Qué Estado

Mayo 2018

Con represión e incluso terrorismos explícitos e implícitos en democracia y dictaduras.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Consideramos de suma irresponsabilidad propagandizar que la unidad del Partido Justicialista y el carácter de 'estadista' de Cristina Fernández salvarán la Argentina del neoliberalismo pero, por supuesto, nada dicen del capitalismo. Es hora de debates como:

 

El secreto de Perón por HIJOS La Plata

16 de octubre de 2017

 

PUBLICADO POR ELSUDAMERICANO 

Con el juicio a los represores Carlos Castillo y Juan José Pomares en etapa de alegatos, nos permitimos algunas reflexiones sobre la ausencia crónica del “Líder” en los relatos sobre la aquiescencia estatal a las bandas de la derecha peronista para cometer delitos de lesa humanidad. El juicio está llegando a la etapa final y se espera sentencia para mediados de noviembre. El debate histórico sigue abierto.

La sencilla pregunta de “¿Cuándo comenzó el último Genocidio en nuestro país?” sigue generando hoy polémicas y debates teóricos y políticos de abordaje complejo. A nuestro entender, este juicio es en parte la posibilidad de reinstalar de forma amplificada hacia el conjunto de la sociedad un debate postergado acerca de la génesis del genocidio en la Argentina. Afirmar que su inicio tuvo lugar antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976 es un planteo necesario, y que ha sido sostenido por muchos familiares de víctimas de la represión, sobrevivientes, organismos de DD.HH, militantes políticos e investigadores que han sostenido esa convicción como denuncia, y ante la indiferencia de muchos sectores sociales y políticos.

 

A lo largo del juicio a los represores de la CNU Castillo y Pomares se han escuchado en el debate afirmaciones y desarrollos sobre el carácter distintivo que tienen los crímenes que allí se están juzgando. Se ha contemplado que si bien los casos específicos que se juzgan ocurrieron entre febrero y abril de 1976, es decir poco antes y durante la última dictadura, ocurrieron como parte de una sistemática y un contexto socio-político anterior al proceso iniciado el 24 de marzo de 1976. Y se ha dicho que ese contexto tendría inicio en las postrimerías del gobierno de María Estela Martínez de Perón y bajo el filo de la incipiente dictadura militar en marcha.

Ahora, para valorar esta especificidad, que compartimos, no creemos necesario remontarse al origen del Terrorismo de Estado en nuestro país, que bien podría compendiar apreciaciones sobre la capacidad instituyente de la “Legión Infernal” en el inicio del Estado Nación, sobre las disciplinarias exhibiciones de las cabezas de los caudillos populares en la punta de una pica de parte del Ejército de Sarmiento y Mitre, sobre el alcance civilizatorio del régimen de oferta de 1 patacón por cada par de orejas de Tehuelche en la avanzada genocida del Ejército de Roca, sobre el ejemplificador fondeo de anarquistas en el Riachuelo como práctica de la llamada“Ley Fernández Bazán” en la década infame, o bien sobre de la silenciada persecución y cárcel de militantes socialistas y comunistas en el primer gobierno peronista.

Tampoco nos parece justo delimitar el recorte histórico en el golpe de 1955, y en las consabidas prácticas de la Revolución Fusiladora: de la Masacre de Plaza de Mayo, la ley marcial, los fusilamientos de José León Suárez y los Comandos Civiles de la derecha católica. O en sus continuaciones con Plan Conintes y las veladas intervenciones militares a la protesta obrera, como en el Cordobazo.

 

Entonces el carácter distinto de los crímenes de las bandas de la derecha peronista se comprenderá mejor si se problematiza el contexto histórico y político ESPECÍFICO en que se desarrollaron. Y entonces, si el genocidio no empezó en el ’76: ¿empezó en el ’74?
Sucede que esa afirmación implica horadar en los secretos más profundos sobre los crímenes de Estado cometidos en el tercer gobierno peronista, y no todos los sectores políticos están dispuestos a hacerlo. En más 40 años de impunidad de esos crímenes se ha elaborado un relato desde el peronismo “oficial” que exculpa a Perón de todo compromiso con el aniquilamiento de opositores cuando ejercía la presidencia de la Nación.

 

¿Entonces cuándo comenzó en nuestro país la última experiencia del terror de Estado? Parece haber instalado en amplios sectores políticos un pacto implícito: si se va a fondo en la verdad más profunda sobre el origen y las motivaciones de la maquinaria de crímenes y desapariciones, se termina enjuiciando la gestión de los ’70 del Partido Justicialista, algunos de cuyos dirigentes han remozado a través de las décadas sus funciones en cargos en el Estado, han escalado posiciones en sindicatos, o son corriente de opinión significativa en el propio partido.

 

En este sentido afirmamos la importancia de desarrollar una mirada histórica CRÍTICA del proceso político que se vivió en nuestro país entre 1973 y 1976.

 

Con esa premisa diremos que las narraciones que buscan deslindar al líder de la represión fueron abonadas en varios sentidos: que Perón trató de evitar que se generaran las condiciones que sirvieron de excusa al posterior genocidio, pero que su fallecimiento abortó esa iniciativa; que la violencia política con aquiescencia estatal comenzó después del 1 de julio del `74, o como señaló la fiscalía en su alegato “en las postrimerías del gobierno de Isabel Martínez”; que el fuerte apego institucional del líder lo aleja de cualquier iniciativa política ilegal; que Perón contempló acciones ilegales pero nunca violentas; o bien que el armado y funcionamiento de la Triple A se circunscribe a un plan ejecutado exclusivamente por López Rega y la CIA; y que el lopez-reguismo había realizado un cerco sobre el presidente para conducir y ocultarle la represión en curso.

 

Sin embargo a esta altura hay suficiente material documental para acreditar la combinación de una política legal con una ilegal en el gobierno de Perón, que habilitaba el uso de la violencia, como parte de su intento para disciplinar a distintos sectores políticos, ideológicos y sociales en el marco del Pacto Social.

 

En un sentido amplio, la Argentina de la década del ’70 era consecuencia de un proceso de transformación en las condiciones sociales que se caracterizó esencialmente por el cambio en la dirección del desarrollo del capitalismo local, desde ser predominantemente extensivo para pasar a desarrollarse en profundidad. Como señalan Iñigo Carrera y Podestá este cambio, producto de la experiencia desarrollista de los ’60, no modificó sin embargo la definición de nuestro país como una nación dependiente, con un desarrollado capitalismo estatista, con una clase trabajadora numerosa, y con un proletariado industrial que ocupaba el lugar central en la actividad productiva, así como un importante papel en las luchas sociales y políticas del momento. La proletarización de grandes masas de la población fue, sin embargo, acompañada por la persistencia de amplios sectores que vivían en una miseria consolidada. (cfr. en “La disposición de fuerzas sociales objetivas”. Nicolás Iñigo carrera y Jorge Podestá. Revista “Lucha de Clases” Nº1. 1997).

 

En ese marco entre el año ’68 y ’73 se dio en nuestro país un proceso de ascenso de las luchas obreras y crecimiento en la calidad política del desarrollo de las fuerzas populares. Claro ejemplo de ello es el surgimiento de expresiones sindicales y políticas de base, combativas, del clasismo, así como de organizaciones político-militares que cuestionaban la conducción del movimiento de masas a la expresión más tradicional que se enrolaba en el peronismo clásico. En este sentido analizaremos las advertencias de Perón a quienes cuestionaban su orientación política y su liderazgo. Retomaremos las palabras del propio Perón, que encuentran valor y sentido cuando se eslabonan con otros enunciados y hechos fácticos, entrelazamiento que demuestra cómo ante la imposibilidad de suturar las diferencias internas del peronismo, y frente al fallido intento por promover “la paz y no la guerra”, Perón reemplazó los iniciales llamados a la tolerancia y prudencia por advertencias sistemáticas dirigidas a los sectores díscolos, que desobedecían sus intentos de conducir el gobierno.

Veamos qué pensaba Perón de la situación política mundial de bipolarismo en la Guerra Fría y qué decía sobre el derrotero nacional para el año 1970.

 

En un libro titulado “Comunismo o Justicialismo”, publicado por el sacerdote español radicado en nuestro país, Pedro Badanelli, Perón prologa la obra con una carta de septiembre de 1970 escrita desde Madrid. El texto de Badanelli es una serie de exageraciones sobre el alcance y extensión del comunismo bolchevique (con apartados rimbombantes como “Dramatismo biopsicológico de la conducta bolchevique” o bien “Biotipología soviética”), para contrastarlo con la idea de un verdadero “ser argentino”, con Perón como su hombre y el justicialismo como su doctrina. La construcción de una “tercera posición”, resumida en la consigna popular “Ni yankis ni marxistas, peronistas” estaba por entonces en su pico más alto, y el líder esgrimía una retórica tercermundista expresada sobre todo desde su obra “La hora de los pueblos”. Pero a la vez, no escapaba de su cosmovisión la construcción de una otredad a combatir, donde descargar la responsabilidad de todos los males que aquejaban al país, un elemento extraño por extranjero, por impropio, por no ser parte de la propia cultura oficial, y por no expresar los supuestos sentimientos populares.

 

Perón afirma en el texto que “el comunismo avanza en todas partes con diabólica celeridad” y “domina tres cuartas partes del mundo, en territorio y habitantes”. Además trata de analizar que el “Pueblo” recurriría a la idea comunista al verse acosado por la explotación y la miseria impuesta por las “fuerzas internacionales” del capitalismo. Deja entrever que la propia experiencia peronista de los ’40 había sido un esfuerzo por “una solución anticomunista”, pero que fue truncada por:

“la malhadada ‘revolución libertadora’ que nos arrojó violentamente de nuestro quehacer patriótico y preparó admirablemente el advenimiento del caos actual, que llevará al triunfo del comunismo”.

Tengamos en cuenta que estos dichos son de 1970, es decir de un líder aún alojado en el exilio en España y en plena constitución de la red de apoyos locales hacia izquierda y hacia derecha, que generarían la posterior disputa de poder a la interna del movimiento y del gobierno a su regreso al país. En la carta a Badanelli Perón concluye profetizando: “Siempre les dije a nuestros oligarcas y capitalistas: o triunfa el justicialismo, o los degollarán los comunistas”.

 

 

Perón era un militar formado ideológica y políticamente en el más riguroso anticomunismo y que conocía la historia de la Unión Soviética, China comunista y Cuba. Pero lo interesante aquí es cómo esos conceptos van sentando las bases de un efecto movilizador para la constitución de la amenaza comunista como otro a combatir. Esa concepción tiene plena coincidencia con los desarrollados por el mentor de la CNU, Carlos Di Sandro, en varias de sus obras como “La Argentina bolchevique” editado por la Hostería Volante en 1963, o bien “El gobierno mundial y las tensiones de la sinarquía” de la Editorial Montonera de 1971, pasando por el texto “La conspiración sinárquica y el Estado Argentino” de Ediciones Independencia y Justicia de 1973. Es de hacer notar que Di Sandro continuó su prédica sobre la sinarquía hasta mucho después de fallecido Perón y concluido el proceso histórico que aquí analizamos. Así lo prueba la obra síntesis de su planteo que es “Peronismo o sinarquía” editada en 1983 por ROCA Producciones.

 

Como han señalado en sus tesis sobre la derecha peronista los historiadores Juan Besoky y Juan Luis Carnaghi, la “sinarquía” fue la idea política que buscaba explicar el equilibrio de las más diversas realidades a partir de una lógica de confrontación mundial en la que la política local jugaba un papel importante. De acuerdo a las propias palabras de Di Sandro, ello significaba:

“La convergencia radical de principios de poder que obran en el mundo desde los orígenes de la humanidad. Esta convergencia de los principios de poder contrapuestos, es la que nos indica que estamos en un nuevo momento de los procesos del Gobierno Mundial (…) Los poderes visiblemente contrapuestos en el mundo se coaligan, eso es sinarquía. La significación de la palabra es muy importante. La traduciríamos entonces: concentración de poderes contrapuestos.”

 

El profesor Carnaghi recordó en este debate las visitas del intelectual al líder en Puerta de Hierro en 1967, la copiosa correspondencia que fluía entre ambos y la adscripción del propio Perón al concepto de “sinarquía” para resolver la puja existente por la identidad peronista entre las diversas corrientes del movimiento.

 

Citaremos aquí el texto del creador de la CNU llamado “Principios de una política fundacional”, en base a una conferencia de pronunciada en Mar del Plata el 15 de agosto de 1970. Allí afirma que:

“La Nación es independiente respecto de las tendencias centralizadoras mundiales, y su destino no debe someterse, por ningún concepto a los dictados de potencias internacionales y destructivas: el dinero, la banca, la propaganda, la tecnología bélico-política, las sectas esotéricas, etc. Cada uno de estos factores debe ser estudiado, a fin de poder sobrellevar sus ataques y asechanzas, ya que ellos buscan EL APLASTAMIENTO DE LA NACIÓN”.

 

Trata de explicar también que una cierta “ruptura entre la tradición fundamental y el Estado” definido éste como conciencia de la Nación y como nexo entre la Nación y el Pueblo, esa ruptura (dice textualmente):

“se transforma en la vía por donde se consolida el proceso revolucionario Anti-Tradicional, que en la historia de occidente ha tomado la forma concreta del Marxismo-Leninismo”.

Di Sandro afirma en 1968 que “La ‘revolución leninista’ se desenvuelve ahora bajo la conducción de la Sinarquía” y que la defensa de la Nación y del Estado “no puede aceptar las tendencias mundialistas, promarxistas” y requiere “una correcta y sana aplicación de los principios de la tradición”.

 

Como sabemos el pasaje de la teoría a la acción no fue ajeno al ascendente de Di Sandro, quien propuso que el poder absoluto del Estado:

“no tiene otra solución que expresar su carácter creativo, para enfrentar la Revolución Leninista por un acto de creación histórica (…) no por una actitud reaccionaria, sino por un acto creador, que salva la Tradición y le incorpora el sentido histórico moderno sin renunciar a las fuentes, ni al vínculo entre Dios y la Nación” (“Principios de una política fundacional”).

 

Ahora, asoma la pregunta de cuál ha sido la creación histórica en rescate de las tradiciones que realizó el tercer gobierno peronista. Veamos entonces la reseña que rescata Miguel Bonasso en el libro “El presidente que no fue – Los archivos secretos del peronismo”. Allí se apunta que en una visita a Perón en Madrid del dirigente peronista Oscar Bidegain, a la postre gobernador de la provincia de Buenos Aires tras las elecciones d marzo de 1973, la hija del dirigente escuchó en una de las reuniones en la quinta 17 de Octubre, frente al líder de carne y hueso que venía a conocer, que Perón se volvió hacia Bidegain y dijo: – Lo que hace falta en Argentina es un “Somatén”.

Bonasso reseña entonces que el Somatén había sido una institución armada de Cataluña que se remonta al siglo 11, que fue reflotada en 1876 por el brigadier Joaquín Mola y los patricios de Barcelona, y cobró un nuevo impulso en 1923, cuando el general Primo de Rivera, padre del creador de la Falange, encabezó un golpe de Estado. En su “Manifiesto al país y el Ejército” decía el dictador Primo de Rivera: “Queremos un Somatén reserva y hermano del Ejército…”. La sombra de aquella charla alimentaba una sospecha que Gloria Bidegain no podría confesarse nunca: la idea de la Triple A no había nacido de la cabeza de López Rega, sino en la del propio Perón”.

Como señaló el profesor Besoky en el juicio a la CNU La Plata, desde Madrid Perón había alentado un doble juego con respecto al movimiento revolucionario, alentando las acciones armadas de los sectores radicalizados de la Juventud. Sin embargo, su retorno al país luego de la “Masacre de Ezeiza” de junio de 1973, marcaría el fin de la ambigüedad discursiva y una inclinación decidida hacia los sectores ortodoxos del peronismo.

Dice Besoky en su tesis:

“Su discurso transmitido en cadena nacional al día siguiente de los acontecimientos omitió mencionar a los sectores responsables del enfrentamiento, pero no dudó en señalar la infiltración”.

Aquel donde Perón afirmó:

“Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, se equivocan (…) Por eso deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales, que por ese camino van mal.”

 

La advertencia fue clara y directa. Y tuvo consecuencias. Mencionaremos a continuación una sucinta cronología de hechos ocurridos como parte del despliegue de violencia desatada con aquiescencia estatal sobre grupos de izquierda desde junio de 1973, y que contribuyen a registrar la violencia paraestatal producida durante la gestión interina de Raúl Lastiri.

Por mencionar sólo algunos de los hechos ocurridos entre la “Masacre de Ezeiza” y la asunción de Perón, recordamos el asesinato en junio del ’73 en San Nicolás del militante de la JP Benito Spahn, previamente amenazado por adeptos a la CGT y ultimado por Tomás Roberto Cardozo, guardaespaldas de José Ignacio Rucci. La detención y posterior asesinato de ex presos políticos liberados el 25/5/73 en el Devotazo como Eduardo Jiménez del PRT en Rosario. El secuestro y torturas a militantes que apoyaban las gestiones de gobernadores de la tendencia, como Cirilo Heredia, militante de la JP de Mendoza, adepto al gobernador Martínez Baca. El asalto de locales de la JP al grito de “fuera bolches”, como El Ateneo de Estudios “Juan Pablo Maestre” en Buenos Aires.

El ametrallamiento de locales como el “Ateneo 20 de junio”, de la JP en Buenos Aires el de la JP en Moreno. Atentados como el cometido por el Comando de Organización de Alberto Brito Lima en el comedor universitario de Resistencia, Chaco.

Secuestros y torturas como las sufridas por Oscar Suárez, cometidas por Héctor García Rey, jefe de la policía santafesina, empleado en el Ministerio de Bienestar Social y luego del Navarrazo designado a cargo de la policía cordobesa junto al interventor Lacabanne.
Atentados con armas como el sufrido por el abogado Roberto Raúl Catalá en Rosario, que se adjudicaron comandos “antimarxistas”.

Asesinatos como los del dirigente peronista de izquierda Horacio M. Oróstegui en Campana, y el del docente en la Facultad de Ciencias Exactas y miembro del Consejo de la JP Zona Norte, Enrique Grymberg.

La desaparición en Buenos Aires del obrero gráfico Sergio Joaquín Maillman secuestrado en un auto del Ministerio de Bienestar Social.

Para septiembre de 1973 entonces, Perón planteará la necesidad de volver al orden legal y constitucional acabando con las movilizaciones y disputas existentes. Las “formaciones especiales” ya habían cumplido su función y el monopolio de la violencia por parte del Estado no debía ser cuestionado. Se necesitaba entonces una nueva alianza para gobernar.

Esa construcción de un nuevo aliado para el proyecto político puede verse en la relación que el líder tejió con las burocracias sindicales. Asumido el poder por Perón el 12 de octubre de 1973, quedaba atrás la tolerancia y la inclusión de los sectores de izquierda que había caracterizado a la fugaz gestión de Héctor Cámpora, pero esencialmente cambiaban las condiciones políticas en que se había dado una ofensiva de la clase trabajadora desde el ’68-’69, y salían a la luz los esfuerzos y tentativas oficiales por poner bajo control la movilización obrera.

Desde la gestión de Cámpora, en junio de 1973 se había puesto en práctica el Pacto Social, consistente en suspender por 2 años las discusiones salariales en convenciones colectivas.

La iniciativa se había implementado en un contexto generalizado de conflictos laborales que entre junio septiembre de 1973 llegaron (según reseña Juan Carlos Torre en “Los sindicatos en el gobierno ‘73-’76) a más de 120 conflictos, las ¾ partes en empresas privadas y el resto en el Estado. Al no poder discutirse convenios, los reclamos versaban mayormente sobre retrasos en pagos y reincorporación de cesantes o suspendidos. Esta dinámica enfrentó a las bases obreras con los aparatos sindicales, más ocupados en sostener su cuota de poder ante el gobierno que de encabezar los reclamos. El último trimestre del ’73 conllevó distintas pujas de poder entre el Estado y los jefes sindicales, determinadas por los vencimientos de los convenios colectivos de trabajo vigentes desde 1972.

 

En todo el período la cartera laboral estuvo ocupada por, Ricardo Otero, hombre de Augusto Vandor y secretario de la delegación de la Capital federal de la UOM hasta antes de asumir como ministro en la gestión Cámpora.

La CGT apostaba a que, si el caudillo había tomado distancia de los sectores juveniles de izquierda del movimiento, podía desembarazarse también del ministro de economía José Ber Gelbard, que era tildado de izquierdista. Así se devolvería la conducción de los asuntos económicos a un peronista, se abriría la paritaria y se volvería a la época dorada del distribucionismo populista. El problema era que ello implicaba romper el Pacto Social vigente. Perón desarrolló una maniobra política que le aseguró la lealtad de los jefes sindicales para su nueva gestión: realizó una reforma de la ley de Asociaciones Profesionales Nº 14.455, que incrementó la centralización de las estructuras sindicales y brindó mayor fortaleza jurídica a las posiciones burocráticas de los jefes sindicales.

Como señala Torre se dispuso que no podía existir más de un sindicato por rama de actividad, se ilegalizó los sindicatos por empresa, se facultó a los gremios a intervenir sumariamente sus filiales y se otorgó el poder de suprimir los mandatos de delegados de fábrica. A su vez se amplió el mandato de las conducciones gremiales de 2 a 4 años y se equipararon los fueros sindicales con las inmunidades parlamentarias. (cfr en Juan Carlos Torre – Los sindicatos en el gobierno 1973-1976). No es menos significativo que la reforma fue elaborada por el mismo ministro de Trabajo Ricardo Otero, que ocupó la cartera durante las gestiones de Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez de Perón. De esta manera las representaciones de base de los trabajadores, sobre todo si no comulgaban con el signo político peronista, perdían terreno en la representación gremial y eran confinadas a expresiones pretendidamente marginales.

 

En este sentido se hace central la definición que ha aportado en el debate el historiador de la UNLP, Juan Luis Carnaghi, que aportó su mirada histórica a través de los conceptos de su tesis doctoral “Nacionalistas, católicos y peronistas. Auge, afianzamiento y reconfiguración de la CNU La Plata, 1955-1974”.

Carnaghi definió que para el año ’73 la CNU se reconfigura en lo que denomina un “Cártel político sindical”, un concepto que toma de la definición “power cartel” que el historiador británico Ian Kershaw realizó analizando el fenómeno del ascenso del nazismo. En ese nucleamiento distintos actores políticos, en este caso CNU, UOM, Juventud Sindical Peronista y 62 Organizaciones, coincidían en la acción por tener un ideario común en el catolicismo ortodoxo y el anticomunismo y ciertos objetivos compartidos, centralmente hacer prevalecer el ala derecha del movimiento peronista en el proceso político. Recordemos que en el juicio a la CNU La Plata el Indio Castillo reconoció que su banda tenía postas sanitarias ubicadas en los sindicatos metalúrgicos y de la construcción, para hacer frente a urgencias producto de los operativos que realizaban. En ese sentido puede entenderse la evolución del grupo inicial de la CNU, el crecimiento de sus acciones violentas desde los hechos de Ezeiza en junio de 1973 y su vinculación desde 1974 con el Estado provincial, ahora en manos de un hombre de la UOM como Victorio Calabró, para cumplir un rol represivo.

 

En la concepción de Carnaghi Perón realiza una opción por ese “Cártel político-sindical” y desacredita al sector de la Tendencia revolucionaria, a los que tacha de “infiltrados, apátridas o falsos peronistas”, sobre todo desde la puesta en práctica de Documento Reservado del Consejo Superior Peronista de octubre del ’73 que obliga a “denunciarlos y combatirlos por todos los medios”. Tal opción puede verse en el derrotero de Perón respecto a las ideas del marxismo, que según Carnaghi “primero lo desaprueba, luego en el exilio alienta a los sectores de izquierda del movimiento, pero finalmente ya en 1973 termina condenando la idea de quienes pugnaban por construir un socialismo nacional”.


Efectivamente, ha quedado probado a esta altura que la CNU desplegaba su accionar como patota o grupo de tareas interviniendo violentamente en asambleas universitarias y en los procesos del movimiento obrero más combativo de la ciudad de La Plata, por ello se puede desprender que la mayoría de los casos que aquí se investigan tenían actividad político sindical en clara oposición a la burocracia sindical imperante en la época y a las políticas impartidas por el gobernador Victorio Calabró.

Calabró fue un dirigente forjado bajo el ala del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Augusto Timoteo Vandor, asesinado en junio de 1969. Al comenzar la década del setenta, Calabró fue tesorero de la UOM nacional y a su vez secretario general de la filial Vicente López. Se ha pretendido mostrarlo como opositor a la conducción de Lorenzo Miguel en la UOM, y como promotor de un sector “antiverticalista” contra la conducción del movimiento peronista a manos de Isabel Perón, aunque la confluencia de intereses señala a todos estos actores como parte del núcleo duro de la derecha peronista.

 

Una vez electo vicegobernador, Calabró se encargó de mostrarse como “el hombre fuerte” en la gobernación y hasta llegó a decir que en dos meses “se lo morfaba a Bidegain”. Desde temprano mostró su afán por controlar desde la vice-gobernación a sectores clave como el Hipódromo de La Plata, la Policía Provincial y el Banco de la Provincia. La práctica de la negociación espuria la arrastraba desde sus inicios en el gremio, donde cumplió el rol de descabezar cuerpos de delegados y recibir dádivas a cambio de desactivar conflictos para incrementar un patrimonio personal que incluía participaciones en empresas, hipódromos y la propiedad de campos en la provincia. Calabró se apoyaba en su base gremial y en su control de la Legislatura, donde convergieron en designarlo como sucesor de Bidegain el FREJULI, la UCR, la Alianza Popular Revolucionaria y el Partido Renovador.

Como señala Antúnez, Calabró asumió el poder afirmando “que se hacía cargo de la gobernación en cumplimiento de una disposición constitucional, apelaba a la doctrina justicialista y prometía ajustar su futuro gobierno a los planes trazados desde el gobierno nacional, que a su entender conducían a la patria justicialista” en clara oposición a la anteriormente denominada por la Tendencia como la “patria socialista”.(Damián Antúnez – “El gobierno bonaerense de Victorio Calabró: entre la intervención federal y el golpe de Estado” – UNdeC 2013)

Calabró se dedicó a reforzar su poder político y mejorar su interlocución de con el gobierno nacional y al propio Movimiento Peronista ante la inminencia de la desaparición física de Perón. Logró acuerdos con el empresariado a través de su ministro de economía Ramón Miralles, hombre de la CGE, y con el campo a través de Pedro Goin, ministro de Asuntos Agrarios. También sumó apoyos intercediendo en crisis políticas municipales, como con el ascenso irregular del entonces concejal Eduardo Alberto Duhalde al cargo de intendente de Lomas de Zamora. Duhalde le aportó un hombre clave en al armado del esquema irregular represivo integrado por patotas sindicales y grupos armados como la CNU: Alberto Bujía, apodado “El Negro”, un hombre con pasado en bandas de delincuentes y afín a las patotas de la UOM, fue secretario privado de Calabró.

En ese contexto de gestión de la derecha sindical en el gobierno de la provincia desde febrero de 1974, es que se explica la afinidad de intereses entre Calabró y la CNU. La inserción de varios integrantes de la banda en distintas dependencias de la provincia ha sido relata por varios de los testigos en este debate. Así, se los ha descrito en su rol represivo como parte de la persecución de activistas opositores a la gestión de Calabró.

Este es el derrotero político de una gestión que se sirvió de la capacidad de movilización del ala izquierda del movimiento para terminar desechándolo y desatando sobre ese sector una maquinaria de represión combinada: métodos legales de represión subsumidos en grupos de acción y procedimientos al margen de la ley.

“Muchas veces me han dicho que creemos un ´batallón de la muerte´ como el que tienen los brasileños, o que formemos una organización parapolicial para hacerle la guerrilla a la guerrilla. Pienso que eso no es posible ni conveniente”, dijo Perón en diciembre de 1973, cuando en realidad ya era para todos conocida la actuación de la Triple A. (cfr en Sergio Bufano – Perón y la Triple A – Revista Lucha Armada en la Argentina Nº 3, 2005).

Aquí es donde adquiere importancia trascendental el llamado “Documento Reservado” del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista del 1 de octubre de 1973, hecho político en respuesta al asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci, producido poco tiempo antes. Su efecto legalizador de la represión ilegal lo analizaremos más adelante. Diremos, aquí que esa iniciativa se dio en el órgano político central del peronismo, donde tenían expresión las ramas política, juvenil, sindical y femenina del movimiento. Y en la reunión de acuerdo del Documento estuvieron presentes Raúl Lastiri (en ese momento presidente interino de la Nación); los ministros del Interior, Benito Llambí, y de Bienestar Social, José López Rega, los gobernadores y vicegobernadores y el senador nacional y secretario general del PJ, José Humberto Martiarena. En lo que aquí interesa, el Documento significó la aceleración del proceso de “depuración ideológica” del peronismo. De hecho no se podía actuar sin la expresa autorización del Consejo Superior: se prohibieron las unidades básicas mixtas, se clausuraron todas las unidades y organismos de la rama femenina, y se reformó la Carta Orgánica, por la que se prorrogaba el mandato por dos años a los congresales hasta tanto lo determinara un nuevo Congreso partidario.

Es muy significativo el dato de que para entonces el vicepresidente segundo del Consejo Superior peronista era, Duilio Brunello, a su vez secretario de Estado de Previsión Social, viceministro de Bienestar Social de la Nación e interventor federal en Córdoba entre marzo y agosto del ’74 tras los hechos del Navarrazo. Señalamos en este sentido que entre la intervención federal de marzo del ’74 y el golpe de Estado de marzo del ’76, la provincia de Córdoba tuvo 3 interventores y nunca recuperó la institucionalidad democrática.
 

En otras palabras, se creó a la vista de toda la sociedad un Estado al margen de la ley dentro del propio estado de derecho. Porque además el Documento resultó una carta abierta a la cacería de todo aquel militante que no encuadrara en las definiciones del momento, definiendo la situación como “estado de guerra”, estableciendo directivas específicas en tareas de inteligencia y delación de los denominados “infiltrados” o “marxistas”, extendiendo los medios de lucha a la violencia armada y determinando acciones precisas y conjuntas tanto de los integrantes del movimiento peronista como de funcionarios del gobierno.

En el juicio a la CNU La Plata y durante su ampliación de indagatoria, el Indio Castillo leyó la famosa carta de Juan Perón a los efectivos de la Guarnición de Azul, tras el ataque del ERP a esa sede en enero del ‘74. Allí Perón les aclara que les habla “como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y soldado experimentado” y los felicita “por el heroico y leal comportamiento con que han afrontado el traicionero ataque”. La intencionalidad de Castillo iba al punto donde Perón afirma que “la lucha en que estamos empeñados es larga y requiere en consecuencia, una estrategia sin tiempo” para lo cual recomienda “actuar profundamente sobre las causas de la violencia y la subversión quedando la lucha contra los efectos, a cargo de toda la población, las fuerzas Policiales y de Seguridad, y si es necesario de las Fuerzas Armadas”, y donde sentencia que “el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la República”. A semejante confesión del empleo de la fuerza estatal en prácticas terroristas, se montó Castillo para esgrimir la tesis de que Perón se estaba defendiendo legítimamente. Dijo Castillo que

“El estado no puede ser terrorista porque ejerce el poder de la mayoría, y el terrorismo es la acción de una minoría contra la mayoría. El concepto de Terrorismo de Estado es un concepto fallido”.

De la misma manera, trató de justificar que:

“Hay estados que hasta habilitan los interrogatorios de 3er grado, es decir con violencia física, psicológica y moral”.

Conocía bien entonces el Sr. Castillo las directivas que emanaban desde el poder nacional para actuar como actuaron. En ese mismo discurso citado, desde la Residencia Presidencial de Olivos, Perón definió que:

“aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una ‘Patria justa, libre y soberana’, lo que nos obliga perentoriamente a movilizarnos en su defensa y empeñarnos decididamente en la lucha a que dé lugar”.

Pero además, en febrero del ’74, durante una reunión con los dirigentes de la Juventud Peronista en Olivos, Perón les dice que el problema de su espacio político está exclusivamente en los dirigentes y reclama que hay muchos dirigentes que:

“son cualquier cosa menos justicialistas. ¿Entonces, qué hacen en el Justicialismo? Porque si yo fuera comunista, me voy al Partido Comunista y no me quedo ni en el Partido ni en el Movimiento Justicialista”.

Tres meses más tarde, en un mensaje al Congreso Nacional Justicialista en reunión realizada en el Teatro Nacional Cervantes, el líder va más allá y echa mano de la típica metáfora biologicista para explicar las diferencias políticas. Dice:

“Es necesario vivir vigilantes (…) No porque tengamos autodefensas vamos a estrechar y a compartir con los que están enfermos de una enfermedad contagiosa. Es necesario mantener cierta prudencia para evitar las infecciones (…) Tengamos cuidado con los gérmenes. Y desinfectárnoslos a tiempo será siempre saludable (…) Nuestro movimiento tiene sus autodefensas, las que se manifiestan inmediatamente que se detecta la presencia de un germen patógeno”.

 

Esta conformación de una alteridad a la que se define preciso combatir tuvo consecuencias concretas en centenares de hechos represivos ocurridos durante la tercera presidencia de Perón y en vigencia del citado Documento reservado del Consejo Superior Peronista. Hechos concretos entre octubre del ’73 y julio del ’74 como los ataques armados a militantes y con bombas a locales de diversos partidos, sindicatos y agrupaciones de la amplia gama de militancia de ala izquierda en todo el país. Atentados a domicilios de legisladores, como los casos de Fausto Rodríguez y Miguel Marcattini, y del senador Tejada en Córdoba. Asesinatos como los de Nemesio Aquino, miembro de la JP en General Pacheco, o del militante de la JP Constantino Razzeti en Rosario.

El armado de comisiones policiales antisubversivas como en Tucumán, al mando de del jefe de la policía, Héctor Luis García Rey. La creación de listas de “bolches” a perseguir en las regionales de la CGT.

El ataque conjunto a la facultad de Derecho de la Universidad de Mar Del Plata por la CNU, el Comando Universitario Peronista de Derecho (CUPDED), la Legión Revolucionaria Peronista, los Grupos de Acción Peronistas (GAP), el Movimiento Universitario Nacional (MUN) y otras organizaciones derechistas realizado con el apoyo de la CGT local y con cobertura policial.

 

El ataque armado a la Escuela de Información en Córdoba por el “Comando de las 62 Organizaciones”, que al ser detenido llevaban credenciales selladas por la policía provincial, libretas con direcciones y teléfonos del Ministerio de Bienestar Social de la Nación, y documentos del Ministerio de Bienestar Social de la Nación y de la Unión Obrera de la Construcción de Córdoba.

El fusilamiento de los obreros Oscar Dalmacio Mesa, Antonio Moses y Carlos Domingo Zila cerca de Tortuguitas, luego de ser secuestrados por una banda armada en el local de PST en El Talar, en General Pacheco

Siempre en 1974: Los asesinatos por la Triple A de Silvio Frondizi, Carlos Mujica en mayo, Rodolfo Ortega Peña en julio y Julio Troxler en septiembre. Y en diciembre el secuestro y asesinato de Jorge Fischer y Miguel Bufano, militantes de Política Obrera, integrantes de la Comisión Interna de la fábrica Miluz.

Los hechos represivos de la derecha peronista con la anuencia estatal se profundizaron con la muerte de Perón, ya que la disputa por su legado no reconocía límites y hasta registra un caso en los propios funerales del líder: El secuestro y asesinato de Eduardo Romero, de 25 años, secuestrado el 3 de julio del ’74 por “matones” de la UOM cuando salía de la columna de JP que esperaba para ver en el Congreso el cuerpo de Perón. Al día siguiente apareció su cadáver a nueve cuadras del lugar del secuestro con una bala en la cabeza.

La sistematicidad de los ataques y la cobertura estatal a través de la estructura policial, política o sindical fue palmaria. Recodaremos a modo de ejemplo que, tras el golpe de Estado policial en Córdoba, entre febrero y Marzo del ’74, se activaron grupos de civiles armados, comandados por la Juventud Sindical Peronista, identificados con brazaletes amarillos, celestes y blancos, que persiguieron y detuvieron a dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles que apoyaban el gobierno de Obregón Cano.

 

Como señalan Bufano y Teixidó (Perón y la Triple A. Las veinte advertencias a Montoneros) una revisión honesta de este período histórico necesariamente echa por tierra el “mito” que le asigna a López Rega la creación de la Triple A y deja a Perón al margen de su génesis. El presidente estaba en el centro de una escena que fue configurando activamente con discursos frente a diferentes auditorios, reportajes e intervenciones públicas, argumentos que al mismo tiempo constituyeron la argamasa ideológica de la represión paraestatal. Y la cooperación de Perón con esa las organizaciones de la derecha peronista no fue sólo ideológica, incidental o fruto de una “tolerancia culposa”. Se brindó protección a todos los que eran acusados de integrar esos grupos represivos ilegales, con su respaldo político público. En efecto, muchos de los señalados como responsables de las acciones sangrientas ilícitas contra el campo popular fueron promovidos a puestos partidarios o nombrados para cumplir funciones en el Estado: la designación de Julio Yessi, secretario de López Rega, presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y dirección de la Juventud Peronista de la República Argentina, como representante de toda la Juventud Peronista ante el Consejo Superior del Partido Justicialista fue uno de los casos paradigmáticos. El trato amable y preferencial de Perón con Yessi y también con Alejandro Giovenco, representante de la CNU, ni siquiera se vio mellado cuando ambos comunicaron que “pasaban a la clandestinidad” para combatir a la izquierda: fueron recibidos en audiencia oficial con posterioridad al anuncio que los situaba ostensiblemente fuera de la ley. Los nombramientos y ascensos en las primeras líneas del sistema represivo de Alberto Villar, Luis Margaride, Juan José Morales, Rodolfo Eduardo Almirón, Benigno Balbuena y López Rega son otra prueba concluyente de esto. Como bien alegan Bufano y Teixidó, gozaban de las designaciones directas de Perón y todos ellos fueron personajes que nadie dudaba en considerarlos sinónimos de la “guerra sucia”.

 

Precisamente para entender la particularidad de esta denominada “guerra”, así denominada en los documentos políticos de época que hemos analizado, retomamos los planteos del filósofo León Rozitchner en su obra “Perón, entre la sangre y el tiempo” y que asume la compleja tarea de desentramar algunas preguntas, a saber:

¿De qué manera el Estado de derecho se transforma en una maquinaria de represión parapolicial de aquello que no puede contener por vía de la política, ni del andamiaje legal-formal? O mejor aún, ¿Cómo el líder que representó durante 40 años para las masas populares la transformación social pudo convertirse en agente político de la represión oficial sobre esas masas? Y en definitiva, ¿Cómo la guerra convencional, entendida como dominación del extraño se transforma en guerra interna, en represión de la disidencia política, en aniquilamiento de un enemigo interno construido a imagen y semejanza de las necesidades políticas del momento?

Parte de las respuestas las aporta León Rozitchner en esta obra escrita desde el exilio y publicada en 1979. Desde la conocida fórmula del militar prusiano Carl von Clawsewitz de que “La guerra es la continuación de la política por otros medios”, Rozitchner demuestra que Perón lee a Clausewitz al revés: podría decirse que para él la política es la continuación de la guerra por otros medios. El análisis del autor no se reduce a la concepción individualista y monista de la guerra como dominación, conquista y aniquilamiento de los ejércitos convencionales. Va más allá. Trata de explicar la inserción social que esos conceptos tienen como lógica de dominio.

 

En lo que aquí importa rescatamos la siguiente afirmación:

“Con el correr del tiempo y el incremento de la resistencia popular la doctrina de una ‘nación en armas’ pasará de la hipocresía al cinismo: se convertirá en doctrina de la ‘seguridad nacional’. El enemigo exterior será suplantado directa y claramente por el propio pueblo a reprimir convertido explícitamente en enemigo interior. Perón es el primero que plantea el problema de la seguridad nacional como ‘política’, para obtenerlo por las buenas o como ‘guerra’, para obtenerlo por las malas”.

 

Como señala Rozitchner, no se trata de dejar de lado las reales transformaciones que a nivel económico, político y social la clase obrera alcanzó por mediación de Perón, sino que:

“esto, que representa un “progreso”, fue también para la burguesía nacional una necesidad: la de consolidar y negociar su propio poder. Al mismo tiempo que se reconocían derechos a los trabajadores, y se los organizaba, en ese mismo proceso se los ataba profundamente a los límites del sistema para que no fueran más allá. Riesgo, es evidente, que las fuerzas armadas como guardianas del sistema tenían que asumir, porque estaba inscripto en la lógica de la economía y de la política: es una constante en el desarrollo histórico del capital”.

En otras palabras, el secreto mejor guardado de Perón: la lucha de clases.

Fuente: https://elsudamericano.wordpress.com/2017/10/16/el-secreto-de-peron-por-hijos-la-plata/

 

 

Constatemos  cómo funcionó la democracia durante el autodenominado gobierno de los derechos humanos.

 

 

Causa Triple A: La impunidad y la responsabilidad de Oyarbide y el gobierno

mayo de 2012

Esta declaración fue entregada en mano al nuevo Secretario de DDHH de la Nación, Martín Fresneda, el 31 de julio del 2012, en la sede del Espacio para la Memoria, en el ex Centro de Torturas de la ESMA, durante el homenaje que se lleva a cabo todos los años al asesinado diputado nacional, Rodolfo Ortega Peña. Copias de la misma también fueron entregadas a los 150 personas presentes, muchos de ellos funcionarios del gobierno, abogados, juristas, compañeros, familiares y amigos de Ortega Peña. La actividad estuvo precedida por la proyección del documental “Parapolicial Negro” del director V.J. Diment. A la película le siguió un panel de oradores. Hasta el día de la fecha, esta declaración no ha tenido respuesta oficial.

“En 1974, algunos dirigentes se dedicaban a cazar zurdos. El archivo fotográfico es implacable. Es implacable.”Cristina Fernández de Kirchner"

 Hay que terminar con la impunidad de los asesinos de Ortega Peña y otros 1.500 intelectuales, activistas sindicales, dirigentes políticos. La responsabilidad del juez Oyarbide y el Gobierno

Por Mesa de Investigación y Acción contra la Triple A

Rodolfo Ortega Peña defendía presos políticos de la dictadura militar de Lanusse y de los gobiernos Peronistas que le sucedieron en 1973. Era un revolucionario que denunciaba el pacto social y el programa neodesarrollista que implementaba el gobierno en cuyas listas electorales había sido elegido diputado. No dudó en formar un bloque unipersonal. Era un hombre, un militante, que no dudó en romper con las exigencias de la verticalidad para hablar con la verdad sobre los responsables de las bandas fascistas de la Triple A.

El 30 de mayo de 1974, Ortega Peña habló en el sepelio de los obreros socialistas fusilados en Pacheco por la Triple A y responsabilizó a la burocracia sindical y al gobierno por la actuación de ésta. Ortega Peña sostenía que la izquierda, los activistas sindicales y los revolucionarios debían unirse para defenderse y vencer a las bandas fascistas. Eso le costaría la vida, pero era un hombre apegado a la verdad.

La Triple A lo asesinó el 30 de Julio de 1974. Sus asesinos permanecen impunes hasta la fecha, como lo son los responsables de más de 1.500 asesinatos y desapariciones del terrorismo de estado de los gobiernos Peronistas entre 1973-76, el que precedió al más extenso y profundo terrorismo de la dictadura militar (1976-1982).

A pesar de contar con un expediente con más de 60 cuerpos con múltiple evidencia contra centenares de asesinos, la Causa Triple A, en manos del juez Dr. Norberto Oyarbide está detenida y siendo descuartizada judicialmente para evitar la investigación y castigo de todos los responsables, muchos de los cuales luego pasaron a revestir en los Grupos de Tareas de la dictadura militar. 

¿A quién se defiende? ¿Qué se defiende?

El juez Dr. Norberto Oyarbide escribió pedidos de extradición defectuosos que impidieron hasta ahora traer al país a Isabel Peron. Mantuvo inactivo los expedientes y cuando fue censurado en dos oportunidades por la Cámara procedió primero a producir un centenar de “incidentes” repetitivos e innecesarios (como pedir de nuevo a los querellantes que ratificaran sus denuncias) para ganar tiempo y finalmente procuró la detención de siete sospechosos sexagenarios,entre ellos Julio Yessi,cabeza de la JPRA, una de las ramas de la Triple A y el ex “periodista” Jorge Conti, el ultimo yerno de Lopez Rega.

Sin embargo hay fundadas sospechas de que no intenta juzgarlos sino mantenerlos en el limbo judicial, tal vez excarcelaros a sus domicilios, como ya lo hizo con Almiron, Rovira y Morales quienes nunca fueron juzgados y murieron de viejos. Mucho menos esperan los cientos de querellantes en la causa que se juzgue a los centenares de responsables directos e indirectos de esos crímenes de lesa humanidad.

Oyarbide ha desmembrado a la Triple A pervirtiendo no sólo la justicia sino también la historia. Si bien reconoce por escrito que la Concentracion Nacional Universitaria (CNU) o la Juventud Sindical Peronista (JSP) o la Juventud Peronista de la Republica Argentina (JPRA), y otras organizaciones de derecha semejantes, cometieron actos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad las ha declarado arbitrariamente como “no tributarias” de la Triple A cuando es publico y notorio, y existe abundante evidencia en contrario, derivando las acusaciones sobre estas organizaciones a otras jurisdicciones deteniendo la justicia y dificultando las causas de los querellantes en grado extremo. Con este método, Oyarbide ha desechado testigos y querellantes arbitrariamente. Busca con esto que cunda el desánimo y los acusadores desistan de sus esfuerzos.

La Triple A era una confederación de grupos de derecha, políticos, sindicales, militares y policíales que incluía a la Concentración Nacional Universitaria (CNU); la Juventud Sindical Peronista (JSP), la JPRA, el CdeO, COR y otros grupos, junto a matones sindicales y miembros de las policías y las FFAA que, como en el caso de Córdoba actuaban bajo el nombre de Comando Libertadores de América u otros similares.

Esta confederación de derecha usaba el titulo genérico de Triple A y era protegida, armada y dirigida desde el estado, desde varios ministerios, secretarias y otras instituciones del estado, así como por sindicatos, lla propia CGT, gobernaciones e intendencias del país.

El grupo de asesinos comandados por los Comisarios Morales, Almiron y Rovira alrededor del entonces Ministro Lopez Rega era sólo una unidad de esta confederación terrorista de estado que se ocupaba de los blancos “VIP” (Ortega Peña ; Silvio Frondizi,; el Padre Mujica; Troxler y otros). La Triple A también inauguró, antes de la dictadura militar, campos de concentración como Automotores Orletti y llevaba a cabo los primeros pasos del llamado “Plan Condor.”

Desde la Masacre de Ezeiza a la Masacre de Pasco; desde la Masacre por la muerte de Ernesto Piantoni en Mar del Plata a la Masacre de socialistas en La Plata y de esta a la Masacre durante el llamado “Navarrazo” en Cordoba o en Villa Constitucion contra los trabajadores metalúrgicos, la Triple A es la expresión del terrorismo de estado sobre la que se monto la posterior operación de genocidio de la dictadura.

Oyarbide intenta culpar sólo a Lopez Rega y un circulo a su alrededor del ex Ministro de unas 20 personas por todos los crímenes de la Triple A. Como la mayoría de esta veintena de personas han muerto, o se espera su fallecimiento en cualquier momento como los que han sido arrestados hace poco, la impunidad reinara al final del proceso judicial que marcha a paso de tortuga.

Una somera revisión de los hechos y pruebas acumuladas bastaría para observar que varios Presidentes del pais (Menem y Duhalde entre ellos), candidatos presidenciales, gobernadores, intendentes, ex Ministros, altos dirigentes sindicales y oficiales policiales y militares de alta jerarquía mantuvieron estrechas relaciones, participaron, colaboraron y/o protegieron a los asesinos de la Triple A y se beneficiaron de sus criímenes para avanzar sus carreras y asentamiento en el poder.

Oyarbide se ha negado a indagar a Hugo Moyano y muchos otros potenciales responsables con la excusa de que militaban en organizaciones que, aunque ejecutantes de actos terroristas de lesa humanidad, no era tributarias de la Triple A. Oyarbide de hecho ha actuado en relación al dirigente sindical más como defensor del mismo que como juez. Cualquier juez honesto, con la evidencia a la vista, hubiese investigado el caso de Moyano y el de muchos otros dirigentes sindicales comprometidos.

Le ha permitido Oyarbide a estos sospechados de crímenes de lesa humanidad plantar testigos falsos que, cometiendo perjurio, han embarrado la cancha judicial – incluso a contramano de la evidencia incontrastable en su poder Oyarbide ha apoyado esos testimonios apócrifos - y también ha pasado por alto Oyarbide – como es común intentarlo por las defensas en los juicios contra los militares del “Proceso”- que los acusados traten de bastardear evidencia y desprestigiar testigos de cargo. Todo esto lo ha hecho el juez de la causa rescribiendo una y otra vez la teoría ya rechazada judicialmente de los “Dos demonios”.

El juez Oyarbide se ha negado a proteger testigos y no ha cumplido casi ninguna de la líneas investigativas propuestas por la fiscalía en la Causa.

Muchos miembros de la Triple A tienen hoy puestos prominentes en la política y el sindicalismo y esto es lo que se protege el juez de la causa que incluso se ha mostrado públicamente en funciones sociales con algunos de ellos y por estas razones debe ser desplazado de la causa y ésta entregada a un juez probo, dispuesto a llegar hasta el final en la investigación y el castigo de los responsables.

De lo contrario se implementara en nuestro país una de las mayores denegaciones de justicia de nuestro país contra víctimas del terrorismo de estado.

Las responsabilidades del gobierno

El actual gobierno nacional ha hecho de los DDHH, según sus propias declaraciones, “una política de estado.” Esto ha permitido la sanción de leyes anulando los perdones, amnistías, punto final y obediencia debida y abierto el cauce del juzgamiento de algunos militares genocidas y a un numero limitado de civiles. En nombre del estado se ha pedido perdón a la sociedad Argentina por esos crímenes de lesa humanidad de las FFAA y sus cómplices.

En un discurso reciente, la Presidenta ha dicho: “En 1974, algunos dirigentes se dedicaban a cazar zurdos. El archivo fotográfico es implacable. Es implacable.” Sabemos que se refiere a la responsabilidad de aquellos que formaron parte y colaboraron con la Triple A y sabemos del archivo fotográfico porque nosotros lo hemos construido con nuestras investigaciones.

Una política integral de DDHH demanda un tratamiento de todos los crímenes de lesa humanidad, no sólo aquéllos que son convenientes políticamente. Los crímenes de la Triple A deben ser investigados y sus culpables castigados:

El gobierno debe pedir en nombre del estado, perdón por los crímenes de lesa humanidad del periodo 1973-76;

Debe asegurar que la causa Triple A se movilice y los responsables de los crímenes sean investigados aportando para ello las pruebas existentes en los archivos en poder del estado y Impulsar el reemplazo del Dr. Oyarbide la causa y reemplazarlo por un juez y fiscales dispuestos a terminar con la denegación de justicia y protección de los culpables que imperan hoy.

El gobierno tiene los mecanismos legales para hacerlo incluyendo la Procuraduria General, la Secretaria de DDHH de la Nación y el Consejo de la Magistratura, así como también le asiste el derecho de integrarse a las causas como parte y en el caso especifico de la Triple A impulsar su investigación. El gobierno también posee los archivos de inteligencia de la DIPBA, Prefectura, la Armada, el Ejército y la Aeronáutica y otros en donde figuran muchos de los mencionados como autores materiales y lideres políticos responsables de los crímenes de lesa humanidad de la Triple A.

A los querellantes y testigos comprometidos con la verdad les faltan los medios materiales para enfrentar esta tarea ciclópea y es responsabilidad del estado garantizar que las pruebas e investigaciones que han realizado estos, y que están a disposición de la justicia para cuando esta se decida a actuar – tengan su apropiado curso en los estrados de la justicia.

Actuar con firmeza le significaría a Ortega Peña y a los centenares de víctimas de la Triple A el homenaje más honesto y pertinente, el de que se haga justicia en sus casos. Nosotros expresamos nuestra disposición a hacer nuestra parte, la estamos haciendo, para que se impute por sus crímenes a los responsables.

MESA DE INVESTIGACION Y ACCION CONTRA LA TRIPLE A

https://www.facebook.com/juicioycastigo.TripleA

Fuente: http://www.izquierda.info/modules.php?name=News&file=article&sid=13148

 

 

Revisemos la historia para mejor interpretar el presente y esforzarnos en erradicar todas las impunidades.

 

 

JSP de Moyano participaba en los 70 de operativos con militares

24 de mayo de 2012


 Documentos de inteligencia: JSP de Moyano participaba de operativos con los militares 

Los 70: Documentos de Inteligencia revelan que miembros de la JSP de Moyano realizaban operativos conjuntos con las FFAA contra “Subversivos” en Mar del Plata (1975) y fueron protegidos por las FFAA el dia del golpe de 1976

Por Carlos Petroni

Documentos de inteligencia de la Prefectura Naval y el Comando Naval de la zona de Mar del Plata, que obtuvimos en nuestras investigaciones y que publicamos con este artículo, muestran que miembros y cuadros de la Juventud Sindical Peronista (JSP), liderada en esa ciudad por el hoy Secretario General de la CGT, Hugo Moyano y Miguel Landín (que fue hace pocos años diputado provincial), Alejandro Alfredo Escobedo y otros, participaban y colaboraban en operativos “antisubversivos” por lo menos desde 1975. (Ver más abajo documento de Inteligencia de Prefectura del 21 de Febrero de 1975)

Otros documentos de inteligencia, también en nuestro poder, demuestran la continuidad de las relaciones entre la JSP y los militares que se ejemplifica en que el día del golpe de estado, el 24 de marzo de 1976, fueron detenidos varios miembros de la JSP, algunos como Escobedo a quien se identifica en los informes como “vinculado a los grupos armados de la JSP” liberado pocos días después “por falta de mérito.” (Ver documento de Inteligencia que da la lista de detenidos del 24 de marzo de 1976 y su destino posterior, algunos de cuyos extractos publicamos aquí).

Otros detenidos de la JSP del 24 de Marzo de 1976, incluidos algunos de los que participaron en operativos como el que reseñamos en esta nota, que al momento de ser detenidos portaban armas de guerra, fueron inmediatamente dejados en libertad por los militares. Esa connivencia mutua se extendió durante la dictadura.

1975: El caso de la captura de Víctor Francisco Paz por los militares y la JSP

En uno de los documentos que publicamos junto a esta nota, un informe de inteligencia de Prefectura Naval fechado el 21 de febrero de 1975, y firmado por el Subprefecto Bernardino M. Nieto, Jefe de la Sección de Información, se narra como cinco miembros de la Juventud Sindical Peronista del gremio de panaderos, alineada con Moyano, Landín y Escobedo suministraron información sobre un supuesto colaborador del ERP y solicitaron y obtuvieron la autorización militar para participar de allanamientos y la detención del Cabo 2do. de Comunicaciones de la Armada Víctor Francisco Paz.

Paz era presuntamente desertor de la Armada y planeaba – según la JSP y la Inteligencia – entregar documentación secreta de la Base Naval al Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP).

En los documentos de inteligencia, se describe como un militante del “Peronismo Ortodoxo” recomendó a un informante que se pusieran en contacto con la inteligencia militar y lo puso en contacto con la JSP para que interviniera en el asunto junto a los militares.

La operación, que constó de allanamientos a moradas de sospechosos, terminó con la detención del Cabo Paz y otra persona.

Aparentemente la inteligencia militar, después de los interrogatorios de rigor, expresó dudas acerca del carácter de las actividades del Cabo Paz, de quien informan, además, que tiene varios procesos abiertos por mala conducta y hasta una violación que estaban siendo investigadas en la Armada.

Según el informe, el cabo Paz tenia 17 sanciones disciplinarias que totalizaban 157 días de arresto y en sus fojas había un pedido del oficial Páez pidiendo su baja de la Marina con fecha, 1973, dos años antes de su detención. También se incluyen otros informes y sanciones a Paz del año 1974 (firmado entre otros por el Jefe de Comunicaciones Manuel Riveriro).

Entre los efectos incautados al Cabo Paz se encontró una libreta de anotaciones con listas de equipo electrónico de la Base Naval, planos, listas de militares y de equipos de comunicación disponibles en la unidad.

Al ser detenido, indica el informe, se interrogó a Paz en el propio vehículo de la Armada donde era transportado. No existen indicios posteriores de que pasó con el sospechoso ni cuál fue su destino final.

Los anales de la inteligencia militar y naval de la ciudad de Mar del Plata están repletos de información de este tenor. La colaboración de la JSP y otras organizaciones de ultra derecha con los militares en procedimientos, allanamientos, detenciones se prolongó durante por lo menos todo el periodo desde 1975 y posteriormente, bajo la dictadura instaurada en 1976.

Es por eso que resulta increíble que esa documentación no se haga publica y no se utilice en los casos de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, sino sólo selectivamente. Esos archivos contienen nombres, apellidos y circunstancias de operativos militares y navales, así como de cuáles organizaciones políticas y activistas, como en este caso, colaboraban activamente con la represión.

Una breve historia de relaciones peligrosas

Moyano era por entonces, 1975, no sólo dirigente de la JSP, sino miembro de la Comisión Directiva de la CGT local (de la que seria mas tarde también su secretario general); Landín era Secretario Adjunto de la central sindical y Escobedo revistió, entre otros cargos, como Secretario de Prensa tanto de la JSP como de la CGT local.

Resultaría imposible que las actividades, narradas más arriba donde participaban integrantes de su organización no estuvieran en el conocimiento de estos dirigentes, mas aun cuando se emitían comunicados precisamente alentando este tipo de “colaboración.” Y por el rígido verticalismo imbuido en esas organizaciones de ultraderecha,

La JSP local había sido fundada en Mar del Plata en 1971 por Moyano y Landín quienes además eran sus delegados a la dirección nacional de la organización creada por el entonces Secretario General de la CGT nacional, Ignacio Rucci. La JSP tenia como una de sus funciones principales el “identificar y detener Montoneros” en el ámbito fabril y laboral, que anunciaban como propósito en solicitadas y comunicados públicos. (Ver nota del Diario La Capital de Mar del Plata “La JSP se abocara a la Identificación y Captura de los Montoneros, 12 de Setiembre de 1974)

A pesar de que en el sindicalismo marplatense de esos años se enfrentaban dos facciones de dirigentes ortodoxos del Peronismo por cuestiones de poder, a la hora de realizar operativos contra la izquierda o la izquierda peronista, coordinaban los dos bandos sus acciones.

La otra tarea de la JSP era crear una corriente intersindical para neutralizar al neo-Vandorismo, dirigido por el metalúrgico Lorenzo Miguel, bajo ordenes del General Perón que desconfiaba de la lealtad de esa vertiente sindical desde que su fundador Augusto Timoteo Vandor postulara un “Peronismo sin Perón” en la década del 60.

Cualquier observador de la realidad nacional no puede dejar de advertir la similitud de esas tareas de la JSP de los 70 con las que desarrolla la reanimada JSP de estos días, creada por Pablo Moyano y el hijo de Ignacio Rucci, y hoy a cargo de Facundo Moyano, flamante diputado del Frente para la Victoria (FPV).

Vandor fue ejecutado en la sede de la UOM el 30 de junio de 1969 por un auto denominado “Ejercito Nacional Revolucionario” compuesto por activistas que luego serian parte de Montoneros.

Las vinculaciones entre la JSP y la CNU-Triple A

Sugestivamente, la JSP y la CGT marplatenses estaban estrechamente vinculadas a la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización terrorista de ultra derecha que actuó como el brazo marplatense de la Triple A, reconocida por la justicia como ejecutores de crímenes de lesa humanidad.

El jefe de la CNU entre 1971 y 1974, ano en que fue asesinado por un comando guerrillero era el Dr. Ernesto Piantoni, que a su vez era el asesor letrado de Moyano y la propia CGT local. La JSP y la CNU locales actuaban en común acuerdo, publicaban solicitadas conjuntas y ejercitaban la violencia en forma coordinada.

Tanta era la coordinación entre la JSP y la CNU, además del Sindicato de Camioneros y otros, que en 1975 un grupo de ellos coparon la sede local de la CGT para dar un golpe de estado contra el secretario general de aquella época, el dirigente del SUPE Comaschi. El grupo armado puso provisoriamente a cargo de la central de trabajadores a una “Comisión de 10” sindicatos entre los que se encontraba el Sindicato de Camioneros dirigido por Moyano.

La disputa se centraba en relación a la verticalidad que había que sostener en relación al gobierno nacional de Isabel Perón que se hallaba en un enfrentamiento con el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el metalúrgico Victorio Calabró, que para fines de 1975 promovía posiciones abiertamente golpistas contra el gobierno nacional.

La pelea entre los dirigentes locales de la CGT fue posteriormente resuelta mediante negociaciones entre los diferentes sectores de la burocracia sindical que abrió el paso para que el propio Moyano asumiera eventualmente la secretaria general de la CGT marplatense.

Según informes de inteligencia de la Prefectura Naval, el único que resistió el acuerdo fue el dirigente del gremio de viajantes, Mario Cámara, que había dirigido el copamiento armado de la central sindical. Cámara era reconocido como un hombre de acción, miembro y colaborador a la vez de la CNU y con estrechos lazos con la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN). (Ver Informe Secreto – Memoria Anual 1975 – Sección Información de la Prefectura Naval Argentina – Fecha: 12-12-75)

A pesar de que en el sindicalismo marplatense de esos años se enfrentaban dos facciones de dirigentes ortodoxos del Peronismo por cuestiones de poder, a la hora de realizar operativos contra la izquierda o la izquierda peronista, coordinaban los dos bandos sus acciones.

La otra tarea de la JSP era crear una corriente intersindical para neutralizar al neo-Vandorismo, dirigido por el metalúrgico Lorenzo Miguel, bajo ordenes del General Perón que desconfiaba de la lealtad de esa vertiente sindical desde que su fundador Augusto Timoteo Vandor postulara un “Peronismo sin Perón” en la década del 60.

Cualquier observador de la realidad nacional no puede dejar de advertir la similitud de esas tareas de la JSP de los 70 con las que desarrolla la reanimada JSP de estos días, creada por Pablo Moyano y el hijo de Ignacio Rucci, y hoy a cargo de Facundo Moyano, flamante diputado del Frente para la Victoria (FPV).

Vandor fue ejecutado en la sede de la UOM el 30 de junio de 1969 por un auto denominado “Ejercito Nacional Revolucionario” compuesto por activistas que luego serian parte de Montoneros.

Las vinculaciones entre la JSP y la CNU-Triple A

Sugestivamente, la JSP y la CGT marplatenses estaban estrechamente vinculadas a la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización terrorista de ultra derecha que actuó como el brazo marplatense de la Triple A, reconocida por la justicia como ejecutores de crímenes de lesa humanidad.

El jefe de la CNU entre 1971 y 1974, ano en que fue asesinado por un comando guerrillero era el Dr. Ernesto Piantoni, que a su vez era el asesor letrado de Moyano y la propia CGT local. La JSP y la CNU locales actuaban en común acuerdo, publicaban solicitadas conjuntas y ejercitaban la violencia en forma coordinada.

Tanta era la coordinación entre la JSP y la CNU, además del Sindicato de Camioneros y otros, que en 1975 un grupo de ellos coparon la sede local de la CGT para dar un golpe de estado contra el secretario general de aquella época, el dirigente del SUPE Comaschi. El grupo armado puso provisoriamente a cargo de la central de trabajadores a una “Comisión de 10” sindicatos entre los que se encontraba el Sindicato de Camioneros dirigido por Moyano.

La disputa se centraba en relación a la verticalidad que había que sostener en relación al gobierno nacional de Isabel Perón que se hallaba en un enfrentamiento con el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el metalúrgico Victorio Calabró, que para fines de 1975 promovía posiciones abiertamente golpistas contra el gobierno nacional.

La pelea entre los dirigentes locales de la CGT fue posteriormente resuelta mediante negociaciones entre los diferentes sectores de la burocracia sindical que abrió el paso para que el propio Moyano asumiera eventualmente la secretaria general de la CGT marplatense.

Según informes de inteligencia de la Prefectura Naval, el único que resistió el acuerdo fue el dirigente del gremio de viajantes, Mario Cámara, que había dirigido el copamiento armado de la central sindical. Cámara era reconocido como un hombre de acción, miembro y colaborador a la vez de la CNU y con estrechos lazos con la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN). (Ver Informe Secreto – Memoria Anual 1975 – Sección Información de la Prefectura Naval Argentina – Fecha: 12-12-75)

Después de la muerte de Piantoni en 1974, le sucedió al mando de la CNU/Triple A, de acuerdo a fuentes judiciales, el Dr. Gustavo Demarchi, quien llego a ser Fiscal Federal de la ciudad, asesor de la Universidad local, abogado de la CGT y de Moyano y finalmente el candidato a Intendente del PJ en 1983 con el auspicio y apoyo del por entonces también Presidente del PJ local: Hugo Moyano.

La causa abierta por crímenes de terrorismo de estado en Mar del Plata

Demarchi y cerca de una docena de miembros de la CNU están siendo hoy procesados por crímenes de lesa humanidad por la Justicia Federal de Mar del Plata en la causa 13793. Casi todos los acusados en esta causa estuvieron estrechamente ligados a los ámbitos de la Universidad Provincial, que dirigían a partir de 1974, a los sindicatos y la CGT locales donde también actuaron con muchísima influencia y dirección entre 1971 y 1976 y a la Fiscalía Federal de la ciudad que era dirigida por el propio Demarchi.

Esta acción penal por Asociación Ilícita y Delitos de acción Pública fue abierta después que el juez Norberto Oyarbide se declarara incompetente para juzgar los crímenes de la CNU ya que reconoce el carácter de crímenes de lesa humanidad de la misma, pero no admite que estuviera subordinada a la Triple A, causa que se mantiene inactiva y a su cargo hace años, a pesar de abundante evidencia en contrario.

Estos crímenes, asesinatos y secuestros que son investigados, sólo comprende a los cometidos entre 1975 y 1976, que investiga el Juez Santiago Inchausti, son sólo una muestra de los actos de terrorismo de estado cometidos en Mar del Plata por la Triple A.

Demarchi espera en una cárcel común de Colombia su inminente extradición, ya que al hacerle conocer fuentes judiciales de su inminente detención hace más de un año, se fugó del país.

A pesar del creciente volumen de evidencia sobre las relaciones entre la CNU/Triple A, dirigentes y organizaciones gremiales de entonces y el aparato político del PJ local, y a pesar de existir indicaciones de la Cámara Federal de Mar del Plata en el sentido de al menos investigarlas, el juez Inchausti y el fiscal asignados a la causa 13793, parecen negarse a expandir la investigación que podría complicar a personajes poderosos del sindicalismo y la política actuales.

En ese sentido, la apertura publica de todos los informes de inteligencia militares y navales, de la Prefectura, PFA, SIPBA y otras agencias similares (que se mantienen intactos) ayudaría a dilucidar cientos de crímenes e imputar a muchos de sus responsables. Sólo una decisión política de proteger a potenciales culpables puede explicar el secreto que rodea a esta documentación.

Fuente: http://www.izquierda.info/modules.php?name=News&file=article&sid=12872

En consecuencia, es prioritario generalizar la conciencia abajo sobre cómo se derechizó el Partido Justicialista, porqué juzgarlo y qué estructura del Estado -el PJ- cimenta para la dictadura genocida. También es fundamental, abajo y a la izquierda, destapar en qué consiste la representatividad del PJ y cómo la optimizó el kirchnerismo usurpando e intentando tapar-bloquear la "lucha y el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos para conseguir hacer reconocer en la justicia el carácter sistemático, planificado y extendido que tuvo la represión de Estado durante la última dictadura, y hasta lograron que se lo defina específicamente como un genocidio".

 

Desde los gobiernos K, sólo las organizaciones de derechos humanos que no se subordinaron a los últimos mantuvieron esa lucha contra la impunidad de ayer y hoy pero también el empeño por erradicar la de los gobiernos peronistas de principios de los 70. Esto último es crucial en momentos en que se procura unificar el PJ para su vuelta como gobierno de Argentina y algunas izquierdas con cierta prensa pretenden convencer con su grito "Macri basura, vos sos la dictadura", con lo cual desorientan la caracterización popular de la situación de Argentina, Nuestra América y el mundo. Reflexionemos sobre:

 

Los verdaderos soldados de Perón al banquillo (Parte2)

Juicio a la CNU en La Plata

agosto de 2016

 

 

A poco de comenzar el debate oral por una parte de los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria en La Plata seguimos analizando la importancia de juzgar los crímenes de Estado previos al golpe como delitos de Lesa Humanidad, y el “elemento político” de los juicios en esta discusión.

 

Dedicado a María Esther Biscayard de Tello, 

Madre de Plaza de Mayo, docente y militante libertaria 

que perdió tres hijos por la represión de Estado y siempre nos recordaba que

“el Terrorismo de Estado no empezó el 24 de marzo del 76”.

 

Por HIJOS La Plata

 

En poco tiempo el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata estará juzgando a Carlos Ernesto Castillo y Juan José Pomares, integrantes de la banda de la derecha peronista CNU de La Plata, aunque sólo se incluirán en el debate los casos de 7 víctimas en 3 hechos, de una lista total de más de 60 asesinatos aún impunes cometidos en nuestra cuidad entre 1974 y 1976. Pasados más de 40 años de los hechos, el juicio es una excelente oportunidad para revisar la concepción de los crímenes de Estado previos al golpe del '76. La intención de esta nota es preguntarnos qué estamos juzgando en este proceso: a un grupo de lúmpenes con banca y desbocados o a una estructura criminal del Estado, con todo lo que ello significa.

 

Si con la lucha y el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos hemos podido hacer reconocer en la justicia el carácter sistemático, planificado y extendido que tuvo la represión de Estado durante la última dictadura, y hasta hemos logrado que se lo defina específicamente como un genocidio, es decir la eliminación del grupo nacional que se oponía al régimen, mucho falta por capitalizar respecto a lo que sucedió con la represión en el período previo al golpe.

 

En este sentido puede empezarse por repasar qué es lo que hace a un crimen de Estado un delito de lesa humanidad, cuál fue el contexto que gestó y permitió las graves violaciones a los Derechos Humanos producidas en ese interregno democrático entre las dictaduras del '66 y el '76, y cuáles son los principales escollos jurídicos y políticos para avanzar en el juzgamiento de los hechos cometidos en ese período.

 

EL ELEMENTO POLÍTICO

 

El concepto de delito de lesa humanidad constituye el producto de una ardua elaboración de la jurisprudencia y la doctrina en el marco de la comunidad internacional de los Estados, que culminó con un complejo proceso de creación de cierta normativa que de forma incipiente pretendía condenar esos crímenes. Hoy existe un catálogo de delitos de lesa humanidad –en la acepción general de la expresión-, plasmado en diversos tratados, convenciones y resoluciones de órganos internacionales. Aquí simplemente diremos que lo que define al concepto de delito de lesa humanidad es la denominada “cláusula umbral” por la doctrina y que se refiere a un ataque generalizado contra la población civil, sumado a la aquiescencia, tolerancia o participación del Estado, del poder público, o de una organización similar en su ejecución. Es importante remarcar que esta definición exige el elemento político, es decir, que el ataque a la población sea llevado a cabo de conformidad con la política de un Estado o de una organización para cometer esos actos o para promover esa política. La propia Corte Suprema de Justicia ha dicho en la causa “Simón”, cuyo fallo destrabó en 2005 la discusión sobre la reapertura de los juicios a los genocidas en nuestro país, que los crímenes contra la humanidad “1- afectan a la persona como integrante de la 'humanidad', contrariando a la concepción humana más elemental y compartida por todos los países civilizados; 2- son cometidos por un agente estatal en ejecución de una acción gubernamental, o por un grupo con capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal sobre un territorio determinado".

La investigación de los crímenes de la CNU en Mar Del Plata, que fue la primera que llego a juicio oral en todo el país, debió sortear esta discusión en la etapa de instrucción, y sólo por insistencia y abundancia de planteos de las querellas la justicia marplatense determinó en abril de 2008 que los crímenes en cuestión son delitos de lesa humanidad.

En el auto de elevación a juicio de la causa contra Castillo y Pomares, el juez Jorge Di Lorenzo describe que ya desde finales de los '60 se conformaron desde el Estado grupos que desplegarían un accionar terrorista y, vía el decreto de “Aniquilación de la subversión” (2772/75), tuvieron su mayor expansión durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón.

 

De hecho Di Lorenzo afirmó que “desde el aparato de Estado se montaron organizaciones parapoliciales (…) que actuaron bajo el amparo y garantía de impunidad del propio Estado” y que esta actuación “se caracterizó por su ejecución sistemática y organizada” a través de “diversos delitos, especialmente secuestros, asesinatos y robos, siempre caracterizados por el uso de una extrema violencia contra personas que, por su participación en actividades partidarias y/o gremiales, se considerase 'subversiva' u opositora al gobierno”.

 

En nuestra intervención en la causa CNU La Plata, la querella del espacio Justicia Ya La Plata afirmó que “los hechos que aquí se analizan habrían formado parte de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil en el contexto del Terrorismo de Estado, que contó con la colaboración de personas pertenecientes a agrupaciones paraestatales”. Y en específico se señalaba que “el elemento político que inspiraba a los integrantes de la CNU estaba en completa sintonía con la política fomentada por funcionarios estatales que dieron origen a agrupaciones armadas –entre ellas la Triple A, con la finalidad de eliminar 'subversivos' u opositores al gobierno, cuyas acciones armadas reúnen ciertas notas comunes entre sí, con una estrategia previamente planificada que los diferencia de la mayoría de los delitos comunes, dirigida a la individualización de personas ideológicamente distantes del pensamiento que caracterizaba a sus integrantes”.

 

Si historizamos un poco sabremos que durante la dictadura de Onganía los postulados de la antigua Doctrina de Seguridad Nacional (ley 16.970) se transformaron en prácticas operativas orientadas a combatir la “subversión”. En esa etapa histórica se sentaron las bases jurídicas, orgánicas y funcionales de un sistema nacional de seguridad concebido y elaborado para apoyar un régimen autoritario, que aseguraba el cumplimiento de las órdenes que la propia dictadura entendía como “intereses vitales” de la Nación.

Mediante la sanción de varias leyes comenzaron a ejecutarse operaciones destinadas a neutralizar y eliminar el “accionar subversivo”: la ley 16.984 prohibió la difusión postal de la “ideología comunista”; la ley de partidos 17.401 ilegalizó a varias organizaciones, la 18.262 del '69 declaró el estado de sitio en todo el país; la 19.053 del '71 creó la Cámara Federal en lo Penal conocida como “Camarón” que juzgaría delitos federales contra la Constitución y las instituciones, la 19.081 del mismo año habilitó al Ejecutivo a utilizar las FF.AA. en estado de sitio y les otorgaba facultades para investigar y prevenir delitos de injerencia del “Camarón”; la 19.594 del '72, otorgó control militar a los penales donde se alojaban detenidos por hechos subversivos; las 19.797 y 19.799 del mismo año penalizó la difusión de material subversivo y definió competencia del Camarón, etc. Todo esto sumado a la sanción de distintos reglamentos y normativas que otorgaban basamento operativo autónomo a las FFAA, como los reglamentos militares RC5-1 de 1968, llamado de “Operaciones Psicológicas”, el RC-8-3 de “Operaciones contra Subversión Urbana” y RC-8-2 de “Operaciones contra Fuerzas Irregulares”; el Instructivo del Ejercito RV-150-10 de 1969, titulado “Instrucción de Luchas Contra las Guerrillas” del Ejército Argentino; o la Directiva 02/71 de la Junta de Comandantes en Jefe, llamada “Para el pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión”.

 

Este es el contexto que gestó y permitió las graves violaciones a los derechos humanos producidos antes de la última dictadura, donde ya se organizaban desde el aparato del Estado la división de tareas, objetivos, grupos operativos, inteligencia, infiltración, etc., todos ellos elementos necesarios para operar sobre los opositores políticos.

 

LA EXPERIENCIA EN LOS JUICIOS

Si revisamos los juicios reabiertos desde 2006, el juzgamiento de crímenes de Estado previos al 24 de marzo de 1976 como parte del proceso de reapertura de las causas de Lesa Humanidad ha tenido varios antecedentes.

En específico sobre las bandas armadas de la derecha peronista, el primer juicio concluido se dio en febrero pasado, cuando la titular del Juzgado Federal Nº 1 de CABA, María Servini de Cubría, en juicio escrito que tramitó por el viejo Código de Procedimientos condenó a 4 integrantes de las bandas de la Triple A por asociación ilícita y con penas menores. La jueza dio por probado que Jorge Conti, Carlos Villone, Norberto Cozzani y Rubén Pascuzzi integraron esa organización paramilitar desde sus cargos formales en el Ministerio de Bienestar Social, así como que la sede de esa cartera se utilizó como lugar físico para realizar reuniones de la organización paramilitar, como también para financiar su funcionamiento: "El delito que aquí se juzga no fue consecuencia del accionar de personas individualmente consideradas, para su perpetración fue necesaria la misma estructura y recursos proporcionados en principio por uno de los ministerios del Estado, (…) se proveyeron fondos para compras de armamentos, solventar su logística, se utilizó su aparato de prensa, y hasta sus requerimientos aduaneros en materia de armas", afirmó Servini de Cubría en el fallo.

 

Pero además en estos años llegaron a sentencia la causa por la Masacre de Trelew, ocurrida durante una dictadura militar en agosto de 1972, y donde se condenó a varios marinos en 2012; el fallo por la Masacre de Capilla del Rosario, el fusilamiento de 14 militantes del ERP ocurrido en agosto de 1974 en Catamarca, donde el Tribunal local condenó en 2013 a 3 de los autores del hecho; y la condena en 2014 del jefe de Prefectura de Campana Carlos Ramón Schaller por el secuestro de Marta Querejeta en diciembre de 1974.

 

Todos los hechos de estos procesos fueron calificados como constitutivos de delitos de Lesa Humanidad, no sin esfuerzo o disenso de los jueces sobre el famoso “elemento de contexto” que caracteriza a los crímenes contra la humanidad: ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

 

Así se los calificó pese a la resistencia de las defensas, que entre otras cuestiones plantearon que se lo hacía como simple traslado de la característica de los crímenes cometidos en dictadura, y principalmente que ni siquiera se habían emitido aún las directivas represivas 1/75 del Consejo de Defensa y 404/75 del Comandante del Ejército, de cita permanente como antecedentes de la represión desatada a partir del golpe. Contra esta posición en los tres casos primó la postura de que al momento de los hechos existía un orden normativo fundado en las convenciones y en la práctica consuetudinaria internacional, del que el país es parte, que consideró inadmisibles la comisión de delitos de lesa humanidad ejecutados por funcionarios del Estado.

 

Es claro que en el caso de Trelew los hechos se dieron durante una dictadura, que en el caso de Capilla del Rosario se fusiló a personas detenidas y desarmadas con intervención policial y militar, y que en la causa Querejeta se trata de la actuación del jefe de una fuerza de seguridad nacional. Ahora, el escollo a superar parece ser afirmar que entre 1974 y 1976 existía un Plan Sistemático y generalizado de exterminio de un sector de la población, con actuación de grupos integrados por civiles, policías y militares que accionaban contra otro grupo al que se identificaba como enemigo por razones políticas.

 

En la sentencia por la Masacre de Capilla del Rosario, los jueces Reynaga, Casas y Jiménez Montilla se animaron a establecer que a partir del “Devotazo”, cuando se liberó masivamente a los presos detenidos o condenados bajo el rótulo de actividades subversivas, los jefes militares se apartaron de los procesos judiciales llevados a cabo por el Camarón y comenzaron a realizar un plan sistemático y generalizado de persecución de la población civil, llegando a disponer cuando fuera posible el sometimiento fatal de los enemigos aunque estuvieran indefensos o desarmados.

 

Hoy sabemos que en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) hubo alrededor de mil denuncias registradas y nunca investigadas por desapariciones forzadas durante el tercer gobierno peronista, que fueron acercadas por la Secretaría de Asuntos Legales a la justicia.

 

DIFERENCIA DE CRITERIO

Si el camino se venía abonando para poder avanzar en el castigo a estos crímenes de Estado previo al golpe, un nuevo fallo volvió a complicar la situación. El 9 de junio pasado la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con voto mayoritario de los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, y disidencia de Ana María Figueroa, decidió anular la sentencia de primera instancia de la Masacre de Capilla del Rosario, o causa “Carrizo”, absolver a los tres condenados y ordenó ponerlos en libertad. En lo esencial Riggi y Catucci consideraron que los hechos no encuadran en la categoría de crímenes contra la humanidad porque "no se encuentra acreditado por ningún medio de prueba o directamente no existía" a esa época "un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil" y porque "estaba debidamente instalado un gobierno constitucional elegido por más del 60 por ciento de los votos del padrón electoral".

 

En principio cabe destacar que estos dos jueces opinantes fueron funcionarios del poder judicial tanto en el Camarón como en la dictadura. Eduardo Rafael Riggi, ingresó al Poder Judicial en el Camarón, fue cesanteado en la gestión de Cámpora y nombrado juez en 1978. Además hoy está denunciado por recibir coimas de los imputados por el asesinato de Mariano Ferreyra. La jueza Liliana Elena Catucci ingresó al Poder Judicial en julio de 1971. Fue nombrada jueza en 1980 y quedó a cargo de un juzgado de primera instancia en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal. Entre otras joyas participó con voto propio del fallo que condenó injustamente a Fernando Carrera por la llamada “Masacre de Pompeya”.

 

Más allá del análisis sesgado que estos jueces hicieron de la prueba en la causa por la Masacre de Capilla del Rosario, y de que hace años hay elementos en las autopsias que demuestran que hubo ejecuciones (repetidos balazos en tórax y nuca), es interesante detenerse en la valoración que realizaron del contexto en el que se sucedieron los hechos, esto es agosto de 1974, ya muerto Perón y gobernando Chabela. El doctor Riggi opinó que los jueces de primera instancia hicieron una interpretación “no solo errónea sino antojadiza y subjetiva del marco histórico-político de la época de los hechos materia de juzgamiento”. Y si bien reconoció que había un clima de violencia y se perpetraban crímenes y atentados cometidos por distintas agrupaciones o bandas, en todo caso el Estado respondía como contrapartida y con “probables excesos en la forma de enfrentar y reprimir dichas conductas”. Es más, abundó en que si un grupo armado quiso copar un regimiento, y olvidando todas las obligaciones formales que las fuerzas legales tienen sobre sí, “ya siquiera puede hablarse de 'un ataque' por parte de las fuerzas armadas, sino más bien de un acto de defensa de los poderes constitucionales vigentes”. Curiosamente en un tramo del fallo se apoyó en el discurso que pronuncio Perón después del ataque al cuartel de Azul en enero del '74, y lo citó profusamente, no solo en cuanto afirmaba que “el gobierno nacional, en cumplimiento de su deber indeclinable tomará de hoy en más las medidas pertinentes para atacar al mal en sus raíces, echando mano a todos los medios y movilizando todos los recursos necesarios”, sino también cuando señalaba que “el movimiento nacional justicialista movilizará, asimismo, sus efectivos para ponerlos decididamente al servicio del orden y colaborar estrechamente con las autoridades empeñadas en mantenerlo”.

 

Por su parte la doctora Catucci dijo que el suceso no se corresponde con un plan sistemático, que no se trataba de un grupo civil desarmado y que tenían posibilidad de resistir. Descalificó a los testigos y descartó la posibilidad de la calificación de los delitos como constitutivos de lesa humanidad porque los hechos eran diferentes a los de otras causas (Trelew, Operativo Independencia, etc.) por cuanto aquí la iniciativa agresora había sido de los terroristas, y desencadenado los episodios armados. Que no podían ser delitos de lesa humanidad hechos de una acción concertada en un gobierno constitucional y ordenada por la Presidente de la Nación en auxilio de las fuerzas policiales que estaban en inferioridad de condiciones, por lo que la actuación conjunta de las fuerzas de seguridad en este caso había sido justificada y autorizada.

 

Catucci intentó explicar que “mal podría interpretarse de esa manera una acción concertada en un gobierno constitucional y ordenada por la Presidente en auxilio de fuerzas en inferioridad de condiciones. Y no se adecua a ellas porque tampoco parece haber respondido a un pre-ordenamiento planificado. Ni su génesis ni su desarrollo se avienen a esa concepción”. Según la doctora “si bien pueden asimilarse acontecimientos anteriores a la ruptura del Estado de Derecho del 24 de marzo de 1976, como propios de esta época, las constancias causídicas revelan que el que está bajo examen no es uno de ellos”. La doctora llega a extremos superlativos al decir que “sin desconocer que el resultado letal de muerte de los individuos que no lograron huir como sus compinches (SIC) y que es lo que llevó a percibirlos crímenes de lesa humanidad, esa concepción no puede asentarse en el resultado sino en todas las circunstancias que permitieron apreciar las diferencias con aquéllos”.

 

El fallo es un alerta importante porque se trata de un tribunal federal de segunda instancia, que revisa lo actuado por los tribunales orales, y que ha argumentado con inconsistencias y arbitrariedades varias. En principio si los fusilamientos no están probados y las muertes fueron justificadas -en el cumplimiento de un deber o en legítima defensa propia o de terceros- no habría delito alguno, por lo que ocioso sería entrar a fundamentar el carácter o no de lesa humanidad. Sin embargo se empeñaron en hacerlo. Para eludir la calificación de lesa humanidad abrieron el análisis de si se trata de graves violaciones a los Derechos Humanos, pero curiosamente no la desarrollaron.

Ahora, si los homicidios estaban probados pero no eran ni delitos de lesa humanidad, ni graves violaciones a los DDHH, cabía la prescripción, y se agotaba la discusión de fondo en instancias anteriores que los jueces de Casación tuvieron oportunidad de revisar. Y en todo caso si no eran delito, y así lo determinaban, no había nada que prescribir.

 

Pero además, destacamos especialmente la discusión que se abre con este fallo sobre el carácter real de los delitos investigados, porque todavía hay resistencias judiciales a reconocer plenamente que hubo crímenes de Estado entre 1973 y 1976 y que esos crímenes son delitos de lesa humanidad, con todo lo que la definición conlleva. Si no fueron crímenes de lesa humanidad, como pretenden Riggi y Catucci, fueron crímenes de guerra, que tampoco prescriben. Lo contrario es reafirmar la teoría del partisano del jurista alemán Carl Scmitt, tan usada por los represores y sus abogados en los juicios, cuando dice que como los guerrilleros no son combatientes de una guerra tradicional, no se los debe tratar como enemigos regulares y, luego, como prisioneros de guerra, y está justificado hacer con ellos cualquier cosa.

 

La polémica sentencia de Casación ya ha sido apelada por las querellas del juicio y recurrida por el Fiscal General ante esa Cámara, Javier Augusto De Luca, con un recurso extraordinario que detalla todas las inconsistencias del caso y pide elevar los autos a la Corte Suprema para que revoque esta sentencia y confirme la del Tribunal Oral de Catamarca.

 

El fondo de esta cuestión es señalada con precisión por el fiscal De Luca en el recurso de apelación, cuando dice: “Ninguna relevancia tiene que el gobierno de por entonces fuese uno elegido democráticamente y que sus máximas autoridades fuesen civiles, como tampoco que estos grupos estuviesen formados muchas veces por civiles, total o parcialmente (ej. 'Triple A', Alianza Anticomunista Argentina).

 

Tampoco la tienen las directivas que pudiera haber dado un presidente constitucional (Toda la discusión acerca de la expresión 'aniquilar'), ya sea porque estas órdenes fueron tergiversadas (el significado de una orden de un presidente constitucional nunca podría haber sido por fuera del orden normativo), o porque fueron perfectamente interpretadas (considerar que esa orden es una orden ilegal expresa). Porque las órdenes ilegales son tales por su contenido con prescindencia de la calidad del título de quien las emita. Como se ve, se trata de un argumento de autoridad que no prueba la imposibilidad de que durante ese período se hubieran cometido graves violaciones a los DD.HH., ya sea de manera clandestina, actuando las fuerzas armadas y de seguridad motu propio, ya sea de manera expresa o manifiesta por orden de un presidente de iure”.

 

La mayor paradoja de este fallo es que se pronuncia justificando la represión ilegal durante un gobierno democrático, y principalmente por tratarse de una gestión constitucional, que es desarrollada por magistrados que integraron el poder judicial durante la última dictadura y siguen en funciones 40 años después para revisar aquellos hechos. Y es allí donde aparece el verdadero “elemento político” de los fallos en este tipo de juicios.

 

FINAL ABIERTO

La democracia alfonsinista no tuvo intenciones de indagar, y mucho menos de impulsar, el proceso judicial contra los responsables de los crímenes de Estado previos al golpe. De hecho hasta negoció y puso un freno a la investigación de los crímenes de la dictadura con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Hubo por entonces un pacto implícito: si se iba a fondo en la verdad más profunda sobre el origen y las motivaciones de la maquinaria de crímenes y desapariciones se iba a terminar enjuiciando la gestión del Partido Justicialista, algunos de cuyos dirigentes aun siguen en funciones en cargos del Estado, en sindicatos, o en el propio partido.

 

Los fundamentos de ese pacto eran claros: si se lo ponía en cuestión, el peronismo iba a denunciar una nueva persecución y podía apoyarse en el aparato militar que acababa de abandonar el poder, para desestabilizar el sistema político.

Es entendible también que para los organismos de derechos humanos, por la dimensión de los crímenes y su vigente impunidad, el foco principal del reclamo haya sido por muchos años la estructura militar-policial-penitenciaria y no las bandas armadas del Estado en el gobierno peronista.

 

Ni hablar de la impunidad superlativa que intento sembrar la gestión menemista, perdonando con indultos desde el Estado y con pretensión de igualdad a los asesinos de la dictadura, a los criminales de la guerra de Malvinas y a los compañeros militantes con causas pendientes por su actividad política en los '70.

 

El dilema estuvo pendiente incluso hasta la reapertura de los juicios a los genocidas de aquella última dictadura, y tuvo una clara muestra de la caja de Pandora que se estaba abriendo en enero de 2007, cuando el impresentable juez Espartacus Oyharbide pretendió citar a indagatoria a Isabel Martínez de Perón por los crímenes de la Triple A, y la ciudad de buenos Aires apareció afichada con carteles firmados por la CGT, la Fraternidad y las 62 Organizaciones que rezaban: '”No jodan con Perón”.

 

Hoy los juicios por crímenes de lesa humanidad no pueden ser el límite de un nuevo pacto político de impunidad. La responsabilidad del gobierno peronista en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de lesa humanidad, son hoy innegables. Ya es hora de discutir a fondo la organización desde el Estado de la represión a los opositores políticos antes del golpe y condenar esos crímenes.

Fuente: http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2016/08/los-verdaderos-soldados-de-peron-al_18.html

 

 

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, enfocar que:

"La historia no sólo de la nación chilena, sino de todo el continente Americano, incluso en sus momentos de mayor auge socializante y republicano, se presenta como un dramático desarrollo de acumulación capitalista, cuyo despliegue se sucede en una serie de etapas que pasan primero por el formato imperial, luego por el diseño Estado nacional y, en una tercera fase, por la actualización ejecutada por los flexibles protocolos de la institucionalidad neoliberal, cuya gestión del territorio y las poblaciones ha intensificado la original voluntad de exclusión, sometimiento y eliminación de los habitantes indígenas en el territorio definido en principio como "soberano", pero que hoy es significado estrictamente a partir de su condición productiva (Villabos-Ruminot, 2006).

 

A partir de lo anterior, la actualidad del conflicto Mapuche no se puede comprender si no es dentro de esta larga y soterrada saga biopolítica de segregación, negación, explotación y exterminio de su condición multiétnica (2006)2.

 

Territorialidad, Biopolítica y Estado de excepción:

una aproximación al conflicto del Walmapu como guerra gestional de baja intensidad.

 

Por Víctor Rodrigo Alarcón Muñoz

Resumen

Este trabajo tiene por objetivo explorar la relación entre política y vida que se pone en obra, en medio de la relación histórica que construye el Estado y el régimen gubernamental que se despliega en Chile con el pueblo Mapuche y su territorialidad, interrogando las formas y las técnicas disciplinarias de los dispositivos de gobierno biopolitico y de la lógica centrípeta de la seguridad inmunitaria que hoy despliegan la positividad flexible de un programa gestional empresarial que “captura” el Walmapu (territorio Mapuche) bajo la acción de una guerra de baja intensidad de nuevo orden, la guerra gestional. En esta perspectiva, se observa el conflicto político actual del Walmapu, como una ofensiva para alcanzar la normalización de la población Mapuche ahí afincada y de todo su territorio, a través de lo que aquí denominamos como una guerra gestional.

En esta estrategia, la soberanía es ejercida con el objetivo de imponer y restituir el “orden” del capitalismo financiero, lo cual define el ejercicio soberano que se despliega como un ejercicio propiamente económico-gestional y ya no simplemente estatal, toda vez que bajo el neoliberalismo sus dispositivos de seguridad y de circulación financiera que operan sobre los territorios, están crecientemente por sobre el Estado, al desplegar un agenciamiento policial financiero y privado no anclado en una lógica pública.

 

La ideología espacio-corporal biopolítica que da forma a estos dispositivos, está signada por lo que Giorgio Agamben define bajo la categoría de Estado de excepción y como resultado arroja la creciente coincidencia del espacio propio del Pueblo Mapuche con un espacio de excepción, transformando el territorio y los cuerpos que le dan forma, en la topología del fracaso de la democracia chilena.

Contexto: Walmapu, Estado chileno e historia del capital.

En una reciente entrevista el premio nacional chileno de historia del año 2012, Jorge Pinto, señaló que el actual conflicto que se sucede en el Walmapu, se origina a partir de la irrupción del Estado en el territorio Mapuche hacia la segunda mitad del siglo XIX. Sin pretender desplegar una visión historiográfica, para comprender a cabalidad la naturaleza económico-gestional del conflicto, es necesario apuntar que si bien el pueblo Mapuche sostuvo una más que centenaria guerra contra la corona española, hacia fines del período colonial llegó a un cierto acuerdo en la relaciones con ésta, el que fue sostenido y gestionado, aunque sin ausencia de conflicto, a través del sistema diplomático de los parlamentos, cuyo resultado produjo el reconocimiento efectivo de su autonomía política y territorial como pueblo nación y que, en el contexto del asentamiento de la república chilena -aunque con una signatura asimilatoria-, se refrendó con el parlamento de tapihue de 1825 (Telléz, 2011)2 . Sin embargo, el proceso constitutivo del Estado chileno, que desde mitad del s. XIX comienza la prospección del territorio Mapuche, en función de sus potencialidades económicas, devino hacia finales de los 60', en un violento proceso de ocupación y despojo que disolvió los rudimentarios mecanismos de protección logrados con la "diplomacia colonial" y abrió lo que podemos denominar como una guerra genocida, especialmente por sus consecuencias biopolíticas, entendiendo en este sentido no sólo el asesinato racial de decenas de miles de Mapuches, sino la captura de una "población" y de su territorio en relación a la importancia que juegan estos como "recursos" en los ámbitos de la economía y la política (Villalobos-Ruminot, 2006).

 

En su emblemático texto Indios, ejército y frontera (1983) David Viñas, en medio del extenso abordaje que realiza sobre la forzosa asimilación estatal de los pueblos amerindios, cita un pasaje del texto de Stanley J y Barbara H, "La herencia colonial de América latina", con el objetivo de dar cuenta de la naturaleza capitalista del proceso general de "pacificación", en tanto detrás de la táctica liberal criolla, cifrada bajo la promesa de "igualdad de ciudadanía", estaba la continuación de la violencia militar por medio del aparato jurídico, con el fin de consumar la captura económica del territorio Mapuche y sus "poblaciones": "Los indígenas podrían ahora dividir sus tierras comunalmente poseídas y disponer de ellas a voluntad; no tendrían impuestos o cortes especiales; en teoría participarían como ciudadanos de plenos derechos y responsabilidades políticas. Ya no habría indígenas y no indígenas, únicamente ricos y pobres" (1983).

 

Para el mapuche su vida y su territorio implica una copertenencia entre tierra y comunidad, una articulación profunda entre tiempo, espacio, cosmovisión, técnicas y costumbres. Todo el mundo Mapuche indisolublemente está ligado al territorio, el fundamento que sostiene su cultura, formando un "entramado cósmico" entre hombre y tierra que signa la propia semántica de su nombre, en tanto "gente u hombres de la tierra". En esta perspectiva, en función de romper esta concepción de propiedad que articula el fondo cosmovisional Mapuche y que, al igual que otros pueblos, es de naturaleza comunitaria, la nueva legalidad de los Estados independientes implementa, a través de sus dispositivos jurídicos, la puesta en circulación económico-financiera del territorio del Walmapu, proyecto que revela -desde sus inicios- su naturaleza biopolítica, en el efecto que genera la imposición de una nueva y desigual relación con la tierra, en tanto y en cuanto los Mapuches, a partir del despojo de sus derechos ancestrales por medio de las nuevas constituciones, son compelidos al mercado y a "optar", fruto de un patrón de acumulación brutalmente desigual, por abandonar sus comunidades y por incorporarse al sistema como trabajadores asalariados, convirtiéndose así en un nuevo contingente-cuerpo poblacional económicamente funcional al modelo capitalista (1983).

 

La historia no sólo de la nación chilena, sino de todo el continente Americano, incluso en sus momentos de mayor auge socializante y republicano, se presenta como un dramático desarrollo de acumulación capitalista, cuyo despliegue se sucede en una serie de etapas que pasan primero por el formato imperial, luego por el diseño Estado nacional y, en una tercera fase, por la actualización ejecutada por los flexibles protocolos de la institucionalidad neoliberal, cuya gestión del territorio y las poblaciones ha intensificado la original voluntad de exclusión, sometimiento y eliminación de los habitantes indígenas en el territorio definido en principio como "soberano", pero que hoy es significado estrictamente a partir de su condición productiva (Villabos-Ruminot, 2006). A partir de lo anterior, la actualidad del conflicto Mapuche no se puede comprender si no es dentro de esta larga y soterrada saga biopolítica de segregación, negación, explotación y exterminio de su condición multiétnica (2006).

 

El carácter de excepcionalidad que ha reiterado históricamente el discurso oficial chileno, que sistemáticamente reivindica una ficticia homogneidad racial y política dentro de su territorio, no es otra cosa que la estrategia discursiva construida por el proyecto nacional. Para el mapuche su vida y su territorio implica una copertenencia entre tierra y comunidad, una articulación profunda entre tiempo, espacio, cosmovisión, técnicas y costumbres. Todo el mundo Mapuche indisolublemente está ligado al territorio, el fundamento que sostiene su cultura, formando un "entramado cósmico" entre hombre y tierra que signa la propia semántica de su nombre, en tanto "gente u hombres de la tierra". En esta perspectiva, en función de romper esta concepción de propiedad que articula el fondo cosmovisional Mapuche y que, al igual que otros pueblos, es de naturaleza comunitaria, la nueva legalidad de los Estados independientes implementa, a través de sus dispositivos jurídicos, la puesta en circulación económico-financiera del territorio del Walmapu, proyecto que revela -desde sus inicios- su naturaleza biopolítica, en el efecto que genera la imposición de una nueva y desigual relación con la tierra, en tanto y en cuanto los Mapuches, a partir del despojo de sus derechos ancestrales por medio de las nuevas constituciones, son compelidos al mercado y a "optar", fruto de un patrón de acumulación brutalmente desigual, por abandonar sus comunidades y por incorporarse al sistema como trabajadores asalariados, convirtiéndose así en un nuevo contingente-cuerpo poblacional económicamente funcional al modelo capitalista (1983).

  

En otras palabras, lo que aquí modestamente se pretende articular, es un material reflexivo que esté al servicio de la economía política de la violencia, que el Estado chileno y la gubernamentalidad donde se entrama y opera la totalizante relación política-vida en el Walmapu.(…)

 

Walmapu, territorialidad y Estado de excepción. La actual ofensiva estatal sobre el territorio Mapuche no se produce a través del "tradicional" modelo jurídico soberano, que persigue la restitución o consolidación del orden exclusivamente estatal, sino que es emprendida precipitando la gestión del primero hacia la restitución de un orden jurídico de corte económico-gestional (Karmy, 2013). En este sentido, es que la relación que el Estado proyecta hacia el Walmapu cobra forma "policíaca", en tanto el régimen de policía viene a ser el dispositivo económico moderno fundamental en el ejercicio de gestión de poblaciones. En este sentido, no es que lo que Michel Foucault define como poder soberano, en términos amplios, aquella facultad de disponer de la vida de los individuos, aquel poder que posee el derecho de vida y de muerte de los sujetos, haya sido radicalmente desplazado, sino que a pesar de su desintensificación y apertura a un proceso de cambios hacia el final de la época clásica, no deja de ejercerse hasta el presente (2012). En un clásico pasaje de la Voluntad de Saber indica: «Y quizá haya que referir esa forma jurídica a un tipo histórico de sociedad en donde el poder se ejercía esencialmente como instancia de deducción, mecanismo de sustracción, derecho de apropiarse de una parte de las riquezas, extorsión de productos, de bienes, de servicios, de trabajo y de sangre, impuesto a los súbditos. El poder era ante todo derecho de captación: de las cosas, del tiempo, los cuerpos y finalmente la vida; culminaba con el privilegio de apoderarse de ésta para suprimirla.» (Foucault, 2007).

 

Bajo este prisma, podemos observar, siguiendo la deriva de reflexiones contemporáneas como las de Agamben y Esposito, que tal modelo de soberanía sigue operando, pero ya no enclavada en la forma propiamente política del Estado-nacional, sino en la forma gubernamental de la economía global (Karmy, 2013), donde el poder soberano sigue ampliamente operando, pero dentro de una nueva forma de poder que no establece como única relación con la vida su clausura, sino que se desplaza hacia una administración que se mueve en función de su potencialidad como recurso (2013). El modelo soberano sigue siendo el pilar y la plataforma de despegue de la acumulación basada en la explotación del trabajo humano colectivo, "el punto de cruce a través del cual se despliega inicialmente el capital" (2013). Sin embargo, sostiene este mismo autor, a diferencia de los tiempos clásicos economía y política devienen en un plano de indiferenciación, cuyo resultado es la instalación de la economía como el paradigma político contemporáneo, es decir, la economía viene a constituir "el lugar de la decisión soberana" y, en esta línea, en la potencia definidora del carácter del conflicto político (y por consecuencia de la guerra), antes circunscrito a la dimensión estrictamente interestatal, pero hoy articulada en lo que podemos denominar -siguiendo a Karmy- bajo los términos de guerra gestional, un tipo de guerra redefinida bajo los objetivos de normalización sistemática y continua del cuerpo social y sus espacios, que se ordenan en función de la rearticulación y flexibilización de todos sus límites internos que exige la lógica del capital global, cuya característica principal es una indefinida circulación que operará toda situación y todo conflicto, especialmente todo conflicto territorial, según los ciclos de su "duración" (2013).

 

Bajo este prisma, la acción estatal-empresarial en el conflicto político del Walmapu, se configurará como una larga saga de batallas por la normalización de la población Mapuche, ejecutada a través de lo que aquí hemos llamado como nueva guerra de baja intensidad, una estrategia donde ahora la soberanía es ejercida con el objetivo permanente y sistemático de imponer el “orden” del capitalismo financiero en toda su extensión, territorial, cultural y político, redefiniendo así el ejercicio soberano como un ejercicio propiamente económico-gestional y ya no simplemente estatal, toda vez que bajo el neoliberalismo los dispositivos de seguridad y de circulación financiera que operan sobre los territorios, están crecientemente por sobre el Estado, desplegando un agenciamiento policial no anclado en una lógica pública, regida por una ideología espacio-corporal biopolítica cuyos protocolos y dispositivos de acción están signados por lo que Agamben desarrolla bajo la categoría de Estado de excepción, operación orientada al resultado de una creciente coincidencia del espacio propio del Pueblo Mapuche con un espacio de excepción, cuestión que transforma -parafraseando a Agamben- el territorio y los cuerpos que le dan potencia y forma, en tanto sitio de captura de la vida, en uno de los hechos políticos fundamentales de la contemporaneidad chilena. En los primeros años de la dictadura, la citada marca del "tiempo presente chileno", el Estado desata una profundización de su histórica estrategia de descomposición territorial del pueblo mapuche, interrumpida temporalmente por el Gobierno de la Unidad Popular, a través primero de la brutal represión de las comunidades que habían recuperado en años anteriores sus tierras ancestrales (con una desconocida cifra de asesinados, torturados y desaparecidos) y , como complemento (igualmente una histórica práctica) al imponer una ley de política única de tierras, que terminó de dividir las propiedades comunitarias al convertirlas en propiedades particulares. En este sentido, como rescata Gonzalo Díaz, al acabar con la propiedad colectiva se genera un “mercado de tierras” que produce, como consecuencia, que los descendientes de los propietarios vayan vendiendo sus partes heredadas –principalmente a capitales chilenos–, "con lo que se consolida la desintegración territorial del Wallmapu como tal y su integración al régimen jurídico territorial del Estado de Chile" (Diaz, 2012). Bajo estas consideraciones se aprecia, entonces, que la fase del capitalismo que se abre en Chile con la dictadura, instala un diseño que intensificará la circulación económica de la realidad en su conjunto, cuestión que precipitará especialmente sobre la redefinición de la propiedad de los territorios y a la normativa jurídica de sus recursos (por ejemplo el agua como recurso concesionable a perpetuidad, despojada de su control público), para lo cual recurre a extensivas estrategias de sometimiento y control punitivo (Cortes, 2010).

 

A partir de estos protocolos administrativos, este proyecto económico-gestional impulsa sobre el territorio y el cuerpo Mapuche dos procesos simultáneos, a saber, sobre el territorio, la circulación económica permanente propia de la expansión de la lógica financiera contemporánea y, en segundo lugar, la activación de espacios disciplinarios de control propios de la topología política contemporánea, esto es, el estado de excepción. Ambos procesos constituyen categorías que revelan el nuevo tipo de ideología, en cuyas estrategias fundamentales el territorio se define como objetivo del poder y el poder se define bajo la lógica de la espacialidad dispuesta económico financieramente. La convergencia de estos procesos, constituye la reactualización de la saga colonial por medio de la expansión forestal e hidroeléctrica, es decir, la "puesta a punto" de la privatización de las tierras comunitarias iniciado a comienzos del siglo XX y, a través de una diversidad de planes gubernamentales de reeducación en torno al “emprendimiento” (turismo étnico, microproyectos de forestación industrial etc.), el proceso de asimilación a través de la reformulación contemporánea de la otrora "educación obligatoria". Como se observa, entonces, el Estado chileno reajusta las “fronteras materiales y simbólicas” con el objetivo de consumar la incorporación, colonización y "civilización” de un pueblo que sigue disponiendo otra relación política y ontológica con su entorno y con su comunidad, con el objetivo de convertir el Walmapu en una especie de “espacio vital” del neoliberalismo en el sur del país, desplazando el territorio fuera de la ley (Montajes jurídicos, testigos sin rostro, asesinatos impúnes, ley antiterrorista) situándolo en un sistemático y continuo estado de excepción, subordinando de esta forma a su gente y su nombre (Mapuche), el nomos de esa tierra, al capitalismo gestional contemporáneo y sus políticas de extracción salvaje de los recursos naturales.

 

Esta "gobernanza" que el Estado proyecta sobre el presente Mapuche, para tales objetivos, dispone un poder-saber que se realiza a través de una positividad elástica, específica y local, que produce procesos generativos que implementan "arquitecturas" económico-policiales concretas, redes de relaciones que apuntan a la captura y control del espacio en que se constituye el Mapuche, en tanto campo de fuerzas identitarias que significan el actual principal obstáculo para el arrasamiento de los recursos naturales que son indispensables para la vida de este pueblo. En este sentido, esta operatoria apunta, sistemáticamente, a asegurar una modulación espacial y discursiva del walmapu que produzca y ajuste campos de reconocimiento de la vida en perspectiva de su total reducción y control (Butler, 2010). En concordancia con estos procedimientos, se observa igualmente el ensamble del relato mediático sobre el Walmapu, articulado mediante dispositivos comunicacionales ajustados por las retóricas de la seguridad que propone el mercado, que son sumados a la tarea de homogenizar su territorio con toda la espacialidad y territorialidad global bajo la marca de la fragilidad y del terror, de manera que éste carezca de identidad y sus habitantes se adecuen, como señala Agamben, a la “imposibilidad de usar, de habitar, de hacer experiencia.” (Agamben, 2004).

 

Es decir, la situación actual del territorio Mapuche en su relación con el poder, muestra que la planificación espacial, en cuya dinámica los relatos en torno a las políticas seguritarias cobran una centralidad fundamental, convierte el espacio territorial en una arma de punición, en “espacios de excepción” (2004) donde las comunidades quedan en una permanente relación de extrañamiento con su hábitat y excluidas de toda posibilidad autónoma de decisión sobre él, de manera de configurar un nuevo paisaje economizado y sometido a la lógica extractivista y al emprendimiento como una única relación con la tierra, a través de una superposición de proyectos económicos y de circulación productiva, que reemplazan por la disposición ideológica neoliberal de los territorios, la concepción de relación tradicional y ancestral de copertenencia con la tierra que el Pueblo Mapuche concibe en su cosmovisión y filosofía. De esta forma, en medio de esta nueva "geografía" económica impuesta sobre el territorio, el Mapuche comienza a experimentar su tierra como dispuesta meramente hacia la circulación del mercado en tanto ésta, por medio de la acción económica-gestional del Estado, sufre la conversión en un medio para el desplazamiento de las políticas económicas neoliberales que obliteran, como se advirtió, el sentido comunitario de la relación con la Mapu en la cual la identidad mapuche se encuentra, reconoce e identifica socialmente. En este sentido, el Pueblo Mapuche en todo su territorio, queda recluido crecientemente en sus comunidades, que comienzan a devenir en verdaderos guettos marginales o marginalizados por los mega proyectos extractivistas, experimentando su propio espacio territorial como una “amenaza concreta de violencia” policiaco empresarial, viendo debilitada su integridad Mapuche, en tanto su disposición dentro del territorio queda marcada sistemáticamente por una planificación orientada a capturar económicamente sus cuerpos y sus tierras.

 

Bajo estos antecedentes, cuando el pueblo Mapuche y sus organizaciones (como la CAM o las fuerzas de control territorial) activan sus procesos reactivos ante la expansión capitalista en su territorio, instalan un problema que no sólo pone de manifiesto las aberraciones y violaciones jurídicas y medio ambientales de la vorágine neoliberal, sino que también abre una práctica crítica en relación al develamiento de las operaciones micropoliticas del Estado nacional y de los grupos económicos ensamblados en éste, en tanto y en cuanto este proceso -como todo proceso social- no se ha desarrollado sin la expresión de la histórica resistencia Mapuche y sin el correspondiente despliegue represivo que constantemente está activando una acción soberana que instrumentaliza la existencia humana y la destrucción material de los cuerpos (Mbembe, 2011). La forma política que modela la realidad del Walmapu, proyecta por medio de una heterogeneidad ilusoria, un relato que los artificios del poder construyen en torno a la democracia y una "definición participativa" de sus condiciones por medio de la sumatoria de todas las omnipotencias inscritas en el cuerpo social, es decir, a través de un efectivo mecanismo ideológico de encubrimiento de las estrategias que aseguren el despeje de cualquier límite interno al poder. En esta perspectiva, el territorio Mapuche viene a constituir la topología del colapso de la democracia chilena, pues en él se materializa la persistencia del monopolio de la decisión, en una administración que opera desde un adentro/afuera de toda legalidad posible, enunciando en su espacio lo que Agamben (2004) indica como la paradoja de la soberanía, es decir, la constitución material de las formas y los modos de la excepción que "producen y gestionan el territorio" por medio de una indiferencia entre hecho y derecho (Agamben, 2010). Este colapso democrático se evidencia, entonces, en la coincidencia de la democracia con el totalitarismo en el territorio del Walmapu, una antinomia que no desaparece en la indistinción, sino que pierde su carácter sustancial y se transforma en un campo de tensiones del cual, en este modelo de producción, resulta cada vez más difícil encontrar espacios de fuga y autonomía, en tanto crecientemente esa coincidencia se materializa en la fusión entre el diseño económico territorial y la maquinaria policial (Cortes, 2010).

 

En relación a esta indistinción propia de la soberanía moderna y contemporánea, Vicente Serrano en su texto “La herida de Spinoza”, señala que: La diferencia entre lo que se llama un orden totalitario y un sistema democrático está precisamente en que el mecanismo mediante el que se pone en ejercicio la omnipotencia es distinto, pero la tendencia es la misma y el principio de soberanía latente es el mismo. (2011) Es decir, en el contexto concreto del Walmapu, esta especie de indistinción es resultado de una ilimitación total del poder económico-gestional, del desarrollo material y simbólico de un espacio territorial que se procesa mediante un sistema permanente de agregación de lo no incluido, de aquello que está afuera y que siempre es posible para la potencia sin límites y que coincide paradojalmente -como se indicó más arriba- con el espacio del decisionismo total propio del estado de excepción. Nada puede evitar ceder a esta "agregación utilitarista", ningún límite interno puede contener su "expansión", evidenciando que este diseño ideológico del territorio, corresponde a una profunda matriz biopolítica, en tanto la vida queda capturada y subsumida en su totalidad, a través del ya mencionado operativo de la excepción que realiza la soberanía (2011). El territorio del Pueblo Mapuche deviene, entonces, en un sitio totalitario por excelencia, en tanto y en cuanto se activa la facultad de disponer de toda la extensión de la vida del Mapuche, un poder de captación que cubre su base económica, su tiempo, su cuerpo y finalmente la vida (Foucault, 1998). El neoliberalismo concreta a través de esta violencia fundacional, su implacable capacidad -que afanosamente intenta encubrir-, de transformar a los sujetos en productos consumibles (Bauman 2007); en definitiva, el territorio Mapuche deviene hoy en el espacio de su propio reemplazo, pues el flujo extenso e intenso del capitalismo, parece apuntar a obtener el privilegio, sin contención, de apoderarse totalmente de la vida para disponer su supresión cuando el sistema así lo requiera. Bajo este enfoque, la configuración del presente del walmapu supera o radicaliza la acción de la matriz soberana de poder -que se expresaba en la expansión geográfica como dispositivo de consolidación- al quedar permanentemente sometido de manera total al paradigma biopolítico de gestión y control, bajo cuyas definiciones la política se torna en gubernamentalidad, esto es, una administración que vuelca sus potencias y sus formas hacia el ámbito de la vida, en tanto es regida por una razón autolimitada bajo los criterios del mercado, ese espacio no estatal que es el de la libertad económica total (Foucualt, 2010) y que hoy crecientemente permanece fuera de todo ordenamiento normal (Agamben, 1998). De esta manera, todo el Walmapu comienza a coincidir con ese espacio cuya estructura es "todo lo posible", convirtiéndose en la topología de la excepción, es decir, en la coincidencia con lo que podemos denominar sin eufemismos como una gran campo de concentración (Agamben, 1998). Finalmente, es preciso señalar que lo que se pone en juego en este conflicto, más bien, verdadera ofensiva bio-necropolítca del Estado chileno sobre el Walmapu, es la posibilidad del arrasamiento total de todo un mundo de la vida, el Mapuche, a través de una violencia cuya lógica alcanza un predominio no sólo en las fronteras internas del estado chileno, sino que a nivel global.

 

Las interrogantes que nos hagamos frente a este drama territorial, cultural y político, así como otros de esta misma índole (como por ejemplo el drama Palestino) pueden aportar luces en relación a la naturaleza de la matriz biopolítica que nos gobierna y sus procedimientos crecientemente inmunitarios de protección negativa de la vida. En conflictos como el que comentamos y que, padecemos, está la posibilidad de recuperar el coraje del pensamiento y abrirnos a la recuperación de una potencia común capaz de interrumpir ese "humanismo" que nos agobia y que nos deja a todos arrojados a una especie de prescindible nueva categoría: la de "indios contemporáneos". Bibliografía(...)

 

Fuente: http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/7-9%20Ponencia%20biopol%C3%ADtica%20Territorialidad,%20y%20Biopol%C3%ADtica%20Estado%20de%20excepci%C3%B3n.%20(1).pdf

 

 

Ahondemos en qué Estado tenemos para desfechitizarlo y quitarle bases al embaucamiento tanto peronista como progresista sobre el "imaginario del Estado mágico, del Estado capaz de solucionar todos los problemas y de garantizar el progreso y la abundancia para todos". Pensemos: 

 

 

El Estado mágico sigue ahí

Las continuidades y rupturas en

la historia del petroestado venezolano.

Marzo - Abril 2018

El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, de Fernando Coronil (editado por Nueva Sociedad en 2002), es uno de los libros fundamentales para comprender Venezuela. Fue reeditado en 2013 por la editorial Alfa, de Caracas, y el prólogo de Edgardo Lander, que reproducimos casi en su totalidad, nos permite avanzar en un análisis de problemas actuales de Venezuela bajo la luz de un modelo rentista que se inició en la década de 1930 y perduró bajo la Revolución Bolivariana, que hoy se enfrenta a su momento más crítico.

 

Por Edgardo Lander

Nota: todas las referencias al libro corresponden a Fernando Coronil Ímber: El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Alfa, Caracas, 2013.

La modernidad y el olvido de la naturaleza y del espacio en la teoría social. (...)

 

El Estado en los países periféricos exportadores de naturaleza

Argumenta Coronil que la exclusión de la naturaleza tiene consecuencias importantes para las teorías tanto marxistas como liberales del Estado.

En la medida en que las teorías del Estado han presentado al Estado de las naciones capitalistas avanzadas como modelo general del Estado capitalista, los Estados de las sociedades capitalistas periféricas se han representado (...) como versiones truncas de este modelo; se identifican por un régimen de déficits, no por diferencias históricas. Pero una visión unificadora de la formación global de los Estados y del capitalismo muestra que todos los Estados nacionales se constituyen como mediadores de un orden que es simultáneamente nacional e internacional, político y territorial.

Esta diferencia histórica es producto de las ubicaciones que tienen estos Estados en la división internacional del trabajo y de la naturaleza. En el proceso de acumulación global del capital, la contribución principal de los países periféricos sometidos a relaciones coloniales y de control imperial no fue sobre todo la de la transferencia de valor, sino la de la transferencia de riqueza, esto es, la exportación de naturaleza. Esto tiene enormes consecuencias para los procesos de constitución de los Estados en estos países. Al caracterizar el Estado rentista de países periféricos cuya economía se basa fundamentalmente en la exportación de naturaleza, no se está simplemente añadiendo una característica adicional al modelo teórico del Estado: se está hablando de un modelo que, en muchos sentidos, se diferencia de lo que ha sido teorizado como el Estado en la sociedad capitalista. En los países capitalistas metropolitanos, los Estados se financian fundamentalmente mediante la retención de parte del valor creado por el trabajo sometido a las relaciones capitalistas (impuestos).

 

En este sentido, los Estados dependen de la sociedad, del conjunto de las relaciones sociales y sujetos que operan en ésta. Por el contrario, en los Estados periféricos exportadores de naturaleza, el Estado tiene como su fuente de ingreso principal la renta del suelo. Como terrateniente, dueño de la tierra y/o del subsuelo a nombre de la nación, retiene –en forma de renta– parte de la riqueza extraída de la naturaleza. Este rasgo, que comparten los petroestados con otros países periféricos monoexportadores de naturaleza, les proporciona un mayor grado de autonomía respecto a la sociedad, en la medida en que sus ingresos dependen menos del trabajo y de la creación de valor en su territorio nacional. Incorporar al análisis los tres elementos del proceso de creación de riqueza (naturaleza, trabajo, capital) «ayuda a ver al Estado terrateniente como un agente económico independiente y no como un mero actor político estructuralmente dependiente del capital». Este Estado terrateniente, aunque esté en una posición subalterna en el sistema mundo, puede llegar a tener un mayor grado de autonomía interna que el característico de los Estados metropolitanos y a colocarse de alguna manera sobre la sociedad.

La constitución del Estado mágico en Venezuela

Combinando, entre otros, los supuestos teóricos antes señalados y la sugerente imagen formulada por José Ignacio Cabrujas sobre el Estado en Venezuela, Coronil formula la noción del «Estado mágico» como mirada desde la cual aproximarse a desentrañar los procesos mediante los cuales se ha construido un modelo de Estado en Venezuela «como agente trascendente y unificador de la nación». De acuerdo con Cabrujas, la aparición del petróleo en Venezuela crea una especie de cosmogonía: la riqueza petrolera tuvo la fuerza de un mito, gracias al petróleo era posible pasar rápidamente del retraso a un desarrollo espectacular. En estas condiciones se constituye un Estado «providencial» que «no tiene nada que ver con nuestra realidad», sino que, por el contrario, se saca del sombrero de un prestidigitador. El Estado como brujo magnánimo capaz de lograr el milagro del progreso3.

 

En su recorrido por la Venezuela del siglo xx, Coronil destaca tres periodos como hitos históricos críticos en la formación de este Estado mágico y en el proceso de constitución de este como lugar central del poder político: los gobiernos dictatoriales de los generales Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) y el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Son tres periodos históricos que corresponden a significativos incrementos en el ingreso petrolero. El autor afirma que en la historiografía venezolana y en el metarrelato de la Venezuela democrática se ha establecido una ruptura antagónica entre un país dictatorial atrasado y otro democrático y «moderno». Con esta ruptura en la narrativa de la democracia se busca ocultar las extraordinarias continuidades que existen en el Estado venezolano desde su constitución como petroestado en la década de 1930, durante la dictadura del general Gómez, hasta nuestros días.

 

Coronil considera que «fue durante el régimen ‘tradicional’ de Gómez (...) cuando se tornó posible imaginar a Venezuela como una nación petrolera moderna, identificar al gobernante con el Estado y representar al Estado como agente de modernización». Ya en 1928, Venezuela se había convertido en el segundo productor de petróleo del mundo y en el primer país exportador. Gracias a esta riqueza petrolera, el Estado gomecista logró la apariencia de «agente transcendente y unificador de la nación». Con el monopolio no sólo de la violencia, sino también de la riqueza natural del país, el Estado aparece «como agente independiente capaz de imponer su dominio sobre la sociedad». Se establecen las bases de un Estado y un sistema político en los que las confrontaciones políticas y la lucha de clases se darían principalmente en torno del acceso al Estado como fuente primaria de riqueza.

Después de la transición que comienza con la muerte del dictador en 1935 y de la experiencia del trienio de Acción Democrática (ad) en que «el pueblo» aparece como referencia central, en la dictadura de Pérez Jiménez se busca reconceptualizar la relación entre Estado y pueblo.

El cuerpo social de la nación se convirtió de manera más evidente en beneficiario pasivo de su cuerpo natural, entendido ahora como la fuente fundamental de los poderes nacionales. (...) La naturaleza no apareció como actor social independiente, sino mediado por el Estado. Pero el Estado militar proclamaba representar a la nación directamente, sin la mediación del pueblo. (...) Este cambio supuso que el locus de la agencia histórica se desplazara sutil, pero perceptiblemente, del cuerpo social hacia el cuerpo natural, del pueblo a la naturaleza.

 

En el Nuevo Ideal Nacional del gobierno de Pérez Jiménez, la modernidad fue entendida como «una colección de grandes logros materiales» que, gracias a los elevados ingresos petroleros, permitió realizar grandes inversiones en infraestructura, industrias y servicios. Se privilegió la inversión pública por sobre la inversión privada, especialmente concentrada en grandes emprendimientos (en general asociados al enriquecimiento de altos funcionarios gubernamentales), como las industrias petroquímicas y siderúrgicas. La multiplicación por cuatro de los precios del petróleo en el inicio del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez establece las bases del discurso de la Gran Venezuela y el imaginario popular de la Venezuela saudita, tierra de abundancia sin límites, y se refuerza la centralidad del petroestado rentista. Este imaginario alcanza su máxima expresión en la nacionalización del petróleo.

Los estudios de caso que forman parte de los capítulos en los cuales el autor estudia ese gobierno evidencian las formas como opera este sistema político. A través de una aproximación en la cual entrelaza los procesos locales coyunturales (y la acción de los sujetos involucrados en estos procesos) con las tendencias que operan en el capitalismo global, logra enriquecer la comprensión de ambos procesos. Su análisis minucioso de las experiencias de la fábrica de tractores (Fanatracto) y de la política automotriz resulta extraordinariamente ilustrativo. Estos estudios le permiten a Coronil desentrañar la operación interna del petroestado rentista, en particular las contradicciones que se generan en el interior del gobierno a propósito del impulso de políticas de industrialización y la forma como la contradicción entre rentismo y producción de valor termina por hacer fracasar estos proyectos. Una nueva ilusión no cumplida del Estado mágico.

 

El intercambio fáustico de dinero por modernidad sólo trajo consigo la capacidad de producir la ilusión de producción: el dinero compró productos o fábricas modernas sólo capaces de generar una modernidad trunca. Al crear una estructura industrial bajo el manto protector de los petrodólares, los programas de modernización del general Pérez Jiménez y de Carlos Andrés Pérez fomentaron industrias que manifestaban una persistente tendencia a funcionar más como trampas para captar rentas petroleras que como medios creativos de producción de valor.

Pero el imaginario del Estado mágico, del Estado capaz de solucionar todos los problemas y de garantizar el progreso y la abundancia para todos, se rompe cuando la larga crisis que venía acumulándose durante los gobiernos de Luis Herrera Campins (1979-1984) y Jaime Lusinchi (1984-1989) finalmente estalla con el Gran Viraje, el ajuste neoliberal negociado por Carlos Andrés Pérez con el Fondo Monetario Internacional (fmi) al inicio de su segundo gobierno (1989-1993). Como reacción, se produce el Caracazo, en febrero y marzo de 1989, que representa, simbólicamente, la ruptura definitiva entre los sectores populares y los partidos y el Estado del Pacto de Punto Fijo4.

Estos acontecimientos marcaron la crisis del proyecto populista que había definido la relación entre pueblo y Estado desde 1936. Con el giro hacia las políticas de libre mercado y desmantelamiento del desarrollismo populista, el discurso dominante comenzó a presentar al pueblo ya no como virtuoso cimiento de la democracia, sino como una masa turbulenta y parásita que el Estado tenía que disciplinar y el mercado, tornar productiva.

Se acentúa el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares y se profundiza la polarización entre una elite privilegiada cada vez más internacionalizada y una mayoría empobrecida y alienada del sistema político. En estas condiciones de una sociedad severamente dividida (aunque esta división no fuese reconocida por las elites ni por el sistema político), se dan los intentos de golpe de Estado del año 1992, la destitución de Carlos Andrés Pérez y, finalmente, la elección de Hugo Chávez Frías como presidente en diciembre de 1998.

 

El Estado mágico, modernidad y naturaleza: retos actuales

El Estado mágico tiene mucho que aportar al debate sobre el proceso político venezolano actual, sobre temas centrales como el modelo de Estado, el papel del petróleo y las implicaciones del extractivismo rentista como modelo de sociedad, aunque este se denomine «socialista».

Como se señaló antes, de acuerdo con el autor, en el imaginario de la democracia en Venezuela se construyó una visión maniquea de lo primitivo y lo moderno que establece una separación o ruptura total entre los regímenes dictatoriales y los regímenes democráticos. De la misma manera, en el proceso actual, con la narrativa de la revolución y de la Quinta República, se busca definir el inicio de un nuevo momento histórico en el cual se borren por completo de la conciencia colectiva las continuidades que siguen operando, a pesar de todos los cambios ocurridos. Este olvido tiene que ver fundamentalmente con el modelo de Estado, de las relaciones entre sociedad y petroestado rentista y con las modalidades específicas de relación de esta sociedad con su entorno natural, con el petróleo. Este es un olvido que, en la medida en que se instale en la conciencia colectiva porque estaríamos en otro tiempo histórico, en tiempos de Revolución Bolivariana, que nada tendría que ver con el pasado, nos negaría la posibilidad misma de entender qué ocurre en el país, así como la posibilidad de imaginar futuros alternativos a este modelo societal petroestatal.

La certificación de las reservas de hidrocarburos de la Faja Petrolífera del Orinoco como las mayores del planeta le ha dado un nuevo y vigoroso impulso a la idea de que el petróleo garantizará un futuro de progreso, prosperidad y abundancia. El imaginario de la Gran Venezuela es ahora reemplazado por el de la Venezuela Gran Potencia Petrolera. La idea de «sembrar el petróleo», tradicionalmente entendida como el ideal nunca realizado de utilizar los recursos provenientes de la renta petrolera para el desarrollo de otras actividades productivas, es trastocado y convertido en la utilización de esa renta para realizar las masivas inversiones requeridas para aumentar la producción e incrementar la dependencia en la producción y exportación de petróleo. Entre los años 2010 y 2012 el petróleo significó entre 95% o 96% del valor total de las exportaciones del país, junto con una reducción significativa de las exportaciones no petroleras tanto en términos absolutos como relativos. En 1998, las exportaciones no petroleras fueron de 5.529 millones de dólares; para 2011, estas habían descendido a 4.679 millones. Entre esos años las exportaciones privadas, casi exclusivamente no petroleras, se redujeron a la mitad (pasaron de 4.162 millones en 1998 a 2.131 millones en 2011). En el mismo periodo, la participación del sector industrial en el pib bajó de 17,4% a 14,5%5.

A 14 años de la Revolución Bolivariana, Venezuela es más rentista que nunca. El Estado recuperó su sitial en el centro de la escena nacional. Este, con su renta petrolera –según el discurso oficial–, tendrá nuevamente la capacidad de llevar a la sociedad venezolana hacia el progreso y la abundancia. A estas relaciones ya tradicionales entre petroestado y sociedad se añade ahora un nuevo y esencial componente. En ausencia de un debate crítico sobre la experiencia del socialismo del siglo xx, se declara como meta del proceso bolivariano el «socialismo del siglo xxi», y se postula la necesidad de un partido único de la revolución. Con esto, a pesar del contenido de la Constitución, tiende a asociarse socialismo con más Estado. Las empresas estatizadas pasan, por ese solo hecho, a ser denominadas «empresas socialistas». El petroestado se convierte así en la vanguardia que dirige la transformación social y su fortalecimiento deviene en expresión del avance de la «transición hacia el socialismo». A diferencia de las experiencias socialistas del siglo pasado, se establece un nuevo tipo de relación entre Estado y partido. En lugar de existir un partido revolucionario que controle al Estado, desde el petroestado se ha creado, financiado y dirigido al partido. Como modelo, sigue predominando una razón de Estado en la que éste es identificado con la nación, con el pueblo y con el bien común, y es en consecuencia el lugar donde tienen necesariamente que concentrarse todas las iniciativas y principales decisiones. Esto descarta, niega, mutila, la única forma en la cual es posible la transformación democrática de la sociedad: amplios, variados, múltiples procesos de experimentación social autónomos, que surjan de la diversidad de las prácticas, de las memorias y los proyectos de los diferentes pueblos, sectores sociales, regiones y culturas del país.

El Gran Consenso Petrolero Nacional de identificación cuasi ontológica de la nación con el petróleo quedó nuevamente sellado con las elecciones presidenciales de 2012. A pesar de los profundos contrastes en prácticamente todos los otros asuntos referidos al modelo de país que se propone en los programas de las campañas electorales, gobierno y oposición tienen un punto medular de extraordinaria coincidencia: la propuesta de duplicar la producción petrolera para llevarla a seis millones de barriles diarios para finales del periodo presidencial 2013-20196.

Han sido reiteradas las referencias de Chávez y en los documentos de políticas públicas de estos años a la necesidad de salir de la lógica rentista y monoproductora de petróleo. Estas se reiteran en el programa electoral presentado por Chávez para las elecciones presidenciales de octubre de 2012, donde se señala: «No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista»7. En consecuencia, se formula la necesidad de: «Propulsar la transformación del sistema económico, en función de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas»8.

Igualmente, en reconocimiento de la severidad de la crisis ambiental planetaria, uno de los cinco Grandes Objetivos Históricos que se formulan en este plan consiste en «preservar la vida en el planeta y preservar la especie humana». Esto está precisado en los siguientes términos:

Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro Pueblo, que será su principal garante. Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar los efectos del cambio climático que ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador.9

Sin embargo, y muy contradictoriamente, otro de los grandes objetivos del plan consiste en «consolidar el papel de Venezuela como potencia energética mundial»10. Para ello propone, como ya se señaló, duplicar los niveles de producción petrolera, especialmente mediante la expansión de la producción en la Faja del Orinoco, para llevarla a 4 millones de barriles diarios, y una inmensa expansión en la explotación de gas para llegar a 11.947 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) en 2019.

Con esta extraordinaria expansión, que requiere elevadísimos montos de inversión y tecnologías con las cuales no cuenta el país, no solo se acentúa a largo plazo la dependencia de la economía venezolana del petróleo, sino que igualmente se amplía la participación de corporaciones petroleras transnacionales, públicas y privadas, en el negocio petrolero venezolano. En muchos de los contratos mediante los cuales se obtuvieron masivos créditos por parte de China se establece que estos serán pagados con petróleo. Esto implica que solo para mantener a futuro los actuales niveles de ingresos fiscales, el Estado venezolano no tendría margen de juego y estaría comprometido a largo plazo a aumentar los niveles de producción y exportación de crudo.

Desde el punto de vista del impacto socioambiental, las consecuencias de este salto en los niveles de producción serían, con toda seguridad, mucho más severos que los devastadores efectos que ha tenido un siglo de producción petrolera en el país, especialmente en el lago de Maracaibo –el mayor de América Latina–, convertido tanto por las empresas transnacionales como por la empresa estatal de petróleo en «área de sacrificio», en uno de los daños ambientales «colaterales» de mayor escala en la producción petrolífera en todo el planeta. Los depósitos de la Faja del Orinoco están compuestos por petróleos pesados y extrapesados y arenas hidrocarburíferas cuya explotación requiere descomunales volúmenes de agua y genera mucho más desechos tóxicos que la explotación de petróleos más livianos. El país (así como el continente y el planeta) corre el riesgo de que el extraordinario sistema fluvial del Orinoco y su delta sufran las mismas consecuencias que el lago de Maracaibo.

De esta manera, este proyecto político no puede desprenderse, ni puede siquiera imaginar la posibilidad de desprenderse, de la lógica del petroestado rentista y del imaginario reciclado de la Gran Venezuela. En este programa, lo revolucionario no es alterar la relación de la sociedad venezolana con el petróleo. Lo revolucionario no es otra forma de entender la relación de la sociedad con la naturaleza. Por el contrario, lo revolucionario es profundizar la lógica rentista y el papel del Estado en su función de gran decisor y redistribuidor de la renta. De acuerdo con este programa de gobierno, lo que define el carácter revolucionario de la política petrolera está dado por tres criterios: el Estado captura la renta, se maximiza el valor que se obtiene de esta renta y estos ingresos son utilizados en beneficio del pueblo.

Por último, nuestra política petrolera debe ser revolucionaria, lo cual tiene que ver con quién captura la renta petrolera, cómo se capta y cómo se distribuye. Según esta visión, no cabe duda de que debe ser el Estado quien controle y capture la renta petrolera, sobre la base de mecanismos que maximicen su valor, para distribuirla en beneficio del pueblo, procurando el desarrollo social integral del país, en condiciones más justas y equitativas. Este es el elemento –se argumenta– que nos diferenciaría de cualquier otra política petrolera11.

El imaginario del progreso, del papel del petróleo como la palanca que garantizará la modernización del país bajo la dirección del Estado, tiene aquí una extraordinaria continuidad. El siguiente texto de Carlos Andrés Pérez en el acto de nacionalización del petróleo podría fácilmente ser confundido como expresión del sentido común del imaginario bolivariano de esta nueva ilusión de Venezuela como gran potencia:

El petróleo venezolano ha de ser instrumento de integración latinoamericana, factor de seguridad mundial, de progreso humano, de justicia internacional y de equilibrada interdependencia económica. Ha de ser también un símbolo de la independencia de Venezuela, de la voluntad nacional y una afirmación de su capacidad creadora como pueblo y como nación. El petróleo venezolano es un encuentro con nuestro destino. Ningún sitio mejor para expresarlo que en presencia de Simón Bolívar, quien nos enseñó a creer en nuestro pueblo y supo luchar para demostrar de lo que somos capaces.12

 

La confluencia de la lógica del Estado mágico con la lógica leninista de estatismo y vanguardismo y el estilo carismático/mesiánico del liderazgo de Chávez entra en contradicción, y una y otra vez bloquea el avance de los muy extendidos procesos de participación y organización autónoma de los sectores populares. Es sistemática la dependencia de que «bajen» los recursos del Estado para los proyectos de las comunidades. Se instala una cultura política de culto al «comandante-presidente», a «nuestro líder», hay referencias permanentes a que se hace algo porque «Chávez mandó», o a «órdenes que tienen que ser obedecidas». Se ha afirmado públicamente que la decisión de definir el proceso bolivariano como socialista la tomó Chávez en soledad. Y todo esto no puede sino socavar la construcción de una cultura democrática, en la medida en que se hace conciencia colectiva el que por más organización social que se construya, todas las decisiones más importantes se toman en otra parte.

Sobre la base de la misma relación con la naturaleza y sobre el mismo modelo de petroestado rentista, no es posible producir transformaciones significativas en la sociedad venezolana. Se puede crear un modelo de capitalismo de Estado en el cual la renta esté mejor distribuida y esté dirigida prioritariamente a los sectores sociales antes excluidos. Se pueden lograr mayores niveles de equidad y de reducción de la exclusión, pero no se puede generar la capacidad político-organizativa y productiva del conjunto de la sociedad requerida para su transformación. Por esta vía se continuará devastando la naturaleza y estará negada la posibilidad de hacer realidad la república pluricultural de la cual habla la Constitución.

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Fuente: http://nuso.org/articulo/el-estado-magico-sigue-ahi/

En consecuencia, abajo y a la izquierda, tenemos el desafío en Nuestra América de enfrentar a nuestros Estados periféricos exportadores de naturaleza y comprobar cómo el protagonismo popular abre caminos democráticos y emancipatorios de los extractivismos que el capitalismo nos impone. Lo realizan tanto cuando dominan el terrorismo estatal y paraestatal como cuando el gobierno es progresista.

Multinacionales, Paramilitares y Terrorismo de Estado.

Colombia violada y entregada a multinacionales por Santos.

22 de junio de 2011

 

Por Renán Vega Cantor
La Piedra

En esto días ha circulado la noticia que un criminal que ofició como presidente de este país Álvaro Uribe ha sido citado por la firma de abogados de los Estados Unidos Conrad & Scherer a declarar en el caso que se adelanta contra la empresa carbonera Drummond por el asesinato de 111 humildes colombianos.

Los abogados de la mencionada oficina de abogados, que representan a los familiares de los trabajadores asesinados, quieren indagarle al ex presidente sobre las actividades de los grupos paramilitares, de lo que sabe respecto de los nexos de multinacionales con esos grupos y acerca de los vínculos del DAS con los crímenes cometidos por los paracos.

Esta noticia recuerda la participación directa de empresas multinacionales en la financiación, organización y patrocinio de criminales a sueldo, en alianza directa con sectores de las Fuerzas Armadas, que durante los últimos 25 años han perseguido y asesinado a miles de colombianos, considerados por esas empresas como “enemigos” de la sagrada propiedad privada y de la inversión extranjera.

Al respecto valga recordar la responsabilidad de la Chiquita Brands, la Coca-Cola, la Drummond, la Nestle y muchas otras empresas en el asesinato de trabajadores, dirigentes sindicales y líderes sociales. Esto lo han hecho tanto las multinacionales afincadas en la ciudad como las que operan en el campo, porque ellas parten de la lógica que las riquezas de nuestro suelo y subsuelo les pertenecen por fuerza mayor y en concordancia, amparadas por el Estado colombiano, pueden utilizar todas las formas de lucha para preservar sus intereses y mantener sus ganancias: crear ejércitos privados a su servicio, asesinar dirigentes sindicales, contaminar el medio ambiente, destruir ecosistemas, dañar fuentes de agua, patrocinar medios de comunicación y periodistas que les laven su imagen corporativa, sobornar a miembros del Ejército y el Estado para que actúen a favor de "los empresarios que proporcionan trabajo y riqueza al país", como dice la propaganda oficial en los medios de comunicación.

Lo significativo del caso radica en que no se está hablando de una impunidad criminal de las multinacionales como si fuese cosa del pasado, sino de un comportamiento que tiene una impresionante actualidad, si se considera que el proyecto estrella del santismo en el poder es entregarle hasta el último rincón del país a las multinacionales para que escarben nuestro suelo y subsuelo y se lleven todo lo que encuentren allí.

 

En este sentido, los crímenes corporativos contra la gente y el medio ambiente propalados por las multinacionales se van a generalizar en el presente y en el futuro inmediato, porque nada indica que en términos de impunidad las cosas hayan cambiado en Colombia. Antes por el contrario, lo que ahora se observa es la apología de la inversión extranjera como la pócima milagrosa que nos va a sacar del atraso y nos va a conducir al desarrollo económico y a la “prosperidad democrática”.

 

A eso es a lo que en el régimen uribista se le denominó la confianza inversionista, un eufemismo con el cual se encubrió la más vergonzosa y vil postración y entrega del país a los intereses de las empresas multinacionales y de los países imperialistas y que ahora el santismo refrenda con su pretensión de convertir a Colombia en un país minero cuya regla de oro, según el punto 92 del programa de gobierno del oligarca del Jockey Club, “es atraer más inversionistas de talla mundial, con “reglas del juego” que garanticen la estabilidad a largo plazo…”. En lenguaje coloquial, la tal estabilidad a largo plazo sólo quiere significar que la implantación de enclaves mineros a lo largo y ancho del país viene acompañada de la noción de seguridad inversionista que manejan las multinacionales y que consiste simplemente en impedir todo intento de organización y cualquier forma de protesta organizada contra la explotación de la gente y la expoliación del medio ambiente. Para evitar la protesta y la resistencia lo primero que se hace es "limpiar" la tierra de incómodos ocupantes, campesinos, indígenas y afrodescendientes, labor criminal en la que las fuerzas armadas estatales y paraestatales cumplen el papel de avanzada. Luego, cuando se inicia la explotación y entran en funcionamiento los enclaves, la violencia se convierte en el instrumento para someter y callar a los inconformes y para que los pocos trabajadores que emplean los enclaves acepten la explotación sin chistar ni jota.

 

Por si hubiese algunas personas que denuncian la destrucción de los ecosistemas, para ellos también se emplean instrumentos violentos, como el atentando sicarial, con el fin de que dejen a las multinacionales saquear nuestro territorio sin ningún obstáculo a la vista. La pretensión de convertir a Colombia en un país minero, como Perú o Chile, significa que para respaldar una inversión extranjera que genera muy poco empleó y que no crea riqueza sino que antes la destruye, se hace necesario reforzar los dispositivos militares y paramilitares en todo el país. Por ello, puede concluirse que la pretensión de las multinacionales mineras, junto con el Estado colombiano y las clases dominantes de este país, es la de convertirnos al mismo tiempo en un enclave y en un cementerio. Para hacerlo posible, el terrorismo estatal y paraestatal tienen un porvenir asegurado.

Renán Vega Cantor, escritor colombiano y profesor de historia,  Universidad Pedagógica Nacional,
Bogota, enero del 2011.

Fuente: http://www.pasc.ca/fr/node/3108

 

 

Reparemos en analogías de Argentina con Colombia. En efecto, compartimos la referencia de Renán Vega Cantor a su país:  "puede concluirse que la pretensión de las multinacionales mineras, junto con el Estado colombiano y las clases dominantes de este país, es la de convertirnos al mismo tiempo en un enclave y en un cementerio. Para hacerlo posible, el terrorismo estatal y paraestatal tienen un porvenir asegurado".

 

En tal guerra asimétrica y no declarada contra los pueblos, sucede que la paz no puede ser conciliación con esos criminales de lesa humanidad. Reflexionemos sobre:

 

 

 

Entrevista al académico Carlos Alberto Ruiz Socha, asesor jurídico de la guerrilla

"Seguir así a las FARC es un suicidio"

12 de mayo de 2018

 

Por Rebelión

 

Rebelión publica esta entrevista que fue realizada, a finales de marzo de 2018, al académico y jurista Carlos Alberto Ruiz Socha para el libro Final Abierto: 20 miradas críticas sobre los acuerdos con las insurgencias (2010-2018) (ver http://lanzasyletras.org/2018/04/19/negociaciones-con-las-farc-y-el-eln-pensar-lo-que-vendra; yLanzas y Letras, La Fogata Editorial). Su opinión corresponde a la de un asesor jurídico de la guerrilla, el único que ha participado en ambos procesos de paz, tanto con las Farc como en las actuales conversaciones con el ELN, organización a la que asesoró hace veinte años y con la que participó en la reunión del Acuerdo de Puerta del Cielo en Alemania (julio de 1998). Es conocida su posición frente a los acuerdos de La Habana suscritos por las Farc en 2016, que él cuestionó en algunas materias (ver sus artículos en www.rebelion.org), motivo que ocasionó su retiro de dicha asesoría.

 

Este reciente aporte se produjo desde Quito días antes de la detención de Jesús Santrich, el 9 de abril de 2018 (http://lanzasyletras.org/2018/04/10/para-los-excombatientes-de-farc-se-viene-la-mas-pertinaz-y-vengativa-persecucion-judicial-jesus-santrich/), y de las contradicciones internas del partido político de las Farc, en las que por un lado se aboga por respetar sin fisuras el orden jurídico dominante que validaron totalmente sus dirigentes, y otras voces señalan por el contrario no acoger o someterse ante decisiones injustas en la alianza de entes estatales de Colombia y de los EE.UU., que continúan persiguiendo penalmente a líderes de la ex guerrilla de las Farc, en el marco de un desplome o fallida implementación de gran parte de los acuerdos entre el Gobierno de Santos y las Farc. Ruiz Socha asesora actualmente en La Habana al Ejército de Liberación Nacional, ELN, en la continuación del V ciclo de conversaciones en las que se busca llegar a un nuevo alto el fuego bilateral y al diseño de cómo será la participación de la sociedad civil-popular en el diálogo nacional para la paz con justicia social en Colombia.

1. Usted fue asesor de las negociaciones con las FARC y más recientemente es asesor del ELN. ¿Por qué cree que en La Habana se llegó a un acuerdo y en Quito no, qué circunstancias se dieron en el primer caso y estuvieron ausentes en el segundo?

Podemos afirmar como algo básico que las guerras son resultado de una sumatoria compleja de factores. Pero las llamadas soluciones a las guerras, ya sean salidas políticas, ejemplo El Salvador en los noventa, es decir con predominio de una negociación como etapa final y cumbre, o también las que se signan por una clara derrota militar, o de exterminio, como en Sri Lanka con el genocidio al pueblo Tamil en 2009, son por lo general ecuaciones todavía más complejas. La ecuación que llevó a la negociación de las Farc con el régimen, se fue configurando en diferentes planos en el curso de al menos seis años (2008-2014). Hubo exposición y efectos de trofeos militares como fue “dar de baja” a comandantes como Alfonso Cano, a Raúl Reyes, a Jorge Briceño, y a muchos mandos, más o menos cuarenta en alta o media jerarquía, en esos años en los que el modelo de esa guerrilla desembocó en un laberinto, por el peso o la presión militar enemiga acumulada en territorios en los que no había ya para dónde ir, en los que hubo desconexión con las bases históricas o aislamiento por la persistente persecución, no sólo de tipo bélico sino de rompimiento de canales con tejidos sociales afines, entre el campesinado y pueblos diversos, ya sea producto de errores propios así como el saldo de la guerra sucia.

En esa realidad, se da un planteamiento esperado y plausible: dialogar, como lo había pedido el propio comandante Cano en 2010. Santos llega a la presidencia con esa propuesta en la manga de su brazo de fuerza, luego de golpes a las Farc que no quebraron su moral de lucha, pero que sí resintieron o tuvieron fuerte impacto. El gobierno sabía del alcance de esa oportunidad y como es lógico desarrolla en secreto esos contactos para tantear hasta dónde las Farc cedían. En 2011 Santos mata a Cano pero con la otra mano ofrece conversar. Las Farc no se amilanan, demuestran fe en su causa, siguen en esos encuentros confidenciales, en febrero de 2012 renuncian a retener o llevar a cabo lo que comúnmente se denomina “secuestro” por razones económicas, y acogen la fórmula de aproximarse sin derrotismo. Finalmente en agosto de ese año 2012 se firma la agenda de La Habana y se echa a andar un proceso que en mi opinión comenzó por tener en la mesa dos contendientes firmes en sus convicciones y posiciones, con el respaldo de sus respectivas realidades militares.

En lo que me consta, llegando en 2013 como asesor, es que había una fuerza rebelde que estando inmersa en muy duras circunstancias, ante un reto histórico de grandes proporciones e indudablemente de enorme responsabilidad, pues no podía rechazarse conversar, fue tomando nota de un balance político, externo e interno, y no coyuntural sino de orden histórico, y se vio así misma en una encrucijada de tipo realista, de cálculo, como lo conceptualizaríamos desde la ciencia política. Cualquier observador podrá comprobar con los discursos de las Farc en la mano, en 2013, en 2014 y parte de 2015, cómo se mantuvo en alto una beligerancia, cómo no se perdió el tono que distingue a una fuerza insurrecta, exigiendo y pensando más en ganancias reales para el país sometido que en garantías para ellos mismos, para los líderes guerrilleros. Sin dejarse de hablar de la problemática rural, de los cultivos ilícitos, de la participación, de la pobreza y de necesarias reformas, lo que sucedió en mi opinión es que hubo una fase en la que comenzó a primar la visión de favorabilidad a sus fuerzas, y en particular a la dirigencia, por lo cual el gobierno vio que era ahí donde acertaba, donde debía reforzar o centrar su propuesta y puso en la mesa, en medio de crisis y argucias, un cebo importante, referido sobre todo al tema de la judicialización de responsabilidades penales derivadas del conflicto.

Esa ecuación, pues, aparte de esos vectores militares y políticos, estuvo al final integrada por consecuencias múltiples, como los costos, incluyendo los éticos, de un tipo de articulación y relación accidental con determinadas economías y circuitos en el contexto de la guerra, me refiero en concreto al narcotráfico, tan presente en Colombia en cualquier lado; naturalmente el cansancio y el sufrimiento humanos, o diríamos inhumanos, tras años o décadas de una feroz guerra, que fue haciendo mella, con un Estado que usa el paramilitarismo y el terrorismo, que criminaliza el movimiento social, que tomó cientos de prisioneros para los que no había salida. Entonces, un Estado que había avanzado tantísimo en esas posiciones de fuerza bruta y directa, para persuadir; y que gozaba del apoyo de gran parte de la opinión y por supuesto de la comunidad internacional, contando con el concurso para ese empeño de países no amigos del Establecimiento, como Venezuela, en tiempos del comandante Chávez, ve que hay cómo imaginar unos compromisos de reformas constitucionales y legales.

Esa carnada es la promesa. Y cuando hay un ofrecimiento hay quien lo acoge o quien no lo acoge del todo y mantiene sus reservas. De ahí que se cuenta, como se diría en antropología, psicología o en filosofía, con una prueba de la estructura identitaria, y más siendo una estructura fustigada y atraída por la ficción de la ley, en transición de valores, de convicciones y de razonamientos que constituían una médula moral, y en este caso política, que dejó de ser tal al renunciarse a la rebelión, por nada materializado, salvo el cumplimiento de que no sería aniquilada. Sin que se vieran obligadas las Farc a consultar ampliamente y ver alternativas, en unos diálogos más o menos cerrados, entre cúpulas, en los que no estaba presente la diversidad del país o el conjunto social como parte, sino apenas como espectador lejano, las Farc fueron seducidas por esa promesa del más llano reformismo normativo, o sea sin cambios a la vista. No hubo demostraciones de voluntad real del régimen, sino firmas de cientos de páginas; no hubo avance de lo negociado, con mínimas transformaciones palpables, sino retroceso o recorte a partir de las realidades y sofismas de la juridicidad dominante, que se escudó en procedimientos de su ley o en el reparto de funciones, o sea que lo pactado debía ser convalidado después por el poder judicial y el legislativo, además de estar sometidos los acuerdos al plebiscito o refrendación del 2 de octubre del 2016, que fue un fiasco.

En fin, que las Farc fueron embelesadas por la apariencia de la ley de su oponente, y recogió con inusitado entusiasmo la bandera de la falacia jurídica. Compró la lógica de la normativa o el funcionamiento estatal, que es la envoltura, y por ende se alimentó de lo que estaba adentro; acogió el contenido axiológico e ideológico que reproduce el orden de dominación. En junio de 2016, yo ya había dejado de ser asesor, las Farc se sometió explícitamente a la ley del Estado. Fue el punto de quiebre.

Hasta este momento, marzo de 2018, en Quito, hay una Delegación de Diálogos del ELN, la cual tengo el honor de asesorar en cuestiones jurídicas, que refleja una organización con dilemas, no golpeada militarmente como las Farc lo tuvo que vivir; una guerrilla que busca un modelo de salida política transformadora, es decir con cambios mínimos que el país viva ya y no que sueñe por décadas; se está desarrollando una propuesta de gran Diálogo Nacional, o sea un proceso participativo amplio y plural, de simbiosis vinculante; y además esta guerrilla conserva y rehace su propia juridicidad y proyección reguladora de su existencia y razón de ser, es decir no acoge ni respeta la ley selectiva de su adversario.

2. El diseño de Justicia Especial para la Paz surgido de La Habana fue cuestionado tanto por la derecha que se opone a los acuerdos como por sectores de izquierda que cuestionan la impunidad que otorga a responsables de crímenes de Estado. ¿Cuál es su valoración al respecto, cómo cree que debería ser un esquema efectivo de Justicia Transicional?

Tiene que ver mi respuesta sobre este tema con lo dicho anteriormente. Ese es el marco. Es decir, se fue cambiando no la realidad sino la percepción de la misma, y a partir de ahí, como es lógico, en parte las convicciones fueron mutando, o sea el orden de los principios, también por la percepción que el sujeto político insurgente fue teniendo de sí mismo y de lo que hoy día se sintetiza como fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. La amenaza era ir a la cárcel aislado, con la derrota encima, como sería en algo el caso de Abdullah Öcalan del PKK, o Abimael Guzmán de Sendero Luminoso. Condenados, sin alegar de cara a un público en un proceso de paz. La oportunidad en cambio era como lo que finalmente se ha dado, digamos con un Gustavo Petro o un Navarro Wolf, del M-19. Hacerse senador, hacer política dentro de las reglas del sistema, sin pasar por la cárcel. Jugar a las elecciones, aspirar a la presidencia, intentar cuajar una formación política de izquierda en la legalidad, etc.

En 2013 otro asesor jurídico y yo, con base en las propias ideas de las Farc y en enunciados nuestros, formulamos la necesidad de un sistema de justicia que debería acoger las definiciones más progresistas del derecho internacional, obviamente del derecho penal más avanzado, estudiando los alcances de la Corte Penal Internacional, de otros tribunales, experiencias diversas, en conjunción con la propia entidad de la rebelión, de la política que se afirmaba en valores de resistencia a la opresión, de soberanía, de impugnación a cánones dominantes, incluso armonizando esa propuesta con posibilidades que se daban en ese momento en la UNASUR o en la CELAC. Recuerdo tuvimos un par de reuniones con el secretario general de la UNASUR, Alí Rodríguez Araque, así como con varios embajadores en La Habana. Diseñamos una propuesta autónoma pero abierta, de cara a requerimientos tanto internacionales como del país, referidos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición.

Obviamente para ese momento las coordenadas de afirmación ética y política eran otras, tanto que se produjeron guiños y decisiones para explicar y explicarse. Comenzamos a desarrollar pasos para el reconocimiento de responsabilidades por diferentes hechos que nunca debieron suceder. En un viaje a Estados Unidos en un grupo consultor, contactamos a quienes esperaban por años explicaciones de qué pasó y por qué con sus familiares, víctimas de acciones de las Farc. Hicimos lo mismo en Colombia. Yo me reuní como asesor jurídico de las Farc con obispos del litoral Pacífico y luego con víctimas de Bojayá para tratar por primera vez este caso y otros, en la perspectiva de lo que luego ocurrió: pedir perdón y trabajar un proceso con ciertos compromisos. Se hizo después en La Habana. Y en la lista fueron señalándose otras demandas.

Cambia todo cuando lo que reina ya no es un proceso equilibrado de búsqueda de las dos partes de un nuevo y coherente sistema de justicia frente a hechos del conflicto, sino la imposición que una de ellas va haciendo, en este caso sutilmente el Estado, orientando a partir de sus premisas. Ya había sido aprobado el Marco Jurídico para la Paz, como reforma constitucional en el 2012, el cual fue fragmentado y puesto de bajo perfil, pero que sirvió como referente de arranque, con efectos simbólicos y discursivos, para partir de una posición estatal aparentemente hacia otra, poco a poco convergente con las Farc, que creyó en 2015 y 2016 que había logrado mover al Estado, cuando en realidad sólo ellas se estaban deslizando y comprometiendo con algo que les cambiaba la perspectiva. Al régimen no. Se pactó en septiembre de 2015, en una trampa de sugestión, que tenía que ver con la promesa mencionada de nueva institucionalidad, y en un ejercicio de aceleración y conminación, la hoy denominada “Justicia Especial para la Paz”, que en una sucesión de reformas constitucionales y legales, logra dos objetivo de alto valor para el sistema.

  • El primero: desvertebrar la rebelión no sólo materialmente llevando al desarme y la desmovilización, sino en la mente y los corazones de los que dejaban de ser insurgentes, que aceptaron renunciar a lo que en términos penales asumimos como delito político y su complejidad lógica, pues el Estado ganó ahí que se convalidara la criminalización de actos propios del alzamiento armado y tachar como crímenes amplias conexidades. Me explico: que acciones naturales de la rebelión se vean como crímenes, cuando no lo son si están en ese orden de coherencia y valores que definen ese derecho y sus límites ontológicos y éticos. Esto lleva a que el guerrillero o la guerrillera sea re-criminalizado/a en ese nuevo sistema especial de justicia. No ya con consecuencias personales o individuales, que se ocultarán o se notarán cada vez menos y cada vez menos entre más se suba en el rango de responsabilidades, cuando lo elemental es que la dirigencia las asuma, hipótesis ésta que veremos si se constata según el proceso político y sus blindajes. Las consecuencias a las que me refiero más, pues esto es más profundo, es el mensaje al mundo, a las luchas de los pueblos y para la historia: que levantarse contra la opresión es un crimen. Que sólo cabe hacerlo aceptando la extrema simplificación de la rebelión. Esto es algo repudiable.

  • Y el segundo efecto trascendental, entre varios fines logrados por el sistema, también bajo esa jurisdicción especial, es el refuerzo de la impunidad de los crímenes de Estado y de su lógica, pues las altas responsabilidades bajo esta justicia y sus reglas, nunca serán puestas al descubierto, no con ese modelo, ya que se desechó el imperativo de la cadena de mando, salvándose así tipos como Uribe Vélez, ministros y generales en la cúspide de esa jerarquía no sólo nominal sino funcional por adscripción más allá de lo normativo, o sea por conocimiento directo y omisión eficiente al cometerse cientos y cientos de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Los llamados terceros civiles, como jefes del paramilitarismo en el empresariado o la política, igualmente están de plácemes. No serán tocados.

De dónde vienen las críticas de la extrema derecha. De ser precisamente extrema derecha. Hoy dispuesta a controvertir, por fundamentalismo, cualquier evidencia. Así como niega la eclosión medio ambiental o la usa para sus fines discursivos en su racionalidad económica, está resuelta a defender el negacionismo y la visión más radical del castigo penal, pero para los ex guerrilleros, a los que no quisiera ver participando en ningún espacio político legal, sino en la cárcel o muertos. Así mismo su posición sobre las responsabilidades de militares o policías, pues sabe que así como pasó en el sistema empleado en la etapa del reciclaje paramilitar, con la ley de “justicia y paz”, puede suceder con la “justicia especial para la paz”: algo de tanta barbarie, algo de esas estrategias, por tanto del volumen, se tendrá que conocer, así el régimen logre controlar las verdades cualitativas que afloren; es tanto el horror que finalmente una capa de eso se va a conocer. Pero es normal, con o sin este aparataje, por las luchas de las víctimas, por la abundante prueba de cargo contra algunos funcionarios o prácticas estatales, y por los pocos funcionarios que no la descartarán; no todos son corruptos o ineptos.

En cuanto a las críticas de la “izquierda”, diría poco. En realidad gran parte de ese espectro, por seguidismo, mediocridad o clara intención de una apuesta gaseosa por cansancio y fe política en una promesa de nueva institucionalidad y oportunidad de anclarse ahí, no hizo a tiempo sino tardía, tímida y de manera oportunista algunas observaciones, que debían haberse producido mucho antes, cuando esos acuerdos se estaban cociendo en secreto. Mucha gente se supone lúcida, instruida y comprometida, guardó silencio cómplice, para no entrar en desavenencias con la dinámica y la nueva visión de las Farc, que remedó lo que la izquierda española hizo en los años setenta y ochenta, validando con pragmatismo la transición del franquismo y la protección de sus herederos. Sólo gente como el Equipo Jurídico “Pueblos”, en un excelente documento de febrero de 2016, el padre Javier Giraldo y algún intelectual como Luis Jorge Garay, llamaron acá en Colombia a tiempo a estar alerta y señalaron que esos acuerdos de La Habana se encaminaban al refuerzo de la impunidad del orden establecido.

Y finalmente diría: justicia transicional es la del tránsito o transición real a una nueva y positiva situación. Hoy la nueva situación es la de una Colombia sin la insurgencia de las Farc. Con un pie en el lodazal institucional y el realismo de un país descompuesto. En todo lo otro sigue igual o peor. Otro modelo de justicia superior, es la que verdaderamente apunte a ser transformadora de esta inmundicia que nos circunda, por lo tanto la que devele las verdades más sustanciales, por ejemplo sobre el paramilitarismo y el direccionamiento histórico del terrorismo de Estado, sobre sus fuentes y alcances doctrinales, acerca de la concepción de seguridad que ha imperado, que haga justicia con el reconocimiento de esas verdades, que repare con visión de integridad a las víctimas renunciando a las estrategias de victimización o persecución de las luchas sociales, y construyendo reales garantías de depuración y no repetición. Nada serio de eso se ha dado. Ni pienso, con base en lo objetivo a mano, que pueda darse; no con las pautas establecidas o instituidas. Tendrá que ser otro proceso instituyente el que las defina y eche a andar.

3. El concepto "derecho a la rebelión" que usted fundamenta jurídicamente es sostenido por el ELN, en cambio FARC optó por una vía más pragmática de negociación. ¿Reside allí una diferencia conceptual que permitió llegar a buen puerto al proceso de La Habana, y que explica por qué en Quito el diálogo no ha encontrado mayores avances?

En teoría hablamos de un concepto que por los procesos históricos tiende a ser universalizable, es decir la rebelión como hecho complejo, y su configuración como derecho, ha estado presente no sólo en la propia constitución e identidad cultural y política de los pueblos y en la diversidad de las sociedades, sino que, más en el fondo, corresponde a las dinámicas de desarrollo y luchas como especie que sobrevive contra circunstancias y causas opresoras, o sea a forcejeos que subyacen a nuestra condición humana actual. Como pasa hoy día y pasará frente a la destrucción de las fuentes de vida a nivel planetario. En ese sentido, no hay un solo ser humano que haya escapado a la fuerza de procesos liberadores. Hasta Trump es heredero de la revolución americana de independencia que labró Washington. Y también la posibilidad de sobrevivencia está y estará ligada a la capacidad de resistir a la lógica depredadora global. Así que la fundamentación de la rebelión está relacionada con la conciencia que construimos sobre cómo son y cómo pueden cambiar las estructuras de injusticia que afronta un pueblo o un conjunto social. Se basa en la demostración objetiva de cómo es preciso combatir ese orden dominante injusto que por sí mismo no cambia, un orden urgente de ser interferido, por la muerte que genera para amplios sectores o incluso para mayorías que ven menguada su existencia, y hacerlo tiene que ver con la capacidad de impugnar esa situación en nombre de valores superiores a los del sistema. Hay pues una razón en la dimensión subjetiva, en la entidad moral del rebelde. Esa perspectiva jurídica, política y ética es la de la rebelión como derecho y obligación.

Es cierto: las Farc optó por una vía pragmática de negociación, sin que esa realidad social y política haya comenzado a cambiar positivamente. Es lo dramático, o más bien la tragedia. Finalizó su ejercicio de un derecho, como es la rebelión, aceptando una trama jurídica institucional y sus rúbricas. No se trataba de la “revolución por decreto”, por supuesto. Nadie inteligente esperaba eso. Pero sí que tantas décadas de lucha y de dolor causado en la confrontación, por ejemplo al desatar el Estado la guerra sucia, hubiesen tenido un mínimo sentido de refutación del orden vigente, y no su convalidación moral, como se hizo; que parte de esas fuerzas acumuladas y encarnadas en diferentes planos y movimientos populares, sus planes de vida, sus mandatos, hubiesen tenido expresión mínimamente instituyente; que toda esa evidencia científica, objetiva, verificable, respecto de la descomposición del Establecimiento, del poder mafioso, del empobrecimiento, del saqueo, y de cómo somos un país miserable y servil, hubiesen tenido sentido exigiendo los rebeldes de las Farc el cumplimiento de unos mínimos creíbles y de reformas necesarias o básicas, sin conformarse con pactos volátiles, además recortados, que sólo les garantizan a sus dirigentes ciertas prebendas de participación política y raquíticos proyectos productivos.

Todo esto lo digo sin desconocer que su bandera o discurso es la defensa del cambio social, como está claro lo siguen sosteniendo. De eso no hay duda. Pero ya sin tener medios de coerción, de resistencia, de defensa, y de construcción de otras realidades sociales como insurgencia en una confrontación que decidieron abandonar; para emplazar a su oponente a cumplimientos deben acudir a la legalidad que éste les presta. El Establecimiento, las multinacionales, el gran capital, las elites, los grupos de poder, valoran este proceso de pacificación de Santos y su inteligencia, por haber sido el logro de una paz barata, que no supone transferencias o cesiones de poder real, culturalmente la instauración de una paz que he dado en llamar en un artículo “paz McDonald´s, negativa y señorial”. Negativa, al decir del noruego Johan Galtung, significa que nos referimos a la terminación del conflicto, en medio de la violencia estructural, no a la paz basada en la redistribución de riqueza y de las oportunidades de vida digna. Erich Fromm, Albert Camus y otros humanistas del pasado siglo dieron valor a la paz, pero señalando la necesidad de procesos de emancipación; un humanismo social al que la rebelión alimenta con sus valores, y una rebelión que debe orientarse por el humanismo social que invoca y conlleva límites.

La rebelión y su fundamento jurídico tienen una base inteligible, comprensible por cualquier ser humano sencillo que ve la injusticia y se indigna por lo que mira. Unos actúan porque ejercen un derecho humano; se ven obligados moralmente a ello. Otros nos quedamos contemplando el cuadro. De ahí que predicar el fin de la rebelión, el ocaso de las guerrillas, sin ver la realidad misma, la persecución y la opresión, ondear éxitos como el desarme y la desmovilización de las Farc sin hablar de la guerra sucia, y del incremento de la corrupción y el pillaje, es una posición, pero no es humanismo social. Decir que el ELN debe parar su lucha basado en promesas, como si fuera cerrar un libro de García Márquez, que fue lo que dijo a finales de marzo de este 2018 el señor Tom Koenigs, enviado especial de Alemania para la paz de Colombia, abogando para que el ELN se desmovilice siguiendo el ejemplo de las Farc, eso es proponer un paso que puede ser suicida. No se refiere él al terrorismo de Estado, a la cadena mafiosa que detenta estructuras de poder; no. Se refiere a cómo una de las partes debe renunciar, y no a la otra. Afirmó: “el Eln debe darse el espacio para hacer el cambio a la política pacífica”. Cuando lo correcto éticamente es otra proposición: el régimen debe dar espacio para hacer el cambio a la política pacífica.

Entre los valores de la rebelión está la propia idea de finitud. La guerra no puede durar siempre. No debe prolongarse sin necesidad. Pero no depende de ponerle fecha como a una caja de medicinas. Será perecedera cuando los objetivos básicos se vayan logrando. Y una de las vías es la negociada, el diálogo para concertar cambios. La resistencia a los nazis tenía que ver con la propia intensidad de la agresión que su maquinaria de ocupación y barbarie suponía. Si una acción violenta causal cambia, la respuesta a esa violencia debe cambiar. Si el Establecimiento colombiano tiene voluntad de mínimos cambios democráticos, la razón de ser de la lucha armada de resistencia o rebelde se diluye. Si el régimen no transforma parte de esa realidad que está en sus manos, fundamenta que los de abajo ejerzan un derecho humano y de los pueblos.

Veo hasta ahora en Quito que el ELN persiste en su fundamento de la rebelión, siendo el ejercicio de un derecho colectivo y personal. Pero no lo ha ejercido nunca ni lo piensa continuar desarrollando de cualquier manera. Hay una pulsión humanista, una política y una eticidad con la que por lo general actúan sus unidades, que le define al ELN esa necesidad de cumplir unos límites, de una autocontención y disciplina, que corresponden a los requerimientos del derecho internacional humanitario, de acuerdo a su propia juridicidad y compromisos con las clases populares. Y creo no es negarse a lo que sigue insistiendo: que las conversaciones deben construir un pacto de paz transformadora; no renuncia a buscar la salida política negociada al conflicto.

Antes de cerrar esta respuesta, a modo personal debo subrayar cómo por inercia, por el peso de diferentes factores, en Colombia falta fundamentar con coherencia que la rebelión es un derecho, y explicarlo, en las condiciones de guerra irregular popular, de guerrillas, de resistencia. Y cómo tendrá que ver con las posibilidades de vida y de bienes comunes, de comunidades y territorios, en los próximos lustros, si no llegamos a un acuerdo nacional de transformaciones básicas. Antes teníamos los ejemplos de grandes juristas de altura, como Eduardo Umaña Luna, Eduardo Umaña Mendoza, compañero y maestro a quien hace 20 años asesinó el Estado colombiano. Hoy está la voz y obra del padre Javier Giraldo, quien fundamenta y estudia la realidad de la rebelión. Y unos pocos o pocas juristas insobornables, que no han caído en las lógicas del silencio, de la compra venta de conciencias que ronda en Ongs y otros espacios.

Es preciso en Colombia recobrar la lucidez de la necesidad de que la rebelión sea reconstruida y no vapuleada con las exigencias de la conciencia de lo público y del bienestar general, y que se reconozca la posición del beligerante, del insurgente, del rebelde, como interlocutor válido, sujeto político en la redefinición de un humanismo social para la defensa de la vida en tiempos en los que nosotras y nosotros tenemos la responsabilidad de preservar sistemas de vida colectiva ante la destrucción planetaria que sobre todo golpea a los más empobrecidos.

4. ¿Qué valoración general tiene usted como jurista, en función de su experiencia internacional, de los procesos de negociación con ambas insurgencias llevados a cabo durante los últimos 8 años?

Creo sinceramente que debemos respetar con ahínco el derecho de las Farc de pasar a ser una guerrilla a ser una formación política legal e intentar hacer política abierta en medio de esta putrefacción del sistema. Ya veremos en unos años su respuesta a los desafíos conocidos. Si en la balanza histórica, en aplicación de la justicia especial que pactaron, defendieron el derecho a la rebelión como derecho humano, si lo ayudaron a destruir, si lograron develar las verdades esenciales del terrorismo de Estado y a sus máximos responsables, o si por el contrario se les devolvió como arma política, teniendo que responder penalmente en estrados judiciales que los dirigentes de las Farc ayudaron a diseñar y a los que reconocieron autoridad, concediendo validez a un sistema de justicia, anidado en la podrida institucionalidad dominante.

Es cierto que el DDR, el desarme, la desmovilización y la reinserción, son un éxito. Esto se celebra. Me imagino los discutirán las elites en sus clubes sociales. Seguro brindarán por el éxito de desarmar, desmovilizar y reinsertar a la guerrilla de las Farc, en su momento la más poderosa del continente, sin haber hecho ellos, esas castas, comoEstablishment, ninguna reforma seria y con proyección al servicio de los sectores populares, imbuidos muchos millones de personas en la supervivencia, en la escogencia de los canales de la televisión que les distrae, cómo estirar los créditos o conseguir un trabajo para alcanzar lo básico. Ha sido, insisto, una paz barata para el régimen. Y en términos sociológicos, para el pueblo, un resultado alienante.

Mientras los de arriba hacen negocios en zonas ya liberadas de la amenaza de las Farc, el proceso de paz no le ha impactado cultural o significativamente la vida a la gente empobrecida que está sometida a unas estructuras de violencia por las que votan cada cuatro años en las urnas, sabiendo que se presentan como candidatos muchos ejemplares de verdaderas asociaciones de malhechores. Sí ha dado tranquilidad esa pacificación relativa a algunas franjas por la disminución clara de los niveles de violencia, ante todo en el campo, donde en todo caso sigue el statu quo en sus ramificaciones matando líderes sociales, a decenas, así como a ex guerrilleros de las Farc y a familiares de ex insurgentes, pues el régimen continúa amenazando comunidades y amedrantando a todo aquel que sea sospechoso u ose oponerse a circuitos más extensos o locales atravesados por la lógica de la acumulación de capital, ya sea legal o ilegal, como el narcotráfico.

El ELN propone desde hace más de veinticinco años un proceso de creación de consensos nacionales desde la participación abierta, plural, diversa, vinculante, incluyente, resolutiva respecto de las reformas necesarias, las básicas de la ciudadanía real, o sea las que atañen a la democratización que pueda defenderse desde el sentido común. Recuerdo cómo en Alemania hace 20 años, donde estuve participando, el ELN propuso en Maguncia que el país se abriera a una Convención Nacional. De ahí su apuesta hoy de Gran Diálogo Nacional que reconozca y vehicule todos los sectores, a los de abajo, las voces sociales, los territorios, en un anclaje que no es institucional y de sumisión pragmática como lo han sido otros procesos, sino de implementación o compromisos vivos, activos, verificables, duraderos, con mecanismos de exigibilidad o cumplimiento, ya mismo, no remitidos a un futuro sin garantías. Es decir, demostrando el régimen que sí abandona la exclusión y la violencia, o sea que no va a perseguir a quienes se levantan para impulsar mandatos sociales.

Al tiempo el ELN, sin desdeñar en absoluto, sino dando total valor y actualidad a la perspectiva de los diálogos para esos consensos, propone la humanización del conflicto, la regulación de las fuerzas contendientes, que se respeten los derechos de la población no combatiente, y está dispuesto a llegar a acuerdos tanto con el adversario como con las comunidades o pueblos en territorios que viven afectaciones por el enfrentamiento armado. También a pactar planes de vida que brinden mejores condiciones y no descompongan más los tejidos sociales.

Este camino constituye un derrotero bien distinto al que siguió las Farc, que no tomó muchas veces en cuenta exigencias del derecho humanitario o que accidentalmente se implicó por acción de algunos en actividades que tienen luego un coste en la credibilidad política y ética. Que terminan creando una cultura no distinta a la del orden dominante. Esto determina con qué fortalezas o con qué debilidades se llega a un proceso de diálogos y de negociación, y por lo tanto con qué expedientes puede ser chantajeado un grupo político.

Las Farc, hoy como partido, y el ELN, sin dejar de ser insurgencia, tienen futuro en sus respectivos procesos de re-fundación histórica si logran articularse al torrente de demandas sociales y promoverse con sus identidades y aperturas por la defensa de la vida concreta de grandes mayorías que para la supervivencia deben movilizarse. Ahí la negociación con una, las Farc, que se desmovilizó, enseñará qué estuvo mal, y de qué debe aprenderse, y servirá para entender el intento de salida con la otra, con el ELN, que pide en su propuesta razonable que el Estado cumpla lo que firma, haga honor a la palabra empeñada, que sea el que se reinserte por definición en las necesidades de democratización y paz transformadora. No tiene que ser siempre que la oposición rebelde ceda ahora y que el régimen prometa que lo hará después. No. La clave está en que sea procesual esa dinámica de obligaciones, y no formal e ilusoria la obligación estatal. Que lo que se pacte se cumpla en forma sincrónica, con garantías reales. Así, si el Estado falla, si el régimen se burla, la otra parte tiene derecho a tomar otra vía y a tener medios legítimos para exhortar a las elites y a sus cuerpos armados a que cumplan. O a desarrollar alternativas.

Ojalá la confrontación no sea la senda de Colombia en el próximo medio siglo. Ya no hay tiempo para equivocarse. Entre otras razones por exigencias que devienen de la propia destrucción medio ambiental y de nuestra situación existencial y de capacidad como género humano para construir un buen vivir como lo formulan los pueblos en lucha, que es no una idea caprichosa sino de resistencia y conservación colectiva. Por eso no sólo debe exigirse la finitud en la dimensión utópica de la rebelión. No. Lo que hay que hacer es instar enérgicamente a los de arriba a que cedan en sus estructuras de poder y codicia. Lo decía Camilo Torres Restrepo sobre la necesidad de que esos grupos acostumbrados a su inmunidad e impunidad, definan cómo van a realizarse los cambios. No puede valer que ellos, los ahítos que decía Camus, a sus anchas no tengan límites ni restricción de medios. Y millones de seres sean despojados de condiciones de una vida digna.

Carlos Alberto Ruiz Socha es Doctor en Derecho, autor de “La rebelión de los límites” y numerosos ensayos, actual asesor jurídico del ELN en el proceso de conversaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=241486

 

 

Nos resulta imprescindible, a los diversos de abajo y sin fronteras, examinar lo que Edgardo Lander nos advierte: "(...)A 14 años de la Revolución Bolivariana, Venezuela es más rentista que nunca. El Estado recuperó su sitial en el centro de la escena nacional. Este, con su renta petrolera –según el discurso oficial–, tendrá nuevamente la capacidad de llevar a la sociedad venezolana hacia el progreso y la abundancia. A estas relaciones ya tradicionales entre petroestado y sociedad se añade ahora un nuevo y esencial componente. En ausencia de un debate crítico sobre la experiencia del socialismo del siglo xx, se declara como meta del proceso bolivariano el «socialismo del siglo xxi», y se postula la necesidad de un partido único de la revolución.

 

Con esto, a pesar del contenido de la Constitución, tiende a asociarse socialismo con más Estado. Las empresas estatizadas pasan, por ese solo hecho, a ser denominadas «empresas socialistas». El petroestado se convierte así en la vanguardia que dirige la transformación social y su fortalecimiento deviene en expresión del avance de la «transición hacia el socialismo». A diferencia de las experiencias socialistas del siglo pasado, se establece un nuevo tipo de relación entre Estado y partido. En lugar de existir un partido revolucionario que controle al Estado, desde el petroestado se ha creado, financiado y dirigido al partido. Como modelo, sigue predominando una razón de Estado en la que éste es identificado con la nación, con el pueblo y con el bien común, y es en consecuencia el lugar donde tienen necesariamente que concentrarse todas las iniciativas y principales decisiones.

Esto descarta, niega, mutila, la única forma en la cual es posible la transformación democrática de la sociedad: amplios, variados, múltiples procesos de experimentación social autónomos, que surjan de la diversidad de las prácticas, de las memorias y los proyectos de los diferentes pueblos, sectores sociales, regiones y culturas del país.(...)".

 Veamos cómo se desarrolla desde abajo (que el estado capitalista enfrenta):

 

 

*Movimiento Comunero de Simón Planas continua con la construcción del proyecto del Comandante Chávez: Impulsaremos el Sistema de Gobierno Popular de nuestra futura Federación Comunal*

23 de febrero de 2018

_Documento base para iniciar proceso de debate y generación de aportes en los Comandos Comunales_
_22 02 2018_

En línea: https://t.co/pT7NyYGKcn

*_“El objetivo estratégico debe ser la democracia popular bolivariana como sistema de gobierno. Y más aún, como expresión de vida económica, social y cultural del modelo de sociedad original robinsoniano”_*
El Libro Azul
*Comandante Hugo Chávez*

 

Por Comuna El Maizal

El Movimiento Comunero de Simón Planas asume el reto de avanzar en la construcción del Estado Comunal, proyecto estratégico de nuestro Comandante Chávez y que tiene en las Leyes del Poder Popular una ruta trazada por él para su constitución, para nosotrxs es la única estrategia que puede permitir encarar esta etapa de recrudecimiento de la agresión imperial, superando los límites del Estado burgués y sus formas de gestión política, como lo son: la corrupción, el burocratismo y el clientelismo; que han sido históricamente formas que favorecen la dependencia y el colonialismo en el marco del capitalismo rentista venezolano.

 

Por ello fundamos nuestros Consejos Comunales, que fueron conformando Comunas, siendo la pionera la Comuna El Maizal, impulsada por el mismísimo Comandante. Es por esto que seguiremos agregándonos políticamente para el fortalecimiento del autogobierno. Ahora seguiremos el camino para dar un paso más y conformar nuestras Ciudades Comunales y con ellas impulsar la Federación Comunal, con su Distrito Motor de Desarrollo Agroindustrial, pieza fundamental de nuestra estrategia para convertirnos en territorio potencia para la construcción del Socialismo.

 

Luego del análisis del territorio y de las comunas constituidas llegamos a la conclusión de que debemos impulsar dos Ciudades Comunales, base de nuestra futura Federación Comunal, es decir, de las comunas presentes en las actuales parroquias Sarare y Gustavo Vegas León de Simón Planas conformaran una Ciudad Comunal, a saber: El Maizal (tomando en cuenta que ésta conformada también con Consejos Comunales del estado Portuguesa), Lanceros de Atures, Sarare (aquí asumimos el reto de impulsar una real dinámica comunera y rescatarla para que sea lo que siempre ha debido ser), Armando Bonilla (propuesta de comuna de la diversificación del ámbito de la Comuna de Sarare) y Ezequiel Zamora.

La otra Ciudad Comunal se conformara con las Comunas presentes en la Parroquia Buria (algunas con consejos comunales del estado Yaracuy), tierra del Negro Miguel y su gesta libertaria, entre ellas: Negro Miguel, Minas De Buria, Revolucionarios De Buria Con El Cuartel De La Montaña y Rio Turbio De Buria Patria Querida.

Nueve comunas, que serán dos ciudades comunales para conformar nuestra Federación Comunal, en homenaje a nuestro Comandante Chávez y a nuestro General de hombres y mujeres libres Ezequiel Zamora, así consolidaremos nuestro Sistema de Gobierno Popular.

Para ello estamos en pleno proceso de reorganización interna, asumiendo los aprendizajes de estos intensos meses, corrigiendo lo necesario, reestructurando donde se necesita recomponer fuerzas, reconociendo el esfuerzos de muchos y muchas que se han sumado al calor de la lucha, legitimando nuestras vocerías, tanto en los Consejos Comunales y Comunas como en la organización que nos hemos dado el Movimiento Comunero en nuestros territorios.

 

Ese proceso hace énfasis en la mujer, lxs jóvenes y la producción, por ello se impulsa el Movimiento de Mujeres Comuneras, que viene armando sus formas y objetivos propios desde su agenda, partiendo de que la gran mayoría de nuestrxs integrantes son mujeres, la que define nuestra fuerza y acciones, la que ha garantizado cualidad en todo lo que hacemos y nuestras victorias. También es necesario consolidar el Movimiento de Jóvenes Comunerxs, que ha sido otro saldo importante de esta lucha, la sumatoria de un importante componente de juventud que asume las más diversas tareas y se levanta con voz propia en todas nuestras actividades.

 

Además asumimos el compromiso de desarrollar a plenitud la producción comunal, junto a su red de productores, pensando en el avance de un Plan de Siembra Comunero que busque la vía para el avance soberano del trabajo en nuestras tierras. Esta producción debe ser distribuida y también procesada por nuestras manos.

 

Sumar la capacidad organizativa de nuestros Consejos Comunales y Comunas, a nuestras mujeres y jóvenes, a nuestra producción, allí la formula organizativa planteada que se ha desarrollado en estos años y que debe consolidarse en los tiempos más difíciles que ha transitado la Revolución Bolivariana, sin duda tenemos cientos de comuneros y comuneras prestos a las tareas necesarias para seguir andando el camino trazado por el Comandante Chávez en el Golpe de Timón con su ¡Comuna o nada!.

 

*El Sistema de Gobierno Popular y la autonomía necesaria para la corresponsabilidad política*

La Federación Comunal no es para nosotros y nosotras un mero trámite administrativo, es ir sumando y articulando la fuerza y las posibilidades del pueblo que se organiza en autogobierno, promoviendo instancias de participación protagónica, que deben ser cada día fortalecidas y agregadas con el fin de construir respuestas efectivas a nuestras necesidades en ámbitos cada vez más amplios. El fin de las misma esta expuesta de forma clara por el Comandante Chávez en el Golpe de Timón: “para cambiar toda la relación geográfica-humano socioterritorial y cultural”, reconfigurando así la geometría del poder a favor de las mayorías, alcanzando “El objetivo estratégico (que) debe ser la democracia popular bolivariana como sistema de gobierno. Y más aún, como expresión de vida económica, social y cultural del modelo de sociedad original robinsoniano” (Libro Azul).

Por ello, construir un Sistema de Gobierno Popular implica para nosotrxs generar mecanismos efectivos de la “nueva institucionalidad” desde la construcción de hegemonía, del “convencer” para construir un tejido organizativo propio, autónomo, y desde allí establecer mecanismos claros de corresponsabilidad política con el gobierno bolivariano. Vista la autonomía como forma de poder del pueblo para si, que construye desde el territorio sus formas de ejercicio de poder obediencial, al cual deberían progresivamente subordinarse las estructuras de planificación, producción y gobierno del Estado venezolano.

Esto exige de parte del gobierno bolivariano en todas sus instancias, y de nosotros como Poder Popular, un desarrollo real de políticas de corresponsabilidad, exige del primero asumir de forma clara el reconocimiento de los principios y mecanismos que han forjado al poder popular. Por otra parte, al pueblo organizado nos exige el desarrollo de un Plan de Lucha Comunal, integral, autónomo, que tenga como base el Plan de La Patria, pero complejizado por la adaptación a nuestros territorios. Porque la corresponsabilidad sólo es posible con política institucional pertinente que respete la autonomía popular.

De ambos exige el desarrollo de relaciones con tensiones permanentes, con altos y bajos, con conflictos pero sobre todo con un compromiso claro e irreductible de construir el Socialismo Bolivariano transfiriendo poder al pueblo, allí Chávez es nuestro futuro.

Así el Sistema de Gobierno Popular es un ejercicio de autonomía, autogestión y de corresponsabilidad política para con la dirección del Estado, asumiendo que existen y existirán diferencias, y que en este proceso Revolucionario, es necesaria la complementariedad con el gobierno y los sectores sociales organizados en autogobiernos, siempre en el marco de la democracia participativa y protagónica, dando la posibilidad a que nazca lo nuevo. Siendo fundamental la voluntad política para sincronizar agendas y métodos, aún en el caso que se tengan posturas encontradas en la caracterización de la tarea.

 

Debemos asumir el hecho de que la relación Poder Popular – Estado/Gobierno, es un espacio de tensión permanente, es esa su naturaleza. Los tiempos y métodos del gobierno deben reconocer el de las organizaciones y viceversa, su síntesis será clave para el momento político que nos toca asumir: Profundizar la revolución en el marco de la más grave crisis y los peores ataques que hemos sufrido parte del imperio y sus lacayos.

Algo debe quedar claro: no hay razón burocrática que se deba imponer, los métodos a acordar son desde el Pueblo y partiendo de la territorialización de las políticas revolucionarias.

La autonomía es consecuencia lógica de uno de sus postulados convocantes: ser autogobierno. No es para separarse del resto de la política que impulsa la Revolución, ni para apartarse del proyecto chavista y bolivariano, todo lo contrario, es la autonomía necesaria para apropiarse de ella y hacerla efectiva desde nuestros propios esfuerzos, desde sus instancias. Claramente nos lo decía en el Libro Azul el Comandante: “En tal sentido, las comunidades, barrios, pueblos y ciudades deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de sus asuntos internos por sí mismos, a través de procesos y estructuras generadas en su propio seno”, allí la clave.Es fundamental superar esa visión de que lo Comunal es un espacio político para controlar desde los aparatos o para distribuir la renta (que hoy día es escasa) en lugares reducidos, errores que tarde o temprano harán que la iniciativa muera, se convierta en un cascaron vacío, lo comunal es y debe ser una instancia para la construcción de la política revolucionaria, en el encuentro de los y las militantes revolucionarios y revolucionarias con su gobierno para interpelar, corregir, proponer y salir con una línea eficiente de programación para la gestión y lucha compartida.

 

*Federación Comunal para la constitución de nuestro Distrito Motor de Desarrollo Agroindustrial*

Este plan de lucha debe tomar en cuenta algo fundamental en la nueva geometría del poder: la escala de agregación, el ir juntando fuerzas, desde la legitimidad y decisión soberana de los sujetos y las sujetas que la impulsan. Así articulamos potencias, porque no es igual el objetivo de disputa del Consejo Comunal que de la Comuna en que ese mismo Consejo es parte, ni hablar de la Ciudad Comunal o de la Federación. Es importante no ver partes para una simple suma, implica asumir la territorialización de la política en los términos revolucionarios.

Asumiendo que el artículo 60 de la Ley Orgánica de las comunas, que desarrolla los tipos de Sistema de Agregación, dice: “Federación Comunal: como instancia de articulación de dos o mas ciudades (comunales) que correspondan en el ámbito de un Distrito Motor de Desarrollo”. Allí una ruta de conformación de nuestra nueva geometría del poder, avance de la democracia popular revolucionaria y de las potencialidades productivas del pueblo, aquí la democracia revolucionaria planteado por el Comandante Chávez desde el Libro Azul hasta el Golpe de Timón.

Así nuestros Consejos Comunales, Comunas, Ciudades Comunales y Federación son los instrumentos para ejercer la democracia participativa y protagónica, el socialismo bolivariano, garantizando el autogobierno y la constitución de sistemas paralelos coordinados de nuestro Sistema de Gobierno Popular, así lo explica el Comandante en el Golpe de Timón: “A veces creemos que todo debe controlarse desde Caracas, no. Se trata de crear, como dice Mészáros, un conjunto de sistemas paralelos coordinados y de ahí la regionalización, los distritos motores. Pero no hemos creado ni uno todavía y tenemos la ley, decretamos uno, pero lo decretamos y ya, y dentro de los distritos motores las comunas.”

Por ello, con la Federación constituida haremos la solicitud a nuestro Gobierno Nacional Bolivariano, encabezado por el Presidente Nicolás Maduro, de la conformación del Distrito Motor de Desarrollo Agroindustrial, que debe ser el espacio de corresponsabilidad política/económica, expresión de la nuevas relaciones impulsadas por nuestro pueblo, que permita el despegue definitivo de nuestras potencialidades, siendo paso a los llanos, montañas y valles, con tierras de alta calidad y diversos pisos térmicos que nos hacen hoy en día importantes productores de diversos cereales, leguminosas, café, ganadería, con posibilidades reales del procesamiento industrial, que generará nuevas fuentes de trabajo digno y permitirá tener control territorial de las cadenas de producción y distribución, desde las materias primas hasta su transformación y comercialización. Estas son las condiciones que hacen a la Comuna El Maizal una de las de mayor capacidad de producción en el país, las que se deben potenciar y desarrollar en todas las comunas de la futura Federación Comunal.

En esta coyuntura que atraviesa nuestro país, hoy más que nunca, producir es hacer patria, es defender la soberanía conquistada y producir desde el pueblo organizado que construye el socialismo es honrar el proyecto estratégico que forjo en años de lucha el Comandante Chávez y su pueblo, y que identifican a la Revolución Bolivariana en todo el mundo, vacilar en este camino es perdernos. Aquí la garantía de hacer viable un tejido organizativo capaz de dar respuestas ante los ataques y amenazas actuales del imperio y sus lacayos, son falsas ilusiones que algunos desde el gobierno tratan de imponer el pensar que con los “empresarios” y latifundistas de siempre daremos las batallas para triunfar en esta actual coyuntura.

Por ello el impulso de nuestro Distrito Motor de Desarrollo Agroindustrial es el instrumento para consolidar la revolución política y económica en nuestros territorios, promoviendo la producción plena, asociando a los pequeños productores, construyendo planes viables y soberanos de siembra y procesamiento agroindustrial de nuestros productos, constituyendo mecanismos efectivos de control social y distribución de la producción, manteniendo una lucha frontal contra el latifundio, las tierras improductivas y los abusos de las empresas que hacen vida en el Municipio, garantizando trabajo digno y con relaciones justas, coherentes con el socialismo que construimos.

*Lo Comunal como síntesis de una tarea estratégica que supera a los Consejos Comunales y Comunas*

Es importante plantear que creemos necesario no limitar lo nuevo sólo a la tarea de los consejos comunales y comunas, sino que debemos impulsar lógicas, procesos y formas de gestión, que sumen a toda organización que impulse el socialismo y que no sea parte “formal” del gobierno, es decir al poder popular, a todos los revolucionarios y las revolucionarias.

Éstos deben, como pueblo organizado y sujeto revolucionario, contribuir de forma autónoma al desarrollo de un tejido político/económico/social que dé soporte a la inmensa tarea que tenemos por delante: consolidar y avanzar en la construcción del proyecto socialista que el Comandante Chávez nos encomendó.

Por ello lo comunal no puede ser pensada solamente como la que recibe el registro en el Ministerio de las Comunas, ni vista como sector, sino como síntesis de una tarea estratégica como es la construcción del Estado Comunal.

La construcción del Estado Comunal es una tarea ineludible de lxs revolucionarixs que militan en los diversos sectores: obrerxs, campesinado, estudiantes, mujeres, y en las expresiones territoriales de poder popular, entre ellas los consejos comunales y comunas (en cualquiera de sus posibles agregaciones o articulaciones), encontrándose todxs en una lucha común. Desde allí creemos que no solo los que hacemos vida en consejos comunales o comunas debemos reivindicarnos como comuneros o comuneras, sino que todo aquel que busca la construcción del bloque histórico de los oprimidos y oprimidas para la defensa de la vida y de lo común, necesario para el rearme hegemónico de la Revolución Bolivariana, es un comunero, una comunera. Con un claro énfasis de reconocimiento de cada particularidad y aporte histórico de las diversas luchas, no se plantea la priorización de un sujeto sino el trabajo articulado para la conquista de un objetivo estratégico.

Hemos tenido evidencia clara de esta afirmación en estos meses de lucha, donde los gestos de solidaridad han sido diversos, el nivel de identificación con nuestra lucha es la identificación con un proyecto estratégico, el cual comparten, sueñan e impulsan desde diversas trincheras y no sólo desde los Consejos Comunales y Comunas. Por ello el ser comuneros y comuneras nos da identidad propia desde el chavismo que construye el socialismo desde las claves de la democracia revolucionaria.

*Un Movimiento Comunal para el Impulso del Estado que el Comandante Chávez nos encomendó*

Desde ya estamos reorganizando nuestras fuerzas para asumir las tareas planteadas, ya realizada una evaluación de nuestros equipos territoriales, que han tenido bajo sus hombros las tareas que nos han llevado a tres contundentes victorias electorales (la constituyente, la de gobernación y las municipales), estamos legitimando nuestras vocerías para seguir impulsando lo acordado, comprometiéndonos en honrar la deuda aún pendiente con el Comandante, su imagen trazando líneas sobre infinitos mapas es la evidencia que veía vida en cada rincón de nuestro país y sus enormes potencialidades “para cambiar toda la relación geográfica-humano socioterritorial y cultural” en función de construir el Socialismo.

El Movimiento Comunero de Simón Planas, quienes logramos un triunfo electoral el pasado 10 de diciembre, cuando la gran mayoría del Municipio votara por nuestro camarada Ángel Prado de la Comuna El Maizal, al día de hoy seguimos en lucha por el reconocimiento del mismo. Claros de la tarea, también avanzamos a la par en nuestra estrategia ya definida: construir un Sistema de Gobierno Popular, donde las comunas, sus ciudades comunales y su Federación Comunal con su Distrito Motor de Desarrollo Agroalimentario definan nuestro futuro socialista en el marco de la profundización de la Revolución Bolivariana.

El tiempo es ahora.

*¡Viva Chávez!”*
*¡Comuna o nada!*

Fuente: http://www.dariovive.org/?p=8380

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El Maizal y las preguntas sobre las Comunas

2 de marzo de 2018

 Por: Marco Teruggi

La Comuna El Maizal se convirtió en centro de gravedad del debate comunero. Las razones son tres: la realidad productiva y política que ahí existe, la vocación de crecimiento, y la respuesta del poder constituido ante esa situación. Están concentradas variables de manera nítida, con tal evidencia que se produjo un movimiento de solidaridad de organizaciones, individuos y comunas en torno al conflicto que emergió a finales del año pasado.

Qué es lo que se defiende en lo concreto del caso: el reconocimiento de la victoria de Ángel Prado, vocero de la comuna, como alcalde ganador del municipio. Ángel, constituyente electo, no fue autorizado por el Consejo Nacional Electoral ni la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a presentarse como candidato para las elecciones del pasado diez de diciembre. Las razones en lo legal para impedirle presentarse fueron poco sólidas, en cuanto a lo legítimo nunca tuvieron con qué sostenerse. En términos sintetizados, le impidieron presentarse, consiguió hacerlo, y le quitaron los votos que le daban la victoria.

La traducción en términos políticos es que el poder constituido le cerró violentamente las puertas al poder constituyente, un poder con la legitimidad de la construcción comunal y el liderazgo genuino.

Sería necesario darle contenido al concepto de “poder constituido” en el cuadro del proceso revolucionario. ¿El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) es ese poder? Si se lo ve en términos de dirección lo es, en particular porque esa misma dirección es quien está en los principales puestos de gobierno. Si se lo ve en términos de las bases del partido, que hacen vida política en los territorios, resulta difícil afirmar lo mismo. ¿La ANC es el poder constituyente? En su proceso de emergencia lo es, en su composición también, en las lógicas de su funcionamiento se aleja de ese sentido. Se pueden complejizar estas respuestas, el asunto es que las ideas de poder constituido y poder constituyente son flexibles y complejas en un proceso donde lo constituyente pasa a ser constituido y cuestionado por un nuevo constituyente.

En este caso el constituyente es El Maizal, que se propuso no solamente conformar una experiencia productiva y de gobierno comunal -algo de una gran dificultad de por sí- sino también disputar el poder político de la alcaldía. El razonamiento es sencillo: si, como en el caso de la mayoría de las comunas, el vínculo con la alcaldía es malo en el sentido del no reconocimiento al sujeto comunal, entonces por qué no acceder a esa institución y poner en marcha experiencias de cogobierno y cogestión. Significaría ampliar el campo de acción, de posibilidades, de crecimiento.

Esa conclusión, producto del desarrollo colectivo, no fue exclusiva de El Maizal. También sucedió en la Comuna Cagigal, estado Sucre, y en el Municipio Páez, estado Apure. En el primer caso se trata de una experiencia similar al Maizal, donde el vocero principal fue propuesto para la candidatura, en el segundo, un candidato proveniente de la construcción de la Ciudad Comunal Campesina Socialista Simón Bolívar, impulsada por la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. En Cagigal ganó por fuera del Psuv, en Apure yendo como candidato del Psuv.

No resulta sorprendente que varios procesos lleguen a síntesis similares. Descartar la disputa del poder político estatal sería una mirada zapatista, algo que nunca estuvo planteado en el proceso chavista. Al contrario, Chávez siempre desarrolló la idea de un círculo virtuoso -¿imposible?- entre el Estado como impulsor de políticas contra el mismo Estado. La disputa por el Estado fue un punto nodal: el Estado no hace revoluciones, pero no se puede transitar un proceso revolucionario sin el Estado. Que varias comunas se propongan disputar espacios institucionales, al tiempo que construyen una nueva institucionalidad en su territorio, es una maduración que era esperable. Las respuestas desde el poder constituido también lo eran.

Digo “las respuestas” porque los casos de Cagigal y Apure ayudan a complejizar el cuadro y no llegar a la conclusión de que siempre el Psuv actúa de manera cerrada, o que ningún comunero tiene posibilidad de acceder a una alcaldía por fuera del Psuv. En el caso de El Maizal es innegable que la respuesta fue autoritaria, burocrática, desconociendo al sujeto de la revolución, al chavismo que resiste la avalancha de dificultades económicas, construye y vota a favor del proceso.

Estas diferentes resoluciones no pueden tampoco desdibujar el trazo generalizado respecto a la cuestión comunera: no está en agenda. No estar en agenda significa que casi no aparece en medios oficiales, y que las políticas de gobierno no suelen apuntar en esa dirección, llegando a veces, en algunos territorios, a ir directamente contra. ¿El Clap es la forma de comunalizar el poder en esta etapa de enfrentamiento de guerra? Puede ser un argumento para intentar tapar una orientación. No significa que los Clap no sean imprescindibles, que muchas comunas no trabajen con los Comités, los hagan parte de las dinámicas comunales: las políticas no son lineales, son el resultado entre orientaciones y capacidad de (re)significar en cada lugar. Pero en términos generales la situación es de un poder constituido que no reconoce al constituyente comunal, lo percibe como amenaza, no piensa en transferencias de recursos, competencias, en abrir espacios. No es algo nuevo.

Se puede contestar a esto con la afirmación de que quienes no han estado a la altura han sido las comunas, el movimiento comunero, que no logró construir instancias reales de autogobierno y autogestión. Sin dudas existen dificultades, debido a lo ambicioso de los objetivos, a la complejidad de poner en pie experiencias con esa potencia, los tiempos que toma conformar un sujeto histórico que se autogobierne, las culturas políticas del chavismo dependientes del Estado. No creo que la hipótesis de la igualdad de responsabilidades sea válida, por las evidentes desigualdades de poder, recursos económicos, herramientas.

En estos casos concretos, El Maizal, la Comuna Cagigal, y la experiencia de Apure, son reales, producen -3 millones de kilos de maíz en el 2017 en el caso de El Maizal- avanzan en la capacidad de ejercer poder, y lo hacen en esta época donde la situación general barre con fuerza. Son muchas más experiencias en todo el territorio nacional.

Hay algo más, y es la defensa del proyecto comunal, es decir la construcción colectiva que busca la transformación de raíz, que puede permitir el desarrollo de lógicas políticas, económicas, culturales, que vayan más allá del capital. Las comunas no son un capricho, son una de las llaves centrales para abrir pasos al camino del socialismo, que no es los mismo que políticas sociales combinadas con administración imposible del capital en tiempos de guerra. Debatir las comunas es debatir el proyecto estratégico, una de las principales posibilidades para la transición.

Por ese conjunto de razones El Maizal cobró centralidad, volvió a poner el tema comunal arriba de la mesa, aunque todavía no alcance masividad. Según han dicho irán en dirección a la conformación de dos Ciudades Comunales en el municipio, al tiempo que resistirán a los ataques que les han hecho, como la quema de parte de sus tierras. El Maizal muestra una voluntad que vive en el chavismo, que empuja a pesar de las adversidades, los fuegos cruzados, y que conducirá a que los votos vayan a favor de Nicolás Maduro el 22 de abril. Porque las únicas condiciones que puedan existir para avanzar en las comunas serán en el marco del chavismo, con sus límites y potencias. El asunto es poner en pie una correlación de fuerzas que permita empujar en las direcciones revolucionarias de la revolución. Significa que uno de los mayores actos de solidaridad que se pueda hacer con el universo comunal es construir comunas.

Fuente: http://www.dariovive.org/?p=8383

 

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Encuentro en Solidaridad con el Movimiento Comunero de Simón Planas:

por la unidad popular para el socialismo territorial

El 23, 24 y 25 de febrero fueron días que permitieron concentrarnos cientos de militantes de la revolución bolivariana de diversos espacios y latitudes que tenemos en común el asumir como horizonte lo comunal como vía para de construcción del socialismo. La Comuna El Maizal fue el espacio que permitió la realización del Encuentro en Solidaridad con el Movimiento Comunero de Simón Planas, quien reclama el reconocimiento del triunfo electoral de Ángel Prado, referente de dicha comuna, en las pasadas elecciones municipales.

El encuentro permitió no solo hacer acto de presencia para la solidaridad por el reclamo justo, sino también para el intercambio de diversas experiencias territoriales que asumen los mismos retos y prácticas, permitiendo debatir sobre cómo vemos posible continuar ese camino en el marco de la actual crisis, donde el enemigo estratégico asecha como nunca antes y cuando la apuesta comunal no aparece como línea coherente de acción desde el gobierno bolivariano.

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Sobre El Maizal y la construcción de hegemonía
Se acerca el 05 de marzo, la fecha remite para millones en Venezuela y más allá, a la perdida física del Comandante Chávez, una ausencia que aún pesa, que deja un mal sabor pero que también permite definir retos, hacer esfuerzos por analizar sus aportes y su vigencia hoy en día. Esa misma fecha pero en el 2009, nos remite a otro suceso, el Comandante se disponía en su Aló Presidente a conectarse con su pueblo, desde un predio recuperado entre los estados Lara y Portuguesa, su lucha contra el latifundio y la tierra improductiva seguía en agenda de gobierno pero ya en ese momento lo vinculaba a otro ensayo político que alentaba la organización del pueblo para el impulso del autogobierno popular: las comunas socialistas.

Ya casi será el noveno aniversario de la Comuna El Maizal, que nació de esa interacción de Chávez con lxs humildes productores que levantaban desde el primer momento las banderas del proceso bolivariano. Mucho ha sucedido en estos años en esos territorios, tantos que podemos decir que la comuna es una evidencia clara que la apuesta de entregar medios de producción a un pueblo con cultura de trabajo y organización, que además tiene como ruta el acumular fuerzas para su desarrollo integral, es una vía efectiva para el socialismo planteado en Venezuela.

Su capacidad productiva ha permitido construir la base material para sostener diversas dinámicas sociales y luchas vinculadas con la recuperación de tierras y espacios improductivos para, bajo gestión comunal, activarlas y ponerlas al servicio del pueblo. Por ello podemos decir que su capacidad de distribución de alimentos ha sido muy importante para paliar un poco las duras condiciones que la guerra económica, impulsada por los enemigos de la revolución, mantienen sobre la población.

Sus más de mil cien hectáreas sembradas de maíz el año pasado, la mayoría arrimada al Estado venezolano pero también un porcentaje distribuido en sus mercados comunales de forma directa, los mismos que sólo en el mes de diciembre pasado distribuyeron más de 12.500kg de carne, 1.000kg de queso, además de café, leguminosas, verduras, hortalizas y frutas diversas, beneficiando a la población de por los menos 80 Consejos Comunales, en un municipio con menos de treinta mil habitantes. Todos sus excedentes son dirigidos a la reinversión social en diversas áreas y proyectos, previa aprobación del Parlamento Comunal, así se han construido dos escuelas, dispensarios, realizados mantenimiento general al hospital del Municipio, recuperado vialidad agrícola, por decir sólo algunas.

También el desarrollo organizativo de la Comuna El Maizal, a contribuido con el impulso de las comunas más allá de su ámbito de 22 consejos comunales, siendo la primera comuna formalmente constituida en el Municipio Simón Planas, ha marcado el camino a ocho más (que incluso agregan ámbitos no solo del estado Lara, sino también de Portuguesa, como sucede con El Maizal, y Yaracuy, desarrollando la agregación según las condiciones históricas/geográficas superando la tradicional división política territorial) y por ello hoy en día se plantean el impulso de la Federación Comunal y su Distrito Motor de Desarrollo Agroalimentario, para lo cual diseñan la constitución de dos Ciudades Comunales (1).

En fin, es un autogobierno con capacidad real de gobernar desde las dinámicas que lo comunal desarrolla y que como chavistas asumen que el desarrollo de la fuerza implica, desde la construcción de hegemonía, ir ocupando todo espacio necesario para el avance.

Por eso plantearon el nombre de Ángel Prado, referente de la Comuna El Maizal y uno de los voceros de su parlamento como candidato territorial por el Municipio Simón Planas a la Asamblea Nacional Constituyente, obteniendo un triunfo con más del 80% de los votos. Dejando claro la proyección de un esfuerzo que transciende el ámbito de la comuna formalmente constituida.

Para ese triunfo se constituyó con lxs comunerxs del municipio una estructura que garantizaba presencia en todos los centros electorales, la misma se activo para garantizar un caudal de votos para el triunfo en las elecciones para la gobernación y como era lógico el Movimiento Comunero postulo al mismo Prado para la alcaldía en cuanto fueron convocadas dichas elecciones, el triunfo estaba asegurado.

Así el desarrollo de “lo nuevo” contaba con el respaldo popular para asumir la estructura formal del poder que ha sido enemiga desde siempre de la comuna, despejar el camino del adversario en base a una consulta popular ha sido una guía usada en estos años de revolución pero en este caso el contrincante era el mismo aparato político que conduce el gobierno revolucionario.

El 1 de noviembre, día para la inscripción de candidatos el PSUV informa que no apoyara a Ángel Prado y en acuerdo de asamblea popular deciden inscribirlo por iniciativa propia, así inicia una larga lucha que se mantiene al día de hoy. Mil trabas se sortearon para llegar a las elecciones, las que ganaron con el 57,45% de los votos que lo deben acreditar como el Alcalde legítimo del Municipio Simón Planas en Lara y que no es reconocido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo el argumento que no era un candidato autorizado por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ya que Prado es el constituyente territorial del mismo municipio.

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Lucha por el poder, el sentido y el horizonte estratégico dentro del chavismo
Lo sucedido en Simón Planas remite una lucha que supera una alcaldía de un pequeño municipio, es la disputa central en el seno del chavismo a toda escala o por lo menos lo que marcara el desarrollo de las tensiones internas sobre como gobernar y como continuar el proceso hacia sus adentros, más allá de la confrontación permanente con la oposición y los intereses foráneos por acabar el proceso bolivariano.

Puede definir cómo se ejerce el poder por algunos para limitar el desarrollo de las fuerzas que le adversan internamente, negando la resolución de las diferencias en el seno de la revolución desde códigos que se venían construyendo de forma coherente con los postulados de la democracia, impidiendo la posibilidad de dar caminos de resolución a las tensiones que deben dar vitalidad al ejercicio de gobierno. Además pone en disputa el sentido de la revolución misma, al abrir o cerrar posibles vías para avanzar y triunfar en momentos que la desesperanza avanza y el horizonte socialista se ve cada vez más difuso.

La revolución bolivariana, con sus matices, asume como parte de su identidad lo planteado por Chávez en múltiples ocasiones, desde el Libro Azul hasta el Golpe de Timón: “una de las cosas esencialmente nuevas en nuestro modelo es su carácter democrático, una nueva hegemonía democrática, y eso nos obliga a nosotros no a imponer, sino a convencer”, sumado a “la transformación de la base económica del país para hacerla esencial y sustancialmente democrática” para el fin de “cambiar toda la relación geográfica-humano socioterritorial y cultural”, allí mucho de lo que define el proyecto comunal y de lo expresado en el Encuentro en Solidaridad con el Movimiento Comunero, lo que convoca a la diversidad que se hizo presente (2).

La unidad necesaria del chavismo para el reimpulso de lo comunal y la necesaria autocrítica
En el encuentro tuvieron presencia diversos sujetos que se sumaron a la convocatoria, militantes de base de diversas experiencias, comunales, culturales, de sectores sociales, intelectuales, colectivos de comunicación alternativa y comunitaria, partidos políticos, entre otros, evidenciando varias circunstancias que cruzan el momento: la efectiva existencia de un sujeto político construido en estos años desde el chavismo que asume lo comunal como vía de construcción de la revolución, contraria a lo presente en los espacios burocráticos o al ejercicio tradicional de la política.

También muestra la debilidad de ese línea de construcción, a pesar de existir cientos de experiencias se puede decir que el desarrollo de su potencia es limitado, a pesar de los avances que se han tenido, la imposibilidad de levantar plan de lucha autónomo; de gestionar proyectos económicos que permitieran un real desarrollo productivo; además de avanzar en la agregación o articulación para definir una identidad de un movimiento, más allá de las organizaciones existentes, que permitieran presionar para el cumplimiento de una agenda clara, incluso aprobada por el Presidente Maduro en el marco del Consejo Presidencial de Comunas o de su defensa ante los ataques y trabas que sufren ante la burocracia y los intereses políticos a todo nivel, con mucho énfasis en los espacios de gobierno local.

A todo eso toca sumar el no lograr aún asociar lo comunal como un proyecto que transciende a los consejos comunales y comunas, como si la misma fuese tarea de un sector y no de la sociedad; son algunas de las razones, de seguro no las únicas, que explican la falta de fuerza para disputar el sentido y horizonte necesario.

Sin duda, las lógicas construidas desde el rentismo han tenido una influencia en todo el campo político, lo comunal no esta exento de ello. Reconfigurar sus prácticas superándola es una las tareas urgentes que viene siendo realizada, la supervivencia de las experiencias que hoy por hoy se mantienen tienen mucho que ver con esa superación pero aún es un proceso activo y toca alentar esa reconfiguración, manteniendo las claves de lo comunal. Sin duda ese proceso es fundamental para no desaparecer en el marco de la crisis o de las resignificación de las comunas que se escuchan en algunxs de lxs vocerxs del gobierno, alejando las mismas de los autogobiernos, de su potencia revolucionaria.

Además, toca decir, que la crisis ha golpeado duro todo el tejido social de la revolución y, lamentablemente, algunas de las formulas planteadas para su superación hasta el momento en vez de alentar la organización en claves comunales se impulsa desde el gobierno formulas de resolución individuales o bajo modalidades de cooptación, en contra de lo visto hasta el momento en la revolución, que si bien siempre tuvo esas opciones, fueron compaginadas con aquellas que apostaban con sumar a la base social chavista desde la motivación de la organización popular de diversa índole.

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El reto de lo comunal como horizonte
Desde allí el encuentro es un hito importante que permite retar a ese sujeto, retarlo desde diversas tareas urgentes, muchas de ellas fueron presentadas como acuerdos de mesas, la necesaria construcción de la unidad dentro del chavismo, que debe ser asumida como una diversa construcción que permitió echar a andar un proyecto político desde la hegemonía que debe ser recuperada; el fortalecimiento y cualificación de los emprendimientos económicos pensando en el desarrollo de un real Sistema Económico Comunal contrario a lo expresado por funcionarios del gobierno que plantean una regresión en términos económicos, alejándose para muchxs del socialismo; avanzar con el desarrollo de los sistemas de agregación y articulación que plantean las Leyes del Poder Popular dejando claro que no sólo es una tarea de los Consejos Comunales y Comunas.

Por ello compartimos lo expresado en el documento para el debate del Movimiento Comunero de Simón Planas(1), cuando plantea que la comuna y sus agregaciones no pueden ser pensada solamente como la que recibe el registro en el Ministerio de las Comunas, ni vista como sector, sino como síntesis de una tarea estratégica como es la construcción del Estado Comunal, tarea planteada por el Comandante Chávez y también por el Presidente Maduro en su primera intervención ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Allí pensamos que “la construcción del Estado Comunal es una tarea ineludible de lxs revolucionarixs que militan en los diversos sectores: obrerxs, campesinado, estudiantes, mujeres, y en las expresiones territoriales de poder popular, entre ellas los consejos comunales y comunas (en cualquiera de sus posibles agregaciones o articulaciones), encontrándose todxs en una lucha común”, como se manifestó y visualizo en el encuentro. “Desde allí reinvindicarnos como comunerxs, que buscamos la construcción del bloque histórico de lxs oprimidxs para la defensa de la vida y de lo común, necesario para el rearme hegemónico de la Revolución Bolivariana.”

Insistimos en que uno de los espacio de construcción de lxs revolucionarixs, de lxs comunerxs, junto al gobierno bolivariano debe ser el impulso de un Sistema de Gobierno Popular, que debe generar la necesaria tensión transicional entre lo que no termina de morir y lo que está naciendo, partiendo de que el pueblo asume la tarea de construcción del Estado Comunal, con la constitución de autogobiernos populares y experiencias de cogobierno de estos con el gobierno Revolucionario (en todas sus instancias de representación), quien desde allí debe desarrollar la nueva institucionalidad necesaria para avanzar.

Todo esto en el marco de ataques feroces desde todo ámbito posible, la arremetida internacional es la mejor orquestada en muchos años, con capacidad real de detener nuestro proceso, la división local de la oposición es un espacio que puede permitir hacer estos ensayos de impulso de doble poder y de transferencias de competencias al pueblo organizado, pensando no sólo en la acción necesaria de un gobierno revolucionario sino también en la creación de un tejido de resistencia del pueblo ante cualquier escenario adverso.

Por ello, también en la mayoría de las mesas de trabajo se reafirmo el apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales, un número importante de críticas fueron expuesta al ejercicio de su gobierno, pero también queda claro que la lucha por la concreción de la vía comunal del socialismo sólo es posible en el marco de un gobierno que se asuma chavista, al cual le exigiremos su impulso, al cual acompañaremos para su realización.

El reto esta presente, el encuentro permitió a más de uno retomar fuerzas para seguir en ese sendero, los tiempos no auguran momentos fáciles, pero si oportunidades para el desarrollo autónomo de lo necesario para reconfigurar y avanzar desde lo comunal, queda en manos de muchxs la continuidad de lo planteado, el chavismo va definiendo sus caminos, nosotrxs seguimos la ruta del socialismo planteado por el Comandante Chávez.

(1) Movimiento Comunero de Simón Planas continua con la construcción del proyecto del Comandante Chávez: Impulsaremos el Sistema de Gobierno Popular de nuestra futura Federación Comunal
Ver en línea: http://bit.ly/2CWTRfm

(2) Declaración del Encuentro en Solidaridad con el Movimiento Comunero de Simón Planas: ¡Comuna o nada!
Aquí declaración en línea: https://t.co/IcPasiZSli

Fuente: http://www.dariovive.org/?p=8384

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Reparemos en analogías de Argentina con Colombia. En efecto, compartimos la referencia de Renán Vega Cantor a su país:"puede concluirse que la pretensión de las multinacionales mineras, junto con el Estado colombiano y las clases dominantes de este país, es la de convertirnos al mismo tiempo en un enclave y en un cementerio. Para hacerlo posible, el terrorismo estatal y paraestatal tienen un porvenir asegurado".

 

En tal guerra asimétrica y no declarada contra los pueblos, sucede que la paz no puede ser conciliación con esos criminales de lesa humanidad. Esta ha sido y es la función del Partido Justicialista homogeneizado hacia la derecha mediante la aplicación de terrorismos estatales, paraestales y dictatoriales de las fuerzas militares, policiales e inteligencia. También al asumir intervención camaleónica por constante actualización de su poder simbólico para garantizar la gobernabilidad y el Estado periférico de exportación de la naturaleza. Por tanto, ha sido esencial e imprescindible para la expansión de ecocidios, etnocidios y genocidios silenciosos.

 

Reflexionemos, abajo y a la izquierda sin fronteras, significados e implicancias de que una creciente mayoría se independice del PJ. Adquirir ese enfoque emancipatorio del país-continente y mundo precisa cuestionar:

 

 

 

1) La naturalización del PJ como el unificador del país y de los obreros.  Porque desde los setenta prueba su criminalidad debido a entregar la Argentina a la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. También incumbe recordar que desde el menemismo hasta el kirchnerismo promovieron, como señala Renán Vega Cantor respecto al modo en que avanza la ocupación económica territorial de  Colombia  por las transnacionales , "la inversión extranjera como la pócima milagrosa que nos va a sacar del atraso y nos va a conducir al desarrollo económico y a la 'prosperidad democrática'".

 

Sobre todo el PJ oculta tal nefasta historia suya, estigmatiza las subjetividades colectivas en rebelión contra el orden capitalista imperialista y embauca mediante discursos como el siguiente donde lo subrayado en azul muestra lo principal de su racionalidad tramposa para inducir la conciliación con el sistema opresor, reforzar sentidos comunes contra izquierdas e intelectuales y exhibirse como "la verdad" irrebatible:

 

 

 

Qué es la clase obrera nacional

Entre la columna vertebral y el multisujeto

12 de mayo de 2018

 

Por Guillermo Caviasc (Rebelión)

 

Como definición inicial deberíamos precisar que entendemos como “clase obrera nacional” hoy. Ya que la clase obrera es una relación social, no existe en abstracto ni sola, es parte de las relaciones de producción existentes, de la forma que dentro de ese modo de producción se organiza la relación entre capital y trabajo. También de las formas en que estas relaciones se enlazan con factores de conciencia, que son los que hace a la efectividad histórica de una categoría como “clase”, la cual sin si estos es sólo útil como estadística o descripción sociológica y/o económica.

Es el conjunto de los trabajadores asalariados (industrias, finanzas, servicios; obreros, técnicos y especialistas) no solo lo obreros industriales. O sea si se tiende a identificar a “obrero” como el obrero industrial por ser el núcleo mayoritario de trabajadores y estar en el centro de la producción de riqueza material, es necesario extender claramente esa categoría a “clase trabajadora” para abarcar con claridad al conjunto de los asalariados, tal como en lo hechos lo hacen las organizaciones sindicales. Pero no al conjunto de los asalariados, ya que existe una categoría de estos que en realidad son parte de las clases dominantes, por su rol como parte integral de la gerencia o de las operaciones financieras de las empresas o grupos. No son clase trabajadora los agentes de bolsa o categorías similares que hacen al funcionamiento del capital hoy.

Es necesario precisar que incluye al conjunto de las fracciones en que está dividida como consecuencia de las transformaciones del sistema capitalista en el ámbito de su organización y sus consecuencias sobre el trabajo: o sea la diversificación de las formas de contratación, su deshomogeneización. Este proceso de segmentación de la clase es un tema central en un país como Argentina, cuya particularidad en el “tercer mundo” fue (y aún es, aunque en menor medida) la existencia de la centralidad del trabajo asalariado formal, o más o menos formal.

También la clase trabajadora es nacional, mas allá de su conciencia o ideología. Como dijeron los anarquistas a principios del siglo XX en su contestación a las bandas paramilitares de la “sociedad patriótica”: si hay algo que es nacional, y esa palabra tiene significado, es el que le da la clase obrera, que todo lo que produce y consume lo hace en el país. En ese sentido, como base material, concreta, la clase obrera es nacional y no puede ser otra cosa, como tal debe ser pensada su lucha política y económica. Mas allá de las condiciones de mundialización del capitalismo y trasnacionalización de las empresas, estas son condiciones que afectan más al capital que el trabajo, o mas bien que impone el capital y sufre el trabajo. Pero es el Estado nacional la herramienta clave de la facilitación, moderación o corrección de esta situación del capital y esto es producto de una relación de fuerzas entre clases y sus expresiones políticas. Y esto es una lucha cuya base y eje en nacional.

En las últimas décadas han surgido desde diversas usinas intelectuales, espacialmente de Europa occidental y de los EEUU, nuevas teorías para interpretar y promover el desarrollo de las luchas populares. Teorías que (y destacamos que para países en los que el trabajo asalariado y la industrialización han sido importantes) sacan del centro de la escena a los “obreros” y a la “identidad obrera” y ponen a otras identidades en pie de igualdad o por arriba de esta de acuerdo al caso: genero, indígenas, movimientos sociales articulados en torno a las mas diversas cuestiones, etc. O sea corren el eje del sujeto de la transformación social y/o la liberación nacional hacia otros sujetos, y en muchos casos cambian el contenido de lo que significa liberación o transformación social. Son teorías “multisujeto”. Es debido indicar que las teorías del multisujeto discuten en general con visiones obreristas extremas o caricaturas del marxismo leninismo. Ya que en general las revoluciones existentes contaron al menos con participación determinante de campesinos y que tomaron las reivindicaciones de las mujeres del momento histórico desde una perspectiva revolucionaria y no liberal. De la misma forma que “los movimiento sociales” no son un invento de la argentina neoliberal, sino que la década del 60’ y del 70’ estuvieron plagadas de organizaciones sectoriales por reivindicaciones campesinas, profesionales, artísticas, territoriales, etc. hasta de discapacitados.

Lo que destacamos es que el tipo de sujeto que se pone el eje tiene que ver con el tipo de transformación que busca, y la amplitud y profundidad estructural de la misma. No sólo, ni principalmente con la necesidad concreta y justa de un sector en un momento histórico. Es que, cómo, para que, y para quienes se produce y distribuye, lo que hace a lo central de la organización de la sociedad. No el patriarcado, o la orientación sexual de las personas ni el origen étnico, etc. De hecho esos temas no son propios ni originales del capitalismo y cruzan toda la historia humana. Inclusive “el patriarcado” es muy poco sostenible su existencia generalizada en las sociedades actuales más desarrolladas. Aunque queden vestigios.

En los sesenta y setenta pocas dudas existían sobre que la clase trabajadora era “el sujeto”, tampoco lo dudaba el peronismo histórico. Y se desarrollaran políticas de organización (aún no superadas) en el movimiento campesino o en el movimiento villero, por ejemplo. Hoy en día la idea de “multisujeto”, parece ignorar la historia. Pero esto es porque su comprensión de las reivindicaciones diversas populares pasa por “otro lado”: el sujeto (o sujetos) de género, o étnico es puesto en algunas corrientes de influencia en la militancia progresista como eje alternativo o en pie de igualdad, con el trabajador, y como parte de una disputa ideológica contra la cuestión de la clase o la nación.

¿Cómo fue la historia del movimiento obrero argentino? ¿fue discriminativa? ¿Excluyente? ¿Segmentada? En ese sentido podemos ver que trabajadores de diverso origen, cuyos “ancestros” provienen de muy diversos lugares del planeta, o sea, desde las llanuras ucranianas hasta los bosques chaqueños, son una unidad construida en los lugares de trabajo y cuya realidad se ve claramente si uno observa a la conducción sindical histórica, pero aún más la pos peronista. O sea un Yasky o un Shmid no difieren en tanto dirigentes de sindicatos o jefes de proyección política de un Moyano o un Martínez (aunque el origen de este último parezca asociarse más a las filas de la policía, pero para el ejemplo sirve lo mismo): no hay diferencias étnicas que tengan implicancia histórica en el sindicalismo argentino. La clase obrera argentina unificó a todos los trabajadores en una única cultura obrera nacional y que dio origen a un modelo sindical compartido, el acceso a la conducción sindical no esta limitado bajo ningún aspecto por el origen étnico, ni siquiera por si es un inmigrante, solo por el hecho de ser parte de la clase obrera nacional no coyunturalmente, estar en cierta forma “nacionalizado”.

Quizás en una época se intentó inventarlas desde ámbitos académicos y fue tomada por sectores de izquierda en sus variantes gorilas. Cuando el sociólogo italiano Gino Germani acusaba de retrasados (heterónomos, significa eso: retrasados) a los morochos del interior, frente a los “clasistas” de origen europeo (sin dudas mas blancos ¿no?), nada mas falso y alienado proviniendo de un intelectual. Y muy dañino, más que para la clase obrera, cuya realidad de unidad era objetiva e histórica, para la militancia que asumió esas premisas hoy superadas. Pero según parece sólo hasta hoy, ya que nuevas ideas multisujeto, plurinación, plurigénero y multiculturales, son asumidas como determinantes (totalitarias) de la construcción de alternativas al sistema por una nueva camada de intelectuales y activismo progresista que mira al pueblo y lo clasifica con esas anteojeras.

Sin embargo la histórica unidad, que superó ampliamente las diferencias de origen, es una de las características positivas de nuestra clase trabajadora, la no existencia de fracciones en tanto origen étnico o nacional. Los trabajadores argentinos, pasadas las primeras décadas de la gran inmigración, dejaron de tener identidades relevantes que los aglutinaran por origen. La divisiones fueron políticas o de métodos de lucha, etc. Pero la tendencia del movimiento obrero fue a la unidad. Y es una tendencia que se sostiene y se manifiesta en el debate organizativo por incluir en las organizaciones sindicales madres a los movimientos de trabajadores no formales o desocupados, llamados “sociales”.

Cuando hablamos del tema “género” para la clase trabajadora debemos pensarlo en sus categorías significativas: mujeres y hombres. Allí sí encontramos una presencia abrumadora de hombres en la dirección sindical. ¿Por qué? Muchas son la causas, quizás las características “duras”, “físicas” de la lucha desplaza un poco a las mujeres. Pero esto no es lo importante para nosotros. Si bien la presencia de la mujer en el ámbito laboral tiene muchos años, es mucho mas pareja en tiempos recientes. Sin embargo la mayoría de los gremios son en sus componentes abrumadamente masculinos. Transporte, la mayoría de las industrias, la construcción, son trabajos con muchos hombres, quizás ahora eso se haya corregido en algunas industrias. Pero la mayoría de las mujeres se concentran en educación, empleos administrativos, profesionales, algunas ramas de la industria, sanidad y abrumadamente en empleo domestico, de ninguna sindicalización. En los gremios no hay discriminación salarial entre hombres y mujeres. Una metalúrgica gana lo mismo que un metalúrgico si esta en el mismo puesto. Y así en todos los gremios. El tema es que textiles, por ejemplo, está muy precarizado y el empleo doméstico es absolutamente precario. Lo que si podemos ver es que en gremios industriales con horarios estrictos y, más allá de los convenios igualitarios, la cuestión de la mujer tiene algunas aristas específicas. Una de ellas es el trabajo hogareño o con los hijos. El cual recargado sólo sobre la mujer y sin un sistema de guarderías o colaboración en la limpieza se torna una carga extra para las mujeres casadas. Eso se relaciona con un cambio cultural necesario, pero también con instituciones económicas y estatales que permitan descargar este trabajo si es que la mujer se incorpora plenamente al mercado laboral en ramas de la producción “duras”.

Por también siguen siendo hombres en general lo que trabajan en esas ramas.

O sea no hay discriminación específica de la mujer que admita una lucha por afuera de su condición de trabajadora que no pueda y deba ser asumida por el gremio en su conjunto. No puede haber “día de la trabajadora” separado del “día del trabajador”. En realidad ya existe un día específico de la mujer trabajadora que es el 8 de marzo. Pero el día del trabajador, 1 de mayo, es de hombres y mujeres. No puede haber gremios de mujeres o agrupaciones de mujeres que encaren solo problemas de mujeres como distintos (y hasta enfrentados a los de los hombres), no hay hombres y mujeres hay trabajadores. Si fuera así debilitarían la lucha de la clase. Aunque está claro que en algunos gremios la representación de la mujer es menor de la lógica de acuerdo al número de mujeres que están asalariadas en ese sector.

Entonces, ante el nuevo modo de acumulación, ante esta nueva estructura del capitalismo y su implicancia en el mercado laboral que cobró forma en los 90 y que segmentó a la clase obrera, es indispensable no asumir ideologías que tiendan a fraccionar a la clase trabajadora en grupos étnicos, nacionales, de genero, o de otro tipo puedan desarrollarse. Tampoco creer que el trabajo y la producción ya no es central, asumiendo que la realidad social de fondo se puede transformar significativamente por luchas diversas. Es claro que en un mundo del trabajo donde el capital crea nuevas formas de acumulación y genera grupos de trabajadores separados entre sí, la fuerza de ideologías disgregacionistas puede tener mas adeptos. Un núcleo de trabajadores formales, otro contratado y flexible, otro precario, otro por cuenta propia y separado en pequeñas unidades, hasta individuales, muchos separados del núcleo empresario, más una masa por debajo de cualquier situación laboral integrada, más una dirección sindical errática (para ser suaves) sin dudas abren el juego a la dispersión.

Pero eso no es un éxito del progreso humano, sino un éxito, una victoria del capital sobre el trabajo, crear ideologías que lo justifique, lo favorezca, o desvíe la importancia fundamental de este hecho sobre todos los demás que afectan a la vida de las personas, es poco razonable desde las perspectivas que piensan la liberación. Es claro que a nivel estructura sindical eso no se nota aún. Pero teniendo en cuenta cierta falencia de representatividad de los antiguos sindicatos “fordistas” en las fracciones precarizadas hay que rescatar esta unidad histórica que rechazó el factor cultural, religioso o étnico como relevante.

Desde afuera de las organizaciones sindicales tradicionales, algunas ideologías que tienden a acentuar las diferencias de origen o cultura por sobre la unidad de la clase trabajadora parten de principios en los cuales lo fundamental en la historia de la humanidad es, por ejemplo, el género o la división entre hombres y mujeres (se busca enseñar una “historia de genero” una “perspectiva de género”), o el rescate cultural de tradiciones casi muertas para revivirlas como identidades nacionales de diversos grupos diferentes a la “nación argentina”, la cual no existiría frente a estas nuevas naciones. Sin embargo, estas ideologías no plantean, como lo hacían los antiguos anarquistas, o marxistas más universalistas, la evolución hacia un mundo unificado, sino que se aproximan mas a la visión del italiano Toni Negri de “multitud” en el marco de un “imperio”. Esa idea que cayo bajo los misiles occidentales y la plétora de invasiones, guerras y una nueva geopolítica multipolar con potencias y subpotencias enfrentadas y en competencia. Resurge de nueva forma ahora al calor de una tendencia en la militancia progresista de movimientos sociales y partidos de clase media. En realidad desde afuera de estos y los “penetra”, o se asume por oportunismo Se combina con el “populismo” (la categoría populismo da para cualquier cosa evidentemente) de nuestro compatriota Laclau (que sorprendentemente penetró al peronismo kirchnerista), y penetra movimiento nacionales que deberían parecer inmunes a estas ideas. Disminuye al mínimo la cuestión nacional (que es centralmente económica, de liberación nacional, y de unidad del “pueblo nación” contra opresores cambiantes) y hace de la clase trabajadora un “sector mas”.

Quizás hoy, una idea como la que expresamos pueda ser impugnada por muchos acusando la falta de representatividad e incapacidad de las direcciones sindicales de ocupar un rol determinate en la aglutinación de las luchas y de ser representativos de la mayoría de los oprimidos. Eso es así si vemos solo el plano de las superestructuras y las formas tradicionales “fordistas” de organización. Ciertamente hoy nos encontramos con un fenómeno que es la posición aparentemente hegemónica de una corriente histórica del movimiento obrero: los participacionistas (y conciladores). No es la “burocracia sindical” tradicional. Esta podía ser Lorenzo Miguel o Moyano o Vandor. Esa era una fuerza capaz de impulsar importantes luchas, o negociarlas, pero no pedía su independencia política de cara al estado y la clase dominante. Podía perder, apostar a componendas que llevaran a la derrota. Los participacionistas son otra cosa, eran los Coria, o los Triaca, Cavalieri o Rodríguez. Sindicalistas de gestión asociados a las empresas y Estado como parte de un sistema, como un engranaje , como una “oficina” autónoma. Pero la hegemonía de este sector, en el sindicalismo tradicional, se basa en la exclusión de las grandes cantidades de trabajadores de los segmentos mas perjudicados, tal como lo exige el capital. Es parte de una lucha interna de la clase trabajadora en su conjunto, fue la clase trabajadora la que los desplazó en el pasado y lo será en el futuro.. Pero creer que una crisis de organización, representatividad o dirección expresa un desplazamiento de la centralidad del trabajo en la producción de riqueza y el desplazamiento del “sujeto” a otros sectores indirectamente relacionados con la producción es un error. No hay una sociedad alternativa y mejor por fuera de la transformación de la relaciones entre capital y trabajo, por fuera de la eliminación de la explotación de la “nación” por el “imperio”.

Una organización de trabajadores debe tender a la unidad en su condición de trabajadores argentinos con reivindicaciones que hacen a la nación argentina y al estado argentino. Los trabajadores son argentinos así sean bolivianos (por ejemplo), porque trabajan en argentina y producen en argentina. Debe tender a dar cuenta de los cambios en el modo de acumulación capitalista y la segmentación de la clase trabajadora uniendo a todas sus fracciones y a sus “estamentos” de precarizados, sindicalizados y profesionales. La lucha de los obreros es nacional y por eso su organización debe ser unificada ignorando lo que la posmodernidad considera factores relevantes. O mas bien incorporando todas la reivindicaciones ociales que hacen a la construcción de un a sociedad mas justa

Por ello, las nuevas ideologías que colocan en pie de igualdad las luchas mas diversas y aun minoritarias , se equivocan y hacen daño a la unidad de los trabajadores sean hombres o mujeres, de cualquier matiz pigmental o etc. Y por ello hacen daño a la lucha por la independencia nacional y la recuperación de las palancas que hacen al control del funcionamiento del país. Porque las luchas por la transformación radical del sistema y por la liberación nacional que van asociadas a esta primer cuestión, la existencia de una clase trabajadora nacional capaz de ser el “sujeto”. Y solo se logra recuperando la capacidad de resolver las contradicciones que permiten el desarrollo y apropiación de la riqueza. No implica esto la ignorancia de discriminaciones diversas, que existen. Pero a nivel sindical los pergaminos se construyen en la lucha (o en la tranza) y estas luchas y tranzas no tiene relación con barreras étnicas o de genero.

Es cierto y lógico en cierta forma, que ideologías posmodernas tiendan a tomar la representación por reivindicaciones diversas y eso se apoya en la realidad de un sistema que ha fragmentado a los oprimidos. Pero nosotros luchamos contra ese sistema no lo aceptamos como un dato definitivo, y en ese sentido rescatamos la unidad de la clase trabajadora nacional, y la realización de una organización económica que integre a todos en un sistema más justo donde todos produzcan y se realicen mediante un trabajo que haga a la riqueza colectiva.

En estos días se conmemora un nuevo primero de mayo. En una etapa de grandes movilizaciones de masas sin una orientación que les de un destino, la clase trabajadora, sus organizaciones, no pueden montar un acto que exprese la fuerza social de las luchas y les de un horizonte. Solo unas pequeñas actividades simbólicas, de compromiso, parecen ignorar que cientos de miles de personas salen a las calles por las mas diversas reivindicaciones pero todas “de resistencia”. Pareciera ser una cuestión de complicidad o desorientación del movimiento obrero organizado y no una cuestión de debilidad. Sin embargo esta debilidad es sólo de la dirección no de la potencia que ya fue puesta en acto varias veces y desperdiciada. Sólo una unidad de lucha que vaya en contra de las cuestiones estructurales del proyecto macrista construirá una alternativa real y obstaculizará la realización de las transformaciones reaccionarias que se imponen actualmente. Y en esa dirección los “conciliadores” quedarán en el camino.

Guillermo Caviasca UBA/UNLP

Articulo escrito para la revista Zoom

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=241444

 

 

2) El relato mistificador del progresismo K liderando al Partido Justicialista. Porque soslaya lo medular de doce años de gobiernos K, el hecho de recomponer la acumulación gran capitalista local e imperialista a costa de la optimización en la expansión de los extractivismos. Privilegiar a ese poder real implicó:

El imperativo de examinar las llamadas transformaciones democráticas hechas  por los gobiernos K choca con el predominio de relatos sin análisis de porqué no fueron estructurales, cómo fueron apropiadas bloqueando el potencial subversivo de quienes las reivindicaban y en qué se relacionaron con la  modelación de consenso en torno al Estado que, al decir de Edgardo Lander, "es identificado con la nación, con el pueblo y con el bien común, y es en consecuencia el lugar donde tienen necesariamente que concentrarse todas las iniciativas y principales decisiones".

 

Convocatorias a involucrarse en el Kirchnerismo, como la siguiente, se basan en la visión dicotómica de la realidad que no sólo es maniquea sino sobre todo menosprecia el discernimiento de los de abajo, los ve principalmente objeto de la manipulación de arriba y del señalamiento iluminado de cómo actuar.

Les falta escrutinio, por ejemplo, Carlos A. Larriera da por sentado lo subrayado en azul y concluye: "La desdemonización del kirchnerismo es una condición necesaria para avanzar en la conciencia general del pueblo, sin la cual es imposible la victoria sobre el actual poder dominante mundial". Pero enfocar al Capital-Estado y  al Capitaloceno es atender e involucrarse en las resistencias contra el avasallamiento de derechos por la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales.

 

 

Es necesaria la desdemonización del kirchnerismo

11 de abril de 2018

 

Por Carlos A. Larriera (Rebelión)

No hay ningún hecho que justifique el odio cerrado de mucha gente con Cristina Fernández de Kirchner (CFK) corporizando al kirchnerismo en general.

Este odio está metido hasta los huesos en gran parte de la población, en base a la eficasísima campaña de los medios de comunicación que “informaron” multitud de acciones del anterior gobierno que nunca existieron, pero lo hicieron siguiendo la metodología de la “posverdad”, es decir, “no importa si lo que decimos es verdad, sino que la gente lo crea”. Por supuesto que para lograr esto contaron con el cuasi monopolio de todos los medios de comunicación, TV, radio, diarios, periódicos, revistas, internet, etc.

Para aquellas personas que se interesan en saber la verdad y hacen pequeñas o grandes investigaciones por su cuenta, los sitios de internet alternativos fueron suficientes para desenmascarar las mentiras de la oposición destituyente al anterior gobierno, y las del gobierno actual. Pero una gran parte de la población no realiza esta tarea. Y la prensa progresista como Página 12 estaba también demonizada, y lo sigue estando.

Para crear esa falsa imagen tan negativa de CFK, utilizaron también un aparato de propaganda que apuntaba a manipular la subjetividad de las personas en lugar de argumentar, con algún fundamento, en hechos reales. No sólo era y es Durán Barba, sino todo un equipo de publicistas, argentinos y extranjeros, muchos designados por la Embajada de EEUU los que organizaron la campaña “subliminal”[1] contra el kirchnerismo.

El anterior fue un gobierno de clase media, que respetó el funcionamiento general del capitalismo; por lo tanto no afectó la concentración económica, la gran propiedad agraria, y la economía en su casi totalidad en manos privadas, extranjeras y oligopólicas. Al mismo tiempo llevó adelante una serie muy importante de reformas sociales, y crecimiento de la infraestructura más que en ningún otro gobierno en la historia argentina, al igual que la extensión de los derechos humanos.

Sin enfrentar directamente al capital concentrado y centralizado internacional (CCyCI), que es el verdadero poder que domina en la Argentina y el mundo, sentó en buena medida, las bases de un desarrollo económico más integral, potenciando la ciencia y la tecnología, la educación, la salud, el empleo, la jubilación, la interconexión de grandes distancias con electricidad, el comienzo de la reconstrucción de los ferrocarriles, conductos cloacales, agua corriente y en general fue construyendo las cimientos, hasta cierto punto, de un mayor “crecimiento con inclusión social”. Además se liberó de la carga de la deuda externa, si bien pagando millones de dólares, pero muchos menos que el reclamo nominal que se hacía por la misma. El país adquirió así un cierto grado de independencia económica, y el aumento de la cantidad de escuelas y universidades, recuperación de las escuelas técnicas, retorno de más de mil científicos al país y construcción de laboratorios para que pudieran realizar su trabajo al nivel del adelanto tecnológico mundial. Llegó a fabricar tres satélites totalmente en el país, lo que lo colocaba en el octavo lugar en este rubro.

Sin embargo el CCyCI internacional permaneció intacto, obtuvo grandes ganancias y continuó su concentración, centralización, extranjerización, oligopolización y privatización. Hay que aclarar que el proceso de concentración y centralización es imparable bajo el capitalismo, la única posibilidad de hacerlo es expropiándolo, extremo al que nunca pensaron llegar los Kirchner, porque no era su objetivo, porque no tenían suficiente relación de fuerzas ni tampoco supieron construirla, o por otras razones.

A pesar de todo esto al CCyCI le resultaba insoportable el gobierno kirchnerista por una multitud de razones. En primer lugar porque dificultaba su saqueo abierto e implacable, como sí lo hace el actual gobierno. Segundo porque mostraba que dentro del capitalismo se puede vivir mejor, y eso fue incorporado cada vez más en la conciencia de la población, que no podía saber que bajo el capitalismo es imposible mantener esa mejoría mucho tiempo. El gran capital siempre termina anulando de una manera u otra estas reformas. En tercer lugar porque gran parte de la población comenzó a entender, aunque con distorsiones propias de la ideología de conciliación de clases del kirchnerismo, la naturaleza del CCyCI, su poder económico mundial, y ese aumento de la conciencia se volvía cada vez más peligroso para el poder del gran capital.

Ahora se dice que CFK no puede ser candidata porque tiene un techo limitado producto de esa demonización. No puede ser que existan candidatos, no solamente CFK, que estén demonizados y por lo tanto no puedan presentarse en las elecciones, o por lo menos vean muy restringida su presentación.

Esto es inocultablemente una política del gran capital. Demoniza al que le pone piedras en el camino, sin piedad, aún cuando se dé el caso de que en lugar de piedras sean piedritas.

Lo más importante de todo es que el pueblo tiene que tener claro quién es quién en la escena política nacional. Qué defiende de cada uno, cada organización, cada partido, cada fracción interna dentro de los partidos, etc.

Es necesario conocer las diferencias por un lado de un gobierno con todas sus limitaciones como el kirchnerismo pero que tenía sinceras intenciones de promover el “crecimiento con inclusión social”. Que cree en la utopía que se puede lograr ese crecimiento bajo el capitalismo de manera sustentable en el tiempo. Y por el otro un gobierno como el actual que es de saqueo directo del CCyCI, no respetando ni siquiera las instituciones democrático burguesas vigentes en el país. Estas instituciones están muy lejos de corresponder a una verdadera democracia al punto que en la propia Constitución se establece que “el pueblo no delibera ni gobierna…”. Baja deliberadamente el salario real y la jubilación real, crea una desocupación cada vez más generalizada, utiliza la represión directa sin ningún reparo, justificándola en múltiples discursos, buscando intimidar al pueblo, desanimarlo, quebrarlo, someterlo a la resignación, para continuar con su plan de saqueo sin ningún freno, sin nada que lo dificulte.

En palabras de políticos y comentaristas progresistas ha desaparecido o está desapareciendo el Estado de derecho. Se define a la República democrática como una forma de gobierno que se maneja en base al respeto a las leyes, empezando por la misma Constitución. Esto ha desaparecido con el macrismo, es decir ha desaparecido la República, el llamado Estado de derecho. Este gobierno anuló, con una gran cantidad de decretos, falsamente de “necesidad y urgencia” (DNU) la mayoría de las leyes progresistas sancionadas por el gobierno anterior, que sí fueron proclamadas respetando las leyes, votándolas en el Parlamento. Además no solamente ha utilizado masivamente falsos DNU sino que ha utilizado el veto presidencial a leyes que había votado el actual Parlamento.

La principal necesidad de desdemonización del kirchnerismo radica en poder ver la realidad objetivamente, ver las diferencias entre un gobierno y otro, entre sus diferentes políticos, y en sus diferentes objetivos: el anterior “crecimiento con inclusión social”, el actual, saqueo.

Y esa diferencia de objetivos se refleja en la diferente política represiva. El anterior gobierno prometió no reprimir la protesta social, y en lo que respecta al gobierno nacional, cumplió en un 90%. El actual tiene como estrategia reprimir la protesta social, reprimir las voces disidentes, reprimir todo lo que se interponga con mayor o menor fuerza a su política de saqueo. Esto último lo complementa con una política muy eficaz y sofisticada de engaño al pueblo. Este engaño debe ser combatido. Es imprescindible, imperioso, que el pueblo diferencie las políticas de uno y otro gobierno, sin que esto signifique la promoción de la adhesión al kirchnerismo. La población necesita comprender cómo funciona el mundo, en particular la ofensiva mundial despiadada del CCyCI.

En el anterior gobierno la lucha social se encausaba principalmente en mejorar las condiciones de vida, ir por más, sin sufrir prácticamente represión a la protesta social. En el actual la lucha social cada vez más se dedica a evitar el asesinato, la represión, la cárcel sin justificación, por la libertad de los detenidos políticos, en definitiva la lucha es esencialmente defensiva, en lugar de centrarse en “ir por más”.

Sin la desdemonización del kirchnerismo es imposible comprender cuáles son las distintas políticas que se llevan a cabo en el país, y la mitad de la población seguirá sometida al engaño constante. El poder económico tiene la gran capacidad de cambiar permanentemente su discurso para encubrir cada nuevo paso que da en el saqueo que realiza.

Los cantos insultando al presidente rebelan que buena parte del pueblo ha tomado nota de cuál es la política real de este gobierno. El poder dominante tiene una gran capacidad de desviar permanentemente la protesta política que va dirigida directamente al presidente y al gobierno en general inventando constantemente chivos expiatorios en su reemplazo. El gran capital provoca la crisis, la población aumenta cada vez más la resistencia. El mismo poder económico trabaja para desviar esa protesta hacia los representantes más cercanos al pueblo, que son los que molestan al poder. Tira la piedra, esconde la mano, y señala otra mano de entre sus enemigos. Trabaja permanentemente, inventando nuevos discursos engañosos muy efectivos. Para eso cuenta con un gran aparato internacional de publicidad, utilizando la misma crisis que provoca, y el consiguiente descontento que surge en la población, para demonizar aún más al espectro político progresista.

La desdemonización del kirchnerismo es una condición necesaria para avanzar en la conciencia general del pueblo, sin la cual es imposible la victoria sobre el actual poder dominante mundial.

Nota:

[1] Con referencia, por ejemplo, a pasar imágenes por TV que son captadas por el ojo humano y procesadas por el cerebro, pero que por su velocidad no son registradas concientemente. Se pasa la propaganda “tome Coca-Cola” en forma subliminal y aumenta el consumo de esa bebida. Es un caso particular de la propaganda dirigida a la subjetividad pasando la barrera de lo conciente.

Fuente: http://rebelion.org/noticia.php?id=240166

En consecuencia, abajo y a la izquierda, tenemos el desafío de multiplicarnos en el esmero por independizarnos del Partido Justicialista cualquiera sea su líder. Ante todo extendamos y profundicemos el reconocimiento sobre:

 

a) Las relaciones mayoritarias con los gremios y  la Confederación General del Trabajo (CGT), las burocracias sindicales se deben prioritariamente a las obras sociales. Es hora de cuestionarlas y a nuestras razones de sostenerlas e incluso naturalizarlas.

 

Obras sociales: Otro malentendido peronista

28 de noviembre de 2010

Por Mario Moldovan

 

Por obra y gracia de las miserias políticas, las obras sociales sindicales están en el ojo de la tormenta. Existe un viejo malentendido según el cual son la quintaesencia de la doctrina peronista. Sin embargo, son el fruto de un acuerdo entre la dictadura militar de Onganía y los sindicalistas que quisieron reemplazar a Perón.

Por obra y gracia de las miserias políticas, las obras sociales sindicales están en el ojo de la tormenta. Varios jueces federales hasta se pelean para allanar sindicatos, obras sociales y droguerías. Ayer hubo casi 50 allanamientos.

Está en juego el tema de los medicamentos truchos pero en el camino saltaron los enjuagues de dinero, las malas o inexistentes prestaciones y las defraudaciones varias. Para no hablar del enriquecimiento ilícito.

(...)El legado de Onganía

Este año se cumple un aniversario redondo de la ley 18610 que promulgó el general Juan Carlos Onganía, en 1970, para los muchachos de la patria sindical.
Cuentan que uno de ellos al recibir el preciado negocio dijo: “me parece que con esto nos hacemos ricos pero se acabó la resistencia peronista”.

Hagamos un poco de historia. Antes de 1946 prácticamente no existía la Salud Pública; la medicina era una función privada y si eras pobre te arreglabas con la curandera.

Por eso algunos pocos y poderosos gremios empezaron con la noble acción mutualista para cubrir los requerimientos de sus afiliados.

La Unión Ferroviaria, la misma (pero distinta) que ahora sostiene matones y asesinos para garantizar los negocios privados de sus dirigentes, fue pionera en la materia. En 1919 abrió su propia Caja de Jubilaciones y unos años después el Hogar Ferroviario. En 1940 llegaron a tener su propio Hospital, clausurado en el fatídico año 1999. Pero era una excepción.

El cambio llegó con Perón. El tipo vio la luz en el horizonte y fue hacia allá. Por decreto, en el 45, organizó las Asociaciones Profesionales de Trabajadores que, con apoyo estatal, permitieron profundizar el proceso iniciado por la Unión Ferroviaria y otras entidades gremiales.

Pero la revolución vino después, cuando en el 46 se desarrolla el concepto de Sistema de Salud Asistencialista. En este sistema había lugar y mucho para las obras sociales, pero el principio era que el Estado Nacional financiara a todo el sistema de salud con rentas generales.

Vaya a saber por qué, pero este Perón no repartía subsidios para obras sociales sindicales, prefería hacer hospitales públicos. Este Perón no inauguraba sanatorios truchos de sindicalistas-gerentes, prefería tener a Ramón Carrillo frente al Ministerio de Salud.

Y hay más de Perón, porque en 1974 –a cuatro añitos del negocio entre Onganía, Francisco Manrique y Vandor- hizo aprobar la ley 20.748 conocida como Sistema Nacional Integrado de Salud, resistida por todo el sindicalismo peronista.

Esa ley no llegó a implementarse y finalmente en 1980 fue anulada por el Proceso Militar.

Todos los intentos posteriores para crear un sistema nacional de salud y desregular el poder sindical, a manos por ejemplo del radicalismo, se estrellaron en la impotencia. Y el sistema engordó de la mano de los Gordos y también con la ayudita del menemismo, que con el cuento de desregular le abrió la puerta del gallinero al zorro de la medicina pre-paga privada.

Lo que está saltando hoy en los juzgados tiene que ver con delitos concretos pero también es la punta de un iceberg, la de un sistema de negocios y control político creado hace cincuenta años. Y ahí están todos, hasta los que pelearon contra Menem y se quedaron con la CGT, los que después de denunciar la Banelco se miraron al espejo y se preguntaron ¿Por qué yo no, si somos todos peronistas?

Mientras los juzgados amenazan con un mani pulite de las obras sociales, el Senado introdujo algunas modificaciones al sistema privado de pre pagas. El tema vuelve ahora a Diputados.

Se trata de un negocio multimillonario donde un grupo de empresarios son socios, cómplices o cafishios de sindicalistas. Los privados se quedaron con la crema sin olvidarse de la masa de la torta. Porque las obras sociales les ceden afiliados a cambio de jugosas comisiones. También hay que mirar y mucho para ese lado. Y a ver si sale otro tiro para el lado de la justicia.

Fuente: http://www.lapoliticaonline.com/nota/73781

 

b) La memoria de quienes fueron asesinados, secuestrados y desaparecidos por el PJ y la dictadura genocida, también de quienes vivieron después de la última y se mantuvieron coherentes con sus ideales socialistas no debe conducirnos a soslayar la realidad de derecha política del PJ en el pasado y la actualidad.

 

Reflexiones sobre el peronismo de izquierda

28 de julio de 2012

Por Rolando Astarita

 

Por estos días he terminado de leer el primer tomo de El peronismo. Filosofía política de una persistencia argentina (Buenos Aires, Planeta, 2010), de José Pablo Feinmann. Es un texto interesante, que puede ser disparador de varios debates. También el segundo volumen contiene material importante, aunque se repiten algunas temáticas y argumentos ya planteados en el primer tomo. En esta nota realizo algunas reflexiones sobre el peronismo de izquierda revolucionario, a partir de la presentación que hace Feinmann de las posiciones de esta corriente en las décadas de los 50 a los 70. En lo que sigue también utilizo Nacionalismo burgués y nacionalismo revolucionario (Buenos Aires, Contrapunto, 1986), del artista plástico y militante del peronismo de izquierda, Ricardo Carpani.

 

El “viejo” peronismo revolucionario

En opinión de Feinmann, el mejor representante del peronismo revolucionario ha sido John William Cooke. Efectivamente, Cooke es clave para entender a la militancia peronista que buscó trabajar desde el seno del movimiento de masas, en un sentido socialista. Dado que mucha gente joven no lo conoce, en el Apéndice reseño brevemente su vida.

 

Una de las primeras cuestiones que destaca Feinmann es que Cooke pensaba que la lucha revolucionaria debía ser protagonizada por las masas, y no por vanguardias iluminadas. Por eso, y a pesar de su respeto y amistad con el Che, Cooke nunca fue foquista. “La concepción de Cooke no es la de Guevara… Para Cooke la cosa no es primero el foco, después el pueblo. No es primero una minoría y después las masas. (…) El verdadero revolucionario es aquel que trabaja con y desde las masas” (Feinmann, p. 382). A partir de aquí, y siendo Cooke socialista, el problema que se plantea es cómo lograr que la clase obrera argentina asuma un programa y una estrategia socialistas. La respuesta a este interrogante se articula en base a dos supuestos centrales: que el peronismo no puede ser asimilado por el régimen burgués; y que desde el peronismo se podía radicalizar el enfrentamiento de las masas peronistas con la clase capitalista,

 superando al propio peronismo.

La idea de que el peronismo no es asimilable está sintetizada en la famosa frase de Cooke, “el peronismo es el hecho maldito del país burgués”. ¿Por qué? Pues porque Perón era el líder del enemigo de la burguesía, y el peronismo había soliviantado a esas masas trabajadoras (por ejemplo, otorgando grandes derechos sindicales). De ahí que el movimiento nacional no podría ser integrado en el régimen democrático burgués: “El régimen no puede institucionalizarse como democracia burguesa porque el peronismo obtendría el gobierno”, escribía Cooke en “La revolución y el peronismo”, (citado por Feinmann, p. 388). Y dado que las masas eran peronistas, había que ingresar al peronismo para dar la batalla desde allí. En palabras de Feinmann: “Cooke… es el ideólogo del peronismo revolucionario porque es el ideólogo del entrismo en las masas. Somos peronistas porque las masas lo son y debemos llevarlas hacia la lucha por la liberación nacional” (p. 375). Aquí está el origen conceptual de la izquierda peronista.

 

Aunque se refiere en particular a la izquierda peronista que no cayó en el vanguardismo, al estilo de los Montoneros. Feinmann agrega: “hay que estar en el peronismo porque ahí están las masas y sin las masas no hay revolución posible, sino que se genera el vanguardismo sin pueblo que termina girando en el vacío” (p. 378). Y en un diálogo imaginario con René Salamanca (dirigente de los obreros mecánicos de Córdoba, militante del PCR), le hace decir a Cooke: “la identidad política de los obreros argentinos es el peronismo. No estar ahí, es estar fuera”. En otro pasaje, Feinmann anota: “La sustancia de la revolución son las masas. De aquí que el peronismo se presentara tentador. Con un empujoncito más hacemos de este pueblo un pueblo revolucionario y el líder (Perón) no tendrá más que aceptarlo. No se trabajaba sólo para obedecer a Perón y aceptar su conducción literalmente. (…) Se trabajaba para que el pueblo peronista diera hacia adelante el paso que aún lo alejaba de las consignas de lucha socialistas. Una vez producido esto, Perón no tendría más remedio que aceptarlo. El que entiende esto entiende todo el fenómeno complejo de la izquierda peronista” (p. 384). Esto resume lo central del pensamiento de la izquierda peronista (aclaremos, la izquierda peronista que se proponía avanzar al socialismo; bastante distinto de lo que hoy se presenta como “izquierda” peronista).

 

La liberación nacional conduce al socialismo

Además de la imposibilidad de integración al régimen burgués, el otro elemento fundamental es que se asumía al peronismo como un movimiento de liberación y afirmación nacional; y por aquellos años 60 y 70 toda la izquierda pensaba que la liberación nacional sólo podría imponerse enfrentando con métodos revolucionarios al imperialismo. Pero esto llevaría al socialismo. Por lo cual, el peronismo (como le sucedería a todo movimiento del liberación nacional) sería superado-conservado (el aufhebung hegeliano) por el socialismo (la formulación es de Feinmann). En otras palabras, el capitalismo sería derrotado porque la lucha contra el colonialismo sería imparable, y el imperialismo no podría absorberla.

 

Enfaticemos que en el peronismo de izquierda existía claridad en cuanto al carácter burgués del peronismo, y por eso “no se trabajaba sólo para obedecer a Perón y aceptar su conducción literalmente”. Había conciencia de que Perón era, en última instancia, “un representante de la burguesía, del capitalismo” (Feinmann, p. 232), y el peronismo, a lo sumo, un “movimiento capitalista humanitario y distribucionista” (ídem, p. 220). Pero a partir de sus contradicciones con el imperialismo y sus “agentes locales” (la oligarquía, el capital financiero, el gran capital local), se visualizaba la posibilidad de que iniciara el tránsito al socialismo, ya que el imperialismo no podía absorber la lucha por la liberación. Con esta perspectiva en mente, Cooke invita, en los años 1960, a Perón a sumarse a un “frente revolucionario extendido en todo el planeta” (carta de Cooke a Perón, citada por Feinmann en p. 397). En ese frente participaban Ben Bella (Argelia), Sekú Torué (líder de la independencia y presidente de Guinea), Nkrumah (líder de la lucha por la independencia de Ghana), Nasser (Egipto), Tito (Yugoslavia) y Castro.

 

Aunque Perón no siguió el consejo de Cooke, lo importante es que la militancia peronista de izquierda creía que la historia empujaría al movimiento nacional a superar sus propios límites; incluso en contra de los deseos de su conductor. En este respecto, la diferencia con la izquierda radicalizada y no peronista no pasaba tanto por el pronóstico histórico general (“el triunfo de la liberación nacional llevará al socialismo”), sino sobre que ese proceso pudiera ocurrir desde el peronismo. La izquierda radicalizada (guevarista, trotskista, maoista) pensaba que el peronismo tenía limites de clase precisos. La izquierda peronista, en cambio, veía el desenlace socialista como muy probable. Al margen de lo que quisiera Perón, las masas empujarían en dirección al socialismo, superando las limitaciones de la propia dirección. La Resistencia había galvanizado el proyecto. Esta perspectiva llevaba, en los mejores exponentes del peronismo revolucionario, a cuestionar abiertamente el carácter burgués del movimiento. Esto se aprecia claramente en el siguiente texto de Carpani, que es de 1972: “Finalmente, (el peronismo revolucionario) delimita y profundiza su conciencia y sus objetivos a partir de la caída de Perón en 1955, durante la Resistencia Peronista y las luchas posteriores, que desembocan en la conformación de un pensamiento peronista revolucionario, plenamente consciente de sus objetivos de clase y tajantemente diferenciado del peronismo burgués y burocrático” (p. 70). Carpani llega a decir que para avanzar no hay siquiera que conformarse con un programa de estatizaciones, como habían planteado los programas de La Falda, Huerta Grande o de la CGT de los Argentinos. Explícitamente criticaba “la creencia de que, sobre la base de un programa de nacionalización de los recursos fundamentales, pero manteniendo en lo esencial el régimen de la propiedad privada, existía la posibilidad para esa burguesía (se refiere a la burguesía industrial argentina) de un destino independiente del imperialismo” (p. 73). Una afirmación de este tipo podía suscribirla tranquilamente cualquier trotskista de aquellos años. Aquella militancia “del movimiento nacional” advertía que existía una división profunda entre el peronismo burgués (burocrático, acomodaticio, institucional) y el peronismo revolucionario que reivindicaba, y al que identificaba con la clase obrera, con los explotados.

 

Ni punto de contacto con lo de hoy

Cualquiera que siga medianamente la política actual podrá apreciar la distancia que media entre aquella vieja izquierda peronista, que se asumía como revolucionaria, y lo que hoy puede llamarse peronismo de izquierda. Cooke, o los militantes que llegaban al peronismo desde Marx (muchos hicieron este derrotero) tenían como meta el socialismo, y en este empeño llegaban a disputar no sólo con las conducciones intermedias, sino con el mismo Perón. Lo mismo sucedió con muchos (no todos) jóvenes que se iniciaron en los movimientos cristianos y nacionalistas de derecha, y terminaron en las alas de izquierda del peronismo (por ejemplo, parte de la dirección de Montoneros). Cooke criticó el Congreso de la Productividad porque intentaba aumentar la productividad a costa del esfuerzo de los trabajadores (sintomáticamente, la patronal se quejaba por entonces de la falta de disciplina obrera en las empresas); y también las negociaciones de Perón con la Standard Oil. Después del golpe de 1955, luchó en la Resistencia. Y si bien fue artífice principal del pacto con Frondizi, a partir del triunfo de la revolución cubana radicalizó su postura, y trabajó por un acercamiento del justicialismo con el castrismo. Finalmente, murió pobre y aislado. Nada que ver con una militancia “izquierdista” que hoy defiende a tránsfugas del CEMA y la Ucedé, aplaude a funcionarios que se enriquecen de la noche a la mañana participando de fabulosos negociados, y saluda como aliados a burócratas-sindicales-empresarios, para seguir a la caza de puestos, y más puestos. No quedan ni rastros de la vieja llama crítica, cuestionadora, anti-sistema.

 

Volviendo al ideario peronista revolucionario, no quiero disimular las diferencias que nos separaban. En aquellos años 70 yo militaba en el trotskismo, y los trotskistas pensábamos (como en general muchos otros marxistas) que el peronismo no podía evolucionar hacia el socialismo. Discutíamos muy fuerte sobre esto. También criticábamos el vanguardismo armado, elitista, de los Montoneros (y del ERP). Pero por encima de esas diferencias, había un sentido de pertenencia a la izquierda revolucionaria. Lo he visto y vivido (y lo mismo le ha pasado a otros compañeros) en las muchas experiencias de lucha, de organización y combates dados desde el seno del movimiento de masas. La militancia de izquierda peronista, al menos en su gran mayoría, estaba comprometida con un ideal de revolución. No sé hasta qué punto lo estaría la dirección de Montoneros (o una parte importante de ella), pero sí lo estaban cientos o miles de militantes de base, e intermedios, que se jugaban todos los días en la pelea contra burócratas o patronales. Ese peronismo de izquierda de los 70 fue girando, primero hacia la no aceptación de la conducción estratégica de Perón, luego hacia la oposición abierta, como señala Feinmann (p. 109). Como es conocido, el enfrentamiento no comenzó cuando asumió Isabel. En junio de 1974 Carpani llamaba a construir “la organización independiente de los trabajadores, que garantice la hegemonía directiva de la clase obrera en la lucha por la liberación nacional y social” (reproducido en op. cit. p. 88).

 

Por la misma época, caracterizaba la política de Perón, de 1973-4, como “una política nacionalista burguesa, fundada en un pacto social entre los trabajadores y la burguesía, tendiente en una primera etapa a renegociar la dependencia del país en términos más favorables para el sector de la burguesía industrial monopolista de capital prevalecientemente nacional”. Y agregaba: “Dicho proceso pasa por alto, tanto el grado de conciencia logrado por los sectores más combativos de la clase obrera y el nivel de sus reivindicaciones, como el carácter orgánico de la dependencia de las burguesías semicoloniales respecto al imperialismo, dependencia que se halla implícita en las mismas condiciones de supervivencia del sistema capitalista” (p. 96). Gelbard, por entonces ministro de Economía, que hoy es considerado casi un revolucionario, era definido por Carpani como un “representante conspicuo de la burguesía industrial monopolista pretendidamente nacional”. Precisemos que la política económica de Gelbard, si bien burguesa, era mucho más estatista y nacional que cualquier cosa que pueda verse hoy. ¿A quién se le podía ocurrir, en el peronismo “a lo Carpani”, que la “liberación nacional y social” iría de la mano de los Boudou y De Vido, de los Eskenazi y Cirigliano, de los Alperovich e Insfrán, de la Exxon y la Barrick Gold de entonces?

 

¿”Desencuentro trágico”?

La ruptura-enfrentamiento de los 70 entre la conducción del peronismo y la izquierda peronista no fue un proceso lineal, y tuvo muchos aspectos cuestionables. La postura que tomó Montoneros al día siguiente de Ezeiza siempre me pareció muy criticable (¿por qué callaron la aquiescencia, por decir lo menos, de Perón con la matanza?). También los silencios ensordecedores ante los primeros asesinatos de la Triple A (¿por qué se disimulaba que los asesinos tenían el respaldo del propio Perón?). Sin embargo, estas “agachadas” (así las interpretábamos desde la izquierda no peronista) no impidieron que el conflicto se profundizara. Muchos militantes de base y cuadros intermedios tenían dudas, pero ante la encrucijada de elegir entre los burócratas-burgueses, y los trabajadores, se decidieron por los trabajadores. Y el enfrentamiento fue brutal, porque los matones y asesinos tenían el apoyo del Estado (¿o acaso también hay que creer que el terrorismo de Estado comenzó el 24 de marzo de 1976?) y la vía libre de la impunidad.

 

Seamos claros: fue un enfrentamiento que afectó la médula del sistema, porque cuestionó a la burocracia sindical. En muchas empresas, en especial en metalúrgicos y mecánicos, fueron desplazadas direcciones burocráticas. Este cuestionamiento por la base al poder sindical fue, por supuesto, más peligroso para la burguesía (y para la derecha) que la Universidad “nacional y popular” (barrida por los fascistas Ivanisevich y compañía), y potencialmente más subversivo, en el largo plazo, que el accionar de los  grupos armados. El enfrentamiento era el hijo del Cordobazo, pero en una etapa superior de lucha, porque a partir del 73 el gobierno era peronista. En la izquierda se alineaban montos, peronistas de base, trotskistas, maoístas, militantes de superficie del ERP, y no pocos obreros del PC (aunque su dirección pactaba con Gelbard y Perón). Lo recuerdo bien, estábamos unidos, nos protegíamos las espaldas, porque nos enfrentábamos a la Triple A, a los burócratas que colaboraban con ella, y a las patronales que se ponían del lado de los verdugos.

 

Por supuesto, esto se trata de borrar de la memoria. Es lo que intenta Cristina K cuando dice que en los 70 hubo un “desencuentro trágico” entre la juventud peronista y la burocracia sindical. “Desencuentro trágico”. ¿Es cinismo, o simple odio de clase? ¿Se puede encontrar algo más reaccionario, en todo el sentido de la palabra? Pero es lógico, porque CK, y los obsecuentes que la aplauden, buscan borrar la memoria de una experiencia de lucha que debería grabarse a fuego en la conciencia de la clase. No olvidemos: en los 70 la juventud militante y de izquierda, con el apoyo (pasivo, en muchos casos, pero apoyo, porque la gente votaba en las empresas) empezó a desplazar direcciones traidoras y burocráticas en grandes empresas. La derecha entonces respondió asesinando, golpeando, persiguiendo por todos lados (escribo esto y me vienen a la memoria los rostros de compañeros secuestrados, asesinados, golpeados brutalmente, por el simple “pecado” de integrar una lista opositora a la burocracia, o ser delegados honestos). Mariano Grondona, a todo esto, aportaba lo suyo, comentando que López Rega hacía “el trabajo sucio, pero necesario” (Marianito, siempre tan medido). A esta experiencia extraordinaria de la clase, CK la descalifica como “desencuentro trágico”. Y los jóvenes de La Cámpora aplauden a rabiar, haciendo coro a los viejos burócratas, que asienten satisfechos.

 

La realidad es que aquella vieja izquierda se jugó la vida por acabar con los burócratas fachos y alcahuetes (¡si alcahueteaban a las patronales para que echaran “zurdos”!). Con queridos compañeros, fueran montos o del peronismo de base, he compartido reuniones de agrupaciones de empresa donde discutíamos (y a veces muy duramente), pero también organizábamos, y salían cosas medianamente buenas (un boletín de fábrica, una colecta para una huelga, o ir a visitar otros trabajadores que estaban haciendo una olla popular). Naturalmente, también compartimos la cárcel o la tortura; y el compañerismo o la amistad con tantos militantes desaparecidos. Repito, estábamos en el mismo “bando”. Entre nosotros había diferencias, pero no había “desencuentro trágico”, sino un “encuentro” consciente, porque subyacía una unidad de fondo. Hoy, en cambio, no hay encuentro posible con esa izquierda peronista que aplaude discursos que llaman “privilegiados” a los docentes, “extorsivas” a las huelgas, y acusan por “golpistas” a luchas obreras que reclaman aumentos salariales. ¿Qué tiene que ver esto con el “desarrollo de la conciencia social” del proletariado, que pedían Carpani y otros exponentes del peronismo revolucionario? En los 70 a nadie, que no fuera un amigo de López Rega, se le ocurría pensar que una huelga era “funcional a la derecha”; nadie miraba para otro lado y tapaba responsabilidades en tragedias como la de Once. Por aquellos años, a nadie de la izquierda se le cruzaba por la mente justificar el enriquecimiento sin límites del lumpen burgués-estatista, mientras agita banderas “nacionales” y condena al activismo que se levanta contra la megaminería.

 

La experiencia del “entrismo” en las masas peronistas

La historia del peronismo revolucionario “a lo Cooke” también encierra una enseñanza muy importante para la militancia de hoy: la imposibilidad de transformar “desde adentro” y desde la militancia, a un movimiento nacional burgués en un movimiento revolucionario y socialista. No fue posible en los tiempos de mayor enfrentamiento entre el peronismo proscrito y la alta burguesía argentina. En los 60, y por lo menos hasta mediados de los 70 (en 1975 EEUU sale derrotado de Vietnam), hubo un marco internacional que parecía extremadamente favorable. Asistíamos al auge del tercermundismo, la revolución cubana entusiasmaba, y se contaba con el “respaldo” de la URSS y China a los movimientos de liberación nacional. El apoyo de los soviéticos a la dictadura de Videla, y antes de China a Pinochet, socavaría esta confianza, pero en los años 60 y comienzos de los 70, pocos la cuestionaban. Sin embargo, y aun con todo este contexto, la experiencia demostró que no bastaba con el “empujoncito” para que las masas “superaran” a Perón, y el programa del peronismo. Es que nunca se terminaba de romper con el sistema capitalista y el proyecto nacional-estatal-burgués. Muchas veces se habló “del giro a la izquierda de las masas peronistas” (expresión que lanzó Codovilla, en 1946); pero el giro siempre terminó en el reformismo burgués. Hubo grupos trotskistas que plantearon la táctica de la “exigencia” (“que la CGT imponga su programa con la huelga general”, etc.), pero esta agitación no tuvo mayores repercusiones. El pretendido “empujoncito” no pudo darlo Cooke, a pesar de ser el delegado personal de Perón en Argentina durante el período más duro de la resistencia. Tampoco pudieron darlo los grupos trotskistas que buscaron hacer entrismo en el peronismo. Por ejemplo, a partir de 1953-4 los grupos dirigidos por Nahuel Moreno y Esteban Rey se dirigieron a las masas peronistas desde el Partido Socialista de la Revolución Nacional (que bajo la dirección de Dickmann se había acercado al gobierno), pidiendo medidas efectivas para frenar el golpe que se avecinaba. Además, no sólo Milcíades Peña (como pretende Feinmann) exigió armas a la CGT para enfrentar a la Libertadora; hubo otros militantes de izquierda. Luego, durante la Resistencia, algunos se asumieron como parte del movimiento peronista. Fue el caso del grupo de Nahuel Moreno, cuando publicaba Palabra Obrera, órgano del Movimiento de Agrupaciones Obreras, que militaba en las 62 Organizaciones, a fines de la década de los 50. Pudo haber habido influencia sindical, pero no hubo superación alguna del peronismo. En la década del 60. y hasta 1972, algunos grupos trotskistas también lucharon por la vuelta de Perón, no sólo porque era una reivindicación democrática elemental, sino porque pensaban que la demanda no era asimilable por el régimen burgués. Pero las masas peronistas no viraron hacia ellos (y Perón volvió sin revolución socialista).

 

Asimismo, muchos militantes provenientes del marxismo intentaron llevar a cabo el sueño de Cooke, esto es, constituir desde el interior del peronismo a la clase obrera en sujeto revolucionario. Los resultados fueron, de nuevo, muy escasos. Incluso los compañeros que tenían fuerte inserción de masas, no podían radicalizar el movimiento más allá de los límites establecidos por Perón o por las “20 verdades” del justicialismo (un recetario de consejos pro-capitalistas, estatistas y cristianos, empapados de conciliacionismo de clase). Lo he visto y vivido. Cuando militantes de montos o del peronismo de base (subrayo, con inserción, no estoy hablando de los que caían en paracaídas) intentaban, en charlas con los trabajadores comunes, cuestionar o traspasar los límites, empezaban a sentir el silencio y el vacío a su alrededor. La gente acompañaba en la lucha contra la burocracia (y hasta cierto punto), pero el paso político hacia el socialismo no se daba. En otras palabras, el peronismo no era “superado” en ningún sentido socialista. No bastaba con el bendito “empujoncito”. La izquierda revolucionaria podía estar “dentro” del peronismo indefinidamente, pero no podía dar el tono general del movimiento nacional. Esto fue así cuando estuvo Perón, y continuó luego de su muerte. Agreguemos otra cuestión: para estar en la lucha tampoco era necesario tomar la bandera del peronismo, como muchas veces se insinuó. Tosco, Paez, Salamanca, Flores, fueron grandes dirigentes del Cordobazo y de otras gestas obreras, y no eran peronistas, sino marxistas. Tenían un enorme ascendiente sobre las masas trabajadoras; aunque éstas permanecieron en el peronismo, sin traspasar sus límites.

 

Pronósticos fallidos

Por razones de extensión, no lo voy a desarrollar aquí, pero dejo señalada una cuestión que me parece capital: el error en el análisis que prevaleció en la izquierda de los 60 y 70. Consistió en creer que los movimientos de liberación nacional no eran asimilables por el modo de producción capitalista. La corriente de la dependencia, y la mayoría de los grandes economistas marxistas (Mandel, Samin, Sweezy y Baran) alimentaron esta creencia, que fue asumida por prácticamente todas las tendencias de la izquierda radicalizada, incluido el peronismo revolucionario. He analizado esta cuestión en otros trabajos, en especial en Economía política de la dependencia y el subdesarrollo. Aquí sólo quiero señalar que casi todos los movimientos nacionales burgueses o pequeño burgueses han sido asimilados al capitalismo; incluso los que en su radicalización llegaron al estatismo generalizado. Fue un fenómeno mundial. El espectáculo de los viejos montoneros, y del partido Justicialista, aplaudiendo y defendiendo las privatizaciones menemistas, es sólo una parte de la escena global (¿acaso la heroica dirección vietnamita, la que condujo la lucha por la liberación, no se transformó, después de 1975, en alumna destacada del FMI?). En segundo lugar, y más específicamente, se demostró que el peronismo era asimilable al régimen burgués. Mejor dicho, lo demostró, sin dejar lugar a dudas, el propio Perón, cuando volvió al país acompañado de Isabel, López Rega y todo un séquito de asesinos y fascistas, que asumieron con entusiasmo la tarea de “limpiar” el país de izquierdistas. Algún día habrá que explorar hasta el fondo las raíces teóricas de estos errores. Estoy convencido de que es parte del rearme político que necesita el marxismo.

 

Apéndice, John William Cooke

Cooke (1919-1968) tuvo su origen en el radicalismo, pero adhirió tempranamente al peronismo, y fue diputado por este partido, entre 1946 y 1951. En 1954 se opuso a los contratos petroleros que negociaba el gobierno de Perón, y al Congreso de la productividad. En 1955 la Libertadora lo pone preso, junto a muchos otros dirigentes y militantes peronistas. En noviembre de 1956, y aun estando detenido, Cooke es designado por Perón para que asuma su representación política (“su decisión será mi decisión y palabra mía”, escribe Perón). En 1957 trabaja para el acuerdo entre Perón y Frondizi, y en el 59 interviene en la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre. Después de este hecho, Perón lo desplaza. Ese mismo año, viaja a Cuba junto a su compañera, Alicia Eguren. Adhiere a la revolución -combate en Bahía de los Cochinos- y permanece en la isla hasta 1963. Por entonces intentaba convencer a Perón de que viajara a Cuba, y que el movimiento peronista asumiera posiciones revolucionarias. En 1963 regresó a Argentina, y organizó Acción Peronista Revolucionaria, donde participaron, entre otros, Fernando Abal Medina y Norma Arrostito, que luego serían dirigentes de Montoneros. Pero Cooke está aislado; muere de cáncer en 1968. En 1973 Alicia publica su correspondencia con Perón, que habría de influir largamente en la izquierda peronista (así como sus otros escritos). Alicia Eguren fue secuestrada y asesinada por los militares en 1977.


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Reflexiones sobre el peronismo de izquierda

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2012/07/28/reflexiones-sobre-el-peronismo-de-izquierda/

 

 

c) La impunidad del terrorismo paraestatal y estatal del PJ en los setenta que se silencia e invisibiliza durante toda la democracia posterior.

 

24 de marzo… ¿y la Triple A?

22 de marzo de 2018

 

Por Rolando Astarita

Los 24 de marzo se han convertido en jornadas de movilización por las luchas en curso, de defensa de libertades democráticas y denuncia de los gobiernos y partidos políticos que desde 1983 han asegurado la impunidad del aparato represivo de la dictadura. En este último respecto se han denunciado, entre otras, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de Alfonsín; los indultos de Menem; la designación de Milani al frente del Ejército; o los intentos del actual gobierno de salvar a los genocidas (por ejemplo, aplicando el 2 x 1). Pero también es fundamental mantener la memoria de lo que fue la dictadura.

Sin embargo, existe un tema que apenas se menciona en las recordaciones, a saber, los asesinatos, secuestros y torturas a militantes de izquierda y populares, perpetrados por la Triple A, grupos parapoliciales y fuerzas represivas. En particular, pocas veces se habla (a excepción de la izquierda revolucionaria) de la responsabilidad de Perón, y de Isabel Perón, en estos hechos. Por ejemplo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en sus documentos publicados en ocasión de los 24 de marzo entre 2011 y 2017, rutinariamente repite: “Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia de Tucumán y en el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país”. Eso es todo. ¿Y la responsabilidad de los gobiernos de Perón y de Isabel Perón en el surgimiento y accionar de esas bandas? ¿Y la denuncia por la impunidad que garantizaron a los asesinos de la Triple A, y sus mentores, los gobiernos desde Alfonsín a la fecha? Nada, ni palabra.

 

La realidad, sin embargo, es que sólo los asesinados por los grupos parapoliciales, o la Triple A, entre 1973 y marzo de 1976, que han sido registrados, suman 683 (véasehttp://www.desaparecidos.org/arg/victimas/listas/aaa.pdf).

Pero algunas estimaciones elevan la cifra total de asesinados a unos 900 compañeros. Según el Anexo del Nunca Más, edición 30 aniversario del golpe militar, hubo más de 1100 casos de desapariciones forzadas de personas y ejecuciones sumarias entre 1973 y marzo de 1976. Agreguemos que un ensayo general de represión por izquierda ocurrió en Ezeiza, el 20 de junio de 1973, cuando Perón volvió por segunda vez al país. CNU (Concentración Nacional Universitaria), Comando de Organización, la guardia militar de Osinde y elementos de la Juventud Sindical asesinaron a una cantidad no especificada de militantes de la Juventud Peronista. Oficialmente se reconocen 13 muertos y 356 heridos, aunque las cifras podrían ser mucho más elevadas. Pero nunca se hizo una investigación oficial de esta masacre.

Más en general, la historia “oficial” nos dice que Perón retornó para unir pacíficamente a los argentinos, y que la Triple A fue una creación exclusiva de López Rega, posterior a la muerte del líder. Pero lo cierto es que bajo su gobierno se desarrolló una intensa represión parapolicial, y hubo 63 asesinatos de militantes de izquierda y populares. Sergio Bufano hizo una cronología, incompleta, de ataques por parte de grupos parapoliciales que puede consultarse en Lucha Armada en la Argentina, N° 3, 2005,http://www.elortiba.org/old/pdf/Sergio_Bufano_Peron_y_la_Triple_A.pdf. Escribe: “Si la memoria requiere de insumos precisos, la siguiente cronología contribuye a registrar la violencia paraestatal producida durante la gestiones de Lastiri y de Perón. La lista fue elaborada por el Latin American Studies Association y publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1978. Es incompleta y sólo se registraron algunos de los atentados dirigidos contra los grupos de izquierda, particularmente las organizaciones de base del peronismo vinculado a la organización Montoneros. La lista culmina un día después de la muerte del Presidente Perón”.

Otro dato significativo: bajo el gobierno de Perón se editaba la revista El Caudillo, dirigida por Felipe Romeo, cuyo lema era “el mejor enemigo es el enemigo muerto”. El Caudillo recibía incontables fondos del Ministerio de Bienestar Social, y claramente era el vocero de los grupos fascistas y parapoliciales. Jamás Perón puso algún reparo; tampoco Isabel.

 

Después de la muerte de Perón los crímenes de la Triple A se multiplicaron. Según Inés Izaguirre, “a partir de su muerte y hasta el final del período constitucional, las bajas se multiplican por 25: los muertos por 17; los desaparecidos por 49” (“El mapa social del genocidio”, en Lucha de clases, guerra civil y genocidio en Argentina, 1973-1983, p. 94). Durante todo este período los ataques al clasismo estuvieron en el primer plano, no solo por parte de la Triple A, sino también de las patotas de la burocracia.

Además, es un hecho que los principales miembros de la Triple A fueron nombrados por decreto, por Perón: Rodolfo Almirón y Juan Ramón Morales habían sido dado de baja en la Policía Federal (acusados de ilícitos con drogas) y fueron reincorporados y ascendidos. También los comisarios Alberto Villar y Luis Margaride fueron elevados a jefe y subjefe, respectivamente, de la Federal. Villar y Margaride fueron principales organizadores de la Triple A. Osinde y López Rega también fueron ascendidos por Perón.

 

Otro hecho significativo bajo la presidencia de Perón fue el llamado “Navarrazo”: el 28 de enero de 1974 el teniente coronel Antonio Domingo Navarro asaltó a mano armada a la casa de gobierno de Córdoba, apresó al gobernador Obregón Cano, al vicegobernador Atilio López y a todos los ministros, quienes permanecieron secuestrados. Hubo muertos y heridos, y el gobierno provincial fue depuesto. Sin embargo, Perón no condenó el golpe ni repuso a las autoridades, y Navarro fue premiado con el consulado argentino en Barcelona. Pero este sólo fue el punto más alto del ataque a gobernadores izquierdistas. Izaguirre escribe:

“En realidad, desde la obligada renuncia de Cámpora, ya estaba planteada la ofensiva contra los gobernadores más afines a la izquierda peronista. Todos ellos eran viejos peronistas reconocidos por su lealtad a Perón, que habían sido permeables a la incorporación de miembros radicalizados del peronismo, en especial de la JP. Todos habían sido electos en las elecciones del 11 de marzo de 1973 y eran cuadros políticos reconocidos en sus provincias. El papel de la CGT fue decisivo en la caída de estos gobernadores –Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz y Salta– pero también hubo denuncias y “depuraciones” en otras gobernaciones” (p. 92).

Agreguemos la postura de Perón ante gobiernos de derecha en América Latina. Cuando el golpe contra Allende, el gobierno de Lastiri reconoció inmediatamente a la dictadura de Pinochet, y hubo maltrato a refugiados que llegaban a Ezeiza. Perón no abrió la boca. En mayo de 1974 Perón recibió a Pinochet y le dio su apoyo. Según Eduardo Luis Duhalde este encuentro, lejos de ser protocolar, fue un antecedente del plan Cóndor. En las Naciones Unidas Argentina fue uno de los pocos países que rechazaron proyectos de condena a la violación de los derechos humanos en Chile en las Asambleas Generales de 1974 y 1975. El 30 de septiembre fue asesinado en Buenos Aires el general chileno Carlos Prats, refugiado en Argentina. En 1975 el gobierno de Isabel condecoró a Pinochet con la Gran Cruz de la Orden de Mayo al Mérito Militar. Por otra parte, el gobierno de Perón también tuvo una actitud de colaboración con la dictadura de Stroessner, de Paraguay; con la de Bordaberry, de Uruguay; y de Banzer, de Bolivia. El sistema Cóndor nació a fines de 1975, con activa participación argentina.

Todas estas cuestiones deberían entrar en los ejercicios de la Memoria, y en los reclamos de justicia y castigo de los genocidas. Sin embargo, amplios sectores del progresismo bienpensante evitan ahondar en esta historia, y en especial en las responsabilidades de Perón. Además, cuando se planteó, hace unos años, investigar su participación en la creación de la Triple A, la dirigencia sindical puso el veto: “no jodan con Perón”. Desde entonces el tema se ha convertido en absoluto tabú. Por eso, cuando en los documentos ad usum se menciona el terrorismo de derecha previo al golpe, no se menta siquiera lo que hicieron los gobiernos peronistas, entre 1973 y 1976, amparando ese terrorismo. O sea, se trata de “Memoria” en dosis limitadas. De ahí que, frente a tanta hipocresía (¿no les da un poquito de náuseas?), necesitamos contar esta vieja historia. Hay que decirlo con todas las letras: cuando volvió al país Perón se rodeó de un montón de fachos asesinos con el fin de atacar y aniquilar a la vanguardia obrera y a la izquierda. Lo cual no impidió que el Partido Comunista y la izquierda nacional y popular votaran, en 1973, alegremente por Perón. Esto es, por el equipo conformado por los López Rega, Lastiri, Osinde, Lorenzo Miguel, Norma Kennedy, Yessi, Villar, Victorio Calabró, Brito Lima, Giovenco y similares. Más, por supuesto, Isabelita. Todo con el cuento de la “liberación nacional”. ¿Será por esto que se sigue tapando toda esta inmundicia? ¿O es que estos recuerdos echan demasiado vinagre en el menjunje de la unidad patriótica?

En cualquier caso, el tema es ineludible a la hora de hablar de los antecedentes que pavimentaron el camino al golpe de 1976.

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24 de marzo… ¿y la Triple A?

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2018/03/22/24-de-marzo-y-la-triple-a/#more-8212

 

d) El imperativo de enjuiciar el carácter pequeño-burgués del partido comunista de Argentina que se mantuvo pese a la 'fuerte' autocrítica que encumbró a Patricio Echegaray hasta su fallecimiento en 2017.  Por la actualidad de su conciliación con el capitalismo local de asociación y subordinación a los imperialistas. Reflexionemos sobre:

 

El PC, la Triple A y “el enemigo principal”

18 de abril de 2018

Por Rolando Astarita

 

 En una nota anterior (aquí) critiqué el silencio de sectores de la izquierda acerca de las responsabilidades de Perón en la formación y accionar de las bandas parapoliciales en los 1970. A fin de brindar más elementos para el análisis, en esta nota pongo el foco en el folleto que publicó el PC frente al ataque del que fue objeto, en la ciudad de Córdoba, el 10 de octubre de 1974. Es un documento significativo por la manera en que la dirección comunista diluye las responsabilidades criminales de los gobiernos peronistas en “el golpismo pinochetista” y “el imperialismo y la CIA”. Un tipo de razonamiento que prevalece, hasta el día de hoy, en prácticamente todas las variantes del oportunismo pequeño burgués o burgués reformista.

 

El ataque al PC Córdoba y sus antecedentes

En el atardecer de aquel 10 de octubre el local del PC de la ciudad de Córdoba fue tomado por asalto por policías y comandos civiles. Irrumpieron violentamente al grito de “bolches hijos de puta, los vamos a matar”, destrozaron instalaciones y sometieron a los militantes, durante dos horas, a torturas y simulacros de fusilamiento. Posteriormente los compañeros fueron interrogados en comisaría, donde recibieron amenazas de todo tipo (véase Miguel Jorquera “Un ataque de las Tres A, Córdoba, 1974”, Página 12 4/02/2007). Lo más grave es que cinco días después murió la militante Tita Clelia Hidalgo, a raíz de una hemorragia provocada por la introducción del caño de un arma en la vagina.

El ataque tuvo como antecedente inmediato el golpe policial (ocurrido entre el 27 y 28 de febrero de 1974) que sacó del gobierno provincial a Obregón Cano y Atilio López. El movimiento fue conducido por el jefe de la policía provincial, teniente coronel Antonio Navarro (Cano lo había cesado de su cargo), y por eso se lo conoce como el “navarrazo”. Consumado el ataque, el 2 de marzo Perón designó interventor de Córdoba a Duilio Brunello, funcionario del Ministerio de Bienestar Social, vinculado a López Rega. Obregón Cano y Atilio López no fueron repuestos en sus cargos. Esto es, el presidente Perón legitimaba el golpe. Además, a Navarro se le permitió abandonar el país, y sólo fue declarado “prófugo de la Justicia” cuando ya se encontraba en las islas Canarias. En cuanto a Brunello, continuó la política de ataque a la izquierda y la vanguardia obrera. La provincia, de hecho, fue militarizada. Luego, en septiembre, ya bajo el gobierno de Isabel, fue nombrado interventor Raúl Lacabanne. Al asumir declaró que estaba en guerra contra la izquierda, y enseguida profundizó la política represiva. La Triple A y los grupos parapoliciales tuvieron carta blanca para asesinar políticos opositores, sindicalistas y militantes. En este contexto se produjo el asalto al local del PC.

 

El análisis político del PC

Pocas semanas después del ataque, el PC publicó un folleto titulado “Las 3 A y la CIA, ¡Córdoba acusa!” (http://www.ruinasdigitales.com/revistas/3A.pdf). El título ya es significativo: los grandes culpables eran la Triple A y la CIA. Ni palabra, en tapa o en el interior del folleto, del rol de Perón y de Isabel Perón. Pero este ocultamiento operaba a través de un análisis político centrado en la distinción de fracciones en pugna. Es que, según el PC, las luchas del pueblo desde el Cordobazo, y los triunfos electorales del 11 de marzo de 1973 (Cámpora) y del 23 de septiembre de ese mismo año (Perón), constituían avances profundos en la liberación nacional. Pero los enemigos, conformados por la oligarquía terrateniente y los monopolios yanquis, no se habían dado por vencidos y prepararon la venganza. Lo cual podría haberse detenido con un frente de todos los que habían ayudado a vencer a la dictadura. Lamentablemente, ese frente no se había logrado.

En consecuencia, ahora había un gobierno peronista sometido a dos presiones: por un lado, “la reacción gorila”, con sus ramificaciones “que llegan hasta la derecha del Frejuli” (el Frente que había llevado a Cámpora y Perón al gobierno). Esa derecha intentaba frenar y derrotar el programa de liberación nacional votado por el pueblo. Por eso, si lograba su objetivo, se debilitaría la base de masas del gobierno, y se crearían las condiciones para un golpe contrarrevolucionario. Del otro lado, la presión del movimiento antiimperialista, democrático, anti-oligárquico. “Si prima la presión que proviene de la profundidad del pueblo, entonces incuestionablemente se ahondará el proceso revolucionario” (p. 8). Dos presiones que invitaban a elegir “aliados principales” contra “enemigos principales”.

La derecha, continuaba el análisis del PC, contaba con la ayuda de la CIA y su objetivo era un golpe tipo Pinochet. Su primer ensayo había sido la masacre de Ezeiza (vuelta de Perón). Pero no se investigó (en este punto el PC ni siquiera alude a la responsabilidad de Perón en esa “no investigación”). Después vinieron el navarrazo y los ataques a militantes “peronistas, comunistas, radicales y de otras tendencias” por parte de bandas de civiles armados, que actuaban junto a la policía. De manera que “desde la provincia mediterránea se quiere detonar el golpe de Estado en todo el país” (p. 9). Solo entonces, se observa de pasada que “llama la atención” por qué “las autoridades nacionales, civiles y militares, y especialmente el 3er Cuerpo de Ejército, no intervinieron para restablecer al doctor Obregón Cano, que era la autoridad legítima, secuestrado por un grupo sedicioso”. ¿Llamaba la atención, a la luz de lo que había ocurrido hasta entonces?

En cualquier caso, lo que sigue es en el mismo tono: los grupos de derecha actúan con el apoyo de la CIA, sin que los gobiernos de Perón e Isabel asomen siquiera en el radar del PC. De la intervención Lacabanne dice que su labor “es puramente represiva” (ibid.). De nuevo, ni palabra sobre el rol del gobierno nacional. Del otro lado, el pueblo que avanza en la lucha por la liberación. Al pasar, el documento denuncia a los “grupos ultraizquierdistas” que “bajo el signo de un planteo ‘revolucionario’ echan leña al fuego” y “facilitan la acción de los gorilas, que sueñan con el asalto al poder” (p. 10). En definitiva, es como si el navarrazo y el accionar de las bandas parapoliciales se desarrollaran en el vacío. Los responsables últimos del terrorismo de derecha, según el PC, eran la CIA, el imperialismo monopolista y la oligarquía terrateniente. ¿El gobierno nacional? Ni palabra.

Sin embargo, el rol de Perón en el ataque a Córdoba, es innegable. A principios de 1974 era imposible que un jefe de policía se rebelara contra un gobierno provincial sin el consentimiento del líder máximo del peronismo, y presidente de la nación. Más todavía, en las horas previas al navarrazo Perón, ante la mesa directiva de las 62 Organizaciones y la CGT, había calificado a Córdoba de “foco de infección” (véase Alicia Servetto, “El derrumbe temprano de la democracia en Córdoba: Obregón Cano y el golpe policial 1973-1974”, Estudios Sociales, Revista Universitaria, Año IX, Nº 17, 2º semestre de 1999). Era un llamado a acabar con la tradición del Cordobazo y del clasismo obrero. Pero el PC silenció el asunto porque reconocer el rol de Perón en el navarrazo, y en el surgimiento de las bandas parapoliciales, equivalía a admitir que era “enemigo principal” del activismo obrero independiente y de todo lo que oliera a izquierda. Por eso también silenció el rol de Isabel Perón en el accionar de Brunello y Lacabanne. Más aún, en el folleto de marras es rescatado el interventor Brunello: se afirma que “no responde a las intenciones del grupo golpista del teniente coronel Navarro” (p. 9); y que “ejerció sus funciones procurando que se respetaran las libertades democráticas” (sic, p. 10). O sea, el PC caracterizaba a Brunello como el “ala dialoguista” (digamos, un “Videla modelo 1975-6”) del ensayo cordobés de golpe de Estado.

Colaboración con el enemigo de clase

La no denuncia del rol de Perón e Isabel Perón en la formación y actuación de los grupos parapoliciales estuvo lejos de ser un “olvido” del PC. Por el contrario, fue el producto de su voluntad de colaborar con la “burguesía nacional antiimperialista y anti-oligárquica”, y con el “movimiento nacional”, su conductor incluido. Por eso, hacia el final del folleto el PC convoca “a todos los hombres y mujeres de la patria, a todos los partidos políticos, a todas las instituciones sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles, del empresariado nacional, etcétera, a cerrar filas y forjar un frente sólido, único capaz de impedir el golpe de Estado y hacer avanzar al país hacia la liberación nacional” (p. 14). Así, en tanto reconocía que los Lacabanne y Navarro, y las bandas parapoliciales preparaban un golpe militar, llamaba a “cerrar filas” en torno al gobierno que amparaba y promovía a los Lacabanne, los Navarro y las bandas parapoliciales.

Digamos por último que el ocultamiento del PC de las responsabilidades de Perón en la represión parapolicial se hizo con uno de los discursos más característicos del reformismo. El mismo consiste en diluir las responsabilidades en los ataques a la clase obrera de los gobiernos, partidos o dirigentes “progresistas” o “antiimperialistas”, para apuntar los cañones al “enemigo principal”, sean el “golpismo”, el imperialismo (la CIA), o una combinación de ambos. Los gobiernos y líderes “progresistas”, cuando son criticados, lo son por su “inconsecuencia”, o sus “vacilaciones” para movilizar a las masas y “derrotar al enemigo principal”. Lo cual equivale a sacarlos del campo “del enemigo principal”. Para eso, se sobredimensionan las diferencias entre las fracciones al seno del campo burgués, por más tenues que sean; y se disimulan sus afinidades, por más profundas que sean. Además, y esto es vital, se caracteriza de “golpe fascista” (o “golpe militar”, o “golpe de la derecha”, etcétera, hay para todos los gustos) cualquier movida contra el “ala progresista”, aunque se opere en los marcos de la democracia burguesa, y de la justicia burguesa. Y en un caso estilo Córdoba 1974, se disimula el rol de, al menos, parte de los autores intelectuales de un golpe de verdadera naturaleza “pinochetista”.

En definitiva, en esta particular lógica política, cualquier cosa sirve para preservar la orientación volcada a la colaboración de clases. Es la base para promover “acuerdos para la unidad de acción”, o frentes de unidad nacional. Por eso, no es casualidad que encontremos tantos discursos de este tenor en los tiempos que corren. Como tampoco es casualidad que se siga disimulando el rol de Perón en la formación y accionar de las bandas parapoliciales. Revisar la historia tiene sus peligros para el relato del oportunismo.

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El PC, la Triple A y “el enemigo principal”

 Fuente: https://rolandoastarita.blog/2018/04/18/el-pc-la-triple-a-y-el-enemigo-principal/#comment-26911

 

 

 

 

 Analicemos cómo desde abajo y la diversidad surgen proyectos, autogestión y gobierno, contrapoder.

 

 

 

Un movimiento fluido: construyendo

un buen gobierno del agua en México
mayo 2018

 

Gerardo Alatorre Frenk

Los conflictos sociales, políticos y ambientales ligados a la gestión del agua en el mundo actual son clara muestra de las tensiones características de este momento histórico, en el que el sistema capitalista desata su voracidad por lo que considera “recursos energéticos, hídricos y minerales”. Este modelo neoliberal de acumulación tiene graves consecuencias para el tejido social, el acceso de la gente al agua, las cuencas hidrográficas y los territorios. Muchas regiones del planeta, incluyendo a México, son un campo de batalla, y lo que está en juego es la vida misma de las comunidades y de los ecosistemas.

Vivimos en un mundo transnacional; una élite global corporativa maneja los flujos financieros y comerciales, la geopolítica, los grandes medios de comunicación; y la mayoría de nuestros gobiernos latinoamericanos son engranes de esa máquina. Esto impacta directamente las políticas de gestión hídrica: además de fomentar la privatización de los servicios de abasto y saneamiento de agua, se impulsan reformas estructurales que buscan asegurar la disponibilidad del líquido para la minería a cielo abierto y los emprendimientos energéticos (hidroelectricidad, extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica y cultivo de agrocombustibles).

 

Sin embargo, los Estados pueden verse obligados (o están viéndose obligados) a abrir espacio político a otras maneras de concebir e instrumentar la gestión de las cuencas y el agua.Veremos aquí el caso de Agua para Tod@s Agua para la Vida, un ejemplo de cómo están gestándose futuros distintos al que el sistema hegemónico nos presenta como único posible. Quizá en todo el planeta están emergiendo futuros de carácter comunitario, solidario y sustentable; si en ocasiones resulta difícil percibirlos es, probablemente, porque son tan nuevos que faltan palabras para nombrarlos.

Una coyuntura propicia para la defensa del agua y el territorio.

Al ir estructurándose el proyecto corporativo de control del agua como elemento de la acumulación capitalista, y al hacerse visibles sus efectos sociales y ambientales, también van surgiendo otros proyectos, en los que el agua es concebida como un bien común, un elemento vital para los seres humanos y no humanos, y un sustento para la salud, la alimentación y diversas necesidades sociales básicas. Frente a las pretensiones de centralizar la toma de decisiones al servicio de la acumulación de riqueza y poder, surgen actores políticos que buscan instaurar formas de gobierno democráticas y descentralizadas donde las comunidades, a distintas escalas, asumen el control de la gestión del agua y las cuencas. Así va adquiriendo consistencia un poder alternativo, un poder emergente, un contrapoder, que cristaliza en organizaciones, instituciones, redes, programas, agendas de acción política, etc., desde la escala local hasta la mundial.

 

El agua se ha convertido en un campo de batalla y es, a la vez, un poderoso aglutinante político. Actores sociales y políticos con intereses muy distintos convergen cuando del agua se trata, llegando, inclusive, a la alta diplomacia. Una chispa aportada por el Gobierno boliviano encendió en 2010 toda una presión internacional que llevó a la firma, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Resolución que establece el derecho humano al agua y al saneamiento.

 

El Gobierno mexicano suscribió dicha Resolución y, dos años después, el derecho humano al agua quedó plasmado en la Constitución mexicana, reconociéndose la necesidad de una nueva legislación del agua, capaz de garantizar el ejercicio de dicho derecho; la nueva ley habrá de llamarse Ley General de Aguas (LGA). El artículo 4 constitucional establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. […] El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

 

A raíz de esta reforma constitucional se produce en México un fenómeno muy poco común: la sociedad civil se organiza, sin pasar por los partidos políticos, para elaborar una iniciativa ciudadana de ley. Un grupo de profesionistas políticamente activos en distintos lugares del país convocó a diversas organizaciones de la sociedad civil, comités comunitarios de agua e investigadores que desde años atrás ya veníamos movilizándonos a escala local, regional o de cuenca, para construir contrapoder en cuestiones ligadas a la gestión del agua. Consideramos que se trataba de una coyuntura favorable para avanzar hacia una más consistente coordinación de esfuerzos, con vistas a incidir políticamente a escala nacional, así como a potenciar, fortalecer y proteger las luchas regionales.

En diciembre de 2012 tuvo lugar un primer Congreso Nacional, al que asistimos cerca de 400 personas y así nació la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida (www.aguaparatodos.org.mx), en la cual ha venido participando quien esto escribe. No solo se planteó la redacción de una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (IC-LGA); en última instancia, lo que nos convocó fue el propósito de construir lo que llamamos un buen gobierno del agua, es decir una gestión democrática, participativa, descentralizada y sustentable del agua y las cuencas. Actualmente participan en Agua para Tod@s algunos sindicatos, centrales campesinas, comunidades eclesiales de base, periodistas y abogados, además de distintos comités comunitarios de agua, organizaciones de la sociedad civil y académicos.

 

¿Cómo se tejen sinergias entre tan diversos actores? ¿Cómo se articulan distintas escalas temporales y espaciales de construcción de contrapoder? ¿Cómo dialogan y se complementan –o no– los distintos saberes, haceres y poderes que confluyen en Agua para Tod@s? Son cuestiones que aquí abordaremos; pero antes, veamos qué es lo que está en juego.

 

La gestión hídrica en México.

Nuestro país es sumamente contrastante en lo social, lo cultural y lo climático. Más de la mitad de la población vive en la pobreza, en tanto que algunas familias figuran entre las más acaudaladas del mundo. Hay una importante diversidad étnica, que se refleja, por ejemplo, en los 7,4 millones de hablantes de lenguas originarias, de las que hay más de 70; el náhuatl es la lengua materna de casi dos millones de personas y el maya, de más de 860 000. En cuanto a la diversidad climática e hídrica, todo el norte del país está expuesto a las sequías, mientras en el sur hay zonas que se inundan durante las temporadas de lluvias. Tres millones de habitantes no tienen acceso al agua potable, y 40 millones sufren las consecuencias de la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

 

Son muy diversas las formas de organizar el abasto de agua. En las áreas rurales y semiurbanas de México, las comunidades suelen tener Comités de Agua, encargados de dar mantenimiento a los manantiales o pozos donde las familias se abastecen, y de convocar el trabajo comunitario para dotarse de infraestructura de almacenamiento y distribución del líquido. En el extremo opuesto están las gigantescas obras de infraestructura con que las megalópolis buscan resolver su abasto de agua y el drenaje de las aguas servidas.

 

La política hídrica mexicana ha tenido un carácter centralizador. El Gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tiene el poder de concesionarlas o no. Aunque desde 2004 ha habido procesos de descentralización, estos no se han traducido en más participación social, comunitaria, sino del sector privado.

 

En la escala local, el abasto y saneamiento están a cargo de los gobiernos municipales. En general, sus procedimientos de gestión excluyen la participación de los habitantes y, en lugar de ello, propician el clientelismo y la corrupción. Los fondos se manejan, en muchos casos, de manera discrecional, en beneficio de intereses político-partidarios o privados.

 

La ineficacia de los organismos operadores municipales ha venido utilizándose como argumento a favor de la privatización de los servicios. Al mismo tiempo, como ya dijimos, el agua se convierte en elemento clave para los emprendimientos mineros y energéticos. Estas políticas vulneran el derecho al agua del 10 % de la población del país1, afectaciones que están agudizándose por los ya mencionados contrastes climáticos, que podrían ir acentuándose como consecuencia del cambio climático global.

 

Distintos proyectos de país, distintas propuestas de LGA.

En 2015, el Gobierno federal mexicano sometió su proyecto de LGA a la aprobación de la legislatura. No lo logró, en parte por las violaciones al reglamento que conllevó su intento de hacerlo en modalidad fast track, y en parte por la fuerte oposición que suscitó por parte de la ciudadanía y sectores de la clase política. Se trataba de un proyecto de ley favorable a los procesos de privatización y al uso de agua para megaproyectos de distinta índole. Además, se perpetuaban con él los esquemas “lineales” y “tuberos” característicos de la actual legislación; lineales, porque sigue planteándose una gestión del agua basada en la secuencia extracción > conducción > utilización > contaminación > desecho, y no un esquema cíclico. Y “tuberos” porque, para abastecer a las poblaciones, se plantea la construcción de obras de conducción, bombeo y trasvase, trayendo agua de donde sea, y afectando a las cuencas y a las comunidades expropiadas, en ocasiones de manera irreversible.

 

Por su parte, la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (IC-LGA) va encaminada a construir un gobierno del agua basado en los principios ético-políticos de sustentabilidad, equidad y participación. El primero establece nuestra responsabilidad de asegurar el acceso al agua tanto para las comunidades humanas como para las demás especies y los ecosistemas. El principio de equidad establece la obligatoriedad del Estado de garantizar el acceso de la gente al volumen mínimo necesario para cubrir sus necesidades cotidianas, independientemente de su poder adquisitivo, edad, género y lugar de residencia. El de participación postula que es en lo local, en la gestión de los manantiales, arroyos, pozos y tomas de agua, en cada comunidad o colonia, donde pueden potenciarse los saberes de la gente, sus formas de organización y sus mecanismos para planear, conducir y supervisar la gestión del agua. Existe aquí una apuesta por descentralizar los saberes y el poder.

 

En la redacción de la IC-LGA participaron personas de muy distintos sectores: profesionistas de diversas organizaciones y redes de la sociedad civil, así como equipos de académicos que trabajamos con comunidades rurales y urbanas en temas de gestión territorial. Durante 2012 y 2013 el trabajo se organizó en comisiones que generaron propuestas de políticas para distintos ámbitos temáticos: sistemas municipales de agua y saneamiento, manejo de cuencas, protección de acuíferos, sistemas de concesiones, justicia hídrica, prevención de la contaminación, soberanía hídrico-alimentaria y otros. Un equipo de abogados tradujo estas propuestas al lenguaje jurídico y así se llegó a un borrador final en 2014.

 

Durante 2013 y 2014 se organizaron 99 foros públicos en distintas regiones del país, con la participación de organizaciones de base, asociaciones ciudadanas, instituciones académicas y algunos funcionarios de gobierno y legisladores. De esos foros surgieron propuestas que permitieron afianzar la iniciativa de ley. En febrero de 2015, la Iniciativa Ciudadana de LGA fue presentada a diputados y senadores en un acto público de entrega-recepción y ese mismo mes fue publicada en la Gaceta del Senado, respaldada con las firmas de 22 senadores de cuatro partidos políticos.

 

El proceso de elaboración de la IC-LGA y la conformación de un movimiento nacional por un buen gobierno del agua han conllevado diálogos entre saberes y discursos de muy distinta índole. Un ejemplo ilustrativo concierne a las distintas maneras de concebir y ordenar el territorio: el enfoque de cuenca, que acostumbran emplear los hidrólogos, los geógrafos y los ecólogos, puede ser muy diferente a la territorialidad mítica ancestral, la lógica de gestión productiva y el control agrario en que suele basarse la gestión territorial comunitaria; pero del diálogo entre ellos surgen aprendizajes muy útiles para unos y otros, y las posibles contradicciones se convierten en complementariedades. Asistimos a una ‘polinización cruzada’ entre el saber científico y los saberes arraigados de quienes trabajan en los territorios. En el ámbito de los derechos, se retroalimentan mutuamente las exigencias inmediatas de las comunidades con las reivindicaciones de quienes, en el ámbito nacional e internacional, luchan por mayor transparencia y contra la impunidad de las empresas transnacionales3.

 

 La IC-LGA establece prioridades de uso y destino del agua, colocando en primer lugar a los propios ecosistemas, en segundo al consumo personal doméstico y, en tercero, a la soberanía alimentaria. Las concesiones quedarían supeditadas a la disponibilidad del líquido una vez cubierto lo prioritario. En la planeación del manejo del agua y las cuencas, el instrumento central serán los Planes Rectores, que se elaborarán por consenso desde el nivel local.

 

Se trata de una propuesta bien fundamentada en términos técnicos, sociales, políticos, financieros y jurídicos. Señal de ello fue su adopción por parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, durante un lapso de año y medio (2013-2014).

 

Para la gestión del agua (planeación, ejecución, vigilancia y sanción), la IC-LGA propone un diseño institucional conformado por instancias ciudadanizadas en distintas escalas, respetando los usos y costumbres de las poblaciones, en particular sus formas organizativas. Se busca asegurar el acceso de la gente al agua mediante una gestión integral de las cuencas, y se aplica el principio precautorio: cualquier actividad o proyecto que pudiera significar un riesgo para las comunidades, su territorio y sus aguas necesitará someterse a su consentimiento libre e informado.

 

Agua para Tod@s está potenciando y enlazando las corrientes de contrapoder que en la dimensión local, regional o institucional ya venían alimentando quienes en ella confluyen. La IC-LGA ha sido un elemento aglutinador, que se complementa con las estrategias para construir, en el aquí y el ahora, un buen gobierno del agua. (De hecho, sabemos que una ley no es suficiente para el ejercicio del contrapoder; numerosas leyes mexicanas, que podrían propiciar una gestión territorial participativa y sustentable, se quedan en el papel cuando la correlación fáctica de fuerzas les es desfavorable.) Pero veamos cuál ha sido la estrategia legislativa.

Estrategias legislativas de construcción de contrapoder.

Prevén las leyes mexicanas dos figuras para dar cabida a las propuestas de política emanadas de la ciudadanía: la Iniciativa ciudadana (que requiere el respaldo de poco más de 100 000 ciudadanxs) y la Consulta popular (que, suscrita por 1,6 millones de ciudadanxs, haría obligatorio el examen de una propuesta de ley por parte del poder legislativo).

   Ya se han colectado suficientes firmas (con los respectivos números de identificación oficial) para presentar la Iniciativa ciudadana, gracias a la activa participación en la campaña de colecta de diversos sistemas comunitarios del agua, pueblos originarios, estudiantes, investigadores, sindicatos y organizaciones campesinas.

   Agua para Tod@s ha seguido abriendo espacios de debate, tanto para ir sumando voluntades como para realizar ajustes que requiera la propuesta de ley. En 2015 y 2016, a convocatoria de cinco rectores universitarios, se llevó a cabo el Consenso Nacional por el Agua, proceso de análisis y propuestas con visión nacional e internacional. Se realizaron 23 eventos y foros de trabajo, en los que se generaron propuestas para fortalecer la IC-LGA y se involucró a nuevas organizaciones en su promoción y en la construcción del buen gobierno del agua.

   Agua para Tod@s ha reflexionado en torno a las perspectivas de las distintas propuestas de LGA en la actual coyuntura política pre-electoral (en 2018 habrá elecciones federales). Actualmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) controla el poder ejecutivo y el Congreso, pero sus perspectivas para las elecciones son sombrías y en lo relacionado con la LGA el propio grupo en el poder está dividido: el PRI no ha aceptado la propuesta del Ejecutivo federal. La tensión política en torno a la legislación del agua es muy fuerte. Por un lado, a las corporaciones de la energía y de la minería les urge tener en las leyes mexicanas la garantía que eventualmente les permitiría interponer demandas contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI); por otro lado, hay una fuerte oposición, tanto en las organizaciones sociales y en la opinión pública como en parte del aparato estatal, frente a las pretensiones de privatizar la gestión del agua y autorizar su uso para los megaproyectos.

   Se trata de una cuestión política delicada. Las autoridades saben, por experiencia, que es riesgoso intentar una aprobación fast track de su propuesta de ley: los intentos realizados hasta ahora se han convertido en oportunidades para que Agua para Tod@s, aprovechando los reflectores de la prensa y la opinión pública, dé a conocer ampliamente su contrapropuesta. Es poco probable que el poder ejecutivo federal asuma el costo político de un posible rechazo a su Ley General de Aguas, lo cual permite suponer que será en el sexenio 2018-2024 cuando veremos enfrentarse, en las arenas legislativa y sociopolítica, a las distintas iniciativas de ley.

   Dos elementos centrales tiene, en este ínterin, la estrategia de Agua para Tod@s: por un lado, se busca redactar e impulsar leyes estatales del agua inspiradas con la IC-LGA; desde 2016 organizaciones de 12 estados del país se han involucrado en este esfuerzo, y han realizado gestiones con diputados locales de diversos partidos para ir generando consensos. Por otro lado, como veremos enseguida, Agua para Tod@s intenta construir –aquí y ahora– un buen gobierno del agua. Para contextualizar, vale la pena hacer un breve recuento histórico. 

Estructura agraria y control del agua y el territorio en México.

De la Revolución Mexicana se derivó una constitución agrarista (la de 1917). Durante el reparto agrario del siglo XX pasaron a manos campesinas 100 millones de hectáreas, equivalentes a la mitad del territorio de México y a cerca de las dos terceras partes de la propiedad rural total del país. Se establecieron aproximadamente 30 000 ejidos y comunidades. El artículo 27 constitucional señala que las aguas, incluyendo las subterráneas, son de la nación; solo pueden usarse mediante concesión otorgada por el Ejecutivo federal. Pero a principios de la década de 1990 asumieron el poder los hijos de la escuela de Chicago y se negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN, NAFTA en inglés), para lo cual el Gobierno promovió cambios en la ley minera, la forestal y la Ley de Aguas Nacionales. Se desconocieron los derechos históricos al agua, sustituyéndolos por un sistema único de concesiones que incluye mecanismos para su compra y venta. También se modificó el artículo 27 para establecer un mercado de tierras y desmantelar la propiedad social. Al entrar en vigor el TLCAN, se levantaron en armas las comunidades zapatistas en Chiapas.

   Un cuarto de siglo después, sin duda ha avanzado la “regularización” de la propiedad ejidal y su transformación en propiedad privada. Pero también se desarrollan, en todo el país, movilizaciones de los pueblos, buscando resguardar el control de sus tierras y aguas frente a amenazas diversas, incluyendo megaproyectos energéticos y de minería metálica a cielo abierto.

   Combinando acciones jurídicas con el control físico del terreno y con otras diversas estrategias, surgen en todo el país movilizaciones para defender el agua y el territorio. Las comunidades campesinas e indígenas se han venido apoyando en herramientas de defensa jurídica como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena: “1) antes de tomar siquiera la decisión de implementar un proyecto el Estado deberá proporcionar a los pueblos y a las comunidades la información completa, lo cual debe incluir los estudios de impacto social, cultural y ambiental, y 2) antes de expedir cualquier autorización y/o permiso, el Estado deberá realizar la consulta para obtener el consentimiento de la comunidad, la cual deberá celebrarse en su lengua, bajo sus usos y costumbres y durará todo el tiempo que sea necesario”4.

   La legitimidad internacional del control comunitario sobre los territorios y el agua descansa en la Observación General 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como en el Convenio 169 de la OIT, que pone en primer plano a los pueblos originarios, pero que también empieza a respaldar a los pueblos equiparables. Estos, en el caso de México, son los pueblos campesinos o urbanos con raíces culturales mesoamericanas.

   En Chiapas, Oaxaca, Michoacán y la Sierra Norte de Puebla hay experiencias importantes de control comunitario del territorio. Un ejemplo notable es el del municipio poblano de Cuetzalan. En 2009, a raíz de afectaciones graves al suministro de agua provocadas por proyectos turísticos, se realizó una serie de talleres de diagnóstico comunitario con amplia participación popular y apoyo de un equipo de universitarios. En 2010 este equipo presentó en las comunidades los resultados del diagnóstico y puso a consulta una propuesta de ordenamiento territorial que definía una zonificación del municipio y establecía lo que puede o no hacerse en cada zona. Después de 14 meses de trabajo, en sesión solemne del Cabildo, se aprobó unOrdenamiento Territorial Ecológico, que de esta manera adquirió un estatus de ley y que, desde entonces, permite a las comunidades protegerse de los proyectos energéticos y mineros impulsados por las instancias de gobierno y por diversas empresas. 

Construyendo, desde la sociedad civil, un buen gobierno del agua.

Los esfuerzos de Agua para Tod@s y de las organizaciones regionales y comunidades que ahí confluimos van encaminados a construir una gestión democrática, participativa y sustentable del agua, en la cotidianidad de los espacios micro, abarcando, en la medida de lo posible, dimensiones meso, y manteniendo esfuerzos (como la campaña de firmas) para lograr transformaciones en lo macro.

   Seis ejes estratégicos nos parecen fundamentales: el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de agua, la creación de instancias de contraloría ciudadana, la resistencia frente a los procesos de privatización, la cogestión de cuencas con participación ciudadana, la construcción de capacidades de presión política a partir de la opinión pública y el tejido de redes amplias a escala nacional e internacional. Abordaremos, ahora, cada uno de estos ejes, esperando proporcionar pistas para otros movimientos en México y otras regiones del continente y del mundo.

Profesionalización de los sistemas comunitarios de agua.

Hicimos ya mención de los Comités de Agua, formas organizativas que perviven, como “usos y costumbres”, en numerosas comunidades de México y que han permitido la protección y el mantenimiento de las fuentes de agua (pozos, manantiales, arroyos). Actualmente, estos sistemas se ven sujetos a tensiones políticas, no solo por los intentos de privatización de los servicios de abasto de agua: la ‘municipalización’, término que en otros contextos implica un regreso al control público de los servicios de provisión de agua (después de procesos privatizadores), en estas comunidades puede significar lo contrario: la pérdida de control comunitario al quedar esos servicios a cargo de autoridades municipales que no rinden cuentas, que suelen corromperse y que gestionan el agua de manera clientelar.

   ¿Existe hoy margen político para un control territorial directo por parte de las comunidades? Esto depende tanto de las correlaciones de fuerzas (tensiones y negociaciones entre las distintas partes con intereses en la gestión del agua) como del grado de organización de las propias comunidades. Agua para Tod@s enlaza varias experiencias regionales en las cuencas de la región central del país: la Ciudad de México y el Estado de México. Se han fomentado vínculos entre los sistemas comunitarios y algunas universidades que colaboran en la realización de diagnósticos, el monitoreo de la calidad de sus aguas, el diseño de sistemas de potabilización, y el mapeo y protección de sus zonas de recarga y descarga.

   Desde 2015 el Sistema de Agua Potable de Tecámac (Estado de México) convocó a integrantes de organismos comunitarios de agua y a investigadores y estudiantes universitarios a debatir en torno a la situación y necesidades de estos órganos. En un evento de ese año varias organizaciones deciden apostar por la profesionalización de los Comités. Les da ánimos un video sobre la lucha de Cochabamba, Bolivia, en 2000, que invita a “recuperar la confianza, la alegría, la transparencia, la reciprocidad y la lucha permanente en el trabajo colectivo de los grupos, así como la capacidad de gestionar y convivir con el agua como un ser vivo y no como un recurso”5.

   En 2016 Tecámac pone en marcha la Escuelita del Agua, que incluye cursos y talleres de formación y coaprendizaje para que quienes conforman los Comités de Agua de distintas regiones se doten de habilidades organizativas y técnicas (políticas de tarifas, distribución, sustentabilidad económica, manejo de infraestructura). Han tenido logros en el control democrático por parte de las asambleas de usuarios y la rendición de cuentas por parte de las mesas directivas electas.

Las contralorías ciudadanas.

La ciudadanía está formándose y construyendo capacidades para vigilar el desempeño de las autoridades y denunciar casos de incumplimiento. Entre los casos donde están involucradas las organizaciones de Agua para Tod@s están los de Tabasco, Puebla, Saltillo (Coahuila) y Ciudad de México. En algunas delegaciones de esta ciudad, como Xochimilco e Iztapalapa, la vigilancia va dirigida a evitar la sobreextracción de agua subterránea, que ya ha provocado hundimientos graves.

   A escala nacional, la instauración en 2016 de un Sistema Anticorrupción abre el espacio institucional formal que requiere una Contraloría Social del agua.

Alternativas a la privatización de sistemas municipales o metropolitanos.

Ha venido reduciéndose el presupuesto de la CONAGUA para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. El correspondiente a 2017 tuvo un recorte de 72 % en relación con el de 2016. Suponemos que estas restricciones económicas van encaminadas a ejercer presión sobre los organismos operadores para obligarlos a aceptar la participación privada.

   Ya se han dado en México procesos de privatización de organismos operadores de agua en algunas poblaciones de los estados de Aguascalientes, Quintana Roo, Coahuila, Chiapas, Puebla y Veracruz. El incumplimiento de contratos y de las metas establecidas (con excepción de la eficiencia de cobranza, para lo cual se recurre a cortes de agua a los usuarios morosos), la información incongruente presentada por las empresas concesionarias, la falta de transparencia y la nula de respuesta de las autoridades ante las quejas de los usuarios, además de los arreglos subrepticios entre autoridades y socios privados, hacen suponer actos de corrupción.

   La movilización de organizaciones de usuarios del agua ya logró la remunicipalización de dos de los organismos privatizados (el de Navojoa, Sonora, y el de Ramos Arizpe, Coahuila). Y donde esto no ha sido posible, están desarrollándose luchas importantes.

Espacios formales de participación ciudadana en la gestión de cuencas.

Estipulan diversas leyes mexicanas mecanismos para la participación ciudadana en política pública. Desgraciadamente, su alcance es limitado, por falta de autonomía financiera y porque no son vinculantes: solo pueden hacer recomendaciones. Tal es el caso de los Consejos de Cuenca. No dan voto pero sí, a veces, voz a los distintos tipos de usuarios del agua (uso público urbano, agrícola, industrial, etc.) así como a otros sectores interesados (entre ellos, el académico).

   Varios integrantes de Agua para Tod@s participan o han participado en los Consejos de Cuenca. A través de estos(as) compañeros(as) se ha logrado sensibilizar a algunos de los Consejos de Cuenca. Esto fue palpable en 2016, cuando la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) promovió un proceso de "consulta" sobre la LGA; varios Consejos de Cuenca insistieron en la importancia de integrar las propuestas de la IC-LGA.

   En algunas regiones hay organizaciones que impulsan esquemas de cogestión de cuencas, en los que se establecen convenios con comunidades rurales y municipios urbanos. Es el caso de la cuenca del río Pixquiac, en Xalapa, Veracruz. Los usuarios urbanos nos “corresponsabilizamos” del cuidado de la cuenca donde se genera el agua que usamos; se incluye en el pago por el servicio de provisión de agua una cuota con la que se constituye un fideicomiso, que a su vez permite financiar programas comunitarios encaminados a un manejo sustentable de la cuenca, que incluyen, por ejemplo, la creación de viveros forestales para la reforestación y la restauración de zonas degradadas, la diversificación de los sistemas productivos, el ecoturismo comunitario y la construcción de estufas ahorradoras de leña.

Presencia y visibilidad en el espacio público.

La presencia activa en los espacios públicos de debate y la difusión de información, de manera directa y a través de los medios masivos, han permitido formar una opinión pública que está ejerciendo presión política. Por ejemplo, dar a conocer el recorte de 72 % del presupuesto federal destinado a la Comisión Nacional del Agua en 2017 (en comparación con el de 2016) permitió hacer visibles los planes del Gobierno federal de impulsar la ‘privatización inducida’ de los servicios de agua y saneamiento.

   Se han dado a conocer los problemas, las luchas y las alternativas viables. Y también se ha recurrido al ciberactivismo, como fue el caso de la movilización vía Change.org en contra de los “Lineamientos” que legalizarían el uso de agua para extraer hidrocarburos mediante fracturación hidráulica.

   Ha habido concentraciones masivas en las calles y plazas, y recorridos como la Caravana Nacional en Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida (convocada por la Tribu Yaqui en 2015). Esta Caravana, siguiendo tres rutas, recorrió durante 10 días el país para confluir en la Ciudad de México. Participaron más de cien organizaciones, pueblos indígenas y movimientos sociales, recorriendo 85 poblaciones rurales y urbanas, y logrando visibilidad en los medios (más de 5000 notas en la prensa, TV y redes sociales). Estos actos masivos permiten aprender todos de todos y también alimentan las esperanzas, pues nos ayudan a recordar que no estamos solos. Si bien el contrapoder se construye en el espacio público, una de sus bases de sustento está en la dimensión subjetiva, donde se genera y se reproduce la motivación de participación.

Redes nacionales e internacionales.

El posicionamiento político de las propuestas y acciones de Agua para Tod@s se ha afianzado gracias a los vínculos (solidaridad, apoyo mutuo y confluencia en coyunturas clave) con varias organizaciones campesinas de alcance nacional, universidades, sindicatos importantes como el de telefonistas y redes de índole socioambiental (Alianza Mexicana contra el Fracking, Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, etc.). La relación con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental también ha sido fructífera.

   También se tejen lazos en la dimensión internacional: con la RedVIDA (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua), con la Red para el Agua Pública (Reclaiming Public Water) y con organizaciones europeas como Agua de Todos (Portugal), K136 (Tessaloniki, Grecia) y Acqua Benne Comune (Italia).

   Gradualmente, con ayuda de los “agentes bisagra” (personas u organizaciones familiarizadas con distintos códigos culturales, lingüísticos y organizacionales) se van articulando diferentes ámbitos de lucha.

En síntesis.

La experiencia de Agua para Tod@s muestra los límites y alcances de la organización ciudadana para construir contrapoder. Un día podemos tener la satisfacción de ver suspendido (aunque sea de manera provisional) un proyecto minero o hidroeléctrico, y al día siguiente nos enteramos, con frustración y enojo, de la aprobación (sin consulta ni debate) de leyes que atentan, directamente, contra el derecho humano al agua. Cada vez más gente está alerta y se fortalece la capacidad organizativa en lo local y lo regional, pero subsisten las estructuras que permiten a las instituciones gubernamentales ejercer el poder de manera vertical.

   ¿Qué hemos aprendido, en términos de la construcción de contrapoder? Para comenzar, constatamos la importancia de combinar distintas estrategias; conjuntar las de tipo legislativo y la acción directa sobre los territorios; articular, de manera dialogal y complementaria, a una diversidad de actores, de culturas, de epistemes y de escalas espaciales y temporales. Paralelamente, ir construyendo saber transdisciplinario, a partir del diálogo entre saberes académicos y no académicos. De manera gradual ir articulando, también, distintas escalas: lograr que las luchas locales, arraigadas en territorios concretos, retroalimenten y sean retroalimentadas por los esfuerzos que realizan las organizaciones de la sociedad civil y los universitarios en las escalas regional, nacional e internacional. Tejer sinergias con las luchas por los derechos humanos, por el derecho a la alimentación y a la salud, por el derecho a la información y a la consulta, por el ambiente sano, por el derecho a la diversidad cultural.

   En estos tiempos de políticas neoliberales y Estados amafiados, el principal aprendizaje apunta, quizá, a la importancia de mantener las esperanzas de poder construir futuros más sustentables y justos, en los que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho al agua y muchos otros derechos fundamentales.

NOTAS:

1. Valadez Rodríguez, A. (2017). "Las industrias extractivas despojan de agua a 10% de mexicanos: académico", La Jornada,  [consultado el 13 de febrero de 2018].

2. Ver La Jornada del Campo, Nº 80, del 17 de mayo de 2014, sobre El buen gobierno del agua.

3. Ver Alatorre, G. (2015) 'El derecho humano al agua y la movilización ciudadana por cambios legislativos y políticos en la gestión del agua'. En: García López y Travieso (coords.) Derecho y Gestión del Agua, pp. 75-100. Ciudad de México: Ubijus Editorial.

4. Ver el artículo de X. Martínez Esponda (2014): 'Los derechos humanos, la defensa de los pueblos y los proyectos de desarrollo en Veracruz. Historia de un desencuentro'. El Jarocho Cuántico, Suplemento de La Jornada Veracruz. Número especial: 'Ríos y territorio, despojo y resistencias'.

5. Ver artículo

6. Ver Alatorre (2017) 'Apprentissage social et mobilisation citoyenne pour une gestion démocratique, équitable et durable de l’eau au Mexique'. Canadian Journal of Environmental Education, 22:11-26.

SOBRE EL AUTOR

Gerardo Alatorre Frenk es fundador del Grupo de Estudios Ambientales (GEA A.C.), donde trabajó de 1977 a 2000. Tiene una maestría en Desarrollo Rural y un doctorado en Antropología. Desde 2010, es miembro de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA). Es investigador-activista en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Veracruz y su trabajo académico se centra en promover los aprendizajes que se generan en torno al manejo y defensa del territorio por parte de los movimientos sociales.

Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2018, editado en castellano por 
Transnational Institute (TNI) y FUHEM Ecosocial.

Fuente: http://www.fuhem.es/ecosocial/articulos.aspx?v=10422&n=0