciones.  

Por ello, la plurinacionalidad del Estado no es un estatuto especial para los pueblos indígenas, sino una condición de la política moderna para generar accesos, reconocimientos e interculturalidad para toda la sociedad, pero fundamentalmente a los sujetos individuales (los ciudadanos), habida cuenta de que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen muy avanzado un conjunto de derechos y reconocimientos jurídicos sobre todo en el ámbito internacional.  La plurinacionalidad permite el acceso y la igualdad de derechos tanto para los pueblos indígenas cuanto para los sujetos modernos.  Los sujetos más interpelados por la plurinacionalidad, entonces, no son necesariamente los pueblos indígenas sino los sujetos modernos e individualizados.  La plurinacionalidad atañe a toda la sociedad.  Es pensada desde lo indígena pero con proyección nacional.  

3.- Carácter progresivo de la Constitución y las leyes.- Los marcos jurídicos y sobre todo los marcos constitucionales tienden a ser progresivos en cuanto al reconocimiento y garantías de los derechos.  La Constitución de 1998 por vez primera en la historia del Ecuador borró las fronteras censitarias de la ciudadanía y reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas del Ecuador.  En 1998, también se reconoció por parte del Estado Ecuatoriano, al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que enuncia una serie de derechos para los pueblos indígenas.  A nivel interno, los pueblos indígenas han logrado desarrollar marcos institucionales propios como el Consejo de Desarrollo de Pueblos y Naciones Indígenas (CODENPE), la educación intercultural (DINEIB), el Fondo Indígena (FODEPI), la salud intercultural, etc.  Además, los pueblos indígenas, tienen importante presencia en los poderes locales y, de hecho, las alcaldías con más reconocimiento nacional e internacional han sido justamente aquellas llevadas adelante por el movimiento indígena, como es el caso de Cotacachi.  

Ahora se trata de avanzar y reconocer el estatuto de interculturalidad no sólo para los pueblos indígenas sino para el conjunto de la sociedad, y eso solamente puede hacerse cambiando la estructura jurídica del Estado de tal manera que pueda incorporar tanto los derechos colectivos cuanto los derechos ciudadanos individualizados de manera armónica.  Si la Constituyente de 2007-08 quiere ser progresiva con respecto a aquella de 1998, tiene que necesariamente reconocer el carácter de interculturalidad de la sociedad ecuatoriana y, por tanto, cambiar el orden jurídico vigente permitiendo la plurinacionalidad del Estado, entendiendo que la plurinacionalidad pone en práctica y en ejecución el carácter intercultural de la sociedad No existe otra posibilidad histórica que el proceso Constituyente de 2007-08 supere en cuanto a la formulación de derechos a aquel de 1998, que declarando al Ecuador como Estado Plurinacional.  De no hacerlo, sería un grave retroceso político.

4.- ¿Fragmentación territorial con la plurinacionalidad?: La plurinacionalidad no plantea ni se propone la fragmentación territorial, ni la división política, ni la destrucción del Estado-nación.  El argumento de la balcanización y el proceso de Kosovo, que ha sido utilizado para desprestigiar a las propuestas de plurinacionalidad, desconocen la historia, sobre todo porque la balcanización de Yugoslavia empezó, precisamente, cuando se fracturó el estatus de Estado Plurinacional y socialista que tenía este estado.  La plurinacionalidad, al permitir a la sociedad reconocer sus diferencias y aceptarlas como parte del proceso de construcción democrática, propone un estatus de unidad en la diversidad.  Nada más alejado de las propuestas de plurinacionalidad que aquellas propuestas de autonomía hechas por grupos oligárquicos de la costa ecuatoriana, y auspiciada por el Banco Mundial.  

Las autonomías regionales que propone el Banco Mundial y que sirven de sustento político a las oligarquías, sí son separatistas porque buscan un proceso de distanciamiento con el Estado-nación y tratan de crear enclaves de poder bajo sus propias prerrogativas. Las oligarquías quieren las autonomías para hacer negocios con los territorios, con los recursos naturales, con los pueblos; quieren las autonomías para generar marcos jurídicos en los cuales imponer su propia ley y sus condiciones. En esos espacios autonómicos las oligarquías pretenden privatizarlo todo y someterlo todo a las leyes del mercado. 

 

Para el movimiento indígena, nada más alejado a su cosmovisión que la mercantilización de la naturaleza y la explotación a los seres humanos.  En los territorios indígenas no hay depredación ambiental.  En las costumbres e instituciones indígenas no existe espacio para la explotación al hombre.  En el mundo indígena no hay posibilidad para la mercantilización de la vida.  Los indígenas han cuidado los territorios y la vida por centenares de años y ahora demandan un estatuto jurídico que les permita seguir haciéndolo, sobre todo en momentos en que la humanidad está muy cercana a la catástrofe ecológica.  Ese estatus jurídico es la plurinacionalidad del Estado.

5.- Pueblos indígenas y el derecho a los territorios: 
Los pueblos indígenas tienen en la legislación internacional un estatuto jurídico que garantiza su derecho a la autonomía y autodeterminación de sus territorios.  El Ecuador, aprobó con su voto la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas”, en su 107ª.  Sesión plenaria del 13 de septiembre de 2007.  En otras palabras, los pueblos indígenas ya tienen un reconocimiento al estatus de autonomía y autodeterminación territorial, incluyendo los recursos naturales que existan en esos territorios.  En efecto, los artículos 3 y 4 de esta Declaración de Naciones Unidas reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía, incluyendo el autogobierno.  En el Art.  26 de esta Declaración se establece lo siguiente: “1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.  2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.  3.  Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos.  Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.” En el Art.  27 de esta misma Declaración, las Naciones Unidas, con el voto favorable del Ecuador, se establece: “Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma.” Como puede apreciarse, el Ecuador no puede contradecir en su legislación interna, y peor aún en su Carta Constitucional, los acuerdos y declaraciones que ha suscrito a nivel internacional.  El derecho a la autonomía y a la autodeterminación, con propiedad sobre los territorios ancestrales, por parte de los pueblos indígenas, no está en discusión, porque fue ya aprobado y reconocido con el voto favorable del Ecuador, en 1998 (Convenio 169 OIT, y derechos colectivos) y en el 2007 (Declaración de NNUU sobre pueblos indígenas).  Además hay que tomar en consideración que en conformidad con el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales, que ha sido suscrito por el Ecuador, le obliga a integrarlos a la legislación nacional.  Cabría preguntarse: ¿si el Ecuador ha sido tan respetuoso con los Convenios Internacionales de protección a las inversiones y al derecho privado y empresarial, porqué no lo ha sido con respecto a aquellos que protegen los derechos colectivos? La Constitución de 2007-08 no puede ir a contracorriente del derecho internacional. No puede contradecirse a lo expresado y aprobado a nivel internacional.  El precedente que se sentaría sería nefasto. 

Lo menos que puede hacer la Asamblea Constituyente de 2007-08, es reconocer e incorporar a su articulado constitucional, aquello que el Estado ecuatoriano ha apoyado y aprobado en el ámbito internacional con respecto a los derechos humanos y derechos colectivos.  Pero, el concepto de Estado Plurinacional quiere avanzar más allá de lo realizado en el derecho internacional, quiere reconocer el estatus de interculturalidad y derechos colectivos no sólo a los pueblos indígenas sino también a aquellos que no lo son, esa es la importancia de lo planteado por el movimiento indígena de unidad en la diversidad.

6.- Plurinacionalidad y reconocimiento territorial: Una de las objeciones a las propuestas del reconocimiento a la territorialidad de los pueblos y las nacionalidades indígenas, es aquella que establece que la territorialidad es una noción específica en el caso de los pueblos indígenas de la amazonía, pero inespecífica en el caso de los pueblos indígenas de la serranía, y casi inexistente en aquellos de la costa.  Se trata de una visión restrictiva que asume al territorio de una manera parcial e interesada.  En efecto, es importante, por ejemplo, comprender cómo visualiza el territorio la actual Secretaría de Planificación del Estado, SENPLADES.  En su propuesta de siete regiones territoriales, se utilizan criterios eminentemente técnicos para realizar una propuesta de convergencia territorial en base a parámetros económicos y productivos, que no incorporan en absoluto criterios culturales, ni políticos, y ni siquiera es una propuesta construida democráticamente.  Empero de ello, a nadie se le ha ocurrido cuestionar a la SENPLADES de que sus propuestas territoriales son inespecíficas.  El concepto de territorio, entonces, puede ser adscrito a las intencionalidades políticas y a las relaciones de poder; por ello la manipulación que se ha hecho de este concepto para evitar la democratización del Estado ecuatoriano acusando a las propuestas del movimiento indígena de manera injusta como divisionistas no corresponde a la verdad.  Si bien es cierto que los pueblos y nacionalidades indígenas de la amazonía ecuatoriana han tenido avances significativos en el reconocimiento de sus territorios, también es cierto que en el caso de los pueblos indígenas de la sierra, su proceso de reconstitución histórica y política, atraviesa también por la reconstrucción de sus territorios.  

La Asamblea de 1998, fue más perspicaz en este sentido y creó el concepto de Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI’s), para dar un sustento jurídico a las propuestas políticas de los pueblos indígenas, lamentablemente la deriva neoliberal impidió el proceso de dar contenidos a las CTI’s, al tiempo que al no haberse reconocido el carácter plurinacional del Estado, las CTI’s solamente se quedaron en enunciado.  Ahora se trata de dar contenidos a las nociones de Circunscripciones Territoriales Indígenas, al interior del Estado Plurinacional, y conforme consta en la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, éstos tienen el pleno derecho a sus propias instituciones políticas, educativas, de salud, etc., en sus territorios ancestrales en un proceso de reconstrucción y reconstitución de la memoria y del territorio. Pero estas instituciones propias de los pueblos indígenas, tienen que dialogar con el conjunto de la sociedad, un diálogo que debe partir del reconocimiento mutuo de las diferencias radicales.  Ese reconocimiento cultural es la base de la interculturalidad.  El Estado Plurinacional, ayuda al proceso de reconstrucción y reconstitución de los pueblos y nacionalidades indígenas, no sólo reconociendo sus territorios sino también su institucionalidad, e incorporándola al conjunto de la vida política del país.

7.- Extractivismo, territorio y plurinacionalidad: El centro neurálgico con respecto a las discusiones sobre la Plurinacionalidad del Estado, está en la disputa que existiría sobre los recursos naturales, muchos de ellos, sitos en los territorios indígenas, entre una visión extractivista, casi siempre vinculada a los gobiernos y éstos a las empresas transnacionales, y una vivencia histórica de conservación y respeto a la naturaleza.  La explotación petrolera se ha realizado, y realiza, en territorios indígenas.  Los bloques petroleros asignados por el Estado a las compañías petroleras, están en territorios indígenas.  Las concesiones mineras también se han realizado sobre territorios, no sólo indígenas, sino también urbanos.  Los planes de ejes multimodales se están realizando sobre territorios de los pueblos y nacionalidades.  Hasta el momento, jamás el Estado ha consultado a las comunidades involucradas sobre este proceso de concesión territorial.  En la Constitución de 1998, como parte de los derechos colectivos, consta el consentimiento de los pueblos indígenas a las actividades extractivistas.  Los pueblos y nacionalidades indígenas, han empezado un proceso de conciencia nacional y han dicho no estar de acuerdo con las políticas extractivistas.  El pueblo de Sarayaku ha dado un ejemplo mundial de resistencia en contra de las empresas petroleras.  De igual forma lo ha hecho la comunidad de Junín, en Intag, en contra de la empresa Ascendant Cooper.  En la región sur del país la resistencia a la minería es tenaz.  

La visión extractivista es inherente a la acumulación capitalista y está pensada en el beneficio de las grandes compañías transnacionales, aunque su discurso se legitima y justifica en que los recursos de la producción extractivista son en beneficio de las grandes mayorías, esto nunca ha sido cierto, y no hay razones para pensar que ahora sea diferente.  La explotación petrolera ha significado para la amazonía ecuatoriana: devastación ambiental, contaminación, depredación, fragmentación social, conflictividad, pobreza, tensiones sociales, prostitución, enfermedades, delincuencia, sicariato, etc.  

 

La Declaración de las Naciones Unidas, con respecto a las propuestas extractivistas en territorios indígenas, establece lo siguiente: “Artículo 32.  1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.  2.  Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.” 

La plurinacionalidad del Estado quiere que el derecho colectivo al consentimiento previo, libre, informado y de buena fe, no sólo sea una prerrogativa de los pueblos indígenas sino de toda la sociedad en su conjunto Los pobladores de las ciudades deben tener también el derecho a ser consultados y obtener su consentimiento para el conjunto de políticas públicas, máxime aquellas que atentan directamente sobre sus intereses o impactan sobre su hábitat.  Es por ello que quienes más se oponen a la plurinacionalidad sean los sectores vinculados a los intereses de las grandes empresas transnacionales, así como los gobiernos que defienden esos intereses con el pretexto de defender el interés nacional.  De otra parte, la plurinacionalidad del Estado quiere también contribuir a cambiar esas visiones de desarrollismo sustentadas en el productivismo irracional.  

Por ello, es saludable que en la visión de desarrollo, se adopte el concepto intercultural del sumak kawsai (el buen vivir), como base para una visión diferente de desarrollo y economía Si las comunidades, pueblos y ciudadanía, no están de acuerdo con planes, proyectos y propuestas extractivas, sean de minería, petróleo, hidroeléctricas, u otras, el Estado Plurinacional está en la obligación de respetar estas decisiones y buscar alternativas.  El gobierno no puede a nombre del interés general (que es el eufemismo para esconder los intereses de las grandes empresas transnacionales) hacer tabula rasa de los derechos ni de los pueblos ni de los ciudadanos.  Es la única manera de construir una democracia diferente.  Es la única posibilidad de ser coherentes con los derechos de las generaciones futuras.  

8.- La brecha de implementación: En el Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr.  Rodolfo Stavenhagen, titulado: “Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”, el Relator da cuenta de que existe una brecha en la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos de los pueblos indígenas, que han contribuido al deterioro de las condiciones de vida de los pueblos indígenas.  El Relator de Naciones Unidas, señala que la brecha con respecto a los derechos económicos y sociales de los pueblos indígenas, y advierte una gran distancia entre las declaraciones de los gobiernos y la realidad de los pueblos indígenas.  A esta separación entre lo que dice el derecho y lo que realmente viven los pueblos, el Relator de Naciones Unidas, la ha denominado como “brecha de implementación”.  En este sentido, el Relator ha observado dos grandes estrategias de los Estados en relación a los pueblos indígenas: la primera la denomina “modernización e integración”, y a la segunda la denomina: “la estrategia del crecimiento económico”.  En ambas, los Estados se han caracterizado por el irrespeto a los derechos colectivos, y la no observancia de los derechos económicos y sociales.  

En el caso del Ecuador, esta situación se demuestra dramáticamente en los indicadores sociales con respecto a los pueblos indígenas, que acusan un deterioro en sus condiciones de vida, en los que los índices de analfabetismo, morbilidad materno-infantil, prevalencia de enfermedades de la pobreza (como EDA’s e IRA’s) como causas de mortalidad, pobreza medida en necesidades básicas insatisfechas, entre otros indicadores, han crecido de manera desmesurada en los últimos años.  La declaración del Ecuador como Estado “pluricultural y multiétnico”, y la aprobación de los derechos colectivos, realizados por la Constitución de 1998, no han contribuido a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, más bien al contrario, las han debilitado.  Esto ha sucedido porque la interculturalidad reconocida por el Estado ecuatoriano, no ha tenido fuerza legal para cambiar las injustas relaciones de poder en las que los pueblos y nacionalidades indígenas han llevado la peor parte.  El Estado Intercultural ecuatoriano, aprobado en 1998, no pudo detener la “brecha de implementación”, y la situación de los pueblos indígenas ahora es más vulnerable que antes.  

 

Es necesario detener este proceso de deterioro de las condiciones de vida de los pueblos indígenas y devolverles su capacidad soberana sobre las decisiones que atañen a su propio destino Una de las posibilidades para detener este proceso que acusa la “brecha de implementación” es devolviendo a los pueblos indígenas sus capacidades de manejo territorial, institucional y político, que constan en la noción de Estado Plurinacional.  Los pueblos indígenas no quieren ser sometidos, a nombre de la lucha contra la pobreza, a estrategias ni de modernización ni de crecimiento económico.  No quieren proyectos de microfinanzas o de microempresas.  No quieren ser sujetos del asistencialismo ni de la cooperación al desarrollo que los mira como a permanentes menores de edad y no los respeta en su diferencia radical.  Quieren que se respeten sus atávicas instituciones, sus relacionamientos ancestrales con la naturaleza.  Quieren un Estado respetuoso y una sociedad que aprenda a convivir con aquellos que piensan y viven de manera diferente.

9.- Los “Pueblos libres” y los límites del liberalismo: La Plurinacionalidad del Estado y la Interculturalidad son un abierto desafío al pensamiento liberal y a la estructura del poder vigente.  Esto se expresa en la tragedia y etnocidio que viven actualmente los denominados pueblos en aislamiento voluntario (o también denominados como “pueblos no-contactados”), como es el caso de los Tagaeri-Taromenane.  En strictu sensu los Tagaeri-Taromenane no son ciudadanos por su misma condición de no-contacto.  Al no ser ciudadanos, no están cobijados ni amparados por ninguno de los instrumentos jurídicos que el discurso del liberalismo ha desarrollado hasta ahora.  El problema es que si se les extienden y reconocen los derechos fundamentales a los Tagaeri-Taromenane éstos pierden su condición de no-contacto (o aislamiento voluntario), y al perder esta condición voluntaria de este pueblo al aislamiento, se está operando un proceso que los violenta y los desestructura.  Así, aparecen los derechos fundamentales del liberalismo, como un acto violento y de colonialidad, sobre un pueblo que ha decidido mantenerse al margen de todo contacto con la modernidad.  Al interior del Estado liberal no hay posibilidades jurídicas de superar esta aporía.  El Estado Intercultural reconocido en 1998 tampoco pudo generar instrumentos jurídicos que puedan defender a estos pueblos con la condición de respetar su derecho al no-contacto.  Recientemente, se está hablando del derecho colectivo al no-contacto, e incluso en la Asamblea Constituyente 

de 2007-08, se ha abierto un interesante debate sobre este tema. Sin embargo, si se aprueba el derecho al no-contacto, se abren una serie de dudas sobre la pertinencia y garantía universal de los derechos en su formato liberal.  Los Tagaeri-Taromenane, no pueden ser adscritos a una nacionalidad (en la ocurrencia la “ecuatoriana”), ni tampoco pueden ser considerados como sujetos de derechos, incluso si la nueva Constitución aprueba su derecho al no-contacto, porque su voluntad de permanecer por fuera del Estado liberal debe ser respetada como tal.  Sus hermanos waos los llaman “pueblos libres”.  La única posibilidad de superar esta aporía jurídica es reconociendo al Estado ecuatoriano como Plurinacional, porque solamente al interior de la plurinacionalidad del Estado pueden caber las opciones diferentes al liberalismo, incluida aquella del “derecho a no tener derechos”.  Se trata de una discusión compleja y que tiene consecuencias profundas.  Si el Ecuador hubiese sido declarado como Estado Plurinacional hace algunas décadas, quizá los Teetetes no hubieran desaparecido, al igual que los Zámbizas. 

Si el Estado ecuatoriano, no adopta y reconoce su carácter de plurinacional, entonces, pueblos como los Záparas, o los Andoas, o los Secoyas, entre otros, tendrán, como culturas, los días contados.  Su desaparición, en el formato liberal del Estado uni-nacional y uni-cultural, puede darse, entonces, como un hecho.  Sú única posibilidad de sobrevivencia cultural es el Estado Plurinacional.  La plurinacionalidad abre la posibilidad de incorporar al debate sobre los derechos una amplitud de problemas que ni siquiera alcanzan a ser visibilizados en los horizontes epistemológicos del liberalismo.

10.- ¿Otro mundo es posible?: El debate sobre la plurinacionalidad del Estado se ha inscrito con fuerza en el debate político de América Latina.  En efecto, Bolivia ha reconocido en su último proceso constituyente el carácter plurinacional del Estado.  Los pueblos mapuches que se sienten amenazados y que han sido criminalizados por las políticas extractivistas y neoliberales del gobierno chileno, han apelado a la categoría de la plurinacionalidad del Estado para defender sus derechos ancestrales a su territorio y a su cultura.  En México, el debate sobre la autonomía y la autodeterminación, que son los ejes fundamentales del Estado plurinacional, son parte de las discusiones centrales del movimiento indígena, sobre todo luego de los Acuerdos de San Andrés, y la experiencia de las Juntas de Buen Gobierno de Los Caracoles.  

En Perú, la organización indígena aglutinada alrededor de la lucha en contra de la minería, la CONACAMI, ha acogido la propuesta del Estado Plurinacional como un eje que articule las resistencias al tiempo que permita descolonizar a la democracia.  En las declaraciones continentales de los pueblos indígenas ya consta la demanda de plurinacionalidad del Estado como parte central de su proyecto político.  En América Latina no es la única región en la que se debate la plurinacionalidad del Estado.  En España, la discusión sobre la autonomía y la plurinacionalidad se visualiza como la única salida a conflictos de larga data, sobre todo en el caso del país vasco y de Cataluña.  En todas estas discusiones, no se ha tratado de utilizar la interculturalidad en contra de la plurinacionalidad, porque la contradicción no está entre la interculturalidad y la plurinacionalidad, sino entre ésta y el liberalismo.  El desafío del liberalismo no consiste solamente en el pluralismo jurídico ni tampoco en el multiculturalismo, sino en la apertura hacia nuevas cosmovisiones, el Estado Plurinacional es la condición de posibilidad de enriquecer la democracia con el aporte y la experiencia de los pueblos y las nacionalidades.  El Ecuador está en un momento crucial de su historia.  Si reconoce la plurinacionalidad del Estado, habrá empezado un camino de descolonización de la democracia y de construcción de un horizonte de largo plazo en el que todas las voluntades puedan construir la unidad en la diversidad.

- Mónica Chuji Gualinga es Kichwa de la Amazonía.  Licenciada en Comunicación Social.  Actualmente es Asambleísta Nacional, Presidenta Mesa Constituyente No 5 Recursos Naturales y Biodiversidad.  Fue Secretaria General de Comunicación de la Presidencia de la República, gobierno de Rafael Correa.
Fuente:
http://www.alainet.org/es/active/23366

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, comprobamos cómo los pueblos originarios aportan conceptos e ideales de lucha que es prioritario valorar para plantearnos los cambios radicales hacia los buenos vivires convivires y confraternizar con ellos en la construcción de:

Estado y democracia plurinacional

12 de febrero de 2008

Por Mónica Chuji Gualinga 

 

El Estado Plurinacional es una demanda del movimiento indígena ecuatoriano que forma parte de su proyecto político y que fue propuesto al país durante el levantamiento indígena de 1990.

 

El movimiento indígena ecuatoriano propuso en 1990 la realización de una Asamblea Constituyente que declare al Estado ecuatoriano como plurinacional. En 1997 el movimiento indígena realizó movilizaciones que condujeron a la realización de la Asamblea Constitucional de ese año que declaró al Estado ecuatoriano como pluri-étnico y multicultural, pero no como Estado Plurinacional.

Para fines de la década de los años noventa, el concepto de Estado Plurinacional formaba parte de la plataforma política del movimiento indígena de Bolivia, y también de los pueblos mapuches de Chile. La Constitución boliviana, recientemente aprobada, reconoce al Estado boliviano como Estado Plurinacional. En España, existe un fuerte debate para declarar al Estado español como Estado plurinacional. El Estado belga, de su parte, reconoce la existencia de diferentes nacionalidades y les reconoce los respectivos derechos políticos.

Los conceptos básicos del Estado plurinacional, como aquellos del derecho al territorio, reconocimiento del autogobierno, y el estatus de autonomía, han sido reconocidos por diferentes instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y la recientemente aprobada Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. La Corte Interamericana también ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas, en especial, el derecho al territorio. El Ecuador ha aprobado estos convenios internacionales y ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.

  • El Estado plurinacional no plantea ni propone la disolución del Estado ecuatoriano, ni tampoco su fragmentación en autonomías sin solidaridad nacional. El Estado plurinacional plantea la unidad en la diversidad, en la que la sociedad política ecuatoriana reconozca la existencia de los pueblos y las nacionalidades indígenas como sujetos políticos con derechos propios.

  • El Estado plurinacional no significa un estado federal, sino un estado que pueda incorporar a su interior la profunda diversidad cultural y política que lo atraviesa. En el Ecuador existen 13 nacionalidades y 16 pueblos indígenas, sin embargo, la estructura del Estado y la forma de la nación, no reconocen esa profunda diversidad. El Estado ecuatoriano se ha estructurado y definido desde una sola cosmovisión, aquella occidental y moderna, que no reconoce la diversidad cultural y política.

  • El Estado ecuatoriano reconoce, en la práctica, a una sola lengua como mecanismo de integración social y desde la cual se articula toda la institucionalidad pública y privada, sin embargo, en el Ecuador se hablan trece lenguas. El Estado reconoce una sola forma de organización política, cuando los pueblos y nacionalidades indígenas poseen instituciones ancestrales que no han sido reconocidas por el Estado. El Estado ha asumido una intervención directa sobre los territorios indígenas a nombre del bien común y ha irrespetado el derecho al territorio que tienen las nacionalidades indígenas.

  • El Estado ecuatoriano se ha constituido históricamente desde la exclusión, la violencia, la subordinación, el racismo y el paternalismo. La primera Constitución ecuatoriana de 1830 establece el carácter censitario del Estado y la democracia:

En esta primera Constitución se definen los requisitos de ciudadanía y sus derechos:

“Art. 12. Para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía se requiere: 1) Ser casado, o mayor de veintidós años; b) Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero. 3) Saber leer y escribir.”

En esta misma Constitución política del Ecuador, en su título VIII, “De los derechos civiles y garantías”, existe un artículo revelador de cómo ven las élites que construyeron la república a los pueblos y nacionalidades, y su rol en su proyecto de nación y de país:

“Art. 68. Este Congreso constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad a favor de esta clase inocente, abyecta y miserable.”

Los pueblos y naciones indígenas no tuvieron acceso a la ciudadanía, sin condiciones censitarias, sino hasta la Constitución de 1998. Sin embargo,
toda la estructura institucional del Estado, ha excluido hasta el día de hoy a los pueblos y nacionalidades indígenas. Los idiomas, las instituciones, los referentes culturales, los territorios, la cultura de los pueblos y nacionalidades han sido invisibilizados, despreciados, subordinados, intervenidos o convertidos en objetos de folclor.


Esto ha determinado que la forma y estructura del Estado ecuatoriano, tal como es hasta ahora, conduzca al etnocidio y a la desaparición y amenaza de extinción de algunas nacionalidades y pueblos. Fue el caso del etnocidio de la nación Teetete, la desaparición del pueblo Zámbiza, y la amenaza de etnocidio a la nación Zápara, a la nación Andoa, y a los Tagaeri y Taromenane.

Otras nacionalidades y pueblos indígenas han sido presionados y expulsados de sus territorios por las actividades petroleras, madereras, mineras. Se ha criminalizado la resistencia de las organizaciones indígenas en contra de la explotación de sus territorios. Se han contaminado las fuentes de agua, se han irrespetado los lugares sagrados, se ha comercializado la cultura, y se han hecho caso omiso de los derechos de los pueblos y naciones indígenas, convirtiéndolos en objetos de políticas paternalistas de desarrollo y de integración a un proyecto de Estado uni-nacional violento y racista.

Los pueblos y naciones indígenas planteamos una profunda reforma a la política, a la democracia y a las instituciones a través de la declaración del Estado Plurinacional.


El Estado plurinacional es una nueva forma de contrato social que respeta y armoniza los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas con la estructura jurídica y política vigente, reconociéndolos en su estatus de sujetos políticos con plenos derechos.

El contrato social establecido en la actual Constitución, reconoce y admite la existencia de un solo sujeto jurídico al cual le otorga derechos fundamentales y sobre el cual define y estructura los sistemas de representación política, los sistemas de administración de justicia, y los marcos institucionales del Estado.

Ese sujeto que ha sido reconocido por la Constitución es el individuo moderno, susceptible de poseer y ejercer efectivamente sus derechos fundamentales (a la vida, a la libertad, a la propiedad, al trabajo, a la expresión, organización, etc.).

Sobre este individuo moderno se establecen los mecanismos de aplicación y ejercicio de estos derechos básicos, además de la forma y estructura del Estado, la justicia, e incluso los regímenes de desarrollo, educación, ciencia, tecnología, salud.

Los pueblos y nacionalidades somos radicalmente diferentes al sujeto jurídico moderno. Nuestra forma de vivir, nuestras instituciones, nuestro relacionamiento con el entorno, cultura, saberes, no son los mismos que aquellos del sujeto moderno individual.

Los pueblos y nacionalidades hemos generado de manera atávica formas complejas de relacionamiento comunitario que no comparten los fundamentos de base con el sujeto moderno individualizado. Son formas de comprender la vida, la sociedad, la política, el Estado, la justicia, el conocimiento, y la naturaleza de manera distinta.

El Estado Plurinacional, entonces, reconoce y admite a su interior, en su parte dogmática, en su parte de derechos y garantías fundamentales, y en su parte procedimental y organizativa, la existencia de otros sujetos políticos además del sujeto moderno individualizado.

El Estado Plurinacional nos otorga a los pueblos y nacionalidades un estatus de sujetos jurídicos y políticos diferentes pero al mismo nivel de reconocimiento ontológico que el sujeto individual moderno, y de la misma manera que reconoce a los derechos del sujeto moderno, como derechos humanos fundamentales, debe ahora reconocer que los nuevos sujetos (nacionalidades y pueblos) poseen también derechos fundamentales.

El Estado Plurinacional otorga un estatus de reconocimiento ontológico en el ámbito jurídico y político a la diferencia radical que caracteriza a las nacionalidades y pueblos. Como sujetos ontológicamente reconocidos por el Estado y la sociedad, sus derechos fundamentales se convierten en derechos ontológicamente validados y socialmente necesarios. La validez de sus derechos es jurídicamente universal al interior del Estado que ahora se reconoce como Plurinacional.

Si bien es cierto que existen los derechos colectivos, también es cierto que la vigencia de los derechos colectivos no implican necesariamente la vigencia del Estado Plurinacional. Se trata, entonces, de avanzar desde el reconocimiento de los derechos colectivos, hacia la fundamentación de un nuevo contrato social que incorpore a los nuevos sujetos jurídicos y políticos expresados en los pueblos y nacionalidades.

El Estado Plurinacional es un estado que ha incorporado a su Contrato Social a otros sujetos fundamentales diferentes además del sujeto moderno, que les reconoce un estatus de existencia ontológica-jurídica, y que redefine los contenidos de toda su institucionalidad de tal manera que se garanticen, protejan y apliquen de manera efectiva los derechos de todos los sujetos que conforman este nuevo Contrato Social.

El Estado Plurinacional puede, entonces, ser definido como el Estado que reconoce y garantiza el ejercicio, la aplicación y la vigencia de los derechos fundamentales de varios sujetos ontológicamente reconocidos como tales: desde el sujeto moderno (el ciudadano) hasta los nuevos sujetos (nacionalidades y pueblos).

Si el derecho a la vida es el primer derecho fundamental y ontológico del sujeto moderno (ciudadano) y el Estado debe proteger y garantizar a ese derecho, entonces el derecho al territorio y a la cultura deben ser un primer derecho fundamental y ontológico del sujeto definido en los pueblos y nacionalidades, y el Estado Plurinacional debe proteger y garantizar ese derecho.

De la misma manera que atentar a la integridad de la vida es un delito grave, atentar a la integridad de los territorios o de la cultura del sujeto contenido en los pueblos y nacionalidades, debe ser también considerado como un delito grave.

La tierra y el territorio son dimensiones fundamentales del derecho del sujeto jurídico-político contenido en los pueblos y nacionalidades. Son los elementos básicos que los constituyen como diferencia radical con respecto al sujeto moderno. El sujeto moderno se ha desprendido de su relación cultural de la tierra y el territorio, y conserva como derecho fundamental solamente su derecho a la vida y a la libertad.
Los pueblos y nacionalidades mantenemos con nuestras tierras y territorios una relación de pertenencia cultural absoluta. Cualquier desprendimiento, fractura o alteración de esa relación fragmenta y desgarra profundamente al Ser de las nacionalidades y pueblos. Como son parte del Ser constitutivo del sujeto contenido en las nacionalidades y pueblos, se convierten también en una dimensión ontológica del Ser de las nacionalidades y pueblos.

Las tierras y territorios, tienen el mismo estatus ontológico del derecho a la vida y a la libertad en el caso del ciudadano moderno individualizado.

El territorio de los pueblos y nacionalidades es el espacio geográfico, social, histórico y espiritual, integrado a la vivencia y a las instituciones ancestrales de los pueblos y nacionalidades. Está en una relación de totalidad con el hábitat -entendido por tal, el medio ambiente y los recursos contemplados en el suelo, subsuelo y aire- y establece vínculos, materiales e inmateriales de relacionamiento ancestral, donde se despliegan las culturas, instituciones, formas de organización y economías propias. 
El sujeto moderno, además de la vida como derecho ontológicamente fundamentado, también posee el derecho a la libertad en sus más diferentes manifestaciones (de expresión, de movilización, de organización, etc.). La noción de libertad del sujeto moderno (ciudadano) también está individualizada. El Estado reconoce y garantiza la vigencia de este derecho fundamental. Sobre este derecho fundamental se estructura el sistema político, la administración de justicia, la estructura del Estado y el régimen de desarrollo.

El Estado plurinacional al incorporar a su interior a otros sujetos diferentes al sujeto moderno (ciudadano), amplía el concepto de libertad desde su visión individualizada (libertad individual) hacia una visión más compleja de libertades comunitarias, colectivas y diferenciadas. El Estado plurinacional reconoce y garantiza la vigencia de los derechos a diferentes formas de libertad en conformidad a los sujetos ontológicamente reconocidos, y asegura que ninguno de ellos adquiere preeminencia sobre los otros.

Si el derecho a la participación política del sujeto individualizado en el Estado moderno se hace a través de la ciudadanía como derecho político fundamental, el Estado Plurinacional debe reconocer otras formas de ciudadanía diferentes a aquellas del sujeto individualizado, y, por tanto, otras formas de participación política.

El Estado Plurinacional al reconocer al sujeto jurídico-político contenido en los pueblos y nacionalidades como un sujeto fundamental e integrarlo al contrato social, le otorga a ese sujeto un estatus de ciudadanía colectiva, comunitaria y diferenciada, al mismo nivel y consideración que la ciudadanía individual.

Si el sistema político se ha articulado desde la noción del sujeto moderno individualizado contenida en la noción de ciudadanía, y ha determinado un sistema político que garantice la democracia desde la representación política a través de un sistema de partidos y un sistema de elecciones, el Estado plurinacional amplía el sistema político existente para dar cabida a su interior al sujeto jurídico-político contenido en los pueblos y nacionalidades.

El sistema político tal como ha sido estructurado y concebido debe ahora abrirse para abrigar a su interior a un nuevo sujeto jurídico-político que tiene una forma diferente de concebir la política y la democracia.

Las nacionalidades y pueblos NO sustentamos nuestros sistemas políticos en los sistemas de representación a través de las elecciones, los partidos políticos, y la “regla de la mayoría”, que son los fundamentos básicos del sujeto moderno individualizado, es decir, el ciudadano, sino en formas de relacionamiento político complejas y probadas atávicamente, y que se sustentan en el diálogo y el consenso, en el cual la memoria histórica de los pueblos y nacionalidades, expresadas en sus ancianos, tiene un peso específico a la hora de tomar decisiones políticas. La apertura del sistema político a la incorporación de otras formas de ciudadanía colectiva, comunitaria y diferenciada determinan la existencia de una democracia plurinacional.

En la democracia plurinacional, el sistema político y la estructura del Estado incorporan los derechos y deberes de todos los sujetos ontológicamente reconocidos (l@s ciudadan@s, y las ciudadanías colectivas, comunitarias y diferenciadas expresadas en las nacionalidades y pueblos), para otorgarles iguales niveles de participación política y representatividad institucional.

En el Estado plurinacional el ejecutivo y el legislativo se estructuran y definen desde la representación tanto de las decisiones de los/las ciudadanos/as, manifestadas en los respectivos procesos electorales, cuanto de las decisiones de las ciudadanías colectivas, comunitarias y diferenciadas de los pueblos y nacionalidades, expresadas en sus propios sistemas de representación y sus propias instituciones políticas.


Si el Estado reconoce la existencia de derechos fundamentales civiles y políticos al sujeto moderno individualizado, y articula un sistema de defensa, protección y aplicación de esos derechos a través de sus sistemas de administración de justicia, entonces el Estado plurinacional abre sus sistemas de administración de justicia a la incorporación de los códigos e instituciones que regulan la existencia y efectiva aplicación de los derechos del sujeto contenido en las nacionalidades y pueblos. La administración de justicia en el Estado plurinacional abre el debate para la incorporación y armonización del derecho moderno con las instituciones y los conceptos que han regido la vivencia ancestral de los pueblos y nacionalidades. Las instituciones ancestrales y los códigos atávicos que han regulado la existencia de los pueblos y nacionalidades, en el Estado Plurinacional tienen reconocimiento jurídico y existencia plena. El Estado Plurinacional los reconoce en su aplicación y vigencia.

 

La forma y estructura del Estado cambian en el Estado plurinacional porque ahora se ha reconocido al sujeto jurídico-político contenido en los pueblos y nacionalidades como sujeto fundamental en la conformación del Estado y en el contrato social.

En el sistema de representación política los marcos institucionales deben adecuarse a la coexistencia de al menos dos sujetos fundamentales: el ciudadano moderno, y las ciudadanías colectivas, comunitarias y diferenciadas. De la misma manera en la administración de justicia y en los regímenes de desarrollo.

Las nociones de desarrollo se han realizado, aplicado e impuesto desde las nociones de un individuo moderno (el ciudadano) que en los modelos de desarrollo económico se convierte en consumidor que maximiza su comportamiento económico. De ahí las prácticas extractivistas del Estado que ha irrespetado los territorios indígenas a nombre de un desarrollo nacional y de los intereses de los consumidores. De ahí la preeminencia de los mercados como eficientes y eficaces asignadores de recursos escasos. La noción de desarrollo económico es ajena al sujeto jurídico político contenido en los pueblos y nacionalidades. El concepto de modelo de desarrollo en todas sus variantes (integral, sustentable, equitativo, etc.) no es pertinente en la cosmovisión, instituciones y formas de comportamiento del sujeto contenido en los pueblos y nacionalidades.

En el Estado Plurinacional, el desarrollo económico no es una meta que represente a los intereses de todos los sujetos jurídicos y políticos, por tanto, establece los límites de ese desarrollo al respeto de los derechos fundamentales tanto de los ciudadanos cuanto de los pueblos y nacionalidades.

El desarrollo se convierte en un medio para llegar al bienestar del sujeto individualizado, pero que respeta los derechos fundamentales del sujeto expresado en los pueblos y nacionalidades

Interculturalidad:

La forma por la cual la sociedad ecuatoriana conoce a los sujetos jurídicos-políticos contenidos en los pueblos y nacionalidades, y como parte del nuevo contrato social expresado en el Estado Plurinacional, y como sujetos diferentes al sujeto moderno individualizado, es a través de la interculturalidad.

La interculturalidad es la forma por la cual la sociedad dialoga y se re-conoce a sí misma como unidad en la diversidad. La educación en el Estado Plurinacional no tiene el deber de transmitir y replicar los valores del sujeto moderno individualizado como valores universales, sino el deber de reconocer, respetar y socializar la diversidad de saberes existentes. En el Estado Plurinacional la educación en su conjunto se convierte en un sistema intercultural de respeto, valoración y socialización de todos los saberes existentes a su interior. De la misma manera en la salud, con el conocimiento, la ciencia y la tecnología.

El Estado Plurinacional, al abrirse a la incorporación de varios sujetos jurídicos-políticos
(el ciudadano moderno y los pueblos y nacionalidades), expresa formas diferentes de construcción de un horizonte social del largo plazo. En el caso del sujeto moderno expresado en el ciudadano moderno individualizado, la noción de bienestar tiene, en lo fundamental, una dimensión económica. En el caso del sujeto jurídico-político contenido en los pueblos y nacionalidades, la noción de bienestar es ética y holísitica.


Ambas nociones son válidas en el Estado Plurinacional a condición de que se respeten ambas y que el Estado Plurinacional articule los mecanismos sociales e institucionales que hagan posible el respeto y la convivencia de estas formas de comprender la vida, el futuro, la sociedad y la democracia.

El Estado plurinacional es un desafío para la sociedad ecuatoriana. Es la primera vez en mucho tiempo, en el que la voz de los sin voz, ahora tiene la oportunidad de expresarse. Los pueblos y nacionalidades hemos sufrido la conquista, la colonización, el exterminio, la invisibilización, la explotación, pero, lejos de nuestra intención la revancha o el resentimiento, los pueblos y nacionalidades hacemos una apuesta por la democracia, por el respeto, por la convivencia, por el conocimiento y re-conocimiento mutuos. El Estado Plurinacional es nuestra propuesta y nuestro proyecto por respetar y comprender nuestras diferencias, para construir un país más unido, más solidario, más equitativo, más respetuoso, más justo.


- Mónica Chuji Gualinga es Kichwa de la Amazonía. Licenciada en Comunicación Social. Actualmente es Asambleísta Nacional, Presidenta Mesa Constituyente No 5 Recursos Naturales y Biodiversidad. Fue Secretaria General de Comunicación de la Presidencia de la República, gobierno de Rafael Correa. Fuente: http://www.alainet.org/es/active/22133

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Precisamos partir del potencial revolucionario que tienen las diversas subjetividades cuando se desenajenan al decidir romper con estar siendo avasalladas en sus derechos y cuestionan la realidad que critica el pintor Juan Iranzo Almonacid (“Anzo”).

 

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) expone los “aislamientos” del pintor Juan Iranzo Almonacid (“Anzo”)

El individuo alienado y la sociedad del control

25 de julio de 2017

 

Por Enric Llopis (Rebelión)

 

Los estudiosos de la obra del artista José Iranzo Almonacid (1931-2006), conocido como “Anzo”, subrayan 1967 como un año decisivo. El pintor valenciano hoy no figura en los grandes carteles, pero hace medio siglo participó en la prestigiosa Bienal de Sao Paulo; Y más aún, inició la serie “Aislamientos”, un conjunto de obras y grabados que recupera el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) en una exposición que se prolonga hasta el cinco de noviembre. Esta fase de su obra durará algo más de dos décadas, hasta 1985. ¿En qué consiste el giro conceptual que inició entonces? Anzo comienza a pintar lienzos metafísicos, con calles desérticas y espacios urbanos de fantasmagoría. Representa así el pesimismo, la alienación moderna de un individuo incomunicado frente al régimen de dominación. Un óleo sobre lienzo, el “aislamiento” número diez, pone de manifiesto esta idea. Aparece un individuo que, aunque alejado, divisa una acera con las tapaderas de los sumideros abiertas. En otro óleo de 1967 (“aislamiento” número cuatro) se aprecia a un personaje que, desbordado por el tamaño de la gran vía urbana, camina solo por los adoquines. La crítica aplaudió la originalidad de esta forma de existencialismo pictórico.

La muestra del IVAM en colaboración con la Fundación Anzo consta de 80 pinturas, serigrafías, documentos de archivo, libros y películas documentales. Pero el recorrido de Anzo no se inicia con los “aislamientos”. Superada la etapa de formación, José Iranzo Almonacid es uno de los fundadores del grupo Estampa Popular en Valencia, integrado por artistas plásticos de ideología antifranquista; entre otros, Andreu Alfaro, Rafael Solbes, Manolo Valdés y Joan Antoni Toledo. Anzo abandonó pronto el grupo, aunque la crítica considera que éste le dejó una intensa huella. Muchos de los artistas también formaron parte de los célebres Equipo Crónica y Equipo Realidad. Utilizaron la sátira política en la crítica al franquismo, lo que incluía señalar las contradicciones en la naciente sociedad de consumo española. A esta época corresponden obras como “Vida amb nina” (1965), donde enfrenta el busto de una muñeca de juguete a una nevera llena de refrescos; “Senyoret, compre’m este rameiet” (1965), “També a ells els agrada tricotar” (1965), “El bes” (1966) o “El sant” (1966). En casi todos los casos, se trata de un óleo y esmalte sobre lienzo y tabla.

Fase que comienza un año después -los “aislamientos”- se caracteriza por el uso de nuevos materiales, poco habituales en la época: fotolitos, aceros pulidos, plásticos, rodamientos y hasta representaciones de circuitos de computadora. Con estos ingredientes, el artista valenciano se adentra en un debate recurrente en los años 60 y 70 del siglo XX: la expansión de los espacios alienantes, claustrofóbicos y distópicos. Según los paneles de la exposición del IVAM, “la soledad humana en un mundo tecnificado y masificado”. La idea cristaliza en el “aislamiento” , uno de los mejores ejemplos para entender la crítica que plantea el artista. En la pintura aparece un caminante, anónimo y solitario, que transita por una avenida. Él es pequeño, sobre todo si se compara con las tres moles de acero y cristal, las torres Trade de Barcelona: cuatro edificios de oficinas construidos entre 1966 y 1968, a la manera de los enormes rascacielos de Chicago y Nueva York. “Este icono de la arquitectura franquista opera como un gran espacio de deshumanización”, señala el comisario de la exposición, Joan Ramon Escrivà.

La muestra recoge junto a la mencionada pintura una reflexión del filósofo de la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse: “Una ausencia de libertad cómoda, suave, razonable y democrática, señal del progreso técnico, prevalece en la sociedad industrial avanzada. ¿Qué podría ser, en realidad, más racional que la supresión de la personalidad en el proceso de mecanización?” Del mismo modo, un ejemplar de la revista “Novática”, de 1974, incluye el siguiente anuncio: “Es imposible en un anuncio exponer las ventajas de los multiprocesadores NCR”. Se intenta persuadir al lector de que si se pone en contacto con esta empresa, podrá beneficiarse hoy de la tecnología del futuro. Varios titulares de la revista “Triunfo”, de 1965, ahondan en el problema. “La civilización de los ordenadores”, afirma uno de los textos expuestos en las vitrinas. Califica a las computadoras como “indispensables”, pero además de una esperanza constituyen una amenaza.

En plena época de incertidumbre, la citada publicación de izquierdas recogía un informe del escritor y periodista Jean Francis Held, de titular elocuente: “Una amenaza del futuro. El fin de la vida privada”. Sostiene que ante los “viejos” sistemas de investigación, el ser humano tenía posibilidad de defenderse, pero no ocurre lo mismo con el megacomputador; “Objetivo, glacial y sin fallos de memoria”, el individuo sometido a esta máquina perderá el control sobre su vida. En los “aislamientos” de finales de los años 60 e inicios de los 70, elaborados con técnicas mixtas (por ejemplo, acero con chorro de arena y esmalte acrílico), José Iranzo Almonacid expresa todas estas inquietudes. Lo hace en las obras artísticas (más depuradas en los años 70), pero también en los textos: “Padece aislamiento el encargado de las computadoras, el que no encuentra quién escuche sus problemas, el que se siente un ser anónimo al cruzar la calle entre una inmensa masa que camina ingobernable”. Además el artista aborda el significado de la oficina, que considera otro “lugar de alienación y control del ser humano”, explica el comisario de la exposición. Y las metáforas del círculo y el laberinto, donde se halla recluido el individuo en el actual sistema de producción y consumo. Esta realidad se plasma en composiciones grises, planas y frías.

El pintor participa en numerosísimas exposiciones y muestras durante estos años. La muestra del IVAM se detiene en una de las primeras, la Bienal de Venecia de 1968, a la que Anzo fue invitado. Durante más de cien días, los alumnos de la Escuela de Bellas Artes ocuparon las calles y las aulas. El artista presentó en la Bienal una decena de obras sobre su gran preocupación: la soledad individual ante el avance del progreso tecnológico. Refuerzan este punto de vista algunos libros recogidos en la exposición: “Vigilar y castigar”, de Foucault; “Ideología, praxis y mito de la tecnocracia”, de Juan Vallet de Goytisolo; y un texto de Siegfried Kracauer, “Los empleados”. El cine también aporta argumentos similares. Un fragmento de la película “Playtime” (1967), del realizador Jacques Tati, narra la peripecia del señor Hulot por un edificio de oficinas, donde los empleados –estandarizados y debidamente uniformados- desarrollan mecánicamente sus rutinas. El filme “Mechanical Principies”, de Ralph Steiner encuentra un hueco en la muestra, al igual que el vídeo de una rata aprisionada en un engranaje circular que rueda sin pausa. “Es el aislamiento de los integrados; es la soledad de los engranajes de las piezas que funcionan al unísono con las restantes del mecanismo”, subraya José Iranzo Almonacid. Así, individuos eficientes controlan al prójimo mientras son objeto de control. “Archivan, registran, clasifican e incluso a veces deciden algo”.

La cuestión tenía vigencia en la época. De ahí la floración de novelas que seguían el precedente de los clásicos: “1984”, de Orwell; “Un mundo feliz”, de Huxley; “Farenheit 451”, de Ray Bradbury; o “Nosotros”, de Yevgeni Zamiatin, entre otros. La exposición del IVAM incluye los ecos que esta literatura encontró en el estado español, desde la mitad de los años 60, en novelistas como Miguel Espinosa (“Escuela de mandarines”), Juan José Plans (“Paraíso final”), Antonio Burgos (“El contrabandista de pájaros”), Miguel Delibes (“Parábola del náufrago”), Enrique Jarnés, Jorge Ferrer-Vidal (“Los papeles de Ludwig Jäger) o Manuel García-Viñó. El cine español de los años 60 y 70 también se hace eco de la angustia por una sociedad deshumanizada. Dos de los ejemplos fueron “El asfalto” (1966), de Narciso Ibáñez Serrador; y “La cabina” (1972), de Antonio Mercero. En esta película José Luis López Vázquez queda enclaustrado en una cabina telefónica de la vía pública, que opera como metáfora. A partir de 1985, y hasta 1993, Anza desarrolló una nueva fase de su obra, que los críticos han llamado de “Geometría Lírica”. Además trabajó las piezas escultóricas y el arte monumental en los espacios públicos. Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229481

 

Complementamos esa comprensión de subjetividades diversas que han adquirido libertad de vivir sus propios procesos, generalizando la conciencia sobre: "La represión que ejercen los gobiernos y las propias corporaciones desatadas sobre los territorios de los pueblos y comunidades campesinas, es sólo una parte de un proceso general de deshabilitación y fragmentación del “nosotros”, de los ámbitos colectivos y comunitarios y de cada persona en lo individual con el fin de precarizarnos para después subyugarnos para sus propios intereses. Esto es particularmente cierto en la guerra contra la subsistencia de los pueblos originarios y las comunidades campesinas —y se ejerce de formas muy concretas; las represiones directas son sólo uno de los pasos".

 

 

 

El horizonte de la deshabilitación
27 de julio de 2017

Por Ramón Vera Herrera

1. El primer paso, que sigue siendo crucial para la acumulación de capital es separar a los pueblos de sus fuentes de subsistencia, de su entorno de subsistencia, algo que tiene una larguísima historia: la invasión de los territorios, el confinamiento y privatización de los ámbitos comunes, el acaparamiento de la tierra a manos de los voraces terratenientes. Y ese despojo histórico ha ido asumiendo formas más sofisticadas conforme avanza.

Por ejemplo, el acaparamiento de tierras es un fenómeno que ha sido difícil visibilizar porque gobiernos y corporaciones agrícolas ahora no necesariamente roban la tierra, sino que la rentan, la compran, o someten a las poblaciones rurales a la “agricultura por contrato”, en condiciones totalmente desiguales. Una forma del acaparamiento en la medida en que quien produce, muchas veces en su propia tierra, tiene que rendir su fruto para quienes detentan el contrato.

En el sentido contemporáneo, “acaparamiento” significa que los gobiernos y corporaciones controlan extensiones de tierra muy grandes, con todo y sus pueblos.

No obstante, en aquel primer momento (que da origen a la acumulación capitalista) quien detenta el poder arranca a la gente de sus fuentes (de su entorno) de subsistencia. Es despojo y el primer paso de una deshabilitación progresiva. Jean Robert, siguiendo pistas de Iván Illich, le llama la “enajenación originaria”, porque la gente ya no puede producir lo que le importa, sino que es forzada, sutilmente o con violencia extrema, a producir algo que no sólo no le importa sino que pudiera ser nocivo para el mundo o por lo menos para quienes directamente lo producen.

Ese producir para otros, “quién sabe qué”, eso que Jean Robert llama también “desvío de producción”, y que convierte la “labor creativa” en “trabajo abstracto”, es decir, sojuzgado en la explotación de servir a la reproducción del capital. No sólo está en el origen de éste sino que es la piedra de toque de la erosión general de la socialidad que sufrimos, de la normalización de la desesperanza.

El segundo paso de la deshabilitación, de lo que el Grupo ETC llama las “redes de subsistencia”, es menospreciar, erosionar, privatizar, prohibir, y hasta criminalizar los medios por los cuáles la gente resuelve eso que le es pertinente para el cuidado de los suyos, en un proceso de reproducción virtuosa de lo que nos puede fortalecer y hacer más nosotros mismos.

En realidad lo que está ocurriendo es que los poderes impiden que la gente resuelva por medios propios lo que más le importa, por un lado, y por otro precariza, fragiliza a la gente para que se vea obligada a trabajar para los fines de otros. Servir a los intereses de otros a partir de quedar sumergido en el reino de la escasez, en el reino de la necesidad, en la plena orfandad. A eso, Iván Illich, le llamaba “desvalor”.

2. Cómo comprender que el despojo más brutal que nos perpetran es impedirnos resolver por nuestros propios medios nuestros asuntos más cruciales para nosotros, como producir nuestros propios alimentos, resolver nuestra salud, reivindicar y ejercer todos los cuidados y saberes que hacen posible lo cotidiano; nuestra reproducción en nuestros propios términos —y que va de las semillas al funcionamiento cotidiano pasando por el cuidado y regeneración del agua, los embarazos y los partos, el encauzamiento de la comunidad, el flujo de los saberes, el desciframiento de los tiempos, los vientos, los sueños, la justicia, la bondad, el equilibrio, todo siempre en relación con el territorio que le otorgaba sentido a lo que hacíamos.

Nos arrancan de la tierra y nos criminalizan nuestros saberes, y al expulsarnos, no es de la tierra y lo saberes de lo que nos expulsan sino de nuestra vida.

Repensando a Marx, podemos decir que la acumulación originaria es una condición de las relaciones impuestas por el capital. Es la relación de despojo de la que parten sojuzgamientos y acaparamientos. No se trata de un primer eslabón primitivo, sino del fundamento de la relación. Para poder ejercerla es claro, como dicen Iván Illich y Jean Robert, el poder requiere provocar dependencia, fragilidad y precariedad, romper la labor creativa y volverla trabajo “abstracto”, trabajo enajenado. Ya lo hemos dicho mucho, se trata de impedir que la gente resuelva por sus propios medios lo que es pertinente, lo que la hace libre y la devuelve a la comunidad. Es el momento de la muerte de la reproducción de cada quién para sus propios fines y con sus propios medios (lo que define una autonomía) para someterlo todo a los dictados de la producción y la sola y omnipresente reproducción del capital para sus fines y sus medios.

Así, nos roban la subsistencia, nuestro aprendizaje y crianza mutua, nuestra salud y bienestar, nuestro nacimiento y muerte, nuestra propia imaginación, nuestra búsqueda de una responsabilidad compartida, es decir una justicia y un equilibrio.

El poder nos ha robado todo lo anterior al punto de hacernos suponer que todo lo que nos ocurre es normal, que todo lo que sufrimos es normal, porque somos ineptos, incapaces, absurdos, redundantes, obtusos, fragmentarios, individualizantes, mezquinos, egoístas, racistas, machistas.

Al final de este proceso, la anulación de la autonomía de las comunidades las orilla a irse “porque ser campesino no funciona”.

Arrancar o escindir a la gente de sus fuentes y medios de subsistencia alcanza una brutalidad que tiene cifras (300 mil en sexenio y medio) migrantes más de 20 millones. Desplazados internos 1 millón 650 mil ÷ 2006 y 2011. Sólo en 2011 160 mil. Las cifras siguen creciendo.

 

3. En México las comunidades y organizaciones que reflexionan sobre ese punto dicen que los programas de gobierno o la certificación de explotaciones forestales, o los programas dirigidos a la total monetarización de la economía comunitaria o la certificación de productores, los nuevos censos de contribuyentes, la “facturación”, o los programas dirigidos a la institucionalización del cuidado, los apoyos financieros a viejitos, a madres solteras, a niñas de secundaria (para que no dejen de ir) están diseñados para cambiar la racionalidad de sus vidas, una verdadera andanada de proyectos de deshabilitación.

Es “la guerra como programa de desarrollo”. Con esa guerra la agricultura cambió. (Hoy les venden a las comunidades o a gente individual contratos para ligarse con grandes empresas en monocultivos industriales de invernadero supuestamente rentables según el mercado: hay brócoli, bayas, moras, jitomate, soya, agave, palma africana, que además de producirles ganancia a tales empresas reorganizan los territorios y también expulsan a las comunidades. Los expulsados devienen jornaleros esclavos de a 5 dólares al día.)

Todo eso comenzó de modo abierto con la Revolución Verde de los años sesenta, un embate perenne por erosionar, menospreciar, prohibir o de plano criminalizar las principales y más antiguas estrategias de la humanidad. (En realidad este embate existe desde que se exigió que la gente trabajara para quienes detentaban el poder, porque está en el fondo de la racionalidad y voracidad de los mandones, pero nunca había sido trabajado como política pública, y menos internacional.)

Esta ilegalización o criminalización de la lógica de subsistencia campesina y sus medios o saberes que fue la Revolución Verde, decreta la imposibilidad de mantener el flujo de la vida y la agricultura:

a. se someten a registro, certificación y privatización con patentes y derechos de obtentor las semillas que son “legado de los pueblos al servicio de la humanidad” y comienza a criminalizarse mediante leyes y normativas internacionales incluidos los tratados de libre comercio, la custodia y el libre intercambio de semillas nativas.

b. se hace onerosa la actividad campesina al incluir paquetes tecnológicos como los insumos agroquímicos (sumamente tóxicos) más semillas certificadas que deben comprarse.

c. Semillas de laboratorio y agrotóxicos comprometen aún más la actividad de producción (sin reproducción propia) desplomando la rentabilidad de la actividad campesina al tiempo que se contaminan las semillas con transgénicos, se intoxican los terrenos y se los agota, con lo que la actividad es tan cargosa que la gente se vuelve redundante.

d. Como puntilla se imponen previsiones, normativas, estándares y criterios, registros y normas de calidad y sanidad más condiciones de compra-venta que vuelven imposible la actividad, sobre todo a partir de los tratados de libre comercio y su apertura a normas sanitarias que las grandes corporaciones, en complicidad con los gobiernos, imponen con el fin de dejar fuera de la jugada a los pequeños productores. Jugarretas más o menos, la gente termina pensando que su actividad productiva no funciona.

e. Ha ocurrido la deshabilitación extrema. La gente, enfrentada con una exterioridad impuesta que alimenta su propia percepción, les hace pensar que es normal lo que les ocurre y que ellos son los que fallan, los incompetentes, los ignorantes ineptos e incapaces.

Su única opción para recuperar su propio sentido, es abandonar la actividad y salir.

Las poblaciones deshabilitadas se van, “expulsadas”. No fue necesario un desalojo sangriento. Pesa la minería, los proyectos del petróleo, las hidroeléctricas, la servidumbre energética, los desarrollos inmobiliarios y turísticos, los basureros tóxicos, la ocupación de un espacio que ha quedado vacío, pero además el extremamiento de la lógica industrial para todo. Nada que no sea industrial es permitido.

Cuando hace falta, la represión directa sigue siendo una útil herramienta del sistema.

 

4. ¿Cómo identificar y responder a lo que provoca en el cuerpo el capitalismo, la vida totalmente industrializada? La reproducción de la vida en los términos propios, que incluye los aspectos más cotidianos, más sutiles de la relación con el cuerpo queda, en esa lógica, necesariamente anulada. Esto implica un gozne que expresa las contradicciones y complementariedades entre campo y ciudad.

La industrialización tan brutal de la producción agrícola y la eliminación de la producción campesina tienen su batalla en los cuerpos de las personas, tanto en la ciudad como en el campo.

En el extremo las corporaciones van más allá e imponen esa lógica industrial a su propia lógica de producción agrícola y a todo el sistema agroalimentario. La gran industria deja de producir comida (alimentos frescos) que la meten a múltiples y disímbolas consideraciones de cuidado y conservación, sustituyendo su tendencia productiva hacia cultivar casi en exclusiva materias primas, para que a su vez la industria fabrique alimentos procesados.

Esta lógica tiene su extremo en la producción industrial de componentes de esos alimentos procesados (uniformados), mejor descritos en la idea de “productos comestibles”. Y la otra es promover los grandes monocultivos de soya, maíz, canola y palma africana para elaborar “piensos o croquetas” para humanos.

Así, en esa misma lógica, las corporaciones logran imponer la disponibilidad de ciertos alimentos (dónde están y cuáles alimentos). Logran controlar lo que la gente come, mediante el control absoluto de los puntos de venta.1

El negocio de la alimentación es tal vez el más lucrativo del momento. Los ingresos netos de supermercados y procesadores de alimentos son cada vez mayores. Tan sólo en México, los alimentos procesados le brindan a las grandes compañías como Nestlé o Pepsico, más de 24 mil millones de dólares anuales de ganancias y convierten a México en uno de los 10 principales productores de procesados en el mundo.

Las reformas energéticas son un ejemplo extremo de cómo pretenden someter todas la tierras a un destino de productoras de petróleo, gas, minerales, agua, impidiéndoles producir alimentos, impidiéndole a los custodios y dueños de esas tierras alimentar a la gente, devastándolo todo.

Se pretende destruir la relación de la gente con su tierra y su labor creativa, además de destruir la propiedad social que hoy es 50% del territorio nacional.

5. Para revertir la deshabilitación, para reconstituirnos como gente que encarna desde sí los procesos que más nos importan, tenemos que entender, aun, la lógica que hace posible la deshabilitación.

El meollo del asunto es el sentido que podemos construir. Eso que le llamamos percepción popular no es sino el sentido que construimos en común, que nos potencia o nos niega la posibilidad de la transf            ormación y nuestro impulso de metamorfosis. Por supuesto tiene que ver con el “nosotros” porque el saber se construye en colectivo. Y en eso, el poder ha buscado fragmentarnos. El “nosotros” es el enemigo principal del dinero. El dinero, decía Marx, es el contrario exacto de la comunidad; el principio de las mediaciones para evadir la socialidad, el inicio de la erosión de la mutualidad.

Entonces también entender la guerra como programa de desarrollo.

Entender el desvío de poder que es poner candados, fijar o convertir en norma mecanismos obturadores que abran margen de maniobra a las empresas y obstruyan la justicia.

Para hacer posible el desvío de poder (hablando en términos sistémicos) es indispensable que el Estado, con su aparato jurídico, ejerza impunidad, impermeabilidad, maraña legal y administrativa, fabricación de disposiciones adhoc, represión. Confusión, divisionismo, políticas públicas (la bala de azúcar), pero también el despojo directo, el acaparamiento, el totalitarismo fragmentario y feudal donde todo mundo tiene a alguien que le agarra el pescuezo. Ese Estado delincuente imbricado totalmente. Listo a reprimir y desaparecer, asesinar y encarcelar.

Entre los empeños de las corporaciones uno de las principales es criminalizar las estrategias más antiguas de la humanidad, criminalizar la custodia de las semillas nativas y su intercambio, menospreciar los métodos de la agricultura campesina con todos sus saberes. El paso ulterior es la privatización generalizada, los regímenes de propiedad intelectual, que mantengan un control de las semillas, pero también de los saberes. Impedir que los saberes fluyan libremente. Que las semillas fluyan libremente en el intercambio y el cuidado de milenios.

Si a eso le agregamos todo lo que las corporaciones perpetran en su descuido o en su afán de evadir las responsabilidades de otras acciones, nos enfrentamos con la devastación ambiental: envenenamiento, basura, represas, privatización y acaparamiento de agua, deforestación, urbanización salvaje, acaparamiento del fondo de semillas, criaderos industriales, monocultivos agroquímicos, minería.

6. Esa reconstitución entonces comienza con diálogo, reivindicando nuestra palabra.

Si el saber se construye en colectivo y debemos reconstituir a los sujetos, eso significa, ni más ni menos, reconstituir el colectivo, lo común, comenzando con la palabra, con el diálogo, la conversación; poniendo la responsabilidad en el centro mismo de nuestras acciones.

Eso implica abrir espacios de diálogo y reflexión libres.

El Tribunal Permanente de los Pueblos que ejerció en México entre 2011 y 2014 fue una muestra mínima de lo que se puede lograr: en ese proceso se abrieron entre 350-500 talleres en 22 estados, 40 preaudiencias, 12 audiencias y la convocatoria a 270 jurados de todo el mundo junto con la participación de 1500 organizaciones.

 

Esto quiere decir que se puede revertir la deshabilitación y la cosificación al sistematizar lo que nos ocurre, al lograr un pleno entendimiento de las condiciones que pesan sobre nosotros; al recuperar nuestra historia y saberes situados, localizados, incrustados, pertinentes. Al decidir la defensa contra el despojo, expulsar invasores, defender nuestros territorios.

 

Al ejercer los cuidados en la reproducción de nuestras propias premisas (nuestros cuidados, nuestras visiones, nuestra autonomía), al articular procesos autogestionarios: los que nos fortalecen como sujetos, nos potencian y promueven creatividad mutua, creatividad social.

Al resolver por nuestros propios medios lo que más nos importa.

Así se logra volver al “nosotros”. El “nosotros” es el principal territorio: el tejido y retejido constante de nuestras relaciones significativas. El lugar donde habitas, tu hábitat, como espacio geográfico pero también tu propio cuerpo.

Debemos insistir en que por comunidad entendemos la insistencia mutua, histórica en una relación. Es una construcción colectiva entre los procesos vivos que establecen un tramado infinito en que te reconoces y te vuelves a reconocer.

Es crucial entonces recuperar el sentido, revindicar nuestro sentido en común a partir de los relatos y las historias, fruto del impulso narrativo que sólo se puede tejer en colectivo. Dejar de juzgarnos con los criterios de quienes nos oprimen.

7. Pensar que cada rincón es un centro, implica reconocer y reivindicar nuestra propia constelación de circunstancias, y nuestro ser centro únicos de nuestra experiencia, nuestra historia, nuestro camino.

Somos puntos en una línea compleja, compuesta por un tramado de líneas que confluyen y que desde la valoración instantánea parece literalmente cercenada de la historia. Pero somos centro de un círculo entreverado e imbricado conformado por todas las memorias, los legados, las historias, las herramientas con que nos cubrieron quienes nos predecedieron, nuestros ancestros, desde tiempos inmemoriales.

Nuestra voluntad de re-conocimiento mutuo, de responsabilidad compartida, de búsqueda de una percepción común, es nuestro talismán más vital. No se trata de una “percepción popular”, sino de la visión propia común, tejida entre el abajo y la documentación sistemática, al servicio de la misma gente.

Revertir la deshabilitación es romper la cosificación.

Es no pedirle a nadie nada para ser. Es defendernos del deterioro, defender el sentido en común, es abrir espacios de conversación y reflexión compartida.

Cuando ante la deshabilitación emprendemos una resistencia, ésta tiene dos modalidades: una es como el mantenimiento y la pervivencia ante el cúmulo de cambios; la otra es la transformación de lo inmutable que nos tiene sometidos.

El punto central entonces es intentar entender juntos, promoviendo herramientas-procesos conviviales. Todo aquello que no sólo no te desliga del cuerpo social (con su enajenación, dislocación y arrancamiento) sino que fomenta la creatividad, la autonomía y permite resolver por medios propios nuestro horizonte de justicia.

Notas

1 Ver http://www.foodispower.org y https://www.grain.org

Desinformémonos

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_horizonte_de_la_deshabilitacion

En consecuencia, abajo y a la izquierda, nos urge tener en cuenta que "la represión  ejercida por los gobiernos y las propias corporaciones desatadas sobre los territorios de los pueblos y comunidades campesinas, es sólo una parte de un proceso general de deshabilitación y fragmentación del “nosotros”, de los ámbitos colectivos y comunitarios y de cada persona en lo individual con el fin de precarizarnos para después subyugarnos para sus propios intereses. Esto es particularmente cierto en la guerra contra la subsistencia de los pueblos originarios y las comunidades campesinas —y se ejerce de formas muy concretas; las represiones directas son sólo uno de los pasos".

 

Debemos comprender que la causa de los pueblos originarios es la nuestra como lo es la lucha contra el gatillo fácil y la trata de personas. Es tomar conciencia que la humanidad y la vida dependen de nuestro ir contra las distintas formas de desaparición forzada conque el capitalismo avanza.

 

La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios

28 de julio de 2017

 

Por Darío Aranda (lavaca)

 

Desalojos y represión contra pueblos originarios. Cárcel a sus referentes y militarización de territorios. Leyes que se violan y empresas extractivas que avanzan con complicidad política y judicial. Políticas de Estado contra los pueblos indígenas. Y comunidades que resisten. Cómo es el plan sistemático contra los pueblos originarios.

Agustín Santillán, wichí de Formosa, lleva tres meses preso.

Facundo Jones Huala, mapuche, fue encarcelado en Chubut de forma arbitraria por una causa que ya había sido juzgado, hace pocas semanas.

En San Pedro de Colalao, Tucumán, un megaoperativo policial desalojó a familias diaguitas.

Toda una comunidad mbyá de Misiones fue testigo de la destrucción de sus viviendas, con motosierras e incendio incluido.

En Salta, 26 wichís murieron en 23 días por causas evitables.

 

Éste es el plan sistemático contra los pueblos originarios.

 

Los detenidos

Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, una provincia donde pocas voces se alzan contra el gobernador Gildo Insfrán, gobernador desde 1995. Agustín Santillán es una de esas voces, que reclama los derechos del pueblo wichí.

Santillán fue detenido el 14 de abril: tiene más de veinte causas armadas. Desde hace tres meses está en la cárcel de Las Lomitas. Recibió maltratos, amenazas de muerte y su futuro es complejo. “Son causas armadas. Es un preso político. Quieren aleccionar para que nadie más levante la voz”, resumió Daniel Cabrera, su abogado.

“Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos”, denunció una escrito público firmado por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra (Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otros.

También en la cárcel se encuentra Facundo Jones Huala, lonko (autoridad) del Lof Cushamen, en Chubut. Su comunidad cometió el pecado en 2015 de recuperar tierras en la estancia Leleque, propiedad de la multinacional Benetton, el mayor terrateniente de Argentina con un millón de hectáreas. Sobrevinieron denuncias, juicios, represiones hasta que en 2016 Jones Huala fue enjuiciado por un antiguo pedido de extradición a Chile. El juez confirmó la existencia de tortura a testigos, liberó a Huala y la causa tramitada en la Corte Suprema. El 27 de junio, luego de una reunión entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, el lonko mapuche fue detenido en un retén de Gendarmería por el mismo pedido de extradición, y trasladado a Esquel. “Estoy preso de forma ilegal. No se respeta el debido proceso, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Los jueces están violando el estado de derecho, su propia legislación”, denunció Jones Huala.

 

Desalojados

El 26 de junio la Comunidad Indio Colalao de Tucumán sufrió un violento desalojo de 16 familias. A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 (que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas y por ello frena los desalojos de este tipo), decenas de policías, policía montada e infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comunidad. El operativo estuvo avalado por la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al juez Eudoro Albo.

En San Ignacio, Misiones, el 8 de julio, una patota atacó a la comunidad Tekoa Kokuere’i. Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y luego las incendiaron en presencia de niños y mujeres. “Llaman la atención las frecuentes asociaciones entre la Municipalidad y los propietarios aparentes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar y despojar a las comunidades Mbya de los derechos que tienen como pueblos preexistentes”, denunció el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa). Incluso confirmó que la comunidad cuenta con documentos oficiales que muestran que se trata de territorio ancestral indígena.

 

La ley y la trampa

Ante cada desalojo a campesinos e indígenas suele las comunidades suelen responsabilizar al poder político y al empresario. Pero también interviene un actor de perfil más bajo: el Poder Judicial, el más conservador y vitalicio de los tres poderes del Estado. Y el único que no es elegido por votación de la población.

Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. De la mano de jueces y fiscales, no se cumplen.

“La ley es como un hacha sin filo”, resume un dicho del Pueblo Wichí. Puede ser una herramienta deseada, ideal, pero si no se implementa, no sirve.

El Pueblo Diaguita de Tucumán marchó el 6 de julio a los tribunales de la provincia. Identificó como responsable de sus abusos al Poder Judicial. Recordaron que desde 2009, cuando asesinaron al diaguita Javier Chocobar, esperan un juicio que nunca llega. Y repudiaron a jueces y fiscales que dan luz verde a los desalojos indígenas.

“Nosotros somos un pueblo preexistente y reclamamos lo que es nuestro. Lo que quieren los empresarios es quitarnos nuestras tierras, despojarnos de lo que nos queda. Hoy decimos basta y nos revelamos ante el poder judicial porque esto no puede volver a ocurrir”, denunció desde la marcha la vocera diaguita Ivana Morales, a la Agencia de Prensa Alternativa (APA!).

Fernando Kosovsky, director del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat) y parte de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), presentó la situación Argentina en el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (que sesionó entre el 10 y 14 de julio en Ginebra) y se entrevistó con la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauili Corpuz. Kosovsky entregó documentación que confirma casos de violaciones graves a los derechos de las comunidades, vulneración de los derechos territoriales e incumplimientos sistemáticos de estado argentino en garantizar la seguridad jurídica de los territorios.

Gajat recordó que la Ley 26.160 (que en 2006 instó relevar los territorios indígenas y prohibió nuevos desalojos) vence este año y el Gobierno aún no ha confirmado la prórroga. “Pasados diez años, menos del 30 por ciento de los territorios fueron relevados.

Amnistía Internacional realiza desde hace dos años un mapa de conflictos territoriales (disponible en www.territorioindigena.com.ar). Contabilizan un piso de 250 casos, donde el punto común son empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos. “Existe en Argentina una significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación. No obstante los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, la Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión”, alertó Amnistía Internacional.

 

Matar al indio

Carmen Lobo de Quiroga, abuela campesina de Santiago del Estero, falleció en el marco de un intento de desalojo el 25 de junio, en la localidad de La Florida (sudoeste provincial). Su familia denunció que “murió de angustia” ante la posibilidad de perder su tierra, cuando empresarios quisieron hacerse de la tierra campesina.

Sólo la insistencia del periodista Eduardo Duschatzky posibilitó que la agencia oficial Telam emitiera la noticia. Ningún “gran medio” se hizo eco. La Mesa de Tierras Choya-Guasayán, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, denunció el hecho y alertó que los empresarios están con vía libre de parte del poder político y judicial. También resaltaron el aumento de la conflictividad en los parajes Zorro Huarcuna, Sol de Mayo, San José y Santo Domingo.

La abuela Carmen Lobo de Quiroga se suma a una larga y silenciada lista de asesinatos rurales: Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco), entre otros.

En Santa Victoria Este, región norte de Salta, murieron 26 personas en 23 días, todas por causas evitables y falta de atención básica de salud. Lo denunció la comunidad wichí Cruce Buena Fe Cañaveral, según describió la periodista Laura Álvarez Chamale (en el diario El Tribuno).

“No olvidamos que entre el 16 de diciembre y el 31 de diciembre murieron 16 personas en Santa Victoria Este. Y hasta el 7 de enero murieron 10 más, sumando 26. Esta mortandad es un profundo dolor que quedó en nuestras comunidades”, lamentó el dirigente wichí Pedro Lozano. Y precisó que se trató de cinco adultos y 21 niños, todos menores de 2 años.

Las comunidades indígenas y familias criollas cortaron la ruta provincial 54. Denunciaron a la jefa de enfermería, la falta de insumos básicos y la carencia de agua (con temperaturas de más de 40 grados).

El secretario de Servicios de Salud de Salta, Francisco Marinaro Rodó, reconoció las 26 muertes, pero culpó a los indígenas: Lo que ocurre en verano es que beben agua de los madrejones y eso les provoca diarrea y deshidratación grave. Son los hábitos higiénicos dietéticos de las comunidades wichís, más que ninguna otra etnia, los que generan estas problemáticas (…) Mi gran ambición es que aprendan a lavarse las manos, a hacer hervir el agua, a cocinar y darles a sus hijos agua y comida segura”.

El funcionario no mencionó la falta de agua potable, la falta de trabajo, la pobreza, ni el histórico y permanente despojo de tierras, que acorrala a las comunidades en pequeñas parcelas donde es muy difícil reproducir su vida.

 

Enemigo interno

El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó (en un informe interno de agosto de 2016) a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconoce que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.

Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”, apunta al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.

El 21 de junio, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.

La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.

La unión

Ivana Morales, de la comunidad India Colalao de Tucumán, invitó: “Pedimos a todas las comunidades que nos unamos. Continuamos resistiendo, esto no termina. Llevamos 525 años resistiendo y en el año 2017 continúa esta lucha. Que la Pachamama nos proteja”.

Facundo Jones Huala, desde la cárcel, apuntó a una de las causas de fondo: “Los gobiernos ven un peligro en la organización y levantamiento de los pueblos indígenas. Tenemos formas de vida que se contraponen al sistema capitalista, han mantenido vidas comunitarias, sostenibles, sin intervención del Estado. Los pueblos indígenas son una alternativa para estos modelos de vida modernos e inhumanos. Por eso se ve a los indígenas como un peligro para el capitalismo”.

La Confederación Mapuche de Neuquén está dividida en seis regiones.

Puntualizó los hechos represivos de las últimas semanas, las detenciones arbitrarias de Santillán en Formosa y de Jones Huala en Chubut.

Dice: “Nuestra condena y repudio a los acontecimientos que demuestran que la escalada de violencia. Como organización Mapuche expresamos nuestra condena y repudio al accionar terrorista de este Gobierno, que además de hambrear al pueblo, ha iniciado una cacería sobre todo pueblo indígena que se oponga a su modelo capitalista , extractivista, saqueador, racista y represor”, remarca. El comunicado finaliza: “Por nuestra libre determinación. ¡Marici wew! (Diez veces venceremos)”.

Las tres patas

El audio es de sólo tres minutos. Circuló por WhastsApp y pertenece a Marcos Pastrana, histórico luchador diaguita de Tafí del Valle (Tucumán), uno de los pioneros en enfrentar a Minera Alumbrera en el norte argentino. Con simpleza, Pastrana realiza un análisis pedagógico, profundo y conmovedor de la situación indígena de Argentina. “Una política de Estado tiene tres patas esenciales: voluntad política, decisión administrativa y presupuesto – dice-. Los desalojos contra pueblos indígenas son claramente una política de estado, actual y desde siempre del estado argentino. Porque los desalojos tienen una voluntad política, por eso se hacen. Tiene una decisión administrativa porque ponen todos los medios a disposición para que se ejecuten. Y tiene presupuesto, donde se moviliza todo el aparato necesario”.

Pastrana, que se lo escucha sereno pero también firme, resume: “La política del Estado argentino y del Estado provincial y municipal es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas. Es la triste realidad”.

Enumera las leyes vigentes que no se cumplen, cuestiona a los tres poderes del Estado y llama a organizarse y luchar. Así resume los últimos 200 años de Argentina: “No son políticos, no son gobernantes, ni son funcionarios. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes”.

http://www.lavaca.org/notas/la-otra-campana-como-es-el-plan-contra-los-pueblos-originarios/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229620

 

 

Apreciemos su palabra: “Somos lo que el genocidio del Estado dejó. Nuestras memorias nos cuentan cómo sobrevivimos y por qué aún estamos vivos. Entonces, porque esto ya nos pasó, hoy estamos con la familia de Santiago, los acompañamos y nos solidarizamos con ellos”.

 

 

 

PERIODISTA INVITADO

¡Marichi weu! El Pueblo Mapuche de pie frente al Gobierno

25 de agosto de 2017

Por Darío Aranda 

Cientos de comunidades mapuches de tres provincias repudiaron el accionar represivo del Gobierno y exigieron la aparición con vida de Santiago Maldonado. El genocidio de los pueblos indígenas y la disputa actual por los territorios.

“Puelmapu” es el nombre que el pueblo mapuche le da a su territorio, al este de la Cordillera de los Andes, desde antes de la conformación de los Estados de Argentina y Chile. En tan amplio espacio no existe una sola organización que reúna a las cientos de comunidades mapuches, que tienen las más diversas posturas políticas, ideológicas y formas de construcción organizativa.

Ante tanta diversidad, sólo el macrismo pudo unir a todas las comunidades en el unánime rechazo a la política represiva y “racista” del Gobierno nacional, personificado en la ministra Patricia Bullrich. Organizaciones de Chubut, Río Negro y Neuquén repudiaron la violencia contra las comunidades, pidieron la renuncia de Bullrich y exigieron la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Antecedentes

Agosto de 2016. Un informe interno del Ministerio de Seguridad acusa a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabiliza de hechos delictivos (sin aportar pruebas). “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”, es el nombre del documento oficial, publicado por Horacio Verbitsky Página/12. Reconoce que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales y replica el discurso de las empresas petroleras al definir como “usurpación” a las acciones de resistencia de las comunidades de Neuquén en zona de Vaca Muerta.

En noviembre pasado, un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) -entre otras entidades- emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”, apuntó al Gobierno nacional: “El Ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.

En enero se sucedieron tres represiones en dos días sobre el Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, con una ferocidad que no se veía hacía tiempo, por parte de Policía provincial y Gendarmería nacional. Decenas de detenidos y heridos de bala llegaron a la prensa nacional. Fue una cacería de mapuches.

El 21 de junio, un centenar de efectivos de Gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta-Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera, resistida por los mapuches.

Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena. La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.

El 22 de julio, una semana antes de la desaparición de Santiago Maldonado, once comunidades mapuches se reunieron en la localidad rionegrina de Aguada Cecilio. Declararon el estado de alerta y movilización por la emergencia territorial, denunciaron un proyecto de nuevos códigos de tierras (impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck) que “abre las puertas a las empresas extractivistas” y repudiaron la “estigmatización de violento que recae sobre Facundo Jones Huala y su comunidad, expresada por el gobernador de Río Negro en los medios públicos, que conlleva a la criminalización de la lucha de los líderes mapuches y referentes sociales”. Llamaron a organizarse para una gran marcha mapuche, con el lema “petu mongueleiñ” (Estamos vivos).

 

Oficial

El 1° de agosto la Gendarmería nacional reprimió un corte parcial en la ruta 40, realizado por la comunidad Lof en Resistencia de Cushamen. Los efectivos ingresaron sin orden judicial a la comunidad, amenazaron a mujeres y niños, incendiaron pertenencias y las humildes viviendas y persiguieron a los hombres hasta el riacho que cruza el campo. Fue la última vez que vieron a Santiago Maldonado.

El 11 de agosto, diez días después de la desaparición de Santiago Maldonado, el presidente Mauricio Macri se refirió a la desaparición: “Estamos trabajando a destajo para tratar de ver qué es lo que pasó”. Y apuntó a los mapuches: “Se declara con lineamientos bastante poco democráticos y bastante violentos”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue más allá: “Nuestra decisión es total y absoluta de no permitir que en la Argentina se asiente un grupo que utilice la violencia como forma de acción y quiera imponer una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina”.

 

“Desprecio racial e ignorancia”

La Confederación Mapuche de Neuquén se organiza en seis regiones (llamada “zonales”), con más de sesenta comunidades. La Zonal Xawvn Ko (encuentro de aguas) fue de las primeras en responder: “Patricia Bullrich, en sus declaraciones cargadas de desprecio racial e ignorancia, construye una verdadera ensalada de conceptos errados. Desconoce conceptos básicos de estados modernos y evolucionados que se asumen como estados plurinacionales. Nuestra condición de nación mapuche está basada en la preexistencia milenaria que reconoce la propia Constitución Argentina”.

“Negar esta realidad es propia de los Estados autoritarios y colonialistas que desconocen la diversidad”, señaló la organización mapuche. Ejemplificaron con Canadá y Bolivia, ambos Estados plurinacionales. “No depende del permiso de una funcionaria. Está relacionado a una existencia de miles de años, ante un estado moderno de sólo dos siglos de existencia”, afirmó. Y explicó que la plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni excluyente sino, por el contrario, una herramienta para la unidad en la diversidad.

 

“Si los mapuche no asumiéramos nuestra nacionalidad, seríamos un pueblo sin historia y peor aún, seríamos un pueblo sin futuro”, afirmó la zonal mapuche de Neuquén.

Patricia Bullrich tampoco tuvo presente la vigencia el derecho a la autodeterminación indígena, consagrado en la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Renuncia

Comunidades mapuches de Neuquén y de Río Negro se autoconvocaron en Junín de los Andes el 10 de agosto. Emitieron un largo documento, con cinco puntos principales:

-Exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.

-Repudiar el accionar de Gendarmería nacional “utilizada como fuerza de represión contra el pueblo”.

-Condenar “la manera artera como el poder mediático empresarial crea estigma, rótulos, prejuicios y promueve el odio racial contra el pueblo nación mapuche”.

-Exigir la renuncia de la ministra Bullrich porque “desde que asumió ha promovido la violencia como método para resolver la demanda social y el ejercicio de derecho”.

-Denunciar y responsabilizar al presidente Macri sobre las “consecuencias graves que generará esta persecución al pueblo mapuche sin medir que estamos ante posibles actos irreparables de pérdida de vidas humanas”.

Firmaron el documento las autoridades de las zonales Xawvnko, Wijice, Pewence y Lafkence de la Confederación Mapuche de Neuquén y las autoridades de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Chewelche en Río Negro y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci).

Anunciaron que en breve se expedirán de forma crítica sobre el accionar del grupo “Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”, en particular sobre “las metodologías y objetivos del RAM, que no compartimos como organizaciones mapuche de la región”. Sin embargo, aclararon que lo prioritario es volcar todas las energías y atención a la desaparición de Santiago Maldonado y denunciar la “violencia racial desatada por el Estado”.

“Un desaparecido por la fuerza pública es de una gravedad inusitada y algo que creíamos que nunca más iba a ocurrir en el país. Sólo el odio racial desatado contra los mapuche ha hecho posible semejante aberración contra la condición humana”, finalizó el posicionamiento.

 

Chubut

“Somos lo que el genocidio del Estado dejó. Nuestras memorias nos cuentan cómo sobrevivimos y por qué aún estamos vivos. Entonces, porque esto ya nos pasó, hoy estamos con la familia de Santiago, los acompañamos y nos solidarizamos con ellos”, afirmaron ocho comunidades mapuche-tehuelche de Chubut que se congregaron el 11 de agosto para analizar y expedirse sobre la situación local.

Los dos primeros puntos de su posicionamiento público fueron en línea con las comunidades de Neuquén y Río Negro: “Nos solidarizamos con los familiares de Santiago Maldonado, desaparecido en un contexto de represión a una comunidad mapuche, y exigimos su aparición con vida (...) Repudiamos enérgicamente el accionar represivo del Estado en sus distintas instancias, una vez más, en contra del pueblo mapuche, la criminalización de la protesta social y el nulo valor que la vida tiene para el Gobierno”.

Firmado por las comunidades Vuelta del Río (Cushamen), Santa Rosa Leleke (Cushamen), Lof Cayun (Lago Puelo), Lof Cañio (Buenos Aires Chico), Lof Ñiripil (Buenos Aires Chico), Ñamkulawen Lof (Comodoro Rivadavia), Newen Mulfuñ (Pico Truncado), Calfu Nao (Trelew), recordaron que el pueblo mapuche-tehuelche sufre desde hace generaciones “engaños, manipulación, hostigamientos por parte del estado -y sectores privados- y las persecuciones, que forman parte de la historia de vida (indígena)”.

Y enmarcaron la desaparición de Santiago Maldonado y la represión actual en un contexto histórico: “La falta de comprensión de que existe una deuda histórica del Estado con los Pueblos Originarios que se debe reparar con diálogo, igualdad, respeto y autocrítica por parte del Estado, y no con violencia, represión, provocaciones y discriminación (...) También está presente la incapacidad y falta de voluntad que han demostrado amplios sectores de la sociedad para revisar nuestra propia historia colectiva y prefieren, en cambio, quedarse en el agravio y la descalificación”.

Las ocho comunidades mapuche-tehuleche explicaron que la actual conflictividad “es una prueba más del fracaso con el modo en que las autoridades vienen abordando la realidad que plantean las comunidades indígenas, también es el resultado de la falta histórica de políticas de acceso a la tierra y al territorio, la falta de diálogo por parte de las autoridades municipales, provinciales y nacionales”.

También cuestionaron duramente al accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) y de la Dirección de Asuntos Indígenas de la provincia de Chubut que no respetan los derechos vigentes en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. “Siempre estuvimos, estamos y estaremos en nuestro territorio y defenderemos una vida digna en ellos”, finalizaron las comunidades mapuche-tehuelche.

Recuperaciones y futuro

El Consejo Asesor Indígena (CAI) es una organización histórica del pueblo mapuche de Río Negro, con más de treinta años de existencia. Uno de sus ejes centrales la recuperación de los territorios usurpados a las comunidades, y que hoy están en manos de grandes empresas o el Estado.

“Llevamos recuperadas y consolidadas más de 200.000 hectáreas en lo que hoy es la provincia de Río Negro. Hemos sufrido incendios, persecuciones judiciales y policiales, amenazas de muerte, acosos, allanamientos e intentos de desalojo. Pero siempre hemos mantenido los reclamos y la firmeza en nuestra lucha”, resumieron.

El CAI explicó que siempre buscaron diálogo con el conjunto de la sociedad, con el objetivo de avanzar hacia “el espacio negado que tenemos como pueblo”. Pero advirtió que “se hace evidente que la política represiva del Estado se intensifica y se intensificará en los tiempos que siguen. No queremos que la actitud del Estado y la sociedad frente a nosotros sea de represión, discriminación y racismo”.

El CAI, al igual que todos los posicionamientos indígenas se expidieron el último mes, cuestionó al gobierno de Mauricio Macri, exigió que se cumplan sus derechos y reclamó la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Todos los comunidades del pueblo mapuche finalizan de la misma manera, y quizá explica por qué alteran tanto al poder de turno: ¡Marichi weu! ¡Marichi weu! ¡Marichi weu! (grito de lucha y esperanza que significa “diez veces venceremos”).

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Marichi-weu-El-Pueblo-Mapuche-de-pie-frente-al-Gobierno

 

 

Advirtamos que desde Venezuela bajo gestión progresista nos dicen: "Vemos con mucha preocupación este artículo por sus implicaciones, que van más allá de lo teórico, en la medida en la que plantea una serie de sospechas sobre los pueblos indígenas del país y el sentido de la lucha por sus derechos y territorios, asomando subrepticiamente una eventual criminalización de los mismos. Este planteamiento se produce en un contexto de políticas progresivas de flexibilización económica, relanzamiento e impulso de numerosos proyectos extractivistas, crecientes presiones del capital transnacional y cambios constitucionales en puerta".

 

 

 

Venezuela: ¿Revertir los logros constitucionales de los pueblos indígenas?

Constituyente y re-colonización indígena: una respuesta a Luis Britto García

10 de agosto de 2017

 

Por Emiliano Teran Mantovani* y Francisco Javier Velasco Páez**

Hace algunos días, el reconocido intelectual venezolano Luis Britto García publicó el artículo ‘Constituciòn y Unidad Nacional’ (23 de julio, ver aquí) en el cual ofrecía su visión sobre la cuestión indígena en Venezuela, y su relación con el Estado, el territorio y los llamados “recursos naturales”. Vemos con mucha preocupación este artículo por sus implicaciones, que van más allá de lo teórico, en la medida en la que plantea una serie de sospechas sobre los pueblos indígenas del país y el sentido de la lucha por sus derechos y territorios, asomando subrepticiamente una eventual criminalización de los mismos. Este planteamiento se produce en un contexto de políticas progresivas de flexibilización económica, relanzamiento e impulso de numerosos proyectos extractivistas, crecientes presiones del capital transnacional y cambios constitucionales en puerta.

En el texto, Britto García plantea que existe una estrecha identidad entre las reivindicaciones de los pueblos originarios en toda América Latina, y diversos organismos de asistencia e intervención estadounidense (como el Indian Law Resource Center), que en teoría persiguen consolidar la autonomía de estos pueblos sobre sus territorios. A lo largo del artículo, el autor presenta casos en los que señala que las estrategias de movimientos indígenas latinoamericanos son tuteladas y dirigidas desde Washington, como sería el caso de los misquitos en Nicaragua, los mayas de Belice, los yanomami en la Amazonía y grupos similares en Ecuador. Su conclusión apunta a una generalización en la cual indica que “gran parte” de estos movimientos en toda la región estarían entonces bajo el paraguas de los financiamientos de los EEUU, siendo instrumentos pasivos para favorecer al imperialismo con el objetivo de afectar la soberanía y unidad de los Estados Nacionales y apropiarse de los recursos naturales de nuestros países.

Inspirado en esta sospecha, Luis Britto cuestiona la categorización de “pueblo” que la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV) le asigna a los indígenas debido a que supuestamente en los artículos 119 al 126, se le otorgarían a éstos derechos distintos y superiores respecto al resto de la población venezolana y se sentarían las bases para constituir numerosos Estados distintos del venezolano. En este sentido, el autor propone bajar de rango valorativo a los pueblos originarios, denominándolos ahora sólo como 'comunidades', al tiempo que sugiere se deje de usar el concepto de 'tierras' para hablar sólo de 'habitats'. Queda también claramente cuestionado para Britto el hecho que el Estado tenga que realizar consultas previas e informadas a los indígenas para poder ejecutar el aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación.

 

A nuestro juicio estos planteamientos están descontextualizados y son tendenciosos y miopes. 

 

 En primer lugar, es falso que el reconocimiento de la existencia de diversos pueblos (en plural) en la Nación venezolana, dé cabida a supuestos derechos “superiores” de los indígenas y allane el camino a la posibilidad jurídica de afectación de la integridad territorial, debido a que la CRBV es bastante clara en su Artículo 126:

 

“Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional” (subrayado nuestro).

 

Si se revisa el conjunto de artículos del Capítulo VIII 'De los derechos de los pueblos indígenas', y se hace además hincapié en la explicita delimitación y aclaración que plantea el artículo 126, no queda claro en qué medida éstos supuestamente amenazarían la unidad de la nación.

 

En segundo lugar, los reclamos a una supuesta amenaza indígena tienen cierto toque de cinismo en la medida en la que, en la realidad concreta, estos derechos consagrados han sido sistemáticamente violados y son realmente escasas las conquistas que se han obtenido hasta la fecha. Más aún, no pocos problemas y conflictos se han suscitado en lo que concierne a la demarcación de tierras comunales, la consolidación de asentamientos y la ausencia de consultas previas. Luchas como la de los yukpas, liderada por Sabino Romero al precio de su vida; los actuales reclamos de diferentes pueblos indígenas de los estados Bolívar y Amazonas por la carencia de consultas para la realización del proyecto del Arco Minero del Orinoco, y por la urgencia de políticas efectivas contra el flagelo de la minería ilegal, son algunos ejemplos de los desmanes cometidos en contra de los derechos de los pobladores originarios venezolanos. De nada sirve preocuparse por “la actitud del gobierno estadounidense hacia los indígenas en su propio territorio”, si se escribe un artículo haciendo completo mutis en lo que respecta al drama de nuestros propios indígenas.

Así que, en vez de inquietarse por lo que establecen unos artículos que no se han cumplido, el profesor Britto García debería denunciar el incumplimiento de los mismos, debería investigar cuáles son las presiones que han obstaculizado su respeto fiel, para terminar perpetuando la situación de injusticia social y ambiental que secularmente ha afectado a los pobladores originarios.

En tercer lugar, Britto García apela a ejemplos foráneos para justificar el argumento de la potencial ‘amenaza independentista’ de los pueblos indígenas, cuando es importante dejar en claro que no hay indicio de movimiento separatista alguno en Venezuela que haya sido generado o que esté en gestación, teniendo a los indígenas como base social.

 

La contracara del problema planteado por Britto, que no es reflejada en su artículo, es el marco histórico de expoliación y exclusión permanentes que, a lo largo de varios siglos, han sufrido los pueblos originarios latinoamericanos y venezolanos. Es en esta perspectiva histórica que hay que entender las tensiones que generan en nuestros días los problemas de tierra y territorio que corresponden en justicia a cada uno de esos pueblos y comunidades, y que pueden ser precisamente la causa de un deseo de separación, tal y como ocurrió con los misquitos en la Nicaragua sandinista de los años 80, caso citado por el autor como ejemplo de sedición.

 

Cabe recordar que la cúpula sandinista, comenzando por el propio comandante Tomás Borge, admitió haber cometido lo que califican de graves errores al ignorar y considerar peyorativamente la cultura, las formas organizativas y socio-productivas propias de los misquitos y los afrodescendientes de la costa atlántica nicaragüense, lo que, conjuntamente con la represión desatada en su contra, propició la captación de un reducido sector de este pueblo por factores somocistas y contrarrevolucionarios. No obstante, es necesario señalar que, luego de llevar a cabo una autocrítica y con el concurso de expertos, se produjo una rectificación por parte de las autoridades sandinistas quienes reconocieron las molestias causadas a esa población y aceptaron la solución honrosa de la “Autonomía de la Costa Atlántica”.

 

Convertir a los pueblos indígenas en chivos expiatorios de las maniobras separatistas de grupos dominantes blancos y mestizos, que buscan imponer su perspectiva de clase y sus intereses para apropiarse de determinados recursos, es sumamente injusto y desvía la atención de las verdaderas causas que generan estos procesos.

 

En cuarto lugar, el reconocimiento de los indígenas como 'pueblos' es en cambio un logro histórico obtenido a partir de sus luchas y movilizaciones, consagrando el hecho de que, antes que ‘extranjeros’ o ‘marginales’, son los pobladores ancestrales de los territorios de nuestra actual República, y merecen el resarcimiento ante la discriminación y el despojo histórico del desarrollo capitalista/colonialista.

 

La propuesta de Britto García de eliminar constitucionalmente su condición de pueblos, reproduce el patrón colonial que ha intentado, racismo por medio, homogeneizar a los pueblos diversos, a las diversidades culturales que los constituyen, subsumiéndolos en la identidad nacional monocultural y generando permanentes procesos de etnocidio.

 

En su artículo, Britto confunde pueblo con Estado. En este sentido es necesario subrayar que el reconocimiento de los pueblos indígenas no tiene porqué apuntar a la conformación de nuevos Estados. El autor incluso parece obviar el importante debate sobre plurinacionalidad que, reconociendo la existencia de múltiples pueblos dentro de un mismo estado o constitución, nutrió los pilares ideológicos del ciclo progresista latinoamericano, del proyecto del Socialismo del Siglo XXI (también pensado como indoamericano) y de la idea del Buen Vivir.

 

En el territorio de Venezuela no hay pueblos que no formen parte de la venezolanidad, que es una y múltiple. Lejos de atentar contra la identidad nacional, el reconocimiento de los derechos culturales y materiales de los pueblos indígenas (que nunca deberían ser disminuidos sino mas bien aumentados) constituyen un componente fundamental para el enriquecimiento significativo y permanente de nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural. Britto García debería entonces sumarse al coro de voces que exige la consulta a todos los pueblos y comunidades que hacen vida en nuestro país cuando se trata de proyectos y megaproyectos negociados con grandes transnacionales que involucran recursos y elementos estratégicos relativos a la cesión de soberanía, la destrucción masiva de fuentes de agua, biodiversidad y suelos.

 

Los verdaderos riesgos de pérdida de soberanía y fragmentación del territorio nacional se asocian hoy en día a las políticas y proyectos extractivistas (como por ejemplo ocurre con el Arco Minero del Orinoco), que se insertan en la lógica y las prescripciones del proyecto regional COSIPLAN-IIIRSA. Como sabemos, dicho proyecto tiene como propósito la integración de los diversos territorios de América del Sur, con miras a facilitar el flujo de los ‘recursos naturales’ expoliados por el gran capital y el reforzamiento de la inserción subordinada de nuestros países en la globalización neoliberal.

 

En quinto lugar, con relación al asunto del poder político, Britto invoca a la razón de Estado. En este sentido, conviene recordar que los imperios coloniales y los Estados republicanos post-independencia surgieron en el marco de un antagonismo étnico territorial contra los pueblos y comunidades indígenas, contra sus matrices de vida y sus modos de convivencia. La reducción de la presencia indígena a un asunto geopolítico y de seguridad de Estado, tal y como lo hace Luis Britto, nos retrotrae a ese antagonismo anclado en el eurocentrismo.

 

La reivindicación cerrada de “la soberana potestad del Estado de explotar los recursos naturales, sobre todo los del subsuelo, en la totalidad del territorio nacional”, orienta el argumento político-intelectual del autor hacia el interés y la gestión que realizan las élites administradoras del extractivismo y de la renta en el país, actores que, en coalición con el capital transnacional (sea estadounidense, chino, ruso, europeo, etc.) son los que a fin de cuentas deciden qué, cuánto, cuándo y dónde se extraen los apetecidos “recursos naturales” para el mercado mundial.

 

La postura de Britto implica pues, un posicionamiento preferencial ante ese antagonismo étnico territorial que se desarrolla contra los pueblos y comunidades indígenas durante estos procesos de expansión de la apropiación de la naturaleza. De ahí que desestime y desvalorice claramente la consulta previa a los indígenas. Y ante la supremacía de esta potestad estatal, no son sólo los pueblos originarios quienes se ven desarmados, sino también cualquier experiencia territorial (tales como experiencias comunales, productivas y comunitarias) que se pudieran oponer a cualquiera de estos proyectos, a pesar de que en la CRBV estén contempladas las consultas populares y abiertas (arts. 70 y 299).

 

En nombre del “pueblo” y el “desarrollo” de la Nación se ha justificado históricamente y en abstracto esta soberana potestad del Estado de explotar los recursos naturales, clausurando además las posibilidades de otras gestiones del territorio y de alternativas económicas. Ya son harto conocidos los resultados que han dejado estos modelos de desarrollo en América Latina (pobreza, exclusión, destrucción ambiental y dependencia). Dichos resultados han motivado históricamente la crítica y las reivindicaciones políticas de diversas expresiones de la izquierda en la región, incluso en el marco de la reciente experiencia de los progresismos. En este período político de los últimos lustros, aunque se produjo una más justa distribución de las rentas, se agudizó notablemente la agresión a los pueblos indígenas, a los territorios y los ecosistemas, profundizando la dependencia de nuestros países al modelo primario exportador y haciéndonos finalmente más vulnerables en el plano internacional ante los efectos de la actual crisis económica.

 

En sexto y último lugar, es preciso reconocer que, renunciando a cualquier pretensión de idealizar a los pueblos indígenas, éstos no sólo constituyen una parte esencial de la venezolanidad, sino que también encarnan modos de vida y saberes de los cuales podríamos aprender para construir alternativas al modelo capitalista rentista y al propio modelo civilizatorio. A pesar de las numerosas agresiones culturales y físicas a las que son sometidos aún en la actualidad, los pueblos indígenas venezolanos son los principales defensores de las aguas y la biodiversidad del país, notablemente amenazadas por las lógicas depredadoras del desarrollismo y las prácticas de apropiación informal sumamente dañinas. En este orden de ideas, antes que amenazas y potenciales conspiradores, nuestros pueblos originarios constituyen un factor fundamental que puede contribuir medularmente para salir de la crisis profunda que vive la sociedad venezolana en la actualidad. Es por ello que reivindicamos la consigna ‘Sabino marca el camino’.

 

A nuestro juicio, el artículo de Luis Britto García no cae en saco roto. Cada texto tiene su contexto y se incorpora a campos en disputa sobre sujetos, saberes, territorios, valoraciones, derechos y dignidades. Múltiples prejuicios y apetencias subyacen detrás de la negación de los derechos de los pueblos indígenas. Intereses de transnacionales mineras, petroleras, madereras, entre otras; a los que se suman en su acción etnocida y ecocida mineros artesanales –por lo general ilegales–; las élites burocráticas de los Estados que formalizan y legitiman esta lógica de despojo, extracción y saqueo; todo ello con el concurso de los aparatos argumentales de intelectuales orgánicos que apuntalan estos procesos.

 

El texto de Britto García parece útil para terminar de neutralizar el ya frágil y carcomido derecho indígena, lo que generaría un desplazamiento jurídico para finalmente allanar el camino de impulso a la mega-minería en el Arco Minero del Orinoco y otra serie de proyectos, ahora de la mano de una mayor participación e incidencia de las compañías transnacionales, como se evidencia en el nuevo esquema de negocios propuesto por el Gobierno nacional. Visto así, el artículo contribuye sobre todo a eso que el intelectual mexicano Pablo González Casanova denominó hace ya un tiempo “colonialismo interno”.

 

Para finalizar, preocupa la clara advertencia que hace Britto García a quienes puedan oponerse a la tesis por él planteada: quien no esté de acuerdo con este planteamiento es un secesionista, por lo que “todo el que quiera dividirnos es nuestro enemigo”.

Caracas, agosto de 2017

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador en ciencias sociales y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y es promotor del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

**Francisco Javier Velasco Páez es antropólogo de la UCV y ecólogo social, con especialización en Ecodesarrollo de la Universidad de Montreal, master en Planificación Urbana y Regional mención Ambiente en la Universidad Mc Gill y doctor en Estudios del Desarrollo del Cendes. Profesor e investigador. Miembro de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco. Leer

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Complejicemos la lectura binaria de una realidad social porque nos polariza, a los de abajo, conforme a bandos que creemos opuestos pero son utilizados para asegurar la alternancia en el sistema. También ese falso antagonismo nos fanatiza impidiendo situarnos en los desafíos a asumir. 

 

Hoy en Nuestra América, el capitalismo mundializado batalla para consolidar y expandir su acaparamiento económico territorial que es neocolonialismo para nosotros, los diversos de abajo. Expropia ante todo a los pueblos originarios aprovechando nuestro racismo y la confianza en los gobiernos progresistas e izquierdas afines. Repitamos lo señalado por Emiliano Teran Mantovani y Francisco Javier Velasco Páez: "Múltiples prejuicios y apetencias subyacen detrás de la negación de los derechos de los pueblos indígenas. Intereses de transnacionales mineras, petroleras, madereras, entre otras; a los que se suman en su acción etnocida y ecocida mineros artesanales –por lo general ilegales–; las élites burocráticas de los Estados que formalizan y legitiman esta lógica de despojo, extracción y saqueo; todo ello con el concurso de los aparatos argumentales de intelectuales orgánicos que apuntalan estos procesos.

 

El texto de Britto García parece útil para terminar de neutralizar el ya frágil y carcomido derecho indígena, lo que generaría un desplazamiento jurídico para finalmente allanar el camino de impulso a la mega-minería en el Arco Minero del Orinoco y otra serie de proyectos, ahora de la mano de una mayor participación e incidencia de las compañías transnacionales, como se evidencia en el nuevo esquema de negocios propuesto por el Gobierno nacional. Visto así, el artículo contribuye sobre todo a eso que el intelectual mexicano Pablo González Casanova denominó hace ya un tiempo “colonialismo interno”.

 

Para finalizar, preocupa la clara advertencia que hace Britto García a quienes puedan oponerse a la tesis por él planteada: quien no esté de acuerdo con este planteamiento es un secesionista, por lo que “todo el que quiera dividirnos es nuestro enemigo”.

 de una gesta patriótica. Sino también, ante las graves consecuencias del modelo extractivo, instala "una visión fragmentada de los problemas en que se ocultan las causas profundas de los mismos para analizarlos o mostrarlos, muchas veces de manera sensacionalista, pero siempre aislados y producidos casi como 'fenómenos naturales'".Leer

 

Pueblos originarios: De víctimas a victimarios

4 de septiembre de 2017

Pareciera que la Campaña del Desierto continúa con otros rostros y otra época, pero con los mismos objetivos; las crías del General Roca continúan, marginando, persiguiendo, matando y robando los territorios a los pueblos indígenas. 

 

Por Adolfo Pérez Esquivel.

 

El gobierno viola el derecho de los pueblos: el Art. 75 de la Constitución Nacional, el Convenio con la OIT, 169- sobre los Pueblos originarios y la Declaración Universal del Derecho de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, con total impunidad

Los pueblos originarios soportan desde hace décadas la violencia social y estructural y tanto del gobierno actual como los que le precedieron, en lugar de buscar soluciones y respetar sus derechos, responde con la represión cuando reclaman y resisten los atropellos que los expulsen de sus tierras, dejándolos en la indigencia; las acusaciones de ejercer la violencia y vincularlos con grupos terroristas, aliados con los Kurdos y grupos guerrilleros; la campaña de descrédito y mentiras cuenta con la complicidad de grandes medios de comunicación, aliados del gobierno, de jueces cómplices, de funcionarios nacionales y provinciales que favorecen a grandes terratenientes, como Benetton, Lewis y Turner.

Cuando los Mapuches reaccionan reclamando sus derechos, la respuesta del Estado es la represión y no el diálogo

Facundo Jones Huala, Lonco mapuche, el año pasado fue juzgado en la ciudad de Esquel y liberado por el juez Federal Otranto; lo preocupante del juicio fue que, el tribunal se constituyó en el cuartel de la Gendarmería Nacional.

Después de la visita del presidente Macri a Chile y su encuentro con la presidenta chilena Bachelet, a su regreso ordenó detener nuevamente a Facundo Huala, a pedido de la presidenta de Chile que pide su extradición.

Por lo tanto, el Lonco Huala será nuevamente juzgado por la misma causa que fuera absuelto y tratan su extradición a Chile; situación que viola el derecho de la persona, porque nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.

Un joven artesano, Santiago Maldonado, quien fuera a apoyar los reclamos de los mapuches y reclamar la libertad de Facundo Jones Huala, se encontraba en el lugar cuando la comunidad fue violentamente reprimida por fuerzas de la Gendarmería Nacional. Algunos testigos señalan que Maldonado fue apaleado por los gendarmes y lo subieron a una camioneta. A partir de ese momento nadie sabe dónde se encuentra, las autoridades niegan la responsabilidad de la gendarmería por su desaparición.

El pueblo, las organizaciones sociales y de derechos humanos reclaman su aparición con vida -Vivo lo llevaron y vivo lo queremos-, se levantaron voces multitudinarias en la concentración en Plaza de Mayo, con la presencia de los hermanos de Santiago y familiares.

Los grandes medios de comunicación aliados del gobierno buscan culpar a los mapuches y guardan silencio sobre el terrateniente Benetton que les va quitando las tierras a las comunidades mapuches. El gobierno oculta el negociado de quienes le vendieron las tierras fiscales a Benetton que pertenecen al pueblo mapuche.

Se viene realizando manifestaciones públicas, en el país y en el exterior, reclamando la aparición con vida de Santiago. La Comisión Provincial por la Memoria se presenta como querellante en la causa por la desaparición forzada. Viajamos un grupo de la CPM a 25 de Mayo, Provincia de Bs. As. para acompañar a los padres de Santiago. El Comité de las Naciones Unidas por la Desaparición forzada de personas está reclamando la información sobre el joven desparecido.

A un mes de la desaparición de Santiago, la situación es angustiante y cada vez más lejana una solución. El gobierno continúa negando su responsabilidad y busca justificar lo injustificable, como provocar la violencia después de la concentración en Plaza de Mayo y ocultar el accionar de la Gendarmería y desaparición del joven artesano

Estamos frente a un grave retroceso en políticas de derechos humanos por parte del gobierno y hay una fuerte resistencia social y reclamo del pueblo por la aparición con vida de Santiago Maldonado y para que la desaparición forzada de personas no quede en la impunidad. Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article14923

 

 

 

Hemos descubierto que gobiernos progresistas e izquierdas afines se posicionan contra los pueblos originarios pero también percatémonos sobre cómo el Pueblo Nación Mapuche es el enemigo interno para los Estados de Chile y Argentina. Los dos le hacen la guerra por su voluntad de "recuperación del territorio, que es la demanda histórica más sentida, y la posibilidad de reconstruir el mundo mapuche sobre la base de la autonomía y la libertad”.

 

 

 

Habla vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul

Territorio y autonomía: demandas del pueblo mapuche

1 de agosto de 2017

 

Por Punto Final (Rebelión)

 

El trabajador social Héctor Llaitul Carrillanca (50 años, cinco hijos), vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), habla para Punto Final sobre los objetivos autonomistas y anticapitalistas de su organización. Reivindica las acciones directas contra las forestales que desde hace veinte años se llevan a cabo en La Araucanía (Wallmapu   para el pueblo mapuche) y critica en duros términos el plan de desarrollo para la Región anunciado por la presidenta de la República y que el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza Gómez, comunista, calificó en una columna de opinión en El Mercurio (5 de julio) como “una de las propuestas más sólidas e integrales presentadas en esta materia durante nuestra historia republicana”.

Pedimos a Héctor Llaitul que hiciera un diagnóstico de la situación en el Wallmapu y ésta fue su respuesta:

“Efectivamente hay una agudización del conflicto. Esto lo producen las medidas que implementa el Estado chileno para enfrentar las demandas -sobre todo las demandas políticas y territoriales- de nuestro pueblo. Eso ha creado una situación en que el conflicto no tiene solución en el corto o mediano plazo. El Estado chileno ha puesto en práctica una suerte de ‘guerra de baja intensidad’ contra los movimientos de resistencia mapuche para salvaguardar los intereses del gran empresariado de la región. Esto se grafica en la militarización de la zona de conflicto entre las comunidades mapuches y los procesos de inversión capitalista que arremeten contra nuestro pueblo. La reivindicación territorial y autonómica choca directamente con los intereses de los grupos económicos de la industria forestal y energética, lo que ha producido una mayor radicalidad en la confrontación.

La creciente militarización del Wallmapu se observa sobre todo en los patrullajes de carros blindados de las Fuerzas Especiales de Carabineros, en la cantidad de personal destinado a la Región que cumple diversas tareas. Son unos tres mil efectivos apostados en el Wallmapu histórico. Están allí para custodiar los intereses de las forestales y de los proyectos energéticos. Otros carabineros cumplen misiones de protección en puntos de riesgo. En resumen, numeroso personal equipado para un combate, batallones de policía militarizada con campamentos, vehículos de transporte mayor como helicópteros y avionetas, equipos de vigilancia sofisticados que incluyen drones, globos aerostáticos, sistemas de alta tecnología mediante cámaras de vigilancia en la ruta 5, principal arteria que cruza el Wallmapu. Algunas con capacidad geotérmica de visibilidad nocturna. Todo esto ha significado un gasto muy cuantioso. Sólo las cámaras de vigilancia con infrarrojo significaron una inversión de más de cinco mil millones de pesos.

A eso hay que sumar la permanente criminalización del pueblo mapuche. Detenciones arbitrarias, allanamientos, prisión política -hay más de cuarenta presos o procesados políticos-, etc.

También está la aplicación de la Ley Antiterrorista y de la Ley de Seguridad Interior del Estado en procesos viciados por la utilización de mecanismos de esas leyes, como los ‘testigos protegidos’. Hay que agregar las operaciones de inteligencia policial y política con montajes que pretenden sacar de circulación a dirigentes y militantes. Todo esto no es nuevo para nosotros, también se hacía en dictadura.

Existe una potente campaña mediática que tiene dos objetivos principales: reproducir en el imaginario colectivo la imagen del mapuche ‘terrorista’. Cada vez que los mapuches defendemos nuestros derechos, la prensa nos cataloga de delincuentes o terroristas. Aquello establece una condena previa contra los militantes de la causa mapuche. Esa campaña tiene un alto componente de racismo y no solo proviene de la derecha sino también de los gobiernos de turno. Un racismo que ha existido históricamente y que ha permitido construir un discurso que es parte de la ideología del poder. Los mapuches éramos considerados -en el pasado- sanguinarios, primitivos y salvajes; después nos caracterizaron como flojos, borrachos, etc. Son prejuicios que reproducen los medios de comunicación a la hora de situar al pueblo mapuche como actor en este conflicto.

La derecha económica y política ha ganado posiciones para crear la imagen de que las víctimas de la violencia son ellos y no los mapuches. A tal punto que una de las medidas anunciadas por la presidenta Bachelet apunta en la dirección de reparar a las víctimas de la violencia rural que serían los agricultores, colonos y empresas que han sentido los efectos de la resistencia mapuche. Se les presenta como las únicas víctimas, no a los mapuches que hemos sido las víctimas históricas del conflicto desde que el Estado y el sistema capitalista se impusieron a sangre y fuego en nuestros territorios. Este es, en síntesis, el escenario actual de la confrontación”.

 ATAQUES INCENDIARIOS A EMPRESAS FORESTALES

¿Qué actitud tiene la CAM sobre los ataques incendiarios a camiones y maquinaria de las forestales?

Para analizar esos hechos hay que referirse a la violencia en la agudización del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. No es resultado sólo de los grados alcanzados por la resistencia mapuche. Desde luego, se trata de una confrontación en que ambas partes tienen responsabilidades. De parte del Estado ha habido una violencia permanente, estructural, económica y cultural mediante la usurpación de los territorios mapuches. Asimismo se ha negado a solucionar las demandas políticas y territoriales de nuestro pueblo. El desarrollo del proceso de resistencia ha llevado a realizar acciones que enfrentan sobre todo las relaciones opresivas de mercado que afectan al mapuche. Son acciones de sabotaje y dirigidas contra los intereses de los usurpadores de la tierra. Sus procesos de inversión capitalista destruyen el hábitat y la concepción cosmovisionaria de nuestro pueblo. Esta es la lógica de esas acciones directas. Tienen el carácter de sabotaje a la economía capitalista y no buscan poner en riesgo la integridad de la población, como intentan demostrar los medios de la derecha. Eso es algo que negamos rotundamente. Estas acciones de resistencia son un componente importante en nuestra acumulación de fuerzas. Permiten avanzar en el control territorial, que es el objetivo estratégico de estas acciones. Buscan una solución al conflicto por las tierras y se dirigen contra el sistema implantado por las empresas forestales, responsables de la usurpación y devastación del territorio ancestral mapuche.

Estas acciones han generado un punto de inflexión en el conflicto. A tal punto que la derecha y otros sectores conservadores las estigmatizan como terroristas para perseguir y aniquilar a quienes están detrás de ellas y así tratar de frenar la resistencia de nuestro pueblo. Las reivindicamos como parte de la lucha estratégica y de la protesta social mapuche en general, porque se han agotado las vías de solución a nuestras demandas políticas. Se intenta desvincularlas y aislarlas de las otras acciones políticas que desarrollan las comunidades. Sin embargo, todas forman parte del proceso de reconstrucción nacional que está desarrollando nuestro pueblo. Forman parte de la lucha por la recuperación territorial y por la recuperación de un modo de vida y de un tipo de sociedad mucho más justa que la existente”.

PLAN DE DESARROLLO DE LA ARAUCANIA

¿Qué opina la CAM del Plan de Desarrollo Integral de La Araucanía anunciado por la presidenta Bachelet?

“El conflicto se ha vuelto un tema en la agenda del gobierno. Estamos a veinte años de los sucesos de Lumaco, cubiertos en la portada de Punto Final (N° 409 del 19 de diciembre de 1997) con el título: Lumako. La dignidad mapuche . Rememoramos aquel hito porque allí se inició esta etapa del conflicto con la quema de tres camiones de la Forestal Bosques Arauco. Frente a las acciones directas y la resistencia han surgido voces, no solo del empresariado sino también de la clase política, en especial de la derecha. Pero también de la gobernanza neoliberal representada en un amplio espectro de la Nueva Mayoría. Esas voces emplazan a buscar alguna solución a los grados de confrontación adquiridos por el conflicto. Desde la Presidencia surgió la idea de una comisión asesora que respaldara ciertos anuncios. En su momento dijimos que no era una instancia legítima, sino un intento más -como muchos anteriores- de crear un mecanismo que actuara como dispositivo para atenuar la confrontación. La comisión entregó su informe a la presidenta que, finalmente, anunció medidas que no fueron de extrañar. Más de lo mismo, o nada nuevo bajo el sol. Lo único concreto es la declaración de un Día de los Pueblos Originarios, un día feriado. Los otros anuncios son solo anuncios y promesas. Por ejemplo el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios requiere una reforma de la Constitución. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que esto se produzca? Se trata de una demanda mapuche que tiene casi treinta años.

Chile es uno de los países más atrasados en el reconocimiento de sus pueblos originarios. Este anuncio no se va a materializar durante este gobierno. Si viene un gobierno de derecha menos se va a concretar. La creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas y de un Consejo de Pueblos Originarios son proyectos que están en el Congreso y que van en la misma dirección, considerando que los parlamentarios representan en su mayoría posiciones empresariales. Al respecto, debemos aclarar que la CAM no demanda la creación de esas instancias que tienen que ver con el modelo colonial de dominación que sufre nuestro pueblo. Serían algo así como la Conadi con mayor presencia indígena y recursos para seguir administrando el estado actual de cosas. Son instancias que demandan otros sectores del pueblo mapuche interesados en avanzar por la vía institucional. Pero nosotros estamos por otra vía: acumular fuerzas para la recuperación del territorio y la autonomía. Nuestra lucha no va por la institucionalidad opresora.

Impresiona la desfachatez de los anuncios del gobierno. No variará las condiciones de opresión y no otorga medidas que restablezcan los derechos fundamentales de nuestro pueblo, que son derechos políticos. Un aspecto positivo podría ser el reconocimiento constitucional -aunque no nos casamos con esto- porque abriría la posibilidad de la lucha política por la autodeterminación. Por ahí podrían lograrse avances sustantivos. Pero el reconocimiento constitucional es hasta ahora una promesa incumplida. En los anuncios presidenciales se nota la influencia que ganaron los sectores conservadores, no solo en la comisión asesora sino en los cercanos a la Presidencia. Por ejemplo, se determinó un fondo de reparación para víctimas de la violencia rural, pero no para los mapuches que han sufrido violencia en el actual periodo. Entonces, ¿no hay justicia para los mapuches? ¿Cuántas casas mapuches han sido quemadas o destruidas? Cercos y sembrados arrasados. Vidas arrebatadas, torturas, allanamientos, prisión política, etc. ¿No hay reparación por estos crímenes? ¿El Estado no se hará cargo tampoco de las masacres del pasado, de la usurpación territorial, de mantener al pueblo mapuche en la pobreza?

El discurso empresarial ha instalado víctimas de un solo lado, y este gobierno se alineó con ellos. Nosotros afirmamos con fuerza que en este conflicto las víctimas son los mapuches. Las víctimas históricas desde que el Estado usurpó nuestros territorios a sangre y fuego, con un ejército financiado por la oligarquía que despojó al pueblo mapuche de más del 95% de su territorio, robó su ganado, masacró a la gente y la condenó a vivir en la miseria. Estas son las víctimas reales del conflicto y el Estado no saca nada con pedir perdón si la solución no repara ni hace justicia.

También se anunció un fondo para potenciar el desarrollo en La Araucanía. Pero los recursos no van para los mapuches y ni siquiera tiene una lógica indígena. Este gobierno insiste en la idea colonial de tratar de superar la pobreza y la desigualdad con mayor asistencialismo. La presidenta Bachelet entregaría fondos para que la gente capitalice y reproduzca el capital en una zona muy conservadora y que está en manos del empresariado. El fondo está destinado a grupos conservadores, lo que incluye también a colonos fascistas responsables además, de la represión de personas que llevaban adelante el proceso de Reforma Agraria en los años 70. No es por nada que La Araucanía es conocida como el bastión de la derecha más recalcitrante”.

EL CAMINO DE LA CAM

¿Qué plantea la CAM frente a esta realidad?

“Tenemos una mirada positiva de la lucha mapuche y de sus resultados. Esta lucha es entre los poderosos y los oprimidos, y por razones obvias estamos en desventaja estratégica. Hay un conflicto que en el corto y mediano plazo no tiene solución, al menos en el actual escenario político-social. Pero se debe reconocer que, del lado mapuche hay una fuerza social, política y militar que se confronta con el empresariado y la gobernanza neoliberal y que lo hace dignamente. Con el tiempo y al calor de la lucha, hemos desarrollado capacidades político-organizativas expresadas en las experiencias de control territorial, así como de capacidad operativa con los diversos Organos de Resistencia Territorial, los ORT, quienes han sabido expresar la resistencia con sabotajes certeros al gran capital, y a su vez disposición combativa permanente para el enfrentamiento con las fuerzas de ocupación. También se debe reconocer que el movimiento de resistencia va adquiriendo paulatinamente perspectivas autonomistas y revolucionarias en sus definiciones. Y es aquí donde nos situamos como CAM.

Hay un proceso de acumulación que tiene que ver con el objetivo del control territorial. Las acciones de resistencia han permitido entrar a disputar las tierras con el empresariado. Las tierras recuperadas, que están bajo la plataforma del control territorial, llevan un curso distinto a la reproducción del capital y constituyen la base para la reconstitución del mundo mapuche, es decir el logro de la reproducción del tejido político, social y cultural de nuestro pueblo. El capitalismo es el que depreda los territorios aniquilando toda forma de vida. Frente a esa realidad, existe una fuerza social, política y militar del pueblo mapuche que defiende sus derechos y que está acumulando fuerza en una perspectiva autonomista y revolucionaria.

La CAM ha señalado públicamente su disposición de llegar a un entendimiento -inclusive propusimos una tregua en la confrontación-.

"Estamos dispuestos a conversar -y a transar inclusive-, pero sobre aspectos sustantivos: los derechos fundamentales de nuestro pueblo que tienen que ver con la recuperación del territorio, que es la demanda histórica más sentida, y la posibilidad de reconstruir el mundo mapuche sobre la base de la autonomía y la libertad.

Esa concepción es de todos los pueblos que no quieren ser sometidos por nadie. En ese marco estamos dispuestos a conversar, pero las autoridades no están dispuestas a hacerlo en esa misma sintonía. Solo pretenden entregar algunas concesiones básicas. El movimiento autonomista ya no quiere tratar esos temas. La fuerza que hemos logrado no es para que ahora vayamos a sentarnos a una mesa a conversar los temas y promesas de siempre. La fuerza lograda, producto del sacrificio y esfuerzo de las comunidades, de mujeres y hombres, de ancianos y niños, merece un proceso con mayor altura de miras. Un enfoque que reconozca los derechos políticos de la nación mapuche. Tal como lo hizo antes nuestro pueblo cuando confrontaba y llegaba a Parlamentos con el Estado español y la recién creada República chilena. Parlamentos establecidos en base a relaciones diplomáticas, comerciales, políticas, etc. Hoy no existe esa voluntad de parte del Estado chileno, y en la práctica no se puede dialogar cuando existe una relación desigual y aún de tipo colonial.

Sin embargo, nuestro pueblo tiene la suficiente capacidad y la dignidad suficiente para mantener la resistencia y avanzar en este proceso que aún tiene mucho tiempo por delante. Las potencialidades están en las nuevas generaciones que van resignificando la causa mapuche con mayor newen ka feyentun. La lucha por el territorio ancestral continuará porque es la base esencial de la reconstrucción de la Nación Mapuche. La autonomía es nuestro sueño de libertad”.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 880, 21 de julio 2017.

revistapuntofinal@movistar.cl

www.puntofinal.cl

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229704

 

 

Hemos de romper con los progresismos e izquierdas subordinadas a esos agrupamientos de la clase política que ya desde su nombre infunden tergiversaciones de la realidad concreta y potencial de Argentina, Nuestra América y del capitalismo mundializado.  

 

"El aprendizaje histórico que deberíamos ser capaces de hacer de la frustrada experiencia del «ciclo progresista» es que el (neo)desarrollismo de ninguna manera es una alternativa válida para nuestros pueblos; lejos de ser una vía siquiera ‘transitoria’ hacia el 'socialismo del Siglo XXI', fue un atajo que nos hundió aún más en las condiciones estructurales de subalternidad y súper-explotación propias de nuestra posición colonial-periférico-dependiente dentro del capitalismo global".

 

 

Debatir Venezuela… Debatir el “ciclo progresista”

Extractivismo y dialéctica de la dependencia
2 de agosto de 2017

Por Horacio Machado Aráoz (Rebelión)

 

 “La construcción del socialismo es para nosotros razón de vida (…) No se trata sólo hoy ya de un impulso político, moral, ético, ideológico. Se trata, mucho más que eso, de salvar la vida en este planeta. Porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista, el modelo consumista que desde el Norte han impuesto al mundo, está acabando con el planeta Tierra”.

(Comandante Hugo Chávez, cumbre contra el ALCA, Mar del Plata, Noviembre de 2005)

 

Para nosotros es claro que el proceso bolivariano constituye la enunciación más radical y potente del ciclo de movilizaciones y luchas populares que irrumpieron en nuestra región para fracturar lo que hasta entonces era la monolítica geografía política del neoliberalismo. Si en algunos países esas luchas fueron dinamizadas y sostenidas por movimientos sociales fuertes y arraigados, en Venezuela ese proceso hubiera sido inimaginable sin la descomunal fuerza carismática y el liderazgo disruptivo del comandante Chávez. No perdamos de vista que ese histórico proceso insurgente en Nuestra América/Abya Yala se levantó no sólo para impugnar el ‘orden’ neoliberal, sino para cuestionar y poner en crisis el propio capitalismo, como proyecto civilizatorio colonial-occidentalocéntrico, impuesto como modelo presuntamente único, universal, a seguir y alcanzar. Y -a diferencia de la suerte que estos procesos corrieron en otros países, a diferencia del resto de los gobiernos progresistas y el oficialismo de ‘izquierda’ circundante-, el movimiento bolivariano nunca olvidó ni dejó de tener como horizonte la construcción del “socialismo del siglo XXI”.

 

A nuestro entender, la gran osadía de Chávez (la del chavismo) fue la de haber encarnado la convicción política de la necesidad histórica de construir un horizonte social radicalmente post-capitalista, como única salida para nuestros pueblos. Volver a hablar de la revolución, en serio, en términos realistas y sin ambages, como proyecto histórico y como programa de gobierno; encima, en pleno apogeo de la era de la resignación posmoderna/neoliberal… Y, decisivamente, haber hecho de la revolución -así concebida radicalmente como un movimiento histórico de superación del capitalismo-, no una entelequia, sino un proyecto político popular, masivo, abrazado y asumido por millones de cuerpos humanos vivientes, dentro y fuera de Venezuela, y más allá de nuestro continente, una fuerza históricamente actuante en pleno siglo XXI, en eso consiste la grandeza de su figura y el carácter perenne y vigente de su legado.

 

Por eso mismo, el chavismo en particular, el movimiento bolivariano más abarcativamente, no pueden ser reducidos ni asimilados a lo que hoy es y representa el actual gobierno venezolano. Si bien sería inconcebible sin el liderazgo de Chávez y si bien también fue predominantemente gestado desde el Estado (lo cual forma parte de los problemas), nos parece fundamental ver y reconocerlo como un proceso histórico colectivo que ha trascendido a sus gestores y que hoy va más allá de quienes se atribuyen la responsabilidad de “dirigirlo” desde el gobierno estatal. Hablamos de un proceso y un movimiento mucho más denso y complejo que ha hecho de la construcción del socialismo del siglo XXI su horizonte de sentido histórico, su proyecto político y núcleo identitario.

 

Por eso mismo también, lo que está en debate en torno al “caso venezolano” excede largamente la escala espaciotemporal de los próximos años en ese país, e incluso de las próximas décadas en la región y en el mundo. En función de la increíble condensación y nucleamiento de energías revolucionarias que el proyecto bolivariano ha concitado, lo que resulte de él afectará, para bien o para mal, las posibilidades transformativas de los pueblos a nivel del sistema-mundo. Por eso será vital lo que seamos capaces de rescatar y de sostener de ese proceso.

 

Ahora bien, ese desafío no tiene nada que ver con “sostener a como dé lugar, el gobierno de Maduro”, sino con la necesidad de re-pensar profundamente esta experiencia y aprender de ella, para recuperar y fortalecer a futuro las capacidades colectivas de transformación radical. Inspirándonos en las potencialidades emancipatorias que ha abierto, hoy más que nunca, necesitamos hacer los aprendizajes históricos de este proceso; ser capaces de ver sus equívocos y sus puntos ciegos, para -a partir de allí- re-encauzar el rumbo de nuestras luchas y redefinir el horizonte de nuestros sueños. Porque lo que está en juego no es apenas una cuestión de “cambios de gobierno”, sino de transformación civilizatoria.

 

En ese sentido, como venimos insistiendo desde diversos movimientos y colectivos para quienes la aspiración de un cambio revolucionario, de un horizonte civilizatorio postcapitalista, es más que un deseo político, una necesidad histórica de supervivencia de la especie, el punto ciego determinante del proceso bolivariano -la falla insalvable del “ciclo progresista”- ha sido la cuestión del (mal llamado y peor entendido) «extractivismo» [1].  

 

Siembra de petróleo… Cosecha de tempestades.

 

“Somos una casa invadida por las termitas. Por fuera, todo se mira bien. Ahora se construye mucho, se hacen grandes carreteras con el dinero del petróleo, se hará mañana una gran ciudad, hasta cambiarán por otra a nuestra Caracas, pero la procesión va por dentro, hijo. El suelo se sostiene sobre el aire. El corazón de la tierra ha sido perforado, y a medida que sacan el petróleo, queda vacío. Se va la soberanía y con el dinero vienen los vicios…”. (Mario Briceño Iragorry, “Los Riberas”, 1957) [2]

 

A esta altura de los acontecimientos, ante el panorama desolador del descalabro socioeconómico y político que está viviendo la sociedad venezolana, pocas dudas caben que el error histórico del Chavismo (acá enunciado como conjunto de políticas aplicadas desde la gestión gubernamental del Estado) ha sido la continuación y profundización de esa forma extrema de los regímenes extractivistas que constituye el rentismo petrolero.

 

Pese al carácter históricamente extraordinario de su liderazgo, la siembra de Chávez, fue en gran medida, mal que nos pese, siembra de petróleo[3] . La revolución bolivariana ha sido inicialmente detonada como una gran siembra de petróleo y, a pesar de todas las advertencias en contra, el proceso bolivariano -en su curso fundamental- no ha logrado salirse de la inercia histórica de una sociedad, una economía y una estructura de poder asentada sobre esa letal trampa. En el ejercicio del gobierno, el chavismo no ha sido capaz de modificar un ápice la matriz petro-dependiente de la economía venezolana; al contrario, a lo largo de casi dos décadas que lleva en el control del Estado, ha intensificado y profundizado a niveles insólitos la dependencia del funcionamiento general de la sociedad de las exportaciones petroleras [4] .

 

Por cierto, el proceso bolivariano no puede ser reducido a sólo una apropiación y redistribución estatalista de la renta petrolera. Para bien y para mal, ha sido y ha implicado mucho más que eso. Pero ha sido justamente el nervio principal del proceso, y se trata, por tanto, del problema de fondo. De un lado, la redistribución de la renta petrolera ha sido el mecanismo que en lo inmediato permitió en su momento, una tan necesaria como urgente reparación histórica de una larga cadena de privaciones, humillaciones y ultrajes acumulados en los cuerpos de los sectores populares. Ese acto de reparación dinamizó un vigoroso proceso de movilización y concientización política que, en definitiva, fue la base del poder popular y la energía revolucionaria insurgente que caracterizó al chavismo, sobre todo en su primera etapa.

 

Del otro lado, sin embargo, lo que debiera haber sido un punto de partida transitorio, se fue constituyendo en un factor cada vez más importante y condicionante, que terminó obnubilando el rumbo del proceso. Si bien permitió “salir de la pobreza a millones de pobres”, la fenomenal redistribución de la renta petrolera realizada por el chavismo -hasta antes de la crisis de la cotización internacional del crudo-, lejos de ir abriendo paso a las transformaciones radicales (económicas, políticas y culturales) que implicaba ir progresivamente dejando atrás una formación social capitalista-dependiente (por caso, la reapropiación colectiva de los procesos y medios de producción, cambios a nivel de las fuerzas productivas y mediaciones tecnológicas, de la orientación, el sentido y los valores sociales que regulan los procesos económicos, en fin, de cambios a nivel de las subjetividades que -como productores y consumidores- agencian la (re)producción material de la sociedad en su conjunto), fue, por el contrario, abriendo las puertas del infierno.

 

La pretendida “dignificación popular a través de la renta petrolera” derivó, en el seno de la revolución bolivariana, en el “renacimiento del Petro-Estado Desarrollista” (Terán Maontovani, 2014). Se terminó alentando la fantasía de la socialización del consumismo importador como presunta vía de salida de la opresión histórico-estructural. Y esa fantasía duró poco; duró lo que duraron las altas cotizaciones internacionales del crudo. Sus efectos perversos, en cambio, serían profundos y duraderos; cada vez más gravosos, hasta llegar a la actual situación de debacle y crisis terminal generalizada.

 

La mentada “guerra económica” a la que alude el oficialismo para explicar la actual situación de caos social y económico que se vive, no es producto de planes desestabilizadores de la derecha, ni tampoco de las impericias políticas del actual gobierno. Aunque estos factores están operando y contribuyen a agravar aún más la crisis, no son por sí mismos suficientes para dar cuenta de ella. Más allá de las maniobras conspirativas de la oligarquía interna, de la hartera injerencia norteamericana, y más allá de la corrupción, la ineficiencia que atraviesan al gobierno de Maduro, el desabastecimiento de bienes básicos, la falta de alimentos, de medicamentos y de otros productos elementales para la vida cotidiana, la generalización de la especulación, el contrabando, los mercados paralelos y la proliferación de la economía delictual, etc., son síntomas extremos de cómo en las dos últimas décadas el rentismo petrolero ha erosionado el tejido productivo interno y hasta el suelo mismo de la sociabilidad.

A esta altura de los acontecimientos, es claro que el problema no es (sólo) quién siembre, sino también cómo siembra y, fundamentalmente qué siembra. La “indigestión de divisas” como advirtiera emblemáticamente el “Padre de la OPEP”, terminó una vez más, hundiendo a la sociedad venezolana en “el excremento del diablo” (Pérez Alfonzo, 1976). Y no es sólo que, como ya fuera advertido por una gran cantidad de lúcidos economistas de la región, que la “inundación de divisas” está asociada inexorablemente a una serie de graves alteraciones monetarias y macroeconómicas (depreciación de la moneda nacional, presiones inflacionarias internas, incremento del consumo de bienes finales importados y sustitución de la producción interna vía importaciones, fuga de divisas, endeudamiento externo, incentivos a mecanismos de corrupción en el sector público y privado); lo que Alberto Acosta (2009) caracterizó como “la maldición de la abundancia”. Es, además, que esos problemas no son sólo “económicos”, sino que tienen graves y peores connotaciones o dimensiones políticas y culturales.

 

En el curso de la “revolución bolivariana” se fue dando una desproporción manifiesta y creciente entre el “desarrollo” (expansión del consumo interno y de la infraestructura pública bajo los patrones de consumo y usos sociales preexistentes) vía políticas redistributivas estadocéntricas y petrodependientes, respecto de las políticas de impulso de economías populares alternativas, medios de producción y emprendimientos productivos bajo el control y al servicio de la ampliación de las capacidades autonómicas de producción y satisfacción de necesidades vitales. La “economía de las grandes Misiones” no sólo le ganó por lejos a la “economía de las Comunas”, sino que terminó asfixiando y aplastando estructuralmente todo lo que de allí podría haber germinado en términos de poder económico y político popular, autogestión solidaria, concientización ecológico-política, consumo responsable, comercio justo, expansión y valorización de la economía del cuidado, igualdad de género en las condiciones de producción, en fin, soberanía alimentaria, hídrica y energética, justicia ambiental. La economía de las Comunas fue resultando un pequeño conjunto de islotes con diferentes grados de vulnerabilidad, sin capacidad real para el abastecimiento interno autonómico, en un mar de consumismo importador moldeado bajo los patrones hegemónicos de “estándares de vida” del mercado mundial.

 

Si económicamente esto gatilló un dispositivo en el que cada nueva cuota de “redistribución del ingreso” paradójicamente iba a la hoguera de las importaciones, quemando así posibilidades y capacidades productivas endógenas y, por tanto, atentando contra una sustentabilidad básica del proceso, políticamente la siembra de petróleo vía las Misiones fue erosionando desde su propia base material, el crecimiento del poder autogestionario, la soberanía económica popular, la democratización y descentralización de los procesos de toma de decisiones (económicas y políticas en general), los mecanismos de autogobierno, democracia directa y participativa. La redistribución de la renta petrolera, lejos de fortalecer el poder popular, fue un poderoso dispositivo de acentuación de la (vieja) matriz burocrática, verticalista y centralizada del Estado. En lugar de avanzar en la socialización/comunalización, la gestión/ producción de la Vida en Común fue concentrándose cada vez más en una élite(vale decir, en una minoría privilegiada; aunque se diga “revolucionaria”). Están ahí puestas las bases para la arbitrariedad, los abusos del poder y la corrupción generalizada.

 

Esto que fuera tempranamente advertido por diversos estudiosos del “problema venezolano” (Juan Pablo Pérez Alfonzo, Rodolfo Quinteros, Orlando Araujo, Fernando Coronil, Edgardo Lander, entre otros) volvió a resurgir como maleza en el suelo mismo de la revolución bolivariana. Como señala Terán Mantovani: “El tipo de esquema de poder asimétrico y monopolizado que conforma la estructura del Petro-Estado y la economía rentista en general, determina que los procesos políticos de distribución de la renta produzcan y reproduzcan la polarización y estratificación social, en la cual el pueblo aparece como altamente dependiente respecto de las élites políticas y económicas. Por un lado, los nuevos gestores de la ‘siembra del petróleo’ son envueltos por esta marejada de petrodólares. Se produce un ensanchamiento del Estado y de la ilusión de “desarrollo”, motorizada por la renta, lo que a su vez nos ha llevado a la formación de una nueva burguesía corporativa en el seno de la Revolución bolivariana, que mantiene una relación contradictoria con su pueblo aliado” (2014: 15).

 

Por fin, culturalmente, los efectos perversos de la “siembra de petróleo” sobre las subjetividades y las sociabilidades son tanto o más ruines que los ya mencionados. Como ha sido largamente señalado y a estas alturas es o debiera ser algo obvio, el consumo (bajo las pautas hegemónicas vigentes) funciona como el gran útero de gestación y reproducción de subjetividades capitalistas. Si algo define al capitalismo neoliberal es su mutación como régimen de consumo, más que de producción: estamos ante un sistema cuya dinámica funciona menos como un “modo de producción de objetos-mercancías” que como un “modo de producción de sujetos-mercantilizados/mercantilizables”. La expansión del consumismo de mercado es algo absolutamente contraindicado para impulsar, siquiera sostener, el más mínimo esfuerzo o voluntad social transformadora; es el máximo depredador de las energías revolucionarias. En el caso del proceso bolivariano, esto no fue una excepción. La siembra de petróleo infectó esferas cada vez más amplias de la vida social con la letal toxina de la mercantilización. 

 

Extractivismo progresista, ¿post-neoliberal y anti-imperialista?

 

“Para luchar contra el imperialismo es indispensable entender que no se trata de un factor externo a la sociedad nacional latinoamericana, sino por el contrario, forma el terreno en el cual esta sociedad hunde sus raíces y constituye un elemento que la permea en todos sus aspectos”. (Ruy Mauro Marini, Prefacio a la 5° edición de “Subdesarrollo y revolución”, 1974).

 

Lo que señalamos para el caso bolivariano -la expresión de la voluntad política más audaz y ambiciosa del último ciclo de rebeliones populares en NuestraméricaAbyayalense-, es perfectamente aplicable a todos y a cualquiera de las experiencias de los gobiernos progresistas del reciente ciclo. Las razones de la profunda crisis que hoy se cierne sobre Venezuela son en gran medida las razones del ocaso y del “fin de ciclo progresista”. Por cierto, con matices, pero sin diferencias en lo fundamental, lo dicho y analizado sobre el rentismo petrolero es válido para la soja, la pasta de celulosa, el cobre, el litio, el hierro, la palma aceitera, en fin, para cualquier commodity. El capitalismo, desde sus orígenes hasta la fecha, se ha caracterizado por sembrar en sus periferias países-commodities, economías coloniales que le abastecen los imprescindibles subsidios ecológicos que precisa para alimentar la voracidad insaciable del “molino satánico” (Polanyi, 1949) de la acumulación sin fin/como fin en sí mismo.

Estamos hablando en todos los casos de la configuración de regímenes extractivistas, de los cuales, (tratándose del excremento del diablo), el extractivismo petrolero es el peor y más extremo de los modelos. Así, el gran yerro no sólo de los conductores estatales del proceso bolivariano, sino de las experiencias de los gobiernos progresistas en general, fue haber pretendido pensar y/o construir una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática sobre la base de la profundización del extractivismo.

 

Pretender “salir del neoliberalismo”, luchar contra el “imperialismo”, peor incluso, proyectar “la revolución” o impulsar un “proceso revolucionario” mediante la intensificación del extractivismo es el más absurdo oxímoron político que nos ha legado el fallido ciclo progresista en América Latina . Sencillamente, porque el extractivismo no es una característica pasajera de una economía nacional, sino que da cuenta de una función geometabólica del capital, fundamental e imprescindible para el sostenimiento continuo y sistemático de la acumulación a escala global.

 

“Extractivismo” no se circunscribe a las economías primario-exportadoras, sino que refiere a esa matriz de relacionamiento histórico estructural que el capitalismo como sistema-mundo ha urdido desde sus orígenes entre las economías imperiales y “sus” colonias; se trata de ese vínculo ecológico-geográfico, orgánico, que “une” asimétricamente las geografías de la pura y mera extracción/expolio, con las geografías donde se concentra la disposición y el destino final de las riquezas naturales. La apropiación desigual del mundo, la concentración del poder de control y disposición de las energías vitales, primarias (Tierra/materia) y sociales (Cuerpos/trabajo), en manos de una minoría, a costa del despojo de vastas mayorías de pueblos, culturas y clases sociales, eso es lo que el extractivismo asegura y hace posible.

 

En definitiva, este fenómeno da cuenta de la dimensión ecológica del imperialismo, como factor fundamental y condición de posibilidad material del sostenimiento del sistema capitalista global. La economía imperial del capital ha precisado -como condición histórico-material de posibilidad- la constitución de regímenes extractivistas para poder afianzarse y expandirse hegemónicamente como sistema-mundo. Nuestro continente “nació” (fue, en realidad, violentamente incrustado al naciente sistema-mundo) como producto de un zarpazo colonial que nos constituyó, desde fines del siglo XV hasta la fecha, como una economía minera, zona de sacrificio.Desde entonces, nuestras sociedades se con-formaron bajo el formato de regímenes extractivistas, más aún incluso, a partir de las “guerras de independencia” y la constitución de nuestros países como “estados nacionales”.

Así, el extractivismo en América Latina no significa apenas un tipo de “explotación de los recursos naturales”, sino que da cuenta de todo un patrón de poder que estructura, organiza y regula la vida social en su conjunto en torno a la apropiación y explotación oligárquica (por tanto, estructuralmente violenta) de la Naturaleza toda, (incluida, esa forma especialmente compleja y frágil de la Naturaleza que son los cuerpos humanos vivientes). El extractivismo en nuestra región es la perenne marca de origen de nuestra condición colonial, que no se ha borradosino que se ha afianzado, durante nuestra etapa ‘post-colonial’.El extractivismo ha permeado nuestra cultura, ha moldeado nuestra institucionalidad, nuestra territorialidad e ‘idiosincrasia nacional’; ha dejado su huella indeleble en la estructura de clases, en las desigualdades racistas y sexistas; en fin, en la naturaleza de los regímenes políticos, el tipo de estructura de relaciones de poder y sus modalidades de ejercicio y reproducción. En una palabra, los regímenes extractivistas son, ni más ni menos, que la base estructural de las formaciones geo-sociales (Santos, 1996) propias del capitalismo colonial-periférico-dependiente; expresan la modalidad específica que el capitalismo adquiere en la periferia.

Por eso, en todo caso, la profundización, ampliación o intensificación del extractivismo, es la profundización, ampliación e intensificación de nuestra condición periférico-dependiente, colonial, dentro del capitalismo mundial. El extractivismo funciona como dispositivo clave de reproducción de nuestra integración subordinada al sistema-mundo; está en el meollo mismo de la dialéctica de la dependencia. Esto significa que, en nuestras sociedades, la expansión del crecimiento económico va insoslayablemente aparejado a la profundización de la dependencia y a la intensificación de los mecanismos estructurales de expropiación. La razón progresista ha sido ciega a este elemental (y viejo) problema constitutivo de nuestras formaciones sociales.

Aparentemente, a juzgar por sus políticas y por su retórica, el progresismo creyó posible “salir del neoliberalismo” y “luchar contra el imperialismo” profundizando la matriz extractivista y acelerando al extremo la exportación de materia y energía. Entendiendo el “post-neoliberalismo” como políticas de “inclusión social” (vía programas masivos de asistencia social, incremento de los presupuestos de la infraestructura y prestaciones estatales de servicios básicos, incentivos al mercado interno para dinamizar el crecimiento del consumo interno, del empleo, los salarios y la demanda agregada en general) los gobiernos progresistas materializaron el pasaje del Consenso de Washington al Consenso de Beijing o “consenso de las commodities”(Svampa, 2013).

Sus políticas “revolucionarias” fueron -en el fondo- no otra cosa que un momentáneo retorno a políticas neokeynesianas. La renta extractivista que financió las “políticas de inclusión” (al consumo de mercado) operaron en realidad una nueva oleada de apropiación y despojo de tierras, agua y energía, extranjerización y re-primarización del aparato productivo, mayor penetración y concentración del poder (económico, político e institucional) en manos de grandes empresas transnacionales; en suma, expansión de las fronteras materiales y simbólicas del capital hacia cada vez más amplias y profundas esferas de la vida social. La “inclusión social” fue, de hecho, inclusión como consumidores; “tener derechos” pasó a significar -para amplias mayorías- ser beneficiario de ciertos programas sociales y tener acceso a cierta cuota de consumo en el mercado. La “redistribución del ingreso” no afectó las desigualdades sociales básicas ni alteró la estructura de clases; los gobiernos progresistas, en verdad, ni hablaron de “lucha de clases” o superación de una sociedad de clases: su objetivo manifiesto fue la “ampliación de las clases medias”. A la par del consumo social compensatorio para las anchas bases de la pirámide social, se expandió el consumo exclusivo de las élites y el consumismo mimético de las clases medias.

Por supuesto, esto no significó desmercantilizar nada, en ningún sentido, sino, al contrario, abrir paso a una inédita intensificación y ampliación de horizonte de la mercantilización, tanto a nivel de las prácticas sociales objetivadas, como a nivel de las subjetividades y sensibilidades, incluso en el imaginario social de los sectores populares. En definitiva, en este sentido fundamental, los gobiernos progresistas no marcaron una “etapa post-neoliberal”, sino que fueron la prolongación y profundización del neoliberalismo por otros medios. Todo eso, financiado por la exportación creciente de materias primas; por la profundización del extractivismo.

Así, nuestro crecimiento “a tasas chinas” fue funcional a la revitalización de la dinámica de acumulación global. Cada carga de nuestras exportaciones alimentó la locomotora capitalista mundial con gravosos subsidios ecológicos extraídos de nuestros territorios/cuerpos. Cada punto de incremento en la demanda mundial (china) de nuestras materias primas dio mayor impulso a la ola de despojo, devastación de ecosistemas y mercantilización de bienes comunes y cuerpos humanos. Cada nueva obra pública, cada incremento en la “inversión” en carreteras, hidroeléctricas, puertos, hidrovías y cuanta infraestructura pública se hizo para “mejorar la conectividad regional” y la “integración latinoamericana” significó, sí, más empleo, más consumo popular, pero también, mayor apropiación de plusvalía por parte de grandes transnacionales, aumento del poder económico y político de la clase capitalista mundial y de los segmentos de las burguesías internas; en fin, intensificación y profundización de laseconomías de enclave: fragmentación territorial de los ecosistemas, debilitamiento de los entramados productivos endógenos, pérdida de sustentabilidad y autonomía económica, tecnológica, financiera y, al contrario, profundización de nuestra inserción estructuralmente subordinada y dependiente.

Mientras las pudieron sostener, las políticas expansivas del ciclo progresista mejoraron, sí, a corto plazo, las condiciones inmediatas de vida de los sectores populares; eso está fuera de discusión. El punto es que esas mismas políticas intensificaron nuestra posición y condición de subalternidad en el marco de la geopolítica imperial del capital. Ese crecimiento profundizó la subsunción geometabólica de nuestros territorios/cuerpos a la trituradora del “molino satánico” global. De eso hablamos cuando hablamos del extractivismo como dispositivo clave de la dialéctica de la dependencia. Por eso mismo, el imperialismo es, principal y fundamentalmente,imperialismo ecológico: no se trata de un poder de dominación externo, sino que es intrínseco y constitutivo a nuestras formaciones sociales; está en las bases mismas de la matriz socioterritoral, la estructura de clases y de poder de las sociedades capitalistas periféricas. Los regímenes extractivistas son así, la cara interna del imperialismo (ecológico) del capital. 

Ecologismo popular y radicalización de la praxis revolucionaria

“El cambio supone una subversión gradual de las necesidades existentes, es decir, un cambio en los mismos individuos, de manera que, en los propios individuos, su interés por la satisfacción compensatoria ceda ante las necesidades emancipatorias. (…)) Evidentemente, la satisfacción de estas necesidades emancipatorias es incompatible con las sociedades establecidas de estados capitalistas y estados socialistas”. (Herbert Marcuse,1979).

“Desde el punto de vista de una formación económico-social superior, la propiedad privada del planeta en manos de individuos aislados parecerá tan absurda como la propiedad privada de un hombre en manos de otro hombre. Ni siquiera toda una sociedad, una nación o, es más, todas las sociedades contemporáneas reunidas, son propietarias de la tierra. Sólo son sus poseedoras, sus usufructuarias, y deben legarla mejorada, como bonipatres familias, a las generaciones venideras”. (Karl Marx, 1867).

Las gravosas e insoslayables consecuencias económicas, políticas y culturales del extractivismo sobre nuestras sociedades, es lo que desde un amplio y diverso conjunto de actores (no sólo intelectuales, investigadores, sino movimientos sociales, pueblos originarios, comunidades campesinas, organizaciones sociales de base comunitaria, colectivos asamblearios nucleados en torno al ecologismo popular) hemos venido tan insistente como infructuosamente planteando al interior de estos procesos políticos en nuestra región. Nuestras luchas contra el extractivismo no procuraban “hacerle el juego a la derecha”, ni erosionar la base de sustentabilidad económica y política de los gobiernos progresistas, sino al contrario. En todo caso, buscaron siempre mantener claridad en el sentido y el rumbo de la práctica revolucionaria.

El oficialismo de izquierda, en particular los “intelectuales orgánicos” que se abroquelaron acríticamente detrás de una defensa impermeable de esos gobiernos, hoy en su ocaso, desconsideraron absolutamente esas advertencias. Por negligencia o conveniencia, con soberbia y/o necedad, ignoraron sistemáticamente los planteos provenientes de los movimientos del ecologismo popular; muchas veces con mala fe, los asimilaron a los planteos del ambientalismo nórdico. Desde la oficialidad del poder, se apropiaron del nuevo lenguaje emancipatorio arduamente construido desde las luchas: el Buen Vivir o SumajKawsay, Plurinacionalidad, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes, Socialismo del Siglo XXI. Lo usaron, sin embargo, como una nueva retórica para solapar el viejo imaginario (colonial y políticamente perimido) del desarrollismo “nacional y popular”, centrado en un “Estado fuerte” que “controla al mercado” y comanda el proceso de “crecimiento con inclusión social y redistribución de la riqueza”. Lo que nació como expresión de un nuevo paradigma civilizatorio radicalmente post-capitalista, descolonial, despatriarcal y ecologista, fue sencillamente banalizado y vaciado de contenido.

 

Hasta hoy en día, esa izquierda oficialista sigue mostrándose completamente ciega ante el extractivismo y su dialéctica de la dependencia. No sólo no entienden la relevancia, gravedad y urgencia de la problemática ecológica, sino que tampoco entienden, al parecer, que el extractivismo no es sólo un problema regional, sino global; no es sólo “ambiental”, sino civilizatorio. Como muestra dolorosamente la coyuntura crítica de la sociedad venezolana (la de América Latina toda, pero también la dramática situación del planeta en general), el problema del extractivismo no es “sólo” la cuestión de la devastación ecológica de ciertos territorios, sino, en el fondo, la cuestión de raíz de la depredación capitalista del mundo de la vida como tal.

La lección histórica que nos deja este amargo fin de ciclo, es que, de una vez por todas, deberíamos ya definitivamente desafiliarnos de la religión colonial del “progreso”, despejar de nuestro imaginario la ilusión fetichista de que sería posible desacoplar el engranaje de la producción (capitalista de riqueza) del de la devastación (de las fuentes y formas de Vida). Pues, en plena Era del Capitaloceno, en la que nos hallamos, está a la vista que ambos mecanismos forman parte inseparable del mismo “molino satánico”. El aprendizaje histórico que deberíamos ser capaces de hacer de la frustrada experiencia del “ciclo progresista” es que el (neo)desarrollismo de ninguna manera es una alternativa válida para nuestros pueblos; lejos de ser una vía siquiera ‘transitoria’ hacia el “socialismos del Siglo XXI”, fue un atajo que nos hundió aún más en las condiciones estructurales de subalternidad y súper-explotación propias de nuestra posición colonial-periférico-dependiente dentro del capitalismo global.

No se trata de una cuestión de “reforma” o “revolución”. No es que los cambios “iban bien”, pero que faltó “seguir avanzando” en la misma dirección. Se trata de tomar nota de que la política de “crecimiento con inclusión social” no sólo no alcanza como horizonte político de cambio social revolucionario, sino que en realidad es una política completamente errada e históricamente perimida, si a lo que aspiramos es a un verdadero proceso de emancipación social. Un programa político basado en la pretensión de la satisfacción (así sea “para todos y todas”) de las necesidades existentes, es como tal un programa reaccionario, que inhibe de raíz la posibilidad de imaginar y avanzar en la dirección de los cambios que precisamos realizar. El sistema justamente nos constituye como sujetos-sujetados a su reproducción a partir de la estructuración misma de las necesidades (y la colonización de los deseos): las necesidades existentes son, en realidad, las que el sistema necesita para su reproducción; son, por tanto, un aspecto clave de lo que precisamos cambiar.

Los movimientos del ecologismo popular hemos venido señalando ese punto ciego de los gobiernos progresistas. Las políticas de “crecimiento con inclusión social” no sólo son funcionales a la reproducción del sistema, sino que además se basan en la quimérica creencia de que, dentro del capitalismo, sería posible “incluir a todos los excluidos”, o peor, de que “incluyendo a los excluidos” se va transformando el sistema… El programa de la “inclusión social” no sólo es inviable socialmente (pues el capitalismo es por definición un régimen oligárquico de apropiación y usufructo diferencial de las energías vitales, donde “la pobreza de la mayoría, a pesar de lo mucho que trabajan” sólo va a engordar “la riqueza de una minoría, riqueza que no cesa de crecer aunque haga ya muchísimo tiempo que hayan dejado de trabajar”), sino también ecológicamente: hay taxativos límites biológicos y físicos dentro del Sistema Tierra que hacen inviable un horizonte de “crecimiento infinito”.

Si a mediados del siglo XIX podría haber sido todavía comprensible, la ceguera ante la crucial cuestión ecológica de fuerzas sociales que se dicen revolucionarias, anti-capitalistas, resulta, en el siglo XXI, lisa y llanamente inadmisible. La crisis ecológica, las desigualdades e injusticias socioambientales, los impactos tóxicos y destructivos del industrialismo, el urbanocentrismo, el patrón energético moderno, la producción a gran escala y el consumismo (no sólo sobre los ecosistemas, sino sobre la condición humana), no pueden no estar en la agenda de un programa que se proponga seriamente la construcción del socialismo del siglo XXI. Como lo dijera el comandante Chávez, la construcción del socialismo es, en este siglo, “razón de vida”.

El ecologismo, así, (el ecologismo popular, que nada tiene que ver con el conservacionismo, el maltusianismo, la economía verde ni cualesquiera de las distintas expresiones del eco-capitalismo tecnocrático) lejos de constituir un programa social ‘reaccionario’ o ‘funcional a la derecha’, expresa en realidad un nuevo umbral del pensamiento crítico y las energías utópicas. La irrupción de los movimientos del ecologismo popular en la escena política del siglo XXI está dando cuenta de la necesidad de una profunda renovación y radicalización del contenido y el sentido de la práctica revolucionaria; acorde a las necesidades de nuestro tiempo. Porque en nuestro tiempo, está claro que no se trata de “incluir” sino de “transformar”.

Hay que tomar seriamente -en términos políticos y epistémicos- que estamos viviendo los momentos extremos de la Era del Capitaloceno (Altvater, 2014; Moore, 2003), una era signada por las huellas prácticamente irreversibles que la destructividad intrínseca del capitalismo ha impreso sobre la Biósfera, la Madre Tierra. Justamente por ello, el sentido de la acción política y el cambio social que como especie, como comunidad biológica, asumamos, signará decisivamente nuestras posibilidades de sobrevivencia, o no.

Ese es el escenario en el que nos hallamos. No se trata de ‘catastrofismo’, sino del más crudo realismo. Como lo advierte Donna Haraway (2016), el Capitaloceno no es una “nueva” era geológica, otro horizonte espacio-temporal de larga duración; al contrario, el Capitaloceno designa un “evento límite”, es decir, un momento de la historia de la Tierra cuyos presupuestos y condiciones ecológicas y políticas lo hacen inviable: o se transforman esos presupuestos, o se extingue.

 

La cuestión ecológica, tal como es planteada por el ecologismo popular, es así crucial para la sobrevivencia de la especie. Por eso mismo, nos empuja a atrevernos a pensar el fin del capitalismo, a recuperar y renovar formas y modos de vida no-capitalistas. Nos incita a pensar la revolución no apenas como ‘cambio de políticas/políticas redistributivas’, ‘cambio de gobierno’ o ‘toma del Estado’, sino como un radical y profundo cambio civilizatorio. Es decir, el escenario del Capitaloceno, la posibilidad cierta de un colapso terminal de las condiciones ambientales que hacen posible la vida humana en el planeta como consecuencia de la huella ecológica provocada por el capitalismo, nos desafía a pensar el cambio revolucionario completamente en otra escala; una escala espacio-temporal mucho más amplia que la que hasta ahora se ha considerado. Necesitamos pensar la revolución como un cambio de Era Geológica. Si el Capitaloceno es un momento crítico, donde la vida (al menos en su forma humana) está expuesta a la extinción, si designa el tiempo geológico en el que el capitalismo ha trastornado hasta tal punto los flujos elementales del sistema Tierra casi al extremo de volverla in-habitable, hacer la revolución en el presente, significa realizar todas las transformaciones que sean necesarias a fin de restituir las condiciones de habitabilidad del planeta; volver a hacer de la Tierra, nuestro Oikos/Hogar, el lugar apto para la (re)producción de nuestra vida como comunidad biológica.

Si la idea de un socialismo del Siglo XXI es algo más que un mero eslogan político, y lo consideramos, en términos realistas y concretos como un nuevo horizonte político, un nuevo modo histórico de (re)producción social de la vida, y un nuevo régimen de relaciones sociales, esa noción de “socialismo del siglo XXI” nos lleva a pensar la revolución como una profunda migración civilizatoria que nos saque de la era insostenible del Capitaloceno. El ecologismo popular -los sujetos y movimientos sociales que lo encarnan- se toma seriamente este desafío; piensan/pensamos la revolución como cambio sociometabólico, como una radical transición socioecológica hacia un absolutamente nuevo modo de producción social (de la vida), que supone y requiere no apenas “oponernos al neoliberalismo” sino deconstruir de raíz las formas elementales del capital.

En este punto, hallamos la convergencia fundamental entre el chavismo y el ecologismo popular. Si algo precisamos rescatar y recuperar del movimiento bolivariano, si en algo reside su originalidad, su pertinencia histórica y su potencia revolucionaria, es en la centralidad que se le ha querido dar a las comunas como nuevas bases ecobiopolíticas y unidades de producción de la vida social. Eso que ha sido su gran aporte histórico, ha sido también -hoy lo podemos ver con claridad- su límite y su contradicción: construir el socialismo comunal ha quedado sólo como una expresión de deseos. El chavismo en el gobierno siguió el camino de la “siembra del petróleo”, en lugar del sendero alter-civilizatorio de la comunalización. Lejos de favorecer la germinación del poder popular, esa siembra de petróleo lo intoxicó y lo fue asfixiando cada vez más.

En las horas aciagas que corren, sería de gran utilidad volver y juntar fuerzas en torno a ese proyecto político que fue truncado. “Comuna o nada” es un lema que resume el legado perenne del comandante Chávez y es también un principio elemental clave para orientar el cambio revolucionario, la transición socioecológica hacia una nueva era Civilizatoria y Geológica.

 

Comunalizar es el verbo donde convergen el chavismo y el ecologismo popular como fuerzas sociales revolucionarias; es lo que tenemos en común, como horizonte guía y aspiración transformadora. Comunalizar es, por supuesto, des-mercantilizar, pero también des-estatalizar: el Estado no es lo opuesto del Mercado, sino la contracara jurídico-política del capital. Avanzar hacia un socialismo comunal no implica un “Estado comunal”, sino la deconstrucción radical de la lógica racional-burocrática, centralizada y vertical de ejercicio del poder y gestión de la vida colectiva. Comunalizar es democratizar y descentralizar los procesos de producción de la vida; implica sembrar poder y capacidades autogestionarias, construir autonomía social desde las bases, tanto en las esferas de la vida doméstica, como de la vida pública. Comunalizar es des-privatizar y desmercantilizar las relaciones sociales, los imaginarios, los cuerpos y los territorios. No basta con suprimir la propiedad privada de “los medios de producción”; tenemos que suprimirla de la faz de la tierra; hacer que llegue el día en el que “la propiedad privada del planeta en manos de individuos aislados” sea un absurdo inaceptable.

Así, radicalizar la revolución es comunalizar la Madre Tierra;es diseñar, construir y asumir como forma de vida, un nuevo metabolismo social que la reconozca, la considere y la trate como lo que en realidad es: base imprescindible y fuente de Vida en Común.

Producir un radical giro sociometabólico que parta del respeto y el cuidado radical de la Madre Tierra, supone salirnos de los engranajes del productivismo y el consumismo que hacen girar “el molino satánico” de la acumulación como fin-en-sí-mismo; supone también corrernos del industrialismo, del urbanocentrismo y el fetichismo tecnológico que nos hace creer que el “desarrollo de las fuerzas productivas” es una línea evolutiva universal y que para cualquier problema social y/o ecológico siempre bastará y será posible hallar una solución tecnológica. Ese cambio sociometabólico no implica “aumentar los salarios” sino des-salarizar el trabajo; no “redistribuir el ingreso”, sino redefinir radicalmente el sentido social de la riqueza, esta vez, en función de los valores de uso y de la sustentabilidad de la vida y no de la valorización abstracta y la super-producción de mercancías.

En fin, procurar ese giro sociometabólico involucra, en última instancia, des-mercantilizar las emociones, vale decir, buscar, sentir y vivir la felicidad en las relaciones, y no en las cosas. En lugar de la expansión (incluso ‘igualitaria’) de los ‘bienes de consumo’, el nuevo horizonte utópico que se vislumbra desde esta perspectiva pasa más bien por un escenario donde “el hombre socializado, los productores libremente asociados, regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de energías y en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana” (Marx, 1981: 1045).

Claro, somos conscientes de que el giro sociometabólico del que hablamos como medio y proceso revolucionario, constituye un desafío ideológico, existencial y emocional no apenas para la derecha, sino también para amplios sectores que se consideran de “izquierda”; claramente es así para la izquierda oficialista. Todavía estos sectores siguen anclados en el socialismo (realmente in-existente) del siglo pasado: concibiendo la revolución como “desarrollo de las fuerzas productivas”, creyendo que el imperativo de la liberación pasa por “industrializarnos”, “crear puestos de trabajo”, “aumentar salarios”, construir más carreteras” y “ampliar las políticas sociales”.

 

Esos sectores, esa izquierda no percibe aún “los límites de la civilización industrial” (Lander, 1996); no puede ver más allá del muro mental de la colonialidad progresista. Justamente, no pueden ver que más allá de esos muros, hay mucha comunalidad viviente; personas, organizaciones, comunidades enteras que no demandan más asfalto ni quieren “progresar”, que no sueñan con “salir de shopping” ni luchan por el aumento de su “poder adquisitivo”… Sujetos colectivos que, por el contrario, se hallan movilizados por la defensa de sus territorios, congregados por los desafíos de la gestión autonómica de la vida en común, por la producción de la soberanía alimentaria, por la justicia hídrica, la democratización y sostenibilidad energética.

Esos sujetos -tenemos la esperanza y la convicción- son quienes que están conjugando en sus luchas, el verbo de la revolución, del socialismo del siglo XXI… Al comunalizar los bienes, los nutrientes y las energías, los saberes, los sabores y las semillas, estos sujetos están emprendiendo el camino de la gran migración civilizatoria que nos saque del Capitaloceno y nos lleve a la Tierra de un nuevo y auténtico Antropoceno: la Era Geológica del Hombre Nuevo.  

 Bibliografía:

 

Acosta, Alberto (2009). “La maldición de la abundancia”, CEP, Ed. Abya Yala, Quito.

Altvater, Elmar (2014). “El Capital y el Capitaloceno”. En “Mundo Siglo XXI”, revista del CIECAS-IPN, N° 33, Vol. IX.

Haraway, Donna (2016). “Antropoceno, Capitaloceno, Plantacionoceno, Chthuluceno: generando relaciones de parentesco”. Revista Latinoamericana de Estudios Criticos Animales, Año III, Vol. I.

Lander, Edgardo (1996). “El límite de la civilización industrial. Perspectivas latinoamericanas en torno al posdesarrollo”. FACES, Universidad Central de Venezuela, Caracas.

Marcuse, Herbert [1979] (1993). “La ecología y la crítica de la sociedad moderna”. Revista Ecología Política N° 5. Icaria, Barcelona.

Marini, Ruy Mauro (1974). “Subdesarrollo y revolución”. Ediciones Era, México.

Marx, Karl [1867] (1981). “El Capital”. Siglo XXI, México.

Moore, Jason (2003). “Capitalism as World-Ecology: Braudel and Marx onEnvironmentalHistory”. Organization&Environment 16/4 (December).

Pérez Alfonzo, Juan Pablo [1979] (2009). “Hundiéndonos en el excremento del diablo”. Fund. Editorial El perro y la rana, Caracas.

Polany, Karl [1949] (2003). “La Gran Transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo”. Fondo de Cultura Económica, México.

Santos, Milton (1996). “De la totalidad al lugar”. Tau, Barcelona.

Svmpa, Maristella (2013). “Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina”. Revista Nueva Sociedad N° 244.

Terán Mantovani, Emiliano (2014). “La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante”. Documento de Trabajo N° 5, CELARG, Carac 

Notas:

[1] Decimos “mal llamado y peor entendido” porque generalmente se ha empleado el concepto de extractivismo para referir a un sector, un tipo de actividades y/o una fase de los procesos económicos; a lo sumo, se lo ha usado para caracterizar a economías específicas (locales, nacionales o regionales) basadas en la sobre-explotación exportadora de materias primas. Eso es ver apenas una parte del fenómeno, lo que es lo mismo que no entender el problema como tal, que, a nuestro juicio, tiene que ver con la dinámica geometabólica del capitalismo como economía-mundo.

[2] Cita extraída de Emiliano Terán Mantovani, “La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante”. Documento de Trabajo N° 5, CELARG, Caracas: 2014.

[3] Esa expresión remite a una nota publicada por Arturo Uslar Pietri en el periódico “Ahora” en 1936 y que, desde entonces, se ha convertido en una pieza emblemática de una visión nacional-desarrollista basada en la idea de invertir la efímera renta petrolera en la gestación de otros sectores productivos más sostenibles. Un fragmento de dicha nota dice: “Urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destructiva para crear las bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura economía progresiva que será nuestra verdadera acta de independencia. Es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales. Que en lugar de ser el petróleo una maldición que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, sea la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y fortificar la evolución productora del pueblo venezolano en condiciones excepcionales.” (Arturo Uslar Pietri, “Sembrar el petróleo”, 14 de julio de 1936). Al día de hoy, el lema de PDVSA y el título del Boletín oficial es “Siembra petrolera…. Cosechando Patria”.

[4] Las exportaciones petroleras venezolanas pasaron del 65 % en 1998 al 96 % en el año 2014.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229785

En consecuencia, abajo y a la izquierda, tenemos el desafío de cambiar ante todo dos realidades. Una la señala Emiliano Teran Mantovani respecto a su país pero es compartida por nosotros: "La llamada «opinión pública» pone gran parte de su atención en los eventos electorales y la consecución de cargos oficiales, en las declaraciones de los principales líderes de los partidos políticos, en las disputas de las matrices mediáticas dominantes nacional o internacionalmente o en el accionar polarizado de los representantes de las instituciones estatales. Por esto no son de extrañar las continuas omisiones y debilidades que tenemos sobre el conocimiento de las dimensiones de la extraordinaria crisis". La otra es planteada por Horacio Machado Aráoz: "amplios sectores que se consideran de “izquierda”; claramente es así para la izquierda oficialista. Todavía estos sectores siguen anclados en el socialismo (realmente in-existente) del siglo pasado: concibiendo la revolución como “desarrollo de las fuerzas productivas”, creyendo que el imperativo de la liberación pasa por “industrializarnos”, “crear puestos de trabajo”, “aumentar salarios”, construir más carreteras” y “ampliar las políticas sociales”.Necesitamos que una creciente mayoría de nosotros las deconstruya adoptando una apertura política e ideológica de reconocimiento de las actuales subjetividades que están rompiendo con sus acostumbramientos al capitalismo y nosotros las menospreciamos porque:

 

A) Privilegiamos a los líderes.

 

 

Movimientos sociales: Agentes de construcción democrática

28 de julio de 2017

Por Óscar Schémel

Muy poco se ha analizado acerca del tejido cultural promovido e impulsado, paso a paso durante 18 años, por la Revolución Bolivariana. Me refiero a los movimientos sociales y culturales que han surgido al calor del proceso revolucionario y que se articulan de manera diversa con los procesos de politización y organización de los sectores populares.

Se trata de movimientos sociales, con sentido hegemónico, cuyas prácticas culturales son pocas veces visibles o medibles pero que tienen una enorme importancia estratégica.

Forman parte de un profundo y complejo entramado cultural, productor de valores, nociones y significaciones, que acompaña las luchas populares por la conquista de espacios políticos y económicos, o más exactamente por el poder.

Estos movimientos sociales constituyen verdaderos epicentros para una auténtica construcción democrática en nuestras sociedades, pues le disputan al pensamiento único neoliberal la potestad de refutar, recrear y resignificar las nociones dominantes acerca de la democracia, la participación, la inclusión social y política, y el desarrollo.

Hoy, como nunca antes, los factores dominantes persisten en invisibilizar, excluir, desacreditar e incluso destruir las acciones de los movimientos sociales, tanto en el campo productivo como cultural, mediante la apropiación y privatización de la producción cultural y simbólica, que les permita imponer su visión de la sociedad.

Y cuando no pueden ocultar o anular las prácticas culturales de los movimientos sociales, entonces tratan de aislarlas o reducirlas a una significación estrictamente artística o folclórica, despojándolas de su sentido político y emancipador.

La lucha política es esencialmente una lucha simbólica y cultural, una disputa por la mente y las emociones de los ciudadanos, una lucha por la hegemonía.

En ese sentido, los movimientos sociales son agentes estratégicos para la reconfiguración cultural de la sociedad, es decir, para la construcción de identidad, la creación de conceptos alternativos y de nuevos significados, la recreación de la palabra, pero fundamentalmente para la producción de subjetividad, de organización social y de ejercicio real del poder.

Hinterlaces, 27 Julio, 2017

http://hinterlaces.com/movimientos-sociales-agentes-de-construccion-democratica-analisis-situacional/

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/187169

 

 

 B) Estamos presos de la colonialidad de poder y saber y somos racistas. De modo que somos manipulados por los de arriba para enfrentar a comunidades campesinas e indígenas como el atraso o el enemigo respectivamente.  Sobre todo nos impide aprehender nuestras posibilidades emancipatorias  e ir descubriendo los aportes preciosos de los pueblos originarios para caminos de construcción de autodeterminación de nuestros pueblos.

 

 

 

"República Autónoma Mapuche" o Estado Plurinacional

8 de agosto de 2017

Por Confederación Mapuche de Neuquén 

La funcionaria Patricia Bullrich en sus declaraciones cargadas de desprecio racial e ignorancia, construye una verdadera ensalada de conceptos errados. Desconoce conceptos básicos de estados modernos y evolucionados que se asumen como Estados Plurinacionales.

Nuestra condición de Nación Mapuche está basada en la preexistencia milenaria que reconoce la propia Constitución Argentina. 

Negar esta realidad es propia de los estados autoritarios y colonialistas que desconocen la diversidad. Canadá es un estado plurinacional, España es un Estado Plurinacional, Suiza es un estado plurinacional, Bolivia lo es y también la Argentina. 

No depende del permiso de una funcionaria, está relacionado a una existencia de miles de años, ante un estado moderno de sólo dos siglos de existencia. 

La Plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni excluyente. Por el contrario, es una herramienta para la unidad en la diversidad 
Si los mapuche no asumiéramos nuestra nacionalidad, seríamos un pueblo sin historia y peor aún, seríamos un pueblo sin futuro. Nos paramos desde nuestras raíces y aportamos cultura, conocimientos y cosmovision a la construccion de este estado plurinacional.

https://www.facebook.com/XAWVNKO/photos/a.709158885831525.1073741857.44425058...

Fuente: http://argentina.indymedia.org/news/2017/08/910743.php

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“Exigimos el respeto a los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado de Chile, consagrados particularmente en el convenio 169 y en la ley lafkenche, conocemos nuestros derechos y los seguiremos defendiendo para asegurar el sustento y la subsistencia de nuestro pueblo, nuestra cultura y espiritualidad en esta tierra y en este mar, que constituyen un patrimonio espiritual, ecológico y cultural, no sólo para quienes vivimos y hemos vivido toda la vida aquí, sino que para toda la humanidad."

 

Chile: Declaración pública de la Coordinadora de Comunidades Mapuche Williche

por la defensa del territorio “Willi Lafken Weychan”

5 de septiembre de 2017

 

En Yaldad, a 14 de agosto de 2017, la Coordinadora de Comunidades por la Defensa del Territorio “Willi Lafken Weychan”, que agrupa a más de 40 comunidades williche de las regiones de Los Lagos y Aysén, reunidas en el 2º encuentro autogestionado de Conservación Marina Comunitaria, declara a la opinión pública lo siguiente:

 

La mar (ñuke lafken/mapu lafken) es y ha sido por siglos el sustento espiritual y material de nuestro pueblo; toda nuestra cultura e historia se articula en torno a este territorio de mar y tierra, habitado ancestralmente por nuestro pueblo.

Durante décadas hemos compartido la riqueza de nuestro mar con pescadores artesanales, los que son nuestros vecinos y otros que vienen de lejos, lo que en algunos momentos se tradujo en la sobreexplotación de algunas especies.

Más tarde se instaló la salmonicultura en nuestro territorio, provocando un verdadero desastre ecológico, cultural y social que hasta hoy los distintos gobiernos se han negado a reconocer.

Es por ello que como comunidades Mapuche Williche hemos tomado la determinación de retomar la responsabilidad en el cuidado y protección de nuestra riqueza natural y cultural. Con este fin, nuestras comunidades están solicitando Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) basados en la ley lafkenche, una ley conquistada por la lucha de nuestro pueblo mapuche, que reconoce nuestros derechos ancestrales sobre la ñuke lafken.

Las comunidades mapuche williche reconocemos el derecho igualitario de uso de estos espacios costeros y marinos, para los pescadores artesanales y recolectores de orilla, y todos aquellos que han hecho y hacen un uso sustentable del mar, sin depredarlo ni dañarlo. Por eso les estamos invitando a ser socios estratégicos para administrar de manera compartida y responsable estos espacios, sabiendo que esta ley es una herramienta que nos sirve tanto a las comunidades indígenas como a los pescadores artesanales, los que hoy ven igualmente amenazada su fuente de trabajo y sustento.

Rechazamos categóricamente la expansión de la salmonicultura y exigimos una fiscalización firme de las prácticas productivas de los centros de cultivo. Las comunidades estamos atentas al desempeño de SERNAPESCA en este sentido. Rechazamos también las relocalizaciones de centros de cultivos en la región de Aysén y en Chiloé, realizada sin consulta a los pueblos originarios, ya que constituyen una ampliación de las Áreas Aptas para la Acuicultura, hacia las pocas zonas que aún se mantienen libres de contaminación, y donde se encuentran nuestros caladeros de pesca más importantes. De igual forma, exigimos que no se permitan cambios de uso en las concesiones de acuicultura, sin consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas.

 

Exigimos también una adecuada fiscalización de las prácticas de la pesca industrial y la mitilicultura, que hoy tiene nuestras playas plagadas de basura y han sido un actor relevante, junto a la salmonicultura, en la contaminación de nuestro mar.

En otro ámbito, rechazamos la propuesta de reconocimiento de un nuevo pueblo indígena de Chiloé distinto al mapuche, impulsada por algunos dirigentes no representativos de la opinión mayoritaria de nuestro pueblo, y patrocinada por sectores políticos del gobierno actual. Reafirmamos nuestra identidad como parte del pueblo mapuche, de hecho nos reconocemos como mapuche williche.

Instamos al Estado, en particular a CONADI y al Ministerio de Educación, a reconocer la región de Aysén como territorio ancestral mapuche williche, para que así nuestros hijos puedan acceder a la asignatura de lengua Indígena, que hoy se niega en esta región a pesar del alto porcentaje de niños mapuche williche en las escuelas.

 

Rechazamos el intento del gobierno en declarar a toda la Isla de Chiloé como zona FAN (florecimiento de algas nocivas), dado que busca eliminar la barrera sanitaria que existe hasta ahora al sur de isla San Pedro donde los barcos de la industria salmonera deben realizar el intercambio de agua antes de entrar a la décima región; esto facilitaría el libre tránsito de los well boats que transportan los salmones a las plantas de procesos en esta región, lo que a sus vez les permitiría verter sus aguas contaminadas que traen como lastre, en cualquier parte donde existen los acopios de las salmoneras, esparciendo por todos lados las células de marea roja, donde los grandes afectados de forma directa serían los recolectores de orilla, los pescadores artesanales y los mitilicultores. La declaratoria de zona FAN sería un grave perjuicio para toda la isla de Chiloé, ya que nadie podría vender sus recursos, por lo que es una real amenaza de muerte para este territorio, un traje a la medida de los salmoneros donde el sastre es el propio Estado.

Exigimos procesos de consulta previa, libre e informada ante cualquier medida legislativa o administrativa que afecten los derechos de nuestras comunidades, en particular cualquier cambio en la ley de pesca y acuicultura o en sus normativas asociadas, entre ellos el Reglamento de Caladeros de Pesca, el que no ha sido adecuadamente consultado ni a las comunidades indígenas ni a los propios pescadores artesanales, ya que la consulta se está haciendo por internet, al que no todos tienen acceso expedito, y sin la difusión adecuada.

Exigimos la restitución de las tierras ancestrales del pueblo mapuche williche en Chiloé y en los archipiélagos de Las Guaitecas y Los Chonos.

Las comunidades mapuche williche exigimos el respeto a los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado de Chile, consagrados particularmente en el convenio 169 y en la ley lafkenche, conocemos nuestros derechos y los seguiremos defendiendo para asegurar el sustento y la subsistencia de nuestro pueblo, nuestra cultura y espiritualidad en esta tierra y en este mar, que constituyen un patrimonio espiritual, ecológico y cultural, no sólo para quienes vivimos y hemos vivido toda la vida aquí, sino que para toda la humanidad.

 

MARICHIWEW!!! MARICHIWEW!!! MARICHIWEW!!! MARICHIWEW!!!

 

COORDINADORA DE COMUNIDADES WILLI LAFKEN WEYCHAN:

Comunidad Nahuelquin Delgado, Isla Traiguen – Aysén

Comunidad Pewmayen, Puerto Aguirre – Aysén

Comunidad Antunen Raín, Puerto Aguirre – Aysén

Comunidad Foten Mapu, Caleta Andrade – Aysén

Comunidad Pu Wapi, Melinka

Comunidad Cheuqueman, Isla Marimeli, Cochamó

Comunidad Lafken Mapuche, Hualaihué

Comunidad Amutuy Ruka, Hualaihué

Comunidad Tremo Wapi, Isla Llancahue

Comunidad Rupu Lafken, Hualaihué

Comunidad Ayulen Mapu, Hualaihué

Comunidad Río La Arena, Hualaihué

Comunidad Mañihueico, Hualaihué

Comunidad Fotum Lafken Mapu, Hualaihué

Comunidad Isla Llanchid, Hualaihué

Comunidad Pepiukelen, Pargua

Comunidad Piedra Funda, Isla Caguach

Comunidad Isla Cailín

Comunidad Mon Fen, Yaldad

Comunidad Inkopulli, Yaldad

Comunidad Kokawke, Yaldad

Comunidad Piedra Blanca de Quellón

Comunidad Pu Wapi, de Quenac

Comunidad Choiguo, de Llingua

Comunidad Pilpilehue

Comunidad Lago Pio Pio, de Queilen

Comunidad Tahue

Comunidad de Apeche, de Queilen

Comunidad Cruce Los Canelos de Contuy

Comunidad El Cacike de Apeche

Comunidad Piedra Blanca de Aulen

Comunidad los Avellanos de Apeche

Comunidad de Lelbun – Queilen

Comunidad Kechalen de Queilen

Comunidad El Eden de Paildad

Comunidad Cavi Williche de Lelbun

Comunidad de Detico

Comunidad indígena Lafkenche de Linao – Ancud

Comunidad Lafken Mapu de Barra Chaiguao – Quellón

Comunidad Lafken Mapu de San Juan de Chadmo – Quellón

Comunidad Barrio costero de Huildad – Quellón

Movimiento defendamos Chiloé

Consorcio TICCA

Colectivo Chonke Mapu

Centro de Estudios Sociales de Chiloe [CESCH]

*Esta declaración aún continúa abierta para que otras comunidades la suscriban.

** Foto: David Nuñez

Fuente: radiodelmar.cl
Publicado por 
MapuExpress

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C) Nos embelesamos con los programas televisivos y radiales del poder opresor, también con la sociedad de consumo. Reflexionemos sobre:

 

 

Manifiesto

Minga de Pensamiento Comunicación y Pueblos Indígenas

1 de septiembre de 2017

Por Rebelión

 

Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias del Abya Yala (RUIICAY) - Procesos de comunicación indígena de Abya Yala- Participantes Minga de pensamiento y comunicación indígena IAMCR Cartagena 2017   

Los Pueblos Originarios y Afrodescendientes de Abya Yala venimos caminando desde hace años en procesos de lucha y resistencia en la defensa por nuestros derechos colectivos y territorios ancestrales; es una lucha que reivindica el mantenimiento de conocimientos, saberes, sabidurías y haceres ancestrales, y el reconocimiento de nuestros propios sistemas de comunicación, organización, producción, salud, justicia y educación propios. Este trabajo ha caminado desde diversos espacios de debate y deliberación sobre comunicación indígena e intercultural en el Abya Yala; además, a través del arduo trabajo del tejido de redes entre organizaciones, comunidades, universidades y pluriversidades indígenas, comunitarias e interculturales. 

Desde estos espacios convocados por los Pueblos y Nacionalidades Originarias de todo el continente, los planteamientos fundamentales han estado centrados en mantener procesos de reafirmación y lucha por las costumbres, las cosmovisiones, las lenguas autóctonas, los conocimientos, los saberes, sabidurías y haceres ancestrales; así como el mantenimiento de la integralidad territorialidad de la Madre Tierra como base fundamental del arraigo cultural que orienta y guía nuestros posicionamientos políticos, económicos, sociales y culturales. 

Como parte de la continuidad de estos debates necesarios para construir un tejido de relaciones interculturales en el contexto del Abya Yala nos hemos convocado comunicadoras y comunicadores indígenas e interculturales; educadores, facilitadores y orientadores; investigadores, investigadoras, activistas, y estudiantes de la Maestría Internacional en Comunicación Intercultural con enfoque de Género, en esta Minga de Pensamiento “Comunicación y Pueblos Indígenas” para caminar la palabra como un ejercicio fundamental para los diálogos que nos permitan profundizar en nuestros conocimientos, sabidurías, saberes y haceres. 

A partir de las reflexiones compartidas e intercambio de experiencias, en las distintas jornadas que hicieron la reflexión y debate de las y los participantes de esta Minga manifestamos que: 

 

·         Uno: Exigimos a los Estados y la sociedad en general reconocer, respetar y garantizar los sistemas de educación propia que los Pueblos Indígenas han logrado construir y consolidar mediante las universidades y pluriversidades interculturales y proyectos educativos comunitarios como lugares legítimos para la transmisión y reproducción del conocimiento ancestral, de saberes, sbidurías y haceres indispensables para enfrentar la crisis civilizatoria que enfrenta el mundo, integrando la sabiduría ancestral de las abuelas y los abuelos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en el Abya Yala. 
Resaltamos el papel de las universidades indígenas, comunitarias e interculturales en la formación en comunicación propia y en la construcción de diálogos y sociedades interculturales; en particular el rol dinamizador que desempeñan la Pluriversidad Amawtay Wasi (Ecuador), la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural (UAIIN-CRIC) y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN). 
De manera especial, respaldamos la demanda de la Pluversidad Amawtay Wasi para que le sea reconocido desde el Estado ecuatoriano su contribución en procesos educativos de formación y capacitación comunitaria, intercultural y se le restituya la condición de legalidad como institución pública y comunitaria para el ejercicio de la educación propia. Además, de destinar los recursos y favorecer las condiciones necesarias para garantizar su funcionamiento en los territorios de los pueblos y nacionalidades originarias. 

·         Dos: Exigimos a los Estados reconocer, implementar y brindar garantías para que los Pueblos Originarios podamos dialogar, diseñar, construir y poner en marcha las políticas públicas en comunicación indígena e intercultural, basadas en nuestras realidades, conocimientos y prácticas respondan a lo que nuestras comunidades ya han mandatado. Garantizar su implementación implica la readecuación de estructuras y formas institucionales de los Estados en coherencia con la diversidad cultural de los pueblos. Especialmente, convocamos al Estado colombiano para brindar las condiciones necesarias para la implementación de la política pública de comunicación indígena propuesta por los Pueblos Indígenas colombianos desde el 2014 y apoyar los procesos de comunicación indígena que se desarrollan con total ausencia del Estado. 

·         Tres: Demandamos a los Estados trabajar junto con nosotros en la construcción y aprobación de legislaciones y programas que permitan la democratización del sistema de medios de comunicación, generando condiciones equitativas y sin discriminación para el ejercicio del derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental y colectivo que implica el uso, apropiación y administración de medios de comunicación propios, de tecnologías, de desarrollo y distribución de software y de participación plena y directa en los medios de comunicación masivos. Tal como lo indica la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 16. Todo esto, desde el reconocimiento de las formas de comunicación comunitaria, intercultural y propia. 
Exhortamos a los Estados a reconocer los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas lo que incluye el uso del espectro electromagnético sin las cargas impositivas y los pagos por concesiones que han determinado los Estados, los cuales resultan onerosos para las comunidades indígenas, en tanto las comunidades no hacen un uso lucrativo de dicho espectro. 
En particular, exigimos al Gobierno de México que cancele todas las cuotas y pagos de derechos por el uso de espectro a Comunidades Indígenas que brindan servicios de telefonía celular comunitaria a costos muy bajos, retirando toda obligación fiscal cuya existencia responde a la necesidad de imponer cobro a empresas monopólicas que hacen usufructo del espectro con fines lucrativos y de acumulación de capitales. 

·         Cuatro: Hacemos un llamado a fortalecer las redes que desde los procesos nacionales buscan compartir experiencias y articular acciones más allá de las fronteras nacionales y establecer alianzas y vínculos amistosos más allá de la comunicación indígena, a partir de lo que nos une como humanidad que es la vida misma. En este sentido valoramos los esfuerzos por retomar los procesos internacionales de comunicación indígena que respeten la autonomía de los Pueblos Indígenas y sin la cooptación de los Estados. 

·         Quinto: Exhortamos a los organismos internacionales a reconocer e incluir de manera específica y diferenciada el derecho a la comunicación indígena dentro de sus agendas e instrumentos de exigibilidad a los Estados y gobiernos para su implementación específica y establecer estándares e indicadores específicos para su medición y cumplimiento. 

·         Sexto: Manifestamos nuestra voluntad de seguir fortaleciendo nuestro caminar a través de acciones con las cuales seguimos caminando la palabra, fortaleciendo la comunicación espiritual que nos mantiene en conexión con la Madre Tierra y sus principios de vida. 

·         Séptimo: Quienes somos partícipes de esta Minga de pensamiento nos comprometemos a mantener la resistencia, reafirmar las acciones actuales desde nuestras organizaciones, colectivos y comunidades para continuar concientizando y reivindicando la importancia de lo que estamos haciendo en términos de comunicación y educación intercultural como contribución a la humanidad. Esto incluye propiciar desde la academia en general, espacios y acciones en los que se reconozca en igualdad de condiciones los conocimientos, sabidurías, saberes y haceres de los Pueblos Indígenas y su contribución para enfrentar la crisis civilizatoria y contribuir a vivir una mejor sociedad. 

 

Celebramos el espacio de encuentro de la sabiduría de las plumas y de los diplomas académicos que ha permitido que los Pueblos Indígenas participen en la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Investigación en Comunicación Social (IAMCR, por su sigla en inglés). Esta Minga de pensamiento ”Comunicación y Pueblos Indígenas” agradece a la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias del Abya Yala (RUIICAY), al Colegio Universitario de Oslo Noruega (HIAO), a la Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional (NORAD) a través del programa Noruego para el Fortalecimiento de la Educación Superior y la Investigación para el Desarrollo (NORHED). 

Finalmente, agradecemos a la Universidad Los Libertadores y a UNIMINUTO por su apoyo incondicional al desarrollo y participación indígena en esta Minga de Pensamiento.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=231003

 

 

D) No damos importancia a que:“la fuente de información casi exclusiva y por ende excluyente con la que cuenta la sociedad es la que ofrecen los medios tradicionales al servicio de las elites, a través de los grandes medios que controlan económica y políticamente, los cuales resultan estar a favor de poderes económicos y políticos que por su naturaleza opresora merecen ser afrontados.

 

De manera que nuestro desafío, abajo y a la izquierda, es el de nuestros hermanos colombianos. Consiste en: "La «comunicación para la paz» debe ser entendida como un ejercicio de poder popular, que propicia la formación y construcción colectiva de saberes, propendiendo por la posibilidad y responsabilidad de ser sujetos políticos participantes de la consolidación de una paz con trasformaciones, es decir que sea una comunicación que garantice búsqueda permanente de soluciones a los grandes problemas que afectan al país y que sólo se legitima en la medida que los colombianos y colombianas vean los beneficios de una información desintoxicada del lenguaje de la guerra

 

 

 

Comunicación para la paz: un desafío aún pendiente

5 de agosto de 2017

 

Por Tomás García Laviana (Rebelión)

 

En Colombia, a través de los años e intensos procesos, han surgido un sinnúmero de personajes que han configurado formas y caminos de aprehensión y representación del mundo, desde acciones de lectura de la realidad de forma crítica, propiciando y promoviendo espacios comunicativos alternativos.

 

Esos recorridos se han transitado teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad y las coyunturas de un país dominado por la maquinaria comunicativa y el periodismo voraz que permea, cosifica y desestabiliza a los individuos, ofertando des-información, distractores, construcciones sociales de la realidad que no permiten tomar postura desde dinámicas de consciencia.

En ese sentido se reconoce y reivindica a todos los que se han comprometido con la tarea de informar y comunicar desde la realidad, desde la verdadera razón del periodismo: ¡la verdad!

 

Teniendo en cuenta esto, el próximo 13 de agosto se realizará la conmemoración de la siembra del abogado, filósofo, humorista, activista, periodista y ante todo mediador de paz Jaime Garzón Forero, quien fue asesinado por los enemigos de la paz, la justicia y la verdad. Un hombre que instauró una propuesta comunicativa desde el humor inteligente y que supo ser un crítico de los medios hegemónicos aun desde sus propias pantallas. En ese entendido se puede decir que su legado tiene algo imprescindible: la “reflexión”, pues se convierte en el ambiente propicio para que, como pueblo, reflexionemos sobre el papel que juegan los medios de comunicación y los emporios de la información, en la conformación de redes de la sociedad y, por ende, de la forma de relacionarse, sea esta pacífica o altamente conflictiva.

 

Así mismo, en un mundo que está totalmente codificado, el lenguaje como aspecto esencial de la comunicación, puede prestarse para manipular y polarizar la sociedad, afectando la cultura en tanto la mercantiliza y banaliza, igual que la democracia y los bienes comunes que la deben configurar.

 

Colombia no es ajena a esta dinámica y en su medio de descomposición, se construye, funciona y actúa a través de ese lenguaje con fines políticos. Todo ello se da en un escenario social caracterizado por la alta concentración del poder y la riqueza, así como por la fragmentación e insolidaridad, motivo por el cual los medios de comunicación son factores esenciales e incidentes en la solución de conflictos, en su prolongación y no resolución, pudiendo y debiendo actuar en otro sentido, pues es desde allí que se reconfiguran los mismos, donde se propende por la construcción de estrategias, propuestas y acciones que permitan avanzar o retroceder en la consecución de un verdadero desarrollo humano, lo más anhelado en el país; sin embargo, la realidad colombiana nos muestra unas empresas de comunicación al servicio de la guerra y del expolio, que generan y promueven conflictos nacionales e incluso internacionales.

 

A su vez, la manera cómo se maneja el lenguaje de la comunicación para la construcción de estos discursos de violencia, debe ser confrontado por esa amplia mayoría que está a favor de la paz y la verdad, a través de medios que respondan a las necesidades propias de los pueblos de Colombia, y en la coyuntura actual, de medios que sirvan a la verdad, a la construcción de memoria, de educación y de una solución pacífica a los conflictos, que no promuevan la “pacificación” como acallamiento de las diferentes voces. El ejercicio consciente y responsable del periodismo debe subordinarse al bien común, estar al servicio de las mayorías sustituyendo la perversidad y la mezquindad del sistema económico individualista; cuya tarea sea la identidad, el humanismo social y la resignificación de las culturas que habitan Colombia.

 

Entender la comunicación como un bien común

La comunicación para la paz debe ser entendida como un ejercicio de poder popular, que propicia la formación y construcción colectiva de saberes, propendiendo por la posibilidad y responsabilidad de ser sujetos políticos participantes de la consolidación de una paz con trasformaciones, es decir que sea una comunicación que garantice búsqueda permanente de soluciones a los grandes problemas que afectan al país y que sólo se legitima en la medida que los colombianos y colombianas vean los beneficios de una información desintoxicada del lenguaje de la guerra.

 

En este sentido es fundamental la concertación y un plan estratégico donde confluyan periodistas independientes, alternativos, populares, que junto a los sectores que se encuentran organizados, pugnen por un proyecto de nación, entendida ésta como la posibilidad de tejer redes sociales desde la colectividad y cada uno de sus actores, donde se trabaje por un cambio real y estructural para Colombia, sin segregaciones, entendiendo y realizando el ejercicio del periodismo ético como una parte del gran proyecto de las diferentes agremiaciones que se dignifican desde ese posicionamiento resistente.

 

Es así que en Colombia más de tres millones de personas no tienen acceso a la internet o no cuentan con medios de comunicación regionales (FLIP, 2016); a la vez la concentración de medios es abrumadora: sólo tres grupos empresariales concentran el 57% de la audiencia en los distintos soportes comunicativos: radio, internet y prensa. (MONITOREO DE MEDIOS, RSF 2016), por lo cual la fuente de información casi exclusiva y por ende excluyente con la que cuenta la sociedad es la que ofrecen los medios tradicionales al servicio de las elites, a través de los grandes medios que controlan económica y políticamente, los cuales resultan estando a favor de poderes económicos y políticos que por su naturaleza opresora merecen ser afrontados.

 

De esta forma es importante exponer a la par y como condición de posibilidad de ese genocidio político en curso, que en los últimos cuarenta años han sido asesinados más de 150 periodistas, que tienen un común denominador: “Las víctimas adelantaban investigaciones que evidenciaban corrupción en el poder público y militar” (CNMH,2015). Sin contar que en lo transcurrido del 2017 más de 200 periodistas han sido víctimas de violaciones a sus derechos bajo la forma de amenazas, acoso judicial, detención ilegal, estigmatización, hurto de material periodístico, entre otras acciones que ponen en riesgo la labor periodística (FLIP,2017).

 

Paz también es democratizar los medios de comunicación

En efecto, el buen vivir no debe ser monopolio de quienes llevan las riendas del poder político y económico del Estado y la consolidación de un país con prosperidad e igualdad debe propender por el rescate y construcción de la memoria histórica, considerándose ésta como un valor y un beneficio colectivo que fomenten las estructuras de una organización social digna.

 

Para esto es necesario la recuperación de espacios que garanticen la asociación, en sentido colectivo de los medios para las comunidades, que permitan sus propias formas de desarrollar la comunicación a través de una legislación efectiva y de garantías que responda a la democratización y los recursos necesarios para la comunicación, así como la igualdad de oportunidades para asegurar a las comunidades el acceso al espectro electromagnético, permitiendo de esta manera desarrollar una comunicación proactiva que beneficie a las comunidades, y cree verdaderas condiciones de seguridad en el ejercicio del periodismo, así como el respeto a la libertad de prensa.

 

En ese caso es necesario y urgente reglamentar un nuevo marco legal para la comunicación dentro de la sociedad colombiana que, quizá, sea referente del presente de nuestro país.

En conclusión, es imperativo realizar un ejercicio constante y consciente de reivindicación en memoria del legado de Jaime Garzón y de muchos otros periodistas que han abonado con su sangre y su vida el ejercicio del periodismo ético, responsable e independiente; es momento de que en conjunto, un periodismo organizado, aporte las condiciones necesarias para que el ejercicio ético de la profesión desarrolle una pedagogía de paz que aporte a la formación de los comunicadores en campos y ciudades, en los diferentes contextos y rincones del país, brindando información, material que les permita obtener insumos fundamentales en la toma de decisiones ecuánimes, honestas, transparentes y coherentes con la labor comunicativa, que apunten al buen vivir y posibiliten transitar a una nueva cultura política de emancipación, bienes comunes y cuidado de nuestro habitar en el planeta. Los retos entonces son definitivos e históricos.

Tomás García Laviana. Productor de imagen, realizador audiovisual, comunicador popular, integrante de la Delegación para los Diálogos de paz del ELN.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229944

 

 

E) Estamos frente a izquierdas con análisis sin autocríticas ni elaboración actualizada de la complejidad implícita en la subordinación de Nuestra América a ser expoliada mediante extractivismo. Enfocan la verdad parcial sobre nuestra situación actual que reside en el presente y:

 

La sucia historia de EE.UU. contra Latinoamérica

 

8 de septiembre de 2017

 Por Manuel Yepe (Rebelión)

La historia de las intervenciones y agresiones estadounidenses en Latinoamérica comienza en 1822 con la afirmación de la región como su esfera de influencia y sigue con la promulgación de la Doctrina Monroe, según la cual las naciones hispanoamericanas que emergían a la independencia constituían territorio vedado a los apetitos imperiales europeos y, por extensión, espacio natural de influencia estadounidense.

Luego viene la afirmación del principio del Destino Manifiesto, la guerra de 1848 contra México y el despojo de California y Nuevo México.

A partir de 1898 Estados Unidos entra en guerra contra el debilitado imperio español para conquistar sus territorios coloniales remanentes: Filipinas, Puerto Rico y Cuba.

Aunque el objetivo principal, por razones económicas y de geopolítica era el archipiélago filipino, el mejor pretexto se presentó en Cuba, donde los independentistas estaban llevando la mejor parte en su guerra contra el colonialismo español y se hallaban próximos a lograr por sí solos la victoria.
 

La derrota de las debilitadas armas españolas no tardó mucho tiempo y permitió al debutante imperialismo norteamericano presentarse como fuerza fiel a su discurso anticolonialista, al tiempo que negaba o reducía el papel en ello de los independentistas cubanos que llevaban más 30 años sobre las armas y habían perdido en combate a algunos de sus principales líderes.

En el curso de las siguientes tres décadas, Estados Unidos invadirá treinta y cuatro veces a los países de la Cuenca del Caribe: Ocupará México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Haití, Cuba, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. La sólida presencia británica en materia comercial, financiera y de infraestructura, impidió a Washington extender su penetración imperial a América del Sur. En 1933, con el país afectado por una honda depresión económica, agotado por la campaña contra Sandino en Nicaragua e inquietado por el fuerte movimiento nacionalista latinoamericano estimulado por la Revolución Mexicana, llega al poder Franklin Delano Roosevelt quien inicia la política del Buen Vecino, retira las fuerzas de ocupación del Caribe y anuncia una política de no intervención en América Latina.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, se inicia la Guerra Fría y se conforma un mundo bipolar para el que Washington convierte a América Latina en su retaguardia, al tiempo que crea en 1947 la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que escribirá en la región una de las más tenebrosas historias de crimen, abuso y barbarie que haya conocido la humanidad.



Corresponden a este período el inicio de las agresiones y del bloqueo económico contra la revolución cubana y las invasiones contra Guatemala, República Dominicana, Panamá, Granada y la guerra sucia contra la Nicaragua sandinista.

Al término de la Guerra Fría, del Consenso de Washington determina que el dominio imperial de Estados Unidos sea reemplazado por la hegemonía económica, ejercicio que abre el apetito de los halcones de Washington que exigen el retorno a un poder imperial absoluto, asumido sin ambages, para lo cual se presta como anillo el dedo la asonada terrorista del 11 de septiembre de 2001 que justifica la supuesta “guerra contra el terrorismo”.

La integración de un sistema hemisférico dominado por Washington, el acomodamiento de América Latina a los intereses imperialistas de Estados Unidos en el rol de suministrador de materias primas; la integración de la Organización de Estados Americanos como patio trasero de EEUU, hasta la conversión de América Latina en una especie de taller de Estados Unidos para experimentar las diferentes formas de guerra contrainsurgente con todas las modalidades del terror, desapariciones, torturas, masacres y exilios forzados, diseñadas todas para destruir la relación entre la solidaridad y la individualidad. Desde 1898 Estados Unidos ha ejecutado “exitosamente” más de cuarenta cambios de régimen en América Latina.

Contrasta el hecho de que siga en pie y con más solidez que nunca, la revolución cubana, lo que mantiene la interrogante sobre la validez de una vía democrática para la retención de poder por las revoluciones populares dada la reiteración con que las fuerzas de derecha han demostrado que no acatan sus derrotas por la vía democrática de las urnas y apelan siempre a una u otra forma de violencia institucional basada en el orden burgués previamente establecido.

Por la significación de su vigencia para la Patria Grande, toca al pueblo venezolano defender, con la solidaridad y apoyo de todos sus semejantes del continente, la supervivencia de la revolución bolivariana, hasta la victoria siempre.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=231272

 

Enfocan esa verdad en forma tal que sus conclusiones nos niegan el imperativo de:

 

 

 

Debatir Venezuela para re-imaginar el socialismo del Siglo XXI

8 de agosto de 2017

 

Por Horacio Machado Aráoz (Rebelión)

Notas preliminares

“La crítica ha arrancado las flores imaginarias de la cadena, no para que el hombre siga soportando esa cadena sin fantasía ni consuelo, sino para que se arranque la cadena y recoja la flor viviente.” (Karl Marx)

La circulación de un comunicado internacional [1] que apoyamos sobre la crítica situación venezolana ha desencadenado una andanada de reacciones y polémicas al interior (del heterogéneo campo) de la izquierda. Lamentablemente, a pesar de que se invitaba a abrir un debate para “mirar a Venezuela más allá de la polarización”, el sentido mayoritario de las contestaciones se hizo eco del maniqueísmo y la lógica binaria que domina la escena trágica de la cotidianeidad venezolana. Más que analizar y debatir a fondo las condiciones, factores y procesos que condujeron a semejante crisis, muchas respuestas se arrogaron la tarea de dirimir quiénes están en el “lado correcto”, de la “verdadera izquierda”, y quiénes habrían cruzado la raya hacia el lado del “error” o la “defección”.

 

Absolutamente ajenos a cualquier pretensión de ser “portadores de la verdad”, estas líneas no quieren ser la prolongación de una polémica vacía y estéril sobre la propiedad de la “razón” o de las interpretaciones y posiciones políticas “correctas” sobre el caso venezolano. Tampoco nos interesa defender (ni atacar) la reputación intelectual y/o política de quienes toman una u otra postura. Esa vía resulta completamente banal e inconducente. En esa dirección, la descalificación (a las personas), sustituye a la argumentación (sobre los procesos) y se soslaya el foco de la cuestión. Porque, de lo que se trata no es de juicios sobre individuos, sino de procesos políticos y sujetos históricos (en continua reconfiguración).

 

En ese sentido, nos parece fundamental volver el debate sobre los alcances y límites del proyecto bolivariano [2]. Precisamente por tratarse del caso que con mayor convicción y decisión política ha encarado el desafío de un cambio revolucionario en estos tiempos, por ser el proceso que con mayor radicalidad ha trazado sus políticas y objetivos; en fin, por ser el único que se planteó explícitamente el desafío de construir el socialismo del siglo XXI (no sólo dentro del concierto de los gobiernos progresistas en América Latina, sino en el mundo), es que urge repensar Venezuela; tener el coraje de ver la génesis y el devenir del proceso bolivariano con honestidad intelectual y compromiso histórico, para procurar entender cómo y por qué desembocó en la dramática situación en la que hoy se encuentran el pueblo venezolano y el proceso bolivariano mismo.

 

Nos parece fundamental tener la capacidad para entablar un diálogo al interior de las fuerzas y sujetos comprometidos con el cambio revolucionario, que nos ayude a elucidar cómo y por qué el proyecto más radical acabó en la crisis aparentemente terminal en la que hoy se encuentra. Decir que estamos hoy ante un gobierno “revolucionario”; sostener que la crisis que atraviesa es consecuencia exclusiva del “asedio del imperialismo”, no resulta una descripción empíricamente sostenible, ni una explicación consistente, acorde a la complejidad de los hechos.

 

Interpelados por el carácter histórico disruptivo del proceso bolivariano, profundamente comprometidos con sus aspiraciones y potencialidades revolucionarias, pero también conmovidos por las intensas y complejas contradicciones que lo atraviesan, creemos que nuestro desafío pasa por ser capaces de realizar los aprendizajes históricos que semejante experiencia nos puede brindar a fin de revisar y reformular los sentidos a futuro de nuestras luchas emancipatorias. En esa dirección, con ese espíritu, proponemos algunas cuestiones preliminares a debatir.

 

1.- La crítica (¿inconveniente o imprescindible?)

1. 1.- El “Llamado internacional urgente a detener la escalada de violencia en Venezuela” que en su momento firmamos, es eso: un llamado a la reflexión, no una “acusación”. Es una apelación fraterna al ejercicio de la crítica como pedagogía política, y como insumo indispensable de todo proceso revolucionario. Su contenido es, en sí, un ejercicio autónomo y colectivo de la crítica, que no pretende hablar en nombre de otra/os, ni arrogarse la representación de nadie; mucho menos, hablar desde ninguna presunta superioridad epistémica. Y sí, en efecto, es un llamado crítico que está explícitamente dirigido a revisar el apoyo incondicional y la defensa sin reservas, que diferentes actores y sectores del campo popular en nombre de “la revolución” y de “la izquierda” (ahora, la “verdadera izquierda”), vienen prestando al gobierno de Venezuela, así concebido como propietario monopólico del “proceso bolivariano”.

 

1. 2.- Si las cargas de la crítica están puestas sobre los actuales conductores del Estado y del gobierno venezolano, no es porque ignoremos, minimicemos ni mucho menos pretendamos desconsiderar la responsabilidad política que le cabe a las fuerzas reaccionarias intervinientes, sino precisamente porque ello da cuenta de con quiénes procuramos dialogar y en quiénes recae la responsabilidad estatal de contener y desactivar la escalada de violencia y la militarización de la política en curso. Si nuestro llamado a la reflexión apunta centralmente a todas las fuerzas sociales y políticas que en general apoyan al proceso bolivariano, es porque allí tenemos depositadas nuestras genuinas esperanzas. En y a través del ejercicio de la crítica que reivindicamos, buscamos, no el derrumbe de dicho proceso, sino su re-encauzamiento y profundización.

 

1. 3.- Nos parece fundamental discutir la idea de que defender el proceso revolucionario implica suprimir toda crítica al Gobierno venezolano, a sus políticas y a sus conductores. No toda crítica puede ser des-calificada como sinónimo de “traición”, “resabio burgués”, de “hacerle el juego a la derecha” o ser “funcional al imperialismo”. Para muchos sectores de la izquierda, ésta parece ser una premisa indiscutible. Nosotros, en cambio, pensamos que esto forma parte del catálogo de los más gravosos yerros históricos de la izquierda, asociados más al estalinismo que al socialismo que queremos y necesitamos para el siglo XXI [3].

 

1. 4.- Algunos, reconociendo la pertinencia argumental de las críticas, las rechazan sin embargo por inoportunas; “aún siendo válidas, en esta coyuntura, terminan alentando el triunfo de la derecha”, se dice. Pero es necesario preguntarse si es la crítica lo que debilita al proceso bolivariano, o si es su silenciamiento lo que está contribuyendo a su desmoronamiento. Hoy, efectivamente, las fuerzas de la derecha y los ataques pro-imperialistas son más virulentos que siempre. Pero, si la derecha se ha hecho más fuerte y más peligrosa no ha sido, creemos, por los aciertos y los avances del proceso revolucionario sino, por el contrario, por su involución y por los impases que hoy lo estancan. Los problemas están ahí; siguen ahí: el rentismo petrolero, una élite racista cuyas bases de poder no han sido horadadas, la dependencia alimentaria del país y el déficit alimentario y sanitario de los sectores populares, el deterioro de los bienes y servicios públicos, incluso de la ética pública y la valoración social de lo público, ni qué hablar de lo comunal/comunitario… Es necesario, entonces, pensar los límites, procurar sacarlos a la luz y debatirlos; no acallarlos ni ocultarlos. Eso, seguro, no nos lleva a ningún buen lugar, ni buen futuro.

 

1. 5.- Las izquierdas –conviene recordarlo- han cifrado siempre sus esperanzas históricas en las potentes armas de la crítica. Para las fuerzas emancipatorias en general, la crítica es pedagogía política del oprimido/a; es espacio de aprendizaje histórico de quienes luchan por su propia auto-emancipación. Desde esa postura, no hay proceso revolucionario sin un continuo proceso de educación popular, que significa aprender haciendo, construir conocimientos colectivos desde y para la liberación a partir de la continua deconstrucción y resignificación de sujetos, prácticas y procesos. Sin auto-crítica, no hay educación popular; sin educación popular, no hay cambio revolucionario.

 

 

2.- La derecha, golpista, pro-imperialista… y funcional al gobierno.

2. 1.- La caótica situación del pueblo venezolano es en gran medida agravada por violentas e ilegales maniobras de desestabilización agenciadas por sectores oligárquicos internos en alianza con fuerzas pro-imperialistas norteamericanas. Estos sectores se ven y actúan como los principales beneficiarios de la crisis. La aprovechan no sólo para desestabilizar al gobierno, sino para hundirlo cada vez más en el descrédito y la deslegitimación. Cuanto más degradada salga la imagen del gobierno y cuanto peor sean las condiciones de la crisis, mayor será el margen de maniobra económico y político y hasta el nivel de impunidad ideológico y jurídico que heredará el próximo gobierno. Cualquier escenario que otorgue a estos sectores el control del Estado signará una gravosa derrota que repercutirá larga e imprevisiblemente sobre los sectores populares y las aspiraciones emancipatorias en el país, en la región y a nivel global. Nadie que honestamente se diga “de izquierda” puede alentar esa “salida”. Sobre esto no cabe la menor duda y nunca estuvo en discusión.

 

2. 2.- Las expresiones extremas de la derecha -presentes y activas en Venezuela y en toda Nuestra América -, lo sabemos, condensa lo peor del poder reaccionario que históricamente ha urdido este mundo de muerte; son una clase minoritaria que ha construido su reducto de privilegios a costa de la mundialización de la violencia ecocida, racista, clasista, patriarcal. Con ella, aliada histórica del imperialismo norteamericano, no hay condiciones de diálogo, ni nos despierta ninguna ingenua expectativa política, excepto lograr avanzar en la erosión y deconstrucción de las condiciones económicas, sociales y políticas que la hicieron posible. Frente a ellas, en todo caso, se activa el complejo dilema freireano/fanoniano del genuino cambio revolucionario: de cómo transformar las condiciones estructurales de la opresión histórica que encarnan, sin que esto signifique o desemboque en un simple cambio de posiciones y roles entre opresores y oprimidos.

 

2. 3.- Esa derecha extrema, golpista y pro-imperialista, constituye tanto una amenaza real como un ficticio salvoconducto al que el gobierno venezolano se empeña en aferrarse como el único reducto restante para (auto)representarse y pretender legitimarse como lo que evidentemente ya no es: un gobierno popular, de izquierda y (menos que menos) socialista. Los planes de la derecha golpista son, hoy por hoy, el único argumento en pie al que apela el oficialismo de izquierda para seguir soslayando los graves problemas de corrupción, ineptitud, autoritarismo, violación del orden constitucional y las propias políticas económicas regresivas que el gobierno de Maduro ha venido implementando, en el marco de la grave crisis generalizada (económica, social, política e institucional) que atraviesa al pueblo venezolano. Así, quienes son objetivamente el peor enemigo de los intereses populares, funcionan también, paradójicamente, como el principal aliado coyuntural del actual gobierno y sus defensores.

 

2. 4.- El gobierno venezolano y lo que llamamos la “izquierda oficialista” justamente por abroquelarse en la defensa ciega e irrestricta de cualesquiera de las medidas y políticas del mismo (actitud que hacen extensiva a los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, y de la “revolución ciudadana” en Ecuador), adjudican al golpismo de derecha y al imperialismo (definido en clave exclusivamente norteamericana), el origen y el fondo de los graves problemas sociales que afectan al pueblo venezolano, y de la crisis política que atraviesan los ‘gobiernos progresistas’ en general, en la región.

 

Se niegan así a reconocer en qué medida la crisis es también, en buena medida, producto de las políticas gubernamentales aplicadas y hasta qué punto son los propios gobiernos y sus políticas en curso quienes están obturando las posibilidades transformativas y, al contrario, alimentando las salidas más reaccionarias . Si en los casos de Bolivia y Ecuador no se ha llegado una situación crítica comparable, en el caso de Venezuela no se puede desconocer que ya no sólo estamos ante un escenario donde el propio Gobierno ha venido aplicando medidas abiertamente neoliberales y represivas [4] , sino donde se ha ingresado a un estado tal de descomposición del tejido social y deterioro de la vida colectiva que se hace ya prácticamente insostenible y que, hoy por hoy, es el principal caldo de cultivo de las expresiones más extremas y reaccionarias de la derecha [5] .

 

2. 5.- Nos parece imprescindible reconocer que las fuerzas de extrema derecha no engloban (ni mucho menos!) a toda la oposición movilizada contra el actual gobierno, de la misma manera que no se puede confundir el proceso bolivariano en general con el gobierno, ni atribuir su legítimo monopolio a quienes hoy detentan el control del Estado. El binarismo maniqueo con que la izquierda oficialista mira la coyuntura política venezolana no sólo supone una burda distorsión de un escenario político más complejo, sino que además termina invisibilizando temas, sujetos y procesos que están por afuera de esa polaridad hegemónica construida, únicamente funcional a los sectores más regresivos dentro de la oposición y del gobierno[6] . Pareciera cada vez más evidente que la violencia política del actual escenario venezolano corresponde menos a una lucha de clases que a la una mera confrontación entre élites por el control de la renta petrolera [7].

 

2. 6.- En particular, no se puede ignorar que fuerzas cada vez más numerosas del chavismo en particular y de la izquierda en general, así como líderes chavistas altamente representativa/os, entre ella/os, ex ministra/os y alta/os funcionaria/os de los anteriores gobiernos de Chávez han venido reaccionando críticamente ante los extravíos del rumbo político del Gobierno de Maduro y su entorno. Se trata de fuerzas políticas pro-chavistas que están afuera del gobierno, trabajando en la construcción de alternativas a la polarización de élites extremistas que domina la coyuntura política. Fundamentalmente, se trata de actores y procesos colectivos que procuran construir alternativas de re-encauzamiento, recuperación y profundización de las transformaciones revolucionarias que inició el chavismo, y no su implosión.

 

3.- La democracia (mero fetichismo burgués o piso mínimo del socialismo?).

3. 1.- La escalada de violencia que hoy se cierne sobre la sociedad venezolana brota de un círculo perverso de hegemonía bipolar montado entre extrema derecha e ‘izquierda’ oficialista, que se retroalimenta recíprocamente llevándose por delante, como un torbellino, las fuerzas y posibilidades de una salida democrática y pacífica de la crisis, a esta altura cada vez más remota. Si a la derecha la democracia nunca le importó realmente, para ciertos sectores de la izquierda oficialista pareciera ser una condición accesoria, prescindente y/o sacrificable en pos de las coyunturas políticas. Tal parece ser la clave de lectura aplicada al gobierno venezolano.

 

3. 2.- Empeñado en considerarlo el demiurgo exclusivo del ‘proceso revolucionario’, el oficialismo de izquierda soslaya las graves violaciones de derechos constitucionales y la deriva autoritaria del gobierno de Maduro. Apelando a una retórica de “lucha de clases” y de “guerra defensiva contra la agresión imperialista”, instituye una suerte de lógica política maquiavélica desde la cual se afirma que “todo vale” cuando se trata de “salvar el proceso revolucionario”. Se confunde claridad ideológica con apoyo incondicional. Y desde esa mirada, toda oposición es expresión de la derecha, o funcional a ella. Abierta o soterradamente, en la escalada de la crisis, se instala una razón de estado jacobina, que deposita la tarea de la “defensa de la revolución bolivariana” en el Estado y más precisamente, en las élites militares y del PSUV que detentan hoy su control. De ese modo, lejos de dar lugar a una apertura de mayor participación popular y a hacer del pueblo organizado el principal bastión de defensa, estamos asistiendo a un proceso de concentración burocrático-militar y autoritarismo, que en definitiva, resulta funcional a los planes e intereses de las derechas más extremas.

 

3. 3.- Al equiparar la actual crisis política con el intento del golpe de Estado a Chávez en el 2002, la izquierda oficialista omite una diferencia fundamental: la contundente movilización popular que la hizo fracasar. Entre muchas, la diferencia determinante que separa a los gobiernos de Chávez respecto del actual gobierno de Maduro, es el abrumador apoyo en las urnas que tenía aquel y que éste ha perdido. Le guste o no a quien sea, la legitimidad política de Chávez estaba monolíticamente construida y acorazada sobre amplias mayorías electorales. El gobierno de Maduro no sólo no puede exhibir semejante argumento, sino que, desde la dura derrota electoral sufrida en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, ha incurrido en crecientes violaciones a la Constitución bolivariana con el objeto de seguir gobernando unilateralmente, incluso con un índice de apoyo extremadamente bajo. No sólo ha violentado los procedimientos de renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, se han aprobado leyes orgánicas sin el concurso de la Asamblea Legislativa, y se ha impedido la realización de un referéndum revocatorio (un mecanismo constitucional de democracia participativa, impulsado por amplios sectores sociales y políticos), sino que además, se han suspendido sin fecha las elecciones a gobernador que debieron realizarse en el 2016. En definitiva, desde la estrepitosa derrota electoral en 2015, no hay elecciones en Venezuela; el gobierno ha bloqueado ese elemental instrumento constitucional por el mero hecho manifiesto de que no está en condiciones de obtener siquiera un resultado decoroso.

 

3. 4.- Es claro que la democracia no se reduce a lo electoral; pero sin elecciones no hay democracia. En este sentido, nuestro llamado a respetar y defender la vigencia elemental de los derechos humanos y de las condiciones procedimentales mínimas de un Estado de Derecho, no tienen nada que ver con fetichismo burgués; la reivindicación de las condiciones y el carácter democrático de los procesos políticos, de ninguna manera suponen la idealización de la institucionalidad liberal, sino todo lo contrario: trascender revolucionariamente los límites de la “democracia representativa” supone no borrar o violentar esos mínimos, sino ir más allá de ellos. El rechazo al autoritarismo y la defensa de los Derechos Humanos no pueden ser asimilados a una postura “liberal-burguesa”; son parte de las banderas fundamentales de nuestros pueblos en su histórica lucha contra el colonialismo (externo e interno) y el imperialismo, la opresión de clase, racial y de género. El compromiso con la democracia que demandamos en nuestro comunicado se refiere, sí, a la de elecciones libres y periódicas, pero no exclusivamente a eso: hablamos explícitamente de “democracia participativa”, “democracia igualitaria”, “ciudadanos en las calles”, “ampliación de las arenas públicas para la toma colectiva y comunitaria de las decisiones” y “ampliación de la frontera de derechos en pos de una sociedad más justa”. Me pregunto, ¿será posible que en el siglo XXI volvamos a recaer y reivindicar los crasos errores de las fallidas experiencias del socialismo realmente (in)existente del siglo pasado? ¿No ha remarcado el propio Comandante Chávez que lo democrático debiera ser un aspecto irrenunciable y distintivo del socialismo del siglo XXI?

 

3. 5.- El flagrante autoritarismo del actual gobierno venezolano no significa que sea un gobierno ni fuerte, ni mucho menos monolítico. Al contrario, se trata de un gobierno claramente débil y fragmentado, incapaz de generar amplios consensos sociales y de procesar democráticamente las disidencias. El oficialismo de izquierda sigue pensando la revolución desde el poder del Estado; cree que la suerte de la revolución se juega en el mantenimiento del gobierno, y por ello se aferran a él, por cualquier medio y a toda costa. La lucha contra la arbitrariedad, los abusos de poder, las violaciones a derechos civiles y políticos básicos, la importancia del pluralismo el respeto por la diversidad y el diálogo como medio de construcción política, no son banderas del liberalismo; las entendemos como condiciones indispensables para cualquier proceso político que se pretenda emancipatorio. De otro modo, no se ve cómo afrontar de modo creativo y superador los complejos desafíos de la construcción del poder popular a partir de un campo de opresiones múltiples, estructuralmente heterogéneo, que demanda aprender a conjugar la diversidad y complementariedad de las luchas; no a regresar a viejos dogmatismos como la apelación al rol esclarecido de “vanguardias” y dictaduras del proletariado.

 

Más allá de estos aspectos cruciales, la lamentable deriva de crisis generalizada y autoritarismo que signa la trayectoria del gobierno venezolano en los últimos años pone de manifiesto problemas de fondo en la concepción del proceso revolucionario; problemas que no se circunscriben a los yerros del gobierno de Maduro, ni sólo al proceso bolivariano, sino que afectan al conjunto de las experiencias gubernamentales del ciclo progresista. Esos problemas de fondo, tienen que ver, a nuestro entender, con creer que superar el neoliberalismo era simplemente cuestión de volver al keynesianismo; con reducir el imperialismo a una cuestión de agresión externa, y básicamente norteamericana; en fin, con haber pensado que era posible construir una sociedad más justa, más igualitaria y democrática sobre la base de la profundización del extractivismo.

 

Esos problemas, la dificultad para verlos como obstáculos insalvables en los procesos emancipatorios, expresan sintomáticamente el sesgo colonial de la mirada progresista. Permiten comprender el camino trunco dejado por los gobiernos que asumieron ese ideario y también el por qué del sabor amargo, del malestar de resaca social dejado tras el fin de ciclo. Por eso mismo, discutirlos como tales, como límites, es una condición necesaria para reinventar la idea de revolución; para re-imaginar y re-dimensionar la naturaleza y magnitud de los cambios que precisamos hacer en dirección a la construcción del socialismo del siglo XXI.

 

A inicios del siglo XXI, las cadenas que subyugan al pueblo nuestroamericano se revistieron (una vez más) de las flores propias de la fantasía colonial (neo)desarrollista… Ahora que esas flores están marchitas, debemos volver a lidiar con la cadena misma…. En Nuestramérica, la América indígena, campesina, afrodescendiente, mestiza, favelada, el nombre de esa cadena bien podría ser resumido bajo el de “regímenes extractivistas” . En el caso venezolano, el problema no es, a nuestro modo de ver, el “régimen de Maduro”, ni el del “chavismo como régimen”; el problema es justamente cómo el chavismo en el Estado terminó profundizando y ampliando el viejo régimen del extractivismo petrolero.

 

[1] Nos referimos al “Llamado Internacional urgente a detener la escalada de violencia en Venezuela. Mirar a Venezuela, más allá de la polarización”.( http://llamadointernacionalvenezuela.blogspot.com.ar/2017/05/llamado-internacional-urgente-detener_30.html ). Ese comunicado ha provocado varias contestaciones, más que críticas, diría descalificatorias, entre ellas, un “contra-comunicado” también colectivo titulado “¿Quién acusará a los acusadores? Respuesta a la solicitada de intelectuales contra el proceso bolivariano de Venezuela” (http://contrahegemoniaweb.com.ar/quien-acusara-a-los-acusadores-respuesta-a-la-solicitada-de-intelectuales-contra-el-proceso-bolivariano-de-venezuela/ ).

[2] Cuando este escrito (y su segunda parte) ya estaba prácticamente terminado, se publicó un dossier editado por Daniel Chávez, Hernán Ouviña y Mabel Thwaites Rey (“Venezuela. Debates urgentes desde el Sur”, disponible en: https://www.tni.org/files/publication-downloads/venezuela-sur.pdf ) en el que intervienen varia/os firmantes de los comunicados arriba mencionados. Afortunadamente, ese texto se aleja del tipo y estilo de confrontación que se vino dando y se centra en lo que justamente reclamamos en estas líneas. Por mi parte, destaco que en esa publicación muchos de quienes firmaron el segundo comunicado hacen críticas al proceso bolivariano y al actual gobierno venezolano muy en sintonía con las preocupaciones que motivaron nuestra comunicación inicial.

[3] Una lacónica reflexión de Marcelo Pereira, nos parece sumamente apropiada al respecto: “Las izquierdas ya deberían haber aprendido, tras numerosas lecciones desde el siglo pasado, que el criterio de defender todo lo que sea atacado por la derecha –o, peor, la idea de que algo debe ser defendido porque la derecha lo ataca– es una pésima brújula para quienes quieren rumbear hacia relaciones sociales más libres y más justas. Pero parece que todavía no lo aprendieron.” (Resaltado en el original. http://nuso.org/articulo/las-izquierdas-latinoamericanas-y-la-cuestion-de-venezuela/ ).

[4] Las medidas de política económica aplicadas por el gobierno de Maduro ante la crisis económica desencadenada por la abrupta caída de los precios internacionales del petróleo (producto que representa el 96 % de las exportaciones del país) han sido abiertamente regresivas para los procesos que venían en marcha, combinando un agravamiento del endeudamiento externo, la liberalización y apertura al capital transnacional, y la profundización del extractivismo, ahora extendido a la explotación a gran escala de yacimientos minerales. La creación de Zonas Económicas Especiales con grandes incentivos fiscales y desregulaciones a favor del capital transnacional, el Decreto presidencial de creación del “Arco Minero del Orinoco” y la firma de acuerdos con empresas mineras extranjeras para su explotación, poniendo en suspensión hasta la propia normativa constitucional en una zona de 112.000 km2, así como los enormes volúmenes de drenaje de divisas tanto por el pago de los servicios de la deuda externa como por mecanismos de corrupción en el manejo del comercio exterior, completamente controlado por el Estado, son algunos de los más graves e inobjetables ejemplos de este giro hacia un “neoliberalismo mutante” (la expresión es de Emiliano Terán Mantovani) encarado por el Gobierno.

[5] Entre de la gran cantidad de diagnósticos y análisis sobre el actual escenario sociopolítico y económico venezolano tomamos como referencia y sustento de nuestras reflexiones dos textos que a nuestro entender sintetizan con claridad y profundidad la naturaleza, complejidad y gravedad de la crisis, a saber: “La implosión de la Venezuela rentista”, de Edgardo Lander (https://www.aporrea.org/energia/a230770.html), “Siete claves para entender la crisis actual, de Emiliano Terán Mantovani (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225731) y “Venezuela: un barril de pólvora”, de Edgardo Lander y Santiago Arconada Rodríguez (http://nuso.org/articulo/venezuela-un-barril-de-polvora/?page=2).

[7] Raúl Zibechi, “Venezuela, el Estado y el Poder. Cuando la izquierda es el problema”. http://www.lafogata.org/zibechi2017/04/raul.20.1.htm

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229906