Qué Estado

Diciembre 2018

Con justicias social, ambiental y de género.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Generalicemos, abajo y a la izquierda, la toma de partido por los estigmatizados, ninguneados, silenciados e invisibilizados si queremos emprender los caminos hacia nuestros buenos vivires convivires o sea la vigencia de las justicias social, ambiental y de género.

Sandra Gómez a Patricia Bullrich: “usted legaliza el gatillo fácil”.

5 de diciembre de 2018

Sandra Gomez, mamá de Omar Cigarán e integrante del Colectivo Contra el Gatillo Fácil escribió una carta que publicó en su cuenta de Facebok, dirigida a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich a raíz de la Resolución 956/2018  publicada en el Boletín Oficial que amplía los casos en que se permite el uso de armas de fuego por los integrantes de las fuerzas de seguridad federales.

Señora ministra:

Le quiero decir que a mí como mamá de un chico asesinado por el gatillo fácil de la policía bonaerense, me llena de bronca e impotencia cuando me entero que usted saca una resolución que legaliza la impunidad policial para matar.

Le cuento que mi hijo Omar Cigarán, de 17 años, fue asesinado por el sargento de la policía bonaerense Diego Walter Flores en el barrio Hipódromo de La Plata en un hecho ocurrido el 15 de febrero de 2013. Tras una lucha incansable de mi familia y de las organizaciones que me acompañaron por conseguir el juicio oral, el 11 de abril de 2017 el Tribunal Oral 4 de La Plata absolvió a Flores con votos por mayoría de los jueces Emir Caputo Tártara y Juan Carlos Bruni, que entendieron que Flores actuó en “cumplimiento del deber” y en “legítima defensa”. Hubo un voto en minoría del juez Germán Alegre, que opinó que no estaba claro que Omar hubiera enfrentado con un arma a Flores, y que aun teniendo Omar el arma la podría haber tenido guardada cuando Flores lo balea.

Flores fue beneficiado con una “legítima defensa” privilegiada que la ley no contempla y que sus abogados del Ministerio de Seguridad bonaerense no probaron en el juicio oral. El fallo fue apelado a la Sala 5 del Tribunal de Casación, integrado por los jueces Jorge Celesia y Martín Ordoqui, quienes convalidaron la absolución por “legítima defensa”, aunque quisieron hacer un poco más prolijo el veredicto y dijeron que Flores no actuó “en cumplimiento del deber” porque la ley no lo habilita a matar como parte de sus funciones. Lo contrario a lo que usted piensa, señora ministra. Después de eso apelamos el fallo ante la Suprema Corte de la provincia y estamos esperando la decisión. No esperamos nada bueno, sobre todo porque en la Corte hay ex funcionarios del ministerio de Seguridad del duhaldismo que tienen estrechos lazos con la Policía bonaerense desde hace décadas. Seguramente a usted, señora ministra, estas cosas no le importan.

Yo sé que esto no empezó ahora. Porque antes de su gestión, señora ministra, los policías también actuaban impunes. Y cuando los llevamos a juicio tuvieron todo el aparato político, mediático y judicial para encubrir este crimen de Estado que es el gatillo fácil.

Sé que en los ’90 hubo un gobernador de la provincia que se llamó Carlos Ruckauf, que ganó una elección llamando a “meterle bala a los delincuentes”. Yo sé también que las estadísticas dicen que del ‘83 a la fecha hubo más de 5.400 casos de personas asesinadas por el Estado, tanto en gatillo fácil como en torturas en cárceles y comisarías. Sé también que a diciembre de 2015 había 4.600 casos, o sea que el 58% de los 5.400 casos ocurrieron en la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. Tengo muy en claro que a Omar la mata la policía del gobernador Daniel Scioli y su ministro Alejandro Granados, que decía que había que “poner mano dura contra los delincuentes, a matar o morir”. Yo sé muy bien que el que llevó a La Bonaerense a tener más de 100 mil efectivos, como nunca en su historia, fue Scioli. El que creó las policías locales improvisadas fue Scioli. El que inició la llegada de fuerzas federales al conurbano fue Scioli con los operativos en los trenes. El que inició los operativos de saturación en los barrios que no se veían desde la dictadura fue Scioli.

Pero ahora usted va más allá. Ahora usted legaliza el gatillo fácil. No le alcanza a usted con la excusa de la “legítima defensa”. Usted quiere miles de Chocobar para “contener” los problemas que genera el modelo económico de los que gobiernan con usted.

 

Lo que más indigna señora ministra es el efecto de la impunidad. A mí me pasó de tener que cruzarme en el tren Roca con el policía asesino de mi hijo. Yo trabajaba en una cooperativa en Tolosa, y usaba el tren para ir a trabajar. Y me cruzaba a este asesino, que se tomaba el tren para ir a Quilmes, donde revista en el área de traslados. Una mañana íbamos con un compañero en tren a una actividad en el conurbano. Entonces lo veo a Flores, que cuando nos ve se trata de tapar. Yo me quedé paralizada. El tipo se levantó y se fue a otra parte del vagón. Pero el mismo día cuando volvíamos de tarde a La Plata en el tren, lo volvemos a cruzar, uniformado y con la 9 mm en la cintura.

 

Entonces lo esperamos a que bajara y le empezamos a gritar “asesino”, mientras lo filmábamos por las dudas. El episodio fue entre que dictaron el fallo en el juicio y que tuvimos la audiencia en Casación. Cuando vamos a la audiencia a Casación los abogados de Flores, pagados por el ministro Ritondo que comparte su espacio político, señora ministra, me anuncian que me iban a denunciar porque yo lo había amenazado con un grupo de gente. Una mentira total. Lo único que hicimos fue decirle que hizo lo que él reconoció que hizo: asesinó a Omar. Después lo crucé yo y mis compañeros varias veces más, y sé que el asesino sigue revistando en Quilmes. Estas son las cosas que a los funcionarios como usted, señora ministra, no les importan. Mucho menos a los jueces que deciden sobre la impunidad de estos casos. Seguramente porque ni a ellos ni a usted, señora ministra, nunca les va a tocar vivir algo así.

Ustedes, señora ministra, han creado un nuevo enemigo social, al que expulsan a la marginalidad y después les sirve para justificar la mano dura. Son los pibes pobres de nuestros barrios que caen bajo la bala policial. Ustedes buscan que la gente odie al “pibe chorro” como creador de todos los males. Pero yo conozco las cifras que dicen que el delito joven, es decir, cometido por jóvenes e investigado en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, representa el 5% de todos los delitos cometidos en la provincia en un año. Y que la mayor cantidad de hechos por los que son imputados los jóvenes tiene que ver con delitos contra la propiedad, mayormente robos y hurtos.

 

Los homicidios cometidos por jóvenes fueron 8 casos en 2016, según datos de la Procuración de la provincia. Eso es un promedio del 0,50 % de todos los hechos delictivos ocurridos anualmente en la provincia. Después hay muchas causas típicas de cuestiones sociales como lesiones y ley de drogas, vinculados a la violencia y a la presencia narco que se vive en los barrios. Entonces los pibes no son ángeles, pero ¿de qué estamos hablando? ¿El 5% de los hechos explica la “inseguridad” que vivimos? Seguramente sería mejor pensar qué esperamos de los jóvenes cuando el 48% vive en situación de pobreza. Y la cosa se agrava cada vez más. ¿Qué futuro les mostramos, señora ministra? Claro que tanto a los gobiernos como los medios les convienen las soluciones fáciles de más policía y baja de edad de imputabilidad, que no resuelven nada.

Señora ministra, le quiero decir que cada aparición pública suya me llena de bronca. Mucha bronca. Sin embargo no escribo esto para que usted cambie. No espero nada de usted. No la llamo a la reflexión, ni espero que recapacite. Usted y todos los que gobiernan como usted son nuestro enemigo de clase. Eso lo aprendí en la lucha.

También aprendí que el gatillo fácil es un tema más complejo que sólo el asesinato de los pibes. Es un punto de llegada, no de partida. Para muchos es un problema de “Violencia Institucional”. Nosotros vemos que desde hace un tiempo se ha popularizado en la militancia, en los medios y la sociedad el término “Violencia Institucional” para referirse a hechos represivos producidos por las fuerzas de inseguridad estatales. Nosotros no hablamos de “violencia institucional”. Preferimos hacerlo más sencillo. Entendemos que la represión es una política de Estado. Porque gobierne quien gobierne siempre reprimieron. Todos los gobiernos tienen desaparecidos en democracia, torturados y fusilados. Por eso sabemos que hay violencia cuando nos acercamos a hacer la cola a un hospital, a una sala sanitaria, a una escuela, a una fiscalía o a un juzgado. Entendemos de qué desprecio, coerción y destrato estamos hablando. Pero la represión es otra cosa. La represión es la base de la política que quieren usted, señora ministra, y los que gobiernan con usted. La represión para pisarle la cabeza a los sectores populares.

Hay una frase, señora ministra, dice que el gatillo fácil es el único crimen que comete la policía sin fines de lucro. Nosotros agregamos que aunque no tenga fines de lucro si tiene un efecto importante: el control social sobre los pibes pobres de los barrios. Es un mensaje que se da de ejemplo de lo que le pasa al que no quiere quedar bajo la bota de la policía. Esa policía, señora ministra, que como usted se cree dueña de la calle y de la vida de los pibes.

Más Noticias

Fuente: http://www.anred.org/?p=107709

 

Luchemos por los derechos de todos los pueblos naciones indígenas no sólo por la justicia hacia el  arraigo en siglos de resistencia sino también porque nos iluminan para nuestros desafíos en común  de emancipación del capitalismo.

 

 

In-Justicias: Pueblos originarios

en la era Cambiemos.

19 de noviembre de 2018

Por Darío Aranda

lavaca.org

 

 

A tres años de la foto entre Macri y Félix Díaz, referentes indígenas cuentan qué hizo y qué no hizo el gobierno. Entre el despojo territorial, la represión, el asesinato de Rafael Nahuel y el cáncer del racismo.

Siete días después de asumir la presidencia, Mauricio Macri recibió en el Museo del Bicentenario a una comitiva de pueblos indígenas, encabezada por Félix Díaz, referente qom de Formosa, y Relmu Ñamku, mapuche de Neuquén. “Vamos a empezar a construir un camino distinto, que los pueblos originarios puedan crecer y desarrollarse”, prometió el presidente.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo que la situación indígena era para el Gobierno “un tema prioritario”, y se animó a decir: “Es como la gran deuda pendiente de los derechos humanos en la Argentina, y la idea es trabajar sobre los puntos que ellos nos han trasladado”. El secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, quien fue otro de los que participó en la mesa, precisó algunos puntos: “La agenda de trabajo involucra el tema tierras, y el tratamiento simultáneo de enormes problemas de acceso a la justicia, a la educación, medio ambiente, alimentación, acceso al agua potable, trabajo”.

A casi tres años de aquella reunión-foto, Félix Díaz evita hacer una crítica directa al gobierno nacional pero reconoce que “el problema de los pueblos indígenas se ha agravado mucho, la gran preocupación sigue siendo la problemática territorial, siempre fue así, no es nuevo, y tiene que ver con que se arrastra la falta de titulación de las tierras indígenas”. Sigue Díaz: “Nunca tuvimos una respuesta contundente de ningún Gobierno. Y nunca se ha mejorado la situación indígena”, avisa. Señala que se ha logrado que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) intervenga de forma más directa en casos de salud o de la detención policial de indígenas. Al mismo tiempo que reconoce la disminución del presupuesto para el área.

Sobre los compromisos de Macri con los pueblos originarios, señala que “se han trabado por cuestiones internas de diferentes ministerios”. Avisa que la represión en Formosa se ha frenado, pero que el gobierno provincial disminuyó mucho la ayuda social porque alega que la Nación no le envía fondos. Díaz aclara que desde el gobierno nacional aseguran que sí giran las partidas presupuestarias. “Pelean ellos y nosotros quedamos en el medio”, lamenta. Aclara que desde el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas (espacio creado por decreto presidencial y que ha tenido muchas críticas de otros referentes de comunidades originarias) impulsan un proyecto de ley de “propiedad comunitaria indígena” que avance en la titulación de tierras. “A los pueblos les falta agua, salud, educación, trabajo, vivienda. Nada de eso fue resuelto”, afirma Díaz. Y apunta a otro poder del Estado: “La Justicia es ágil cuando está denunciado al indígena pero es muy lenta cuando el indígena es el que denuncia”.

Relmu Ñamku es una dirigente mapuche de Neuquén que en 2015 enfrentó un juicio oral por defender el territorio del avance petrolero. Estuvo a punto de ir a prisión por ese motivo y Amnistía Internacional tomó su caso como referencia de criminalización de la lucha indígena.

Ñamku también participó de la reunión con Mauricio Macri en diciembre de 2015 y es la secretaria general del Consejo Consultivo. Dice: “En ningún Gobierno hemos sido (los pueblos indígenas) agenda seria. Siempre ha sido pantalla para las campañas”, denuncia Ñamku, pero al mismo tiempo aclara que no tiene “ninguna autocrítica” para hacer por las reuniones con Macri. Y compara: “En todo caso fue al comienzo del Gobierno. Y hoy a pesar de la política nefasta me volvería a sentar. Al igual que en Neuquén, donde el MPN (Movimiento Popular Neuquino) gobierna hace más de 50 años y jamás logramos nada, sólo palos y persecución”.

Aclara que su trabajo en el Consejo es ad-honorem. Como aspecto positivo del Gobierno destaca que se “avanzó en asistencia social”, pero nada en lo central: territorios y seguridad jurídica. Ñamku evita cuestionar de lleno a Macri, sólo lo define como “la cara visible de una política”.

Colonialismo 2.0

Israel Alegre es un histórico referente indígena de Formosa, de la comunidad NamQom, conocida por una feroz represión en 2002, cuando una razzia policial con métodos propios de la dictadura militar ejecutó una feroz represión que terminó con una decena de heridos y 80 detenidos. La causa aún tramita en la Comisión Intermericana de Derechos Humanos. Alegre formó parte del acampe indígena Qopiwini (Pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaklé), pero siempre tuvo mirada muy crítica sobre Macri, Cristina Fernández de Kirchner y Gildo Insfrán.

“No se hizo nada en tres años de Macri. No cumplió ninguna de las promesas que hizo en el acampe de 9 de Julio. Sólo se pasó el INAI de Desarrollo Social a Derechos Humanos, pero igual no respetan ninguno de nuestros derechos”, denuncia el referente qom. Y resume: “Macri y el Gobierno tienen una mirada colonial”.

Informa que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, visitó Formosa hace poco pero “no dio ninguna solución”. El referente qom resume la política indígena del macrismo: “Entrega mercadería. Y no respeta los derechos indígenas”. “Al indígena no se lo trata como un ser humano. Al indígena nos quieren tratar como animales, nos quieren arrodillados”, denuncia Israel Alegre. Y vuelve a remarcar la importancia del territorio para los pueblos indígenas, esa relación fundamental que desde amplios sectores no indígenas no se entiende (o se entiende y no se respeta): “Nuestra espiritualidad, nuestras costumbres, nuestra cultura están atadas al territorio. Día a día nos acorralan más, nos dejan sin espacio, nos quieren llevar al exterminio”.

Se lo escucha enojado al líder qom. Recuerda que en Formosa hay un mismo gobernador desde hace casi treinta años. “Provincia y Nación parecen del mismo partido porque hacen lo mismo, ninguno respeta los derechos indígenas”, ironiza. Y deja un aviso, de dos palabras: “Seguiremos luchando”.

Derechos torcidos

Silvina Ramírez es una referente del derecho indígena, docente de esa especialidad en la Facultad de Derecho de la UBA y autora del libro Horizonte político del movimiento indígena. Conversaciones con sus líderes. “Ya llegando a los tres años de gobierno de Mauricio Macri, la relación traumática del Estado con los pueblos indígenas no sólo no se modificó sustancialmente, sino que las tensiones se han profundizado”, afirma.

Ramírez destaca como puntos de quiebre la “brutal represión” de Gendarmería Nacional en Chubut, con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por parte de Prefectura en Río Negro. “En ambos casos la Justicia no ha reaccionado como hubiera sido esperable en un Estado de Derecho”, resume y recuerda que a casi un año del asesinato de Nahuel no existe ningún imputado de las fuerzas de seguridad, y contrariamente el juez libró orden de captura para dos jóvenes mapuche que intentaron ayudar a Rafael Nahuel cuando fue herido.

Destaca como puntos positivos “fallos excepcionales” como el del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal (a cargo de la jueza María José Sarmiento) que benefició la comunidad mapuche Trypay Antu y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que escriture a favor de la comunidad indígena los títulos comunitarios de las tierras, sin la necesidad de una ley especial del Congreso. También subraya como avance la sentencia de la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Admnistrativa de Chaco que evitó que un territorio indígena (“Reserva Grande”) fuera titulado en favor de familias criollas. Ramírez, miembro fundadora de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), subraya que entre lo más preocupante sobresale el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en septiembre pasado falló en favor del gobierno de Neuquén y anuló la personería jurídica de seis comunidades mapuches (Lof Maripil, Lof Gelay Ko, Lof Wiñoy Tayin Raquizuam, Lof Lonko Purran, Lof Lefiman y Lof Wiñoy Folil). El fallo abre la puerta a que otras provincias sigan el mismo camino, es decir que desconozcan comunidades, que implica también desconocer sus derechos.

“Llama la atención que los jueces no hayan incluido ninguno de los derechos colectivos específicos de los pueblos indígenas. La personería jurídica es un derecho de las comunidades, y su reconocimiento no debe ser entendido como una potestad discrecional del Estado, ya sea en su dimensión local como federal”, explica Ramírez, y afirma que el fallo genera “un estado de incertidumbre” frente a las personerías jurídicas (otorgadas por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas) de las que gozan numerosas comunidades indígenas en todo el país y las deja en situación de mayor vulnerabilidad.

“Como balance de tres años de la actual gestión de gobierno, los pueblos indígenas siguen reclamando por sus derechos, el Estado no formula las políticas públicas necesarias para garantizarlos y el Poder Judicial mayoritariamente no cumple con su deber de ser la salvaguarda final de estos derechos”, cuestiona la abogada.

Bullrich x 2

Diana Lenton en doctora en antropología y una de las referentes de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. Señala que la situación de los pueblos indígenas es “muy complicada” por las políticas macroeconómicas del gobierno, atadas a las industrias extractivas. “Es una política agresiva para los territorios y para las personas que viven en los territorios”, denuncia. Señala, como actividades que violan los derechos indígenas, a la minería, agro, petróleo, forestales e incluso el turismo. Aclara que esta situación venía del gobierno anterior pero que con la gestión Macri se incluyeron nuevos territorios a la explotación.

Otro factor es el que llama la “violencia económica” que implica la pérdida de fuentes de trabajo y de subsidios que eran paliativos para situaciones de vulnerabilidad. Puntualiza en la baja de planes sociales, eliminación de subsidios por discapacidad, disminución de planes de atención para determinadas enfermedades. “Esto se combina con un incremento en la represión a la protesta y con un discurso de odio para con los senegaleses, pibes con gorrita y, en el caso de los indígenas, es un claro discurso racista que los pone como el antiguo ‘civilización o barbarie’, una nueva teoría de los ‘dos demonios’, y hasta se incluye el componente nacional/extranjero para atacar a los pueblos indígenas”, afirma Lenton. No tiene dudas de que desde el gobierno nacional se ha realizado un “campaña irresponsable, totalmente criminal” contra los pueblos indígenas y en particular contra el Pueblo Mapuche. “Fogonearon un discurso de odio desde la clase media contra los sectores populares”, lamenta.

Lenton puntualiza como dos emblemas de esa avanzada a Patricia Bullrich, que “sin importar las pruebas siempre toma partido por las fuerzas represivas”. Y también puntualiza en el ex ministro de Educación y actual senador por Buenos Aires, Esteban Bullirch, que en un acto en Río Negro dio la bienvenida a una “nueva Campaña del Desierto, ahora con la educación”. “Imaginemos que alguien pudiera referirse así al Holocasuto, a un nuevo Auschwitz. Sería imposible. Pero saben que pueden decir eso de los indígenas porque tienen impunidad, sigue habiendo impunidad cuando las víctimas son los indígenas”, cuestiona Lenton.

La situación del Pueblo Mapuche es la que más cobertura mediática ha tenido en los últimos dos años. Directa relación con la criminalización de las comunidades en Chubut (epicentro en Pu Lof en Resistencia de Cushamen), Río Negro (Villa Mascardi, asesinato aún impune de Rafael Nahuel) y Neuquén (zona de Vaca Muerta). El insólito documento RAM. Informe conjunto realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut, es el nombre de la “investigación” que presentó Patricia Bullrich en diciembre de 2017. Se trata de 180 páginas repletas de imprecisiones, datos falsos, suposiciones y apunta a los mapuches como enemigo interno, peligroso, terrorista. Es una muestra oficial de la arremetida contra las comunidades mapuches.

Lenton aclara que el tema de fondo es el territorio. La Ley 21160 (de “emergencia territorial”) fue prorrogada el año pasado (a pesar de que sectores del oficialismo intentaron que caiga). Lenton detalla que en este año no se avanzó en relevamientos ni en finalización de trámites. También alerta por la reforma del Código Procesal Penal, que ya tiene media sanción y espera en Cámara de Diputados. Según la nueva versión se sacaría la figura de comunidades indígenas como querellantes. “Se elimina parte del derecho indígena. Una comunidad ya no podrá litigar contra una multinacional, tendrían que querellar de forma individual”, explica. También fija como claro retroceso el fallo de la Corte Suprema que desconoce las comunidades mapuches de Neuquén.

En resumen: “Lo que muestra el accionar de la Corte Suprema es la impunidad con que el Estado, en cualquiera de sus tres niveles, retrocede sobre derechos adquiridos. Derechos que no debieran poder retroceder”.

Racismo sistemático

Victoria Tauli-Corpuz es la relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas. “Se está desarrollando una crisis global. La rápida expansión de proyectos de desarrollo en tierras indígenas sin su consentimiento previo está impulsando un drástico aumento de la violencia y el acoso legal contra los pueblos indígenas. Estos ataques, ya sean físicos o legales, son un intento de silenciar a los pueblos indígenas que se oponen a proyectos que amenazan sus medios de subsistencia y sus culturas”, denuncia en una carta pública titulada Debería haberlo sabido, dirigida a los jefes de Estado del mundo. Tauli-Corpuz asegura que se trata de un plan global o “patrón de abuso” en el que las empresas actúan en complicidad con los gobiernos para desplazar a los pueblos indígenas de sus tierras por cualquier medio necesario y dar así paso a proyectos de infraestructura, agricultura, minería y de extracción de recursos naturales.

Alerta que siempre se suceden desde el poder “campañas de difamación y discursos de odio que caracterizan a los pueblos indígenas como ‘obstáculos para el desarrollo’, o en el peor de los casos, como ‘terroristas’ o ‘matones’”. Luego sobreviene la criminalización, órdenes de arresto y violencia sobre las comunidades. “Existe una impunidad generalizada para quienes cometen actos de violencia contra los pueblos indígenas”, cuestiona la experta de Naciones Unidas. Y resume así lo que sucede a nivel global y aplica para Argentina: “En la raíz de esta crisis mundial está el racismo sistemático y la incapacidad de los gobiernos para reconocer y respetar los derechos indígenas territoriales”.

Por último, en su carta Tauli-Corpuz advierte a los “líderes mundiales”: “A pesar de los increíbles riesgos, los pueblos indígenas siguen levantando sus voces, continúan defendiendo sus formas de vida, sus comunidades y las tierras y bosques de los que depende toda la humanidad”.

http://www.lavaca.org/mu128/in-justicias-pueblos-originarios-en-la-era-cambiemos/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=249189

 

 

 Reflexionemos sobre la consigna en apariencia adecuada para conseguir la satisfacción de necesidades e intereses de los trabajadores desocupados por el sistema capitalista. Reclaman ante la "falta de vivienda digna; una falta de derechos básicos que, en este siglo, entendemos ya deberían estar saldados. Por ejemplo: en muchos de nuestros barrios todavía no hay cloacas, no hay agua potable, no están los tendidos de los servicios de electricidad, de gas, que son todos servicios indispensables".

 

 

Argentina. Entrevista a Diego Markus, dirigente de la OLP, compañero de Rodolfo Orellana, militante de la CTEP asesinado en La Matanza.

“El gobierno viene por nosotros si no nos organizamos y

nos movemos en unidad”.

Por Mariano Pacheco

(La luna con gatillo/

Resumen Latinomericano)

 

El joven militante de las Organizaciones Libres del Pueblo (OLP), integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, nos habla del asesinato de su compañero Rodolfo Orellana en La Matanza,

el trabajo comunitario, territorial de base que realizan en la zona y las perspectivas para un diciembre que se avecina “caliente”.

El pasado jueves 22 de noviembre la Argentina amaneció con la noticia de un nuevo crimen político sucedido en el país. Como en tantas otras oportunidades se trataba de un hombre trabajador, habitante de una barriada humilde del Conurbano a quien le dio muerte un efectivo de la Policía Bonaerense. Como tantas otras oportunidades, también, el funcionariado de Estado y el terrorismo mediático sostenido por las empresas de comunicación tendieron durante las primeras horas un manto de sospecha sobre las propias organizaciones sociales, poniendo a circular la versión de que la bala podría haber salido del mismo bando que, en esta oportunidad, estaba intentando ocupar un pedazo de tierra para construir una vivienda digna.

Para aclarar algunos puntos y tener la versión de los protagonistas en primera persona conversamos con Diego Markus, un joven militante que cada día se pone la patria al hombro para construir desde abajo un poder popular que sea capaz de alimentar un proceso capaz de construir un país libre, justo y soberano.

 

¿Qué han podido reconstruir, hasta el momento, de lo que sucedió durante el asesinato de Ronald?

Lo primero que pasó fue que, tras el asesinato de Rodolfo Orellana por parte de la policía, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo –junto con la policía– intentó instalar la versión de que se había producido un enfrentamiento entre dos grupos que se disputaban los terrenos; que era un problema de grupos por cuestiones de  nacionalidades. También dijeron que la policía había llegado después del disparo mortal, tras un llamado al 911, y encima que el compañero había  fallecido producto de una puñalada. La versión esa ya se cayó rápidamente, cuando pudimos comprobar que el compañero murió por un disparo de arma de fuego, hecho que se está reconstruyendo todavía. Aún no han encontrado ninguna bala de plomo en el lugar;  tampoco encontraron rastros de sangre allí donde los testigos dijeron que estaba el compañero al momento de recibir el disparo (cosa que se ve en los videos), ya la policía había limpiado todo.

 

Lo que ya no se puede ocultar es el hecho de la ubicación de la policía, que es de ahí de dónde vinieron los disparos, y que desde ahí vino la represión, cosa que desmiente la primera versión de “enfrentamiento entre dos bandos”. La gente se replegó y en esa corrida, mientras le daban las espaldas a la policía, los uniformados ejecutaron al compañero, que según relatos de personas que estaban en el lugar dicen que Ronald se había trastabillado. Es importante aclarar que la policía ya estaba ahí desde el comienzo y uno de esos efectivos, la policía mujer, fue quien asesinó al compañero.

 ¿Cómo es la situación actual respecto de la problemática de vivienda en la zona?

La problemática habitacional y de vivienda en el barrio del cual era el compañero Orellana y lo que es la zona de La Matanza (en general en todo el conurbano bonaerense), es de falta de vivienda digna; una falta de derechos básicos que, en este siglo, entendemos ya deberían estar saldados. Por ejemplo: en muchos de nuestros barrios todavía no hay cloacas, no hay agua potable, no están los tendidos de los servicios de electricidad, de gas, que son todos servicios indispensables.

Por supuesto, el tema está en la cantidad de terrenos ociosos que hay, terrenos fiscales, que son manejados por mafias en complicidad y en participación directa con la policía, para lotear, vender y hacer negociados con ellos, mientras tenemos barrios populares, villas y asentamientos que cada vez crecen más y más y se vive de forma totalmente hacinada. Estamos en una situación donde hay familias que cuentan para trabajar y producir solamente para con piezas de 2×2 o 4×4, con alquileres que se llevan miles de pesos por mes.

¿Quién era Orellana y cual era el trabajo que realizaba en el marco de la OLP en La Matanza?

El compañero Ronald era, al igual que la mayoría de los compañeros de la OLP en la zona, un habitante de esas barriadas que rodean el mercado central, donde día a día se desperdician miles y miles de toneladas de comida, frutas, verduras. El trabajo de Ronal en el barrio, junto a la organización, como el de muchas compañeras y compañeros, era el de poner en pie y sostener espacios socio-comunitarios: comedores y merenderos donde se dan clases de apoyo y recreación para las niñas y niños, que suelen ser las hijas e hijos de quienes integran la OLP, y sus familiares y vecinos.

Hay otra parte del trabajo que es netamente  productivo, y que al igual que el resto ahí en Villa Celina, está vinculado a  la rama textil. De hecho, nosotros veníamos de armar unas tandas de ropa para un municipio, para el tema deportivo de los niños veníamos de armar, planificar y hacer entrega de guardapolvos para el inicio de las clases, este último año; veníamos trabajando con esa lógica: combinar el trabajo social y el trabajo productivo autogestivo, en cooperativas, que es la base de la economía popular.

¿Cómo están viviendo está situación de represión en el el contexto del acercamiento de un nuevo diciembre?

Al principio en el barrio, en la cooperativa donde trabajaba Ronald, en cada familia, en la organización en general, vivimos todo esto con mucha angustia. Pero hoy debemos decir también que estamos muy agradecidos de la enorme presencia y solidaridad que tuvieron y trasmitieron un montón de espacios sociales, de sindicatos, de organizaciones, de medios también, que se acercaron, dieron colaboración y acompañamiento activo a esto.

Rápidamente, con mucha fuerza, nos dimos cuenta, y nunca dejamos de pensarlo, que el camino emprendido para obtener justicia por Ronald, al igual que el reclamo de justicia por Marcos Soria (el compañero del Encuentro de Organizaciones de Córdoba asesinado también por un policía el sábado), ese reclamo de justicia por nuestros muertos, al igual que el de exigencia de justicia social,  lo vamos a conquistar en la lucha, con organización, y esa es la mejor forma de hacer que la muerte de estos compañeros no quede impune. En estos días vivimos todos estos casos de avances represivos en el que está clara la responsabilidad política del Estado: el gobierno creetener licencia para matar, para asesinar a los pobres, sin importar que quieren: si conseguir una vivienda digna, acceder a un trabajo, a una atención digna de salud o educación. Claramente esto se produce en un contexto determinado, que es la semana previa a que se realice el G20; en un contexto en el que se aprobó el presupuesto para el próximo año en declive político y a las puertas de un diciembre en donde florece toda esta problemática: hay con mucha miseria y cada vez más precarización de la vida en los barrios populares. Así que el diciembre que se viene, y todo lo que lleva de acá al próximo año, la verdad lo vemos para peor: el gobierno viene por nosotros si no nos organizamos y nos movemos en unidad.
Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/11/26/argentina-entrevista-a-diego-markus-dirigente-de-la-olp-companero-de-rodolfo-orellana-militante-de-la-ctep-asesinado-en-la-matanza-el-gobierno-viene-por-nosotros-si-no-nos-organizamos-y/

Consideremos que la lucha de clases implícita es restringida, por dirigentes, a obtener:

La emergencia social es ley

14 de diciembre de 2016

Luego de un año muy duro para los humildes de nuestro país, con mucho esfuerzo, organización, lucha y la unidad de todos los trabajadores, se consiguió declarar la ley de emergencia social. Aprobado por unanimidad en el senado, el proyecto que promovimos las organizaciones sociales en las calles ya es ley.

Con este logro se consolida la pelea de todos los trabajadores de la economía popular que junto al movimiento obrero organizado cerramos un año crítico conquistando derechos. En un momento defensivo, donde el objetivo es que los compañeros no se queden sin trabajo, peleamos para que los que vienen de más abajo, ganen derechos; y desde esa lucha generar las bases para avanzar.

Esteban Castro, Secretario General de la CTEP, manifestó que esto no termina acá: “Ahora hay que trabajar sobre la reglamentación y puesta en marcha de la ley. La lucha no termina con una ley, es un paso importante pero tenemos un largo camino. Las expectativas nuestras son que no haya ningún trabajador de la economía popular que no tenga su salario social complementario, ese es el objetivo que tenemos que alcanzar.”

Somos conscientes que enfrentamos una situación de crisis provocada por una economía que no está al servicio del pueblo, donde el bolsillo de los humildes es la primera variable de ajuste y la situación de los trabajadores de la economía popular es el reflejo de ello. Por eso estos derechos conquistados son paliativos que no nos harán dormir tranquilos, sino que fortalecerán y profundizarán nuestra lucha por Tierra, Techo y Trabajo para todos.

Fuente: http://ctepargentina.org/la-emergencia-social-ley/

 

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Debates sobre la Ley de Emergencia Social,

el Salario Social Complementario y

los desafíos de los trabajadores de la economía popular

Año XVII - Edición 306 12 de julio de 2018

 

El pasado 19 de junio en el SUM del Instituto Gioja, se llevó a cabo la charla “Debates sobre la Ley de Emergencia Social, el Salario Social Complementario y los desafíos de los trabajadores de la economía popular”, organizada por el Grupo de Trabajo Interdisciplinario “Derechos Sociales y Políticas Públicas” y el Seminario “Derechos Sociales y Políticas Públicas”. 

Participaron de la actividad: Emilce Moler (directora del Programa de Investigaciones de Economía Popular - PEPTIS), Enrique Palmeyro (miembro fundador de la Red de Asistencia Técnica a la Economía Popular) y Gildo Onorato (integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y secretario de Políticas Sociales Movimiento Evita).

Para comenzar, Emilce Moler destacó el valor del Programa de Investigaciones de la Economía Popular que depende del CONICET y articula con la Universidad de los Trabajadores (UMET). “Desde una cuestión simbólica es muy importante que la academia, los investigadores se apropien de estas temáticas. (…) Que desde el CONICET haya un programa que hable de economía popular y desde una universidad que trabaja con trabajadores sindicalizados y asalariados. Desde ese lugar, planteamos un ámbito de intercambio entre los conocimientos científicos, los conocimientos tanto de las ciencias sociales, humanísticas como tecnológicas, con los sectores populares”, sostuvo.

Asimismo, explicó que tienen otras líneas de trabajo en paralelo. En ese sentido, se proponen “ayudar a hacer conexiones entre necesidades tecnológicas o necesidades específicas de algunos compañeros de la economía popular y el mundo científico-tecnológico”.

Por su parte, Enrique Palmeyro serefirió al marco normativo de la economía popular. “El punto de arranque de la normativa fue el conflicto. El Estado se vincula con la economía popular desde una mirada punitiva. A fin de 2015, se logró por parte del Ministerio de Trabajo una resolución que reconoce la posibilidad de que los trabajadores de la economía popular formen organizaciones sociales. (…) Al inicio de la actual gestión, se le da una vuelta más a la resolución anterior y se crea el registro de organizaciones de trabajadores de la economía popular, donde hay ciertas facultades de agremiación de los trabajadores. Esta resolución no se instrumentó plenamente, sobre todo preveía instancias de mediación para los conflictos en los cuales los representantes de los trabajadores podían intervenir como tales”.

Finalmente, Gildo Onorato sostuvo que para reflexionar y debatir sobre la economía popular hay que hacer un poco de historia. En ese sentido, planteó que hay dos grandes paradigmas que han dejado de ser los paradigmas por los que se regían algunas formas de comprender la acción política o el desarrollo de las política sociales: “El primer paradigma que se ha roto es que el crecimiento económico en sí mismo no resuelve las problemáticas de pobreza, porque la experiencia última de los gobiernos en los últimos quince años de nuestra región contando con un gran crecimiento económico, no pudieron resolver los núcleos estructurales de la pobreza.

Por otro lado, el segundo paradigma está directamente asociado a esta situación y está vinculado a que la relación patrón/asalariado no es la única relación existente. “Si la gobernanza global sigue en la dirección que lamentablemente está no vaya a ser la más importante en términos globales. Eso da cuenta de que hay una situación de descarte social muy profunda que las políticas económicas y las distintas iniciativas sociales no han podido resolver y no las pueden resolver en las formas en que se ha abordado la cuestión social históricamente en Argentina y en la región”, aseguró. Según el expositor, aquí es donde la economía popular aparece como respuesta.

Fuente: http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/debates-sobre-la-ley-de-emergencia-social-el-salario-social-complementario-y-los-desafios-de-los-trabajadores-de-la-economia/+7146

 

Pensemos esas personas y familias desposeídas, expulsadas, excluidas por el capitalismo luchan por legalizar la situación a que las condujo el Capital-Estado. Lo irresponsabiliza, lo vuelve impune y a partir de 'normalizar' semejante atropello pretende ir por "Tierra, Techo y Trabajo para todos". Pero la siguiente amplia unidad con los principales mediadores de los opresores patentiza cómo se priva y aparta a los trabajadores de la lucha de clases o de confrontar con el poder económico e imperialista para erradicar la expoliación:

 

Sindicalistas, movimientos sociales y dirigentes justicialistas marcharon hasta Luján por "Paz, pan y trabajo".

20 octubre 2018

 

Unas 50.000 personas participaron de una misa en la que el arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, planteó: "ninguno de los problemas se puede resolver sin la interacción entre el Estado y el pueblo". Y subrayó: "el futuro de la Nación no está únicamente en manos de los dirigentes: está fundamentalmente en manos de nuestro pueblo".

El arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, dijo ayer que “el futuro de la Nación no está únicamente en manos de los dirigentes: está fundamentalmente en manos de nuestro pueblo”. Lo manifestó durante su homilía en la multitudinaria misa que se celebró frente a la Basílica de Luján, convocada por el Frente Sindical que lidera el jefe del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.

El prelado remarcó también: “nuestro pueblo debe ser artífice de su propio destino y no quiere tutelajes, ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil”.

Moyano, junto a su hijo Pablo, gremialistas opositores al Gobierno, dirigentes políticos y de organizaciones sociales participaron de la misa denominada “por pan, paz y trabajo” desde la primera fila de un escenario montado en el frente de la emblemática Basílica de Luján.

“Si realmente queremos un cambio positivo tenemos que asumir humildemente nuestra sana interdependencia. Pero interacción no es nunca sinónimo de imposición. El futuro de la Nación no está únicamente en manos de los dirigentes: está fundamentalmente en manos de nuestro pueblo, en su capacidad de organizarse para lograr este proceso de auténtico cambio”, afirmó Radrizzani en su homilía.

“No nos dejemos robar el entusiasmo. No nos dejemos robar la esperanza. No nos dejemos robar la alegría permanente. No nos dejemos robar la comunidad”, sostuvo.

La convocatoria a la misa y la participación de Radrizzani como celebrante de la misma produjo algunas controversias en el seno de la cúpula de la Iglesia por el evidente carácter político opositor de la iniciativa, confiaron a Télam fuentes eclesiásticas, aunque el encuentro no contó con discursos críticos al Gobierno de los gremialistas ni de los dirigentes.

En la semana previa, el titular de Pastoral Social del Episcopado, monseñor Jorge Lugones recibió a Hugo Moyano para dialogar sobre la realidad socioeconómica del país, a pedido del jefe sindical.

Pero, después, y ante el marcado tinte opositor de la acción, desde la Iglesia advirtieron que la Pastoral Social no adhería a la convocatoria de Luján, por lo que se acordó no subvertir el sentido religioso de la misma con discursos críticos.

MENSAJE AL PRESIDENTE

Pablo Moyano, minutos antes de comenzar la misa, afirmó que la convocatoria era “distinta a la que estamos acostumbrados”, porque abarca a “diferentes sectores”, y deseó que “el presidente (Mauricio Macri) escuche el mensaje que daremos en conjunto con la Iglesia”.

Advirtió también: “cuando intenten sacar la reforma laboral volveremos a la calle con todos los sectores, como con la previsional, en diciembre pasado; estén o no los Moyano, los trabajadores van a seguir defendiendo sus derechos”.

Además de los Moyano, ocuparon las primeras filas frente a la Basílica los sindicalistas del llamado Frente Sindical para el Modelo Nacional, como Omar Plaini (Canillitas), Ricardo Pignanelli (Smata), Sergio Palazzo (bancarios), Hugo Yasky (CTA), Roberto Baradel (Suteba) y Néstor Segovia (metrodelegados).

Mientras, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, presente en la primera fila de los representantes sindicales que viajaron hasta Luján, afirmó: “participamos de una multitudinaria manifestación para pedirle a la Virgen por paz, pan y trabajo, y le pedimos por la concordia y la armonía para que ilumine a los dirigentes por el camino hacia la unidad”.

 

“Pero especialmente -agregó el líder sindical de los pilotos-, le pedimos a la Virgen que ilumine a los compañeros que conducen a la CGT para que lancen un plan de lucha, a fin de evitar la sanción de la ley de presupuesto que traerá más ajuste y pobreza a los argentinos”.

 

Entre los dirigentes políticos se destacaron también las presencias del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, los diputados nacionales Daniel Scioli, Felipe Solá, Fernando Espinoza y Eduardo “Wado” De Pedro.

En el frente del altar también participó la plana mayor de los intendentes justicialistas de conurbano bonaerense, como el presidente del PJ Bonaerense, Gustavo Menéndez (Merlo), Verónica Magario (La Matanza), Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham), Ariel Sujarchuk (Escobar), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), además del ex candidato a gobernador bonaerense Julián Domínguez, oriundo de Chacabuco,

También estuvo el ex premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Gustavo Vera (La Alameda) y Juan Grabois (CTEP).

Al finalizar la misa, hubo una invocación interreligiosa que realizaron un evangélico, un judío y un musulmán, mientras que una mujer leyó la Oración por la Patria, que los obispos redactaron con motivo de la crisis de 2001.

Fuente: https://www.elpatagonico.com/sindicalistas-movimientos-sociales-y-dirigentes-justicialistas-marcharon-lujan-paz-pan-y-trabajo-n3092170

En consecuencia, son los pobres quienes están subsumidos en el avance de las injusticias social, ambiental y de género según se concreta el del capitalismo local del mundializado. Ahora, ¿cómo se origina y expande ese ser desalojados, desposeídos y avasallados en todos sus derechos? Mediante los extractivismos.

 

 

Colón 2.0: cinco siglos de extractivismo y pobreza

18 de agosto de 2018

 

La fuga de materias primas parece ser la única salida económica de gobiernos de izquierda a derecha. Cómo pensar el extractivismo, la dependencia y la matriz de la pobreza. Salidas y pueblos que resisten.

 

Por Darío Aranda

La foto recorrió los diarios del mundo en abril de 2009. Durante la cumbre de presidentes del continente, Hugo Chávez le entrega el libro Las Venas Abiertas de América Latina a Barack Obama. Una decena de presidentes de América sonríen y aplauden. Todos conocen el libro, y todos aplican el extractivismo (minero, petrolero, agro) en sus países. Nueve años después, Mauricio Macri anuncia en conferencia de prensa que Argentina profundizará su política minera, petrolera y de agronegocios. Sin distinguir signo político, de izquierda a derecha, los gobiernos de América Latina atan su destino al mismo modelo: el extractivo.

 

No tan progres

Los agrocombustibles son parte de un modelo de agronegocio en manos de grandes multinacionales, muy cuestionado por sus efectos sociales y en el ambiente. Brasil es el segundo exportador mundial de soja transgénica y líder en agrocombustibles. “Los críticos a los biocombustibles están cada vez más activos, pero nosotros vamos a seguir adelante. Seguiremos porque estamos en el camino correcto. Esto es bueno para Brasil y estamos convencidos de que es bueno para el mundo”, defendió Luiz Inácio Lula da Silva en abril de 2008, en Brasilia, en la inauguración de la etapa ministerial de la trigésima conferencia regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

 

La petrolera brasileña Petrobras confirmó en 2007 el descubrimiento de gigantescas reservas de petróleo en el llamado “campo de pre-sal” (a unos seis kilómetros bajo el suelo marino del Océano Atlántico). En agosto de 2009, en la ceremonia de lanzamiento del marco regulatorio para la exploración, Lula da Silva no dudó: “El pre-sal es una dádiva de Dios, es un pasaporte para el futuro. Vamos a invertir en lo más precioso que tenemos: nuestros hijos, nuestros nietos”.

 

José “Pepe” Mujica es de los políticos con mejor imagen del continente, presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Férreo defensor de las plantas de celulosa, su modelo se sostuvo a costa del extractivismo forestal. “La planta UPM-Botnia (que generó el conflicto con Argentina) hace las cosas bien, cuida el medio ambiente mejor que Uruguay”, argumentó Mujica en junio de 2014. Ante la certeza de que la pastera contaminaba con fósforo el río Uruguay, el presidente autorizó un aumento en la producción y volvió a defender a la multinacional finlandesa: “El dique de mi chacra genera más fósforo que Botnia”.

 

Situaciones similares vivieron con Rafael Correa y la explotación petrolera en Ecuador, con Evo Morales y la megaminería y los hidrocarburos en Bolivia. Y con todos los gobiernos de América Latina. Entre ellos, el accionar del kirchnerismo en Argentina, y su estratégica alianza con emblemas del extractivismo como Barrick Gold, Monsanto y Chevron, entre otros.

 

Dos siglos igual

Desde que llegó Colón hasta hoy la principal política de América Latina es ser proveedora de materias primas.

Numerosos académicos, activistas y movimientos sociales han dado testimonio de la directa vinculación entre esa matriz productiva y la dependencia de los países de Europa Occidental, Estados Unidos y, más reciente, de China.

 

“El granero del mundo”, fue bautizada Argentina por la llamada Generación del ‘80. En mayo de 2017 en La Rural Mauricio Macri aseguró: “Queremos dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo”. En diciembre de 2017, Eduardo Levy Yeyati, director del Programa Argentina 2030 (iniciativa del macrismo para “la elaboración de una visión compartida de la Argentina a la que aspiramos”) celebró el avance transgénico del agro y aportó una nueva definición: “No somos el granero del mundo: somos el laboratorio. El agro es un sector ubicado en la frontera mundial de la innovación, que exporta tecnología y que podría exportar mucho más”.

 

En 1880 Argentina exportaba cueros de ganadería, tasajo (carne seca y salada), lana y granos. Todos “productos primarios”, materias primas. 138 años después, en la actualidad, Argentina es el tercer exportador mundial de soja transgénica, pilar de la economía desde hace veinte años. Dos siglos más tarde, seguimos exportando productos primarios.

 

Dependencia mental

Hay una larga historia de dependencia material de las exportaciones de materias primas y también de dependencia mental, o como le queramos llamar a cuerpos-mentes colonizados que no son capaces de pensar y actuar de modo diferente al amo. Aquí el amo es el dinero, el imperio y las reglas de juego del comercio y las relaciones internacionales. Los gobiernos no tienen el coraje ni el valor como para siquiera intentarlo”, afirma Raúl Zibechi, periodista e intelectual uruguayo, autor de media docena de libros sobre luchas territoriales, extractivismo y movimientos sociales.

Zibechi señala en particular a los gobiernos de Bolivia, Brasil y Uruguay. “El gobierno de Evo Morales habla del salto industrial, pero sigue profundizando su dependencia de la minería y los hidrocarburos, como todos los demás gobiernos de la región. El país más industrializado, Brasil, modificó su matriz exportadora en contra de la industria para exportar cada vez más soja y mineral de hierro. Ahora Uruguay exporta ganado en pie, algo que la izquierda siempre rechazó, y fue precisamente Mujica el que impulsó y justificó eso”.

Una ya clásica mirada desde sectores progresistas o de izquierda es señalar que el extractivismo es una “contradicción secundaria” o una etapa para lograr el posterior “desarrollo”. Zibechi advierte que el extractivismo es la contradicción fundamental y afirma que quienes mejor lo analizan son los zapatistas cuando lo llaman la “cuarta guerra mundial”, una guerra del capital contra los pueblos para apropiarse de los bienes comunes y convertirlos en mercancías. “Es una guerra de despojo donde las mujeres y los pueblos originarios y afros son las principales víctimas, que no tienen lugar en este modelo de muerte”.

Zibechi afirma que es posible salir del extractivismo, pero que para ello es necesario un conflicto de “gran envergadura, permanente y durante un tiempo relativamente extenso, de modo que se consiga bloquear el modo de acumulación, del mismo modo que un largo proceso de luchas obreras bloqueó la acumulación por extracción de plusvalía en la industria. En Argentina ese proceso de luchas comenzó hacia el 17 de octubre de 1945 y se extendió hasta la oleada de puebladas entre 1969 y 1972, con quince levantamientos obreros y populares en más de diez ciudades”. El uruguayo califica a las clases medias urbanas como un “aliado muy potente” del extractivismo.

 

Pronóstico de tormenta

El presidente Mauricio Macri dio una conferencia de prensa el 18 de julio en la que reconoció la crisis económica (la llamó, una vez más, “tormenta”), defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, culpó a la “herencia” del gobierno anterior y ratificó que seguirá bajando las retenciones a los productores de soja. Lo que menos remarcaron los medios comerciales fue que el Presidente ratificó la profundización del perfil de Argentina como proveedor de materias primas: petróleo, agro y minería.

 

En aquella conferencia, Macri dijo:

 

“Por suerte entre las cosas que están funcionando positivamente está la energía. A la velocidad que está aumentando la producción en Vaca Muerta vamos a ser en tres años exportadores netos de gas”.

 “Tal vez en cuatro o cinco años estemos exportando más de medio millón de barriles de petróleo. Este año trabajan 30.000 familias. El año que viene serán 80.000 y en un par de años serán medio millón. Es energía para Argentina y el mundo”. “Tenemos futuro. Con la minería, con la agricultura, con la producción de energía”.

“Las retenciones (impuesto a la exportación) no son un impuesto inteligente, destruye el futuro. Por eso sacamos las retenciones al campo y a la minería”. “El camino es apoyar, por ejemplo, que desde el Norte argentino se provea de litio al mundo entero. Desde Salta, Jujuy, Catamarca se generan miles de puestos de trabajo y son cada vez más los proyectos que están comenzando”.

 

Crecer y reventar

Jenny Luján es parte de la Asamblea por la Vida de Chilecito (La Rioja) y la Unión de Asambleas Ciudadanas (Regional NOA), desde donde han reflexionado mucho sobre el extractivismo como un modelo histórico del continente y que impacta “en los territorios, los cuerpos, las vidas y los sueños”. Luján no tiene dudas de que los gobiernos latinoamericanos, “ya sean progresistas o de derecha como el actual de Argentina”, apuestan al mismo modelo de desarrollo económico “porque todos son socios de las empresas extractivas, y por eso no permiten que se desarrollen alternativas, porque no le conviene a sus intereses”. Las asambleas socioambientales rechazan la minería, el fracking, la deforestación y el agronegocio sin importar el gobierno que lo impulse porque, dice Luján, “las consecuencias son las mismas para los territorios afectados”.

 

Luján recuerda que el extractivismo tiene directa relación con las políticas seguridad. El último caso, el decreto del presidente Macri de permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos internos: “Es para avanzar con el disciplinamiento de los disidentes a las políticas extractivistas”, dice Luján.

No tiene dudas de que existen alternativas. Y que las mismas pasan por “poner a la vida en el centro del desarrollo”, con fundamental protagonismo de los pueblos originarios y campesinos, con una relación más amigable con la naturaleza, donde el ser humano comprenda que es sólo una especie más de la naturaleza y no está por encima de ninguna otra especie. “El desarrollo de un país no puede pasar sólo por el crecimiento económico. El extractivismo es producto del positivismo, que nos pone a los seres humanos como centro y en condiciones de dominación a la naturaleza. Ese es un error fundamental”, afirma Luján.

Otras organizaciones de base que desde hace años cuestionan y reflexionan sobre el rol extractivo-colonial de los países de América son la Conaie (Conferación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), la Red de Comunidades Afectadas por la Minería (México) y el Movimiento Contra las Represas en Mesoamérica.

 

Las nuevas colonias

Machado Aráoz es muy respetado por los movimientos sociales de América Latina, más conocido en el exterior que en Argentina. Como investigador del Conicet también es parte de las asambleas de catamarqueños contra la minería y de la organización Sumaj Kawsay (“buen vivir”). “No hay capitalismo sin extractivismo. Y el capitalismo implica la reafirmación de una estructura colonial de la economía mundial”, resume.

 

Horacio Machado Aráoz es autor de Potosí, el origen. Genealogía de la minería

contemporánea, donde traza el vínculo del extractivismo desde la llamada “Conquista de América” hasta Minera Alumbrera en la Catamarca actual. Dice: “Ser proveedores de materias primas obedece a un patrón de división internacional del trabajo heredado de la época colonial. El extractivismo es un rasgo estructural del capitalismo como sistema de acumulación mundial. Para que se produzca esa acumulación es necesario que haya zonas de sacrificio, coloniales, que provean los subsidios ecológicos de ese consumo desigual del mundo”, explica.Machado es muy crítico de cómo los gobiernos de izquierda o progresistas hicieron eje en el extractivismo.

“Es inentendible que en el siglo 21 gobiernos que dicen que querían un cambio progresista insistieron sobre la base de un modelo ya fallido, muy conocido y muy debatido en América Latina, con consecuencias económicas, políticas, sociales y que consolida la dependencia”, destaca. Y agrega: “Un gran aprendizaje de ese período debiera ser que como países herederos de un régimen colonial, que prolongamos y profundizamos, no podemos aspirar a un modelo de desarrollo igual o equivalente al de los países industrializados. Debiéramos aspirar a otro modelo de desarrollo, basado en otro tipo de matriz de producción y de consumo”.

Otros relatos

Machado Aráoz, que es director del doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad de Catamarca, cuestiona también que sectores de izquierda crean que el extractivismo es una “contradicción secundaria” o que se trata de un mal necesario para llegar a un posterior desarrollo. “Es la posición de lo que llamamos la izquierda oficialista, los intelectuales y políticos que siguen incondicionalmente a los gobiernos progresistas, Álvaro García Linera, Atilio Borón y Emir Sader, los más difundidos. Es una posición totalmente equívoca, que reproduce viejos errores de la izquierda ortodoxa del siglo pasado, delata una ceguera epistémica que estos sectores de izquierda tienen respecto a la naturaleza, aunque muchos han revestido su discurso de verde, al igual que el capitalismo”.

En muchos escritos sobre el tema, Machado Aráoz explica que sectores de izquierda siguen sin entender que el capitalismo no es solo la depredación de la fuerza de trabajo, sino que produce la depredación de las fuentes de vida, la naturaleza, de las cuales el trabajo es un aspecto más. “La vieja izquierda es una izquierda productivista, piensa en los términos del capitalismo respecto al desarrollo tecnológico, tiene fe ciega en la expansión de las fuerzas productivas, creen en un horizonte de crecimiento infinitivo. Esto, que podría ser perdonable para Marx o Engels, en el Siglo XIX, es incomprensible en los tiempos actuales”.

Horacio Machado Aráoz agrega que el extractivismo, impulsado por gobiernos de izquierda y progresistas, tiene un importante sesgo racista, que parte de la base de un patrón productivista, de crecimiento infinito, y con un prometido desarrollo de base urbana, con trabajadores industriales. Para él, amplios sectores siguen pensando que los pueblos originarios y campesinos no son sujetos históricos portadores de alternativas. “Buena parte de los sectores de izquierda, a pesar de la retórica que se dice respetuosa de los pueblos indígenas, los siguen viendo como sujetos anacrónicos, los siguen pensando como minorías que hay que mantener en determinados reductos territoriales pero no se los piensa como sujetos políticos capaces de proveernos de soluciones para el futuro”, remarca.

Aclara que existieron teóricos y gobiernos que propusieron un modelo distinto para la región entre las décadas del 40, 50 y 60 del siglo pasado, muchos de ellos inspirados en la llamada “escuela de la Cepal” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de Naciones Unidas), donde el economista Raúl Prebisch fue uno de los referentes.

La teoría social crítica latinoamericana nace con cuestionamientos por las consecuencias de este modelo primario exportador. Machado Áraoz dice: “Desde hace más de medio siglo se sabe que ese modelo no es una alternativa válida para el desarrollo. Esa matriz extractiva tiene consecuencias en materia de clase social, genera una distribución del ingreso que tiende a la polarización social, consolida a las élites y conlleva escasa redistribución”.

Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos-Amigos de la Tierra México grafica el saqueo en clave histórica y aporta un dato que quizá resuma esta historia eterna: “En México, del 2000 al 2011 se extrajo 2.5 veces más oro que  durante los 300 años de colonia”.

Fuente: https://www.lavaca.org/mu126/colon-2-0-cinco-siglos-de-extractivismo-y-pobreza/

 

Señalemos, como Zibechi, que el extractivismo: “Es una guerra de despojo donde las mujeres y los pueblos originarios y afros son las principales víctimas, que no tienen lugar en este modelo de muerte”. Sumémosle la criminalización de la pobreza y la construcción desde arriba de la "asociación causal y simplista entre delincuencia (más específicamente un tipo de delitos) y pobreza estructural territorializada".

 

 

 

Uruguay: Cuando el discurso de izquierda

es el de la (nueva) derecha.

10 de diciembre de 2018

Por Leticia Pérez (Brecha)

 

Este artículo pone en debate un discurso emergente sobre la seguridad. Me centraré en el análisis de algunas recientes afirmaciones realizadas a la prensa por Gustavo Leal, actual director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

 

Intentaré centrarme en el contenido de las afirmaciones vertidas porque me preocupa lo que se está contribuyendo a construir desde estos discursos, de los que Leal sólo es uno de los varios portavoces actuales. Me interesa discutirlo además porque se afirma que es un discurso de izquierda. No deseo personalizar ni juzgar las motivaciones, sino pensar críticamente el efecto de verdad que se consolida como consecuencia de las afirmaciones emitidas. Intentaré demostrar cómo estos discursos construyen una creciente focalización territorial punitiva.

Lo primero a señalar es que se construye una asociación causal y simplista entre delincuencia (más específicamente un tipo de delitos) y pobreza estructural territorializada. Aunque se reconoce que existen delitos de cuello blanco, las declaraciones se centran en ejemplos y en poner el foco en Casavalle y otros enclaves territoriales que padecen lo que desde las ciencias sociales se ha dado en llamar “segregación residencial” y “estigma estructural”.

Actuar desde el gobierno de esta manera tiene varios problemas que intentaré discutir.

El peso sobre el individuo y lo cultural

“Un modelo de seguridad sustentable en una sociedad es aquel en el que los anillos de seguridad son fuertes y se basan en la capacidad de los individuos de autorregularse. Por lo tanto, la batalla por una sociedad más segura es primero cultural” (Leal, 2018).

Aparece aquí un efecto de inversión del orden causal al afirmar que la izquierda ha descuidado el peso que tienen los agentes en sus decisiones. Para este discurso emergente, la “libertad de elegir si delinquir o no” estaría por delante de la estructura social, y al afirmar lo contrario, la izquierda tradicional habría contribuido a desresponsabilizar a los delincuentes de las opciones que hacen. También se afirma que el territorio (eufemismo de barrios degradados) es un “caldo de cultivo” de la “cultura de la ilegalidad” y que la batalla por una sociedad más segura es primero que nada cultural. El territorio pasa a ser una variable que explica, al menos en parte, la delincuencia.

Se invierte así el orden causal: de la violación sistemática de derechos humanos básicos negados durante generaciones, y de la idea de deuda y restitución que la sociedad mantiene con estos sectores más postergados, se pasa a poner el énfasis en la decisión “libre” que pueden tener los individuos pobres de no cometer actos ilegales. La relación estructura-individuo ha sido y es objeto de grandes bibliotecas de las ciencias sociales, pero no existe ninguna más o menos consensuada en la que se invierta este peso estructural y el individuo posea tal libertad que pueda efectivamente elegir racional y libremente sus actos, excepto en una: la biblioteca neoliberal. De Durkheim a Marx, es innegable el peso estructurante de la sociedad en la fabricación y condicionamiento de las acciones, pensamientos y subjetividades que la sociedad imprime en cada uno y en el colectivo. Negar esto es negar las ciencias sociales.

Los territorios degradados son un producto de la segregación residencial y urbana, de la que el Estado, por acción y omisión, ha sido un actor protagónico. Estos procesos no han sido revertidos durante el ciclo progresista de gobierno ni han sido suficientemente explicados en su relación con las dinámicas actuales de la sociedad. En un solo movimiento se toma el atajo de tomar dichos barrios como un dato que en sí mismo explica y predice la potencialidad delictiva de sus habitantes. Pretendiendo no reducir la delincuencia a la desigualdad se reduce la desigualdad a lo cultural, consolidando una etnologización de los daños transgeneracionales de la privación. Las políticas activas de segregación desde el Estado (a veces por omisión, muchas otras por realojos y relocalizaciones con su activa participación) que colaboraron a confirmar la mercantilización del suelo urbano desaparecen de escena y queda la batalla cultural contra una “cultura del delito” que estaría genéticamente integrada en estos pobladores.

Nadie niega la dimensión cultural de la vida social, pero poner sólo allí el foco y la “primera batalla” (desde una concepción de cultura muy ligada al lazo moral neoconservador) invisibiliza y desresponsabiliza a la sociedad y al Estado de generar y poner a disposición los soportes efectivos para formar individuos con ciudadanía plena.

La inversión de la deuda y la violencia simbólica

“(…) ejercicio de la autoridad sin complejos (…). Hay que equilibrar la agenda de derechos con la agenda de las responsabilidades en la sociedad” (Leal, 2018).

Denis Merklen ha tematizado este proceso político ideológico como parte del neoliberalismo y lo llama “inversión de la deuda”. Nos alejamos de lo que durante mucho tiempo la izquierda sostuvo (y, espero, aún sostiene en parte): que la dinámica social dejaba en situación difícil, injusta y profundamente dañada a algunos sectores sociales, y que la sociedad contraía una deuda con ellos. Hoy, por el contrario, se tiende a pensar que son esas personas las que le deben a la sociedad. El Estado, a través de sus administradores gubernamentales, en lugar de hacer una autocrítica por no haber hecho las inversiones necesarias y construir respuestas robustas y sistemáticas sobre la desigualdad y la exclusión, pasa tras bambalinas y deja en escena al delincuente (joven y pobre) que elegiría “racional y libremente la transgresión”. A partir de esa inversión, cambia el espíritu de los mecanismos de protección para los más débiles: lejos de asegurar un zócalo universal robusto, se trata de discernir merecedores agradecidos de la ayuda dispuestos a demostrar su disposición a pagar lo que se les otorga. (2)

Se plantea “equiparar la agenda de derechos con la agenda de responsabilidades”, como si individuo y Estado estuvieran en igualdad de situaciones y fueran equiparables en responsabilidades y recursos. Se trata de un discurso muy pegado a la creciente racionalidad política neoconservadora que sostiene que hay que reforzar el orden, la autoridad y el rigor (especialmente para los perdedores del sistema). Una racionalidad neoconservadora que junto a una neoliberal (cada quien debe gobernarse a sí mismo bajo el modelo empresarial de costos y beneficios) están construyendo un sentido común que parece hegemónico en muchos discursos y prácticas aun dentro del gobierno progresista. Ambas matrices de pensamiento, aunque distintas, están convergiendo y fusionándose. La nueva derecha es justamente la integración de estas dos tendencias distintas, pero que de algún modo convergen: una neoconservadora social autoritaria y una neoliberal de libre mercado.

Si son ellos quienes nos deben, los mecanismos de protección serán políticas minimalistas, con contraprestaciones y desligadas de derechos de largo plazo. La violencia simbólica es alta; es como decirle a la mujer ultrajada: “Lo que tú vives es fruto de tu decisión, deberás decidir mejor por dónde caminas la próxima vez”.

El delincuente como un ser racional

Idea neoliberal si las hay: lejos de ser una sociedad, y por tanto cuerpo social entrelazado e interdependiente, somos individuos evitando el dolor y procurando la ganancia (“No hay tal cosa como la sociedad. Hay hombres y mujeres, y hay familias”, decía Margaret Thatcher). Somos seres que evaluamos racionalmente costos y beneficios guiados por una racionalidad instrumental desde la cual tomamos decisiones. Se trata entonces de aumentar los castigos (costos) y los incentivos (beneficios) a los comportamientos. Se trata de una cruzada ante todo moral contra las ataduras del Estado de bienestar, las cuales estarían minando la energía y capacidad de emprender y activarse de los individuos. Bajo este estandarte moral está el libre mercado que reinstala al individuo moralmente responsable y lo coloca contra la colectivización inherente a las técnicas públicas de gestión de los riesgos, como los seguros. El joven pobre deja de ser sujeto biográfico y pasa a ser un individuo, un delincuente a-biográfico, abstracto y universal, un actor de la elección racional. Se desvía así todo análisis sobre los fundamentos sociales y estructurales de la desigualdad y el delito.

Jerarquizar un tipo de delito y un delincuente ocultando otros delitos, otros delincuentes y las cadenas de negocio ilegal

En el discurso predicado se mencionan el narcotráfico y el crimen organizado como sustentos de lo que estaría pasando en enclaves como Casavalle. Es bueno recordar que los grandes narcotraficantes no viven en Casavalle, están más bien en Punta del Este y lavando dinero en diferentes offshores.

Por supuesto que estas cadenas ilegales de generación de valor (explotación sexual y trata de niñas, drogas, tráfico de armas, autos robados enteros o en partes y un largo etcétera) usan la degradación territorial y a las y los jóvenes pobres en sus cadenas de negocios como mano de obra precaria y remplazable. Uso que es además criminal. Así es el capitalismo: usa la necesidad, la seducción del consumo para que muchos produzcan valor que es concentrado en pocas manos. Poner el acento allí, en el final de la cadena de valor, desde el discurso oficial de un gobierno de izquierda, nombrar a “los Chingas” como grandes bandas de narcotraficantes, es ridículo. Pero es un discurso que puede funcionar, y de hecho lo hace, para invisibilizar que quienes manejan el negocio no son “Mónicas” y “Jairos”, sino unos cuantos personajes más cercanos seguramente al financiamiento de partidos y las vernissages de las elites gobernantes.

Pensemos en la “reducción” de los autos: por supuesto que el auto una vez desguazado termina flotando en la cañada Matilde Pacheco o en algún pasaje perdido cerca de Aparicio Saravia, pero la cadena de comercio de autos y piezas robados no empieza ni termina en Casavalle. Plantearlo en esos términos es ingenuo o cínico.

Hace unos años, trabajando en estos barrios, vimos morir a muchos niños y adolescentes prendidos de cables de la UTE. Lo hacían para robar el cobre. Ellos “elegían hacerlo”, se dirá, pero es bueno recordar que en esos tiempos éramos el segundo exportador de cobre de América Latina, y que se sepa no lo producíamos. Todos sabíamos que en gran parte era robado. Nunca se publicaron los nombres de las empresas que tenían el negocio de exportación del cobre. Algo similar sucede con las armas: muchas son de la Policía, el Ejército o provienen del contrabando (es bueno recordar quién debe controlar las fronteras) a partir de densas redes de corrupción institucional que sostienen un negocio sin dudas lucrativo. ¿O quizá hay fábricas clandestinas de armas en Casavalle? El narcotráfico no es creado en los enclaves de pobreza extrema, éste usa como trabajadores descartables a los jóvenes de los barrios de nuestras periferias.

Quizá sería bueno comenzar a poner el énfasis discursivo de un Ministerio del Interior progresista en estas rutas de negocio ilegales y no ocultar los problemas de corrupción, hostigamiento y degradación que la Policía ejerce ritualizadamente en estos barrios. Es decir un buen comienzo sería la autocrítica institucional.

La nueva derecha en el progresismo: focopolítica y territorialización punitiva

Si cada sistema de producción tiende al descubrimiento de métodos punitivos que se corresponden funcional aunque no lineal ni directamente con sus relaciones productivas, políticas, culturales y sociales, cabe preguntarse: ¿cuáles son las funcionalidades de los actuales métodos punitivos en el intento de control de la población excedentaria del mercado formal de trabajo en un marco de bajos salarios, precarización y alto desempleo entre los jóvenes pobres?

Leal nos alerta: cuidado con “tener la ingenuidad de creer que esto se arregla con políticas sociales, no alcanza con eso”. Hay que ponerse del lado de las víctimas y actuar con severidad, con rigor (y lo dice dos veces).

Se trata de ver los actuales dispositivos tecnológicos de castigo como auténticos mecanismos biopolíticos de control de las poblaciones económicamente excedentarias. Ello explicaría la renuncia a cualquier discurso rehabilitador, la prisionización masiva que hemos visto crecer durante casi todo el ciclo de gobierno progresista, la privatización carcelaria, pues se trata de un encierro deslocalizado y vacío de sentido: el gran encierro y control de la multitud excedente.

Sin duda existe punitivismo desde abajo, “y son estas conversaciones cotidianas las que van creando también condiciones de posibilidad para que otros actores se ensañen con los jóvenes que fueron apuntados”, dice Esteban Rodríguez Alzueta, y agrega: “No hay olfato policial sin olfato social (…). Detrás de la brutalidad policial está el prejuicio vecinal (…). Los procesos de estigmatización social legitiman el devenir violento de las fuerzas de seguridad”. Sin embargo el punitivismo desde arriba y desde un gobierno progresista tiene responsabilidades, connotaciones y efectos muy disímiles.

El puntivismo es una demanda social real y peligrosa, pero quizá estemos a tiempo de decidir no alimentar el monstruo desde un oficialismo que se define de izquierda. Las responsabilidades del punitivimo de abajo, hecho de miedos, prejuicios y desinformación, y las del punitivismo de arriba son muy distintas. El de arriba es una falsa cruzada de ley y orden que intenta sacar rédito electoral del pánico moral, generando efectos muy perversos de estigmatización estructural.

En esta nueva etapa del control social se utiliza al territorio como variable explicativa e independiente y se lo coloca como generador de una cierta cultura del delito, el territorio es un factor que produce y reproduce la exclusión, “que se traduce después en problemas de criminalidad, clarísimamente”, afirma Leal en una entrevista. Así los barrios nombrados una y otra vez poseen alta estigmatización mediática, que refuerza y agrava procesos de deterioro de las condiciones de vida, obstaculiza mejoras y produce desventajas a nivel individual y colectivo. Esta estigmatización mediática, es bueno recordarlo, fue reforzada por los operativos de saturación (megaoperativos) realizados durante el año 2011 que implicaron el despliegue de patrulleros, helicópteros, cierre de fronteras barriales y filmación en tiempo real, realizados por el propio Ministerio del Interior en los barrios. Los efectos son la construcción de territorios donde se cristalizarían todos los males y los miedos sociales convirtiendo dichos enclaves en peligrosos, y a sus habitantes colectivamente en sospechosos. Se trata de la amplificación de los procesos de “empeligrosamiento”, al decir de Gabriel Kessler. Es decir, la construcción de un discurso que asocia determinados barrios con temibles guetos urbanos.

Tampoco se explicitan cuáles delitos son tomados en cuenta para priorizar ése y no otro barrio. ¿Son todos los delitos o sólo aquellos que se denuncian? ¿Se toman sólo los homicidios y delitos violentos contra la propiedad o también el fraude, la evasión impositiva, la corrupción, la violencia doméstica o el tráfico de influencias? ¿Cuál es el imperativo estratégico? ¿Criminalizar la pobreza, gestionar el miedo, o regular el microdelito y administrar las economías ilegales? Como vimos, lo que queda invisibilizado en este tipo de diseños y fundamentaciones es la inclusión de las economías ilegales en las grandes cadenas productivas. ¿Por qué no se enuncian y persiguen las cadenas económicas extrabarriales que participan y demandan esas actividades? No parece sensato pensar que la intervención circunscripta a estos territorios pueda hacer algo más que correr el negocio a otro barrio, generalmente lindero.

Link y Phelan señalan que existe estigma cuando cinco componentes se conjugan en el marco de una relación de poder: etiquetar, estereotipar, separar, pérdida de estatus y discriminación. A lo largo del tiempo el estigma engendra perjuicios acumulativos, es decir, discriminación estructural. El estigma territorial se refuerza a sí mismo y se condensa: “La territorialización es el otro factor central para la retroalimentación y perpetuación del estigma: al abatirse sobre un lugar determinado, con privaciones individuales y colectivas previas, a las que suele reforzar por múltiples maneras, la desfavorable situación resultante puede ser utilizada luego como una confirmación oprueba’ de la veracidad de los juicios negativos inicialmente vertidos”. Así esta nueva forma de control social sobre el precariado toma la forma de una focalización territorial punitiva. Lo que parece cuestionable es el trato punitivo como respuesta a la exclusión desde un gobierno que se dice de izquierda.

* Leticia Pérez es doctoranda en Ciencias Sociales, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR (Universidad de la República)

Notas

1.Declaraciones realizadas en diversos medios: El Observador (3-III-18); Montevideo Portal (20-IX-18); La Diaria (10-X-18); Brecha (19-X-18). Nota de Correspondencia de Prensa: Leal es miembro del MPP (Movimiento de Participación Popular), principal fuerza del Frente Amplio, liderado por José Mujica, Eduardo Bonomi, Lucía Topolansky y otros históricos del MLN (Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros).

2.Otro capítulo sería debatir el financiamiento socializado de las políticas sociales (en gran parte vía impuestos indirectos sumamente regresivos), comparándolo con las robustas y también socializadas subvenciones directas e indirectas al mercado, las empresas y los grandes inversores. Todo el presupuesto del MIDES no llega al 1,2 por ciento del PBI. 

https://brecha.com.uy/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=249994

 

 

Coincidimos con Alberto Acosta y Eduardo Gudynas en que es fundamental para la emancipación de Nuestra América del capitalismo: diferenciar las izquierdas de los progresismos. Compartimos descubrir esa renovación en  "las múltiples resistencias y alternativas que se construyen cotidianamente, especialmente desde espacios comunitarios. Ellas ofrecen inspiraciones para una recuperación de la izquierda, desde la crítica al desarrollismo, los empeños para abandonar la dependencia extractivista o los esfuerzos para salvaguardar los derechos ciudadanos. Allí están los insumos para una nueva izquierda comprometida con horizontes emancipatorios".

 

 

La extrema derecha en Brasil:

aprendiendo y desaprendiendo desde la izquierda

9 de noviembre de 2018

 Por Alberto Acosta y Eduardo Gudynas

Cual círculos concéntricos se difunden en América Latina los impactos de la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil. Colombia no es la excepción. Más allá de que en este país han prevalecido los gobiernos conservadores, el triunfo de una derecha extrema en Brasil debe ser analizado. Las izquierdas del continente están conminadas a aprender de lo que allí sucedió.

Los agrupamientos políticos que apuestan por cambios, y que lograron sustantivos crecimientos electorales en Colombia, enfrentan el desafío de no repetir las contradicciones observadas en Brasil. Esto también es indispensable para los movimientos ciudadanos que siguen enfrentando estrategias como las extractivistas, ya que un estilo político como el propuesto por Bolsonaro sólo augura una acentuación de la violencia. No puede obviarse que Brasil, por ejemplo, lidera los indicadores mundiales en asesinatos de defensores de la tierra, pero Colombia le sigue en tercer lugar (57 en el primer caso y 24 en el segundo, según Global Witness) (1).

En este texto presentamos algunas reflexiones preliminares a partir de lo sucedido en Brasil. No pretendemos ofrecer un análisis detallado de su política interna, sino que nuestro propósito es otro: rescatar algunos aprendizajes de lo que allí sucedió, útiles para una izquierda que está ubicada en los demás países (y por ello aquí intercalamos algunas apreciaciones enfocadas en Colombia). No repetiremos la nutrida información circulante en estos días ni apelaremos a análisis simplistas, tales como achacar toda la culpa sea a la derecha o al progresismo. Compartimos este ejercicio desde una perspectiva de izquierda, con el propósito de alentar su renovación y de evitar que otros Bolsonaro se instalen en los países vecinos.

Progresismos e izquierdas: son diferentes

En todo el continente, los agrupamientos políticos conservadores realizan un activo entrevero de hechos para desacreditar las opciones de cambio hacia la izquierda. Se mezclan las severas crisis de Venezuela y Nicaragua con la caída del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, para insistir en que las opciones de cambio hacia la izquierda son imposibles, fatalmente están teñidas por la corrupción, y así sucesivamente. Pero justamente la crisis brasileña muestra la necesidad de insistir en las diferencias entre progresismos e izquierdas.

Es que muchos de los problemas observados en Brasil resultan, como se verá más adelante, de programas y una gestión de gobierno del PT y sus aliados donde poco a poco olvidaron sus metas iniciales de izquierda para transformarse paulatinamente en progresismos. Esto nunca lo ocultaron, sino que hicieron de ello uno de sus atributos.Por lo tanto, una primera lección a tener en cuenta es que la distinción entre izquierdas y progresismos sigue siendo clave (2).

Humildad para entender los humores del pueblo

El Partido de los Trabajadores y el liderazgo de Lula da Silva fue repetidamente presentado como ejemplo de viraje exitoso hacia las llamadas “nuevas izquierdas” en toda América Latina y a nivel mundial, lo que es comprensible al haber ganado cuatro elecciones consecutivas. No fueron pocos los grupos políticos que en distintas naciones lo tomaron como inspiración. Es más, se insistía en que el “pueblo” en su mayoría había adherido a la izquierda y eso explicaba victorias electorales como las de DilmaRousseff.

Sin embargo, en un proceso relativamente veloz, incluyendo los abusos de la oposición de las disposiciones jurídicas, el PT perdió el control del gobierno, Rousseff fue removida de su cargo, y se terminó eligiendo presidente a un político poco conocido y de derecha: Temer, quien había sido vicepresidente de la misma Rousseff. Los escándalos de corrupción no cedieron, y Lula da Silva terminó encarcelado.

Esas y otras circunstancias desembocaron en un cambio político extremo. No sólo triunfó Bolsanaro, sino que se hizo evidente que la sociedad brasileña es mucho más conservadora de lo pensado. Aquel mismo “pueblo” que años atrás apoyaba al PT, en unos casos lo rechazaba intensamente, y en otros, festejó a un candidato prolífico en discursos de tono fascista.

Estamos aquí ante una otra lección que impone precaución en usar categorías como “pueblo”, y que nos demanda humildad en aseverar cuáles son los pensamientos o sensibilidades prevalecientes. Quedan en evidencia las limitaciones de un “triunfalismo facilista” ante una sociedad que no era tan izquierdista como parecía y un conservadurismo que estaba mucho más extendido de lo que se suponía. Esta es una cuestión de mucho cuidado viendo cómo avanzan las creencias en una prosperidad que supuestamente descansa en el individualismo, el consumismo, y que entienden como normal y hasta necesaria la existencia de profundas diferencias sociales, y aceptan la violencia.

Derechas sin disimulos y progresismos disimulando ser izquierda

Seguidamente queda en evidencia otro aprendizaje: los riesgos de un programa que se recuesta sobre sectores y prácticas conservadoras para poder ganar la próxima elección. Una postura que asume que primero se debe “ganar” la elección presidencial, y que una vez en el palacio de gobierno se podrá “cambiar” al Estado y la sociedad. Esto se ejemplifica en Brasil con acciones que van desde la adhesión a un orden financiero (en la muy conocida “Carta al Pueblo Brasileño” firmada por Lula en plena campaña electoral) hasta su articulación política con el PMDB (Partido Movimiento Democrático Brasileño) de centro-derecha para lograr gobernabilidad. Le siguieron otras concesiones clave en las estrategias de desarrollo, cerrando la puerta a transformaciones estructurales del aparato productivo y así repitiendo el estilo primario exportadora (3). Este es justamente uno de los aspectos que sirven para caracterizarlos como progresistas y diferenciarlos con las izquierdas.

Se cae en una situación donde el progresismo una y otra vez intenta disimular que es una izquierda, mientras que la nueva derecha nada disimula ni oculta. Bolsonaro critica abiertamente a negros o indígenas, es homofóbico y misógino, ironiza con fusilar a militantes de izquierda, defiende la tortura y la dictadura, y apuesta a reformas económicas regresivas. Es ese tipo de discurso el que es apoyado por una proporción significativa de la sociedad brasileña.

Desarrollo nada nuevo sino senil

La necesidad de distinguir entre progresismos e izquierda también queda en evidencia al analizar las estrategias sobre desarrollo seguidas por el PT. El camino de esos gobiernos, el “nuevo desarrollismo”, descansó otra vez en las exportaciones de materias primas. Para lograrlo se ampliaron las fronteras extractivistas y la captación de inversión extranjera, alejándose así de muchos reclamos de la izquierda.

De ese modo Brasil devino en el mayor extractivista del continente, tanto minero como agropecuario (por ejemplo, el volumen de comercialización sumados hasta triplicó al de todos los demás países sudamericanos mineros). Esto sólo es posible aceptando una inserción subordinada en el comercio global y una acción limitada del Estado en algunos sectores como el industrial, justamente al contrario de las aspiraciones de la izquierda de sacar a nuestros países de esa dependencia.

La esencia de esa estrategia de desarrollo no es diferente a la que siguió, por ejemplo, la administración Santos en Colombia. Sin duda hay diferencias, en especial por una mayor presencia estatal en Brasil, evidente en enormes empresas como Petrobras (hidrocarburos) o Vale (minería) que son en parte estatales o estaban controladas y financiadas por el gobierno. Pero persistió el componente extractivista y primario exportador, que vienen de la mano de procesos desindsutrializantes y que obliga a prácticas de imposición territorial y control de movimientos sociales.

Las limitaciones de esas estrategias se disimularon en Brasil con los jugosos excedentes de la fase de altos precios de las materias primas. Aunque se publicitó la asistencia social, el grueso de la bonanza se centró en otras áreas, tales como el consumismo popular, subsidios y asistencias a sectores extractivos o el apoyo a algunas grandes corporaciones (las llamadas campeões nacionales).

Esto explica que el “nuevo desarrollismo” fuese apoyado tanto por trabajadores, que disfrutaban de créditos accesibles, como por la elite empresarial que conseguía dinero estatal para internacionalizarse. Lula da Silva era aplaudido, por razones distintas, tanto en barrios pobres como en el Foro Económico de Davos.

El PT contribuyó sustantivamente a la defensa cultural de esas estrategias, y por ello en Brasil no ocurrieron debates como los que se escucharon en Colombia con“petróleo versus aguacates” (o sea, comenzar a pensar alternativas para el futuro inminente del agotamiento de los hidrocarburos). Por lo tanto, aquí se encuentra un flanco que una renovación de izquierda en Colombia debería considerar, promoviendo desde ya las reflexiones sobre cómo salir de los extractivismos.

La caída de los precios internacionales de las materias primas dejó en claro que las ayudas mensuales otorgadas en Brasil a los sectores marginados sin duda eran importantes, pero no sacaban realmente a la gente de la pobreza, ni resolvía la excesiva concentración de la riqueza, ni impedía que mucho dinero se perdiera en redes de corrupción.

La izquierda debe aprender de esa incapacidad de los progresismos para transformar la esencia de sus estrategias de desarrollo. Se profundizó la dependencia de las materias primas, con China como nuevo referente, con graves efectos en la desindustrialización y fragilidad económica y financiera. El “nuevo desarrollismo” que quiso construir el progresismo no es “nuevo”, y en verdad es tan viejo como las colonias, pues en aquel entonces arrancó el extractivismo.

La lección para las izquierdas en el resto del continente es que la reflexión sobre las alternativas al desarrollo sigue siendo clave. Se podrá tener un discurso radical, pero si las prácticas de desarrollo repiten los conocidos estilos, se quiera o no, eso desemboca en políticas públicas convencionales, y es esa convencionalidad otro componente que apartó a los progresismos de las izquierdas.

Clientelismo versus justicia social

El PT aprovechó distintas circunstancias logrando reducir la pobreza, junto a otras mejoras (como incrementos en el salario mínimo, formalización del empleo, salud, etc.), todo lo cual debe ser aplaudido (4). Por medio de políticas sociales se puede paliar la pobreza, pero cuando prevalece el clientelismo eso se vuelve acotado. No se consigue construir ciudadanías sólidas que reclamen desde los derechos, lo que va mucho más allá de un bono mensual en dinero. El consumismo se acentúo, confundiéndolo con mejoras en la calidad de vida. La bancarización y el crédito explotaron (el crédito privado trepó del 22% del PBI en 2001 al 60% en 2017). De este modo prevaleció el asistencialismo y se reforzó la mercantilización de la sociedad y la Naturaleza.

No se quiso entender que esas estrategias obligaban a usar ciertos instrumentos económicos, sociales y políticos nada neutros, y más bien contrarios de buena parte de la esencia de izquierda. Como resultado, se generaron condiciones para el retorno de la derecha dejándo servido un Estado y normas que lo harán todavía más fácil.

Además, la fragilidad del “nuevo desarrollo” lleva a que los progresismos no puedan resolver sus crisis desde una perspectiva de izquierda y deriven hacia políticas públicas más conservadoras. El PT erosionó la calidad política y aplicó, por ejemplo, flexibilizaciones ambientales y laborales para atraer a inversores. Paradojalmente, esos cambios en Brasil antecedieron, por ejemplo, a las “licencias ambientales express” de Colombia.

En el campo de la justicia social se priorizaron instrumentos de redistribución económica, mientras que los derechos ciudadanos y de las diversas comunidades, sobre todo indígenas, seguían siendo frágiles. No se puede marginar en este breve análisis la brutal militarización de la política gubernamental para intentar frenar la delincuencia común, sobre todo en las grandes urbes de ese país: acción que provocó una creciente ola de violencia e inseguridad.

Bajo estas y otras dinámicas, el énfasis en ayudas y compensaciones económicas acentuó la mercantilización de la sociedad y la Naturaleza. Con ello, el progresismo olvidó aquel principio de la izquierda de desmercantilizar la vida, justamente una de sus reacciones contra el neoliberalismo prevaleciente desde el siglo pasado. Esa meta sigue totalmente vigente en Colombia, donde el actual gobierno Duque expresa una perspectiva neoliberal.

La insistencia del progresismo brasileño en el crecimiento económico como fundamento del desarrollo reforzó un mito que ahora aprovechó Bolsonaro, presentándose como el mejor mediador para alcanzar esa meta. Lo mismo ocurre en Colombia y otros países, donde los gobiernos insisten en el crecimiento económico como la gran meta a perseguir. En cambio, la crítica de izquierda debe, en el siglo XXI, poner ese reduccionismo en discusión.

Las izquierdas no deberían entramparse en esos reduccionismos. Es hora de aceptar que la justicia social es mucho más que la redistribución, así como que la calidad de vida es también más que el crecimiento económico. La criminalización de los movimientos ciudadanos y sociales no puede ser tolerada por una renovación de la izquierda. Estos y otros aspectos apuntan a entender que una verdadera izquierda debe promover y fortalecer el marco de los derechos humanos en todo momento y en todo lugar, más aún desde el gobierno, aún si ello le significa perder una elección, ya que es su única garantía no sólo de su esencia democrática sino de retornar al gobierno.

Ruralidades conservadoras

Las cuestiones alrededor de las ruralidades y el desarrollo agrícola, ganadero y forestal, también están repletas de lecciones a considerar. Bolsonaro llega a la presidencia apoyado entre otros por un ruralismo ultraconservador que festeja sus discursos contra los indígenas, los campesinos y los sin tierra, y que reclama el uso de las armas y la violencia. Podría argumentarse que apunta a ideas y prácticas como las que ya ocurren en muchas zonas de Colombia, donde está muy instalada esa problemática.

Bolsonaro se apoya en la llamada “bancada ruralista”, un sector que ya había llegado al parlamento con el progresismo, en tanto Dilma Rousseff colocó a una de sus líderes en su gabinete (Kátia Abreu). Este ejemplo debe alertar a la izquierda, pues distintos actores conservadores y ultraconservadores se aprovechan de los progresismos para enquistarse en esos gobiernos.

Paralelamente, el progresismo fue incapaz de promover una real reforma agraria o en transformar la esencia del desarrollo agropecuario brasileño. Recordemos que bajo el primer gobierno de Lula da Silva se difundió la soja transgénica y se multiplicaron los monocultivos y la agroindustria de exportación, y no se apoyó de la misma manera a los pequeños y medianos agricultores. Otras administraciones progresistas, en especial las de Argentina, Ecuador y Uruguay, apostaron al mismo tipo de política agropecuaria.

Todos estos son temas sensibles en Colombia, y si bien esquivarlos podría mejorar algunas chances electorales, una real izquierda no tendrá más remedio que abordarlos. El caso brasileño muestra las consecuencias en no explorar alternativas para el mundo rural, insistiendo en el simplismo de apoyar los monocultivos de exportación, sostener al empresariado del campo, y si hay dinero, distribuir asistencias financieras al campesinado.

Las izquierdas, en cambio, deben innovar en propuestas por una nueva ruralidad, abordando en serio no solo la tenencia de la tierra, sino los usos que de ella se hacen, el papel de proveedores de alimentos no sólo para el comercio global sino sobre todo para el propio país. Las izquierdas deben, inclusive, dar un salto fundamental como es entender el territorio como espacio de vida y no simplemente como un factor de producción.

Radicalizar la democracia

La debacle política brasileña también confirma la enorme importancia de una radicalización de la democracia, una de las metas del empuje de izquierda de años atrás y que precisamente el progresismo abandonó. Aquella incluía, por ejemplo, hacer efectiva la participación ciudadana en la política y mejorar la institucionalidad partidaria. Sin embargo, el PT de Brasil concentró cada vez más el poder en el gobierno federal, tuvo un desempeño confuso y hasta perverso: en unos casos volvieron a usar los sobornos a los legisladores (recordemos el primer gobierno de Lula da Silva con el mensalão); persistió el verticalismo partidario (por ejemplo, con Lula eligiendo a su “sucesora”); poco a poco se desmontaron experimentos vigorosos (como los presupuestos participativos); y se usaron las obras públicas en una enorme red de corrupción al servicio de los partidos políticos. El caudillismo partidario se repitió en otros progresismos (como en Ecuador, donde Rafael Correa eligió a su sucesor, o en Argentina donde lo mismo hizo Cristina F. de Kirchner).

Es evidente que una renovación de las izquierdas necesita aprender de esa dinámica, y no puede renunciar a democratizar tanto la sociedad como sus propias estructuras y prácticas partidarias. Si no lo hace, solo facilita el surgimiento de oportunistas. Las estructuras políticas de izquierda deben, de una vez por todas, ser dignas representantes de sus bases y no meros trampolines desde los que ascienden figuras individuales, con claros rasgos caudillescos.

Otra lección surge de comprender que la obsesión electoralista lleva a prácticas que impiden esa democratización. En efecto, el “miedo a perder la próxima elección” hace que el núcleo gobernante (tanto sus políticos como tecnócratas) se abroquelen, rechacen los reclamos de cambio y apertura, y se inmovilicen. Un temor de ese tipo se evidencia en el progresismo boliviano con su intento de imponer una nueva reelección de dudosa legalidad. Un extremo que en parte se debe a la incapacidad de fortalecer al propio partido político cobijando sucesores y renovaciones, lo cual es otra muestra de debilidad democrática.

Un reto aún mayor para las izquierdas, sobre todo luego de las experiencias progresistas, es reconocer el papel político de los pueblos indígenas en una democratización real.

Renovación de las izquierdas

El triunfo de la extrema derecha en Brasil debe ser denunciado y enfrentado en ese país, como también deben fortalecerse las barreras que impidan otro tanto en los países vecinos. El caso brasileño además muestra que debe analizarse lo realizado por los gobiernos del PT, por sus aspectos positivos, por su duración (recordemos otra vez que ganaron cuatro elecciones), pero también por sus contradicciones. Las alertas sobre la deriva de ese partido y algunos aliados hacia un progresismo que se alejaba de la izquierda fueron desoídas.

Cuestionamientos sobre temas fundamentales como los impactos del “nuevo desarrollismo” primarizado fueron no sólo desatendidos, sino que además activamente se combatieron los debates y se marginaron los ensayos que buscaban las alternativas al desarrollo. Persistían problemas como el debilitamiento en la cobertura de derechos, la violencia en el campo y las ciudades, el maltrato de los pueblos indígenas, y todo tipo de impactos ambientales. Pero distintos actores, tanto dentro de esos países como desde el exterior, aplaudían complacientes incapaces de escuchar las voces de alarma con el pretexto perverso de no hacerle el juego a la derecha.

A pesar de todo, en Brasil como en el resto del continente, se encuentran múltiples resistencias y alternativas que se construyen cotidianamente, especialmente desde espacios comunitarios. Ellas ofrecen inspiraciones para una recuperación de la izquierda, desde la crítica al desarrollismo, los empeños para abandonar la dependencia extractivista o los esfuerzos para salvaguardar los derechos ciudadanos. Allí están los insumos para una nueva izquierda comprometida con horizontes emancipatorios.

Es una izquierda que tiene que ser renovada, para no caer en sus viejas contradicciones, como negar la problemática ambiental, asumir que todo se solucionará con estatizar los recursos naturales o los medios de producción, esconder sus vicios patriarcales o ser indiferente a la multiplicidad cultural expresada por los pueblos indígenas y afro.

La renovación de las izquierdas debe asumir la crítica y la autocrítica, cueste lo que cueste, para aprender, desaprender y reaprender de las experiencias recientes. Se mantienen conocidos desafíos y se suman nuevas urgencias. La izquierda latinoamericana debe avanzar en alternativas al desarrollo, debe ser ambientalista en tanto busca una convivencia armónica con la Naturaleza, y feminista para enfrentar el patriarcado, persistir en el compromiso socialista con remontar la inequidad social, y decolonial para superar el racismo, la exclusión y la marginación. Todo esto demanda siempre más democracia.

 Notas

1. Los reportes están disponibles en www.globalwitness.org

2. Sobre la distinción entre izquierdas y progresismos, ver por ejemplo, La identidad del progresismo, su agotamiento y los relanzamientos de las izquierdas, E. Gudynas, ALAI, 7 octubre 2015, https://www.alainet.org/es/articulo/172855

3. Sobre algunos balances realizados dentro de Brasil sobre el desempeño del PT, véase entre otros a A. Singer e I. Loureiro (orgs), As contradições do Lulismo. A que ponto chegamos?, Boi Tempo, São Paulo, 2016; también a Francisco de Oliveira, Brasil: umabiografianão autorizada, Boi Tempo, São Paulo, 2018.

4. Véanse por ejemplo los detallados análisis de Lena Lavinas, tales como Thetakeover of social policybyfinancialization. TheBrazilianparadox, PalgraveMcMillan, 2017; y en colaboración con D.L. Gentil, Brasil anos 2000. A política social sob regencia da financierização, Novos Estudos Cebrap, 2018.

Autores:

Alberto Acosta fue presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador y candidato a la presidencia por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas.

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social en Uruguay.

*El texto es parte de una serie de análisis sobre las implicancias de los cambios políticos en Brasil en distintos países, iniciada con publicaciones en el semanario Voces (Uruguay) y el suplemento Ideas de Página Siete (Bolivia).

https://www.desdeabajo.info/politica/item/35477-la-extrema-derecha-en-brasil-aprendiendo-y-desaprendiendo-desde-la-izquierda.html

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2018/11/09/la-extrema-derecha-en-brasil-aprendiendo-y-desaprendiendo-desde-la-izquierda/

 

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Generalicemos, abajo y a la izquierda, el destape de la criminalidad y perversión implícita en la lógica del Capital:

 

Guatemala y la lucha contra la trata de personas

y la explotación sexual infantil.

3 de noviembre de 2018

Por Giorgio Trucchi

ALBA SUD

 

Un amplio y detallado reportaje integrado por cuatro notas sobre la trata de personas, violencia sexual, explotación sexual infantil -incluyendo al turismo sexual- en Guatemala, donde niños, niñas, adolescentes, mujeres y pueblos indígenas son los sujetos más vulnerables y más expuestos a este flagelo, es el último esfuerzo realizado por Giorgio Trucchi y Alba Sud en el marco del proyecto «El Objectius de Desenvolupament Sostenible i el turisme: estratègia d’educació per al desenvolupament», ejecutado por Alba Sud con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). 

 

A continuación los enlaces de las cuatro notas: 

 

- Turismo sexual: un drama oculto
Entrevista a María Eugenia Villareal, directora de ECPAT Guatemala, sobre la situación de explotación sexual infantil en Guatemala, con una especial atención al turismo sexual, así como las iniciativas desarrolladas para hacer frente a esta problemática.

- Trata de personas y turismo sexual
La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala presentó su último informe y alerta del aumento de la trata de personas y delitos conexos. El turismo sexual aparece como una de las formas de explotación sexual vinculada directamente con la trata de personas.

- Pueblos indígenas, explotación sexual y turismo
El informe de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala sobre la trata de personas y delitos conexos revela que la población indígena es la más expuesta a la trata de personas y la explotación laboral y sexual, incluyendo el turismo sexual.

- Avances y tareas pendientes en la lucha contra la explotación sexual en Guatemala
En conversación con Alba Sud, Danissa Ramírez, Directora Contra la Trata de Personas de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) del Gobierno de Guatemala, detalló los avances realizados por el país y acciones por realizar.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=248585

 

Persistamos en averiguar porqué es hora de ruptura de una creciente mayoría con la lógica del Capital.

 

 

Las economías perversas del crimen organizado

Minería ilegal, trata y explotación sexual

El auge de los precios de las materias primas ha alentado la minería en América Latina y, dentro de ella, la minería ilegal. Esto ha conllevado una articulación de este negocio con otras redes delincuenciales, como el narcotráfico y la trata de personas. En regiones de la cuenca amazónica, la minería ilegal –como ocurre en muchas regiones con el narcotráfico– toma ventaja y rediseña espacios geográficos para sus fines. No obstante, continúa captando menos atención política y mediática que el tráfico de drogas o el contrabando.

 

Por Boris Miranda

Mayo - Junio 2016

 

+La minería genera consumos de diversa naturaleza. Utiliza impresionantes cantidades de agua. Ocupa grandes espacios, lo que no pocas veces obliga a poblaciones enteras a desplazarse, y gasta energía eléctrica que bien podría beneficiar a todas esas poblaciones. Su despilfarro de los recursos ecológicos es tan grande que muchas veces es irreversible, con tierras que jamás volverán a ser útiles o ríos y lagos irremediablemente contaminados o secos. Y hay más.

En el caso de las actividades mineras fuera de la ley, éstas no sólo aprovechan recursos naturales y no renovables, sino que necesitan consumos específicos para garantizar impunidad, productividad y ganancia. Y no hablamos de fuerza de trabajo como tal, sino de voluntades, elementos de coerción y, también, personas. Es así como esta variante de la minería, sólidamente instalada en América Latina, se ha concatenado con otros circuitos económicos como el tráfico internacional de armas, el tráfico de drogas, la trata de personas y la explotación sexual de menores. Se trata de un modelo de economías perversas que se abastecen de servicios y colaboran entre sí para la ampliación del negocio. A los fines de la minería ilegal, las armas son fundamentales para el control de territorios en disputa y para resistir algún eventual intento estatal de poner orden. La droga sirve como moneda de cambio con otras organizaciones criminales o como mercancía para ampliar el negocio. También, junto con el dinero que se obtiene de la explotación del recurso, se utiliza para comprar voluntades políticas, sindicales, comunitarias, militares o policiales. Un elemento más. Como señalan varios informes e investigaciones sobre el tema1, las concentraciones humanas que genera la minería ilegal casi siempre tienen como consecuencia el traslado de mujeres, en muchos casos menores de edad. Es así como los tratantes y clanes que se dedican a la explotación sexual también se vuelven parte de la cadena.

 

Economías perversas

El aumento de la población femenina en los centros de reclusión en América Latina durante los últimos cinco años2 está vinculado al desembarco del crimen organizado internacional en las localidades rurales de la región, donde las mujeres son el sector poblacional más vulnerable por sus características socioeconómicas. La trata de personas y la explotación sexual comercial son consideradas economías perversas articuladas al fenómeno del tráfico de drogas y de recursos naturales. Se ha constatado que, en regiones como el norte de La Paz o las selvas peruanas, donde el narcotráfico y la explotación ilegal de minerales o madera ganan espacio, se genera demanda de prostitución y, junto a ello, grupos de tratantes generan circuitos de reclutamiento y traslado para satisfacer esa «demanda».

En las urbes cercanas a la «triple frontera» entre Brasil, Perú y Bolivia, se utilizan pandillas de adolescentes como sicarios baratos. Ellos mismos, además, se encargarán de convencer y reclutar a niñas y adolescentes con fines de trata y explotación sexual. Con el tiempo, las entrenarán en el oficio de «mulas» o «tragonas» para traficar estupefacientes o simplemente las entregarán a los clanes que manejan los centros de prostitución. Las economías de la violencia sexual comercial, la trata, la minería ilegal y la droga están articuladas. Comparten métodos, operadores y centros de acción. En el norte amazónico boliviano, estos actores se aprovechan de las familias en situación de ruptura o niños en situación de abandono para el reclutamiento. Las pandillas se vuelven las nuevas familias de niñas y adolescentes y de a poco las inducen en el negocio de la prostitución y el microtráfico. Todo es posible gracias a la compartimentación de la infraestructura de estos ilícitos. Los operadores les ofrecen el «servicio» tanto a tratantes como a narcos o a los dueños del negocio de la minería ilegal. En el caso concreto de esta última, su alianza con los circuitos de explotación sexual fue calificada como «escalofriante» por Livia Wagner, investigadora principal del informe de The Global Initiative sobre minería ilegal3.

«Hay un fuerte vínculo entre la minería ilegal y la explotación sexual. Siempre que hay grandes migraciones de hombres a una zona, hay una gran demanda de servicios sexuales que a menudo genera tráfico sexual», anota Wagner4. En su trabajo, la autora detalla cómo muchas mujeres y menores responden a ofertas de empleo falsas o son reclutadas directamente por intermediarios que les ofrecen un trabajo en campos mineros como cocineras, empleadas de tiendas o meseras. Una vez que son trasladadas hasta los centros de explotación, sus documentos de identidad son confiscados. «Cuando estas minas son controladas directamente por grupos delictivos, existe un riesgo elevado de tráfico de personas. En Colombia y Perú, en particular, y en menor medida en otros países de la región. Nuestra investigación reveló numerosos casos de trata, explotación laboral, tráfico sexual y trabajo infantil», afirmó la investigadora de The Global Initiative en un reportaje de bbc Mundo5.

 

Las redes de la explotación sexual

En Bolivia existe una ruta que une el departamento amazónico del Beni con el norte de La Paz con fines de explotación sexual en las zonas donde se explota oro de manera legal e ilegal, mientras que en las ciudades del altiplano boliviano se buscan mujeres para sacarlas por la frontera a Perú, hacia el centro minero de La Rinconada, en el sudeste peruano. Cada frontera o región tiene una «vocación» y vulnerabilidades particulares.

 

Los reportes policiales hablan de un «puente» entre las regiones amazónicas y el norte paceño6, en especial en las zonas donde se realizan actividades de minería ilegal de oro. Los altos precios de los minerales y metales preciosos de años anteriores multiplicaron la presencia de personas en campamentos donde se generó demanda de trabajadoras sexuales. Los tratantes no perdieron la oportunidad de sacar provecho de esa larga coyuntura. La Rinconada es un ejemplo paradigmático: se trata de una ciudad donde la actividad minera se multiplicó exponencialmente en los últimos diez años y en la que ahora existen alrededor de 40.000 personas dedicadas a esta actividad. Las estimaciones de la policía peruana señalan que existen entre 100 y 300 bares que funcionan como prostíbulos ilegales y que a la ciudad llegaron bajo diversas formas de engaño cerca de 4.500 mujeres peruanas, bolivianas y colombianas.

 

Puede ser a través de secuestros o mediante ofertas laborales tramposas. La Rinconada se convirtió en un centro minero donde la explotación sexual está fuera de control, a pesar de los numerosos operativos que se realizan en la zona y de la preocupación expresada por gobiernos de países vecinos. Entre 2015 y 2016, algunas acciones policiales en la zona fueron respondidas con armas de fuego. En el caso de Colombia, las autoridades anunciaron la intención de convertir al Estado en el único comprador del oro que produce el país para frenar la avalancha delictiva que genera la minería ilegal. El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón describió que la explotación sexual es un hecho recurrente en las zonas donde existen actividades mineras fuera de la ley. «Prácticamente en todos los lugares donde hemos encontrado que esta minería de una u otra manera empieza a prosperar, una de las cosas que vemos es esta situación de la prostitución y en particular, la explotación sexual de menores», dijo en una cumbre sobre el tema7.

Se ha reportado en Colombia que hay mujeres obligadas a acudir a centros mineros durante los fines de semana para trabajar en los prostíbulos. De acuerdo con el informe de The Global Initiative8, la minería ilegal de oro es, junto con el narcotráfico, una de las actividades delictivas que más atraen el tráfico sexual. Las bandas criminales que controlan las áreas donde existe minería fuera de la ley también están involucradas en trata de personas, explotación laboral y tráfico de drogas. Según un reporte de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental9, en Brasil existe minería ilegal tradicional que no tiene fines criminales, sino ausencia de regulaciones y licencias. Sin embargo, más recientemente creció la actividad minera ilegal asociada a otras economías propias del crimen organizado como el tráfico de drogas, de armas y de personas, incluyendo el de menores de edad, que son víctimas de explotación sexual. La evasión fiscal y los crímenes contra el sistema financiero también son fruto de estas actividades.

Perspectivas

El avance de los países latinoamericanos en la política de reducción de daños y la protección a sectores vulnerables es todavía muy escaso. Al igual que lo que sucede con el fenómeno de las drogas, esta clase de circuitos económicos criminales todavía son abordados por las leyes y las autoridades desde enfoques criminalizadores. Además, la minería ilegal y la explotación sexual y de menores son males que captan mucha menor atención frente a otros tipos de delitos como el narcotráfico y el contrabando.

Existen sectores más vulnerables que otros porque existen territorios a los que no llegan los controles estatales. Así es como se instaló la minería ilegal en puntos geográficos tan distintos, en países como Perú, Brasil, Bolivia, Colombia o Venezuela. También por ello es que rápidamente estas actividades se articularon con otras economías perversas, como la de la explotación sexual. Al igual que ocurre con el narcotráfico, la minería ilegal toma ventaja y rediseña espacios geográficos para sus fines. Mientras no exista una atención específica a los sectores vulnerables en las zonas críticas, va a ser muy difícil que se desmonten los puentes y corredores de tratantes que «abastecen» a los centros mineros. Esta atención específica deberá traducirse en la identificación de los escenarios críticos como el de La Rinconada en Perú o la franja amazónica boliviana, en legislación, estrategias y planes orientados a proteger a las víctimas potenciales de estas economías.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 263, Mayo - Junio 2016, ISSN: 0251-3552

Fuente: http://nuso.org/articulo/las-economias-perversas-del-crimen-organizado

 

Subrayemos el carácter racista y el odio de clase del capitalismo como motores importantes de sus ecocidios-etnocidios y genocidios. De ahí que frente a las:

 

 

 

“Zonas de sacrificio”, acción política de clase y ecosocialismo

10 de septiembre de 2018

Por Maximiliano Rodríguez (Rebelión)

Existe la idea en la izquierda de que la problemática medioambiental es una cuestión ajena a las clases sociales. Pareciera que compete a la ciudadanía, a la humanidad, a las personas conscientes, etc. Los más fieles a la ortodoxia, admitiendo la existencia de estas, pero al no calzar con sus representaciones idealizadas, argumentan que en este tipo de problemáticas dichas diferencias se diluyen, adquiriendo un carácter indeterminado, “aclasista”.

Por el contrario, sostenemos que la problemática medioambiental es una cuestión que involucra especialmente a las distintas clases sociales. Ninguna solución puede existir al margen de estas, y de sus respectivos intereses y proyectos. Y aún más, en el estadio actual del capitalismo global, la problemática medioambiental no es sino una expresión de “la lucha de clases realmente existente”.

Esta es una contradicción del capitalismo que emplaza directamente a la moderna clase obrera. Golpea sus condiciones de vida, y abre espacio para su constitución como actor político con capacidad de acción colectiva propia, y posibilidad de organizar y aunar extensos sectores populares tras un proyecto de transformación social.

La izquierda tiene que tomar nota respecto de las nuevas realidades que impone la actual etapa del capitalismo y las formas que adopta la lucha de clases, y debe dar cuenta de éstas en lo político-programático. En el asunto medioambiental, el desafío está en la formulación de un ecologismo obrero. O sea, un ecologismo que se asiente en la moderna clase trabajadora y que además se inserte en el proyecto emancipador histórico de esta clase: el socialismo.

Este ecosocialismo tiene que diferenciarse de las intenciones, deseos piadosos y asistencialistas reactivos a la emergencia con las víctimas de las desastrosas, e incluso mortales, consecuencias medioambientales del desarrollo capitalista, rechazar la invocación a principios abstractos de reglamentación social e idealizaciones románticas de tiempos pasados de la humanidad; para, en cambio, fundamentarse en las posibilidades que ofrecen el desarrollo de las contradicciones capitalistas y la descarnada realidad de la lucha de clases.

Las “zonas de sacrificio” del capitalismo chileno

La situación que actualmente padecen los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví en la V región se suma a otros hechos de similar naturaleza que han afectado a distintas localidades del país en los últimos años (Freirina, Chiloé). El común denominador de todos ellos responde a la anatomía específica que el desarrollo del capitalismo en Chile le ha impuesto a la actividad económica.

Históricamente, y liberado de toda traba bajo la fase neoliberal, la incesante búsqueda de ganancias ha llevado al gran capital en Chile a afincarse en la explotación rentista de recursos naturales: minería, pesca, acuicultura, actividad forestal, agroindustria, etc., las cuales le han permitido extraordinarios y permanentes niveles de rentabilidad.

Complementariamente, y parte del mismo complejo industrial, se ha instalado paralelamente a dichas actividades una industria manufacturera procesadora de recursos naturales de escaso valor agregado y altamente contaminante: fundiciones, plantas de procesamiento de pescado y elaboración de celulosa, etc.

Bajo esta modalidad de acumulación se han configurado zonas enteras en que, en el altar del crecimiento económico, sus habitantes son población sacrificable. Si bien no se reconoce oficialmente, para nadie es un misterio que para las propias autoridades hay zonas del país cuya población debe cargar con los costos medioambientales que el capitalismo chileno genera, incluso a costa de su propia salud. Son las denominadas “zonas de sacrificio”.

Entre estas comunas se encuentran: Tocopilla, Mejillones y Huasco en zona la norte; Quintero, Puchuncaví y Titil en el centro; y Coronel y Hualpén en el centro-sur del país. Ocho en total.

Trabajadores y zonas de sacrificio

Habitan en estas comunas unas 330 mil personas. Población con altos contingentes de pobreza, que la expone al chantaje económico del gran capital y sus representantes que les prometen empleos y mejores condiciones de vida.

Desde el punto de vista de la composición social destaca el marcado sesgo hacia las clases populares de su población, con especial predominancia obrera. Si a nivel nacional la clase obrera, con su grupo familiar incluido, se acerca al 44% de la población total, en las zonas de sacrificio esta proporción se eleva al 54%.

El 51% de ocupados que habitan en las zonas de sacrificio laboran como obreros, mientras que a nivel nacional es un 42%. Una proporción importante de estos (42%) se desplaza cotidianamente fuera de estas áreas. De este modo, con el flujo de obreros que habita en estas zonas y que se desplaza a trabajar fuera y aquel que, habitando fuera, se desplaza hacia dichas comunas, se tiene que un poco más de dos tercios (70%) de la clase obrera que se desempeña en las zonas de sacrificio corresponde a población lugareña, mientras que el resto es una población obrera “foránea”.

Las clases sociales ante la cuestión medioambiental

La cuestión medioambiental cruza transversalmente a la sociedad chilena, y seguramente irá cobrando mayor fuerza con el correr de los años.

Sus impactos son tales que obligan a las distintas clases sociales a tomar posición. Particularmente amplios sectores de las clases medias se sensibilizan con el tema, que puede llegar a constituirse en uno de los elementos para nuevos arreglos institucionales en el sistema de dominación burguesa. Arreglos que busquen encausar “racionalmente” la actividad de los capitales individuales en pos de garantizar la sostenibilidad general de la acumulación.

Las clases populares, en tanto, son impulsadas a la acción ante la desesperación por el deterioro de sus condiciones de vida y salud, llegando incluso a la pérdida de sus fuentes laborales y de sustento (pescadores artesanales, trabajadores de la industria salmonera).

Para la clase obrera, que sufre con particular fuerza las consecuencias del daño ambiental, esta lucha se constituye en otro espacio de su acción contra el capital. Un ámbito más de su experiencia como actor político.

Casos como los de Quintero y Puchuncaví literalmente constituyen para la clase obrera, una cuestión de vida o muerte. El capitalismo le pone ante una disyuntiva sin solución posible en este sistema de dominación político y económico. Las únicas alternativas reales dentro sus límites son simplemente una muerte lenta por envenenamiento o la miseria por falta de trabajo.

La alternativa socialista

El desastre ecológico es la expresión de las contradicciones que desgarran globalmente al capitalismo contemporáneo. Su solución demanda que la naturaleza de dicho régimen social sea cambiada. Se requiere que la producción adquiera una forma social distinta a la capitalista, una socialista.

Sólo la socialización de los medios de producción podrá poner a funcionar a la economía bajo un plan global que aproveche los avances científico-técnicos disponibles. Posibilitará además la puesta en práctica de patrones de producción y consumo socialmente racionales y que garanticen los equilibrios ecológicos, despojándolos a su vez del estrecho y peligroso marco al que los constriñe la incesante búsqueda de ganancias.

La solución de la cuestión medioambiental, por tanto, se inscribe necesariamente dentro del proyecto emancipador de la clase obrera. No hay otro actor que pueda dar una respuesta real y definitiva al problema.

Consideraciones para una política ecosocialista

Algunas consideraciones acerca del ecosocialismo como programa político de los trabajadores.

- Renovación programática de la izquierda

Uno de los asuntos que el desastre ecológico del capitalismo ha desnudado con particular crudeza es la obsolescencia del programa industrialista levantado por la izquierda durante el siglo XX. La industrialización ha dejado de ser una demanda revolucionaria en tanto que lo que hoy enfrenta la clase obrera no es la pobreza derivada de la falta de desarrollo industrial capitalista, sino de las consecuencias que este último impone sobre sus condiciones de vida.

Ya nada soluciona que la producción pase del capital privado al Estado, para que este a su vez emule y sustituya a la burguesía como agente del desarrollo económico. De hecho, precisamente los sucesos de Quintero y Puchuncaví han develado la responsabilidad de empresas modélicas de la fase desarrollista del capitalismo chileno.

Si alguna vez el desarrollismo burgués y el socialismo pudieron haber tenido puntos en común en sus respectivas agendas programáticas, hoy ya no. Para efectos de la acción política de la clase obrera, deben quedar claramente diferenciados el capitalismo de Estado del socialismo.

El industrialismo no constituye una opción ecológicamente viable. La reciente emergencia de nuevas potencias industriales ha demostrado que si se replicara el patrón de desarrollo de los capitalismos desarrollados las consecuencias medioambientales serían insostenibles. No resulta ecológicamente factible que los países monten individualmente una industria propia a escala nacional a imagen y semejanza de los grandes centros de la acumulación mundial.

Por lo mismo, el ecosocialismo requiere una perspectiva internacional. La racionalización de los procesos de producción y consumo que este implemente no podrán ser completos si no se llevan a cabo en un marco que traspase las fronteras nacionales, y bajo el principio de una nueva división internacional del trabajo que aproveche racionalmente el actual desarrollo de las fuerzas productivas. La tragedia medioambiental encontrará una solución sostenible y definitiva solo con la integración económica de las naciones basada en la complementariedad socialista, en oposición a la actual integración de competencia capitalista.

- Conciencia y acción de clase

Otro de los elementos que ha evidenciado la situación de las zonas de sacrificio ambiental en Chile es la separación que enfrenta la clase obrera en relación al lugar de trabajo con el que ella y su núcleo familiar habitan. A partir, entonces, de esta separación relativa entre las condiciones de vida y las condiciones salariales-laborales, las cuales no tienen por qué tener una conexión directa entre sí, bien pueden originarse comportamientos diferenciados -y hasta contradictorios- en el seno de esta.

Precisamente una de las potencialidades de la problemática medioambiental para la clase obrera es la necesidad que se le plantea a crecientes contingentes de esta de elevarse por sobre la conciencia corporativista-sindical /1, y confluir además en la acción con otras clases populares.

- Independencia de clase

Finalmente, las organizaciones de izquierda que actúen en el seno de los trabajadores deben ante todo velar por preservar su independencia de clase. Esclarecer a ojos de estos los distintos intereses en juego con el fin de que no terminen siendo usados como elemento de fuerza en las pugnas inter burguesas. Evitar que la clase obrera se desgaste y divida inútilmente librando una guerra que no es la suya.

www.puntofinalblog.cl

1/De hecho, fue Marcos Varas, presidente del sindicato de ENAP, quien rápidamente salió a deslindar responsabilidades de la estatal en la crisis de Quintero y Puchuncaví. Sibilinamente esgrimió la condición estatal en defensa de esta, deslizando supuestos intereses privatizadores tras las voces del gobierno que la señalaban como responsable. Cabe recordar que los gobiernos corporativos de ENAP y Codelco contemplan la presencia de representantes sindicales en sus respectivos directorios. Varas es precisamente, a parte de presidente del sindicato, miembro del directorio de ENAP.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246255

En consecuencia, para los de abajo y a la izquierda, es clave emancipatoria diferenciarse por completo de los progresismos, documentar el sistema capitalista como condena de pueblos enteros a la pobreza estructural y confrontarlo mediante organización comunal, confederada e internacionalista. Es partir, por ejemplo, de definir:

 

Quiénes están detrás de la muerte de Camilo Catrillanca

27 de noviembre de 2018

Por Paul Walder

Politika

 

 

La industria forestal chilena, uno de los sectores de la economía más predecibles al estar basado en un modelo rentista con raíces en la oligarquía, cruza también parte de la historia más infame de Chile. Son muchos los episodios e incidentes que tocan a esta industria, que los arrastra desde los orígenes de la misma república, pero en estas breves líneas bastaría con mencionar que hereda como propiedad el genocidio mapuche. A esta barbarie, rentable para oligarcas hoy mutados en neoliberales, podríamos sumarle los crímenes de Laja San Rosendo, una operación cívico militar montada desde la CMPC, la Papelera del oligarca, rentista y conspirador Eliodoro Matte, con un saldo de al menos dos decenas de campesinos y activistas territoriales asesinados.

El asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca es una consecuencia directa de la execrable historia y cultura chilena. Un sector de la economía, pero no sólo de la economía como denominación, sino del capital, tiene sus bases y orígenes en el despojo de las tierras al pueblo mapuche por el estado chileno, entidad conrolada desde sus orígenes por elites. Es el sector agrícola y forestal asentado en territorios ancestrales, cuyo crecimiento económico bajo la desregulación neoliberal ha ido a la par con el aumento del conflicto.

La industria forestal se inscribe, así como la minería y la pesquería, en una estrategia económica y comercial, que diseñada e impulsada con énfasis desde la dictadura no muestra señales de cambio, sino que apunta hacia su consolidación. La estrategia, basada en la extracción y exportación de recursos naturales, ha ido de la mano con las políticas económicas y comerciales, las que han tenido como elemento clave la apertura arancelaria y la suscripción de acuerdos de libre comercio. La instalación de estas industrias es el segmento, la fase productiva, en tanto la apertura arancelaria que apunta a la búsqueda de nuevos mercados externos, es el diseño económico y la estrategia comercial. Son dos caras de una misma moneda: un modelo productivo basado en la extracción y venta de materias primas y apertura y desregulación de mercados. Es el reconocimiento, que ha sido opción política, de constituirse como economía primaria que suministra al mundo materias primas cuyos precios, bien se sabe, dependen de la oscilación de los mercados y los ciclos económicos.

Estos sectores productivos de materias primas, de commodities, son la piedra angular de la economía chilena, en cuanto son también la expresión de una estrategia económica minuciosamente elaborada, la que ha tenido el apoyo explícito de los gobiernos, tanto durante los años de la dictadura como a partir de los gobiernos de la inacabada transición. Así es el caso de la gran minería privada del cobre, la que desde comienzos de los años 80 del siglo pasado ha recibido exenciones tributarias, escándalo que sólo hace pocos años llevó a la discusión sobre la necesidad de aplicarles un royalty, tributo aun cuando hoy vigente no ha alterado sustancialmente las grandes garantías que el Estado chileno ofrece a este sector. Y algo muy similar ha ocurrido y sigue sucediendo con las plantaciones forestales, las que han sido beneficiadas desde 1974 por un subsidio directo del Estado. En ambos casos los receptores de estas regalías no son pequeños propietarios, sino los grandes conglomerados.

Extracción y exportación

Estamos hablando de grandes y escasos conglomerados, orientados básicamente a la exportación. En el caso del sector forestal, se trata de un área de la economía que tiene una participación del 3,5 por ciento en el producto nacional para constituirse en la segunda actividad económica más importante del país, sólo superada por la minería. Sus exportaciones sumaron el 2017 más de 5.300 millones de dólares, o aproximadamente el siete por ciento del total exportado. Si se suman los dos otros grandes sectores extractivos, tenemos que la minería, la pesca y el área forestal suman exportaciones por unos 43 mil millones de dólares, lo que viene a ser aproximadamente el 61 por ciento del total. Un volumen que corresponde también en su gran proporción, aproximadamente un 90 por ciento, a recursos naturales, materias primas o bienes de muy baja elaboración, característica que tiene incidencia tanto en el medio ambiente como en la calidad de los empleos creados.

Estas cifras permiten calificar a estas áreas de la economía en su escala más primaria, que es la extractiva. Pero también es necesario notar que esta característica está asociada a un alto nivel de concentración del capital y orientada en casi su totalidad a los mercados externos. Sucede en el sector forestal, y también en el minero y pesquero. Es lo que ha llevado a hablar del enclave minero, concepto que también le cabe al sector forestal, cuyos monocultivos utilizados básicamente en la producción de celulosa y de madera aserrada tienen un bajo impacto en el resto de las actividades económicas de la región y un impacto altamente perjudicial en el medioambiente y en las relaciones con el pueblo mapuche. Muchas de las tierras usadas por las forestales son reclamadas como territorio ancestral por comunidades mapuches. El principal producto de exportación forestal es la celulosa, la que se envía al exterior prácticamente en su totalidad. Las estadísticas del año pasado señalan que la industria exportó 500 millones de dólares de madera aserrada, pero más de 2.500 millones de celulosa. Proporcionalmente, la celulosa es casi el 50 por ciento del total exportado por esta industria.

En cuanto a grado de elaboración de los productos, si no se considera el proceso industrial de la producción de celulosa ni el cepillado o aserrado de la madera, éstos prácticamente no lo tienen. Dejando estas actividades de lado, sólo un 20 por ciento de todas las exportaciones tienen un mayor grado de elaboración, como son los tableros, y apenas un tres por ciento corresponde a obras de carpintería.

Incrustadas en medio de la pobreza

La estrategia económica chilena, que está atada a su estrategia exportadora, se basa en estos sectores, los que, dicen y repiten el sector privado y los oficiantes del modelo, son también la base del crecimiento del producto y el puntal del resto de los agentes económicos. Son también, dice la misma industria, grandes generadores de empleos, tanto directos como indirectos.

Hay ciertamente una directa relación entre el empleo y los sectores agrícolas y silvícolas. El sector forestal, informa la asociación Chilena de Seguridad, emplea a casi 60 mil trabajadores. De ellos, unos 18 mil laboran en los bosques y unos 25 mil en los aserraderos. Si consideramos que la actividad forestal está localizada en las regiones Séptima y, principalmente, Octava y Novena, éstas, sin embargo, no han conseguido salir de la condición de pobreza, pese a las bajas cifras desempleo regionales. Al 2015 la pobreza en Chile, según la Encuesta Casen, era de un 11,7 por ciento. En la región de La Araucanía, el 23,6 por ciento de la población vive bajo la línea de pobreza, con la tasa más alta del país.

La industria se nutre de madera de bosque nativo y plantaciones forestales, las que son básicamente monocultivos de pino y eucalipto. Existen 7,6 millones de hectáreas que corresponden a bosques productivos de especies nativas, en tanto 1,5 millones de hectáreas están cubiertas por plantaciones artificiales, en las que el pino radiata es la especie más relevante, con más del 80 por ciento del total.

Las plantaciones están concentradas en unas pocas manos, lo que explica, en parte, el bajo impacto de esta actividad en las posibilidades de prosperidad de la población de la zona. En la Octava región, que cuenta con una de las mayores áreas de cultivos, aproximadamente un 70 por ciento del total de la superficie plantada está en manos de seis empresas forestales. Según Infor, durante el mes de septiembre de 2018, la comercialización de productos forestales al exterior totalizó US$591 millones, con un crecimiento de 19,4 por ciento respecto de septiembre del año 2017. “Es importante destacar que la cifra registrada durante agosto 2018, US$ 720 millones, se convirtió en el récord mensual histórico alcanzado por el sector, dando como resultado un total acumulado de US$ 5.074 millones en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento de 24,9% en relación a igual período del año 2017”.

El control de la producción, las exportaciones y las ganancias las tienen las grandes empresas de los grupos Angelini y Matte. A septiembre pasado, las utilidades reportadas en la Bolsa de Santiago estuvieron impulsadas por el sector commodities, principalmente forestal, y bancario. CMPC fue una de las firmas con más ganancias acumuladas, con un incremento de 297 por ciento respecto del mismo período en 2017.

La estrategia económica, productiva y comercial diseñada hacia comienzos de los 70 y mantenida bien aceitada durante ya varias décadas, muestra sus efectos como un regreso a los tiempos más primitivos del capitalismo. El sur de Chile, los trabajadores de estas zonas de extrema pobreza han pasado durante las últimas generaciones desde la recolección minera a la pesquera y a la forestal. Pero no ha variado ni la relación con el trabajo ni sus condiciones de vida, sometidas a la lógica de explotación por el gran capital.

El capitalismo posmoderno, en su fase más alta y planetaria, se incrusta en estas zonas de extrema pobreza para hacer uso de la mano de obra barata y, por extensión, alimentar, que es mantener y conservar, esa pobreza. Una estrategia que le permite, como se ha visto en el caso de las forestales, ser una de las empresas del rubro más rentables de toda la región. Chile, paraíso para los negocios de recursos naturales.

Esta estrategia económica bien aparejada, que es, hemos dicho, el neoliberalismo en su versión más bestial y tercermundista, es también la responsable de un proceso de clara involución social, que es el deterioro en poco más de una década de la distribución de la riqueza. Bajo este diseño económico, que ha permitido mantener durante toda la década pasada altos índices de crecimiento económico, y durante lo que llevamos de siglo XXI ingentes ganancias para la gran empresa, se ha creado también la mayor brecha de la historia reciente entre ricos y pobres. Un fenómeno que no sólo es la causa de la muerte a manos de las fuerzas de control, hoy inscritas en una estrategia de guerra por el denominado Comando Jungla, del joven Camilo Catrillanca, sino es la fuente de nuestro creciente deterioro económico, social y cultural.
www.politika.cl
Fuente:
 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=249450

 

 "Hemos mantenido una insistente independencia política, distanciándonos de quienes apelan a la institucionalidad capitalista del Estado como eje de disputa, concentrándonos en la independencia de la clase trabajadora y el Poder Popular. Justamente desde esa apuesta independiente, contra el Estado y el Capital, y por el poder popular hemos reafirmado nuestra coincidencia con las organizaciones mapuche que impulsan procesos anticapitalistas mediante el control territorial.

 

Hoy un desafío mayor toca nuestra puerta, toda Nuestramérica pretende ser atravesada por los brazos del monstruo extractivista, quien tiene puesto uno de sus tentáculos en Wallmapu. Se trata del Eje del Sur del proyecto IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana).  (...)

Hoy es necesario articular este descontento y avanzar en generar un escenario de Asamblea Popular Permanente de Temuco y La Araucanía que en alianza con las organizaciones mapuche de la región logre enarbolar y avanzar en la conquista de un Programa de luchas comunes de ambos pueblos, partiendo por la autodeterminación territorial mapuche, por los derechos de la Tierra y del pueblo trabajador no mapuche de la región. Para ello, señalamos la necesidad de ocupar el espacio público, no encerrar nuestras luchas solo en hogares o universidades, sino avanzando más allá, a controlar en los hechos, parcial o totalmente, espacios del territorio urbano de Temuco".

 

 

Chile. Convergencia 2 de Abril de La Araucanía analiza estrategia del Estado contra Pueblos Mapuche y Chileno.

 

Resumen Latinoamericano / 21 de noviembre de 2018

 

Nos dirigimos a la clase trabajadora, al pueblo mestizo consciente y humilde, al estudiantado hijo de la clase, a las mujeres populares y a las organizaciones sociales de Temuco y la región, de las que somos parte y apoyamos:

Después de años de organización y lucha, nuestra organización, heredera de diferentes procesos sociales y políticos en Temuko y múltiples lugares de La Araucanía, se ve enfrentada a un proceso que obliga a actuar con audacia y convicción, sin dar pie a vacilaciones, conscientes de la responsabilidad que en este escenario nos toca como una humilde expresión de la clase trabajadora y los pueblos, que ha mantenido cierta capacidad organizativa y movilizadora durante años, como la presencia en los barrios de Temuco y Padre Las Casas, desde experiencias en alimentación, organización de mujeres, salud y educación popular, intentando crear formas superiores de organización de las y los pobladores. Durante años hemos insistido en cada espacio en la necesidad de articular y unir las luchas sociales, mediante la consigna de que Todas las Luchas sean una sola Lucha, así lo hemos hecho contra las AFP, en la lucha salarial y por derechos laborales en sindicatos de salud, comercio y del sector público, desde las federaciones y centros de estudiantes, desde las organizaciones feministas y de la disidencia sexual, desde las iniciativas de comunicación popular y los espacios por la defensa y salud de los territorios.

Hemos mantenido una insistente independencia política, distanciándonos de quienes apelan a la institucionalidad capitalista del Estado como eje de disputa, concentrándonos en la independencia de la clase trabajadora y el Poder Popular. Justamente desde esa apuesta independiente, contra el Estado y el Capital, y por el poder popular hemos reafirmado nuestra coincidencia con las organizaciones mapuche que impulsan procesos anticapitalistas mediante el control territorial.

La Convergencia, en su condición de organización mestiza y plurinacional ha apuntado al internacionalismo y la solidaridad en las luchas de los pueblos, apoyando diversos procesos tales como las huelgas de hambre de las y los presos políticos mapuche, la construcción de viviendas y mingas en comunidades, actividades de autogestión, solidaridad, y también colaborando desde las ciudades en la resistencia frente a la violencia militar de los gobiernos contra la justa lucha del pueblo mapuche. Esto, sin dejar de levantar nuestros propios procesos desde la clase trabajadora y el pueblo chileno, que sin duda es nuestra principal tarea, y es la mejor forma de apoyar la lucha de otros pueblos, sin intervencionismo, sin colonialismo.

Hoy un desafío mayor toca nuestra puerta, toda Nuestramérica pretende ser atravesada por los brazos del monstruo extractivista, quien tiene puesto uno de sus tentáculos en Wallmapu. Se trata del Eje del Sur del proyecto IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana),  que ha sido bautizado como Plan Impulso Araucanía, iniciado por Bachelet mediante montajes como Huracán y Luksinger-Mackay, justificando la presencia de la Militarización del Wallmapu, y que hoy el gobierno de Piñera llama Macrozona Sur, teniendo como objetivo someter al movimiento mapuche y sectores organizados de la clase trabajadora.

 

Cinco claves para entender el Plan Impulso Araucanía y el IIRSA


1.- Consiste en la invasión de proyectos extractivistas forestales, mineros, parques eólicos, hidro y termoeléctricos, e invasión de salmonicultivos y pesca industrial. Aquí se concentran capitales chinos, japoneses, estadounidenses, canadienses y europeos, en conjunto con los capitalistas locales Luksic, Angelini, Matte, Von Appen, entre otros. Se intenta triplicar la explotación eléctrica de los territorios, tal como ocurre con centrales eléctricas que se pretenden instalar en Lonquimay, Curacautín, Melipeuco, Curarrewe, Pucón, Villarrica, en la zona pewenche, y que avanza mediante las cuencas de los ríos Muco, Cautín, Trankura, Allipén, Toltén, entre otros.

 

2.- Para aumentar la explotación requieren una Invasión de carreteras y puertos, atravesar y destruir a comunidades mapuche y territorios autonomizados, mediante la creación de un puerto seco en las cercanías de Victoria, una carretera Bioceánica entre Bahía Blanca y Lebu, un Puerto en las costas de La Araucanía, una carretera entre Freire y Pucón, y diversos caminos que atraviesan comunidades mapuche, poniendo millones de dólares.


3.- Mantiene la Educación en la miseria, representando un retroceso en gasto público, desfinanciamiento de universidades, liceos públicos y hogares estudiantiles, desechando la construcción del Centro de Formación Técnica Estatal de Angol, y el de Lautaro que a duras penas se mantiene. Sobre Salud se utiliza la mentira, incluyendo supuestas millonarias inversiones que ya venían de los gobiernos anteriores, promocionando el Hospital de Padre Las Casas y Makewe, ambos ya en construcción y con presupuesto para ello, fingiendo un rostro humano de este plan macabro.


4.- Para el pueblo Mapuche se ofrece División, Venta y Permuta de Tierras mediante la destrucción de la Ley Indígena, promoviendo una ruptura de las comunidades, el ingreso de personas ajenas para facilitar la intervención capitalista y el ingreso de megaproyectos que atentan contra la naturaleza y las familias, facilitando la explotación humana y del territorio, la instalación de cientos de empresas extractivistas para que nuestro futuro sea de contaminación y enfermedades tal como ocurre hoy en Quintero-Puchuncavi-Concón-Ventanas-Talcahuano-Lirquén con decenas de industrias contaminantes y una población que protesta por el cierre de ellas, debido a la alta tasa de abortos, infertilidad, cáncer e intoxicaciones.


5.- Para la clase empresarial agrícola y forestal, más recursos para armarse. Toda una batería de fondos para seguir profundizando la destrucción de la tierra y violentando a las comunidades, mediante sus organizaciones armadas paramilitares y sus auto-atentados. Se les nombra víctimas de la violencia rural a pesar de que han asesinado a comuneros. Ahí  tenemos a Luis Marileo y Patricio González, asesinados a manos de Ignacio Gallegos, ex oficial de Carabineros, agricultor y activo miembro de estos grupos. Se les blinda a pesar de que apuntan sus armas de fuego a personas mapuche indefensas como lo hizo Luis Gómez Guitterman en Lican Ray, y que son parte de operativos militares y policiales, como el propio Juan de Dios Fuentes, presidente de Paz en la Araucanía y actual Director del Servicio de Impuestos Internos quien porta armas en medio de sus reuniones, mientras luce la polera de la paz.

 

Militarización, Paramilitares, Uso de Drogas y Violencia en Carabineros

Hoy frente al asesinato de Camilo Catrillanca, a la tortura física y sexual que sufren mujeres y niños cuando son detenidos, al Estado de Sitio que viven miles de hombres y mujeres mapuche en Ercilla, Collipulli, Victoria, Tirúa, Cañete, Lanco y otras comunas en el Wallmapu, los pueblos están unidos para enfrentar la militarización y el extractivismo.

Sabemos que el monstruo del IIRSA y sus brazos armados Comando Jungla, Fuerzas Especiales, GOPE, Fuerzas especiales de la Armada y órganos paramilitares como Paz en la Araucanía y Comando Trizano vienen entrenándose por años bajo la tutela de Estados Unidos y el Narco-Estado Colombiano para agredir a los movimientos populares, mediante operaciones secretas y encubiertas, secuestro, torturas, ejecución e incluso desaparición de activistas como Santiago Maldonado. Todas estas formas de violencia se acentúan por el abuso de sustancias narcóticas y estimulantes en las ramas represivas, prueba de ello es el alto número de delitos y accidentes de tránsito en que los miembros de Fuerzas Especiales participan, como el accidente en que dos uniformados de Pailahueque fallecieron en diciembre de 2017, o las detenciones por conducir ebrios en mayo y junio del 2016 de varios Fuerzas Especiales de Temuco que incluso apuntaron con sus armas a quienes les detenían.

Sabemos que estos ejemplos no son casos aislados, sino que son botones de muestra de un fenómeno instalado y en franca expansión, que vincula estrechamente a los organismos del Estado y a las organizaciones para-estatales del submundo criminal.

El uso de la agresión y vejámenes sexuales es otro instrumento utilizado a destajo, haciéndose costumbre en la Segunda Comisaría de Temuco, donde se golpea y obliga a desnudarse y mostrar sus genitales a mujeres y niñas. Esta práctica de tortura se utiliza a diario hacia integrantes de comunidades de las zonas en Estado de Sitio de Ercilla, Collipulli, Victoria, Tirúa y Cañete, y contra las visitas de los presos de las cárceles de la región. El ataque y amedrentamiento a niños y niñas ha sido una herramienta policial brutal que se viene instalando con disparos a Brandon Huentecol (17), Silvestre Torres (14) y Fabiola Antiqueo (18) sobrevivientes al accionar de la policía militar, pero que tienen a Alex Lemún (17) y José Huenante (16) como víctimas fatales.

 

Las organizaciones de derechos humanos constituidas desde el propio pueblo han sabido defender a quienes son reprimidos, pero no hemos podido evitar la tortura frecuente que se vive en calabozos y carros policiacos, ni los secuestros y golpizas que se viven en automóviles de la Policía de Investigaciones y Carabineros de civil. Bajo estas doctrinas del racismo, clasismo y sexismo que se les instruye, ellos han amenazado a importantes dirigentes sociales de La Araucanía que militamos en la ciudad, que luchamos por la vida y un mundo nuevo, y que estamos conscientes del riesgo que corremos como consecuencia inevitable de esta lucha sin cuartel.

 

Organizar el descontento, construir el programa de lucha

Ante los peligros del aparato represivo, necesitamos que la clase trabajadora y todos los sectores del pueblo movilizados avancen desde la rabia y la pena, hacia una protesta social organizada que no se aísle, sino que amplíe sus banderas de lucha, que convoque a todo el campo popular a la solidaridad, unidad y acción conjunta. Saludamos y reivindicamos las acciones de protesta levantadas durante la última semana como reacción al asesinato del peñi Camilo Catrillanca, y hacemos un llamado urgente a organizar el descontento, coordinar nuestras acciones, y reivindicar en los hechos nuestro derecho a la autodefensa, resguardando nuestra integridad y cubriendo nuestras espaldas para evitar nuevos caídos.

La clave frente a este enemigo es golpear desde diferentes puntos, de manera insistente y coordinada, apuntando todos y todas en la misma dirección, construyendo un programa de lucha que nos oriente.

Para organizar el descontento, se requiere reconocer el trabajo silencioso y esmerado de cientos de personas en la defensa de los Territorios, de los hogares mapuche Pelontuwe y Lawen Mapu, de estudiantes de los liceos Pablo Neruda, Universidad de La Frontera y Universidad Católica de Temuco, de organizaciones de mujeres y feministas, de los Movimientos de Salud y contra las AFP, a los dirigentes sindicales honestos del sector público, de Salud, Educación y Comercio, y a organizaciones de pobladoras de Padre Las Casas, Amanecer, Pichi Cautín, Santa Rosa y Pedro de Valdivia, además de los procesos organizativos de Angol, Pucón, Renaico, Villarrica, Pitrufquén y que se multiplican por todo el territorio en asambleas y colectivos impulsando la lucha anti-extractivista y por la recuperación de derechos de los pueblos, haciendo práctica la alianza multiétnica.

Todos estos esfuerzos de años hoy se convocan a diferentes acciones, y han mostrado un verdadero potencial en el movimiento urbano de La Araucanía, para solidarizar y apoyar a las zonas de resistencia y control territorial mapuche, desde las particularidades de cada comuna y lugar, y de cada organización social.

 

Reconociendo todos estos esfuerzos previos y también las diferencias y errores propios, hoy es necesario articular este descontento y avanzar en generar un escenario de Asamblea Popular Permanente de Temuco y La Araucanía que en alianza con las organizaciones mapuche de la región logre enarbolar y avanzar en la conquista de un Programa de luchas comunes de ambos pueblos, partiendo por la autodeterminación territorial mapuche, por los derechos de la Tierra y del pueblo trabajador no mapuche de la región. Para ello, señalamos la necesidad de ocupar el espacio público, no encerrar nuestras luchas solo en hogares o universidades, sino avanzando más allá, a controlar en los hechos, parcial o totalmente, espacios del territorio urbano de Temuco. Sostenemos que este Programa de luchas debe partir con lo que las comunidades y las distintas expresiones sociales y políticas ya han estado planteando como medidas de defensa frente al actual escenario, y desarrollar perspectivas de avanzada en el marco de un debate democrático de las organizaciones. Sostenemos que algunos de estos puntos son:

1.- El Desmantelamiento y disolución del aparato militar Comando Jungla, Fuerzas especiales de Carabineros y GOPE. Para avanzar hacia una democratización y civilización de Carabineros, rompiendo con la doctrina en que sistemáticamente han formado estas instituciones a sus miembros, e incluyendo un desarme de sus acciones, prohibiendo el uso de armas de guerra y gases tóxicos. Todo lo cual, debe ir acompañado del desmantelamiento de las redes de narcotráfico y abuso de sustancias en esta institución, que alimentan el ejercicio de la violencia y la deshumanización.

2.- El punto anterior, se enmarca en la exigencia de desmilitarización del territorio y las comunidades, que no inició con el Comando Jungla, sino que tiene sus antecedentes en las Fuerzas especiales de Pailahueque, GOPE y Fuerzas especiales de la Armada que han militarizado las comunas de Ercilla, Collipulli, Victoria, Tirúa y Cañete, y que forman parte de una cadena de mando y un diseño institucional con recursos millonarios para salvaguardar el negocio forestal. Por ello, requerimos que todo el equipamiento millonario comprado para matar, sea redestinado a labores de salud y rescate, donde apenas existen recursos actualmente, contando Carabineros con más helicópteros y vehículos todo terreno que los propios servicios médicos de la zona. La desmilitarización de las comunidades, debe hacerse efectiva también en el espacio urbano de Temuko, donde cada vez más se advierte la presencia de policía especializada.

3.- La destitución y procesamiento de los generales Andrés Gallegos y Mauro Victoriano, y de las jefaturas de las comisarías de Fuerzas Especiales de Pailahueque y Temuco, por ser los responsables en el mando de quienes han cometido delitos reiterados estando bajo su cargo. Y por supuesto, la renuncia del General Director de Carabineros, Hermes Soto.

4.- La destitución y procesamiento de las autoridades y responsabilidades políticas de la Región, Intendente Luis Mayol, Gobernadores Mauricio Ojeda y Victor Manoli por favorecer el clima de violencia hacia las comunidades, manteniendo la impunidad de los agricultores y carabineros involucrados en la violencia. También la destitución del Director de Impuestos Internos, el paramilitar Juan de Dios Fuentes, y del principal responsable político, el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

5.- La Transferencia de recursos directa hacia los servicios estatales de Salud y Educación de todos los fondos del Plan Impulso Araucanía que pretenden dirigirse a la invasión del territorio, a empresas extractivistas y a financiar a las supuestas víctimas de violencia rural.

6.- El cese de hostilidades contra las Hortaliceras Mapuche y fin a las ordenanzas municipales racistas del Alcalde Becker que multan, prohíben y criminalizan al comercio o trabajo ambulante.

7.- La Cárcel efectiva para todos los policías y fiscales involucrados en el montaje Huracán que se utilizó para justificar la militarización de las zonas mapuches en resistencia.

8.- La libertad de todos los prisioneros políticos mapuche, pues no existen las más mínimas garantías que permitan siquiera creer en la justicia y servicios policiales del Estado de Chile, tras el evidente montaje de pruebas con las que se encarcela a cientos de luchadores mapuche, que incluye los auto-atentados.

9.- Exigimos cumplir las demandas de los pueblos de Quintero y Puchuncaví, enmarcadas en nuestra reivindicación general de los agricultores, la operación Huracán, el caso Lucksinger-Mackay, y los intentos de montaje en la ejecución política de Camilo Catrillanca. Por terminar con las zonas de sacrificio, y hacer justicia a Alejandro Castro, quien también fuera asesinado por alguna de estas unidades criminales del Estado.

¡Que los Territorios se levanten y los Pueblos ejerzan Soberanía!

Temuko, Territorio Mapuche, 20 de Noviembre 2018

 Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/11/21/chile-convergencia-2-de-abril-de-la-araucania-analiza-estrategia-del-estado-contra-pueblos-mapuche-y-chilena/

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Generalicemos, abajo y a la izquierda, la conciencia de que "el sistema capitalista en su fase actual considera sobrantes a miles de millones de personas y reprime a los millones de trabajadores que emigran por razones climáticas o políticas porque ya no le son necesarios como mano de obra no calificada y barata y como ejército de reserva de fuerza de trabajo".  

Trabajadores migrantes, racismo y Estado

21 de octubre de 2018

El sistema capitalista en su fase actual considera sobrantes a miles de millones de personas y reprime a los millones de trabajadores que emigran por razones climáticas o políticas porque ya no le son necesarios como mano de obra no calificada y barata y como ejército de reserva de fuerza de trabajo. Con la finalidad principal de dividir para reinar, los grandes medios al servicio del gran capital recurren a una técnica comunicacional simple. Ocultan que los migrantes son trabajadores y los mencionan sólo como extranjeros. 

Por Guillermo Almeyra.

Trump quiere que el gobierno mexicano impida el tránsito por su territorio de trabajadores centroamericanos a quienes, como a los mexicanos, rechaza en su frontera. Al racismo le agrega así la imposición a un país formalmente independiente de resignar sus leyes y su soberanía. En Brasil, simultáneamente, los venezolanos que buscan trabajo son agredidos y asesinados; en la Argentina el gobierno impide trabajar a los senegaleses y discrimina a los paraguayos, bolivianos, chilenos, peruanos y brasileños en los servicios sanitarios y escolares.

El sistema capitalista en su fase actual considera sobrantes a miles de millones de personas y reprime a los millones de trabajadores que emigran por razones climáticas o políticas porque ya no le son necesarios como mano de obra no calificada y barata y como ejército de reserva de fuerza de trabajo. Ni siquiera los acepta para compensar la baja natalidad y fertilidad de los países de acogida pues también en ellos le sobran los ancianos y los desocupados, que considera cargas.

En Europa, en Estados Unidos y en la Argentina esos trabajadores de otros países son perseguidos en nombre de la preservación de la identidad y la cultura nacionales, entendiendo por identidad rasgos étnicos y por cultura la de los sectores de clase dominantes (que son antinacionales, por añadidura). Para justificar la represión, los gobiernos acusan a esos trabajadores de robarles puestos de trabajo a los ciudadanos nativos (que jamás han trabajado o trabajarán en sectores malpagos).

Con la finalidad principal de dividir para reinar, los grandes medios al servicio del gran capital recurren a una técnica comunicacional simple. Ocultan que los migrantes son trabajadores y los mencionan sólo como extranjeros; esconden las estadísticas que prueban que los ciudadanos nativos son los responsables de la inmensa mayoría de las infracciones a la ley e informan sobre cada delito de un inmigrado destacando su país de origen para crear la sensación de que provocan un grave problema de inseguridad y para hacer creer que los migrantes son delincuentes potenciales. Por último y sobre todo esos medios de intoxicación escamotean el pasado nacional porque la tan elogiada identidad nacional fue impuesta por el Estado mediante sus instituciones.

Antes que mexicanos, la gente era yaqui, nahua, maya, veracruzano, de Chihuaha o guerrerense y Chiapas se unió a México apenas en 1824. En Brasil la esclavitud fue abolida en 1888 y el concepto de ciudadanía no existía bajo el Imperio. En lo que hoy es la Argentina la guerra entre los ejércitos provinciales duró hasta la segunda mitad del siglo XIX; el país estaba despoblado y recién cambió radicalmente a finales de ese siglo con la llegada de una gran oleada de trabajadores migrantes italianos, españoles, franceses, galeses, irlandeses, nórdicos, rusos, árabes, polacos y judíos con sus respectivas lenguas e historias.

La educación, el ejército y las leyes del Estado liberal funcionaron como un corsé de acero para formar la identidad nacional e impusieron una lengua oficial dominante. Los ejércitos de la Revolución Francesa transformaron así en franceses a los corsos, normandos o marselleses e impusieron el idioma francés fabricado en la Corte real y que sólo hablaba una minoría de seis por ciento.

 

La cultura que se impuso en todas partes fue la de las clases dominantes, desde siempre mundializadas en sus gustos, valores y concepciones del mundo. La cultura popular tiene en cambio raíces comunitarias, campesinas y está anclada en solidaridades obreras tempranas, defensas de las minorías sociales, étnicas y en mestizajes de todo tipo pues entre los pobres no hay alcurnias ni linajes sino orgullo de clase y a nadie le interesa lo que hacía su abuelita o la del vecino y si en países como Cuba, que intentaron una revolución democrática, aún se desarrolla el racismo antinegro y el machismo es porque el aparato estatal no comparte los valores de los pobres y mantiene aún los valores capitalistas anteriores a 1959 pero reforzados por las deformaciones introducidas por la influencia de la Unión Soviética.

¿Cómo crear una identidad verdaderamente nacional y latinoamericanista y construir en cada país las bases de un Estado de transición que luche por la superación del capitalismo y el fin de la dependencia nacional?

Desarrollando la autorganización, la autonomía, la plena participación de los trabajadores en la elaboración y la decisión de las políticas locales y nacionales lo que aumentará su confianza en sí mismos y sus capacidades y confrontará en la práctica a los capitalistas. Creando con los maestros democráticos fuentes y programas propios de educación no capitalista como los zapatistas chiapanecos. Construyendo cooperativas para explotar racionalmente los recursos locales. Impulsando la solidaridad entre los oprimidos y explotados cualquiera sea su edad, género, etnia, país de origen o color. En otro artículo intentaré dar ejemplos.

Más Noticias

Fuente: http://www.anred.org/?p=105574

 

Desmitifiquemos a los gobiernos, líderes e intelectuales progresistas para instalar en la agenda pública la deliberación abajo sobre cuanto han hecho por liquidar el potencial emancipatorio de los movimientos sociales que les dieron origen. Pero también para la comprensión mayoritaria que el ajuste brutal es propio del actual capitalismo. Veamos:

 

 

 

“El Arco Minero es hoy, una política de ajuste”.

Entrevista a Emiliano Teran Mantovani

 18 de octubre de 2018

 

Por Cira Pascual Marquina (Venezuelanalysis)

 Emiliano Teran Mantovani, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, ha seguido de cerca el surgimiento del Arco Minero del Orinoco. Teran concibe la nueva serie de megaproyectos como la aceleración desastrosa de una lógica extractivista aceptada sin críticas. Sostiene que hay alternativas a una economía basada en la extracción que, aparte del daño ambiental y social que produce, no ha logrado resultados en términos de acumulación de capital y desarrollo.

CPM: Existe una trágica falta de conocimiento sobre el Arco Minero en Venezuela. ¿Puede, muy brevemente, decirnos algo sobre cuándo comenzó el proyecto, su escala, alcance e impacto ambiental?

ETM: El Arco Minero fue propuesto no hace mucho, en 2011, por Hugo Chávez. Pero me gustaría agregar lo siguiente: en realidad, lo que sería posteriormente el Arco Minero surgió durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, en el cual hubo un conflicto ambiental que resonaría en la opinión pública a finales de los 90. Fue entonces cuando Caldera presentó un decreto que desregulaba la Reserva Forestal Imataca para introducir la minería allí. Es donde están hoy las minas de oro que son el foco principal de la minería en el Arco Minero. La movilización en contra fue tal que ese decreto se mantuvo de alguna manera neutralizado. No fue derribado, pero si neutralizado. No pudieron completarlo. Es con Chávez que este decreto finalmente se formaliza, lo que permitiría llevar a cabo la minería en esa reserva forestal.

Es importante contar esa historia, porque proviene de toda una lógica de (re)colonización del Sur, una lógica que ha sido parte de los proyectos de desarrollo contemporáneos en Venezuela durante mucho tiempo. De hecho, todos los proyectos desarrollistas y progresistas recientes (como el proceso bolivariano) siguieron esa lógica.

En 2011, en el gobierno de Chávez, se anunció el Arco Minero de Guayana o el Arco Minero del Orinoco. Luego se habló de incluso un proyecto conjunto, el Plan Estratégico conjunto con la Faja Petrolífera del Orinoco, que ahora añadía una serie de proyectos mineros en toda la extensión del territorio al norte del estado Bolívar. Estamos hablando de una extensión de 111.800 kms cuadrados, 12 por ciento del territorio nacional, que es aproximadamente del tamaño de Cuba, para tener una idea de la escala. Los proyectos propuestos son la extracción de oro y diamantes, coltan, bauxita y hierro.

Esto implica reabrir y dar un nuevo impulso a minas ya existentes. No es que todas las minas serían nuevas. Minas ya existentes recibirán un nuevo impulso (como las dos grandes minas de oro), pero todo esto también va implicar el abrir nuevas minas. Por ejemplo, la extracción de coltán es totalmente nueva en Venezuela y significa penetrar el bosque de Parguaza y abrir grandes minas de coltán allí. También se abrirían nuevas minas en Imataca para la extracción de oro, formalizar minas de diamantes en el oeste del estado Bolívar y expandir la extracción de bauxita y hierro, que es antigua en Venezuela.

CPM: El Arco Minero del Orinoco implica una nueva legislación que, en efecto, coloca a la zona fuera del estado de derecho y la Constitución. Incluso se podría hablar de un régimen de excepcionalidad, desterritorialización y pérdida de soberanía. ¿Puede decir algo sobre el conflicto entre la soberanía popular y las necesidades de la acumulación capitalista global?

ETM: Eso es muy importante. Al principio, para el gobierno de Chávez, la Faja Petrolífera del Orinoco y lo que hoy conocemos como Arco Minero del Orinoco fueron iniciativas dirigidas a superar el agotamiento del modelo tradicional de acumulación rentista petrolera. Antes de Chávez, el enfoque era fundamentalmente la extracción de crudos livianos y medianos en el estado Zulia (frontera occidental) y en oriente del país, pero esos pozos están en franco declive. Entonces, dentro del modelo extractivista, con Chávez hay un cambio que le da mayor presencia a la extracción de petróleo no convencional en la Faja Petrolífera [también en el oriente del país]. Esto, por supuesto, tiene un impacto ambiental mucho mayor y un mayor costo. Por lo tanto, el Arco Minero sigue la misma lógica, dando nueva vida y oxigenando a un modelo en crisis.

Digo esto porque, si durante el gobierno de Chávez el Arco Minero tuvo un carácter de desarrollismo expansivo, una especie de reformulación del modelo extractivista, bajo el gobierno de Maduro este proyecto asume la naturaleza de una política de ajuste. Es un ajuste radical, aunque no es el típico ajuste macroeconómico, que trataría de redistribuir los excedentes monetarios de abajo hacia arriba.

Este ajuste tiene que ver directamente con la territorialización –es decir, con la apropiación, intervención, modelamiento y administración de los territorios del país– y la penetración radical de la soberanía nacional basada en varios mecanismos. Primero, desde 2016, Venezuela ha estado bajo un estado de excepción formal y declarado, de hecho y de derecho. Este estado de excepción se encuentra en el contexto de una ‘emergencia económica’.

Luego, hay otro instrumento: las Zonas Económicas Especiales. Siguen el formato del neoliberalismo chino, una forma de desregulación radical de los territorios, en la que se elimina cualquier obstáculo para el rápido desarrollo del capital: impuestos, aduanas, permisos, leyes laborales, restricciones ambientales, lo que sea. Este estado de excepción incluso significa asignar un tipo de gobernador ad hoc al territorio en cuestión.

El Arco Minero del Orinoco fue finalmente formalizado, en su encarnación actual, en febrero de 2016 con el Decreto Presidencial 2.248. Fue declarado Zona Económica Especial (o llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional). Como tal, se constituye como un territorio de desregulación total, de modo que el capital pueda desarrollarse libremente a cualquier precio. Eso presupone la eliminación de derechos de todo tipo: consulta democrática, derecho al trabajo, derecho a la vida, derecho a un medio ambiente limpio y sano, etc.

El régimen de excepción se implementó de la mano de una zona militar especial. Entonces, el Arco Minero es tanto una zona minera especial como una zona militar especial. Tiene un régimen militar especial. El Decreto 2.248 establece que los grupos que se oponen a él se oponen a los “intereses nacionales”, y al oponerse a los intereses nacionales ejercerían en una especie de crimen contra el propio Estado. Eso se dice muy claramente en el Decreto 2.248.

Ahora, cuando se observa esto desde el punto de vista de las consultas populares y consultas previas, lo cual, en un proyecto de esta magnitud, debe hacerse no sólo porque está establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela, sino también (en el caso de las consultas a los pueblos indígenas) por el derecho internacional, el proceso se ha llevado a cabo de forma muy irregular, con mucha manipulación y cooptación. Para dar un ejemplo, indígenas se han quejado de las apariciones en televisión de capitanes cooptados que no los representan, y estos jefes cooptados estaban respaldando el proyecto minero.

Adicionalmente, los estudios de impacto ambiental están notablemente ausentes. Han sido anunciados, pero nadie sabe dónde están. Nadie sabe nada de ellos. Agrega a esto que los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre el carácter y el alcance de los acuerdos que se han hecho, pero siguen siendo un misterio total. Toda la información que tenemos se basa en las promesas gubernamentales del ecosocialismo y la supuesta “minería ecológica”, pero sabemos, basado en estudios académicos y la experiencia acumulada en América Latina, que la mega-minería es una de las actividades industriales más devastadoras de todas. Así que, claramente el Arco Minero representa un régimen de excepción siguiendo una política de ajustes del tipo más radical, un camino neoliberal muy radical.

CPM: Una posición radicalmente anti-extractivista parece injusta. ¿Cómo avanzarán las naciones del Sur Global cuando, a corto y mediano plazo, sus únicas posibilidades de desarrollo parecen ser la extracción de materias primas? Muchos países del Norte Global pasaron de las economías extractivas a las industriales en los tiempos modernos. Entonces, ¿no sería injusto negar esa posibilidad a las naciones del Sur Global? ¿No es injusto hacer que las naciones del Sur Global soporten la carga de la crisis ambiental del planeta?

ETM: No estoy seguro de estar de acuerdo con algunas de esas afirmaciones. Primero, los últimos quince años de gobiernos progresistas en América Latina se han caracterizado por una lógica más bien de profundizar el extractivismo. Estas no fueron decisiones tomadas por la gente; la decisión vino desde arriba. Los vimos jugar esa carta, como si no hubiera otras opciones.

Repasemos uno de los argumentos típicos: “Necesitamos abrir esta nueva mina, necesitamos abrir un nuevo pozo de petróleo, necesitamos iniciar nuevos proyectos de monocultivo de soja”. ¿Y por qué necesitamos hacer esto? Porque necesitamos divisas para el desarrollo.

Uno de los problemas aquí es que no hay ninguna discusión sobre cómo distribuir el excedente ya existente. Las razones para abrir nuestro territorio a la minería son las mismas: se necesita captar divisas. Pero si observamos los diez años anteriores a 2014 (ese año bajó el precio de las materias primas), en esos diez años de auge, unos 500 mil millones de dólares ingresaron a las arcas del Estado venezolano. Entonces, antes de abrir una nueva mina, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué pasó con todo ese dinero?

Para entender el capitalismo rentista venezolano, se debe entender la arquitectura de la distribución de la renta del petróleo. Esa arquitectura da forma a toda la economía nacional. La distribución de la renta petrolera determina las estructuras de poder y las diversas formas de consumo doméstico. En otras palabras, si por ejemplo el Estado tiene un subsidio eterno a la gasolina, como es el caso de Venezuela, eso fomentará un tipo específico de consumo. Va a determinar la forma en que las personas van de un lugar a otro y promoverá la práctica generalizada de importar vehículos.

Además, cuando hablamos de distribuir las ganancias del petróleo, también tenemos que hablar de impuestos. Según datos de la CEPAL, Venezuela y Chile son los países del continente donde los ricos pagan menos impuestos. En Venezuela, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto regresivo, que además ha aumentado y cae sobre los hombros de los pobres.

¿Cómo podemos conectar esto con el extractivismo? Te voy a dar un ejemplo. Uno de los mayores debates sobre el extractivismo en América Latina fue sobre el Parque Nacional Yasuní en Ecuador. Si aumentara en un 1,6 por ciento el impuesto sobre las 200 empresas más grandes y las familias más ricas del país, eso traería a las arcas del Estado la misma cantidad de dinero que aportaría 25 años de extracción de petróleo en la reserva de Yasuní.

Este es el caso de cualquier país latinoamericano. En lugar de abrir el debate sobre el tema de la distribución desigual de la riqueza, la única solución que aparece en el discurso es explotar más los ‘recursos naturales’: abrir nuevos campos, nuevas minas, etc. Luego, cuando los precios de las materias primas bajan, entonces este discurso más bien se engrandece: más iniciativas extractivistas deben impulsarse porque hay una crisis y, por supuesto, la única solución es extraer o perforar más pozos, minas, etc. Sin embargo, resulta que nos metimos en la crisis actual entre otras cosas porque la lógica extractivista estuvo inflada durante la última década y media.

Adicionalmente, conviene decir que actividades como la minería tienen un impacto en otros tipos de sectores económicos, ya que afecta por ejemplo la generación eléctrica. En Venezuela la mayor parte de la electricidad proviene de plantas hidroeléctricas. La minería que ocurre en Bolívar afecta los cauces de los ríos, lo que en el caso del río Caroní afecta sensiblemente la potencia de su caudal, siendo el río que alimenta la represa Guri, la principal fuente de electricidad en el país. Así se ha afectado la generación de electricidad. Eso tiene un efecto adverso en la economía, incluso en las refinerías de petróleo existentes y otros sectores de la industria petrolera.

Desafortunadamente, los debates sobre minería y extractivismo son silenciados. Entonces, resulta que el Arco Minero va a terminar afectando adversamente la productividad y la vida en Venezuela, y eso incluye la propia producción de petróleo, que es la que genera los principales ingresos para la nación.

CPM: ¿Qué pueden hacer las personas que quieren monitorear, protestar o simplemente mantenerse informados sobre el Arco Minero?

ETM: Es necesario volver a movilizar a las personas, y esa movilización debe ser autónoma e independiente. Estamos ante un gobierno que se ha desviado de su camino y tiene poco que ver con el proyecto inicial de las bases populares del chavismo, que tenía una orientación emancipadora y propuso una transición alternativa. Ese bloque debe recuperar su agenda social involucrando demandas relacionadas con el trabajo y el salario, junto con reclamos relacionados con el género, los derechos indígenas y la tierra.

Hay una crisis ambiental muy grave en Venezuela y la agenda ambiental debe ser asumida por todos, centrándose particularmente en la lucha contra esta nueva forma de extractivismo de ajuste que se ha vuelto dominante. Hay alternativas, y el movimiento popular tiene que forjar un proyecto: un camino diferente al de la actual devastación que estamos presenciando en Venezuela. Eso, a su vez, requiere un proceso de construcción y debate autónomos, que nos permita superar la lógica actual de devastación social y ambiental.
Entrevista original en inglés: aquí
Traducción: OEP

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Publicado por OCMAL

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/El-Arco-Minero-es-hoy-una-politica-de-ajuste-.-Entrevista-a-Emiliano-Teran-Mantovani

En consecuencia, para los de abajo y a la izquierda, es crucial que una creciente mayoría modifique de raíz su percepción o sea su modo de estar protagonizando la realidad presente e histórica. Ese cambio exige que cuestione etiquetar a los pobres de “carenciados” cuando son los desposeídos o expropiados para la incesante acumulación gran capitalista de riquezas y poder. Es enfocar la última como intensificación de no sólo la injusticia ambiental sino también de la injusticia social y de género. Es unir abajo en su diversidad de disputas de los territorios y cuerpos. Desafíos que resume la carta titulada:

 

Resistencia Ancestral de Facundo Jones Huala para las asambleas villeras

 

Yo vengo del barrio 169 Viviendas, en Alto de Bariloche, donde crecí en conflicto con las fuerzas del “orden”, por ser joven, pobre y sobre todo mapuche: pocos delitos traen peores represalias que los rasgos originarios. Pues nadie nunca ha garantizado nuestra seguridad. Ya en 2001 pasamos hambre, muchísima hambre. Estuvimos en los piquetes y recuerdo bien cómo cagaron a palos a mi vieja. Me tocó vivir en la calle, pasarla mal de verdad, pero así aprendí a defenderme, a no permitir que me falten el respeto, a no callarme la boca. Muchas de nuestras familias debieron buscar mejor suerte en otras provincias. Y sí, gran cantidad de hermanos y hermanas se instalaron en distintas villas, donde todavía intentan reencontrarse con sus orígenes, sembrando organización política a través del trabajo, para ir hacia el mundo que sueñan. No estamos planteando desde aquí que nadie destruya nada, ni que construyamos de conjunto un Estado paralelo, sino apenas que seamos capaces de reconstruir nuestras raíces. Ahora más que nunca, es imprescindible fortalecer los vínculos dentro de las comunidades, no esperando a un Estado asistencialista, sino exigiéndole que nos devuelva las tierras, porque tenemos manos para trabajar...

Los derechos no se mendigan, se practican.

Las comunidades indígenas, como las villas, necesitamos desarrollar autonomía, esa que hizo posible un medio como La Garganta, para ganar independencia informativa, sí, pero sobre todo independencia política. Por eso, es fundamental y muy valorable la decisión que tomaron, al mantenerla sin pauta oficial ni publicidad comercial: así, han podido socializar esas herramientas que tanto cuesta forjar y sostener, rompiendo con los prejuicios que las clases dominantes cargan sobre los pobres, los mapuches y todo sector marginado de la sociedad. Siento orgullo y esperanza, leyendo cada nota que publican, por la calidad que defienden al elegir el papel. Y cada concepto. De esto se trata, de generar cantidad mediante la calidad orgánica, siendo exigentes con los niveles de reflexión y de acción, para no negociar esa coherencia revolucionaria capaz de romper la mentalidad burguesa.

Me gusta, me gusta verlos confrontar todos los días con este sistema, generando preguntas y cultivando la conciencia, porque muchas veces nos plantean que la única salida posible sería volvernos gendarmes para servir al poder. Y no es casualidad. Nos quieren moldear, para que nunca se nos ocurra transformar la realidad, ni ser creativos, ni pensarnos junto a otros. Hasta dentro de la cárcel, tengo que discutir los imaginarios que han instalado desde la más pobre interpretación de la "seguridad". Y sí, me indigna tanta enajenación. Pero también pienso que nos tocó nacer en este mundo y debemos cambiarlo. Por eso, les hablo a ustedes, las pibas y los pibes de los barrios, como les hablo a mis compañeros de celda. Ahí, en una de las paredes, tengo un afiche de Bertolt Brecht, que dice: “El peor analfabeto es el analfabeto político”. Y con ese disparador, hace varios días venimos discutiendo sobre la dialéctica que nos mantiene presos, aún en libertad.

Hoy, lamentablemente, existe mucha violencia hacia los barrios pobres, que necesitamos poder reciclar, para convertirla en el motor de nuestra resistencia, frente a quienes históricamente nos han oprimido. Contra toda esa basura que nos inculcan, debemos seguir un mismo camino, que nos sirva para avanzar unidos, porque todavía existe el colonialismo sobre algunos pueblos, perfectamente visible en la sumisión y en la falta de desarrollo interno. No podemos dejar de pensar. Y mucho menos podemos dejar de enseñar.

Siempre, la teoría es más fácil. Ustedes vienen llevando adelante el ejercicio constante de la confraternización entre las comunidades y eso cuesta, porque hay que saber discutir hacia dentro. A veces, muy fuerte, porque hace falta. No podemos dejar de ser críticos de nosotros mismos, ni dejarnos caer en fanatismos centrados sobre nuestros propios ombligos. Ni calcos, ni copias, ni dogmas, ni prepotencia, por encima de la realidad.

Parece resistencia, pero se llama dignidad.

Fuente: UAC Asambleasciudadanas.org.ar (agosto 2017)

 

Veamos cómo esa unión emancipatoria en diversidad se concreta en Chile.

 

 

Presos políticos mapuches

 15 de diciembre de 2018

 

 Por Raúl Zibechi

Desinformemonos

“Si comparo la situación actual con once años atrás, veo un cambio notable en nuestro pueblo”, explica Mónica Quezada, madre de Matías Catrileo, asesinado por la espalda en 2008 mientras recuperaba tierras. La coyuntura a la que se refiere Mónica es la masiva y maciza movilización social a partir del 14 de noviembre, cuando fue asesinado Camilo Catrillanca, también por la espalda.

El diálogo lo tuvimos el pasado lunes 10 en la cárcel de Temuco, donde visitamos a tres de los ocho presos políticos mapuche: los hermanos Benito y Pablo Trangol y el machi Celestino Córdova. Estaban rodeados de media docena de mujeres de su pueblo, que acuden todas las semanas, como hermanas políticas de los presos.

Los Trangol fueron acusados de la quema de una iglesia evangélica, pero fueron incriminados por “testigos sin rostro” y se les aplicó la Ley Antiterrorista. Realizaron una huelga de hambre de más de cien días, el año pasado, para revertir la aplicación de una legislación que según organizaciones de derechos humanos representa violencia, racismo y discriminación étnica en contra del pueblo mapuche.

A la extensa huelga de hambre se sumó un hermano de los Trangol y una autoridad de su comunidad, exigiendo el inicio de un juicio justo, ya que estuvieron más de un año como imputados sin juicio, y la no aplicación de la Ley Antiterrorista. La justicia determinó diez años de prisión para Benito y Pablo, de 35 y 25 años de edad, sin más elementos que las declaraciones de una mujer cuyos datos ni siquiera los abogados conocen.

El machi Celestino fue acusado en el marco de las investigaciones de la muerte del matrimonio de hacendados Luchsinger-Mackay, en 2013. Fue condenado a 18 años de prisión y realizó una extensa huelga de hambre de más de cien días para poder acudir a su comunidad para realizar una ceremonia tradicional y cumplir así su función demachi (autoridad religiosa mapuche).

La impresión que recogemos en la visita, confirmada en todos los diálogos con autoridades mapuche, es que la represión viene creciendo de forma exponencial. Algunos comuneros relataron que el cuerpo de Carabineros utiliza formas represivas ilegales para atacar a las comunidades y en particular a las autoridades comprometidas en la recuperación de tierras y en la resistencia al Estado de Chile.

Los crímenes de Catrileo y de Catrillanca muestra claramente el accionar delictivo de Carabineros. En los dos casos los uniformados mintieron. Catrileo muere en una acción pacífica en el fundo Santa Margarita, del agricultor Jorge Luchsinger, predio que reclaman las comunidades y era defendido por Carabineros que dispararon sobre el militante mapuche. Dijeron que hubo un enfrentamiento armado, pero los asesinos debieron ser condenados cuando se desmontó el engaño y dados de baja del cuerpo.

Catrillanca fue asesinado por la espalda por un miembro del Comando Jungla de Carabineros mientras conducía un tractor. La primera versión de Carabineros fue que la acción era la respuesta al robo de coches de profesoras de la escuela de Ercilla por un grupo de encapuchados y dijeron que tenía antecedentes penales. Aseguraron que la acción no había sido filmada, pero en realidad destruyeron esa prueba.

Cuando todas las mentiras se vinieron abajo, el gobierno debió dar marcha atrás y a lo largo de todo Chile se multiplicaron las manifestaciones de apoyo al pueblo mapuche. A esa enorme movilización hizo referencia Mónica, la mamá de Matías Catrileo, al mencionar el crecimiento del pueblo mapuche en esta larga y difícil década.

Así como el asesinato de Matías forjó una nueva camada de militantes, el de Camilo está ampliando el horizonte de todo un pueblo. Lo realmente nuevo en el Chile actual, no es la lucha mapuche, un pueblo que lleva cinco siglos de pie, sino el involucramiento de nuevas camadas de jóvenes (y no tan jóvenes) en una pelea de larga duración contra un Estado genocida y terrorista.

Esa “potencia” que menciona Mónica, ese crecimiento del pueblo mapuche, no puede comprobarse en las grandes manifestaciones ni en las acciones de repudio y solidaridad. Pero es palpable en los grupos de base, en la multiplicación de organizaciones mapuche y mixta, en el notable crecimiento de las personas que hablan y estudian mapudungun, incluyendo muchos blancos o huincas. Una fuerza que nace de la tierra, de muy abajo, y que está resultando imbatible.

El principal azote del pueblo mapuche es el extractivismo forestal, al que protegen y defienden el Estado chileno y el gobierno de Piñera. Ese modelo tiene un límite: como señala el último editorial de la página Mapuexpress, la dignidad de la familia y la comunidad de Camilo Catrillanca han supuesto “un fuerte remezón para mirar con mayor precisión histórica y política lo que está ocurriendo en el Wallmapu”, y ha generado “una poderosa ruta para el pueblo mapuche.

 

https://desinformemonos.org/presos-politicos-mapuche/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=250234

 

Requerimos, abajo y a la izquierda, confiar en las rebeliones democratizadoras de los pueblos al arraigarse en la defensa de los bienes comunes y en la dignidad humana.  También debemos desenmascarar a los progresismos que embaucan con el porvenir de un capitalismo en serio o humanizados cuando estamos subsumidos "en un momento específico de la historia del sistema-mundo capitalista, de profundo caos y entropía; en una situación post-normal, que posiblemente será muy conflictiva".

 

 

 

COP 21 y los nuevos tiempos en América Latina

Escapar de Paris: por una justicia ambiental

desde los territorios

 

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

 

Desde las nebulosas de Paris: negociaciones y negocios

Las conferencias sobre cambio climático de las Naciones Unidas suelen dejar una sensación de desazón y creciente escepticismo, producto sobretodo del cinismo y la indolencia que suele reinar en las partes más influyentes de la negociación, que año tras año anuncian un “acuerdo importante, sin precedentes”, cosa que no fue la excepción en la COP21 Paris, donde se declaraba que se ha logrado un “documento histórico y universal”.

No tiene mucho sentido analizar estas negociaciones únicamente en el marco de la “búsqueda de un buen acuerdo”, sin tomar en cuenta que los pilares políticos y programáticos que dominan en estos “esfuerzos globales” contra el cambio climático, la episteme sobre la que se configura este discurso y su respectiva institucionalidad, es el mercado. Así que las “soluciones” que de ella surgen, básicamente se estructuran como soluciones de mercado –léase las contabilidades compensables del «cap and trade», o bien los offsets internacionales como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)–.

Ante la lógica de la maximización de la ganancia y mantenimiento de la tasa de beneficio, no es de extrañar los múltiples casos de falta de transparencia en relación al registro de las emisiones de instalaciones participantes, evasiones en las metas de reducción a través de mecanismos de compensación a los “países en vías de desarrollo” – ej. MDL –, especulación financiera en los mercados de carbono y el enriquecimiento de grupos económicos [1] a partir de este grave problema global. Después de 21 COPs celebradas, parece conveniente preguntarse si estos acuerdos, antes que soluciones, se han convertido en parte del problema.

En todo caso, creemos que es importante resaltar algunas tendencias y elementos preocupantes que se han expresado en estas últimas negociaciones:

a) aunque ha habido una obsesión por establecer el techo en 1,5º o 2º de aumento de la temperatura media del planeta, tal vez la pregunta clave es cómo se va a llegar a esta meta de manera real. La pregunta aplica igualmente con el tope deseado de emisiones de GEI;

b) las enormes dificultades de establecer acuerdos claros para el financiamiento para que los “países en vías de desarrollo” enfrenten el cambio climático – léase, los 100 mil millones US$ desde 2020 – se vincula con el creciente intento de darle mayor participación a los “business leaders” (corporaciones) en la “soluciones” contra el cambio climático. El secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon elogiaba en la COP21 a las corporaciones multinacionales, pues estas “apoyaban un acuerdo fuerte en Paris que envía las señales correctas de mercado”, al tiempo que las estimulaba a hacer sentir su voz y “demostrar que el negocio verde es un buen negocio” [2] ;

c) la marcada negativa, principalmente de los Estados Unidos, de asumir las pérdidas irreparables y los daños permanentes ocurridos cuando las políticas de mitigación y adaptación se quedasen cortas ante la incidencia dedesastres climáticos – la tercera forma de asistencia a los países en “vías de desarrollo” conocida como « loss-and-damage»– (véase el punto 52 del acuerdo final) [3] . Esto podría vincularse en cambio, en el marco de la actual disputa geopolítica, con la militarización del clima y la conveniencia estratégica de algunos actores imperiales de sacar provecho de lo que Naomi Klein ha llamado «capitalismo del desastre»;

d) sigue sin aparecer en estos documentos la imperiosa necesidad de dejar buena parte de los hidrocarburos bajo el suelo;

e) ¿Qué sentido tienen los acuerdos si no son operativamente vinculantes, si solo son intentos de contribuciones nacionales (intended nationally determined contributions, INDCs)? – léase, alcanzar un pico de emisiones de CO2tan pronto como sea posible” (art.4 del acuerdo final)–. Y también: ¿con cuáles instrumentos institucionales cuentan los pueblos verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de acuerdos, cuando fuesen vinculantes?

La ambigüedad de los acuerdos y la contradictoria institucionalidad climática hace que diversas estimaciones propongan que en cambio nos dirigimos a un escenario de entre 2,7 a 3,4 grados de aumento de la temperatura media para finales de siglo. Pero esto no es indicador únicamente de una crisis del clima. “Sociedades de baja emisión de GEI” no garantizan que se alcance una justicia ambiental, ni que se evite desbordar los límites del planeta. Esta es una crisis civilizatoria que tiene que ver con el metabolismo depredador que se ha configurado en el sistema capitalista global, y con la brusca ruptura que se ha producido en la reproducción de la vida. Toda esta ruptura está intensificando las luchas por el agua, por la energía, por la biodiversidad, por los ciclos de la vida y por los territorios. Y va a marcar la dinámica de los nuevos tiempos que América Latina ya empieza a vivir.

De las nebulosas de Paris a la propuesta del Anexo 0 de Oilwatch: pensar la justicia ambiental desde los territorios

Algunas voces en la Climate Action Zone de l Centquatre-Paris planteaban la necesidad de “escapar de las COP”. Escapar de las COPs supone tratar de liberarnos de este específico régimen de soberanía que se institucionaliza globalmente, y que secuestra la toma de decisiones para un 1%. También implica tratar de liberarnos del secuestro epistémico que encierra prácticamente toda la lectura del fenómeno del cambio climático y sus posibles soluciones en la métrica del carbono. Parece necesario abrirnos a enfoques radicalmente diferentes.

En este sentido, la propuesta del Anexo 0 de la Red Oilwatch ofrece varios elementos para tratar de pensar/efectuar este escape. Oilwatch, a partir de su crítica a la
«civilización petrolera», propone reconocer a los pueblos en la división establecida por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: además del Anexo I (países industrializados del Norte y economías emergentes), Anexo II (miembros del Anexo I que deben ofrecer financiamiento a los países en vías de desarrollo) y No Anexo I (básicamente los países del Sur global), se debe crear el Grupo Anexo 0, donde estarían las numerosas iniciativas populares alrededor del mundo que realizan esfuerzos para no extraer más hidrocarburos, y que defienden formas de vida respetuosas con la naturaleza.

Al ser la extracción de hidrocarburos el proceso primario de factor antropogénico que determina el fenómeno del cambio climático, dejar el petróleo y otros combustibles fósiles en el subsuelo es una medida principal y directa para contrarrestarlo. Si, como se desprende de cifras del IPCC y la AIE, es necesario dejar 2/3 de los hidrocarburos en el subsuelo, diferentes iniciativas populares y territoriales deben ser premiadas por sus esfuerzos al respecto, antes que ser ignoradas, apartadas o criminalizadas, como suele ocurrir. La propuesta detallada del Anexo 0 está disponible aquí: Español, English, Français.

Esta propuesta tiene diversas implicaciones, de las cuales quisiéramos destacar dos:

a) enfrentar y desafiar la hegemonía y la centralidad de la métrica del carbono, que se orienta principalmente a fases distributivas (monetarizadas y abstractalizadas) de la naturaleza ya extraída y transformada, para plantear en cambio un debate de raíz sobre soluciones, valores y energía. Aquí el papel de la economía ecológica cobra importancia para producir indicadores que contabilicen o registren no sólo los hidrocarburos dejados bajo el suelo, sino el agua protegida, la biodiversidad, las culturas populares o los modos de vida sostenibles existentes;

b) descentralizar el régimen de soberanía de esta institucionalidad climática global, que plantea únicamente negociaciones entre Estados (partes), y en cambio hacer emerger las subjetividades populares en los territorios, o formas de gobierno local, que son los actores fundamentales para las transformaciones sociales y geopolíticas para enfrentar el cambio climático.

La propuesta del Anexo 0 no es en ningún sentido una propuesta autosuficiente. Requiere la articulación con otra serie de políticas y agendas que permitan su viabilidad. No convalida de ninguna manera una nueva mercantilización de la naturaleza bajo el subsuelo [4] . Y también cabe añadir que, aunque en cambio climático existe un compromiso diferenciado que señala a los grandes responsables de la actual crisis ecológica planetaria, esta idea de Oilwatch se cuela en los debates sobre extractivismo en América Latina, planteando las posibilidades de hacer moratorias a proyectos extractivos y reconocer la iniciativa de comunidades y gobiernos locales, para dejar los combustibles fósiles bajo tierra.

El Anexo 0 es otra forma más de decir que la justicia ambiental comienza en los territorios. Propone una institucionalidad climática alternativa, pero también formas de pensar este problema de manera alternativa, más allá de los muros de la política formal. En todo caso, el sustento material de este tipo de propuestas han sido, son y serán, las luchas desde abajo contra la acumulación por desposesión.

Del Anexo 0 al «Blockadia»: territorios rebeldes y los nuevos tiempos en América Latina

La situación de crisis ambiental global y la necesidad de acciones urgentes para contrarrestar el cambio climático ofrecen sólidos argumentos para intensificar los pedidos sobre moratorias de numerosos proyectos extractivos en América Latina. Se podrían plantear debates sobre cómo la caída de los precios del crudo –y si se espera que no levanten por un tiempo– representa una oportunidad para abrir caminos de transición para salir del rentismo petrolero en Venezuela. La idea de un estancamiento secular de la economía global, y la crisis de largo plazo del modelo de acumulación nacional, impulsan la necesidad imperiosa de trascendentales transformaciones desde adentro, en las cuáles se abra una discusión sobre la moratoria de los proyectos de minería en el país (carbón en el Zulia, Arco Minero de Guayana) e incluso algunos sectores de bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Sin embargo, es necesario reconocer que todos estos procesos, fenómenos y negociaciones se están desarrollando en un momento específico de la historia del sistema-mundo capitalista, de profundo caos y entropía; en una situación post-normal, que posiblemente será muy conflictiva. Esta situación evidentemente atraviesa a América Latina, la cual después de varios años de una era progresista diferenciada, ve cómo las condiciones bajo las cuales aparecieron los gobiernos de izquierda y múltiples luchas sociales, han cambiado significativamente.

Si pensamos en la fuerza que va tomando la ola de restauración conservadora en la región, y los peligros de nuevos ciclos masivos de acumulación por desposesión; si recordamos que Latinoamérica es un “reservorio” estratégico de “recursos naturales” en la dinámica geopolítica actual; y si advertimos cómo se configura un neoextractivismo 2.0 –ya no “progresista”, sino de perfil mixto e híbrido, un neoliberalismo mutante– que busca reorganizar el territorio continental en torno a esta nueva fase salvaje de acumulación global; podemos notar la centralidad que tendrán las luchas en la región en torno al mundo material de los bienes comunes para la vida (agua, biodiversidad, territorios en general).

Es muy probable que una política popular post-extractivista para enfrentar –consciente o inconscientemente– al cambio climático, y en general al orden depredador capitalista, esté, en esta nueva etapa para América Latina, plagada de enormes desafíos y amenazas. Pero hay algo que también vale la pena pensar. Las transformaciones en curso, no sólo van produciendo cambios de gobiernos y regímenes de poder, sino también de las condiciones materiales de la reproducción de la vida, y por ende, abre el camino para la reconfiguración de las luchas desde abajo.

En su libro "This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate", Naomi Klein denomina «Blockadia» a los cientos de comunidades en todo el mundo que están luchando contra la extracción de combustibles fósiles –de Nigeria a Canadá, de Grecia a Perú y Ecuador–. Lo que es importante resaltar de «Blockadia» es que son movimientos globales compuestos por personas comunes –no lucen como los típicos activistas, según Klein– que buscan profundizar la democracia relacionándola con la posibilidad real de control de los recursos que posibilitan la reproducción de su vida cotidiana, y que manejan diversas estrategias de acción directa –asambleas populares, bloqueos a excavadoras, marchas en las grandes ciudades, siendo agredidos por fuerzas policiales y de seguridad–, deteniendo en el territorio los crímenes climáticos en progreso –los sujetos del Anexo 0–, y reivindicando las abundantes energías disponibles en la superficie del planeta (no las del subsuelo) [5] .

Podemos tomar Blockadia como otra metáfora útil para pensar, luego de años de experiencias en la era “progresista”, nuevas estrategias para una posibilidad emancipatoria. Pero también para pensar en los tiempos que se avecinan. Sobre todo, revisar los errores políticos cometidos, tratando de reconfigurar sus lógicas desde el territorio –una territorialización del poder–. Recuperar o reimpulsar en nuestras agendas políticas la centralidad de la riqueza concreta (agua, biodiversidad, tierra) y de la reproducción de la vida, ante la primacía que ha tenido la búsqueda de la riqueza abstracta (rentas y finanzas) [6] .

Una radicalización de la acumulación por desposesión, llevada adelante en el marco de una restauración conservadora en América Latina, puede a su vez provocar múltiples resistencias productivas (de lo que hemos llamado la biopolítica de los comunes), muchas de ellas bajo fórmulas que podrían ser novedosas. Piénsese en un nuevo «giro ecoterritorial» (tomando el concepto de Maristella Svampa) alimentado no solo por los diferentes aprendizajes que se han producido desde las luchas regionales y globales, sino por la transformación de las condiciones materiales de vida. La expansión de un ecologismo popular (Joan Martínez Alier) podría tocar a los movimientos urbanos, como de hecho ya lo está haciendo en la región, lo que tendría un muy poderoso efecto político. Eco-piquetes y nuevas territorialidades urbanas se vinculan a la búsqueda de reproducción de los medios de vida en las cada vez más insostenibles ciudades latinoamericanas.

Las condiciones probablemente serán muy adversas, pero las posibilidades emancipatorias están ahí presentes. Es en el tejido social y territorial donde se estará librando una batalla histórica.
Paris, diciembre de 2015

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206755

 

 

Podemos desanimarnos frente a Trump o Bolsonaro haciendo alarde de sus proyectos discriminatorios al extremo de ser fascistas. Sin embargo, atendamos a Silvio Schachter:

 

"Cuando el 55 % de los votantes elige al candidato que hizo campaña con explícitas bravuconadas racistas, xenófobas, machistas, violentas, que hace apología de la tortura y de la dictadura militar, que ataca constantemente a las organizaciones sociales y de derechos humanos, caracterizándolas  de terroristas, que fomenta la justicia por mano propia y la represión, la tardía sorpresa deviene rápidamente en la calificación simplista de ponerle el sayo a la sociedad brasileña: esta sociedad es mayoritariamente fascista.

La limitada estructura binaria para pensar la política no sólo llevó a una encerrona al electorado, si no que prima en las interpretaciones basadas en análisis abreviados de una realidad multiforme, que responde a una diversidad fenómenos y cuyos efectos sólo son reconocidos cuando afloran como hechos consumados". Leer

 

Hagamos, entonces,  al viraje de esa mirada:

 

 

 

Bolsonaro y la alternativa socialista

10 de octubre de 2018

Por Rolando Astarita

El triunfo de Bolsonaro en la elección del domingo pasado ha dado lugar a diversas explicaciones por parte de la izquierda. Haciendo un repaso somero de las mismas, encontramos:

-El ascenso de Bolsonaro es el producto de la “conspiración reaccionaria” del Lava Jato; de las manipulaciones de la corporación judicial; y de la tutela de las Fuerzas Armadas, que habrían impedido el derecho de la población a votar libremente a Lula (que tenía el 40% del voto). A esto se habría sumado el apoyo de parte de la gran burguesía, el agronegocio, y la iglesia evangélica. Con estos apoyos, Bolsonaro habría capitalizado el sentimiento anti PT.

-El retorno a la democracia siempre estuvo condicionado por la dictadura militar, y las FFAA nunca se replegaron totalmente. Su influencia corporativa permaneció intacta.

En esta campaña el PT tuvo que enfrentar a las FFAA, a los grandes medios de comunicación, al Poder Judicial y a Washington.

-La influencia de las Iglesias evangélicas; y el deseo de “orden” de buena parte significativa de la sociedad explican por qué Bolsonaro pudo presentarse como “lo nuevo”, con un discurso moralista en defensa de la familia, contra la violencia urbana, de condena a la corrupción. Así atrajo a la gente desencantada con la política y desilusionada con el PT.

-Los medios concentrados inculcaron el miedo y el odio a la igualación social y la ampliación de los derechos humanos, que estarían en la esencia del PT.

-Bolsonaro logró capitalizar el sentimiento anti-PT. Este sentimiento se debe a que el PT gobernó con el gran capital brasileño e internacional y los partidos corruptos de la burguesía. El gobierno de Dilma Rousseff aplicó un plan de ajuste neoliberal. La corrupción de sus gobiernos también contribuyó al desprestigio de las alternativas de izquierda. El PT traicionó cuando estuvo en el Gobierno y también al no movilizar a los trabajadores contra Temer y contra el fascismo. En la versión stalinista clásica, el PT no traicionó, pero cometió “errores”, como fueron la corrupción y la aplicación “de una política socioeconómica de corte neoliberal”.

-El triunfo de Bolsonaro se explica por la profunda crisis económica y social, y porque Temer la agravó. En consecuencia, “millones de trabajadores votaron a Bolsonaro abrumados por la crisis y la descomposición de la vida urbana”.

 

El triunfo de Bolsonaro en perspectiva

Si bien pueden haber sido importantes algunos de los factores mencionados en las anteriores explicaciones, la cuestión central es preguntarse por qué un candidato como Bolsonaro, con sus posiciones misóginas, racistas y homofóbicas, defensor de la dictadura militar y de la tortura, que postula un programa económico que es continuación del de Temer, ha obtenido el 46% de los votos. Y aquí hay que evitar recurrir a peticiones de principio. Esto es, si decimos que ese voto se explica por la influencia de los evangelistas, o de las fuerzas armadas, o de los medios de comunicación, habrá que preguntarse por qué los evangelistas, las fuerzas armadas y los medios de comunicación tuvieron tal poder de convencimiento sobre millones de trabajadores. De la misma manera, si se sostiene que millones de trabajadores votaron a la ultraderecha porque están abrumados por la crisis, hay que preguntarse por qué votaron de esa manera, y no apoyaron a alguna variante anticapitalista y socialista (el Partido Socialismo y Libertad, una organización más o menos “radical”, obtuvo menos del 1% de los votos).

Pues bien, pienso que es necesario ubicar lo que ocurrió en Brasil en una perspectiva más amplia. La misma hace referencia a un fenómeno que ha sido señalado repetidas veces por los medios y analistas, pero que la izquierda parece reacia a reconocer (¿acaso porque desmiente los análisis enfebrecidos del tipo “existe una situación revolucionaria en el mundo”?). Se trata del ascenso de la ultraderecha y de la derecha conservadora y nacionalista en una cantidad apreciable de lugares. Por ejemplo, si tomamos la situación en Europa, vemos que en las últimas elecciones partidos de ultraderecha obtuvieron el 65% de los votos en Hungría; 54,6% en Grecia; 51,2% en Polonia; 50% en Italia; 49,6 en República Checa; 35,4 en Chipre; 34,3% en Eslovaquia; 32,9 en Estonia; 32,8% en Lituania; 32,7% en Bulgaria. Hay que agregar la Gran Bretaña del Brexit; el 20%, por lo menos, del voto que cosecha Le Pen en Francia; el 25% que recibió el ultraderechista Partido Demócrata Esloveno; y el 17,6% de los votos que obtuvo la ultraderecha sueca en las últimas elecciones. En Hungría, con Víktor Orban, y en Polonia, con  Mateusz Morawiecki, la ultraderecha gobierna en solitario. Y partidos de ultraderecha gobiernan en coalición en Italia, Bulgaria, Austria y Eslovaquia.

Mencionemos también a Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas (según Amnistía Internacional, incitados por el gobierno las fuerzas policiales y sicarios han matado a miles de personas bajo el disfraz de una campaña nacional para erradicar la droga). O el triunfo de Trump, un personaje que se lleva de maravillas con los supremacistas blancos, aplica un programa brutal contra los inmigrantes, hace todo lo posible por agredir al medio ambiente y embiste contra el derecho al aborto, apoyado por cristianos evangélicos y conservadores religiosos. Y tengamos presente que en la ex patria del “socialismo real” la inmensa mayoría de los trabajadores apoya las políticas nacionalistas y represivas de Putin.

Estas evoluciones entonces no se pueden explicar por particularidades nacionales. Por debajo de esto tiene que haber una cuestión más general. Y una de las primeras cosas que saltan a la vista es que estos movimientos, partidos y gobiernos se presentan como alternativas a la globalización capitalista. Este es el “universal” que se desarrolla a través de los casos nacionalmente particularizados. No son los particulares los que explican el impulso general, sino al revés, es la tendencia general la que se expresa en los desarrollos nacionales. Pero entonces la pregunta central es por qué la respuesta a la globalización ha sido capitalizada por partidos, regímenes y gobiernos de derecha, y no por la izquierda.

 

La crisis de la alternativa socialista

La raíz del problema está, por supuesto, en la crisis de la alternativa socialista. Es claro, por empezar, que la socialdemocracia –mezcla de fabianismo y keynesianismo de izquierda- terminó asociada con los partidos burgueses tradicionales, aplicando las políticas capitalistas tradicionales. La alianza, en Alemania, de los socialdemócratas con los conservadores de Merkel, es tal vez el caso más representativo.

Pero más significativa y conmocionante para la izquierda fue la caída de la URSS y de los regímenes de Europa del Este. Es que a los ojos de las masas trabajadoras esto se identificó (y se identifica) con el fracaso del socialismo. De ahí la fuerza que tiene el slogan de “no hay alternativa” (al capitalismo), con el cual la burguesía descalifica cualquier propuesta de cambio social profundo. En varios países del ex “socialismo real” (Hungría y Polonia los más destacados) han tomado fuerza algunas de las expresiones más brutales de la derecha. Agreguemos el giro de China hacia el capitalismo, operado desde la más alta dirección del partido Comunista chino. Algo similar podemos decir de lo ocurrido en Vietnam. Vietnam, que constituyó el máximo referente de la lucha antiimperialista en los 1960 y 1970, terminó siendo el mejor alumno del FMI en los 1990 y 2000 (y hoy es un paraíso de la explotación de mano de obra por parte de grandes multinacionales). Sumemos la trágica desintegración de Yugoslavia: donde se suponía que reinaba la solidaridad y fraternidad entre los pueblos, se desató una brutal guerra nacionalista, con un saldo de incontables víctimas y devastación.

 

En una nota anterior del blog, escribí sobre esta cuestión: “Los fracasos de los “socialismos reales”, o el actual desastre del “socialismo siglo XXI”, no son cuestiones menores. La izquierda no puede desconocerlos. En 1927, o sea, apenas una década después del triunfo de la revolución, Trotsky pronosticó que una vuelta de la URSS al capitalismo provocaría un retroceso “infinito” en la conciencia socialista de la clase obrera mundial. En 2015, y con las experiencias (y horrores) stalinistas a cuestas, aquel pronóstico de Trotsky tiene validez multiplicada” (sobre estas cuestiones, véase aquí, aquí). En otra nota: “lo que importa es que en la conciencia de millones, el ideario del socialismo se había derrumbado. Y sobre este derrumbe avanzó el “no hay alternativa”, consigna asumida no solo por el neoliberalismo, sino también por la socialdemocracia, los movimientos nacionalistas y por millones de militantes o ex militantes de los partidos Comunistas”.

 

Para hacerlo más actual, ¿se puede desconocer la influencia desmoralizante y desorientadora de lo que hizo el chavismo en Venezuela? ¿O lo que está haciendo Ortega en Nicaragua? ¿O Syriza en Grecia? ¿O lo que hizo la burocracia “progre-izquierdista” con grandes empresas estatales, utilizadas para saquear las arcas públicas, como ocurrió con Petrobrás? ¿Por qué los trabajadores brasileños, por caso, deberían entusiasmarse con el capitalismo de Estado? ¿Por qué los trabajadores de Santa Cruz, para citar otro caso representativo, deberían considerar “progresistas” a los gobiernos K de esa provincia? Para explicarlo con otro caso histórico: ¿se puede concebir algo más desolador para un militante comunista, argentino, cuando en 1976-1977 se enteraba de que Fidel Castro, el PC cubano, la URSS y su propio partido apoyaban a Videla? ¿O para un maoísta cuando supo que el gobierno chino estuvo entre los primeros en reconocer a Pinochet, después del golpe militar? ¿O para un ex combatiente sandinista ver y vivir lo que está haciendo hoy Ortega?

 

Es imposible desconocer estas cuestiones a la hora de explicar la situación que atravesamos. Con el condimento, para agravar la crisis ideológica y política, que buena parte de la izquierda en las últimas décadas consideró progresista cualquier forma de política nacionalista burguesa. Por ejemplo, cuando fue el ataque de Al Qaeda a las Torres Gemelas hubo gente de izquierda que saludó a Ben Laden como un “revolucionario”. Cuando el triunfo del Brexit, partidos de izquierda dijeron que se había producido un avance en la dirección anti-capitalista (aquí, aquí, aquí, aquí). Con una lógica parecida, muchos izquierdistas, e incluso marxistas, ayudaron a la exaltación nacionalista en Cataluña y fomentaron la división en la clase obrera española (aquí). Así, atizaron el nacionalismo frente a la mundialización de la explotación capitalista. Esto es, justo cuando presentar la alternativa socialista e internacionalista era más urgente y necesaria. Aunque puestos a ser nacionalistas, no hay nada como un buen fascista para fomentar el odio xenófobo (que siempre va de la mano del machismo y del racismo).

 

Pienso entonces que es muy limitado explicar el triunfo de Bolsonaro por la crisis económica, o la violencia social. Después de todo, la crisis debería abonar el terreno para el avance de la crítica marxista. Pero si con la crisis ocurre exactamente lo contrario, estamos en un problema. Y si cuando los trabajadores se desilusionan con el socialismo burgués, en lugar de girar a la izquierda, giran a la derecha, de nuevo estamos en un problema. Por eso, es una tontería decir que la dificultad para el socialismo reside en las iglesias, las FFAA, Washington o los grandes medios. ¿O se piensa que se puede avanzar al socialismo con el beneplácito de las iglesias, las FFAA, Washington y los grandes medios?  Además, si frente a la mundialización del capital la izquierda abraza a la nación burguesa, ¿qué queda del internacionalismo socialista? La respuesta es que poco y nada.

Por otra parte, esta situación no se supera con meros llamados a la lucha. En este punto recuerdo que cuando caía la URSS, gente de izquierda pronosticaba que, inevitablemente, estallaría una revolución obrera y socialista, que barrería no solo con la burocracia, sino también con todo atisbo de restauración capitalista. Lo mismo se dijo sobre los países del Este Europeo. Por caso, algunos llegaron a afirmar que con las masas movilizadas y organizadas en Solidaridad, era imposible que en Polonia volviera el capitalismo. Luego, cuando ya el capitalismo se extendía por todos lados, el diagnóstico fue que apenas los trabajadores lo sufrieran en carne propia, volverían a los ideales de Lenin y Trotsky. Siempre con la convicción de que la experiencia generaría conciencia socialista. Pero la cosa no se demostró tan sencilla, y hoy millones de obreros del ex bloque soviético votan por la derecha nacionalista. Los ideales del internacionalismo socialista parecen enterrados bajo una pesada losa de inmundicia nacional-estatista.

 

Naturalmente, la agitación por demandas cotidianas y la participación en las luchas son necesarias e imprescindibles. Pero hay que tomar conciencia de que por sí mismas no darán lugar a la reconstitución de un programa y una estrategia socialista correcta. Las experiencias con gobiernos de derecha de las masas trabajadoras pueden dar lugar a gobiernos del llamado centro-izquierda, que a su vez vuelven a ser reemplazados por gobiernos de derecha. Fue la función de hecho que cumplió la “tercera vía”, cuando se presentó como alternativa al “neoliberalismo tatcheriano reaganiano” de los 1980, para dar paso luego a la ola de los nacionalismos xenófobos. Alternancias de este tipo no se pueden descartar en el futuro, ni en Brasil ni en otros países de América Latina.

 

Necesitamos poner el debate ideológico en el primer plano. Y hay que enfrentar las cuestiones sin excusas ni palabrerío izquierdista consolador. En este respecto, para terminar, reproduzco un pasaje de una de las notas antes citadas: “… es necesario elaborar una perspectiva sobre la base del análisis crítico de las experiencias pasadas. (….) … la reconstrucción de un ideario socialista no podrá efectuarse pasando por alto estos estudios y debates. Por eso también, hay que ser consciente de que estas cuestiones exigirán tiempo y una intensa lucha y enfrentamiento con la ideología burguesa dominante. Y por sobre todas las cosas, una actitud abierta a admitir el problema y la necesidad de encararlo de frente, y con toda honestidad intelectual”.

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2018/10/10/bolsonaro-y-la-alternativa-socialista/