Qué Estado

Julio 2017

Con festejo de pactos entre burocracias para la impunidad del poder fáctico.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Destaquemos que todos los llamados gobiernos progresistas surgieron en confrontación con el bipartidismo en crisis de representación. Triunfan sea por construcción política desde ideales de izquierda de las bases sea por rebelión de los pueblos contra el neoliberalismo. Sin embargo, todos ellos hicieron cuanto pudieron para erradicar la constitución del poder comunal que arraiga la soberanía popular. Usaron el poder estatal no sólo para desmovilizar y fragmentar a las organizaciones que les dieron origen sino sobre todo reinstauraron el orden jerárquico de la democracia tutelada por el poder fáctico y que cultiva, para ocultar al último, la exageración del presidencialismo. Este, en los gobiernos progresistas,  devino obediencia debida y culto a la personalidad de los líderes como resultado, en los gobiernos del matrimonio Kirchner, del inteligente uso del potencial moderno para manipular a la diversidad de abajo. Los gobiernos del matrimonio Kirchner se valieron de metodologías semejantes a las de Rafael Correa. Examinemos:

 

Comunicación estratégica, marketing político, psicología de masas

y control de la información en el régimen correísta

27 de octubre de 2014

 

Este texto es el capítulo elaborado por el sociólogo y periodista Decio Machado para el libro "La restauración conservadora del correísmo", el cual aparece al público a partir del mes de noviembre del presente año y ha sido elaborado por diversos autores.

 

Por Decio Machado   

“Una educación que remueve la cultura política para que la sociedad no busque salvadores, sino que genere socialidades para convivir, concertar, respetar las reglas del juego ciudadano (…) la educación debe desarrollar sujetos autónomos ya que frente a una sociedad que masifica estructuralmente, una sociedad que tiende a homogeneizar incluso cuando crea posibilidades de diferenciación, la posibilidad de ser ciudadanos es directamente proporcional al desarrollo de sujetos autónomos, es decir, de gente libre tanto  interiormente como en sus tomas de posición. Y libre significa gente capaz de saber leer la publicidad y para qué sirve, y no dejarse masajear el cerebro, gente que se capaz de tomar distancia del arte de moda, de los libros de moda, gente que piense con su cabeza y no con las ideas que circulan a su alrededor.”Jesús Martín Barbero, Oficio de cartógrafo (2002)

 

Desde la vuelta de las democracias a América Latina, tras el aciago período histórico que se caracterizó por una concatenación de dictaduras militares en la región[1], la actividad política se ha convertido en un asunto de importante interés público para los ciudadanos de la región. Según los indicadores emanados de Latinobarómetro[2], la ciudadanía latinoamericana más allá de desear estar al día con respecto a los asuntos que les afectan cotidianamente, demandan la participación directa en la actividad política de su contexto social. Este es el origen de la enorme importancia adquirida por la comunicación estratégica en nuestros días.

 

Las acciones realizadas por los candidatos, líderes políticos, partidos e instituciones gubernamentales por mantener y fortalecer el respaldo de la gente hacia sus propuestas, programas y políticas públicas, se ha convertido en un factor crítico tanto para alcanzar los puestos de elección popular a los que aspiran, como para  el mantenimiento del orden, el control social y la gobernabilidad en sus respectivos ámbitos de intervención.

 

La imposición -dentro de un mundo globalizado y en plena evolución- de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de técnicas y herramientas innovadoras que permiten la expansión casi sin límites de la comunicación ha hecho que a causa del marketing político, las ideas ya no basten para que los políticos convenzan a la ciudadanía de que son los más apropiados para ejercer los cargos a los que aspiran e incluso para perpetuarse durante años en el poder.

 

Si bien es cierto que la comunicación política existe desde los tiempos de la Antigüedad, donde se aprovechaba la reputación de los guerreros para amedrentar a potenciales enemigos internos y externos, así como para recaudar los impuestos entre sus súbditos (Maarek, 2009), las nociones actuales en las que se manifiestan este tipo de técnicas se remontan apenas a la segunda mitad del siglo XX[3].

 

Paralelamente, desde hace aproximadamente un par décadas, se vive un momento en el que las relaciones entre las élites políticas y los medios de comunicación se han complejizado a escala global. Mientras asistimos a una enorme concentración de medios de comunicación a nivel planetario, en algunos países a los políticos se les reprocha que ya sólo actúen o comuniquen en función de la visibilidad mediática de sus operaciones a riesgo de una suerte de populismo modernizado (Tironi y Cavallo, 2004), mientras que otros gobiernos, independientemente de su sensibilidad política, intentan desarrollar el control sobre la información con el objetivo de sufrir el menor desgaste posible en el ejercicio de su autoridad.

 

Campaña de 2006: punto de partida de la expertise correísta en marketing y comunicación política

 

De igual manera que otras tantas campañas latinoamericanas del momento, la campaña presidencial del año 2006 en Ecuador fue una campaña fuertemente mediática (Dávalos, 2012).  La campaña de comunicación política y estrategias de marketing electoral correísta se sustentaron –al igual que otras tantas en la región- en el establecimiento de alianzas entre “grupos de interés”, “poderes fácticos”, líderes de opinión y medios masivos de comunicación (López, 2003). Todo ello, más allá de la realización de múltiples eventos electorales en un recorrido que abarcó el conjunto del país, llegando a lugares que sus adversarios desecharon, ganándoles también en el pulso del contacto directo con el electorado.

 

En base a esta estrategia el entonces candidato Rafael Correa, además de incrementar sus indicadores de conocimiento, identificación y penetración entre la ciudadanía, generó el escenario idóneo para lanzar sistemáticos ataques en contra de sus rivales, lo que fue la base de su campaña electoral. Dichos ataques se hicieron fundamentalmente en contra de los ya muy desgastados partidos políticos tradicionales, los cuales se encontraban altamente deslegitimados ante la ciudadanía y muy deteriorados en la realidad política nacional. Con cada nuevo ataque dialéctico, el entonces presidenciable ganaba en popularidad, logrando vehicular a su favor los resentimientos de las y los ecuatorianos en contra de la llamada “partidocracia” e implementando con su modelo de comunicación una imagen que ganaba enteros en consistencia y coherencia política durante toda su campaña. En este sentido, la estrategia correísta cumplió dos de los fundamentos existentes en los actuales manuales políticos electorales modernos: a) si hay descontento social la estrategia debe ser de ataque y descalificación de los adversarios; y b) cuando un candidato tiene una estrategia clara y definida, el candidato debe mantener su postura de manera coherente durante toda la campaña electoral (Durán y Nieto, 2010).

Bajo estos criterios, la campaña de Rafael Correa durante la primera vuelta se concentró en el discurso político –necesidad de un cambio radical en el país, deslegitimación de la partidocracia e implementación de un nuevo proceso constituyente-, mientras que sus rivales se limitaron a posicionar ofertas políticas y promesas básicamente en materia de vivienda y empleo. No sería hasta la segunda vuelta cuando el hoy mandatario ecuatoriano, inmerso ya en una fuerte y estratégicamente elaborada campaña de desprestigio respecto a su adversario Álvaro Noboa, posicionara diversas propuestas y compromisos políticos para su futura gestión de gobierno.

 

El éxito electoral del correísmo se basó en saber segmentar de forma adecuada sus mensajes hacia los diferentes públicos objetivos de su comunicación. Así, mientras Noboa basaba su discurso en las clásicas estrategias clientelistas que han caracterizado históricamente la política ecuatoriana, dirigidas –entre dádivas, regalos y promesas de campaña- al sector más empobrecido de la población, y autodefiniéndose como “enviado de Dios” (Recalde, 2007); el correísmo se articuló con base en el desprestigio del Congreso Nacional y de los partidos políticos entonces existentes (Dávalos, 2009); dotando a su campaña de una gran creatividad publicitaria –videos que fueron virilizados en redes sociales[4] desprestigiando a sus oponentes y spots publicitarios con gran originalidad y acierto mediático[5]-. En base a lo anterior, el correísmo consiguió  conectar con sectores medios de la población y de manera especial con el target más joven del electorado.

 

Fueron los medios de comunicación de masas, hoy en conflicto con el oficialismo, los que se encargaron de posicionar de forma sistemática que Rafael Correa era un candidato nuevo, un outsider en la política ecuatoriana, y sobre todo una persona joven que se enfrentaba a candidatos de mayor experiencia. Aunque este posicionamiento fue intencionalmente provocado por los mass media nacionales, más que afectar a Correa lo que propició fue un positivo posicionamiento ante amplios sectores del electorado ecuatoriano. Se afianzó la imagen de Correa como un político nuevo, sin secuelas por su pasado y de fuerte personalidad contestaría. Esto lo visibilizó de forma muy diferenciada frente a su rival, un candidato de mayor edad, millonario, aburrido y reiterativo en las campañas políticas ecuatorianas. Correa se convirtió así en el exponente del cambio, en la identificación política del creciente malestar de perfil “antisistémico” existente entre la ciudadanía y en la expresión del descontento generalizado ante las tradicionales formas de hacer política y el actuar de los eternos grupos de poder (partidos políticos, empresarios, banqueros y medios de comunicación) existentes en el país.

 

Enmarcada en esta cuidada estrategia electoral, se articuló el compromiso de un nuevo proceso constituyente en el Ecuador. Esto permitió una nueva innovación electoral más, Rafael Correa y Alianza PAIS prescindieron de presentar candidatos a un muy desprestigiado Congreso Nacional, lo que como elemento novedoso tuvo un afortunado impacto entre el electorado. En la práctica y de esta manera, la campaña electoral correísta incorporaba en su estrategia comunicacional una consigna ya anteriormente interiorizada por millones de ecuatorianos durante el derrocamiento de Lucio Gutiérrez: el “Que se vayan todos!” (Dávalos, 2012). Bajo esta lógica estratégica electoral, se generalizaron las esperanzas ciudadanas en un cambio político de carácter radical, más allá de la sensibilidad política del votante ecuatoriano del momento, el cual estaba ya muy lejos de canalizar su descontento por vías revolucionarias.

 

En materia de imagen, el candidato Correa también supo diferenciarse de sus adversarios, pues realizó su campaña vestido de manera informal  -camisetas color verde y pantalones jeans-, lo que generó una imagen de cercanía con la población. Correa no aparecía como un político al uso, sino como un ciudadano similar al electorado al que le pedía su voto. Esta estrategia de imagen respondía a otra regla clásica de manual electoral, la cual hace referencia a la resonancia que determinadas imágenes tienen sobre el electorado en momentos determinados, buscando con acierto los estímulos provocados que evocan significados cercanos al votante (Schwartz, 2001). El posicionamiento de Correa como un ciudadano alejado de la política tradicional, un joven y aguerrido ciudadano -no político- que buscaba la profunda transformación del país, polarizó la elección y situó al hoy Presidente de la República en una posición privilegiada electoralmente respecto a sus contendores.

 

Otro elemento referenciable de la campaña correísta fue el acertado uso de la identidad corporativa que se desarrolló y el empleo del color verde brillante fosforescente. El color verde flex tuvo su origen en un anterior y agresivo posicionamiento publicitario elaborado por la transnacional española Movistar –líder en telefonía inalámbrica-, que quedó plasmado en el subconsciente de la ciudadanía, lo cual fue utilizado adecuadamente por la campaña de Correa. Respecto a eso que los expertos publicistas en la materia llaman eye tracking[6], los afiches y bandeloras del correísmo tuvieron una más que destacada visualización frente a los de sus adversarios, los cuales manejaron colores apagados como fondos de su campaña electoral.

Por último, dentro de la imagen gráfica de campaña y más allá del color verde flex, se utilizó el rostro de Correa en forma de negativo fotográfico, lo que tuvo fuerte impacto social, debido a la simpleza de la imagen y su aspecto “urbano” juvenil –asemejado a un graffiti o la imagen de un líder revolucionario[7]- (Dávalos, 2012).  La lógica icónica de un líder mirando hacia el futuro se traducía en la idea de un preparado académico que irrumpe en el mundo de la política en un país sumamente corrupto, pero que mira hacia el infinito enfocando sus sueños para la Nación más allá del horizonte inmediato. La idea aunque básica tuvo una carga innovadora y efectiva, pues a través de un efecto de fotogenia, un joven profesor universitario con escasa trayectoria política (acumulaba apenas unos meses como ministro de Economía del gobierno anterior) fue transformado en héroe revolucionario. Con su imagen elevada por una especie de luz sobrenatural que lo inspiraba, al entonces candidato presidencial se le trabajó publicitariamente como un ícono simbólico asociado al Che Guevara, lo cual combinado con eslóganes como “recuperemos la patria” y setenteras canciones de los Quilapayún o los Inti-Illimani en cada uno de sus actos electorales, reforzó el aire revolucionario y heroico de su figura mediática.

 

Solo faltaba entonces para ganar, amortiguar el fuerte carácter y las puntuales salidas de tono del entonces aspirante a presidente. Esto se hizo a través del asesoramiento externo de una empresa de comunicación política mexicana que llegó al Ecuador tras haber asesorado al partido conservador salvadoreño Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), organización política fundada por el paramilitar Roberto d´Aubuisson en 1989. La consultora mexicana Cuarto de Guerra fue la encargada de transformar el perfil marcadamente irascible del hoy mandatario ecuatoriano en una suerte de “Pasión por la Patria”[8].

 

Es a través de esta campaña electoral del 2006 donde se sentarán las bases de la futura comunicación político-estratégica del correísmo en el gobierno. El correísmo, ya como doctrina oficialista en el poder, combinará innovadoras técnicas de comunicación política en el país con un desarrollado y estratégicamente calculado culto a la personalidad del líder, la agresividad y descalificación dialéctica como norma de desacreditación sobre los adversarios políticos del régimen, el factor sorpresa como herramienta de quiebre ante sus rivales, las técnicas que reflejan proximidad ante la ciudadanía (gabinetes itinerantes, enlaces ciudadanos desde los lugares más recónditos del país o permanentes apariciones del mandatario rodeado de masas ciudadanas), los acordes de las viejas canciones revolucionarias, así como una cuidada campaña publicitaria (tanto por la destreza en la elaboración de piezas audivisuales como por la creatividad de su cartelería, gigantografías y otras herramientas de imagen estática) basadas en los logros obtenidos a través de determinadas políticas públicas auspiciadas por el gobierno.

 

Siete años y medio de un modelo de comunicación político-estratégica innovadora en Ecuador

 

Los estudios elaborados por diferentes entidades ecuatorianas especializadas en sondeos de opinión, desde finales de los años noventa hasta hoy, vienen a indicar que los ecuatorianos se identifican desde lo místico mayoritariamente como seguidores de la fe cristiana y sus valores; desde el ámbito del ocio como acérrimos seguidores del deporte del futbol; mientras que en la esfera política desean tener un líder fuerte que guíe al pueblo hacia un futuro próspero, que fomente la seguridad, el afianzamiento de la dolarización y la justicia al interior de un país que sea socialmente más o menos equilibrado. La honestidad en la gestión pública, la vuelta de los emigrantes, la implementación de una democracia real y el desarrollo económico nacional son los elementos más deseados por la ciudadanía, transversalizándose también entre estos sentimientos el orgullo de ser ecuatorianos.

 

En este sentido, tanto el presidente Correa como sus asesores políticos, desde la campaña del 2006 hasta la fecha, han sabido encauzar acertadamente el sentir nacional y los aspectos cognitivos de la conducta del pueblo ecuatoriano. En base a ello, se han manejando estrategias como la del famoso “correazo” (símbolo de machismo y autoridad, dado que refleja la forma en que se castigaba a los niños en el país) durante la campaña de 2006, hasta el “Rafael para el pueblo, Correa para los corruptos” o el “Ya tenemos Presidente!!” de campañas posteriores. De forma paralela, el mandatario hace gala permanente de ser un férreo seguidor de uno de los equipos estrella del campeonato de fútbol ecuatoriano, llegando incluso a dedicar amplios espacios de sus programas destinados a la rendición de cuentas a la ciudadanía a opinar sobre la calidad del juego de los diferentes equipos punteros del Ecuador y de su selección. De igual manera, el líder oficialista ha manifestado de forma permanente su fuerte identificación con la doctrina cristiana, llegando incluso a sancionar disciplinariamente a diversas asambleístas de su partido por manifestarse en el Legislativo a favor del aborto en casos de violación.

 

Tampoco se dejó atrás el drama de la emigración nacional, el cual ha tenido un fuerte impacto sobre las familias ecuatorianas. La estafa de las políticas neoliberales en Ecuador llegó a  su “climax” con el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000), cuyo gabinete estaba controlado por la bancocracia, protagonizando el “salvataje bancario”[9] y la dolarización[10]. Esta crisis provocó una fuerte emigración hacia el exterior, principalmente hacía España e Italia; y aunque los números son confusos, se estima que en el año 2000 más de medio millón de personas –un 4% de la población en ese momento existente- salieron del Ecuador en busca de su supervivencia. Es por ello que en marzo de 2007, apenas dos meses después de su investidura, el presidente Correa ponía en marcha una de sus innovaciones políticas: la creación, con rango de ministerio, de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), siendo su misión “la definición y ejecución de políticas migratorias, encaminadas al desarrollo humano de todos sus actores, que servirá de enlace en las acciones de atención, protección y desarrollo de la persona migrante”[11]. Al año siguiente se pondría en marcha el Plan Bienvenidos a Casa, lo que en la práctica significaba el inicio de la llamada “operación retorno”[12]. Según datos oficiales, la combinación de las políticas del Plan Bienvenidos a Casa y del Plan Voluntario de Retorno[13], este último impulsado por el gobierno español, significó que a finales de 2013 los migrantes retornados al país alcanzaran la cifra de 37.000 ecuatorianos. Lo que desde las instituciones ecuatorianas se presenta como un triunfo de las políticas nacionales enmarcadas en la vuelta de los exiliados económicos, no oculta más que una visión muy parcializada de este “supuesto” éxito. Según los datos del INE[14], el número de ecuatorianos residente en el Estado español viene disminuyendo paulatinamente desde el año 2009, habiendo abandonado dicho país unos 47.000 migrantes ecuatorianos tan solo en el transcurso del año 2012. En resumen, la mayoría de los migrantes ecuatorianos que han salido de territorio español desde la llegada de la crisis a este país lo han hecho con destino a otros lugares de Europa (Machado, 2013); y en este sentido, cabe señalar que la Casa Ecuatoriana en Londres recibió durante ese mismo año –mediante cita previa, con tan solo tres operarios y carente de bolsa de trabajo- una media de 300 personas diarias, cuyo perfil común era ser ecuatorianos emigrados desde España en busca de trabajo y con necesidad de solicitar prestaciones sociales. Un informe elaborado en mayo del 2012 por la Universidad Queen Mary bajo el título No Longer Invisible (No más invisibles) concluía que 85% de los jóvenes sudamericanos residentes en Londres sufre abuso laboral, recibiendo un 11% de estos una remuneración inferior al salario mínimo reglamentado. En referencia a dicho informe, organizaciones de trabajadores migrantes con sede en Londres como Latin American Workers Association (Lawas), señalan que “los trabajadores latinoamericanos suelen trabajar hasta 16 horas al día, en algunos casos son racialmente abusados y pueden terminar siendo víctimas de abusos físicos y sexuales”.

 

Por otro lado, desde la utilización del rostro del presidente Correa con apariencia de negativo en su primera campaña electoral, han sido múltiples las imágenes  desarrolladas del mandatario bajo leyendas patrióticas y manteniendo su mirada de forma elevada hacia el horizonte o el infinito, plasmándose cierto mensaje mesiánico que no le es para nada hostil a la población ecuatoriana. El aparato de propaganda gubernamental ha ido conformando una lógica de culto a la personalidad de su líder que convirtió al presidente Correa en una especie de gran demiurgo del corazón ecuatoriano, con cierta iluminación por lo divino y un agudizado perfil caudillesco, lo cual lejos de ser entendido de manera caricaturesca forma parte de la tradición política latinoamericana. La estrategia permitió que en los ámbitos más empobrecidos y con menor formación cultural de la sociedad, al Presidente de la República se le haga alusión incluso como “Papi Correa”, en referencia a la devoción de sus votantes y el reconocimiento a la “sabiduría” y la “autoridad” del padre para determinar el futuro de sus hijos.

 

Encuadrados en esta realidad social, se ha desarrollado una permanente campaña publicitaria de gran creatividad, una propaganda de proximidad a la población en la cual se crea la ficción de la participación social del conjunto de los ecuatorianos en la toma de decisiones del Estado, así como la profundización de la ironía y la polémica en los discursos presidenciales, lo cual ha sido la base de la comunicación estratégica y del marketing político del correísmo durante estos casi ocho años de gobierno.

Lo anterior no quiere decir que todas las campañas de ataque y confrontación (Durán y Nieto, 2010) en las cuales se sostiene la dialéctica presidencial estén siempre destinadas a lograr penetración y recordación popular. Los equipos de marketing político y asesoramiento comunicacional de los que dispone la Presidencia de la República entienden bien que este tipo de estrategias deben basarse en los temas que realmente cuentan con la fuerza necesaria entre el electorado para movilizar simpatías y votantes. De igual manera, se busca bajo la estrategia de la descalificación política e incluso personal de los disidentes por la izquierda del oficialismo o de sus adversarios políticos conservadores, continuar con el desgaste de las figuras opositoras asociándolas a la vieja y deslegitimada partidocracia nacional. Como elemento de apoyo estratégico, se explota un discurso de lógica soberanista y patriotera basado en la convicción de que el país camina unilateralmente[15] hacia el desarrollo para salir de lo que se ha venido a llamar comúnmente “Tercer Mundo”, lo cual califica a los críticos de dichas políticas como antipatriotas e incluso como malos ciudadanos. Se pretende a su vez, mantener la imagen del presidente Correa como un político no convencional, estrategia para lo cual es necesario posicionar su figura como un líder diferenciado y reconocido en el ámbito internacional. Para ello se posiciona desde las campañas político-publicitarias auspiciadas desde el aparato de propaganda estatal y cuyo público cautivo es la ciudadanía residente en el Ecuador, el que un país de quince millones y medio de habitantes y apenas 283.560 kilómetros cuadrados de extensión –siendo más del 40% de su territorio selva húmeda tropical apenas poblada- es un referente geopolítico de gran importancia en el concierto de la gobernanza global. Todo ello se enmarca a su vez en la adulteración del término “socialismo”, concepto que si bien es cada vez más olvidado en los discursos del correísmo, tomó en el régimen un matiz “cristianismo humanista” que pretende rebajar su carga ideológica y las resistencias que pudiera ocasionar en determinados sectores de la población ecuatoriana.

Es así, inmersos en la ciencia ficción auspiciada por el aparato de propaganda gubernamental, donde por ejemplo organizaciones campesinas cercanas al régimen y conformadas mayoritariamente por población rural de escasos recursos económicos que demandan transparencia respecto al reciente acuerdo comercial firmado entre el Ecuador y la Unión Europea, encabezan sus cartas al ministro de  Comercio Exterior bajo el subtítulo “compañero Francisco Rivadeneira”, en alusión a un ex gerente del Citibank[16] y de la CORPEI[17].

 

La estrategia de marca de Rafael Correa

 

La mejor estrategia electoral del presidente Rafael Correa, desde el 2006 hasta hoy, se ha basado en la construcción de un “branding[18] asociado a su nombre y figura. Dicho branding esta conformado por cinco elementos: a) naming: creación de un nombre, b) identidad corporativa, c) posicionamiento, d) lealtad de marca, y e) desarrollo de marcas y arquitectura de una marca. Es por ello que Rafael Correa construyó su proyecto político posicionado sobre las iniciales de su propio nombre - Revolución Ciudadana (RC)- e imagen. Esta estrategia acompañada de un sinfín de herramientas auxiliares sostenidas sobre un estilo personal de gestión y la aplicación de sofisticadas técnicas publicitarias, convierte en extremadamente difícil desmontar el espejismo sociopolítico creado sin una contra campaña altamente inteligente que hasta hoy ninguno de sus rivales ha sido capaz de articular. Los que enfrenten a futuro a Rafael Correa en las urnas, deben pasar no solo el filtro del branding posicionado, sino también por el de su empoderamiento social con tintes populistas (promesa democratizadora de devolver el poder secuestrado por las élites a los ciudadanos) para poder derrocarlo. El reto es complejo, dado que el populismo surge cuando los sistemas representativos y de partidos son percibidos como excluyentes, posicionándose como las alternativas políticas que pretenden terminar con el dominio de las élites y convirtiendo a la imagen del líder en la encarnación del pueblo[19].

 

El correísmo no solo ha implantado una nueva forma de hacer política en el país, sino que también continúa intentando vivir estratégicamente del odio y la frustración acumulada por la ciudadanía ecuatoriana durante las dos décadas y media de un neoliberalismo que tuvo consecuencias dramáticas. Es por ello que una parte del discurso correísta se sostiene sobre el temor ciudadano a volver a un pasado caótico donde los grupos de poder existentes en el país hicieron -sin control del Estado- lo que les vino en gana. Así, la marca corporativa auspiciada durante todo el actual gobierno de la revolución ciudadana, se posiciona como única en la historia del país, unificando mensajes, el desarrollo de una propaganda que enmarcada al conjunto de instituciones públicas en una estrategia global, las cadenas gubernamentales en radio y televisión, así como el sabatino Enlace Ciudadano. Respecto a lo último, cabe señalar que los Enlaces Ciudadanos fueron concebidos inicialmente como una herramienta de comunicación entre el mandatario y la ciudadanía para ser utilizada como un espacio de rendición de cuentas, pero que ha sido transformado en una especie de “púlpito” donde el presidente da rienda suelta a su propio estilo personal de comunicación.  Es a través de esta herramienta de conexión entre el presidente Correa y la ciudadanía donde se visibiliza uno de los mayores problemas que tiene Alianza País para desarrollarse como herramienta de un proyecto de alcance nacional: en los países donde la relación política entre el gobernante y la población es una relación de líder/masa, no son necesarios los partidos políticos; es más, pudieran incluso ser contraproducentes, pues podrían generar debates políticos internos respecto a ideología, programas y liderazgos de futuro, circunstancia que se encuentra muy alejada de intención de la dirección política actualmente existente en el partido de gobierno[20].

 

Comunicar es persuadir y persuadir es buscar efectos en el receptor. De esta manera la comunicación desarrollada desde el poder se convierte en una herramienta más de la gestión gubernamental orientada a la consecución de los objetivos estratégicos del oficialismo. Cabe señalar al respecto de todo lo anterior, que a pesar de que ya sea notorio un mayor desgaste en la capacidad comunicativa del régimen, la estrategia aún continúa dando sus frutos. Sin embargo, tanto el presidente Correa como sus asesores estratégicos son conscientes que aquello que nos cantara Héctor Lavoe[21] décadas atrás: “todo tiene su final, nada dura para siempre…”. Es por ello, que tras las elecciones seccionales de febrero del 2014 y tras unos resultados electorales por primera vez poco alentadores para el oficialismo, el presidente Correa rectificó sobre las directrices dadas a sus ministros en junio del 2012, cuando ordenó la prohibición a los altos funcionarios del Estado de conceder entrevistas a medios privados, a los que acusó de atacar al gobierno con mentiras.

 

En resumen, el presidente Correa ha sido convertido a través de elaboradas estrategias de comunicación política y marketing electoral en un “lovemarks[22]. Su rostro aparece por todas partes, su voz cierra losspots publicitarios del conjunto de la propaganda emitida por los diferentes ministerios del gobierno nacional, y los medios pueden llegar incluso a ser sancionados por no recoger como noticia destacada alguno de sus viajes al extranjero o sus exposiciones académicas en el exterior[23]. Respecto a lo último, es curioso señalar el hecho de como los recién creados órganos de control sobre los medios de comunicación consideran la estrategia de posicionamiento internacional del presidente Correa como información “relevante”, argumentación sobre la que basan la justificación de sus posibles futuras sanciones sobre los medios de comunicación que no la destacan. Además, la figura del mandatario ecuatoriano ha sido no sóo trabajada desde la propaganda y publicidad masiva, sino también a través de historias que lo interrelacionan: obras inauguradas –en algunas ocasiones por tramos, lo que permite reiteradas inauguraciones en la misma obra- que pretenden ser míticas, discursos posicionados como referenciales en los foros internacionales, y una visión con cierto perfil mesiánico sobre el futuro del Ecuador y del conjunto de la Humanidad. Todo ello cumple con las reglas básicas del “Lovemarks”, las cuales buscan lograr una conexión basada en el amor entre el consumidor y la marca, lo que  se soporta sobre una plataforma estratégica que explota los sentimientos y el respeto[24], o lo que es lo mismo, se carga al producto publicitado de densidad y volumen. En definitiva y gracias a los avances de la neurociencia y su aplicación al marketing (neuromarketing), lo que se viene a demostrar es algo tan sencillo como que la publicidad ya entendió que lo que mueve a los seres humanos es la emoción por encima de la razón. En base a lo anterior, se desarrollan estrategias que buscan la construcción de vínculos emocionales profundos y duraderos con los clientes/electores, consiguiendo el máximo grado de fidelidad y lealtad más allá de la razón; lo que combinado con el misterio -grandes historias que hay detrás de las grandes marcas-, crean la fuente de inspiración que suponen estas marcas/partidos para sus clientes/electores.

 

Desde la perspectiva corporativa de las empresas o marcas políticas, puede parecer una obviedad, pero cotidianamente se hace visible el escaso respeto que tienen la mayoría de las marcas/partidos por sus clientes/electores. Sin embargo, en el mundo del Marketing 3.0.[25], los Lovemarks se ganan el respecto de sus consumidores/electores a través de técnicas aplicadas basadas en la estrategia, determinación y autodisciplina cotidiana.

Todo lo anterior ha hecho del presidente Rafael Correa un candidato vencedor de largo tiempo, que basa sus estrategias políticas en la comunicación negativa sobre sus opositores y en el irrespeto por todo lo que pueda ser considerado como disidencia política u oposición ideológica. A su vez, como estado moderno en que se ha convertido, el gobierno ecuatoriano y por lo tanto también el partido de gobierno, utiliza las herramientas más modernas en materia de marketing político para posicionar a través de estudios cuantitativos y cualitativos los elementos que están en el sentir más profundo del pueblo ecuatoriano, con independencia que estos sentimientos puedan considerarse más o menos afortunados (entre ellos la lógica política popular de un líder/padre que implementa autoridad sobre sus subordinados/hijos). De igual manera, el correísmo se especializó en implementar elementos sorpresa en sus campañas políticas, electorales o no, basadas en claves de ataque –los cuales están siendo incorporados dentro del imaginario de los y las ciudadanas ecuatorianos- sobre el discurso de los opositores al régimen. Es por ello que gran parte de las y los ecuatorianos utilizan en la actualidad frases hechas y calificativos posicionados por el régimen a través de sus cadenas gubernamentales, su propaganda política o los Enlaces Ciudadanos. Entre esa terminología destacan calificativos como el de “ecologistas infantiles” para calificar a los ambientalistas críticos con la política neodesarrollista emprendida por el gobierno, el de “tirapiedras” o “izquierda caduca” al hacer referencia a los opositores del régimen por la izquierda, el de “ponchos dorados” o “emplumados” para significar a la dirigencia indígena no afín al régimen, el término de  “opositores caretucos” para señalar a la oposición política en general, o frases como “de donde va a salir la plata para las escuelas del milenio y el desarrollo si no es del petróleo o de la minería” para cuestionar las resistencias locales emprendidas por comunidades afectadas a las políticas extractivistas implementadas por el actual gobierno, entre tantas otras. 

A pesar de declaraciones tan ingenuas como las realizadas por el anterior secretario ejecutivo de la agrupación política oficialista, Galo Mora, quien diría en octubre del 2012 que "no necesitamos de una empresa, porque Alianza PAIS es capaz de contar y socializar los nuevos sueños"[26], la estrategia política del correísmo se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo y ha sido incluso reconocida de manera internacional no precisamente por sus capacidades internas. No es tan sólo que algunos movimientos y organizaciones políticas europeas que están apareciendo hoy, fruto de la decadencia neoliberal en Europa, estén copiando parte del discurso y la estrategia electoral de Rafael Correa en Ecuador (casos como el del Frente de Izquierda en Francia o el de Podemos en el Estado español), sino que incluso su última campaña electoral (2013) fue galardonada en una reciente edición de los Victory Awards 2014[27]. Allí se reconocieron los trabajos del ministro Vinicio Alvarado y de los consultores políticos mexicanos José Adolfo Ibinarriaga y Roberto Trad –quienes comandaron la campaña electoral presidencial oficialista de febrero del 2013- como finalistas en la categoría “Campaña del Año”[28].

Otra categoría en la que estuvo vinculada la última campaña presidencial de Rafael Correa fue la “Consultor Político del Año”. En este apartado el proyecto desarrollado en Ecuador obtuvo el primer lugar, siendo José Adolfo Ibinarriaga –consultor político que actualmente desarrolla funciones como profesor del diplomado de Comunicación Gubernamental del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM- y Roberto Trad -consultor internacional en comunicación estratégica y comunicación política, y director del Instituto de Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica- reconocidos profesionalmente por su trabajo en la reelección de Correa.

 

En pocas palabras, el régimen tiene dinero y no escatima por lo tanto en gastos para traer a los mejores consultores internacionales en comunicación, cuesten estos lo que cuesten. La lista de consultores extranjeros implicados en las estrategias de marketing y comunicación política del régimen es amplia y abarca desde el prestigioso profesional norteamericano –hoy consejero presidencial- Ralf Murphine quien con más de medio millar de campañas electorales por diferentes partes del planeta ha acompañado al oficialismo desde 2006, hasta el recientemente incorporado Antoni Gutiérrez, un reconocido profesional catalán especializado en asesorías de comunicación estratégica.

 

El correísmo ha hecho suya aquella lógica emanada del psicólogo social antimarxista francés Gustave Le Bon[29], por la cual se afirma que conocer el arte de impresionar la imaginación de las masas equivale a conocer el arte de gobernarlas, y maneja por lo tanto a través de la comunicación estratégica lo que este pensador escribiría en su obra La psychologie des foules (1898): "Son siempre los lados maravillosos y legendarios de los sucesos los que más las impresionan. Así, los grandes hombres de estado de todas las edades y países, comprendidos los más absolutos déspotas han considerado la imaginación popular como el sostén de su poder".

 

Es así que las apariciones públicas de Correa se dan entre una multitud que lo abraza, hace high five, exponen a sus hijos para que el líder les bese en la frente y se fotografíe con ellos, brindan sus manos y cuerpos con el afán de ser saludados e incluso abrazados por el mandatario, mientras entran en una especie de éxtasis, entre banderas verdes y un nutrido cordón de seguridad presidencial. A pesar de lo anteriormente descrito, cabe referenciar que esto no se da tan solo por determinación popular, dotándose el régimen -a través de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política- de mecanismos para “incentivar” la asistencia de funcionarios públicos y receptores de bonos y subsidios a los actos presidenciales.

 

El control sobre la información

 

Habría que empezar este apartado del texto por indicar que no es posible sostener un branding bajo una fuerte campaña de comunicación negativa en contra. En las estrategias corporativas de las grandes compañías transnacionales de hoy, una de las funciones más importantes de sus comunicadores es precisamente el control y la desarticulación de la información negativa contra sus empresas. Tal es así, que los Community Manager, los responsables de Public Affairs, o los técnicos especializados en comunicación y marketing que trabajan para este tipo de corporaciones no solo tienen entre sus objetivos posicionar lo bueno y competitivos que son sus productos en el mercado, sino también desarmar los flujos de información negativa que afectan a su imagen y que emanan tanto de consumidores insatisfechos como de estrategias auspiciadas por empresas competidoras. En la actualidad y a pesar de la ilegitimidad del caso, gran parte de los periodistas de medios financieros y económicos de todo el planeta reciben sustanciales prebendas económicas ya no sólo por posicionar artículos en formato publirreportaje camuflados para alabar corporaciones y productos comerciales, sino también para silenciar la información negativa que en un momento determinado puedan manejar sobre dichas empresas.

 

Llevado esto al terreno de la política, es de señalar que en ningún otro momento de la historia del Ecuador el periodismo se ha convertido en un tema tan protagónico del debate político nacional. La legitimidad de las empresas privadas-lucrativas por ejercer como medios de información para la ciudadanía; el concepto de la información como bien de interés público; el desarrollo del concepto “terrorismo mediático”; la honra o reputación de las personas tratadas por los medios de comunicación; la veracidad de la información; la censura previa y la autocensura; el concepto de linchamiento mediático; los principios de democratización de la información; el concepto de información relevante; el derecho de rectificación y el de réplica; la información de circulación restringida; o, el derecho a la reserva de la fuente; entre otros, no esconden más que el debate de fondo: el derecho a la libertad de expresión y opinión; para quiénes, cómo y para qué se informa; el cumplimiento ético de las normas deontológicas del periodismo; y el quién, cómo y para qué se ejerce el control sobre la información. 

En el Ecuador se vive en la actualidad un debate que recuerda en muchos casos al existente durante el origen de los primeros periódicos, los cuales tendían a tomar como objetivo a las personas vinculadas al poder (motivo por el cual eran definidos como “balas de papel”, símil dialéctico al utilizado por presidente Correa cuando se ha referido en múltiples ocasiones a los periodistas como “sicarios de tinta”), siendo censurados por batallar contra la Iglesia y el Estado mientras cortejaban al mercado.

 

El control de la información y la censura de la información han acompañado históricamente al periodismo. A comienzos del siglo XVI, poco después de la invención de la imprenta por Gutenberg, el cardenal Wolsey, cerebro en la sobra del gobierno de Enrique VIII en Inglaterra diría: “Debemos destruir a la prensa o la prensa nos destruirá a nosotros”[30]. El pasar de los años y el reconocimiento a la libertad de comunicación del pensamiento y de las opiniones en la Declaración de los Derechos del Hombre (1789) no se modificó por parte del poder su visión sobre el periodismo. Sería Napoleón Bonaparte, desde su exilio en la isla de Santa Elena, quien señalaría que “la libertad de prensa debe estar en manos del gobierno, la prensa debe ser un poderoso auxiliar para hacer llegar a todos los rincones del Imperio las sanas doctrinas y los buenos principios. Abandonarla a sí misma es dormirse junto a un peligro”[31]. En pocas palabras, lo que expresaba el derrotado emperador francés no es más que una evidencia: la información es poder y en la medida en que los Estados intentan controlar los escenarios en los que intervienen, los medios de comunicación son espacios de contrapoder frente al poder político.

 

Más allá de la cercanía de los primeros editores europeos con el Estado[32], fue con la llegada de la Primera Gran Guerra cuando los Estados comenzaron a desarrollar una serie de mecanismos ya bien coordinados y en aquel entonces innovadores para el control de la prensa. La Primera Guerra Mundial convirtió a los medios de comunicación en aparatos de propaganda estatal (Sohr, 1998), silenciándose a cualquiera que fuesen las voces críticas. El mismo primer ministro británico de la época, Lloyd George, diría sobre este estilo de censura: “Si la gente realmente supiera lo que ocurre, la guerra se detendría mañana. Pero por supuesto, no saben y no pueden saber. Los corresponsales no escriben la verdad y la censura no la dejaría pasar”[33].

 

En esa misma línea, el periodista y escritor  británico George Orwell escribiría unos años después sobre su participación como brigadista internacional en Guerra Civil española: “Tempranamente en mi vida noté que ningún hecho es informado en forma correcta en los diarios. Pero en España leí por primera vez reportajes que no guardan relación alguna con los hechos, ni siquiera la relación que suele existir en una mentira común y corriente. Vi reportajes sobre grandes batallas donde no hubo combates y completo silencio donde murieron centenares de hombres”[34].

 

El colofón de este tipo de tesis sobre el control y manipulación de la información se daría en Alemania y sus frentes de guerra durante el III Reich, definiendo este ámbito de manipulación mediática como “el cuarto frente”. El ejercito alemán fue el primero en contar con unidades destinadas específicamente a la propaganda y la manipulación informativa. El propio Adolf Hitler escribiría años antes en su obra Mein Kampf, que “la propaganda efectiva debe ceñirse a unos cuantos puntos y machacar con estos eslóganes hasta que el último ciudadano de esa audiencia entienda qué es lo que queremos que comprenda con ese lema que le proponemos”[35]. Pero el control de la información en los países aliados tampoco fue mejor. Winston Churchill diría por aquel entonces: “En tiempo de guerra, la verdad es algo tan preciado que debe ser cuidada por un guardaespaldas de la mentira”[36]. Por su parte, la Unión Soviética prohibiría la posesión particular de receptores de radio durante el conflicto, difundiéndose la información a través de altoparlantes situados en lugares públicos. Evidentemente Japón no fue una excepción, en ese mismo período la posesión de un receptor de onda corta podía conllevar para un ciudadano nipón la pena de muerte.

 

Ya incluso en los años ochenta, durante el conflicto de las Malvinas entre Gran Bretaña y Argentina, el gobierno británico se encargó de transportar por medio de la Royal Navy un grupo de seleccionados periodistas –todos británicos- a la zona de conflicto. Todos tuvieron que aceptar firmar un documento en el que se sometían a la censura de sus despachos antes de enviarlos, siendo sus transmisiones realizadas a través del sistema de comunicación de las Fuerzas Armadas[37]. Por su parte, en Argentina, el comunicado de rendición de su ejército se presentó como “un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas”[38].

 

En América Latina, la libertad de prensa ha tenido una existencia muy frágil, lo que ha impedido la construcción de una cultura periodística independiente y de investigación. Lo anterior, tiene que ver a su vez con que la sociedad latinoamericana –el conjunto de instituciones no estatales, entre las cuales se encuentra la prensa- posee escasa fortaleza a pesar de haber estado históricamente al servicio de los grandes grupos de poder económico.

 

Lamentablemente en América Latina nunca se cumplió aquello que John Delane, quien accediera en 1841 a director del The Times[39] de Londres –cargo que mantendría hasta su muerte en 1877-, sentenciaría como valor supremo de la independencia periodística: “El deber de la prensa es hablar; el de los estadistas, guardar silencio. Los gobiernos deben tratar a otros con respeto extremo, por oscuro que sea su origen y por infames que sean sus actos; pero, afortunadamente, la prensa no se encuentra sujeta a tales impedimentos (…) El deber del periodista es buscar la verdad sobre todas las cosas, y presentar a sus lectores, no aquello que los estadistas desearan que conociesen, sino la verdad, hasta donde le sea posible alcanzarla”[40].

La limitación ideológica de sus oligarquías, así como la enorme concentración de la riqueza en manos de estas selectas élites, han sido los elementos que históricamente han obstaculizado el pluralismo periodístico y información objetiva en la región. Los medios de comunicación han estado históricamente controlados por oligarcas locales, los cuales han utilizado a estos medios como herramienta de confrontación ideológica frente a los nuevos gobiernos autodefinidos como “progresistas”[41] y surgidos a lo largo de la pasada década. Esta realidad ha complicado notablemente la labor informativa en el subcontinente, no habiendo sido Ecuador una excepción al respecto.

Es por ello, que con la llegada de Rafael Correa a la poltrona presidencial de Carondelet, el gobierno puso en marcha un aparato estatal de comunicación a los que referencia como medios de comunicación pública, pero que se conciben desde la misma lógica que la establecida por Napoleón Bonaparte a finales del siglo XVIII. Dicha situación poco o nada ayuda al establecimiento de una información veraz para el conjunto de la ciudadanía, pues estos medios actúan como voceros gubernamentales y aparatos de propaganda del régimen político en el poder, sirviéndose del entreguismo de profesionales del sector para la ejecución de sus funciones. Al fin y al cabo, citando al ilustre periodista argentino Rodolfo Walsh[42], “el periodismo es libre o es una farsa”.

 

Más de un año en vigor de una conflictiva Ley de Comunicación

 

Un análisis de la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada el 14 de junio de 2013 por la Asamblea Nacional, basado estrictamente en la lectura de su texto legal no debería tener como conclusión más que su consideración como un triunfo de las organizaciones sociales que desde hace años han reivindicado mejores condiciones para ejercer el derecho humano a la comunicación, la información fidedigna para el conjunto de la ciudadanía y el acceso universal a las tecnologías y medios que la facilitan.

 

La distribución equitativa de las frecuencias radioeléctricas, una de las principales reivindicaciones desde la sociedad civil, fue reconocida en su Artículo 106, donde se establece que las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de radio y televisión se distribuirán con un 33% para medios públicos, otro 33% para medios privados, y un 34% para medios comunitarios. En teoría esto debería significar un avance histórico para las voces históricamente excluidas del país.

 

De igual manera, otro aspecto muy positivo de la Ley es la prohibición de concentración o acumulación de frecuencias o señales para estaciones de radio y televisión (Art. 113); así como la obligación por parte de los medios a difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias (Art. 36); y, la inclusión de las personas con discapacidad a través de diversas medidas (Art. 37). Por su parte, el Estado, a través del Articulo 35, se obliga a implementar políticas públicas para que ninguna comunidad, por más alejada o pobre que sea, quede marginada del acceso a Internet y otras tecnologías, o de la posibilidad de tener sus propios medios de comunicación locales.

 

Como aspectos oscuros, la Ley incorpora la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación (Art. 20), estableciendo responsabilidades subsidiarias hacia estos por los comentarios que se formulen en sus páginas webs. Esta amenaza ha significado en la práctica la anulación de la valoración y participación de los lectores sobre la noticia, habiendo suspendido varios medios de información cualquier posibilidad de comentar sus noticias publicadas digitalmente, lo que conlleva un claro recorte sobre la libertad de expresión de la ciudadanía. La separación entre la información generada por el medio y los comentarios de particulares debería haber sido suficiente para deslindar las responsabilidades entre unos y otros. Por otro lado, a través de una ambigua formulación del término “linchamiento mediático” (Art. 26), en la práctica se ha coartado el rol del periodismo de investigación en hechos de interés público, quedando múltiples documentos sostén de importantes denuncias de corrupción y abusos por parte de las autoridades guardados en los cajones de los denunciantes y de los profesionales especializados en la investigación periodística.

 

Más allá de estas observaciones, el problema fundamental de la Ley de Comunicación no es otro que el que acompaña de forma habitual a la mayoría de las leyes instauradas por el correísmo: el problema fundamental no radica en el análisis de sus textos sino en la mecánica de aplicación de éstas.

 

Los organismos de control sobre los medios de comunicación creados a partir de la entrada en vigor de esta ley, son como ya es habitual en otros casos, cooptados por miembros afines al régimen, lo que predispone un actuar orientado a sancionar la crítica y la disidencia política, mientras paralelamente los medios “gubernamentales” gozan de impunidad para los “excesos” en sus labores “informativas”.   

También está por ver los mecanismos por los cuales se esta estableciendo la distribución de frecuencias, máxime cuando las prácticas gubernamentales ponen en entredicho la ética profesional y política en la que se basa la objetividad de la información que se le brinda a las audiencias. Vale señalar que las radios comunitarias que el Estado entregó en 2010 a las nacionalidades indígenas todavía no son autónomas, y por tan solo poner un ejemplo de los mecanismos auspiciados por el Estado para el control de la información, seis de las catorce que están en Pastaza han firmado contratos con la Gobernación de dicha provincia para transmitir un programa en el que dicha institución –representación del gobierno central en el territorio- rinde cuentas a la comunidad, es decir, venden su espacio aire al Estado. A cambio, estas emisoras radiales se someten a una serie de compromisos, como usar la prensa gobiernista –la cual tiene bajo índice de lectores dada la escasa objetividad de su información- en sus espacios informativos.

 

Cabe reconocer en este sentido, que todas las sociedades están sometidas al progreso técnico y que en el campo mediático existe una presión constante por la masificación de la entrega noticiosa; sin embargo, en un sentido histórico la ampliación de audiencias es un fenómeno neutro, pudiendo tanto fortalecer la democracia, la tolerancia y el pluralismo, como contribuir al autoritarismo, la intolerancia y el ideologismo (Sohr, 1998). En pocas palabras, los medios de comunicación se definen por su postura ante el poder, lo que viene determinado por capacidad de solvencia económica –que es lo que tradicionalmente ha asegurado su autonomía frente a los gobiernos-. El sencillo ejemplo expuesto con anterioridad, viene a demostrar la capacidad de la que dispone el Estado para orientar el sentido de la información, con su consiguiente carga ideológica, de los medios de comunicación que teóricamente deberían ser autónomos tanto de los medios de comunicación privados, como de los medios de comunicación públicos controlados desde el Ejecutivo. De esta manera, se hace muy difícil de creer que la Ley de Comunicación este dando voz a los que históricamente no han tenido voz en este país.

 

La libertad de expresión en cuestión

 

La libertad de expresión según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “es un elemento sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública [...]. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada”[43]. Por su parte, la libertad de pensamiento se enmarca en la facultad que tiene toda persona de desarrollar ideas, analizarlas, sintetizarlas, juzgarlas o en general considerarlas en el sentido que consideren adecuadas (Morales, 2012). Sin libertad de expresión no existirá la posibilidad de manifestar aquellas ideas a quien considere pertinente hacerlo.

 

Ahora bien, aunque la libertad de expresión sea un derecho de vital importancia para el sistema democrático, no consta ni debe constar de una protección absoluta, lo que tampoco quiere decir que deben imponerse filtros sumamente difíciles de superar para sancionar al quien hiciere un uso abusivo de este derecho. Hay que tipificar de forma que sea efectiva la tutela a quienes han sido lesionados en su reputación por el abuso de la libertad de expresión, pero a la par de no deteriorar las posibilidades de expresión e información (Ferrajoli, 2009), dado que la libertad de expresión forma parte de derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos y todas.

Sin embargo, con el Presidente de la República a la cabeza, notables políticos ecuatorianos del oficialismo han interpuesto ya diversas demandas judiciales contra periodistas y medios de comunicación, basando sus argumentos en que su derecho al honor y al buen nombre están siendo vulnerados por estos. Ya son tristemente  famosas algunas sentencias emitidas y posteriormente ratificadas por jueces ecuatorianos, como la que determinó una indemnización sin precedentes de 40 millones de dólares al jefe del Estado contra el diario El Universo por una delirante columna escrita con el “hígado” por el que fuera entonces su editor de opinión Emilio Palacios[44]; o los 2 millones de dólares[45] de sanción impuestos sobre los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro “El gran hermano”, como indemnización al mandatario al publicarse en dicha obra de investigación periodista que “el presidente conocía de todos los contratos de su hermano” en base a una entrevista que forma parte de su contenido con Fabricio Correa. Ambas sentencias se ampararon en la figura de algo tan complejo, difícil de demostrar y con tan alto grado de subjetividad como el “daño moral”, y fueron posteriormente perdonadas por el mandatario ecuatoriano, aunque generaron un precedente que lesiona de forma grave la libertad de prensa y expresión en el Ecuador.

 

Esta realidad posiblemente se agudizará con la entrada en vigor del Código Orgánico Integral Penal, dado que la discrecionalidad en la actuación de determinados jueces del sistema judicial ecuatoriano puede verse aun más agravada a partir de este momento –han sido varias las ocasiones en las que el jefe de Estado ha “sentenciado” determinadas cuestiones con implicaciones legales los sábados en sus enlaces sabatinos, y los jueces han procedido inmediatamente después acorde a las directrices presidenciales-. En este sentido, ¿cómo entender que el Presidente de la República utilice de forma habitual el término corrupto para calificar a determinados adversarios políticos e incluso a la prensa privada en general –lo cual es entendido por el oficialismo como una alusión a un categoría vinculada a lo antiético cuando es pronunciada por el mandatario- y que un periodista en un medio de comunicación pueda ser sancionado por mala practica profesional o por injurias si utiliza el mismo término para calificar a un alto funcionario el gobierno sin presentar las pruebas pertinentes?

 

La aplicación de la justicia en esta materia está conllevando a que bajo el arcaico principio del dura lex sed lex (la ley es dura), se hallan dictaminando sentencias carentes del principio de proporcionalidad[46] en las cuales se pretendió castigar severamente a medios y periodistas de investigación que habían sido denunciados, entre otros, por el mandatario ecuatoriano en su calidad de ciudadano. Dicha estrategia ha conllevado, desde el punto de vista de las limitaciones en el accionar periodístico, la autocensura de medios y periodistas durante la fase de elaboración de la noticia, crónica o artículo de opinión pertinente (Machado, 2013).

De manera general, la libertad de expresión y los abusos a este derecho han tenido como principales víctimas a los detractores de los gobiernos, los cuales por su parte pretenden acallarlos mientras los sujetos luchan por intentar dar a conocer su opinión, informar o relatar hechos desconocidos para la población (Morales, 2012). En este contexto de disputa, la forma de persecución más común que históricamente han utilizado los gobiernos modernos para silenciar a sus críticos en los medios de comunicación ha sido el derecho penal, el cual se posiciona como una herramienta para atemorizar a los detractores del régimen. Es mediante la formalización a través del Derecho, desde donde las respuestas a los conflictos de poder adquirieren un aura de legitimidad y neutralidad, dotándose de respuestas normativas que pretenden garantizar la solución no arbitraria de los conflictos sociales. En ese contexto, es el Derecho quien instrumentaliza el poder, encubriéndolo y difuminándolo; justificándolo y convirtiéndolo en “orden” social y político (Machado, 2013).

 

En este sentido, vale señalar que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos admite la posibilidad de sancionar penalmente a quien ha hecho uso abusivo del derecho a la libertad de expresión, pero la norma penal debe cumplir ciertos requisitos que fueron recogidos en la sentencia del caso Usón Ramírez vs. Venezuela[47]. En esta se establece que para proceder a imponer una sanción penal, la norma debe ser amplia –legalidad estricta-, idónea para lograr la finalidad perseguida, necesaria para el buen funcionamiento del sistema democrático y su sanción debe ser proporcional.

 

En todo caso y más allá de las consideraciones legales instituidas en una lógica de conflicto donde el ganador impone la ley y el perdedor se ve obligado a cumplirla, meter en una cárcel a una persona por lo que ha dicho o lo que ha escrito es propio de regímenes autoritarios, lo cual cuestiona en si mismo la idoneidad del derecho penal como límite sancionador para quienes violen el derecho al honor o la buena reputación de cualquier gobernante de turno. Las penas deben ser evitadas, cuando está involucrado el ejercicio de la libertad de expresión (Carbonell, 2008), con independencia de que tal ejercicio pudiera vulnerar otros derechos fundamentales.

 

Estrategias para el control de Internet y las Redes Sociales

 

Hablar del Internet y del ciber-espacio, conlleva a su vez a repensarlos como espacios no neutrales, ya que tanto en el plano de su  arquitectura (Internet) como en el espacio comunicacional (ciber-espacio), son espacios en disputa que se encuentran atravesados por las relaciones de poder. Ambos ámbitos forman parte de la articulación de un entramado ideológico articulada con bases en el capitalismo, pero que también se conforma como un espacio de democratización política, de emergencia de nuevas voces ejerciendo el poder de emitir la palabra contra las instancias de dominación.

 

Internet también establece una relación directa con la actividad política organizada, tanto a nivel de partidos, como a nivel de gobiernos de muy diferentes tipos y sensibilidades políticas. En las redes sociales se pueden encontrar toda clase de proyectos, ideas y convocatorias, convirtiéndose Internet en un instrumento de participación ciudadana extraordinario, donde podría aplicarse con mayor rigor herramientas de información de la clase política, de los gobiernos y de los partidos a los ciudadanos en su conjunto, en forma de relación interactiva. Hacemos alusión entonces a una serie de herramientas que podrían propiciar un ágora política, sobre lo que ya se trabaja en diversos espacios institucionales y principalmente sociales, y sobre lo que llevan años escribiendo múltiples sociólogos futuristas.

 

Sin embargo, entendido el ciber-espacio como un espacio de confrontación y disputa, cada vez son más los gobiernos que intentan limitarlo y hacerse con el control de este ámbito de comunicación e información. Cómo no podía ser menos, el gobierno del Ecuador es uno de los países punteros en este tipo de estrategias a nivel regional. Ejemplos de esta cuestión hay muchos, pero vamos a significar tan solo algunos ejemplos de este tipo de maniobras que utiliza el régimen para limitar la información alternativa en las redes sociales y que cuyo origen de la información fue destapado en una serie de artículos publicados en el diario El Universo en diciembre del 2013.

 

En el Enlace Ciudadano número 341 del 28 de septiembre de 2013, el presidente Rafael Correa arremetió duramente contra las comunidades y vecinos de la zona de Intag (provincia de Imbabura) por resistirse como pueden a la explotación minera en su territorio, el cual se compone de una división de parroquias rurales con gran  diversidad ecológica dedicadas fundamentalmente al comercio y que pretende desarrollar su entorno a través del turismo comunitario. Su resistencia no es nueva y por eso difícilmente puede ser entendida como anticorreísta. Se remonta a una década y media hace atrás, e incluso el actual ministro del Interior José Serrano, quien mantiene detenido de forma arbitraria -según denuncia Amnistía Internacional- desde hace meses a uno de los dirigentes locales más emblemáticos, fue abogado de estas comunidades antes de formar parte del establishment  gubernamental correísta.

 

 

Con un montaje audiovisual en el cual se mezclaron imágenes tomadas de su documental “A cielo abierto, derechos minados”, elaborado en 2009, y diversos frames de la sabatina presidencial donde el mandatario vociferaba improperios contra los comuneros disidentes, el prestigioso realizador ecuatoriano Pocho Álvarez elaboró un video de 9 minutos que fue subido al sitio web YouTube, donde fue bloqueado al poco tiempo. El reclamo que originó la censura de dicho video fue presentado por la compañía española Ares Rights, empresa contratada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (SECOM) para aplicar medidas de estas características en los Social Media a través de diferentes mecanismos legales referidos a la Ley de Derechos de Autor Digitales del Milenio (DMCA por sus siglas en inglés).

 

Con base a esta estrategia, Ares Rights ha conseguido que también fueran retirados de las redes otros productos audiovisuales, como son el corto “Cómo miente el presidente de la República”, en referencia a los insultos que públicamente el presidente Correa lanzó sobre el cantautor anarquista Jaime Guevara y las protestas de activistas sociales por la explotación del Yasuní, o el documental “Rafael Correa: retrato de un padre de la Patria”, del documentalista colombiano Santiago Villa.

 

Los métodos de Ares Rights carecen de cualquier tipo de ética y respeto por la libertad de expresión, y tal y como han expresado diversos juristas especializados en temas tecnológicos, varios de sus reclamos carecen de legitimidad legal[48]. Sin embargo, los mecanismos de Ares Rights son sofisticados y consiguen lograr sus objetivos aunque sea de manera muy cuestionable. Valga como ejemplo de este tipo de episodios un tuitfechado en junio del 2013, donde a través de un montaje fotográfico se visualizada en un cartel de “Wanted” (Se busca) una foto de Jorge Glas Viejó, padre del actual Vicepresidente de la República y quien en aquel momento llevaba ya meses en situación de prófugo de la justicia tras ser acusado de violación de una menor quien es ahora madre fruto de dicho abuso sexual. Prácticamente de inmediato, un ciudadano con el nombre Jonathan Palma Ruiz registró en Barcelona (ciudad donde tiene ubicada su sede social Ares Rights) esas imágenes como suyas, procediendo Ares Rights a pedir a Twitter la eliminación de ese montaje fotográfico, objetivo que alcanzó con éxito.

 

Con base a la información existente en la página web Chilling Effects[49] (Efectos Intimidatorios) manejada por la Fundación Electronic Frontier[50], la periodista de investigación Mónica Almeida detectó que Jonathan Palma Ruíz y/o Ares Rights han presentado entre septiembre del 2010 y diciembre del 2013 cuarenta pedidos diferentes a Google y Twitter. Según indica esta periodista en base al registro existente en dicha web, de esos cuarenta pedidos tan solo diecinueve tiene relación con películas de cine pirateadas, estando otros doce directamente relacionados con instituciones, funcionarios o proveedores del gobierno del Ecuador y del partido Alianza País.

 

Otros clientes de esta compañía catalana son Juan Manuel Abal Medina Jr., ex secretario de Comunicación de la presidenta Cristina Fernández Kirchner, y los políticos mexicanos Eruviel Ávila  y Miguel Ángel Osorio Chong, ambos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Otra empresa especializada en hacer inteligencia en las redes sociales es la argentina Illuminati Lab. Siguiendo con los registros existentes en el portal Chilling Effects aparecen anotaciones por la cual la empresa Ares Rights solicita retirar a nombre de Illuminati Labs documentos que hacen alusión a una propuesta de la propia Iluminati Lab para la generación de un centro de monitoreo de redes sociales para el Ecuador; un informe sobre una de las actividades ya realizadas por este centro durante la última campaña de reelección de Rafael Correa; y otra propuesta destinada a manejar la campaña del Gobierno ecuatoriano en contra de la petrolera estadounidense Chevron. A su vez, aparecen también dos cartas de la Secretaría Nacional de Inteligencia del Ecuador donde se autoriza a la firma Illuminati Lab a contactar como representante e interlocutor exclusivo a la italiana Hacking Team[51], empresa especializada en comercialización de equipos de espionaje electrónico.

 

En resumen, si los expertos internacionales del mundo del ciber-espacio coinciden en algo, es que consideran que los principales frenos a la expansión de la tecnología social radican en el excesivo control gubernamental –el cual pretende ser justificado bajo el objetivo de proteger la privacidad de los usuarios–. En la práctica encontramos permanentes ejemplos de este incipiente intento de control gubernamental soterrados a través diversas propuestas normativas, las cuales se justifican desde la defensa del honor y la privacidad personal de los usuarios, hasta la necesidad del control de la información y las comunicaciones para un adecuado combate contra las redes ilícitas de narcotráfico y crimen organizado.

 

De igual manera, la hipocresía gubernamental roza los límites de lo irrisorio. Mientras desde el régimen se posiciona mediáticamente su solidaridad con Julian Assange, quien lleva más de dos años de reclusión obligada en la Embajada del Ecuador en Londres, se aprueba un Código Orgánico Integral Penal en el cual se indica en su artículo 229 que la revelación ilegal de “información registrada, contenida en ficheros, archivos, base de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones” será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, pudiendo agudizarse la pena entre tres y cinco años, si quien comete la infracción es un servidor público, empleado bancario o contratista.

 

Además la rápida transformación del periodismo, se calcula que el primer trimestre de 2043 será el momento en el que la prensa impresa desaparecerá en los EEUU (Meyer, 2004), cuando el último lector, exhausto, tire a la papelera la última y arrugada edición, convierte a los medios de noticias online[52] en actores protagónicos en la lucha para intentar no perder relevancia.

 

Los medios están cambiando porque el contexto en el que operan está cambiando. Los productos informativos de los medios se invisibilizan en un flujo de producción paraprofesional que sobrepasa a la organización periodística (Mancini, 2011). La relatividad de su relevancia fluctúa en función de las prácticas y organización de audiencia.

 

 

El nuevo ámbito de la información es el Internet. Los medios de comunicación se verán obligados a interactuar de una forma muy diferente a la que hoy lo hacen con sus lectores/consumidores. La industria periodística se transformará inevitablemente, pues la historia del periodismo no es otra cosa que la búsqueda incansable por encontrar una solución en cada momento al problema de informar. A nivel global son contadísimos los medios que cuentan con haks labs(laboratorios hackers) dedicados a la experimentación. Es por ello que los pocos medios que cuentan con algún equipo de experimentación logran marcar la diferencia. Entre ellos destacan casos como The New York Times (que goza de un equipo de innovación y desarrollo que trabaja fundamental en la experimentación de APIs –Application Programming Interface- que ofrece en tiempo real la labor de los congresistas estadounidenses y presentaciones interactivas); Los Angeles Times Projects (quienes desarrollan una infinidad de proyectos a base de información pública disponible); la BBC- Backstage (uno de los pioneros en generar proyectos de innovación sobre desarrollos propios); The Guardian (con infinidad de proyectos innovadores que incluyen APIs y la innovación de su Data Store desde 2009); el Mail & Guardian Online(pequeño periódico semanal sudafricano especializado en innovación de procesos periodísticos y referencia periodística por las investigaciones que publica); 20fourLabs (quienes desarrollaron un departamento deResearch & Development con fuerte interés en aplicaciones móviles); o, el News Australia (con un equipo de desarrolladores y periodistas dedicados a crear nuevas formas de diseño y visualización de la información).

 

En pocas palabras, mientras el régimen ecuatoriano sigue considerando a los hackers bajo la imagen estereotipada de criminales informáticos, el nuevo periodismo que va tomando una forma sobre la cual los medios de comunicación ecuatorianos –públicos y privados- poco o nada saben, tiene claro que sin hackersya no hay periodismo, y que a través de estos se logra incrementar la productividad del medio y adaptarlo a la forma actual en la que los usuarios leen las noticias. En Ecuador, la crisis de la industria periodística esta lejos de ser el equivalente al cambio, más bien al contrario, se tiende al conservadurismo profesional y a esconder la cabeza, sin plantearse la necesidad de mirar alrededor e reinventarse.  

 

Sin embargo, y a pesar de todo lo anteriormente expresado, esta claro que el espacio cibernético es el ámbito de interacción de la nueva comunicación e información en el presente siglo. Esto convierte al ciber-espacio en un espacio en disputa, tal y como antes lo hemos señalado. En ese sentido, WikiLeaks[53] ha sido la propuesta más disruptiva de los últimos años. Comenzando a operar en 2007, durante sus primeros cuatro años de existencia publicó más documentos clasificados que todo el resto de la prensa mundial en el transcurso de su historia. El modo de entender y usar la tecnología ha sido clave para este proyecto (Mancini, 2011), el cual a través de la publicación de un video donde se visualizaba el asesinato de dos periodistas de la agencia Reuters en Bagdad, los diarios de la guerra de Afganistán, los registros de la guerra de Irak, y los Cablegate del Departamento de Estado de los EEUU, pusieron a esta organización mediática internacional en el punto de mira no solo de los EEUU, sino del conjunto de gobiernos que conforman el planeta.

 

WikiLeaks es la demostración práctica de que el periodismo puede ser independiente, puede ir mucho más allá de lo que hoy por hoy contemplamos de manera impresa y en las páginas digitales de los medios de comunicación convencionales. WikiLeaks demostró que el valor de la información no sólo se produce a través de experimentados periodistas con buena pluma u olfato para la investigación.

 

Esta experiencia es en la práctica la demostración de que la circulación de la información es ahora incontrolable. Las consecuencias de la ruptura de los moldes preestablecidos por el periodismo convencional e inadaptado al actual ciclo de revolución tecnológica en la que vivimos, están a la vista de todos. El encierro de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres es la condena que sufre el principal auspiciador de la nueva era de la información periodística. Es un periodismo realizado por hackers–Obama y sus “halcones” del Pentágono diría por terroristas- más que por profesionales de la comunicación. Las espadas están en alto, y aunque el proyecto WikiLeaks aparece prácticamente anulado tras el encierro de Assange en el recinto diplomático londinense, es una cuestión de tiempo que surgen nuevas experiencias y episodios en este sentido.

 

Todo esto preocupa a los gobiernos a escala mundial, quien piense que hay algún Estado en el conjunto del planeta que no tenga cloacas que ocultar es un ingenuo. Citando a escritor y poeta español Antonio Gala, “al poder le ocurre como al nogal, no deja crecer nada bajo su sombra”, quizás es por ello que con el nuevo Código Orgánico Integral Penal, Julian Assange en el Ecuador hubiera sufrido una pena de tres años de cárcel y Edward Snowden de cinco.

 

Lo que será la comunicación y la información del futuro no será concedido desde ningún ámbito del poder –independientemente que este sea político o económico-, sino que deberá serle arrebatado por la ciudadanía y sus organizaciones de la sociedad civil.

Bibliografía: (...)

Fuente: http://deciomachado.blogspot.com.ar/2014/10/comunicacion-estrategica-marketing.html  Leer

 

 

Prosigamos escudriñando cómo el líder progresista se enaltece y trata de ser imprescindible a costa de convertir en masas de adoradores y aduladores a  la diversidad de abajo y estigmatizar a las autoorganizaciones en resistencia al avasallamiento de derechos humanos. Es enfocar qué hizo Rafael Correa y qué significa la promesa electoral CFK y de Unidad Ciudadana de frenar el ajuste (por cierto, nada revolucionario sino fraudulento como veremos en Qué Economía).

 

 

 

 

Una “revolución” sin ciudadanía

Por Marco Salamea Córdova

La Constitución de la República del Ecuador, si bien da continuidad a una visión tradicional de la ciudadanía, establece también una nueva visión de ésta, la amplía y crea nuevas ciudadanías. Lo que hacemos en el presente trabajo es un análisis de cómo asoma el fenómeno de la ciudadanía en la dinámica de la gestión del gobierno del presidente Rafael Correa, y denotar hasta qué punto se acerca o aleja de esa visión constitucional.

 

El fortalecimiento de la ciudadanía tradicional

Vale recordar que la visión tradicional o liberal de la ciudadanía se basa, principalmente, en el reconocimiento y garantía de un conjunto de derechos individuales, en la primacía de los derechos individuales políticos y civiles, y en que ese reconocimiento es para todos los individuos por igual (ciudadanía de la igualdad). El hecho mismo de no usar el término revolución “democrática” o “popular” (que no es lo mismo que revolución socialista), sino la expresión revolución “ciudadana” develaría no sólo una simple modificación de términos sino un cambio ideológico, puesto que sobrepondría el discurso liberal sobre el discurso de izquierda. En este sentido, el gobierno de Correa concibe y trata a las personas como ciudadanos y ciudadanas, pero individualmente considerados, y no como pertenecientes a diversos colectivos sociales; o, más vale, los ve como individuos que pertenecen a la gran masa del pueblo. En la manera actual en que el Gobierno se comunica con las masas, éstas son asumidas como ciudadanos, que responden individualmente desde sus necesidades y se relacionan como tales con el gobernante. Es el gobernante quien los oye y articula sus demandas sin mediaciones para conducirlas al Estado, que él mismo representa. (Rojas, 2011: 278) No interesa tanto la identidad social particular del individuo-ciudadano (su diferencia), sino su disgregación (su igualación) en la abstracta identidad general del pueblo.

 

No es la ciudadanía como comunidad concreta particular (basada en diferencias de clase, étnicas, de género, de edad, entre otras) lo que tiene asidero en el discurso y la práctica política oficial, sino la ciudadanía como abstracta comunidad general, compuesta por individuos o átomos sin identidad social específica. Por esto mismo tampoco interesa la organización social de esos individuos ciudadanos, que podría dar fe de su identidad social particular y diluir su atomización; e, incluso, llevar a su conversión en un actor activo del proceso político, es decir, en sujeto. Con esto la ciudadanía individual garantiza, al mismo tiempo, una ciudadanía pasiva y no activa, que es también el tipo de ciudadanía que el Gobierno quiere desarrollar. La ciudadanía pasiva (millones de pobladores de los barrios pobres, campesinos y pequeña burguesía) que tanto invoca Correa y que aparentemente es la gestora de la revolución, es apenas espectadora… La ciudadanía activa –que verdaderamente tiene la capacidad de decisión– está formada por la tecnoburocracia, los intelectuales desertores de posiciones críticas y de izquierda (hoy empleados del Gobierno), la burocracia meritocrática y la alta oficialidad de las FFAA. (Enríquez, 2011: 113) En este marco, a diferencia de la Constitución que establece que los sujetos de derechos no son sólo los individuos sino también los diversos colectivos sociales (ciudadanía colectiva), para el régimen de Correa son sobre todo los individuos (ciudadanía individual). Por otro lado, en coherencia con el predominio de una visión tradicional de la ciudadanía, el Gobierno ha dado énfasis a los derechos políticos, incluso más que a los civiles, derechos estos que –como expondremos más adelante– se han visto más bien vulnerados. Y dentro de los derechos políticos se ha buscado, sobre todo, poner el acento en los derechos electorales de los individuos-ciudadanos; con lo que la ciudadanía política se ha visto empobrecida, como pasamos precisamente a analizar a continuación.

 

La restricción de la ciudadanía política

La Constitución de la República comporta una ampliación de la ciudadanía política al establecer nuevos derechos políticos como: participar en los asuntos públicos del Estado, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, participar en la toma de decisiones y demás; hablándose, también, de democracia directa, democracia comunitaria, autodeterminación, control popular y poder ciudadano, que permiten pensar incluso en la posibilidad de una ciudadanía más allá de lo público-estatal. No obstante, a contracorriente de esta visión democratizadora de la Constitución, la praxis política gubernamental más vale ha ido reduciendo la participación política real de la gente, y reduciendo la ciudadanía política a la participación electoral de las personas. Es este tipo de ciudadanía política, una ciudadanía restringida básicamente a lo electoral, lo que se ha fortalecido en estos años de “revolución ciudadana”. De hecho, como algo sin parangón en la historia política de este país, en poco más de cinco años se ha asistido a nueve procesos electorales; de forma que, si por democracia entenderíamos sólo elecciones, no cabe duda que el Ecuador sería en este momento uno de los países más democráticos del mundo. Sin embargo, en un régimen verdaderamente democrático, no en un régimen simplemente electoral, la participación política de las personas, su ciudadanía política plena, tiene que ver con su permanente debate e involucramiento con los temas de la política estatal, con su incidencia real en esta; algo que no se ha dado en el país en estos tiempos de “revolución ciudadana”. No creo por ningún lado que el Estado esté impulsando ningún tipo de ciudadanía política, sino algo distinto…, la ciudadanía política es una práctica, un espacio que se crea cuando se elabora un discurso sobre un problema, un conflicto dentro de las relaciones de fuerza imperantes.

 

La ciudadanía política es la práctica de plantear un conflicto y argumentarlo, de acciones públicas consecuentes. Si se niega que el conflicto sea parte de la política, queriendo imponer una armonía de tipo eclesiástico pastoral por medio de una adhesión icónica y fetichista a la imagen de un gobernante, se elimina la ciudadanía política y se implanta una ciudadanía policiaca. (Guerrero, 2011: 125) Y es precisamente en la negación del conflicto, en su represión, en lo que más pondría empeño el actual Gobierno ecuatoriano. Es parte de su visión de los temas y problemas a los que debe dar tratamiento en el marco de su gestión, y es a esta visión a la que espera se someta todo el mundo. Incluso cuando se ha recurrido al pueblo para pedir su opinión, a través por ejemplo de las consultas populares, se ha esperado que aquel termine avalando la postura oficial; con lo que la participación electoral del pueblo ha terminado convirtiéndose en un mero instrumento de legitimación de la política gubernamental y no en un real ejercicio de la política por parte de la gente.

 

Verbigracia, en la última consulta popular realizada el 7 de mayo de 2011, el Gobierno apostó nuevamente al voto clientelar y emocional, antes que a un voto reflexivo y de opinión. Más que llamar a la población a analizar el marco legal que estaba en juego con el contenido de las preguntas (como la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y los anexos), el Gobierno priorizó una campaña orientada a lograr adhesiones para el SÍ sobre la base de un discurso y una publicidad que puso acento, sobre todo, en lo que consideraba como sus logros en los diversos ámbitos de la gestión gubernamental. Empero, en contrapartida hay que reconocer, también, que algunos sectores de la oposición llamaron a convertir el voto por el NO en un voto de desaprobación al Gobierno y sus políticas.

 

A contrapelo de las potencialidades democratizadoras inherentes a la Constitución, y al proyecto originario de la “revolución ciudadana” que planteaba una democracia participativa, la soberanía del pueblo (la soberanía popular) asoma reducida al periódico ritual de la participación electoral; participación luego de la cual el pueblo aparecería expropiado de su soberanía, negado como fuente real del poder político. En los hechos de la vida diaria, los ciudadanos se sientan a mirar en una esquina cómo el poder desfila por las calles para ser aclamado por la excelencia de su representación. No están invitados a participar en la fuente del poder, sino de forma completamente controlada….dada la dominación lo que menos quiere el soberano (la voluntad particular) es recordar que el poder le pertenece al pueblo (voluntad general) y le sigue perteneciendo en todo momento. La forma en que en este momento resuelve este reconocimiento perverso de la voluntad general, se da a través de las encuestas de opinión, un pueblo que solamente es sujeto de encuestas… (Rojas, 2011: 278) Si bien en la perspectiva de hacer efectivos ciertos procesos de participación ciudadana, la Constitución creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como las comisiones ciudadanas, la silla vacía, entre otras; sin embargo, en la práctica dicha participación no se ha dado o ha sido sometida al control gubernamental. Si de por sí la institucionalización de la participación ciudadana podía tener riesgos para el libre fluir de esta participación, el control real del Consejo de Participación por parte del Ejecutivo, y por esta vía el control de las comisiones ciudadanas de selección, ha llevado a convertir a la participación ciudadana en un recurso retórico del poder gubernamental para legitimar un creciente proceso de concentración del poder público estatal en manos del Ejecutivo.

De esta forma, por ejemplo, hoy asistimos al hecho de que las más altas autoridades de los diversos órganos del Estado, y que formalmente provienen de concursos de méritos y oposición llevados adelante por “comisiones ciudadanas”, están ligados o influenciados por el órgano Ejecutivo del poder estatal. En la práctica, entonces, el sujeto del poder constituyente (el pueblo) ha sido sometido por el poder constituido, y más concretamente, por uno de sus órganos: el Ejecutivo; con lo que la condición ciudadana del que se supone debe ser el soberano en democracia, el pueblo, ha devenido simplemente en el ritual a través del cual este, periódicamente y a través de sucesivos procesos electorales, confirma la enajenación de su soberanía a favor del que funge ahora como el único soberano: el Presidente de la República.

 

Las limitaciones de la ciudadanía civil

Así como amplía la ciudadanía política, la Constitución actual del Ecuador amplía también la ciudadanía civil, pues establece un conjunto de derechos innovadores orientados a proteger la integridad personal, la seguridad y la libertad de las personas. Sin embargo, en la práctica del Gobierno actual no todos estos derechos han sido promovidos y respetados. Así, el derecho a vivir en un ambiente sano puede ponerse en entredicho en aquellas comunidades rurales donde el modelo extractivista, especialmente ligado a la explotación minera a gran escala, es implementado. Un entredicho que, también, se daría con la decisión gubernamental de abandonar la Iniciativa Yasuní y la consiguiente explotación de los recursos petroleros ubicados al interior de este parque nacional, considerado por la Constitución de la República como área protegida e intangible, amén de que se estaría afectando los derechos de la naturaleza consagrados por esta misma Constitución.

 

La prohibición de la publicidad que induzca a todo tipo de violencia ha quedado minimizada en sus efectos positivos cuando, a través de los medios de comunicación, el Presidente de la República y otros actores políticos realizan constantes alocuciones, cargadas de violencia verbal y simbólica para referirse a sus adversarios políticos. El derecho de todas las personas a una “comunicación libre, intercultural, incluyente y participativa”, orientada a dar un carácter democrático a la comunicación, ha quedado constreñido en su ejercicio cuando desde las esferas del poder político, principalmente del poder gubernamental, lo que se hace constantemente es básicamente propaganda y publicidad sobre las supuestas bondades de su gestión; amén de usar los medios de comunicación públicos como correas de trasmisión de una verdad oficial, la verdad del Gobierno y de los actores políticos ligados a éste, en detrimento de la objetividad y el pluralismo, dos componentes esenciales de una comunicación verdaderamente libre y democrática. Con esto el Gobierno ha perdido la oportunidad de demostrar que se puede hacer una comunicación diferente a la de aquellos grandes medios de comunicación privados, a los que siempre ha criticado precisamente por su falta de objetividad y por estar vinculados a determinados grupos de poder económico. Si bien la Ley de Comunicación, aprobada en junio de 2013, tiene cosas interesantes y positivas, como la democratización de las frecuencias del espectro radioeléctrico, la prohibición de oligopolios en la propiedad de medios de comunicación, el control de contenidos en la programación que inciten al sexismo y la violencia, el apoyo para una mayor difusión de producciones de carácter nacional, entre otras, también existen aspectos que preocupan por sus potenciales efectos negativos para el ejercicio de una comunicación auténticamente democrática y libre. Es el caso, por ejemplo, de la conformación del Consejo de Regulación de la Comunicación.

 

Un organismo que, por influencia directa o indirecta del Ejecutivo sobre los organismos que conforman este Consejo, terminaría bajo su control, como ya sucede con otros importantes órganos del poder estatal; una situación que podría convertirse en un vehículo para limitar la libre expresión de aquellos medios y personas que no compartan las posturas oficiales o critiquen al Gobierno. Si es pertinente la calificación de la actividad de los medios como servicio pú- blico, justamente por esto hubiese sido mucho más pertinente y democrático el control del Consejo de Regulación por parte de la propia ciudadanía y de sus organizaciones. Por otro lado, la introducción en la Ley de Comunicación de la figura del “linchamiento mediá- tico”, con sanciones incluso penales para los que sean acusados como responsables de este delito, no solo que podría reforzar las limitaciones a la libertad de expresión y la autocensura, sino que le daría complementariamente un carácter represivo a la Ley de Comunicación; amén de que la acusación misma de ese tipo de linchamiento sería bastante subjetiva y discutible. Respecto del derecho a la comunicación, muy ligado a este consta el derecho de las personas a opinar y expresar libremente su pensamiento; un derecho civil clásico que, junto a otros derechos, como el de asociarse, reunirse y manifestarse libremente, ha sufrido limitaciones en su ejercicio por parte del poder político gubernamental actual.

 

El Presidente de la República reiteradamente ha hecho gala no sólo de irrespeto, sino de franca intolerancia, a las opiniones y asertos que cuestionen o contradigan su visión de los acontecimientos que ocurren en el país. Y en una posición extrema, en varias ocasiones, se ha hecho uso incluso de figuras jurídicas para reprimir, mediante procesos judiciales, a los responsables de esos criterios. Ciertamente que el discurso gubernamental pretendería legitimar dichos procesos a partir de endilgar a esas aseveraciones el calificativo de injurias y/o calumnias. Sin embargo, es sobre todo el derecho civil a organizarse, movilizarse y protestar el que más ha sufrido la restricción por parte del Gobierno y esto ha ocurrido, paradójicamente, en condiciones donde por primera vez en la historia del Ecuador la Constitución Política del Estado prescribe como un derecho ciudadano el “derecho a la resistencia” (artículo 98). Una paradoja de las tantas que subyacen a la dinámica de la llamada “revolución ciudadana”.

 

Varios actores de protestas sociales, aunque estas protestas hayan asumido formas parecidas a las que tuvieron en gobiernos anteriores, han terminado acusados y enjuiciados por el delito de “sabotaje” y “terrorismo”. En este sentido hemos de recordar, por ejemplo, que en tiempos del Gobierno derechista de León Febres Cordero los indígenas, como forma de protesta, solían poner obstáculos en las vías; pero ni a este Presidente ni a ningún otro, de las últimas décadas, se les ocurrió enjuiciarles con esa figura jurídica. Asimismo, siempre han habido protestas estudiantiles, pero ha ningún Presidente se le ocurrió amenazar a los estudiantes con expulsarles si salen a protestar en las calles. En general toda forma de protesta, si no ha sido reprimida ha sido por lo menos condenada por el Gobierno; con lo que la democracia como forma de régimen político se ha visto menoscabada en uno de sus elementos fundamentales: el ejercicio pleno de un conjunto de derechos y libertades para reunirse, expresarse y manifestarse. Aún más, en el marco de un modelo de gestión política que no solo ha exhibido tendencias represivas y autoritarias, sino también totalitarias, el Gobierno emitió en julio de 2013, mediante un decreto presidencial, un reglamento para controlar la conformación y actividades de las organizaciones sociales y ciudadanas, estableciéndose para este control el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS) y el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS).

 

Si lo propio de un régimen democrático auténtico es el control del Estado por parte de la sociedad civil, en el Ecuador actual las cosas parecen funcionar al revés: es el Estado el que pretende controlar a la sociedad civil y, más específicamente, es el Gobierno de turno el que pretende ostentar este control, puesto que en dicho reglamento se establece, por ejemplo, que el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión Política (un ente del Gobierno) será el encargado de ejercer la rectoría del SUIOS. Aún más, se establece que este organismo controlado por el Gobierno podrá inhabilitar una organización social por “desviarse de los fines y objetivos por los cuales fue constituida, por contravenir reiteradamente las disposiciones de las autoridades y entes de control y regulación, y por dedicarse a actividades políticas partidistas”. También se establece, como causal para disolver una organización, “el atentar contra la seguridad interna y externa del Estado”. ¿Quién establece estas causales para la disolución de una organización?: ese organismo; el cual, además, dictaminará esta disolución de oficio, es decir, sin derecho a la legítima defensa que debería tener una organización. Con esto lo más previsible es que se dará un mayor debilitamiento de la sociedad civil, un debilitamiento enmarcado en el objetivo político de hacer del Ecuador una sociedad de meros habitantes o votantes, y no una sociedad de ciudadanos organizados, con participación política, y con autonomía del Estado y del poder político de turno, es decir, una verdadera sociedad civil. Adicionalmente, dicho reglamento contradice libertades y derechos democráticos y constitucionales, como el derecho a la libre asociación y organización.

 

Y lo más llamativo es que todo esto se ha dado con la complicidad de funcionarios del Gobierno que hicieron carrera política en el seno, precisamente, de las organizaciones sociales. Por otro lado, si bien la Constitución, dentro del título III referido a las garantías constitucionales, establece un conjunto de garantías jurisdiccionales, la influencia que el Ejecutivo mantiene sobre el Órgano Judicial del Estado ha llevado a que en algunos casos dichas garantías, así como algunos derechos de protección, no sean cumplidos a cabalidad; pues en estos casos las decisiones judiciales, más que apegarse estrictamente a lo jurídico asomarían apegadas a los intereses políticos gubernamentales. El juicio y condena a varios dirigentes sociales opositores, o a medios de comunicación como diario El Universo, constituyen algunos ejemplos de lo afirmado.

 

La ciudadanía social a medias

A más de ampliar la ciudanía política y civil, la Constitución establece igualmente una ampliación de la ciudadanía social, ya que se fijan nuevos derechos sociales y su mejoramiento. Y es en el ámbito de la ciudadanía social donde, a diferencia de los otros tipos de ciudadanías, se podrían encontrar más logros que limitaciones por parte de la gestión del gobierno de Correa. Verbigracia, el derecho a la educación pública gratuita hasta el tercer nivel ha sido cumplido. Hoy los estudiantes universitarios ya no pagan para ingresar a la universidad pública, aunque, paradójicamente, al no haberse compensado significativamente los recursos que las universidades dejaron de percibir por matrículas, muchos estudiantes quedan al margen de esta educación superior debido a la imposibilidad de las instituciones universitarias de recibir a un mayor número de bachilleres.

 

En este sentido, si bien la gratuidad de la educación universitaria tendría la intensión de democratizar el acceso a la misma, esta gratuidad, al ir acompañada de mayores limitaciones para el acceso de los bachilleres, no ha posibilitado precisamente dicha democratización. Por otra parte, la supresión del cobro de matrículas en las instituciones de educación fiscal básica y media, la entrega gratuita de útiles a los estudiantes de esas instituciones, el mejoramiento de la infraestructura educativa, la evaluación de los docentes y el mejoramiento de sus sueldos, han sido situaciones que han fortalecido el ejercicio del derecho social a la educación como una responsabilidad ineludible del Estado; sin embargo, todavía falta por caminar para llegar a convertir a la educación en “garantía de la igualdad e inclusión social”, así como para hacer que la educación sea “participativa, intercultural, democrática y diversa”, haciendo que impulse la equidad de género, como un derecho social que debe garantizar el Estado, si bien el Gobierno ha mejorado la infraestructura en los centros estatales de salud, todavía subsiste un sistema de atención que acusa de fallas e ineficiencias, como en varias ocasiones ha sido reconocido y denunciado por el propio Presidente de la República; amén de que el ejercicio pleno del derecho a la salud todavía no es posible por la falta de un cumplimiento total de los otros derechos vinculados, como los derechos al agua, a la alimentación, al trabajo, a la seguridad social, entre otros.

 

Si en relación al derecho a la alimentación la Constitución establece (artículo 13) que “las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”, este derecho todavía no es cumplido, por lo menos para todas las personas que viven en el Ecuador.

 

En cuanto al derecho al agua, calificado por la Constitución como un derecho humano “fundamental e irrenunciable”, algunas comunidades rurales han denunciado el peligro de contaminación de las fuentes hídricas que implicaría la explotación minera a gran escala en sus zonas geográficas de residencia; además de que en algunas urbes, como en Guayaquil, el agua es manejada todavía como un negocio por parte de empresas privadas. Sobre el derecho social al trabajo, la Constitución establece en el artículo 33 que “El Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado”.

 

Si bien el Gobierno de Correa ha logrado suprimir ciertas aberraciones y abusos en el ámbito laboral, como la tercerización o la discriminación al trabajo de las empleadas domésticas, aún subsisten niveles salariales injustos que impiden realizar el precepto constitucional de una “vida digna y decorosa”, y esto como corolario de una política salarial que, a pesar de ciertos reajustes periódicos en las remuneraciones, sigue siendo predominantemente restrictiva, pues dichos reajustes usan como parámetro, básicamente, la tasa inflacionaria. El derecho a la seguridad social, aunque concebido constitucionalmente como un “derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado” (artículo 34), todavía no es plenamente cumplido en el Ecuador. Aún más, si una de las cosas más innovadoras que establece la Constitución, en materia de derechos sociales, es la garantía del Estado para hacer efectivo el derecho a la seguridad social de las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, de los que realizan actividades de auto sustento en el campo, de los que trabajan de manera autónoma y de quienes se encuentran en situación de desempleo, este derecho asoma todavía incumplido en el marco de la gestión del Gobierno actual.

 

En cuanto al derecho social y constitucional de las personas (artículo 30) “a un hábitat seguro y saludable, y a una vida adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”, se trata de un derecho cuyo cumplimiento pleno está aún en espera, y esto a pesar de los programas y bonos de vivienda impulsados por el Gobierno. Ahora, es sobre todo en materia de los “derechos de las personas y grupos de atención prioritaria” de los que habla la Constitución (adultos mayores, jóvenes, migrantes, embarazadas, niños y adolescentes, discapacitados, personas privadas de libertad), donde más se ha sentido la preocupación y la acción gubernamental; por lo que en esta materia, también, se ha visto efectivizada aquella visión de la ciudadanía diferenciada que está presente en la Constitución. Particularmente se destaca, dentro de esa acción gubernamental, el programa de atención a las personas con discapacidad liderado por el exvicepresidente de la República Lenin Moreno. Por otro lado, si se considera que una verdadera política social, que promueva también una verdadera ciudadanía social, comporta sobre todo el ejercicio de derechos sociales en el marco de una política estatal redistributiva de la riqueza y de impulso de la independencia productiva de las personas, y no simplemente una política asistencialista, hay que denotar que la gestión social del actual Gobierno no siempre ha estado caracterizada por ser redistributiva y alejada de una connotación predominantemente asistencialista (bonos, subsidios y demás) e, incluso, clientelar. Quizás el caso más emblemático sea el bono que se da a familias que están bajo la línea de extrema pobreza y que eufemísticamente ha sido llamado “bono de desarrollo humano”, un bono creado durante el gobierno de Jamil Mahuad y que ha sido fortalecido con otros programas sociales complementarios durante el gobierno de Correa, lo cual le ha permitido contar con una base política y electoral cautiva a su favor. Bajo el ropaje de la tesis de la ciudadanía lo que se propone es la vieja política clientelar, que sin duda ha dado réditos al Gobierno gracias a una mayoría de políticas sociales, subsidios, construcción de vías, programas de educación y salud. Correa no va a las comunidades y trata individualmente a los individuos-ciudadanos, va y trata con las comunidades, y su popularidad viene de ahí, no de una política ciudadana. (Moreano, 2011: 51)

 

 Los vericuetos de las nuevas ciudadanías

Si una de las rupturas más importantes que trajo la Constitución actual del Ecuador, con respecto a las cartas constitucionales anteriores, fue la creación de nuevos tipos de ciudadanía, a partir del reconocimiento de nuevos derechos para colectivos sociales específicos y para la naturaleza, durante la gestión del régimen de Correa no se han dado precisamente pasos significativos en dirección a concretar esas nuevas ciudadanías, a saber, la ciudadanía colectiva y la ciudadanía de la naturaleza.

Si bien han habido acciones para promover los derechos de la naturaleza, expresadas por ejemplo en el combate a cierto tipo de minería ilegal y contaminante, y en el impulso del proyecto Yasuní ITT dirigido a dejar bajo tierra los recursos petroleros a cambio de una compensación internacional, el abandono de este proyecto y la apuesta a favor de proyectos mineros a gran escala, paradójicamente, podrían conllevar efectos negativos para la naturaleza y el ambiente. En cuanto a la ciudadanía colectiva promovida por la Constitución a partir del reconocimiento de los derechos colectivos, y que se contrapone a la ciudadanía individual propia de la visión tradicional o liberal, gran parte de los 21 derechos constitucionales que tipifican dicha ciudadanía no han sido observados desde la praxis estatal y, sobre todo, desde la praxis política gubernamental.

 

La consulta previa para la explotación de los recursos no renovables que se hallen en las tierras de las comunidades indígenas, ha sido hasta ahora generalmente incumplida. El derecho a constituir y mantener organizaciones que los representen en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa del Estado, ha sido frecuentemente torpedeado en la dinámica de una conducta gubernamental que ha descalificado y ha buscado más bien el debilitamiento de aquellas organizaciones indígenas que han asumido una actitud crítica y de abierta independencia frente al Gobierno, como es el caso de la Conaie que, no obstante su pérdida de fuerza orgánico-política, sigue siendo la organización más representativa del movimiento indígena. En este contexto, la posibilidad de concretar en la organización y acción del Estado su carácter plurinacional ha resultado problemática y, a la postre, inviable en las condiciones política actuales. La concepción tecnocrática del Estado que impulsa Correa es otro elemento de confrontación con la tesis del Estado plurinacional, que tiende más bien a romper la legitimidad tecnocrática y construye una legitimidad político-étnico-social… Un Estado plurinacional significa que las estructuras indígenas forman parte del Estado, por lo que la CONAIE y otras direcciones de los pueblos indios no sería únicamente interlocutores, sino parte interna, y por ende, participarían en las decisiones y en la organización de toda la política. ¿Cuál sería la nueva institucionalidad?: gabinetes plurinacionales, una Cámara Legislativa plurinacional. (Moreano, 2011: 55) La ciudadanía colectiva, y en este caso la ciudadanía multicultural que se conjuga con la ciudadanía de la diferencia, no solo que ha resultado problemática y limitada en su ejercicio, sino que –como dijimos– sus propias expresiones organizativas autónomas han sido denostadas y enfrentadas por el Gobierno, en una actitud contrapuesta al artículo 57 de la Constitución que establece que el Estado reconocerá y promoverá todas las formas de expresión y organización de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

 

Dicha actitud, empero, no sería aislada sino que formaría parte de una estrategia gubernamental orientada a debilitar la organización social independiente, la sociedad civil, y, con esto, la posibilidad de construir una verdadera ciudadanía. A esto justamente nos referimos a continuación.

 

Más estado y menos sociedad civil

Si entendemos la ciudadanía no solo como una condición de las personas vinculada a la posesión o reconocimiento de un conjunto de derechos, sino también como la participación de ellas en los asuntos públicos o políticos, esta última dimensión de la ciudadanía (la ciudadanía como concepto político) supone la organización social autónoma de las personas, la construcción de un espacio público distinto a lo público estatal, un espacio que está inmerso precisamente en el concepto de sociedad civil. Sin embargo, en la práctica del Gobierno de la llamada “revolución ciudadana”, lo que menos se ha permitido es la construcción y fortalecimiento de aquellos espacios organizativos de la sociedad autó- nomos del Estado, es decir, de la sociedad civil. En América Latina no estamos ante sociedades que, organizadas desde abajo, ya sea desde los individuos o de sus asociaciones, estructuran una autoridad que llamamos Estado, sino por el contrario éste es el que constituye desde el principio simbólico de una nación a la sociedad a través de la política. De modo que la sociedad civil no se constituirá principalmente como contrapeso del Estado desde afuera o desde abajo y, en todo caso, se tratará no de cualquier estructura asociativa autónoma, sino de aquellos actores sociales con un nivel de organización o masas movilizadas en torno a algún eje político, personal o institucional… Y es esta manera de ser de la sociedad civil que estalla, y es este estallido lo que permite que, por primera vez, pueda hablarse de sociedad civil como algo separado o autónomo, siempre relativamente de la política y el Estado. (Garretón, s/f: 47)

 

Este estallido es precisamente el que no se da en el Ecuador, donde más bien se han hecho esfuerzos oficiales por debilitar el tejido asociativo, la organización ciudadana autónoma, y por fortalecer al Estado –e incluso al Gobierno– como único eje de la política y de lo público, al que tiene que subordinarse cualquier organización. De aquí que en el gobierno de Correa: Ciudadanía pretende ser la categoría que abarque a toda la población, pero a la par se funda en la exclusión y rechazo a todos los conjuntos sociales vivos y actuantes… no se les reconoce legitimidad política y se acusa permanentemente a la organizaciones sociales de defender intereses particulares sacrificando el interés general. (Moreano, 2011: 49) En efecto, ya desde el inicio de su gestión el régimen de Correa buscó debilitar algunas expresiones gremiales, como los colegios profesionales, al decretar la no obligatoriedad de su pertenencia a las mismas; coetáneamente ha tratado de minimizar el papel y representatividad de organizaciones gremiales como las Cámaras de la Producción, a la vez que ha cuestionado y pretendido minimizar a gremios y organizaciones populares como la UNE, FEUE, Conaie, Sindicatos Públicos, entre otras. Esta situación se daría luego de la aprobación en consulta popular de la Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente reunida en Montecristi, pues hasta antes de esta aprobación los movimientos sociales populares fungieron como aliados del Gobierno y, en tal condición, apoyaron la realización de la Asamblea Constituyente y luego hicieron campaña para la aprobación de la nueva Constitución. Una vez aprobada esta, sin embargo, y sobre todo desde el inicio del segundo periodo de Gobierno, Correa en agosto de 2009, en vez de radicalizar la “revolución ciudadana”, como había ofrecido, terminaría más bien radicalizando su enfrentamiento con los movimientos sociales populares, lo que no haría sino evidenciar el viraje ideológico-político del Gobierno, a saber: de un proyecto reformista o antineoliberal en lo económico, redistributivo en lo social y democratizador en lo político, se pasaría a un modelo neodesarrollista en lo económico (con una política económica híbrida), asistencialista y clientelar en lo social, y represivo y autoritario en lo político; modelo político este del que serían principalmente víctimas, precisamente, los movimientos populares. Si bien la revolución ciudadana evita un bandazo hacia la derecha del electorado, se forma en contra de los movimientos sociales; nace de su debacle e intenta consolidar de manera definitiva esa derrota, porque es incompatible con una democracia basada en la movilización general del pueblo. (Rojas, 2011: 271)

 

Generalmente el discurso presidencial ha pretendido legitimar su arremetida contra los movimientos sociales, a través de cuestionar los “errores de sus dirigentes”; sin embargo, más allá de este cuestionamiento, que puede resultar válido en algunos casos, lo que se buscaría en realidad es acabar o debilitar las organizaciones sociales como tales. En las últimas décadas las organizaciones sociales autónomas han impulsado el cambio de la ciudadanía hacia un nuevo tipo de relación cotidiana de igualdad a nivel nacional. Hoy están siendo aplastadas simbólicamente. Prácticamente deslegitimadas por un bombardeo mediático de denigra ción reiterada, por eso hay un retroceso. Al parecer se pretende crear organizaciones supeditadas al discurso oficial, con lo que impulsa una forma de ciudadanía policiaca que impide la irrupción de la ciudadanía política. La ciudadanía policiaca permite que cada uno se vuelva policía del opositor. No hay debate sino denigración y el llamado a la represión. (Guerrero, 2011: 117) Este proceso de oposición y deslegitimación a las organizaciones y movimientos sociales ciertamente que ha sido completado con la supeditación de algunas de ellas.

 

A nivel del movimiento indígena, por ejemplo, el caso de la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) constituye uno de los testimonios más emblemáticos; sin que exista, empero, un proyecto claro para crear organizaciones sociales desde el Gobierno. En este marco, daría la impresión más bien que lo que se preferiría es borrar todo tipo de organización social o ciudadana, para que quede al final solo una gran masa popular o “masa ciudadana”, resultado de la simple suma de los ciudadanos individualmente considerados; una masa a la cual el líder o caudillo pueda recurrir periódicamente para recibir su aprobación, para relegitimarse, y eventualmente hacerle aprobar cosas de las que esa masa ni siquiera tiene plena conciencia, como sucedió precisamente con la consulta popular del 7 de mayo de 2011, al plantearse al pueblo asuntos que, entre otras cosas, tenían que ver con una reestructuración a fondo del órgano judicial del Estado y, más específicamente, con la “metida de manos” en este órgano por parte del Ejecutivo.

 

Por lo tanto, si algún tejido social se crea o se impulsa por parte del Gobierno, este estará constituido por organizaciones destinadas a su apoyo político; por ende, por organizaciones sin voz propia, así sea una voz subordinada. Una de las expresiones de esta visión y práctica de la ciudadanía, como masa de individuos sin articulación ni organización, tiene que ver con el carácter que han asumido las políticas sociales gubernamentales. Así, por ejemplo, el bono de la pobreza o “bono de desarrollo humano” se sostiene en un mecanismo de distribución que enlaza a cada individuo con el Estado, sin la mediación de ninguna organización: La única relación que los une es abstracta, estadística. Son iguales por un proceso de identificación anónimo que estableció un lazo simbólico, económico, político solo con el Estado-presidente pastoral… El sistema informático de identificación y de clasificación ubica al beneficiario del bono en un rango no de ciudadano, sino de pobre. No para elevarlo al rango de ciudadano real, sino para construirlo como consumidor pobre. (Guerrero, 2011: 121) Es esta una situación que contrastaría con los clásicos gobiernos populistas, que sí daban voz a los sectores excluidos, a los no reconocidos, y en cuyas organizaciones encontrarían su base social de apoyo. Asimismo, la oposición de Correa a todo intento de organización y movilización social contrastaría, también, con lo ocurrido en los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales.

 

Lo que el gobierno de Correa buscaría más bien es una relación no mediada entre el Estado, y más específicamente su Gobierno, y los miembros de la sociedad, excluyendo de esa mediación no sólo a las organizaciones sociales sino también a los partidos políticos; los mismos que al no cumplir adecuadamente su función de intermediación entre el Estado y la sociedad, han devenido ciertamente en “partidocracia”. De aquí que el Presidente busque siempre una relación directa con la masa de “ciudadanos” y con las bases de los movimientos sociales a los que aspira debilitar. Es el gobernante quien los oye y articula sus demandas sin mediaciones para conducirlas al Estado, que él mismo representa. Simultáneamente estos sectores quedan vinculados al Gobierno en la medida que han podido sentir al Gobierno directamente, que lo han tocado, que han estrechado las manos del poder…, por eso hay un retroceso. Al parecer se pretende crear organizaciones supeditadas al discurso oficial, con lo que impulsa una forma de ciudadanía policiaca que impide la irrupción de la ciudadanía política. La ciudadanía policiaca permite que cada uno se vuelva policía del opositor.

 

No hay debate sino denigración y el llamado a la represión. (Guerrero, 2011: 117) Este proceso de oposición y deslegitimación a las organizaciones y movimientos sociales ciertamente que ha sido completado con la supeditación de algunas de ellas. A nivel del movimiento indígena, por ejemplo, el caso de la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) constituye uno de los testimonios más emblemáticos; sin que exista, empero, un proyecto claro para crear organizaciones sociales desde el Gobierno. En este marco, daría la impresión más bien que lo que se preferiría es borrar todo tipo de organización social o ciudadana, para que quede al final solo una gran masa popular o “masa ciudadana”, resultado de la simple suma de los ciudadanos individualmente considerados; una masa a la cual el líder o caudillo pueda recurrir periódicamente para recibir su aprobación, para relegitimarse, y eventualmente hacerle aprobar cosas de las que esa masa ni siquiera tiene plena conciencia, como sucedió precisamente con la consulta popular del 7 de mayo de 2011, al plantearse al pueblo asuntos que, entre otras cosas, tenían que ver con una reestructuración a fondo del órgano judicial del Estado y, más específicamente, con la “metida de manos” en este órgano por parte del Ejecutivo. Por lo tanto, si algún tejido social se crea o se impulsa por parte del Gobierno, este estará constituido por organizaciones destinadas a su apoyo político; por ende, por organizaciones sin voz propia, así sea una voz subordinada.

 

Una de las expresiones de esta visión y práctica de la ciudadanía, como masa de individuos sin articulación ni organización, tiene que ver con el carácter que han asumido las políticas sociales gubernamentales. Así, por ejemplo, el bono de la pobreza o “bono de desarrollo humano” se sostiene en un mecanismo de distribución que enlaza a cada individuo con el Estado, sin la mediación de ninguna organización: La única relación que los une es abstracta, estadística. Son iguales por un proceso de identificación anónimo que estableció un lazo simbólico, económico, político solo con el Estado-presidente pastoral… El sistema informático de identificación y de clasificación ubica al beneficiario del bono en un rango no de ciudadano, sino de pobre. No para elevarlo al rango de ciudadano real, sino para construirlo como consumidor pobre. (Guerrero, 2011: 121) Es esta una situación que contrastaría con los clásicos gobiernos populistas, que sí daban voz a los sectores excluidos, a los no reconocidos, y en cuyas organizaciones encontrarían su base social de apoyo. Asimismo, la oposición de Correa a todo intento de organización y movilización social contrastaría, también, con lo ocurrido en los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales.

 

 Lo que el gobierno de Correa buscaría más bien es una relación no mediada entre el Estado, y más específicamente su Gobierno, y los miembros de la sociedad, excluyendo de esa mediación no sólo a las organizaciones sociales sino también a los partidos políticos; los mismos que al no cumplir adecuadamente su función de intermediación entre el Estado y la sociedad, han devenido ciertamente en “partidocracia”. De aquí que el Presidente busque siempre una relación directa con la masa de “ciudadanos” y con las bases de los movimientos sociales a los que aspira debilitar. Es el gobernante quien los oye y articula sus demandas sin mediaciones para conducirlas al Estado, que él mismo representa. Simultáneamente estos sectores quedan vinculados al Gobierno en la medida que han podido sentir al Gobierno directamente, que lo han tocado, que han estrechado las manos del poder e imaginariamente su condición de meros habitantes o pobladores, o clientes, lo que se ha evidenciado en estos años de “revolución ciudadana” son diversas formas de despolitización de la ciudadanía. La participación de las personas en los numerosos procesos electorales que ha habido en dichos años, es básicamente participación electoral, lo cual no significa, per se, participación política y politización, de la misma manera que abundantes elecciones no significa que hay abundante democracia. La noción de ciudadanía como noción esencialmente política implica reconocer a los otros el derecho a hablar públicamente, a debatir y formular un discurso propio sobre su realidad, a organizarse para luchar por sus demandas. Ya ni siquiera en las cadenas sabatinas presidenciales hoy se invita a delegados o representantes ciudadanos a exponer sus necesidades; solo hay el discurso oficial, la verdad oficial, y cualquier voz que se permita oír será para respaldar esa verdad. En definitiva, en la práctica del Gobierno actual en vez de un proceso de construcción y desarrollo de la ciudadanía, de ciudadanización, hemos tenido un proceso de deconstrucción de la ciudadanía, de desciudadanización o de anticiudadanización. Las cadenas sabatinas son alegorías del silenciamiento, no abren el debate, una sola voz es la que se escucha, la voz de un ego narciso. Es lo opuesto a un acto ciudadano de política, donde lo que se trata es de debatir y confrontar opciones y negociar puntos de vista. Es un régimen de des-ciudadanización. (Guerrero, 2011: 118) En este marco de desciudadanización, la posibilidad de democratizar el funcionamiento del Estado y de la sociedad ecuatorianos ha quedado mediatizada, pues la existencia de la ciudadanía constituye una condición para la existencia de la democracia en su sentido lato.

Referencias bibliográficas:

* Sociólogo, máster en sociología y desarrollo, profesor de la Universidad de Cuenca, autor de artículos y libros sobre temas sociales y políticos, editorialista del diario El Mercurio de Cuenca, exconsejero provincial del Azuay y exconcejal de Cuenca.

Fuente: http://montecristivive.com/wp-content/uploads/2015/01/La-restauraci%C3%B3n-conservadora-copia.compressed.pdf

En consecuencia, para el clima de súper negocios del capitalismo local, los «gobiernos progresistas» hicieron el viraje desde pueblos insurrectos a desmovilizados mediante la restauración de la democracia tutelada por bloquear la autonomista.

 

Democracia tutelada versus democracia autonomista [1]

28 de marzo de 2006

 

 

Por Gilberto López y Rivas (Rebelión)

La Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Otra Campaña constituyen una reacción y una propuesta antisistémicas frente a la crisis de las formas de representación de la democracia tutelada que propicia el capitalismo neoliberal, en la cual las izquierdas institucionalizadas: pierden toda capacidad contestataria y trasformadora; son incapaces de sustraerse a la lógica del poder capitalista, dada la efectividad de éste para cooptar a sus dirigentes; y asumen finalmente un papel de legitimación del sistema político basado en la desigualdad y la explotación capitalistas.

Roberto Regalado señala al respecto:

“En América Latina no se produjo –ni se está produciendo- un proceso de democratización, ni una apertura de espacios a la reforma progresista del capitalismo, sino la imposición de un nuevo concepto de democracia, la democracia neoliberal, capaz de “tolerar” a gobiernos de izquierda, siempre que se comprometan a gobernar con políticas de derecha... De esta realidad se deriva que, tarde o temprano, el contenido popular y la “envoltura” capitalista de los procesos desarrollados hoy por la izquierda latinoamericana entrarán en una contradicción insostenible: sólo una transformación social revolucionaria, cualquiera que sean las formas de realizarla en el siglo XXI, resolverá los problemas de América Latina. (“Reforma o revolución” en Rebelión, 9 de enero de 2006) [2]

Asimismo, las discusiones sostenidas en el VI Foro Social Mundial en Caracas, Venezuela, en enero de este año, acerca de los limites de los procesos de transformación revolucionaria en Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, y eventualmente México, con la llegada al gobierno de partidos de esa izquierda institucionalizada, y los procesos concomitantes de corrupción de sus dirigentes, acatamiento de los dictados neoliberales, abandono de sus principios fundacionales y alejamiento de los movimientos de masas, hacen ver la necesidad de la búsqueda de un pensamiento renovado y libertario de la izquierda anticapitalista que se constituya en punto de partida para la construcción de un socialismo democrático.

Marcos Roitman señala que la democracia de partidos, finalmente definida por el Estado capitalista, se desvincula de la práctica y de los sujetos sociales y termina siendo un mero procedimiento de elección de elites, una “técnica” en la que puede haber alternancia pero no alternativas de cambio social. En este contexto, los partidos se convierten tarde o temprano en “ofertas” de gestión técnica del orden establecido, y esto lo entienden bien los zapatistas, por lo que buscan un marco de referencia distinto de la democracia a partir de su propia experiencia en la construcción de las autonomías, y la puesta en marcha de la Otra Campaña.

Así, la democracia autonomista se fundamenta en una construcción de poder y ciudadanía desde abajo; como una forma de vida cotidiana de control y ejercicio del poder de todos y todas desde el deber ser, esto es, con base en términos éticos. No es un medio o procedimiento de reproducción de estamentos burocráticos, sino un pacto social y político, un constituyente de todos los días que opera unitariamente, es decir, en todas las esferas y los órdenes de la vida. [3]

Por ello, el EZLN en su Sexta Declaración estableció con claridad su política de alianzas con organizaciones y movimientos no electorales que se definan, “en teoría y práctica, como de izquierda”, de acuerdo a condiciones que evidentemente no reúnen los partidos de la izquierda institucionalizada:

“No hacer acuerdos arriba para imponer abajo, sino hacer acuerdos para ir juntos a escuchar y a organizar la indignación; no levantar movimientos que sean después negociados a espaldas de quienes los hacen, sino tomar en cuenta siempre la opinión de quienes participan; no buscar regalitos, posiciones, ventajas, puestos públicos, del Poder o de quien aspira a él, sino ir más lejos de los calendarios electorales; no tratar de resolver desde arriba los problemas de nuestra Nación, sino construir DESDE ABAJO Y POR ABAJO una alternativa a la destrucción neoliberal, una alternativa de izquierda para México.”

Ya Isabel Maria Loureiro, en su libro Rosa Luxemburgo: los dilemas de la acción revolucionaria [4] , identifica el encuentro intergaláctico del verano de 1996, organizado por el EZLN en Chiapas, como la primera reunión de militantes de todo el mundo contra la globalización, en la que “quedó claro para la izquierda que un gran cambio táctico y estratégico estaba en curso”, a partir de una idea rectora:

“Para Rosa Luxemburgo, así como para los movimientos sociales de nuestra época, es la participación de los de abajo de la que proviene la esperanza de cambiar el mundo…No debemos esperar nada de hombres providenciales. Cualquier cambio radical, en el sentido de un proyecto emancipador, solo puede resultar de la presión social de abajo a arriba”. [5]

En esta dirección, destacan las aportaciones de Rosa Luxemburgo en su crítica a la concepción del partido jerarquizado y centralizado, del partido-vanguardia que Lenin y los bolcheviques pusieron en práctica, y se pronuncia a favor de la auto-emancipación de los trabajadores. Para ella “lo que importa es la transformación económica, política, cultural de la sociedad llevada a cabo por la acción (organizada y conciente, pero también espontánea, inconciente) de las masas populares.”

Así, la transformación socialista deja de ser pensada exclusivamente como un “día decisivo”, y pasa a ser un proceso que puede comenzar aquí y ahora, por el cambio en la correlación de fuerzas, en las estructura de poder y de propiedad, en la innovación institucional. [6] . El socialismo –señalaba Luxemburgo-- no puede ser realizado por decretos ni es un cambio de gobierno llevada a cabo por una minoría, sino una trasformación radical de la antigua sociedad, en todos los planos, por la acción autónoma de las masas. Advirtió y critico los procesos de burocratización de la socialdemocracia partidaria y los sindicatos. En este sentido, Rosa Luxemburgo se opone a la idea del socialismo como estatización de los medios de producción sin control de los trabajadores, camino para una inevitable burocratización.

Con la revolución alemana en marcha, la democracia socialista pasa a significar concretamente, para Rosa Luxemburgo, un gobierno consejista. Los consejos, organismos de base electos por los obreros y soldados, de acuerdo al programa de la Liga Espartaco, serían la nueva forma de poder estatal para sustituir los órganos heredados de la dominación burguesa; democracia socialista significaba en aquel contexto el autogobierno de los productores.

Pensando en la experiencia zapatista y el establecimiento de sus municipios autónomos y las Juntas de Buen Gobierno, tan similares a los gobiernos consejistas, es significativo que Rosa Luxemburgo hizo una defensa de las culturas originarias indicando que ellas tienen mucho que enseñar por sus tendencias colectivistas, por una vida más armónica de su organización social.

De aquí surgen estos interrogantes: ¿De que forma las autonomías indígenas, que abren la puerta a una nueva forma de gobernar desde abajo, con la participación de todos y todas, sin intermediarios ni burocracias, pueden ser la base de transformaciones nacionales e internacionales? ¿Cuál podría ser la forma organizativa que asuma la resistencia mexicana (y latinoamericana) frente a la globalización capitalista, capaz de lograr en nuestra patria incluso un nuevo poder constituyente? ¿Cuáles pueden ser las características de un proyecto viable de desarrollo nacional y de inserción internacional equitativa en las actuales circunstancias de creciente subordinación del país a Estados Unidos? ¿Cómo enfrentar con éxito una elite política que mantiene secuestradas todas las instancias de representación nacional popular y cuyo único ofrecimiento real es la alternancia de partidos en esa representación?

El concepto de Autonomía, como la libertad de individuos, gobiernos, nacionalidades, pueblos y otras entidades de asumir sus intereses mediante normativas y poderes propios, opuestos en consecuencia a toda dependencia y subordinación, es fundamental para este debate político. Ya Pablo González Casanova en su artículo "La gran discusión" (La Jornada, 19 de agosto de 2005) contribuye a dilucidar los términos de la crítica al sistema de partidos y plantear la cuestión de fondo en la polémica generada por la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Se requiere construir "un movimiento democrático que cuente con la fuerza organizada de los ciudadanos y de los pueblos", ya que lo primordial es:

La concientización y organización del poder de la ciudadanía y de las comunidades, etnias, pueblos, y de los trabajadores, empleados, maestros, estudiantes, técnicos, licenciados, doctores e intelectuales"; más aun, el único camino que "le queda a la humanidad para sobrevivir (es) organizar la fuerza y la conciencia de los pueblos de la Tierra, empezando ahora con los pueblos indios y "de allí pa' lante" hasta encontrar a los otros en la confluencia de senderos de México, América Latina, Estados Unidos y el mundo". (Ibid.)

Lo importante es analizar las fuerzas políticas en su comportamiento efectivo, las clases sociales que apoyan o rechazan determinados liderazgos, los grupos socioétnicos que resultan dominantes y subordinados, los intereses detrás de los discursos, las prácticas y los resultados de esas acciones. La autoadscripción a determinada posición política no es suficiente. Es necesaria la congruencia probada con algún criterio de realidad. Por ejemplo, cuando el zapatismo expresa sus críticas a los gobiernos de los partidos nacionales ya conocidos, su perspectiva está fundada en el establecimiento de las Juntas de Buen Gobierno y en su desempeño en cuanto a garantizar la participación y concientización de miles de personas en el mandar obedeciendo. Sus severos juicios a la clase política mexicana se compaginan también con el deterioro ético visible y comprobable de sus miembros, una participación ciudadana cada vez menor en los procesos electorales e incluso encuestas de opinión pública que colocan a los políticos profesionales en los ínfimos lugares de credibilidad y prestigio social.

Cuando se plantea la detracción del actual sistema de partidos es necesaria la reflexión sobre si éstos contribuyen a la construcción autonómica, o poseen una tendencia intrínseca a la formación de una ciudadanía heterónoma, esto es, que recibe del exterior las leyes que rigen su conducta, que llevan en su germen el clientelismo y el corporativismo, obstáculos insalvables de la autonomía.

La propuesta de la Sexta Declaración, en el otro polo equidistante, lleva a la integración de una entidad política anticapitalista que asume los intereses populares de los cuales proviene, los desposeídos y explotados; no delega su representación en otros ajenos a "sí mismos"; un ente que se rija por sus propias normas y no por las de un sistema político que no representa los intereses populares y nacionales.

En México es necesaria, como plantea la Sexta, la edificación desde abajo de una organización independiente del Estado y de su sistema de partidos. Que responda a sus propias necesidades y requerimientos; que escoja sus medios, espacios y tiempos para librar su resistencia contra el poder establecido; que lleve a cabo una campaña "muy distinta a las electorales", que "ni se rinde ni se vende" y que "está dispuesta a luchar, entre todos los riesgos que implica, por la construcción de una fuerza de los pueblos y los ciudadanos organizados, pensantes y actuantes..." (Ibid.)

En esta dirección, Rosa Luxemburgo es fuente de inspiración de la Otra Campaña y de todo movimiento anticapitalista. Sin embargo, hoy más que nunca, no es posible ser anticapitalista si no se tiene una perspectiva socialista. El socialismo debe ser enarbolado como utopía, programa y propósito de cualquier acción política. Eso requiere de reconsiderar que fue lo que falló en las experiencias del socialismo real: a) La idea del partido vanguardia, más allá de la clase y el protagonista al que se delega toda iniciativa, participación y conducción. b) El establecimiento de una dictadura de partido de Estado que cierra todos los espacios democráticos, sin establecer mecanismos de participación y conducción de las grandes mayorías del pueblo en el ejercicio del gobierno. c) La toma del poder desde arriba y la implantación del socialismo por decreto, como la acción y decisión de un Estado versus la perspectiva de un proceso de abajo arriba y con la participación plena de las masas de trabajadores y productores. d).- Confundir la política nacional de un Estado como internacionalismo, privilegiando los intereses del mismo por sobre los intereses de los trabajadores de otros pueblos y del suyo propio.

También en este sentido, es conocida la critica luxemburguista a los bolcheviques por pretender instaurar el socialismo desde arriba y eliminando la democracia, misma que pasados los años es de una clarividencia extraordinaria: “Si la vida pública de los Estados de libertad limitada es tan mediocre, tan miserable, tan esquemática, tan infecunda, es justamente porque, excluida la democracia, se obstruye la fuente viva de toda riqueza y de todo progreso intelectual.”

El zapatismo otorga al factor ético un elemento esencial de la lucha anticapitalista, privilegiando la congruencia con los principios por sobre los intereses de cualquier tipo. El único capital político con que cuenta la izquierda es la ética y la defensa del interés general. El “para todos todo y para nosotros nada” debe ser observado en este contexto de exigencia con una conducta sin doble moral, dado que no existe un interés particular o de grupo que motive la acción política.
Bibliografía:(..)
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=28977

 

 

Nos urge, ante la crisis civilizatoria y la ofensiva contemporánea del sistema mundo capitalista contra los trabajadores y los pueblos, construir poder y ciudadanía desde abajo y a la izquierda mirando a ir creando socialismo según concretemos democracias autonomistas y buenos vivires convivires sin fronteras.

 

Ahora recordemos a Ana Esther Ceceña cuando dice:

"De entrada, es indispensable señalar que el debate en torno de los procesos de emancipación tiene como punto de partida el reconocimiento, aunque fuera sólo implícito, de una situación de opresión que debe ser desentrañada para hacer comprensible el carácter y la pertinencia de los movimientos y estrategias libertarias con respecto a su horizonte y a su realidad. Asimismo, esta inteligibilidad reclama una perspectiva de espectroscopio que descubra, no la relación dominante (la determinante en última instancia), sino el entramado de relaciones a través de las cuales se constituyó la situación de opresión y todas sus vertientes de salida".

Que todavía la mayoría de nosotros y de la izquierda partidaria crea en las elecciones como expresión de la voluntad popular evidencia el imperativo de generalizar la deconstrucción de nuestros hábitos conductuales e intelectuales y  de nuestras percepciones, sensibilidades, memorias, imaginarios...convivires. De ahí la importancia de un frente cultural político a partir de las organizaciones populares en lucha contra el avasallamiento de derechos y por la vida en el planeta.

 

Entristece que no se reconozca al capitalismo como causante de nuestras penurias e hipoteca del porvenir de hijos, nietos o de la humanidad entera. Choca que Cristina Fernández aparezca como la oposición a Mauricio Macri. Pero supo y sabe ser impune. Recordemos:

 

 

YPF, Chevron y liberación nacional

20 de diciembre de 2012

Por Rolando Astarita

 

Los medios informan que YPF acaba de cerrar un acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron para avanzar de manera conjunta en la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. La inversión inicial será de 1000 millones de dólares, y se perforarán más de 100 pozos en el primer año. Si las cosas marchan como esperan las empresas, podría llegarse a una inversión de 15.000 millones de dólares. Por el acuerdo, YPF otorga a Chevron un derecho de exclusividad por cuatro meses para negociar los términos y condiciones finales por las cuales YPF cederá el 50% de la participación en la explotación de las áreas de Loma de la Lata Norte y Loma Campana.

YPF también ha llegado a un acuerdo por 500 millones de dólares con Eduardo Eunerkian para desarrollar la explotación de Vaca Muerta, y estaría cerrando otro con Bridas (una joint venture entre el grupo Bulgheroni y la china Cnooc). Galuccio, presidente de YPF, ha explicado que la empresa piensa invertir 24.700 millones de dólares hasta 2017 de su flujo propio, y obtener fondos externos hasta completar los 40.000 millones. El marco jurídico de todos estos acuerdos está conformado por la ley de inversiones extranjeras, dictada por la dictadura militar, y los decretos de desregulación de la actividad petrolera, que vienen desde el gobierno de Menem.

 

Las reservas no convencionales de Argentina serían las terceras en el mundo, estimadas en un equivalente a 23.000 millones de barriles de petróleo. Chevron es la segunda empresa petrolera de EEUU. Recordemos también que ha sido condenada por la Justicia de Ecuador a pagar 18.000 millones de dólares de indemnización por haber contaminado durante años la selva amazónica. La explotación de yacimientos no convencionales es cuestionada por muchos expertos, que sostienen que encierra peligros de contaminación ambiental que no han sido debidamente evaluados y estudiados. De hecho, algunos países europeos mantienen la prohibición de este tipo de explotación. Sin embargo, en EEUU la producción no convencional ha tenido un amplio desarrollo, y en Argentina el gobierno intenta seguir ese camino.

El acuerdo firmado con Chevron debe ponerse en un contexto más amplio. El 13 de septiembre, en la celebración del Día del Petróleo, Kicillof dijo que “queremos que las empresas hagan buenos negocios”; y presentó como una señal positiva el aumento a 7,5 dólares por millón de BTU del gas que extraen YPF y otras empresas. El precio estaba en 2,3 dólares, en tanto que el gas importado de Bolivia llegó a pagarse 12 y 13 dólares. Durante mucho tiempo partidos de la oposición y diferentes medios dijeron que esto era irracional, pero los K-defensores respondían que se trataba de argumentos de la derecha. Sin embargo, el creciente el déficit energético (3500 millones de dólares este año en la balanza gasífera) obligó al aumento, anunciado por la presidenta como un gran paso adelante. Poco después, en el encuentro con los petroleros, Kicillof explicaba: “Para llevar a cabo este aumento de producción se debe tener en cuenta la rentabilidad de la inversión en estos costosos proyectos y el tiempo de repago de estas, que en muchos casos exceden los plazos de las concesiones”.

Interpretaciones alternativas

Al producirse la estatización de YPF publiqué una nota (ver aquí) en la que polemizaba con aquellos que interpretaban la medida en términos de la oposición “Estado o mercado”, “Pueblos o corporaciones”, “Liberación nacional o dependencia”, y similares. De acuerdo a esta línea de pensamiento, los acuerdos recientes, o la suba del precio del gas, serian entonces una “claudicación” frente a las fuerzas del capital internacional (aunque el K-progresismo prefiere mirar para otro lado; después de todo, monopolio es Clarín, pero no Chevron).

Mi interpretación, en cambio, es que se trata simplemente de negocios capitalistas, en los cuales diversas fracciones y el Estado discuten por las condiciones de la explotación. La razón de fondo es que YPF, a igual que cualquier empresa, también está sometida, en última instancia, a la lógica de la valorización. Refiriéndome en general a las empresas capitalistas de Estado, en aquella nota sobre la estatización de YPF escribía que de manera creciente “son regidas por directores que se entrenan en las mismas escuelas de negocios que entrenan al personal jerárquico de las privadas. La valorización y los balances son puestos bajo escrutinio de los inversores, que “votan” en las bolsas de valores. Estamos muy lejos del viejo estatismo vinculado a la industrialización por sustitución de importaciones. Los nuevos criterios para definir qué es una ECE, y las ambigüedades que surgen al tratar de establecer los límites entre lo privado y lo estatal, tienen que ver con este giro”.

Y con respecto a las perspectivas inmediatas, agregaba: “Es en este marco en el que debería analizarse a la “estatizada” YPF y sus perspectivas. Naturalmente, en lo inmediato va a haber fuertes tensiones y disputas por el precio a pagar al grupo español (en el cual también está implicada Pemex). Pero por encima de esto, el gobierno intentará renegociar con el capital internacional. La propia burguesía argentina lo está pidiendo”.

Los cambios experimentados por YPF a lo largo de las últimas décadas ponían en evidencia que no se trata de una historia de “patriotas contra vendepatrias”, o de “honestos contra coimeros”, sino de actores respondiendo a intereses de clase, o de fracciones de clase. Por eso, no tiene sentido “exigir” que el gobierno K “luche contra las corporaciones”, como pretenden algunos grupos de izquierda. Si el sustento del modo de producción capitalista es la empresa capitalista, y si por las leyes inmanentes a este modo de producción, avanza la concentración del capital, es absurdo exigir que el Estado capitalista se enfrente a las empresas capitalistas que son un resultado de esa evolución. Esos extremos del absurdo son propios del socialismo pequeño burgués, que sueña con un “Estado de todos” y una sociedad de pequeños productores “democráticos y progresistas” (no analicen las bases sociales del Tea Party o la Liga del Norte).

En la realidad del sistema capitalista la propiedad privada del capital y la lógica de las ganancias gobiernan, en esencia, la marcha de las cosas. Y el Estado no es neutro, ni está por encima de las clases sociales. Su función, de contenido, es garantizar las condiciones más generales para la explotación del trabajo. Las empresas petroleras no son la excepción. Además, no se pueden desconocer las leyes del mercado sin pagar, en el mediano o largo plazo, las consecuencias. En tanto subsista la propiedad del capital, la lógica del valor y el mercado terminan imponiéndose. Por eso, cuando el gobierno “progre-K” sube el precio del gas, no lo hace porque sea corrupto (sí, es corrupto, pero el problema no es ése), sino porque no puede decidir a voluntad los precios. En este respecto, es hasta divertido ver cómo a algunos “teóricos” de El Capital, hoy puestos a funcionarios del capital, la ley del valor trabajo se les cayó encima de la cabeza. Las discusiones sobre monopolio y mercado, que he planteado en otras notas del blog, se relacionan, lógicamente, con estas cuestiones.

En definitiva, lo que se discute en estos acuerdos son las condiciones en que los capitales nacionales (empresas, inversores en bonos o acciones, y el Estado) y las corporaciones extranjeras participan en la explotación del trabajo. Estas condiciones dependen de la fuerza económica relativa de las partes (acceso a financiamiento, disponibilidad de tecnología, etcétera) y no de alguna suerte de dominación política (colonial o semicolonial). Hay una lógica que está por encima de las acciones de Eternautas, o similares. Puede discutirse algo más o menos de regulación; pero nada que indique diferencias cualitativas con respecto a lo que sucede en otras partes del mundo. En este punto, es significativo el mantenimiento de los decretos petroleros de desregulación menemistas. También las garantías que deben otorgarse a los capitalistas dinerarios que presten a YPF. Esto, que se aplica a la relación entre YPF-Estado argentino y empresas de EEUU, se puede extender a la relación entre los estados de Argentina y China, o a la relación entre el Estado argentino y empresas de China, o cualquier otro país. En definitiva, cuando se estatizó YPF dijimos que no había gesta “nacional liberadora” implicada. Lo ocurrido desde entonces, parece confirmarlo, y con creces.

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2012/12/20/ypf-chevron-y-liberacion-nacional/

 

Nos urge generalizar la toma de conciencia sobre el funcionamiento del capitalismo que el Estado garantiza sin preocupación por las comunidades y los pueblos sólo cuando resisten, entonces perfecciona e intensifica la represión y su aislamiento por modelación del consenso de reprobación.

 

 

 

Milani, Chevron, Sbattella

16  de julio de 2013

Por Rolando Astarita

En los últimos días hubo una serie de noticias que son de difícil digestión para los que sostienen que el gobierno K está operando una transformación revolucionaria (“liberación nacional”, “lucha contra los grupos concentrados”, y similares) del país. Noticias que se pueden sintetizar en tres nombres: Milani, Chevron y Sbattella. Dado que este blog lo lee gente que no vive en Argentina (en promedio, el 40% de las visitas diarias son del exterior), sintetizo a qué me refiero.

 

Milani (o acerca de la naturaleza represiva del Estado)

El general César Milani fue nombrado recientemente jefe del Ejército, por la presidente Cristina Kirchner. Milani está denunciado por haber participado en la represión durante la dictadura militar. Ex presos políticos lo vinculan a la desaparición, en Tucumán, en 1976, del soldado Alberto Ledo, que era su asistente. Milani estaba especializado en inteligencia en el batallón de Ingenieros 141, de la provincia de La Rioja, y fue enviado en comisión a la provincia de Tucumán, entre febrero de 1976 y febrero de 1977. En esa época el Ejército llevaba adelante el Operativo Independencia, contra el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ledo, que según testimonios, habría sido simpatizante del ERP, desapareció en Tucumán, a donde había tenido que acompañar a Milani. Su madre, Marcela de Ledo, integra la asociación Madres de Plaza de Mayo de La Rioja. Milani también está mencionado por un ex detenido, Ramón Olivera, en el libro Nunca Más, de la Rioja. Olivera explicó que Milani participó de la detención de su padre, y que luego él mismo estuvo detenido en un centro clandestino. Desde allí fue llevado ante un juez por Milani, quien estuvo presente durante la declaración. Además, Milani está sospechado de haber participado en Inteligencia durante la dictadura militar. Asimismo, está denunciado por participar en el levantamiento de los carapintadas, en los años 80, contra el gobierno de Alfonsín.

 

Frente a estos datos, Madres de Plaza de Mayo, línea Bonafini, guarda silencio. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, dijo que no correspondía pedir el desplazamiento de Milani. El Centro de Estudios Legales y Sociales, a su vez, antes había dicho que no tenía información que pudiera vincular a Milani con la represión. Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS son organismos defensores de derechos humanos oficialistas. El Nunca Máses un material muy conocido, y su legitimidad nunca fue cuestionada por alguno de estos organismos (acerca de los K-criterios para evaluar lo actuado bajo la dictadura, ver aquí).

 

Pero no se trata sólo de la participación de Milani durante la dictadura, o el alzamiento carapintada. Desde 2007 Milani está a cargo (y hoy retiene esta función) de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor. Allí trabó estrecha relación, según todas las informaciones disponibles, con la ministra de Defensa Nilda Garré (quien a su vez está muy cercana al CELS). Recordemos que Nilda Garré ha sido denunciada por su participación en el llamado Proyecto X. Se trata de una unidad de la Gendarmería Nacional, que fue creada para organizar una base de datos de militantes, mediante el espionaje y la infiltración en organizaciones sociales y políticas. Estos datos fueron luego utilizados en juicios contra militantes. Las instrucciones contenidas en el proyecto, elaboradas en 2009, destacan la importancia de vigilar a todos los que pudieran crear “situaciones de alteración del orden público”. Según la abogada Myriam Bregman, defensora de derechos humanos y militante del PTS, el Proyecto X tiene como objetivo la persecución de activistas sociales y políticos. El propio comandante de Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció ante la Justicia la existencia del Proyecto. Hoy existe una causa abierta, que está avanzando (según Bregman). A pesar de esto, la presidenta Kirchner acaba de decir que el Proyecto X “es inexistente” (discurso del 9 de julio, en Tucumán). Los organismos de derechos humanos oficialistas, y el progresismo K, no desmintieron a la presidenta. En cualquier caso, existen fuertes elementospara vincular a Milani con un enfoque global de vigilancia y recolección de datos, que luego son utilizados en la persecución judicial de la militancia. El área de Inteligencia del Ejército recibió sustanciales incrementos presupuestarios en los últimos años.

 

En este análisis debe incorporarse, además, la reforma, de diciembre de 2011, de la Ley Antiterrorista. Esta reforma derogó la figura de “asociación ilícita con fines terroristas”, pero elevó al doble las penas de los delitos que se hubieran cometido con “la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” (artículo 41). De esta manera se deja abierta la puerta para que manifestaciones o huelgas sean calificadas como actos terroristas, como han manifestado muchas organizaciones sociales o políticas de izquierda. El gobierno se defiende diciendo que la ley establece que no se castigarán las protestas que se hagan en defensa de derechos humanos y sociales. Sin embargo, muchos abogados argumentan que las modificaciones introducidas abren el campo para interpretaciones, y habilitan a la criminalización de la protesta social.

 

Todo lo anterior debe vincularse también con la decisión del Gobierno de responder al problema de la seguridad poniendo el acento, crecientemente, en la represión y la punición. El enfoque tradicional del progresismo, que hace hincapié en las raíces sociales del problema, pasa ahora a segundo plano. El ministro de Seguridad de la Nación, de hecho, es Sergio Berni, un militar en actividad, que goza del favor de la presidenta. Cristina Kirchner, además, ha acusado a los jueces por ser demasiado suaves en la aplicación de penas. Un discurso que hasta ahora el progresismo K consideraba propio de la derecha. De manera que la designación de Milani, el ocultamiento de su accionar durante la dictadura, o el levantamiento carapintada, debe leerse en esta secuencia de hechos. No es trueno en día sereno.

 

Chevron (de nuevo, son sólo negocios)

En notas anteriores sostuve que la estatización de YPF no debía interpretarse en clave de “liberación nacional”, sino en términos de negocios entre capitalistas; esto es, negocios sustentados en la apropiación de plusvalía (ver aquí y aquí). En esas notas, y contra el discurso oficialista (“estatización de YPF sinónimo de Patria recuperada”) planteé que se trataba de una renegociación de los términos de la explotación del negocio.

Pues bien, en el día de ayer, 15 de julio, se conoció el decreto que crea el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. Según el mismo, están alcanzadas por este régimen las empresas que inviertan 1000 millones de dólares, o más. Las que lo hagan, podrán comercializar libremente, luego del quinto año, en el mercado externo el 20% de la producción (resultado de esas inversiones), sin tener que pagar derechos de exportación. Además, en caso de que la producción nacional no alcance a cubrir la demanda, y las exportaciones se destinen a cubrir la demanda interna, el precio no será inferior al precio de exportación, sin retenciones. Las compañías también tendrán derecho prioritario a obtener divisas a través del Mercado Único y Libre de Cambio (aceptemos que es un eufemismo) por hasta el 100% del precio obtenido en el mercado interno.

Naturalmente, se sigue discutiendo si con esto será suficiente para que las empresas inviertan en extracción de petróleo y gas, y hay muchos “detalles” que deberán ser aclarados (por ejemplo, a qué tipo de cambio cotizarán los dólares que entren por inversiones). Sin embargo, lo relevante es que todo esto parece desmentir la tesis-verso de “YPF recuperada, Patria liberada”. El tema aquí no es el patriotismo, sino son los negocios y la rentabilidad. La realidad es que la falta de inversiones provocó una caída, en la última década, del 60% de las reservas de gas y del 20% del petróleo. Desde 2003 la producción de petróleo cayó 30%, y la de gas 20%. Dado que, además, faltó inversión en hidroelectricidad, aumentó el consumo de combustibles, con lo cual se agravó el déficit de la balanza energética (sería de 6000 millones de dólares en 2013). No sé qué cuento contarán ahora aquellos economistas que afirmaban que, principio del acelerador mediante, bastaba con fomentar el consumo para que hubiera inversión (ver la crítica a esta postura aquí y aquí).

Lo cierto es que la acumulación de capital -esto es, la reinversión de plusvalía- se rige, como en cualquier país capitalista, por el olor de las ganancias. El acuerdo con Chevron no hace más que ratificarlo. Con respecto a este último, otro dato significativo para la tesis-verso “YPF recuperada, Patria liberada”: en los medios ha trascendido que el acuerdo se pone bajo jurisdicción de tribunales de EEUU.

 

Sbattella (o el intríngulis de la acumulación de capital)

José Sbattella es el titular de la Unidad Anti Lavado. Según informaciones periodísticas, no desmentidas hasta el momento, Sbattella mantuvo hace poco al menos dos reuniones con funcionarios de cumplimiento de las normas antilavado de dinero, y técnicos bancarios, para pedirles que no informaran las operaciones sospechosas que se hicieran con vistas al blanqueo de capitales que puso en marcha el Gobierno. Aparentemente, los oficiales antilavado y técnicos, así como los responsables bancarios, se negaron al pedido, dado que les podría caber responsabilidad penal por no denunciar estas operaciones.

Ubiquemos esta sed por dinero sucio por parte del Gobierno: en la última década la economía argentina recibió una gigantesca renta, que puede calcularse entre los 120.000 y 150.000 millones de dólares, por la mejora de los términos de intercambio. Pero desde 2005 se fugaron del país más de 80.000 millones de dólares. En varias notas en este blog he planteado que esto configura una gigantesca transferencia de excedente, que es la clave de la acumulación y el desarrollo capitalista. En la última década no hubo un proceso de acumulación estructuralmente sólido, o una transformación cualitativa de la economía argentina, que es tecnológicamente atrasada y dependiente. Y esto no se arregla convocando al lavado de dinero. Sólo a un irremediable lumpen burgués se le puede ocurrir semejante “solución”.

 

Más en general, este año el desempleo aumentó al 7,9%; otro 8% de la población económicamente activa está subocupada. En total, 2,7 millones de personas, el 15,9% de la fuerza laboral, están desempleadas o subocupadas. El 35% de los trabajadores está en la informalidad. La mitad de los asalariados gana menos de $3500 por mes. Entre un 20 y un 27% de la población (según los cálculos no INDEC), está en la pobreza. Y gracias a la no actualización del impuesto a las ganancias, ha desaparecido una parte significativa del aguinaldo (entre el 45% y 80%) para el 35% de los asalariados. Las respuestas por parte del gobierno a esta realidad se llaman Milani, Chevron, Sbattella. Tienen un sentido, y son expresiones de un contenido esencial. Por supuesto, también está el relato para construir una gesta heroica (“revolución, liberación”) con el pasado de Milani, con el Proyecto X o con el lavado de dinero. Es que nunca deberíamos olvidar que el lumpen burgués parece no tener límites.

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2013/07/16/milani-chevron-sbattella/

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Estamos, los de las izquierdas convencidas que desde hoy y aquí debemos ir creando socialismo mediante democracia autonomista, interpelados por el siguiente análisis: 

 

Crisis, guerras y geopolítica en el siglo XXI

 

19 de junio de 2017

Por Editorial Hemisferio Izquierdo

 

El capitalismo es nacional en su forma pero mundial en su contenido. La escala de los espacios donde se desarrolla el conflicto social ya desborda ampliamente los ámbitos nacionales y la mundialización del capital parece no detenerse y en su camino llevarse puestos Estados y resistencias locales. El terreno estratégico se dilata y la reflexión política que pretenda formular alternativas a la deriva del capital requiere necesariamente expandir temporal y espacialmente su campo de análisis.

Son varias las señales que indican que estamos ingresando a un nuevo espacio de turbulencias en la acumulación global y la geopolítica. La renovada tensión entre la OTAN y Rusia, el ascenso de una derecha “hardcore” con expresiones políticas xenófobas y agresivas en Estados centrales, el desarrollo bélico en Medio Oriente y la “guerra de proxis” en Siria, Estados que entran en fase de desagregación y descomposición social.

A pesar de estar asistiendo a un proceso de desagregación política general, la geopolítica actual parece continuar teniendo su tensión central en el “rimland” , el anillo geográfico que rodea el bloque terrestre central de Eurasia ( “Heartland” en palabras de Mackinder, padre de la geopolítica) y que hoy ocupa el Estado ruso. La guerra de Ucrania, Siria, el despliegue de EUA en Medio Oriente, el Mar de China, Irán, son todos terrenos que componen el “rimland” , área estratégica cuyo control asegura la supremacía global según Nicholas Spykman, otro viejo exponente del enfoque geoestratégico.

Sin duda un panorama por demás complejo que conviene analizar en su dimensión estructural y como resultado del movimiento de la lógica profunda de un modo específico de organizar la vida social en nuestro planeta. Lo más lejos posible de las miradas superficiales que suelen confundir las manifestaciones del problema con sus causas últimas.

Un capitalismo zombi, hipertrofiado y en crisis latente de sobreproducción se manifiesta en la enorme masa de capital ficticio con la que carga. Un hegemón en declive, que no se resigna a asumir que el siglo XXI no será un nuevo “siglo americano” y se vuelve violento y altamente impredecible. Masas de población que le sobran al desarrollo desigual del capital y se descomponen en las periferias de las urbes o se desplazan configurando verdaderos dramas migratorios. Analistas del capital que le prenden una vela a la suerte de los nuevos polos ascendentes de acumulación capitalista que sacan su potencia de la baratura y sobreexplotación de su mano de obra para que la máquina global no se detenga. En el mar de fondo avanza la posibilidad de un salto de calidad hacia una crisis ambiental y, en último plano, el dedo en el gatillo nuclear. Es el despliegue de toda la irracionalidad y el desorden del capital.

El derrumbe de la socialdemocracia europea es una muestra de la imposibilidad de un horizonte de estabilidad bajo los marcos del capital aún en países de altos niveles de renta. Si bien, por el momento ha dado paso a la pretensión de nuevas remakes socialdemócratas, cuando no a propuestas de corte fascista, la suerte de Syriza administrando el ajuste en Grecia empieza a calar como un duro aprendizaje sobre los límites de esos proyectos. Jeremy Corbyn, Sanders, Podemos, Melenchón, son síntomas de que hay pueblo que no se resigna a apoyar las salidas regresivas y violentas del capital, pero son también reflejo de nuestra precariedad y desarme político para enfrentar la crisis del capital con una propuesta y un programa orientado a su superación.

En América Latina, sin el flujo de renta por los recursos naturales e inversiones directas de los últimos años, el capital ingresa en una fase regresiva que requiere de la desvalorización de la fuerza de trabajo y soltarle la mano a lxs trabajadorxs que directamente le sobran para relanzar su acumulación. Esa tensión recorre todo el continente y asume una intensidad particular en aquel país donde la agudeza de los ciclos es mayor, Venezuela. Ni las burguesías del continente la tienen fácil para dinamizar los ajustes que requieren, ni los sectores populares son capaces de construir las condiciones políticas de un mayor control sobre el metabolismo del capital. En esa correlación de debilidades se agita el actual tiempo político latinoamericano.

Puede ser que no te importe la geopolítica, pero a la geopolítica le importas tú. Trump no es sólo Trump, es la evidencia de que los aprendices de brujo están perdiendo el control. El problema es de una escala a la que no estamos acostumbrados a pensar ni actuar. Continuar abonando la idea la construcción de un capitalismo nacional no parece sensato a la luz de las tendencias en marcha ni de la evidencia histórica. Replegarse al terruño local y autogestivo difícilmente pueda ser más que una escapatoria momentánea y de alcance testimonial. Una única certeza que abre mil preguntas: la acción política de lxs trabajadorxs a escala internacional y con un horizonte de superación del capital es la única posibilidad de evitar la barbarie global.

En los muros del callejón de una universidad montevideana un graffiti advierte: “Proletarios del mundo uníos (último aviso)”.

http://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2017/06/16/Editorial-Crisis-guerras-y-geopol%C3%ADtica-en-el-siglo-XXI

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228086

 

 

Constatemos que es prioritario cambiar de raíz el sentido común que inculcaron los gobiernos progresistas. Ejemplifiquemos mediante las notas siguientes  cómo la percepción (toma de conciencia y de posicionamiento) implícita tergiversa las políticas concretadas por dichas gestiones y afirma la esperanza en su retorno como capitalismo humanizado cuando la verdad es que hicieron a la expansión del extractivismo exportador en beneficio exclusivo de la creciente concentración y transnacionalización económico territorial.

 

 

 
Entrevista al historiador y economista brasileño Marco Aurélio Garcia

"Con la era Trump llega el neoliberalismo recargado"

 19 de junio de 2017

Por Blanche Petrich (La Jornada) 

En el siglo XXI los ciclos históricos son miniciclos

El economista brasileño desentraña el sentido del capitalismo extremo estrenado en enero pasado en Washington. Es “mucho más radical de lo que conocemos”: ejerce violencia económica contra las mayorías, malbarata la fuerza de trabajo... Pero tiene el tiempo contado, en su país.

En América Latina se expande, en paralelo a la era Trump, un modelo político capitalista extremo, más radical que los regímenes neoliberales que experimentó la región en los años noventa, con jefes de Estado como Carlos Salinas de Gortari, Carlos Saúl Menem, Carlos Andrés Pérez y Fernando Collor de Melo. Marco Aurélio Garcia, historiador y economista brasileño, asesor de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, lo llama neoliberalismo.2 o neoliberalismo recargado.

Es –explica– algo mucho más radical de lo que ya conocemos; un modelo que ejerce violencia económica contra las mayorías: reduce al mínimo el rol del Estado, abarata al máximo la fuerza del trabajo, reduce o anula programas sociales en todos los planos –educación, vivienda, salud, pensiones, economía popular o campesina–, desmantela las industrias estratégicas paraestatales.

Es un modelo tan drástico que ningún gobierno puede aplicarlo en un marco de pleno ejercicio democrático, asegura el político y diplomático, que fue fundador del Partido de los Trabajadores en los años 70, en entrevista con La Jornada. Por eso es que Michel Temer, el mandatario que se apoderó de la presidencia después de un golpe parlamentario, puede aplicarlo hoy a rajatabla.

Garcia relata una anécdota que ilustra con crudeza la situación: poco después de que Temer asumiera el mando y empezara a imponer las medidas que dieron un viraje de 180 grados a la política económica del país, en agosto del año pasado, un integrante del llamado Consejo Económico Social, instancia del gobierno brasileño creada por la administración de Lula para monitorear el rendimiento de las políticas públicas, dijo al nuevo presidente: Ya que usted es tan impopular en este momento, aproveche para imponer todas las medidas antipopulares ­posibles.

Pero este ciclo de neoliberalismo recargado no será largo, prevé el ideólogo petista. Por lo menos en Brasil, para el sector financiero-empresarial que sostiene a Temer e impulsa sus contrarreformas hay un plazo corto y una fecha de caducidad, las próximas elecciones en 2018.

Lulismo, la política plebeya

Garcia, a quien algunos llaman el Maquiavelo de Brasil, no cree ciegamente en las encuestas en estos tiempos. A pesar de ello, sí ve un indicio fuerte en la posibilidad de un retorno de Lula y del lulismo, como un fenómeno de política plebeya, al Palacio de Planalto, en Brasilia.

“Más allá de esta campaña sórdida que él está sufriendo, en la que no hay ningún indicio real de corrupción, se mantiene en la memoria de la sociedad brasileña una imagen muy fuerte de un dirigente político con una problemática y un estilo que coinciden mucho con sus aspiraciones.

Se puede decir que fue insuficiente lo que se hizo en ese periodo y es cierto. Pero sin duda fue lo suficientemente importante para quedar grabado en la memoria del pueblo. Y la historia se hace también por la memoria.

Marco Aurélio Garcia es el hombre que habla al oído a Lula da Silva desde que ambos eran jóvenes. A sus 76 años es un personaje de la vida política brasileña que habla de la historia no sólo como el historiador, sino como protagonista. Estuvo, y sigue estando, en las grandes sacudidas de su país en más de medio siglo.

Esta última convulsión –reconoce– fue un golpe tremendo. Sobre todo porque este gobierno está imponiendo un plan que fue derrotado en las elecciones, rechazado por el pueblo. Es un proyecto que ha deteriorado la economía y que desdibuja completamente el rol que el Estado brasileño ha jugado en la historia contemporánea.

Y no sólo dentro, sino también en su proyección hacia el exterior. En los años de Lula se creó el bloque de potencias en ascenso, el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Tuvimos una política exterior fuerte, porque hubo una situación interna que nos lo permitió. Esa ya no existe, precisa.

Cuando Lula, el sindicalista, ganó la presidencia nombró al académico jefe de asesores en política exterior. En ese cargo permaneció desde 2003 hasta el día en que la Cámara de Diputados echó a la presidenta Rousseff del gobierno.

 

Neoliberalismo.2

Este modelo del neoliberalismo.2 –sostiene– va mucho más allá al neoliberalismo que aplicó el presidente Fernando Collor de Melo (1990-1992). Fue la época de los mandatarios neoliberales a ultranza, Carlos Salinas de Gortari, en México, o Carlos Menem, en Argentina. Se decía que América Latina estaba viviendo un nuevo periodo de desarrollo.

Eso ocurre a fines de los años 80. Lula pierde su primera campaña electoral casi al mismo tiempo del fraude contra Cuauh­témoc Cárdenas, en 1988. Es también el momento en que Carlos Andrés Pérez de Venezuela intenta llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que provoca el Caracazo, en febrero de 1989. Venezuela se hunde en una profunda crisis política y económica de 10 años.

Ese modelo neoliberal, en lugar de gran desarrollo prometido, generó las llamadas décadas perdidas, de estancamiento y multiplicación de la pobreza. Lo que se tradujo en una gran bronca social. Es por eso que empiezan a ganar las elecciones los proyectos progresistas. Primero fue Hugo Chávez en Venezuela, electo presidente en 1998. Luego Lula gana en su tercer intento en 2002. Sigue la ruptura en Argentina con el fracaso de lo que Garcia llama la loca aventura de la convertibilidad, de Fernando de la Rúa, y la consecuente elección de Néstor Kirchner.

Ahora algunos de estos gobiernos progresistas pasan por diversos impasses. En el caso de Brasil, la destitución de Rousseff.

Pero –apuesta– la contrarreforma profunda no tendrá un ciclo histórico largo. Tienen hasta agosto de 2018.

 

Aparente metamorfosis

–¿Quiere decir que el actual gobierno ya no va a pagar ningún costo político por ello?

–No. Sí van a pagar un costo político: en las urnas. Mire, en las últimas décadas tuvimos una aceleración de las transformaciones sociales muy rápida. A partir del siglo XXI los ciclos históricos son miniciclos. Hay un cambio histórico después del desplome de las Torres Gemelas en 2001; en 2008 con la crisis económica hubo otro cambio histórico. En América Latina vivimos en algunos países un ciclo de gobiernos progresistas por lo menos durante 15 años y que ahora parecen estar pasando por una metamorfosis.

Una de las características que estamos viendo hoy en el mundo es la imprevisibilidad, lo que dificulta mucho nuestros mecanismos de análisis y de acción política. Hoy en el caso del ciclo de Temer en Brasil el plazo es hasta el año próximo. Nadie con un mínimo de seriedad puede predecir lo que va pasar el año próximo.

¿Cree usted que Lula esté llamado a jugar un rol en un próximo ciclo de Brasil y frenar este salto hacia un modelo neoliberal radical?

–Ahora puedo ver a Lula más a menudo que antes. Hace poco hablábamos de esto, justamente. Me decía que él lamentaba muchísimo que no se hubiera producido una renovación mayor de cuadros políticos en el país. En el fondo, yo creo que él lamenta estar en esta posición tan ventajosa para ganar las elecciones del año próximo.

http://www.jornada.unam.mx/2017/06/18/politica/014e1pol
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228104

 

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¿El neoliberalismo 2 o “recargado” será la doble joda de Trump para despertarnos?

19 de junio de 2017

 

Por Pedro Echeverría V. (Rebelión)

1. Los yanquis llevan por lo menos cien años sometiéndonos con su sistema político y económico; desde los tiempos del liberalismo económico, comercial, imperial. Desde que EEUU se hizo el amo del mundo, compró millares de grandes empresas en México y obligó al país a endeudarse mediante préstamos, con la imposición de sus políticas en el país ha sido determinante. No sólo impuso el neoliberalismo en 1982 obligando a firmar al gobierno De la Madrid con el FMI la llamada “Carta de intención” en la que se compromete México a obedecer lo que allí se estatuye, sino que 35 años después se anuncia que ese Neoliberalismo “será con Trump doble, recargado”.

2. En entrevista al historiador y economistas Aurelio García por La Jornada, éste declara que en América Latina se expande, en paralelo a la era Trump, un modelo político capitalista extremo, más radical que los regímenes neoliberales que experimentó la región en los años noventa, con jefes de Estado como Carlos Salinas, Saúl Menem, Carlos Andrés Pérez y Fernando Collor de Melo. “Es algo mucho más radical de lo que ya conocemos; un modelo que ejerce violencia económica contra las mayorías: reduce al mínimo el rol del Estado, abarata al máximo la fuerza del trabajo, reduce o anula programas sociales en todos los planos –educación, vivienda, salud, pensiones, economía popular o campesina–, desmantela las industrias estratégicas paraestatales”.

3. Lo anterior me hace pensar que en lugar de ir para adelante, como en la primera década del siglo -cuando los presidentes Hugo Chávez, Lula, los Kirchner, Correa y Morales fortalecían las luchas de los trabajadores de Suramérica- vamos hacia atrás porque la dominación capitalista se hace más grande y brutal en tanto que la lucha de los trabajadores se divide más y se debilita. Por más emoción o entusiasmo que se le quiera poner, la realidad indica que las cosas empeoran para los trabajadores desde 2013. Parece que los años de coyuntura, de momentos altos de lucha de los trabajadores son más cortos que las décadas de dominación total de la burguesía. Cuando muy joven pensé que las coyunturas sólo tenían que ver con la voluntad de los trabajadores.

4. En caso contrario, ¿puede el poderoso empresario transnacional, el presidente de EEUU, Trump, imponer su pensamiento e intereses en el mundo? Obviamente que no porque un individuo, por más grande, poderoso y hasta inteligente que sea, es producto de sus circunstancias, del momento que vive. ¿Por qué no ganó la Clinton la Presidencia de EEUU y sí Trump? Porque mil un intereses coincidentes se unieron para aplicar el programa que EEUU ya estaba maduro para imponer. Me hace recordar cómo en 1982 en México los empresarios estaban ya preparados políticamente para disputarle el poder a la clase política que durante décadas los ayudó a desarrollarse pero luego les bloqueaba el poder. 1982 fue el grito de “México en Libertad” que dio a los empresarios y al panismo el poder.

5. Desde entonces los cambios en México fueron radicales: se vendieron casi todas las empresa paraestatales (1,500) a la iniciativa privada, las inversiones en salud, educación, vivienda, servicio social se redujeron, las grandes empresas obligaron a cerrar a las pequeñas, los empresarios y el gobierno de Salinas obligaron a firmar el TLC con los EEUU y Canadá y el desempleo se multiplicó, se desarrolló la migración y la delincuencia de arriba y abajo. Ese fue el gran significado del Neoliberalismo uno que fue desastroso para México y el mundo. Hoy el especialista brasileño nos llama la atención ante una radicalización del capitalismo más depredador para la era Trump y sucesores.

6. O ese Neoliberalismo 2, “recargado”, es sólo la presión del gobierno de Trump, de los republicanos, de los bancos de la reserva mundial, de los fabricantes de armas, para presionar al mundo a adoptar ese camino para hacer un frente contra China, Rusia, India y algunos países árabes o, por otro lado, es una radicalización del neoliberalismo imperial ante el debilitamiento de las luchas de los trabajadores. Lo que sea causa alarma y el mismo Lula, inteligente líder y ex presidente de Brasil, llama la atención al decir que: “ lamentaba muchísimo que no se hubiera producido una renovación mayor de cuadros políticos en el país. Esa es una política a la que se ha prestado muy poca atención en México.

Blog del autor: http://pedroeheverriav.wordpress,com

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228108

 

 

Reflexionemos el progresismo ha conseguido hoy dividir de modo casi irreconciliable a las izquierdas revolucionarias con motivo de la situación en Venezuela. Pero demos gravitación a análisis no sesgado por un antiimperialismo centrado en el comportamiento de EE.UU. desde el exterior y apreciemos tanto la vida como  las opiniones desde abajo.

 

Venezuela: La convocatoria de la Constituyente
sólo corre la arruga de la grave crisis
5 de junio de 2017

 

Por Aram Aharonian

Hace un mes hablábamos de que el llamado a una Asamblea Constituyente era una huida hacia adelante, con lo que el gobierno intentaría solucionar los conflictos con actitudes que si bien parecen resolutivas, en realidad no hacen más que posponerlos. Por supuesto que el que huye hacia delante nunca cree que está posponiendo el problema sino solucionándolo.

Pero para ir solucionando el problema, debiera ir desactivando las bombas instaladas en la médula de la problemática. No se puede ver lo que ocurre hoy en ningún país con la mirada y las herramientas de la guerra fría y, por ende, no basta con declararse de izquierda, socialista o revolucionario, antiimperialista o enfrentado a Estados Unidos, para contar con el apoyo interno e internacional al proceso venezolano y legitimar un discurso trasvestido de revolucionario, lleno de consignas y falto de ideas y/o propuestas.

Como boxeador contra el encordado por la escalada insurreccional, el gobierno usó las mismas cuerdas para escapar del castigo, descentrando la ofensiva de la derecha que pretendía obtener resultados al cortísimo plazo, con una convocatoria a la Constituyente, una maniobra distraccionista que puso a la defensiva política y discursiva a la oposición.

 

El llamado es interpretado también como una respuesta defensiva frente a las elecciones anticipadas que exige la derecha, una alternativa ante el chantaje de comicios ficticios que promueve la oposición, en medio de la guerra económica y la provocación y el terror callejeros, sin propuestas legítimas, y mucho menos democráticas. La derecha radical no busca elecciones ni referendo y menos aún el respeto a la Constitución, sino la salida de Maduro por cualquier vía: destitución, dimisión, golpe, asesinato.

 

Insisten en un “gobierno de transición” al estilo Michel Temer, donde sin apego a ninguna regla, puedan hacer el trabajo sucio y amargo de los ajustes económicos y la limpieza política (léase reducción de la dirigencia pero sobre la simbología chavista). Este es el discurso que viene desde el exilio dorado de Miami, subestimado en el país por ridículo, pero que repite las consignas de los retrógrados republicanos que están hoy en el poder en Estados Unidos.

 

“Promueven comicios al estilo de Colombia, donde entre voto y voto hay centenares de militantes populares asesinados. Pretenden una concurrencia a las urnas semejante a Honduras, es decir, bajo el paraguas del crimen de Berta Cáceres. Demandan el tipo de votaciones que imperan en México, entre cadáveres de periodistas, estudiantes y docentes. Sería un terrible error sumarse a un planteo que intenta utilizar las elecciones para preparar el cementerio de los chavistas”, señala el economista argentino Claudio Katz.

 

La convocatoria a la Constituyente puede ser un camino para retomar la iniciativa popular e implica un giro por parte del gobierno que hasta ahora restringía la confrontación al ámbito burocrático de un poder del Estado contra otro, el choque por arriba del Ejecutivo contra el Legislativo o del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional.

 

Nadie puede ignorar los intereses geopolíticos en juego para (intentar) entender lo que ocurre. Ya desde el comienzo del gobierno de Hugo Chávez (1999, y claramente en el apoyo del Golpe de Estado de 2002), no solamente en los proceso de apoyo político sino principalmente en el financiamiento de los sectores más radicales de la oposición, ha habido apoyo financiero, político, entrenamiento, de las redes del terrorismo mediático, a través de ONGs, fundaciones, y gobiernos extranjeros.

 

Hay, sin tapujos, una injerencia directa de los Departamento de Estado y de Defensa del gobierno de Estados Unidos y de connotados legisladores (como Marcos Rubio y Bob Menéndez) y por otra parte del uribismo, el paramilitarismo y los grandes “cacaos” colombianos. Y hay una campaña desmedida, de terror mediático, desarrollada a través de los medios internacionales, en especial los estadounidenses, españoles y colombianos, como voceros principales del descrédito del gobierno de Maduro, lo que deja en claro que existen planes bien orquestados y teledirigidos desde hace 18 años.

 

Hay sectores radicales de la derecha bien financiados para evitar que esta experiencia del chavismo termine simplemente como una derrota electoral, porque ello significaría que quedaría como una experiencia de organización, de expectativas, de esperanzas bien asentada en el imaginario del pueblo.

 

“Esto para este sector no puede sobrevivir, para este sector esto requiere aplastamiento, exterminio. Un escarmiento de manera tal que este imaginario de la posibilidad de cambio quede negado. Y si además de eso sabemos que en este sector extremista esta la incidencia internacional y está como se ubica Venezuela en la geopolítica global, queda claro que esta violencia tiene características estructurales, está claro que esta violencia es extraordinariamente difícil de desmontar. Porque estas condiciones cierran enormemente las condiciones para el diálogo. No es simplemente un desborde, hay sectores que buscan esta violencia como objetivo”, señala el sociólogo Edgardo Lander, opositor a la Constituyente.

Hay quienes sostienen que el sector extremista de la oposición tiene una incidencia coyuntural fuerte, pero marginal en el largo plazo. Pero la realidad muestra que este sector es el que dirige a la oposición y detrás de él se alinean todos los grupos socialdemócratas (adecos, masistas) y democristianos (incluidos los íntimamente ligados a la jerarquía católica), quienes se benefician políticamente de los avances políticos que puede generar la violencia.

 

Pero en esa huida hacia adelante, las bombas siguen activadas. No hay posibilidad de ninguna solución sin el reconocimiento del otro, de la llamada otredad. La huida hacia adelante debiera conllevar mecanismos de relación, de diálogo, del reconocimiento de que no son dos bloques homogéneos, a pesar de que se quiere construir el imaginario colectivo de una polarización entre dos bloques. En definitiva, hay que reconocer que hay una crisis de hegemonía, tal como lo definió Antonio Gramsci.

 

Hay necesidad no sólo de hablar del “conflicto” sino saber cuáles son sus causas y sus consecuencias. E intervenir sobre ellas. La inmensa mayoría del país quiere evitar una guerra civil, anunciada con bombos y platillos por derecha e izquierda. Es más, está ocupada en su diaria subsistencia, en escapar de la inflación, conseguir alimentos y medicinas.

 

Dentro de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) hay muchos que afirman que están siendo chantajeados por estos sectores financiados y empujados por la política de Estados Unidos, y que no encuentran cómo desprenderse de ese chantaje (muchos ni siquiera parecen intentarlo seriamente). Del lado del gobierno también se nota un resquebrajamiento y es notorio el comportamiento disidente de la Fiscal General y de algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en relación al llamado y a la forma y el contenido de la convocatoria a la Constituyente.

 

Para el sociólogo chavista Javier Biardeau este conflicto podría llevar al país entre una pendiente autoritaria, por parte del Gobierno, y una salida no pacífica ni democrática, por parte de la oposición. Asoma un hecho desencadenante de violencia masiva que pueda generar salidas caóticas con una guerra no convencional y con una fractura militar. Los escenarios de solución pasan, necesariamente, por un nuevo diálogo donde se extraiga el liderazgo político fanatizado y se siente un “conclave”, donde ve al Papa como el único actor posible para pacificar y apaciguar a Venezuela.

 

Desde los análisis de los llamados colectivos chavistas, la Fiscal General aviva el fuego cuando éste está mermando y da sustento al relato de la derecha en busca de una salida para nada democrática, ni limpia, y mucho menos ética. O sea, señalan, quemó la oportunidad de aparecer como balance necesario en una actitud de disidencia oportunista, dentro de una fractura en medio de una paralela lucha de grupos e intereses dentro de la dirigencia oficial...

 

 Las bombas de la inseguridad, el desabastecimiento, la seguridad sanitaria siguen activadas. Hay que entender por qué pasa lo que está pasando, el descontento creciente, provocado por la situación económica, la escasez, los temas de la inseguridad…Hay sectores de la oposición que no quieren ser instrumentos de esta política fascista, que usa a los jóvenes como carne de cañón. Hay expresiones del chavismo crítico (autodenominados con este nombre, precisamente), gente en el gobierno y en la Fuerza Armada que tampoco está conforme con el papel que les hacen desempeñar.

 

Paralelo a la polarización –resultado natural de las contradicciones y de la confrontación por la riqueza y por el poder político- y la radicalización política de los últimos años, progresivamente se ha ido incubando la violencia, abierta u oculta, y la ciudadanía, acorde a las características de la coyuntura confrontacional, está sometida a diferentes tipos de violencia: física, psicológica, emocional, mediática, culturales, señala la socióloga Maryclén Stelling.

 

Se transitan procesos complejos, dinámicos y cambiantes, dolorosos y vergonzosos que conducen a un clima emocional de impotencia, en el que la violencia puede constituirse en algo natural y fatal. Son tiempos sombríos de apatía y desesperanza que engendran una peligrosa indiferencia ciudadana, suerte de banalización sanadora de la acción destructiva y la violencia en su forma límite, la violencia homicida. Es el momento de reflexionar sobre la naturalización de la violencia que amenaza con instaurarse social y culturalmente en la Venezuela actual, añade.

 

En 50 días se registraron más de seis decenas de muertes, más de 200 heridos, y 600 millones de bolívares en pérdidas, producto de actos de saqueo y vandalismo donde destaca la violencia irracional contra hospitales y centros de salud. En medio de este terrorismo que sí transmite a diario la televisión internacional, hace falta hacer una pausa para analizar las condiciones estructurales que la incubaron, aquellas que la mantienen y reproducen, además de las razones morales que supuestamente la justifican.

 

 La Reforma

 

Los analistas señalan que se diseñó una ingeniería electoral para convertir al bolivarianismo en una mayoría en la Asamblea Constituyente, a través de dos vías fundamentales: la representación territorial, (con una sobrerrepresentación a las zonas rurales) y otra de carácter corporativo. Más allá de las formas, del procedimiento para su llamado, está el tema del contenido, porque se supone que es una Constituyente plenipotenciaria, pero ya se le están fijando los temas que debe aprobar.

 

Por ejemplo, Maduro ha dicho que no le alcanzan los poderes que tiene, Elías Jaua que éste es un Estado indefenso frente a la ofensiva de la oposición y que requiere instrumentos constitucionales para defenderse. Una pregunta que queda en al aire es si tiene sentido el anuncio de que el 10 de diciembre se realizarán las elecciones de gobernadores y autoridades locales, si ya va estar en funcionamiento una Constituyente que al ser plenipotenciaria podría decidir que la nueva estructura del Estado no tendrá gobernadores.

 

Los asesores socialdemócratas del gobierno de Maduro con este llamamiento buscan revigorizar el imaginario chavista popular, de recuperar el espíritu de lo desde abajo, porque se trata de una Constituyente feminista, ecológica, indígena, de las comunas, etcétera. Los que están en contra del llamado constituyente, tratarán de deslegitimarlo, apuntar a las fracturas que existen en el gobierno, en las fuerzas armadas, y que por la vía de desgajamientos, el Ejecutivo llegue a la conclusión de que no puede seguir adelante.

 

Pero, por ejemplo, Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau, profesores de Derecho Constitucional de la Universitat de Valéncia y administradores del negocio de la CEP de asesoría socialdemócrata, quienes colaboraron en la redacción de la Constitución de 1999, señalan que la convocatoria, de producirse sin consultar al pueblo, “sería un nuevo atentado a la voluntad democrática del mismo”.

 

Hay que destacar, asimismo que corrientes de izquierda de Venezuela con planteos críticos, llaman a participar en la Asamblea cuestionando los manejos burocráticos y convocando a potenciar la dinámica de las comunas.

 

Difícilmente saldrá algo bueno, si se trata de una Constituyente unilateral. Si la forma de convocar, de integrar la Asamblea, de funcionar, de ratificar las decisiones de la misma, se hace desde la perspectiva e intereses de uno de los actores, el conflicto político se seguirá reforzando. Dentro de las bases chavistas hay sectores que apoyan la salida constituyente, pero condicionando su apoyo a urgentes correcciones en el rumbo. Son muy críticos de la corrupción pública, la ineficiencia gubernamental y la falta de revolución.

 

Sin desactivar las bombas, sin medidas drásticas en el plano económico-social y de seguridad ciudadana, la Constituyente puede ser una huida sin destino. Mientras los capitalistas manipulan las divisas, provocan el desmoronamiento de la economía, disparan la inflación, manejan los bienes importados y desabastecen la provisión de bienes básicos, el gobierno ha mostrado ser tolerante o impotente, pasivo, ineficiente, ineficaz, tolerante con la corrupción y con los millonarios travestidos de chavistas.

 

Quizá sea hora de atacar el desaguiso económico con la nacionalización de los bancos, el comercio exterior, la expropiación de los saboteadores, la prisión de los corruptos, como sugería el economista Simón Andrés Zúñiga. Dejar de huir y retomar el camino de la revolución: si no, será muy difícil recuperar el acompañamiento popular.

*Periodista, comunicólogo, magister en Integración, codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)

 

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/185940

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Venezuela: Un largo y tenso camino hasta el 30 de julio

4 de julio de 2017

Por Aram Aharonian

A la derecha opositora venezolana le queda este mes de julio para cumplir con el objetivo de sacar “de golpe” a Nicolás Maduro del gobierno. Tras declarar que, amparados en el artículo 350 de la Constitución, la oposición desconoce al gobierno, hace oídos sordos al llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, y se prepara para  impedir que tenga lugar la elección de los constituyentes el 30 de julio.

 

Serán días de incremento de la tensión, donde  se deberán sortear numerosos obstáculos para llegar al día 30, en el marco de una oposición sin política, sin conducción, arrastrada por los sectores más violentos a desconocer al gobierno constitucional, en medio de una caída notable en su proyección mediática internacional. El (pen) último intento parece ser una fuerte ofensiva contra la Fuerza Armada, en busca de quebrar su unidad interna y desacreditarla ante la ciudadanía, llamándola a facilitar el derrocamiento de Maduro.

 

 “Existe la pretensión de segmentar a la Fuerza Armada hasta lograr la confrontación interna que podría desembocar en el estallido de una guerra civil que justificaría la intervención armada extranjera… Alerta: hay una siniestra colocación del tema en el desarrollo del proceso de rebelión armada de la derecha que avanza a través de diversas formas de lucha…Da la impresión de que el signo del momento es la proliferación de la traición”, analiza el ex vicepresidente José Vicente Rangel.

 

 ¿Cuál es la alternativa que enfrenta la oposición? Grupos opositores amenazan con impedir el voto, sabotear las elecciones, intimidar a los electores. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, recordó que “es un contrasentido de la derecha pretender configurar una democracia tratando de impedir al derecho a la participación”, lo que es delito. Y una pregunta que nunca han respondido: ¿cuál es proyecto, las propuestas, las ideas, los principios, en caso de lograr el objetivo de salir de Maduro y del chavismo?

 

La violencia cotidiana

 

 Curioso: en el imaginario de la violencia peligrosamente comienza a tomar cuerpo la eliminación del enemigo a nombre de la democracia y en aras de la paz, señala la socióloga Maryclén Stelling. Se consolida en el país la cultura del miedo, el odio y la violencia, suerte de triángulo que se sustenta tanto en una praxis con consecuencias palpables como en narrativas políticas que se propagan y dominan nuestra vida.

 

 La violencia es parte de la cotidianeidad venezolana, de la mano de las elites se edificó un perverso discurso sobre el miedo, el odio, la violencia, siempre poniendo la responsabilidad en el otro, en lo ajeno y lo desconocido como catalizador de los miedos, añade la socióloga. Y hoy tiene un ingrediente “importado”, la mano de obra de paramilitares colombianos, mano de obra sobrante en un país que habla de pacificarse.

 

 El diálogo está herido de muerte y es la Conferencia Episcopal la que le da la extremaunción, pese a que el primer domingo de julio el papa Francisco hizo un nuevo llamamiento “para que se ponga fin a la violencia y se encuentre una solución pacífica y democrática a la crisis”.

 

Este último mes, hubo un aumento de conflictos: uno, choques institucionales entre el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y la Fiscal General; dos, intentos de injerencia y desestabilización sin demasiado éxito desde la Organización de Estados Americanos (OEA); tres, el constante terrorismo comunicacional; cuatro, una nueva ola de ataques a la economía, y cinco, una escalada de la violencia, el terror callejero y el ataque sobre los cuerpos de seguridad del Estado,

 

En las últimas semanas los ataques han sido particularmente contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), esperando el goteo de oficiales que saltaran la tranquera (talanquera). Hubo un ataque a la base militar de La Carlota en Caracas, focos de violencia en los alrededores del Palacio de Miraflores y los escenarios de destrozos de comercios privados e instituciones públicas (sanitarias, educativas) en algunas ciudades (Barquisimeto, Maracay), con amplísimo despliegue de la prensa hegemónica internacional.

 

 La oferta del gobierno ha sido primero el diálogo con mediación internacional y luego una Asamblea Nacional Constituyente y elecciones regionales como vías para la paz y la construcción colectiva, lo que ha generado en ciertos sectores políticos el efecto contrario.

 

En el ámbito oficial, el apoyo firme a la convocatoria oficial convive con críticas, deslindes y hasta deserciones. En la oposición se potencia la confrontación y surgen nuevas formas de beligerancia en torno a una suerte de cruzada liberadora, con fines políticos e ideológicos, económicos, sociales y psicológicos… y las reservas de petróleo del país

 

 Esa última semana de junio

 

 Y en la última semana de junio, los ataques arreciaron: El martes 27, se produjo un ataque desde un helicóptero, robado en la base aérea de La Carlota, de alto impacto simbólico, que dejó abiertos muchos signos de interrogación. El ataque fue al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia (15 disparos), y al Tribunal Supremo de Justicia (cuatro granadas de origen colombiano y fabricación israelí, de las cuales una no estalló.), a pocas cuadras del palacio de Miraflores.

 

“Esa ha sido una demostración importante de que este gobierno no es todopoderoso, que no tiene el apoyo militar con el que quiere intimidar, amedrentar y llenar de pánico a la resistencia. Sepan que el Gobierno está caído hace rato. Solo falta la estocada final. Mi protección principal no son las armas, sino Dios”, señaló en su cuenta de twitter Oscar Pérez, el piloto del helicóptero que sembró el terror en la capital.

 

 La oposición usó las redes sociales para crear el imaginario de la cercanía del objetivo final, mientras el gobierno pudo confirmar de que sí, se trata de un intento de golpe de Estado. La derecha mostró que puede sembrar el terror durante varios días, asaltar cuarteles, linchar chavistas en la demostración más patente del odio social y racial, asesinar a decenas de personas- endilgándole la culpa al gobierno-, mantener movilizaciones diarias con su cuota de muertos (más de 80 al término de junio), armar barricadas en barrios populares, sin obtener la reacción de las fuerzas policiales ni armadas, que quizá es lo que buscan en aras de una guerra civil.

 

 Ese mismo martes, cuando se cumplían 44 años del golpe cívico-militar en Uruguay y del Tacnazo en Chile (dominada sublevación militar dos meses antes del golpe contra Salvador Allende), la Asamblea Nacional en desacato (con amplia mayoría opositora) pretendía nombrar treinta nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mientras del ex- ministro y sindicado como agente de la CIA, Miguel Rodríguez Torres presentaba una rueda de prensa en la sede de la Fiscalía General.

 

 El abogado y activista por los Derechos Humanos Juan Martorano se pregunta dónde queda la seguridad en el país cuando una aeronave perteneciente a un cuerpo de seguridad es robada, sobrevuela el espacio aéreo, ataca, huye y no hay reacción inmediata por parte del Estado. “¿Y si ingresarán en nuestro espacio aéreo territorial aviones enemigos desde bases militares de Colombia o Guyana y atacaran nuestra Patria? ¿Existen planes de actuación ante estos supuestos?”, continúa.

 

Pero pese a los llamados permanentes y la aceleración de la violencia, no ha logrado quebrar al chavismo de las barriadas populares ni la unidad militar. Y el anunciado “goteo” de oficiales hacia la oposición no llegó.

 

 El miércoles 28, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia aprobó por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por Pedro Carreño (prohibición de salida del país y de gravar sus bienes y congelar sus cuentas bancarias) en la demanda de antejuicio de mérito contra la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, “por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”.

 

 Esta decisión se produjo luego de que la Fiscal General desconoció y llamó a desconocer las sentencias 469 y 470 del TSJ que comprometen sus atribuciones y pidió a los ciudadanos acogerse al artículo 333 de la Constitución venezolana para restablecer su vigencia frente a cualquier “acto de fuerza” o derogación.

 

Gradualmente, y en la medida que el gobierno sigue atacando a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, ésta comienza a verse como una líder nacional, entrando en la eventual puja de candidatas mujeres como Cilia Flores (esposa de Maduro) y la ex canciller Delcy Rodríguez.

 

Réquiem por el diálogo

 

 Mientras el papa Francisco insiste en el diálogo, el jueves 29 el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, pidió al Gobierno que “recapacite, que deponga esa actitud de querer implantar en Venezuela un sistema totalitario marxista y ahora también militar” y que “desista de estar utilizando recursos legales para desmantelar el Estado. Todo eso es reprochable e intolerable y no es el camino que desea la mayoría del pueblo venezolano”. 

 

 Al culminar la misa en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, Urosa expresó que es “sumamente grave” lo que sucede: “se podría hablar de una guerra del gobierno contra el pueblo”:

 

 Pero el diálogo, paradójicamente, se encuentra bajo fuego cruzado y sometido a la estrategia del desgaste ante un conflicto doméstico con resonancia e injerencia internacional, que incluye presiones diplomáticas, económicas, mediáticas, psicosociales.

 

 “Marchas y contramarchas; armas, destrucción y represión; involucramiento de la población civil en calidad de combatientes y víctimas; linchamientos, crímenes y bajas humanas. Se acude a la descalificación del enemigo y la interpretación de los hechos para beneficio de la propia causa, con estrategias adversas a cualquier intención de diálogo y convivencia”, señala Stelling.

 

 Cuando se demoniza al enemigo -a quien se odia y teme- se le despersonaliza y reconocen menos derechos y, en casos extremos, se legitima su exterminio. Es una grave situación de vulnerabilidad que se refleja en la vida cotidiana, en el ámbito privado y el público, una suerte de condena a la que ni el diálogo parece escapar.

 

La OEA, el gobierno de Trump

 

Por su supuesto, el reiterado anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre su disposición al diálogo, la ratificación del ministro de Defensa Padrino López y la designación de un nuevo Estado Mayor Superior, junto  con la cifra oficial de que en 79 días de protestas solo habían participado en todo el país 600 mil personas y las divergencias en la oposición sobre la violencia desatada, son minuciosamente analizadas en el departamento de Estado y el Comando Sur de Estados Unidos, financistas y alentadores de la crisis en Venezuela.

 

Sobre todo tras el fracaso del secretario de Estado Rex Tillerson, quien le aseguró al presidente Donald Trump que el tema de Venezuela se terminaba en la última asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA): así se lo habían comunicado el secretario general Luis Almagro y el anfitrión de la reunión y canciller mexicano, Luis Videgaray.

 

Sorprende  la cantidad de veces que Estados Unidos ha sido derrotado en la OEA buscando los votos contra Venezuela, para lo cual ha usado todo los medios y recursos que se pueden imaginar, amenazas e intimidaciones, señala el director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel.

 

El almirante Kurt Witt, jefe del Comando Sur, aseguró en abril a la comisión de Servicios de Guerra del Senado que existía una importante relación entre su comando y la oposición venezolana, y que los hechos vandálicos que se producían en Caracas y otras ciudades, así como las acciones armadas, no sólo eran conocidos a bordo del portaaviones de la IV Flota sino que desde allí le estimulaban. Existe sin duda una importante articulación, aunque parece debilitada, ante lo cual Trump pide apoyo a la Unión Europea.

 

Para Washington, el problema mayor, que pareciera difícil de dilucidar por ahora, es quién es el jefe o el referente de una oposición fragmentada, que no ha sido capaz de garantizarle la toma de las reservas petrolíferas. Y por eso se estudia obviar a la anárquica dirigencia de la Mesa de Unidas Democrática y buscar algún “outsider”- militar o empresarial-, que no esté salpicado por las sucesivas equivocaciones de una oposición que lleva 18 años sin lograr más que desestabilización.

 

Los escenarios de la oposición

 

Para Luis Vicente León, director de Datanálisis y sempiterno “guionista” de la oposición, hay tres escenarios. Uno, que el Gobierno logre preservar el poder, aunque el país siga por el barranco, donde la crisis y la convulsión social continúan, se acentúa la represión, y si bien el tiempo deteriora la economía, también desgasta a la oposición, que se muestra confundida y agotada, encerrada en una batalla focalizada que pierde a diario y, sin embargo, repite una y otra vez en el mismo lugar y de la misma forma.

 

Según León, el segundo escenario es la implosión con negociación tutelada, con un liderazgo que supere a los demás y canalice la energía hacia la masificación de la protesta, generando la ingobernabilidad por la protesta lo que conduciría a la fractura del chavismo, donde los militares presionan el cambio para rescatar la estabilidad. Se negocia la reestructuración de las instituciones, pero se preservan cuotas de poder chavista y militar para cohabitar de manera integrada en un gobierno de transición.

 

El tercer escenario, “con un gobierno que no responde a las necesidades del pueblo y una oposición formal que a veces se muestra perdida y sin claridad sobre su propio objetivo y forma de lucha”, es que se concrete alguno de los movimientos conspiradores que existen en el entorno militar venezolano, produciendo una ruptura y un cambio, pero por la vía de un golpe de Estado militar, sin negociación ni contemplación.

 

Más allá de las especulaciones y las salas de situación, de los declamativos “analistas” y “expertos”, el imaginario colectivo mundial está saturado de mentiras y manipulaciones sobre lo que realmente sucede en Venezuela. ¿Qué pasaría si los fundamentalistas religiosos que colocan bombas y ejecutan actos terroristas en Europa, fueran presentados por la prensa hegemónica trasnacional (la internacional del terror mediático) como sensibles y patriotas héroes, como hoy hacen con los opositores venezolanos? 

 

Hay una realidad virtual –generada por esta guerra de cuarta generación- que consume el mundo, y hay una realidad real que sufren a diario los venezolanos.

 

*Periodista, comunicólogo, magister en Integración, codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/186565

 

En consecuencia, hoy se da la oportunidad de debates imprescindibles entre las izquierdas. Pero tales discusiones teórico prácticas parecen imposibles por convicciones dogmáticas al extremo de vernos soberbios a quienes disentimos desde abajo y a la izquierda. La confrontación, sin considerar desencuentros con trotskistas o con/entre otras izquierdas, tiene larga data y se origina a partir de quienes nos esforzamos por erradicar el extractivismo en Nuestra América y el mundo pero además nos situamos componiendo la diversidad de abajo y apreciamos las insurrecciones populares contra el neoliberalismo como fuente e impulso de los cambios sociales e internacionales que las otras izquierdas latinoamericanas de este enfrentamiento atribuyen a los líderes progresistas. Es así que las últimas con mayor gravitación sobre la opinión pública en el continente-mundo que nosotros plantean la defensa de Venezuela como apoyo incondicional a Maduro.   En su cerrazón lógica nos chantajean de ser funcionales a EE.UU. y a las derechas internacionales e incluso nos estigmatizan para aislarnos. Pese a ello, persistimos en otros análisis.

Leopoldo, Constituyente y Plebiscito: Pacto,

guerra civil o vuelta a la Constitución del ’99
11 de julio de 2017

 

Por Equipo Operativo Nacional de Marea Socialista (Aporrea)

La brutal crisis instalada en el país en los últimos meses, está tomando velocidad de choque de trenes. La decisión de aplicar los frenos se reduce a segmentos de tiempo cada vez más cortos, de no hacerse entraremos, más temprano que tarde, en un escalamiento de la confrontación violenta con signos altamente peligrosos. Si no se detiene esta locura, la política saldrá del escenario del discurso, de los argumentos, las propuestas y las demostraciones civiles, para entrar en otro donde hablarán casi exclusivamente las armas. La cúpula del PSUV/Gobierno con su “Constituyente” fraudulenta refuerza este camino y la MUD, con su estafa “Plebiscitaria” enmendada en “consulta popular”, contribuye para lo mismo.

El demencial asalto al edificio de la Asamblea Nacional por un grupo de choque madurista en complicidad con la GN que presta la seguridad de ese recinto y la provocación con una creciente actividad por parte de grupos foquistas de la MUD[1], son síntomas inequívocos de que entramos de lleno en una coyuntura en la que las acciones violentas y el fanatismo ciego ocuparán cada día más el centro de la escena.

En este contexto la medida de casa por cárcel a Leopoldo López puesta bajo una mirada trivial podría parecer y así quiere hacerlo creer el gobierno, el inicio de un camino para reabrir el diálogo. Sin embargo eso sólo existe en la superficie. Con esta medida sustitutiva a López, o las que puedan venir, buscan comprar ese valioso tiempo, bajar el nivel de las protestas o continuar justificando la brutal represión, pero sobre todo que disminuya la presión internacional, para lograr que el objetivo de la Constituyente fraudulenta se cumpla. Sin embargo, aunque imposible de descartar, es todavía incierto que desde este punto se avance a un dialogo sincero entre esas cúpulas.

En realidad la principal preocupación del madurismo radica en el tiempo que le queda y el manejo de su velocidad. El tiempo se ha convertido en el bien más buscado por una nomenclatura corrupta, irresponsable e incompetente que ha apostado gran parte de su futuro a la maniobra de la falsa Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como último recurso político.

Pero ¿qué busca la MUD con su plebiscito? Debemos detenernos, aunque sea brevemente, en el objetivo real de esta iniciativa de carácter dudoso. La clave para comprenderla está en las preguntas que deberán contestar los que acudan a ese llamado[2] y sobre todo en la segunda y tercera de ellas que abren la puerta a profundizar la división de las FANB, a una renovación de poderes de manera ilegítima y a la instalación de un denominando “gobierno de unidad nacional”.

Más allá de la validez constitucional o no del plebiscito, es necesario decir que las preguntas que en él se colocan, develan el objetivo de fondo de la consulta que la MUD planea para el 16 de julio: La articulación de ellas representan un llamado a una división mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, buscando que un sector de ellas sostenga a un gobierno de falsa “unidad nacional” y a los poderes “renovados” que serían autorizados en ese plebiscito.

Por medio de una minoría y con la misma lógica de la ANC de Maduro se buscará legitimar, en la Asamblea Nacional controlada por la MUD, el gobierno necesario para conducir el bando de esta fracción de las cúpulas corruptas, bajo la lógica de la instalación de un doble poder como primer paso para conducir al país irresponsablemente hacia una guerra civil.

De nada serviría como piden algunos comentaristas interesados que se cambien las preguntas, porque el objetivo se mantendría intacto, solo que más enmascarado y cínico.

De esta manera tanto la ANC como el plebiscito, rebautizado con el nombre de “Consulta”, para facilitar el engaño, son en realidad el intento de llevar la polarización política minoritaria que hoy se desarrolla entre MUD y PSUV, a una confrontación armada. Confrontación en la que las primeras víctimas privilegiadas, como está quedando a la vista hace tiempo son: la Constitución del 99, la democracia que ella postula y la verdadera participación popular.

Cuando hace ya un año, desde Marea Socialista, el espacio de la Plataforma por la Auditoria Pública y Ciudadana, sectores de la lucha contra el Arco Minero y otros movimientos y grupos y personalidades provenientes del ámbito civil y militar nos dimos a la tarea de construir la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, preveíamos el escenario actual como uno de los probables. Llegados a él y con muy pocas alternativas distintas a la guerra civil o a un pacto espurio entre sectores de esas cúpulas, excepto la de la vuelta a la Constitución del ‘99 y un diálogo que incluya a todos los sectores políticos y sociales, alertamos que el tiempo para una solución no catastrófica para el país y el pueblo venezolano se agota velozmente.

Pero ¿por qué tiene fuerza la irracionalidad hacia la que nos deslizamos? ¿Cuál es la razón de fondo que explica que pareciera que no hay alternativas a esta locura? Arriesgaremos una hipótesis frente a tanta incertidumbre: en nuestra opinión, lo decisivo son las fuerzas externas, es decir el papel de las grandes corporaciones, el capital financiero y los gobiernos imperiales y mafiosos. Este papel implica la disputa por el control sobre Venezuela y sus recursos naturales en los próximos 100 años, definiendo cuál de estas dos cúpulas conducirán el Estado y administrarán la renta para beneficio propio y sobre todo de sus mandantes externos. Ambos, a pesar de sus diferencias, son funcionales al capital financiero internacional y las grandes corporaciones extractivistas del mundo.

Aquellos que sostienen la fábula de que el gobierno de Maduro es sólo una víctima del imperialismo, no entienden la historia política de la Venezuela petrolera ni la ruptura operada entre el gobierno de Chávez y el de Maduro y mucho menos el contexto actual de crisis mundial del sistema del capital. Y si viven en el exterior no se molestan en estudiarla. Las zonas económicas especiales, el Arco Minero del Orinoco, el pago puntual de una deuda externa ilegítima, los nuevos contratos en la Faja Petrolífera y todo lo que tiene que ver con los llamados 15 motores de la economía productiva, están diseñados para satisfacer la voracidad de esas corporaciones y su plan de saqueo. Mientras que los planes de la MUD apuntan en sentido similar: Para constatarlo se pueden revisar las propuestas económicas que presentan los voceros oficiales u oficiosos de esta oposición. Son dos bandas que se enfrentan por el control de la administración de los negocios, de la misma manera mafiosa y dependiente. Dos bandas a las que le son ajenas todas las necesidades populares.

Pero el hecho clave es determinar si es posible detener este rumbo demencial y recuperar un camino democrático. Desde nuestra perspectiva, la ruta de frenar la deriva de guerra civil o un pacto de entrega del país y miseria para nuestro pueblo, se basa en los siguientes puntos: a) Suspensión de la ANC y del Plebiscito. b) restablecimiento de la Constitución del ’99. c) cumplimiento estricto de las elecciones regionales. d) Publicación inmediata de un Cronograma de elecciones presidenciales. e) Construcción de un plan de emergencia económica y social que garantice la atención de los sectores populares más vulnerables con los recursos provenientes de la suspensión de los pagos de la deuda externa y otros.

El motivo para impulsar este camino es que sólo se puede detener la escalada que estamos presenciando con más democracia y participación y no con más represión y violencia. En este sentido, junto a la Plataforma en Defensa de la Constitución insistimos en nuestro reclamo al CNE para activar un referendo abrogatorio de las bases comiciales de la ANC. Lo mismo que llamamos a acompañar la campaña de Luto Consciente para decir: ¡ya basta de muertes![3]

Los próximos 20 días viviremos momentos de tensión, violencia creciente, confusión. La irresponsabilidad criminal de las cúpulas del PSUV/Gobierno y la MUD, hacen que este pronóstico lamentablemente sea el más probable. Mientras ellos siguen bailando irresponsablemente al borde de una guerra civil, cuyo costo en muertes, padecimientos y calamidades sufrirá nuestro pueblo, nosotros continuaremos intentando por todos los medios a nuestro alcance detener esta locura.


[1] Simbolizados en la juramentación el jueves próximo del Comando de la Resistencia, Según informa en su cuenta de Tuiter la diputada Delsa Solórzano perteneciente a Un Nuevo Tiempo UNT.

[2] MUD presentó las preguntas para el plebiscito http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/mud-anuncio-las-tres-preguntas-para-plebiscito-popular_191558

[3] Exigen al CNE respuesta urgente para revertir la iniciativa presidencial de ANC https://www.aporrea.org/actualidad/n311187.html

 

https://www.aporrea.org/actualidad/n311237.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229019

 

 

Clarifiquemos, es patente que los pueblos de Venezuela sufren guerra económica y mediática del capitalismo e imperialismos. Sin embargo, lo crucial es reparar el papel de los gobiernos progresistas para ser más contundentes en nuestra afirmación de rumbos emancipatorios . Examinemos :

 

 

Legado y riesgo regresivo para la transición democrática en Bolivia

11 de junio de 2017

Por Arturo D. Villanueva Imaña

Un contexto de perplejidad mundial y retroceso al neoliberalismo en América Latina por lo sucedido con las recientes elecciones que han colocado en el gobierno a personajes como Trump y Macrón en EE.UU. y Francia, o Macri en Argentina y Temer en Brasil; marca el escenario de transición democrática que en Bolivia que se producirá el 2019.

Con los signos de esa misma incertidumbre y retroceso que se percibe a nivel mundial y latinoamericano; en Bolivia los pronósticos también son poco optimistas, muy a pesar de la esperanza y las expectativas que el proceso nacional había despertado hasta el año 2009.

Tomando en consideración ese contexto, el presente ensayo se encargará de explorar algunos escenarios de cara a la transición democrática que se perfila para el año 2019, cuando se producirán las nuevas elecciones nacionales.

 

El legado del gobierno para la transición

Como queriendo ratificar aquella sentencia por la cual no se conoce que exista algún proyecto de izquierda y progresista que no haya terminado traicionando sus postulados, o dando paso a regímenes conservadores y reaccionarios que restauraron viejas estructuras de poder y sometimiento; el gobierno del MAS también se dispone a cumplir semejante legado[i]/.

 

La afirmación se sostiene en los siguientes argumentos. Habiendo tenido la oportunidad como el mandato expreso (que además fue constitucionalmente estatuido como resultado de la Asamblea Constituyente), el oficialismo prefirió adoptar el camino pragmático y oportunista de las componendas y la alianza espuria con sus antiguos detractores y declarados opositores. Bajo este tipo de “respaldo” político, se dio a la tarea de imponer nada menos que un modelo económico extractivista que se encuentra en la antípoda del Vivir Bien, de la relación armoniosa con la naturaleza y de la construcción de un nuevo paradigma alternativo al capitalismo. Abandonó los principios basados en la reciprocidad, la complementariedad, el intercambio y la solidaridad; para reproducir y hacer prevalecer los valores capitalistas discursivamente repudiados, como el  individualismo, la competencia y el extremo afán de explotación del hombre y la naturaleza (que ya nos están provocando enormes daños y efectos de contaminación, sequía, pérdida de biodiversidad, vulneración de derechos, etc., que paralelamente contribuyen al cambio climático y el riesgo de colapso mundial).

Adicionalmente, el legado del gobierno del MAS a Bolivia, no se limita al abandono y traición de las tareas populares  y los postulados constitucionalmente establecidos. Ni siquiera a la imposición de una agenda antinacional, entreguista y anticonstitucional que se ha operativizado por medio de un modelo económico salvajemente extractivista y desarrollista. En realidad, lo que ha sucedido es que en mérito a la defección y capitulación frente a los intereses capitalistas (nacionales y transnacionales), que ha sido seguida por la alianza lograda con los sectores conservadores y reaccionarios de las nuevas y antiguas élites dominantes para conservar el poder a toda costa; lo que ha permitido es sentar las bases para desarrollar el capitalismo de Estado extractivista y desarrollista en lo económico, y un sistema de gobierno caudillista y autoritario en lo político. Es decir, un régimen de gobierno que facilita y tiende la alfombra para la restauración conservadora y neoliberal que, irónicamente, funge de oposición política. No por nada, tendencialmente, ya es sabido que en la realidad, es la política que sigue a la economía y no a la inversa. Es decir, que no existen razones para pensar que al margen de la impostura gubernamental y oficialista (que pretende hacer creer que se trata de un régimen de izquierda), en el futuro pueda establecerse un gobierno de corte neoliberal y conservador, que teniendo como base el modelo económico extractivista que impulsa el gobierno del MAS, quiera y esté dispuesto a encarar y cumplir tareas económicas y transformación que son contradictorias a sus intereses.

Teniendo en mente dicho contexto desfavorable generado desde el Estado y la gestión gubernamental, ahora exploremos algunos escenarios de transición democrática que pueden esperarse, vistos ya desde la perspectiva de lo que puede hacer la sociedad civil.

 

Escenarios de transición democrática

1.a) El Escenario previsible = restauración neoliberal y transición regresiva

Como emulando lo sucedido en países como Brasil y Argentina, pero sobre todo dando continuidad al modelo económico impuesto, este escenario de transición democrática aparece como previsible. El principal soporte político para que ello suceda, es la actual oposición de derecha, representada por líderes y partidos políticos tradicionales de la antigua democracia pactada, que a pesar de un fuerte rechazo ciudadano y popular expresamente manifestado, insisten (como lo hace el propio oficialismo), en su intención de volver al poder y restaurar un régimen abiertamente neoliberal.

Sobre la base del descontento, el repudio y el rechazo cada vez más generalizado de la sociedad; pero sobre todo afincados en el respaldo externo y en su propia fortaleza económica que no son desdeñables para influir sobre la opinión pública nacional; estos sectores reaccionarios buscan conseguir el respaldo social y electoral del que carecen (porque de otra forma ya se habrían lanzado a alguna aventura desestabilizadora), para conseguir apoderarse del gobierno.

Su pertinaz empeño no está exento de sinsabores amargos, porque a su turno se ha hecho muy evidente el rechazo popular y nacional a su intento de volver al poder. Se da por entendido que el neoliberalismo ya fue expulsado del país, y tampoco se quiere reeditar las antiguas y repugnantes prácticas de los pactos y las componendas entre minorías para gobernar.

A pesar de su evidente incapacidad para constituirse y generar una verdadera oposición con liderazgo, propuesta y capacidad de convocatoria, su “fortaleza” radica en la ausencia de una alternativa política diferente y una verdadera oposición de izquierda a los intereses económicos y el modelo imperante. El respaldo expectaticio de esta oposición ficticia, radica en aquellos sectores que comparten intereses económicos y políticos de carácter neoliberal y reaccionario, a los que se suman algunos que definitivamente no quieren saber nada del gobierno del MAS.

Su desafío consiste en aprovechar el descontento y el rechazo cada vez más generalizado de la sociedad, para convencerla de votar en su favor, en una especie de réplica de lo sucedido en países limítrofes.

Para el país, un desenlace democrático como este no sólo significaría haber perdido casi dos décadas de un esfuerzo y un proceso tan caro como profundamente promisorio, sino que volveríamos a ser obligados a repetir la tarea.

 

1.   b) El escenario indeseable = mejorar para retroceder

Tal ha sido la impostura gubernamental y la traición al proceso de cambio y transformación que se perfilaba con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en la Asamblea Constituyente, que aquel horizonte de realización nacional ha quedado reducido y minimizado al extremo.

Esta misma circunstancia contribuye a que algunos intelectuales y colectivos ciudadanos (en unos casos ingenuamente convencidos y en otros convenientemente camuflados), hayan decidido plantear y limitarse como objetivo de la transición democrática, la recuperación de las libertades, el Estado de derecho, la institucionalidad, el equilibrio e independencia de poderes, etc., que siendo absolutamente loables y necesarios, olvidan (deliberada o involuntariamente), que el país y su praxis democrática (histórica y cotidiana), han superado con creces esos estrechos límites del liberalismo republicano y la democracia representativa.

 

A nuestro modesto entender, dos son las causas que explican este fenómeno. Por una parte, todos hemos podido comprobar a lo largo de estos años de gobierno, que cuanto mayor es la tozudez por conservar el poder a toda costa, mayor es el autoritarismo y el impulso despótico del gobierno, así como mayor es la pérdida de derechos y valores democráticos que se conculcan y violan cotidianamente.

 

A ello se suman las prácticas prebendales, clientelares y de cooptación que han sido utilizadas para promover el copamiento institucional y organizativo de la mayoría de las entidades del Estado y las organizaciones sociales. Esta lógica de usurpación, secuestro y copamiento, ha derivado en la pérdida de independencia, la desinstitucionalización y la corporativación de movimientos y sectores, que cada vez más se ven forzados a cumplir órdenes e instrucciones, sino quieren perder los beneficios y ventajas que otorga el poder. Es decir, se va perdiendo la posibilidad de ejercer mínimamente derechos, libertades y capacidad de decisión mínimas, que no sólo coartan e impiden emprender y poner en marcha aquellos objetivos y avances que se habían establecido al inicio del proceso; sino que se encuentran envilecidos y distorsionados por el régimen de gobierno actual.

 

Por eso, en este escenario donde la conculcación de derechos, la pérdida de libertades básicas, el amedrentamiento cotidiano; son expresiones de la concentración de poder y donde la independencia de los mismos no existe, lo mismo que la falta de institucionalidad; lo que sucede es que recuperarlas en sus más elementales expresiones, viene a resultar una enorme conquista.

 

Desde esa perspectiva, se entiende perfectamente que lo que se ha perdido en dicho escenario, NO es el tipo de democracia, los derechos, la institucionalidad, o la independencia de poderes que han sido violados, cercenados o envilecidos por el gobierno del MAS; sino aquel tipo de sociedad, de democracia, de institucionalidad y de Estado de derecho que se habían establecido en la Constitución.

 

Por eso es posible sostener que este “olvido” (traducido en un achicamiento de perspectivas y objetivos), resulta muy conveniente para quienes les basta con recuperar lo perdido con la gestión de gobierno de Evo Morales. Lo que a los ojos de la gente aparece como un avance (en vista de la sistemática violación y conculcación de derechos y la falta de respeto al Estado de derecho que se busca recuperar), en realidad es una rémora y retroceso  respecto del tipo de democracia, el Estado y la sociedad que se habían perfilado constitucionalmente.

 

La moderación y aquel centrismo que reclaman equilibrios y acuerdos “por el interés nacional” (sin extremismos ni intransigencia), siempre ha constituido el argumento para impedir avances y dar un curso progresista a la historia, pero lo que es peor, ha contribuido a entrabar y poner en reversa procesos transformadores, para instalar y repetir tareas que ya fueron superadas histórica y socialmente. El llamado a la moderación y el centrismo, es el retorno a un ideal democrático que ya ni siquiera en Europa ni los EE.UU. es útil, tal como lo muestran sus propios procesos electorales.

 

Por otra parte, desde la perspectiva de quienes añoran una democracia representativa donde se produzca un real control, respeto y equilibrio de fuerzas; también parece legítimo sostener que Bolivia necesita realmente una etapa moderada por la buenas virtudes democráticas y el Estado de derecho. Una democracia cuyo referente idealizado corresponde al liberalismo republicano que es posible identificar en países como Uruguay o Chile (en nuestro continente), pero que pertenece a una fase capitalista industrial incipiente que ha quedado ya muy atrás en la historia.

Para sostener dicha idea, se arguye que Bolivia nunca ha cumplido ni realizado las tareas democrático burguesas (incluyendo un desarrollo industrial, diversificado, que no pasó de su fase incipiente, así como la conformación de una verdadera burguesía nacional). Que mientras ello no suceda, siempre será un Estado inconcluso, frustrado o fallido, sin posibilidades de constituirse como Estado Nacional en su completa acepción.

 

Sin embargo, lo que no parecen caer en cuenta, es que Bolivia llegó tarde para la realización de dichas tareas, y a su burguesía no le quedó otro camino que someterse y conformarse con ser una especie de correa de transmisión de los intereses capitalistas transnacionales. Para el pueblo y los sectores populares en cambio, esta situación se convirtió en una oportunidad para plantearse tareas más allá del límite liberal, capitalista y democrático burgués, tal como se puede comprobar en los diversos episodios de rebelión y revuelta que se produjeron en nuestra historia, pero sobre todo cuando finalmente confluyeron en el establecimiento de la Asamblea Constituyente y la posterior construcción de la nueva Constitución Política del Estado.

 

En vista de ello, no parece razonable, ni históricamente congruente, adoptar una solución que se limite a cumplir aquel viejo sueño centrista que aspira superar la división izquierda-derecha, pero que al final implicaría reproducir y retroceder al viejo sistema capitalista, neoliberal y democrático representativo.

 

Por lo demás, el liberalismo republicano y la democracia representativa (cuyo peor ejemplo constituye la democracia pactada), no es una tradición nacional dominante y tampoco constituye una consigna con arrastre y capacidad de convocatoria, tal como se puede establecer en el rechazo que ha generado la “juntucha” de antiguos y tradicionales líderes y expresidentes que se manifestaron “en defensa de la democracia y la justicia”. Todo lo contrario, y que además también se desmiente por las frecuentes y masivas expresiones de democracia comunitaria, deliberativa y directa, que ha alcanzado niveles de gestión pública y política, que a tiempo de abordar y resolver problemas y demandas olvidadas o relegadas por el Estado, perfilan un tipo de ejercicio democrático, donde la soberanía y la capacidad de decisión (el verdadero poder), radican cada vez más en el pueblo.

 

Para mayor abundamiento y rescatando lo que sucede en otros lugares, también ha quedado claro que los gobiernos moderados no convencen a nadie, ni en Latinoamérica y menos en Europa y EE.UU., donde se precian de haber establecido institucionalidad, una democracia estable y duradera, y un estado de derecho con contrapesos e independencia de poderes. Las elecciones recientes lo demuestran.

 

Un programa moderado por otra parte, solo significará declinar y abandonar las banderas de lucha del pueblo en manos del MAS, para que se convierta en un arma de oposición virulenta, demagógica y radical, que hará temblar al nuevo gobierno, demandando el cumplimiento de las tareas traicionadas que nunca quisieron encarar.

 

Y para concluir este acápite, habrá que señalar que el rechazo a Evo es proporcional al que provoca la derecha y sus aliados. Por tanto, el rechazo a Evo no equivale a considerarlo como un respaldo natural a una candidatura moderada o centrista.

 

1.   c) Escenario extremo = crisis democrática al estilo venezolano

Otra de las herencias del masismo, es la inocultable incapacidad y manifiesto desdén que ha impedido generar o construir liderazgos de recambio que permitan romper el caudillismo y la dependencia secante de la figura de Evo.

Ello, sumado a la inexistencia de capacidad autocrítica que además fue expresamente anulada dentro del oficialismo; solo ha contribuido a reforzar un caudillismo individualista, absoluto y secante que no solo concentra todo el poder de decisión en el “jefe”, sino que impide toda posibilidad de discrepar y, mucho menos, criticar.

 

A ello se suma la indeclinable como terca decisión de insistir en la repostulación inconstitucional, cuya carga de intransigencia puede llevarnos a una situación explosiva, muy parecida a lo que ocurre en Venezuela. Allí, donde también no hay (o no ha querido) plantearse una candidatura alterna a Maduro desde el propio oficialismo, en un contexto donde se hace imperioso como legalmente imprescindible llamar a elecciones nacionales, sucede que a la gente no le queda otra alternativa que salir a las calles. Máxime cuando adicionalmente el manejo gubernamental es completamente errático, las condiciones de vida y la economía son muy críticas, y donde no existe una alternativa plausible (acorde al proceso nacional emprendido).

 

Ello permite colegir que la caprichosa intención oficialista de conservar el poder cueste lo que cueste, pero sobre todo la imposición de una tendencia autoritaria, despótica y violenta dentro del MAS, pueden provocar e inducir una crisis democrática de proporciones. No hay que olvidar, por ejemplo, que el propio vicepresidente García Linera señaló recientemente que los movimientos sociales afines podrían “salir a las calles para defender el proceso”, o que un dirigente nacional haya planteado que así como se había “construido la democracia con sangre obrera y campesina”, así también se defendería el proceso.

 

En el caso de Bolivia, el rechazo a la repostulación inconstitucional y una nueva reelección de los actuales mandatarios, no solo ha sido expresada mayoritariamente en las urnas (cuando se realizó un referéndum nacional expresamente convocado por el gobierno), sino también un año después, cuando en las diferentes capitales y ciudades del país, la gente volvió a salir masivamente a las calles para ratificar su rotundo rechazo a ese terco capricho.

En razón de lo señalado y aunque en escenarios convulsivos y de desorientación generalizada no es extraño que surjan personajes y candidaturas estrambóticas como Trump, o inclusive Macrón, que aparecen (precisamente por el aparente vacío de liderazgos y alternativas), como eventuales “salvadores” que al reflejar y resaltar las más importantes aspiraciones de la gente, terminan consiguiendo el respaldo electoral que necesitan para ser gobierno; tampoco hay que descartar un escenario de transición democrática convulsiva, como la que sucede en Venezuela.

 

Lo que queda por hacer

Por lo analizado anteriormente, queda claro que escenarios democráticos regresivos al neoliberalismo, escenarios extremos al estilo venezolano, o de carácter centrista y moderado que quieren recuperar la democracia y devolvernos a un Estado liberal meramente representativo, resultan indeseables y/o insuficientes; también y al mismo tiempo, tampoco la transición democrática debería reducirse únicamente al cambio de régimen.

 

Si efectivamente se busca superar las actuales limitaciones y la flagrante traición que ha sufrido el proceso de cambio y transformación, se hace indispensable contemplar e incluir los aspectos económicos, políticos, sociales y ambientales.

Es decir, que para evitar que la fuerza y los impulsos de transformación que iniciaron el proceso de cambio, terminen sometidos y controlados por la imposición de la ley y el establecimiento de un Estado de derecho regresivo y restaurador, en Bolivia está abierta la necesidad de construir una alternativa política de izquierda que responda al mandato popular y constitucional establecidos.

Una agenda mínima de transición democrática debería contemplar entonces:

 

La profundización de la democracia para lograr la consolidación y fortalecimiento de prácticas comunitarias, deliberativas, de búsqueda de consensos y gestión pública y política en todos los niveles organizativos de la sociedad (que de hecho ya se ejercen cotidianamente), permitiendo ejercer soberanía participativa y directa al pueblo. De ese modo se superarán las prácticas meramente electorales y delegativas de la democracia representativa, donde prevalecen mayorías sobre minorías y se sigue favoreciendo intereses de poder elitista y sectario.

Desmontar y cambiar el modelo económico extractivista y desarrollista que, habiéndose impuesto de manera inconstitucional y antipopular, ha provocado una relación depredatoria, antinacional y entreguista de los recursos naturales del país. La alternativa consiste en construir un programa económico y productivo que adopte como prioridad una relación armoniosa con la naturaleza y el potenciamiento de las relaciones ecológicas, comunitarias y asociativas. Limitarse a un desarrollo sostenible que prevea mecanismos de protección de la naturaleza, solo equivaldría a desarrollar una lógica reparadora y económicamente transable de los daños ya provocados, que únicamente encubrirían la persistencia de prácticas y el mismo modelo de explotación de los recursos naturales.

Desechar todos los megaproyectos depredatorios, potencialmente destructivos y contaminantes  (como es el caso de la central nuclear, la carretera del TIPNIS, la transoceánica, las mega represas del Bala, Chepete y Rositas, la deforestación y quema de bosques y biodiversidad, el monocultivo extensivo con agroquímicos y la introducción de transgénicos, etc.).

Abandonar el uso de energía basada en recursos naturales no renovables  que generan dependencia económica y sometimiento a intereses transnacionales, y establecer paulatinamente un modelo de energía límpida y amable con la naturaleza, de modo que se construyan las bases del Vivir Bien y un nuevo paradigma alternativo al capitalismo.

Siendo que la causa del cambio climático y todos los efectos y catástrofes que sufrimos globalmente, así como el riesgo en que se ha puesto la vida (tal como se la conoce y que no se reduce únicamente a la que tenemos como seres humanos), está originada y vinculada estrechamente al sistema capitalista y los grandes intereses corporativos transnacionales; es imprescindible encarar una lucha frontal contra el sistema. Además es la única vía para perfilar la construcción de un paradigma alternativo y civilizatorio al capitalismo, que Bolivia ya insinuó a nivel global cuando se plantearon las ideas de establecer una relación armoniosa con la naturaleza, reconocer los derechos de la Madre Tierra, vivir bajo los principios de la reciprocidad, complementariedad, solidaridad y comunitarismo, etc., como la manera más adecuada para alcanzar aquel ideal de vida que el conjunto de civilizaciones del mundo vienen buscando históricamente.

Finalmente, siendo indispensables y complementarios, y no por ser últimos son menos importantes y estratégicos; tampoco debería dejar de plantearse el antipatriarcalismo y la descolonización, como tareas esenciales de un programa de transición integral y holístico, que efectivamente recupere y plantee un nuevo horizonte de realización para el país.

Parafraseando a Gabriel García Márquez cuando recibió el nobel de literatura, habría que decir que así como América Latina ha demostrado su enorme capacidad creativa, ahora tengamos la misma capacidad para resolver nuestros problemas, con la misma imaginación y soluciones propias. El s. XXI no merece menos de nosotros. No somos un continente viejo que lo único que parece atinar es aferrarse a su propia institucionalidad tradicional, porque no se anima a romper el sistema que contribuyó a prostituir y envilecer su democracia y su sistema de gobierno, hasta el punto que ahora existe una desorientación que solo se traduce en perplejidad, cuando se conocen los resultados electorales y el candidato presidencial ganador. Fuente: http://www.bolpress.com/2017/06/11/legado-y-riesgo-regresivo-para-la-transicion-democratica-en-bolivia

 

Alternativas postcapitalistas

 

Retomemos la actual confrontación entre izquierdas que se da a partir de quienes nos esforzamos por erradicar el extractivismo en Nuestra América y el mundo pero además nos situamos componiendo la diversidad de abajo y apreciamos las insurrecciones populares contra el neoliberalismo como fuente e impulso de los cambios sociales e internacionales que las otras izquierdas latinoamericanas de este enfrentamiento atribuyen a los líderes progresistas. Indaguemos fundamentos de ese desencuentro de difícil solución mientras haya fanatismo endiosador de los líderes progresistas:

 

Una izquierda latinoamericana, sin ecología,

caerá de nuevo en la crisis de los progresismos

22 de julio de 2016

 

Las izquierdas latinoamericanas, por lo menos desde la década de 1970, tuvieron unas enormes dificultades en aceptar y abordar la problemática ambiental, plantea en este artículo Eduardo Gudynas, docente, militante e investigador en la temática.

 

Por Eduardo Gudynas

@EGudynas

 

 Comencemos planteando con claridad algunas cuestiones recientes en las relaciones entre izquierda y ambiente en América Latina: los progresismos gobernantes actuales son regímenes políticos distintos a las izquierdas que les dieron origen, y en esa diferenciación, la incapacidad para abordar la temática ambiental jugó unos papeles clave. Por lo tanto, cualquier renovación de la izquierda sólo es posible si se incorpora la mirada ecológica. En caso contrario, la izquierda volverá a caer en meros progresismos.

Las izquierdas latinoamericanas, por lo menos desde la década de 1970, tuvieron unas enormes dificultades en aceptar y abordar la problemática ambiental. Unos veían esos temas como excentricidades burguesas importadas del norte; otros consideraban que entorpecerían planes de industrialización; y finalmente, estaban los que entendían que en la militancia, por ejemplo, en las fábricas, era inviable atender cuestiones ecológicas.

Pero también existían algunos grupos o militantes que abordaban esas cuestiones, por muy diversos motivos. Unos respondían a demandas ciudadanas, por ejemplo las que partían de organizaciones campesinas que denunciaban tanto injusticias económicas como la contaminación de sus tierras y aguas. Otros entendían que una crítica radical al capitalismo era incompleta sino se consideraba el papel subordinado de América Latina como proveedora de materias primas (o sea recursos naturales). Se pueden sumar otras cuestiones, pero más allá de todo eso, debe reconocer que todos ellos desempeñaban papeles secundarios en el seno de la mayor parte de las organizaciones políticas de la izquierda.

Las cosas no eran mejor a nivel internacional, ya que sea en agrupamientos partidarios como en la reflexión teórica, la cuestión ambiental era minimizada o marginada. Esfuerzos intensos en poner sobre el tapete, por ejemplo a un Marx en clave ecológica (como es la propuesta de John Bellamy Foster) o la insistencia en una ecosocialismo (apuntada por Michael Lowy), tuvieron impactos acotados.

 

Un cambio sustancial ocurrió a fines de los años noventa y principios de la década del 2000. Buena parte de ambientalismo políticamente militante colaboró, apoyó o participó directamente en conglomerados de unas izquierdas más amplias y plurales que luchaban contra gobiernos conservadores y posturas neoliberales.

 

En varios países, esos grupos y las elecciones. Hubo un aporte ambientalista en las victorias de Alianza Pais en Ecuador, el PT y sus aliados en Brasil, el MAS en Bolivia, y el Frente Amplio en Uruguay; en menor medida participaron en Venezuela.

En los planes de aquellas izquierdas se incorporaban temas ambientales, en varios casos con mucha sofisticación al proponer cambios radicales en las estrategias de desarrollo, el ordenamiento territorial o el manejo de los impactos ambientales. Unos cuantos ambientalistas entraron a esos nuevos gobiernos, y desde allí se lanzaron algunas iniciativas remarcables.

El caso más destacado tuvo lugar en Ecuador, donde esos militantes verdes cosecharon algunos éxitos notables. Fueron claves en instalar, por ejemplo, la propuesta de una moratoria petrolera en la Amazonia, no solamente como una defensa de su biodiversidad sino también como un aporte para el cambio de la matriz energética. Ellos también representaron un apoyo clave en el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en la nueva constitución ecuatoriana, convirtiéndola en la más avanzada del mundo en esa materia. La izquierda de los países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) no ponderó como debía las innovaciones ambientales en el primer gobierno de R. Correa.

 

Pero el problema es que esa relación entre los nuevos gobiernos y la temática ambiental comenzó a crujir. Esas administraciones optaron por estrategias de desarrollo donde priorizaban metas económicas a costa de altos impactos ambientales. Sus expresiones más claras fueron la explotación minera y petrolera, y los monocultivos. Se generó una relación perversa, ya que a medida que más se profundizaba ese perfil extractivista, menos se podían atender las cuestiones ambientales, y más protestas y resistencias ciudadanas se acumulaban. Muchos ambientalistas que estaban dentro de los gobiernos se alejaron, y lo que permanecieron se desprendieron de sus compromisos con la Naturaleza. Algo similar ocurrió en otras áreas, especialmente las políticas sociales. Es de esta manera que estaba en marcha la divergencia entre las izquierdas plurales y abiertas iniciales y un nuevo estilo político, el progresismo.

 

La maduración hacia al progresismo ocurrió en todos los países. Más allá que en algunos casos se citaba a Marx o Lenin, en todos se acentúo la subordinación a los mercados globales como proveedores de materias primas, los planes de ataque a la pobreza se enfocaron sobre todo en paquetes de asistencias monetarizadas, y se rompieron las relaciones con muchos movimientos sociales. Ese progresismo no es neoliberal, pero está claro que abandonó los compromisos de aquellas izquierdas iniciales en cuestiones como la radicalización de la democracia, ampliar las dimensiones de la justicia y proteger el patrimonio ecológico.

 

Hoy se admite que ese progresismo está en crisis, como es evidente en Brasil, y que incluso ha perdido elecciones nacionales (Argentina) o regionales (Bolivia). Pero ha pasado desapercibido para algunos es que en esa diferenciación entre izquierdas y progresismos, la temática ambiental jugó un papel clave. El progresismo aceptó los impactos ambientales de los extractivismos ya que priorizó como opción económica la exportación de materias primas. A su vez, a medida que escalaba la resistencia ciudadana a esos emprendimientos, esos regímenes pasaron a ignorar, rechazar e incluso criminalizar a las organizaciones ciudadanas que ponían en evidencia los impactos negativos de esos extractivismos.

 

Hay muy poco de la sensibilidad social de izquierda en que un gobierno le imponga a comunidades campesinas un proyecto megaminero, o que fuerce la entrada de petroleras dentro de tierras indígenas, o que amenace con exiliar a los miembros de ONGs que alertan sobre esos impactos.

Los progresismos a medida que más se alejaban de la izquierda, más se hundían en contradicciones teóricas y prácticas. No dudaron entonces en apelar a mezclas bizarras entre citas marxistas y denuncias al imperialismo, junto a acuerdos comerciales con empresas transnacionales que se llevaban sus recursos. Invocaban al pueblo pero no dudaban en criminalizar la protestas ciudadana, e incluso en unos casos pasaron a la represión.

La lección de estas experiencias es que la ausencia de una dimensión ambiental en la izquierda, en América Latina, y en este momento histórico, no constituye un pequeño déficit. Por el contrario, es uno de los factores que explica que esa izquierda pierda su esencia para convertirse en meros progresismos.

Por el contrario, una izquierda propia de nuestro continente debe abordar las cuestiones ambientales porque América Latina se caracteriza por una enorme riqueza ecológica. Aquí se encuentran las reservas más grandes de áreas naturales y las mayores disponibilidades de suelos agrícolas. El uso que se hace sobre ese patrimonio ambiental no sólo involucra las necesidades de nuestra propia población, sino que nutre a múltiples cadenas productivas globales con enormes repercusiones geopolíticas.

 

Además, una izquierda del siglo XXI debe ser ecológica porque la actual evidencia indica sin lugar a dudas que estamos sobreexplotando esos recursos, que las capacidades del planeta para lidiar con los impactos ambientales han sido rebasadas, y que problemas planetarios como el cambio climático ya se están manifestando. Por lo tanto, pensar una izquierda sin ecología sería una apuesta política desconectada de América Latina y de la coyuntura actual.

 

Finalmente, el compromiso de esta nueva izquierda está en la justicia social y ambiental, donde una no puede ser alcanzada sin la otra. Esto permite un reencuentro con muchos movimientos sociales, un redescubrimiento de los problemas reales de las estrategias de desarrollo actuales, y un llamado a una renovación teórica. Es por eso que en esa íntima asociación entre la justicia social y ambiental, están los mayores desafíos para una renovación de las izquierdas en América Latina.

 

*El autor es militante en temas de ambiente y desarrollo, integra el equipo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), es docente en distintas universidades latinoamericanas y acompaña a diferentes movimientos ciudadanos.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Una-izquierda-latinoamericana-sin-ecologia-caera-de-nuevo-en-la-crisis-de-los-progresismos

 

 

Advirtamos una característica común de los líderes progresistas que es su doble discurso y  su ataque frontal a los colectivos e individuos que se mantienen  consecuentes con los cambios anticapitalistas.

 

 

 

 El conflicto que cambió Bolivia
9 de marzo de 2015

 

Por Diego Andreucci

 

Un nuevo documental sobre la disputa por el TIPNIS explora la contradicción entre extractivismo y territorialidad indígena.

“Asfaltar Bolivia”—el último documental del activista catalán Marc Gavaldá, del colectivo Alerta Amazónica—es una historia sobre las contradicciones del desarrollo. “Asfaltar Bolivia” muestra las dificultades para escapar de imaginarios capitalistas y coloniales de modernización y progreso—y la importancia de seguir intentándolo, a pesar de todo.

En las últimas dos décadas, los pueblos indígenas de Bolivia han planteado la necesidad de repensar de manera radical la organización política del país y las relaciones entre sociedad y naturaleza.  Fueron las luchas sociales indígenas las que permitieron derrotar el neoliberalismo, ayudaron a Evo Morales a tomar el poder en 2006 y las que más activamente propusieron el paradigma del “estado plurinacional”, que llegó a incluirse en la Constitución en 2009.

El paradigma plurinacional apunta al reconocimiento de la multiplicidad de formas sociales, económicas, políticas, jurídicas y culturales que existen en el país—aunque con varios grados de articulación con el modelo capitalista, liberal y colonial vigente. Es una propuesta política extremadamente innovadora de autonomía indígena y pluralismo radical, dentro y alrededor del mismo estado. Es decir, para repensar el mismo estado como “un mundo donde quepan muchos mundos”, como dirían los zapatistas.

Pero Bolivia es también ejemplo de la gran capacidad del capitalismo y su episteme colonial para defenderse y reproducirse. En estos últimos diez años, desde la derrota del neoliberalismo en 2005, las propuestas para un estado plurinacional con autogobierno indígena no sólo han llegado a convertirse en un discurso hegemónico; también han sido progresivamente vaciadas de su potencial transformador y emancipador, mientras los movimientos que los defendían han sido aislados, marginalizados y reprimidos.

Este excelente documental se enfoca en el conflicto alrededor del TIPNIS(Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure), que se desarrolla a partir del 2011. La disputa por el TIPNIS fue un momento clave en Bolivia, en que la contradicción entre desarrollo extractivista y territorialidad indígena—ya latente en los primeros años de Evo—explota y se hace manifiesta e irreversible. A partir este conflicto, el discurso ambientalista, pachamamista y pro-indígena con que Evo Morales se presentaba al mundo se revela como una farsa.

 

La historia que nos cuenta el documental es aparentemente simple. El gobierno se plantea la construcción de una carretera para unir Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, con la región del Beni, en la Amazonía. La ruta de la carretera pasa por el corazón del TIPNIS, una reserva natural de altísima biodiversidad donde viven también más de 60 comunidades indígenas de los pueblos mojeño, chimaney yuracaré. Los indígenas se oponen a la construcción de la carretera por su posible impacto socio-ambiental y cultural. Pero la preocupación va más allá del impacto directo:  abrir un camino en el corazón de la selva implicaría el aumento de las presiones existentes por parte de  madereros y cocaleros y a la expansión de frontera petrolífera. Todo esto supondría la desaparición de las comunidades indígenas del TIPNIS y su lógica territorial.

 

Detrás de esta defensa del TIPNIS no está, pues, un conservacionismo estetizante de la naturaleza y la biodiversidad. Tampoco se puede reducir el conflicto a una mera defensa del acceso de comunidades a sus a medios de subsistencias—aunque esta sea una razón central. Lo que aparece como un clásico conflicto ambiental se convierte, en la coyuntura Boliviana, en un conflicto mucho más amplio entre el extractivismo y el plurinacionalismo como visiones opuestas e incompatibles.

Los intereses extractivistas para que se construya la carretera son muy evidentes. Por un lado, están los colonizadores, concentrados en el llamado “Polígono 7”, en el margen sur del TIPNIS. En su búsqueda de tierra para expandir la frontera agrícola, sobre todo para el cultivo de coca, los colonizadores defienden la propiedad individual de la tierra y tienen visión extractivista de la relación con la naturaleza—muy diferente de la territorialidad indígena.

Por otro lado, parte del TIPNIS también está concesionado para exploración petrolera. Según un estudio del CEDIB, la frontera de hidrocarburos en Bolivia creció siete veces entre 2007 y 2012, siendo las exportaciones de gas la principal fuente de ingresos del estado boliviano. Por el momento, la explotación en parte de la zona amazónica está parada por “estado de fuerza mayor”, por el alto riesgo de conflictos con comunidades. Sin embargo, hay mucha presión para que la frontera petrolífera se expanda en en esta zona. Además de la presión de inversores transnacionales, se teme que las reservas tradicionales de gas del Chaco, en el sureste del país, puedan agotarse en unos pocos años.

La construcción de la carretera facilitaría mucho la explotación de gas y la integración de los recursos de esta parte de la selva boliviana en el mercado mundial. No es casualidad que el proyecto fuera financiado inicialmente por el Banco de Desarrollo de Brasil, un país con creciente presencia política y económica en la región y con mucha influencia en Bolivia.

De la articulación a la represión

“Asfaltar Bolivia” narra otro importante aspecto del conflicto:  las estrategias discursivas y de represión adoptadas por el gobierno Morales en contra de los indígenas del TIPNIS. Por un lado, se identifica un discurso racista y colonial que representa a los indígenas de la selva como en estado de “pobreza extrema”, por no tener acceso a bienes materiales. Así, la carretera se presenta como una apertura de posibilidades de integración al “desarrollo” y al “progreso”.

Esta lógica colonialista se basa en promover lo que Marx llamaba “acumulación originaria”; es decir, separar las comunidades de sus medios de subsistencia y al mismo tiempo crear para ellas la necesidad de acceder a bienes de consumo que solo se pueden adquirir por medio del dinero. Así, los indígenas son forzados a convertirse en trabajadores asalariados o pequeños capitalistas.

Por otro lado, se destaca la represión legal y policial de las organizaciones y marchas indígenas. La “VIII Marcha por el Territorio y la Dignidad” en defensa del TIPNIS, en 2011, fue intervenida violentamente por la policía en la localidad de Chaparina. Fue el más duro enfrentamiento del estado en contra de pueblos indígenas, que sufrieron golpes, maltratos y detención ilegal.

Tras la intervención policial se crea, paradójicamente, un efecto de unión entre los pueblos y organizaciones indígenas del país. La marcha se convierte en un momento fundamental de reacción ciudadana frente a la agresión estatal al territorio del TIPNIS y sus defensores, atrayendo la solidaridad de otras organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional.

Sin embargo, por desgracia, la represión no terminó ahí. Después de la exitosa marcha, el gobierno empieza a ver las organizaciones indígenas como una amenaza política y organiza su desmantelamiento. Se montan campañas difamatorias que definen a los dirigentes indígenas como agentes de la derecha y de Estados Unidos, y se invita a las organizaciones sociales que apoyan al gobierno a enfrentarse a ellas. Además, empieza un proceso de cooptación de parte del liderazgo de las organizaciones indígenas, que culmina con la expulsión de sus sedes y la creación por parte del gobierno de organizaciones paralelas a las dos principales centrales indígenas de Bolivia—la CIDOB y la Conamaq.

Esto marca el fin de las ambiciones plurinacionales del estado boliviano y el abandono de hecho del llamado “proceso de cambio”.

Este documental es, por tanto, una contribución muy importante y necesaria que nos ayuda a pensar el proceso boliviano y sus contradicciones. Nos cuenta de cómo la hegemonía capitalista, desarrollista y extractivista en Bolivia se ha reproducido a costa de los movimientos sociales emancipadores que trataban de desafiarlas; y de cómo los protagonistas de una articulación hegemónica de fuerzas anti-imperialistas y anti-neoliberales se han convertido en agentes de desarticulación y represión política y social en defensa del desarrollo y del mito del “progreso”.

 El documental Asfaltar Bolivia es de acceso libre y se puede ver aquí.

Fuente: https://entitleblog.org/2015/03/09/el-conflicto-que-cambio-bolivia/

 

 

 

Cuestionemos la designación con el nombre de industrias al saqueo y la destrucción tanto de comunidades como de ecosistemas.  También destapemos la falsedad de diálogos que, como en paritarias y Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, encubren la imposición de la derrota abajo en la lucha de clases. Tampoco reconozcamos que es nuestro beneficio "su importante peso en la economía nacional" porque es mentira al atender en exclusivo a las exigencias de desarrollo de los capitales y estados imperialistas. Por último, esas devastaciones, envenenamientos e intervenciones a gran escala contra la Madre Tierra y minorías (por ejemplo, la explotación del litio) sólo ejercen criminalidad de lesa humanidad y por tanto, hablar de hacerlas de modo responsable es una canallada. Leamos el relato edulcorado conque quieren embaucar:

 

 

Repensar las industrias extractivas

12 de julio de 2017

Por Rodrigo Arce Rojas (Ecoportal)

Con la colaboración de Marina Irigoyen

 

Aludir a las industrias extractivas rápidamente genera pasiones que generalmente se van a los extremos, o se la ensalza por su contribución al crecimiento económico o se la cuestiona ácidamente por los impactos sociales y ambientales que genera.

Una posición intermedia es aquella que señala la necesidad de desarrollar las industrias extractivas tomando en cuenta consideraciones sociales y ambientales, reconociendo su importante peso en la economía nacional. En esta perspectiva integradora se ha avanzado una serie de iniciativas tanto desde el sector público (estatal, e interestatal), privado o en espacios multiactor que han formulado diversos estándares, códigos y pactos orientados al desarrollo de industrias extractivas responsables.

No obstante, los frecuentes conflictos socioambientales (llamados también ecoterritoriales) dan cuenta que estos esfuerzos, aunque valiosos, no son suficientes.

 

Poblaciones que se ven afectadas y ambientes contaminados ponen en evidencia que aún falta mucho para poder afirmar que en verdad estamos frente a un movimiento generalizado de industrias extractivas responsables. Si bien son muchas las empresas que asumen códigos de conducta altamente innovadores y socialmente responsables e incluso líderes de connotadas empresas mineras han avanzado en generar una Visión Compartida de la Minería, ésta no llega a calar en las instancias gremiales representativas, valga decir la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE). De otro lado, destacan los esfuerzos concertadores de líderes sociales, empresariales y del Estado al constituir el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible como colectivo multiactor.

De esa forma, constatamos una evidente resistencia a construir una visión compartida de la minería responsable. Las relaciones que se han desarrollado entre los diversos actores involucrados en las industrias extractivas no han logrado estructurar un marco de confianza y visión compartida y cada uno de estos actores piensa que está haciendo bien las cosas siendo el resultado final que se mantienen las distancias, los temores y los recelos mutuos. Ello nos invita a repensar las relaciones que se verifican en las actividades extractivas superando los enfoques lineales, sectoriales y deterministas.

La heterogeneidad dentro de un aparente actor homogéneo

Lo primero que habría que reconocer es que no hay actores homogéneos con posiciones e intereses compactos. Los aparentes conflictos entre comunidades locales y empresas extractivas son en realidad conflictos múltiples y multidireccionales que se dan no solo al interior de cada uno de los actores (por temas de poder, género, edades, entre otros factores) sino también conflictos implícitos con el Estado que a veces se vuelven explícitos. El Estado mismo es complejo porque existen diferentes posiciones (en función a sus objetivos, competencias y funciones) respecto al papel que deben jugar en el desarrollo de industrias extractivas responsables. Asimismo, hay terceros actores que intervienen con diversos roles y con impactos tangibles en la conflictividad, en una dirección u otra.

Ante esta diversidad de actores habría que preguntarse bajo qué paradigmas, creencias, modelos mentales se acercan a la relación cada uno de los grupos y subgrupos. También habría que preguntarse con qué tipo de pensamiento desarrollan la relación cada uno de los actores con sus especificidades. Asimismo, qué emociones y sentimientos se despliegan y que en conjunto con los otros factores se convierten en narrativas, discursos, actitudes, comportamientos y prácticas. Qué duda cabe entonces que estamos frente a sistemas complejos y habría que abordarlo como tal.

Frente a la constatación que las actividades extractivas de todas maneras generan impactos sociales y ambientales, la fórmula planteada –en la mayoría de los casos en que se acepta los proyectos- es que se amplifiquen los beneficios para todos y se disminuyan hasta donde sean posible los daños. La fórmula parece sencilla pero habría que preguntarse si en realidad se produce una (re)distribución equitativa de los beneficios y cuál es el grado del impacto aceptable, además por parte de quién. A todas luces la ecuación está mal resuelta y es lo que abona la conflictividad.

Los actores, sus objetivos planteados y su naturaleza

Habría que preguntarles entonces a cada uno de los actores involucrados (incluyendo su propia diversidad social) cuáles son sus verdaderos objetivos y si todos están conscientes de ellos. ¿Son objetivos personales, colectivos o una integración entre lo individual y lo colectivo? ¿Son objetivos materiales, son objetivos trascendentes o una mezcla de ellos? ¿Son objetivos de interés inmediato o tienen la capacidad de abordar el mediano y el largo plazo? ¿Corresponden a miradas coyunturales o a miradas que incorporan estratégicamente el mediano y largo plazo? ¿Son objetivos fundamentalmente económicos o son objetivos que abordan la sostenibilidad en su integridad?

La definición clara de objetivos tiene que ver la claridad de las posiciones, los intereses y la consistencia de sus propuestas. Se aprecia que en muchos casos priman objetivos transaccionales de intercambio y se pierden de vista objetivos más estratégicos como aquellos que buscan el bienestar individual y colectivo en el marco del desarrollo territorial sostenible y por tanto con perspectiva de sostenibilidad. Habría que preguntarse en qué medida todos los actores toman como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 que como humanidad nos hemos autoimpuesto cuando líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos en la Organización de Naciones Unidas, ONU, hace unos años. Al no considerar necesariamente una mirada más estratégica los actores se pierden en visiones más sesgadas y pragmáticas a sus objetivos e intereses inmediatos lo que afecta la calidad de las relaciones. Bajo esa perspectiva la relación es considerada buena en la que medida que todos logren satisfacer sus legítimas necesidades inmediatas aunque no necesariamente sea buena para las propias comunidades y para el ambiente.

Un caso evidente es el del empleo. Son muchas las veces en que, bajo condiciones de pobreza y pobreza extrema las comunidades locales se aferran legítimamente a las posibilidades de trabajo lo que afecta su capacidad de negociación. Un enfoque que se centra únicamente en las necesidades finalmente puede llevar a una relación clientelar y asistencialista y que además desvirtúa el mercado de trabajo local, afectando por lo general la actividad agrícola que no puede sostener esos niveles de salarios.

Las necesidades son legítimas, el problema es cuando la relación solo o principalmente se concentra en ellas. Si cada uno de los actores solo piensa en satisfacer sus necesidades entonces prima el interés particular y no genera una relación de interdependencia colaborativa, sinérgica y constructiva. Depender del otro, en una relación asimétrica, también anula o afecta la capacidad de liberar tus propias capacidades, facultades y potencialidades. Todo ello nos lleva a pensar cómo se están manejando las relaciones de poder entre todos los actores involucrados (y al interior de sus organizaciones o instituciones) para ver si se está construyendo sostenibilidad o solo se está actuando coyunturalmente.

Vista así las cosas, no se trata únicamente de quién está a favor o quién está en contra de las industrias extractivas. Tenemos situaciones extremas en que se presentan dilemas sobre generación de empleo y contaminación. Es engañoso apelar al hecho que la población apoya a la industria extractiva cuando está de por medio una relación clientelar. Es artificial decir que las industrias extractivas generan desarrollo económico y prosperidad cuando hay poblaciones que tienen que convivir con agua, suelo y aire contaminado. Tampoco se trata únicamente de redistribuir la riqueza si por más ingresos que el poblador reciba tiene que ser a costa de incorporar metales pesados en sus organismos.

La calidad de las relaciones entre actores por tanto no puede reducirse únicamente a la medición económica de la contribución de las industrias extractivas, sea en el nivel nacional o local. En la ecuación final necesita incorporarse derechos humanos, dignidad, salud, alegría y no considerar los atentados a los derechos humanos de las poblaciones locales en ámbitos de las industrias extractivas como efectos colaterales del progreso.

Es preciso reconocer que en la forma actual cómo se están desarrollando las relaciones entre los actores de las industrias extractivas tienen varias distorsiones y sesgos que no permiten ver la realidad en su cabal dimensión. Si las poblaciones locales sacrifican su salud por contar con ingresos entonces la tarea está imperfecta. Si las poblaciones locales concentran todas sus posibilidades de desarrollo únicamente en función a la presencia de las industrias extractivas entonces no hemos generado condiciones para la autonomía.

Por último, si las poblaciones locales perciben que el Estado está más interesado en sacar adelante las industrias extractivas que en garantizar sus derechos entonces podemos reconocer que la tarea no está completa. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿está el Estado en capacidad de administrar la minería, tenemos las capacidades institucionales para gestionar un sector de esta importancia o qué más tenemos que hacer para contar con industrias extractivas responsables? Y de otro lado, ¿En qué aspectos deben las organizaciones sociales, de nivel intermedio y local, fortalecerse para llevar a cabo diálogos y negociaciones de calidad?

Todo ello nos lleva al imperativo moral y ciudadano de repensar las relaciones entre los actores de las industrias extractivas. El crecimiento económico no puede llamarse prosperidad si no ayuda a la liberación de las capacidades, facultades y potencialidades de las comunidades locales y si es que no garantiza salud física e integridad psicológica.

Se constituye un reto para el diálogo promover acercamientos entre las partes, cuidando de no afectar la exigibilidad de derechos humanos fundamentales, apuntando a ser un diálogo genuino y transformador.

Consideremos nomás que en el 2016, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, las exportaciones mineras representaron el 65% del total del valor de las exportaciones del país y generaron empleo directo e indirecto para dos millones de personas.

http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Mineria/Repensar-las-industrias-extractivas

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229021

 

 

Desechamos el diálogo con quienes tenemos intereses irreconciliables pero lo apreciamos como elaboración conjunta entre diversos de abajo con quienes compartimos el imperativo de emanciparnos del capitalismo por ser el sistema para la acumulación oligopólica de riquezas y poder a expensas de avasallar nuestros derechos humanos. El extractivismo exportador es la expresión esencial de este funcionamiento sistémico. De ahí nuestro desafío de mirar por:

 

 

Postextractivismos en Argentina

La nueva frontera de las alternativas al desarrollo
30 de junio de 2017

 

Por Eduardo Gudynas (Rebelión)

En Argentina es evidente el protagonismo de los llamados extractivismos, como la minería o los monocultivos, que se nutren de una apropiación intensa y voluminosa de recursos naturales para exportarlos a mercados globales. A pesar que mucho creen que esa problemática es ajena al país, la realidad es muy distinta. Es que Argentina es uno de esos casos particulares donde están presentes casi todos sus tipos: minero, petrolero, agrícola y pesquero.

Ese tipo de estrategias generan desde un lado una fuerte subordinación a la globalización, y desde el otro, una catarata de impactos negativos en la sociedad y el ambiente, que superan largamente cualquier beneficio económico (1).

Si bien desde hace décadas se ha cuestionado la primarización en las exportaciones o la subordinación a los mercados internacionales, ahora se cuenta con mejores marcos conceptuales para entender que esos y otros problemas se derivan de los extractivismos.

Ante esta situación es indispensable buscar alternativas para salir de esa dependencia. Esas exploraciones, englobadas bajo el término “postextractivismo”, despegaron inicialmente en varios países andinos. Allí no bastó ni denunciar los impactos ni las movilizaciones ciudadanas, y se volvió necesario presentar alternativas posibles y comprensibles que pudieran reemplazar esos proyectos extractivos.

Argentina está entrando a ese tipo de discusiones. Las críticas y resistencias no bastan, ya que inmediatamente surgen reclamos tales como que sin minería no habría desarrollo, o bien, sin la soja colapsaría la economía nacional. Pero además, el postextractivismo obliga a reflexiones políticas claves, tales como hasta qué punto es una alternativa pasar de una minería transnacionalizada a una estatal.

El presente artículo comparte algunas ideas preliminares sobre una transición postextractivista en Argentina. No se pretende abordar todas sus facetas, sino apenas señalar algunos abordajes posibles. A su vez, estas son ideas que se nutren de las discusiones en marcha en los países vecinos.

Extractivistas con impactos locales y efectos derrame

Argentina es un país donde los sectores extractivistas tienen una enorme relevancia, y esto debe ser reconocido. La canasta de productos exportados lo confirma: la proporción de materias primas, los “commodities”, es muy alta, estando en el orden del 70% del total de las ventas externas. Además está concentrada en un mismo tipo de productos (la soja y otros bienes agrícolas dan cuenta del 40% de las exportaciones).

La exportación de ese tipo de bienes es tan enorme que alimentó un superávit en la balanza de comercio exterior en los últimos años (aunque intercalando algunos déficits, por ejemplo en 2015 y en lo que va de 2017). Como sabemos, esa balanza comercial se mide en indicadores monetarios (son los millones de dólares en las exportaciones y las importaciones).

Pero esa es una mirada muy parcializada. Cuando se usan los nuevos indicadores físicos, o sea las toneladas de materia exportadas contra las toneladas importadas, el resultado es otro. Sorprende encontrar un déficit desde por lo menos 1990, con una pérdida neta que pasó del nivel de los 30 millones de toneladas a inicios de ese década, a los 90 millones de toneladas en 2012.

Aquí no hay ningún superávit, y por el contrario, Argentina posee uno de los mayores déficits comerciales físicos en América Latina: debe exportar unas tres toneladas de commodities por cada tonelada de importaciones. Ese déficit nunca dejó de agravarse, se multiplicó por tres desde 1990, y en 2003 alcanzó un pico de ocho a uno (según un reciente estudio del equipo en economía ecológica de la Universidad de Barcelona; 2).

Esta salida neta de recursos naturales, tales como minerales o soja, exhiben un volumen o intensidad tan alta que se generan todo tipo de impactos locales. Entre ellos están, por ejemplo, la contaminación de suelos y aguas en las explotaciones mineras y petroleras, la deforestación y el deterioro de los suelos por los monocultivos, o el drama de los pueblos fumigados en las regiones sojeras. En algunos casos, esos impactos se convierten en verdaderas “amputaciones ecológicas” como se registra en la megaminería a cielo abierto (Bajo de la Alumbrera en Catamarca es un caso evidente), y ante ello plantear medidas de mitigación se vuelve un eufemismo. La evidencia sobre estos impactos locales es enorme, y proviene tanto del testimonio de comunidades locales como de relevamientos de técnicos independientes.

Esta situación dispara muchos conflictos locales, allí donde los impactos son más agudos sobre el ambiente y la calidad de vida de las personas. A su vez, las empresas y el Estado hostigan, criminalizan y judicializan a esas resistencias ciudadanas. Esos vecinos saben que los extractivismos no les han mejorado su calidad de vida ni les ofrecen una alternativa económica a largo plazo.

Como en otros países, también operan los llamados “efectos derrame”. Estas son modificaciones en las políticas públicas que se imponen para sostener o promover un emprendimiento extractivo, pero que tiene consecuencias que van mucho más allá de la escala local. Un ejemplo típico es reducir las exigencias ambientales para un proyecto, pero que más allá de ese caso el resultado es aceptar requerimientos más débiles para todos los demás proyectos y en todo el territorio nacional (o provincial). 

 Alternativas a los extractivismos

A partir de este muy breve y esquemático resumen se pueden presentar a los postextractivismos como las exploraciones de alternativas para dejar de depender de los extractivismos, pero con la particularidad de ofrecer medidas concretas, efectivas y replicables bajo el mandato de asegurar la erradicación de la pobreza, la calidad de vida de las personas y la conservación de la naturaleza (3).

Un ejemplo permite dar un primer paso en este sendero. Un componente clave del postextractivismo es detener los emprendimientos que originan los impactos más graves, allí donde destruye la naturaleza o afecta la salud pública. No pueden seguir tolerándose actividades que no puedan ser reformuladas social y ambientalmente más allá de sus supuestos beneficios económicos, y deberán ser clausuradas.

De la misma manera se deben aplicar medidas para reducir la dependencia exportadora extractivista. En un primer paso inmediato, los commodities no deberían superar el 50% de las exportaciones totales y tampoco deberían estar concentradas en un solo tipo de productos. Para avanzar en ese sentido es necesario promover otros sectores que los reemplacen, que demanden empleo, provean beneficios económicos, y acaten los requerimientos sociales y ambientales.

Debe quedar en claro que los postextractivismos no buscan suplantar un tipo de extractivismo por otro; su partido no se juega entre variedades de extractivismos, sino en salir de ese tipo de desarrollo. Esto tampoco significa demandar algo así como una naturaleza intocada, ni siquiera es una posición anti-minera o anti-petrolera. En cambio, postula aprovechar los recursos naturales sin destruir esa base ecológica, o dicho de otro modo, sin destruir a la Naturaleza. Son los extractivismos los que están destruyendo el patrimonio natural del país.

Por lo tanto, los aprovechamientos deben acomodarse a los límites ecológicos y a los ritmos de regeneración y recuperación del ambiente. Las transiciones postextractivistas postulan como meta alcanzar una “apropiación indispensable” que use los recursos necesarios para la calidad de vida de las personas, enmarcadas en asegurar la conservación de la naturaleza.

Estas ideas ya muestran un componente importante en los postextractivismos como es la exigencia en cumplir las normas sociales y ambientales que actualmente existen en el país. Son múltiples extractivismos que sobreviven gracias a evaluaciones de impacto ambiental de dudosa calidad, incumplimientos en los controles, ausencia de sanciones, u ocultamiento de información a la ciudadanía. Por ejemplo, a pesar de contarse con una Ley de Bosques que debería protegerlos (aprobada en 2007), de todos modos se deforestaron más de dos millones de hectáreas entre 2007 y 2014 (incluyendo 600 mil has de bosques protegidos; 4).

Otra economía

La reducción de los extractivismos tiene varias implicancias económicas y es necesario ofrecer alternativas. Comenzando por el delicado tema del empleo, un examen riguroso de los datos muestra que los extractivismos demandan relativamente poca mano de obra, y esas personas pueden ser reubicadas en otros sectores.

Luego se debe pasar a enfrentar los mitos que presentan a los extractivismos como enormes generadores de riqueza. Eso sólo es posible porque no se contabilizan sus grandes costos económicos por impactos sociales y ambientales; por ejemplo, la contaminación del agua o la erosión de los suelos bajo la sojización tienen un costo que alguien en algún momento pagará, y que debería se descontado en las cuentas del sector agrícola, pero que es invisibilizado. Entonces, si bien una reducción de los extractivismos hace caer los dineros por exportación, esto se compensa con menores transferencias para lidiar con efectos sociales, sanitarios y ambientales.

De manera similar, los precios de los commodities no incorporan esos costos ambientales y sociales. Su valor está determinado por los mercados globales como en la bolsa de granos de Chicago o la de metales en Londres. Ese valor, pongamos por caso una tonelada de cobre, no incluye los costos de los residuos que quedan al pie de la mina, el agua o los relaves contaminados. Es por esto que los postextractivismos plantean una corrección de esos precios incorporando también esos otros costos. Como resultado el valor económico de los commodities será mucho más alto que el actual, terminará la transferencia social hacia esas empresas, y se fuerza el objetivo de reducir los extractivismos.

Otra vez aparecerán las contracríticas por los recursos económicos que se perderían. Ante ella se pueden sumar otras alternativas económicas. Unos tienen apuntan a una reforma tributaria que sea efectiva y justa. En especial se debe terminar con los mecanismos de evasión impositiva (como las ventas trianguladas entre subsidiarias o las alteraciones en los costos y beneficios que reportan las empresas).

Otros son el desmonte de los subsidios explícitos o implícitos que se otorgan a los extractivismos. Entre ellos están las subvenciones, estímulos o renuncias tributarias para sostener por ejemplo a mineras y petroleras, o ayudas como no cobrar el agua o brindar energía eléctrica barata.

Estas transferencias pueden ser enormes, como demuestra un detallado análisis para el sector petrolero argentino, que encontró que totalizaron más de 13 mil millones de pesos de 2009 a 2015 (5). Esto equivale aproximadamente a una vez y media al presupuesto en salarios de todas esas empresas (privadas y estatales). Emerge aquí la obvia alternativa de usar esos dineros en apoyar otros sectores productivos. Es más, un postextractivismo petrolero en Argentina permitiría pagar los salarios de todos esos trabajadores asignándolos a otros sectores, y aun así se ahorrarían fondos públicos.

Casos como estos se repiten en otros sectores y en todos los países, lo que muestra que no es que el Estado no tenga fondos, sino que usa buena parte de éstos para sostener financieramente a los extractivismos.

La reducción de los sectores extractivistas debe ir acompasada con una diversificación productiva. Esta es una meta que nuevamente está en el centro de muchas discusiones, y por ello es necesario precisarla desde el punto de vista postextractivista.

Es claro que Argentina tiene enormes potenciales para diversificar su producción agropecuaria rompiendo el cerco de la sojización. Pero esa diversificación debe apuntar a esquemas orgánicos y ecológicos, para así aminorar los impactos ambientales y las necesidades energéticas, y a la vez, absorbiendo mano de obra. Esto además permitiría asegurar una alimentación plena a toda la población, anulando uno de los componentes más dolorosos de la pobreza que es la desnutrición. Finalmente, esa reorganización agropecuaria permite pasar a eslabones siguientes en la industria de los alimentos.

En el sector industrial el país tiene ventajas si por ejemplo se la compara con las naciones andinas, al poseer infraestructura, tecnologías y saberes en ese campo. Pero la industria también necesita una reconfiguración social y ecológica, con más énfasis en productos necesarios y duraderos para acompasar una menor tasa de extracción de recursos naturales y consumo de energía. Este cambio impone organizar cadenas industriales donde participen también los países vecinos.

Por este tipo de condiciones la reflexión sobre postextractivismo otorga una enorme atención al marco externo. Ir más allá de los extractivismo pasa por una desvinculación selectiva de la globalización como modo necesario para recuperar autonomía frente al capital. Esto requiere de un nuevo tipo de articulaciones entre países, en unos casos potenciando instrumentos que se dejaron de lado en los últimos años (como la coordinación en la oferta, comercio y precio de las materias primas) e instalando otros de nuevo tipo (como las coordinaciones productivas entrelazadas con complementaridades ecológicas) (6).

Todas estas transformaciones productivas deben ir de la mano con abandonar el consumismo que derrocha en materia y energía. Es necesario promover un consumo más austero pero más efectivo en asegurar la calidad de vida, enfatizando el uso antes que la posesión, y que aproveche bienes más durables. Medidas postextractivistas como alargar el tiempo de obsolescencia de los electrodomésticos eran criticadas hasta hace poco, pero ahora son aceptadas como necesarias e incluso algunos países comienzan a aplicarlas.

Entramados conservadores y progresistas

Los extractivismos requieren sin duda muchos cambios en los escenarios y dinámicas políticas. Muchos de ellos avanzan violando los derechos humanos, y por ello un postextractivismo insiste en salvaguardarlos plenamente. También se mantienen gracias a la corrupción, usándola de variadas maneras, tales como acceder a contratos o evitar las sanciones (como evidencia la conexión argentina de los sobornos de Odebrecht para tener el contrato de la red de gasoductos; 7). El postextractivismo es entonces el mejor antídoto ante esa corrupción anulándola en su propio origen.

Pero una cuestión más compleja se debe a que los extractivismos proliferaron bajo distintas condiciones políticas y eso ofrece muchas lecciones para pensar las alternativas. Sin olvidar sus raíces históricas, en el pasado más reciente los extractivismos fueron promovidos por los gobiernos kirchneristas primero, y ahora por el macrismo. El avance de la sojización fue alentado por Néstor Kirchner, y la apertura al fracking se redobló con Cristina F. de Kirchner; los dos, además, sostuvieron una minería bajo mínimos controles. Su implementación es parte de los llamados “extractivismos progresistas” que, entre otras cosas, tenía cierta participación estatal (con la creación de Enarsa o la reestatización de YPF).

Bajo el gobierno de Macri se refuerzan los extractivismos pero se instrumentalizan de otra manera: el Estado retrocede dejando mayores espacios al mercado, a los inversores extranjeros y a las corporaciones transnacionales. Es un caso de “extractivismo conservador”. Entre sus componentes destacados están los apoyos a los monocultivos y al fracking en el sur. En la misma línea opera el reciente “Acuerdo Federal Minero” que es una medida típica de los extractivismos conservadores actuales porque acepta algunas medidas ambientales, casi siempre cosméticas (8). En el acuerdo se indica que se clausurará la minera que alcance tres faltas ambientales graves, una promesa que comprensiblemente es tomada con escepticismo (ya que esas faltas ocurrieron con Veladero y desde el ministro del ambiente Sergio Bergman al poder judicial nacional y provincial, no impusieron esa sanción; 9). El grueso del acuerdo promueve la megaminería y favorece a sus capitales, en línea con la meta gubernamental de alcanzar los US$ 25 mil millones de inversiones mineras, para lo cual deberá flexibilizar los requisitos ambientales (como ha ocurrido en Perú y Bolivia, por ejemplo) (10). La reciente emisión de deuda externa a cien años de plazo reforzará todavía más las presiones extractivistas para pagar esos bonos.

Por lo tanto, los extractivismos argentinos actuales son una mezcla progresista y conservadora, kirchnerista y macrista. Se confirma así una advertencia clave en recientes estudios que indican que más allá de la instrumentalización, sea progresista o conservadora, todos los extractivismos mantienen una misma esencia en sus ideas sobre el desarrollo como crecimiento económico basado en una apropiación masiva de la Naturaleza.

Esto tiene enorme importancia para las opciones postextractivistas. El horizonte de cambio no está en ir desde los extractivismos conservadores basados en el mercado (como los del macrismo) a unos extractivismos progresistas más estatales (imitando, pongamos por caso, aquellos de Ecuador o Bolivia). Toda la información comparativa internacional muestra que incluso bajo los extractivismos progresistas se repiten los impactos sociales y ambientales, que la obsesión con generar rentabilidad en las empresas estatales termina en las mismas manipulaciones sobre los trabajadores, las comunidades locales y el ambiente, llegando a la criminalización y persecución. Y por si fuera poco, también deberán subordinarse a los mercados globales para poder exportar esas materias primas. Todo esto apunta a que los postextractivismos deben brindar alternativas tanto a las posturas progresistas como conservadoras.

Hay quienes defienden los extractivismos progresistas sosteniendo que nada se puede hacer ya que los países del sur están atrapados dentro de la globalización (como piensa, por ejemplo, Álvaro García Linera en Bolivia y que en Argentina repite Atilio Boron). Bajo esa mirada ya no hay alternativas radicales, sólo queda la resignación al desarrollo dependiente con la esperanza de un Estado que reparta de mejor manera los dineros, o sea, aceptar alguna variedad de un capitalismo benévolo. En cambio, los postextractivismos sostienen que hay alternativas posibles, ya que nuestros países no están condenados a ser proveedores de materias primas.

Perspectivas de los postextractivismos

Los debates sobre alternativas postextractivistas están en marcha en varios países. Se nutren de muchas experiencias locales que ofrecen ejemplos notables, y ofrece marcos conceptuales para sumarlas y organizaras en propuestas de transformaciones sustanciales. Se brindan instrumentos concretos para políticas públicas precisas que permitan avanzar hacia esas alternativas.

La mayor barrera que enfrentan los postextractivismos no está ni en la escasez de antecedentes ni la ausencia de otros instrumentos o políticas, sino en lo que podría llamarse barreras “culturales”. Son los mitos y prejuicios ampliamente compartidos, y que anteceden a las ideologías partidarias convencionales, y que resultan en la fatalista aceptación de ser extractivistas. Las alternativas radicales se juegan ahora en esa otra frontera, y los postextractivismos son uno de sus principales frentes de exploración.

Referencias

1. Una biblioteca con artículos, reportes y libros sobre extractivismos, incluyendo sus definiciones e impactos, se puede encontrar en: www.extractivismo.com 2. Samaniego, P. y colaboradores, Commercial and biophysical déficit in South America, 1990-2013, en Ecological Economics, 2017.

3. Una biblioteca con textos y otros recursos sobre postextractivismo está disponible en: www.transiciones.org 4. Desmontes S.A. Parte 3. El mapa del delito forestal en Argentina. Greenpeace, 2016.

5. López Crespo, F. y colaboradores. Transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina. Ejes, Observatorio Petrolero del Sur y Taller Ecologista, 2016.

6. Una introducción a los aspectos internacionales de los postextractivismos en Gudynas, E. La dimensión continental y global de las transiciones hacia las alternativas al desarrollo, en “Transiciones y alternativas al extractivismo en la región andina”, A. Alayza y E. Gudynas, eds, RedGE y CEPES, Lima, 2012.

7. Odebrecht: revelan que De Vido acordó coimas por US$ 25 millones, H. Alconado Mon, La Nación, 18 junio 2017.

8. Macri y las provincias firman el postergado "Nuevo Acuerdo Federal Minero", Perfil, 13 junio 2017.

El acuerdo está disponible en https://www.minem.gob.ar/prensa/26445/el-presidente-macri-presento-el-acuerdo-federal-minero.html

9. Nuevo derrame de Barrick Gold en San Juan, La Izquierda Diario, 13 enero 2017, 10. El Gobierno apuesta a duplicar la inversión en minería, G. Sued, La Nación, 30 enero 2017. La Justicia habilitó a Barrick Gold a operar en Veladero. Infobae, 16 junio 2017.

Este artículo es parte de una serie sobre postextractivismo en América del Sur; la primera entrega abordó a Chile (publicada en Rebelión el 14 junio 2017 - http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227830)

Eduardo Gudynas es investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. 

Twitter: @EGudynas

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228541

En consecuencia, la impunidad del poder fáctico o de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales se refiere a que:

“Empujan a la humanidad al límite”.

Vandana Shiva escribió a la Corte Suprema argentina

6 de julio de 2017

Ecofeminista india y ganadora del Nobel Alternativo, Shiva impulsó el tribunal civil internacional que juzgó a Monsanto y lo consideró culpable de ecocidio. Pidió a la Corte Suprema la suspensión de la Soja Intacta RR2 de la empresa Monsanto, por los graves riesgos que implica.

 

Por Diego Fernández Romeral

“Es un día para recordar que somos parte de la Tierra, y que todos tenemos el deber de cuidarla. Que dos siglos de desarrollo impulsado por combustibles fósiles está empujando a la humanidad al límite. Y tenemos que cambiar de rumbo”. Con esta sentencia, la filósofa y ecofeminista india Vandana Shiva, ganadora del Premio Nobel Alternativo en 1993, comenzó la carta que se replicó a lo largo del mundo a partir del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio. Pero el rumbo de sus preocupaciones, cuyo foco ahora está puesto en los problemas ambientales que asolan al planeta, venía de posarse sobre la Argentina. Unas semanas atrás, Shiva hizo llegar un escrito judicial a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de participar en el juicio que la ONG Naturaleza de Derechos inició contra la corporación Monsanto y el Estado Nacional, mediante el que se intenta prohibir la liberación y comercialización de la soja transgénica RR2 en el territorio argentino.

 

Convertida en una de las principales referentes mundiales dentro de los movimientos ecologistas, Vandana Shiva fue una de las promotoras de la conformación del Tribunal Civil Monsanto que durante el mes de octubre de 2016 recibió decenas de testimonios de todas parte del mundo sobre las implicancias en la salud y el ambiente de los agrotóxicos y organismos genéticamente modificados, y que en abril pasado declaró a Monsanto culpable del delito de ecocidio en la Corte Internacional de La Haya. Tras su visita el año pasado a la Argentina, durante el Festival de Cine Ambiental realizado en la Ciudad de Buenos Aires, Shiva estableció un vínculo con organizaciones socioambientales locales que se convirtió en un puente para que el 22 de Mayo pasado acudiera por escrito ante la Corte Suprema de Justicia, declarando su interés por “presentarse en la causa judicial como Amicus Curiae, a fin de dar una opinión a esta Corte sobre la necesidad de decretar la suspensión de la Soja Intacta RR2 de la empresa Monsanto Argentina SAIC, que representa un riesgo de daño grave e irreparable a la agricultura tradicional, salud humana, ambiente y biodiversidad”.

 

En ese mismo escrito, Shiva explica a la Corte Suprema la necesidad de una audiencia pública previa al tratamiento del caso que acaba de llegar a sus manos, que permita la opinión de expertos independientes sobre los Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Sin ese paso, para la filósofa hindú es imposible poder determinar las consecuencias sociales y los efectos ambientales producidos por los agrotóxicos de Monsanto, cuya inocuidad alimentaria y ambiental –esgrimida por la multinacional desde sus comienzos–, nunca fue probada en estudios a largo plazo. Por otra parte, Shiva señala que el cultivo transgénico RR2 está preparado para uno solo de los más de diez sub-biomas de la Argentina, y que se desconocen los efectos que pueda causar en el resto del territorio.

Luego de recibir una mención especial en Nueva Dehli por su “vida de servicio a la Tierra”, durante el Día Mundial del Medio Ambiente, Shiva participó del funeral de Madhav Dave, el Ministro de Medio Ambiente Hindú que había recibido amenazas por desaprobar la mostaza transgénica de Monsanto en la India, y que fue encontrado muerto en su casa el 18 de mayo. Al llegar a su ciudad natal, Dehradun, Vandana Shiva atendió a Páginað12 para hablar sobre el complejo escenario ambiental en el que estamos inmersos.

 

–¿Cuáles son hoy las problemáticas ambientales más graves que enfrenta la humanidad?

–El problema más profundo es la continuación de la visión mecanicista del mundo, el cual ve la naturaleza como algo inerte, como materia prima a ser explotada, como un vertedero para nuestros desechos. Esta visión del mundo ganó fuerza con los combustibles fósiles, y se impuso en el mundo a través del colonialismo, destruyendo las culturas de Bhoomi, Pachamama, Gaia, las cuales ven a la Tierra como un ser vivo, y a los seres humanos como parte de la tierra. Las diversas expresiones de la crisis ecológica –caos climático, erosión de la biodiversidad, extinción de especies, desaparición y contaminación del agua, desertificación, contaminación tóxica– están todas relacionadas con este paradigma mecanicista anquilosado.

 

–¿Cuáles son las expresiones materiales más peligrosas de este paradigma mecanicista?

–Como científica ecológica y activista, veo la agricultura industrial como la fuente más importante de destrucción de la salud del planeta y nuestra salud. El 75 por ciento de la destrucción del suelo, del agotamiento del agua, de la erosión de la biodiversidad, están relacionados con los impactos de los productos químicos en la agricultura. Estos productos químicos se derivan de los combustibles fósiles, y la agricultura industrial es responsable de la mitad de los gases de efecto invernadero que contaminan la atmósfera y causan inestabilidad climática. Los alimentos de esta agricultura también son responsables del 75 por ciento de las enfermedades crónicas que afectan a la humanidad. La fumigación de Roundup en Argentina, en la soja Roundup Ready, ha llevado a una epidemia de cáncer. Esto era conocido por Monsanto desde 1984. Sin embargo, mintieron diciendo que el glifosato Roundup es seguro. Pero tenemos una alternativa probada en la agroecología del cultivo de alimentos sin venenos. La agricultura libre ahora se ha convertido en una alternativa para el medio ambiente y la salud. Y creo que está teniendo lugar un gran cambio de conciencia.

 

¿Qué posibilidades se abren para prohibir los cultivos transgénicos luego de que La Haya condenase a Monsanto por sus crímenes contra el medio ambiente?

Creo que se está volviendo inaceptable para la gente que las corporaciones criminales y los gobiernos pícaros puedan destruir la tierra sin ninguna responsabilidad, violando el principio de que el contaminador debe pagar. Creo que el mundo está cada vez más abierto para entender el ecocidio como un verdadero crimen contra la naturaleza.

 

–Hace pocas semanas, luego de visitar la Argentina en 2016, usted envió a la Corte Suprema de Justicia un escrito para poder atestiguar contra la corporación Monsanto, ¿cuáles son sus impresiones sobre la situación en el país?

–En Argentina e India, Monsanto está atacando las leyes de patentes que reconocen que somos parte de la familia de la Tierra, que las plantas y los animales no son invenciones humanas y por lo tanto no son patentables. La codicia de Monsanto por recaudar derechos de autor a través de patentes sobre semillas está llevándola a atacar nuestras leyes nacionales y la soberanía de semillas

 

–¿En qué países se ha prohibido el uso de cultivos transgénicos?

–La mayor parte de Europa está libre de OGM, la mayor parte de Asia está libre de OGM. Aparte del algodón transgénico, India no tiene ningún cultivo de alimentos transgénicos. Monsanto trató de impulsar una berenjena transgénica. Se organizaron audiencias públicas en todo el país y se detuvo. Durante dos años, Monsanto-Bayer ha estado intentando empujar una mostaza transgénica que hemos detenido hasta ahora. El Satyagraha (término acuñado por Mahatma Gandhi que se refiere a “la fuerza de la verdad”) y la no cooperación con el Cartel del Veneno son nuestras últimas estrategias de organización para tener zonas libres de OGM y de venenos.

 

–Los cambios ambientales, con el calentamiento global en primer lugar, hoy amenazan con erradicar la vida en el planeta en el corto o mediano plazo. ¿Cree que es posible revertir esta situación?

 

El planeta no terminará con el calentamiento global. Lo que terminarán son las condiciones para la vida humana en la tierra. Científicos como Stephen Hawking dicen que en 100 años estaremos extinguidos, o que deberemos escapar a otros planetas. Pero hay una tercera opción, reconocer que somos terrícolas, miembros de la familia de la tierra. Podemos rejuvenecer este planeta, nuestro hogar, a través de la agroecología, y crear condiciones para la continuación de la vida humana y de otros seres vivos en la tierra. La agroecología no es sólo la solución a la epidemia de veneno y enfermedad. Es la solución al cambio climático porque a través de las plantas y la biodiversidad se extrae el exceso de carbono y nitrógeno del aire, y es devuelto al suelo, como escribí en el libro Soil not Oil. Quedarse aquí y cuidar de la Tierra también nos permite cuidar nuestro futuro. Esta es nuestra mejor opción. Es un imperativo ecológico.

3 de julio, 2017

Página 12

Leer

 

 

 Pensemos esa impunidad como manejo del capitalismo para su insaciable enriquecimiento sin importar desposeer de todo a la gran mayoría de la humanidad y a los otros seres vivos. Las izquierdas que percibimos el antagonismo irreconciliable con el sistema y lo sufrimos, resistimos como extractivismo en Nuestra América nos diferenciamos también de las izquierdas afines al progresismo por imaginar un futuro distinto a una economía nacional industrializada y a un Estado de bienestar. Es que su antiimperialismo y su focalización en  Estados Unidos, denuncia su ilusión de reanimar las décadas 50 y 60 soñadas como lo máximo a aspirar. No han logrado desentramparse del capitalismo y su memoria es sesgada respecto, por ejemplo, a las economías regionales extrapampeanas. Pero nuestro desencuentro es además con los marxistas que conciben el progreso como desarrollo de las fuerzas productivas.

 

Emiliano Terán Mantovani nos ayuda a indagar hacia dónde rumbear:     

 

 

El sentido comunal de la crítica al extractivismo

20 de mayo de 2015

 

 Por Emiliano  Terán Mantovani            

Como los conquistadores del Far West americano, el capitalismo avanza hacia el desierto”.

José Natanson

 

Como si fueran equivalentes Estado, Gobierno y Administración. Como si el Estado fuera el mismo, como si tuviera las mismas funciones de hace 20, 40, 100 años. Como si el sistema fuera también el mismo y mismas las formas de sometimiento, de destrucción. O, para ponerlo en términos de la Sexta: las mismas formas de explotación, represión, discriminación y despojo. Como si allá arriba el Poder hubiera mantenido invariable su funcionamiento. Como si la hidra no hubiera regenerado sus múltiples cabezas.

Subcomandante Galeano (EZLN), abril 2015

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Como lo han planteado recientemente los zapatistas, esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera o una tormenta? Los crecientes rasgos de caos sistémico que se desarrollan ante nuestros ojos, interpelan con fuerza, una y otra vez, el sentido de los debates políticos sobre transformaciones y resistencias a la incesante expansión del capital; impactan sus dinámicas, crean constantemente encrucijadas, dilemas éticos; hacen que sean cada vez menos útiles algunos análisis centrados en los aspectos formales y regulares de los sistemas.

 

El movimiento salvaje del capital ha convertido al sistema capitalista contemporáneo en una especie de Frankenstein. Se trata en efecto, de un régimen de biopoder global muy asimétrico, pero que se despliega en un sistema de altísima complejidad e incertidumbre, con crecientes manifestaciones caóticas, de múltiples bifurcaciones, inestabilidades, fragmentaciones y volatilidades, sin precedentes en su historia; un proceso que recuerda también la metáfora de Marx en el Manifiesto Comunista, aún más pertinente para nuestros tiempos, del brujo que se vuelve impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. Bajo los pies de todo el juego geopolítico actual, de la guerra mundial por los recursos, de todas las pugnas territoriales de poder que hoy se desarrollan, se reproduce un orden metabólico incontrolable, como lo ha planteado István Mészáros.

En este sentido, y con respecto a los sistemas extractivistas latinoamericanos, ¿qué impacto tendrá para éstos, sus pobladores, sus territorios, el desarrollo de esta crisis civilizatoria, en relación a los distintos niveles de vulnerabilidad de la región? ¿Cómo leer las mutaciones regresivas del «ciclo progresista» en los últimos años, a la luz de la dinámica de caos sistémico global? ¿Cómo se vincula esto, con los notables cambios en los órdenes metabólicos de nuestros países de la última década, que en diversos casos, como el venezolano, hace manifiesto los límites y el agotamiento de sus modelos de “desarrollo”?

 

De esta compleja coyuntura histórica, se desprenden también otra serie de preguntas fundamentales, ¿cuáles son pues, los horizontes positivos, programáticos, éticos, políticos de la crítica al extractivismo? ¿Hacia dónde apunta? ¿La crítica al extractivismo debería servir para apuntar al “desarrollo” de una “economía nacional” industrializada? ¿El centro de los objetivos es mejorar la producción, la productividad, y engordar el sector secundario? Ante las crecientes manifestaciones de caos sistémico, ¿hacia dónde se dirige la crítica?, ¿quiénes gestionan en los países o territorios de América Latina, las transformaciones y paliativos ante el agravamiento de la crisis global? ¿Qué podrán ser capaces de ofrecer los Estados extractivistas (periféricos) ante esta situación?

La “primavera” progresista, viva y movida en la década pasada en muchos países de la región, que avivó los debates sobre el neoextractivismo, se ve cada vez más lejos en el retrovisor, y es opacada por los nubarrones visibles en el horizonte. Las cosas van cambiando a un ritmo sostenido.

 

Los anhelados Estados de bienestar, parecen formas políticas coyunturales de un momento del desarrollo histórico capitalista, de una serie de condiciones, que no parecen poder repetirse en la actualidad. ¿Cómo se conjuga la soñada industrialización, con los límites de la expansión de los procesos de reproducción ampliada de capital, a escala planetaria?, ¿cómo queda el afán de “desarrollo nacional” ante el hipotético «fin de los ciclos Kondratieff»[1]?, ¿a cuánto tiempo, y en qué escalas geográficas va a ser posible planificar?, ¿cuál es nuestra capacidad para atenuar los notables grados de vulnerabilidad sistémica que posee la región, ante situaciones difíciles?, ¿qué formas van tomando las disputas territoriales y qué capacidad puede mantener el Estado para monopolizar su poder en territorio nacional? Y en este sentido, ¿qué papel político pueden jugar las diversas formas de extractivismo delincuencial[2] que operan en América Latina?

 

Ante semejantes amenazas, incluso a la propia posibilidad de vida humana en el planeta, el sentido ético-político de la crítica al extractivismo centra su mirada en la reproducción de la vida y sus ciclos, en el más amplio sentido de la palabra ―no sólo vida humana―. Se trata de una moneda con sus dos caras: una que busca desnudar al extractivismo mostrando sus límites y consecuencias, poniendo en evidencia sus narrativas y aspectos programáticos, y la falsa idea de que “no hay alternativas”; la otra, intenta visibilizar que no hay fórmula post-extractivista que valga, por más deslumbrante que sea la promesa, si se niega a reconocer la soberanía popular-territorial, si se rehúsa a privilegiar la riqueza ontológica de la vida, los procesos ecológicos de producción de valor. En este sentido, el proyecto ético-político que constituye la crítica al extractivismo, se centran en la defensa y reproducción de los comunes, de lo común.

 

Caos sistémico y territorios en resistencia: la biopolítica de los comunes

El desafío a los capitalismos extractivos, al ser éstos órdenes metabólicos transterritoriales[3], son no sólo horizontes políticos del campo rural, campesino o indígena, sino también urbano. El ámbito y la producción de los comunes, claramente diferente del ámbito histórico de lo público y lo privado, no sólo se define a partir de la acción colectiva, constitución de comunidad, y/o tejidos cooperativos (estables o no) entre sujetos, sino en la manera sinérgica y armónica en la cual interactúan con sus ecosistemas para reproducir la vida inmediata. Los bienes comunes, la riqueza común del mundo material e inmaterial (agua, biodiversidad, saberes, etc.), son comunizados en la gestión social colectiva, mediante acuerdos intersubjetivos para garantizar la subsistencia, sin agredir a cualquier otra experiencia de comunes. Es en este sentido, que hablamos de un «concepto biopolítico de lo común»: los bienes para la vida son componentes de un ecosistema, al igual que los humanos y las interacciones sociales. Se trata de un concepto ecológico cualitativo[4] para la reproducción de la vida.

 

Esta noción potenciadora de la crítica al extractivismo tiene importantes implicaciones políticas que es necesario resaltar. -En primer lugar, ante escenarios de caos sistémico, de gran complejidad y alta incertidumbre, en los cuales los entornos pueden cambiar rápidamente (en términos políticos, sociales, climáticos, etc.), el principio de orden es la comunidad y lo comunitario. Si los sistemas se caotizan, son las fuerzas sociales territoriales las que tienen principalmente el alcance y la capacidad de resistir y/o transformar las múltiples perturbaciones que afectan la reproducción de su vida cotidiana. Es en lo molecular donde lo común puede luchar contra los estragos del caos capitalista.

 

-En segundo lugar, si el capital penetra todos los espacios y ámbitos de la vida humana ―por esta razón es un sistema “totalitario” para Mészáros―, esto implica que en primera instancia, es en ellos donde las formas de lo común no sólo producen sus resistencias territoriales, sino también germinan las formas futuras del cambio histórico en desarrollo. Mientras que las corrientes hegemónicas de la política en América Latina acotan todo el discurso en plantear cuál es el mejor balance entre Estado y Mercado, los comunes, con su diversidad de potencialidades y situaciones, trazan sus propios libretos e intentan defender y ejercer su soberanía territorial, y conformar mejores balanzas de poder con los gobiernos instituidos, sobre la premisa de un mandar obedeciendo o un «poder obediencial» (E. Dussel); esto tanto en los ámbitos rurales o semi-rurales (por ejemplo, las resistencias actuales contra el proyecto minero Tía María, Arequipa, Perú), como en los urbanos (por ejemplo, la Asamblea Ciudadana en defensa del parque Alberdi en Santa Fe, Argentina, o los campamentos de pioneros en Caracas, Venezuela). En todos los casos, el horizonte anti y post-extractivista desde lo común, recentra la producción de lo político en la vida inmediata colectiva de los y las pobladoras, sin que eso implique el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas biorregionales, nacionales, continentales o globales.

 

-En tercer lugar, una noción biopolítica de lo común resalta el carácter biocéntrico de su proyecto emancipatorio –biocéntrico por estar centrado en la Vida, en el más amplio sentido de la palabra (no solo vida humana), sin por esto borrar al ser humano–. Esta idea invita a preguntarse, ¿dónde está la riqueza?, ¿dónde está la energía?, ¿dónde se produce el valor?

 

La lógica de expansión geográfica, de crecimiento geométrico y fractal del sistema capitalista, no se da sólo en la superficie del campo social, ni únicamente por medio de la intervención del trabajo vivo humano, como se ha planteado generalmente desde las teorías antropocéntricas del valor; sino se desarrolla fundamentalmente a partir de la búsqueda permanente de dominación de la propia reproducción de la Vida y sus ciclos. A parte de la dominación sobre el trabajo vivo humano, la captura energética que produce el movimiento del capital y sus circuitos de acumulación se obtiene también de la producción de vida de los demás componentes de un ecosistema. Incluso el trabajo vivo humano se alimenta de éstos. Es imposible abstraer el plusvalor de la vida ecológica.

 

Estas omisiones son reflejo de la concepción de la economía humana como un meta-sistema, en vez de considerarlo como continuación del proceso reproductivo de la Vida. La centralidad del trabajo humano objetivado, ha dejado de lado otros productos no humanos constitutivos de la vida social –no solo los residuos, sino los diversos procesos de transformación de energía que alimentan a otros componentes–, los cuales se subsumen al primero.

 

El sistema capitalista pues, antes que un orden metabólico “social”, es primero un orden metabólico territorial. Produce sus propios ecosistemas, en los cuales instituye, de manera simultánea, formas de dominación sobre los humanos y sobre la naturaleza. Aliena la riqueza ontológica de la vida[5] para hegemonizar la forma dinero.

Hay una relación muy estrecha (pero invisibilizada, o muy poco atendida) entre energía y valor –valor definido ahora, en su amplio sentido ecológico–. Las omisiones tradicionales sobre dónde está la energía, la riqueza, o dónde se produce el valor, no sólo están muy vinculadas con las causas de la crisis ecológica global, sino que la visibilización de estas formas bio-económicas, tiene relación con las posibilidades de potenciar formas de autonomía material para pueblos, en la medida en la que se recuperan, rescatan o expanden formas de producción, aprovechamiento y uso de energías de escalas moleculares, descentralizadas, provenientes de la riqueza propia de los ecosistemas que constituyen la vida social.

La energía pues, no está sólo en los macro-procesos energéticos –aunque estos son los hegemónicos–, no sólo es la que aparece reflejada en las estadísticas de los informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), de la OPEP, de la BP, o de los ministerios de energía de nuestros países. Hay múltiples procesos moleculares de producción de energía en numerosas formas de la vida cotidiana, muchas de las cuales están íntimamente vinculadas con diversas formas de resistencia (directas o indirectas) a la dominación capitalista, con tramas comunales y cooperativas, y/o con prácticas ecologistas que buscan revertir los procesos depredadores del sistema moderno.

 

En este sentido, podemos hablar de energías insurgentes o disidentes, en la medida en la que su producción biopolítica crea y posibilita prácticas sociales más allá del capital[6]. Son una especie de lógicas populares de «permacultura» que, con variados alcances, ofrecen vías para la producción de lo común, y referentes materiales para enfrentar las consecuencias de la crisis civilizatoria y el caos global.

 

Cinco principios de la biopolítica de los comunes

 

A partir de lo antes expuesto, proponemos cinco principios fundamentales en relación a energía, caos sistémico y producción de lo común:

 

  • Tenemos que apropiarnos de nuevas escalas de valor y nuevos conceptos de riqueza: nuevos parámetros en la representación del valor, que tengan un carácter biocéntrico, que permitan no sólo desmantelar el aparato argumental que justifica al extractivismo, sino reformular nuestros patrones de vida cotidiana, nuestros horizontes políticos, nuestros procesos de producción de subjetividad, y nuestras capacidades materiales de autogestión, en la medida en la que desarrollamos nuevas relaciones ecosistémicas, que sean ecológicamente productivas, y que se potencian a partir de la gestión cooperativa.
     

  • Comunismo resiliente: la producción de lo común es imperiosa ante el caos sistémico. Junto con la conciencia de la crisis civilizatoria, y de sus posibles consecuencias socioterritoriales, está el concepto de resiliencia, que nos remite a la capacidad de una comunidad/ecosistema, de soportar y recuperarse ante perturbaciones significativas del mismo. En este sentido, es fundamental recuperar los procesos que hacen posible la reproducción de la vida social y mantenerlos cerca de nuestros territorios, como lo propone Rob Hopkins[7]. Difícilmente se puedan pensar procesos de transformación y resistencias sociales más allá del concepto de resiliencia.
     

  • Otras soberanías: comunizar, ocupar y reapropiar: reconocer que los ecosistemas básicamente funcionan de manera cooperativa y no jerarquizada, y que los bienes comunes para la vida no pertenecen exclusivamente a nadie, no basta para producir lo común. El tipo de relación y gestión común que se produce entre los sujetos, y su relación con los ecosistemas debe ser ejercido. De esta forma, si se trata de un open source, de una empresa de propiedad mixta, de una okupa, o de una comuna venezolana legalizada por el Estado socialista, es secundario. No interesan primordialmente los aspectos formales o nominales de estas gestiones, sino la potencialidad política popular de ejercer la soberanía y lo común sobre el territorio y los bienes para la vida, sea por vías de acción directa o bien por negociaciones vistas desde el «poder obediencial».
     

  • Comunizar a partir de la reproducción de la vida: como lo ha reconocido Silvia Federici, la centralidad de la política y la economía, ha girado en torno al campo de los medios de producción, dejando de lado lo que ha denominado los «medios de reproducción de la vida», un campo que no sólo ha sido llevado fundamentalmente por la mujer, sino que también ha sido el ámbito de la vida social donde suelen reproducirse las formas de lo común[8]. Es por tanto esencial, recuperar la reproducción de la vida como elemento central de la política.
     

  • Las diversas tradiciones de lucha, las diversas formas de lo común: cada territorio, cada nación, tiene tejidos y formas cooperativas y comunitarias diversas, con cosmovisiones, parámetros y complexiones diferentes. Pueden tener viejas tradiciones ancestrales o ser más contemporáneas y fragmentadas como los grandes ámbitos urbanos. Son estas las características ecosistémicas que definen cada una de estas luchas, sus puntos de partida, y no así lo es un libreto pre-establecido, aunque es importante compartir algunos horizontes ético-políticos de lucha. Hemos insistido, por ejemplo, para el caso venezolano, que la subjetividad contrahegemónica más potente y masiva de la historia del capitalismo rentístico es el «chavismo», y que esta es una fuerza que se constituye ontológicamente de abajo hacia arriba, aunque esto haya sido presentado generalmente al revés[9], y aunque diversas tramas corporativas intenten capturar su potencia popular-insurgente. Como lo han reconocido Negri y Hardt, “uno de los escenarios decisivos de la acción política hoy implica la lucha en torno al control o la autonomía de la producción de subjetividad[10]. Cada experiencia de producción de lo común, se enfrenta no sólo a la conflictividad geopolítica, a la crisis civilizatoria, sino también a la micropolítica de agresión sobre estos procesos contrahegemónicos de subjetividad, de corporalidad, de creación de nuevos sentidos comunes. He ahí uno de los grandes desafíos para estos procesos de transformación, en todas sus escalas, que se vive con enorme intensidad en la Revolución Bolivariana.

Caracas, mayo de 2015

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG).

Referencias bibliográficas

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/169743