Qué Estado

Octubre 2017

Con terrorismo sea su gestión progresista o neoliberal vs. Con organización fraternal sin fronteras.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Recordemos que la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales se valió de la dictadura genocida para implantar el proceso de reorganización del país a favor, en exclusivo, de su acumulación de riquezas y poder. Desde fines de 1983 hasta hoy, los gobiernos de turno cumplieron con ese mandato. Durante más de una deKada se dio la enorme expansión del extractivismo exportador que le viabilizo, a la alianza, el máximo acaparamiento y transnacionalización económica territorial. Implicó, en contradicción con el mito de gobierno de los derechos humanos, mayor violencia estatal por avasallamiento de los últimos y represión en correspondencia con la mayor concentración y centralización del capital. 

 

En el actual período histórico de Argentina y del mundo, el capitalismo representando los intereses lucrativos de 1% de la humanidad mantiene la gobernabilidad de tamaña injusticia nacional e internacional mediante varias modalidades de guerra asimétrica contra los pueblos.

 

 

A cuatro años de YPF-Chevron la violencia sigue:

aparición con vida de Santiago Maldonado

8 de septiembre de 2017

 

En el aniversario del acuerdo que permitió el avance del fracking en Neuquén y Río Negro, nos manifestamos en contra de la política económica de los gobiernos de Chile y Argentina, que contamina y destruye nuestros territorios y no permite el desarrollo de alternativas soberanas de los pueblos. Al mismo tiempo exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado, desaparecido por solidarizarse con la lucha mapuche.


Reunidos en el Lof (comunidad) Campo Maripe a cuatro años de la aprobación del acuerdo que la despojó de su territorio histórico, las organizaciones, referentes, intelectuales, docentes y periodistas abajo firmantes denunciamos la invasión del fracking en el territorio ancestral mapuche. La firma del acuerdo entre YPF y Chevron en el año 2013 significó el desconocimiento de los derechos de la comunidad, además de la negación del derecho a un ambiente sano para toda la población de la Norpatagonia. El posterior avance de la técnica del fracking en Neuquén, Río Negro y ahora Mendoza, amenaza zonas de producción frutícola, y áreas protegidas como Auca Mahuida, además de perpetuar una matriz energética altamente contaminante, basada en los hidrocarburos; en el uso y abuso del agua, de la fauna, flora y en el avasallamiento de los derechos humanos y colectivos de los habitantes del lugar.

Vinculada al fracking viene la violencia estatal para imponerlo. Esta encuentra sus raíces en la represión en la Legislatura neuquina para imponer el acuerdo, a la vez que fueron quemadas tres ruka de la comunidad. Este marco no sólo se ha recrudecido sino también nacionalizado con el gobierno de Macri, de la mano de la Gendarmería que intentó desalojar ilegalmente a las comunidades Campo Maripe y Futra Trayen en junio.

La misma Gendarmería que es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado, militante social que se había acercado a solidarizar con Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut) debido a la detención de su Lonko Facundo Jones Huala. Santiago está desaparecido desde el 1 de agosto por responsabilidad del Estado nacional, siendo el presidente Mauricio Macri, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Nocetti, responsables directos por la represión y por las sistemáticas irregularidades en la investigación. Por más que se quiera ocultar y desviar la atención del caso, no olvidaremos su situación ni dejaremos de exigir su aparición con vida, además del castigo a los responsables.

Esta criminalización es una condición necesaria para que el bloque empresarial-gubernamental del poder imponga de manera violenta el modelo capitalista que en su fase actual requiere del extractivismo como sostén del modelo político. Las organizaciones que nos reunimos en el encuentro “Territorio y Maldesarrollo” bien conocemos los efectos de este modelo que sin consulta previa se materializa en nuestros respectivos territorios en distintas actividades como la forestal, hidroeléctrica, minera, nuclear, agroindustrial, entre otras.

La violencia estatal no es una consecuencia sino una necesidad que tienen los gobiernos para imponer su agenda económica, de alto impacto para nosotros/as, las personas que habitamos estos territorios, así como de alta rentabilidad para los concentrados grupos del poder que se ven beneficiados por este modelo extractivo. La criminalización y represión de los sectores que nos oponemos a estas políticas se extiende tanto por parte del Estado chileno como argentino. Por eso hoy exigimos la libertad de Facundo Jones Huala, y el dirigente wichí Agustín Santillán, en Argentina; de la Machi Francisca Linconao y los procesados por el caso Luchsinger en Chile, así como de todas las y los presos políticos.

Desde el territorio mapuche exigimos a los gobiernos nacionales y provinciales el cese de la criminalización: que nos dejen de matar y desaparecer. Comunicamos a la sociedad chilena, mapuche y argentina que seguiremos en la construcción de nuevos horizontes de vida para transformar esta sociedad capitalista, racista y patriarcal por una más justa. En eso están puestas nuestras energías.

Puelmapu/Argentina

Biblioteca Popular Osvaldo Bayer

Maristella Svampa, investigadora principal del Conicet

Colectiva Feminista La Revuelta

Frente Popular Darío Santillan – Regional Alto Valle

Gabriela Wyczykier, investigadora y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del CONICET

Departamento Socioambiental Chico Mendes de UnTER

Iconoclasistas

Kalewche FM

Fundación Ecosur. Ecología , cultura y educación desde los Pueblos del Sur

Tierra para Vivir-Marabunta

Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales (UBA)

MST Nueva Izquierda

Asamblea por el Agua Allen

Confederación Mapuche de Neuquén

Red Ecosocialista

Observatorio Petrolero Sur

Colectivo por la Igualdad

 

Ngulumapu/Chile

Coordinadora Penco Lirquen

Fundación SOL

Centro de Estudios Sociales de Chiloé

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA

Parlamento Mapuche de Koz Koz

Mapuexpress

Red de Defensa de los Territorios

Red Ambiental del Norte- RAN

Agrupación de pequeños regantes y no regantes río Mostazal

 

América Latina

Censat Agua Viva (Colombia)

Edgar Mojica Vanegas, Departamento DDHH y Paz CUT (Colombia)

AUTE – Agrupación de Funcionarios de la U.T.E PIT-CNT (Uruguay)

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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
 
(Cuadernillo Sistematización Encuentros de la UAC -PDF-) --> 
https://goo.gl/c6AkmJ

En consecuencia, la confrontación medular del capitalismo hoy con los pueblos de Argentina y de Nuestra América se da en forma de:

 

Un plan sistemático para desaparecer a

los pueblos originarios

11 de septiembre de 2017

 

Por Darío Aranda (La Izquierda Diario)

 

 

Desalojos y represión como política de Estado contra los pueblos originarios. La disputa por los territorios y el extractivismo. Senadores cierran filas contra pueblos indígenas y dejan caer una ley clave.

Violencia contra indígenas en Misiones. Amenazas de muerte en comunidades de Jujuy. Presiones a guaraníes en Corrientes. Represión a mapuches en la Patagonia. Es el contexto de la situación de los pueblos originarios de Argentina, con un agravante: oficialismo y oposición coinciden en dejar caer una ley clave (26.160) que frena los desalojos indígenas.

“Pareciera que la Campaña del Desierto continúa con otros rostros, pero con los mismos objetivos; las crías del general Roca continúan marginando, persiguiendo, matando y robando los territorios a los pueblos indígenas”, denunció Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.

Facundo Jones Huala (mapuche de Chubut) y Agustín Santillán (wichí de Formosa) continúan presos de forma arbitraria.

 

Casos testigos

La comunidad Chapa’í, de la localidad misionera de San Ignacio, sufre desde el 28 de julio la avanzada conjunta del Municipio y de privados, que pretenden quedarse con su territorio. Con topadoras arrasaron su monte nativo y viviendas.

“Estoy muy preocupada por la comunidad. Estoy destrozada. Estuvieron trabajando gente de la Municipalidad. Abrieron caminos y echaron árboles nativos, nuestra medicina natural. Derribaron árboles frutales. Nos dolió a todos porque los chicos vieron cómo tiraban árboles de naranja, limones, palta y otras plantas que todos los años nos daban frutos”, denunció Itatí Brizuela, integrante de la comunidad Chapa’í, que explicó que detrás del despojo están las inmobiliarias de la zona.

De las 180 hectáreas que reivindica la comunidad, la Municipalidad planea dejarle sólo trece. A cambio les promete servicios esenciales: agua potable, energía eléctrica y viviendas.

La comunidad lo denunció y frenó la avanzada. Pero el 6 de septiembre retornó la violencia. La periodista Alicia Rivas alertó: “Continúa el avasallamiento del territorio de la comunidad de Chapa’í. Esta mañana volvieron a quemar las raíces de los árboles, prendieron gomas para volver más cruel el atropello, motosierras y cubiertas encendidas a plena luz del día, pegadito a las casas de las familias. Impotencia por un lado, pura impunidad por el otro”.

En Jujuy, la organización de Pueblo Indígenas del NOA (Opinoa), denunció el intento de asesinato del cacique del pueblo ocloya Néstor Jerez, de la comunidad Tilquiza (a veinte kilómetros de San Salvador de Jujuy). Acusaron a los privados Ariel Amaranto y Daniel Verzini de intentar atropellar a Jerez y luego dispararle con un revólver. “Te vamos hacer desaparecer como a (Santiago) Maldonado”, alertó la organización Opinoa que amenazaron al cacique.

 

“Lamentablemente estas situaciones se agravaron en el último año y medio, donde el Poder Judicial se tornó muy intransigente con los indígenas y no así con los usurpadores y terratenientes. Intentan instalar que la defensa de los territorios ancestrales tiene relación con el terrorismo; esto suena como un plan sistemático de desgaste de la causa de los pueblos originarios, advirtieron las comunidades indígenas nucleadas en Opinoa.

 

En Corrientes, la comunidad guaraní Jahaveré enfrenta desde hace años un conflicto territorial con la estancia San Eugenio (de Kristine McDavitt, viuda del fallecido millonario Douglas Tompkins) que mantiene desde hace diez años un terraplén ilegal (incluso con sentencia judicial de demolición desde 2007) que perjudica a las familias campesinas e indígenas.

En julio pasado hubo inundaciones en la región y el terraplén agravó la situación. La comunidad guaraní trasladó sus animales a zonas altas y se reavivó el conflicto. También cuestionan el rol de la Fundación Conservation Land Trust (de McDavitt-Tompkins), que donó 150 mil hectáreas para la creación del Parque Nacional Iberá, pero con comunidades dentro.

Hay un choque de dos visiones sobre qué es el territorio y la propiedad. Una responde a los intereses de una fundación norteamericana que quiere conservar paisajes sin gente. Y la otra a los últimos gauchos correntinos, verdaderos guaraníes del estero, que sólo quieren vivir en paz”, explicó Emilio Spataro, de la organización ecologista Guardianes del Iberá.

 

Las distintas comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén denuncian desde hace años el accionar de las petroleras, tanto por la contaminación como por la violación de derechos indígenas. Con el pacto Chevron-YPF (2013) en la formación Vaca Muerta se redobló la presión sobre los territorios. Las comunidades mapuches exigen que se cumpla el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado (vigente en leyes nacionales). Han bloqueado caminos, mantenido diálogo con el gobierno provincial (sin resultados positivos) y denunciaron la intromisión de Gendarmería Nacional en junio pasado, que avanzó sobre los mapuches para que YPF realice nuevos pozos petroleros.

 

La última avanzada sobre los mapuches fue desde el Poder Judicial. El juez de Neuquén Lucas Yancarelli hizo lugar al pedido del fiscal Marcelo Silva y solicitó la captura de seis integrantes de la comunidad Campo Maripe. Los consideró en “rebeldía” por no asistir a una audiencia donde se los acusa de haber “usurpado” el territorio donde siempre vivieron.

“Desde que se firmó el pacto Chevron-YPF, hay más de 50 mapuches procesados en Neuquén por defender el territorio”, afirmó Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche.

 

Dos casos testigos de la criminalización indígena se dan en Formosa y Chubut. Agustín Santillán, referente wichí de Ingeniero Juárez, está detenido desde hace cinco meses por reclamar tierra, agua, salud y educación en la provincia gobernada por Gildo Insfrán. “Es un preso político”, resumió Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, que visitó a Santillán en la cárcel.

 

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Y Facundo Jones Huala, lonko de la comunidad Pu Lof en Resistencia, está preso desde el 28 de junio.

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Situación nacional

Amnistía Internacional Argentina presentó en 2015 un mapa de conflictos de comunidad indígenas (territorioindigena.com.ar). Contabilizó un piso de 183 casos. “Da cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven los pueblos indígenas. Las comunidades exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, resaltó Amnistía.

Realizado de forma colaborativa junto a la Asociación de Abogados de Derechos Indígena (AADI), la Asociación Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes), la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el Grupo Acceso Jurídico a la Tierra (Gajat) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), es de actualización permanente y ya llegó a 250 casos en 2017.

“Mientras que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y pobreza”, cuestionó Amnistía.

La relación es directa: a cuanto más avance extractivo (de la mano de empresas agropecuarias, petroleras, mineras y forestales, entre otras), mayor nivel de conflictividad y violación de derechos indígenas.

 

Senadores

En noviembre vence la Ley Nacional 26.160, muy conocido dentro del mundo indígena porque ordena relevar todos los territorios indígenas y frena las órdenes de desalojo.

Aprobada en 2006, su aplicación fue muy cuestionada por las propias organizaciones. Tanto en su implementación política (los relevamientos territoriales dependen del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y sus pares provinciales) como judicial, con jueces y fiscales que pocas veces la aplicaron.

Según información oficial respecto a la Ley 26.160, existen 1.532 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (Reteci). Sólo fueron relevados los territorios de 759 comunidades (49 % del total). De este porcentaje, sólo 459 comunidades cuentan con relevamiento finalizado.

Amnistía Internacional evalúa que durante 2017 se relevarán 150 comunidades, que representan sólo el 10 % del total. “Lo que deja por fuera a por lo menos 623 comunidades que aún no han atravesado ningún proceso de relevamiento y a las 303 comunidades que aún no lo han concluido. En conclusión, al menos 926 comunidades, el 60 %, quedarán a la deriva de no prorrogarse la norma y verán trunca su posibilidad de ver relevado su territorio, alertó el organismo.

El jueves 7 de septiembre, la Cámara de Senadores tenía la posibilidad de votar la prórroga de la Ley 26.160, en beneficio de los pueblos indígenas. El tratamiento fue propuesto por los senadores Pino Solanas (Proyecto Sur) y Magdalena Odarda (CC-ARI). Los bloques del oficialismo (PRO y UCR) y la oposición (tanto el PJ como el Frente Para la Victoria) rechazaron votar la prórroga.

De esta forma, 33 senadores de diversos partidos se negaron a tratar el proyecto y diez se abstuvieron. Sólo once votaron en línea con los pedidos de los pueblos indígenas. Los ocho de la UCR y los seis del PRO votaron por la negativa.

Entre los que votaron por el “no” figuran: José Alperovich, Walter Barrionuevo, Julio Cobos, Rodoldo Urtubey, Federico Pinedo, Miguel Angel Pichetto, Luis Naidenoff, Angel Rozas, Omar Perotti y María Laura Leguizamón. Por la abstención (que funcionó como una negativa a tratar la ley) estuvieron Juan Manuel Abal Medina, Hilda Aguirre, Mirtha Luna y Alfredo Luenzo.

Aún con críticas a la implementación, existe consenso indígena en que la ley debe ser prorrogada. Es un paraguas ante la avanzada empresaria sobre los territorios indígenas. No hay dudas: es mejor que esté la ley, a que no esté. Pero los senadores nacionales se resisten a que siga existiendo la ley.

 

Desaparecer

Adolfo Pérez Esquivel acompaña la lucha de los pueblos indígenas desde hace décadas. El 3 de septiembre emitió un comunicado titulado “pueblos originarios, de víctimas a victimarios”. Enumeró las leyes que benefician a las comunidades indígenas y que no se cumplen. Recordó que Santiago Maldonado fue desaparecido en el marco de un reclamo territorial del pueblo mapuche y cuestionó al actual gobierno (y a los anteriores).

“Los pueblos originarios soportan desde hace décadas la violencia social y estructural. Y tanto el gobierno actual, como los que le precedieron, en lugar de buscar soluciones y respetar sus derechos, responden con represión”, cuestionó el Nobel de la Paz.

También denunció “la campaña de descrédito y mentiras que cuenta con la complicidad de grandes medios de comunicación, aliados del gobierno, de jueces cómplices, de funcionarios nacionales y provinciales que favorecen a grandes terratenientes, como Benetton, Lewis y Turner”.

Marcos Pastrana, diaguita de Tucumán, repudió el accionar de los senadores (al negarse a prorrogar la Ley 26.160) y también cuestionó el accionar del Poder Ejecutivo y de los grandes medios de comunicación “que llaman terroristas” a los indígenas que luchan por sus derechos.

En un audio que circuló entre comunidades indígenas de todo el país, Pastrana resumió el pasado y presente de la clase dirigente y del Estado para con los pueblos originarios: “No son políticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios, son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes (...) La política del Estado argentino es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas”.

http://www.laizquierdadiario.com/Un-plan-sistematico-para-desaparecer-a-los-pueblos-originarios

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=231358

 

 

 

Nos urge, abajo y a la izquierda, valorar a "las luchas populares e indígenas que nos actualizan la necesidad de “resistir al progreso capitalista” y de recuperar la historia de la "resistencia de los vencidos", que nos reclamara tanto Walter Benjamín en su llamado a romper con las distintas ideologías del progreso, neopositivistas".Leer

 

Tengamos en cuenta, para situarnos, a:

 

 

Viaje al corazón de Vaca Muerta

¿Del "consenso de los commodities" al "consenso antiindígena"?

14 de septiembre de 2017

 

Por Maristella Svampa (Nueva Sociedad)

 

El no reconocimiento de la responsabilidad de la Gendarmería nacional en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y más aún, la negación sistemática del hecho, ocurrido en una solitaria ruta de la Patagonia argentina el pasado 1º de agosto, en el marco de una protesta en reclamo por la liberación del lonko (líder) mapuche Facundo Jones Huala, ha generado en el gobierno de Mauricio Macri una inesperada crisis política. Por un lado, la desaparición puso en el tapete no solo el endurecimiento del contexto represivo, sino también el desconocimiento y la indiferencia del actual gobierno respecto de los consensos forjados en la sociedad argentina en torno a los derechos humanos, luego de la experiencia del terrorismo de Estado y la desaparición forzada de miles de personas bajo la última dictadura. Por otro lado, en medio de una enorme campaña política mediática de carácter antiindígena, la crisis terminó por dar visibilidad a los reclamos de los mapuches sobre la propiedad de las tierras, hoy en disputa.

 

Vaya a saber cómo evolucionará la indagación de la justicia, ante el llamado a declaración de los gendarmes presentes en la represión que culminó con la desaparición de Maldonado y cómo esto impactará en las elecciones parlamentarias de octubre, que –supuestamente– confirmarían el triunfo del oficialismo a escala nacional. En lo que respecta a los reclamos mapuches, desde el principio el oficialismo dejó en claro una estrategia política que retoma y potencia las lecturas demonizadoras de los grandes propietarios rurales, que asocia a los mapuches con la violencia e incluso el terrorismo, además de desempolvar viejas acusaciones como aquella de que «los mapuches no son argentinos, sino chilenos» o que «han exterminado a los tehuelches», los supuestamente verdaderos «originarios» de la región. La campaña de demonización está ligada a la apuesta explícita que el gobierno de Macri hizo por la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de combustibles no convencionales, la megaminería a cielo abierto, la multiplicación de represas hidroeléctricas y la expansión de cultivos transgénicos, a lo cual hay que añadir los emprendimientos inmobiliarios, emplazados en territorios que defienden comunidades indígenas y no indígenas, muchos de ellos en manos de propietarios extranjeros.

 

El caso es que desde fines de 2015 la situación de las comunidades indígenas que reclaman tierras ancestrales ha empeorado. Ha habido numerosos desalojos y varios dirigentes indígenas encarcelados en situación irregular, entre ellos el wichi Agustín Santillán, detenido y encarcelado en la provincia norteña de Formosa, contra quien se reactivaron causas anteriores, así como el dirigente mapuche Facundo Jones Huala, a quien se le atribuyen crímenes de una enorme gravedad y está en proceso el pedido de extradición de Chile. La agresiva campaña político-mediática que apunta a asociar a grupos mapuches con la violencia política, supuestamente articulada por el grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), del cual se sabe poco y se inventa mucho sin rigor investigativo alguno, arrancó a principios de año y fue nota central de dos de los principales diarios del país.

 

Las comunidades mapuches están repartidas por el inmenso territorio patagónico, en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Después de la llamada «campaña del desierto», en 1878, que exterminó una parte de los indígenas del sur, muchos de los sobrevivientes fueron reclasificados como «trabajadores rurales», considerados ciudadanos de segunda y arrinconados en la estepa y la cordillera, en territorios en ese entonces no valorizados por el capital.

Hace unos días tuve la oportunidad de visitar Añelo y Campo Maripe junto con la Confederación Mapuche de Neuquén. Se trata de una de las organizaciones indígenas más sólidas y de mayor trayectoria en la Patagonia. Con el apoyo de Organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, ha venido desarrollando un trabajo social y político que apunta a lograr un mayor ejercicio de los derechos, así como el fortalecimiento y difusión de su cultura. Las relaciones de la Confederación Mapuche con el poder político, económico y judicial de la provincia siempre han sido tensas. En 2006, logró un triunfo histórico, al incorporar en la reforma de la Constitución neuquina un artículo que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento jurídico de las comunidades por parte del Estado provincial. Sin embargo, la realidad de los territorios atravesados por la lógica del capital extractivista está lejos de la promesa de la interculturalidad. En 2013, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), destacaba que, sólo para el caso de Neuquén, había 42 juicios penales (25 de ellos por el delito de usurpación), que criminalizaban a 241 mapuches por sus acciones.

 

Estas luchas están ligadas a derechos reconocidos jurídicamente, como los reclamos de tierras y territorios, cuyos derechos se hayan amparados por la normativa nacional y provincial existente.

 

Mi presencia en el corazón de Vaca Muerta, junto con organizaciones sociales, activistas e intelectuales de variados países, estuvo vinculada a la realización de un «acto de desagravio» por el cuarto aniversario de la firma del convenio entre la multinacional Chevron y la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el cual abrió las puertas al fracking a gran escala en la provincia de Neuquén. Quizá pocos lo recuerden, pero la aprobación de dicho convenio por parte de la legislatura neuquina (que debía refrendar lo firmado por el gobierno nacional entonces presidido por Cristina Fernández de Kirchner), rompió con todos los protocolos democráticos e incluso tiró por la borda la intensa retórica nacional-popular y latinoamericanista desplegada por el oficialismo de entonces. El 28 de agosto de 2013, mientras los diputados neuquinos votaban afirmativamente sin conocer la letra del convenio, fuera del recinto se desarrollaba una interminable represión –una de las peores del ciclo kirchnerista– sobre una nutrida movilización compuesta por organizaciones sociales y ambientales, comunidades mapuches, partidos políticos de izquierda y estudiantes.

 

Sin embargo, el kirchnerismo no estaba solo: tanto la oposición de centro como de derecha acompañaron su decisión. Más allá de las desprolijidades, el «Consenso de los commodities», como hemos caracterizado este periodo, proyectaba a Neuquén como la nueva «Arabia Saudita». En gran medida gracias a la imagen proyectada por Vaca Muerta (la más grande formación de shale o roca de esquisto de Argentina), tuvo la particularidad de mostrar el resistente hilo negro que une en una misma visión sobre el desarrollo a progresistas, conservadores y neoliberales. Como consecuencia, y al igual que con la soja y la megaminería, Argentina apostaría a convertirse en un laboratorio a gran escala en la implementación de una técnica tan controversial a escala global, a través de un marco regulatorio claramente inconstitucional y muy favorable a las inversiones extranjeras.

 

La historia no es sin embargo lineal. A partir de 2014, la caída de los precios internacionales del petróleo habría de poner freno la fiebre eldoradista en Vaca Muerta, lo cual no impediría el inicio de un proceso de reconfiguración social y territorial, con sede en Añelo, localidad ocupada por las grandes operadoras transnacionales. Ciertamente, en Añelo todo está listo para (volver a) arrancar, cuando se de la señal de largada; esto es, apenas aumente el precio el petróleo y proyecte un horizonte de rentabilidad la esperada inversión de las grandes corporaciones globales.

 

La región de Vaca Muerta está lejos de ser un «territorio vacío», tal como es concebido por las autoridades provinciales y nacionales. Allí se asientan de modo disperso unas veinte comunidades indígenas. Y en función de los derechos colectivos reconocidos por la Constitución nacional y las normativas internacionales, los mapuches están lejos también de ser meros «superficiarios», como los tildara sin sonrojarse uno de los directores de YPF, en un debate reciente. Así, a raíz de las protestas llevadas a cabo por la Confederación Mapuche, en 2014 el gobierno del Neuquén debió reconocer a la comunidad de Campo Maripe, asentada en la zona desde 1927. El territorio en disputa, señala el Observatorio Petrolero Sur, son 10.000 hectáreas pero el gobierno sólo acepta como parte de la comunidad unas 900. Pero en esta extensión es imposible realizar las tareas de pastoreo extendido y agricultura, las dos actividades de las que viven las 120 personas que forman parte de ella.

Desde 2015, los conflictos se agravaron y son muchos los dirigentes mapuches judicializados: en julio de este año, la gendarmería irrumpió en Campo Maripe, por pedido de YPF, para sitiar y resguardar la zona de explotación de YPF-Chevron; y hace unos días, un fiscal declaró en rebeldía a seis integrantes del lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la acusación de «usurpar» un camino privado que conduce al yacimiento Loma Campana.

 

Este es un ejemplo, pero son muchos más los territorios en disputa, hoy recuperados por comunidades mapuches que alertan sobre una extendida cartografía del conflicto frente al avance de las diferentes modalidades del extractivismo y el acaparamiento de tierras. Cierto es que compañías como Chevron o Halliburton, propietarios como el británico Joseph Lewis o grupo Benetton, se expandieron notablemente durante el ciclo progresista, pero en aquellos años el avance de la lógica depredadora del capital debía convivir con una narrativa oficialista de los derechos humanos que, aún en contra de lo que las propias políticas del kirchnerismo impulsaban, también incluía los derechos de los pueblos indígenas. No por casualidad, en 2006 y en un contexto de creciente conflictividad, se sancionó la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras que ocupan y ordena la realización de un relevamiento territorial.

 

Sin embargo, hoy el doble discurso, sus tensiones y contradicciones, parecen parte del pasado. No sólo el racismo contra los indígenas sigue operando como dispositivo disciplinario y fuertemente criminalizador en las ciudades, sino que éste cobra nuevas dimensiones en las crecientes disputas por los territorios. La campaña antiindígena contra los mapuches es una clara ilustración pues elimina matices y complejidades, lo que es facilitado por la mirada simplificadora y agresiva de ciertos grandes medios de comunicación. Su objetivo es claro: se trata de disociar los reclamos de los mapuches del discurso de los derechos humanos, asociándolos a la violencia, y creando las bases de un consenso antiindígena que avale ante la sociedad el avance del capital sobre los territorios en disputa. A este contexto de creciente demonización se agrega que hace unos días el Senado de la Nación, con el voto activo del oficialismo y la abstención de una parte de la oposición (que incluyó al kirchnerismo), rechazó tratar con urgencia la prórroga de la ley 26.160, que vence a fines de 2017.

Hoy más que nunca la prórroga de dicha ley exige el fin de la indiferencia y la adopción de un compromiso decidido de la sociedad civil en apoyo de los pueblos indígenas. Dicha intervención no solo permitiría desmontar el consenso antiindígena que se pretende instalar; también habilitaría un diálogo necesario y democrático con las comunidades indígenas sobre el lugar que estos pueblos deben tener en el Estado argentino. Al mismo tiempo, la intervención de la sociedad civil posibilitaría abrir el esperado debate sobre el avance de modelos de maldesarrollo en los territorios y el rol que las resistencias sociales hoy existentes tienen en defensa de la vida.

http://nuso.org/articulo/del-consenso-de-los-commodities-al-consenso-antiindigena

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=231477

 

 

Precisamos esclarecernos sobre realidades silenciadas e invisibilizadas. Es recurrir a organizaciones populares que , a la vez, nos posicionan del lado en donde se lucha por justicia social yendo contra el Estado represor. CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, en el Encuentro Nacional Antirrepresivo)  es fundamental en esa congruencia con los intereses populares.

 

 Sin embargo, hoy frente a la desaparición forzada de Santiago Maldonado observamos que desde las izquierdas cercanas e integrantes del Frente de Izquierda se aplaude la unidad de acción con los kirchneristas y no se repara  sobre implicancias del predominio de los últimos gracias a más de una deKada constituyendo hegemonía. Tampoco reparan en cómo al participar en las elecciones son cómplices de mantener la gobernabilidad del sistema opresor.

 

Hagamos el balance crítico del progresismo para saber porqué no nos podemos reconciliar al menos si su militancia pretende seguir imponiendo subordinación incondicional a CFK y resolver los conflictos a lo Verbitsky o a lo Barcesat. 

 

En el no perdonar cabe recordar a CORREPI cuando manifiesta en 2013: "Cada uno de nuestros militantes, en particular los que somos familiares de víctimas de la represión estatal, sufrimos a diario el acoso cooptador del gobierno, que intenta, con iniciativas propagandísticas como esta falsa «Campaña contra la Violencia Institucional» disimular el gatillo fácil, la tortura sistemática, las detenciones arbitrarias, la persecución, criminalización y represión directa a los trabajadores". Insistamos:

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organizados y el pueblo que lucha, es su

Entonces ¿Qué es la Violencia Institucional?

5 de mayo de 2013

Esta es la pregunta que nos surge instantáneamente al ver la dudosa Campaña Contra la Violencia Institucional que impulsan organismos estatales y que este 3 de mayo tiene la gran puesta en escena en la Plaza de Los Dos Congresos en la Ciudad Buenos Aires.

 

Nosotrxs, familiares y amigos de víctimas de la política represiva del Estado, sabemos bien qué es la violencia institucional. Concreta y sencillamente, el Estado necesita de las fuerzas policiales, ya sea metropolitana, bonaerense, la gendarmería, sea cual sea la fuerza represiva, para poder establecer las políticas de desigualdad que sostienen, propias de este sistema capitalista explotador, que protege a los prostíbulos y a los grandes narcotraficantes y demás redes verdaderamente criminales. La única razón por la que existen policías es el control que necesitan mantener sobre los laburantes para seguir con este modelo económico y social que sólo beneficia a unos pocos y castiga siempre a los mismos.

 

Violencia institucional son las leyes antiterroristas que persiguen a los que se organizan y luchan. Violencia institucional es que la policía fusile un pibe cada 28hs. violencia institucional son 70 asesinados por luchar. Violencia institucional son las cárceles hacinadas de jóvenes humildes sin futuro. Violencia institucional son los sueldos por debajo de la canasta familiar de la mayoría de los trabajadores y los desorbitantes sueldos de los funcionarios públicos. Violencia institucional es no habilitar los recursos necesarios para el esclarecimiento de casos impunes. Violencia institucional  es el cierre de causas de crímenes aun sin resolver. Violencia institucional es el traslado de una ciudad a otra de policías denunciados, ya sea por casos de abuso sexual, narcotráfico, gatillo fácil, etc. Violencia institucional son los millones de pesos que se ponen en futbol para todos y las migajas en programas sociales o las migajas que les proponen a los inundados. Violencia institucional es intentar cooptar desde el gobierno a todo espacio u organización popular que resiste al sistema. Violencia institucional es incluir nombres de personas sin haberlas consultado en los paneles de las jornadas que organiza el gobierno. Violencia institucional es discursear sin hacer. Violencia institucional es aparatear desde el estado negando autonomía a la lucha por los derechos humanos (Podrían agregarse más ejemplos, no? Infinitos ejemplos)

 

Por otra parte, los que están en el poder, y justamente también es una de las consignas de esta campaña contra la violencia institucional, intentan culpar a su aparato represivo de las muertes de miles de pibes y pibas a lo largo del país, diciendo que la policía se autogobierna. La formación policial represiva está a cargo de las instituciones que dependen del poder ejecutivo. La gran mentira se cae una vez más cuando vemos las feroces represiones que se suceden a lo largo del territorio a las personas que se manifiestan contra los gobiernos que entregan los recursos naturales y vacían la educación pública, los hospitales, privatizan, etc. etc. La represión es política de Estado junto al saqueo ambiental, cultural y social al que nos están sometiendo.

 

Hoy nosotrxs, junto con organizaciones que verdaderamente luchan contra la represión policial e institucional, hemos venido transitando un camino en el cual convertimos nuestro dolor en lucha, conscientemente, para que lo que nos pasó a nosotros no vuelva a pasar y estamos convencidos de que seguirá pasando mientras no haya un cambio social de conciencia y un cambio estructural en cuanto a lo económico. No basta con que la policía reprima sin matar. No debería haber policías, tampoco represión. Debemos respetar la vida y la dignidad. Cuando se dice no a la megaminería, es No. Cuando se dice no a la explotación sexual, es No. Cuando se dice no al desalojo, es No. Cuando se dice no a los negocios corporativos del poder, es No.

 

El pueblo es el que debe decidir sobre el pueblo.

 

Agrupación Otoño (Otoño Uriarte)- Asterisco y Guillermina Guevara, familiares de Franco Ortega- César Antillanca - padre de Julián Antillanca- Elizabeth Hernández - madre de Brian Hernández- María Leontina Millacura Llaipén - madre de Iván Eladio Torres Millacura- Marina Schiffrin- Vanesa Orieta - hermana de Luciano Arruga…

Sumamos nuestra firma, como militantes de CORREPI, los familiares y amigos de:
Cristian Marcelo Bogado, Rodrigo Corzo, Christopher Torres, Sergio “Checho” Casal, Matías Lobo, Fernando “Pata” Díaz, Sonia Colman, Maximiliano Miño, Matías Guerra, Walter Robles, Leandro Pérez, Jorge “Chaco” González, Matías Barzola, David Vivas, Javier Alarcón, Gabriel Aquino, Roberto Daniel Mistchenko, Kevin Marchioni, Rodrigo Romero, Rodolfo “Fito” Ríos, Marcelo Sepúlveda, Jon Camafreitas, Jonathan “Tato” Mansilla, Diego Gallardo, Walter Bulacio, Sergio “Gondi” Durán, Marcelo “Peca” Rivero, Fabián Barrientos, Hernán Ibiris, Luis Bolaños, Cristian Vallejos, Carlos Vázquez, Hugo Arce, Héctor “Pule” Otero.

Compartimos la intervención en la Campaña contra la Violencia Institucional de César Antillanca, padre de Julián Antillanca, asesinado por la policía. César fue invitado por funcionarios del gobierno kirchnerista para participar de la Campaña y fue, fue a decirles en la cara que no estaba de acuerdo con el intento de cooptación y con la mentira:

 

Fuente: http://correpi.lahaine.org/?p=1187

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Debemos, abajo y a la izquierda, involucrarnos en construir la paz mundial al ir conformando el Nunca Más internacionalista a la expansión en Nuestra América desde los noventa y que ejemplificamos en México de:

"A la cooptación histórica del Estado y la iglesia romana se suma una guerra abierta, violenta y con incontables frentes, que no se atreve a decir su nombre. Iniciada en 1995, en 2007 inauguró su fase más brutal bajo el gobierno de Felipe Calderón. Bajo el engañoso concepto de “guerra al crimen organizado” se militarizaron todas las regiones indígenas (varias ya lo estaban)".

México, un país lleno de mundos - Por qué importan los pueblos indígenas

19 de septiembre de 2017

 

Ningún país del hemisferio occidental tiene mayor población indígena que México. Lo cual estadísticamente es un milagro pues todos los gobiernos independientes de México, desde el primero hasta el último pretendieron reducirlos, disminuirlos, ocultarlos, asimilarlos, y en el fondo exterminarlos.

Ni el presidente zapoteca Benito Juárez se salva, aunque tal vez sí, por la vía paternalista-corporativista, el Tata Lázaro. Y párenle de contar. Muchos no tuvieron la intención explícita, pero el genocidio posee muchas caras y la estadística es una de ellas. Otras: la educativa, la extractivista, la perversamente desarrollista. Aunque ya no se dan exterminios de aldeas enteras como aún ocurre en Brasil, Colombia y Perú, hace apenas 20 años el presidente Ernesto Zedillo fue responsable directo de las matanzas de indígenas en Acteal, la región chol de Chiapas, Aguas Blancas y El Charco en Guerrero. Punta del iceberg de lo que desde 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) viene llamando “guerra de exterminio” con argumentos bastante sólidos. Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y los muertos de Iguala en 2014 no los podemos despejar de la ecuación Fue El Estado.

 

La cuarta parte, al menos el 25 por ciento de los polémicamente llamados indígenas, indios, naturales, nativos americanos, aborígenes o pueblos originarios en América son mexicanos, y nunca en tiempos modernos han pretendido dejar de serlo, el hecho de ser todos mexicanos les permite buscarse, identificarse y reunirse. La lógica autoritaria y asistencialista del Estado los uniforma en dependencias agrarias, indigenistas, partidarias, educativas y otras formas de control legal. Como en el resto del subcontinente, es el castellano su lengua franca, lo cual siempre revistió importancia política, pero hoy la tiene más cuando se autonomizan del Estado. Y ya que hablamos de milagros, en estos tiempos presenciamos el nacimiento de una nueva literatura en lenguas hasta ahora no leídas, y escuchadas sólo por sus hablantes. Por su carácter único y de verdad novedoso en menos de tres décadas se ha convertido en el fenómeno cultural más importante del país. Esto casi nadie lo dice. Y todavía son pocos los que lo saben o están preparados para admitirlo.

Unas sesenta lenguas, las mayores con gran variedad dialectal (otomí, nahua, zapoteca, mixteca, mayense, yoreme, mixe) representan algo más que un naufragio diferido y mil veces anunciado. Más de diez millones de personas las hablan. Unos cuantos miles leen alguna. Otros diez millones (mínimo) las entienden o pertenecen a un pueblo originario aunque todo se los niegue. Si los criterios censales y demográficos fueran menos ideologizados y colonialistas, el número de indígenas en México estaría muy por encima de los 12 o 15 millones que se les reconoce. Por cierto, tan sólo en el Área Metropolitana residen hablantes de unas 40 lenguas que con toda justicia podemos llamar mexicanas. Pero esto, y la maravillosa poesía que escriben centenares de autores indígenas, no es lo más importante, por mucho que lo sea.

 

Por primera vez desde la Colonia tardía los pueblos originarios son dueños de su propio destino. Mas si en los siglos XVII y XVIII los pueblos eran libres por abandono (salvo la iglesia católica y dueña), merced al relativo respeto de la corona española a su mera existencia, en el siglo XXI lo son por determinación propia. Resulta difícil separar las palabras indígena y resistencia.

Los olvidados de siempre

El parteaguas que los pueblos reconocen es el levantamiento zapatista en 1994, si bien ese arroz ya se había cocido desde 1992 al fracasar la celebración del V Centenario de los reyes europeos y los presidentes americanos ante la agitación indígena de Canadá a la Araucanía, con epicentros en México, Ecuador y Bolivia. Estábamos ante un despertar histórico de grandes proporciones, que en los dos últimos países produjo cambios profundos en el Estado mismo y son efectivamente plurinacionales. En México no es tan fácil. En una nación con cien millones de habitantes, y diez o quince millones más en Estados Unidos, los indígenas son minoría. La minoría más grande, algo que ahora buscan hacer valer con su propuesta del Concejo Indígena de Gobierno, impulsada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN, con la que harán presencia en el proceso electoral de 2018 mediante su vocera María de Jesús Patricio.

Dentro de sus limitaciones y dificultades, el CNI es la única organización nacional de los pueblos, naciones y tribus, a veces con participación simbólica o testimonial. El CNI está vinculado con luchas y organizaciones activas de las regiones indígenas y migrantes en las ciudades. En diversos grados y modalidades, mientras usted lee estas líneas se desarrollan experiencias de autogobierno y libre determinación en La Montaña de Guerrero, las montañas y selvas mayas y zoques de Chiapas, porciones de la meseta purépecha, las sierras mixe, zapoteca y huichola, la costa seri, el valle de los yaqui, la sierra norte de Puebla y la comunidad ancestral de Milpa Alta dentro de los límites de la hoy mal llamada Ciudad de México. Esto además de luchas locales y puntuales en las Huastecas, la sierra rarámuri, el Estado de México, la península de Yucatán y si nos seguimos, el valle de San Quintín y la propia capital del país.

A la cooptación histórica del Estado y la iglesia romana se suma una guerra abierta, violenta y con incontables frentes, que no se atreve a decir su nombre. Iniciada en 1995, en 2007 inauguró su fase más brutal bajo el gobierno de Felipe Calderón. Bajo el engañoso concepto de “guerra al crimen organizado” se militarizaron todas las regiones indígenas (varias ya lo estaban). Calderón obedecía los designios hemisféricos de Washington, y de paso obtuvo aval para su guerra doméstica contra los pueblos en crecientes resistencia y organización. Decidió abortar cualquier movilización nacional del CNI y sus aliados, llenó de muerte sus caminos y veredas, soltó los demonios de cada región e impidió que las representaciones indígenas se reunieran. La violencia y los asesinatos campearon, y sólo aquellos pueblos armados (los zapatistas, las policías comunitarias de La Montaña) siguieron reuniéndose y evolucionando en sus regiones.

El gobierno actual mantiene el cerco militar, a la vez que extrema los actos de despojo de sus tierras y recursos para malbaratarlos. Lo que busca la propuesta política, más que electoral, del Concejo Indígena de Gobierno es romper este cerco brutal.

- Poeta, editor, escritor de cuentos, ensayos y guiones cinematográficos. Es cronista, reportero, y articulista de La Jornada desde su fundación. Dirige Ojarasca desde 1989. Desinformémonos publicó su poemario “Trópico de la libertad” en 2014.

Desinformémonos, 16 de septiembre, 2017

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Mexico_un_pais_lleno_de_mundos_-_Por_que_importan_los_pueblos_indigenas

 

 

Comprobemos en qué consiste la agravación e intensificación de la violencia conque el capitalismo progresa:

 

 

Guerra de despojo territorial y acaparamiento de tierras

20 de septiembre de 2017

 

Las disputas por la tierra y el territorio forman parte de los conflictos más antiguos de la humanidad, y al mismo tiempo que ésta, han ido cambiando de tal manera que podemos identificar las formas y métodos de despojo predominantes, así como los sujetos antagónicos que protagonizan estas luchas en cada fase histórica.

 

Por Polette Rivero Villaverde

 

Es posible afirmar que en el siglo XXI asistimos a una nueva guerra por el territorio y la tierra. Se visibilizó con la crisis de 2007-2008, cuando de forma masiva comenzaron a difundirse a través de algunos medios y organizaciones independientes, las denuncias de comunidades latinoamericanas y africanas, sobre los despojos que los gobiernos y las empresas estaban llevando a cabo a fin de ocupar sus territorios. A esta “fiebre por las tierras” se le denominó acaparamiento de tierras o land grabbing en inglés.

 

En breve se entendió que los nuevos despojos territoriales eran más complejos que los de otras etapas históricas. En parte porque los sujetos más activos en las compras de tierras son grandes empresas transnacionales que han consolidado como nunca su poder, y se encuentran respaldadas por sus gobiernos, su brazo armado y económico, y por sus instituciones internacionales, Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), etc.

 

También encontramos adquiriendo miles de tierras a sujetos que tradicionalmente no estaban vinculados con el sector primario. Grandes fondos de capital provenientes de bancos como Goldman Sachs, personajes poderosos como George Soros, ex funcionarios públicos, fundaciones como la de la Universidad Harvard, fondos de pensión de los trabajadores de países como Estados Unidos y Canadá, encontraron en la compra de tierras un refugio ante la caída de la cuota de ganancia que generó la crisis, y a su vez, un sector que a partir de los altos precios de los alimentos, el petróleo y los minerales estratégicos, estaba generando importantes ganancias por el mercado especulativo.

Mientras los problemas de hambre se agudizaban para la mayor parte de la población mundial, las corporaciones que dominan el mercado alimentario como Cargill, Bunge, Monsanto, Syngenta, entre otras, registraban ganancias récord de hasta 400% más. A su vez, países petroleros pero sin tierras de cultivo, como los Emiratos Árabes, Qatar, etc., y países con una creciente clase media, realizan aún grandes inversiones en tierras periféricas; es el caso de China e India.

Dimensión de los acaparamientos de tierra

La medición de las transferencias de tierra no es sencilla. Generalmente los interesados en esta sistematización acuden a las notas periodísticas para dar seguimiento, lo que en parte resulta disperso, parcial y a veces poco riguroso. En países como Brasil se cuenta con cifras oficiales de extranjerización de tierras, pero en otros como México los rubros jurídicos no visibilizan la privatización y extranjerización de los territorios. No obstante, retomemos algunos datos para dimensionar el problema.

A inicios de agosto de 2017, Land Matrix, un observatorio que monitorea la compra de tierras desde el año 2000, reportaba que, de un total de 1 345 acuerdos concluidos a nivel mundial, se habían transferido 49 238 484 hectáreas de tierras para cultivos, programas verdes, minería, carreteras, turismo, etc. El acaparamiento de tierras cobró una dimensión global, lo podemos encontrar en los cinco continentes, pero es un proceso que predomina en la periferia.

De acuerdo con el seguimiento de la organización GRAIN, entre 2006 y 2015, los países de América Latina en los que se encontró acaparamiento de tierras destinado a cultivos alimentarios, abarcaron una superficie de 3 927 450 hectáreas, mediante 59 adquisiciones. Se trata exclusivamente de inversiones extranjeras, donde Brasil encabeza la lista con 2 727 502 hectáreas; seguido por Argentina con 513 116; Paraguay con 208 549; Colombia con 154 660; Uruguay con 144 178; Perú con 80 149; Venezuela con 60 000; Bolivia con 57 845; Jamaica con 30 000; y Belice con 1 600.

El origen de las inversiones extranjeras para compras de tierras en América Latina es muy diverso: Estados Unidos, China, Singapur, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, India, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Italia, Portugal, entre otros. Pero también se registra un acaparamiento de tierras intrarregional, en donde capitales brasileños y argentinos están a la cabeza. Brasil incluso es uno de los países que acapara tierras junto con Japón en África.

Aunque estas cifras nos dan una idea del problema, cientos de casos no están registrados ni se conocen públicamente. Si a las tierras acaparadas para cultivos alimentarios agregáramos las que se destinan para megaproyectos mineros, carreteros, urbanos, turísticos, de energía (como el fracking y las represas), agrocombustibles, etc., las cifras se elevan considerablemente.

En México, por ejemplo, la mayor parte de los despojos de tierra son para desarrollos turísticos y de minería a cielo abierto; en este último caso, del año 2000 al 2012 se concesionaron en los territorios indígenas alrededor de 2 173 141 hectáreas para minería, de acuerdo con Eckart Boege. Otro ejemplo es Brasil, donde sólo retomando 12 contratos registrados por Land Matrix sobre compras de territorios por parte de extranjeros para proyectos mineros, de energía renovable y de conservación en los últimos años, se genera una cifra de 698 344 hectáreas acaparadas.

 

Los siguientes retos

Desde 2014 los precios de los alimentos y los energéticos bajaron, lo que hizo que la inversión extranjera en tierras destinadas a estos propósitos se desacelerara, no obstante, el despojo territorial continúa. Las preguntas que tenemos que hacernos son por qué y para qué.

En primer lugar, hay que decir que es probable que la acumulación por despojo que caracteriza esta fase histórica llegó para quedarse por un tiempo más largo. La crisis de 2007 puso una alerta a los grandes capitales formados alrededor de la financiarización por el nivel de vulnerabilidad que tiene este tipo de riqueza; en respuesta han ido generando nuevos mecanismos para continuar mercantilizando la naturaleza, desde el aire con los servicios ambientales, hasta las semillas.

Esto implica que los Estados que compiten en la guerra intercapitalista, así como sus empresas y sus emisarios, los organismos internacionales, están haciendo una fuerte campaña a fin de institucionalizar los despojos territoriales. Desde hace diez años el BM y la FAO se apresuraron a establecer una serie de “principios de responsabilidad” para los inversionistas, a la vez que promovían la compra de tierras, procurando con ello invisibilizar la ilegitimidad y la violencia de estos procesos y crear una imagen “positiva” del despojo. Habrá que estar pendiente sobre la articulación de los nuevos discursos que procuren legitimar ideológicamente esta barbarie.

Otros riesgos son los nuevos mega acuerdos que comienzan a extenderse por el mundo, como el Acuerdo Transpacífico (TPP) que no podemos dar aún por muerto. Con estos nuevos mecanismos se establecen condiciones muy desiguales entre los países centrales y la periferia; se otorgan mayores privilegios y certezas jurídicas, económicas y armadas a las inversiones extranjeras. ¿De qué se les protege? De los pueblos, de su organización y resistencia. Esta nueva institucionalidad colonial internacional debe ser un tema primordial para los movimientos sociales, los académicos y partidos de izquierda.

Entre los nuevos proyectos de despojo territorial ocupan un lugar central los vinculados con el agua. Al estilo de Hubert Humprey, senador del Congreso de Estados Unidos en la década de 1970, quien decía en tono cínico que había escuchado decir que la gente podría volverse dependiente de su país para alimentarse, por lo que sería estupenda la dependencia alimentaria de otros países, hoy algunos de los mayores inversionistas opinan lo mismo con relación al agua. Desde hace pocos años Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank, Credit Suisse, HSBC, y otros, están invirtiendo en el acaparamiento de los territorios donde se encuentran las reservas de agua. Según la organización Amigos de la Tierra, en 2015 Colombia vivía más de 72 conflictos por la privatización del agua, Brasil 58, Ecuador 48, Argentina 32, Perú 31 y Chile 30.

Finalmente, es preciso que en tanto fase de transición donde el capitalismo no ha acabado por definir un modelo dominante de acumulación, surjan por un lado las preguntas oportunas sobre lo que están haciendo las élites del poder, y por otro lado se tome acción sobre la urgencia de articular un movimiento social más amplio en defensa del territorio y la vida. Se necesita poner freno a las guerras del capitalismo.

- Doctoranda en el Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos e integrante del Laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales del IIEc, ambos de la UNAM.

Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: Los territorios de la guerra11/09/2017

ALAI

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Guerra_de_despojo_territorial_y_acaparamiento_de_tierras

 

 

Observamos que, en oposición a todos los gobiernos, entre los de abajo de Nuestra América aumenta la exigencia de: "El problema indio debe mirarse con un lente gran angular de buena calidad para no seguir arando en el mar, y para eso están las leyes, las comunidades indígenas y sus líderes de base (no sólo sus mal llamados Caciques Mayores), y las manos abiertas de los cuadros de nuestra organización, las de Caracas y de tantas otras esparcidas por todo el país, pues son estas mujeres y hombres los que desde hacen varias décadas acompañan solidariamente las lucha de los pueblos indígenas del Zulia por sus territorios libres de infraestructuras vial minero energéticas, minas, ganaderos, parceleros, entre otros terceros invasores presentes y por llegar".

 

Alarmémonos de que suceda durante un gobierno que se dice revolucionario y es avalado como tal por muchas izquierdas del mundo. Pero quienes escuchamos más a los pueblos y nos involucramos en que se concreten sus derechos, repudiamos ese comportamiento criminal.

 

 

Ni Maduro ni Arreaza se acordaron en el Zulia de Sabino

1 de mayo de 2013

Por: Sociedad Homo et Natura 

 

No es posible que el Presidente Nicolás Maduro y el Vicepresidente Jorge Arreaza hayan estado en el Zulia con un buen número de Ministros, Viceministros y Directores de instituciones desde el jueves 25 de abril de 2013 hasta el lunes 29 y no hayan hecho referencia de Sabino y al drama del pueblo Yukpa. Este inaudito grito de silencio institucional nos muestra la poca comprensión de este problema de Estado que heredó y el Gobierno socialista y que en lugar de buscarle solución adecuada lo ha agudizado.

Oímos, vimos y leímos como el Presidente Maduro aprobaba millones sobre millones de bolívares en asuntos y obras de gran interés para el pueblo zuliano tan abandonado por Tirios y Troyanos. Pero los zulianos nada sabemos del dinero para comenzar a pagar desde el viernes 24 de este mes las bienhechurías de las haciendas y parcelas invasoras al territorio Yukpa tal como acordaron los Caciques Yukpa del Centro Originario Chaktapa bajo la jefatura del Cacique Mayor Sabino Romero (hijo) con el Canciller de la República de Bolivariana de Venezuela Elías Jaua en Caracas el 25 marzo de 2013. Así mismo no se observa la presencia de funcionarios del INTI o de alguna otra institución haciendo los censos, las conversaciones pertinentes con los indígenas, hacendados y parceleros y las mediciones de los predios agropecuarios a adquirir; comenzando desde luego por las tierras solicitadas por Sabino hijos, Carmen Fernández Romero y demás Caciques de las comunidades constituyentes del Centro Piloto Chaktapa.



Durante la intervención del Presidente Maduro Moro en el Teatro Baralt de Maracaibo sólo tocó muy tímidamente dicho asunto, siendo tan vaga la referencia en cuestión que no tenemos a ciencia cierta si estas dos o tres frases están en verdad relacionadas con el pago a “productores” de las haciendas y parcelas a ser entregadas por el Gobierno nacional al pueblo Yukpa el 24 de mayo. Esta fue la única referencia pública que conocemos: “Los vengo a convocar para hacer mesas de trabajos. Que hay cosas pendiente con algunas fincas, pues vamos a regularizarlas, por qué no, no hay excusa para no hacerlo. Vamos a ponernos de acuerdo con una forma de pago. También regularizaremos el pago a las empresas petroleras nacionalizadas. Rafael Ramírez está terminando de hacer algunos cálculos”. (Panorama, 26/04/13 http://m.panorama.com.ve/not.php?id=64002).

Tampoco se sabe cuál ha sido el resultado del asesinato del Cacique Sabino Romero Izarra, mucho menos de los otros 7 Yukpa también asesinados, entre ellos: los familiares de Carmen Fernández Romero: Darío Segundo García Fernández (hijo de su hermana), Alexander y José Luis Fernández Fernández (hijos) y Leonel Romero cuñado de José Luis Fernández Fernández; del anciano José Manuel Romero, padre de Sabino, Wilfrido Romero compañero de Guillermina Romero hija de Sabino, de Lorenzo Romero hijo de una tía materna de Amalia Pérez. O de Gabis Alberto Fernández Fernández (hijo de Carmen Fernández Romero) dos veces operado en el Hospital General del Sur de Maracaibo de sus intestinos por haber sido herido cuando asesinaron a su primo Darío Segundo García Fernández. 

Sabino, su lucha, su muerte y la de los otros indígenas Yukpa debe entenderse como el final de la política colonialista del Gobierno chavista. De no ser así esta revolución está cuestionada en una de sus venas centrales. Así debe entenderlo el Presidente Nicolás Maduro Moro, el Vicepresidente Jorge Arreaza y el Gobernador Francisco Arias Cárdenas. El problema indio debe mirarse con un lente gran angular de buena calidad para no seguir arando en el mar, y para eso están las leyes, las comunidades indígenas y sus líderes de base (no sólo sus mal llamados Caciques Mayores), y las manos abiertas de los cuadros de nuestra organización, las de Caracas y de tantas otras esparcidas por todo el país, pues son estas mujeres y hombres los que desde hacen varias décadas acompañan solidariamente las lucha de los pueblos indígenas del Zulia por sus territorios libres de infraestructuras vial minero energéticas, minas, ganaderos, parceleros, entre otros terceros invasores presentes y por llegar.

Fuente: https://www.aporrea.org/ddhh/a164928.html

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En defensa de la dignidad indígena
10 de octubre de 2014

 

 

Por: José Marín Silva 

A quinientos veintidós años de la invasión europea e inicio de la tragedia en nuestras tierras, emerge hoy la voz de los noventa millones de indígenas masacrados, por el poder imperante, para reafirmar la condición étnica y el compromiso histórico en la lucha por la defensa de la dignidad frente a la arrogancia de quienes prevalidos de poder pretenden seguir negando en la práctica los derechos colectivos e individuales, consagrados en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

No hay nada que celebrar. Hoy levantamos las mil banderas de la dignidad y el coraje de los ancestros para activar la conciencia de nuestros hermanos indígenas convocándolos a sumarse a este movimiento colectivo de los derechos humanos comprometido con esta causa justa, sin reserva de ninguna naturaleza.

Este sentimiento que se nutre de la lucha de los pueblos originarios se aviva en cada batalla. Hoy honramos la memoria de nuestros ancestros y asumimos el desafío histórico de encarar a todo aquel insolente que tenga como propósito criminalizar a los descendientes de Tupac Katari y Guacaipuro, símbolos de la resistencia contra la opresión y el coloniaje.

A cinco siglos de este genocidio contra los pueblos y comunidades indígenas, denunciamos que se ha desatado una conjura de mil demonios para estigmatizar a nuestros hermanos, mediante una campaña difamatoria que tiene como blanco los grupos humanos más vulnerables de la sociedad, especialmente los wayúu.

Quienes militamos en la causa de la justicia y en la promoción y defensa de los derechos humanos- fundamento de la convivencia democrática y de la paz social- como lo consagra el artículo 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos y comunidades indígenas en esta fecha histórica.

Reprochamos el proceder de quienes califican a nuestros hermanos indígenas como bandoleros, contrabandistas o bachaqueros -en el peor de los casos-, como si fuesen una especie animal rastrera que es necesario exterminar. Ello constituye una afrenta a la dignidad y es deplorable cuando es alentada por la vocería oficial.


Este 12 de octubre, Día de la Dignidad y de la Resistencia, desde esta tierra sagrada de la Guajira, las voces de los indígenas reclaman justicia y protección de sus pueblos y comunidades y declaran: NOSOTROS NO SOMOS BANDOLEROS, NI BACHAQUEROS, NI CONTRABANDISTAS, NI GUERRILLEROS, NI PARAMILITARES, NI COLABORADORES CON LOS GRUPOS GENERADORES DE VIOLENCIA. ¡SOMOS POBLADORES FRONTERIZOS CON MAS DE QUINIENTOS AÑOS DE HISTORIA Y RESISTENCIA!.

En un escenario sitiado por las fuerzas militares, el balance en menos de cuatro años con la activación del Distrito Militar 1, en este espacio fronterizo, es de TRECE(13) MUERTOS, VEINTIOCHO (28) HERIDOS, QUINCE (15) TORTURADOS, UN (01) SECUESTRADO, UN (01) DESAPARECIDO Y CERCA DE CIEN (100) INDIGENAS PRIVADOS LIBERTAD.

Los defensores de los derechos humanos reconocen la voluntad política y la decisión del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez por proteger y defender la causa de los pueblos y comunidades indígenas. Fue él -como Jefe de Estado- el primero en reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, dándole rango constitucional y más aún declararse aliado de “los indios”..

Por tal razón, exigen al Estado venezolano el cese de las hostilidades y el respeto a los descendientes de los pueblos originarios, por cuanto ellos son los auténticos centinelas de la frontera y los hijos e hijas de la Madre Tierra. La dignidad de los indígenas no se negocia.

La Primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas que precedió a la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, en septiembre pasado, fue enfática en destacar entre sus puntos centrales el compromiso de los Estados de intensificar los esfuerzos de cooperación con los pueblos indígenas, para prevenir y eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra los pueblos y las personas indígenas.

Más allá de los discursos y los protocolos oficiales ya es la hora de las acciones. 
lawmarinsjournalist@gmail.com

 

 Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/a196545.html

En consecuencia, abajo y a la izquierda, tenemos el desafío de luchar por las justicia ambiental y social. Hacerlo sin las fronteras que nos impusieron el capitalismo y los imperialismos para ir construyendo la paz mundial en contra de las guerras y militarizaciones que el sistema mundo está desplegando para garantizar la prosperidad del 1% de la humanidad.

 

Recordemos que UNASUR se vertebró en torno de desplegar la IIRSA (oculta detrás de COSIPLAN).

 

Militarización en América Latina:

Entrevista a Ana Esther Ceceña
6 de febrero de 2009

Yásser Gómez - Rivista Mariátegui

Associazione Ya Basta Caminantes

América Latina vive tiempos de cambio con gobiernos de izquierda y el protagonismo alcanzado por el movimiento indígena. Sin embargo, la geopolítica nos dice que aún no hemos derrotado al imperio. Porque los EE.UU. están militarizando la región con la excusa de construir megaproyectos de infraestructura, para apoderarse de los recursos naturales y mantener el control político con una guerra preventiva. Para analizar este tema Upsidedownworld entrevistó en Perú a Ana Esther Ceceña, doctora en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Paris I – Sorbona, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (México) y Coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, quien estuvo en Lima dictando el seminario: Emancipaciones en un Contexto Militarizado.

 

- ¿Qué significan la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) y el Plan Puebla Panamá para América Latina?

 

Son dos megaproyectos que se articulan entre sí, incluso geográficamente y que son similares, porque son dos proyectos de construcción de infraestructura. Están estructurados bajo la idea de canales o líneas de comunicación, en las cuales no solamente se está pensando en que sean vías de comunicación para mercancías y personas. Sino también vías de construcción de líneas de electricidad, energéticas, oleoductos, gasoductos. Incluso en el caso del Plan Puebla Panamá (PPP), está pensado también estas mismas líneas como carreteras de información. La IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) está mucho mejor planeado con canales interoceánicos para conectar los dos océanos y entonces con eso agilizar la salida hacia Europa, Asia y EE.UU.. La idea es tener vías de llegada al más importante mercado que son los EE.UU. que en sus dos costas tiene características económicas diferentes. El propósito es la extracción de recursos en América Latina y trasladar la mercancía que hay hacia estos mercados. No están tan pensados como apertura de mercado interno. Por eso la IIRSA se proyecta desde el corazón de Sudamérica hacia fuera, hacia las dos costas. Y el PPP está pensado desde Panamá hacia el norte. De manera que las rutas, los canales corren en ese sentido.

 

- ¿El Plan Mérida es la complementación del Plan Puebla Panamá en México? ¿Cuán avanzado está este?

El Plan Mérida (PM) si es la complementación del Plan Puebla Panamá, pero en realidad el P.P.P. en sí mismo ya se transformó en Proyecto Meso América incorporando a Colombia y muy explícitamente la dimensión de seguridad. Ya el propio Plan Puebla Panamá asumió las dos cosas, la integración energética que era la parte económica más importante que tenía y la integración de seguridad. Y en ese sentido, ya no es que requiera del Plan Mérida, sino que es un eslabón más que permite que el PM que está en México se concrete de manera muy natural, sin necesidad de mucha bisagra con el Plan Colombia. Porque el Plan Mérida corresponde directamente al Plan Colombia, es el mismo proyecto adaptado a las circunstancias tanto geográficas como temporales. Porque ya se asume toda la experiencia tenida con el Plan Colombia y la estructura es similar, ayuda para seguridad y una muy pequeña para desarrollo, que es como avanzan varios de los proyectos del Plan Colombia. Y entonces tienes una superposición del Plan Mérida en la parte norte, proyecto Meso América enlazando esa parte norte con Colombia, Plan Colombia en Colombia y Perú. Además hay la ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) que es un proyecto también de seguridad y energético, pero difiere en el sentido de que es más la creación de un bloque regional, lo que está implícito en este plan.

 

- Después de realizadas las fases de invasión denominadas Plan Colombia y Plan Patriota. por parte de los EE.UU. en Colombia ¿Qué es lo que sigue?

 

 La expansión del Plan Colombia hacia dos partes del continente, una es el norte, bueno que se está logrando con el Plan México y con estas acusaciones que se hacen después del ataque de Colombia a Sucumbíos, Ecuador se arma un poco el escenario de que, en México está la oficina internacional de las FARC y que en esa medida, eso justifica el Plan México y digamos, las mismas políticas que en Colombia. Luego el otro derrame es hacia el sur y este se ha intentado por varias rutas. La que más se ha intentado es la de Paraguay como si extendiera un brazo del Plan Colombia hasta la Triple Frontera, que por supuesto, eso lo que hace, es que cubre el área boliviana, pero además permite colocarse en un lugar geográfico que es de gran interés, que es, esta Triple Frontera encima del Acuífero Guaraní y además como epicentro de la parte digamos conosureña, rioplatense de América del Sur. Esto también se intentó en el 2006, se hizo este montaje de que se había secuestrado a la hermana del ex presidente y que entonces, esto indicaba que había células y campos de entrenamiento de las FARC en Paraguay. Y con esta argumentación tan precaria, se estaba pretendiendo montar un operativo Plan Colombia ahí, pero también se ha intentado y de hecho se ha logrado involucrar a Perú desde hace tiempo con el Plan Colombia, porque los recursos del Plan Colombia no son sólo para Colombia, sino para el área. Entonces si los recursos son para el área, incluidos Perú y Ecuador, si los está incluyendo también los está comprometiendo, esta ayuda siempre es con contraparte, esa es como otra ruta de expansión. Pero, lo que se ha puesto en juego hoy después del Plan Patriota, justamente lo que se inaugura con el ataque a Sucumbíos, que es la posibilidad de que los EE.UU. a través de un tercer país, pueda echar a andar una política de guerra preventiva. Y digo EE.UU. porque el operativo de Sucumbíos lo diseñaron en gran medida desde Manta y los operadores en gran parte fueron norteamericanos. Entonces, se inaugura el hecho de que ellos actúen desde Colombia directamente, pero también la posibilidad de que Colombia, emulando la política norteamericana se lance también en una –si se quiere más limitada regionalmente– guerra preventiva, en una defensa de sus intereses, fuera de su territorio, en territorios de otras naciones. Esto marca pautas, que de no haber sido por esa reacción tan fuerte del gobierno ecuatoriano, realmente estarían perfilando ya como la intervención directa en cualquier país del continente.

 

- En el tablero geopolítico de la región ¿Qué importancia tiene el Perú en los planes hegemónicos de los EE.UU. que intenta establecer una base militar en la región surandina de Ayacucho?

 Se está hablando de dos bases en Perú desde hace tiempo, del área de Chiclayo y también ahora, más recientemente la de Ayacucho. Incluso por ahí, hay alguien quien dice que tal vez, es en la zona de Quinua (Ayacucho), donde se quiere establecer. Pero con bases de nuevo tipo, muy flexibles, eficaces, pero también más pequeñas, realmente bases más adecuadas a lo que son las condiciones de la actuación militar en este momento de la guerra. Pero también del simple trabajo del monitoreo y vigilancia. Entonces cuando nosotros vemos la posición geográfica de Perú y evaluamos la situación política y geopolítica del continente, realmente la posición de Perú es inmejorable como para tener una posibilidad de acceso más directo y más variado hacia algunas regiones que están preocupando mucho como la de la zona sur de Bolivia, la zona gasífera. La zona norte de Argentina que es petrolífera, entonces, está en términos de los recursos, pero también en términos de su potencial rol en la desestabilización de gobiernos que se consideren convenientes. La base de Ayacucho está en línea recta hacia La Paz, de manera que, de acuerdo con los radios de acción –incluso mínimos– que tienen los aviones de guerra actuales, La Paz quedaría bajo el alcance de la base de Ayacucho sin ningún problema. Y lo de Chiclayo apunta más hacia la zona amazónica, la veo como una oportunidad, por un lado, de garantizar la entrada por el río hacia Iquitos y la zona Amazónica, pero también de mantener vigilado a Ecuador por los dos flancos. Porque, pues Colombia está garantizado, pero Ecuador ya no va a tener una base y además se ha rebelado, ha elevado a rango constitucional la idea de que Ecuador es un territorio de paz y por eso, no admite la presencia ni de bases militares extranjeras, ni de tropas extranjeras en su territorio. Entonces, allí les cerró una posición y esa posición parece estarse trasladando simultáneamente hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo sería lo de Chiclayo y seguramente también Ayacucho, porque queda en esa misma línea de alcance. Y hacia arriba, hacia la costa colombiana, posiblemente en la costa del Chocó. Los dos ejes que están moviendo esas nuevas posiciones, el diseño de cómo será mejor establecer estas nuevas posiciones y que están haciendo pensar en Perú son fundamentalmente el de garantizar el acceso a los recursos naturales estratégicos y el del control de la insurgencia o el control de la posible formación de coaliciones contrahegemónicas. Estas dos cosas están perfiladas en el corazón de América del Sur, de manera que el hecho de tener posiciones en Perú o de tener una situación más permisiva para el arribo de tropas y la movilización de tropas. Por un lado, les facilita la entrada a los recursos naturales peruanos, que son muchos, muy valiosos y a los recursos de los países vecinos, pero les facilita también y quizás esto, coyunturalmente es lo más importante, el flanqueo de Bolivia y desde ahí una línea de acceso más directo por el centro a Venezuela.

Yásser Gómez es Periodista, Corresponsal de Upsidedownworld en Perú y Editor de Mariátegui. La revista de las ideas. /

mariategui(a)riseup.net
Fuente: http://www.yabasta.it/spip.php?article787

 

 

Reflexionemos en cómo el gobierno de Maduro actúa a favor del capitalismo e imperialismos. Buscó diálogo con quien gestiona el Plan Colombia y al mismo tiempo,  puso bajo estado de excepción a 23 municipios fronterizos, muchos indígenas.

 

 

 

Venezuela activa nuevas

zonas especiales en la frontera con Colombia

 

16 de septiembre de 2015

Escrito por Prensa Latina

Reitera Maduro disposición al diálogo con Juan Manuel Santos

Indígenas respaldan medidas del Ejecutivo Venezolano en la frontera

 

La medida busca constituir una nueva frontera segura, de trabajo y próspera, con una estructura que cimiente las bases para la construcción de una zona económica productiva en esas regiones, afirmó este martes el mandatario al anunciar la iniciativa.

En el caso del Zulia (noroeste), se adicionan las zonas 4, integrada por los municipios Rosario de Perijá, La Cañada de Urdaneta, Jesús Enrique Lozada y Machiques de Perijá; y la 5, por las demarcaciones Jesús María Semprún, Catatumbo y Colón.

Estos se suman a los incluidos en la zona 3, conformada en esa entidad administrativa el pasado 7 de septiembre, en los municipios indígenas Guajira, Mara y Almirante Padillla.

Por su parte, en el estado Apure (suroeste), la zona 6 abarcará el territorio del municipio Páez, mientras que la 7 comprenderá los de Rómulo Gallegos y Pedro Camejo.

Con estas 10 nuevas demarcaciones suman 23 bajo el estado de excepción constitucional implementado desde el 20 de agosto pasado en territorios venezolanos limítrofes con Colombia.

Los demás municipios son Ureña, Junín, Libertador, Independencia, Rafael Urdaneta, Bolívar, Lobatera, Ayacucho, García de Hevia y Panamericano, en Táchira (oeste) 

El presidente Maduro, reiteró el llamado al diálogo a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, para abordar los temas sociales y económicos que motivaron la aplicación de medidas especiales en territorios fronterizos con ese país.

Durante su programa televisivo semanal Contacto con Maduro, señaló que esos problemas son el resultado de décadas de abandono de esos territorios y no se resuelven con operaciones mediáticas, por lo que instó a Santos a conformar un plan conjunto al respecto.

Este martes, el presidente colombiano visitó Paraguachón, en la frontera colombo-venezolana del estado Zulia, donde dijo que veía avances para una pronta reunión con el mandatario venezolano.

Fuente: http://www.radioguaimaro.icrt.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=19983:venezuela-activa-nuevas-zonas-especiales-en-frontera-con-colombia&catid=45&Itemid=133&lang=es

 

 

 

Escuchemos lo que es válido para Argentina y el objetivo de paz mundial: "Podríamos tener la convergencia de luchas por la justicia en la distribución económica y ecológica al mismo tiempo. Algo nunca visto en la historia de las luchas populares venezolanas. Se nos vienen extraordinarios desafíos. La búsqueda de la paz navega en aguas turbulentas. Toca no perder el centro y tomar el timón con fuerza".

 

 

 

Violencia y gobernabilidad ante una nueva fase del extractivismo en Venezuela

2 de agosto de 2017

 

"Recuperar el sentido en el ámbito nacional apunta en principio a retomar las demandas económicas y políticas que han unido históricamente a los de abajo, unión que reconfiguraría la polarización, que sería planteada nuevamente entre los de arriba y el vasto conjunto de las clases desfavorecidas. Y a esto habría que añadirle las demandas de sostenibilidad y justicia ambiental, ante el creciente y dramático empeoramiento de la situación de los ecosistemas, bienes comunes y la vida ecológica que nos constituyen. Las dimensiones de la crisis estructural del capitalismo rentístico venezolano evidenciarán más claramente estas rutas a transitar."

 

Por Emiliano Teran Mantovani*

 

No hay prioridad más alta en Venezuela en la actualidad: evitar, desactivar (o detener) la guerra. El horizonte de paz más próximo es apenas el no desbordamiento masivo de todas las estrategias y pulsiones de muerte que se reproducen en el país. Expresiones extremas de violencia y barbarie; destrucción del entorno cotidiano; sectores radicalizados y fascistizados de la oposición venezolana que, a nuestro juicio, son el principal detonante de la situación; declaraciones y políticas gubernamentales soberbias, desafiantes e irresponsables; represión subida de tono y excesos de los cuerpos de seguridad del Estado; actores armados informales; la política exterior estadounidense más agresiva y frontal contra Venezuela en toda la historia republicana de nuestro país; los señores de la guerra. Todo un cúmulo de actores que unido a condiciones materiales y diversos factores sociales nos han acercado al filo del abismo en el que nos encontramos.

 

Los dramáticos costos del desbordamiento de una guerra serían cargados principalmente en los hombros del campo popular, en los tejidos sociales, en la vida, en sus territorios. Los ‘ganadores’ serían otros, en lo fundamental (aunque no únicamente) actores foráneos y transnacionales. Y las condiciones para la subsistencia y luchas de los pueblos y comunidades quedarían arruinadas. El fin de ciclo progresista en Venezuela se habría coronado con esta fase superior del “capitalismo del desastre” (Naomi Klein dixit).

 

En esta situación es urgente y esencial recuperar el sentido, rescatar las facetas más democráticas que se han evidenciado en las expresiones populares en los últimos años en el país, reencontrarlas, articularlas, hacerlas masa crítica. Sumar rápidamente sensateces, configurar nuevas alianzas, re-abrirle caminos a la política. Crear deslindes con la cadena de agresiones políticas que desde la oposición y el Gobierno nacional nos han traído a la situación actual. Denunciar claramente y con fuerza los factores foráneos que promueven la violencia con sus políticas y declaraciones, los brutales cercos mediáticos internacionales contra Venezuela y la política intervencionista del gobierno estadounidense, que amenaza con hacernos mucho daño. En fin, organizarse para la paz, en vez de seguir avanzando hacia el precipicio al cual nos dirigimos. Nadie ha dicho que es cosa fácil, pero no tenemos otro camino.

 

No obstante, conviene pensar también qué se está desarrollando en las entrañas de este proceso. Si en el corto plazo sorteáramos el desbordamiento de la beligerancia, es necesario reconocer que esa construcción de la paz en realidad será un camino largo. Pactos, acuerdos y negociaciones, grupos de interés en disputa y requerimientos de estabilidad política interna, la potencial construcción de nuevas hegemonías, están también en el escenario próximo, pero se sostienen sobre un hecho ineludible: las bases materiales que generan las condiciones para una alta intensidad del conflicto político y social persisten.

 

La grave crisis del modelo rentista petrolero no es, a nuestro juicio, una circunstancia coyuntural:

  • hay una enorme volatilidad de los precios internacionales del petróleo, lo que volatiliza la economía venezolana;

  • el país está inexorablemente enganchado a los menos rentables y demandantes crudos pesados y extra-pesados (Faja Petrolífera del Orinoco);

  • se están desarrollando importantes cambios en el mercado energético global –dominado por los hidrocarburos– al tiempo que la OPEP tiene cada vez menos incidencia geopolítica;

  • esto implica que cada vez hay mayores dificultades para la captación de la renta petrolera, lo que además se vería agravado ante un proceso de flexibilización económica que favorecería aún más a las corporaciones transnacionales, en detrimento de la captación de excedentes del Petro-Estado venezolano;

  • pero no sólo esto: las dificultades también se registran en la retención de la renta captada, la cual debe dirigirse en parte al pago de la deuda y sus servicios, o bien migra por fuga de capitales, entre otros factores;

  • la debilidad política del Petro-Estado y la crisis hegemónica potencian aun más la corrupción como forma de distribución de la renta, lo que dificulta sobremanera una centralización de la misma, y la puesta en marcha de políticas coherentes para salir de la crisis;

  • la severa crisis política, social e institucional también ha desestructurado buena parte de los canales de distribución rentística de la economía doméstica formal, prevaleciendo en cambio distribuciones a discreción y la economía informal;

  • el ejercicio de la violencia pasa a cumplir un rol más determinante en las capacidades políticas, institucionales y sociales para apropiarse de esta renta.

Estas condiciones materiales son ineluctables, evidencian los nexos entre la inestabilidad económica y la turbulencia política y al mismo tiempo nos señalan la configuración de nuevos esquemas de gobernabilidad y gobernanza. En este sentido, es necesario resaltar la relación que existe entre la re-estructuración del régimen de apropiación de la naturaleza (el relanzamiento y la reformulación del extractivismo en el país), de los mecanismos de captura y distribución de la renta (cambios en la arquitectura del capitalismo rentístico) y de los patrones de gobernabilidad y control social. Esta relación sufre transformaciones significativas en períodos de cambio histórico. El llamado “Pacto de Punto Fijo” (1958) se establecía en Venezuela sobre la base de hacer coherente los principios de una nueva gobernabilidad con los procesos de apropiación y acumulación de capital domésticos y transnacionales.

Pero los tiempos han cambiado. La reciente aprobación del proceso Constituyente del día 30 de julio convocado por el Gobierno nacional, o bien el llamado “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad”[1] presentado el pasado 19 de julio por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dan cuenta explícita de su necesidad de construir un nuevo marco de dominación y control social. Sólo que ahora deben adaptarlo a las condiciones de la profunda crisis del modelo histórico petrolero rentista, inaugurado a principios del siglo XX; y a los marcos de una crisis económica global y de peligrosas tensiones geopolíticas.

El capital se filtra en las grietas de la crisis: rutas y coordenadas de una nueva fase del extractivismo

A pesar de nuestros dramas sociales y políticos, del caos existente, de la crudeza del conflicto, el capital foráneo negocia, con bajo perfil, se posiciona, avanza, gana concesiones, rompe obstáculos, echa raíces en nuestros territorios. La beligerancia y el desastre no le son ajenos; si por un lado es inestabilidad, por el otro es también oportunidad de negocios. En los acuerdos se van trazando rutas y coordenadas de nuevos ciclos de acumulación, se van delineando nuevos códigos, estructuras y geografías del extractivismo en Venezuela.

Podemos hacer un inventario general: ni la inestabilidad de los precios internacionales del crudo y el mercado energético mundial, ni el conflicto político nacional han detenido los acuerdos y las inversiones en la Faja Petrolífera del Orinoco, cinturón de petróleos no convencionales (pesados y extra-pesados) que, por sus costos y niveles de inversión e instalaciones requeridos, necesitan en cambio precios altos y estables. El objetivo: incrementar la producción. Desde principio de 2016 se ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto para invertir unos US$ 9.000 millones para la perforación de 480 pozos, sobre lo cual se ha venido avanzando en anuncios y acuerdos desde entonces hasta la fecha.

China National Petroleum Corporation, Rosneft, Schlumberger, Horizontal Well Drillers, Baker Hughes, Halliburton, entre otras, resaltan entre las corporaciones que suscriben los últimos acuerdos. La clave del negocio está en profundizar la flexibilización económica de los marcos que los regulan, lo que el presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, ha llamado “régimen especial de inversiones” para que los proyectos logren su pleno desarrollo[2]. Facilidades económicas, tasas de cambio flotantes, zonas de desarrollo económico especial, socios foráneos que no solo participen accionariamente sino que ahora traigan el financiamiento necesario para los negocios (en lugar de los desembolsos de caja que asumía PDVSA)[3], y algo importante: la cobertura de esas retribuciones y deudas con las corporaciones se basa en los barriles que provengan del aumento de la producción[4]. Esto es, más extractivismo para poder pagarles. Es el modelo de negocios de la Faja del Orinoco, que se proyecta al resto de los sectores de nuestra economía extractiva.

Se cuenta también: la búsqueda de reconexión de pozos en el occidente de Venezuela (como los del Lago de Maracaibo), área de viejas explotaciones convencionales; relanzamiento de los grandes proyectos gasíferos offshore (como el Rafael Urdaneta), con el proyecto Cardón IV en la península de Paraguaná como punta de lanza, destacando la explotación del mega-campo ‘Perla’ en la cual la inversión ha sido 100% privada (Del Pino dixit) –Repsol (50%) y Eni (50%)[5]–; re-impulso y reactivación de obras de infraestructura para la exportación de commodities como el Puerto de Aguas Profundas de la península de Araya (13/6) orientado al comercio petrolero principalmente con el mercado asiático[6], la nueva fase de construcción del gaseoducto Venezuela-Colombia, el acuerdo de gaseoducto entre Venezuela y Trinidad y Tobago (PDVSA-NGC-Shell)[7] o los puertos para la producción de Carbozulia; nueva fase histórica de la minería, con el proceso de certificación de reservas, reactivación de minas que cayeron en el período de crisis o apertura de otras nuevas en todo el país, como el Arco Minero del Orinoco y la conformación de la empresa mixta ‘Siembra Minera’ (Gold Reserve, oro y cobre, empresa a la que el Estado venezolano adeuda aproximadamente 992 millones US$)[8] para la explotación del proyecto "Las Brisas"; empresas mixtas y memorandos de entendimiento con compañías como Faoz (una incógnita), Afridiam (Congo) o China CAMC Engineering para explotar coltán en el municipio Cedeño, estado Bolívar; Endiama (Angola)[9], Guaniamo Mining Co. (EEUU) y empresas sudafricanas no anunciadas para explotar diamantes –en general las mineras junior suelen abrir el camino para la posterior aparición de las grandes corporaciones mineras–; pero también destaca la reactivación de las minas del proyecto de Lomas de Níquel (China Camc Engineering y Yankuang Group - sur de Aragua-Miranda)[10], reactivación de Carbozulia (mayo 2017) con miras a la estabilización y posterior expansión de la producción de carbón[11] (Inter American Coal, China CAMC Engineering y Yankuang Group), sea en las minas ya existentes o en nuevas, como ‘Las Carmelitas’[12]; o finalmente proyectos más pequeños de minería no metálica para la extracción de fosfato en el Táchira, mármol en Anzoátegui (empresa Canteras y Mármoles) o sílice en Lara.

Pero estas redes del capital que crecen y se expanden, estos nuevos métodos y marcos de negocios, no sólo evidencian una reestructuración económica en desarrollo –ciertamente inestable, contingente y maleable–, sino también revelan una específica correlación de fuerzas muy negativa para regímenes de intervención y proteccionismo estatal, formas de nacionalismo económico, y para el campo popular y la naturaleza. En este escenario van prevaleciendo cada vez más los intereses y agendas del capital transnacional, que trazan las rutas más estables y predecibles del rumbo económico a partir del mapeo de los “recursos naturales”.

En esta específica correlación de fuerzas la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no ha estado al margen ni ha sido espectadora pasiva. Muy al contrario, ha sido actor principal para ir configurándola, a través de métodos cada vez más extremistas que impulsan este escenario del ‘capitalismo del desastre’. Porque, aunque se declare en el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” que “la justicia social es la prioridad” y los “desfavorecidos y vulnerables serán el objetivo central”, el horizonte constituyente de esta coalición política derechista conservadora ha sido neoliberal. En muchos casos sin secretos (como en el llamado ‘capitalismo popular’ de Maria Corina Machado). En otros, que son la mayoría de los casos, se esconden detrás de una retórica vaga y generalista sobre progreso, bienestar y desarrollo, sin mencionar la prevalencia de mecanismos de mercado, recortes, corporativización y desregulación. Pero a pesar de las sutilezas e intentos de hermetismo al respecto, siempre afloran estas voluntades y políticas neoliberales.

Por citar dos ejemplos recientes, el conocido empresario venezolano Gustavo Cisneros ha planteado que el modelo impulsado por Mauricio Macri en Argentina puede ser el idóneo para la Venezuela postchavista[13]; y aunque hayan criticado y sancionado hasta la saciedad el entreguista y devastador proyecto del Arco Minero del Orinoco, en mayo de este año el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, le aseguraba a las transnacionales mineras que asistían al ‘Latin American Downunder Conference’ en Australia que “una vez la democracia haya sido restaurada… las puertas estarán abiertas para recibir las inversiones” –our doors will be open to receive the investments–[14], lo que va en consonancia con numerosas de las propuestas del bloque opositor de expandir el extractivismo en el país.

La pregunta que surge ante esta puesta en escena y el desarrollo y expansión de esta red de capitales foráneos en Venezuela, es qué tipo de modelo de gobernabilidad y control social pudiera estar gestándose de la mano de este proceso, y cuál podría ser el rol de la violencia en el mismo.

Adiós al ‘neo-extractivismo progresista’: violencia y nuevas gobernabilidades

Replicando el patrón histórico-colonial de la división internacional del trabajo y la naturaleza, las inversiones extranjeras en la crisis actual siguen dirigiéndose en proporciones considerables a los sectores extractivos –como se evidencia por ejemplo en el anuncio de ‘Alianzas Estratégicas’ entre el Gobierno Nacional y empresas extranjeras (21 de julio), donde el 92% de las inversiones era para minería y 8% para turismo[15]–. No sólo no aparece el giro productivo para poder paliar la situación de precariedad económica interna, sino que el capital y las élites políticas locales establecen acuerdos de largo plazo que nos atornilla a un horizonte de extracción y despojo, vinculado a recortes y desregulación.

Se marcha el llamado “neo-extractivismo progresista”. El patrón que lo ha caracterizado se disuelve: la posibilidad de construir consenso social por la vía de la distribución masiva de las rentas presenta extraordinarios límites; la programática gubernamental sigue modificándose progresivamente; como ya se ha mencionado, continúan produciéndose cambios significativos en la correlación de fuerzas; y el contexto internacional va recrudeciendo aún más la competencia global por los “recursos naturales”.

En este sentido, y en relación a la gobernabilidad de este probable nuevo extractivismo, cabe preguntarse si las diversas formas de violencia que se han desarrollado en el país son sólo expresiones de un conflicto político coyuntural o en cambio éstas también se instalan y se incorporan a los dispositivos de dominación, trazando las coordenadas de un régimen de control social en formación.

Sus orígenes provienen de al menos tres escalas geográficas diferentes: una violencia imperial-geopolítica, una estatal-nacional y una social-molecular.

El contexto de intensa conflictividad y el colapso de la economía nacional han hecho prevalecer los marcos de un estado de excepción (que hasta el momento ha sido sectorizado), políticas de emergencia y conmoción, la creciente militarización de todos los ámbitos de la vida junto a mecanismos de intervención policial directa en barrios urbanos y rurales (como la llamada ‘Operación de Liberación del Pueblo’ - OLP). Esto no sólo se expresa en las actuales políticas del Estado, sino que se presenta como el horizonte de 'seguridad' de los partidos de la MUD. Recordemos que el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, ha señalado la necesidad de aplicar el modelo “exitoso” de seguridad del ex-presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el cual podría emplearse de manera inmediata[16]. En el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” 2017 de la MUD se expresa como uno de los primeros objetivos de “un próximo gobierno” el “Plan efectivo y contundente contra la inseguridad” (punto 1.3).

Resalta también el empleo de actores armados informales por parte de los grupos políticos en disputa, que ejercen formas subterráneas de control social, generando formas directas de represión y terror en la población.

Al mismo tiempo, el abanico de operaciones de intervención que han sido impulsadas al menos desde 2002 por los Estados Unidos para lograr el ‘cambio de gobierno’ en Venezuela se han hecho cada vez más explícitas e incisivas –vea las recientes declaraciones del director de la CIA, Mike Pompeo, sobre sus esfuerzos para lograr la ‘transición’ en el país[17]– y tienen notable incidencia en el desarrollo de la violencia en el país. Un potencial avance y triunfos de esta política norteamericana en Venezuela plantearía una transición desde mecanismos de financiamiento de operaciones de inteligencia y desestabilización hasta formas de militarización de impacto regional (en conexión con acuerdos como el Plan Colombia) y estrategias de contrainsurgencia como forma de controlar territorios.

Por último pero no menos importante, también se registra el aprovechamiento de las crecientes formas de violencia social-molecular producto de las contradicciones sociales y territoriales (pobreza, exclusión, masificación de la corrupción y la impunidad), en especial a través de la cooptación de grupos criminales (urbanos y rurales) y la canalización de expresiones de fascistización social (evidentes básicamente en sectores de oposición al gobierno) que no sólo generan crímenes de odio e intento de aniquilamiento del 'enemigo' (chavista) sino una profunda intimidación y terror en la población en general.

La imposición del orden y la lucha contra 'agentes perturbadores' serán planteadas como los medios para la consecución de la ‘paz’ –la 'pacificación'. En estos casos es cuando la paz y la guerra se confunden más. Podríamos plantearnos reflexivamente la frase de Hanna Arendt cuando afirmaba en 1970 que la paz es la continuación de la guerra por otros medios. Para el caso venezolano, se han abierto ya nuevas preguntas sobre nuevas formas de poder, sobre la evolución de la estatalidad, sobre disputas territoriales por los bienes comunes. Y sobre todo, preguntarnos si terminaría de emerger una nueva versión de la economía de enclave del siglo XXI. Preguntas que además, tocan e interpelan a todo el resto de América Latina.

Resurgir del colapso del rentismo: re-existencias y la recuperación de las agendas propias de los movimientos populares.

En Venezuela, todos los territorios y ámbitos de la vida cotidiana están en disputa. ¿Cuál es el horizonte, la estrategia, cuando la guerra y el estado de excepción van avanzando como régimen biopolítico para la acumulación de capital?

Cuando la paz es invadida de guerra, se va haciendo más difícil saber qué es y dónde se encuentra. A pesar de ello, ésta se convierte en una prioridad. Pero es necesario resaltarlo: organizarse para la paz implica reconocer que esta también se teje desde abajo, que supone que hay que ir hilándola, expresándola en la vida en los territorios, recreándola en las formas mínimas de convivencia, respeto, consensos, desplazando a la guerra de los espacios que busca ocupar, a través de resistencias y vida. Se trata del ejercicio de las re-existencias (como lo planteara Adolfo Albán), en la medida en la que se resiste a los diversos dispositivos de violencia, explotación, exclusión y despojo de la expansión capitalista, a través también de la reproducción de la vida, de su reafirmación a través de las prácticas cotidianas y la construcción de alternativas concretas.

Sin embargo, ¿cómo se puede enfrentar semejantes desafíos cuando el tejido social ha sido tan profundamente afectado, cuando se va desbordando el contrato social, cuando la barbarie se va normalizando, cuando se ha extraviado de tal forma el sentido en el país?

Nuevamente, hay que mirar adelante. Todavía hay mucho que rescatar. Aunque este socavamiento del tejido social nos atraviesa, no es una condición estructural o definitiva. Toca volver a mirar e inventariar todas esas potencialidades existentes en el campo popular venezolano, sus expresiones de democracia radical, sus experiencias productivas, sus narrativas y agendas propias, las formas emancipatorias de su dinamismo político aluvional. A pesar de que existan enormes obstáculos y debilidades, son finalmente estos factores el sustrato, la esencia, de cualquier proceso alternativo a desarrollarse en los próximos tiempos.

Pero también los tiempos invitan a reinventarse. El giro histórico-político de las luchas populares en Venezuela podría estar en la recuperación y re-centramiento de la dimensión territorial –abriéndose intempestivamente camino ante la irresistible primacía de los objetivos de escala nacional–; esto es, territorializar las luchas. Reconfigurar las localidades. Y tejer comunidad, en medio de las dificultades. Construir desde ya, alianzas con otros sectores de lo popular. Promover la creatividad, las éticas populares y el valor de la dignidad. Sin todas estas bases materiales, estas expresiones contrahegemónicas seguirán adoleciendo de organicidad, se evidenciarán débiles ante los numerosos dispositivos de guerra, tendrán una alta dependencia económica del Petro-Estado y los sectores privados y seguirán careciendo de resultados concretos en sus territorios para testimoniar ese mundo que sueñan transformar.

¿Qué nos queda por reivindicar en cuanto a las grandes narrativas políticas? No hay un panorama claro al respecto. Pero al menos, recuperar el sentido en el ámbito nacional apunta en principio a retomar las demandas económicas y políticas que han unido históricamente a los de abajo, unión que reconfiguraría la polarización, que sería planteada nuevamente entre los de arriba y el vasto conjunto de las clases desfavorecidas. Y a esto habría que añadirle las demandas de sostenibilidad y justicia ambiental, ante el creciente y dramático empeoramiento de la situación de los ecosistemas, bienes comunes y la vida ecológica que nos constituyen. Las dimensiones de la crisis estructural del capitalismo rentístico venezolano evidenciarán más claramente estas rutas a transitar.

De plano conviene resaltar que la situación de potencial impago de la deuda externa unido a la descomunal corrupción que se ha devorado las cuentas públicas puede hacer converger a numerosas organizaciones populares, movimientos y comunidades en torno a una campaña nacional por la auditoría de todas estas cuentas del país. Se presentaría además una oportunidad para evidenciar los vínculos de la deuda y el desfalco con el extractivismo, en la medida en la que el respaldo material de estos procesos de despojo financiero global contra Venezuela son precisamente sus ‘recursos naturales’ y sus territorios. El relanzamiento del Arco Minero del Orinoco y todo el conjunto de proyectos que buscan re-colonizar viejas geografías y las nuevas fronteras de las commodities se realiza bajo esta racionalidad. De esta manera, podríamos tener la convergencia de luchas por la justicia en la distribución económica y ecológica al mismo tiempo. Algo nunca visto en la historia de las luchas populares venezolanas.

Se nos vienen extraordinarios desafíos. La búsqueda de la paz navega en aguas turbulentas. Toca no perder el centro y tomar el timón con fuerza.

Caracas, julio 2017

_________________

*Emiliano Teran Mantovani es Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador en ciencias sociales y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, en el Grupo de Trabajo CLACSO sobre ecología política y ha colaborado con el proyecto EjAtlas - Justicia Ambiental con Joan Martínez Alier. Hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.

Notas

[1] http://www.asambleanacional.gob.ve/... (pdf)
[2] 
http://www.avn.info.ve/...
[3] 
https://www.youtube.com/...
[4] 
http://www.avn.info.ve/...
[5] 
https://www.repsol.energy/...

[6] 
http://www.eluniversal.com/...
[7] 
http://www.telesurtv.net/...
[8] 
http://vtv.gob.ve/...
[9] 
http://vtv.gob.ve/...
[10] 
http://avn.info.ve/...
[11] 
https://www.aporrea.org/...
[12] 
https://www.aporrea.org/...
[13] 
https://www.efe.com/...
[14] 
https://laradiodelsur.com.ve/...
[15] 
http://vtv.gob.ve/...
[16] 
https://www.youtube.com/...
[17] Pompeo afirmó el pasado 20 de julio que esperaba que se produjera una ‘transición’ en Venezuela y que trabajaban duro para comprender las cosas que allí ocurren y comunicárselas al Departamento de Estado y a los gobiernos de Colombia y México, de manera que obtuvieran los mejores resultados posibles 
https://www.youtube.com/.... Varias fuentes han revelado las diversas operaciones de intervención que se han aplicado desde el inicio de la Revolución Bolivariana. Por ejemplo, decenas de miles de cables revelados por Wikileaks han revelado apoyo a opositores al gobierno, desde la época del presidente Chávez. Citando un caso, la contratista de USAID/OTI ‘Development Alternatives Incorporated’ (DAI) reconocía que quienes organizaban las protestas contra el presidente Chávez en 2009 eran ‘nuestros financiados’ –‘are our grantees’.https://wikileaks.org/...

Leer 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Tenemos, abajo y a la izquierda, el desafío de generalizar el viraje desde subordinación a los de arriba hacia la atención dirigida a qué hacen y dicen diversidades de abajo sin fronteras frente al Estado represor que intensifica la criminalización tanto de los desposeídos como de los que se organizan y resisten.

 

Chile: Declaración pública de ANAMURI

frente a la situación de los presos políticos mapuche

29 de septiembre de 2017

 

Nosotras, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, declaramos públicamente nuestro total rechazo a la persecución y violencia que ejerce el Estado de Chile hacia el Pueblo Nación Mapuche, persiguiendo a quienes resisten desde su cultura, al olvido sistemático que busca implantar el modelo neoliberal hegemónico en el territorio chileno.

 

El pueblo mapuche, busca liberar a los territorios del extractivismo -lucrativo sólo para el empresariado-, el cual trae muerte y contaminación, además de la pérdida total de los ecosistemas, a costa de la flora endémica, las aguas y de la vida de sus habitantes. De esta manera, creemos que la lucha mapuche por recuperar los territorios para la vida, es hoy más que nunca una tarea urgente, que el pueblo Mapuche lleva adelante de manera digna, arriesgando la vida por el bien común de todos/as quienes habitan los territorios. La criminalización del pueblo mapuche es realizada por el empresariado nacional y transnacional, por el Estado de Chile, con nuevas operaciones que suman hermanos/as en prisión, aún sin pruebas condenatorias ni juicios justos, siempre apoyados en montajes judiciales, y reaccionarias campañas comunicacionales, acostumbrando al pueblo de Chile a que la justicia garantiza derechos sólo a ricos y a empresarios.

Demandamos de manera urgente, poner fin a la Ley antiterrorista, instrumento que fue promulgado por el dictador Pinochet, para criminalizar a los movimientos sociales y a los pueblos originarios, y que sólo se aplica hoy de manera racista, para condenar a luchadores y luchadoras Mapuche, sin castigar a los verdaderos causantes del terror en la población, quienes lucran con la vida y causan: contaminación minera, salmonera y forestal, llevando al exterminio de bienes comunes; jubilaciones de hambre; salud negligente; educación elitista y mercantil; y en el caso específico del pueblo Mapuche, hostigamiento y violencia desde la niñez, atacando con gases y armamento, incluso escuelas, liceos y los hogares de las comunidades.

La ley antiterrorista chilena atenta contra el estado de derecho toda vez que contiene elementos que afectan las garantías procesales de un juicio justo y que debiese asegurar un Estado que se dice democrático. Debemos recordar la prisión preventiva a autoridades ancestrales como la Machi Francisca Linconao, o el juicio a Lorenza Cayuhán, quien además de ser obligada a parir bajo los ojos de un carcelero, engrillada, fue condenada con el testimonio de un “operador ocasional” sin rostro, ni nombre, amparado por el Ministerio Público. La utilización de la ley antiterrorista es arbitraria, con prisiones preventivas que se transforman en condenas efectivas aún sin juicios; con declaraciones de testigos anónimos y protegidos que impiden una defensa justa.

Hoy cuatro hermanos, cuatro weichafe, ponen en riesgo su vida para exigir al Estado de Chile el derecho a vivir en paz sin dejar de ser mapuche.

LUCHAR POR LA VIDA, LA SOBERANÍA Y LA CULTURA DE UN PUEBLO: NO ES TERRORISMO.

LOS PUEBLOS NO CALLARÁN FRENTE AL AVANCE CAPITALISTA EN LOS TERRITORIOS: 
NUESTRO DEBER ES LUCHAR.

ANAMURI

LEER

 

 

Percatémonos de cómo los opresores ejercen violencia y muerte o cautiverio mientras la lucha por la causa mapuche se centra en la recuperación de sus cultura y territorio.

 

"El mensaje desde el gobierno es claro: se ha desarticulado las cúpulas de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) y Weichan Auka Mapu. Una operación comandada desde la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) y amparada en la ley de inteligencia[5] que faculta a jueces para entregar órdenes directas de detención a carabineros.

Se detuvo selectivamente a ocho personas, en su mayoría, destacados militantes de la causa mapuche vinculadas a la recuperación de cultura y territorio, personas politizadas y preparadas con una fuerte convicción respecto de las demandas que ha levantado el pueblo mapuche desde el fin de la dictadura. Se les detuvo tras una investigación de seis meses donde la prueba principal son conversaciones vía whatsapp y han sido formalizados por asociación ilícita y delitos de carácter terrorista (Ley Antiterrorista 18.314). El objetivo es detener los ataques incendiarios a maquinaria forestal y camiones en el Biobío, la Araucanía y la región de Los Ríos como han señalado las autoridades. En este marco la dirección de inteligencia de carabineros actuó el día 23 de septiembre amparados en la ley de inteligencia y bajo las órdenes de la ANI".

 

 

Chile - Operación Huracán y Operación Paciencia,

la opción por el Terrorismo de Estado

4 de octubre de 2017

Esta es la segunda vez que el gobierno de Chile declara públicamente la ejecución y autoría de una operación de inteligencia en contra de personas ligadas al movimiento mapuche. La primera de estas maniobras es conocida como “Operación Paciencia” y fue ejecutada entre los años 2002 y 2004 por el gobierno de Ricardo Lagos.

Ante lo cual sólo podemos concluir que tanto con la operación paciencia como ahora con la operación huracán el Estado de Chile ha optado por el terrorismo estatal.

Por Radio Kvrruf

Este 23 de septiembre el Estado de Chile, a través del ministerio del interior, la corte de apelaciones de Concepción, Valdivia y Temuco, en conjunto con la dirección de inteligencia de carabineros, desataron una cacería a destacados militantes del movimiento mapuche del Ngulumapu[1] denominada “Operación Huracán”. Al más puro estilo de las series policiacas de Hollywood y claramente influidos (podría pensarse) por las recientes catástrofes socio naturales que han dejado el paso por Estados Unidos del huracán Irma y en Puerto Rico del Huracán María. Con todo el despliegue que un buen top show estilo “133” o “Alerta Máxima” dispondría, policías de civil, camionetas blindadas, armamento de guerra, trajes de camuflaje y una gran cuota de violencia descontrolada, fueron allanadas viviendas, se efectuaron detenciones callejeras y nuevamente la presencia de niñxs mapuche no fue motivo para menguar la violencia ni menos evitar gases lacrimógeno. [2]

El Contexto de las detenciones:

El día de las detenciones, el sábado 23 de septiembre los PPM (Presos Políticos Mapuche) del Caso Iglesias Alfredo Tralcal Coche, Benito Trangol Galindo, Ariel Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo cumplían 109 días en huelga de hambre líquida, exceptuando a Benito quién estuvo una semana en huelga seca, lo cual le ha generado ser el más complicado de los cuatro huelguistas. La operación huracán y el show mediático ha querido invisibilizar la que quizás sea la huelga de hambre mapuche más larga de la democracia, la más reprimida, perseguida y machacada por el Estado de Chile, de la mano en esta ocasión del segundo gobierno socialista de Michelle Bachelet.

En condiciones sumamente críticas, con dos visitas e informes de salud por parte del colegio médico a partir del día 100[3] con informes médicos periódicos y diarios de la médica Aylin Curihual, con la visita del sacerdote jesuita Felipe Berríos, visita del candidato a la presidencia Alejandro Navarro ya en el día 112, emplazamientos desde Amnistía Internacional, desde la comunidad de historia mapuche, desde la agrupación de académicos(as) de Chile, una solicitud de solución en conferencia de prensa desde la catedral de Concepción por monseñor Fernando Chomalí, petición a la que se ha sumado el obispo de Temuco Hector Vargas, emplazamientos y muestras de solidaridad desde parlamentarios de Podemos en España, muestras de solidaridad desde distintos pueblos originarios de Abya Yala y, en suma, una preocupación generalizada al rededor del mundo en total rechazo a la utilización de Ley Antiterrorista en contra de personas mapuche, cómo ha sido la tónica en más de 20 años de gobiernos post dictatoriales. En medio de esta batalla político-carcelaria entre gobierno y huelguistas mapuche, en medio de una lucha titánica por visibilizar la ocultada huelga por los medios de comunicación oficiales, una lucha contra el tiempo y con un aumento constante y acelerado del deterioro de salud de los cuatro mapuche procesados ocurre la denominada por las policías y el gobierno como “operación huracán”.

¿Por qué en este momento? La evidente respuesta a esta pregunta es que esta acción represiva se realiza para golpear al movimiento mapuche que en constante alza comienza a convulsionar diferentes territorios y ciudades en solidaridad con los huelguistas del caso iglesias: Toma a la sede de la CONADI en Santiago, toma de la cátedral de Concepción, toma de la catedral de Cañete, encadenamiento en la catedral de Temuco, barricadas a diario y en distintos lugares del Wallmapu, y visitas desde todos los rincones al campamento montado por el movimiento de estudiantes secundarios mapuche a las afueras de la cárcel de Temuco, lugar que se convirtió en una especie de centro de articulaciones y comunicaciones para los familiares, dónde se acumulaba el newen (fuerza) y el apoyo constante a los huelguistas, finalmente éste lugar que fue testigo de un gran trawün (encuentro) el 20 de septiembre a 106 días de la huelga de hambre, fue desalojado por FFEE la madrugada del 23 de septiembre, comenzando así el golpe desde el estado a la huelga. Lo cierto es que a pesar del duro golpe represivo el movimiento y la solidaridad estuvo lejos de menguar, concentrándose una vez más la fuerza en apoyar a los huelguistas, sumándose ya desde la cárcel los detenidos de la operación huracán a la huelga de hambre, tres de los presos del caso Luchsinger Mackay y los presos de la cárcel de Lebu, dándose a entender de esta manera que las acciones policiales represivas y comunicacionales del gobierno no hacen más que apagar el fuego con bencina y acrecentar la rabia organizada contra estas maniobras contrainsurgentes.

La operación huracán por dentro:

El 25 de septiembre, dos días después de la ejecución de “inteligencia” efectuada por carabineros el canal estatal TVN en su noticiero central difunde un reportaje llamado “la operación huracán por dentro”, contando con grabaciones policiales de cada una de las detenciones realizadas tanto en Concepción, Temuco y Los Ángeles[4], dando a conocer a toda la opinión pública el éxito de meses de investigación y peritaje a conversaciones de Whatsapp y Telegram, entendiéndose esta acción como el arduo y efectivo trabajo de la dirección de inteligencia de carabineros y la limpia ejecución de las detenciones. Carabineros cumpliendo con uno de los anhelos más grandes de los dueños de transportes y la multigremial de la Araucanía. El mensaje desde el gobierno es claro: se ha desarticulado las cúpulas de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) y Weichan Auka Mapu. Una operación comandada desde la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) y amparada en la ley de inteligencia[5] que faculta a jueces para entregar órdenes directas de detención a carabineros.

Se detuvo selectivamente a ocho personas, en su mayoría, destacados militantes de la causa mapuche vinculadas a la recuperación de cultura y territorio, personas politizadas y preparadas con una fuerte convicción respecto de las demandas que ha levantado el pueblo mapuche desde el fin de la dictadura. Se les detuvo tras una investigación de seis meses donde la prueba principal son conversaciones vía whatsapp y han sido formalizados por asociación ilícita y delitos de carácter terrorista (Ley Antiterrorista 18.314). El objetivo es detener los ataques incendiarios a maquinaria forestal y camiones en el Biobío, la Araucanía y la región de Los Ríos como han señalado las autoridades. En este marco la dirección de inteligencia de carabineros actuó el día 23 de septiembre amparados en la ley de inteligencia y bajo las órdenes de la ANI.

Esta es la segunda vez que el gobierno de Chile declara públicamente la ejecución y autoría de una operación de inteligencia en contra de personas ligadas al movimiento mapuche. La primera de estas maniobras es conocida como “Operación Paciencia” y fue ejecutada entre los años 2002 y 2004 por el gobierno de Ricardo Lagos, siendo importante aclarar las diferencias y similitudes de esta operación con la actual, en primer lugar ambas declaradas de manera pública a la sociedad civil, con amplia movilización de contingente policial y una cobertura especialmente mediática en torno a un discurso antiterrorista. Lo concreto es que esta acción fue realizada para desarticular a la CAM y a su militancia más activa, ya siendo encarcelado y procesado bajo la Ley antiterrorista uno de los nuevamente apresados en la operación huracán sindicado como líder de la misma organización, sumando hoy la supuesta desarticulación del grupo Weichan Auka Mapu, sin embargo donde no hay datos ni pruebas que demuestren aún personas relacionadas con este grupo.

La operación paciencia significó una gran inyección de dinero en materia represiva para carabineros y el aparato judicial de la zona dónde han resurgido las reivindicaciones territoriales, siendo en ese entonces jefe de inteligencia el general Bruno Villalobos, hoy actual director nacional de dicha institución. Llegando con una inusitada cantidad de proyectos sociales canalizados a través de MIDEPLAN (Ministerio de Planificación) y la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), en colaboración con grupos mapuche de gobierno y comunidades generalmente más empobrecidas que eran ayudadas con diversos programas de asistencia englobados en el conocido “Programa Orígenes”, destinado a revertir la completa situación de pobreza en la cual se encontraba y encuentra la población de pueblos originarios del país, en donde los mapuche son el porcentaje más elevado según censo del año 2002 alcanzando un 87%. “El instrumento legal que dio origen al Programa es el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda (D.S.) N° 237, del 13 de marzo de 2001, en que se autoriza la contratación de Crédito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo BID por un monto de US$ 34.800.000 dólares”.[6] Coincidiendo Programa Orígenes y Operación Paciencia desde el año 2002 al 2004 aproximadamente bajo el gobierno de Lagos, implementando programas sociales en comunidades pro gobierno y aplicando allanamientos, procesos y ley antiterrorista en las comunidades en resistencia y recuperaciones territoriales autónomas, enfrentadas en gran medida contra los dueños de fundos y las forestales presentes en la zona. Se deja entrever los intereses políticos y económicos colonizadores por parte del estado de Chile, cuestión que se ha mantenido y que hoy con la Operación Huracán vemos aún más lejos su retirada.

A comienzos de la segunda administración Bachelett se dio a conocer por la CIDH el fallo condenatorio en contra del estado de Chile por la violación a los derechos humanos en los casos de detenciones y aplicación de ley antiterrorista en los mapuche encarcelados producto de la Operación Paciencia. El historiador Fernando Pairicán aclaraba que “La totalidad de los acusados en estos tres juicios[7] eran importantes actores políticos del movimiento mapuche y específicamente integrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). En el caso particular de Aniceto Norin, Pascual Pichun y Juan Ciriaco Millacheo, Longko de sus respectivas comunidades, es decir, autoridades tradicionales que según la declaración de los derechos de los pueblos de la ONU, tiene una consideración particular al ser representantes de una nación originaria. En el caso de Víctor Ancalaf y José Huenchunao, emblemáticos voceros de la CAM y de sus comunidades particulares. En ese sentido, la criminalización a la protesta mapuche es, desde la perspectiva del CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), una persecución política abierta a los integrantes del movimiento mapuche”.[8]

Eso desde el aspecto judicial, sin embargo un potente costo y constante dolor ha significado que producto de la militarización de los territorios mapuche han perdido la vida en manos de carabineros muchos jóvenes, Alex Lemún el año 2002 y Matías Catrileo el 2008, en los gobiernos de Lagos y Bachelett respectivamente. A su vez entendemos que la inyección de recursos en materia represiva, más dotación en territorio mapuche y allanamientos a las reivindicaciones territoriales ha dado como resultado igualmente la muerte en los años venideros de Jaime Mendoza Collío el 2009, Rodrigo Melinao Licán el 2013, José Quintriqueo el 2014, y Luis Marileo y Patricio González este 2017. La violencia estatal instalada en territorio mapuche.

Hoy vemos como nuevamente son perseguidos y encarcelados integrantes destacados del movimiento mapuche, dejando en evidencia las mismas lógicas de la operación paciencia, más no sabemos los alcances de esta arremetida y el financiamiento con el cual contará, las facultades que logrará carabineros donde quieren equiparar niveles de impunidad vía legislación de protección de identidades como la división especial de carabineros antinarcóticos OS7, operación que se entrecruza con el proceso de consulta indígena, que por lo demás bajo este contexto represivo no es posible vaticinar buenos resultados, en tanto que como estrategia para dividir a las comunidades en conflictivas y pacíficas no importaría demasiado la masividad sino el levantamiento de agentes claros a los cuales financiar, y de tal manera aislar a aquellas que reclaman y ejercen con total autonomía del gobierno sus procesos reivindicatorios, dejando en claro el rechazo a las forestales, centrales de paso, proyectos mineros, embalses y cuanta propuesta destructora de la tierra que pretenda instalarse en territorio mapuche.

Los efectos de este ataque represivo aún están por verse, mientras podemos relevar que según datos de un informe requerido por el senador Alejandro Navarro, desde el estreno de la Ley de Inteligencia, la creación de la ANI y la Operación Paciencia han sido 65 los PPM (Presos Políticos Mapuche) procesados y secuestrados preventivamente bajo ley antiterrorista que en los retardados juicios han sido completamente absueltos. Se destaca “el llamado “caso lonkos”. Víctor Ancalaf, José Huenchunao, Jaime Marileo, Patricio Marileo, Ciriaco Millacheo, Aniceto Norín, Pascual Pichún y Patricia Troncoso fueron condenados por la ley antiterorrista y terminaron siendo absueltos luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos anulara las condenas por violación a los derechos humanos por parte del Estado de Chile”.[9]

En más detalles el estreno de la operación paciencia en ese entonces significó la intervención de escuchas telefónicas, la utilización de testigos sin rostro y la implementación de informantes e infiltrados, siendo el más conocido Raúl Castro Antipán en el conocido caso Peaje Quino donde confesó “que le entregaba información a Carabineros más de una vez por semana desde febrero de 2009, que le informó a la institución el atentado a un Tur Bus antes de que ocurriera y que se convirtió en infiltrado a los 18 años, después de ser descubierto por robo de armamento mientras hacía el servicio militar en Coyhaique”.[10] El hostigamiento y ataque a medios de comunicación independientes, la persecución de redes de apoyo y la sofisticación de los equipamientos de las fuerzas especiales militarizadas que se apostaron en las forestales y en los caminos hacia las comunidades, casetas de carabineros en sectores rurales, instalación de campamentos policiales e incluso bases altamente equipadas como el ex recinto escolar de Pailahueque[11].

En la operación huracán se ha realizado casi a calco la misma lógica de persecución a mapuche que han hecho de la recuperación de tierra y cultura una lucha política organizada, con una fuerza y rebeldía jamás asimilada por el estado de Chile. Hoy encarcelan a 8 personas en un intento judicial y mediático por opacar la huelga de hambre del Lonko Alfredo Tralcal, Pablo, Ariel y Benito Trangol en el llamado caso iglesia, en dónde el gobierno ha anunciado la modificación de la ley antiterrorista bajo los parámetros de la legislación internacional y convenida en el respeto a los derechos humanos, ha retirado su participación como querellante en este caso y los PPM Alfredo Tralcal, Pablo y Benito Trangol han depuesto la radical medida a 116 días, continuando en huelga de hambre Ariel Trangol por desconfiar de las palabras del ejecutivo. Esperando así ratificación en el cambio de las medidas cautelares por tribunales de garantía de Temuco en audiencia preparatoria el próximo 10 de octubre. La pregunta que nos cabe enfatizar es ¿De qué manera se va reformular la ley antiterrorista al código procesal penal actual? ¿Serán las mismas disposiciones de la ley antiterrorista ahora con otro nombre que desmarque su origen pinochetista? ¿Cuál será la estrategia del Estado?

Ante lo cual sólo podemos concluir que tanto con la operación paciencia como ahora con la operación huracán el Estado de Chile ha optado por el terrorismo estatal.

Referencias

Nuevamente represión policial termina por agredir a infancia y adolescencia mapuchehttp://www.mapuexpress.org/

[Video Conferencia] Colegio Médico da a conocer informe de la grave situación de los PPM en huelga de hambre. https://radiokurruf.wordpress.com/

Así fue la “operación huracán” por dentro http://www.24horas.cl/

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PROGRAMA ORÍGENES MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓNhttp://www.dipres.gob.cl/

El fallo de la CIDH y la deuda pendiente: libertad a los presos políticos mapuchehttps://www.mapunet.org/

65 comuneros mapuche han sido absueltos de casos de “violencia rural” en los últimos 12 añoshttp://www.eldesconcierto.cl/

Nueva base en Pailahueque: Refuerzan militarización de La Araucanía para asegurar proyectos energéticos http://www.mapuexpress.org/

[1] Territorio mapuche dominado por el Estado de Chile, Ngulumapu se entiende como “a este lado de la cordillera. Así el Puelmapu sería “al otro lado de la cordillera”, territorio mapuche dominado por el Estado de Argentina.

[2] Más información en http://www.mapuexpress.org/

[3] Más información en https://radiokurruf.wordpress.com/

[4] Ver reportaje completo en http://www.24horas.cl/

[5] Se instala a partir del año 2004 bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar la cuál, entre otras cosas, da paso a la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia ANI, ejecutora hoy de la Operación Huracán.

[6] Revisado y leído el 29 de septiembre de 2017 en http://www.dipres.gob.cl/

[7] Caso Los Longkos, Poluco Pidenco y Ancalaf.

[8] Revisado y leído el 29 de septiembre de 2017 en https://www.mapunet.org/

[9] Revisado y leído el 30 de septiembre en http://www.eldesconcierto.cl/

[10] Ídem.

[11] Más información en http://www.mapuexpress.org/

Mapuexpress

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Chile_-_Operacion_Huracan_y_Operacion_Paciencia_la_opcion_por_el_Terrorismo_de_Estado

 

 

Insistamos en comprender dónde está la violencia, en qué consiste y porqué confiar en construir la paz mundial si multiplicamos la afirmación de los Mapuche: “Anunciamos a la comunidad nacional e internacional que, los Mapuche desplegaremos todas las acciones que nos concede el derecho internacional y su procedimiento, así como las acciones diplomáticas para actuar en la esfera nacional e internacional y cautelar todos y cada uno de los derechos que se ven seriamente amenazados por las decisiones gubernamentales de ambos Estados”.

 

 

 

Declaración pública ante los anuncios del subsecretario del interior Mahmud Aleuy del Estado de Chile y la ministra Patricia Bullrich del Estado de Argentina en cuanto a cerrar 12 pasos fronterizos en la Araucanía y su alrededor.


1.-
Hemos tomado conocimiento sobre los anuncios del Subsecretario del Interior del Estado de Chile Mahmud Aleuy junto a la Ministra del Estado de Argentina señora Patricia Bullrich. En cuanto a cerrar 12 pasos fronterizos en la Araucanía y otras regiones del país, es decir, en donde vive ancestralmente el Pueblo Mapuche y realiza su vida comunitaria.


2.- Las decisiones y los anuncios de parte del subsecretario interior del Estado de Chile y la señora Ministra del Estado de Argentina, son total y complemente ilegales, abusivas, represivas y persecutorias en contra del Pueblo Mapuche, porque violan varias normas del derecho internacional, entre ellos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, asimismo violan la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, también la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos OEA, de es decir, violan la legalidad vigente en el Estado Federal Argentino y el Estado de Chile.


3.- A modo de ejemplo la violación al Convenio 169 de la OIT, en su Parte VII.- Sobre Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras, y en su disposición el artículo 32.- establece “Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural espiritual y del medio ambiente”.
Dicho artículo es suficientemente claro, sin embargo, esta disposición de carácter internacional ha sido transgredidas por las decisiones de ambos gobiernos de turno.


4.- En la misma dirección ambos gobiernos de Chile y Argentina violan la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que establece lo siguientes Artículo 36.

- 1. “Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros, así como con otros pueblos, a través de las fronteras”.


-2. “Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y asegurar la aplicación de este derecho”.


5.- Denunciamos también que, ambos gobiernos han transgredido la Declaración Americana sobre derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos OEA. Este instrumento fue adoptado recientemente en el mes de junio 2016. Del mismo modo se han transgredido otras normas de derecho internacional complementarias a las enunciadas.


6.- Observamos que las decisiones de ambos gobiernos tanto de Chile y Argentina han sido apresuradas, desconociendo el derecho internacional vigente, es decir, el estatuto jurídico que goza el Pueblo Mapuche tanto los que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado Argentino y Estado Chileno.


7.- Llamamos a ambos gobiernos que, reaccionen positivamente y revoquen urgentemente sus decisiones políticas y éste momento sea una propicia oportunidad para hacer respetar e implementar el derecho internacional vigente a favor del Pueblo Mapuche tanto, los que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado de Chile y el Estado Argentino.


8.- Anunciamos a la comunidad nacional e internacional que, los Mapuche desplegaremos todas las acciones que nos concede el derecho internacional y su procedimiento, así como las acciones diplomáticas para actuar en la esfera nacional e internacional y cautelar todos y cada uno de los derechos que se ven seriamente amenazados por las decisiones gubernamentales de ambos Estados.
 

9.- Anunciamos que, haremos una reunión urgente entre Mapuche que estamos bajo la jurisdicción del Estado de Chile y Argentina para adoptar acciones comunes ante esta flagrante violación al derecho internacional que reconocen de manera inequívoca todos nuestros derechos colectivos que se ven amenazados por los acto ilegales, arbitrario y abusivos de ambos Estados que, que pesar de su obligatoriedad internacional no han tenido la voluntad ni la capacidad política para dialogar con el Pueblo Mapuche y reconocer sus derechos para establecer una Paz firme duradera.
 

10.- Subrayamos que, el respeto y la implementación del derecho internacional por parte de los Estados, es una manera concreta del disfrute de los derechos humanos y efectuar una convivencia respetuosa y asegurar la paz.
 

AUCAN HUILCAMAN PAILLAMA
Encargado de las Relaciones Internacionales
Consejo de Todas las Tierras.

 

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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
 
(Cuadernillo Sistematización Encuentros de la UAC -PDF-) --> 
https://goo.gl/c6AkmJ

En consecuencia, abajo y a la izquierda, tenemos que superar la caracterización de la actual situación de Argentina como debida sólo a Macri y por su condición de neoliberal. Verifiquemos este error en que la compartimos con Venezuela y nuestra América. Al respecto Emiliano Teran Mantovani nos señala: "es necesario resaltar la relación que existe entre la re-estructuración del régimen de apropiación de la naturaleza (el relanzamiento y la reformulación del extractivismo en el país), de los mecanismos de captura y distribución de la renta (cambios en la arquitectura del capitalismo rentístico) y de los patrones de gobernabilidad y control social. Esta relación sufre transformaciones significativas en períodos de cambio histórico". Advierte posteriormente:

"Se marcha el llamado «neo-extractivismo progresista». El patrón que lo ha caracterizado se disuelve: la posibilidad de construir consenso social por la vía de la distribución masiva de las rentas presenta extraordinarios límites; la programática gubernamental sigue modificándose progresivamente; como ya se ha mencionado, continúan produciéndose cambios significativos en la correlación de fuerzas; y el contexto internacional va recrudeciendo aún más la competencia global por los «recursos naturales».

En este sentido, y en relación a la gobernabilidad de este probable nuevo extractivismo, cabe preguntarse si las diversas formas de violencia que se han desarrollado en el país son sólo expresiones de un conflicto político coyuntural o en cambio éstas también se instalan y se incorporan a los dispositivos de dominación, trazando las coordenadas de un régimen de control social en formación.

Sus orígenes provienen de al menos tres escalas geográficas diferentes: una violencia imperial-geopolítica, una estatal-nacional y una social-molecular".

Recordemos, a raíz del atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre de 2003, introdujo un nuevo concepto de seguridad hemisférica que amplía la definición tradicional de defensa de la seguridad de los Estados a partir de la incorporación de nuevas amenazas.

Desde el kirchnerismo se señala que recién Macri ataca a las últimas. Nos llevan a olvidar cómo el avance  de  la  política  represiva  del  gobierno de Néstor Kirchner contra los desposeídos comenzó en noviembre de 2003 con la ocupación, por parte de las fuerzas de seguridad, de  tres  grandes  villas  de emergencia  del Conurbano Bonaerense y desde ese momento proyectó extenderla a otras diez villas de emergencia. El Informe de Alerta Argentina "Los derechos humanos en el gobierno de Kirchner (2003-2004)" también se refiere a la campaña de deslegitimación contra las organizaciones de trabajadores desocupados que llevaron a cabo todos los factores de poder y el gobierno de Néstor.

 

"En  efecto,  la escalada antipiquetera puede  ser  ilustrada  a  través de los  hechos  acaecidos  en  Neuquén,  provincia  gobernada  por  J.Sobisch,  del  Movimiento  Popular  Neuquino.  En  la  ciudad  capital,  el  23  de  noviembre  de  2003, se desató una violenta represión policial cuando se estaba realizando una asamblea en el Barrio San Lorenzo, uno de los más populosos de Neuquén, donde se trataba el rechazo a la implementación compulsiva del sistema de pago de los planes sociales con tarjetas magnéticas. En esa oportunidad, la policía provincial llevó a cabo una verdadera cacería, que se extendió durante varias horas. (...)

En fin, no olvidemos que la escalada antipiquetera del año 2003 culminó en un atentado ocurrido en la Plaza de  Mayo, durante la segunda conmemoración de las jornadas del 19 y 20 de diciembre,  cuando un artefacto explosivo hirió a varios manifestantes, sin que las investigaciones avanzaran en descubrir a los autores. 

 

Sin  embargo, el nuevo giro político en el tratamiento de la protesta social fue  en  2004,  a  partir  de  los  hechos  de  la  Legislatura  porteña,  ocurridos  el  16  de  julio,  que  se  registró  un  giro  importante  en  la política del gobierno, visible en la sistemática judicialización y agravamiento de  las  figuras  penales  impuestas  a  las  y  los  detenidos,  así  como  en  el  accionar  represivo  del  Estado  en  diferentes  situaciones  y  contextos,  a  través  del  despliegue  de  Gendarmería  Nacional,  grupos  especiales,  policía  federal  y  policías provinciales.  Recordemos que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,  sede del gobierno nacional y punto neurálgico de la protesta social,  durante 2004 se avanzó en la elaboración y aprobación de un nuevo y controvertido Código Contravencional,  cuyo marco normativo penaliza la venta ambulante y la prostitución en la vía pública, al tiempo que exige, a quien quiera realizar una movilización, acto u cualquier otro tipo de protesta, a solicitar autorización a las autoridades como requisito obligatorio. El incumplimiento del mismo o la realización de la actividad sin autorización traería aparejado sanciones que van desde multas por miles de pesos hasta 90 días de arresto. (...)

La respuesta estatal tampoco puede ser disociada de la centralidad que adquirió la problemática de la inseguridad urbana. En efecto,  la masivas marcha convocadas por J.C.Blumberg,  a partir de abril de 2004, en demanda de seguridad, significaron una inflexión importante en términos de política de Estado. Como en otros países latinoamericanos, este nuevo movimiento, que nuclea el reclamo de sectores medios y medios­altos que se han visto perjudicados por el aumento de la “inseguridad ciudadana” (visible en los secuestros extorsivos, así como en los atentados contra la propiedad), es portador de una concepción netamente represiva de la seguridad,  en desmedro de una visión más integral. Estas marchas generaron una rápida respuesta de parte del poder político,  a través del endurecimiento de la legislación penal y de un importante programa de seguridad,  que dispone una mayor presencia policial en la vía pública, así como una depuración de las fuerzas policiales. En fin, esta nueva y masiva  interpelación  al  Estado  como  responsable  de  la  situación  de  inseguridad,  apoyada  e  impulsada  por  los  grandes  medios  de  comunicación,  se  ha  venido  traduciendo  por  una  profundización  de  la  política  represiva  que  tiende  a  englobar  y  diluir  peligrosamente  las  fronteras  entre  el  delito  y  la  protesta  social.  Asimismo,  se ha venido traduciendo en una campaña de desprestigio hacia los organismos defensores de derechos humanos, que apunta a generar una peligrosa y falsa asociación entre defensa de los derechos humanos y delito. Recordemos que una vez finalizada la protesta por el Código contravencional, 23 participantes fueron detenidos por personal policial de civil y sin identificación. Varios días después fueron liberado 8 de ellos, quedando los restantes 15 imputados por la jueza Silvia Remond por los delitos de daños,  resistencia a la autoridad, coacción agravada (supuestamente por haber impedido el tratamiento de la ley) y privación ilegitima de la libertad (al haber cercado el edificio legislativo impidiendo, supuestamente, la salida de los legisladores). Esta imputación fue confirmada por la Sala V de la Cámara del crimen en un fallo basado, esencialmente, en las declaraciones de los policías que participaron en las detenciones y forzando hechos para encuadrarlos en figuras penales no excarcelables.

 

En  el  interior,  los  hechos  de  mayor  gravedad  se  registraron  en  las  localidades  petroleras  de  Caleta  Olivia  y  en  Las  Heras,  ambas  situadas  en  la  provincia  de  Santa  Cruz.  En  efecto,  el 19 de agosto de 2004, 200 personas que reclamaban frente al municipio por “trabajo genuino”, decidieron ocupar la playa de tanques del consorcio de empresas petroleras Terminales Marítimas Patagónicas (Termap). Pese a que los manifestantes habían llegado a un acuerdo con la empresa y desocupado el lugar, la orden de detención llegó en la noche del 3 al 4 de septiembre. El juez Bailaque, interviniente en la causa, decidió procesar y dejar encarcelados a 6 de ellos (3 mujeres y 3 hombres), cuatro de los cuales habían intervenido en la firma del acta de acuerdo con la empresa, y otros dos que no habían estado involucrados en la ocupación de Termap.  En este caso,  también las acusaciones son muy graves, entre ellas “usurpación”, “privación ilegítima de la libertad” y daños. 

 

Asimismo, por primera vez se aplican aquí ciertas figuras penales, como la de "entorpecimiento de las actividades económicas. Esta última se refiere al artículo 174, inciso 6, de la derogada ley de subversión económica

originalmente pensada para evitar el vaciamiento y  el lock out de las empresas.  A esta situación se agregaría luego un hecho grave de represión,  registrado a principios de octubre,  cuando la gendarmería nacional y la policía provincial desalojaron brutalmente la ruta y la planta de Termap, ocupada por manifestantes que reclamaban por trabajo y se solidarizaban con los presos. En esa ocasión, varios de los manifestantes, que fueron liberados días después, denunciaron haber sufrido apremios ilegales y torturas, infligidos por el personal policial durante y en los lugares de detención. También en Las Heras,  otra localidad petrolera de la provincia santacruceña,  se han registrado acciones represivas. A principios de diciembre, por orden de la justicia provincial, la policía de Santa Cruz desalojó con gases y balas de goma a 65 integrantes de la Coordinadora de Desocupados de Las Heras que exigían trabajo en la planta de la empresa Oil, sido denunciada por los abogados defensores de los diferentes movimientos de desocupados, involucrados en las acusaciones. 26  subcontratista de Repsol­YPF. En esa oportunidad, actuaron conjuntamente 40 miembros de la Gendarmería Nacional,  el Comando de Operaciones Especiales de la Provincia de Santa Cruz y la policía local. Como consecuencia de los golpes propinados por la policía, una de las manifestantes, Karina Zauco, perdió su embarazo de cuatro meses. Leer

 

 

Constatamos que los gobiernos de turno y los Estados locales del sistema mundo capitalista, con la justificación del 11 de septiembre de 2001, van imponiendo la criminalización tanto de los desposeídos o expropiados como de quienes se organizan para resistir. Esta forma de la guerra preventiva de EE.UU. en Nuestra América se sintetiza en el Plan Colombia donde comprobamos que: "La política criminal en Colombia ha estado intencionalmente direccionada hacia la creación de conductas que sancionan penalmente acciones propias del movimiento social[1], buscando intimidar por vía de la prohibición y sanción a los sectores populares que se movilizan. El delito y la pena, desde la perspectiva estatal, se encuentra asociados a un fin de prevención general, que supone una advertencia a la sociedad para que no incurra en determinadas conductas que se consideran proscritas". 

 

 

 

Criminalización del movimiento social,

una expresión del terrorismo de estado

19 de septiembre de 2017

 

Por Equipo Jurídico Pueblos (derechodelpueblo.blogspot.com.co)

 

 

1- Caracterizando los efectos de la criminalización contra el movimiento social 

La política criminal en Colombia ha estado intencionalmente direccionada hacia la creación de conductas que sancionan penalmente acciones propias del movimiento social[1], buscando intimidar por vía de la prohibición y sanción a los sectores populares que se movilizan. El delito y la pena, desde la perspectiva estatal, se encuentra asociados a un fin de prevención general, que supone una advertencia a la sociedad para que no incurra en determinadas conductas que se consideran proscritas. 

Lo más grave de esta forma de criminalización del movimiento social, no es en sí mismo la pretensión de encarcelar a quien ejercer un derecho fundamental como lo es la protesta social o la libre expresión del pensamiento, sino el efecto desmovilizador que genera al incorporarlas como delito, incluso sin necesidad de acudir a la represión - judicialización. 
La adopción de formas de protesta, conforme a los estándares permitidos por el establecimiento -“pacífica”-; sin costos, sin presión, desprovistas de la beligerancia requerida para dejar sentadas cuando menos las bases de las reformas pretendidas, ha sido una de las más notorias victorias del poder, con la incorporación de los aludidos delitos. Los llamados a morigerar, incluso la condena pública por acudir a las vías de hecho durante las manifestaciones, constituyen otra secuela vergonzosa de ello. 

Por otro lado, la criminalización al movimiento social se concreta en la judicialización selectiva o masiva de voceros, activistas y miembros de las comunidades; bajo acusaciones estigmatizantes con cargos de terrorismo, rebelión, entre otros delitos; como castigo por su acción ante el cierre de espacios institucionales.
 


Dicho de otra forma, la criminalización y judicialización busca desvertebrar el movimiento popular, desmovilizar, dividir y atemorizar a las comunidades, convirtiendo en blanco de la acción judicial a quienes se oponen a la imposición de los intereses económicos de multinacionales; a quienes resisten desde la cotidianidad con su permanencia en los territorios, máxime si plantean y defienden proyectos políticos alternativos. 

La detención de un/a campesino, obrero, activista estudiantil, genera naturales temores, que se multiplican cuando se está ante el fenómeno de una captura masiva. La incertidumbre, la zozobra, las angustias, la desestabilización del trabajo organizativo, son parte de los efectos calculados de esta práctica del terrorismo de Estado. Pero tal vez la más grave consecuencia está en provocar divisiones, en sembrar dudas y provocar señalamientos al interior de las mismas comunidades y procesos.
 



2- Criminalización una aplicación de la doctrina del enemigo interno 

Garantizar la hegemonía de un sistema político y económico, implica una constante reconfiguración de los esquemas de dominación. La criminalización y judicialización hace parte de la construcción “social” (no desde las mayorías) del enemigo interno; esto es, de aquel actor individual o colectivo, al que se justifica encarcelar y si es necesario exterminar, porque confronta el status quo, o constituye un obstáculo en la implementación de intereses de las minorías en el poder. 

El enemigo interno en Colombia, ha sido edificado desde unas clases dominantes sumisas del imperialismo norteamericano, que a su vez ha sido ejemplo de desplegar todo su arsenal ofensivo para garantizar su hegemonía regional y mundial. Desde la guerra fría hasta hoy, el enemigo interno se ha construido a partir de la máxima de “quien no está conmigo, está contra mí”. 

El derecho penal es una herramienta de las clases en el poder, para resolver las contradicciones o conflictos sociales. Por lo tanto, no es ajeno a la doctrina del enemigo interno. Al contario, hace parte de las más poderosas armas de guerra que buscan, como ya se indicó, debilitar a quien considera su adversario o su obstáculo. 

En este sentido, debe entenderse que la criminalización del movimiento social, no es en un fin en sí mismo; sino un medio, un instrumento más de represión; un arma entre otras (el desprestigio, el desplazamiento, los asesinatos y cualquier violación de ddhh) que se usa para desarticular y exterminar todo brote de resistencia. 


3- Criminalización como expresión del derecho penal de enemigo 

“Es un fenómeno que se da en todos los ordenamientos jurídicos de los países occidentales, y consiste en sancionar la conducta de un sujeto peligroso en una etapa muy anterior a un acto delictivo, sin esperar a una lesión posterior tardía. Se sancionan la conducta y la peligrosidad del sujeto, y no sus actos. El mismo fenómeno se da en el ámbito procesal, especialmente con la restricción de algunos ámbitos privados. Por ejemplo, la posibilidad de allanamiento de morada con fines investigativos, la posibilidad de registro de viviendas o la instalación de micrófonos o instrumentos para escuchas telefónicas. En esencia, el concepto de derecho penal del enemigo es una noción descriptiva que define algo existente en los ordenamientos democráticos actuales y designa aquellos supuestos de especial peligrosidad para distinguirlos de aquellos otros supuestos en los que se produce una relación jurídica entre ciudadanos”[2] plantea Jackobs Gunter, uno de los mayores exponentes del derecho penal del enemigo. 

De tal manera, hablar de la aplicación del derecho penal del enemigo contra el movimiento social, tiene implicaciones concretas: a) La acción del Estado está dirigida, no a reaccionar frente a un hecho delictivo en concreto, sino a prevenir los efectos de la organización social, por considerarla un obstáculo para la imposición de los intereses del capital; b) Se despoja al actor individual o social, de todo derecho, de toda garantía. 

En esta línea argumentativa, se entienden los modelos de juzgamiento contra campesinos y habitantes de la ciudad caracterizados por imputaciones severas, privación de la libertad bajo presunciones de peligrosidad, prolongación de los términos de investigación y juzgamiento, el encarcelamiento en establecimientos de alta seguridad lejanos de los lugares de arraigo social y familiar de lxs acusadxs, entre otros mecanismos restrictivos de derechos. 

Continúe leyendo aquí: 
https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/09/criminalizacion-del-movimiento-social_83.html 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=231691

 

Descubramos caminos emancipatorios que deberían involucrarnos para real y efectivamente ir arraigando los derechos humanos de nuestros pueblos e individuos y la paz mundial como la confrontación más efectiva al capitalismo. Nos interpelan a enfocarlos como erradicación de todas las variantes del extractivismo por unión de los pueblos de toda Nuestra América en ir creando sus particulares buenos vivires convivires.

Compartimos con el Movimiento Mesoamericano: " imaginamos pueblos y comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto garantizando sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales basándose en la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente satisfactorio en el que vivir y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza".

Observemos cómo conciben y practican esa lucha:

 

“El M4 existe porque resiste”

Declaración del IV Encuentro del Movimiento Mesoamericano

contra el Modelo extractivo Minero

29 de septiembre de 2017

 

Como hace cinco años en Valle de Siria en Honduras, las comunidades, pueblos y organizaciones que somos el M4 nos hemos reunido del 22 al 25 de septiembre en la Ciudad de San José en Costa Rica para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra el modelo extractivo minero.

 

Como entonces, hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina.

 

En estas jornadas de trabajo del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, las representaciones de 13 países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos) coincidimos en que la actividad minera en nuestros territorios ha avanzado al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces cuando no corruptos, por la imposición de intereses corporativos sobre el interés colectivo, por apetitos personales y silencios cómplices. En este sentido, consideramos que la minería en nuestros territorios es consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a los pueblos en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que causa un modelo de desarrollo que -a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales- favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital.

 

Para lograr sus objetivos de productividad, las empresas mineras externalizan sus costes aprovechando la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos. Las mineras aprovechan la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Las mineras obtienen insumos baratos o gratuitos y canalizan sus energías hacia el lobby político. Este proceso es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las «medidas de ajuste estructural», obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar «recursos naturales» mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros.

 

Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El M4, sus miembros y sus organizaciones han sido víctimas de la violencia extractivista. El 3 de marzo del 2016 en Honduras, en el marco de los intercambios y alianzas que facilita nuestro movimiento, fue asesinada nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); en el mismo episodio, el compañero mexicano Gustavo Castro, referente latinoamericano del movimiento social por la defensa de la tierra y el territorio y prinicipal impulsor y dinamizador del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) fue herido y, en su condición de víctima, criminalizado por el gobierno de Honduras. Sin embargo, estamos en pie, existimos porque resistimos.

 

Esa misma crisis se expresa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación metódica a nuestros pueblos y comunidades. Por ello, insistimos en rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las mineras a su paso por nuestros países: nos oponemos a la militarización de nuestros territorios, al debilitamiento del tejido social, a la división de las comunidades, a los atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta y a la coercion de la libertad de expresión; a la contaminación de la tierra, el agua y el aire, a la erosión y desertificación de los suelos, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a las altísimas contribuciones al cambio climático, las afectaciones a la salud y los empleos precarios; al falso desarrollo y a la injerencia de las mineras en las decisiones políticas y económicas de nuestros países.

 

Sabemos que la causa fundamental de la destrucción del territorio y la sobreexplotación de los bienes comunes naturales reside en la desigualdad, los desequilibrios de poder y el neocolonialismo que atraviesa nuestras sociedades, por ello reforzamos nuestra convicción de que un verdadero progreso social estaría mediado por la humanización de las condiciones de trabajo, viviendas dignas y distribución igualitaria de la riqueza; por una educación de calidad y la adecuación de los planes de estudio a las distintas realidades existentes; por una seguridad social efectiva y la concepción integral de la salud entendida no sólo como la ausencia de enfermedad sino también como la garantía de las condiciones individuales y colectivas que la hacen posible (alimentación sana, agua limpia, suficiente y accesible para todas y todos, entre otras).

 

Aspiramos a un modelo de sociedad basado en la vida digna sustentado por normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, el empoderamiento personal y comunitario, la realización de los derechos humanos, la reducción de la violencia, la sustentabilidad de las actividades productivas, el final de las desigualdades de género, el desarrollo cultural, científico y la creatividad artística; de manera importante, aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una relación con los minerales basada en las necesidades humanas y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y financieros, las ganancias o la guerra.

 

Desde el M4, imaginamos pueblos y comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto garantizando sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales basándose en la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente satisfactorio en el que vivir y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza.

 

Celebramos la prohibición de la minería en El Salvador y la moratoria a la misma en Costa Rica. Hacemos un llamado al resto de los gobiernos a seguir el camino de los pueblos y no de las corporaciones.

 

Saludamos con gran alegría la integración al M4 de los países hermanos de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona, quienes coinciden con nosotros en la necesidad de construir una sociedad alerta y movilizada que nos permita revigorizar la democracia, contar con organizaciones sociales fuertes e independientes que porten los esfuerzos de transformación de la sociedad y ofrezcan espacios apropiados para que las luchas contra el modelo extractivo minero germinen y se fortalezcan.

 

Junto a ellos, continuaremos trabajando para construir espacios colectivos adecuados que estimulen el surgimiento de un vínculo identitario fuerte que, más allá de nuestras luchas concretas, nos articulen en torno a la lucha contra el Modelo Extractivo Minero.

 

Consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existe la “minería verde”, “sustentable”, “socialmente responsable”, “ecológica” o “limpia”. Por ello, exigimos:

  • Primero. La salida inmediata de las empresas mineras y sus proveedoras de nuestros territorios, así como el alto total de la entrega de nuestros territorios en concesiones para la explotación minera de parte de los gobiernos de nuestros países.

  • Segundo. El cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio.

  • Tercero. Conclusiones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de nuestro compañero mexicano Mariano Abarca, asesinado en el año 2009 en su lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire y cuya familia y organización, al día de hoy, no ha obtenido justicia por parte de las autoridades mexicanas.

  • Cuarto. En atención a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestros países, el respeto total a las decisiones que, en ejercicio de su autonomía, toman nuestros pueblos, sean cuales sean las formas y los mecanismos para ello.

Al gobierno Hondureño le demandamos el esclarecimiento del crimen cometido contra Berta Cáceres, el COPINH y Gustavo Castro.

Enviamos un saludo solidario al pueblo mexicano que en días recientes ha sufrido el azote de sismos consecutivos que han afectado a la Ciudad de México y a los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estamos con ustedes!

En comparación con otras expresiones políticas que aspiran a atemperar los efectos nocivos que produce este modelo de desarrollo, el M4 es contundente y señala que ¡Del Perú a Canadá la minería no va!

Movimiento M4

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