Qué Estado

Diciembre 2017

Con territorios libres de extractivismos vs. neofeudos gracias a PJ y UCR.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Estamos, los diversos de abajo, siendo atacados por el sistema mundo capitalista que efectiviza sus planes de despojos de los territorios y superexplotación tanto de los trabajadores y pueblos como de la Madre Tierra. Entre nosotros se ha instalado la grieta o el falso antagonismo con origen en más de una deKada. De ahí la importancia de poner en debate las razones de superar los progresismos. Examinemos:

 

Del fin de ciclo a la consolidación de las derechas

28 de octubre de 2017

 

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

 

Los ciclos políticos no son caprichosos. Vivimos un periodo de crecimiento de las derechas, en particular en Sudamérica. El ciclo progresista terminó aunque sigan existiendo gobiernos de ese color, pero ya no podrán desarrollar las políticas que caracterizaron sus primeros años porque se impone una inflexión conservadora, aunque los discursos puedan decir algo diferente.

Un buen ejemplo de esa ironía puede ser Ecuador: un gobierno de Alianza País que realiza un ajuste conservador. Salvo que se opte por la peregrina tesis de la traición, Lenin Moreno muestra que aún los progresistas deben dar un giro a la derecha para poder seguir gobernando.

Digamos que los ciclos son estructurales y los gobiernos coyunturales. El ciclo progresista se caracterizó por elevados precios de las exportaciones de commodities en un clima general de crecimiento económico, un fuerte protagonismo popular y presiones por mayor justicia social. Los tres aspectos se debilitaron desde la crisis de 2008. Ahora sufrimos una fuerte ofensiva derechista en todos los terrenos.

A pesar de los malos resultados económicos y de una elevada conflictividad social, en la que destaca la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el gobierno de Mauricio Macri consiguió una contundente victoria en las recientes elecciones argentinas. El macrismo no es un paréntesis, consiguió una cierta hegemonía que se asienta en los cambios económicos de la última década, en el desgaste del progresismo y la debilidad creciente de los movimientos.

 

La primera cuestión a tener en cuenta es que el modelo extractivo (sojero-minero) ha transformado las sociedades. La edición argentina de Le Monde Diplomatique de septiembre contiene dos interesantes análisis de José Natanson y Claudio Scaletta, que desbrozan los cambios productivos del complejo de la soya y sus repercusiones sociales.

El primero sostiene que el mapa de la soya coincide casi matemáticamente con los territorios en que gana Macri. Destaca que el campo se articula cada vez más con las finanzas, la industria y los grandes medios, y que los terratenientes y los peones, que fueron los protagonistas del periodo oligárquico, conviven ahora con técnicos, arrendatarios, agrónomos, veterinarios, mecánicos de maquinaria agrícola y pilotos fumigadores, entre otros.

La tecnología es incluso más importante que la propiedad de la tierra que los “ pools de siembra” alquilan, mientras los cultivadores conectados al mundo globalizado están pendientes de los precios de la bolsa de Chicago, donde se cotizan los cereales.

El segundo sostiene que estamos ante una complejización de las clases medias rurales y la emergencia de nuevas clases medias ruro-urbanas. En consecuencia, el conflicto con el campo que sostuvo el gobierno kirchnerista en 2008 no fue la clásica contradicción oligarquía-pueblo.

 

A partir de ese momento, se hizo visible un conglomerado de actores más complejo y con una base social mucho más extensa, que rechaza las políticas sociales porque sienten la pobreza urbana como una realidad muy lejana. Ese bloque social es el que llevó a Macri al gobierno y el que lo sostiene.

 

La sociedad extractiva genera valores y relaciones sociales conservadoras, así como la sociedad industrial generaba una potente clase obrera y valores de comunidad y solidaridad. En las grandes fábricas, miles de obreros se convirtieron en clase al organizarse para resistir a los patrones.

Por el contrario, el extractivismo no genera sujetos internos, o sea dentro del entramado 

productivo, porque es un modelo financiero especulativo. Las resistencias son siempre externas, en general las protagonizan los afectados.

 

La segunda cuestión es el desgaste del progresismo luego de una década larga de gobierno. Aquí aparecen dos elementos. Uno, el desgaste interno natural o por la corrupción y la mala gestión, y combinaciones de ambos. Dos, porque el propio modelo despolitiza y desorganiza a la sociedad que sólo se articula por medio del consumo. Ahí es donde muerden las derechas.

El consumismo es la otra cara de la sociedad extractiva. Una sociedad que no genera sujetos, ni identidades fuertes, con valores vinculados al trabajo digno, o sea productivo, sino apenas valores mercantiles e individualistas, no está en condiciones de potenciar proyectos de largo aliento para la transformación social.

 

La tercera cuestión que explica el auge de las derechas es la debilidad del campo popular, que afecta desde los movimientos hasta la cultura del trabajo y de las izquierdas. La sociedad extractiva crean las condiciones materiales y espirituales de esta anemia de organización y luchas. Pero hay más.

 

Las políticas sociales del progresismo, sobre todo la inclusión mediante el consumo, multiplicaron los efectos depredadores del modelo en cuanto a desorganización y despolitización. En el shopping desaparecen las contradicciones de clase, incluso las étnicas y de género, porque en esos no lugares (Marc Augé) el entorno desaparece a la humanidad de las personas.

 

Pero los movimientos también son responsables por las opciones que tomaron. En vez de construir mirando el largo plazo, preparándose para el inevitable colapso sistémico, tomaron el atajo electoral que los llevó a construir alianzas imposibles con resultados patéticos. Algunos movimientos argentinos, que optaron por aliarse con la derecha justicialista, podrían hacer balance sobre los resultados desastrosos que obtuvieron, y no me refiero a la magra cosecha de votos.

 

Por último, debemos pensar las enseñanzas que nos deja el ascenso de las derechas y la crisis de los movimientos. La sociedad extractiva de cuarta guerra mundial, no puede ser resistida con la misma lógica de la lucha obrera en la sociedad industrial. No existe una clase para ser dirigida. Los sujetos colectivos deben ser construidos y sostenidos todos los días. Las organizaciones deben ser sólidas, cinceladas para el largo plazo y resistentes a los atajos institucionales.

http://www.jornada.unam.mx/2017/10/27/opinion/016a1pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233352

 

 

Comparemos análisis y conclusiones de Zibechi  con los del progresista Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) que (como el programa televisivo 6,7,8) caracteriza fundándose en, o procurando, la producción de subjetividad del capitalismo:

 

 

Elecciones en Argentina

El rol de la economía y la política en la victoria PRO

28 de octubre de 2017

 

Por Pablo Wahren (CELAG)

Es poco motivador que alguien lo invite a subir el Everest para cansarse. Es preferible que le cuenten la inmensa satisfacción que se siente coronar una montaña de esa magnitud (Duran Barba y Nieto, 2017: 174).

El macrismo aumentó su caudal de votos en 8 p.p. desde la elección de 2015 (primera vuelta) a la elección legislativa en 2017. Pasó de ser la fuerza más votada en 5 provincias a ganar en 13. Por primera vez desde el retorno a la democracia un partido político ganó en los cinco distritos más importantes del país: Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Difícil encontrar atenuantes a semejante resultado y por lo tanto es deseable buscar sus causas y las perspectivas que se abren.

Una pregunta que surge a partir de este resultado es ¿cómo a pesar del ajuste económico el gobierno logró semejante avance? ¿La política se impuso a la economía o el ajuste no fue tan brutal?

La política del siglo XXI

En líneas generales se pueden destacar cuatro ejes en la política comunicacional del PRO que se plasmaron con fuerza en estas elecciones: (1) instalar su interpretación de la realidad económica, (2) apelar a la polarización con la corrupción como bandera, (3) la utilización de nuevas formas políticas y comunicacionales y (4) la difusión de una ideología basada en el individualismo y la cultura del esfuerzo.

(1) Jaime Durán Barba, el asesor estrella de Macri, destaca que “en muchos años el único gobierno que tomó medidas de ajuste sin sufrir una crisis de popularidad – como ocurrió con todos los gobiernos del continente – fue el de Mauricio Macri en 2016”[1]. Efectivamente el año pasado fue el de los tarifazos, crecimiento del desempleo, aumento de la pobreza, caída de la actividad económica… pero efectivamente la popularidad del presidente apenas bajó.

El asesor plantea que el secreto del éxito es que “la comunicación no puede centrarse en la necesidad de hacer sacrificios, sino en la posibilidad de conseguir metas.”[2] Esa norma marcó la estrategia comunicacional gubernamental y se difundió por altoparlantes gracias a la alianza que mantiene el gobierno con los principales grupos mediáticos del país. De manera complementaria se atribuyó la razón de los males al gobierno anterior. Uno de los éxitos centrales de la estrategia política del PRO fue dotar a la realidad material de su propia interpretación.[3]

(2) Un pilar de la campaña electoral fue la polarización con la figura de Cristina Kirchner. En esta disputa el gobierno plantó su bandera como la de “la lucha contra la corrupción”. Durante la campaña electoral afloraron decenas de denuncias de corrupción y detenciones a ex funcionarios del gobierno kirchnerista. El broche de oro fue el pedido de detención del ex Ministro de Planificación Julio De Vido en la semana de las elecciones. Semejante fecha no parece ser coincidencia y da cuenta de la tercera pata del trípode: el poder judicial. Más allá de la culpabilidad o no de De Vido, y del resto de los funcionarios del sector público, resulta al menos llamativo que no haya ningún imputado proveniente del sector privado. Si existió ilícito en la obra pública tienen que haber habido dos partes. Del otro lado del mostrador se encuentran aliados, allegados y hasta familiares del presidente.

En esta misma línea se observa cómo mientras las denuncias de corrupción al gobierno anterior afloraron en la justicia y los canales de televisión, las denuncias que involucraban a la familia Macri -como las cuentas offshore del presidente reveladas por los Panama Papers, la condonación de la deuda del Correo Argentino (a pagar por el Grupo Macri), el caso Avianca o el importante blanqueo de capitales realizado por el hermano del presidente – no tuvieron en absoluto la misma atención.

Quienes eligieron alejarse de la polarización y transitar la “ancha avenida del medio” sufrieron fuertes retrocesos. Este fue el caso de candidatos como Urtubey en Salta, Massa en Provincia de Buenos Aires o Lousteau en Ciudad de Buenos Aires. La elección de 2017 mostró una paradoja: los sectores de la oposición que más polarizaron fueron los que obtuvieron los mejores resultados pero el principal beneficiado de la polarización parece haber sido el gobierno.

(3) Otro aspecto que destaca a Cambiemos es la apelación a un nuevo ideario político que se aleja de los cánones de la política tradicional. Esto se puede ver en el lenguaje, basado en palabras como “felicidad”, “esperanza”, “cambio”, “sí se puede”, “coraje”, entre otras. O en la búsqueda de referenciarse como gente común que escucha los problemas de la gente. La mayor ilustración de esto es el “timbreo” (recorridas por barrios y diálogo con vecinos en sus casas) que busca crear la imagen de un político de nuevo tipo, que baja a la calle y se preocupa por los problemas inmediatos y cotidianos de las personas[4].

Como dijo Iñigo Errejón en una reciente visita a Argentina: “la gente no los vota porque son todos oligarcas o están todos engañados, hay una parte de verdad en el adversario que le permitió generar una mayoría y es indispensable entender eso”[5]. El macrismo supo construir un relato apuntalado en el cansancio de la política tradicional y, a partir de los anhelos de la sociedad, apela a nuevas formas políticas. La clave para lograrlo: conocer las aspiraciones racionales de los argentinos. El comportamiento y las reacciones de la población son estudiados minuciosa y constantemente a través de la utilización de técnicas de vanguardia a nivel internacional (big data, focus groups y distintas herramientas de análisis).

 

Desarticular esta construcción contraponiéndole un sentido distinto es una tarea fundamental de esta época.

(4) Un aspecto novedoso de esta elección es que a diferencia de 2015, cuando el gobierno ganó con propuestas falsas que nunca cumplió, esta vez sí comenzó a avizorar las reformas que se vienen y empezó a mostrar su verdadera ideología. En este sentido el aspecto ideológico más notorio en el discurso del gobierno es la apelación al individualismo y la “cultura del esfuerzo.” Este discurso logra hacer mella en un sector de la sociedad. La visión del trabajador meritocrático encarna con la cultura argentina del inmigrante de quienes llegaron al país escapando de las penurias y logaron el ascenso social,[6] además empalma con el individualismo pregonado por la ideología neoliberal dominante en el mundo. Lo más paradójico del caso es que esta idea sea proclamada por quienes obtuvieron su fortunas de herencias y conocen bien como en la sociedad la cancha esta inclinada y no todos tienen las mismas oportunidades.

“Las fuerzas de derechas han instalado un discurso basado en ilusiones y expectativas de ascenso social apelando al sentido común de la desigualdad y la competencia contra el otro, relegando a un segundo plano el sentido popular de la distribución del ingreso y los derechos”. CELAG, 23/10/17

Pero… ¿hasta qué punto la comunicación política y el favor de los medios de comunicación pueden contra la realidad? La hipótesis que rige esta nota es que la centralidad de la política es posible dentro de cierto umbral en las condiciones económica. Por fuera de los límites del mismo su margen de acción se reduce significativamente.

El umbral económico de maniobrabilidad política

Llegó el momento de ponerle algunos números a la cuestión económica para ubicar en qué punto del umbral nos ubicamos. El desempeño macroeconómico a mitad de mandato de Macri es realmente pobre. El PIB aún no superó el nivel heredado (cayó 2,6% en 2016 y acumula un crecimiento de 2,7% en 2017) y la inflación se encuentra en el mismo ratio que en noviembre de 2015 (24,2% vs 24,5% i.a. después de haber estado por encima del 40% en 2016). Todo esto en el marco de un profundo deterioro de las cuentas externas, financiado por un endeudamiento externo masivo, y de un mayor déficit fiscal. Ninguno de los problemas macroeconómicos que Cambiemos planteó venir a resolver fueron solucionados sino que por el contrario se profundizaron.

Al observar las variables del mercado laboral, que son las que más impactan en las condiciones de vida materiales de la mayoría de la población, no se registra ninguna mejoría pero el deterioro no parece haber sido tan drástico. Los datos del Ministerio de Trabajo dan cuenta de la pérdida de 15.000 puestos de trabajo asalariados registrado que fue contrarrestado con la creación de 54.000 empleos en el sector público. Está estadística es parcial ya que no da cuenta de la pérdida de puestos de trabajo en el sector informal que, por la falta de regulaciones legales, tiende a superar al privado registrado en contextos de caída. En cuanto a la composición del empleo privado se asistió a un cambio marcado por la elevada pérdida de puestos de trabajo en la industria (-60.443) y un crecimiento del empleo en servicios (+46.736). Los primeros se caracterizan por una mayor estabilidad y salarios que los segundos. Por otro lado, los salarios reales (privado registrado) se encuentran por debajo del pico máximo de 2015 pero en torno a la media de ese año, no así el salario del sector público que se contrajo de manera sostenida.

En términos fiscales el ajuste en obra pública de 2016 fue compensado con un fuerte incremento en 2017 y el gasto en prestaciones sociales se mantuvo estable durante los dos años de gobierno.

En líneas generales el gobierno tiene pocos logros en materia económica para mostrar y no son pocos los que sufrieron sus políticas económicas, especialmente los sectores más postergados. Por caso cabe destacar el impacto asimétrico de la inflación ya que la aceleración inflacionaria de 2016 (con picos superiores al 40% como consecuencia de la devaluación, quita de retenciones y aumentos tarifarios) se concentró en alimentos y tarifas, componentes del gasto que impactan en mayor medida en los sectores de menores ingresos que son quienes destinan mayor proporción de su presupuesto a estos rubros[7]. En este sentido políticas como la ampliación de la tarifa social o la garrafa social no impidieron que 600.000 argentinos se sumergieran por debajo de la línea de pobreza.

Sin embargo, si bien estamos en presencia de un deterioro socio-económico, a juzgar por los datos fiscales, de empleo y de ingresos no pareciera que estemos en presencia de un ajuste brutal como se hizo énfasis desde la oposición[8]. Dentro de este umbral económico la política tiene margen para actuar y alcanza (y sobra) para ganar elecciones.

El “imperceptible” largo plazo

Una consideración aparte merece el escenario económico de largo plazo que se está delineando. Preocupa, y mucho, el nivel de endeudamiento externo cuando la deuda no genera capacidad de repago sino que es utilizada para financiar una fuga de capitales creciente (tras la eliminación de regulaciones financieras) y un déficit comercial récord (por el abandono de instrumentos de protección comercial). Estas medidas fueron tomadas bajo el argumento de atraer inversiones pero lo cierto es que las empresas extranjeras remitieron en este periodo más dólares al exterior de los que ingresaron en concepto de inversión. Intranquiliza el desfinanciamiento del Estado vía reducción o eliminación de impuestos a sectores concentrados (impuesto a los bienes personales y retenciones a la exportación) al mismo tiempo que crece el peso de los intereses en el gasto público. Inquieta la destrucción gradual del tejido industrial y el ahogo presupuestario a la ciencia y tecnología. Asusta el plan de reforma laboral en línea con lo que fue la reforma brasilera, la reforma del sistema de salud en curso que limita la prestaciones públicas, la reforma previsional de un sistema que en los últimos años había sido autosustentable y sumamente inclusivo. También encienden la alarma los acuerdos bilaterales y multilaterales que se están negociando a espaldas de la sociedad y esconden normas que van a limitar la soberanía de la política económica.

Sin embargo, en cualquier caso estos no parecen ser factores con un efecto explosivo en el corto plazo, y por el contrario vía endeudamiento Cambiemos parece tener margen para llevar adelante sus medidas sin perforar el límite inferior del umbral económico de maniobrabilidad política. Mauricio Macri empezó su discurso tras la victoria legislativa diciendo que el cambio “es un largo camino donde nadie nos va a regalar nada” y “lo vamos a hacer porque aspiramos a vivir mejor”[9]. Otra vez el juego entre un presente difícil y un futuro prometedor. Lo que está claro es que la disputa hay que darla en el presente porque el futuro puede ser demasiado tarde.

Notas:

[1] Duran Barba, J. y Nieto, S. (2017). La política en el siglo XXI. Debate, Buenos Aires.

[2] Duran Barba, J. y Nieto, S. (2017). La política en el siglo XXI. Debate, Buenos Aires.

[3] https://hegemoniapop.com/2017/06/30/la-fuerza-de-macri/

[4] https://www.pagina12.com.ar/56997-el-macrismo-no-es-un-golpe-de-suerte

[5] https://www.youtube.com/watch?v=z0HMrFvKqgo&t=2123s

[6] https://www.pagina12.com.ar/56997-el-macrismo-no-es-un-golpe-de-suerte

[7] http://eppa.com.ar/wp-content/uploads/2016/03/EL-IMPACTO-ASIME%CC%81TRICO-DE-LA-ACELERACIO%CC%81N-INFLACIONARIA-EN-ARGENTINA-FINAL.pdf

[8] Las explicaciones de por qué se adaptó la estrategia gradualista en materia de ajuste no son motivo de debate de este artículo, pero pueden asociarse a factores electorales o a la movilización social masiva que se desencadenó ante ciertas medidas o problemas. Ejemplos de cambios en la política a partir de reclamos son la moderación relativa de los aumentos tarifarios y el lanzamiento del salario social complementario para el sector de la economía popular.

[9] https://www.youtube.com/watch?v=BjrqCpa3xCc&t=94s

Pablo Wahren, @p_wahren, investigador CELAG.

http://www.celag.org/elecciones-argentina-rol-la-economia-la-politica-la-victoria-pro/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233377

 

 

Observamos que si bien los gobiernos K fueron esenciales para dividir y dispersar a las organizaciones partícipes de la rebelión 2001-2002,  también fragmentan quienes se  autoperciben caudillos  y no sólo desconocen el potencial social para cambios radicales  sino también prefieren construir sus liderazgos en vez de caminos emancipatorios.

 

 

CTA PERÓN

Nueva fractura de la CTA:

surge una tercera conducción de la central

4 de enero de 2017

A partir de una división de un sector que responde a De Gennaro, surge la "CTA Perón", desprendiéndose de Pablo Micheli y diferenciándose con Hugo Yasky.

 

Patricio Abalos Testoni

Delegado de Promoción Social - GCBA

En estos días se hizo público lo que se rumoreaba desde hace muchos meses en los gremios agrupados en la CTA: el desprendimiento de una nueva CTA que responde a Víctor de Gennaro y a Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de ATE Nacional. Este tercer sector es hasta ahora conocido como CTA Perón, porque la sede se encuentra en la calle con dicho nombre.

En consecuencia, en la actualidad la CTA se encuentra dividida en la "CTA de los trabajadores" de Hugo Yasky, la "autónoma" de Pablo Micheli y está nueva. La división ya era más que evidente desde las últimas elecciones en ATE y durante todo el 2016 se vio en las dinámicas que tuvieron cada uno de estos sectores. Hay que destacar que ATE es el sindicato que más aporta, tanto en cantidad de afiliados como por ende en caja de recaudación a la CTA. Por ende, la derrota del “michelismo” en las elecciones de ATE Capital, que cayó en manos de Daniel Catalano (kirchnerismo), por un lado, y el triunfo de Godoy en ATE Nacional, por el otro, dejaron a Michelli en una posición muy débil, casi sin sectores reales que lo apoyaran. Esta pérdida hizo que, al poco tiempo de asumir Macri, más por una necesidad propia se acercara nuevamente a Yasky y se hablara de una unificación de las CTA.

A su vez, desde esta CTA “Perón” se jugó abiertamente por el proyecto político electoral de Víctor de Gennaro en el 2015, que finalmente no pudo superar las PASO, quedando afuera de las elecciones presidenciales. Esto en verdad fue el principal motivo de ruptura entre el michelismo y éste sector y que a su vez aprovechó el Kirchnerismo sobre todo en ATE Capital y en otras provincias.

Nos encontramos en un contexto que se hace más necesario que nunca la unidad de los trabajadores para enfrentar el plan de ajuste del gobierno de Macri en las filas obreras, sobre todo en los sectores estatales, que están sufriendo ataques directos como vimos en el CONICET y hoy se ve en el Ministerio de Educación. Queda en evidencia que cada sector de la conducción de la CTA entran en disputas por proyectos políticos propios y por el manejo del ingreso de dinero a los sindicatos. En la práctica, los trabajadores de los sindicatos ya venimos sufriendo esta división: los tres sectores fueron responsables de que haya dos paros o acciones de lucha en una misma semana, sin coordinación alguna, llegando al colmo de realizarse plenarios paralelos y simultáneos, con vaciamiento de luchas si no dirigía su sector, etcétera.

En definitiva, lejos de favorecer la lucha, estas rupturas entre cuatro paredes, nada tienen que ver con los intereses de los trabajadores y le hacen un gran favor al Gobierno ajustador de Macri.

Los trabajadores debemos salir de estas divisiones que nos quieren imponer desde arriba y debemos construir la unidad necesaria en este contexto de ajuste. Con asambleas de sector que participen afiliados a distintos gremios y no afiliados, y con plenarios abiertos a todos los trabajadores que quieran participar con mandatos de base, votadas en estas asambleas.
Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Nueva-fractura-de-la-CTA-y-surge-una-tercera-conduccion-de-la-central

En consecuencia, es crucial dejar atrás la lógica y la cultura capitalistas que nos condenan a adaptarnos o resistir dentro de sus reglas de juego. El ideal a concretar de buenos vivires convivires abajo clama arrancar del sentipensar y sentipensamiento que, según Eduardo Galeano, es la capacidad de las clases populares de no separar la mente del cuerpo, y la razón de la emoción. Arturo Escobar, al introducir su libro “Sentipensar con la Tierra: Las Luchas Territoriales y la Dimensión Ontológica de las Epistemologías del Sur”, sostiene que los saberes derivados de las luchas en defensa de los territorios:

Son más adecuados que los saberes hasta ahora generados en la Academia, para promover una transformación social. Esto se debe a dos motivos: el primero es que los saberes generados en las luchas territoriales brindan elementos fundamentales en la toma de conciencia de la profunda transición cultural y ecológica que enfrentamos en las crisis interrelacionadas del clima, la alimentación, la energía, la pobreza, y los significados; y el segundo, que estos saberes están particularmente sintonizados con las necesidades de la Tierra. Tal como indica el título del artículo, aquéllos que los producen sentipiensan con la Tierra (piensan y sienten con la Tierra); apuntan hacia aquel momento en que los seres humanos y el planeta podrán finalmente coexistir de manera recíprocamente enriquecedora.

Fuente:(Enero - Abril 2016 ) Revista de Antropología Iberoamericana, Volumen 11 Número 1 Pp. 11 - 32 Madrid: Antropólogos Iberoamericanos en Red.

 ¿Cómo suscitar el florecimiento del sentipensar con la Tierra en las grandes ciudades donde la población del país-continente se concentra? Apreciemos a los artistas, teatros y centros culturales como propiciadores fundamentales de que las mayorías rompan con culturas e ideologías que las subsumen, desde sus deseos y sensibilidades, en el sistema mundo capitalista. Implica despertar la disposición a analizar el funcionamiento y las consecuencias de la sociedad de consumo y los supermercados (contrarias tanto a la libertad como a la dignidad de los pueblos e individuos). También demanda instalar la desobediencia al mandato mentiroso de los de arriba sobre el circuito virtuoso de ser consumidores hasta de autos que son generadores, en parte importante, de las catástrofes socioambientales y humanas.

Ya organizaciones socioterritoriales actúan en mancomún con artistas y comunicadores, como la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos, pero el Frente cultural político articula esa sinergia a lo largo y ancho del país-continente. Sistematiza la visión del Capitaloceno con ejemplos como Fernando Rovelli da respecto a la megaminería que se pretende convencer opuesta a la megaminería a cielo abierto:

El Litio no está solo, se encuentra mezclado con otros minerales en proporciones diversas, y las tareas extractivas necesitan agua en inmensas cantidades para decantarlo y concentrarlo. Una locura propia de estos tiempos modernos, allí donde el agua es un bien tan preciado para la vida, donde cada manantial y cada surgente son sagrados, donde la costra de sal es trabajo y sustento para muchos, irán apareciendo inmensos diques de cola , tajos profundos y anchurosos, que van a modificar para siempre al hombre y al paisaje. A los puneños no se les ha consultado, nadie les ha preguntado sobre sus destinos y el de su descendencia, nunca han podido obtener la titularidad de sus tierras comunales, pero deberán enfrentar nuevas promesas de mejorar las escuelas, los puestos de salud, algunas viviendas y televisión digital, deberán callar ante los discursos de progreso y crecimiento, el silencio del hombre y del paisaje será su única resistencia ante el invasor empresarial. Los que venimos luchando contra los monocultivos que producen agrocombustibles para los tanques de los automóviles europeos en lugar de alimentos, veremos también llevarse el Litio para las baterias de sus coches y celulares. Seguimos siendo un pais colonizado que entrega sus materias primas a cambio de muy poco y torcer ese destino es la tarea pendiente que nos compromete a defender el suelo de la Puna y no permitir el despojo minero que ya nos está desarraigando.

Fuente: “JUJUY - El saqueo anunciado: La explotación del litio en la Puna Argentina”/COPENOA/ 2 -05-2011.

 

 

Confrontamos hoy con el capitalismo local del sistema mundo que está en plena cuarta guerra contra la humanidad.  Posicionarnos en acuerdo con nuestros intereses nos exige hacerlo mirando a praxis fundadoras de la confraternización pluricultural e internacionalista revolucionarias. Esto nos plantea generalizar el cuestionamiento al capitalismo como sistema para el lucro de minúsculas minorías ejemplificando con los hechos coyunturales.

Pero también instalar en la agenda pública el desenmascaramiento a la democracia (desde fines de 1983 hasta hoy) sin ruptura con la dictadura genocida. En efecto, continuó el servicio del Estado a la alianza de los capitales y estados imperialistas con los locales. Le hizo gobernable el acaparamiento oligopólico de bienes comunes sociales y naturales. Todas sus políticas de estado fueron para beneficiar en exclusivo ese saqueo y contaminación o degradación ambiental e institucional). De ahí la validez de extender al conjunto de las políticas estatales lo que Juan Carlos Cena señala:

"Podemos inferir que el Estado destruyó los ferrocarriles para beneficiar a otros intereses que poseen el poder y dominan el aparato del Estado. En esta primera apreciación uno puede sostener que el Estado es un aparato para mantener el dominio de una clase sobre otra".

Al estatismo los gobiernos progresistas sumaron el embaucamiento masivo de estar haciendo la Patria Grande y el proyecto nac&pop. Engañaron porque no sólo fueron fundamentales en la Minustah sino también expandieron la IIRSA, infraestructura del saqueo que completa los ecocidios-etnocidios y genocidios de los mega emprendimientos extractivos exportadores e inmobiliarios, turísticos.

Lo principal a develar es la maximización de la acumulación gran capitalista de riquezas y poder que se dio durante el siglo XXI por gestión sea progresista sea neoliberal. Entonces los líderes e intelectuales progresistas han bastardeado nuestros ideales. Precisamos que muchos dejen de confiar en ellos y de subordinarse. Para los difíciles tiempos actuales nos urge percibir que el desafío es confraternizar entre los diversos de abajo y entre comunidades, pueblos, naciones para derrotar al capitalismo. Es vincularnos por reconocernos compartiendo voluntad de decidir cómo resolver problemas en común. Pero también implica sensibilizarnos ante realidades distintas a las nuestras e involucrarnos en que concreten justicia social o ambiental comprendiendo al nosotros implícito.

En el camino de expandir esas relaciones de nueva sociedad y mundo a la vez que arraigarlas por creación o recuperación de territorios propongo apreciar las comunalidades pertenecientes a la Unión de Asambleas Ciudadanas que se han formado a consecuencia de defender los bienes comunes. Tienden a articularse con las de los pueblos originarios y las de los campesinos en afirmar la autogestión de sus respectivos territorios.

 

Todas confrontan -desde raíces concretas en la realidad presente nacional e internacional- con la expropiación oligopólica de tierras tanto rurales como urbanas y con el trabajo subsumido totalitariamente al Capital-Estado. Multiplicarlas implica asumir cada lugar colectivo e individual desde el compromiso con ir instaurando hoy a la sociedad, el país y el mundo de paz entre los pueblos.

 

Por tanto lo fundamental a los cambios postcapitalistas o socialistas es arraigar, desde ahora, nuevas relaciones entre nosotros -los diversos de abajo- y con la Madre Tierra. Es valorizar:

 

 

 

Las comunalidades con origen en

las luchas por bienes comunes

Tienden a promover la deliberación abajo sobre cómo gestionarlos creando democracia y un sistema de valores éticos que arraigan en formas diferentes de comprender el mundo.

En “Despojos y resistencias en América Latina / Abya Yala” Carlos Walter Porto-Gonçalves, Luis Daniel Hocsman G y Omar Arach explican:

El libro que aquí presentamos recoge trabajos que reflexionan a partir de procesos de resistencia/r-existencias frente a los procesos de despojo actualmente en curso en Nuestra América/Abya Yala; el conjunto de escritos germina al enlazar una iniciativa surgida en el Programa de Estudios “Conflictividad territorial, Crítica al desarrollo y Alternativas societales” del Centro de Investigación y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) del CONICET – Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), espacio de búsqueda e intercambio de conocimiento dentro de la investigación social.

Concluyen destacando:

Estos escritos nos permiten ver que cada una de estas luchas tiene sus propias particularidades. Son singulares los lugares, los territorios, las personas que los habitan y los sujetos políticos que se construyen en ellos. Pero están mancomunados, en principio, por el hecho de que se enfrentan a fuerzas equivalentes, si no idénticas. Una misma matriz neo-desarrollista/mega-extractivista motoriza los programas económicos con independencia del signo político de los gobiernos que los promueven. Una misma voluntad de convertir territorios y espacios de vida en colecciones de recursos valorizables en el mercado global o en enclaves estratégicos para asegurar la circulación de flujos de mercancías y factores de producción. Una misma mirada, en la que los múltiples, plurales y mega-diversos territorios de Nuestra América son desvirtuados bajo la mirada reduccionista que los entiende únicamente por su inserción funcional en las cadenas de valorización capitalista o por su ubicación estratégica en las cartografías donde se dirimen intereses geopolíticos en pugna.

Los trabajos muestran comunidades políticas que se oponen a la forma en que la globalización hegemónica está geo-grafiando sus territorios. Luchas frente a diferentes dispositivos expropiatorios ensayados para habilitar el ingreso de las explotaciones mineras, madereras, hidro-carburíferas, etc. que tienen resonancias con los momentos “originarios” de la acumulación capitalista (la violencia militar y paramilitar, la criminalización de los que resisten, el cercamiento de los comunes, la privatización de la tierra, el despojo de los medios de vida comunitaria, incluyendo allí el ambiente, porque una naturaleza pródiga es condición de libertad (Porto-Gonçalves). Desde una perspectiva marxista pueden ser vistas como la lucha de clases en su dimensión territorial. Desde un plano de ecología política como movimientos que ponen de relieve las configuraciones de poder en la apropiación de la naturaleza y en la distribución de sus beneficios y sus costos. Desde una perspectiva decolonial como movimientos que erosionan los fundamentos epistemológicos y ontológicos del orden colonial que se continúa bajo la figura de los estados nacionales independientes.

Podríamos agregar una nueva capa interpretativa, que no viene a reemplazar a las anteriores, sino a complementarlas. Siguiendo a Margara Millán, y a tantos, es que estos movimientos expresan, no tanto tendencias, sino emergencias que prefiguran posibilidades de más largo alcance. Movimientos que nos sensibilizan frente a las múltiples vinculaciones que hacen posible nuestro existir, que recuerdan un orden de prioridades invertido por las inversiones capitalistas (“el agua vale más que el oro”) y que en muchos casos valorizan o reactualizan maneras de escuchar y percibir a los seres no humanos que habían sido subalternizadas por el discurso científico. Son las matrices de conformación de los nuevos sujetos políticos que, al actualizar cosmovisiones y cosmovivencias de poblaciones consideradas como representantes de etapas pretéritas de la humanidad (aunque sean contemporáneas), erosionan los cimientos del conjunto civilizatorio y prefiguran horizontes alternativos. (...)

Fuente:Coordinación general de Luis Daniel Hocsman ; Carlos Walter Porto-Gonçalves . - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora, 2016. Libro digital, PDF.

 

En Argentina y Nuestra América esas resistencias al despojo y/o contaminación de sus territorios tienen potencialidad de constituir sociedad y mundo acordes con las diversidades de abajo, si generalizan su conciencia de la centralidad de erradicar los extractivismos para realizar los cambios radicales del modo de producción y desarrollo a favor de la vida y la dignidad de los pueblos e individuos. Se trata de análisis colectivos en multiplicación constante sobre la conducta contraria a las necesidades e intereses populares que se halla en la aceptación de las “zonas de sacrificio” y en el encandilarse tanto por la modernidad tecnológica como por la sociedad de consumo.

 

Los gobiernos progresistas han tenido y tienen políticas promotoras del extractivismo, la sociedad de consumo y la tecnología capitalista de avanzada. Encauzamientos de las mayorías que nos interpela a instalar el debate público de crítica (y deconstrucción) al neodesarrollismo.

También ese cambio radical en la percepción (conciencia y correspondiente posicionamiento político e ideológico) de una creciente mayoría exige que cuestione percibir como pobres o “carenciados” a quienes son los desposeídos o expropiados para la incesante acumulación gran capitalista de riquezas y poder. Es enfocar la última como intensificación de no sólo la injusticia ambiental sino también de la injusticia social según avanza el sistema mundo del capitalismo hoy.

 

 

Superemos la falsa polarización entre nosotros, los diversos de abajo, que ambos bandos de arriba han generado para la gobernabilidad del sistema expoliador de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Ejemplo de porqué desecharla: lo hallamos en la gigantesca movilización en rechazo "al cambio de fórmula de actualización del haber previsional, un jubilado que cobra hoy la mínima de $7246 pasaría a cobrar en el 2018 $7659, es decir $413 de aumento. Con la fórmula actual el aumento sería de $870. Este recorte no sólo afecta a la tercera edad: también verán el ajuste los beneficiarios de planes sociales, los trabajadores en relación de dependencia que perciben asignaciones familiares de la ANSES y hasta los ex combatientes de Malvinas". Leer  No sólo el enfrentamiento es por $400 más sino que se legitima no respetar el 82% móvil mediante la actualización tramposa y perversa de Cristina Fernández que mantuvo a casi el 80% de los jubilados y pensionados por debajo de la canasta de pobreza. En julio de 2010, Fabiana Arencibia nos advierte:

"La mal llamada ley de “movilidad” jubilatoria (26.417) podría ser modificada si los proyectos que lograron dos dictámenes de comisión en Diputados, pasan la prueba de la Comisión de Presupuesto y Hacienda – que preside el diputado kirchnerista Gustavo Marconato - y llegan al recinto. Luego deberá también aprobarse en el Senado, donde dos proyectos similares obtuvieron dictamen en la comisión de Previsión.

La ley vigente establece dos ajustes anuales en los haberes jubilatorios que hoy apenas alcanzan a un 40% del salario de un trabajador activo en la misma categoría con la que el jubilado se retiró. Contempla para la actualización, variables como la recaudación tributaria y la cantidad de beneficiarios"(...). Leer

Por supuesto, en lo inmediato, la unidad más amplia contra la modificación de la movilidad es central pero desde ahora las izquierdas deberían ir suscitando otros horizontes y consecuencia de la unidad en diversidad de los de abajo.

En la actualidad la mayoría de los últimos descubren la imposición de los intereses oligopólicos e imperialistas sobre nuestras necesidades y aspiraciones. Se les revela ante la represión y cese del Estado de derecho pero la asocian con la dictadura genocida y la atribuyen al carácter neoliberal del gobierno de Mauricio Macri.

Para superar la lectura dicotómica de la realidad y salir de encasillarse en la  coyuntura, reparemos que ese estado de excepción existe desde hace largísimo tiempo en las satrapías, economías de enclave y "zonas de sacrificio" de las provincias. Es visualizar sus democracias de baja intensidad y su gravitación sobre el "honorable" senado de la nación. Convendría ponerlas en discusión así como el porqué de la extensa pobreza estructural. Necesitamos solidarizarnos con los desposeídos y excluidos por el sistema que están bajo estado de excepción tanto en las cárceles y comisarías como en los asentamientos alrededor o dentro de las grandes ciudades.

Es hora de desenmascarar a ambos bandos compitiendo por la gobernabilidad del capitalismo local del sistema mundo  y escuchar a quienes se autoorganizan para resistir el avasallamiento de derechos humanos.

Mi aprendizaje e involucramiento fue y es mediante:

 

 

El portal Confraternizarhoy donde recogí (de las resistencias al extractivismo y a la contaminación ambiental que genera) declaraciones documentadas, luchas y conceptos que patentizan significados de la justicia ambiental. En el portal convergieron otras luchas fundamentales para democratizar las varias cotidianidades y aclarar sobre la justicia social de la diversidad de abajo. Las masacres en Cromagnon y en Once dieron origen a movimientos que nos interpelan para desnaturalizar la precarización de nuestra vida social como fruto de privilegiar la acumulación capitalista por sobre las necesidades e intereses populares como prueba la gravitación, en los presupuestos nacionales, del pago creciente de intereses de la deuda oficializada como “externa pública”.

Vanesa Orieta, al instalar en la agenda pública la desaparición forzada de su hermano Luciano Arruga y la situación de los adolescentes despojados de presente-futuro, complementa a CORREPI en incorporar los derechos humanos de esa mayoría de adolescentes-niños de la Argentina y en suscitar el imperativo de ir contra la impunidad del sistema policial que los mata, tortura y usa de ladrones, también contra los narcotraficantes que los emplean de “soldaditos”. Organizaciones que junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza han sido fundamentales en iniciar el cuestionamiento a la justificación de la ocupación policial de ciudades y la militarización de los asentamientos de despojados y excluidos. También al encierro de los últimos en cárceles superpobladas de jóvenes y bajo estado de excepción.

 

La Comisión Provincial por la Memoria, desde el período 2013 a 2014, caracteriza de “sistema de la crueldad” a cárceles, comisarías, centros de menores, neuropsiquiátricos y políticas de “seguridad”. Monitorea e investiga sobre esa violación de derechos humanos desde 1999 en la provincia de Buenos Aires. Recopila y analiza esos datos en informes anuales y el de 2015 lo presentó en el Teatro Coliseo de La Plata. Además la Procuración Penitenciaria de la Nación , la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre sistema penal y Derechos Humanos publican un informe anual desde hace 6 años y documentan porqué hablar de “cárceles de la miseria” en todo el país.

En octubre de 2011 organizaciones de diferentes sectores ante el avance de las políticas represivas deciden construir una herramienta de articulación que les permita nacionalizar las luchas y afianzar las respuestas al Estado represor. Así fundan el Encuentro Nacional Antirrepresivo.  Hoy funciona con dos encuentros al año y una agenda de actividades comunes. De esta manera, las organizaciones del ENA actúan en conjunto ante hechos represivos en distintos puntos del país como las razzias, los casos de gatillo fácil, la muerte y tortura en cárceles y comisarías, o la persecución de los trabajadores organizados y en lucha.

Sin embargo, todas estas luchas junto a otras también imprescindibles a una sociedad fraterna como es la llevada a cabo por los pueblos originarios, no alcanzan persistencia en articular entre sí e involucrar a una creciente mayoría de los diversos de abajo en los cambios radicales para el binomio indisoluble de las justicias ambiental y social. Es uno de los problemas a atender por el Frente cultural político, mi propuesta.

La liberación del capitalismo nos exige además: la crítica deconstructiva a los gobiernos progresistas e izquierdas afines y la deliberación sobre la crisis civilizatoria en que el sistema subsume a toda la humanidad e incluso la amenaza de extinción. También nos convoca al destape del Estado para el Capital. Es evitar la regresión como en el 2012 donde la movilización riojana en defensa del Famatina contra la megaminería se extendió a todo el país pero el gobierno de Cristina manipuló el estatismo mayoritario logrando revertir el amplio consenso de justicia ambiental. Sobre todo es hora de des-fetichizar las nacionalizaciones escrutando sus historias nacionales e internacionales y verlas en contradicción con la concepción de bienes comunes.

 

Como Daniel Albarracín señala:

Se abre un ciclo político en el que resulta crucial seguir cuestionando el modo de vida existente, las relaciones de la sociedad con su entorno natural, el cómo disponemos de nuestro tiempo y cómo tomamos nuestras decisiones colectivas. No podemos apelar al miserabilismo, sino interpelar a la reflexión, la autoorganización y la propuesta superadora. No es cierto aquello de que cuanto peor mejor, más bien al contrario. La autoorganización popular resulta más consistente cuando la respuesta dada no es fruto de la desesperación sino del debate y crítica colectivos, y de la perspectiva, experiencia práctica y alternativa que se pueden derivar de ello. Esto es, del noble arte de la política bien entendida. No es cierto que cuanta más recuperación la gente estará más contenta, porque esa recuperación es la de los beneficios y privilegios de unos pocos contra la vida, la biosfera y el trabajo socialmente útil.

Fuente:“Perspectivas políticas para otra economía y otra sociedad”, VientoSur.info  19-08-2017 http://www.vientosur.info/spip.php?article12923

Ahora tanto la deliberación como la comunicación social e información entre los diversos de abajo se ve inhibida por la adaptación al capitalismo de las grandes mayorías. Felix Guattari advierte sobre esa producción de subjetividades por el Capitalismo Mundial Integrado y su gravitación en la profundización del sistema cada vez más representativo de los intereses de 1% de la humanidad. De ahí que el Frente, en acuerdo con Paulo Freire, precisa propiciar diálogos o reflexión conjunta (en cada colectivo) sobre la situación grupal e histórica en que se halla como singularidad. De resultas de esa elaboración mancomunada hay cambio en la percepción, es decir, en el conocimiento y el compromiso de resolución del problema, conflicto u opresión.

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Revisemos los años de gobiernos progresistas para tener en cuenta que no sólo mintieron sobre la Patria Grande sino sobre todo privilegiaron el nacionalismo y el regionalismo por sobre el internacionalismo o confraternización con todos los pueblos planetarios. Si hubiesen asumido el último habrían develado la criminalidad del progreso capitalista sea bajo gestión neoliberal o neodesarrollista. La última lo hizo desestructurando el potencial de las rebeliones antineoliberales

Sin embargo, la expropiación capitalista e imperialista no consigue enterrar los potenciales culturales y sociales. Aclaremos leyendo:

 

África en los márgenes de la pobreza

28 de octubre de 2017

 

Por Gemma Solés i Coll / Sebastián Ruiz-Cabrera

El diario

 

- El arte que emerge del Sur rompe estereotipos, cuestiona prejuicios y enriquece debates en la sociedad global

- La imagen de África está en manos de los africanos y ya no depende de la mirada occidental para verse representada

- Estos son sólo tres ejemplos de artistas con una máxima en común: más luz a la cultura como herramienta transformadora

 Para muchos analistas internacionales son simplemente observadores silenciosos. Acoplados urbanitas. Sin embargo, ellos y ellas gritan el lenguaje del arte cada día en las esquinas de capitales como Nairobi, Lusaka, Kinshasa, Durban, Lagos, Dakar, Uagadugú, Lomé, Abidyán, en salas de teatros y exposiciones, en medios de comunicación locales, y necesariamente a través de las redes sociales donde se hacen oír. Otras formas de explicar desde abajo.

Recogen las pequeñas piezas de la vida sembradas en las calles para darles forma y estamparlas en las miradas atónitas de algunos consultores que pasan entre 24 y 72 horas en ciudades desconocidas de las que después tendrán que sacar conclusiones.

Los otros. Ellos. Pero no. No hay tiempo de oxigenar la mirada y observar. Demasiado fugaz. O demasiado humillante el poder ver cómo la realidad de muchos artistas que buscan nuevas formas de mostrar África es, simplemente, en alta definición, a todo color y con respuestas a muchas de las preguntas. No por nada, sino porque se trata de vivir.

En verano del año pasado se publicaba el libro Africa's Media Image in the 21st Century: From the "Heart of Darkness" to "Africa Rising", en el que se revisaba la representación del continente en los medios internacionales a través de 28 ensayos moviendo la discusión académica más allá de las críticas tradicionales del estereotipo periodístico, del afro-pesimismo o de la cobertura de las noticias más oscuras de África. La portada era ya toda una declaración de intenciones: una chica con una cámara fotográfica. Es decir, la imagen de África está en manos de los africanos y ya no depende de la mirada occidental para verse representada.

 Sin embargo, las luces de neón alumbraron a mitad de septiembre las portadas de medio mundo. Era un revés. El último informe de la FAO El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo se salía por la tangente para ir al grano e insultar las políticas globales. Hay más pobreza. Hay más hambre. Y África, la peor parada.

Pero el análisis debería compensarse porque esta desigualdad es consentida. El reciente estudio del Banco AfrAsia sobre la riqueza del continente africano subraya que en la actualidad hay 145.000 millonarios viviendo en África, con una riqueza combinada de alrededor de 800.000 millones de dólares. Entonces, algo no cuadra ¿no? El número ha crecido un 19% desde 2006 y para dentro de una década se pronostica un incremento de un 36%.

 

A esto, por aquello del equilibrio, habría que sumar la pérdida anual de unos 60.000 millones de dólares al año debido a la salida ilícita de minerales por grandes multinacionales o a la evasión de capitales –también de empresas extranjeras– que provoca una sangría económica de entre 30.000 y 60.000 millones de dólares anuales según la Comisión Económica para África de Naciones Unidas (UNECA, por sus siglas en inglés).

En resumidas cuentas, que África pierde más dinero por los flujos financieros ilícitos de lo que recibe en ayuda extranjera.

Y en este equilibrio circense, y frente a los reportajes melancólicos de vidas destrozadas por las vetas de la mala suerte y las malas rupturas, hay vidas que ebullen y rebosan; cientos de millones de almas que habitan lejos del blanco y negro, del aburrimiento y la sombra del desamparo que, por nuestra ignorancia, son asumidos por la narrativa única del África de la pobreza.

Los tres ejemplos que se presentan a continuación representan sólo la punta del iceberg. Tres africanos. Cada uno con una influencia colonial diferente (inglesa, portuguesa y francesa), pero con identidades múltiples que son deconstruidas y repensadas por trabajos que despejan el camino a una experiencia de comunicación sanadora. La máxima: más luz a la cultura como herramienta transformadora.

 

Bryan Jaybee, el click terapéutico del gueto

Bryan Jaybee Otie es probable que pueda sentir los olores de las calles de los slums (suburbios) de Nairobi bailando en su nariz, en especial de Kibera –considerado uno de los asentamientos chabolistas más grandes de África–. Sentir el aire espeso cargado de fragancias de desagües al aire libre mezclado con humo de patatas fritas, mandazis y chapatis cocinados a pie de carretera.

Pero Otieno, de 24 años, alias Storitellah (cuentacuentos), y conocido en la ciudad por su proyecto Kibera stories, prefiere poner el foco en otro lugar. "La mayoría de los medios occidentales tienen esa mentalidad preconcebida de que nada bueno proviene de África si no es la pobreza, alguien muriendo de hambre en alguna esquina o una guerra civil en curso tratando de desestabilizar un gobierno. Creo que, en el mundo occidental, hay un gran consumo de historias que representan a África como un lugar para la devastación masiva", explica el keniano.

Kibera, a priori, se quedaría en los márgenes de la Nairobi infectada de grúas y anuncios de pisos de nueva construcción, o de la parada obligada de los turistas que se apean en esta frenética capital de África del Este antes de visitar el Masai Mara o el Serengueti. Por eso Bryan explica la importancia de hacer fotos con otra mirada.

 "Comencé este proyecto fotográfico en 2013 utilizando la cámara de mi móvil. La mayoría de las fotos que veía en Internet no me interesaban porque siempre resaltaban las partes más abyectas y terribles de Kibera: niños sin esperanzas en las calles, un hombre borracho durmiendo en una zanja… una pésima luz. Todo esto era verdad, pero no dejaba de ser solo un fragmento de lo que es típico en todos los barrios marginales a nivel mundial. Y, además, si había una buena foto, entonces era de una ONG con un pie de foto pidiendo donaciones".

Bryan, frente a este guion pesimista ¿cuáles son tus comodines? "Dar alternativas a las narrativas ya preconcebidas del continente, y no aferrarse en los aspectos positivos o negativos, sino reflejar la complejidad". Y entonces, ¿cuál sería tu consejo para un corresponsal que visita África por primera vez? "Le recordaría que el continente no es solo esa mujer que parece hambrienta amamantando a un niño en su regazo. El continente es vasto y hay historias más interesantes aún inexploradas".

La transgresión multimedia de Nástio Mosquito

Nacido en Angola, un país con poco más de cuatro décadas de independencia, Nástio Mosquito es un tipo cool, un animal escénico, políglota y crítico con los estereotipos sobre África arraigados en el imaginario occidental.

The Guardian lo ha llamado "la futura estrella del mundo del arte", y lo cierto es que Nástio está en la vanguardia artística mundial, no solo por su genuina exploración en el multimedia, la música y la poesía o por salir de los marcos narrativos habituales, sino sobre todo por ser una voz crítica, sincera, desafiante, ausente de victimismos y capaz de estimular la emancipación espiritual del espectador.

¿Por qué es tan difícil aceptar un África diferente a la que entra por nuestras pantallas a través del cine, los anuncios de fundaciones benéficas o las revistas de viajes? ¿Por qué no podemos concebir a los africanos como sujetos políticos, artísticos o económicos?

La imagen de África ha sido gravada, a menudo de forma excesivamente adherente, a través de clichés racistas, naturalistas y eurocéntricos que fomentan una percepción mayoritariamente equívoca de un continente empobrecido, hambriento, salvaje y con poco desarrollo democrático. Y ahí, parece que nos sentimos cómodos. A sus 35 años de edad, Nástio Mosquito solamente ha conocido un mandatario en Angola –Jose Eduardo dos Santos, que presidió el país durante treinta y ocho años–, hasta hace escasas semanas, cuando fue sustituido por el continuismo del general Joao Lourenço.

Sin embargo, el artista ha crecido y vivido en ciudades muy cosmopolitas, desde Luanda pasando por Lisboa, a urbes chinas, y su mundo, por más extraño que pueda parecerles a algunos no iniciados al pensamiento crítico, no se ha construido entre elefantes, campos de refugiados o fusiles. En cambio, el consumismo global desenfrenado es una de sus mayores preocupaciones.

 

¿Alguien cree que Mosquito debe ser descrito aún con la etiqueta 'africano' delante de la de 'artista'? ¿O debemos hablar simplemente de un 'artista contemporáneo' de origen angoleño? En pleno siglo XXI, ¿qué significado puede tener el epíteto 'africano' en ninguna descripción si no se concibe ese 'ser africano' como un actor partícipe del sistema mundo?

Sí. Nástio ha confesado en varias ocasiones que su comida preferida es el arroz. Pero no se hagan ilusiones los esencialistas. ¿No es la paella el plato preferido de muchos españoles? Ni rastro, sin embargo, de la supuesta escasez de alimentos que azota África en ninguna de sus obras, expuestas en la Bienal de Venecia (2007), ARCO Madrid (2009), Bienal de Sao Paulo (2010), Bienal de Gwangju (2012), el Tate Modern (2012), Fundación Prada de Milán (2016) o el Museo de Arte Moderno de Nueva York (2016).

No seamos ingenuos. ¿Tendría sentido esperar que los artistas españoles de hoy pinten toreros? ¿A caso la afición taurina es algo que defina a la sociedad española del siglo XXI? ¿Debemos decepcionarnos si no se puede definir un 'arte español' como aquel que pone a un Borbón en el epicentro de su obra? Pues la paella y la monarquía pueden ser tanto objeto del arte de un español como la moamba (plato típico angoleño) o la tiranía del petróleo al de un angoleño. Afortunadamente, Mosquito no es uno de estos artistas.

 

Modupeola Fadugba, una narrativa femenina local

Tampoco lo es la togoleña Modupeola Fadugba, cuyas obras se encuentran entre el nexo de la ciencia y la política. A pesar de haberse graduado en Ingeniería química, Economía y Educación, cursó sus estudios de arte en Inglaterra y actualmente reside en la capital de Nigeria, Abuja, desde donde crea una obra original, fresca y reivindicativa.

Sus pinturas no versan sobre los escandalosos desalojos de asentamientos informales en Lagos o sobre la contaminación causada por las petroleras en el Delta del Níger. Sin embargo, sus dibujos sobre papel quemado rememoran agujeros que son como balas: las marcas y recuerdos de una infancia en la Ruanda post genocidio (1994) que ponen de manifiesto que los contextos en los que se existe determinan el color de fondo y el prisma con el que miramos el mundo.

Fadugba se ha convertido en poco tiempo en un gran nombre del arte contemporáneo emergente, que coincidiendo con Nástio Mosquito, hace converger el cosmopolitismo y la originalidad para postularse como artista glocal fuera de etiquetas estériles. No en vano, ha expuesto en la Cité Internationale des Arts de Paris este 2017, y su exposición "Afriques Capitales" formó parte de la Bienal de Dakar en 2016, donde se galardonó su proyecto "The People’s Algorithm".

 

Para nada un caso aislado, pues son muchos los talentos que emergen desde diferentes puntos de África para transformar las percepciones globales hacia aspectos que nos afectan a todas y todos por igual, como la pobreza y su desgarro. África formula preguntas y bosqueja respuestas a los que todo el mundo debería acudir.

 

Mientras en su país natal, Togo, miles de manifestantes protestan desde agosto contra la dinastía Gnassingbé, que gobierna sin escrúpulos desde hace cincuenta años, Fadugba aporta un vocabulario simbólico que incorpora la teoría del juego como forma de resistencia dentro del medio acuático. Aquí, su arte se conforma como vehículo para el activismo y el empoderamiento colectivo a través de personajes femeninos que son sujetos activos emplazados en zonas de recreo o espacios de negociación, donde nadadoras sincronizadas viven entre el riesgo de ahogarse o el de superar marcas.

La salvación del alma o la ambición del poder, también halla su simbolismo a través de bolas rojas que representan la mercantilización del arte. Además, la artista, que en diferentes ocasiones se ha mostrado inspirada por la figura de la expresidenta de Liberia y premio Nobel de la paz, Ellen Johnson-Sirleaf, cuestiona el rol de la mujer en los espacios de poder, ya sea esculpiendo íntimos autorretratos o revelando la fuerza colectiva y las virtudes del trabajo en equipo.

La fricción entre el individuo y la colectividad, así como cualquier dilema concerniente a la sociedad contemporánea, no es ajeno a África. Asimismo, la aportación filosófica que emerge del arte del Sur, tampoco debe serlo a Occidente.

Este artículo es el resultado de una (hermosa) colaboración de ProjecteFAM con Wiriko.

Gemma Solés i Coll / Sebastián Ruiz-Cabrera - Wiriko.org

http://www.eldiario.es/desalambre/Africa-margenes-pobreza_0_699230543.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233306

 

 

Constituirnos en internacionalistas nos ayuda a trascender lo local y coyuntural de la cuarta guerra que el capitalismo lleva a cabo contra la humanidad. Es ver que no se trata del gobierno de Macri o de Temer sino del sistema mundo a favor exclusivo de las transnacionales que les garantiza así su creciente tasa de ganancias.

 

 

 

Comunicado de la Coordinadora Europea de apoyo al Hirak popular en el Rif, Marruecos

Denuncia del sistema represivo del estado marroquí

para acallar y sofocar el movimiento popular

28 de octubre de 2017

 

Por Rebelión

 

 

Celebramos estos días el primer aniversario del fallecimiento de Muhsin Fikri, el mártir de un bocado de vida y del honor, en medio de circunstancias regionales, nacionales e internacionales muy adversas y dentro de un peligroso retroceso a nivel de los derechos individuales y colectivos por un lado, y con el agravamiento de la crisis económica mundial que se extiende reflejando la realidad de las diferencias que conoce la sociedad capitalista en que vivimos por otro lado.

Los países europeos no cesan en dejar caer su crisis sobre los hombros de los pueblos oprimidos mientras continúan repartiéndose las zonas de influencia a través de guerras directas para someter a los pueblos que siguen aceptando sus políticas o a través de plantar sistemas fehacientes que velan sobre sus intereses económicos y políticos, o a través de sembrar conflictos y escondiendo sus crímenes bajo un sinfín de rimbombantes eslóganes (lucha contra el terrorismo, democratización…). Una realidad que, desgraciadamente las fuerzas retrógradas siguen sosteniendo para conservar los intereses de las grandes potencias, y asegurar la permanencia de éstas consiguiendo sus estrechos anhelos.

A nivel nacional y desde el asesinato del mártir del acopio Muhsin Fikri la noche del 28 de octubre de 2016 en Alhucemas, todos los estratos de la sociedad rifeña se han movilizado para crear un movimiento pacífico de protesta que ha sorprendido a todos por su pacifismo y por su asombrosa estructura creativa a pesar de los vanos esfuerzos que la administración y el sistema represivo que el Estado ha utilizado para acallarlo y sofocarlo.

A partir del 26 de mayo último, el Estado marroquí ha comenzado a tomar represalias para reprimir las protestar pacíficas utilizando a un contingente de más de 20.000 hombres, pertenecientes a diversos grupos policiales y de fuerzas del orden, utilizando incluso gases lacrimógenos en medio de los barrios populares, produciendo drásticas consecuencias sanitarias entre la población de diferentes edades. Asimismo ha iniciado el secuestro de diferentes activistas y ciudadanos incluidos niños para desperdigarlos en las diferentes cárceles: 215 en la cárcel local de Alhucemas, 73 detenidos en Zaio, Guercif, Taourirt, Ras El Ma, Ain Aicha, Taza y Oujda. Diez detenidos en el Centro de Protección de Menores, dos en la prisión de Nador, 50 en la prisión de Okacha en Casablanca, encontrándose en proceso de libertad condicional más de 60 activistas.

En este primer aniversario, a nivel europeo y en el marco de la Coordinadora Europea de Apoyo al Hirak popular en el Rif, estamos decididos a denunciar la política del sistema marroquí donde los conceptos de nación, democracia y pueblo, brillan por su ausencia. Estamos obligados junto a nuestros hermanos en el Rif hasta que consigan alcanzar sus legítimas y justas exigencias. Aprovechamos esta circunstancia para hacer un llamamiento a todos nuestros paisanos para que se unan a las protestas y manifestaciones que conoce toda Europa para:

1.      Esclarecer la realidad y circunstancias del asesinato del mártir de la libertad y de la dignidad Muhsin Fikri y de todos los mártires de la violencia ejercida por la fuerza represora (Amad Attabi, Abdelhafid Haddad, los mártires de la matanza del Banco Popular,..) y la presentación de los responsables ante la Justicia.

2.      La rápida liberación de todos los presos del Hirak popular sin atadura ni cortapisa. Parar la persecución de los activistas del Hirak y sentarse a dialogar con los dirigentes del movimiento que se encuentran en prisión sobre las demandas sociales.

3.      El apoyo a nuestros hermanos que se encuentran en huelga de hambre en las prisiones de la vileza y la deshonra.

4.      Exigimos al Estado marroquí la anulación por dahir de la militarización del Rif y la aplicación de conceptos de desarrollo en vez de lenguajes de aproximación pacífica.

5.      Pedimos a todas las asociaciones de derecho y a todas las fuerzas vivas y democráticas de Marruecos que utilicen su responsabilidad para apoyar a los detenidos políticos que se encuentran en huelga de hambre desde hace 44 días.

6.      Solicitamos la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo para que se respeten los derechos y libertades de las personas en Marruecos siguiendo las directrices de la Unión Europea.

Y finalmente hacemos un llamamiento de todos los libertadores nacionales para que el Estado marroquí aplique las directrices del derecho de las libertades públicas y sobre todo el dahir 1.5.376 referente a la formación de asociaciones.

Viva el Rif y viva nuestro pueblo. Gloria y perpetuidad a nuestros mártires. Libertad para nuestros presos.

Coordinadora Europea de apoyo al Hirak popular en el Rif

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233388

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La lucha contra la ola de expropiaciones de tierras

tras una crisis alimentaria global

24 de octubre de 2017

 

Por Boaventura Monjane (El diario)

 

- Los elevados precios de los alimentos y la necesidad de energías renovables alternativas como los agrocombustibles han desencadenado la nueva ola de expropiaciones de tierras en África del Sur

- Las comunidades locales afectadas, sobre todo en el campo, han organizado todo tipo de acciones de resistencia como sabotajes, desobediencia civil, huelgas y acciones judiciales

- El Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las Empresas Transnacionales se reunió en Johannesburgo para denunciar a nivel regional de los abusos de las empresas

La influencia y la impunidad empresarial en África del Sur afecta cada vez más a las comunidades locales, sobre todo en el campo, donde se producen gran parte de las expropiaciones de tierras. Esto se remonta a los siglos en los que los poderes coloniales se repartieron el continente para alimentar con sus recursos las economías occidentales.

 

En los últimos años, hemos presenciado una nueva ola de expropiaciones de tierras tras una crisis alimentaria global que se caracterizó por los elevados precios de los alimentos y la necesidad de energías renovables alternativas como los agrocombustibles, considerados erróneamente como una solución a la crisis climática.

La resistencia local contra el poder empresarial en África es relativamente desconocida. Las comunidades locales afectadas, sobre todo en el campo, no se han limitado a ser víctimas pasivas, sino que han organizado todo tipo de acciones de resistencia como sabotajes, desobediencia civil, huelgas y acciones judiciales.

 

En agosto de este año el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las Empresas Transnacionales se reunió en Johannesburgo, Sudáfrica, en lo que significó una extraordinaria denuncia a nivel regional de los abusos de las empresas, así como la celebración de un protagonismo rural comprometido y resolutivo.

La reunión del tribunal se celebró en el marco de una lucha más amplia para desmontar el poder empresarial y su arquitectura de la impunidad. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal de opinión pública reconocido internacionalmente que funciona con independencia de las autoridades estatales

En una sesión de audiencias ante un respetable jurado, ocho comunidades de Mozambique, Malaui, Tanzania, Zambia, Mauricio y Madagascar presentaron casos sobre el impacto que las empresas transnacionales (ETN) tienen en su sustento, sus tierras y sus derechos humanos.

 

El Tribunal Permanente de los Pueblos

El repertorio de contención, entendido como el conjunto de acciones y herramientas de protesta llevadas a cabo por los movimientos de base, incluye la construcción de solidaridad entre las distintas luchas de la región.

En este contexto, la celebración del Tribunal Permanente de los pueblos (TTP) en Sudáfrica es un proceso que no sólo ofrece a las comunidades afectadas por las empresas transnacionales la oportunidad de denunciar las atrocidades de estas empresas, sino que les permite aprender de las experiencias comunes, elaborar estrategias a nivel regional.

En la sesión del tribunal en Johannesburgo, ocho comunidades presentaron casos que demuestran que la imparable acumulación de capital de las ETN destruye sus medios de subsistencia, el medio ambiente y, a la larga, la soberanía de sus países.

En la mayoría de los casos que se presentaron, las empresas llegaban a criminalizar la resistencia y las protestas. Precisamente esto fue denunciado en el caso de Mozambique, donde los campesinos y activistas que luchan contra ProSavana, denuncian que se ven acosados y amenazados con la cárcel.

ProSavana es un programa agrícola trilateral propuesto por los Gobiernos de Mozambique, Brasil y Japón para sembrar cultivos comerciales y otros productos agrícolas para la exportación en la zona del Corredor de Nacala, al norte de Mozambique.

En 2013 la Unión de Campesinos de Mozambique (UNAC) promovió una campaña de movilizaciones, presionando a los Gobiernos de Mozambique, Brasil y Japón para que cancelasen el programa. Desde entonces, los detractores del ProSavana han llevado a cabo numerosas acciones, entre ellas presentar una queja a un comité independiente de examinadores en Tokio, que tras aceptarla ha investigado la conducta de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en relación al polémico ProSavana.

La aceptación de la investigación supone el reconocimiento de que las alegaciones presentadas por las personas afectadas están bien fundamentadas y merecen ser verificadas. ProSavana no ha conseguido hoy por hoy llegar a un consenso para su implementación.

Por su parte, ocho activistas tanzanos fueron arrestados y encarcelados durante más de cuatro meses (de diciembre de 2016 a abril de 2017) por las autoridades malauíes cuando viajaron a Malaui para observar el impacto que la extracción de Uranio tiene sobre el medio ambiente y la salud humana.

Ante el tribunal, declararon que temían los efectos negativos de la extracción de Uranio en Tanzania, en el Proyecto del Río Mkuju en el área de Namtumbo, en la región de Rovuma, que se encuentra en estado de exploración. Según los representantes de Tanzania, el arresto de los activistas y el ulterior caso judicial respondían a criterios políticos y el estado no pudo demostrar las acusaciones.

Volviendo a Mozambique, los miembros de la comunidad local están luchando contra la construcción de una enorme presa hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa en el río Zambeze de la provincia de Tete, en el centro de Mozambique. Tres miembros de las comunidades afectadas dijeron a los jueces que la presa desplazaría a unas 1.400 familias. Justiça Ambiental, una ONG que trabaja con estas comunidades, calcula que alrededor de 200 mil personas que viven río abajo se verán afectadas por el funcionamiento de la presa.

En Malaui, la Asamblea de Mujeres Rurales denunció ante el tribunal que Monsanto acapara las subvenciones y los presupuestos del Gobierno, que se ve forzado a importar semillas híbridas, limitando el conocimiento local y destruyendo la soberanía de semillas. Las mujeres campesinas son las más afectadas por esta medida, afirmaron.

El Centro de Apoyo e Investigación para Alternativas de Desarrollo de Madagascar está luchando contra un proyecto de ilmenita a gran escala al sur del país de la Madagascar Resources Company. Se recela de este proyecto porque afectará a doce pueblos e invadirá el bosque Mikea, donde habitan varios grupos indígenas.

El bosque es una fuente de sustento importante para la gente local. “Si este proyecto avanza, las personas se verán privadas de los recursos necesarios para su sustento y para actividades sanitarias, y esto afectará principalmente a las mujeres”, dijeron miembros de estas comunidades.

 

Muchas de las compañías que invierten en tierras y minerales en África del Sur están registradas en Mauricio, en el océano Índico. Mauricio es un conocido paraíso fiscal y facilita los flujos financieros ilícitos en el país, lo que permite a los inversores dañar las economías locales de los países en los que operan.

La primera sesión de audiencias de este tribunal se celebró en agosto de 2016 en Manzini, Suazilandia. Diez comunidades de otros países de África del Sur presentaron casos de abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas en la industria extractiva.

Ambas sesiones (Manzini y Johannesburgo) fueron organizadas por la campaña global de África del Sur llamada “Desmantelemos el poder corporativo y acabemos con la impunidad”, con participantes como la Red de Acción Popular de África del Sur y el Diálogo del Pueblo.

Esta campaña está formada por una red de más de 200 movimientos sociales, organizaciones y comunidades que resisten el acaparamiento de tierras, la minería extractiva, los salarios abusivos y la destrucción medioambiental de las ETNs en distintas regiones del mundo.

Este Tribunal Permanente de los Pueblos es un paso importante para llamar la atención de la comunidad internacional y vigilar el feroz comportamiento de las ETN en África, así como para facilitar la construcción de una plataforma de lucha más fuerte de las comunidades afectadas que acabe con los abusos perpetrados por esas empresas.

 

Un “desarrollo” destructivo

Las expropiaciones de tierras y recursos en África del Sur se consiguen gracias a inversiones del sector financiero e industrial, que trabajan mano a mano guiados por el ansia de obtener beneficios y controlar las materias primas. Estas inversiones incluyen transacciones de tierras para la minería, la agricultura y el turismo.

El acaparamiento de recursos con total impunidad por parte de las empresas no se detuvo con la independencia de muchos países de África del Sur, sino que continuó con la colaboración de las nuevas élites gobernantes, justificándolo como “proyectos de desarrollo” y disfrutando de la protección y el apoyo del Estado.

Cientos de miles de campesinos y pueblos indígenas siguieron trabajando la tierra en zonas marginales mientras que las tierras más ricas en minería y agricultura eran controladas por unos pocos. La mayoría siguió viviendo en la pobreza y el hambre. Los problemas empeoraron en los años ochenta, con los intereses neoliberales sintetizados en la “globalización” precedidos por bajos precios agrícolas en los mercados globales.

Ese programa neoliberal sobre el desarrollo, que trató de lidiar con los déficits a través de Programas de Ajuste Estructural (PAE), pidió que el Estado se retirara de las actividades económicas. La apertura de las fronteras nacionales al libre flujo de bienes, la retirada del Estado de la economía para dedicarse a la mera “supervisión”, el capital financiero sin restricciones y la hegemonía de las empresas transnacionales forman parte de ese programa.

 

Como resultado, asistimos al aumento de expulsiones de campesinos de sus tierras y territorios, a nuevas formas de control por parte de los monopolios sobre la tierra y el agua, a la imposición global de sistemas de propiedad intelectual que roban las semillas de los campesinos, a la invasión de las semillas transgénicas y a la proliferación de las plantaciones monocultivo, los megaproyectos y las minas.

Mientras tanto, la desigualdad económica crece en el continente y supera al resto de los países en desarrollo, incluso a Latinoamérica. El continente experimenta un incremento de la población joven (15-24 años), pero no ha conseguido crear suficiente empleo digno. Sudáfrica, la economía más desarrollada del África subsahariana (ASS), presenta una tasa de desempleo juvenil del 54%.

 

Despojar a los indígenas de sus tierras

El resultado de todo lo anterior es una concentración sin precedentes de la propiedad de la tierra, los bienes naturales y los alimentos. Un puñado de corporaciones transnacionales controlan las cadenas de valor agrícolas y alimentarias. Los movimientos sociales critican su modelo de producción, que consideran socialmente injusto e insostenible desde un punto de vista económico o medioambiental, ya que depende del uso intensivo de la maquinaria agrícola y químicos tóxicos, y del uso de semillas modificadas genéticamente, como sucede en Sudáfrica. Como consecuencia, las verdaderas causas del deterioro social, económico y medioambiental aún persisten.

Existen nuevas estrategias para despojar a los indígenas y campesinos de sus tierras y territorios. Algunos mecanismos, como la “reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques” (REDD) son promovidos por gobiernos y empresas, con el supuesto objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando en realidad bloquean el acceso de familias y comunidades rurales a sus propias tierras, bosques y recursos hídricos, poniendo en riesgo su capacidad de producir alimentos y luchar contra la pobreza.

Con el pretexto de la escasez del agua destinada a la irrigación, el acceso al agua y su uso para la irrigación se restringe y se sugiere que se concentre en los “cultivos de alto valor”; así, los cultivos destinados a la exportación, agrocombustibles y otros cultivos industriales reciben irrigación mientras que los cultivos alimentarios de los campesinos se ven privados del agua.

 

A raíz de la actual crisis alimentaria global, muchos inversores e incluso gobiernos se han puesto a buscar terrenos cultivables “vírgenes” para producir más alimentos. Algunos inversores quieren alimentar los “futuros sobre materias primas” para aumentar los beneficios en estos nuevos paraísos de rentabilidad, mientras que otros quieren producir cultivos flexibles de alimentos y agrocombustibles, ya que la presión aumenta para reducir los combustibles fósiles. Por su parte, los gobiernos buscan preservar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos.

La demanda de tierras es tan grande que ha dejado a cientos de miles de campesinos sin terrenos ni suministro de agua, privándoles de su sustento.

Como consecuencia del abandono que sufre la agricultura campesina por parte de los gobiernos y de las bajadas de los precios, la mayoría de los campesinos se han visto forzados a buscar trabajo estacional en grandes plantaciones, para mantener los ingresos de sus propias explotaciones.

El sistema de trabajo estacional ofrece sueldos muy bajos y duras condiciones de trabajo. Los bajos sueldos mantienen al campesino atado a este sistema y arrebata una mano de obra imprescindible a las explotaciones de campesinos. La mayoría sufren de exposición crónica a agroquímicos tóxicos (pesticidas) y tiene que regresar a sus casas en el campo para que sus familias cuiden de ellos.

 

El flujo de inversiones extranjeras en la región no se detiene, alentadas por los constantes “descubrimientos” de reservas de gas, combustible o minerales y el afán por usar las tierras africanas, supuestamente infrautilizadas, para “saciar” el hambre del mundo. Sin embargo, es alentador saber que los pobres en África del Sur, en particular el mundo rural, se están movilizando para resistir esta ola neoimperialista.

 

Boaventura Monjane es un periodista y activista social mozambiqueño. Es doctorando en Poscolonialismos y Ciudadanía Global en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (beca FCT). En la actualidad es investigador asociado invitado por el Instituto de Estudios Agrarios y de la Tierra de la Universidad del Cabo Occidental.

Traducción: Patricia Campo.

Fuente: http://www.eldiario.es/desalambre/implicados/movimientos-denuncian-empresas-Africa-Sur_0_697830912.html

En consecuencia, la «reforma agraria integral» como poder arraigado de los diversos de abajo se inicia e impulsa con la resistencia/rexistencia de pueblos y comunidades en contra del sistema mundo capitalista desde sus respectivas culturas tendientes a confraternizar. Reflexionemos sobre estos caminos emancipatorios que desde México se han abierto.

 

México: La asamblea, colectividad milpera

30 de octubre de 2017

"La milpa tiene por costumbre acercar a los diversos. Multiplicidad cuya consistencia entrama numerosas relaciones que tal vez por venir de la tierra sean profundas. Diplomacia entre distintos que, en conjunto, reproducen vida. Así, el maíz se vincula con frijoles, calabazas, chayotes, camotes… que, sin perder su lugar, se entreveran con frutales tan plurales como plátanos, naranjales, mangos, papayas y magueyes aguamieleros."

 

MILPA SOCIAL

Por Mauricio González González CEDICAR / CORASON

La milpa tiene por costumbre acercar a los diversos. Multiplicidad cuya consistencia entrama numerosas relaciones que tal vez por venir de la tierra sean profundas. Diplomacia entre distintos que, en conjunto, reproducen vida. Así, el maíz se vincula con frijoles, calabazas, chayotes, camotes… que, sin perder su lugar, se entreveran con frutales tan plurales como plátanos, naranjales, mangos, papayas y magueyes aguamieleros. En la milpa convergen todos: animales como el tejón, los zanates, las chachalacas y un sin número de insectos, junto a los del color de la tierra que van desde la unidad familiar hasta los grupos barriales, que a través de mano vuelta donan trabajo que será retribuido en otro momento en la milpa de quien participe de ella. No es extraño que en época de cosecha la milpa también sea lugar de fiesta, pues es sabido que agradecer es política de los humildes, más aún cuando en comunidades indianas esa gratitud remite a los Dueños, quienes ocupan un rango del que depende la bonanza, al ser patrones del agua, el viento, las semillas, la tierra, el fuego.

Hay quien dice que la milpa es domesticación, nosotros creemos que es socialización, donde el conjunto de los humanos y no humanos amplían las nociones de sociedad que imaginaron los europeos de ultramar. Expliquémonos.

Hablar de sociabilidad entre rurales es hablar de autogobierno. Toda propiedad social tiene sus propias formas de regulación, “su modo”. No existe ejido o comunidad agraria en el país que no tenga en la Asamblea a su máximo órgano de decisión, donde se dirimen problemas pero también se concretan proyectos, se toman acuerdos, forman comisiones e informan lo relevante. Si bien están amparadas en la Constitución, en cuanto a reglamentos ejidales y estatutos comunitarios los matices son signados por localidad, es decir, por diversidad.

Las asambleas suelen llevarse a iniciativa del Comisariado de bienes ejidales o comunales y sus respectivos consejos de vigilancia, mas no ha de confundírseles con representantes, pues estos operan tomando el lugar de otros y no como lo que son, voceros del conjunto que acatan la decisión colectiva y están comisionados para hacerlas valer. Confundir al Comisariado con representantes es hacer de la milpa maizal. Y es que es en la imagen de la milpa es donde mejor podemos encontrar el funcionamiento asambleario, pues como en aquella, las yucas van de un lado, los frijoles a lo largo, y las calabazas entreveradas conel maíz, a la manera de las agrupaciones barriales, las mitades, géneros e incluso, con las plagas, cuando los partidos dividen bajo intereses alienados.

Pero lo relevante es que en la milpa la autorregulación se impone del brazo del productor, quien determina mucho pero a su vez es determinado por los muchos. A nadie sorprende que los fenómenos y cualidades naturales imperen en la agricultura, y más si es milpera, lo que impone ese saber andar de los sencillos, siempre atentos a un mundo en el que numerosos agentes influyen para llegar a puerto o tomar rumbos inesperados no sin riesgo de naufragio. La toma de decisión colectiva replica las decisiones colectivas que la milpa impone. Lo sorprendente es que a pesar de tal grado de diferencias puedan andar en conjunto, armonía de disonantes.

En tiempos de capitalismo desalmado, cuyos despojos son de las condiciones de posibilidad de la vida, dentro de ellos el territorio, caminar en conjunto es la fuerza de los muchos, y en materia preventiva no hay mejor arma que la de las Asambleas milperas, bien cohesionadas, ricas, plurales, unidas. Acuerdos asamblearios y fortalecimiento de reglamentos y estatutos, instrumentos eficaces para la defensa de lo nuestro, de lo que somos parte, pues en ellos el sueño futuro se torna norma, y el anhelo encarna en mañana. Las Asambleas han resultado tan importantes que no faltan los que las quieren sabotear, erosionar, como hacen los agroquímicos con la tierra. Dan lugar a tanto que incluso permiten irrupciones indeseables, pero la voluntad de los diversos es la que impera, es su legitimidad. Más aún, frente a las falsas consultas que muchos consultores intentan operar en favor de empresas extractivas o energéticas, la Asamblea opera como el mejor dispositivo, haciendo de los acuerdos autoconsulta, pues “donde hay buena Asamblea no entran proyectos de muerte”, dicen los serranos de Puebla. Y sí, donde la milpa se conserva, tierra, agua y biodiversidad permanecen, la vida florece.

La Jornada del Campo, Nº 121

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El Concejo Indígena

de Gobierno de México:

un anticapitalismo realmente

existente para el siglo XXI

14 de diciembre de 2017

 

Por Mara Kaufman (Counterpunch)

En medio de los múltiples huracanes que azotan América del Norte y el Caribe, los incendios en el Oeste de Estados Unidos, los grandes terremotos de septiembre y una oleada de abandono y oportunismo en torno a la ayuda de emergencia y rescate, una tormenta completamente diferente se forma en México. El anticapitalista Concejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), una mujer náhuatl que busca la postulación como candidata independiente en las próximas elecciones presidenciales de 2018, acaban de iniciar un recorrido nacional por México, que empezó en el sureste estado de Chiapas, un bastión de gobierno autónomo y una inspiración para el mundo: el territorio zapatista.

 

El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) es una iniciativa del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), creada a través de una consulta aprobada por 523 comunidades en 25 estados de México. El CIG propone gobernar el país colectivamente de acuerdo con los siete principios del Mandar Obedeciendo del CNI/EZLN.* El CIG está conformado por 42 pueblos indígenas –la mayoría de los pueblos originarios del país– y propone organizar el autogobierno, la salud, la educación y la autodefensa de las comunidades indígenas y no indígenas en México.

 

El recorrido del CIG y su campaña presidencial, como ha afirmado reiteradamente el CNI, no busca ganar votos, sino aprovechar la coyuntura electoral para denunciar a toda la clase política y al sistema capitalista que representan, al que responsabiliza de la devastadora violencia en el país, el desmoronamiento de las instituciones, la destrucción ambiental y el fortalecimiento del crimen organizado, factores que hoy en día predominan en México.

Según Mario Luna, delegado del CNI de la Tribu Yaqui, esta campaña pretende entrar en el ámbito de las elecciones –que se ha convertido en una “negociación interna entre los partidos políticos”– con el objetivo de promover la autoorganización comunitaria, basada en la asamblea, por todo el país. La elección que el CNI quiere presentarle al pueblo mexicano, entonces, no es entre diferentes candidatos, sino entre formas enteramente diferentes de gobernar.

Del 14 al 19 de octubre de este año, una caravana de docenas de vehículos que transportaba a Marichuy, 156 concejales del CIG y varios centenares de delegados del CNI, atravesó las montañas de Chiapas, donde fueron recibidos por decenas de miles de zapatistas y no-zapatistas en los cinco caracoles del territorio zapatista.

 

La importancia histórica de la presentación de la primera mujer indígena candidata a la presidencia de México sólo fue igualada por la deslumbrante serie de discursos pronunciados por las mujeres indígenas de todos los niveles de la autoridad zapatista: mujeres representantes de las Juntas de Buen Gobierno, mujeres autoridades regionales del Ejército Zapatista, y mujeres del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, que dirige al ejército, una amplia y poderosa demostración del liderazgo de las mujeres en las entidades militares y civiles zapatistas en un lugar donde hace apenas unas décadas, las mujeres y los hombres indígenas trabajaron como esclavos en condiciones de peonaje permanente para los grandes terratenientes en todo el estado.

 

¿Un giro electoral?

El CNI, formado en 1996 como resultado de la convergencia de los pueblos indígenas de todo el país en torno a las demandas del levantamiento zapatista de 1994, es el primer organismo indígena organizado y representativo a nivel nacional, totalmente independiente del estado y de las fuerzas partidarias.

Las profundas raíces comunitarias y el proceso de organización autónoma del CNI contrastan radicalmente con la manipulación y el clientelismo que caracterizan el sometimiento de los pueblos indígenas a los intereses del Estado mexicano. Por lo tanto, la radical independencia política del CNI lo vuelve una presencia extremadamente inconveniente para la clase política mexicana. Por esta razón, ha sido blanco frecuente de silenciamiento y mentiras, y esta nueva iniciativa no ha sido la excepción.

De hecho, frecuentemente cuando se ha mencionado al Concejo Indígena de Gobierno, ha sido para condenar o felicitar al EZLN por supuestamente haber dejado su política de autonomía y haberse unido al campo electoral. Es más, por mucho tiempo, gran parte de la clase política mexicana se dedicaron a divulgar la idea de que el EZLN se había derrumbado debido a un liderazgo defectuoso (inevitablemente atribuido al entonces Subcomandante Insurgente Marcos, hoy SupGaleano) o que se desvaneció en la irrelevancia debido al aislamiento en sus remotos bastiones comunitarios.

 

Sin embargo, el CIG y su recorrido en las últimas semanas no dejaron a vista un EZLN cansado y obsoleto, como algunas fuentes desesperadamente quisieran, sino una amplia gama de florecientes instituciones comunitarias y cuerpos autónomos que mostraban, incluso a simple vista, la profundidad de la organización zapatista a través de varias generaciones, múltiples idiomas, y varios contextos geográficos articulados juntos, a gran escala y dirigidos por asambleas, constituyendo así un orden social comunitario con una capacidad organizativa sin precedentes.

 

Más específicamente, cada parada en territorio zapatista reveló clínicas de salud autónomas atendidas por promotores de salud capacitados y con equipo médico, sistemas escolares autónomos que educaron a los jóvenes que ahora dirigen sus propios equipos de comunicación, órganos de gobierno, cooperativas de producción, decenas de miles de hectáreas de tierras productivas trabajadas colectivamente para proveer sustento para cientos de miles de personas en todo el territorio zapatista, infraestructura de transporte independiente y miles de milicianos del ejército zapatista que proporcionaron anillos de seguridad alrededor del CIG y de su vocera en cada paso.

 

Cabe destacar que fueron hombres zapatistas quienes sirvieron a los visitantes platos de caldo humeante y tortillas hechas a mano; fueron ellos también quienes organizaron el alojamiento, distribuyeron las cobijas y lavaron los trastes para el siguiente autobús que llegaba lleno de delegados hambrientos –mientras pasaba esto, Marichuy, las concejalas del CIG y las mujeres autoridades del EZLN se dirigían a la multitud desde el templete.

 

Como era de esperar, la clase política mexicana en realidad ni se cree sus propias mentiras sobre el EZLN. Al contrario, parece que les da pánico la posibilidad de que esta forma de autoemancipación colectiva gane influencia y crezca en el resto de México. Como evidencia de este temor, vale notar que la iniciativa del CIG tuvo una cobertura mediática casi nula en los medios de paga. Es más, quienes intentaban cubrir el recorrido del CIG por Chiapas se vieron obstaculizados por el hecho de que, a medida que la caravana avanzaba por regiones del estado que normalmente tienen servicios de comunicación estables, el servicio de internet, la señal de los celulares, e incluso los teléfonos fijos se caían por completo y notablemente no regresaban hasta que la caravana saliera de la región, haciendo que la cobertura oportuna de estos eventos fuera casi imposible. Además de este bloqueo comunicacional, la clase política ha hecho todo lo posible para inhibir la recolección de las más de 860.000 firmas ciudadanas requeridas por ley para que un candidato independiente aparezca en las boletas. La aplicación para teléfonos celulares desarrollada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para este propósito ha probado no funcionar de manera adecuada, excepto en dispositivos de alta gama con nuevos sistemas operativos que cuestan mucho más que las ganancias mensuales de la mayoría de la población mexicana.

En un país que carece de un servicio de internet adecuado en gran parte del territorio nacional, la aplicación misma, como denunció Marichuy el 18 de octubre , tarda horas en descargarse y una vez instalada puede tomar hasta 16 horas registrar una sola firma (lejos de los 4 minutos y 30 segundos que debe tomar según el INE). Hay muchos ejemplos más, todos los cuales apuntan a una enorme energía gastada en subvertir el alcance de una organización y forma de gobierno anticapitalista –cuya existencia, sin embargo, la clase política sigue negando.

 

La descomposición de México y la urgente necesidad de una alternativa

En mayo de este año el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos nombró a México como el segundo país más mortífero del mundo, superando la violencia de zonas de guerra como Yemen y Afganistán y siguiendo solo a Siria en número de muertos. Gran parte de la violencia en México se atribuye a la guerra contra el narcotráfico lanzada por el entonces presidente de México en el 2006, Felipe Calderón. Sin embargo, no debemos perder de vista que el número de muertos (más de 200.000) y desaparecidos (30.000 según estimaciones oficiales) y la total impunidad de estos crímenes (alrededor del 98%) demuestran que esta guerra responde a un problema aún más profundo y deja al desnudo la complicidad del Estado –cuando no su participación directa– en la violencia.

Por ejemplo, tendríamos que tomar en cuenta que cerca del 90% de la tierra productiva en México ha sido concesionada a mineras extranjeras o compañías madereras. La violencia paramilitar y la represión del Estado que acompañan a esta ola extractivista para “limpiar” las tierras de su población han resultado en la migración forzada o el desplazamiento interno de millones de personas.

 

Es en este contexto que comunidades indígenas por todo el país han establecido sistemas de autogobierno y unidades de autodefensa comunitarias, expulsando de esta manera a los cárteles de drogas y a los partidos políticos de sus comunidades y ciudade s, incluyendo (pero no limitado) a Cherán (Michoacán), a Santa María Ostula (Michoacán), a una red extensa de policías comunitarias en el estado de Guerrero, a los pueblos zapatistas en Chiapas cuyo territorio sigue siendo impenetrable para el narcocontrol, y ahora, a cientos de comunidades más que participan en el CNI que han declarado su intención de desmontar la malla de coordinación entre el extractivismo, el narcotráfico, los partidos políticos, y el estado mexicano.

 

De hecho, prácticamente los únicos lugares en el país que no están invadidos por la violencia, el narcotráfico, la extorsión y la complicidad entre los partidos políticos y los cárteles son estos sitios de autogobierno autónomo donde hay un tejido social intacto o reconstruido y mecanismos de autodefensa comunitaria que han prevenido que estas fuerzas se apoderen de sus comunidades. No debemos entender a estos experimentos de autogobierno como reductos exteriores a la cruda realidad del capitalismo mafia que representa el gobierno de México, sino como alternativas proposicionales para todo el país buscando promover procesos democráticos y la participación civil masiva.

 

Es decir, es en el contexto del colapso social generalizado que podemos dar sentido a la insistencia del CNI de que la propuesta del Concejo Indígena de Gobierno es para todo México, no sólo para los pueblos indígenas, y han invitado a personas no indígenas a unirse a esta iniciativa. 

En palabras de Marichuy :

Por eso dijimos, los pueblos indígenas del Congreso Nacional Indígena y nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ya no estamos de acuerdo, que vamos a luchar y vamos a pelear por todos, no solamente por los pueblos indígenas, vamos a luchar por todo el mundo y vamos a caminar este país con nuestros pasos y nuestras voces, y todo lo que escuchamos y que vamos a seguir escuchando es algo que está viviéndose en nuestras comunidades, que están viviendo los barrios, colonias, en todo México. Es hora de que esa voz se escuche, es hora de que esos pasos caminen juntos. Juntos con nuestros hermanos del campo y la ciudad.

 

¿No hay ya un candidato presidencial de izquierda en México?

Como es normal en las perspectivas electoreras, el candidato establecido como el “mal menor” se comercializa como la única opción viable para detener a la derecha reaccionaria. Ese título, en este caso, le pertenece al fundador del partido político MORENA, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ya ha sido tres veces candidato presidencial por el PRD (víctima de fraude en las elecciones presidenciales en 2006, y posiblemente en 2012).

AMLO ha prometido de manera insistente mantener la “estabilidad macroeconómica” y proteger los intereses del capital privado mientras propone “la reducción de la pobreza”. ¿No es esta la típica fórmula para aplicar la austeridad neoliberal detrás de una simulación de la cascara de lo que alguna vez fue la izquierda? Es decir, ¿no podríamos ver en está formula algo así como el planteamiento de un "liberalismo social" (Salinas de Gortari) para el siglo XXI? Frente a esto nos deberíamos preguntar ¿cómo es que hemos llegado al punto en que un proyecto que tiene como propósito explícito mejor el bienestar del capitalismo ("la estabilidad macroeconómica”) hoy se pueda presentar como “de izquierda”?

En cambio, el EZLN y el CNI entienden que dada la dinámica de la crisis del capitalismo contemporáneo, aceptar la lógica del “mal menor” significaría aceptar la continua desintegración de México y la desaparición de sus pueblos y comunidades. Reconocen a sí que la sociedad mexicana y el mundo entero no tienen hoy más opción que enfrentar directamente al capitalismo y a todas sus devastadoras consecuencias.

 

Un Concejo Indígena de Gobierno para el mundo

A medida que los fracasos de las fuerzas electoreras “progresistas” se acumulan por todo el mundo –Syriza en Grecia, Podemos en España, el PT en Brasil, el Peronismo renaciente en Argentina, sólo por nombrar algunas–, nos debe quedar claro que lo que enfrentamos hoy no es solamente una batalla en contra de la derecha reaccionaria que implementa políticas xenófobas y protege la estructura de clases, cosa que podría ser contrarrestada por una izquierda progresista dedicada a las políticas de inclusión y redistribución. Más bien, el momento actual indica que a donde vamos todos juntos es a lo más profundo de la crisis capitalista y a la desintegración del sistema en sí, condiciones económicas globales cada vez más inestables, niveles de desigualdad que se disparan, la búsqueda de chivos expiatorios y una alarmante y acelerada destrucción ambiental.

En estas condiciones, el problema no es la voluntad de ningún político individual o de un partido: todo tipo de cárteles acompañan el colapso sistémico y cualquier clase política bajo el sistema capitalista que colapsa simplemente se convierte en otro cartel. Hay pocos lugares en el mundo como México donde no sólo la disolución de este sistema es tan claro, sino donde también ya hay alternativas que vienen desarrollándose desde hace años (¡siglos!) a través de las prácticas de toma de decisión colectiva y autogobierno. Entonces, es por esto la insistencia del Concejo Indígena de Gobierno que la única alternativa no es la implantación de otra clase política, sino la eliminación de la clase política en su conjunto. Es esto que hace que esta iniciativa sea no sólo la única posibilidad viable organizada para la supervivencia de las comunidades indígenas en México, sino también un especie de brújula que sirva para que todos nosotros podamos salir del desastre que representa el capitalismo actual.

 

Pero para esto, primero nos tendremos que convencer, como lo ha hecho el CIG, de que nadie nos salvará de las ruinas, excepto nosotr@s mism@s. Como lo explica la Comandanta Miriam del EZLN:

Pero ni pensemos, compañeras, que con el Concejo Indígena de Gobierno ni con nuestra vocera, no vamos a pensar que ellos nos van a salvar. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos que salvarnos, compañeras, porque si no hacemos nada, nuestra vocera tampoco nos va a salvar, porque no es ese que manda pues, es el pueblo que tiene que dar la fuerza a nuestra vocera, es el pueblo que manda y nuestra vocera y nuestro Concejo de Gobierno, tiene que obedecer al pueblo. 

*Los siete principios del mandar obedeciendo

Servir y no servirse

Representar y no suplantar

Construir y no destruir

Obedecer y no mandar Proponer y no imponer Convencer y no vencer

Bajar y no subir

Mara Kaufman, doctora de antropologia y coordinadora del Taller de Estudio Intercomunal, un proyecto de El Kilombo 

Publicado originalmente en Counterpunch. Traducción por Valiana Aguilar

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235297

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Solidarizarnos con la resistencia/rexistencia Mapuche y de todos los pueblos originarios convoca a generalizar la deconstrucción de la cultura e ideología dominante con preguntas como:

 

¿Quiénes son los usurpadores?:

fragmentos de un discurso postactual

1 de diciembre de 2017

 Por Darío Balvidares

 

El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina, reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Además de los tratados y pactos internacionales con rango constitucional a los que dicen ceñirse los funcionarios gubernamentales, lo que incluye a la ministra de (in) seguridad, Patricia Bullrich, aunque el discurso oficial navegue entre la ambigüedad, la falsedad y la indocumentación. Es decir, un discurso oficial indocumentado, salido sólo de la “racionalidad” de lo que se llama Estado.

En la conferencia de prensa1 (27-11-17) se podía escuchar a la ministra diciendo: “… en el sur de nuestro país han ocurrido más de 70 acciones violentas o atentados, que nos llevan a nosotros a caracterizar que estamos en una situación frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia, grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan el Estado, la constitución, los símbolos, se consideran como un poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a todos los argentinos. El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no…

 

Lo que la ministra caracteriza como “acciones violentas” o “atentados”, enmarca la posibilidad de (in) justificación para el accionar de las fuerzas represivas del Estado, a través de la orden de un juez o por decisión “fáctica” del ministerio de (in) seguridad amparado en la figura de “flagrancia”.

 

De hecho así actuó Gendarmería en la represión a la comunidad mapuche de la Lof Resistencia Cushamen”, que derivó en la “cacería” en la que se produjo la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Cuando el juez sólo había ordenado “desalojar” la ruta 40.

¿Quién cometió el flagrante delito?; ¿Cuál es el grupo violento?

Agrega la ministra, “grupos que no respetan la ley”; cómo no se puede respetar la ley cuando lo que está enmarcado en lo que dice la Constitución y los pactos internacionales, son las comunidades originarias y no este Estado que con sus poderes no atina a cumplir premisas esenciales de la llamada Carta Magna y que además las transgrede de manera sistemática.

O, acaso, no hubo que volver a prorrogar la ley 26.160 de relevamiento territorial de las comunidades originarias, porque estas instituciones no cumplieron lo prescripto en esa ley. Lo que se consiguió con la movilización de la población, mientras el Estado, en realidad, esperaba la extinción de esa ley para poder continuar entregando los territorios para los negocios extractivistas, agrotóxicos y, por qué no, mega emprendimientos inmobiliarios, en este proceso sistemático de desposesión y extranjerización territorial.

Todo en manos de unos pocos, que siempre, históricamente son los mismos, aunque cambien dos o tres nombres propios, las circunstancias son las mismas de la “Historia de la crueldad argentina2.

Vale una breve referencia a propósito de esa Historia:

La llamada ‘conquista del desierto’ sirvió para que entre 1876 y 1903, es decir, en 27 años el Estado regalase o vendiese por moneditas 41.787.023 hectáreas a 1843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y/o familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período. Sesenta y siete propietarios pasaron a ser dueños de 6.062.000 hectáreas. Entre ellos se destacaban familias “patricias” que recibieron parcelas que oscilaban entre las 200.000 hectáreas de los Luro a las 2.500.000 obtenidas por los Martínez de Hoz. (…) En 1884, el Gobierno compra en La Pampa cuatro leguas de tierra para establecer un fuerte. Los paga 5.165 pesos con 85 centavos la legua. Dos años antes, el Gobierno las había vendido a un particular a 500 pesos la legua. ¿En dos años diez veces más su precio? .Esta práctica se va a repetir a lo largo de nuestra historia.”3

¿Esto es lo que llaman modernización? ¿El negocio espurio es la modernización? ¿Cuál es el Estado que deben aceptar las comunidades originarias? ¿El Estado con sangre entra?

Dice la ministra: “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no…”, de qué habla… ¿Quiénes son “nosotros”? ¿Acaso, ese “nosotros” es el plural mayestático4? A esta altura parece que sí. El “nosotros” es autorreferencial, remite a la “razón de Estado”.

Y sigue la ministra: “… nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial, nosotros le damos a la versión que nos da la prefectura naval argentina, carácter de verdad, porque creemos que el Estado es el juez, el ministerio de seguridad, el gobierno nacional y la prefectura naval argentina. Nosotros no vamos a aceptar ninguna orden legal, es decir que si hay alguien que dice que no se puede entrar a una parte del territorio argentino, nosotros entramos a todas partes del territorio argentino, no tenemos ningún límite más que los límites de nuestra constitución…”

Su majestad, “L’État, c’est moi5, no tiene que probar “lo que hacen las fuerzas de seguridad”, y desde el punto de vista (mayestático) de la ministra, está claro que no, porque “…nosotros le damos a la versión que nos da la prefectura naval argentina, carácter de verdad…”, porque “creemos que el Estado es el juez, el ministerio de seguridad, el gobierno nacional y la prefectura naval argentina.

El Estado (de la ministra) se sostiene en ”creencias” de verdad de las fuerzas a las que debe controlar, no dirigir. ¿Acaso una confusión de roles?, pero continúa la ministra, “… Nosotros no vamos a aceptar ninguna orden legal…” Nos confunde con su sentido de legalidad; si ese “Nosotros” no va a aceptar ninguna orden legal, entonces qué es la legalidad. Su ministerio, señora ministra, está fuera de la legalidad que impone en su discurso, solo para aquellos que considera fuera de sulegalidad. Lo que podría interpretarse como “Ustedes tienen que entrar en mi legalidad”. ¿Complejo? No. Es la razón de su Estado.

Nosotros… Legalidad… Creencias… Ya estamos en un problema lingüístico, jurídico, clerical…

Pero usted va más allá, “… nosotros entramos a todas partes del territorio argentino, no tenemos ningún límite más que los límites de nuestra constitución…”

Su “Nosotros no tiene ningún límite, será por eso que el joven mapuche, Rafael Nahuel, murió asesinado con una bala de su “Nosotros”, de su “creencia de verdad”; de su constitución, la suya.

¿Dónde estaban las armas de grueso calibre?

“… había armas de grueso calibre, en este momento las armas están ahí o ya las sacaron… eran como quince, veinte que estaban en una formación tipo militar, tampoco pudieron ver a todos porque estaban, estaban como escondidos, porque eran cuatro prefectos contra quince, veinte personas que estaban en este grupo violento. Frente a esta situación que sepan que los vamos a cuidar, que vamos a cuidar a los argentinos que viven en el sur y que se acabó el mundo del revés…”, continúa la ministra.

¿Están o ya las sacaron? Nunca encontraron armas en el alucinatorio se sus “grupos violentos”, lo mismo dijeron, señora ministra, cuando reprimieron a la PuLof Resistencia Cushamen.

¿Estaban en formación tipo militar o estaban escondidos?” Nada se sostiene en el discurso de su “Nosotros”.

Del “grupo violento”, murió el joven mapuche, Rafael Nahuel de 21 años asesinado por otro grupo, el Albatros, el que ejerce la inocultable violencia de Estado.

Y, usted, ministra, habla de “…cuidar a los argentinos que viven en el sur…”, seguramente quiso decir, terratenientes y extranjeros como, Lewis y Benetton; porque su nosotros, no nos incluye, estamos en el mundo del revés.

Se acuerda, ministra… el de María Elena Walsh6; probablemente sí… pero usted está a la derecha de ese mundo… o en el anverso de un discurso con resonancia de 9 milímetros… 

1 Conferencia de prensa Televisión Pública Noticias 27-11-17

2 Referencia a Historia de la crueldad argentina: Julio A. Roca y el genocidio de los pueblos originarios. Osvaldo Bayer y Diana Lenton – 1° Edición – Ediciones El Tugurio. Buenos Aires 2010.

3 Bayer Osvaldo en Op. Cit.

4 En la lengua hablada, o en la escrita, el plural mayestático (del latín pluralis majestaticus, pluralis majestatis: ‘plural de majestad’) consiste en referirse a uno mismo, sea hablante o escritor, mediante uso de la primera persona del plural y usando el pronombre “Nos”, en sustitución de “yo”.

5 Francia, Luis XIV

6 María Elena Walsh, Canción “El reino del revés”

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/quienes-son-los-usurpadores-fragmentos-de-un-discurso-posfactual/

 

 

Solidarizarnos nos enseña sobre el derecho de toda persona y comunidad al ambiente sano. También a apreciar la cosmovisión indígena.

 

 

 

Petróleo y medioambiente, el caso de Argentina

12 de octubre de 2017

 

Por Hernán Scandizzo*

La creación del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), en 2008, está estrechamente vinculada con el eje de intervención que nos proponemos. Surgimos con el objetivo de incorporar el abordaje socioambiental a la lucha de movimientos sociales, organizaciones sindicales y políticas por la estatización de YPF, el control público de los hidrocarburos y la apropiación social de la renta. Si bien por esos años las movilizaciones contra la megaminería y el agronegocio, entre otras, habían puesto la perspectiva socioambiental en la agenda pública, la crítica no alcanzaba a los hidrocarburos y la matriz energética dependiente, casi en su totalidad, de los combustibles fósiles. Eso a pesar de que desde mediados de la década de 1990 el Pueblo Mapuche en la provincia de Neuquén batallaba para frenar el avance de la explotación de hidrocarburos sobre sus territorios; y de que las comunidades kolla de Orán se habían movilizado -por esos mismos años- contra el tendido del gasoducto NorAndino.

Las comunidades del Pueblo Kolla planteaban la defensa de sus territorios y la protección de las selvas de yungas, y por esos años se dio una articulación con una organización ecologista internacional, que también había incorporado a su agenda la lucha para cambiar la traza del gasoducto, aunque ponía el foco en el impacto sobre el hábitat los yaguareté, una especie amenazada. El foco en el impacto de la actividad hidrocarburífera sobre la vida silvestre no se dio sólo en ese caso, sino que era el enfoque habitual, por ejemplo, en las coberturas periodísticas de los primeros años ’90. Lo verde, lo ambiental, lo eco, ocupaba un lugar en la grilla de los medios masivos o, por lo menos, de la prensa porteña. Otro caso más emblemático que el de los yaguareté de las yungas, es el de la aparición masiva de pingüinos empetrolados en las costas del Atlántico Sur, por el vertido de crudo al mar. También estuvo en discusión el impacto de las piletas de purga, cavadas junto a los pozos, que se transformaban en trampas mortales para la fauna, principalmente las aves que las confundían con espejos de agua en sus rutas migratorias.

 

Los cuestionamientos a prácticas muy extendidas, como el vertido de restos de crudo al mar al preparar las bodegas de los buques para la carga de petróleo, el uso de piletas de purga sin protección o la irrupción en los territorios para desplegar la infraestructura demandada por la actividad hidrocarburífera, logran masividad / centralidad en la agenda periodística por esos años, principalmente, en función de las afectaciones a la vida silvestre. Sin embargo la aparición de pingüinos empetrolados no era una novedad para los habitantes de las localidades del litoral atlántico, aunque sí la masividad. Pero no sólo los pingüinos se empetrolaban sino también las personas que se zambullían en el mar en las playas de Comodoro Rivadavia. El crudo en los cuerpos estaba naturalizado, se quitaba con aceite de cocina. El contacto con el petróleo, “empetrolarse”, no era percibido como riesgoso para las personas. La imagen de los pingüinos empetrolados funcionó como la carta de presentación de un hecho no sólo noticiable sino también novedoso: “el petróleo afecta a la Naturaleza”; pero, cabe destacar, era una Naturaleza que no incluía a los seres humanos. Una percepción bastante extendida aún hoy.

 

Pingüinos y liberalización del sector

Vale la pena hacer un paréntesis en la referencia a los pingüinos empetrolados y poner de relieve un dato que, tal vez no ocupa un lugar central en la memoria de aquellos sucesos. Qué expresaba la aparición masiva de pingüinos en esas condiciones, dado que en la memoria de las poblaciones costeras, la aparición de pingüinos empetrolados o de personas manchadas de crudo luego de un baño en el mar eran parte del cotidiano. Según investigaciones posteriores, eran un emergente del proceso de privatizaciones y liberalización del mercado hidrocarburífero. Según una investigación realizada por el biólogo Pablo García Borboroglu, del Centro Nacional Patagónico —dependiente del Conicet— y su colega Dee Boersma, de la Universidad de Washington, al analizar los relevamientos de 26 instituciones que registran y/o rehabilitan aves marinas empetroladas, desde Fortaleza (Brasil) hasta San Antonio Oeste (Argentina), a la luz de los datos de explotación y comercio de crudo, los autores observaron “un dramático incremento [de pingüinos empetrolados] a mediados de los 90, coincidente con el crecimiento exponencial de exportaciones de petróleo en Argentina”.1

 

Pueblos empetrolados

Por esos mismos años también tomaron estado público dos casos de “poblaciones empetroladas”, que no son tan recordados como los pingüinos: se trata de las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en Loma La Lata (Neuquén), y de la localidad santacruceña de Koluel Kaike; en ambos se denunció la contaminación con hidrocarburos de las aguas subterráneas utilizadas para consumo. Quizá esos olvidos -o mejor dicho, que los casos de las poblaciones empetroladas no sean tan recordados como el de los pingüinos, a pesar de que también tuvieron cobertura mediática-, de alguna manera habilitan a que se repitan situaciones similares, como las denunciadas por vecinos de Caleta Córdova tras el derrame de crudo de diciembre de 2007, e incluso también se cuestione la legitimidad de las personas empetroladas que demandan que se garanticen sus derechos.

·         Loma La Lata

Loma La Lata (LLL) dista 100 km al norte de Neuquén capital, allí se explota el yacimiento gasífero más importante del país. Su descubrimiento y puesta en explotación, a cargo de YPF estatal en 1978, fue punto de inflexión para la economía neuquina, marcó la preeminencia de la provincia en el sector.

Este yacimiento abarca 8 mil hectáreas de las comunidades mapuche Paynemil y Kaxipayiñ. En 1995 los Paynemil constataron que el agua de las napas que extraían para consumo tenía una particularidad: era inflamable -luego se confirmó una alta presencia de hidrocarburos. Al año siguiente el Estado provincial constató que los pobladores tenían 17 tipos metales pesados en sus cuerpos, principalmente plomo, cadmio y mercurio.

En 1997 la Defensora del Niño y el Adolescente de Neuquén, Nara Osés, denunció al Estado provincial por no garantizar un medioambiente sano y la salud de la población. Obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, pero la inacción del Ejecutivo local hizo que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –instancia que aceptó la denuncia e intimó a la provincia y Repsol-YPF a tomar medidas concretas: garantizar la provisión de agua segura. Mientras tanto, en la Justicia sigue abierta la causa por la remediación ambiental.2

Las demandas contra la provincia y la principal operadora del yacimiento no impidieron que en el 2000 se prorrogara por 10 años a Repsol-YPF la concesión de LLL, que vencía en 2017. Dos años más tarde, en 2002, se registró en la comunidad Kaxipayiñ un caso de anencefalia.3

 

A pesar de la exposición crónica al riesgo tóxico que implica vivir en un yacimiento en explotación, los denuncias de la comunidad Kaxipayiñ y particularmente la figura de su werken (vocero político), Gabriel Cherqui, están instalado en el imaginario neuquino como el paradigma del mapuche que realiza denuncias ambientales y demandas territoriales para obtener réditos económicos.4 Un estigma que se viene abonando desde hace casi dos décadas y que fue reafirmado recientemente en el programa televisivo del periodista Jorge Lanata,5 y al que también echaron mano funcionarios kirchneristas para descalificar la posición mapuche durante el debate por el pago de la indemnización a Repsol, tras la expropiación de YPF.6 Del deterioro de la salud de los comuneros y la degradación de su territorio casi no hay memoria, como si se tratara de un dato poco relevante.

 

·         Koluel Kaike

En 1999, a partir de una causa judicial iniciada por un estudio jurídico de Buenos Aires en el juzgado federal de Comodoro Rivadavia (Chubut), tomó estado público la situación ambiental de Koluel Kaike, derivada de la explotación del área Piedra Clavada por parte de la empresa PAE.7 A partir de una serie de pericias ordenadas por la justicia se determinó que la población de la localidad del norte de Santa Cruz estaba expuesta a compuestos tóxicos acumulados en el suelo y aguas subterráneas. El caso se instaló en la agenda pública y desde el Senado de la Nación en dos oportunidades se presentaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional. La causa judicial no prosperó, no por falta de elementos sino porque en 2006 quedó paralizada por trabas burocráticas. La empresa denunció que detrás de la acción judicial había un intento de extorsión, pero a pesar de ello, finalmente instaló una planta de ósmosis inversa para tratar el agua con que se abastece a la localidad.8

Luego de esa primera denuncia se sucedieron otras más, la última en 2013, en todas se destaca la lentitud de la operadora para remediar daños ambientales y adoptar normas de protección del ambiente.9 La contaminación en Piedra Clavada fue tomada en 2007 como elemento para cuestionar la prórroga anticipada del contrato de concesión a PAE, que finalmente fue aprobado. Casi dos décadas más tarde el recuerdo de Koluel Kaike se vuelve difuso.

·         Caleta Córdova (queremos ser pingüinos)

El 26 de diciembre de 2007 fue descubierto un derrame de hidrocarburos en Caleta Córdova, 20 km al norte del centro de Comodoro Rivadavia: 300 m3 de petróleo tiñeron de negro siete kilómetros de playas, acantilados, pesquerías, flora y fauna. El crudo provenía de un buque propiedad de la empresa Antares Naviera, que tuvo un derrame durante la maniobra de carga en la monoboya de la empresa Termap S.A.

Vecinos de Caleta Córdova denunciaron que tras el derrame comenzaron a registrarse enfermedades crónicas entre los pobladores y las adjudicaban a los diluyentes utilizados en la limpieza del crudo. A mediados de 2011 fue entregada a la Oficina de Protección de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adultez y la Familia de Comodoro una lista de niños que sufrían afecciones en la piel y las vías respiratorias. La dependencia convocó a autoridades del sistema de salud municipal y provincial, y al Foro Ambiental y Social de la Patagonia a integrar una mesa de trabajo.

 

“No hay una mirada desde el Estado sobre cómo impacta el derrame de petróleo en la salud de la población que está en contacto directo. Sí hubo una mirada hacia los pingüinos, porque no solamente hay una contaminación de la vida de ese animal sino que hay una contaminación visual. Pero en mí o en mis hijos el petróleo no va a dejar una contaminación visual, seguramente va a dejar una contaminación residual, que puede llegar a provocar un cáncer”. Rosa Montecino, vecina de Caleta Córdova.10

“Eran 18 niñitos con cuestiones respiratorias, alergias y cuadros dermatológicos varios. Cuando vinieron los vecinos a la Oficina de Derechos y Garantías empezamos a reunirnos con distintos profesionales para que nos dijeran qué pasaba. Lo que queríamos era que se hiciera un diagnóstico de esos chicos, pero no el Centro de Salud del barrio, dependiente de la Municipalidad, sino por un dermatólogo infantil. Logramos en ese momento que se acordara el traslado de esos chicos al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, que fueran vistos por un dermatólogo y un perito de parte. Habíamos acordado todo con la firma de la directora del Hospital. ¿Y qué pasó? Nos enteramos que hicieron ese traslado, revisaron a los chicos y no convocaron a la Oficina de Derechos y Garantías ni al perito de parte, y luego dijeron que no había ningún tipo de problema. Lamentablemente no pudimos avanzar de ahí.” Liliana Murgas, jubilada de la Oficina de Protección de Derechos y Garantías de Comodoro Rivadavia.11

 

Estos son algunos ejemplos de daños ambientales que tenían o podían tener impacto directo en la salud de la población, donde no eran pingüinos sino “personas empetroladas”, ninguno de ellos motivó dio lugar a investigaciones sobre la relación entre la actividad hidrocarburífera y las consecuencias sociosanitarias por la exposición crónica a ambientes tóxicos. A dos décadas de las primeras denuncias la invisibilización de estas problemáticas alimentan en la población de ciudades yacimiento percepciones sobre mayor prevalencia de cáncer o de las llamadas enfermedades poco frecuentes (EPF) respecto de otras regiones del país. Una percepción también instalada entre profesionales de la salud. Se crean territorios de incertidumbre, como sucede en Comodoro Rividavia y la vecina Caleta Olivia.12

 

Emergencia y muerte de la cuestión ambiental

Si bien afirmábamos que los daños y pasivos ambientales de la actividad petrolera han sido permanentemente invisibilizados desde diferentes instancias de gobierno (municipal, provincial y nacional); hay que subrayar que se han dado particulares momentos en que en el discurso estatal se asumen los impactos ambientales de la actividad petrolera. Lamentablemente todos tienen en común que fueron fugaces y, en la mayoría de los casos, la “cuestión ambiental” fue utilizada como variable de presión en negociaciones con operadoras privadas.

 

·         Neuquén, planes de diversificacion productiva

En 1997 Felipe Sapag, en su quinto y último gobierno, lanzó el Plan Neuquén 2020. La provincia atravesaba un escenario contradictorio, por un lado se habían consolidado los hidrocarburos como el sector dominante del PGB, el Neuquén Petrolero; por el otro, se registraba una baja del precio de barril de crudo, las reservas estaban en caída y se presagiaba un cercano “fin del petróleo”. Como telón de fondo, la alta conflictividad social producto de la implementación de políticas neoliberales de ajuste fiscal, tanto a nivel nacional y como subnacional. La alternativa que el Plan proponía era diversificar la matriz productiva, apostar fuertemente al desarrollo agroindustrial.

En ese proceso el Gobierno neuquino también advirtió, por primera vez, que la degradación del territorio por la explotación de hidrocarburos podía convertirse en un condicionante del desarrollo productivo. A esa conclusión había arribado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), convocado por el Ejecutivo provincial, tras evaluar los daños ambientales producidos por la actividad hidrocarburífera en Rincón de los Sauces, luego de una serie de derrames que habían afectado la cuenca del río Colorado. Los pasivos ambientales y económicos de tres áreas petroleras de Rincón de los Sauces, aproximadamente 555 mil hectáreas, fueron valuados en 949 millones pesos/dólares, eran años de paridad 1 a 1, que la Provincia reclamó sin suerte a las petroleras YPF, Pérez Companc y San Jorge13.

Una década más tarde, el primer avance del informe El riesgo de desastres en la planificación del territorio del PNUD, realizado en el marco del Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial del Ministerio de Planificación de Federal de la Nación, advertía:

“Los procesos de degradación que afectan la base productiva (sobre todo el recurso suelo) son de importancia central, si se tiene en cuenta que el modelo deseado territorial planteado por Neuquén propone un cambio en la matriz productiva, pasando de una economía basada en la actividad hidrocarburífera a otra más diversificada e integrada verticalmente, con predominio de la actividad agroindustrial. Este cambio también supone, hacia el futuro, una acción sobre los problemas de contaminación ligados a la explotación de hidrocarburos”.14

Diagnósticos similares fueron realizados por el Concejo de Planificación y Acción para el Desarrollo, organismo provincial.15

Sin embargo los planes de diversificación productiva y la preocupación por los procesos de degradación de los suelos perdieron lugar en las prioridades de la agenda gubernamental a medida que el potencial de yacimientos no convencionales de gas y petróleo adjudicado a Neuquén auspiciaba años de bonanza.

“Ese parece ser el destino de Neuquén [proveer de energía al país], marcado por una historia petrolera de un siglo y por oportunidades de sus cuantiosos recursos hidrocarburíferos, hidráulicos, eólicos, solares y de biomasa. Pueden plantearse otros derroteros, pero no han aparecido propuestas viables y sustentables, capaces de dar trabajo a quienes habitan y habitarán la provincia a la par de suministrar al país la energía que necesita para su desarrollo”, escribió el ingeniero y diputado provincial (2011-2019) Luis Sapag, en su libro Volver al Neuquén que viene, en pleno auge de Vaca Muerta (2013: 137-138).

La mejor síntesis del espíritu de euforia que embargaba (y embriagaba) a la clase dirigente local, hasta que la caída del precio de barril de crudo en 2014 los puso nuevamente en tierra.

 

·         Expropiación de YPF

Los pasivos ambientales acumulados por la actividad hidrocarburífera reaparecieron en la agenda pública en los años 2012/2013, como una variable de presión, en el período que va de la expropiación del 51% de la acciones de YPF a Repsol al cierre de la negociación con la petrolera española por el monto de la indemnización a pagar. En ese lapso, desde las mismas instancias del Estado que sistemáticamente habían negado los impactos de esta actividad extractiva se denunciaban los pasivos ambientales de la empresa, al tiempo que invisibilizaban sus responsabilidades. Dado que diferentes estamentos del Estado tienen por función controlar actividad y obligar a remediar daños, si había pasivos es porque los daños no habían sido remediados oportunamente.16

 

·         Vaca Muerta

Como advertíamos, al ponerse en marcha el proceso de legitimación de Vaca Muerta se desestimaron las advertencias en torno a la huella petrolera, los procesos de degradación de suelos y de agua advertidos por el PNUD en 1996 y 2010. En los planes de desarrollo estratégico de la región Vaca Muerta, elaborados por el Ministerio de Planificación Federal y los gobiernos de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa, no hay referencia al impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera. Tampoco se plantea como problemática la ampliación de la frontera petrolera sobre tierras dedicadas a la producción frutícola; la única objeción se refiere a la aceleración de los procesos de urbanización de esas tierras a partir de la explosión demográfica dinamizada por la explotación de yacimientos no convencionales.

Ante escenarios como estos se abona la desconfianza de la población sobre el compromiso de las autoridades estatales con el cuidado del ambiente. En tiempos de Vaca Muerta, plantear en Neuquén objeciones a la ampliación de la frontera petrolera, en sintonía con las advertencias hechas por el PNUD o el mismo COPADE, era considerado por el gobernador Jorge Sapag y la vicegobernadora Ana Pechén como campañas de terrorismo ambiental.17 No había lugar a criticar al fracking, en sintonía con los postulados de autoridades nacionales y representantes del sector empresarial, para el cual esta técnica acarrearía algo similar al “riesgo cero”.

 

Los discursos en torno a la pretendida inocuidad del fracking, la técnica aplicada para la explotación de yacimientos no convencionales, no son patrimonio de las autoridades argentinas sino que también los reproducen los gobiernos de Colombia y México, donde hay proyectos similares en puerta. Por el contrario, funcionarios del gobierno de Bolivia sostuvieron que de ninguna manera permitirían el aplicación de la técnica en su país porque constituia un atentado contra la Madre Tierra, mientras que técnicos del sistema de licenciamiento ambiental de Brasil también plantearon serias objeciones a la explotación de yacimientos no convencionales por el alto riesgo ambiental que esto implica; cabe aclarar que en estos dos países el fracking es un horizonte lejano.18

 

Anotaciones al margen

Anoche [4 oct.] el ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, afirmó que “el poder político siempre definió que lo principal era la producción y no la remediación de los pasivos”. Luego manifestó que el objetivo de fondo de la Ley de Pasivos, más dar respuesta a los daños ambientales, era evitar la caída de puestos de trabajo a partir de las obras de remediación.

Agulleiro además señaló que necesita de la participación ciudadana, y particularmente de los gremios, para monitorear la sustentabilidad de los proyectos hidrocarburíferos. Una declaración que puede ser tomada como una invitación al involucramiento de toda la sociedad en el cuidado del ambiente, o un reconocimiento de los límites de los controles que desde el Estado provincial pueden ejercer sobre la actividad.

El ministro también dejó de manifiesto que más allá de los marcos regulatorio, las buenas prácticas empresarias están determinadas por los costos. Lo sostuvo cuando se estaba debatiendo sobre el uso de agua dulce en las operaciones petroleras, el funcionario señaló que la garantía de que las petroleras no usan agua dulce en tareas de recuperación secundaria está dada no por la prohibición sino porque le resulta más económico usar agua de producción. Esta situación también fue subrayada por la concejal y responsable de la secretaría de la Mujer del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Sirley García: “Se recortan las normas de seguridad en tiempos de baja del precio del barril de petróleo para garantizar la rentabilidad”. También en su intervención reconocía “que no está internalizado en los trabajadores y la ciudadanía el derecho a un ambiente sano”; lo planteó como una asignatura pendiente de los gremios del sector.

 

A modo de cierre

Han pasado más de dos décadas desde la aparición de los pingüinos empetrolados y de las primeras denuncias de los pueblos empetrolados, y aún se siguen naturalizando los riesgos sanitarios a los que están expuestos tanto las poblaciones urbanas, campesinas e indígenas que conviven directamente con la actividad como también los trabajadores y trabajadoras del petróleo (quizá el sector más invisibilizado) y la Naturaleza no humana. En el presente aún no hay condiciones para que se dé un debate honesto sobre petróleo y medioambiente, debemos seguir trabajando para alcanzar ese escenario.

* Periodista e investigador del OPSur. Este artículo fue pensado como apunte para intervenir en la mesa Petróleo y protección ambiental, en el marco del Taller Internacional Recursos naturales y desarrollo local: Sostenibilidad, cohesión social y resiliencia, organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de Kassel. Comodoro Rivadavia, 3 al 5 de octubre de 2017.

Notas: (...)

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2017/10/12/petroleo-y-medioambiente-el-caso-de-argentina/

 

 

Solidarizarnos es dejar de silenciar e invisibilizar que no hay democracia si se naturaliza no sólo la desaparición forzada de comunidades campesinas e indígenas sino también la condición de periféricas de la mayoría de las provincias y sus neofeudos en torno a la transnacionalización o neocolonialismo de Argentina. Es perentorio que discutamos, abajo y a la izquierda, el funcionamiento capitalista de esas provincias en nexo con el Estado nacional. No podemos aceptar que se mantenga la impunidad sobre la trata, la esclavitud, la desaparición forzada, el narcotráfico, las redes de prostitución. Que Tartagal rica en petróleo, gas y explotación maderera expulse a los originarios, los fuerce a emigrar para sobrevivir. Examinemos cómo singulares rupturas con lo establecido pueden ayudar al Nunca Más integral:

 

 

Daniel Solano, un desaparecido por cuestionar esta época

27 de junio de 2013

 

Durante la última dictadura cívico-militar-religiosa las desapariciones estaban vinculadas, en general, a la lucha por un mundo mejor; hoy, la metodología se da más de lo que creemos, pero las causas pueden variar. El caso de Daniel Solano abarca todos los delitos que solemos tratar y denunciar desde los medios alternativos, populares y comunitarios: desaparición de personas, trabajo esclavo, trata de personas, connivencia policial, empresarial, judicial y política, desprecio a comunidades originarias y a inmigrantes. La lista sigue. Dialogamos con Sergio Heredia, abogado de la familia de Solano, quien hizo un pormenorizado relato de los alcances que tiene la historia de un joven salteño de 27 años que viajó al sur del país, tal como lo había hecho en otras oportunidades, a trabajar temporalmente en la cosecha de manzanas y pretendió reclamar el pago del sueldo que le correspondía y la empresa acostumbraba a quedarse para sí.

Por La Retaguardia

Daniel Francisco Solano, miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta, había viajado en octubre de 2011 desde su Tartagal natal, al norte de la provincia de Salta, hacia la zona de Valle Medio de Río Negro, para trabajar en forma temporaria, es decir como trabajador golondrina, en la cosecha de manzanas en el establecimiento de la multinacional Expofrut, ubicado en la localidad de Lamarque, a través de la empresa tercerizadora Agro Cosecha SRL. Un mes después, en la madrugada del 5 de noviembre, fue visto por última vez mientras era sacado del boliche Macuba, de Choele Choel -paradójicamente, el sitio donde nació Rodolfo Walsh-, por la policía de la comisaría octava que se encontraba haciendo adicionales. Desde ese momento permanece desaparecido.

En un principio, la propia empresa para la que trabajaba Solano le puso a su padre dos abogados, que lo único que hicieron fue desviar la investigación al asegurar que el joven había viajado por su propia decisión a Neuquén, dejando en evidencia el interés del empleador en que no se supiera la verdad, ya que era uno de los victimarios. Al padre le llegaron a dar la ropa y los documentos de su hijo, diciéndole que lo fuera a buscar o que directamente se volviera a su Salta natal. Ante esta situación, los integrantes de la comunidad de Misión Cherenta se acercaron a Sergio Heredia, un tradicional abogado de Tartagal, “amigo de la comunidad” tal como él mismo se definió, quien aceptó hacerse cargo del caso y dirigirse a Río Negro, provincia en la que vive desde hace dieciocho meses. Lo primero que hizo el letrado al llegar a Lamarque fue anunciar la muerte de Solano y ponerse a investigar, junto a su colega de Bahía Blanca, Leonardo Aparicio, para encontrarse con un complejo entramado de muerte, explotación, mentiras, estafas y complicidades. “No solamente descubrimos que a Solano lo mata la policía, sino que también descubrimos un encubrimiento judicial, policial, empresarial –explicó Heredia a La Retaguardia–, porque a Solano lo matan para encubrir una gran estafa de los últimos cuatro años contra cientos de trabajadores norteños, que más o menos oscila entre los 18 millones de pesos.

Ese día lunes (el siguiente a su desaparición), no es que Solano iba a hacer un paro o una protesta gremial, él era un chico con estudios secundarios, muy preparado, y se da cuenta que los estaban estafando y que había que pedir el reintegro de lo que les estaban haciendo. En vez de darles los 3000 pesos que les tenían que dar, les pagaban 1000. Solano ese primer mes cobró 860 pesos”. Según detalló Heredia, la empresa Expofrut llevaba una planilla de los trabajadores, por lo que si, por ejemplo, Solano había trabajado diez días a un jornal de 100 pesos, Expofrut le decía a la tercerizadora Agro Cosecha que le mandaba los 1000 pesos que le tenía que pagar a Solano, además de 700 pesos más para pagar los aportes. Pero Agro Cosecha tomaba los 1000 de Solano y establecía que había trabajado seis jornales en lugar de diez, entonces le daba 600 pesos de los 1000 que le correspondían, utilizando los 400 restantes para pagar los aportes, quedándose para sí los otros 700: “pero para poder hacer esta estafa –aclaró Heredia– tenía que traer a los aborígenes, que venían desde Tartagal, de la zona pobre, los hacinaban en casas, bajo custodia policial, iban a cobrar con siete efectivos atrás; y tenía que tener a la otra parte de la banda que era la asesoría de trabajo local. Cuando yo llegué, un anónimo me pasó los libros de la empresa y me di cuenta de que estaba ante una estafa. Entonces empezamos a investigar las dos cosas. Estoy por presentar ahora más de quince mil fojas, porque me he tomado el trabajo de cotejar el recibo de cada obrero norteño de los últimos cuatro años con cada planilla.

A Solano en doce meses, la empresa le hizo 33.000 pesos; si se multiplica cien Solano en doce meses son 3 millones. Solano se da cuenta que lo están estafando. Él habla con su padre, porque compra un celular esa tarde, y le dice que el lunes iban a pedir el reintegro. Si había un escándalo, la empresa no iba a poder facturar más de 1 millón; entonces deciden matarlo. Porque ellos firmaron un contrato que decía que si tenían problema con la policía o la justicia eran despedidos. Los trabajadores eran cooptados a partir de un sistema en el que cuando llegaban, les daban 50 pesos para que coman toda la semana, por lo que tenían que ir a sacar crédito a la despensa, los hacían endeudarse con ropa entonces cuando el aborigen que venía a trabajar por tres meses cuando iba a cobrar le decían que tenía que cobrar 1000 pesos en lugar de los 3000 mil prometidos, pero no se quejaba porque tenía la policía arriba que los golpeaba. Era toda una mafia hecha por la policía, la empresa y la Secretaría de Trabajo local”. Así es como Heredia descubrió que quienes mandaron a matar a Solano eran los dueños de la empresa: “a Solano no se lo saca del boliche porque estaba borrachito; fue un plan. Lo fue a buscar un equipo parapolicial. Todo se logra encubrir, toda la cúpula policial encubrió. Uno de los policías que hoy está preso fue el que comandó la investigación en un principio. Se hace un encubrimiento perfecto hasta que llegamos nosotros”.

A esta red además se suma la trama judicial, ya que por ejemplo a los dos días de efectuada la denuncia por desaparición, se hizo un rastrillaje en el balneario Isla 92, donde se cree que mataron a Solano, a cien metros del boliche: “van setenta obreros porque querían parar la empresa, pero para que no la paren arman una parodia. Dos obreros de una comunidad guaraní que está cerca de Tartagal encuentran la billetera de Solano. Cuando yo me entero voy a Salta a buscarlos, los encuentro, tenía que traerlos, nadie nos ayudaba, gasté dinero de mi bolsillo para traerlos en colectivo. Hemos descubierto entonces que en ese rastrillaje se encontró una zapatilla y la billetera, la policía reconoció que estos elementos desaparecieron. Le dije a la jueza que le había traído los testigos que dicen haber encontrado la billetera de Solano, que sabemos que vino la policía y guardó la billetera en una bolsita, pero ahora no está el acta del rastrillaje ni la billetera”, afirmó Heredia. “A los treinta días de que llegué, denuncié a treinta y cuatro personas, entre los que hay veintidós imputados que son policías y siete están actualmente detenidos. Y ahora vemos que hay encubrimiento con los civiles, porque si yo estoy diciendo que hay una asociación ilícita que mandó a matar tendrían que estar presos. El problema que tenemos es que la primera jueza, Marisa Bosco, se inhibió, renunció y no le aceptaron la renuncia; hoy está con juicio político. Además, su cuñado había sido gerente de la empresa. Después pasó un juez que es el que detuvo a los efectivos, que se llama Soto. Ahora pasamos a una tercera jueza que se llama Natalia Constanzo, y el gran problema que tenemos es que una de las abogadas puestas en un principio por la empresa a los Solano, que era asesora legal de la secretaría de trabajo de Lamarque, es prima hermana de esta jueza. Entonces se sigue encubriendo todo, y la idea es desgastarnos para que nos vayamos y esto quede en la nada. Después irán a soltar a los policías pero eso no lo vamos a permitir. Este es un caso más grande de los más grandes casos de la Argentina porque encubre todo, encubre explotación, justicia corrupta, política corrupta, intendentes”.

Un encubrimiento que llega hasta la misma provincia de Salta, ya que antes de viajar a Río Negro en noviembre de 2011, el papá de Daniel hizo una denuncia por la desaparición de su hijo en la comisaría 45 de Tartagal, que fue robada falsificando los libros de la dependencia policial, según denunció Heredia a La Retaguardia. Actualmente, el papá de Daniel, su hermano Pablo, su hermana Maira y una sobrina de nombre Romina están acampando desde hace meses frente al juzgado de Río Negro reclamando justicia. Una protesta que hace un año, por ejemplo, incluyó una huelga de hambre por parte de los familiares.

En tanto, Sergio Heredia trabaja e investiga quince horas diarias en un local prestado por la iglesia, algo que se notó en cada oración que dijo durante la entrevista con La Retaguardia, en la que brindó un dato, una prueba que da cuenta del encubrimiento existente en esta causa y en la desesperación que tienen los protagonistas por el peligro de que el caso de Solano quede impune. Por ejemplo, el abogado contó que dos días después de realizada la denuncia por la desaparición, un testigo dijo haber visto al joven salteño en un bar: “ese testigo se llama Paulino Rivera, es un boliviano que es el explotador y tratante de personas de una estancia que se llama ‘Estancia Negro Muerto’, donde se hacinan paraguayos y bolivianos. Ahí desapareció Pedro Cabaña Cuba. Este caso ya está toda la elevación impositiva en la justicia federal de Roca. Cuando yo llegué el expediente tenía doscientas fojas y hoy tiene cuarenta cuerpos, ocho mil fojas”. Efectivamente, en el marco de la investigación de la desaparición de Solano, Heredia descubrió otras muertes dentro de la misma causa, entre ellas las del paraguayo Pedro Cabaña Cuba y la del jujeño Héctor Villagrande: “empieza a salir a flote en el caso Solano todo lo que significa la trata de personas, la explotación. Es por eso que nosotros ahora estamos aislados, solos, no nos apoya nadie. Yo trabajo en una iglesia, la familia vive en carpas frente al Juzgado, y acá está haciendo -7 grados en este momento. Y seguimos trabajando, yo he dado a conocer hace unos días que el cuerpo de Solano se encontraría enterrado en la comisaría octava, en base a una investigación que hice y nadie dice nada. Se pidió ayuda a la nación y tampoco nos la ofrecieron. En marzo vino un equipo del canal de televisión Telefé e hizo un informe. Estuvieron tres días trabajando, les dimos todo y nunca pasaron el material porque hay mucha plata, son multinacionales y no pueden tener tres desaparecidos en democracia. Y ya ha aparecido un cuerpo en Conesa, al que le faltaban las manos y los pies, apareció otro en Beltrán, y dos cerca del boliche. Cuatro cuerpos, y esa noticia no se conoce en la Argentina, lo que es increíble”, se indigna el abogado.

Tal como lo dijo apenas llegó a Río Negro hace dieciocho meses, Heredia está convencido de que Solano está muerto, y parte de su tarea es poder encontrar su cuerpo, que es la prueba que falta en todo este entramado. “Uno de los asesinos se llama Sandro Berthe –relató el letrado–; este policía estaba separado de sus funciones por una condena de dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación por volarle los dientes a un ciudadano en Macuba. La policía de Río Negro lo habilitó a los dos años y lo puso a hacer trabajo de albañilería en la comisaría octava, por eso es que nosotros creemos que el cuerpo de Solano está enterrado ahí, porque estaba haciendo trabajo de albañil y habían cambiado todos los pisos. Ese mismo policía hacía adicionales. Y cuando dejó de ser albañil, la jueza Bosco lo nombró jefe de una brigada de investigación trucha, que ahora figura en el expediente que esa brigada nunca existió. Su hija, también policía, en marzo del año pasado torturó a un menor con picana en la Comisaría de Beltrán; está suspendida en sus funciones y tiene fallo firme en la cámara penal por tortura con picana”, amplió Heredia. Berthe además fue el policía a cargo de la investigación por la desaparición del trabajador paraguayo Cabaña Cuba, en cuyo expediente se informa que se había ido de viaje, el mismo eufemismo que en el caso Solano.

“Hace unos días descubrí que en la unidad regional –continuó Heredia en diálogo con La Retaguardia–, que es donde se comanda a todas las comisarías de la zona, vivió en una casa rodante durante diez años en el patio de la regional, un señor que hacía pozos de agua. Y resulta que este Sandro Berthe mientras estuvo suspendido en la policía trabajó con este hombre... Y yo le dije al fiscal, que comía asados con los policías, que cómo podía ser posible que nadie haya tomado en cuenta este detalle, o sea que Solano puede estar en un pozo de agua de la Patagonia. Aquí todos saben lo que pasó, pero nadie quiere hablar”. Una demostración de esto último es una situación que vivió el propio Heredia, que de no estar contada en este marco de impunidad hasta podría creerse sacada de una comedia negra: “el otro día fuimos a buscar el cuerpo de Solano en un puente. Estábamos con la Brigada de Criminalística y vimos sangre. Entonces les pido que saquen una foto y me dicen que se les acabó la pila de la máquina... Le muestro que un perro está marcando algo y me responden que lo que pasa es que está contento...”.

En este sentido, Heredia explicó que todos los efectivos que aún se encuentran libres se dedican a plantar pistas falsas para demorar o impedir el avance de la causa. Ocurre que tal como lo señaló el letrado, este es un caso que desenmascara muchos delitos como la venta de droga que lleva adelante la propia policía dentro del boliche Macuba, donde además hay chicas en situación de trata que las hacen prostituirse allí. En diálogo con La Retaguardia, Heredia manifestó que a pesar de no ser un abogado penalista, entendió desde un principio el alcance de los hechos ocurridos en Río Negro, por lo que aún antes de viajar resolvió que debía filmar absolutamente todo lo que pasara incluso desde su salida de Tartagal: “muchas de esas filmaciones se empezaron a subir a internet, sobre todo las filmaciones de la violencia policial, de la trata, la esclavitud, la discriminación y esa es la gran conmoción que produce porque esto era una cloaca que se mantenía tapada, donde todos sabían cómo estaban los aborígenes. Y la indiferencia también es de Salta, de todo el mundo. A Solano viene una empresa de Tartagal a Río Negro que se llama El Tucumanito, atraviesan más de medio país, y en el expediente ya está probado que es trucha.

Entonces, ¿cómo hacen para atravesar medio país con los controles provinciales? Con todas estas filmaciones de más de un año y pico, a fin de mes vamos a dar a conocer un documental que se llama ‘Diario de una causa’. Lo estamos haciendo con gente de Buenos Aires también pagado por nosotros, para que en la Argentina se conozca todo esto”. Desde ya el objetivo del documental no es comercial, sino que la intención es que pueda ser debatido en universidades y organismos de todo el país, para que se difunda lo que está sucediendo en la provincia de Río Negro. Ante el alcance de las denuncias que viene realizando, desde La Retaguardia se le consultó a Heredia si tenía miedo. Al respecto, contestó: “yo le dije al juez federal que calculo que en no más de quince días me van a matar; él ofreció sacarme y le dije que no. También me pusieron custodia de la policía provincial, pero lo hicieron para saber lo que hacía. Estaba custodiado las 24 horas pero dije que no, porque si me va a pasar algo no quiero esta policía, por eso es que nosotros hemos hecho esta película: todo mi trabajo está documentado. Ya hay denuncias de personas que han sido contratadas para hacerme daño. Pero yo a la comunidad en Tartagal lo único que le di fue mi palabra, dije que yo no iba a volver hasta no regresar a esta familia Solano con su hijo, y lo único que tiene un abogado es su palabra.

La familia Solano y yo hemos renunciado a cualquier tipo de indemnización de la policía y del Estado, y yo le he dicho al gobernador de Río Negro que todo lo que le corresponda a Solano sea donado al Hospital de Choele. Lo único que queremos nosotros es el cuerpo, y volver a Tartagal con esta familia, que están bajo mi responsabilidad”. El caso Daniel Solano deja en evidencia todas las miserias de los distintos sectores involucrados, las empresas que explotan, estafan y mandan a matar, la policía que ejecuta, el Estado y la justicia cómplices que encubren. Todos protagonistas necesarios para que la impunidad siga siendo pieza fundamental de un sistema cruel, que huele tan mal porque tiene todos los olores hediondos de esta nueva época.

Fuente: http://anred.org/spip.php?article6294

 

Solidarizarnos es incorporarnos a la lucha de organizaciones como: "Las agrupaciones sociales, aglutinadas en la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, presentaron elementos para que se incluyan en el nuevo acuerdo". Porque, en Argentina, la politiquería de ambos bandos de la gobernabilidad no sólo nos aleja de la lógica de nuestra situación en el sistema mundo capitalista sino sobre todo de asumir el internacionalismo subversivo del orden en acuerdo con los oligopolios imperialistas que constituyen, además, nuestro opresor poder económico o real.

 

 

 

Conferencia de prensa y acción contra los muros en la apertura de la semana de movilizaciones en Ginebra

Tratado legal sobre transnacionales y derechos humanos

30 de octubre de 2017

 

Por Radio Mundo Real, Karin Nansen (CADTM)

Cientos de organizaciones y movimientos sociales reclamaron este lunes en Ginebra (Suiza) que los países se comprometan y realicen avances sustanciales en el proceso de negociaciones de Naciones Unidas (ONU) hacia un tratado vinculante sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos.

Las agrupaciones sociales, aglutinadas en la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, presentaron elementos para que se incluyan en el nuevo acuerdo.

Lo hicieron en una conferencia de prensa y acción en la Plaza de las Naciones de Ginebra, frente al Palacio de las Naciones, sede del Consejo de Derechos Humanos de ONU donde hoy un Grupo de Trabajo Intergubernamental de ese Consejo inició la tercera ronda de negociaciones para la adopción del nuevo tratado legal.

Entrevistamos a Karin Nansen, presidente de Amigos de la Tierra Internacional, parte de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, luego de la conferencia de prensa y acción de esta mañana.

Para información actualizada sobre la Semana de Movilización, consulta la página:www.stopcorporateimpunity.org

http://www.cadtm.org/Tratado-legal-sobre

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233412

 

 

Solidarizarnos es aprender que: La participación ha de desarrollarse tanto en los territorios como en los distintos sectores sociales, de abajo hacia arriba, en un proceso ascendente de sistematización y síntesis, que formule los cambios básicos urgentes, para cimentar las bases de un acuerdo de paz, que lleve a Colombia a una mejor situación de soberanía, democracia y justicia social”. Analicemos el proyecto siguiente en Colombia bajo terrorismo estatal y paraestatal  para distanciarnos de lo que sucede en Argentina donde ambos bandos de la gobernabilidad, e independientes de esa dicotomía, enfocan las mesas de diálogo como única vía de solución a los conflictos sin reparar que los mismos están insertos en la cuarta guerra del capitalismo contra la humanidad.

 


 

Participación para decidir los rumbos del país

1 de noviembre de 2017

 

Por Revista Insurrección

 

 

Estamos por la solución política; pero que ella se logre no depende tanto de nosotros, sino de la conducta que asuman las elites dominantes en el país y de los Estados Unidos. Si ellos, dejan de utilizar la violencia en la lucha política contra las opciones alternativas y no se atraviesan a los cambios, se logrará un acuerdo de paz y el país podrá transitar por otros caminos.

Un acuerdo de paz no es tema exclusivo entre la guerrilla y el gobierno. En este proceso de paz, buscamos que participe de manera activa la sociedad, en especial, los que históricamente no han tenido voz y siempre han estado excluidos de las decisiones básicas sobre los rumbos del país.

Escuchando a distintos sectores y organizaciones sociales, nos hemos hecho a estas ideas sobre la participación, las que esperamos enriquecer y consensuar con los aportes de ustedes:

Participar es decidir. Lo que ustedes expresen en las instancias de participación, ha de tener incidencia real en las políticas públicas y en las decisiones del Estado. 

Para que la sociedad participe, se requieren garantías. En un clima de persecución, terror paramilitar, asesinato de lideres sociales, amedrentamiento a las fuerzas alternativas, criminalización y represión a la protesta social, es muy difícil la participación amplia y libre. En estas condiciones no son muchos, los que se atreven a participar.


La participación ha de desarrollarse tanto en los territorios como en los distintos sectores sociales, de abajo hacia arriba, en un proceso ascendente de sistematización y síntesis, que formule los cambios básicos urgentes, para cimentar las bases de un acuerdo de paz, que lleve a Colombia a una mejor situación de soberanía, democracia y justicia social.

El componente que jalone y encabece el proceso de participación, es la misma sociedad, en especial las organizaciones sociales y procesos que impulsan la participación hacia la paz; contando con garantías, independencia del régimen, un manejo autónomo de los recursos aportados por el Estado y la cooperación internacional. De gran utilidad sería que estas Audiencias esbozaran la composición, una amplia representatividad y el liderazgo de este componente.

Estas Audiencias Preparatorias apenas son la cuota inicial de la participación que ha de desarrollarse en el país. Para que sea equilibrada y en igualdad, ha de contar con la presencia directa de las dos partes de la Mesa, porque en la Agenda la participación está concebida como parte vital de la misma y no como algo para después.

Los temas preferenciales a desarrollar en este proceso de participación que hoy inicia, son los concernientes a la “democracia para la paz”, las “transformaciones para la paz”, los derechos de las víctimas, como la verdad y la no repetición; y todos los que la gente considere pertinentes, en las distintas instancias de la participación.

Los tiempos estarán dados por lo que demande la amplitud de la participación, la cobertura, las temáticas a abordar, las garantías y las condiciones y facilidades que brinde el Estado.

La amplitud, representatividad e incidencia de la participación de la sociedad en este proceso de conversaciones y en el curso del país, tendrá que ser conquistada por la misma sociedad y en especial por las fuerzas alternativas y el movimiento social y popular.

Les deseamos muchos éxitos, aciertos y conquistas en estas Audiencias. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233507

 

 

Solidarizarnos con los pueblos del continente y el mundo nos permite adelantarnos a cómo avanza el capitalismo para garantizar los súper negocios de las transnacionales y sus socios locales. Es no entramparse en procurar otro gobierno representante del sistema. Pese a disentir en el enfoque de Orozco sobre  las fuerzas armadas al verlas sostenidas por el poder económico e imperialista y garantes de establecer el orden capitalista local del mundial,  reflexionemos sobre:

 

 

Estado de excepción... la militarización de México

6 de diciembre de 2017

 

Por Ricardo Orozco (Rebelión)

I

Uno de los principales mitos del funcionamiento del sistema político mexicano menos cuestionado afirma que las instituciones militares nacionales (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) son entidades por completo abstraídas del funcionamiento general de aquel; esto es, instancias real y verdaderamente aisladas de los causes de la política en sus órdenes federal, estatal y municipal. Gran parte de la naturaleza mítica de esta creencia, y de su incuestionable verdad, por supuesto, se debe al hecho de que una y otra tienen su origen en la historia del partido hegemónico (ya como Partido Revolucionario Institucional), y en las prácticas simbióticas de éste con el andamiaje estatal. 

Y lo cierto es que aunque el 68 mexicano y la sistemática eliminación de las poblaciones originarias del país, por un lado; tanto como la guerra en contra del narcotráfico, en tiempos más recientes, por el otro; dan cuenta del poder efectivo que las corporaciones castrenses ejercen en la determinación del desarrollo de vida social cotidiana de los mexicanos; los recuerdos de la supresión del sector militar de la estructura interna del partido y de la consolidación del carácter civil de los funcionarios en cargos de elección popular, en conjunto con una narrativa estable construida alrededor de dichas instituciones como representativas de las glorias de la independencia nacional, del rechazo a la intervención extranjera, de la forja y la herencia de la revolución y de la ayuda ante contingencias humanitarias; son lo suficientemente sólidos como para objetivar al nacionalismo más dogmático e intransigente en el culto a la figura del marino y del militar como personificación de la lealtad, el honor, el valor y la gloria de una nación. 

En este sentido, aunque gran parte del mito se articula alrededor de una lógica en la que si el ejército y la marina no tienen presencia pública, ni incide en los procesos de toma de decisiones (fuera de sus ámbitos de competencia en materias de seguridad y defensa) de manera institucional, es porque las instancias castrenses del Estado, en realidad, no cuentan con ningún poder real sobre la manera en la que se gobierna a la sociedad. Es decir, en esta manera de comprender el papel de las fuerzas armadas, éstas son relativas sólo en la medida en que, por un lado, tienen presencia pública; y por el otro, su participación a nivel gubernamental es cualitativa y, sobre todo, cuantitativamente, superior a los niveles que los asuntos de seguridad y defensa requieren. Por supuesto, comprender así a las instituciones militares —de México o de cualquier otro Estado— pierde de vista que de todas las instituciones formalmente constitutivas del andamiaje gubernamental, en particular; estatal, en general; son éstas las únicas que cuentan con las capacidades y las potencialidades estratégicas, tácticas y operativas suficientes como para derribar, ocupar, alterar, bloquear, cambiar y (re)fundar no sólo los órdenes institucionales vigentes, sino el conjunto de los elementos sobre los cuales se fundamenta la estatalidad en cuestión; sin la necesidad de contar con un mandato jurídico establecido o de la aceptación poblacional. 

No es azaroso, por lo anterior, que ante cada renovación del andamiaje gubernamental, ya sea en periodo electoral o post-toma de posesión, uno de los primeros elementos de legitimidad y aceptación que se busca obtener o ratificar, sea el de la adhesión de las fuerzas armadas al proyecto de gobierno en cuestión. Y es que,en el fondo de esa aceptación por parte de las entidades castrenses, lo que los gobiernos civiles buscan es afianzarse para sí y su proyecto gubernamental la certeza de que su administración no se encontrará con ningún tipo de resistencia armada, pero no sólo, pues también es importante afirmar la idea de que luego de su investidura sus personas no serán agredidas y sus administraciones no serán depuestas por un Golpe de Estado —piénsese en la historia de América Latina, de la década de los años cuarenta hacia adelante, para ilustrar estas palabras. 

Ahora bien, si se comprende que el ejercicio de poder de las fuerzas armadas, su capacidad de determinar políticas exteriores y públicas, programas de gobierno y agendas administrativas, etc., no se encuentran en la cobertura mediática que ésta recibe en el día a día, ni en su participación en eventos públicos y gubernamentales o en asuntos de otras instancias constitutivas del Estado, sino en sus probabilidades reales de tomar el control directo de esas otras instancias y de hacer valer su propia racionalidad sobre el funcionamiento del Estado-nacional en cuestión, se tiene que lo profundo de la participación de los efectivos militares en las tareas seguridad propias de las corporaciones civiles, así como el marco legal sobre el cual aquellos fundamenten su actuar incrementarán las potencialidades de la milicia por encima de los controles civiles. 

Un sexenio de guerra en contra del narcotráfico: con un amplio y penetrante despliegue de gran parte de las capacidades estratégicas, tácticas y operativas del ejército, la fuerza aérea y la marina en el espacio público, sustituyendo a las corporaciones civiles en materia de seguridad, multiplicando el financiamiento que reciben año con año, mejorando su poder de fuego cuantitativa y cualitativamente, disponiendo de mayor infraestructura y recursos administrativos, etc.; por ejemplo, es uno de esos eventos por medio de los cuales las entidades castrenses tienden a exponenciar no sólo sus márgenes de maniobra en cuanto tales, sino la magnitud del ejercicio de poder que de manera efectiva ejercen sobre los órdenes de gobierno que ocupan. 

Por este motivo, teniendo como marco contextual la continuidad que el gobierno de Enrique Peña Nieto dio a la política antinarcóticos de Felipe Calderón y Vicente Fox, los recientes eventos en torno de la aprobación de una Ley de Seguridad Interior no es un asunto menor, pero sí, un asunto de militarización legal, institucionalmente legitimada, de toda una sociedad. Porque aunque los intentos por discutir a dicha legislación como una antítesis de cualquier noción que se aproxime a las experiencias de Pinochet, en Chile; de Banzer, en Bolivia; de Stroessner, en Paraguay; de Videla, en Argentina; de Bordaberry, en Uruguay; de Castelo Branco, en Brasil, etc.,
habida cuenta de que la Ley otorgaría a las fuerzas armadas un marco normativo que legitime y garantice la legalidad de sus actos, lo cierto es que tanto por los actos hasta ahora cometidos por efectivos militares como por el contenido de la propia legislación lo que se está poniendo en juego es el grado de determinación que el fenómeno de la guerra contra el narco —y no la pura presencia de la milicia en las calles, per se— tendrá en la cotidianidad de la vida de los mexicanos. 


En este sentido, la primera noción que se debe rechazar como sentido común explicativo del fenómeno que se encuentra en curso en el proceso de aprobación de la Ley es que militarización no es sinónimo de dictadura militar —entendiendo a esta última noción en los términos en que se usa para designar a los gobiernos latinoamericanos arriba mencionados. Es decir, para argumentar que en México se está instaurando un régimen militarizado no es preciso que en el gobierno federal se instaure a una personalidad como la de Pinochet o la de Stroessner, porque la realidad es que el elemento que funda y define a un régimen de militarización de la vida en sociedad no es tanto la personalidad a cargo de las principales magistraturas del Estado, sino el tipo de relaciones sociales que se introducen y sostienen a partir del despliegue sí de los efectivos castrenses, pero también, y sobre todo, de su particular racionalización. 

Un dato que no se debe perder de vista, por lo anterior —y al margen del hecho de que desde 2012 cada entidad de la república mantiene, en algún grado, las estructuras propias de los operativos conjuntos (piedra de toque de la estrategia de despliegue militar de Felipe Calderón) como base de apoyo para las tareas de inteligencia, seguridad y defensa en contra de la delincuencia—, es que aunque las corporaciones estatales de policía de las treinta y dos entidades federativas se encuentran comandadas por efectivos militares (en activo o retirados de la milicia), no es la presencia del efectivo al frente de la institución lo que funda el régimen de militarización, sino la forma en la que los diversos actores del cuerpo social se relacionan entre sí a partir de un particular disciplinamiento territorial, espacial, temporal, social, administrativo, etc., de corte militar. 

Y es que, a la comandancia de policías civiles por parte de efectivos castrenses se deben sumar, por lo menos, tres rasgos más para comprender el punto de la militarización en curso en México: a) que luego de la purga emprendida por Felipe Calderón en las policías estatales y municipales (continuada por Enrique Peña Nieto, también), los vacíos que se formaron fueron rellenados por la trasferencia de soldados y marinos a esas instancias para desempeñarse como policías estatales y municipales; b) el modelo de entrenamiento, en sus niveles estratégico, táctico y operativo, de las instituciones de seguridad pública, en general, se mantiene bajo el esquema de profesionalización militar; es decir, bajo los lineamientos dentro de los cuales entrenan las propias fuerzas armadas; c) hasta 2015, las treinta y dos legislaciones locales en la materia (así como la federal) se modificaron para sincronizarse con las demandas del combate directo y armado a la delincuencia organizada. 


Es decir, tomando los tres elementos anteriores en su conjunto es posible observar que ya está en operaciones una racionalidad, una lógica y una legalidad propias de la manera de proceder de las milicias en materia de inteligencia, seguridad y defensa. Y aquí, aunque es cierto que la profundidad de estos cambios no es tan homogénea, generalizada ni profunda para cada uno de los casos en los que se despliegan, también lo es que este esquema es apenas una parte que se conjunta con una saturación conformada por la copresencia de marinos, soldados, gendarmes, policías federales, grupos paramilitares, sicarios, etc., esto es, la militarización del país no se está efectuando sólo por un frente, sino por varios. 

Discutir si fue primero la delincuencia organizada en sicariato o si lo fue la salida de los militares de sus cuarteles rebasa la presente argumentación, sin embargo, lo que queda claro es que la relación que existe entre uno y otro lado de la ecuación es recíproca, y cada año se va profundizando y escalando en términos cualitativos y cuantitativos; toda vez que un incremento de elementos o una mejora en su potencia de fuego o en su organización operacional supone el imperativo de compensar y rebasar en el otro lado. De aquí que los niveles de violencia desplegados por el ejército siempre se corresponden con un incremento de parte de los sicarios, y viceversa. Ahora bien, ¿si la militarización del país ya se había echado a andar desde los sexenios panistas en la presidencia de la república, qué diferencia o elemento nuevo se supone que introduce la legislación en proceso de aprobación? ¿No daría lo mismo que se apruebe o que todo se quede tal y como está si, después de todo, el contenido de la ley ya ocurre de facto? La cuestión con la Ley de Seguridad Interior es que su contenido potencia lo que ya se está dando en la cotidianidad, y sin que se cuente, en este momento, con un marco jurídico. El dictamen general de ciertos sectores de la sociedad, en tal línea de ideas, es, por tanto, el que aquí también se suscribe:
el peligro es la legitimación del Estado de Excepción actual. 
* Esta es la primera de una serie de columnas dedicadas el análisis de dicha Ley. Una vez discutidos los términos de la militarización, desentrañar los contenidos de la norma es lo fundamental. 
Publicado originalmente en: https://columnamx.blogspot.mx/2017/12/estado-de-excepcion-la-militarizacion.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234989

 

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Estado de excepción... Seguridad Nacional: última ratio

12 de diciembre de 2017

 

Por Ricardo Orozco (Rebelión)

II

Si se parte de comprender, por un lado, que el elemento sobre el cual se funda la militarización de cualquier sociedad es el de introducir a los individuos que la componen en un marco relacional dominado por una racionalidad, una lógica, de tipo castrense; y por el otro, que todo corpus normativo, legal, es una síntesis de una particular manera de razonar la realidad, de organizarla, construirla y comprenderla; la primera consecuencia analítica que se obtiene es que si bien los procesos de militarización de la vida en sociedad no requieren de leyes o constituciones a modo, una vez que éstas existen —ya como mandatos constitucionales, como leyes generales o reglamentarias—, el desplazamiento que se produce no es el de una simple sustitución de lo fáctico por lo legal y lo legítimo, sino el de la fundación de un estado de excepción permanente.

En este sentido, a lo que se punta con denominar a un cuerpo social como sociedad militarizada —teniendo como fundamento de dicha militarización el despliegue, en distintas escalas espaciales y temporales, y a través de diferentes dispositivos de poder, una racionalidad específica, privativa, de las fuerzas armadas—, es al reconocimiento de que la forma y el sentido organizativos de las relaciones sociales, de las pautas de convivencia cotidianas entre sujetos individuales y colectivos se encuentran dominados, colonizados, por rasgos que, como generalidad (abstracta) no se encuentran en el desarrollo civil de dicha socialidad.

Es decir, así como la organización y el sentido de las relaciones sociales en una población en la que se privilegian la equidad entre los géneros y la aceptación de la diversidad en el ejercicio de la sexualidad de los individuos no son los mismos que en aquellas colectividades en las que un género se subordina a otro y el desarrollo de la sexualidad se da en términos estrictamente hetero; así también el sentido y la forma organizacional de una sociedad en la que las nociones de seguridad se encuentran articuladas a la idea de construir y eliminar enemigos no son los mismos que los de aquellas en las que los objetivos de la seguridad no constituyen Otredades. Y es que no únicamente las maneras de comprender la problemática en cada uno de los polos son divergentes, sino que, además, sus procesos de construcción, las corrientes discursivas que los estructuran, los canales de poder que se emplean para abordarlo y los medios por los cuales circulan no son los mismos.

Ahora bien, identificar estas diferencias entre las distintas lógicas, racionalidades, que determinan la organización y el desarrollo de las relaciones de convivencia entre individuos y colectividades es imprescindible para mostrar por qué la Ley de Seguridad Interior, en trámite legislativo en el Congreso mexicano, sí constituye, tanto en su generalidad como en sus disposiciones particulares, la cristalización de una profunda y sostenida dinámica de militarización de la vida en sociedad, en el marco del despliegue y mantenimiento de una guerra en contra del narcotráfico.

Así pues, el primer rasgo que no se debe perder de vista es que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal —y sus ideólogos— para mostrar a la Ley como un cuadro normativo destinado a la reglamentación de las fuerzas armadas nacionales en las tareas de seguridad pública, el contenido de la misma es, en realidad, materia de seguridad nacional. La denominación de la propia Ley y de la materia que se supone pretende regular, como dominio de Seguridad Interior, se deben, de hecho, a la pretensión de realizar una distinción efectiva entre tres ámbitos muy específicos en los términos de lo que se entiende por seguridad: a) pública, b) nacional, c) interior; mismos que, en la práctica, se rigen por lógicas relativamente diferenciadas justo por sus órdenes normativos.

El artículo primero del texto, por lo anterior, expresa que la Ley «tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, los procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia». Porque la idea, aquí, es establecer que el campo de Seguridad Interior es una unidad en sí misma, diferente (aunque interconectada) con esas otras dos unidades, con mecanismos regulatorios y dispositivos de poder propios, que se refieren a la seguridad pública y a la seguridad nacional.

El problema es, no obstante, que en el párrafo segundo de la Ley se establece, de manera explícita, que «las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional» , lo que significa que, para todos sus efectos, prácticos y normativos, la Seguridad Interior es apenas un subconjunto, una derivación o modalidad particular de aquella.

Y es que si bien es cierto que la Ley, en su artículo segundo, ofrece una definición de Seguridad Interior que busca distanciarla —aunque sea sólo en apariencia— de aquella que corresponde a la seguridad nacional, también lo es que, en estricto, ambas leyes se complementan, antes que fundar ordenes de acción diferenciados.

El artículo segundo de la Ley de Seguridad Interior, en este sentido, define a la misma como: «la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley».

En el artículo tercero de la Ley de Seguridad Nacional, por su lado, se entiende por ésta: «las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: i) La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; ii) La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; iii) El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; iv) El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; v) La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional; y, vi) La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes».

Por su objetivo principal, el objeto general de su regulación, ambas Leyes están orientadas, estrictamente, al mantenimiento funcional y la permanencia del Estado mexicano tal y como éste existe en la actualidad; lo que, de entrada, implica que cualquier situación, sujeto y evento que sea susceptible de ser considerado —por el Estado mismo— como una amenaza que ponga en peligro su funcionamiento y existencia, ya es, de suyo, objeto de aplicación de ambas normatividades. Una y otra Ley se superponen, se refuerzan, se doblan, se comprimen sobre ellas mismas.

Y si se omiten, por el momento, las disposiciones referentes a las amenazas extranjeras y se diseccionan las redacciones de ambos cuerpos normativos, se tiene que la efectividad en mantener y asegurar la permanencia y la continuidad del Estado mexicano se encuentra determinada por, y subordinada a, la efectividad que se tenga en salvaguardar la permanencia y la continuidad, asimismo, de a) sus órdenes de gobierno e instituciones; b) el desarrollo nacional; c) el Estado de Derecho; d) la gobernabilidad democrática; e) la defensa del territorio; f) el mantenimiento del orden constitucional; g) el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación; y, h) la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

Los riesgos para la sociedad mexicana que supone el lograr dichos objetivos, por tanto, son varios, y todos igual de preocupantes.

 

De aquí que, en última instancia, Seguridad Interior y seguridad nacional terminen afirmando su campo de acción a través del objetivo de asegurar el despojo territorial, la privatización de la actividad productiva/consuntiva, la especulación financiera, el desmantelamiento de las prerrogativas de seguridad social, etc., cuando la política económica del gobierno en turno considere que el desarrollo del país se encuentra en peligro —lo que ya es tan arbitrario como la racionalidad detrás de la agenda de desarrollo del gobierno lo es. Intereses económicos en turno son identificados, así, con la estabilidad y la permanencia del Estado. Es el rubro en el que se inscriben las resistencias al modelo productivo neoliberal, a la apropiación de los medios de producción, al desarrollo de proyectos de infraestructura en poblaciones autónomas y al extractivismo de recursos naturales como amenazas al Estado en ambas nociones de seguridad.

En tercera instancia, se encuentran las disposiciones que tienen que ver con la institucionalidad y la legalidad del Estado, preceptos en los que la disidencia, la oposición y las políticas de las alternativas figuran como los fenómenos arquetípicos de las amenazas en contra de la racionalidad del Estado. Pero una disidencia, una oposición y unas alternativas que no pasan por las formas de la corrección política que se constituyen en partidos políticos, o similares y derivados, sino que atraviesan la manera de hacer política, en general; y la organización de su órdenes y escalas, en particular.

Es decir, son disposiciones en las que no únicamente se pone en juego la legitimidad, como aceptación popular, de las distintas legalidades que el constituyente permanente funda en su accionar, sino que, además, cuestionan de manera aún más profunda la razón de ser y el telos, la finalidad, de su existencia. El énfasis que se hace en ambas leyes, por lo anterior, no es arbitrario ni azaroso: el objetivo es mantener el status quo, la vigencia actual de las estructuras, divisiones y jerarquías que permiten la reproducción del capitalismo moderno ; esto es, la vida en sociedad debe mantenerse, de acuerdo con estos imperativos, en un estado de coagulación permanente.

Así pues, se comprende que ya desde el primer artículo del proyecto de Ley de Seguridad Interior los asedios que se yerguen sobre la población civil mexicana son bastantes y reiterativas, redundantes —pero al mismo tiempo complementarias— de aquellas que ya en ese otro texto que compone a la Ley de Seguridad Nacional se prefiguran. De tal suerte que, en una primera aproximación, se obtiene que el proyecto de Ley en proceso se orienta en la tarea de desagregar las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional a los campos específicos de la seguridad pública, subsumiendo a ésta en los objetivos de aquella a través del velo de una nueva nomenclatura.

El Estado, una vez más, se afirma a sí mismo como la ultima ratio de la vida en sociedad, el punto de culminación de la socialidad humana dentro de la cual —como lo mostró a la civilización entera el fascismo de mediados del siglo XX— queda todo, pues fuera de su racionalidad y en contra de la misma, queda la nada.

Parte I. http://rebelion.org/noticia.php?id=234989

Publicado originalmente en: http://columnamx.blogspot.mx/2017/12/estado-de-excepcion-seguridad-nacional.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235246

 

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Estado de excepción... Disolución Social

16 de diciembre de 2017

 

Por Ricardo Orozco (Rebelión)

III

Siguiendo su tránsito legislativo en el constituyente permanente, el proyecto de Ley de Seguridad Interior avanzó, este jueves 14 de diciembre, hasta el trámite de discusión y votación plenaria, luego de su aprobación en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda. Llegada a este punto, y derivado de las manifestaciones de inconformidad que la sociedad civil ha mostrado de cara a las disposiciones del texto, el proyecto que la Cámara de Diputados había aprobado en días pasados ya no es el mismo que ahora el pleno del Senado se prepara a legislar. Pero no lo es sólo en la forma, pues las diversas disposiciones que se modificaron únicamente sustituyeron unos eufemismos por otros, manteniendo íntegro su contenido normativo.

La primera de estas alteraciones tiene que ver con la referencia explícita que se hacía en el texto al contenido del proyecto como materia de Seguridad Nacional. Y es que, lo que antes indicaba que: «Las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional» , ahora manifiesta que: «Sus disposiciones [de la Ley] son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior» . La cuestión aquí es, no obstante, que pese a la nueva redacción el contenido de la Ley como derivación de la Ley de Seguridad Nacional no cambia en absoluto, ni siquiera acota su ámbito de acción y competencias.

Y es que, en estricto, las fracciones referidas remiten, por un lado, a las facultades del Congreso «para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes»; y por el otro, a las del presidente de la república para «preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación». Es decir, quemediante un largo rodeo en el que una disposición remite a otra, pero siempre correlativa, normativa de la misma materia, se mantiene el objetivo de hacer de las cuestiones de seguridad pública, ciudadana, objeto de regulación de la Ley de Seguridad Nacional , afianzando el rol de las fuerzas armadas en la ejecución de dicha Ley.

El segundo cambio de redacción importante tiene que ver con las disposiciones del artículo séptimo de la Ley, uno de los que más han preocupado a la sociedad civil, en general, y a diversas instancias encargadas de velar por los derechos humanos en el país , en particular. En la redacción anterior, este artículo establecía, en su párrafo segundo, que: «En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas».

Y lo cierto es que se considera una de las disposiciones más sensibles y preocupantes del proyecto porque abre la puerta, de par en par, a la posibilidad de repetir la persecución política que en el siglo XX se justificaba a través del delito de Disolución Social ; empleado por el Gobierno Federal para perseguir, criminalizar, incriminar, desaparecer y asesinar a cualquier ciudadano que le fuera incómodo para el desarrollo de sus intereses —y fuente, también, de las protestas que condujeron al 68 mexicano, movimiento por el que se logró la derogación de los artículos que fundamentaban dicho delito, el 145 y 145 Bis del Código Penal.

Es decir, es una disposición en la que el contenido moral fundado en ella es tan sólido, tan hermético y conservador que, así como en el siglo XX cualquier acto ciudadano que el Gobierno considerara que ponía en peligro u obstaculizaba el funcionamiento de sus instituciones, o que simplemente se consideraba que propagaba el desacato a los deberes cívicos , así ahora cualquier evento que las instituciones del Gobierno Federal consideren, de manera arbitraria, como una perturbación grave de la paz pública , o que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad, pasa a justificar no sólo el empleo de las fuerzas armadas para disolver ese evento, sino que, además, legitima la suspensión de derechos en la población objetivo.

En la nueva redacción del proyecto, este párrafo fue eliminado, mientras que en el párrafo primero se introdujeron algunos términos que dan la impresión de reforzar los límites de acción de las fuerzas armadas, por medio del recurso a un amplio abanico de instrumentos garantes de los derechos humanos. De tal suerte que el artículo ahora queda con un solo párrafo que establece: «Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes».

El problema aquí es que, a pesar del énfasis que se hace en el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo primero de la Ley, y de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, ese respeto, esa protección y garantía dejan de ser válidas en el momento en que el titular del Ejecutivo, con el aval del Congreso, considere que hay una amenaza , un peligro o apenas una perturbación grave a la sociedad, en general; o a la paz pública, en general. Y es así porque tales disposiciones están subordinadas al artículo 29 de la Constitución, mismo en el que se establece que la respuesta ante tales eventualidades será la de «restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación» .

Y si bien es cierto que en el siguiente párrafo del art. 29 constitucional (modificado en los términos aquí expuestos el diez de febrero de 2014) se hace mención de los derechos y las garantías que no se podrán suspender, también lo es que las líneas citadas arriba anulan esas excepciones, pues expresamente se establece que se deberán suspender los derechos y las garantías que fuesen obstáculo. Da manera tal que cuando la libre circulación de las personas, el derecho de asociación o de libre expresión, por mencionar algunos ejemplos, constituyan —de conformidad con los estándares morales y de gobernabilidad de la administración en turno—, un peligro, una amenaza o una perturbación deberán suspenderse para hacer frente a la situación de manera rápida y fácil (sí, la Constitución también cuenta con contradicciones importantes).

Es aquí, quizá, en donde se concentran las mayores incomprensiones de la sociedad civil, en favor del proyecto de Ley, sobre los peligros que éste representa para el conjunto poblacional. Y es que, en última instancia, lo que parece estarse olvidando al observar este punto (si es que se lo observa en absoluto), es que la construcción social de los enemigos, la invención de las amenazas, los peligros y las perturbaciones, además de ser asuntos por entero discrecionales, relativos a la moral y a los intereses imperantes en las personas al frente de las instituciones gubernamentales cada sexenio, no precisan de su tipificación en algún código o ley para ser efectivos.

¿Acaso no es la historia de la guerra sucia, de la represión y el despojo de las comunidades originarias la historia de individuos y comunidades que representan un peligro para los intereses económicos en turno? ¿No es la historia de los movimientos obreros la historia de cómo un trabajador reclamando sus derechos sociales es motivo de represión gubernamental, de desaparición, de asesinato o, en el mejor de los casos, de despido? ¿No es la historia de los movimientos estudiantiles la historia de cómo un adolescente inscrito en una institución de educación pública pasa a representar un guerrillero en potencia o un anarquista en las narrativas de la administración pública federal? ¿Y no es la historia de la sexualidad la historia de hombres y mujeres que por sus preferencias afectivas constituían una aberración para los valores cristianos imperantes en el tejido social?

Los ejemplos son muchos, y cada uno de ellos es tan arbitrario como los demás. El que hoy algunos sectores de la población ya no constituyan un peligro para el orden, la paz y la estabilidad públicos no garantiza que en un futuro, próximo o lejano, no lo vuelvan a ser, con las mismas estrategias discursivas o con otras. ¿Qué pasa cuando las manifestaciones por cuarenta y tres estudiantes desaparecidos por las fuerzas armadas se convierte en motivo de expresiones de repudio y resistencia a nivel nacional? ¿Qué pasa cuando el asesinato anual de miles de mujeres se convierte en motivo de protestas sociales frente a la inacción del gobierno? ¿Qué pasa cuando una agenda de reformas estructurales se convierte en motivo de rechazo por sendos sectores poblacionales en todo el territorio nacional?

Entre los cambios al proyecto de Ley realizados por el senado, de la redacción del artículo octavo se eliminó la adjetivación «pacíficamente» «Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior» .

Pero lo cierto es, no obstante, que pese a haber eliminado esa condicionante, la latencia de incluir en la constitución aún más candados de los que ya existen para la libre manifestación de las inconformidades sociales no se suprime, sólo se la disimula, bajo la pretensión de que al apelar a la Constitución todas las garantías están salvaguardadas —aunque sea en la propia constitución en donde se fundamentan las condiciones del estado de excepción.

Estado de excepción que se edifica, justo, sobre diversas eventualidades que en tiempos y espacios específico, de acuerdo con necesidades gubernamentales definidas en su particularidad histórica, constituyen excepciones por sí mismas. Es decir, u n estado de excepción en el que la regla de dicha excepcionalidad se funda en la posibilidad de hacer de cada individuo, de cada comunidad y de cada situación una excepción a la justicia. Y es que si bien es cierto que los márgenes de acción del ejército, hasta el momento, no se dan en un ámbito de sistematicidad generalizada, en donde el grueso de la población ya cuente con alguna experiencia de abusos por parte de las instancias castrenses del Estado, también lo es que no por ello debe obviarse, excluirse, olvidarse, invalidarse o invisibilizar toda una historia de abusos.

Y abusos, por supuesto, que no es que hayan ocurrido porque las fuerzas armadas no contaban con un marco normativo para regular sus actividades. ¿Si no contaban con un marco normativo para realizar tareas de seguridad pública, por qué, en principio, no se esperó a contar con tal marco antes de sacar a los efectivos de sus cuarteles? La guerra sucia en México, aún vigente en todas aquellas comunidades que se resisten al despojo de sus recursos naturales, es el claro ejemplo de que los enemigos del Estado, son muchos, aunque estos tiendan a ser tradicionalmente los mismos, y es, también, la historia de cómo aún en la ilegalidad, en la carencia total de marcos regulatorios que legalicen su actividad, esa excepción a la norma constituye, de facto, una normalidad de la excepción.

Que no se requiera experimentar en carne propia, en la historia de vida de uno mismo, los abusos del ejército para caer en la cuenta de que esos abusos ya fueron cometidos y se continúan cometiendo en otros espacios, en contra de otros individuos y otras poblaciones. Y es que, en el momento en que se llegue a ese nivel de generalidad la Ley que regule la militarización será la menor de las preocupaciones, como las leyes vigentes lo fueron en los regímenes militares de toda América en el siglo XX.

Parte I. Estado de excepción... La militarización de México

Parte II. Estado de excepción... Seguridad Nacional: última ratio

Publicado originalmente en: https://columnamx.blogspot.mx/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235432

En consecuencia, abajo y a la izquierda, atendamos:

 

La organización y la lucha no sólo son posibles, sino urgentes

16 de diciembre de 2017

 

Por Gilberto López y Rivas (La Jornada)

A partir de que  el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hicieran pública su propuesta de crear un Concejo Indígena de Gobierno (CIG), cuya vocera, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, captara el apoyo ciudadano para ser inscrita como candidata independiente en las boletas de votación de las elecciones presidenciales de 2018, se renovó el debate fracturado por el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés por parte del Estado mexicano y su clase política.

La rebelión de los mayas zapatistas en enero de 1994 y la posterior apertura del diálogo con el gobierno federal impusieron en la agenda de la sociedad mexicana la llamada cuestión étnico nacional, esto es, la problemática de una nación históricamente forjada mediante una violenta conquista que dio lugar a un genocidio y un etnocidio que atraviesan la colonia y la vida independiente. Ni la Constitución de 1824, ni la de 1857, ni la de 1917, reconocen el carácter pluriétnico, pluricultural y plurilinguístico de esta entidad nacional, porque las políticas del Estado de segregación y asimilación negaron la existencia y los derechos de los pueblos como colectividades.

La celebración de los estados latinoamericanos, junto a los de España y Portugal, del encuentro de dos mundos en 1992 –memorable eufemismo para encubrir esa tragedia–, provocó la Campaña 500 años de Resistencia Negra, Indígena y Popular, y forzó a los estados latinoamericanos, entre ellos el de México, a reconocer formalmente a los pueblos originarios en sus textos constitucionales.

 

Un mérito político innegable del EZLN es que haya iniciado una amplia y compleja convergencia comunitaria, ciudadana y sectorial, tanto en México, como en el ámbito internacional, dirigida a la comprensión de esa negada y oculta realidad indígena, abriendo el diálogo de paz a una representación genuina de la sociedad civil. En San Andrés, los zapatistas ceden la interlocución con el gobierno federal, particularmente a los pueblos indios, sin otra condición que lograr el consenso en los acuerdos que presentaría la comandancia zapatista en la mesa de negociación. Resultó insólito en ese esfuerzo de paz entre una organización político-militar y un gobierno, la incorporación como asesor e invitado del EZLN de más de mil personas provenientes de organizaciones políticas, sociales, gremiales, periodistas, escritores, estudiosos de las ciencias sociales, siendo especialmente significativa la presencia de representantes de aproximadamente 40 pueblos de la abigarrada realidad étnica, que expusieron sus ideas y propuestas mediante formas de participación horizontales y colectivas que trasformaron el diálogo en un inédito espacio de discusión, lo más cercano a un congreso constituyente. El proceso comprendió foros sobre derechos indígenas, democracia y justicia, que, a su vez, conformaron instancias de coordinación como el Congreso Nacional Indígena, que ampliaron y fortalecieron la participación de organizaciones indígenas y no indigenas independientes en la política nacional.

Hoy, el recorrido del CIG y su vocera Marichuy por el territorio nacional, devastado por la recolonización corporativa, el crimen organizado, los gobiernos de traición nacional y la partidocracia, es continuidad de ese proceso de reconstitución de los pueblos indígenas, de recomposición del tejido social en los ámbitos urbanos y rurales, con el llamado a organizarse y articularse territorial y sectorialmente para resistir la escalada represiva que se anuncia aún mayor que la sufrida durante esta década. En toda la República surgen redes de apoyo al CIG-Marichuy, con la vehemente convicción de obtener firmas para inscribir a la vocera en la boleta electoral y profundizar la organización, a pesar del clasismo y racismo institucional de los aparatos de Estado, como el INE, con su esquizofrénica fiscalización financiera que impone la monetarización de la solidaridad popular y comunitaria, comercializa toda actividad política, obliga a acudir a costosas y sofisticadas consultorías contables para no ser víctima de onerosas y graves sanciones a militantes y simpatizantes equiparados con partidos, y que de ninguna manera pueden acceder a semejantes consultorías, ni convertirse en burócratas asalariados.

Nuevamente, como ocurrió en el diálogo de San Andrés, las reacciones a la iniciativa del CNI-EZLN por parte de la clase política y sectores de la sociedad nacional corporativizados por el régimen de partidos de Estado, oscilan desde una condescendiente comprensión y simpatía marcada por un racismo paternalista y sutil, hasta denigrantes y ofensivos discursos de un racismo abierto. Molesta, y hasta indigna, el protagonismo indígena en espacios reservados para quienes sí saben de política y asuntos de gobierno y perturba su presencia en los centros del poder. Irritan sus convicciones anticapitalistas y se consideran inviables, utópicas o sin sentido las propuestas de gobiernos que mandan obedeciendo y de organizaciones políticas que no se rinden, no claudican, ni se venden. Se prefiriría que no aspiraran a estar en una boleta electoral de una elección presidencial, privilegio reservado a una casta de políticos profesionales que no amenazan el orden establecido.

 

En cambio, el mensaje del CIG y su vocera está siendo interiorizado en la conciencia de una juventud ávida de esperanzas. En el acto del CIG y Marichuy en Ciudad Universitaria, llamó poderosamente mi atención el texto de bienvenida leído por dos estudiantes mujeres: Queremos decirles que conocemos un poco de su larga y cotidiana lucha contra la explotación, el despojo, la represión y el desprecio: las cuatro ruedas del capitalismo. Sabemos que cuando se trata de los pueblos indígenas, aquellas cuatro ruedas se vuelven despiadadas, pero también hemos visto cómo han podido convertir su sufrimiento en duradera resistencia, enseñándonos que la organización y la lucha no sólo son posibles, sino que son urgentes y que son la forma de construir, desde abajo, otro mundo: un mundo donde la justicia, la libertad, la dignidad y la felicidad no dependan de cuánto dinero se ha podido extraer del trabajo ajeno. Para nosotras y nosotros, este ejemplo de compromiso también es una enseñanza de vida. Esta polifonía de voces de pueblos y jóvenes advierte un futuro promisorio para México.

http://www.jornada.unam.mx/2017/12/15/opinion/021a1pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235424

 

 

 

Dilucidemos el cómo concretar la organización de nuestra lucha de los diversos de abajo en forma independiente del sistema político y de las burocracias sindicales. Recordemos que CFK se postulaba con capacidad de ir contra el ajuste desde su cargo de senadora. Es decir, una vez más pretende sacar de las calles al protagonismo popular con voluntad de decidir el destino común.

 

El desafío nos exige ante todo esclarecernos sobre:

 

 

La resistencia del pueblo mapuche y el genocidio indígena en el siglo XXI

8 de diciembre de 2017

 

Por Editorial Virginia Bolten

 

Toda forma de colonización territorial es llevada por los estados y colonos que utilizan leyes de expropiación. Las tierras fértiles o las consideradas estratégicas son robadas a las comunidades históricas en nombre de la prosperidad y el desarrollo desde una lógica occidental que necesita utilizar métodos de exterminio para consolidar su dominación no sólo territorial sino también cultural e ideológica.

Las opciones brindadas por estos estados modernos a las comunidades son normalización o persecución. La normalización impone que los pueblos originarios olviden su historia, sus construcciones filosóficas y culturales, sus sabidurías ancestrales y sus formas de organización política. La persecución se da a través de la violencia asimétrica la que consideramos más acertadamente llamar «genocidio institucionalizado».

 

La construcción del “otro” es implantando en el seno de la sociedad por los medios hegemónicos de comunicación y por las distintas políticas públicas de segregación y estigmatización. El racismo y el no-lugar de escucha, criminalizan e invisibilizan la lucha del Pueblo Mapuche por su existencia y preservación de su identidad.

Mientras tanto, muchas son las formas de organización y resistencia mapuche. La respuesta de la comunidad a lo largo de los años en su lucha contra la dominación es contundente. Grandes esfuerzos vienen logrando en el rescate del sentido de pertenencia y de la mapuchidad (identidad e etnicismo) que son clave para lograr la existencia del Pueblo Mapuche en el actual contexto social y político.

Sin embargo, la construcción de un sentido común anti-indígena es perceptible cuando hay una profundización de los llamados “conflictos” entre el estado y las comunidades. La respuesta de los gobiernos y del conjunto de la sociedad sobre los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel es sintomática. La naturalización del gatillo fácil contra aquellos que luchan por su territorio y por su existencia lleva a creer que hay una forma de comprender a los pueblos indígenas como no-personas. Cuerpos sin alma, como hace más de 500 años afirmaron los colonizadores –representantes de la codicia europea–. El colonialismo nunca ha terminado, sólo cambió de forma y sigue intentando eliminar a los que son considerados un enclave al sistema.

 

Es necesario pensar que estas prácticas no son aisladas, hay un sistemático intento de desaparecimiento de las comunidades originarias. En los territorios denominados, luego de las invasiones europeas, Argentina y Chile, actualmente hay 35 personas presas políticas pertenecientes a la comunidad mapuche . Desde el año 2000, en el territorio denominado Chile–e independientemente del partido o ideología gobernante– las fuerzas represivas del estado asesinaron a 15 personas de la comunidad mapuche durante su proceso de recuperación territorial. No es un conflicto, es la continuación del genocidio.

  1. Jorge Antonio Suárez Marihuan (2002)

  2. Edmundo Alex Lemun Saavedra (2002). (17 años)

  3. Agustina Huenupe Pavian (2002)

  4. Mauricio Huenupe Pavian (2002

  5. Julio Alberto HuentecuraLlancaleo (2004)

  6. Xenón Alfonso Díaz Necul (2005)

  7. José Gerardo Huenante (2005)

  8. Juan LorenzoCollihuinCatril. Agosto (2006

  9. Matías Valentín Catrileo Quezada (2008)

  10. Johnny CariqueoYañez (2008

  11. Jaime Facundo Mendoza Collío (2009

  12. José Marcelo Toro Ñanco, 35 años (2009

  13. Rodrigo MelinaoLican (2013)

  14. José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil (2014)

  15. Victor Manuel Mendoza Collío (2014)

 

Los objetivos que caracterizan la ofensiva contra el Pueblo Mapuche son evidentes. La oposición al extractivismo y a las lógicas suicidas de desarrollo capitalista hace con que el Pueblo Mapuche sea considerado enemigo del sistema. El ataque no es sólo al territorio sagrado mapuche, también al conjunto de ideas que pone el equilibrio con la naturaleza –fuente de materia prima capitalista– como eje central de manutención de la vida. Frente a esto, nosotras desde Virginia Bolten preguntamos: ¿qué puede ser más disruptivo que apoyar a la resistencia indígena?

http://virginiabolten.com.ar/editorial/la-resistencia-del-pueblo-mapuche-genocidio-indigena-siglo-xxi/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235089

 

 

Centremos la lucha de nuestra diversidad de abajo por los buenos vivires convivires en erradicar los extractivismos por ecocidas, etnocidas y genocidas. Para la percepción (conciencia y posicionamiento correspondiente) de cómo esas expansiones destruyen la habitabilidad del país-planeta y lleva a la extinción de las especies hasta de la propia humanidad requerimos previamente:

 

 

El balance deconstructivo del kirchnerismo 

Que una creciente mayoría tome conciencia y se posicione sobre por qué erradicar los extractivismos exige al Frente facilitar la deliberación popular. Pero está bloqueada por la visión dicotómica de la realidad social que más de una déKada inculcó. La modelación de una mentalidad dicotómica en las mayorías posibilita al bloque dominante suscitar en éstas posicionamientos entre dos opciones que le infundió creer como las únicas realistas: kirchnerismo o derecha y progreso/atraso. Esto derivó en estigmatizar a quienes criticamos a los gobiernos K y al progreso capitalista con ser funcionales a la derecha y al atraso. La dicotomía naturalizó el nexo liderazgo/ subordinación incondicional. Invisibilizó a la comunidad La Primavera (en qom: Potae Napocnaa Navogoh ) pese a acampar en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires durante meses. Pero Cristina apoyó al sátrapa de Insfran y demonizó a Félix Díaz, máximo referente de la comunidad que procuró la unión de pueblos originarios en Argentina para afirmar sus derechos contra los etnocidios que sufrían en todo el país. La mirada racista es profundizada por el gobierno de Macri para la actual etapa del extractivismo en su usurpación total y totalitaria de los territorios indígenas.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner perfiló dos enemigos en base a estereotipos emocionales tendientes a simplificar y obnubilar sobre ambas complejidades claves del funcionamiento político económico del país-mundo. Así concretó operaciones de extrañamiento masivo de la puesta en debate del modelo de soja transgénica y del capitalismo implícito en la concentración mediática.

Respecto a que privilegió la agricultura industrial -sin campesinos ni indígenas ni biomas- lo prueba el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020, también promovió la expansión de Monsanto hasta culminar en querer promulgar la ley de monopolización de las semillas.

En cuanto a los medios de comunicación, su acaparamiento fue esencial al Kirchnerismo para optimizar la articulación entre Ciencia, Estado y Capital como poderoso aparato semiótico-político de producción de la “verdad”. Al respecto Arturo Escobar destaca que el sistema mundo capitalista: “se ha apoderado del derecho a ser «el» Mundo, sometiendo a todos los demás mundos a sus propios términos o, aún peor, relegándolos a la inexistencia; se trata de un mundo en el que tan sólo cabe un Mundo. Si la causa de esta crisis es este Universo, entonces la crisis que enfrentamos implica una transición hacia lo opuesto, es decir, hacia un Pluri-verso”.

 

Escobar prosigue: 

 En la perspectiva pluriversal, existen múltiples veracidades, pero no se pretende “corregir” la visión de ninguna de ellas como si hubiese una forma superior de definir la “realidad”

“El pluriverso es una herramienta: primero, para generar alternativas al mundo Mundial que sean aceptables a los mundiales, y, segundo, para dar voz a aquellos otros mundos que interrumpen la historia del mundo Mundial” (Blaser, de la Cadena y Escobar, 2014). Es indispensable desplazar la centralidad de la ontología dualista, a medida que se expande el espacio para ontologías no-dualistas, que nos saquen del cuento del Mundo Mundial, lo que requiere una transición de conceptos uni-mundiales como la “globalización” y los “estudios globales” hacia conceptos enfocados en el pluriverso constituido por una multiplicidad de mundos mutuamente interconectados y co-constituidos, aunque diversos.

Fuente:(Enero - Abril 2016 ) Revista de Antropología Iberoamericana, Volumen 11 Número 1 Pp. 11 - 32 Madrid: Antropólogos Iberoamericanos en Red.

 La visión dicotómica también implica un pensamiento maniqueo en coincidencia con los propósitos imperialistas de instaurar una suerte de cruzada entre el bien y el mal. Sintoniza con la Organización de Estados Americanos (OEA) que en octubre de 2003, a raíz del 11 de septiembre de 2001, amplió la definición tradicional de seguridad hemisférica 

incorporando nuevas amenazas.

El kirchnerismo acusa a Macri de iniciar el ataque a las últimas. Olvida que Néstor Kirchner dispuso la ocupación, en noviembre de 2003 y por parte de las fuerzas de seguridad, de tres asentamientos de desposeídos en el Conurbano Bonaerense y desde ese momento proyectó extenderla a otras diez villas de emergencia. El Informe de Alerta Argentina "Los derechos humanos en el gobierno de Kirchner (2003-2004)" también se refiere a la campaña de los factores de poder junto con el gobierno de Néstor para deslegitimar a las organizaciones de los piqueteros.

En la ciudad de Buenos Aires durante el año 2004 el progresismo de Aníbal Ibarra y de Néstor Kirchner hizo a la aprobación de un Código Contravencional cuyo marco normativo penaliza la venta ambulante y la prostitución en la vía pública, asimismo exige solicitar autorización a las autoridades como requisito obligatorio para realizar una movilización, acto u cualquier otro tipo de protesta. De modo que( usando además las masivas marchas convocadas por J.C.Blumberg como consenso de 'inseguridad ciudadana') hubo instauración de la sistemática judicialización de la protesta social y “el agravamiento de las figuras penales impuestas a las y los detenidos, así como en el accionar represivo del Estado en diferentes situaciones y contextos, a través del despliegue de Gendarmería Nacional, grupos especiales, policía federal y policías provinciales” señala el Informe.

 

En la actualidad del país y el mundo, el neoextractivismo ya fue. Hay imposibilidad de compatibilizar la alta rentabilidad de los oligopolios con una transferencia de fondos hacia la subsistencia más elemental de los desposeídos. Emiliano Teran Mantovani advierte: "es necesario resaltar la relación que existe entre la re-estructuración del régimen de apropiación de la naturaleza (el relanzamiento y la reformulación del extractivismo en el país) con los mecanismos de captura y distribución de la renta (cambios en la arquitectura del capitalismo rentístico) y con los patrones de gobernabilidad y control social”En su artículo “Violencia y gobernabilidad ante una nueva fase del extractivismo en Venezuela” (Biodiversidadla.org/ 02-08-2017) duda que la violencia desarrollada en su país haya sido coyuntural y se pregunta si no es parte del nuevo modelo de gobernabilidad y control social.

 

En Argentina se la asocia con la restauración del neoliberalismo por Macri. Es una caracterización falsa por influjo del kirchnerismo. Gravita su mirada sesgada como lo prueba el amplio consenso nacional e internacional en torno a la liberación de Milagro Sala. Convierte esta prisión en máxima expresión de injusticia actual. Al absolutizarla encubre la violencia sistémica y lo repite al denunciar la desaparición forzada de Santiago Maldonado silenciando e invisibilizando que se da durante un descomunal operativo de Gendarmería en la ruta 40 donde la comunidad mapuche de la Pu Lof en Resistencia del departamento de Cushamen exigía la liberación del lonko Facundo Jones Huala y reclamaba por el cese de la persecución policial y judicial. Tampoco organiza la lucha contra el actual e incesante hostigamiento represivo y mediático a las comunidades del pueblo-nación Mapuche ni atiende a Agustín Santillán. Lo principal es su elusión de los impunes de siempre: Benetton, las megamineras, las petroleras, los pool de siembra… que desertifican, enferman y matan.

El matrimonio K tuvo éxito en convencer a las mayorías de delegar su capacidad de deliberación y decisión en la democracia representativa después que la rebelión popular, entre 2001 a 2002, la puso en cuestión. Lo consiguió hasta el extremo de que endiosaran su liderazgo con lo cual asentó la obediencia debida y la obsecuencia, tan imprescindibles para la gobernabilidad de la continuidad en la concentración y transnacionalización económico territorial por los poderes establecidos mediante terrorismo de estado e instituidos con democracia restringida.

 

 

Comprobamos cómo se construyen territorios libres de extractivismos:

 

 

En septiembre de 2017 el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero-M4- con representantes de 13 países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos) explica su oposición y nos esclarece:

(…) Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que causa un modelo de desarrollo que -a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales- favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital. Para lograr sus objetivos de productividad, las empresas mineras externalizan sus costes aprovechando la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos. Las mineras aprovechan la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Las mineras obtienen insumos baratos o gratuitos y canalizan sus energías hacia el lobby político. Este proceso es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las «medidas de ajuste estructural», obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar «recursos naturales» mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros. Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. (…)

Fuente: Declaración del IV Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Minero, Biodiversidadla.org/ 29-09-2017

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Desde la defensa o recuperación de territorios, las luchas abajo se van entrelazando por la vida y contra el Capitaloceno. La “Declaración del Encuentro por la Defensa de las aguas del sur austral de Chile y la Patagonia argentina” afirma:

Nuestro compromiso con la defensa de los territorios y las aguas, de mar a cordillera, con mayor unidad, y convocamos a los sectores urbanos y rurales que se han mantenido indiferentes frente a estas realidades, a reaccionar y sumarse a las diversas acciones e iniciativas para poner freno a la expansión del saqueo extractivista, capitalista y neoliberal. Debemos exigir y ejercer con más fuerza nuestros derechos colectivos y nuestra oprimida autodeterminación, para lo que es indispensable asumir los siguientes desafíos:

- Fortalecer los procesos de resistencias territoriales de las diversas expresiones sociales, con mayor articulación y solidaridad, y recuperar la minga como práctica de identidad, apoyo y aprendizaje entre pueblos y comunidades, para proyectar formas de organización con construcciones horizontales, igualitarias, participativas y de respeto.

- Poner fin a las aberrantes políticas de criminalización implementadas por los estados contra quienes defienden los territorios o recuperan tierras acaparadas por empresas y latifundistas colonialistas. Exigimos a su vez la liberación de las y los presos políticos y el fin a la implementación de la Ley antiterrorista contra causas y protestas sociales, como ocurre contra el Pueblo Mapuche, y denunciamos las políticas represivas coordinadas e impulsadas en Chile y Argentina.

- Reivindicar el agua como bien común de los Pueblos y levantar con más fuerza nuestras propuestas de vida basadas en formas de economías cuya base sea el respeto entre personas y con la naturaleza. Y luego recuperar nuestra soberanía alimentaria y cultural.

- Revitalizar en todo aspecto los territorios, recuperando el saber ancestral y campesino, forjando agroecología, exigiendo la implementación de nuestros derechos económicos, sociales y culturales establecidos en los estándares internacionales.

- Derogar de una vez por todas el Decreto Ley 701 sobre fomento forestal y exigir el fin a toda asignación estatal para promover monocultivos de pinos y eucaliptus; y revertir la expansión minera, petrolera, de energía, de monocultivos industriales y cambiar las normativas que juegan a su favor.

- Promover e incidir en la recuperación de ecosistemas indispensables para el desarrollo de la vida; respetar y proteger los lugares sagrados de significación cultural y genética, también consagrados en normas locales e internacionales.

Asumimos estos desafíos como parte de nuestros propósitos de vida, abriendo caminos para seguir encontrándonos, construyendo y creando fuerza social y popular.

¡GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!

UNIDOS EN LA DEFENSA DE LA VIDA
JUNTOS Y JUNTAS PODEMOS ENFRIAR EL PLANETA

 Fuente: Biodiversidadla.org /12-10-2017

 

 

Constatemos que se puede derrotar a las transnacionales con nuestro Estado a su servicio y siendo parte de los socios locales. Tampoco es verdad que la lucha 'ambientalista' es extraña a los pueblos y comunidades. Ni que los derechos de la Naturaleza sean idealistas ya que, por ejemplo, conservar los sistemas de glaciar-periglaciar es esencial al agua dulce y por tanto a la vida, también al clima.

 

 

Acá se respira lucha

29 de octubre de 2017

 

Por Darío Aranda

 

Victorias de norte a sur contra el extractivismo. Territorios indígenas recuperados, mineras expulsadas por asambleas, avances de hectáreas agroecológicas y la mayor multinacional transgénica echada de Córdoba.

 

El gobierno nacional acordó con China la construcción de una planta nuclear en Río Negro. No hubo consulta al gobierno provincial ni, mucho menos, a la población expuesta a los peligros contaminantes. De inmediato comenzó la organización de asambleas socioambientales, comunidades mapuches, académicos críticos, vecinos sueltos. Marchas, reclamos, visibilización. Y lo que parecía difícil, o imposible, sucedió: el gobierno provincial canceló el proyecto en agosto pasado.

“Seguiremos organizados y nos mantendremos comunicados debatiendo sobre cómo queremos vivir los habitantes patagónicos y exigiendo se respeten nuestros derechos”, advirtieron las asambleas de Vecinos Autoconvocados de Puerto Pirámides, San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas.

En una lucha desigual, existen triunfos de asambleas, pueblos indígenas y campesinos, que frenan a trasnacionales y gobiernos.

 

Minería

Esquel no fue sólo Esquel. En marzo de 2003 se realizó en la ciudad patagónica el primer plebiscito contra la megaminería. En un contexto de enorme desocupación, el 81 % dijo que no quería la actividad extractiva. La canadiense Medirian Gold y el gobierno provincial (y municipal) sufrieron la derrota.

También se realizaron consultas populares en los municipios vecinos de Trevelin, Lago Puelo y Epuyén, donde más del 90 % también rechazó la actividad extractiva. “No es no” y “Patagonia rebelde” se transformaron en bandera de lucha.

Pero Esquel no fue sólo Esquel. Iluminó luchas en los 5.000 kilómetros de cordillera. Asambleas y organizaciones de todo el país confirmaron que era posible.

Loncopué, en Neuquén, fue la segunda votación contra la megaminería. El gobierno provincial (el Movimiento Popular Neuquino reina desde hace 50 años), la estatal Cormine (Corporación Minera de Neuquén) y la compañía china Emprendimientos Mineros impulsaban la extracción de cobre.

La comunidad mapuche Mellao Morales exigió el cumplimiento de sus derechos. La población urbana se organizó. E impulsaron una votación (el gobierno provincial intentó evitarla, pero el Poder Judicial dio luz verde). El 3 de junio de 2012, el 82 % dijo que no la minería. Durante la marcha de celebración por las calles de la ciudad se recordó otras luchas. Se agradeció a Esquel, pero también a La Rioja, Andalgalá y también a gestas hermanas como Gualeguaychú.

En Jujuy, la movilización de asambleas y pueblos indígenas logró un fallo judicial (del Superior Tribunal de Justicia) que frenó la minería de uranio en abril de 2010. Hizo hincapié en el principio precautorio -ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras- e invirtió la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deben probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente.

La medida fue en respuesta a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera de uranio en la Quebrada de Humahuaca.

La Rioja no tuvo plebiscito ni fallo judicial, pero las asambleas socioambientales de Chilecito, Famatina y la capital provincial (entre otras) echaron a cuatro mineras en la última década. Entre ellas, a la poderosa Barrick Gold. No fue gratis: los vecinos sufrieron espionaje ilegal, represiones, judicialización. Pero no hay megaminería en La Rioja.

Andalgalá (Catamarca) conoce de megaminería desde la década del 90, cuando se instaló Alumbrera, hoy en manos de un consorcio suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold). No hubo trabajo, ni desarrollo local ni cuidado del ambiente. Por eso el masivo rechazo al proyecto Agua Rica, tres veces más grande que Alumbrera y ubicado donde nacen las fuentes de agua de la ciudad.

Estaba todo dado para el avance de Agua Rica. Pero la población se plantó y cerró el camino vecinal de Chaquiago. En febrero de 2010 sobrevino una feroz represión . La respuesta fue una pueblada y, por orden judicial, el freno del emprendimiento. El gobierno de Lucía Corpacci aún sigue alineado con la empresa (Yamana Gold) e impulsa la explotación minera.

Aún no está dicha la última palabra sobre Agua Rica, pero de no ser por los vecinos la mina ya estaría en funcionamiento.

En las Salinas Grandes de Jujuy y Salta viven pueblos originarios y también está una de las mayores reservas de litio (mineral utilizado para baterías de autos, celulares, computadoras). Allí fijaron sus ojos grandes empresas automotrices (Toyota y Mitsubishi, entre otras), con aval de los gobiernos provinciales. En 2010 comenzó la organización de 33 comunidades de los pueblos Kolla y Atacama, que conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Asambleas, marchas, denuncias y hasta audiencia en la Corte Suprema de Justicia para que se respeten los derechos indígenas.

Los jueces supremos (con Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco a la cabeza) optaron por no aplicar el derecho indígena. Las comunidades kollas y atacama no se quedaron de brazos cruzados. Redactaron un “protocolo de consulta” llamado “huellas de la sal” (para que los jueces sepan cómo aplicar la legislación que protege los territorios indígenas), recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y alertaron que seguirán con acciones directas.

¿Las mineras desistieron de sus intentos? No. Pero de no mediar la lucha indígena, la explotación de litio sería hoy una realidad. Y no lo es. También es un triunfo.

 

Agro

El 4 de agosto de 1990 marca un punto de inflexión en la historia de las luchas campesinas. Se formaliza un proceso organizativo que llevaba años y nace el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). Fueron (son) un emblema de la resistencia al avance del agronegocios y sus topadoras.

Años después llegarían las divisiones (“Mocase Santiago” y “Mocase Vía Campesina”), coordinación con distintos espacios, participación política (no exenta de polémicas y críticas). Sufrieron judicialización, represiones, asesinatos (Cristian Ferrerya, en noviembre de 2011, una referencia). Nunca dejaron de defender el territorio. Construyeron sus radios, producciones agroecológicas y escuelas campesinas.

Pero uno de sus grandes triunfos, y quizá más invisibilizado, es que los empresarios del agronegocios ya no se animan a intentar avanzar en zonas donde están los campesinos organizados. Saben que el Mocase presentará lucha y no cederá ni un metro de tierra.

El Mocase también inspiró organización en otras provincias, con movimientos campesinos que crecieron en los últimos años (Córdoba, Mendoza, Salta, entre otros).

En Misiones, donde el monocultivo de árboles arrasa territorios y desaloja, la multinacional Alto Paraná-Arauco funciona como patrón de estancia. Acumula el diez por ciento del suelo provincia (256.000 hectáreas). Parajes enteros fueron desalojados, pueblos que desaparecieron.

Productores Independientes de Piray (PIP) es la organización campesina que se negó al destierro. Defendió la tierra y luchó contra la multinacional. En 2013 logró una ley provincial para expropiar 600 hectáreas a Alto Paraná. Fue un triunfo. La burocracia política demoró la entrega. La lucha siguió. Recién este años el gobierno de Misiones hizo entrega efectiva de las primeras 166 hectáreas.

“Sembrando lucha, cosechamos 600 hectáreas”, celebraron en PIP. Y avisaron que es un primer paso. Con esas tierras podrán cultivar y producir. E irán por más hectáreas.

Por otro lado, se multiplican las experiencias de agroecología (producción sana de alimentos, sin agrotóxicos). Yerba mate en Misiones, ganadería en Río Cuarto y, en mayo de 2016, se conformó la “Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología (Renama)”.

En Guaminí, oeste de Buenos Aires, ocho productores se unieron y comenzaron la transición para dejar los transgénicos y agroquímicos. Comenzaron con 100 hectáreas en 2010 y el apoyo del Municipio. El segundo año, buenos resultados mediante, pasaron a 970 hectáreas. La última siembra trabajaron 1.500 hectáreas agroecológicas. “Es un cambio productivo, pero también un cambio en la forma de ver el suelo, los alimentos, la naturaleza y la vida. Se transforma en una filosofía de vida, estamos en ese proceso y muy felices”, explicó el productor Rafael Bilotta.

La Aurora en una chacra de 650 hectáreas en Benito Juárez (Buenos Aires). Juan Kiehr y Erna Bloti, con el asesoramiento de Eduardo Cerdá, decidieron dejar el agronegocios. Sistematizaron los datos de una década y los resultados son contundentes: producen cantidades similares a sus vecinos pero con mucha más rentabilidad.

Un promedio de trigo de 3.100 kilos por hectárea, sólo 200 gramos por debajo del promedio de la zona con manejo convencional (de químicos). Con la gran diferencia de menor gasto de insumos. Los costos directos por hectárea en la zona (en manejo convencional) fue de U$S 350 por hectárea. En La Aurora fue de U$S 100 por hectárea (un ahorro de U$S 250). Lo cual explica el margen bruto de ganancias, muy por encima de los campos convencionales de la zona.

“Es simple. Producimos cuidando la tierra. Recibí el campo de mi padre y quiero dejar uno mejor para mis nietos”, resumió Kiehr.

 

Monsanto

15 de junio de 2012. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia desde Estados Unidos que Monsanto instalará su mayor planta de maíz transgénico en Malvinas Argentinas (Córdoba).

La población se enteró por televisión. Nadie los consultó, a pesar de estar rodeado de cultivos, de ser un pueblo fumigado con agrotóxicos y conocer la experiencia del Barrio Ituzaingó Anexo (se realizaba en esos días un juicio histórico que terminó con la condena de un aplicar y un productor).

Comenzó la organización mediante el boca a boca. Nació la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Primero se informaron. Rápidamente supieron que Monsanto no traería nada de lo prometido (trabajo, desarrollo local, bienestar). Pidieron votación ciudadana. El gobierno municipal y provincial (que llegaron a sus cargos mediante el voto) le negaron la posibilidad a la población.

“No a Monsanto” se hizo bandera y acción.

Cuatro años. Media docena de represiones. Peleas entre familias. El gobierno municipal (Daniel Arzani, UCR), el provincial (José Manuel de la Sota, PJ) y nacional (Cristina Fernández de Kirchner, FPV) apoyaban aMonsanto. También los medios de comunicación de mayor tirada.

Periodistas y académicos de diversas partes del mundo llegaban hasta Malvinas Argentinas para tratar de entender cómo era la pequeña localidad de América Latina que daba batalla ante la mayor corporación del agro mundial.

En septiembre de 2013 la Asamblea organizó un festival en la entrada del predio de la compañía (30 hectáreas sobre la ruta 88). “Primavera sin Monsanto”, fue el título de la convocatoria. Y ese día comenzó un bloqueo por tiempo indeterminado.

En enero de 2014, la Sala II de la Cámara del Trabajo detuvo la construcción de la planta solicitada por la Asamblea. El fallo declaró la inconstitucionalidad de los permisos emitidos por la Municipalidad y la Provincia. En febrero de 2014, la Secretaría de Ambiente provincial rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias técnicas.

La planta se frenó. No ingresó nadie más. Monsanto se negaba a aceptar la derrota. Pero en noviembre de 2016 se hizo pública la venta del predio. Monsanto fue echada de Córdoba. Su mayor derrota de América Latina.

Al sur de Córdoba, la ciudad de Río Cuarto también hizo historia. Por el accionar de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos y la Universidad Nacional local, entre otros actores, el intendente firmó un decreto para rechazar la instalación de una estación experimental de Monsanto (la empresa inició acciones legales contra el Municipio).

 

Fallos

Nunca los fallos judiciales son regalos de jueces o fiscales. Son producto de luchas y acciones concretas de organizaciones sociales y abogados comprometidos.

Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos, sistematizó los fallos que frenan las fumigaciones con agrotóxicos:
2003. Loma Senés (Formosa).
2008. Alberti (Buenos Aires).
2008. Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2009. San Jorge (Santa Fe).
2009. 
Alberti (Buenos Aires).
2010. La Leonesa y Las Palmas (Chaco).
2010. Alberti (Buenos Aires).
2011. Las Antillas (Salta).
2012. Alberti (Buenos Aires).
2012. Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2013. Alberti (Buenos Aires).
2013. Merlo (San Luis).
2014. Paraná (Entre Ríos).
2014. Coronel Suárez (Buenos Aires).
2014. Mar del Plata (Buenos Aires).
2015. Guernica (Buenos Aires).
2015. Totoras (Santa Fe).
2016. Alberti (Buenos Aires
).
2016. Piamonte (Santa Fe).
2017. Santa Ana (Entre Ríos).

 

“El activismo judicial busca las grietas en el Poder Judicial”.

 

Indígenas

“Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu” significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios a volver a parcelas que les fueron arrebatadas. Sólo en la última década, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 233 mil hectáreas –once veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires–, lo que implicó volver a tierras ancestrales.

La comunidad Santa Rosa Leleke frente a la multinacional Benetton es uno de los casos más conocidos. Ya llevan diez años de regreso a su tierra ancestral.

La Comunidad Quintupuray (paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón) y la comunidad Casiano-Epumer en la línea sur de Río Negro son otros casos de vuelta al territorio indígena. La Confederación Mapuche de Neuquén recuperó miles de hectáreas en el predio conocido como “Pulmarí”, en el departamento de Aluminé.

En Las Lomitas (Formosa), las comunidades Oñedie y Penqole recuperaron hectáreas que estaban en manos de Gendarmería Nacional, robadas al Pueblo Pilagá luego de la matanza de Rincón Bomba (en octubre de 1947, cuando asesinaron a cientos de indígenas). Las comunidades volvieron al territorio y el 10 de octubre pasado recordaron el 70 aniversario de la matanza impune. “La memoria sigue, solo falta justicia”, exigieron los pilagá.

Los pueblos indígenas son un bastión de lucha contra el extractivismo. Nunca lo aceptarán. Ponen el cuerpo frente a mineras, petroleras, forestales y empresas transgénicas. Por eso son considerados “un peligro” por el poder.

Democracia directa

En Misiones está planificada la represa de Garabí (entre Argentina y Brasil), que inundará 40 mil hectáreas y desalojará a 2.500 familias. En la provincia está vigente la ley 56, que obliga al Gobernador a llamar a votación ante cualquier nuevo proyecto hidroeléctrico. Pero el gobernador Maurice Closs nunca quiso convocar a las urnas.

La Mesa Provincial No a las Represas reunió a 46 organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicatos e iglesias. Ante la negativa del gobierno, organizó una consulta popular. Se realizó en toda la provincia entre el 20 y 26 de octubre de 2014, mil urnas, DNI en mano, cuartos oscuros, práctica democrática. Votaron 120.418 personas. El 96,82 % votó por el rechazo a nuevas represas (116.598 personas). “El pueblo dijo basta de represas en esta región. La democracia participativa y de base dio una muestra más frente al autoritarismo de funcionarios y empresas”, afirmó Raúl Aramendy, de la Mesa Provincial No a las Represas.

 

Escritorio vs territorios

Nunca faltan los militantes de escritorio (y de Facebook-Twitter) que minimizan y subestiman las luchas de los que ponen el cuerpo en los territorios.

“No sé por qué celebran tanto el fallo de San Jorge (que frenó fumigaciones en Santa Fe) si ni siquiera es para toda la ciudad. Sólo es para un barrio”, cuestionó por correo un comentarista de luchas ajenas.

Hay parte de verdad. Lo subestimado es que ese fallo sirvió de antecedente para otros y de referencia de decenas de pueblos fumigados. Y, sobre todo, el fallo fue fundamental para los niños que viven frente al campo con soja: nunca más volvieron a ser fumigados.

En tono similar, ante la expropiación de 600 hectáreas a Alto Paraná en Misiones, otro comentarista de aire acondicionado ironizó: “¿Qué le hace 600 hectáreas a quien tiene 256.000?”.

Esas 600 hectáreas representan un primer paso para que los campesinos no se vean obligados a dejar sus campos, les permite producir y permanecer en la vida rural.

El extractivismo, con funcionarios, jueces y medios de su lado, se presenta como invencible, y como la única opción de estas tierras. Las luchas territoriales confirman que otro destino es posible. En palabras de Eduardo Galeano: «Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo».

Darío Aranda

@arandadario

Fuente original: Izquierda Diario

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/aca-se-respira-lucha/

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Las asambleas ambientales advierten de que

resistirán el cambio que impulsa el Gobierno

En defensa de los glaciares

11 de diciembre de 2017

 

Por Darío Aranda (Página/12)

 

Las organizaciones de pueblos y ciudades cordilleranas rechazaron la modificación a la ley de glaciares y anunciaron que se movilizarán para garantizar el cumplimiento de la norma actual. “El Gobierno trabaja para favorecer a los grandes grupos empresariales”, denunciaron.

 

El Gobierno impulsa la modificación de la ley de glaciares para avanzar con megaminería en zonas prohibidas. Las asambleas socioambientales a lo largo de la Cordillera advierten de que resistirán la modificación de la norma y se movilizarán para su cumplimiento efectivo. Duras críticas al ministro de Ambiente, Sergio Bergman, anuncios de mayor conflictividad y aumento de la criminalización.

El gobierno nacional tomó medidas en favor de la minería desde el primer mes de gestión, cuando anunció el quite de retenciones a la actividad. A inicios de 2017, dejó trascender que pretendía modificar la Ley 26.639 de “Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial” (más conocida como “ley de glaciares”) y derogar las leyes provinciales que limitan la actividad.

El 14 de noviembre, el presidente Mauricio Macri se reunió con Eduardo Elsztain (Grupo IRSA y accionista de la minera Austral Gold) y a Carlos Miguens (titular de M.B. Holdings, Agropecuaria Cantomi y director de Patagonia Gold). También participaron los ejecutivos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), los sindicatos UOCRA (Unión Obrera de la Construcción) y AOMA (Asociación Obrera Minera), funcionarios provinciales y de los ministerios de Ambiente y Minería. Macri confirmó la modificación de la ley de glaciares.

La misma semana, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, sostuvo que las leyes de glaciares y de bosques son “grandes ideas irreales” y que su sanción respondió a una “épica legislativa”. Justificó su posible modificación.

El 4 de diciembre se cumplieron 15 años de la primera gran movilización que se produjo en Esquel contra la megaminería y que tuvo un hito en marzo de 2003, cuando el 82 por ciento de la población votó contra la instalación de un proyecto minero. Los días 4 de cada mes se marcha en la ciudad, desde hace 15 años.

“El gobierno está trabajando para favorecer los intereses de los grandes grupos empresariales y, como ha venido pasando hace décadas, sigue la línea de promover el extractivismo con argumentos de supuestas oportunidades económicas para la población. Las muestras de falsedad del beneficio económico y el riesgo socioambiental para las comunidades hace tiempo que es evidente; solo es preciso analizar la situación de los pueblos que vienen sufriendo la explotación megaminera”, alertó Corina Milán, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. “La mina Pascua Lama está sobre suelo periglaciar. Por lo cual, en San Juan no se cumple la ley”, denunció Nina D’Horacio, asambleísta de Esquel.

 

En Catamarca, conocen de megaminería desde hace 20 años, cuando se instaló Minera Alumbrera (hoy en manos del consorcio Suizo-Canadiense Glencore, Goldcorp y Yamana Gold). En la misma zona, oeste de la provincia, el gobierno de Lucía Corpacci impulsa la instalación de Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). “Manifestamos nuestro enérgico repudio a las declaraciones del ministro Sergio Bergman. Exigimos que no se modifique la ley de glaciares. Que se haga efectiva la realización del inventario tal como lo dispone la ley, es decir que se releven los glaciares de cualquier tamaño y el ambiente periglaciar”, destacó el comunicado de una decena de asambleas socioambientales nucleadas en la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación).

Las asambleas catamarqueñas recordaron que en su territorio está la mayor prueba “del engaño minero”, que no significó progreso. “Ya aprendimos que la megaminería no trae bienestar para los pueblos. Al contrario, nos sacan el agua, la contaminan y nos degradan social, cultural, económica y ambientalmente”, afirmaron.

Mendoza es una de las provincias que tienen leyes que limitan la megaminería. Y resisten desde hace años al lobby minero. Marcelo Giraud, de las asambleas mendocinas, precisó que la zona de glaciares en la que se prohíbe la minería es menor al 1 por ciento del territorio nacional (exceptuando la Antártida). Destacó que todas las asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia “repudian terminantemente cualquier intento de modificar la ley de glaciares que tienda a reducir la zona donde rigen las prohibiciones”.

Entre las medidas planificadas señaló que se avanzará en un plan de “re-concientización de los impactos mineros”. Recordó que la Ley de Bosques también corre el mismo riesgo y alertó sobre el intento de una ley de semillas en favor de las empresas transgénicas. “Todo se enmarca en la profundización del extractivismo, pero también esto suscitará crecientes resistencia en los territorios”, afirmó Giraud.

Recordó que el Inventario Nacional de Glaciares aún no está concluido a pesar de que la Ley preveía su terminación en un plazo de cinco años.

La Rioja echó a cuatro empresas mineras en los últimos 10 años, entre ellas a la poderosa Barrick Gold. Jenny Luján, de la Asamblea de Chilecito, consideró que la norma es “una herramienta muy importante a la hora de fundamentar desde lo legal el no rotundo a la minería” en el Cordón del Famatina. “El agua es el mayor tesoro que tenemos, aun más en estas regiones, y la vamos a defender”, aseguró.

Desde la Asamblea de Chilecito alertaron que el avance extractivo también implica modificaciones en el sistema judicial para “legalizar la criminalización y judicialización de las protestas”. Luján también llamó la atención en el rol de los grandes medios de comunicación: “Transmiten una realidad ficcionada que demoniza a los movimientos campesinos, indígenas, socioambientales y agudiza la lucha de pobres contra pobres”. 

 

Las críticas a Bergman 

Las críticas al ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fueron unánimes. “Bergman no tiene la más pálida idea de cómo preservar el ambiente, parece más un promotor de los agronegocios y la megaminería”, denunció Nina D’Horacio, de la Asamblea de Esquel. “Desde el inicio, la gestión del ministro fue vergonzosa y nefasta para el ambiente y nuestros bienes comunes, y lejos de mejorar ha ido empeorando”, resumió Giraud, de Mendoza. Todas las asambleas advirtieron de que resistirán en las calles, rutas y territorios. También destacaron que en Argentina rige el “principio de progresividad del derecho ambiental”, que lleva implícito el de no regresión. Por lo cual la modificación que planean el Gobierno y las empresas es inconstitucional.

https://www.pagina12.com.ar/81515-en-defensa-de-los-glaciares

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235156

 

 

Valoremos 29 encuentros a lo largo y ancho del país de confraternizar e ir construyendo reciprocidades entre las asambleas, en las formas de organización autogestiva del trabajo y en la superación de las fronteras, discriminaciones, etc. instituidas por los de arriba.

 

 

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
10 de Diciembre de 2017

 

 

10 de diciembre, Villa 25 de Mayo, San Rafael, Mendoza

 

Declaración de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) sobre la reunión ministerial de la OMC (Organización Mundial del Comercio)

Las y los reunidos en el 29 encuentro de la UAC, pertenecientes a asambleas y colectivos de distintas comunidades que luchamos y defendemos los bienes comunes, debajo de un platanal de San Rafael (Mendoza), nos constituimos y decimos:

Ante la reunión a puertas cerradas de los delegados de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que pretenden decidir y negociar sobre nuestras vidas y territorios, levantamos nuestros cuerpos y nuestras palabras para oponernos y defender todas las formas de existencia inspiradas en los principios del buen vivir. Los delegados de la OMC, que no son otra cosa que los emisarios de la muerte, aspiran a profundizar y globalizar el cercamiento capitalista de los bienes comunes, continuando con la acumulación por despojo. Esta acumulación por despojo se sostiene a través de una violencia sistémica, tanto de los estados capitalistas (con sus fuerzas de seguridad) como de las empresas trasnacionales y nacionales, que destruye nuestras vidas y territorios, como sucede hoy, sin ir más lejos, con nuestrxs hermanxs mapuches.

Vamos construyendo formas de organización que se traman con los bienes comunes, el aire, el agua, la tierra y con los saberes que se transmiten de encuentro en encuentro, de abrazo en abrazo. No creemos en las representaciones ni delegamos nuestra potencia de existir. Creemos y construimos desde la autoderminación de los pueblos que reafirman las identidades que han sido negadas y desaparecidas desde hace más de 500 años. Sostenemos la forma asamblearia y el consenso para construir afectivamente otras formas de hacer política.

Durante estos 11 años de la UAC venimos construyendo comunidad, entretejiendo lazos para la creación de economías autogestivas que cuiden la tierra, opuestas a la lógica del mercado, es decir, a la lógica productivista orientada a la ganancia que impulsan organizaciones como la OMC. Nosotros y nosotras, en cambio, entendemos el trabajo como cuidado y reproducción de la vida en todas sus expresiones, humanas y no humanas. El trabajo como matriz de relaciones sociales donde prime una lógica de la reciprocidad, que tiene sus huellas en experiencias diferentes de organización de la producción y el consumo como las campesinas e indígenas y diversas iniciativas autogestivas urbanas que tienen lugar a lo largo de toda nuestra América. Concretamente buscamos generar espacios de siembra colectiva, prácticas agroecológicas, espacios de intercambio de bienes y de saberes, desde abajo y de modo horizontal. Hilamos nuestras luchas por la construcción del buen vivir.

En definitiva, levantamos nuestras voces y nuestros cuerpos repudiando el encuentro de la OMC en nuestra tierra y decimos:

 

¡FUERA LA OMC!

¡TERRITORIOS PARA LA VIDA,

LIBRES DE CONTAMINACIÓN Y VIOLENCIA!



 

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