Qué Estado

Octubre 2018

Con reestructuración a favor de megamineras del Council…

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Nos urge situar a una creciente mayoría de los diversos de abajo -sin fronteras- en deliberar sobre porqué nuestro enfrentamiento es con el sistema mundo capitalista. Otra aclaración fundamental consiste en hacer política mirando a posibilitar el protagonismo autoconciente de los pueblos en la toma de decisiones sobre el destino común y esto exige superar la focalización en el ¡fuera Macri! y la grieta que nos divide en una polarización funcional al avance de los privilegios burgueses sobre las necesidades e intereses populares.

 

Hoy el ajuste como guerra frontal contra los trabajadores y los pueblos es el programa del G-2O para resolver la crisis del capitalismo mundializado y el G-2O  pretende extender esa regresividad a todo el Abya Yala. Ante esto nosotros debemos confrontar pero mediante un modo consecuente (e internacionalista) con nuestros objetivos de ir propiciando que una creciente mayoría encamine buenos vivires convivires abajo. Suscitar e incidir en la autodeterminación de los pueblos nos desafía a promover el desentrampamiento del kirchnerismo y los otros gobiernos progresistas. Analicemos:

 

Corrupción, la punta del iceberg

30 de agosto de 2018

 

 

Por Alejandro Teitelbaum (Rebelión)

 

¡Oro!, ¡oro maravilloso, brillante, precioso! ¡No, oh dioses, no soy hombre que haga plegarias inconsecuentes! (Simples raíces, oh cielos purísimos!) Un poco de él puede volver lo blanco, negro; lo feo, hermoso; lo falso, verdadero; lo bajo; noble; lo viejo, joven; lo cobarde, valiente ¡oh dioses! ¿Por qué? Esto va arrancar de vuestro lado a vuestros sacerdotes y a vuestros sirvientes; va a retirar la almohada de debajo de la cabeza del hombre más robusto; este amarillo esclavo va a atar y desatar lazos sagrados, bendecir a los malditos, hacer adorable la lepra blanca, dar plaza a los ladrones y hacerlos sentarse entre los senadores, con títulos, genuflexiones y alabanzas.
(Shakespeare, Timón de Atenas. Citado por Carlos Marx, Manuscritos económicos filosóficos de 1844. Tercer Manuscrito [El poder del dinero]).

El ansia por acumular dinero y bienes por cualquier medio es un rasgo común de todos los que tienen poder económico y, casi siempre, también de quienes detentan el poder político. Sobre todo cuando saben que pueden hacerlo impunemente porque el sistema económico vigente promueve la corrupción y ésta es facilitada por la ausencia–en todos los Estados del mundo- de un verdadero control popular de la gestión de la cosa pública.

Argentina no es, en modo alguno, la excepción. Ni lo fue antes ni lo es ahora.

Muy oportunamente para el actual Gobierno, se destapó la olla de la corrupción durante el kirchnerismo, pero de manera parcial, a fin de no sacar a relucir la continuidad en lo fundamental de las políticas entreguistas, antinacionales, antipopulares, y antiecológicas de ambos gobiernos.

Es por ello que ahora sólo apareció la punta del iceberg, pero no el resto.

Algunos ejemplos.

1) Contrato YPF-Chevron

El 13 de julio del 2013 YPF y Chevron firmaron el acuerdo de proyecto de inversión para explotar en Vaca Muerta1, provincia de Neuquén, yacimientos petrolíferos por el método de “fracking”. Método prohibido en varios países por su reconocida peligrosidad ecológica y geológica (véase http://sgerendask.com/en-cuales-paises-esta-prohibido-el-fracking/).

Varias cláusulas del contrato y anexos permanecieron secretos.

Ni YPF ni Chevron aceptaron entregar copias al Congreso. Adujeron que ambas petroleras eran privadas, que sus documentos eran confidenciales y que, por lo tanto, no había razones para exponerlos.

El entonces senador nacional Rubén Giustiniani inició una causa judicial para que se diera a conocer el acuerdo. La empresa alegaba que el decreto 1172/2003 de acceso a la información pública no la alcanzaba y que su difusión podría violar acuerdos comerciales que se comprometió a mantener en secreto. 

La confidencialidad fue avalada primero por el gobierno de Cristina Kirchner y luego por el de Mauricio Macri. "Hay secretos de tipo comercial, científico y tecnológico que deben ser resguardados para el desarrollo de este tipo de industria", dijo la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, quien cambió de postura porque cuando era diputada de la oposición había criticado duramente la confidencialidad del acuerdo. 

El caso llegó hasta la Corte Suprema, que en noviembre de 2015 ordenó a YPF diera a conocer el acuerdo. La empresa entregó el contrato pero con tachaduras. Se volvió a discutir el caso y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó que la empresa debía darle el convenio a Giustiniani2. Las cláusulas secretas del acuerdo entre YPF y Chevron. 

Uno los secretos del acuerdo entre YPF y Chevron es la constitución de un entramado de empresas en Uruguay, Bermuda y Estados Unidos. El objetivo de la conformación de esas sociedades, explicaron los ejecutivos de YPF, era evitar el embargo de los miles de millones de dólares que la compañía extranjera debía invertir.

"Holdings Uruguay" y "Holdings Bermuda" son los nombres que se conocen ahora que figuraban en el acuerdo. Esos holdings después se convirtieron en las sociedades off shore a través de las cuales llegaron los dólares para invertir en Vaca Muerta. Sus nombres habían sido tachados cuando la compañía entregó el acuerdo a la justicia. Esa es una de las partes del acuerdo que se mantenía en secreto. La mayoría que hasta ahora no se conocían hacen referencia a Holdings   Uruguay y a Holdings Bermuda. La primera se convirtió en "Wokker Investment S.A" y la segunda en "YPF Shale Oil Holding LTD", constituidas en esos países. También se creó en Delaware, Estados Unidos, "YPF Shale Oil Investment S.A." . Por esas compañías llegaron desde 2013 hasta el primer semestre de este año 2.800 millones de dólares de Chevron a "Compañía de Hidrocarburos no convencional S.R.L", creada en Argentina, para la explotación de "Vaca Muerta".

Funcionarios de YPF explicaron que en julio de 2013 el contexto político y económico tenía tres amenazas: los fondos buitres, Repsol y el juicio por daño ambiental de los pueblos originarios contra Chevron en Ecuador. 

Los funcionarios sostuvieron que el entramado de empresas buscaba evitar esos obstáculos. Entre YPF y Chevron no hay un solo acuerdo, hay 26: 12 contratos principales y 14 complementarios. En la empresa señalan que para conocer y entender la operatoria por "Vaca Muerta" hay que tener todos pero aclararon que solo iban a presentar el que la justicia les pidió que es el acuerdo inicial del 13 de julio. 

En su negativa, YPF también buscaba mantener la confidencialidad sobre las cancelaciones anticipadas opcionales y las obligatorias, las disposiciones generales aplicables a los pagos y a los préstamos. Muchas de las tachaduras que tiene el convenio que la compañía presentó en la justicia son de plazos que se deben cumplir. "Eso tiene que ver con que no queremos que la competencia sepa nuestros acuerdos", explicaron los funcionarios. Chevron condicionó la firma del acuerdo para invertir en Vaca Muerta a la reforma de leyes y decretos nacionales y provinciales y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción".

Los planteos de Chevron resultaron efectivos: las "condiciones suspensivas" o "precedentes" que delineó -y que otras petroleras habían reclamado sin éxito hasta entonces- se plasmaron en el decreto 1208/13 y en la ley neuquina 2687, en el decreto presidencial 929/2013 y en la nueva ley nacional de hidrocarburos, la 27.007, que aprobó el Congreso con el declamado objetivo de alcanzar la soberanía energética.

Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos "estrictamente confidenciales", se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.

Chevron también exigió una garantía de que podría enviar dividendos al exterior -a pesar del control de cambios imperante-, como también fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF. En Nueva York o en París.

El acuerdo también estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros, por ejemplo, los tenedores de la deuda soberana argentina en default.

En el contexto de las revelaciones sobre numerosos actos de corrupción del anterior Gobierno y del vasto currículo de Chevron como corruptor, el cúmulo de concesiones del anterior Gobierno a Chevron contrarias al interés nacional exige investigar si hubo “compensaciones” en efectivo de Chevron a las autoridades gubernamentales de entonces.

La investigación debería extenderse a todas las concesiones actualmente existentes en Vaca Muerta. En la que deberían participar especialistas de distintas profesiones (ingenieros, economistas, etc.) que ofrezcan garantías de objetividad e independencia y otras personas con reconocida autoridad moral y motivadas por la defensa del interés público nacional. Garantías que no ofrecen los funcionarios públicos, los jueces que modulan los procedimientos en función de las necesidades de los gobiernos de turno, la gran mayoría de los legisladores ni los burócratas sindicales.

2) Concesión del yacimiento petrolífero Cerro Dragón hasta el año 2047

Desde hace diez años se está investigando en los Tribunales una denuncia promovida por el ex senador Mario Cimadevilla por el presunto pago de sobornos que habría realizado la empresa Pan American Energy (PAE) para lograr extender hasta 2047 la concesión –que venció en 2017- de Cerro Dragón, el mayor yacimiento petrolero argentino. Es decir prácticamente hasta el agotamiento del yacimiento.

British Petroleum, es dueña del 60% de las acciones de PAE. El resto es propiedad de la familia Bulgheroni y la empresa china Cnooc. Juntos explotan el yacimiento Cerro Dragón.

El fiscal Guillermo Marijuán solicitó que se convocara a declarar a varios funcionarios, incluida la indagatoria del ex gobernador Mario Das Neves, ahora fallecido, -por la firma de ese acuerdo con PAE en 2007- y pidió información a los Estados Unidos, incluso a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Security Exchange Commission -SEC).

En declaraciones formuladas en 2015, Mario Cimadevilla dijo: “El contrato por la concesión de Cerro Dragón se comenzó a negociar en el gobierno de Néstor Kirchner, a través de De Vido. Cuando advirtieron que la Nación no podía firmar la extensión de la concesión porque la Constitución de 1994 establece que los recursos naturales se transfirieron a la provincias, el Gobierno hizo sancionar la denominada ´Ley Corta'. En diciembre de 2006, se trató en tiempo exprés en el Congreso y se transfirió la administración de los yacimientos a las provincias. En abril de 2007, Das Neves, entonces gobernador de Chubut envió el contrato a la Legislatura provincial, cuyos legisladores lo aprobaron, salvo cuatro que votaron en contra. Los legisladores neuquinos que votaron a favor están siendo investigados en la causa por sobornos.

Cimadevilla remarcó que la extensión de esta concesión en el yacimiento petrolero más importante del país “se hizo sin llamar a licitación y por más de diez años -40 en total-, un período que va en contra de lo que establece la Ley de Hidrocarburos. Se habla de 300 millones de dólares de coima, 230 millones para Buenos Aires y 70 millones para la provincia”, acusó el entonces senador.

Hace algunos años escribió Fernando «Pino», Solanas:

El resultado fue que, en vez de obligar a las petroleras a cumplir las inversiones, se prolongaron las concesiones por 30 años. Fue el mayor golpe económico que sufrió la Argentina desde Menem. Hagamos la cuenta: tomando la producción actual de 230 millones de barriles anuales y el valor del crudo a una media de u$s 50 el barril y lo multiplicamos por 30 años, dan u$s 345 mil millones, a los que debe sumarse un 45 por ciento más del gas. Una descomunal transferencia de riqueza superior a los u$s 500 mil millones –sin contar que el crudo subirá en los próximos años–, más que suficiente para acabar con el crimen del hambre, la indigencia y desarrollar el país.

En vez de obligar a las petroleras a cumplir las inversiones, se prolongaron las concesiones por 30 años. Es un recurso que le pertenece a nuestros hijos y se entregó sin necesidad: la Nación y las provincias podían recuperar los yacimientos por los incumplimientos o cuando vencieran las concesiones en 2017 y reconstruir una empresa petrolera nacional. Estos temas no pueden silenciarse: fueron y son políticas del Gobierno. Somos el único país del mundo que permite a las petroleras concentrar el ciclo total de explotación. Sin debidos controles públicos: extraen, transportan, refinan y venden. La estafa fiscal es inmensa. En minería es peor: premian las exportaciones con subsidios del 2,5 al 7 por ciento y pueden dejar fuera del país el 100 por ciento de sus ventas…

Un ejemplo de lo que habría que hacer (y no se hace):

El 15 de noviembre de 1963 el Presidente Arturo Illia 3 anuló los contratos con las empresas petroleras extranjeras. Mediante los decretos 744 y 745 los contratos fueron declarados “nulos, de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación” 4

Se le objetó a Illia que así no se aseguraba lograr el autoabastecimiento. Ahora Argentina tampoco se autoabastece en petróleo y debe importar a un costo enorme mientras los buitres transnacionales y sus socios locales instalados en Vaca Muerta y Cerro Dragón están autorizados a exportar el petróleo sin asegurar previamente el autoabastecimiento. En su exclusivo beneficio.

 

3) Barrick Gold

A fines de junio de 2010 se celebró en Toronto, Canadá, una Cumbre del G 20, donde Argentina estuvo representada por su Presidenta, Cristina Kirchner.

Ésta, al margen de la reunión oficial, asistió a una reunión organizada por el fundador de Barrick Gold, Peter Munk.

Munk y los otros ejecutivos mineros se declararon satisfechos porque la Presidenta les aseguró que "las reglas no cambiarán, y eso es muy importante para una inversión de largo plazo". Esto fue ratificado por los gobernadores presentes en la reunión: Juan Manuel Urtubey, de Salta; José Luis Gioja, de San Juan; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Luis Beder Herrera, de La Rioja, y Walter Barrionuevo, de Jujuy. Aunque Beder Herrera había anunciado que querían negociar un porcentaje mayor de regalías para las provincias, la palabra de la Presidenta y la promesa de más inversiones sepultaron el reclamo. En los años de la presidencia de Néstor Kirchner se construyó la mina de Veladero; un megayacimiento de oro de la empresa transnacional Barrick Gold, en la provincia de San Juan, que generó una controversia en la opinión pública por la contaminación del medio ambiente y por el excesivo consumo y la contaminación del agua y la gran cantidad de espacio utilizado para el desarrollo del proyecto. Además se abrieron minas en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Jujuy y otras, que provocaron quejas de muchos vecinos de las poblaciones aledañas al proyecto y de organizaciones ambientalistas, por el posible daño al ambiente que podrían provocar, temiendo fundamentalmente por la contaminación del agua de los glaciares con cianuro, elemento este que se utiliza en la extracción de minerales en minas a "cielo abierto". Los gobiernos de las provincias mineras y el gobierno nacional mantuvieron en cambio una postura a favor de la explotación minera.

En 2008 el diputado Miguel Bonasso, en aquel entonces perteneciente al partido oficialista del Frente para la Victoria, impulsó la ley ley 26.418 de protección a los glaciares que fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados. Pero el 10 de noviembre de 2008, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1837/08, a través del cual la Presidenta vetó esa ley 26.418. Este fue el primer veto total de una ley por parte de la presidenta Cristina Fernández, quien adujo que la ley excedía el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

En 2010 se aprobó la ley 26.639 conocida como Ley de protección de glaciares , menos restrictiva para la explotación minera que la ley de 2008, vetada por la Presidenta.

Los críticos a la nueva ley señalaron que con ésta se permite a Barrick Gold seguir explotando a cielo abierto en Pascua Lama y contaminando las principales reservas de agua dulce que existen.

Una de las principales críticas provino de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que afirmó que los cambios restringen el alcance de la norma y el bien jurídico tutelado, reduce las zonas donde van a regir las prohibiciones de la ley y el área de acción, estudio e intervención del Inventario Nacional de Glaciares, incorpora como Servicio Ambiental de los glaciares y del ambiente periglacial la reserva de recursos hídricos para las "actividades industriales", elimina la obligación de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica, incorpora a las autoridades provinciales en la confección del Inventario Nacional de Glaciares, y establece plazos determinados para la realización de las Auditorías Ambientales sobre los emprendimientos actualmente en ejecución. Todo ello en beneficio de Barrick Gold y en perjuicio del interés nacional.

Con el agravante de que Barrick Gold y otras transnacionales mineras , además de pagar regalías bajas, declaran cantidades inferiores a la realmente extraída y extraen minerales estratégicos y otros –que se llevan del país- que no declaran. Es decir, incurren en el delito de contrabando. Existen, al respecto, denuncias ante algunos tribunales argentinos.

Lo pueden hacer porque se llevan del país el producto de su actividad incluso por lugares donde no hay ningún control estatal, como son algunos aeropuertos privados. (Véase: Notas e informes sobre la venta indiscriminada de tierras a extranjeros.mht. http://www.elmalvinense.com/argentina_para_los_argentinos/venta_de_tierras.htm).

En 2016 escribimos (véase en http://www.alainet.org/es/articulo/178668): «El actual Gobierno argentino dictó hace poco un decreto “flexibilizando” la ley de tierras de 2011 a fin de facilitar aún más la compra de tierras por capitalistas extranjeros. Véase también mi nota Los fusiladores de la Patagonia (http://www.redeco.com.ar/masvoces/opinion/22738-los-fusiladores-de-la-patagonia)

4) Monsanto

El 15 de junio de 2012, en un discurso pronunciado en Nueva York en una reunión del Consejo de las Américas, la presidenta Cristina Kirchner se declaró orgullosa de negociar con Monsanto.

(Ver: https://www.youtube.com/watch?v=N0UGR_UvcGA)

Se trataba de una inversión de Monsanto para elaborar semillas transgénicas de maíz en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas que no se concretó en razón de la fuerte movilización popular en contra de la misma.

El resultado de esta política, que se mantiene actualmente, es que prácticamente todo el país está contaminado con el glifosato de Monsanto5, el cultivo expansivo de la soja transgénica de Monsanto ha desplazado a los cultivos tradicionales y a la ganadería y ha provocado la desaparición de decenas de miles de pequeñas explotaciones rurales. Lo que se suma a los efectos altamente contaminantes de las explotaciones mineras sin controles apropiados.

 

Cabe la pregunta ¿tales daños están compensados en alguna medida por los beneficios económicos que reciben la Nación, las Provincias, los pueblos directamente afectados y el pueblo argentino en general?

La respuesta es obvia. Los únicos beneficiados, además de los consorcios transnacionales y sus socios locales, son quienes desde el poder político han consentido y siguen consintiendo el saqueo del patrimonio nacional.

De la explotación y el saqueo de los recursos naturales y de la explotación de los trabajadores la mayor parte del beneficio resultante se va al exterior, el país se descapitaliza y el pueblo recibe algunas migajas que no cesan de achicarse desde que se agotó la caja en 2011/2012.

Tema éste que es cuidadosamente ocultado por el actual Gobierno, continuador de las políticas nefastas del Gobierno anterior.

Y por eso descubre sólo la punta del iceberg de la corrupción.

Notas:

1
 Vaca Muerta: ¿quiénes son los dueños del yacimiento? (http://www.lanacion.com.ar/1785554-vaca-muerta-quienes-son-los-duenos-del-yacimiento).

Para una información técnica véase: http://encyclopedie-energie.org/articles/shale-oil-y-shale-gas-en-argentina-estado-de-situaci%C3%B3n-y-prospectiva

2 Véase, de Alejandro Olmos Gaona, YPF, LA TRANSPARENCIA MACRISTA Y LA VIOLACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO (http://www.alainet.org/es/articulo/178535)

3 Que dejó el Gobierno, expulsado por los militares, tan pobre como era cuando asumió la Presidencia.

4 Decreto por el cual el Poder Ejecutivo declara nulos todos los contratos relativos a la exploración y explotación de petróleo suscriptos por YPF entre el 1 de mayo de 1958 y el 12 de octubre de 1963. 

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros, decreta: 

Artículo 1 Declárense nulos de nulidad absoluta, por vicios de legitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación, los contratos relativos a la exploración y explotación de petróleo suscriptos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el período 1 de mayo de 1958 al 12 de octubre de 1963, con las siguientes compañías: C. M. Loeb, Rhoades and Co, en la actualidad Argentina- Cities Service Development Company; Astra, Compañía Argentina de Petróleo S.A.; C.A.D.l.P.S.A. (Cía. Argentina para el Desarrollo de la Industria del Petróleo y Minerales); Continental Oil Company of Argentina: Esso S.A.P.A. - Esso Argentina Inc.; The Ohio Oil Co., en la actualidad Marathon Petroleum Argentina Litd.; Pan American Argentina Oil Co., Shell Production Company of Argentina Ltd.; Tennesse Argentina S.A.; Union OH Co. California…

5 Que la señora Kirchner cree que es un fertilizante. Ver https://www.youtube.com/watch?v=WFPjle21OTI

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=245869

 

 

Enfoquemos el presente de los extractivismos teniendo en cuenta la historia de cómo los partidos de estado, sobre todo el Partido Justicialista, han sido esenciales a la conformación y consolidación 'democrática' del sistema de saqueo y de ecocidios-genocidios implícitos en los extractivismos.

 

Menemismo: megaminería y contaminación

 

2 de enero de 2010

Por Fernando “Pino” Solanas *

Las denuncias sobre la megaminería y la Barrick Gold que expone mi película Tierra sublevada/Oro impuro desataron la ira del gobernador de San Juan que, ante cada presentación del film en las provincias, mandó sus camionetas con sus involucrados intentando ensuciar los estrenos, pero siempre recibieron el repudio de los asistentes. José Luis Gioja me retó a un debate público en televisión, pero dos veces faltó a la cita y envió a su hermano –el senador César Gioja– que, con abierta desfachatez y cinismo, negó mis denuncias sobre la devastación ambiental y el saqueo que está produciendo la explotación que ellos defienden. Desde sus medios sanjuaninos, el gobernador minero lanzó una campaña queriendo demostrar que yo estaba contra la minería y, siendo diputado en los años ’90, había votado las leyes mineras que él impulsara. Pero fui un consecuente opositor a todas ellas, con la única excepción de haber aprobado en la Comisión de Recursos Naturales el anteproyecto de Protección Ambiental Minera (Nº 24.585/95 e introducida al Código de Minería). Ninguno imaginaba los estragos que produciría la megaminería y no se había puesto en marcha ninguno de sus yacimientos. Meses después, me opuse y no lo voté en el recinto cuando se lo convirtió en ley.

Vale la pena recordar las trayectorias: al comienzo de los ’90, los hermanos Gioja eran operadores de Menem y agentes de la Barrick Gold, con la misión de facilitar el desembarco de la megaminería en la Argentina y poder asociarse comercialmente a ella. Eran los tiempos en que yo denunciaba a Menem como jefe de una banda de delincuentes que estaba rematando el patrimonio, Y.P.F. y los recursos, mientras sus “compañeros” me perseguían con juicios y amenazas y me agredían con seis tiros en mis piernas. Se vivía la derrota y el festín de las privatizaciones: “el país está de rodillas” –justificaba el ministro Dromi, “robo para la Corona”, advertía J. L. Manzano–, mientras se oía decir en el Congreso que los portafolios con dólares se distribuían en los despachos. El proyecto minero era financiado por el Banco Mundial como en otros 70 países con grandes reservas metalíferas. El entonces diputado José Luis Gioja era uno de los más leales levantamanos de Menem, que votó todas las leyes privatizadoras del modelo y lo instaló en la presidencia de la Comisión de Minería de Diputados para impulsar el paquete de leyes que le dictaban las corporaciones. César Gioja fue la cabeza visible de Santa Gema Bentonita, la empresa familiar que fundaron para abastecer a la Barrick Gold.

Yo ingresé a la Cámara de Diputados el 10/12/93 y ejercí mi mandato hasta el 10/12/97. Desde la Comisión de Energía encabecé el movimiento que impidió la privatización de Yacyretá, Salto Grande y la CNEA; en la Comisión de Recursos Naturales detuvimos la privatización de los parques nacionales que impulsaba María Julia Alsogaray; en la Constituyente de Santa Fe fui vicepresidente de la Comisión de Nuevos Derechos que redactó el artículo 41 de protección ambiental, pero no juré la Constitución: legitimaba el modelo neoliberal y establecía la provincialización de los recursos del subsuelo (art 124). Las primeras leyes mineras se votaron en 1993, antes de que yo asumiera como diputado. La más importante fue la de Inversiones Mineras Nº 24.196/93, que fijó el marco general de las demás y sigue siendo uno de los mayores ejemplos de la voluntad antinacional de Menem y José Luis Gioja: las mineras gozan de estabilidad fiscal por 30 años; están exentas del pago de cualquier tipo de impuesto nacional, provincial y municipal, al cheque y al gasoil; deducen de ganancias todas sus inversiones e importan libremente insumos y bienes de capital. Como la tasa de ingresos no les resultaba suficiente, Jose Luis Gioja impulsó la ley Nº 25.161/99, a fin de deducir del 3 por ciento de regalías todos los costos operativos a partir de la boca de mina: molienda, refinación, transporte y seguro hasta puerto de destino y así las provincias comenzaron a recibir un mísero 1 al 1,5 por ciento.

Sin control público alguno y a simple declaración jurada, los megayacimientos exportan sumas millonarias: Alumbrera produce al año 700.000 onzas de oro y 190.000 toneladas de cobre que a valores de hoy son u$s 2000 millones aproximadamente; el complejo Veladero-Pascua Lama producirá aún más. Lo que les cuesta contestar a los Gioja es ¿por qué con tanta riqueza las provincias mineras –igual que las petroleras– siguen en la pobreza y están con déficit fiscales que las obligan a endeudarse? Recordemos que la minería es el único sector de la producción que exporta sin obligación de ingresar al país las divisas de sus ventas y son premiadas con reintegros del Estado que van del 2,5 al 7,5 por ciento de sus exportaciones. El método es más eficaz que el viejo colonialismo de Potosí porque ahora les pagamos para que se lleven todo. ¿Hasta cuándo los argentinos vamos a tolerar tanto despojo?

A tres décadas de la dictadura y a una del gobierno Menem, muchas de sus leyes siguen vigentes:, la de Entidades Financieras (Martínez de Hoz, Nº 21.526/77), la Reforma del Estado (Nº 23.696/89); Provincialización y Privatización de los Hidrocarburos (Nº 24.145/91); Leyes Mineras de Gioja y tratado de Complementación Minera Argentino-Chileno (29/12/97). Este último es un caso inédito en la historia contemporánea: crea un tercer territorio a lo largo de la cordillera de los Andes y en la zona fronteriza de 100 km de ancho, donde las corporaciones gozan de soberanía, aduana y aeropuertos propios. Es allí donde está una de las mayores reservas de agua potable del continente amenazada por la acción de la megaminería. El reciente veto de la Presidenta a la Ley de los Glaciares que impulsara la Barrick Gold con los hermanos Gioja es un ejemplo de la irresponsable sumisión de la Nación al dictamen de las transnacionales. Es imperioso acabar con el modelo de saqueo y corrupción que nos dejaron. Los legisladores debemos asumir el compromiso patriótico –como acto de reparación al pueblo– de impulsar desde el Congreso varias medidas: prohibir la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas, investigar la contaminación que produce la megaminería y exigir la denuncia del Tratado Minero Argentino-Chileno.

Bajo el lema “el agua vale más que el oro”, la histórica movilización de las poblaciones y asambleas ciudadanas de siete provincias abrió el camino al lograr que sus legislaturas prohibieran la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas. El dominio impune de la Barrick, Bajo de la Alumbrera, junto al de los Gioja, Beder Herrera y Brizuela del Moral comenzó su cuenta regresiva.

* Diputado por la Capital. Proyecto Sur.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-137921-2010-01-02.html

En consecuencia, es hora de poner fin a la impunidad de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. De ahí el imperativo de promover reflexiones sobre:

 

Cristina, Gioja y el presidente de Barrick

reunidos por minas Veladero y Pascua-lama

15 de abril de 2009 

San Juan, 14 de abril.- La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo esta tarde en Buenos Aires un encuentro con el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el presidente de la empresa minera Barrick Gold, Peter Munk, el secretario de Minería, Jorge Mayoral y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

La reunión se llevó a cabo en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno. La Presidenta consideró esta tarde los proyectos de desarrollo de las minas Veladero y Lama Pascua, con asiento en la provincia, controvertidos emprendimientos que generan críticas de ambientalistas y dejan al estado provincial un magro rédito (estimado en el 3 por ciento de lo extraído) y siderales ganancias a las empresas extranjeras involucradas.

De la reunión participó también el titular de la empresa Barrick Gold, Peter Munk. Ninguno de los participantes de la reunión formuló declaraciones ni hubo información oficial sobre lo tratado.

La mina de oro y plata Veladero, es actualmente el proyecto minero en construcción más importante del país, y su puesta en marcha significará una inversión superior a los 500 millones de dólares.

El campamento Veladero esta ubicado a 370 kilómetros de la ciudad de San Juan y a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, y sólo se puede acceder al mismo a través de vehículos de doble tracción.

El otro proyecto se trata del Lama Pascua, el primero de orden binacional del mundo y consiste en desarrollar una mina de oro a rajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros de altura en la frontera de Chile con Argentina.

Durante la etapa de construcción se crearán alrededor de 5.000 puestos de trabajo, mientras que en la fase de operaciones se necesitarán más de 1.600.

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Para saber a quién está recibiendo Cristina: Historia de Barrick Gold Corp.

Año 1983. En esta historia intervienen:

1) George W Bush Sr., entonces en su calidad de ex – Director de la CIA, entonces vicepresidente de EEUU y hoy en la “Mesa Asesora Internacional” de Barrick;

2) Adnan Kashogi, multimillonario saudita vinculado a la familia real, al tráfico de armas Irán-Contras y operaciones de inteligencia;

3) Brian Mulroney, ex primer ministro conservador de Canadá y hoy compañero de Bush Sr. en la “Mesa Asesora Internacional” de Barrick; y

4) Peter Munk, empresario quebrado en los ’70, que se había refugiado en Londres (delito de uso indebido de información bursátil), y luego de rehacer su fortuna estaba de vuelta en Toronto.

En Londres, para 1967, Munk se conectó con familiares de su socio en la quiebra canadiense, muy en especial con Sir Henry Keswick, uno de los grandes socios de la firma Jardine Mathieson de Hong Kong (J&M). Recordemos que J&M ya eran grandes comerciantes en Hong Kong cuando la primera Guerra del Opio (1839) y todavía es la empresa comercial Nº 1 de esa ciudad.

Representado a Sir Henry, Munk se trasladó a Australia donde; con Sir Peter Abeles levantó un emporio hotelero en el Pacífico. Sir Peter también nació en Budapest como Peter Munk y George Soros, los tres tienen el mismo origen. En Australia a Sir Peter lo llaman “Caballero Blanco”, por su cabello y otros por el ‘color’ de sus importaciones. Munk y Sir Peter levantaron un imperio hotelero: Southern Pacific Propierties (SPP). Este rubro es uno de los más codiciados para blanquear y lavar dinero.

En 1974, año del alza de precios petroleros, en la oficina central de Londres de P&O (Banco Baring), con mediación de Lord Inchcape, Peter Munk firmó su acuerdo societario con el saudita Adnan Kashogi, entonces encargado de administrar la nueva e inmensa masa de petrodólares de la Casa real Saudita. Los primeros emprendimientos fueron hoteleros, para los ’80 habían decidido fundar Barrick Gold Corp con casa central en Toronto.

George Bush entra en escena: el Golpe Goldstrike.

Para 1983 George Bush era vicepresidente de EEUU y, organismo creado para él mismo, cabeza del Comité de Crisis en la Casa Blanca. Teóricamente la cabeza era Ronald Reagan, pero dada sus condiciones y su personalidad, se delegó toda tarea ejecutiva en Bush. El Comité de Crisis era una “Comunidad de Inteligencia” informal que ponía todas las Agencias de Inteligencia bajo su control.

Desde allí Bush dio el golpe que hizo de Barrick la 3ra. Empresa minera de oro del mundo. El la ‘conquista del Oeste’ y para facilitar la colonización de Nevada y otros estados con yacimientos, el gobierno tiene el Bureau of Land Management, que dirige todas las propiedades de tierras federales. El gobierno puede otorgar un permiso para excavar una mina en sus tierras y puede revocarlo. Esto se otorga por una patente por un plazo determinado y el valor de la empresa que excava nunca es el mismo que el precio de la tierra del cual se es propietario. El trámite para pasar de permisionario a propietario es engorroso, caro y cuesta mucho.

Bush colocó a un hombre del Partido Republicano al frente del Bureau of Land Management y este le otorgó a Barrick el permiso en tiempo récord. Un permiso por el que se habían pagado u$s 60 millones, pasó a ser una propiedad de u$s 10.000 millones. Con esto en su poder Barrick surgió como empresa mundial de primera línea.

Información detallada en: La minera Barrick Gold, Miente por Javier Rodríguez Pardo Click Text Here

Fuente: https://noalamina.org/general/item/2128-cristina-gioja-y-presidente-de-barrick-reunidos-por-minas-veladero-y-pascua-

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Un ejemplo más del Estado de los monopolios.

 

Por PRT Argentina

En la provincia de San Juan el gobernador Gioja y su familia son un verdadero ejemplo de cómo el Estado fue concebido a imagen y semejanza de las empresas mineras. Este gobernador que, como un verdadero camaleón, se puso la careta de cuanto presidente de la nación dirigió y dirige los destinos del país, supo sostenerse a puño cerrado y sin ningún tipo de escrúpulos gracias a las anchas espaldas que le brinda el verdadero poder del negocio minero.

Siempre en la foto “al lado” de los K o en las fotos de Menem, pero el gobernador representante del complejo empresarial minero ejerce en el Estado el poder que le confiere el monopolio.

No conforme con su presencia personal, las mineras, desde el Estado nacional y provincial, avanzan en el proceso de concentración que deviene de la necesaria guerra competitiva en el planeta y en aristas del negocio secundario las empresas avanzan en San Juan en un mayor control del Estado que les permita, con la legalidad que le confiere la “democracia parlamentarista”, legislar, dictar decretos y resoluciones a favor de las mineras.

Es muy lógico que se recurra desde allí a nuevos instrumentos confiables. ¿Quiénes aparecen en escena? ¿Qué negocios secundarios pero necesarios se desarrollan? Veamos:

 

Por supuesto la familia Gioja garante de esos intereses multinacionales a saber: Gastón Gioja, hijo del gobernador, es dueño de un amplio grupo de medios que reciben los dinerillos de la publicidad oficial, lo cual no sólo facilita la concentración en lo económico sino que, con la legalidad en la mano y la “democracia”, domina el aparato propagandístico e ideológico al servicio de los monopolios.

La “directora” de Cable Color es Lorena Del Valle Gilabert, esposa de Gastón

No es menor el negocio de la firma transportes de Terra Logística SA

que posee un control  monopólico de los camiones que suben y bajan de las minas, tanto de Pascua Lama como de Veladero.

Allí está “Gastoncito” subiendo y bajando camioncitos por $4000 ó $5000 pesos que también se hacen por $15000 ó $20000. Se calcula entre 10 ó 20 por día, según el volumen de trabajo.

Otro gran negocio familiar es el alimento que llega a los trabajadores cotidianamente.

Allí, la empresa que se destaca es ATA SA (Alta Tecnología Alimentaria), una compañía que nació en Buenos Aires, pero que hace unos pocos años se mudó a San Juan. Brinda sus servicios de catering, hotelería, limpieza y lavandería para los 3 mil empleados que la Barrick Gold tiene del lado Argentino de Pascua Lama y para los más de 1.200 de la firma Yamana Gold, que explota el proyecto Gualcamayo.

Cristina Kirchner, precisamente, encabezó junto al gobernador Gioja un acto de inauguración de la nueva sede de la empresa, en la capital sanjuanina.

Podríamos aburrir de ejemplos en esta provincia y ni qué hablar si hablamos provincia por provincia.

El Estado nacional es el instrumento fundamental para dominar a cuarenta millones de argentinos, los dueños son los monopolios, es una dominación de la clase Burguesa, una dominación de las minorías que con “la democracia parlamentarista” están esquilmando a nuestra clase obrera y nuestro pueblo.

Todas las instituciones, todos sus funcionarios son leales a los monopolios y sus peleas por arriba son reflejo de la lucha entre esos monopolios por apoderarse de la dominación del Estado.

Fuente: http://prtarg.com.ar/2013/05/31/un-ejemplo-mas-del-estado-de-los-monopolios-2/

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Nos hallamos en Argentina con una regresión notable de científicos e intelectuales más prestigioses de las izquierdas. Se evidencia en su identificación con el matrimonio Kirchner y los gobiernos progresistas. También, si no son K, en su vanguardismo que los limita a descripciones e interpretaciones del presente más difundido con argumentaciones en bibliografía. Recurramos, por lo tanto, al siguiente análisis válido para nuestro país (y casi todo el Abya Yala) en lo fundamental: 

 

5 de octubre de 1988: de la dictadura cívico militar

al régimen de las elites.

6 de octubre de 2018

Por Paul Walder

Politika

 

Chile, país modelo. Chile, y su transición pacífica. Chile, milagro económico. Chile, país moderno, con el mayor PIB per cápita de Latinoamérica. Chile, donde las instituciones funcionan 

A 30 años del plebiscito que sacó a Pinochet de La Moneda para reemplazarlo por la democracia tulelada, que describió con precisión el sociólogo e historiador Felipe Portales, el país es una imagen perfecta construida por las elites para su goce y complacencia. Un gran andamiaje comercial y publicitario levantado sobre la economía primaria que ha creado uno de los mayores mitos de nuestra historia contemporánea. Un país construido con las citadas frases publicitarias sobre las recomendaciones de fundamentalistas del mercado, operadores financieros y políticos oportunistas.

La celebración de los 30 años del plebiscito debiera ser también la conmemoración del inicio de la postdictadura. Un periodo aupado sobre las bases de la misma dictadura y encerrado en su propio circuito sin mayor destino que las metas del crecimiento del producto y el enriquecimiento de los controladores. Un periodo que ha levantado un país sobre la artificialidad de un desarrollo, que no es otra cosa que la mercantilización de todos los espacios, territorios y actividades. Chile, un mall hecho para la fruición de sus elites.

El país diseñado a partir de 1988 es el paraíso del gran capital y sus satélites. Un modelo que contó con uno de los consensos más vergonzosos de nuestra historia, con una clase política que hizo de su condición la traición a sus bases. El fin de la dictadura, una tarea heroica conseguida con dolor y miles de víctimas, derivó en un pacto entre las elites que consideró el aislamiento de las organizaciones sociales, del pensamiento de izquierda, de la persecución de los combatientes por la libertad, de la censura de los medios de comunicación críticos de este proceso a través del estrangulamiento financiero y, por cierto y como piedra angular del consenso, de la impunidad de los homicidas y torturadores, comenzando por el mismo dictador transfigurado, entonces, en senador vitalicio.

El mito de la modernidad, del país exitoso, se elevó sobre el olvido y la marginación de todas las corrientes e ideas contrarias a la ideología de los mercados y el individualismo. Un mito, artificial como todas las creencias, que ha soportado todas las reales y posibles demagogias. Desde las democráticas, que arrastró un sistema electoral binominal cerrado incapaz de representar a las mayorías a la corrupción de toda la organización, a las económicas, no sólo por constituir grandes monopolios y mercados cautivos, sino por prácticas de carteles y compra de políticos y funcionarios.

Estos años, en este circuito sin duda virtuoso para los dueños y controladores del capital, el Chile de la indefinida transición, de la postdictadura, del periodo neoliberal, el país es también el ejemplo de las más grandes contradicciones, las que se expresan desde la distribución escandalosa de la riqueza al uso de los espacios territoriales. Qué pueden celebrar los habitantes de Quintero y Puchuncaví, ahogados en estos mismos días bajo una nube de gases tóxicos emitidos por las industrias cuyos propietarios conforman aquel uno por ciento más rico del país.

Al hablar de neoliberalismo, de modernización capitalista, no nos referimos sólo al mall ni al retail, al acceso al consumo, a los créditos bancarios, al incremento del parque automotor y las autopistas concesionadas, a todas aquellas áreas que son propias de las retóricas públicas y privadas de las elites. Hablamos de la privatización y mercantilización de derechos básicos como el acceso a la salud, a una educación de calidad y a pensiones dignas. Es esta la piedra de tope, el lugar de la fractura y del gran engaño hoy revelado.

Chile y su modelo, otrora paradigma regional levantado por agencias de propaganda como el FMI, el Banco Mundial y otros entidades mercantiles, cae bajo los torrentes globales. El modelo neoliberal retrocede y alcanza día a día nuevas marcas en su indecencia. Tres multimillonarios, Bill Gates, Warren Buffet y Jeff Bezos, poseen más riqueza que la mitad más pobre de Estados Unidos. Una marca que Chile probablemente supere: Iris Fontbona, la matriarca del grupo Luksic, tiene una de las fortunas más grandes de Latinoamérica, solo superada por un par de magnates de economías mayores como Brasil y México.

El proceso de modernización, relato levantado desde inicios de la transición por ultraliberales y socialdemócratas de mercado, ha derivado en un engendro que ha perfilado uno de los países más deformes en su distribución económica, social y cultural. Una anomalía creada por los mercados liberados a su antojo. Chile es una zona franca, un casino en el descampado, un paisaje borroso al borde de sus autopistas concesionadas, un gran barrio de viviendas básicas al costado de un campo de golf. Una geografía artificial levantada por los contrastes sociales y económicos.

Esta escena, observada y clamada por adolescentes en protestas, poetas, artistas visuales y outsiders desde las primeras décadas del siglo, se ha levantado como cruda realidad para gran parte de la población. El modelo neoliberal es excluyente y concentrador. El mercado, contra todo el discurso oficial de las elites y sus cómodos escribientes, no integra ni desarrolla. En su obsesión por el lucro se ha alimentado de varias generaciones e hipotecado a las futuras. La concentración de la riqueza en densidades inefables ha sido sobre contrastes. La ganancia de los millonarios Forbes se ha hecho sobre el desgaste y la pérdida de las mayorías.

Este es el país que aparece bajo el mito que trae el fin de la dictadura. Una fecha que no se celebrará ni en los barrios ni en los territorios. No hay nada que celebrar y sí mucho que lamentar.

http://www.politika.cl/2018/10/05/5-de-octubre-de-1988-de-la-dictadura-civico-militar-al-regimen-de-las-elites/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=247397

 

 

Compartimos con Chile a la centralidad del conflicto entre el Capital-Estado y la:

 

 

Nación Mapuche. El “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía”: Análisis crítico desde la perspectiva de derechos humanos

 2 de octubre de 2018

 

Resumen Latinoamericano / RK

El pasado 24 de septiembre el Presidente Sebastián Piñera viajó a Temuco junto a varios de sus ministros para dar a conocer el denominado “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía”. El anunciado Plan gubernamental contiene un conjunto de medidas con las que su gobierno pretende hacer frente a la situación de exclusión y pobreza que vive la región de la Araucanía y en especial el pueblo mapuche, y a través de las cuales se espera alcanzar la paz.

La propuesta anunciada consta de diversos elementos que requieren de un análisis en profundidad. Desde la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos y de pueblos indígenas que orientan nuestro accionar, nos parece pertinente señalar en relación a ella lo siguiente:

1.- Cabe valorar la disposición del Presidente Piñera de hacer un planteamiento que intente abordar las múltiples dimensiones –jurídico-políticas, económicas, sociales y culturales– que determinan el rezago de la región de la Araucanía, y en particular la compleja y conflictiva relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.

2. Igualmente debe valorarse la decisión del Presidente de avanzar hacia el reconocimiento jurídico-político de los pueblos indígenas, en particular el otorgamiento de urgencia a dos proyectos de ley actualmente en tramitación en el Senado, cuales son el proyecto de Ministerio de Pueblos Indígenas y el proyecto de Consejo de Pueblos Indígenas. El primero de estos proyectos fortalece la jerarquía de la institucionalidad indígena del Estado y el segundo genera espacios de participación indígena que, sin perjuicio del necesario respeto a las instituciones propias de los pueblos indígenas, abre canales para la incidencia de estos pueblos en el Estado hasta ahora inexistentes.

3- Lo mismo cabe señalar respecto al anuncio de la ley de cuotas mínimas para promover mayor participación política de los pueblos indígenas en instancias electivas, participación que hasta ahora también inexistente, y que resulta fundamental para asegurar el derecho a la igualdad y no discriminación de estos pueblos y sus integrantes.

4. Sin embargo, llama la atención que las medidas anunciadas por el Presidente Piñera sean denominadas “Acuerdo”, como si las propuestas presentadas fueran resultado de un proceso de diálogo entre el Estado y las instituciones representativas del pueblo mapuche. Cuando lo que ha existido ha sido más bien un diálogo entre algunos representantes y organizaciones mapuche con los sectores productivos de la región, por lo que los resultados de este encuentro no pueden ser considerados un acuerdo que brinden las bases para una propuesta nacional de desarrollo y paz en la Araucanía.

5. Asimismo, resulta preocupante el anuncio de un proyecto de reconocimiento constitucional a ser enviado este año al Congreso Nacional. Aunque dicho reconocimiento ha sido demandado por los pueblos indígenas desde el retorno a la democracia, la propuesta presidencial se limita fundamentalmente a los derechos culturales de los pueblos indígenas, dejando fuera los derechos políticos como la libre determinación y la autonomía, y sus derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales reconocidos en instrumentos internacionales suscritos por Chile, como el Convenio 169 de la OIT, así como la Declaración de Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de una omisión grave, no sólo porque el Estado chileno se ha comprometido a respetar e implementar estos derechos al suscribir estos instrumentos, sino también porque su desconocimiento ha estado a la base del conflicto intercultural hoy existente en la Araucanía y regiones aledañas.

 

6. En el mismo sentido resulta preocupante el que el Presidente defina de antemano los contenidos de dicho reconocimiento, ya que estos deben ser definidos en un proceso de consulta con los pueblos indígenas conforme a dichos instrumentos internacionales. Más aún, tampoco se hace cargo del hecho de que hace menos de un año se verificó un proceso de consulta con los pueblos indígenas, incluyendo el pueblo mapuche, sobre los contenidos de una Constitución en las materias susceptibles de afectarles, proceso del cual surgieron contenidos para este reconocimiento constitucional –como el derecho de autodeterminación y el estado plurinacional–que no pueden ser ignorados desde el ejecutivo, dada la continuidad del Estado.

7.- Aunque cabe valorar la voluntad de diálogo expresada por el Presidente como mecanismo para el logro de acuerdos y la búsqueda de la paz en la región, el diálogo que se propone dista bastante de aquel que ha demandado el pueblo mapuche y que exigen los estándares de derechos humanos que le son aplicables. En efecto, al igual que en el caso de la Comisión que presidiera el Obispo Vargas, a la cual el Presidente Piñera hizo referencia en sus anuncios, la instancia que se propone para estos efectos –el Consejo por el Reencuentro de La Araucanía– estaría integrado por representantes de diversos sectores regionales, y no sólo por el representantes del estado y del pueblo mapuche, que son los interlocutores fundamentales del conflicto que se pretende superar, y sujetos de derecho con capacidad de autodeterminarse.

 

8.- De la misma manera resultan sumamente preocupantes los anuncios referidos a la reforma de la Ley 19.253 de 1993, conocida como Ley Indígena, los cuales debilitan la protección que dicha ley otorga a las tierras indígenas y que son consistentes con el derecho internacional aplicable a estos pueblos. Entre estos anuncios se incluye el posibilitar que las comunidades titulares de tierras puedan dividir total o parcialmente el título común sobre las mismas y generar títulos individuales de dominio para los miembros de la comunidad, debilitándose de esta manera el carácter comunitario de las tierras indígenas, el que resulta fundamental para los pueblos indígenas, entre ellos el mapuche.

 

9.- En el mismo ámbito, se busca permitir la posibilidad de que los titulares de tierras indígenas celebren distintos tipos de contratos sobre estas, tales como mediería, arriendo, cesión de derechos y otros en tierra individual o comunitaria indígena por hasta 25 años, contratos hoy prohibidos por la misma ley. Se trata de una propuesta que apunta en la dirección de incorporar las tierras mapuche al mercado para de esa formas facilitar la inversión privada en ellas, sin considerar las externalidades que se pueda generar.

 

10.- Los anuncios presidenciales incluyen además un Plan Impulso Araucanía que contempla 491 proyectos de inversión pública en un periodo de ocho años (2018 a 2026), equivalentes a un aporte de US$ 8.043 millones. A ello se agregan una serie de medidas de carácter social en los rubros de vivienda, obras públicas, medio ambiente, educación y salud, que en muchos casos están orientados a la población regional en su conjunto y no tan solo a la población mapuche. Si bien se trata de medidas que consideran una inversión importante para una región históricamente postergada, éstas forman parte de las obligaciones que el Estado tiene en materia de derechos económicos, sociales y culturales en general, las que no han sido asumidas por éste en el pasado. Por otro lado, pretender que a través de estas medidas se dé solución a un conflicto reconocidamente de carácter político no sólo es ingenuo, sino que a su vez inapropiado.

11.- Finalmente cabe llamar la atención respecto al anuncio de incentivos tributarios contenidos en la propuesta presidencial para “todo tipo” de inversiones a realizarse en la Araucanía en los próximos años, a través de los cuales se espera incrementar dicha inversión en un 10%. Esta medida, lejos de beneficiar al pueblo mapuche y a sus comunidades, beneficiaría las inversiones de privados en rubros tales como la forestación, la salmonicultura o la hidroelectricidad, todas actividades que dado sus impactos ambientales y culturales han contribuido precisamente a aumentar la conflictividad existente entre el pueblo mapuche y el estado, que es lo que se pretende enfrentar a través de esta propuesta.

 

Los anuncios presidenciales, no obstante reconocibles en sus intenciones, están lejos de orientarse por los estándares de derechos humanos aplicables a los pueblos indígenas que el Estado chileno se ha comprometido a respetar, y cuya aplicación en Chile ha sido demandada por el pueblo mapuche. Por lo mismo, es que las perspectivas de que a través de su implementación se pueda avanzar en la superación del conflicto histórico y presente entre este pueblo y el Estado, lamentablemente no parecen ser muy auspiciosas.

Observatorio Ciudadano

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/10/02/nacion-mapuche-el-acuerdo-nacional-por-el-desarrollo-y-la-paz-en-la-araucania-analisis-critico-desde-la-perspectiva-de-derechos-humanos/

En consecuencia, es hora de hacer un balance crítico de la democracia burguesa cada vez más restringida y para ello es clave instalar la deliberación popular sobre cómo viabilizó el constante acaparamiento de los poderes fácticos de riquezas e ingresos del país y sus pueblos. Esa alianza es y ha sido criminal. Tanto el menemismo como el kirchnerismo en sus hegemonías (de distintas épocas) sobre el Partido Justicialista han gestionado la expansión de los extractivismos. Por eso, no atribuyamos los últimos a los neoliberales como que también los gobiernos progresistas los han promovido y lo siguen haciendo si conservan el poder político. Con esta aclaración y la denuncia sobre la mentira de un capitalismo (el nórdico) humanizado por ser distributivo, examinemos la realidad chilena sobre la criminalidad de lesa humanidad del Capital-Estado que actualmente Noruega y poderes de Argentina pretenden implantar privilegiando sus negocios:

 

LA IMPOSIBILIDAD DE LA VIDA EN CHILOÉ

El Estado y el extractivismo neoliberal destruyen la naturaleza y la vida
15 de mayo de 2016

 

Reproducimos el siguiente artículo de Virginia Ramos Poseck (Dra. en Ciencia Política) y Juan Carlos Gómez Leyton (Dr. en Ciencia Política).

 

Uno empieza a pensar, que somos un país que tiene una inmensa costa, más de cuatro mil kilómetros de costa y no hay una entidad seria que pueda llevar eso, que pueda hacer estudios, ver todo el tema marítimo, que no se haga daño. Si acá ustedes ven, ves tú que no hay nada, que acá cualquiera llega y saca 900 mil toneladas, o arrasa con maquinaria pesada un banco natural de almejas del que vive un pueblo chico para botar residuos industriales. Esto yo lo denuncié le hicieron reportaje y salió en la tele, de nada sirvió”.Fabián Teca. Pescador Artesanal y Procesador temporero en la Planta de Procesos Pacific Star en Quellón.

 

El estallido social y político protagonizado por los pescadores artesanales y ampliamente respaldado por la ciudadanía de Chiloé, más allá de los factores coyunturales que lo explican, tiene raíces en la historia reciente de la zona y del país. Específicamente, en la forma como el Estado de Chile impulsó el cultivo del salmón desde 1974 y cómo lo entregó a un proceso de industrialización acelerada en 1980. En dicho año se negoció la deuda externa de Chile, un mecanismo de esa negociación fue la entrega a la explotación industrial del salmón al capital transnacional. En aquellos años se declaró que “el mar (era) la promesa alimentaria para Chile”, al mismo tiempo se materializó la total liberalización de la economía nacional. Entregando, vías licitaciones, sus recursos naturales marítimos al mercado global. Dándose inicio a una nueva fase expansiva de su larga historia social y económica extractivista.

El nuevo extractivismo marítimo opera bajo el principio “laissez faire, laissez passer” exacerbado, tan propio de la forma de acumulación neoliberal. Ello implico que el Estado dejo prácticamente de actuar en los espacios marítimos concesionados, ni estableció las trabas legales adecuadas ni ejerció las fiscalizaciones ni controles necesarios que evitaran la devastación medio ambiental, territorial y humana, o sea, sobre la vida, que generó la explotación indiscriminada e irracional del salmón. En otras palabras, el Estado dejó, en los hechos, de gobernar en los territorios enajenados al capital trans-internacional. Fue reemplazado por el poder de las grandes empresas transnacionales. Las que han ejercido en la región una absoluta “soberanía productiva” tanto sobre las áreas de explotación marítima como sobre los hombres y mujeres que laboran en esas empresas.

El impacto de la industria salmonera ha sido integral en la sociedad chilota. Transformando completamente la vida y la cultura de los habitantes originarios e históricos de Chiloé. Los chilotes construyeron desde antiguo, es decir, ancestralmente, una activa cultura terrestre-marítima. El Estado, al momento de entregar el mar al capital extranjero, lo hizo como si esos espacios hubieran estado deshabitados. No fueron considerados como un espacio geo humano y cultural. Es decir, donde naturaleza y el ser humano constituían una unidad vital inseparable. La explotación y la intervención industrial masiva e intensiva del mar quebró dicha relación provocando una alteración permanente del ecosistema y de la vida de la Isla. La destrucción de la vida en Chiloé no solo tiene relación con el cambio climático, con la marea roja, o con la contaminación del mar producto de haber vertido toneladas de salmones descompuestos, sino por la constante sobreexplotación “racional” de la naturaleza por parte de la moderna industria salmonera.

Con este artículo queremos dar cuenta como la enajenación por parte del Estado de Chile del mar chilote y la industria salmonera han provocado la devastación de la vida tanto humano como marítima del borde costero del archipiélago de Chiloé. Y, sobre todo, queremos destacar y revelar la responsabilidad política e histórica del Estado como de los diversos gobiernos que lo han administrado desde 1974 a la fecha, en la destrucción de la vida en la zona. Pero, también aspiramos a llamar la atención de que no sólo el Estado es responsable de esa devastación sino también la indolencia, indiferencia, apatía de la gran mayoría de las y los ciudadanos nacionales quienes a lo largo de estos años han avalado y respaldado ya sea de manera activa o pasiva la explotación irracional de la naturaleza.

Los actores de la sociedad civil como del Estado y, sobre todo, del mercado, han desoído la voz de muchos chilotes que durante años habían venido denunciando, la devastación de la vida marítima y humana por la acción de la industria salmonera. Hoy que gritan su rabia al país. Su voz se escucha. Sin embargo, durante décadas, nadie escucho ni presto la atención a lo que allí ocurría. Salvo algunos documentalistas nacionales y extranjeros, unos pocos analistas económicos y sociales y, sobre todo, los defensores del medio ambiente, mostraron y divulgaron por los intersticios y desde los márgenes de la sociedad neoliberal, el desastre que allí se estaba padeciendo. Las voces que hoy se escuchan con fuerza son también esas voces que llegan del pasado reciente. Han transcurrido 40 años desde que comenzó la devastación que hoy todos atienden y muestran preocupación. Nos podemos preguntar, con justa desazón, no será ya un poco tarde para Chiloé y su gente.

Lo más atrayente de Chiloé para el capital internacional, en la segunda mitad de los años setentas, no eran sus leyendas ni sus mitos, ni la amabilidad de gente, sino sus aguas marítimas: ideales en temperatura, PH, oxígeno y pureza ambiental para el cultivo industrial del salmón. Unido al hecho que la Isla y sus alrededores contaba con un excedente de población desocupada o semi-ocupada que prometía a las empresas contar con una mano de obra barata. Además, de una oferta permanente de harina de pescado (alimento del salmón) a muy bajo costo, producido en el mismo lugar. Hacía que el interés por instalarse en la zona fuera altamente codiciado y esperado por los inversionistas extranjeros.

 

El Estado y los gobernantes de la época, respondiendo a ese interés del capital extranjero concesionaron a $22 el m2 de mar adyacente a la Isla. Según un dirigente sindical de la época: “de 3 pesos, la empresa aportaba 1 y el Estado de Chile 2, por tanto, era un negocio demasiado bueno para ser verdad”. El gobierno que necesitaba urgentemente dinero acelero el proceso concesiones, por lo tanto, sin mediar estudios de ninguna naturaleza, ni de impacto ambiental ni de capacidad de carga, de nada, entregó el mar a la codicia de las empresas internacionales. Y, el mar chilote fue enajenado a las empresas transnacionales. Nadie dijo nada.

El Estado, además, respaldo financieramente y logísticamente de diversos modos el desarrollo de la industria salmonera de manera directa o indirecta a través de Corfo, Fondef, universidades públicas, subsidios y con el estableciendo de nuevas oficinas de la administración pública para atender sus requerimientos logísticos y operativos; realizó inversiones en carreteras, infraestructura, proyectos hidroeléctricos, concesiones hipotecadas, etcétera. Al mismo tiempo que promulgaba leyes laxas y reducía al mínimo la fiscalización sobre las actividades extractivas de la industria salmonera. Todo contribuyo a la ampliación, consolidación y desarrollo en el tiempo de la industria salmonera sobre las bucólicas aguas chilotas.

La estrecha alianza entre lo público-estatal —representado por la Subsecretaría de Pesca, órgano estatal encargado de la jurisdicción de concesiones para cultivo de salmón, y el departamento de Defensa de Bienes Nacionales, quien debía supervisar la gestión de borde costero—, con el capital privado transnacional, posibilitó que la industria del salmón se transformara en una actividad altamente rentable. Y, un ejemplo de la iniciativa privada. Especialmente, cuando el Estado deja operar libremente y, sin ninguna intervención, al mercado.

No obstante, en 1985 el Ministerio del Medio Ambiente observó oficialmente que las jaulas de cultivo del salmón estaban afectando el mar privándolo de oxígeno. Fue una voz que no se escuchó o se relativizó la falta de oxígeno. En el entorno de las jaulas existía ya el “copépodo caligus” por el uso irresponsable del pesticida “benzoato de emamectina” así como algas tóxicas causantes de marea roja.

Si bien en el 2003 Noruega lideró el mercado del salmón y trucha y Chile le siguió en el segundo lugar a nivel mundial. Produjo 600 mil toneladas al año, US$ 2.000 millones. Para competir en el mercado global, en Chile, se sobrexplotaron las jaulas, así el 2007 los salmones estresados estaban debilitados y contrajeron el virus ISA. El crecimiento promedio anual de las salmoneras de 22% cayó en un 50%.

Los peces entonces fueron afectados por “caligidosis”, “copépodo” o “piojo de mar”, por virus ISA y por SRS o “Piscirickettsiosis”, considerado en prioridad antes del ISA como la principal causa de pérdidas en la engorda y que puede llegar a producir el 90% de la mortandad en algunos centros de cultivo. La lista y cantidad de antibióticos aplicadas en las jaulas es larga y diversa, entre ellos se encuentra el Cristal Violeta prohibido en el mundo entero por cancerígeno, las Quinolas (restringidos a nivel mundial), la Cipermetrina, prohibido en la acuicultura de Canadá por sus negativos efectos ambientales y sobre los recursos bentónicos silvestres, especialmente, los langostinos. Otro pesticida es Deltametrina, también piretroide bio-acumulable. Los que impiden la producción de mitílidos o choritos. De manera que, para evitar las enfermedades de los salmones, las empresas enfermaban la vida marítima.

Por otro lado, la producción de harina de pescado además de extinguir el jurel y la anchoveta, contribuye al sedimento que desde las jaulas de engorda se esparce hacia el mar mezclado con enormes cantidades de antibióticos. En Noruega en el año 2007 ocupaban apenas 0.02 gramos de antibióticos por tonelada de salmón, en Chile se usaron 732 gramos por cada tonelada producida, 36 mil veces más. Antibióticos que se pierden en el agua marina, son consumidos por otros peces y por los que consumen a esos peces. 

 

De acuerdo a cálculos estándar de contaminación generada por salmoneras, estimada según los suministros de alimentos artificiales que recibe la sobrecarga de salmones cautivos en balsas-jaulas, una tonelada de salmones requiere la inversión de 1,2 toneladas de alimentos artificiales (pellets de harina/aceite de pescado) y de esta alimentación se generan 800 kilogramos (Kgs.) de materia orgánica (DBO7) y 78 Kgs. de Nitrógeno (N total) los excesos de materia orgánica, por sobre las capacidades de carga de los sistemas intervenidos, han producido condiciones “anaeróbicas” en 400 puntos del Mar de la Patagonia, desde Puerto Montt a Capitán Aracena, en la Región de Magallanes, con una concentración de centros anaeróbicos en las Regiones de Los Lagos y de Aysén (1).

 

La sobreexplotación de jaulas, el alimento mezclado con sobredosis de antibióticos provoca sedimento, centros marinos anaeróbicos y exceso de materia orgánica rica en Nitrógeno alimento esencial de una especie del Reino de los Protistas, intermedio entre el Reino Animal y el Vegetal, la Alexandrium Catenella que no es un alga, sino el dinoflagelado más eficiente para capturar nitrógeno disuelto en la columna de agua marina, tiene la facultad de hacer fotosíntesis para alimentarse provocando o facilitando la emergencia de MAREA ROJA. Causa de las muertes actuales de diferentes especies marinas.

 

Durante su ciclo de vida libera cistos o quistes de resistencia, “SEMILLAS” que se depositan en el sedimento marino a la espera de condiciones ambientales y nutricionales favorables que le permitan volver a proliferar. En esta ocasión este florecimiento de A. Centella proviene de quistes de resistencia depositados, en el año 2009, en el sedimento marino de esas localidades. La marea roja que se extiende ahora por dentro y por fuera de la Isla Grande de Chiloé y hasta Valdivia, es una marea roja activa en la columna de agua y “latente”, en el sedimento marino.

 

La versión de las 9.000 toneladas de salmones pudriéndose en las costas de Chiloé como detonantes de la crisis de la pesca artesanal, o la que acusa al cambio climático de causar las pérdidas en las empresas salmoneras y por tanto del despido de sus trabajadores, no corresponde a la verdad del proceso continuo de devastación marítima y territorial llevado a cabo por el conocido cluster del salmón, forma de organización sinérgica del proceso productivo local que el Estado eligió con miras al crecimiento económico local orientado a la exportación de materias primas puesto en práctica desde 1980 al 2011 año en que el entonces Intendente de Los Lagos declaró que “los clúster no rindieron los frutos esperados sin generar la actividad público-privada esperada”. Se aceleró la acumulación del capital financiero y las fusiones de empresas salmoneras con deudas a los bancos, respaldadas por el Estado de Chile. El mar se agota, pero no así el afán de lucro de las salmoneras que hoy muestran al mundo, su crisis en el mar del sur de Chile. Por las amenazas de depredación marítima y faltas a códigos éticos mundiales de trato a trabajadores, la transnacional Marine Harvest, especialmente, recibió la visita de la OCDE y de otras organizaciones que investigaron tales delitos.

 

Se firmaron acuerdos de buenas prácticas, el Ministerio del Trabajo cursó multas, ni cumplidas ni pagadas. Casi todos los años Chile recibe acusaciones de dumping por abusos en el proceso productivo de las salmoneras en Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile dispone de equipos de abogados especializados en defenderlas. Importantes contravenciones fueron denunciadas ante el Senado ya en el 2012. En el 2013 se llevó a cabo en Chile la mayor Feria internacional de acuicultura, con gobiernos del G15, empresas multinacionales del cultivo del salmón, con noruegos que tienen 70% de producción mundial. Las multinacionales salmoneras en Chile pidieron ser sede probablemente como blindaje seguro ante instituciones del Consenso de Washington (FMI, Banco Mundial, Departamento del Tesoro de USA) por probable crisis.

 

La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha impulsado y sigue apoyando el cultivo del salmón por considerarlo “una proteína para el futuro de la humanidad” reconociéndolo como un “bien común de Chile”. En su rol de coordinadora de la feria acuícola internacional del año 2013 la FAO pareció no tener conocimiento de la situación de sobreexplotación del mar chileno por los cultivos de salmones. Las empresas pidieron más concesiones y no han bajado la densidad de ocupación en jaulas. De 417 centros de engorda activos al año 2011 que declara la Subsecretaría de Pesca, 322 (75%) estaban afectados por Caligidosis, piojo de mar, o copépodo. Singularmente, la empresa salmonera declaró producir 450 mil toneladas en un cuarto de los centros que tenía activos. Las jaulas han sido trasladadas en nuevas concesiones en Aysén y Magallanes llevando consigo los peces y sus infecciones, sus malas prácticas ambientales, sus malos manejos sanitarios, su explotación laboral. La Subsecretaría de Pesca profetiza una producción de 1,2 millones de toneladas en los próximos años, independientemente de los tamaños y profundidades de los mares, de las corrientes marinas y de la existencia de otras actividades diferentes a las de la salmonicultura en las aguas interiores. El Estado sigue destruyendo el mar.

Para reducir sus costos de producción las salmoneras mantienen a los trabajadores, en condiciones precarias, sin protección social, a bajos salarios, hace despidos masivos para debilitar la organización de los trabajadores, no se llevan registros de accidentes en las jaulas, no se reconoce públicamente la labor de buzo, está externalizada, mueren mas de 15 buzos al mes. A pesar de la ley Lafkenche que prohíbe instalar jaulas en las costas en lugares considerados sagrados, las empresas las instalan sin permiso impidiendo el cultivo de mitílidos o choritos y otra pesca. Williches y pescadores en general quedan sin su acostumbrada forma de subsistencia. Por distintas actividades secan el terreno para ganado. Matan especies mamíferas costeras. Los trabajadores son impedidos de salir de faena, varios han muerto en el mismo lugar de trabajo. Los ejecutivos de tales empresas condenados por tribunales no cumplen sentencias. Multados por Inspección del Trabajo no pagan. La total impunidad.

Desde el 2003 comenzó el regreso migratorio de la ciudad al borde costero. Desde el año 2007 en que se declara la crisis, se despiden a más de 50.000 trabajadores, el Estado les subvenciona $111 mil por obrero contratado, sigue la cesantía, pagan a subcontratistas con temporeros para terminar su cuota de cosecha en 5 días de 18 horas, al final de ello el trabajador queda cesante.

Por tanto, la muerte del mar de Chiloé viene arrastrándose por años y junto a su mar su gente pierde sus bienes comunes, salud, educación, vivienda, subsistencia, se disgrega su tejido social y cultural. El daño causado por las salmoneras es evidente y los gobiernos insisten que “El mar es (la) promesa alimentaria para Chile” respaldándolas política y financieramente. No solo el Estado ha respaldado a la industria salmonera sino también la banca nacional. En el año 2008, la deuda de las salmoneras con la banca ascendía a US$Mill 4.000.

 

La entonces presidenta de Chile entregó vía Corfo, US$Mill 450. Y anuncio en el discurso presidencial del 21 mayo 2008 la entrega US$Mill 600 en auxilio de dicha industria. Con el objeto de que se recontratara trabajadores cesantes otros US$Mill 500. Además, propuso abrir una línea de crédito bancaria de US$450. Para lo cual los bancos exigieron que las salmoneras hipotecaran sus concesiones pesqueras. Así en el párrafo clave de las modificaciones a la ley de pesca de 2009 (previo fuerte lobby de los banqueros), se permite que las concesiones acuícolas sean hipotecadas y con fórmulas para que la caducidad de estos permisos no se haga efectiva y puedan ser intercambiadas como cualquier producto transable entre acuicultores y entre estos y los bancos. Las salmoneras podrán usar las concesiones otorgadas por el estado como respaldo bancario a los créditos. Hipotecar bienes nacionales de uso público es: inconstitucional, porque no son inmuebles.

Hoy el capital está concentrado en 7 megaempresas. Los bancos negocian la deuda una por una. Cuando los bancos se quedan con la propiedad de las Concesiones hipotecadas dejan libre a las empresas para que vendan al precio de la deuda restante y paguen. El año 2010 los bancos remataron las concesiones a megaempresas extranjeras del salmón porque en Chile es el país que pone menos problemas a la expansión y facilita la concentración de capitales.

Empresas noruegas, canadienses, japonesas están en un proceso acelerado de concentración del capital. Especulan con el 40% de concesiones dejando el resto pasivas para venderlas cuando aumente su valor. No quieren las concesiones para otro rubro. Hacen figuras para mantenerlas, declaran al seguro infecciones en concesiones inexistentes, alteran cifras de producción en Sernapesca central. Así el 2008 se avisó que el año 2014, se produciría un proceso de reordenamiento total del mapa financiero de las megaempresas del salmón y en todos los aspectos.

La mayoría de las salmoneras están con deudas registradas entre US$500 mill y US$ 1.000 millones. Los bancos siguen reticentes a prestar más. El Banco Central (BC) en su Informe de Percepciones de Negocios de mayo 2016 dice que “Varios bancos están realizando esfuerzos importantes para evitar el deterioro de los pagos, tiene que responder por el dinero de los ahorrantes”.

Como mera información, con el derramamiento de salmones muertos en la alta mar chilota, el precio del salmón aumentó de US$3,50 a US$5,40 en el mercado global. O sea, las nueve mil toneladas de salmones infectados vertidas en el mar no fueron en vano.

En Chiloé, Aysén, Magallanes y últimamente en aguas dulces de la IX y X región, las salmoneras han mantenido sus prácticas habituales de evitar las regulaciones ambientales y sanitarias, así como la sobre-explotación de los sistemas marinos para sustentar su especulación financiera. Por esa razón, son un peligro para la vida humana.

 

Por último, es importante señalar que la marea roja no es causada en Chile sólo y exclusivamente por el cambio climático, ni por los salmones muertos en las costas de Chiloé, factores coayudantes, que la actual crisis, pero no determinantes. La crisis actual es el resultado de cuatro décadas de malas prácticas de las salmoneras, las cuales desde su llegada a las costas de Chiloé han ido dando muerte al mar. Y, si no se detiene “la producción del salmón” será apocalíptica.

 

El Estado de Chile debe dejar de respaldar las deudas de las salmoneras ni permitir más su irresponsabilidad con el medio ambiente, con el territorio chileno ni con sus habitantes. Las salmoneras se apropian de bienes nacionales de la República, imposibilitan la vida humana y marítima en Chiloé y amenazan al resto del mar del sur de Chile.

Pero también la sociedad civil, los y las ciudadanos, los medios de comunicación, las universidades públicas, los cientistas sociales, deben abandonar la indolencia e indiferencia que ha permitido la destrucción de la vida en Chiloé como en otros lugares del país. Tomar consciencia que el extractivismo, el uso indiscriminado de los bienes comunes que nos ofrece la naturaleza, no es el mejor camino para la sustentabilidad de la vida en el territorio nacional. Debemos avanzar como sociedad en la discusión de un nuevo modelo productivo que respete la naturaleza. En otras palabras, se debe exigir el fin de la soberanía mercantil del capital transnacional como nacional.

La actual rabia ciudadana chilota no puede quedar como otra manifestación coyuntural del conflicto entre el Estado, Mercado y la Sociedad. El cual lo han demostrado otros conflictos similares en la demanda parcial y particular exigiendo al gobierno de turno la solución momentánea de una situación crítica. Las cuales son, por lo general, soluciones de mercado. Para que una vez, dominada la rabia, todo vuelca a lo mismo. NO, la devastación de la naturaleza, por acción humana, es irreversible. Si no se corrige hoy, el mañana será no será.

 

Traiguen-Santiago, mayo de 2015

Este artículo se construye en base a la información levantada por la Dra. Virginia Ramos para su tesis doctoral: La responsabilidad social de mega-empresas y Estado en el uso y administración de bienes comunes. El caso de la intervención de la mega-industria del Salmón en los bordes costeros del archipiélago de Chiloé, Chile 1983-2013. Leída y presentado en el Programa de Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Universidad ARCIS, 2013. El testimonio fue entregado por un pescador a Virginia Ramos, en el marco de su investigación. (1). Iinformación 2010 de SERNAPESCA cfr. Kol, Héctor, Comité de Defensa del Borde Costero Puerto Montt, La Agonía, IV parte, derribando mitos. Conferencia Universidad de los Lagos, 6 de mayo 2016.

 

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/El-Estado-y-el-extractivismo-neoliberal-destruyen-la-naturaleza-y-la-vida

 

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Un producto cada vez más consumido

Aprueban instalar salmoneras en el mar argentino:

debate por el daño ambiental.

12 de mayo de 2018

 

Los ambientalistas cuestionan que el salmón es una especie exótica y la forma de producción es contaminante. 

 

Por Gretel Gaffoglio

Los esfuerzos del presidente Macri por atraer inversiones llegaron hasta Noruega. En marzo los reyes nórdicos Harald V y Sonia visitaron la Casa Rosada y fruto de ese encuentro el ministerio de Agroindustria suscribió con Noruega un convenio de cooperación para estudiar la factibilidad de desarrollar la acuicultura en el país: la cría industrial de peces en jaulas oceánicas o en piletones indoors.

Según confirmó a Clarín la subsecretaría de Pesca, el salmón es la especie elegida para el desarrollo acuícola tanto en el Canal de Beagle como en el litoral santacruceño del mar argentino.

Pero el acuerdo no está exento de polémica y ya es rechazado por amplios sectores ambientalistas. Cuestionan que el salmón es una especie exótica y que su producción es contaminante. La concentración de heces y pellets con antibiótico que se asientan en el lecho marino, y que otras especies como crustáceos pueden ingerir, constituyen una amenaza para la salud del mar. Ese debate en el litoral chileno está hoy al rojo vivo, con miles de activistas que aseguran que el exceso de concesiones para la salmonicultura ha saturado al ecosistema marino. Afirman que el resultado es la proliferación de algas tóxicas emparentadas con la marea roja.

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Tanto biólogos como oceanógrafos, argentinos o chilenos consultados porClarín, repiten el argumento: “El salmón es una especie exótica que depreda la biodiversidad nativa de peces". Citan como ejemplo lo ocurrido en Argentina en los años ‘20.

“La trucha, que es un salmónido, fue introducida con fines deportivos en los lagos de la Patagonia. La región contaba con amplia biodiversidad de especies ictícolas. Pero al introducirla, la trucha depredó a todas las demás especies”, explican los biólogos.

En Argentina, además, la polémica por la cría de salmón en jaulas oceánicas llegó a los cocineros más encumbrados que hicieron campaña para no consumir salmón chileno por las presuntas dosis de antibióticos que contendría su carne anaranjada. 

En Chile, los salmones son el segundo producto de exportación después del cobre. Exportan unas 830.000 toneladas anuales a EE:UU, Japón, Brasil, Rusia, Europa y China y representa un negocio de 4,6 billones de dólares.

Argentina es un mercado exiguo para los salmones chilenos: se importan 8100 toneladas por un valor de US$ 62 millones, que se consumen principalmente en platos de sushi.

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Desarrollar la salmonicultura en nuestro país supone pagar un costo ambiental muy alto, argumentan los ambientalistas locales. Explican que los salmones se alimentan con pellets (así denomina a la porción de alimento balanceado) de harina de pescado. Alimentar a un salmón insume 9 kilos de peces. Y es en los pellets donde se adosan los antibióticos. 

 

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Clarín visitó las salmoneras en el país transandino. Se embarcó 6 días en el rompehielos Artic Sunrise de Greenpeace GP). Navegó por el Estrecho de Magallanes hasta adentrarse entre los fiordos y canales fueguinos.

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A lo largo de la travesía, el barco ancló frente a distintas salmoneras. A bordo de semirígidos, contiguos a las jaulas, un oceanógrafo realizó mediciones de CTD (conductividad, temperatura y densidad del agua). “El problema es que no existen parámetros previos a la instalación de estas jaulas, y no es posible hacer un estudio comparativo”, explicó el doctor en oceanografía Ernesto Molina.

 

El equipo de Clarín tuvo la posibilidad de escudriñar las jaulas: una espuma amarillo rosácea bordeaba el conducto de las mangueras. Por allí succionan a los salmones para extraerlos del agua. “Esa espuma de color desagradable, en aguas prístinas, es resto de pellets y antibiótico”, señaló la geógrafa Estefanía González. “La jaula está rota porque los lobos marinos la rompen para comerse los salmones. Estos se escapan y depredan a las demás especies”, agregó.A escasos metros de las salmoneras, un resoplido puso a todos en alerta: “Ballena jorobada a babor!”, gritó el marinero. El cetáceo retorció su lomo para ir a una inmersión profunda. Desplegó su fastuosa cola y se sumergió apacible en su mar. “Incentivar la salmonicultura en el mar argentino es un suicidio ambiental—dicen en GP—Y más cuando se impulsan parques marinos cerca del Canal de Beagle”.

Fuente: https://www.clarin.com/sociedad/aprueban-instalacion-salmoneras-mar-argentino-debate-dano-ambiental_0_H1amf3NCM.html

 

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Alertan sobre el impacto que podría tener el cultivo de salmones y truchas en el mar patagónico.

2 de agosto de 2018

Por Laura Rocha 

Las especies exóticas siempre son una mala noticia. Así lo evalúan los integrantes del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, que publicaron un informe para advertir sobre los graves impactos que tendría el cultivo de salmones y truchas en la costa argentina si se aprueban la iniciativas que están siendo consideradas por el gobierno nacional y por la provincia de Tierra del Fuego.

El foro, compuesto por 23 ONGs señala en el documento las principales amenazas que representa este tipo de emprendimiento que consiste, básicamente, la crianza de especies en agua dulce y salada. Entre las amenazas están: el escape de salmónidos, lo que implica la introducción de especies exóticas, desde las jaulas de cultivo al ambiente natural; el abuso de antibióticos, antiparasitarios y otras sustancias químicas; la introducción y propagación de enfermedades; la acumulación de residuos sólidos y líquidos en el fondo marino o los desechos industriales que las empresas han dejado en los fiordos, como jaulas abandonadas, plásticos, boyas, cabos, etc.

 

El documento que se dio a conocer ayer también señala como amenaza a la presión pesquera sobre especies silvestres usadas para harina y aceite de pescado que acaban como alimento de salmónidos y a las interacciones negativas directas e indirectas con mamíferos marinos y aves, algunas de estas especies con estados de conservación delicados.

"Las especies exóticas invasoras están categorizadas como la segunda causa de pérdida de biodiversidad en nuestro planeta, debiendo ser tratadas aplicando el principio de precaución promovido por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) del cual Argentina es Estado Parte. Una referencia útil para la Argentina es la experiencia chilena, donde ​​el cultivo de salmónidos ha tenido un alto costo socio-ambiental en los ecosistemas de la Patagonia chilena", indicó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), integrante del grupo que elaboró el informe.

 

"Las mismas empresas que pretenden instalarse en Argentina llevan treinta años operando en Chile, donde han causado un daño de enorme magnitud en un ecosistema que no sólo es único, sino que tiene un potencial extraordinario para el turismo de naturaleza. La experiencia chilena debería servir para no replicar el mismo camino en la Argentina", argumentó Alex Muñoz, director del programa Pristine Seas de National Geographic y coautor del documento.

 

El informe, que se dio a conocer a la prensa, fue distribuido a las autoridades nacionales y provinciales y, la semana próxima habrá un encuentro para el intercambio de opiniones. "En base a la abundante información científica y técnica disponible, el cultivo de especies introducidas en un ecosistema tan rico y frágil como el mar patagónico representaría un error histórico que lamentaremos para siempre. Las graves implicancias ambientales de la salmonicultura, sobre todo en ecosistemas donde estas especies no son nativas, están totalmente comprobadas y son irreversibles", aseguró Claudio Campagna, presidente del Foro para la Conservación del Mar Patagónico.

 

Desde hace dos años se encuentra vigente la iniciativa "Innovación Acuicultura Argentina – INNOVACUA" gestionada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MinCyT), que ha firmado un acuerdo de colaboración y cooperación técnica con el gobierno fueguino para instalar una granja multitrófica integrada para el cultivo de diversas especies marinas, entre ellas, truchas (una especie de salmónido).

 

Por otro lado, la Argentina ha firmado recientemente un convenio con el Reino de Noruega para llevar adelante el "Proyecto de Acuicultura Nacional", y evaluar la factibilidad del desarrollo de acuicultura basada en salmones en Tierra del Fuego.

 

"El gobierno nacional y el de Tierra del Fuego aún podrían dar un ejemplo de responsabilidad en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros compromisos internacionales asumidos por el país y leyes nacionales que apoyan nuestra posición", explicó Ana Di Pangracio, Directora Ejecutiva Adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

 

El informe es contundente: "En base a las razones que exponemos en este documento, nuestra principal conclusión es que la salmonicultura en la Argentina, por ser una actividad basada en especies exóticas, causaría graves impactos ambientales, sanitarios, sociales y económicos, y no cumpliría con las condiciones esenciales de sustentabilidad que requieren las iniciativas modernas de desarrollo. Por ello, recomendamos no admitir la instalación y operación de centros de cultivo de salmónidos en Tierra del Fuego ni otros sitios del litoral marino argentino".

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Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2018/08/03/alertan-sobre-el-impacto-que-podria-tener-el-cultivo-de-salmones-y-truchas-en-el-mar-patagonico/

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Nos encontramos con el kirchnerismo que es abstraído de haber hecho a la continuidad y profundización del menemismo. En efecto, promovió (con multimillonarios subsidios directos e indirectos) la expansión de los extractivismos que constituyen el proceso de incesante concentración y transnacionalización económico territorial de los poderes establecidos mediante terrorismo de estado.

 

Permanece oculta y fragmentada la realidad de las provincias a consecuencia de esas expropiaciones del Capital-Estado y sus comunidades están bajo estado de excepción. Ejemplifiquemos en qué consiste el federalismo legalizado y legitimado en la Constitución de 1994 a través de la provincia de:

 

FORMOSA

Gildo Insfrán y los Kirchner: memorias de una alianza.

26 de febrero de 2015

“Ha sido una década ganada en serio”(1). Desde el inicio de sus mandatos, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, supieron que la alianza con los gobernadores provinciales era una pieza clave para el predominio de su poder. En Formosa, con Gildo Insfrán, tienen a uno de los soldados más polémicos, pero fieles del modelo. Cuestionado por la represión y asesinatos en la comunidad qom, desde el gobierno nacional siempre lo protegieron. ¿Por qué la presidenta tiene de aliado a Gildo Insfrán? ¿Qué une a ambos gobiernos que las fuertes críticas no pueden desunir?

Gildo Insfrán, veterinario de profesión y de afiliación justicialista, fue electo por primera vez como gobernador de Formosa en 1995, y luego durante cinco períodos consecutivos más, gracias a la reelección indefinida que él mismo promovió. Pero su carrera política no empezó ahí: tiene el récord de más de 30 años en el poder.

Oriundo de Laguna Blanca, comenzó como diputado en la legislatura de esa provincia en 1983 y en 1987 ocupó el cargo de vicegobernador, acompañando al entonces gobernador Vicente Bienvenido Joga, su padre político, hoy candidato massista.

En su extensa carrera política, apoyó a los más variopintos gobiernos, de Menem a Néstor Kirchner, pasando por De la Rúa, Rodríguez Saa y Duhalde. En 2001, sería uno de los 7 gobernadores que se solidarizó con Menem en la quinta de Don Torcuato, donde cumplía arresto domiciliario por la venta ilegal de armas.

Gentilezas

Insfrán tiene el mérito de ser el primer gobernador en apoyar a Néstor Kirchner. Sellaron el pacto con la muestra de una excelente elección en Formosa por el ignoto candidato presidencial. Casi a contra corriente del país, en la provincia norteña Kirchner ganó con el 40,8 % de los votos, frente al 26 % de Menem. Seguirá la firma del Pacto de Reparación Histórica, que reactivaba obras de infraestructura en la provincia, y el compromiso de eliminar los bonos monetarios de la crisis. Poco después, Formosa tendría su elección y el mismo Kirchner viajaría a devolver gentilezas y apoyo. El 67,1 % de los votos le otorgó el tercer mandato al ahora devenido kirchnerista. Desde 2003, Insfrán arrasa de forma ascendente en cada elección, superando el 70 % de los votos. A continuación de cada elección se escuchan las denuncias de robos de DNI, padrones truchos, clientelismo y aprietes en una provincia donde dos tercios de los trabajadores lo hacen en el sistema público y la corrupción es más que endémica.

Ubicado en la Ciudad de Formosa sobre la avenida que lleva el mismo nombre, se erigió el primer monumento a Néstor Kirchner, nueva muestra de lealtad.

Causa qom

Actualmente el “feudo” Insfrán, tiene 530 mil habitantes, y es una de las provincias más pobres de la Argentina y con mayor composición indígena. El censo de 2010 señala que está entre las cuatro provincias con tasas más elevadas de analfabetismo del país. Es uno de los territorios más afectados por la trata de menores, con altos niveles de mortalidad infantil y materna, record de desnutrición, salarios bajos y mínimo desarrollo del sector privado. Contradictoriamente, los ingresos de los parlamentarios de Formosa están entre los más altos de la Argentina. Por más que machaquen con la publicidad orientada al turismo, Formosa “no” quiere decir hermosa.

Fiel al kirchnerismo, el modelo económico extractivo (monocultivo de soja, de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera) se desarrolla en Formosa en todo su esplendor. El menemismo sentó las bases para esas industrias, y el kirchnerismo continuó y profundizó ese modelo extractivo.

La tenacidad de esta política será la causa con la que arrasa con derechos de los pueblos originarios. La brutal represión al corte de la Ruta Nacional 86, que realizaba la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) en noviembre del 2010, donde policía provincial y Gendarmería Nacional actuaron en conjunto asesinando a Roberto López, rompió el cerco mediático y sacó a la luz las condiciones en las que viven los pueblos originarios: la falta de acceso a necesidades tan básicas como el agua potable, la electricidad y la vivienda, el despojo de sus territorios, que provoca hambre y enfermedades, la discriminación y la represión.

El velo de impunidad es garantizado por los medios locales. El periodista formoseño Alejandro Crivisqui, ex candidato a senador y vicegobernador en Formosa, es el principal vocero, pero tiene fuerte correlato en los nacionales más ligados al gobierno. La oposición local radical tampoco hace mucho berrinche, comparte intereses con el oficialismo aunque se muestre adversario, porque se quiera o no, los negocio de la tierra son política de Estado.

Las reiteradas denuncias realizadas por organismos supranacionales, por personalidades y organismos de DDHH, organizaciones sociales, los cortes de ruta y los acampes que la comunidad La Primavera realizó en el centro porteño, y la exigencia a la misma presidenta que tome cartas en el asunto, significó un gran costo político hacia ambos gobiernos y es un punto sensible para un sector de la base de apoyo del kirchnerismo. El CELS que tiene como titular a Horacio Verbitsky, - así como importantes personalidades de DDHH como Pérez Esquivel o Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora- ha estado apoyando el reclamo, mostrando el lado oscuro del “progresismo” gubernamental.

El gobierno nacional no los recibió nunca y no dio ninguna respuesta a los conflictos territoriales, ni sobre el asesinato de Roberto López durante la represión. Félix Díaz qarashé (dirigente) de la Comunidad La Primavera, que junto a otros miembros de la comunidad acampa en este momento en Capital Federa, expresó : “lo que sabemos es que Cristina Fernández de Kirchner es my aliada al gobernador Insfrán, eso es lo que nosotros vemos difícil para exigir al gobierno nacional que resuelva los conflictos. Como siempre decimos la autoridad nacional tiene toda la facultad de hacer algo en las provincias, pero (…) se ignoran las violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas”.

De los veinte años de mandato de Gildo Insfrán en Formosa, 12 los gobernó con el respaldo económico y moral del gobierno nacional. El kirchnerismo no sólo defendió a lo peor de la recalcitrante vieja política sino que es parte de la misma.

23 de febrero de 2015. Dichos de Gildo Insfrán durante una teleconferencia mantenida por la titular del Ejecutivo nacional desde Berazategui con la ciudad de Ingeniero Juárez

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Memorias-de-una-alianza

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Insfrán, la corrupción eterna

El Gobernador de Formosa aspira a la gobernación ilimitada, apoyado en el clientelismo y la corrupción.

Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, es uno de los cinco gobernadores argentinos que goza de la reelección ilimitada. Sin pausa, Insfrán ha logrado el control de la provincia contaminándola con el clientelismo más terrible. Formosa se ha convertido en un feudo manejado por el chantaje y la corrupción.

 

Como resultado de este proceso político degenerativo, se han quebrantado cada uno de los sectores sociales, políticos y culturales de la provincia. La reelección indefinida, hija de un sistema electoral perverso, tiene premisas que intoxican la sociedad. “El que no vota a los señores feudales, no recibe los planes sociales, no come, no vive, no existe”, es el pilar de un mecanismo de acción política destinado perpetuarse en el poder. En algunos casos, el gobierno provincial ha llegado a retener los documentos para coaccionar el voto.

 

Insfrán ha logrado instaurar un feudo en plena democracia, todas las comunas están manejadas por sus hombres, con el apoyo a nivel nacional de diputados y senadores del sector. Su secreto es simple: alinearse incondicionalmente a quien detenta el poder nacional. Insfrán -hoy soldado kirchnerista en la provincia- fue menemista, duhaldista, apoyó a Rodriguez Saa en su semana presidencial. Esa es la clave de su gestión.

Formosa es una provincia con 200 electores, 50 mil Planes Jefas y Jefes de Hogar y 60 mil son empleados públicos. Esto convierte a los formoseños en rehenes políticos del gobernador, que opera a través de sus hombres comunales. Una vez más, la clave del gobierno eterno construido sobre la coacción electoral, “el que no vota al magistrado provincial, no recibe planes sociales”. Las denuncias de compra de sufragios, son las más recurrentes, pero nadie hace nada.

 

En Formosa, Gildo Insfrán depuró la democracia http://comprar-ed.com/viagra.html 

convirtiendo a la provincia en una zona feudal dominada por sus caudillos, un lugar donde no existe una clara división de poderes. En esta instancia, víctima de las manipulaciones políticas de Insfrán, el pueblo formoseño deambula sin respuesta a sus denuncias entre una legislatura sumisa y un poder judicial disciplinado a los caprichos del gobernador.

Fuente: https://infosur.info/insfran-la-corrupcion-eterna/

 

 

Veamos, durante el gobierno de Macri, a la continuidad y profundización de lo establecido por los Kirchner a través del mismo sátrapa.

 

 

 

Formosa: brutal represión del gobernador peronista

Insfrán contra la comunidad wichí.
2 de enero de 2018

 

Hay un chico internado de gravedad y varios niños y mujeres con balazos de goma en el rostro y cuerpo.

El gobierno peronista de Gildo Insfrán reprimió salvajemente a la comunidad wichí del barrio 50 Viviendas de Formosa. Al momento está internado un chico de 8 años con heridas graves y varios miembros de la comunidad con disparos de balas de goma en la cara y heridas de distinta gravedad, y todavía no recibieron atención médica, según denuncian integrantes de la comunidad.

Según denunció La Gremial de Abogados en su muro de Facebook: "Facundo Agüero, de trece años, fue baleado en la cabeza. En medio de la represión, su hermano pudo socorrerlo y trasladarlo primero a otro barrio, de allí se dirigieron a la sala y posteriormente al hospital de Ingeniero Juárez. Se encuentra grave en el Hospital de Ingeniero Juárez, acompañado de su cuñada y uno de sus hermanos".

La represión se da en el marco de un reclamo por tierras que ya lleva más de 10 años. El barrio 50 Viviendas se erige sobre donde funcionaba el ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes), el cual será trasladado a la capital formoseña. Allí el gobierno prometió construir viviendas para efectivos municipales y miembros de la policía provincial.

Cuando la comunidad se enteró de que sería desalojada, iniciaron una toma pacífica con la esperanza de entablar un diálogo con el gobierno de Insfrán. Pero la respuesta fue una vez más la represión.

Recordemos que Gildo Insfrán, uno de los gobernadores más cercanos a Cristina Fernández durante todo su mandato -que incluso la apoyó en las últimas elecciones- tiene un largo historial de represión a los pueblos originarios, que incluso llevó a la muerte de integrantes de la comunidad Qom.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Formosa-brutal-represion-del-gobernador-peronista-Insfran-contra-la-comunidad-wichi

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ESCANDALOSO

Justicia de Formosa procesa a Félix Díaz por “usurpar” su propia tierra.

1ro de junio de 2017

El procesamiento será para el dirigente y tres integrantes más de la comunidad qom La Primavera. La increíble acusación es por “usurpación” del territorio que les pertenece ancestralmente.

La Justicia formoseña confirmó el procesamiento a Félix Díaz y a otros tres integrantes de la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh, en La Primavera. Parece insólito, el colmo del colmo, pero no lo es: los acusan de usurpar el propio territorio en el que viven.

La causa fue denunciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como “armada por la policía provincial”. Se da en el marco de una causa abierta por “daño, robo, atentado contra la autoridad con arma, lesiones y abuso sexual” iniciada en el 2010, después de una protesta de la comunidad contra el Gobierno provincial que intenta llevar adelante un plan para ceder tierras ancestrales para la construcción de una edificación de la Universidad de Formosa. Aquella manifestación había sido reprimida brutalmente por la Policía provincial.

Desde el inicio de la causa el CELS se ha manifestado en contra de esta acción judicial y ha expresado que es una “causa armada por la policía provincial para criminalizar a los integrantes de la comunidad”.

Se demuestra así que la persecución a los pueblos originarios de la provincia es útil a los intereses del gobierno que avala a los empresarios de la construcción y del campo que intentan quedarse con las tierras de las comunidades originarias de la región.

El feudo de Gildo Insfrán

Es gobernador de la provincia de Formosa desde 1995. Ya son más de 20 años al mando de la provincia, convirtiéndola en su propio feudo. Es peronista. Es del Frente para la Victoria.

En materia de derechos humanos no tiene mucho que envidiarle a su par jujeño, Gerardo Morales, alumno ejemplar de Macri.

En Formosa también hay presos políticos y persecución a los dirigentes de las comunidades originarias que reclaman la propiedad de sus tierras, como los Qom o los Wichí.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)en esta provincia también hay presos políticos. Uno de ellos es miembro de la comunidad Wichí, se llama Agustín Santillán, un joven docente bilingüe que comenzó a reclamar falta de escuelas, postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua para los suyos. Lo echaron de su escuela y desde abril está detenido también con causas armadas; reclamarle al gobierno ayuda por las inundaciones y exigir asistencia médica para su pueblo, Ingeniero Juárez.

Esa es una de las localidades más pobres del norte y una región ancestral del pueblo Wichí, allí, en las últimas décadas, se aceleró el proceso de despojo territorial por el avance agroganadero y petrolero y las comunidades indígenas pasaron a engrosar los márgenes pobres de la ciudad.

“Nadie puede acusar a un indígena por vivir en su territorio tradicional”

En el marco de estas acusaciones, Félix Díaz manifestó que “estoy muy preocupado por la manipulación de las causas penales cuando se trata de nosotros los indígenas”. Y agregó que “cuando pedimos que se investigue cualquier delito contra un indígena eso nunca se investiga, por ejemplo en casos de muertes en accidentes, enfermedades, homicidios a indígenas”.

También denunció que “en esta misma causa hay policías acusados, que no fueron investigados ni procesados”.

“Un juez de Formosa me acaba de procesar por una causa de usurpación que nunca aceptaré porque no es una causa penal. Pertenezco a aun pueblo preexistente al estado y exigimos el respeto de esos derechos consagrados en la constitución nacional, en el Convenio 169 de la OIT y en otras herramientas jurídicas que protegen y amparan a los pueblos indígenas”, sentenció.

Ni el Gobierno actual ni la oposición respetan los derechos de los pueblos indígenas que tiene que ver con los territorios que han ocupado históricamente. Los siguen persiguiendo, despojando de sus territorios, encarcelándolos y matándolos para beneficiar sus negocios.

Te puede interesar: Cacería de wichís: Agustín Santillán, el preso político de Gildo Insfrán

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Justicia-de-Formosa-procesa-a-Felix-Diaz-por-usurpar-su-propia-tierra

En consecuencia, abajo y a la izquierda, debemos instalar la deliberación popular sobre:

Extractivismos, el papel del Estado y sus impactos

 

 

Entrevista a Eduardo Gudynas (CLAES), por J.A. Godoy y G. Zambrano. Los entrevistadores integran el equipo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la conversación tuvo lugar en el marco de un evento convocado por DESCO.

 

Cualquier variedad de extractivismo, con mayor o menor presencia estatal, termina en impactos sociales y ambientales

Eduardo Gudynas, investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), se encuentra en Lima para participar en el Coloquio Gobernanza local, pueblos indígenas e industrias extractivas en América Latina: transformaciones y continuidades, actividad académica organizada conjuntamente por DESCO?—?Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, el Graduate Institute of International and Developement Studies de Ginebra, la Universidad de Lucerna y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). José Alejandro Godoy y Gustavo Zambrano, integrantes del equipo del IDEHPUCP, lo entrevistaron para nuestra página web en torno al concepto de extractivismo, sobre el que expuso en el mencionado evento y que, además, ha sido debatido por políticos y autoridades peruanas. Aquí el diálogo.

 

¿Qué podemos entender por extractivismo?

Usamos una definición que es, a la vez, amplia pero estrecha y que intenta ser muy rigurosa, porque las confusiones sobre los usos del término afectan el diagnóstico de los problemas y cómo analizar y proponer alternativas. Nuestra enunciación parte del uso tradicional del vocablo por parte de los movimientos sociales, que aluden a las actividades mineras y petroleras, desde los años 70 y 80, dado que el Banco Mundial usaba el término “industrias extractivas”. Luego llegó un momento en que cualquier cosa podía ser extractivismo?—?como el cultivo de un campesino para su propia alimentación -, por lo que, partiendo de su origen histórico y adaptándolo a lo que se vivía en América Latina en los últimos años, señalamos que esta palabra designa a la extracción masiva y muy intensa de recursos naturales para insertarlos en la globalización. Por lo tanto, es un caso particular de aprovechamiento de recursos, de una articulación entre sociedad y naturaleza.

 

Por tanto, ya no sólo nos concentramos en la extracción de minerales, gas y petróleo, sino también en el cultivo masivo de la soya en algunos países de América Latina.

Ojo, no toda actividad minera es extractivismo. En buena parte de nuestros países, dicha actividad supone extraer roca y tierra para la construcción, es decir, para el mercado local, lo que no entra en nuestra definición porque no se exporta. De esta manera, si quedan inmersos en nuestra definición varios rubros de la agroexportación y agroindustria, lo cual hace mucho sentido para los países del Cono Sur, donde la soya es el equivalente a la gran minería en el Perú. También ingresarían actividades como la destrucción de manglares para cría de camarones para exportación, la pesca intensiva para hacer harina de pescado, entre otras.

 

Es decir, estamos hablando de actividades que tienen un gran impacto en el medio ambiente.

Nosotros, en atención a ello, dividimos los extractivismos en una mirada de la ecología política en cuatro generaciones, de acuerdo a la cantidad de energía y materia que se utiliza para extraer cada unidad de recurso natural. Lo que observamos ahora son los extractivismos de tercera generación, que comprende la minería a cielo abierto o las torres de perforación petrolera de múltiples pozos en la Amazonía. O también extractivismos de cuarta generación, como la explotación del gas por fractura hidráulica. Los extractivismos de tercera generación tienen alto impacto ambiental, casi siempre tienen mucho impacto social y territorial y de muy dudoso efecto económico?—?o negativo?—?cuando se revisa con rigurosidad.

 

Con impacto económico nos referimos con impacto en el empleo, mayores recursos para las comunidades o mejores oportunidades.

La defensa del extractivismo dice que esos son algunos de los efectos positivos. Lo que pasa es que la mayor parte de las consecuencias no son evaluadas económicamente y son invisibles. Cada vez que se les adjudica a un costo, supera al beneficio económico por exportación de materias primas. Ese costo, aunque no sea calculado por el Ministerio de Economía, existe y lo van a pagar la sociedad y los gobiernos locales.

 

Una cuestión  es que hablar de extractivismo implica cuestionar el modelo de desarrollo. A partir del debate que usted tuvo con el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal, ¿estamos hablando de un nuevo modelo de desarrollo?

El extractivismo es parte del modelo de desarrollo convencional. Lo que se denomina como “neoextractivismo” no es un cambio de postura, sino se refiere a que es encarnado por gobiernos progresistas, que se llevan delante de otra manera, pero el costo social y ambiental es similar. Hay otro uso del aparato del Estado y de los beneficios económicos y los términos de la discusión son distintos.

 

¿Cuál es la diferencia?

El extractivismo progresista es defendido como herramienta para financiar al Estado y a los programas de lucha contra la pobreza, bajo una retórica de izquierda, defendiendo la soberanía nacional.

 

Entonces, los estudios que se llevan a cabo sobre el extractivismo apuntan a cuestionar esta forma de aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Se busca construir una alternativa o una regulación mayor a determinadas actividades?

Cuando se usa este tipo de análisis no nos referimos a un solo proyecto minero o petrolero, sino a un conjunto de actividades. Cualquier variedad de extractivismo, con mayor o menor presencia estatal, termina en impactos sociales y ambientales, porque es su naturaleza básica. Pensar en salidas implica en pensar por fuera de cualquiera de las alternativas actuales de desarrollo. Advertencia: esto es distinto a la forma cómo construyo una transición. El horizonte de cambio es salir del actual esquema de desarrollo.

 

En ese sentido, ¿qué impacto tiene el extractivismo en el ejercicio de los derechos humanos?

Terrible. Se ha subestimado el impacto negativo de los extractivismos en los derechos humanos, pues se ha atacado casos en forma aislada. En CLAES, cuando hicimos una revisión para el texto que he presentado, encontramos que en todos los países sudamericanos hay violaciones a los derechos humanos asociadas a proyectos extractivistas. En todos los países del subcontinente que tienen poblaciones indígenas?—?todos, menos Uruguay?—?hay vulneraciones a los derechos de estos colectivos.

 

¿Cuáles son los derechos vulnerados en este último caso?

Hay vulneraciones a derechos como la consulta y el acceso a la información, el derecho a un ambiente sano y a la calidad de vida, así como aquellos vinculados con los temas laborales. Va subiendo la gravedad de violaciones hacia formas de persecución a líderes ciudadanos, espionaje y seguimiento ilegal, criminalización de la protesta. Hallamos también el uso distorsionado del sistema judicial: en Brasil, los procesos vuelven inoperantes a los dirigentes sociales que deben estar atendiendo demandas, ven embargados sus bienes y no pueden viajar. Y lo que es más grave, es la tolerancia y la débil investigación frente a violencia en protestas sociales, arrestos ilegales y muertes en marchas, así como el asesinato de dirigentes.

 

En esta reflexión sobre el extractivismo, ¿cómo entran las actividades ilegales? En Madre de Dios, región peruana, existen severos problemas con la minería y tala fuera de la ley, buena parte de la cual se destina para la exportación.

Es igual. En el caso de la minería ilegal de oro de Madre de Dios, caso similar al de Bolivia, Brasil y Colombia, está repleto de violaciones. Al ser una actividad ilegal, el proceso se mueve bajo la violencia, tanto de quienes llegan contra las comunidades indígenas o campesinas, se producen disputas por territorios o por quien se apropia de la mejor veta. También hay violencia entre quienes extraen el oro y quienes lo acopian. Sumemos a ello lo que ocurre en Perú y Bolivia sobre el tráfico de niñas y adolescentes para explotación sexual y trata de personas en los campamentos mineros.

 

Finalmente, ¿qué debería hacer un Estado para modificar o iniciar el tránsito hacia un modelo que no sea dependiente exclusivamente de la extracción de recursos naturales?

Es una pregunta difícil de contestar en forma sencilla. Hay que reformar la organización del Estado: por ejemplo, el rol del Poder Legislativo y del Poder Judicial o la forma de organizar el presupuesto. Los gobiernos tienen mucha plata y la usan en cosas sorprendentes. Hay que ver la relación con los niveles subnacionales. En los países de la región, a ritmo rápido avanza la reflexión sobre cómo entender la posibilidad de contar con sociedades no extractivistas, a partir de un sector de la academia, algunos activistas y algunos políticos. Se incorporan avances importantes como la idea del “buen vivir”, que va más allá del concepto del desarrollo, constantemente atacada por izquierdas y derechas. Estas últimas lo perciben como el sueño de una izquierda utópica que paraliza el desarrollo del país, mientras que las primeras la ven como un neoliberalismo disfrazado que sirve a los intereses transnacionales. La discusión que estamos planteando no es entendida por las viejas generaciones.

Publicada por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos, PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú), agosto 2015, en: idehpucp.pucp.edu.pe

Fuente: http://ambiental.net/2014/09/extractivismos-el-papel-del-estado-y-sus-impactos/

 

 

 

Consideremos, como esencial a garantizar la vida y la democracia, que:  "La descolonización restituye los derechos conculcados de las naciones y pueblos colonizados, dando lugar a integraciones efectivas, opuestas a la institución imaginaria de la nación, haciendo evidente las naciones posibles. El Estado-plurinacional es la transición descolonizadora hacia sociedades autogestionarias y auto- determinantes; a sociedades compuestas e incrementadas, que se integran a través de complementariedades y solidaridades".

 

 

 

Estado-nación versus Estado plurinacional

29 de abril de 2014

 Por Raúl Prada Alcoreza

Rebelión

 

 ¿Qué es lo que está en juego en la asonada de los suboficiales y en la respuesta represiva del gobierno? Como en otros casos, como en el conflicto del TPIPNIS, lo que se enfrentan es el Estado-nación y el Estado plurinacional; aunque el primero es la institucionalidad de la colonialidad que se niega a desaparecer, aferrándose con todo, para persistir y continuar; en tanto que el segundo, es apenas un germen, un proyecto, que anida en la Constitución y en los colectivos sociales que luchan por que se den las transformaciones estructurales e institucionales establecidas en la carta magna. En el TIPNIS el Estado-nación declaró la guerra al Estado plurinacional, al germen del Estado plurinacional, declarando también la guerra al proyecto constitucional. ¿A qué se opone el Estado-nación? A la descolonización.

El Estado-nación, dispositivo político de la colonialidad, se opone a la descolonización, pues esta deconstrucción implica la desaparición del Estado-nación. Las bases del Estado-nación radican precisamente en la homogeneización, en el equivalente general del ciudadano, individuo abstracto, que cuenta con derechos individuales, civiles y políticos; sin embargo, esta equivalencia general hace desaparecer a las naciones y pueblos indígenas, a las culturas resistentes, a la heterogeneidad lingüística y social.

 

El equivalente general, el ciudadano, se estructura en la economía política colonial, economía política que diferencia hombre negro de hombre blanco, hombre indio de hombre blanco, hombre de color de hombre blanco, diferencia efectuada sobre la matriz de género, la diferenciación hombre de mujer. La dominación colonial es también, al mismo tiempo, dominación patriarcal. El equivalente general, el individuo abstracto, el ciudadano universal, es pues el hombre blanco. La modernización consiste en parecerse a este arquetipo colonial.

Los derechos conquistados en la historia del Estado-nación, derechos sociales, derechos de trabajo, derechos democráticos, no terminan de efectuarse, pues se pronuncian en el espacio indeterminado del equivalente general, el individuo, el ciudadano; no se dan en los espesores abigarrados, plurales, heterogéneos, de las territorialidades sociales y formaciones sociales concretas.

La herencia colonial se transfiere de las administraciones coloniales a los Estado-nación, después de las independencias. Hablamos de estados que se construyen sobre cementerios indígenas. Hablamos de estados que tienen como proyecto democrático la mestización; es decir, la desaparición de los pueblos indígenas, y aunque parezca paradójico, la desaparición de las mezclas dinámicas dadas, pues el mestizaje de los Estado-nación es un mestizaje abstracto, el perfil del individuo y ciudadano concebido como síntesis de las culturas, culturas también sometidas a la estatalización, sintetizadas en la cultura moderna.

La Constitución interpela la composición colonial del Estado-nación, cuestiona el mito de la modernidad, cuestiona el mito del mestizaje abstracto, develando la composición plural efectiva de las formaciones sociales, de la sociedad heterogénea. La Constitución deja en claro que la profundización democrática, la realización efectiva de los derechos democráticos, sólo pueden materializarse mediante la descolonización. Esta deconstrucción histórico-política emancipa la pluralidad frente a la representación homogénea, liberal la potencia social, la riqueza heterogénea de lo diverso. La descolonización restituye los derechos conculcados de las naciones y pueblos colonizados, dando lugar a integraciones efectivas, opuestas a la institución imaginaria de la nación, haciendo evidente las naciones posibles. El Estado-plurinacional es la transición descolonizadora hacia sociedades autogestionarias y auto- determinantes; a sociedades compuestas e incrementadas, que se integran a través de complementariedades y solidaridades. En Bolivia el Estado plurinacional se constituye sobre las matrices culturales y civilizatorias de las naciones y pueblos componentes de la sociedad heterogénea, incluyendo los mestizajes concretos. Esto equivale a pasar de la institucionalidad homogénea, disciplinaria, disciplinaria, moderna, al pluralismo institucional, abierto a composiciones creativas; pasar al pluralismo jurídico, pluralismo administrativo, pluralismo de gestiones.

Uno de los lugares neurálgicos de la activación de la condición plurinacional del Estado en transición es la institución defensa del Estado-nación, las Fuerzas Armadas. Esta institución de emergencia del Estado es el crisol del diagrama disciplinario, de la inscripción en los cuerpos de la dócilización de las conductas y comportamientos. En Bolivia, como en los países andinos y amazónicos, es el aparato disciplinario por excelencia de la colonización interna, modulando los cuerpos su incorporación al Estado en condiciones de ciudadanos de la nación mestiza. El cuartel modula los cuerpos haciéndolos aptos a los requerimientos del mercado, de la producción capitalista, a los fetiches de la modernidad universal, de-culturizando, decodificando, por lo tanto, borrando la memoria larga de los pueblos, sustituyéndola por la memoria corta de la institución imaginaria del Estado-nación.

Sin embargo, a pesar del proyecto disciplinario del cuartel, los espesores corporales no desaparecen, se ocultan, se los destierra a las sombras; mostrando, en contraste, los perfiles modulados, uniformados, pretendidamente modernos. El ejercicio de poder disciplinario se tropieza con la manifestación de los cuerpos; cuando esto ocurre, se opta por la ejecución de discriminaciones, por la estratificación racial institucionalizada, por jerarquizaciones patriarcales. La asonada de los suboficiales pone en evidencia estos procedimientos coloniales en el dispositivo por excelencia disciplinario, el cuartel. Acudiendo el pliego petitorio de los suboficiales, en realidad, el pedido explicito es modesto; que no haya oficiales de primera y de segunda, que se los considere oficiales técnicos, que puedan acceder a equivalentes beneficios y servicios. Sin embargo, incluso ante esta demanda modesta el gobierno y la jerarquía institucional de las Fuerzas Armadas han reaccionado represivamente, dando de baja a más de setecientos suboficiales.

De todas maneras, a pesar de la demanda modesta explícita, la misma pone en evidencia la crisis profunda de las Fuerzas Armadas y del Estado-nación, que se niega a desaparecer. Las fuerzas armadas son un dispositivo de la colonialidad reiterativa. Es un aparato de la colonización interna, que no solamente modula los cuerpos, sino también, marca, hendiendo en ellos la historia política colonial, inscribiendo en ellos discriminaciones, violencias minuciosas, detalladas, raciales. ¿Cómo se puede construir un Estado plurinacional a partir de la permanencia de la malla institucionalidad de la colonialidad?
 

Nuevamente estamos ante la manifestación elocuente de las contradicciones profundas del llamado “proceso de cambio”, ante los contrastes evidenciados entre el discurso gubernamental y las prácticas efectivas, ante grotescas simulaciones de un gobierno y los órganos de poder del Estado, que se nombran como plurinacionales, en tanto que en la práctica niegan la condición plurinacional de la formación social.


La respuesta oficial del gobierno es recurrir a la Ley de las Fuerzas Armadas cuestionada, puesta en duda, deslegitimada por la Constitución. La medida represiva gubernamental de las centenas de bajas de suboficiales se sostiene sobre la argumentación de la subordinación y la obediencia disciplinaria, cláusulas que corresponden a la institución armada del Estado-nación. Este discurso se invalida inmediatamente ante la estructura normativa y conceptual de la Constitución. En todo caso, los suboficiales hablan desde el proyecto de una nueva institucionalidad, aquella que establece la Constitución. Las bajas dadas por la jerarquía del ejército y por el gobierno no son legítimas desde la composición jurídico-política de la Constitución. La demanda de los suboficiales es legítima. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=183986